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ECLI:ES:TC:2018:138   La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González Rivas, Presidente; don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 275-2018, promovido por don Raúl Sánchez Siles y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPiiNA), representados por la Procuradora de los Tribunales doña Ariadna Latorre Blanco y asistidos por la Abogada doña Elena Rodilla Álvarez, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de diciembre de 2017, que desestima el recurso de suplicación núm. 1238-2017 interpuesto contra la sentencia de 18 de mayo de 2017 del Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid, dictada en los autos núm. 255-2016, así como frente a las precedentes resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Han intervenido el Letrado de la Administración de la Seguridad Social y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. La Procuradora de los Tribunales doña Ariadna Latorre Blanco, en nombre y representación de don Raúl Sánchez Siles y de la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPiiNA), interpuso demanda de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento, mediante escrito registrado en este Tribunal el 16 de enero de 2018. 2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo, relevantes para la resolución del asunto, son los siguientes: a) Don Raúl Sánchez Siles, que fue padre el 24 de octubre de 2015, disfrutó de un permiso de paternidad de trece días, en virtud de la legislación vigente a la fecha del hecho causante (art. 48 bis del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo [LET], precepto introducido por la disposición adicional décima apartado 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). Le fue reconocida por resolución de la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Madrid de 12 de noviembre de 2015 la prestación de paternidad de trece días por importe del 100 por 100 de la base reguladora diaria, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable (art. 133 octies a 133 decies del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, regulación introducida por la disposición adicional décima apartado 7 de la citada Ley Orgánica 3/2007). b) El Sr. Sánchez Siles presentó el 13 de noviembre de 2015 una solicitud ante la Dirección provincial del INSS de Madrid, interesando la ampliación y equiparación de la prestación de paternidad con la prestación por maternidad, tanto en lo que se refiere a las condiciones de disfrute como a su duración (dieciséis semanas), con carácter personal e intransferible. Al no recibir respuesta a su solicitud, formuló el 26 de enero de 2016 reclamación previa ante la entidad gestora, que tampoco fue contestada. Como fundamento de su pretensión invocaba el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación (art. 14 CE). Aducía, en síntesis, que la decisión administrativa de no equiparar la prestación de paternidad con la prestación por maternidad constituía un acto discriminatorio por razón de sexo, basado en una interpretación literal y formalista de la normativa aplicable contenida en el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (en adelante LET) y en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (en adelante LGSS). c) Con fecha 20 de marzo de 2016 el Sr. Sánchez Siles y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPiiNA) presentaron demanda contra el INSS, que recayó en el Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid, dando lugar a los autos núm. 255-2016. Solicitaron que se dictase sentencia que reconociese el derecho del demandante a la prestación de paternidad en términos equiparables a la de maternidad, por considerar que la diferencia de trato dispensada en cuanto a la duración de ambas prestaciones, basada en una interpretación literal y formalista de la normativa aplicable, suponía para los varones un trato discriminatorio por razón de sexo, lesivo del artículo 14 CE. Alegaban también que la equiparación de la prestación de paternidad con la de maternidad se conecta con la conciliación de responsabilidades familiares dimanante del principio de protección de la familia (art. 39 CE). Por último, añadían que la equiparación pretendida es una exigencia del derecho europeo, que prevalece sobre la normativa nacional. Invocaban al efecto los artículo 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, los artículo 21 y 23 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. Proponían por ello el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si el Juzgado no estimase directamente inaplicables los artículos 133 octies a 133 decies LGSS y 48 bis LET. d) El Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid dictó sentencia desestimatoria el 18 de mayo de 2017, absolviendo al INSS de las pretensiones deducidas en su contra por los demandantes. Entendió el juzgado, con remisión a la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 25 de Madrid de 17 de abril de 2017 sobre el mismo asunto, que el diferente régimen jurídico de los permisos de maternidad y paternidad en relación con su duración no contradice las exigencias del principio de igualdad y de no discriminación, a que se refiere la parte demandante como fundamento de su reclamación. Se trata de situaciones jurídicas distintas que justifican el trato desigual fundado en razones objetivas, como son las derivadas del hecho biológico de la maternidad, de conformidad con la jurisprudencia constitucional (entre otras, STC 75/2011, de 19 de mayo). Añade que también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que se trata de una diferenciación legítima conforme a la normativa comunitaria. e) Contra esa Sentencia los demandantes interpusieron recurso de suplicación (núm. 1238-2017), que fue desestimado por Sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de diciembre de 2017, confirmando en su integridad el pronunciamiento de instancia. 3. La demanda de amparo, dirigida contra las referidas sentencias, así como frente a «las decisiones administrativas que las precedieron» (esto es, la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud inicial de equiparación del permiso de paternidad con el permiso de maternidad y la consecutiva desestimación por silencio de la reclamación previa a la vía judicial), se fundamenta en primer lugar en la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE). Igualmente del derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, dimanante del principio de protección de la familia (art. 39 CE), conectado con el artículo 14 CE. Sostienen los demandantes que la decisión de no conceder el derecho a disfrutar la prestación por permiso de paternidad con la misma duración que la establecida para el permiso por maternidad supone un trato desigual carente de justificación razonable y no proporcionada. Alegan también que la no equiparación de la prestación de paternidad con la de maternidad tiene un impacto negativo sobre la conciliación de la vida familiar y laboral. Asimismo se invoca en la demanda de amparo la infracción del artículo 18 CE, sin mayores precisiones. Alegan también los demandantes de amparo la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Los órganos judiciales habrían incurrido en la vulneración de este derecho por dos motivos. En primer lugar, porque las dos sentencias impugnadas limitan el derecho a la prueba, al no acoger como hechos probados ninguno de los datos fácticos en los que se centró la prueba de la parte demandante en el juicio. Censuran especialmente la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por estimar que no justifica debidamente la razón por la que no aceptó la revisión de hechos probados interesada en el recurso de suplicación (en relación con el contenido de la proposición no de ley de permisos iguales e intransferibles). En segundo lugar, porque la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia no argumenta los motivos por los que decide no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de la regulación española del permiso de paternidad con el Derecho de la Unión Europea; citan al respecto la Directiva 2006/54/CE y la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 30 de septiembre de 2010, asunto Roca Álvarez. La demanda justifica la especial trascendencia constitucional del recurso y concluye solicitando que se otorgue el amparo, se acuerde la nulidad de las sentencias recurridas y se restablezca al Sr. Sánchez Siles en la integridad de su derecho, con el reconocimiento de la prestación de paternidad en términos equiparables a la de maternidad. 4. El Pleno del Tribunal Constitucional acordó, por providencia de 16 de julio de 2018, recabar para sí el conocimiento del recurso y admitirlo a trámite, por apreciar que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional: LOTC) por los siguientes motivos: 1.º Porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o modificar su doctrina, como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)]. 2° La posible vulneración del derecho fundamental que se denuncia pudiera provenir de la ley o de otra disposición de carácter general [STC 155/2009, FJ 2 e)]. 3° El asunto suscitado trasciende del caso concreto porque plantea una cuestión jurídica relevante, que genera repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, se acordó requerir atentamente a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de suplicación núm. 1238-2017. Asimismo se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid, para que en el mismo plazo remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes a los autos 255-2016 y procediese a emplazar a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudiesen comparecer, si lo desean, en el presente proceso constitucional. 5. Recibidas las actuaciones requeridas de los órganos judiciales y personado el Letrado de la Administración de la Seguridad Social en la representación del INSS que legalmente ostenta, por diligencia de ordenación de la secretaría de justicia del Pleno de 3 de septiembre de 2018 se acordó dar vista de las actuaciones del presente recurso de amparo a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el artículo 52.1 LOTC. 6. El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones ante este Tribunal el 22 de octubre de 2018, interesando que se desestime el recurso de amparo. Señala en primer lugar que la supuesta infracción del artículo 18 CE debe quedar fuera del enjuiciamiento de este Tribunal. En la demanda de amparo se cita este precepto constitucional, sin precisar cuál de sus apartados se entiende infringido y sin aportar argumentación alguna sobre esta supuesta vulneración. En todo caso, la infracción del artículo 18 CE no fue alegada en la vía judicial, por lo que incurriría bien en óbice de falta de invocación previa [art. 44.1 c) LOTC], bien en óbice de falta de agotamiento de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC]. En cuanto a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), considera el Fiscal que esta queja incurre también en óbice de falta de invocación previa en la vía judicial [art. 44.1 c) LOTC], si se entiende imputable a la Sentencia del Juzgado de lo Social, por no haberse denunciado la pretendida vulneración de este derecho en el recurso de suplicación. Si la lesión se considera imputable a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el óbice que concurriría sería el relativo a la falta de agotamiento de la vía judicial [art. 44.1 a) LOTC], por no haber intentado el remedio de la lesión mediante la interposición del incidente de nulidad de actuaciones conforme al artículo 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En cualquier caso, si se rechaza que concurran los indicados óbices respecto de la alegada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), esta queja debería ser desestimada, según el Fiscal. En primer lugar, en lo que se refiere a la supuesta limitación del derecho a la prueba, los demandantes no aducen que les haya sido denegado ningún medio probatorio, sino que discrepan de la valoración de la prueba llevada a cabo por los órganos judiciales. Conforme a reiterada doctrina constitucional, a este Tribunal no le corresponde revisar la valoración de la prueba efectuada por los jueces y tribunales en el ejercicio de su función jurisdiccional (art. 117.3 CE), salvo en caso de arbitrariedad o irrazonabilidad manifiesta, lo que no acontece en el presente supuesto. En segundo lugar, en lo que se refiere a la pretendida falta de motivación de la decisión de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la compatibilidad de la regulación española del permiso de paternidad con el Derecho de la Unión Europea, tampoco la queja tiene fundamento: la Sentencia de suplicación explica suficientemente, con cita de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de septiembre de 2013, asunto Betriu Montull, por qué concluye que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que la normativa española no vulnera la regulación europea. En cuanto a los restantes motivos del recurso de amparo, considera el Fiscal que debe abordarse conjuntamente el examen de la alegada vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), así como del principio de protección de la familia (art. 39 CE), del que derivaría el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral alegado por los demandantes; si bien este principio rector no es susceptible como tal de recurso de amparo. El demandante de amparo sostiene que la denegación de su solicitud de ampliación de la duración de la prestación por paternidad, hasta las dieciséis semanas que corresponden a la prestación de maternidad, se basa en una interpretación formalista de las normas aplicables (arts. 133 octies y ss. LGSS y 48 bis LET, en la redacción vigente en momento del nacimiento del hijo, introducida por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres); en lugar de una interpretación de esa normativa conforme al contenido esencial de los derechos fundamentales. Tras reproducir los preceptos legales aplicables, referidos a los permisos y prestaciones de maternidad y paternidad, advierte el Fiscal que, conforme a esa regulación, a los padres no se les reconoce el derecho a un permiso y una prestación iguales a los de maternidad, sino el derecho a un permiso y una prestación por paternidad en los términos previstos en la normativa laboral y de seguridad social. Las normas legales aplicables son pues muy claras; no presentan ninguna duda interpretativa. Las sentencias impugnadas no han obviado en su análisis los derechos en juego: su lectura evidencia que han analizado la posible afectación del derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), así como del mandato de protección de la familia (art. 39 CE), del que derivaría el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, teniendo asimismo en cuenta la normativa y la jurisprudencia de la Unión Europea. La sentencia recaída en suplicación hace además expresa referencia a la STC 75/2011, de 19 de mayo, cuya doctrina considera el Fiscal aplicable a este caso, en cuanto advierte que el legislador, en el legítimo ejercicio de su libertad de configuración del sistema de seguridad social y en apreciación de las circunstancias socioeconómicas concurrentes en cada momento, pueda atribuir al padre trabajador, si lo estima oportuno (como en efecto lo ha hecho, mediante la reforma introducida por la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2007, con el propósito de contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares), el derecho a suspender el contrato de trabajo con reserva de puesto y al correspondiente subsidio de seguridad social, «sin que ello signifique que la opción legislativa precedente, vigente a la fecha de planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad, que no contemplaba la atribución de este derecho al padre trabajador, sea por ello inconstitucional» (STC 75/2011, FJ 8). Sostiene asimismo el Fiscal que, conforme a la jurisprudencia constitucional relativa al derecho a la igualdad ante la ley, el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica; de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el artículo 14 CE, sino tan solo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello. Sería además necesario, para que fuera constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. En aplicación de esta jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha venido estableciendo una doctrina concreta en materia de normas sociales de protección de la mujer trabajadora, según la cual no puede afirmarse genéricamente que cualquier ventaja legal otorgada a la mujer sea siempre discriminatoria para el varón por el mero hecho de no hacerle partícipe de la misma. Puede hallarse la justificación de tal diferencia de trato en una situación de desventaja de la mujer que se trata de compensar (así, entre otras, STC 109/1993, de 25 de marzo, en relación con el permiso para la lactancia, cuya doctrina se confirma en las SSTC 66/2014, de 3 de junio, y 162/2016, de 3 de octubre). Por otra parte, en materia de prestaciones de seguridad social es asimismo doctrina constitucional consolidada la que afirma que el legislador dispone de un amplio margen para la configuración del sistema, en función de los recursos disponibles para atender las necesidades sociales (así, SSTC 197/2003, de 30 de octubre; 75/2011, de 19 de mayo, y 41/2013, de 14 de febrero). De acuerdo con la referida doctrina constitucional, estima el Fiscal que no puede apreciarse en el presente asunto la pretendida vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE) que alega el demandante, por el hecho de no haberle sido reconocida su pretensión de disfrutar su prestación de paternidad con la misma duración de la prestación de maternidad. No existe siquiera término válido de comparación: el fundamento de la prestación por maternidad radica en la condición biológica de la mujer, por el embarazo y el parto, y en las desventajas reales que para la conservación de su empleo soporta la mujer a consecuencia del hecho de la maternidad; desventajas que precisamente la protección laboral y de seguridad social pretenden compensar, como lo confirma la jurisprudencia de este Tribunal (STC 75/2011, cuya doctrina reiteran las SSTC 78/2011, de 6 de junio, y 152/2011, de 29 de septiembre). En cualquier caso, esa diferencia de trato en cuanto a las prestaciones por maternidad y paternidad está plenamente justificada por esas mismas razones; sin perjuicio de que el legislador, en base a su amplio margen de libertad al configurar el sistema de la seguridad social, pueda establecer la igualdad de las prestaciones, o un acercamiento entre las prestaciones por maternidad y de paternidad, si lo considera oportuno. Descarta asimismo el Fiscal la pretendida infracción del mandato del artículo 39 CE, en relación con el artículo 14 CE, que alegan los demandantes de amparo. El fundamento de los permisos y las prestaciones de maternidad y de paternidad, en relación con el artículo 39 CE, también es diferente: el permiso y la prestación de maternidad se basan en el artículo 39.2 CE, que se refiere a «la protección integral de las madres»; pues es la maternidad la que, como circunstancia unida a las mujeres y solo a ellas, provoca una situación de discriminación profesional (STC 162/2016, de 15 de noviembre, FJ 7). Por su parte, el fundamento constitucional del permiso y la prestación de paternidad se encuentra en el artículo 39.1 CE, esto es, la protección de la familia (que incluye a los padres, a las madres, a los hijos y también a otros parientes, como los abuelos); lo que lleva de nuevo al Fiscal a concluir que no existe una obligación constitucionalmente establecida de que la duración de ambas prestaciones de la seguridad social sea idéntica, lo que no impide que el legislador pueda establecerlo así, si lo tiene por conveniente. 7. La Procuradora de los Tribunales doña Ariadna Latorre Blanco, en nombre y representación de los demandantes, por escrito registrado en este Tribunal el 3 de octubre de 2018, presentó sus alegaciones, en las que reiteró las contenidas en la demanda, solicitando el otorgamiento del amparo interesado. Insisten los demandantes en que las sentencias impugnadas han vulnerado el derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), así como el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, dimanante del principio de protección de la familia (art. 39 CE). Aducen que la concesión de un permiso de paternidad de duración inferior al de maternidad supondría en todo caso una discriminación por razón de género, al estar vinculada al cuidado de los hijos, con independencia del sexo de la persona que lo solicite. La superación del modelo tradicional de distribución de roles sociales exige fórmulas que favorezcan a través de la corresponsabilidad un reparto equitativo entre hombres y mujeres de las tareas de cuidado y de carácter doméstico, así como un diseño de la conciliación, no solo ni fundamentalmente como una política familiar, sino como política de igualdad. Añaden que las resoluciones impugnadas lesionan el artículo 18 CE, en relación con el artículo 39 CE. Sostienen que el artículo 18 CE debe interpretarse en relación con el artículo 8 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH), que protege la vida privada como esfera autónoma de actuación y desarrollo personal, incluyendo la interacción con otras personas. El derecho que reclama el padre demandante de poder crear un vínculo fuerte y duradero con su hijo, disfrutando de tiempo de cuidado en condiciones equiparadas a las de la madre, formaría parte de su derecho individual al desarrollo de su vida personal y familiar y a hacerlo constituyendo un modelo de relación familiar fuera de los patrones o roles de género tradicionalmente asignados a su sexo. Reiteran asimismo que las sentencias impugnadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por los dos motivos indicados en la demanda de amparo. 8. El Letrado de la Administración de la Seguridad Social presentó sus alegaciones ante este Tribunal el 2 de octubre de 2018, interesando la denegación del amparo. Señala en primer lugar que el demandante ha disfrutado de la prestación de paternidad de trece días, reconocida por la Dirección provincial del INSS de Madrid conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable a la fecha del hecho causante (arts. 48 bis LET y 133 octies a 133 decies LGSS). La pretensión deducida en la demanda de amparo no puede ser acogida, pues la equiparación de la prestación de paternidad con la de maternidad en orden a su duración exige una modificación de la normativa aplicable por parte del legislador. En cualquier caso, no concurre la vulneración de derechos constitucionales alegados en la demanda de amparo. La desestimación presunta por el INSS de la petición del demandante de aumentar la duración de su subsidio de paternidad a dieciséis semanas no infringe ninguno de los preceptos constitucionales cuya vulneración se denuncia, pues la entidad gestora no podía reconocer una prestación no prevista en la legislación aplicable. Tampoco las resoluciones judiciales que desestiman la pretensión de disfrutar la prestación de paternidad con la misma duración que la prestación de maternidad incurren en las infracciones constitucionales alegadas. El fundamento de uno y otro permiso es distinto, como resulta de la jurisprudencia constitucional (SSTC 109/1993, de 25 de marzo; 324/2006, de 20 de noviembre, y 75/2011, de 19 de mayo), por lo que no cabe apreciar vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y a no sufrir discriminación. El permiso de paternidad y la prestación de seguridad social correspondiente, incorporados a nuestro ordenamiento por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tienen su origen en las políticas de igualdad y no discriminación de la mujer en el trabajo, buscando la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. El permiso por maternidad y la correspondiente prestación de seguridad social tiene un fundamento distinto, cual es la protección de la salud de la mujer trabajadora en caso de alumbramiento; de ahí el establecimiento de un periodo obligatorio de descanso posparto. La maternidad y por tanto el embarazo y el parto son una realidad biológica diferencial objeto de protección. Por tanto, la fijación de una distinta duración de los permisos de maternidad y de paternidad no supone vulneración alguna del derecho a no sufrir discriminación por razón de sexo; sin perjuicio de que el legislador pueda en el futuro prever una duración idéntica de ambos permisos o, como política de corresponsabilidad de los hombres en la familia, contemplar incluso un permiso de paternidad de superior duración. Tampoco contradice la regulación española de las prestaciones por maternidad y paternidad el Derecho de la Unión Europa. Ni siquiera existe una normativa europea que exija la creación de un permiso de paternidad. Debe asimismo recordarse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 19 de septiembre de 2013, asunto Betriu Montull, considera no discriminatoria la legislación española que establece la titularidad materna del permiso por maternidad y la diferencia de trato entre la maternidad biológica y adoptiva, con fundamento en la especial protección que merecen las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o se encuentren en periodo de lactancia, pues en todos estos casos las mujeres se hayan en una situación específica de vulnerabilidad especialmente merecedora de protección. 9. Mediante providencia de 13 de diciembre de 2018, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 17 de dicho mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El presente recurso de amparo trae causa de un proceso especial en materia de seguridad social en el que se discute, como ha quedado expuesto, el pretendido derecho de un padre biológico, trabajador por cuenta ajena (incluido por ello en el régimen general de la seguridad social), a percibir el subsidio por paternidad con la misma extensión y duración que la establecida legalmente para el subsidio por maternidad (dieciséis semanas). El presupuesto fáctico y las cuestiones planteadas en el presente recurso de amparo son idénticos a los que sustentaron el recurso de amparo núm. 4344-2017, interpuesto por Ignacio Álvarez Peralta y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPiiNA), frente a una sentencia precedente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, confirmando lo dispuesto en la Sentencia del Juzgado de lo Social, declaró que el diferente régimen jurídico de los permisos de maternidad y paternidad en relación con su duración no contradice las exigencias del principio de igualdad y de no discriminación, pues se trata de situaciones jurídicas distintas que justifican el trato desigual fundado en razones objetivas, como son las derivadas del hecho biológico de la maternidad. Dicho recurso ha sido resuelto en sentido desestimatorio en la STC 111/2018, de 17 de octubre. La señalada identidad no se refiere únicamente a los hechos y la fundamentación de la resolución judicial cuestionada, sino que se extiende a los razonamientos jurídicos que sustentan la demanda de amparo en el caso presente. Por ello, resulta obligado remitirse íntegramente a lo allí resuelto y, en consecuencia, la presente queja ha de seguir la misma suerte desestimatoria que el citado recurso. 2. De los pronunciamientos de la citada sentencia del Pleno cabe destacar sintéticamente los siguientes, que son plenamente aplicables a la resolución de este caso: a) Las quejas relativas al artículo 24 CE deben ser descartadas, a la vista del contenido de las actuaciones y las sentencias impugnadas. «Por lo que se refiere a la supuesta limitación del derecho a la prueba, en realidad esta queja encubre la mera discrepancia de los demandantes con la valoración de la prueba llevada a cabo por los órganos judiciales, en el legítimo ejercicio de su función jurisdiccional exclusiva (art. 117.3 CE). Tampoco tiene fundamento la queja referida a la pretendida falta de motivación de la decisión de no plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la compatibilidad de la regulación española del permiso de paternidad con el Derecho de la Unión Europea, pues la sentencia de suplicación explica suficientemente, con cita de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de septiembre de 2013, C 5/12, asunto Betriu Montull, las razones que justifican esa decisión judicial: la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea descarta que la normativa española entre en contradicción con la regulación europea» (STC 111/2018, FJ 1). b) Como dijimos en la STC 111/2018, FJ 4, el problema reside en dilucidar si la normativa vigente a la fecha del hecho causante, aplicada en las resoluciones impugnadas en amparo, puede considerarse conforme al derecho fundamental garantizado por el artículo 14 CE, como han entendido los órganos judiciales intervinientes. Para resolver este problema, y de conformidad con la doctrina constitucional que tiene declarado que el principio de igualdad no exige en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, debe examinarse si «las situaciones que se traen a comparación en el presente recurso de amparo pueden considerarse iguales y, en caso de que así sea, si la diferente duración de los permisos por maternidad y paternidad (y de las correlativas prestaciones económicas de la seguridad social) que establece la legislación aplicable tiene una justificación objetiva, razonable y proporcionada». c) De lo razonado en la STC 75/2011, FFJJ 3 y 4, se desprende que la finalidad que persigue el legislador en la protección laboral y de seguridad social dispensada en el supuesto de parto es diferente en atención a que se trate de la madre o del padre. Así, se dice en el FJ 5 de la STC 111/2018 que, «en el caso de la madre, la ''finalidad primordial'' que persigue desde siempre el legislador al establecer el descanso por maternidad y el correspondiente subsidio económico de la seguridad social es la protección de la salud de la mujer trabajadora, durante el embarazo, parto y puerperio. Este descanso es obligatorio como mínimo en las seis semanas inmediatamente siguientes al alumbramiento; por eso el legislador, cuando permite a la madre ceder al padre, cuando ambos trabajen, una parte determinada de su periodo de descanso por maternidad, excluye en todo caso la parte de descanso obligatorio posparto, que resulta así indisponible para la madre. Distinto es el permiso por paternidad y la correlativa prestación de la Seguridad Social que se reconocen en nuestro ordenamiento social a partir de 2007 a los padres; inicialmente con una duración de trece días, que fue la disfrutada por el recurrente en amparo, y sucesivamente ampliada a cuatro semanas y luego a cinco semanas. Tienen, como es obvio, una finalidad distinta, que no es otra que la de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de los hijos. No es ocioso recordar que ya en la STC 128/1987, de 16 de julio, FJ 9, este Tribunal advirtió que la colaboración en el cuidado de los hijos comunes (art. 39.3 CE) incumbe a ambos progenitores, lo que convertiría en inadmisible una posición que partiese ''de la dedicación exclusiva de la mujer a las tareas domésticas y de la exclusión absoluta del hombre de las mismas''». d) En el marco jurídico de la Unión Europea, la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (2017/0085) «pretende introducir el permiso de paternidad –durante un período que no debe ser inferior a diez días laborables–. Su objeto es fomentar un reparto más equitativo de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres y permitir que se cree un vínculo temprano entre padres e hijos, según señala su exposición de motivos» (STC 111/2018, FJ 5). e) Ahora bien, «de la premisa indiscutible de que los progenitores deben corresponsabilizarse en el cuidado de los hijos comunes, conforme exige el artículo 39.3 CE, no se sigue la conclusión, en contra de lo que se pretende en la demanda de amparo, de que los permisos laborales en caso de parto, y las correlativas prestaciones económicas de la Seguridad Social, deban tener el mismo contenido, ni por tanto que la diferente duración de los permisos por maternidad y por paternidad lesione el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 CE» (STC 111/2018, FJ 6). Siendo la finalidad primordial del permiso por maternidad (y de la correspondiente prestación económica de la Seguridad Social), como asevera la STC 75/2011, FJ 3, la de preservar la salud de la trabajadora embarazada sin detrimento de sus derechos laborales, este Tribunal ha manifestado que «este entendimiento del permiso de maternidad en la doctrina constitucional es coincidente con el que resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, traída a colación por las partes en el proceso a quo. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ''la trabajadora que haya dado a luz o en período de lactancia se encuentra en una situación específica de vulnerabilidad que requiere que se le conceda un permiso de maternidad'', debiendo considerarse tal permiso a favor de las trabajadoras embarazadas como ''un medio de protección del Derecho social que reviste particular importancia''; al tener ''por objeto, por una parte, la protección de la condición biológica de la mujer durante el embarazo y después de este, y, por otra parte, la protección de las especiales relaciones entre la mujer y su hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, evitando que la acumulación de cargas que deriva del ejercicio simultáneo de una actividad profesional perturbe dichas relaciones'' (sentencia de 19 de septiembre de 2013, asunto Betriu Montull, C 5/12, apartados 48-50, con cita a su vez de las Sentencias de 12 de julio de 1984, asunto Hofmann, 184/83, apartado 25; de 27 de octubre de 1998, asunto Boyle y otros, C 411/96, apartado 40; y de 20 de septiembre de 2007, asunto Kiiski, C 116/06, apartados 46 y 49)» (STC 111/2018, FJ 6). f) Como advirtió este Tribunal en el fundamento jurídico 7 de la STC 111/2018, los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos humanos corroboran que los Estados parte tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para que las trabajadoras embarazadas disfruten de un permiso de maternidad, en aras de la protección de la salud de la mujer durante su embarazo, parto y puerperio. En este sentido, puede citarse, siguiendo a la STC 111/2018, el artículo 3 del Convenio núm. 103 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1952, sobre la protección de la maternidad, ratificado por España el 26 de mayo de 1965, y el artículo 10.2 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966 y ratificado por España el 13 de abril de 1977. g) En consecuencia, debe descartarse que la diferencia de trato entre hombres y mujeres en cuanto a la duración de los permisos y prestaciones por maternidad y paternidad «incurra en vulneración del principio de igualdad ante la ley (art. 14 CE) pues se trata de situaciones diferentes en la consideración de la finalidad tuitiva perseguida por el legislador, por lo que no concurre siquiera un término de comparación adecuado» (STC 111/2018, FJ 7). En el supuesto de parto «la finalidad primordial perseguida por el legislador le ha llevado a establecer el derecho de la mujer trabajadora a suspender su contrato con reserva de puesto de trabajo durante dieciséis semanas ininterrumpidas, o el periodo superior que proceda en caso de parto múltiple, de las cuales al menos seis habrán de ser obligatoriamente disfrutadas después del parto. Igualmente, la correspondiente prestación por maternidad de la seguridad social tiene como finalidad preservar la salud de la mujer ante un hecho biológico singular, considerando que una reincorporación inmediata de la mujer a su puesto de trabajo tras el alumbramiento puede ser perjudicial para su completa recuperación; lo que hace compatible esa protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora con la conservación de sus derechos laborales. Se trata pues de una exigencia, derivada del artículo 39.2 CE, de preservar la salud de la mujer trabajadora durante su embarazo y después de este y, por otra parte, de proteger las particulares relaciones entre la madre y su hijo durante el período de puerperio, como también ha señalado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antes citada. Por eso los compromisos internacionales asumidos por España al ratificar los citados acuerdos y convenios sobre derechos humanos obligan a adoptar las medidas necesarias para que las trabajadoras embarazadas disfruten de un permiso de maternidad, a fin de proteger la salud de la mujer (Convenio de la Organización Internacional del Trabajo núm. 103; art. 10.2 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales); también la normativa de la Unión Europea impone esta obligación (art. 8 de la Directiva 92/85/CEE). Así lo advirtió también este Tribunal, al señalar que «la vulnerabilidad de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, hace necesario un derecho a un permiso de maternidad (STC 324/2006, FJ 6)» (STC 111/2018, FJ 7). Por el contrario, «el establecimiento de un permiso por paternidad no viene impuesto hasta la fecha por ninguna norma de Derecho internacional que obligue a nuestro país ni por el Derecho de la Unión Europea. Obedece a una finalidad tuitiva diferente: favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, fomentando la corresponsabilidad de madres y padres en el cuidado de los hijos comunes (art. 39.3 CE). Por tanto, la decisión del legislador, desde luego inobjetable, de reconocer a los hombres el derecho a la suspensión del contrato de trabajo por nacimiento de un hijo, con el correlativo a percibir la prestación por paternidad de la Seguridad Social, tiene una finalidad diferente al supuesto tradicional de suspensión del contrato de trabajo de la mujer trabajadora por parto. No se trata, como es obvio, de proteger la salud del trabajador, sino de contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares en el cuidado de los hijos. Buena prueba de la diferencia apuntada es que el permiso de maternidad en caso de parto se configura legalmente como un derecho originario de la madre trabajadora (STC 76/2011, FJ 3); esta puede optar por ceder al padre, cuando ambos trabajen, el disfrute de una parte determinada del periodo de descanso posterior al parto, con exclusión de las seis semanas de descanso obligatorio para la madre (art. 48.4 LET)» (STC 111/2018, FJ 7). En conclusión, como hemos dicho en la STC 111/2018, FJ 7, «siendo diferentes las situaciones que se traen a comparación, no puede reputarse como lesiva del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 CE) la diferente duración de los permisos por maternidad o paternidad y de las correspondientes prestaciones de la seguridad social que establece la legislación aplicada en las resoluciones administrativas y judiciales que se impugnan en amparo. La atribución del permiso por maternidad, con la correlativa prestación de la seguridad social, a la mujer trabajadora, con una duración superior a la que se reconoce al padre, no es discriminatoria para el varón. Este Tribunal ya ha tenido ocasión de señalar que la maternidad, el embarazo y el parto son realidades biológicas diferenciadas de obligatoria protección, derivada directamente del artículo 39.2 CE, que se refiere a la protección integral de las madres. Por tanto las ventajas que se determinen para la mujer no pueden considerarse discriminatorias para el hombre (SSTC 109/1993, FJ 4, y 75/2011, FJ 7)». h) En todo caso, «cuestión distinta es que el legislador, en el legítimo ejercicio de su libertad de configuración del sistema de seguridad social, apreciando las circunstancias socioeconómicas concurrentes en cada momento a la hora de administrar recursos económicos limitados para atender a un gran número de necesidades sociales (por todas, SSTC 65/1987, de 21 de marzo, FJ 17; 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3, y 75/2011, FJ 7), pueda ampliar la duración del permiso de paternidad, como en efecto lo ha hecho» (STC 111/2018, FJ 8); pero ello no significa que «la regulación legal precedente y actual, que establece una duración del permiso y la prestación por paternidad inferior a la del permiso y la prestación por maternidad, sea por ello contraria al artículo 14 CE» (STC 111/2018, FJ 8). 3. La aplicación de tales criterios al presente supuesto, dada su identidad fáctica y jurídica, permite concluir que la solicitud de amparo debe ser desestimada al no apreciarse vulneración del derecho garantizado por el artículo 14 CE. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Raúl Sánchez Siles y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPiiNA). Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.–Juan José González Rivas.–Andrés Ollero Tassara.–Santiago Martínez-Vares García.–Alfredo Montoya Melgar.–Cándido Conde-Pumpido Tourón.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula la Magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 275-2018 En el ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 90.2 LOTC, y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría de la Sala, formulo el presente Voto particular por discrepar de la fundamentación y el fallo de la Sentencia recaída en el recurso de amparo núm. 275-2018, interpuesto por don Raúl Sánchez Siles y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPiiNA). 1. A mi juicio la Sentencia que resuelve el recurso de amparo planteado por la Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPiiNA) y por un padre integrante de la Plataforma, debió ser estimatoria, como debieron serlo las que han recaído previamente sobre esta misma cuestión (SSTC 111/2018, de 17 de octubre y 117/2018, de 29 de octubre), lo que hubiera exigido, a su vez, el previo planteamiento de una cuestión interna de constitucionalidad (art. 55.2 LOTC). Así parecía reconocerlo implícitamente la providencia de 16 de julio de 2018 cuando, tras el examen sobre la admisibilidad del recurso de amparo, se entendió que era una de las causas de especial trascendencia constitucional justificativa de su admisión a trámite [STC 155/2009, FJ 2, e)]. El hecho de que la vulneración del derecho fundamental denunciado, en caso de haberse apreciado, pudiera provenir de la ley aplicable al supuesto concreto, habría requerido este trámite. La cuestión interna habría tenido por objeto el artículo 48 bis del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), en la versión introducida por la disposición adicional undécima de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y los artículos 133 octies a 133 decies del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción dada por la disposición adicional decimoctava de la referida ley orgánica. Tales preceptos, en la redacción vigente cuando el recurrente en amparo fue sujeto beneficiario de la suspensión del contrato por causa de su paternidad, preveían una licencia de trece días de duración, denominada «permiso de paternidad», de titularidad exclusiva del padre, y ampliable en caso de parto múltiple (art. 48 bis LET). Quienes recurren en amparo entienden que tal previsión legal, aplicada en sus estrictos términos tanto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, como por el Juzgado de lo Social y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, resulta lesiva del derecho a la igualdad y la interdicción de discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), en relación con la garantía de la protección de la familia del artículo 39 CE. El tema que se plantea en este recurso de amparo, por definición, es independiente de la valoración en abstracto de la medida cuestionada, y se centra en valorar si la configuración de dicho permiso, una vez previsto, resulta o no atentatoria de la igualdad constitucionalmente reconocida como derecho fundamental (art. 14 CE), habida cuenta de que la duración del permiso de paternidad (trece días en el supuesto analizado) y la del permiso de maternidad (dieciséis semanas) no son en absoluto coincidentes. 2. Para resolver la controversia, la Sala, reproduciendo de modo sucinto la argumentación del Pleno del Tribunal Constitucional en la STC 111/2018, se sitúa en un planteamiento que refuerza y actualiza con el reenvío al Derecho de la Unión Europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión. Dicho planteamiento se sustenta en el reconocimiento de diferencias biológicas que asocian el embarazo y el parto a las mujeres, y de las que se pueden derivar desventajas en el ámbito de la integración laboral. La superación de tales desventajas exige recurrir a políticas, acciones y disposiciones normativas que protejan la opción por la maternidad de las mujeres trabajadoras, y garanticen que el embarazo, y posterior período de lactancia, no suponga un trato desfavorable en el entorno laboral. La STC 66/2014, de 5 de mayo, que sintetiza esta aproximación a la cuestión, dijo expresamente en su fundamento jurídico 2 que «para ponderar las exigencias que el artículo 14 CE despliega en orden a hacer efectiva la igualdad de la mujer en el mercado de trabajo, es preciso atender a circunstancias tales como ‘la peculiar incidencia que respecto de la situación laboral de aquélla tiene el hecho de la maternidad y la lactancia, en cuanto se trata de compensar las desventajas reales que para la conservación de su empleo soporta la mujer a diferencia del hombre y que incluso se comprueba por datos revelados por la estadística (tal como el número de mujeres que se ven obligadas a dejar el trabajo por esta circunstancia a diferencia de los varones)’ …, y a que existe una innegable y mayor dificultad para la mujer con hijos de corta edad para incorporarse al trabajo o permanecer en él, dificultad que tiene orígenes muy diversos, pero que coloca a esta categoría social en una situación de hecho claramente desventajosa respecto a los hombres en la misma situación…». Así, el Tribunal entiende que embarazo y lactancia son circunstancias asociadas indefectiblemente a las mujeres, que las perjudican en su dimensión de trabajadoras, y que tal desventaja debe encontrar compensación a través una serie de garantías previstas específicamente para las mujeres. A partir de este razonamiento inicial, el Tribunal se pronuncia en numerosas ocasiones sobre la maternidad como elemento definidor de comportamientos de discriminación directa, pudiendo citarse en este sentido las SSTC 173/1994, de 7 de junio; 136/1996, de 23 de julio; 20/2001, de 29 de enero; 41/2002, de 25 de febrero; 17/2003, de 30 de enero; 98/2003, de 2 de junio; 175/2005, de 4 de julio; 182/2005, de 4 de julio; 324/2006, de 20 de noviembre; 17/2007, de 12 de febrero; 74/2008, de 23 de junio; 92/2008, de 21 de julio; 173/2013, de 10 de octubre; 66/2014, de 5 de mayo, y 162/2016, de 3 de octubre. 3. Este análisis permanece ajeno a una realidad mucho más compleja, que el Tribunal Constitucional no ha llegado a abordar hasta la fecha. El asunto que se resuelve en la Sentencia de la que discrepo, que no hace sino reproducir los argumentos de la ya citada STC 111/2018, pierde, como aquella, una ocasión para analizar el impacto negativo que tienen parte de esas medidas garantistas del fenómeno de la maternidad, en el tratamiento igualitario de las mujeres en el marco del mercado laboral. Con esta Sentencia, la Sala, siguiendo los dictados de la previa Sentencia del Pleno, ha perdido la ocasión de explicar por qué las medidas de protección de la parentalidad, cuando se asocian exclusivamente o con una naturaleza reforzada a las mujeres, si bien pueden suponer una garantía relativa para quienes ya están en el mercado laboral, sin duda se erigen como una clara barrera de entrada frente a quienes están fuera y un obstáculo a la promoción de quienes están dentro, porque generan un efecto de desincentivo en quien contrata que solo afecta a las mujeres, y que, por tanto, incide en la perpetuación de la discriminación laboral. Desaprovecha la Sala, por tanto, la ocasión de diferenciar, de forma clara, entre los objetivos y finalidades con proyección constitucional asociados a las medidas de protección del hecho biológico de la maternidad –en conexión con los artículos 15 y 43 CE–, y las finalidades, con igual cabida constitucional, asociadas tanto a la garantía de igualdad de trato en el mercado laboral –artículos 14 y 35.1 CE–, como al desarrollo de medidas de conciliación de la vida laboral y personal –artículo 18 CE–, que deben ser proyectadas, sin ninguna diferencia, a los hombres y a las mujeres que tienen descendencia, a riesgo de convertirse, de no ser así, en medidas generadoras de discriminación indirecta. 4. Las Directivas 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada que haya dado a luz o esté en periodo de lactancia (modificada por la Directiva 2007/30/CE de 20 de junio de 2007); 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación; y 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BusinesseuRope, la Ueapme, el Ceep y la Ces, son invocadas y aplicadas en la resolución del recurso de amparo, sin calibrar adecuadamente la pluralidad de finalidades que se integran en los permisos de paternidad y de maternidad, tal y como están diseñados en el ordenamiento español. Las medidas de estricta protección de la maternidad (Directiva 92/85/CEE), entendidas como atención a la situación física asociada al parto, que ni siquiera incluirían la protección de la lactancia [no puede olvidarse la STJUE de 30 de septiembre de 2010, asunto Roca Álvarez (C-104/2009)], han de distinguirse de las medidas que buscan asegurar la igualdad de trato en el empleo y la ausencia de discriminación directa e indirecta (Directiva 2006/54/CE), así como de las medidas que procuran asegurar la conciliación de la vida personal y familiar (Directiva 2010/18/UE). El Tribunal entiende que las dieciséis semanas del permiso de maternidad van exclusivamente destinadas a proteger el hecho biológico de la maternidad, por lo que la finalidad perseguida por el legislador cuando lo regula, es distinta de la que le inspira cuando desarrolla el permiso de paternidad. En este caso, el objetivo sería favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, justificando esta diferencia la distinta duración de ambos permisos. Pero, a mi juicio, el Tribunal se confunde en la identificación de las finalidades de los permisos, y este error está en la base de un modelo indefectiblemente discriminatorio. Estando de acuerdo con que la naturaleza del «permiso de paternidad» no es, obviamente, la protección de la maternidad entendida como fenómeno biológico exclusivamente vinculado a las mujeres, es preciso reconocer que la finalidad del «permiso de maternidad» no es única. La configuración actual del mismo, permite ceder una parte importante de su disfrute al padre o al progenitor no gestante, en concreto hasta diez de las dieciséis semanas de suspensión del contrato que prevé el artículo 48.2 LET. Además, también se prevé la suspensión con reserva de puesto de trabajo, con una duración íntegra de dieciséis semanas, en los supuestos de adopción, de guarda con fines de adopción y de acogimiento (art. 48.5 LET), permiso que puede disfrutar cualquiera de los dos progenitores en la medida en que no ha existido parto, ni se exige recuperación física alguna. Estas previsiones, referidas inequívocamente al «permiso de maternidad», no corroboran la argumentación contenida en la Sentencia. Ni la finalidad exclusiva del permiso de maternidad es la recuperación física de la madre, ni la finalidad del de paternidad es (solo) la conciliación, sino la garantía de la igualdad en el acceso, promoción y desarrollo de la actividad laboral de hombres y mujeres. Y es que no se trata únicamente de asegurar al padre el disfrute de «su» derecho a conciliar la vida laboral y el cuidado de sus hijos, sino de repartir entre el padre y la madre el coste laboral que la decisión de tener descendencia tiene en las personas, de modo tal que dicha decisión impacte por igual, en el sentido que sea (positivo o negativo) tanto en el hombre como en la mujer. 5. La interpretación que formula el Tribunal, y trae al centro del análisis el reparto equitativo de las responsabilidades familiares, olvida que no se trata solo de la corresponsabilidad en el ámbito familiar, sino de la repercusión externa que la asunción de responsabilidades familiares tiene en el ámbito laboral. Y la desigual duración de los permisos, en la proporción en que tal desigualdad se prevé en la normativa (trece días frente a dieciséis semanas), resulta injustificada y desincentiva la contratación de mujeres en edad fértil. La Sentencia ignora que existe un efecto claro de discriminación indirecta de las mujeres, asociado al hecho de la maternidad, que el legislador debiera tratar de erradicar por mandato del artículo 9.2 CE. Un Tribunal Constitucional de este siglo debería haber reconocido la necesaria evolución de la realidad social, y profundizado en el análisis de los efectos reales de las medidas de protección que aquí se cuestionan. Ya se reconoció en la STC 128/1987, de 16 de julio, que «la mujer que tiene a su cargo hijos menores se encuentra en una situación particularmente desventajosa en la realidad para el acceso al trabajo, o el mantenimiento del que ya tiene». Y, si bien las circunstancias han cambiado en treinta años, en la actualidad sigue existiendo una fractura clara entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Esta se traduce, y se visualiza estadísticamente, en las diversas modalidades de contratación, es decir, en la mayor temporalidad en la contratación de mujeres y mayor contratación a tiempo parcial, en la brecha salarial, en la elección de los perfiles profesionales, o en las dificultades de ascenso a determinados puestos de responsabilidad. Hoy ya no se trata solo de lamentar que la mujer concentre la mayor parte de cargas derivadas del cuidado de la familia, y particularmente del cuidado de los hijos, porque sigue haciéndolo a pesar de los esfuerzos del legislador y de algunos avances sociales. Se trata de analizar por qué las medidas desarrolladas para compensar esa realidad social, destinadas fundamentalmente a las mujeres, no logran superar como debieran esa realidad y no aseguran la igualdad real de las mujeres en el acceso al mundo laboral y su promoción dentro del mismo. Se trata de examinar por qué esas medidas no logran atajar el problema del desigual reparto de los desincentivos entre los hombres y las mujeres. 6. La Sentencia acude con insistencia a la argumentación contenida en la STC 75/2011, de 19 de mayo, perdiendo la ocasión de aclarar dicha doctrina, y actualizarla en consonancia con el mandato contenido en el artículo 9.2 CE. La STC 75/2011 desestimó una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Lleida respecto del entonces vigente artículo 48.4 del Estatuto de los trabajadores, poniendo en duda su compatibilidad con el artículo 14 CE a la luz de los artículos 39 y 41 CE. En aquel caso, el párrafo cuestionado establecía el régimen de cesión de las semanas no obligatorias de la baja de maternidad (es decir de la semana 7 a la semana 16) por parte de la madre trabajadora al padre trabajador. La cesión implica(ba) necesariamente que la madre fuese beneficiaria de la baja de maternidad cosa que, en el supuesto de hecho, no se daba, porque la madre era procuradora de los Tribunales y, por tanto, no estaba sujeta al régimen de la Seguridad Social, ni al Estatuto de los trabajadores. Aquella Sentencia, en varios obiter dicta destinados a explicar la evolución de la regulación en materia de protección de la maternidad, definía la finalidad de la baja de maternidad como un instrumento de protección de la salud de la mujer trabajadora, por lo que, en origen, se trataba de un permiso propio u originario de la madre trabajadora que podía ceder en parte al padre. De modo tal que si la madre no generaba el derecho a la suspensión del contrato, no lo podía ceder. Pero, aquella regulación cambió con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, que introdujo el permiso de paternidad en nuestro ordenamiento como permiso autónomo, de modo que hoy la argumentación del Tribunal no debió sujetarse, sin más, a lo que se estableció en la STC 75/2011. Aquí no se trata de la cesión de la baja por maternidad, sino de si es constitucionalmente razonable, una vez que se prevé la baja por paternidad que entonces no existía, no equipararla temporalmente a la de maternidad, al menos en la parte en que no se reserva al descanso obligatorio de la madre. Se trata, por tanto de un problema distinto, que no se puede resolver remitiéndose al razonamiento de la STC 75/2011. Lo que decía este pronunciamiento es que la baja por maternidad se atribuye en su integridad a la mujer trabajadora, y que como derecho propio puede ser cedido en determinadas circunstancias. Pero deducir de esta afirmación que justifica la diferencia de regulación entre la suspensión del contrato de la madre y del padre, cuando este último está previsto, no parece razonable, y ello por las razones que han venido exponiéndose en el presente Voto particular. Para concluir el razonamiento: la diferencia normativamente dispuesta entre los permisos de cuidado de menores recién nacidos atribuida a los hombres y la que se reconoce a las mujeres, está basada en el sexo, es decir en una de las categorías prohibidas contenidas en el artículo 14 CE. Analizar si tal diferenciación es constitucionalmente admisible a la luz del artículo 14 CE, hubiera exigido que el Tribunal definiera, de modo distinto al que lo hace, cual es la naturaleza «constitucional» de dichos permisos, es decir, cual es el bien protegido, para determinar si la distinción establecida entre hombres y mujeres en el disfrute de los permisos está o no justificada, sometiendo esta evidente diferencia de trato al test de legitimidad, racionalidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tal análisis, efectuado sobre la base de los razonamientos previos, hubiera debido llevar a la estimación del recurso de amparo, y a la declaración de la inconstitucionalidad de los preceptos legales en cuestión. 7. Por último el Tribunal pierde, como en la Sentencia principal de esta serie, la ocasión de vincular los permisos que buscan la conciliación personal, familiar y laboral, con el disfrute del derecho a la vida familiar (art. 8 CEDH), derecho del que son titulares los progenitores pero también, y a mi juicio sobre todo, los niños y las niñas. Los hijos y las hijas, sobre todo, en franjas de edad muy baja, no son responsabilidad preferente de su madre, ni el vínculo con ella merece un mayor grado de protección que el vínculo paternofilial. Esta consideración, implícita en la Sentencia, consolida una división de roles en el cuidado que puede y debe ser revisada, para adaptarla a una visión más actual y coherente con el artículo 9.2 CE, de lo que es la igualdad material entre los sexos. Y en este sentido emito mi Voto particular. Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho.–María Luisa Balaguer Callejón.–Firmado y rubricado.

Una nueva sentencia del Constitucional que asegura que tener menos permiso de paternidad que de maternidad no es discriminatorio.

ECLI:ES:TC:2018:138   La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Juan José González Rivas, Presidente; don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 275-2018, promovido por don Raúl Sánchez Siles y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPiiNA), representados por la Procuradora de los Tribunales doña Ariadna Latorre Blanco y asistidos por la Abogada doña Elena Rodilla Álvarez, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 13 de diciembre de 2017, que desestima el recurso de suplicación núm. 1238-2017 interpuesto contra la sentencia de 18 de mayo de 2017 del Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid, dictada en los autos núm. 255-2016, así como frente a las precedentes resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Han intervenido el Letrado de la Administración de la Seguridad Social y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Alfredo Montoya Melgar, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. La Procuradora de los Tribunales doña Ariadna Latorre Blanco, en nombre y representación de don Raúl Sánchez Siles y de la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPiiNA), interpuso demanda de amparo contra las resoluciones citadas en el encabezamiento, mediante escrito registrado en este Tribunal el 16 de enero de 2018. 2. Los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo, relevantes para la resolución del asunto, son los siguientes: a) Don Raúl Sánchez Siles, que fue padre el 24 de octubre de 2015, disfrutó de un permiso de paternidad de trece días, en virtud de la legislación vigente a la fecha del hecho causante (art. 48 bis del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo [LET], precepto introducido por la disposición adicional décima apartado 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). Le fue reconocida por resolución de la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Madrid de 12 de noviembre de 2015 la prestación de paternidad de trece días por importe del 100 por 100 de la base reguladora diaria, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable (art. 133 octies a 133 decies del texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, regulación introducida por la disposición adicional décima apartado 7 de la citada Ley Orgánica 3/2007). b) El Sr. Sánchez Siles presentó el 13 de noviembre de 2015 una solicitud ante la Dirección provincial del INSS de Madrid, interesando la ampliación y equiparación de la prestación de paternidad con la prestación por maternidad, tanto en lo que se refiere a las condiciones de disfrute como a su duración (dieciséis semanas), con carácter personal e intransferible. Al no recibir respuesta a su solicitud, formuló el 26 de enero de 2016 reclamación previa ante la entidad gestora, que tampoco fue contestada. Como fundamento de su pretensión invocaba el derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación (art. 14 CE). Aducía, en síntesis, que la decisión administrativa de no equiparar la prestación de paternidad con la prestación por maternidad constituía un acto discriminatorio por razón de sexo, basado en una interpretación literal y formalista de la normativa aplicable contenida en el texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (en adelante LET) y en el texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social (en adelante LGSS). c) Con fecha 20 de marzo de 2016 el Sr. Sánchez Siles y la asociación Plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción (PPiiNA) presentaron demanda contra el INSS, que recayó en el Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid, dando lugar a los autos núm. 255-2016. Solicitaron que se dictase sentencia que reconociese el derecho del demandante a la prestación de paternidad en términos equiparables a la de maternidad, por considerar que la diferencia de trato dispensada en cuanto a la duración de ambas prestaciones, basada en una interpretación literal y formalista de la normativa aplicable, suponía para los varones un trato discriminatorio por razón de sexo, lesivo del artículo 14 CE. Alegaban también que la equiparación de la prestación de paternidad con la de maternidad se conecta con la conciliación de responsabilidades familiares dimanante del principio de protección de la familia (art. 39 CE). Por último, añadían que la equiparación pretendida es una exigencia del derecho europeo, que prevalece sobre la normativa nacional. Invocaban al efecto los artículo 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, los artículo 21 y 23 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. Proponían por ello el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si el Juzgado no estimase directamente inaplicables los artículos 133 octies a 133 decies LGSS y 48 bis LET. d) El Juzgado de lo Social núm. 7 de Madrid dictó sentencia desestimatoria el 18 de mayo de 2017, absolviendo al INSS de las pretensiones deducidas en su contra por los demandantes. Entendió el juzgado, con remisión a la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 25 de Madrid de 17 de abril de 2017 sobre el mismo asunto, que el diferente régimen jurídico de los permisos de maternidad y paternidad en relación con su duración ### RESUMEN: Una nueva sentencia del Constitucional que asegura que tener menos permiso de paternidad que de maternidad no es discriminatorio.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es. c) Número de expediente: 067/13-DG. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: El objeto del contrato consiste en la prestación de un servicio de asistencia a la Subdirección de Auditoría Interna de Red.es, que colabore en la realización de sus funciones y actividades en relación con la ejecución del Plan Anual de Auditoria Interna. Las actuaciones previstas en el presente contrato serán financiables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) que, en su caso, sean de aplicación. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212200 g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, Plataforma de Contratación del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/07/2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 157.800,00 euros. Importe total: 190.938,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 21/10/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 11/11/2013. c) Contratista: Ernst & Young, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 133.943,40 euros. Importe total: 162.071,51 euros. Madrid, 14 de noviembre de 2013.- D. Luis Santa-María Pérez, Secretario General.

Ernst & Young realizará la auditoría interna de Red.es por importe total de 162.071,51 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es. c) Número de expediente: 067/13-DG. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: El objeto del contrato consiste en la prestación de un servicio de asistencia a la Subdirección de Auditoría Interna de Red.es, que colabore en la realización de sus funciones y actividades en relación con la ejecución del Plan Anual de Auditoria Interna. Las actuaciones previstas en el presente contrato serán financiables con cargo a los Programas Operativos 2007-2013 (FEDER) que, en su caso, sean de aplicación. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79212200 g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, Plataforma de Contratación del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/07/2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 157.800,00 euros. Importe total: 190.938,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 21/10/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 11/11/2013. c) Contratista: Ernst & Young, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 133.943,40 euros. Importe total: 162.071,51 euros. Madrid, 14 de noviembre de 2013.- D. Luis Santa-María Pérez, Secretario General. ### RESUMEN: Ernst & Young realizará la auditoría interna de Red.es por importe total de 162.071,51 euros.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. Según el nuevo artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, corresponde al Gobierno, entre otros, el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, estándares y resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación, que garantice el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica. Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, descansa sobre una nueva configuración del currículo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En el bloque de asignaturas troncales se garantizan los conocimientos y competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar con aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el alumnado, y que en todo caso deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de etapa. El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta. El bloque de asignaturas de libre configuración autonómica supone el mayor nivel de autonomía, en el que las Administraciones educativas y en su caso los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de las materias troncales o específicas. Esta distribución no obedece a la importancia o carácter instrumental o fundamental de las asignaturas sino a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, acorde con la Constitución española. Esta nueva configuración curricular supone un importante incremento en la autonomía de las Administraciones educativas y de los centros, que pueden decidir las opciones y vías en las que se especializan y fijar la oferta de asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, en el marco de la programación de las enseñanzas que establezca cada Administración educativa. El sistema es más flexible porque permite ajustar la oferta formativa y sus itinerarios a la demanda de las familias y a la proximidad de facultades o escuelas universitarias y otros centros docentes, y favorece la especialización de los centros en función de los itinerarios ofrecidos. La nueva organización de la Educación Primaria se desarrolla en los artículos 16 a 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Primaria se ha diseñado de acuerdo con lo indicado en dichos artículos, en un intento de simplificar su regulación, que se ha centrado en los elementos curriculares indispensables. En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del profesorado. El currículo básico de las diferentes áreas se ha organizado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la educación básica, mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las áreas troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en todas las áreas, que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la programación docente. En algunas áreas estos elementos se han agrupado en torno a bloques que permiten identificar los principales ámbitos que comprende el área; esta agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras los elementos curriculares y adoptar la metodología más adecuada a las características de los mismos y del grupo de alumnos. El contenido de esta norma será completado con la integración de las competencias en el currículo que debe promover el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según la disposición adicional trigésimo quinta de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, a través de la adecuada descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de las diferentes enseñanzas, con atención prioritaria al currículo de la enseñanza básica. Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es posible la intervención excepcional del reglamento en la delimitación de lo básico, entre otros supuestos, cuando la utilización del reglamento resulte justificada por el carácter marcadamente técnico de la materia. En la tramitación de este real decreto ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado, se ha solicitado el informe del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas y del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y se ha consultado a las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia de Educación, así como a los organismos y organizaciones más representativas y en general a toda la comunidad educativa a través de un trámite de información pública. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de febrero de 2014, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. El presente real decreto tiene por objeto establecer el currículo básico de la Educación Primaria. Artículo 2. Definiciones. 1. A efectos de este real decreto, se entenderá por: a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 2. A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 1.º Comunicación lingüística. 2.º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 3.º Competencia digital. 4.º Aprender a aprender. 5.º Competencias sociales y cívicas. 6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 7.º Conciencia y expresiones culturales. Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Artículo 3. Distribución de competencias. 1. En Educación Primaria, las asignaturas se agruparán en tres bloques, de asignaturas troncales, de asignaturas específicas, y de asignaturas de libre configuración autonómica, sobre los que el Gobierno, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el resto de Administraciones educativas y los centros docentes realizarán sus funciones de la siguiente forma: a) Corresponderá al Gobierno: 1.º Determinar los contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables y el horario lectivo mínimo del bloque de asignaturas troncales. 2.º Determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas específicas. 3.º Determinar los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las enseñanzas y etapas educativas y del grado de adquisición de las competencias correspondientes, así como las características generales de las pruebas en relación con la evaluación final de Educación Primaria. b) Dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con los apartados anteriores, las Administraciones educativas podrán: 1.º Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales. 2.º Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica. 3.º Realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su competencia. 4.º Fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del bloque de asignaturas troncales. 5.º Fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica. 6.º En relación con la evaluación durante la etapa, complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas, y establecer los criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 7.º Establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. c) Dentro de la regulación y límites establecidos por las Administraciones educativas de acuerdo con los apartados anteriores, y en función de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa, los centros docentes podrán: 1.º Complementar los contenidos de los bloques de asignaturas troncales, específicas y de libre configuración autonómica y configurar su oferta formativa. 2.º Diseñar e implantar métodos pedagógicos y didácticos propios. 3.º Determinar la carga horaria correspondiente a las diferentes asignaturas. 2. Las Administraciones educativas fomentarán y potenciarán la autonomía de los centros, evaluarán sus resultados y aplicarán los oportunos planes de actuación. Los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía. Artículo 4. Asignaturas troncales. Los contenidos comunes, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las áreas troncales de la Educación Primaria se recogen en el anexo I. Artículo 5. Asignaturas específicas. Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de las áreas específicas de la Educación Primaria se recogen en el anexo II. Artículo 6. Principios generales. La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo. Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. Artículo 8. Organización. 1. La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad, y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador. 2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos: a) Ciencias de la Naturaleza. b) Ciencias Sociales. c) Lengua Castellana y Literatura. d) Matemáticas. e) Primera Lengua Extranjera. 3. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos: a) Educación Física. b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales. c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas: 1.º Educación Artística. 2.º Segunda Lengua Extranjera. 3.º Religión, solo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección indicada en el apartado 3.b). 4.º Valores Sociales y Cívicos, solo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección indicada en el apartado 3.b). 4. Los alumnos y alumnas deben cursar el área Lengua Cooficial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. El área Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al del área Lengua Castellana y Literatura. Además, los alumnos y alumnas podrán cursar una o varias áreas más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, que podrán ser áreas del bloque de asignaturas específicas no cursadas, áreas de profundización o refuerzo de las áreas troncales, u otras áreas a determinar. Entre las áreas a determinar, las Administraciones educativas y en su caso los centros podrán ofrecer, entre otras, asignaturas relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía personal y las lenguas de signos. 5. El horario lectivo mínimo correspondiente a las asignaturas del bloque de asignaturas troncales, computado de forma global para toda la Educación Primaria, no será inferior al 50% del total del horario lectivo fijado por cada Administración educativa como general para dicha etapa. En este cómputo no se tendrán en cuenta posibles ampliaciones del horario que se puedan establecer sobre el horario general. 6. Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará una especial atención a la coordinación entre ambas etapas para salvar las diferencias pedagógicas y organizativas y los desajustes que se puedan producir en el progreso académico del alumnado, para lo que se tendrá en cuenta, entre otros mecanismos, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa. Artículo 9. Proceso de aprendizaje y atención individualizada. 1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades. 2. A fin de fomentar el hábito de la lectura se dedicará un tiempo diario a la misma. 3. Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 4. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente, y mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 5. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 6. Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. Artículo 10. Elementos transversales. 1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las asignaturas. 2. Las Administraciones educativas fomentarán la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 3. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 4. Los currículos de Educación Primaria incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 5. Las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento infantil. A estos efectos, dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas incorporarán elementos curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. Artículo 11. Promoción. 1. El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso realizado, y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. De no ser así, podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por los centros docentes de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 2. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado tomando especialmente en consideración la información y el criterio del profesor tutor. Se atenderá especialmente a los resultados de las evaluaciones individualizadas de tercer curso de Educación Primaria y final de Educación Primaria. Artículo 12. Evaluaciones. 1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las asignaturas de los bloques de asignaturas troncales y específicas, serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación de tercer curso y la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. Los maestros evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones docentes. Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que establecerán los oportunos procedimientos. 2. En aquellas Comunidades Autónomas que posean, junto al castellano, otra lengua oficial de acuerdo con sus Estatutos, los alumnos y alumnas podrán estar exentos de realizar la evaluación del área Lengua Cooficial y Literatura según la normativa autonómica correspondiente. 3. Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas al finalizar el tercer curso de Educación Primaria, según dispongan las Administraciones educativas, en la que se comprobará el grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia matemática. De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo. 4. Al finalizar el sexto curso de Educación Primaria se realizará una evaluación final individualizada a todos los alumnos y alumnas, en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en Comunicación lingüística, de la Competencia matemática y de las Competencias básicas en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. Dicha evaluación se realizará de acuerdo con las características generales de las pruebas que establezca el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas. Para la evaluación se utilizarán como referentes los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II a este real decreto. El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. El nivel obtenido por cada alumno o alumna se hará constar en un informe, que será entregado a los padres, madres o tutores legales y que tendrá carácter informativo y orientador para los centros en los que los alumnos y alumnas hayan cursado sexto curso de Educación Primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso escolar, así como para los equipos docentes, los padres, madres o tutores legales y los alumnos y alumnas. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de programas dirigidos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o de otras medidas. Las Administraciones educativas podrán establecer planes específicos de mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean inferiores a los valores que, a tal objeto, hayan establecido. En relación con los centros concertados se estará a la normativa reguladora del concierto correspondiente. Artículo 13. Aprendizaje de lenguas extranjeras. 1. Las Administraciones educativas podrán establecer que una parte de las asignaturas del currículo se impartan en lenguas extranjeras sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos del currículo regulados en el presente real decreto. En este caso, procurarán que a lo largo de la etapa el alumnado adquiera la terminología propia de las asignaturas en ambas lenguas. 2. Los centros que impartan una parte de las asignaturas del currículo en lenguas extranjeras aplicarán, en todo caso, los criterios para la admisión del alumnado establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Entre tales criterios no se incluirán requisitos lingüísticos. 3. La lengua castellana o la lengua cooficial solo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Se priorizarán la comprensión y la expresión oral. Se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél que presenta dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. Artículo 14. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 2. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los términos que determinen las Administraciones educativas. 3. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de accesibilidad y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales y adaptarán los instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. Las Administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación continua y la promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en la etapa, prevista en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Primaria en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa. 4. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal según el procedimiento y en los términos que determinen las Administraciones educativas, se flexibilizará en los términos que determine la normativa vigente; dicha flexibilización podrá incluir tanto la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos superiores como la ampliación de contenidos y competencias del curso corriente, así como otras medidas. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje. 5. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo a los que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a su edad. Artículo 15. Autonomía de los centros docentes. 1. Las Administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y estimularán la actividad investigadora a partir de su práctica docente. 2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas por las Administraciones educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad educativa con el fin de atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 3. Los centros promoverán, asimismo, compromisos con las familias y con los propios alumnos y alumnas en los que se especifiquen las actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para facilitar el progreso educativo. Artículo 16. Participación de padres, madres y tutores legales en el proceso educativo. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.e) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los padres, madres o tutores legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, y colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo, y tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. Disposición adicional primera. Adaptación de referencias. Las referencias realizadas por la normativa vigente a las asignaturas de Educación Primaria se entenderán realizadas a las asignaturas correspondientes recogidas en este real decreto. Disposición adicional segunda. Enseñanzas de religión. 1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Primaria de acuerdo con lo establecido en este real decreto. 2. Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, madres o tutores legales y en su caso el alumnado puedan manifestar su voluntad de que éstos reciban o no reciban enseñanzas de religión. 3. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. 4. La evaluación de la enseñanza de la religión se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 12 de este real decreto. Disposición adicional tercera. Sistema de préstamos de libros de texto. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promoverá el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares para la educación básica en los centros sostenidos con fondos públicos, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación. Disposición adicional cuarta. Documentos oficiales de evaluación. 1. Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, los documentos de evaluación final de etapa y de tercer curso de Educación Primaria, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico, y en su caso el informe personal por traslado. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos oportunos para garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los datos recogidos en los mismos y su supervisión y custodia. Los documentos oficiales de evaluación serán visados por el director del centro y llevarán las firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Junto a las mismas constará el nombre y los apellidos del firmante, así como la referencia al cargo o a la atribución docente. El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional. Los documentos oficiales de evaluación deberán recoger siempre la norma de la Administración educativa que establece el currículo correspondiente y, cuando hayan de surtir efectos fuera del ámbito de una Comunidad Autónoma cuya lengua tenga estatutariamente atribuido carácter oficial, se estará a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común. 2. Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación básica en los términos Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. Las Administraciones educativas podrán otorgar una Mención Honorífica o Matrícula de Honor a los alumnos y alumnas que hayan obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorga, y que hayan demostrado un rendimiento académico excelente. 3. Las actas de evaluación se extenderán para cada uno de los cursos y se cerrarán al término del período lectivo ordinario y en la convocatoria de las pruebas extraordinarias, en su caso. Comprenderán la relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los resultados de la evaluación de las materias y las decisiones sobre promoción y permanencia. Las actas de evaluación serán firmadas por el tutor del grupo en la Educación Primaria, y llevarán el visto bueno del director del centro. 4. El historial académico será extendido en impreso oficial, llevará el visto bueno del director y tendrá valor acreditativo de los estudios realizados. Como mínimo recogerá los datos identificativos del estudiante, las asignaturas cursadas en cada uno de los años de escolarización, los resultados de la evaluación en cada convocatoria (ordinaria o extraordinaria), las decisiones sobre promoción y permanencia, la media de las calificaciones obtenidas en cada una de las áreas, el nivel obtenido en la evaluación final de Educación Primaria, la información relativa a los cambios de centro, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, y las fechas en que se han producido los diferentes hitos. 5. Cuando el alumno se traslade a otro centro para proseguir sus estudios, el centro de origen remitirá al de destino, y a petición de éste, copia del historial académico de Educación Primaria y el informe personal por traslado. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial académico. El informe personal por traslado contendrá los resultados de las evaluaciones que se hubieran realizado, la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas, y todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del alumno. 6. Tras finalizar la etapa, el historial académico de Educación Primaria se entregará a los padres, madres o tutores del alumno o alumna, y se enviará una copia del historial académico y del informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa al centro de educación secundaria en el que prosiga sus estudios el alumno o alumna, a petición de dicho centro de educación secundaria. 7. En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los mismos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigésima tercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 8. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponde a los centros escolares. La cumplimentación y custodia del expediente académico será supervisada por la Inspección educativa. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos oportunos para garantizar la autenticidad de los datos reflejados en el expediente académico y su custodia. 9. Los documentos oficiales de evaluación y sus procedimientos de validación descritos en los apartados anteriores podrán ser sustituidos por sus equivalentes realizados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad, conservación, y se cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y por la normativa que las desarrolla. El expediente electrónico del alumno estará constituido, al menos, por los datos contenidos en los documentos oficiales de evaluación, y cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá la estructura y formato de, al menos, los datos contenidos en los documentos oficiales de evaluación del expediente electrónico del alumno descritos en la presente disposición, de acuerdo con lo previsto en el artículo 111.bis y en el apartado 4 de la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,que junto con otros garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas de información utilizados en el Sistema Educativo Español. Disposición adicional quinta. Evaluación final de la asignatura Lengua Cooficial y Literatura. 1. La asignatura Lengua Cooficial y Literatura deberá ser evaluada en la evaluación final de la etapa, y se tendrá en cuenta para el cálculo de la nota obtenida en dicha evaluación final en la misma proporción que la asignatura Lengua Castellana y Literatura. 2. Corresponde a las Administraciones educativas competentes concretar los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje evaluables y el diseño de las pruebas que se apliquen a esta asignatura, que se realizarán de forma simultánea al resto de las pruebas que componen las evaluaciones finales. 3. Estarán exentos de la realización de estas pruebas los alumnos y alumnas que estén exentos de cursar o de ser evaluados de la asignatura Lengua Cooficial y Literatura, según la normativa autonómica correspondiente. Disposición adicional sexta. Calendario escolar. 1. El calendario escolar, que fijarán anualmente las Administraciones educativas, comprenderá un mínimo de 175 días lectivos para las enseñanzas obligatorias. 2. En cualquier caso, en el cómputo del calendario escolar se incluirán los días dedicados a las evaluaciones de tercer curso y final de Educación Primaria. Disposición adicional séptima. Acciones informativas y de sensibilización. 1. Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y del Interior, en colaboración con las Administraciones educativas y con la Fundación de Víctimas del Terrorismo, promoverán la divulgación entre el alumnado del testimonio de las víctimas y de su relato de los hechos. 2. Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Justicia, en colaboración con las Administraciones educativas y con organizaciones y entidades interesadas, promoverán la divulgación entre el alumnado de información sobre los riesgos de explotación y abuso sexual, así como sobre los medios para protegerse, en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 6 del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual. 3. Los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con las Administraciones educativas y con organizaciones y entidades interesadas, promoverán entre el alumnado actividades de información, campañas de sensibilización, acciones formativas y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, en especial entre mujeres y hombres y personas con algún tipo de discapacidad, así como para la prevención de la violencia de género. 4. Estas actuaciones informativas y de sensibilización se desarrollarán mediante la organización en los centros docentes, fuera del horario escolar, de conferencias, seminarios, talleres y todo tipo de actividades, adaptadas a la etapa evolutiva de los alumnos. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. A partir de la total implantación de las modificaciones indicadas en la disposición final primera, quedará derogado el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. Disposición final primera. Calendario de implantación. Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, promoción y evaluaciones de Educación Primaria se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en el curso escolar 2014-2015, y para los cursos segundo, cuarto y sexto en el curso escolar 2015-2016. Disposición final segunda. Título competencial y carácter básico. Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Disposición final tercera. Desarrollo. Se faculta a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 28 de febrero de 2014. JUAN CARLOS R. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, JOSÉ IGNACIO WERT ORTEGA ANEXO I Asignaturas troncales a) Ciencias de la Naturaleza. Las Ciencias de la Naturaleza nos ayudan a conocer el mundo en que vivimos, a comprender nuestro entorno y las aportaciones de los avances científicos y tecnológicos a nuestra vida diaria. A través de las ciencias de la naturaleza nos acercamos al trabajo científico y a su contribución al desarrollo, por lo que es necesario proporcionar a todos los alumnos y alumnas las bases de una formación científica que les ayude a desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en una realidad cambiante cada vez más científica y tecnológica. El desarrollo de la ciencia y la actividad científica es una de las claves esenciales para entender la evolución de la Humanidad. En la actualidad, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus cambios, así como para desarrollar actitudes responsables sobre aspectos relacionados con los seres vivos, los recursos y el medioambiente. Por todo ello los conocimientos científicos se integran en el currículo básico de la Educación Primaria y deben formar parte de la educación de todos los alumnos y alumnas. A través del área de Ciencias de la Naturaleza los alumnos y alumnas se inician en el desarrollo de las principales estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de formular preguntas, identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, trabajando de forma cooperativa y haciendo uso de forma adecuada de los materiales y herramientas. El área incluye conceptos, procedimientos y actitudes que ayuden a los alumnos y alumnas a interpretar la realidad para poder abordar la solución a los diferentes problemas que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales y a afrontar la necesidad de desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que resultan de los avances científicos. El trabajo en el área de las Ciencias de la Naturaleza pretende desarrollar una actitud de toma de conciencia, participación y toma de decisiones argumentadas ante los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad, ayudándonos a valorar las consecuencias. Por otra parte, los contenidos de las Ciencias de la Naturaleza están conectados con los propuestos en otras áreas, por lo que es preciso trabajar las relaciones existentes entre ellas. El currículo básico se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con sus iguales y con el entorno y de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el final de la etapa. En el área de Ciencias de la Naturaleza, los contenidos se han organizado alrededor de algunos conceptos fundamentales; iniciación a la actividad científica, los seres vivos, el ser humano y la salud, la materia y la energía, la tecnología, los objetos y las máquinas, conceptos que facilitan el establecimiento de relaciones entre los diferentes contenidos seleccionados. Su tratamiento debe permitir que los alumnos y alumnas avancen en la adquisición de las ideas del conocimiento científico, en su organización y estructuración, como un todo articulado y coherente. En lo que se refiere a los contenidos procedimentales, los relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, los alumnos y alumnas han de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y técnicas habituales en la actividad científica, tal como la observación, la identificación y análisis de problemas, la recogida, organización y tratamiento de datos, la emisión de hipótesis, el diseño y desarrollo de la experimentación, la búsqueda de soluciones, y la utilización de fuentes de información, incluyendo en lo posible las proporcionadas por medios tecnológicos y la comunicación de los resultados obtenidos. Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Se presenta un bloque de contenidos comunes, Iniciación a la actividad científica, en el que se incluyen los procedimientos, actitudes y valores relacionados con el resto de los bloques que, dado su carácter transversal, deben desarrollarse de una manera integrada. Debido al carácter del área, los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales formulados, y teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, la actividad del aula girará en torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación. De igual forma, dada su creciente importancia, se debe iniciar a los alumnos y alumnas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para buscar información y para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones interactivas y representar fenómenos de difícil realización experimental. Los criterios y estándares de evaluación que se establecen en el currículo básico suponen una formulación evaluable de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la Educación Primaria, asociadas a los contenidos fundamentales de esta área, y muestran las competencias que el alumnado debe adquirir. Ciencias de la Naturaleza Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Iniciación a la actividad científica Iniciación a la actividad científica. Aproximación experimental a algunas cuestiones. Utilización de diferentes fuentes de información (directas, libros). Lectura de textos propios del área. Utilización de las tecnologías de la información y comunicación para buscar y seleccionar información, simular procesos y presentar conclusiones. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes, en el aula y en el centro. Utilización de diversos materiales, teniendo en cuenta las normas de seguridad. Trabajo individual y en grupo. Técnicas de estudio y trabajo. Desarrollo de hábitos de trabajo. Esfuerzo y responsabilidad. Planificación de proyectos y presentación de informes. Realización de proyectos. 1. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, haciendo predicciones sobre sucesos naturales, integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes directa e indirectas y comunicando los resultados. 2. Establecer conjeturas tanto respecto de sucesos que ocurren de una forma natural como sobre los que ocurren cuando se provocan, a través de un experimento o una experiencia. 3. Comunicar de forma oral y escrita los resultados obtenidos tras la realización de diversas experiencias, presentándolos con apoyos gráficos. 4. Trabajar de forma cooperativa, apreciando el cuidado por la seguridad propia y de sus compañeros, cuidando las herramientas y haciendo uso adecuado de los materiales. 5. Realizar proyectos y presentar informes. 1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, comunica su experiencia, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y por escrito. 1.2. Utiliza medios propios de la observación. 1.3. Consulta y utiliza documentos escritos, imágenes y gráficos. 1.4. Desarrolla estrategias adecuadas para acceder a la información de los textos de carácter científico. 2.1. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 3.1. Utiliza, de manera adecuada, el vocabulario correspondiente a cada uno de los bloques de contenidos. 3.2. Expone oralmente de forma clara y ordenada contenidos relacionados con el área manifestando la compresión de textos orales y/o escritos. 4.1. Usa de forma autónoma el tratamiento de textos (ajuste de página, inserción de ilustraciones o notas, etc.). 4.2. Hace un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de ocio. 4.3. Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 4.4. Presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia, en soporte papel y digital. 4.5. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, mostrando habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 4.6. Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los instrumentos y de los materiales de trabajo. 5.1. Realiza experiencias sencillas y pequeñas investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, realizando, extrayendo conclusiones, y comunicando los resultados. 5.2. Realiza un proyecto, trabajando de forma individual o en equipo y presenta un informe, utilizando soporte papel y/o digital, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), con diferentes medios y comunicando de forma oral la experiencia realizada, apoyándose en imágenes y textos escritos. Bloque 2. El ser humano y la salud El cuerpo humano y su funcionamiento. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas. Las funciones vitales en el ser humano: Función de relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). Función de nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor). Función de reproducción (aparato reproductor). Salud y enfermedad. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo humano. Hábitos saludables para prevenir enfermedades La conducta responsable. Efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas. Avances de la ciencia que mejoran la vida. Conocimiento de actuaciones básicas de primeros auxilios. Conocimiento de sí mismo y los demás. La identidad y la autonomía personal. La relación con los demás. La toma de decisiones: criterios y consecuencias. La resolución pacífica de conflictos. La igualdad entre hombres y mujeres. 1. Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas relaciones fundamentales entre ellas y determinados hábitos de salud. 2. Conocer el funcionamiento del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos, sistemas: su localización, forma, estructura, funciones, cuidados, etc. 3. Relacionar determinadas prácticas de vida con el adecuado funcionamiento del cuerpo, adoptando estilos de vida saludables, sabiendo las repercusiones para la salud de su modo de vida. 1.1. Identifica y localiza los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano: Nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y excretor), Reproducción (aparato reproductor), Relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso, aparato locomotor). 2.1. Identifica y describe las principales características de las funciones vitales del ser humano. 2.2. Identifica las principales características de los (aparatos respiratorio, digestivo, locomotor, circulatorio y excretor) y explica las principales funciones. 3.1. Reconoce estilos de vida saludables y sus efectos sobre el cuidado y mantenimiento de los diferentes órganos y aparatos. 3.2. Identifica y valora hábitos saludables para prevenir enfermedades y mantiene una conducta responsable. 3.3. Identifica y adopta hábitos de higiene, cuidado y descanso. 3.4. Conoce y explica los principios de las dietas equilibradas, identificando las prácticas saludables para prevenir y detectar los riesgos para la salud. 3.5. Reconoce los efectos nocivos del consumo de alcohol y drogas. 3.6. Observa, identifica y describe algunos avances de la ciencia que mejoran la salud (medicina, producción y conservación de alimentos, potabilización del agua, etc.). 3.7. Conoce y utiliza técnicas de primeros auxilios, en situaciones simuladas y reales. 3.8. Identifica emociones y sentimientos propios, de sus compañeros y de los adultos manifestando conductas empáticas. 3.9. Conoce y aplica estrategias para estudiar y trabajar de manera eficaz. 3.10. Reflexiona sobre el trabajo realizado, saca conclusiones sobre cómo trabaja y aprende y elabora estrategias para seguir aprendiendo. 3.11. Planifica de forma autónoma y creativa actividades de ocio y tiempo libre, individuales y en grupo. 3.12. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de las decisiones tomadas. Bloque 3. Los seres vivos Seres vivos, seres inertes. Diferenciación. Organización interna de los seres vivos. Estructura de los seres vivos: células, tejidos: tipos; órganos; aparatos y sistemas: principales características y funciones. Los seres vivos: Características, clasificación y tipos. Los animales vertebrados e invertebrados, características y clasificación. Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas. La fotosíntesis y su importancia para la vida en la Tierra. Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones, Comunidades y ecosistemas. Características y componentes de un ecosistema. Ecosistemas, pradera, charca, bosque, litoral y ciudad y los seres vivos. La biosfera, diferentes hábitats de los seres vivos. Respeto de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos. Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. Normas de prevención de riesgos. Uso de medios tecnológicos para el estudio de los seres vivos. 1. Conocer la estructura de los seres vivos: células, tejidos, tipos, órganos, aparatos y sistemas: identificando las principales características y funciones. 2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres vivos, atendiendo a sus características y tipos. 3. Conocer las características y componentes de un ecosistema. 4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, mostrando interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 1.1. Identifica y explica las diferencias entre, seres vivos y seres inertes. 1.2. Identifica y describe la estructura de los seres vivos: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, identificando las principales características y funciones de cada uno de ellos. 2.1. Observa e identifica las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las plantas. Reino de los hongos. Otros reinos. 2.2. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales invertebrados. 2.3. Observa directa e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, los animales vertebrados. 2.4. Observa directa e indirectamente, identifica características y clasifica plantas. 2.5. Utiliza guías en la identificación de animales y plantas. 2.6. Explica la importancia de la fotosíntesis para la vida en la Tierra. 3.1. Identifica y explica las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarias. Poblaciones, comunidades y ecosistemas. 3.2. Identifica y explica algunas de las causas de la extinción de especies. 3.3. Observa e identifica las principales características y componentes de un ecosistema. 3.4. Reconoce y explica algunos ecosistemas: pradera, charca, bosque, litoral y ciudad, y los seres vivos que en ellos habitan. 3.5. Observa e identifica diferentes hábitats de los seres vivos. 4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 4.2. Usa la lupa y otros medios tecnológicos en los diferentes trabajos que realiza. 4.3. Manifiesta una cierta precisión y rigor en la observación y en la elaboración de los trabajos. 4.4. Observa y registra algún proceso asociado a la vida de los seres vivos, utilizando los instrumentos y los medios audiovisuales y tecnológicos apropiados, comunicando de manera oral y escrita los resultados. 4.5. Respeta de las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo. Bloque 4. Materia y energía Estudio y clasificación de algunos materiales por sus propiedades. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para el progreso de la sociedad. Diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. Explicación de fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. La flotabilidad en un medio líquido. Predicción de cambios en el movimiento o en la forma de los cuerpos por efecto de las fuerzas. Concepto de energía. Diferentes formas de energía. Fuentes de energía y materias primas: su origen. Energías renovables y no renovables. La luz como fuente de energía. Electricidad: la corriente eléctrica. Circuitos eléctricos. Magnetismo: el magnetismo terrestre. El imán: la brújula. Planificación y realización de experiencias diversas para estudiar las propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante la luz, el sonido, el calor, la humedad y la electricidad. Observación de algunos fenómenos de naturaleza eléctrica y sus efectos (luz y calor). Atracción y repulsión de cargas eléctricas. Separación de componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o disolución. Reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. Utilidad de algunos avances, productos y materiales para la sociedad. Fuentes de energías renovables y no renovables. El desarrollo energético, sostenible y equitativo. 1. Estudiar y clasificar materiales por sus propiedades. 2. Conocer los procedimientos para la medida de la masa, el volumen, la densidad de un cuerpo. 3. Conocer leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, o el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 4. Planificar y realizar sencillas investigaciones para estudiar el comportamiento de los cuerpos ante la luz, la electricidad, el magnetismo, el calor o el sonido. 5. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia. 1.1. Observa, identifica, describe y clasifica algunos materiales por sus propiedades (dureza, solubilidad, estado de agregación, conductividad térmica). 2.1. Utiliza diferentes procedimientos para la medida de la masa y el volumen de un cuerpo. 2.2. Identifica y explica fenómenos físicos observables en términos de diferencias de densidad. 2.3. Identifica y explica las principales características de la flotabilidad en un medio líquido. 3.1. Conoce las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 3.2. Conoce las leyes básicas que rigen el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 4.1. Planifica y realiza sencillas experiencias y predice cambios en el movimiento, en la forma o en el estado de los cuerpos por efecto de las fuerzas o de las aportaciones de energía, comunicando el proceso seguido y el resultado obtenido. 4.2. Identifica y explica algunas de las principales características de las diferentes formas de energía: mecánica, lumínica, sonora, eléctrica, térmica, química. 4.3. Identifica y explica algunas de las principales características de las energías renovables y no renovables, identificando las diferentes fuentes de energía y materias primas y el origen de las que provienen. 4.4. Identifica y explica los beneficios y riesgos relacionados con la utilización de la energía: agotamiento, lluvia ácida, radiactividad, exponiendo posibles actuaciones para un desarrollo sostenible. 4.5. Realiza experiencias sencillas para separar los componentes de una mezcla mediante: destilación, filtración, evaporación o disolución, comunicando de forma oral y escrita el proceso seguido y el resultado obtenido. 5.1. Identifica y expone las principales características de las reacciones químicas; combustión, oxidación y fermentación. 5.2. Separa los componentes de una mezcla mediante destilación, filtración, evaporación o disolución. 5.3. Observa de manera sistemática, aprecia y explica los efectos del calor en el aumento de temperatura y dilatación de algunos materiales. 5.4. Identifica, experimenta y ejemplifica argumentando algunos cambios de estado y su reversibilidad. 5.5. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas sobre diferentes fenómenos físicos y químicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, manifestando competencia en cada una de las fases, así como en el conocimiento de las leyes básicas que rigen los fenómenos estudiados. 5.6. Investiga a través de la realización de experiencias sencillas para acercarse al conocimiento de las leyes básicas que rigen fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica, el cambio de estado, las reacciones químicas: la combustión, la oxidación y la fermentación. 5.7. Respeta las normas de uso, seguridad y de conservación de los instrumentos y de los materiales de trabajo en el aula y en el centro. Bloque 5. La tecnología, objetos y máquinas Máquinas y aparatos. Tipos de máquinas en la vida cotidiana y su utilidad. Análisis de operadores y utilización en la construcción de un aparato. Construcción de estructuras sencillas que cumplan una función o condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas. La electricidad en el desarrollo de las máquinas. Elementos de los circuitos eléctricos. Efectos de la electricidad. Conductores y aislantes. La relación entre electricidad y magnetismo. La ciencia: presente y futuro de la sociedad. Beneficios y riesgos de las tecnologías y productos. Importantes descubrimientos e inventos. Tratamiento de textos. Búsqueda guiada de información en la red. Control del tiempo y uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 1. Conocer los principios básicos que rigen máquinas y aparatos. 2. Planificar la construcción de objetos y aparatos con una finalidad previa, utilizando fuentes energéticas, operadores y materiales apropiados, realizando el trabajo individual y en equipo, y proporcionando información sobre que estrategias se han empleado. 3. Conocer las leyes básicas que rigen los fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 4. Realizar experiencias sencillas y pequeñas investigaciones sobre diferentes fenómenos físicos de la materia: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material necesario, montando realizando, extrayendo conclusiones, comunicando resultados, aplicando conocimientos básicos de las leyes básicas que rigen estos fenómenos, como la reflexión de la luz, la transmisión de la corriente eléctrica. 1.1. Identifica diferentes tipos de máquinas, y las clasifica según el número de piezas, la manera de accionarlas, y la acción que realizan. 1.2. Observa, identifica y describe algunos de los componentes de las máquinas. 1.3. Observa e identifica alguna de las aplicaciones de las máquinas y aparatos, y su utilidad para facilitar las actividades humanas. 2.1. Construye alguna estructura sencilla que cumpla una función o condición para resolver un problema a partir de piezas moduladas, (escalera, puente, tobogán, etc.). 3.1. Observa e identifica los elementos de un circuito eléctrico y construye uno. 3.2. Observa, identifica y explica algunos efectos de la electricidad. 3.3. Expone ejemplos de materiales conductores y aislantes, argumentado su exposición. 3.4. Observa e identifica las principales características y los imanes y relaciona la electricidad y magnetismo. 3.5. Conoce y explica algunos de los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad. 4.1. Elabora un informe como técnica para el registro de un plan de trabajo, comunicando de forma oral y escrita las conclusiones. 4.2. Valora y describe la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y en el trabajo. 4.3. Conoce y explica algunos de los avances de la ciencia en: el hogar y la vida cotidiana, la medicina, la cultura y el ocio, el arte, la música, el cine y el deporte y las tecnologías de la información y la comunicación. 4.4. Efectúa búsquedas guiadas de información en la red. 4.5. Conoce y aplica estrategias de acceso y trabajo en Internet. 4.6. Utiliza algunos recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías de la información para comunicarse y colaborar. b) Ciencias Sociales. En las Ciencias Sociales se integran diversas disciplinas que estudian a las personas como seres sociales y su realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos. El objeto de las Ciencias Sociales en esta etapa es aprender a vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las reglas de la vida colectiva. El currículo básico del área de Ciencias Sociales de Educación Primaria contiene los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta área, que tendrá un carácter global e integrador. Los contenidos se han agrupado en bloques que permiten una identificación de los principales ámbitos que componen las Ciencias Sociales. En primer lugar, el Bloque 1 establece las características del currículo básico común a toda el área y las técnicas de trabajo con las que afrontar el área. En el Bloque 2, El mundo en que vivimos, se realiza el estudio de la geografía tanto en el entorno, que acerca al alumno a su realidad, como en medios más lejanos para que tenga una visión más global. En este bloque se utilizarán diferentes tipos de textos, cuadros y gráficos, esquemas, representaciones cartográficas, fotografías e imágenes sintéticas para identificar y localizar objetos y hechos geográficos y explicar su distribución a distintas escalas, en especial en el territorio español. Se utilizarán, asimismo, fuentes geográficas de información: textos escritos, series estadísticas, gráficos e imágenes, para elaborar croquis y gráficos apropiados. Se identificarán los elementos del paisaje (relieve, clima, hidrografía…) y se describirán y caracterizaran los principales medios naturales y su localización. Por último, se analizarán la influencia humana en el medio y sus consecuencias ambientales. El Bloque 2 incluye, así, contenidos que van desde el Universo, la representación de la Tierra y la orientación en el espacio, al agua y el consumo responsable, el clima y el cambio climático, el paisaje y la intervención humana en el medio. A través de los contenidos del Bloque 3, Vivir en sociedad, será posible iniciar un proceso de comprensión acerca de las formas de reconocer las características de los distintos grupos sociales, respetando y valorando sus diferencias, quiénes son sus integrantes, cómo se distribuyen en el espacio físico, de qué manera se distribuye el trabajo entre sus miembros, cómo se producen y reparten los bienes de consumo, la vida económica de los ciudadanos, la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la empresa, que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad, la organización social, política y territorial y el conocimiento de las instituciones europeas, la población, los sectores de producción, y educación financiera elemental. En el Bloque 4, Las huellas del tiempo, se trabajará la comprensión de conceptos como el tiempo histórico y su medida, la capacidad de ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad. Se estudiarán las grandes etapas históricas de la Humanidad para adquirir la idea de edad de la Historia y datar las cinco edades de la Historia, asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, para lo que es preciso conocer las condiciones históricas, eventos y figuras en diferentes periodos de tiempo. Es importante para los alumnos adquirir las referencias históricas que les permitan elaborar una interpretación personal del mundo, a través de unos conocimientos básicos de Historia de España y de la Comunidad Autónoma, con respeto y valoración de los aspectos comunes y los de carácter diverso. En este bloque se utilizarán mapas y cualquier otra representación gráfica adecuada para la identificación y análisis de procesos históricos, para dar a conocer los procedimientos básicos para el comentario de dichas fuentes. Es importante que el alumnado desarrolle la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado y que valore la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. En este bloque también se desarrolla la capacidad para valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico, y asumir las responsabilidades que supone su conservación y mejora. La secuenciación de los contenidos está relacionada con la evolución del alumno, ya que este construye su propio aprendizaje y su concepto de tiempo histórico en relación a su desarrollo, tanto cognitivo como madurativo, para poder identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y los acontecimientos relevantes y distinguir, dentro de la evolución histórica, las nociones de cambio y permanencia, y así interpretar la Historia como medio que facilita la comprensión del presente que estudia la causalidad y las consecuencias de los hechos históricos. El área fomenta el desarrollo de hábitos de trabajo individual y de equipo, además del esfuerzo como elemento esencial del proceso de aprendizaje y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. Resulta asimismo imprescindible para el alumnado adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico del área, y seleccionar información, con los métodos y las técnicas propios de la Geografía y de la Historia, para explicar las causas y consecuencias de los problemas y para comprender el pasado histórico y el espacio geográfico. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación deben utilizarse como recursos para el aprendizaje de las materias curriculares, para obtener información y como instrumento para aprender, conocer y utilizar las palabras claves y conceptos necesarios para ser capaz de leer, escribir y hablar sobre Ciencias Sociales. Enseñar y aprender Ciencias Sociales es mostrar pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la democracia y la comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas de valores de las distintas religiones o grupos étnicos y valorar los derechos humanos básicos. Esta actitud también incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, como el respeto de los principios democráticos. La finalidad última del área es conseguir la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Se contempla también como fin, a cuya consecución se orienta el sistema educativo español, la preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. Ciencias sociales Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Contenidos comunes Iniciación al conocimiento científico y su aplicación en las Ciencias Sociales. Recogida de información del tema a tratar, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para buscar y seleccionar información y presentar conclusiones. Desarrollo de estrategias para organizar, memorizar y recuperar la información obtenida mediante diferentes métodos y fuentes. Utilización y lectura de diferentes lenguajes textuales y gráficos. Técnicas de trabajo intelectual. Estrategias para desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. Fomento de técnicas de animación a la lectura de textos de divulgación de las Ciencias Sociales (de carácter social, geográfico e histórico). Utilización de estrategias para potenciar la cohesión del grupo y el trabajo cooperativo. Uso y utilización correcto de diversos materiales con los que se trabaja. Planificación y gestión de proyectos con el fin de alcanzar objetivos. Iniciativa emprendedora. Estrategias para la resolución de conflictos, utilización de las normas de convivencia y valoración de la convivencia pacífica y tolerante. 1. Obtener información concreta y relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, utilizando diferentes fuentes (directas e indirectas). 2. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información aprender y expresar contenidos sobre Ciencias Sociales. 3. Desarrollar la responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio. 4. Realizar trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que supongan la búsqueda, selección y organización de textos de carácter social, geográfico o histórico, mostrando habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo. 5. Valorar el trabajo en grupo, mostrando actitudes de cooperación y participación responsable, aceptando las diferencias con respeto y tolerancia hacia las ideas y aportaciones ajenas en los diálogos y debates. 6. Respetar la variedad de los diferentes grupos humanos y valorar la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre todos ellos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 7. Participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social creando estrategias para resolver conflictos. 8. Valorar la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos, fomentando los valores democráticos. 9. Desarrollar la creatividad y el espíritu emprendedor, aumentando las capacidades para aprovechar la información, las ideas y presentar conclusiones innovadoras. 10. Desarrollar actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, así como el hábito de asumir nuevos roles en una sociedad en continuo cambio. 1.1. Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, obtiene conclusiones, reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito. 2.1. Utiliza la tecnologías de la información y la comunicación (Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 2.2. Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes y las tecnologías de la información y la comunicación. 3.1. Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia. 3.2. Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología adecuada a los temas tratados. 3.3. Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que manifiesten la comprensión de textos orales y/o escritos. 4.1. Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección y organización de textos de carácter geográfico, social e histórico. 5.1. Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 5.2. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático. 6.1. Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos. 7.1. Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver conflictos. 7.2. Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.). 8.1. Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos y fomenta los valores democráticos. 9.1. Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que le rodean. 9.2. Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma de decisiones. 10.1. Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con intuición, apertura y flexibilidad ante ellas. 10.2. Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades. Bloque 2. El mundo en que vivimos El Universo y el Sistema Solar: el Sol. Los Planetas. El planeta tierra y la luna, su satélite. Características. Movimientos y sus consecuencias. La representación de la Tierra. Orientación en el espacio. Globos terráqueos Identificación de los polos, el eje y los hemisferios. Cartografía. Planos y mapas. Escalas. Puntos de la tierra: los paralelos y meridianos. Coordenadas geográficas: Latitud y longitud. El Planisferio: físico y político. La Atmósfera. Fenómenos atmosféricos. El tiempo atmosférico. Medición y predicción. Mapas del tiempo. Símbolos convencionales. El clima y factores climáticos. Las grandes zonas climáticas del planeta. Los tipos de climas de España y sus zonas de influencia. La hidrosfera. Distribución de las aguas en el planeta. El ciclo del agua. La Litosfera: características y tipos de rocas. Rocas y minerales: Propiedades usos y utilidades. La diversidad geográfica de los paisajes de España: relieve e hidrografía. La diversidad geográfica de los paisajes de Europa: relieve, climas, e hidrografía. La Intervención Humana en el Medio. El desarrollo sostenible. Los problemas de la contaminación. El cambio climático: Causas y consecuencias. Consumo responsable. 1. Explicar cómo es y de qué forma se originó el Universo y sus principales componentes. 2. Describir las características principales del Sistema solar identificando diferentes tipos de astros y sus características. 3. Localizar al planeta Tierra y a la luna en el Sistema Solar explicando sus características, movimientos y consecuencias. 4. Identificar las capas de la Tierra según su estructura ya sea interna o externa. 5. Explicar las distintas formas de representar la superficie terrestre. 6. Describir correctamente planos y mapas interpretando su escala y signos convencionales. 7. Identificar y manejar los conceptos de paralelos, meridianos y coordenadas geográficas. 8. Identificar la atmósfera como escenario de los fenómenos meteorológicos, explicando la importancia de su cuidado. 9. Explicar la diferencia entre clima y tiempo atmosférico e interpretar mapas del tiempo. 10. Identificar los elementos que influyen en el clima, explicando cómo actúan en él y adquiriendo una idea básica de clima y de los factores que lo determinan. 11. Reconocer las zonas climáticas mundiales y los tipos de climas de España identificando algunas de sus características básicas. 12. Explicar la hidrosfera, identificar y nombrar masas y cursos de agua, diferenciando aguas superficiales y aguas subterráneas, cuencas y vertientes hidrográficas, describiendo el ciclo del agua. 13. Adquirir el concepto de litosfera, conocer algunos tipos de rocas y su composición identificando distintos minerales y algunas de sus propiedades. 14. Explicar que es un paisaje e identificar los principales elementos que lo componen. 15. Describir las características del relieve de España y su red hidrográfica, localizándolos en un mapa. 16. Identificar las principales unidades del relieve de Europa sus climas y su red hidrográfica, localizándolos en un mapa. 17. Explicar la influencia del comportamiento humano en el medio natural, identificando el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo una serie de medidas necesarias para el desarrollo sostenible de la humanidad, especificando sus efectos positivos. 18. Explicar las consecuencias que tienen nuestras acciones sobre el clima y el cambio climático. 1.1. Describe cómo es y de qué forma se originó el Universo y explica sus principales componentes identificando galaxia, estrella, planeta, satélite, asteroide y cometa. 2.1. Describe las características, componentes y movimientos del Sistema Solar, identificando el Sol en el centro del Sistema Solar y localizando los planetas según su proximidad. 3.1. Define y representa el movimiento de traslación terrestre, el eje de giro y los polos geográficos y asocia las estaciones de año a su efecto combinado. 3.2. Explica el día y la noche como consecuencia de la rotación terrestre y como unidades para medir el tiempo. 3.3. Define la traslación de la luna identificando y nombrando las fases lunares. 4.1. Identifica, nombra y describe las capas de la Tierra. 5.1. Explica las distintas representaciones de la Tierra, planos, mapas, planisferios y globos terráqueos. 6.1. Identifica y clasifica los diferentes tipos de mapas, incluyendo los planisferios, define qué es la escala en un mapa y utiliza e interpreta los signos convencionales más usuales que pueden aparecer en él. 7.1. Localiza diferentes puntos de la Tierra empleando los paralelos y meridianos y las coordenadas geográficas. 8.1. Identifica y nombra fenómenos atmosféricos y describe las causas que producen la formación de las nubes y las precipitaciones. 8.2. Explica la importancia de cuidar la atmósfera y las consecuencias de no hacerlo. 9.1. Explica cuál es la diferencia entre tiempo atmosférico y clima. 9.2. Identifica los distintos aparatos de medida que se utilizan para la recogida de datos atmosférico, clasificándolos según la información que proporcionan. 9.3. Describe una estación meteorológica, explica su función y confecciona e interpretar gráficos sencillos de temperaturas y precipitaciones. 9.4. Interpreta sencillos mapas meteorológicos distinguiendo sus elementos principales. 10.1. Define clima, nombra sus elementos e identifica los factores que lo determinan. 11.1. Explica que es una zona climática, nombrando las tres zonas climáticas del planeta y describiendo sus características principales. 11.2. Describe y señala en un mapa los tipos de climas de España y las zonas a las que afecta cada uno, interpretando y analizando climogramas de distintos territorios de España relacionándolos con el clima al que pertenece. 12.1. Define hidrosfera, e identifica y nombra masas y cursos de agua explicando cómo se forman las aguas subterráneas, cómo afloran y cómo se accede a ellas. 12.2. Describe ordenadamente las fases en las que se produce el ciclo del agua. 12.3. Diferencia cuencas y vertientes hidrográficas. 12.4. Identifica y nombra los tramos de un río y las características de cada uno de ellos. 13.1. Observa, identifica, y explica la composición de las rocas nombrando algunos de sus tipos. 13.2. Identifica y explica las diferencias entre rocas y minerales, describe sus usos y utilidades, clasificando algunos minerales según sus propiedades. 14.1. Define paisaje, identifica sus elementos y explica las características de los principales paisajes de España y Europa, valorando su diversidad. 15.1. Localiza en un mapa las principales unidades del relieve de España y sus vertientes hidrográficas. 15.2. Sitúa en un mapa los mares, océanos y los grandes ríos de España. 16.1. Localiza en un mapa el relieve de Europa, sus vertientes hidrográficas y sus climas. 16.2. Reconoce los principales rasgos del relieve, los ríos y el clima de Europa. 17.1. Explica el uso sostenible de los recursos naturales proponiendo y adoptando una serie de medidas y actuaciones que conducen a la mejora de las condiciones ambientales de nuestro planeta. 18.1. Explica las causas y consecuencias del cambio climático y las actuaciones responsables para frenarlo. Bloque 3. Vivir en sociedad La Organización social, política y territorial del Estado español. Derechos y deberes de los ciudadanos. La Constitución de 1978. Forma de Gobierno. La Monarquía Parlamentaria. Entidades territoriales y órganos de gobierno. Manifestaciones culturales y lingüísticas de España. La Unión Europea. La Población. Factores que modifican la población de un territorio. Población absoluta. Densidad de población. Variables demográficas. Distribución espacial, crecimiento natural y crecimiento real de la población. Representación gráfica. Población de España: distribución y evolución. Los movimientos migratorios. Población de Europa: distribución y evolución. Las actividades productivas: Recursos naturales, materias primas. Productos elaborados. Artesanía e industria. Las formas de producción. El sector servicios. Las actividades económicas y los sectores de producción de España y Europa. La producción de bienes y servicios. El consumo y la publicidad. Educación financiera. El dinero. El ahorro. Empleabilidad y espíritu emprendedor. La empresa. Actividad y funciones. Educación Vial. Adquisición de conocimientos que contribuyan a consolidar conductas y hábitos viales correctos. 1. Explicar la importancia que tiene la Constitución para el funcionamiento del Estado español, así como los derechos, deberes y libertades recogidos en la misma. 2. Identificar las Instituciones Políticas que se derivan de la Constitución. 3. Describir la organización territorial del Estado español. 4. Valorar la diversidad cultural, social, política y lingüística del Estado español, respetando las diferencias. 5. Identificar la estructura y los fines de la Unión Europea, explicando algunas ventajas derivadas del hecho de formar parte de la Unión Europea. 6. Comprender los principales conceptos demográficos y su relación con los factores geográficos, sociales económicos o culturales. 7. Distinguir los principales rasgos de la población española y europea, explicando su evolución y su distribución demográfica, representándola gráficamente. 8. Describir los movimientos migratorios de la población en España. 9. Explicar las diferencias entre materias primas y los productos elaborados, identificando las actividades que se realizan para obtenerlos. 10. Identificar las actividades que pertenecen a cada uno de los sectores económicos, describir las características de estos, reconociendo las principales actividades económicas de España y Europa. 11. Describir el funcionamiento de la publicidad y sus técnicas, distinguiendo publicidad educativa y publicidad consumista. 12. Tomar conciencia del valor del dinero y sus usos mediante un consumo responsable y el sentido del ahorro. 13. Comprender los beneficios que ofrece el espíritu emprendedor. 14. Explicar las características esenciales de una empresa, especificando las diferentes actividades y formas de organización que pueden desarrollar distinguiendo entre los distintos tipos de empresas. 15. Conocer y respetar las normas de circulación y fomentar la seguridad vial en todos sus aspectos. 1.1. Identifica, respeta y valora los principios democráticos más importantes establecidos en la Constitución y explica la importancia que la Constitución tiene para el funcionamiento del Estado español. 2.1. Identifica las principales instituciones del Estado español y describe sus funciones y su organización. 2.2. Identifica y comprende la división de poderes del estado y cuáles son las atribuciones recogidas en la Constitución para cada uno de ellos. 3.1. Explica la organización territorial de España, nombra las estructuras básicas de gobierno y localiza en mapas políticos las distintas comunidades que forman España, así como sus provincias. 4.1. Valora, partiendo de la realidad del estado español, la diversidad cultural, social, política y lingüística en un mismo territorio como fuente de enriquecimiento cultural. 5.1. Explica qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos políticos y económicos y localiza en un mapa los países miembros y sus capitales. 5.2. Identifica las principales instituciones y sus órganos de gobierno en la Unión Europea, reconociendo sus símbolos y explicando en qué consiste el mercado único y la zona euro. 6.1. Define demografía, comprende los principales conceptos demográficos y los calcula a partir de los datos de población. 6.2. Define población de un territorio e identifica los principales factores que inciden en la misma y los define correctamente. 6.3. Interpreta una pirámide de población y otros gráficos usados en el estudio de la población. 7.1. Describe los principales rasgos de la población española y europea. 7.2. Explica el proceso de la evolución de la población en España y en Europa y describe la incidencia que han tenido en la misma, factores como la esperanza de vida o la natalidad. 7.3. Describe los factores que condicionan la distribución de la población española y europea. 7.4. Sitúa en un mapa los mayores núcleos de población en España y las zonas más densamente pobladas. 7.5. Describe la densidad de población de España comparándola mediante gráficos con la media de la Unión Europea. 8.1. Explica el éxodo rural, la emigración a Europa y la llegada de emigrantes a nuestro país. 8.2. Identifica y describe los principales problemas actuales de la población: superpoblación, envejecimiento, inmigración, etc. 9.1. Identifica y define materias primas y producto elaborado y los asocia con las actividades en las que se obtienen. 9.2. Describe ordenadamente el proceso de obtención de un producto hasta su venta, e identifica los sectores a los que pertenecen. 10.1. Identifica los tres sectores de actividades económicas y clasifica distintas actividades en el grupo al que pertenecen. 10.2. Explica las actividades relevantes de los sectores primario, secundario y terciario en España y Europa y sus localizaciones en los territorios correspondientes. 11.1. Valora con espíritu crítico la función de la publicidad y reconoce y explica las técnicas publicitarias más habituales, analizando ejemplos concretos. 12.1. Diferencia entre distintos tipos de gasto y adapta su presupuesto a cada uno de ellos. 12.2. Planifica sus ahorros para gastos futuros elaborando un pequeño presupuesto personal. 12.3. Investiga sobre distintas estrategias de compra, comparando precios y recopilando información. 13.1. Desarrolla la creatividad y valora la capacidad emprendedora de los miembros de una sociedad. 14.1. Identifica diferentes tipos de empresa según su tamaño y el sector económico al que pertenecen las actividades que desarrollan. 14.2. Describe diversas formas de organización empresarial. 14.3. Define términos sencillos relacionados con el mundo de la empresa y la economía, ilustrando las definiciones con ejemplos. 15.1. Explica normas básicas de circulación y las consecuencias derivadas del desconocimiento o incumplimiento de las mismas. 15.2. Conoce el significado de algunas señales de tráfico, reconoce la importancia de respetarlas y las utiliza tanto como peatón y como usuario de medios de transporte (abrocharse el cinturón, no molestar al conductor…). Bloque 4. Las huellas del tiempo El tiempo histórico y su medida. Las fuentes históricas y su clasificación. Las Edades de la Historia: Duración y datación de los hechos históricos significativos que las acotan. Las líneas del tiempo. La Península Ibérica en la Prehistoria. La Península Ibérica en la Edad Antigua. Los Reinos Peninsulares en la Edad Media. La Monarquía Hispánica en la Edad Moderna. España en la Edad Contemporánea (I): el siglo XIX. España en la Edad Contemporánea (II): los siglos XX y XXI. Nuestro Patrimonio histórico y cultural. 1. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia. 2. Utilizar las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad para ordenar temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes. 3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la historia de España para adquirir una perspectiva global de su evolución. 4. Desarrollar la curiosidad por conocer las formas de vida humana en el pasado, valorando la importancia que tienen los restos para el conocimiento y estudio de la historia y como patrimonio cultural que hay que cuidar y legar. 5. Valorar la importancia de los museos, sitios y monumentos históricos como espacios donde se enseña y se aprende mostrando una actitud de respeto a su entorno y su cultura, apreciando la herencia cultural. 1.1. Define el concepto de Prehistoria, identifica la idea de edad de la historia y data las edades de la historia asociadas a los hechos que marcan sus inicios y sus finales, nombrando algunas fuentes de la historia representativas de cada una de ellas. 1.2. Explica y valora la importancia de la escritura, la agricultura y la ganadería, como descubrimientos que cambiaron profundamente las sociedades humanas. 2.1. Reconoce el siglo como unidad de medida del tiempo histórico y localiza hechos situándolos como sucesivos a.C. o d.C. 2.2. Usa diferentes técnicas para localizar en el tiempo y en el espacio hechos del pasado, percibiendo la duración, la simultaneidad y las relaciones entre los acontecimientos. 3.1. Sitúa en una línea del tiempo las etapas históricas más importantes de las distintas edades de la historia en España. 3.2. Identifica y localiza en el tiempo y en el espacio los hechos fundamentales de la Historia de España describiendo las principales características de cada una de ellos. 3.3. Explica aspectos relacionados con la forma de vida y organización social de España de las distintas épocas históricas estudiadas. 3.4. Describe en orden cronológico los principales movimientos artísticos y culturales de las distintas etapas de la historia de España citando a sus representantes más significativos. 3.5. Explica la diferencia de los dos períodos en los que se divide la Prehistoria y describe las características básicas de las formas de vida en estas dos épocas. 3.6. Data la Edad Antigua y describe las características básicas de la vida en aquel tiempo, en especial las referidas a la romanización. 3.7. Identifica los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los Reinos Peninsulares durante la Edad Media describiendo la evolución política y los distintos modelos sociales. 3.8. Explica las características de la Edad Moderna y ciertos acontecimientos que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia en este periodo de tiempo. (Monarquía de los Austrias. XVI-XVII. Los Borbones siglo XVIII). 3.9. Explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX Y XX y que determinan nuestra Historia Contemporánea. 3.10. Describe los rasgos característicos de la sociedad española actual, y valora su carácter democrático y plural, así como su pertenencia a la Unión Europea. 4.1. Identifica, valora y respeta el patrimonio natural, histórico, cultural y artístico y asume las responsabilidades que supone su conservación y mejora. 4.2. Respeta los restos históricos y los valora como un patrimonio que debemos legar y reconoce el valor que el patrimonio arqueológico monumental nos aporta para el conocimiento del pasado. 5.1. Respeta y asume el comportamiento que debe cumplirse cuando visita un museo o un edificio antiguo. 5.2. Aprecia la herencia cultural a escala local, nacional y europea como riqueza compartida que hay que conocer, preservar y cuidar. c) Lengua Castellana y Literatura. La enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la Educación Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportarle las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se realiza a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje. La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumno percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para diversas funciones, y cuando analiza sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa del alumnado, le da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y le enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de uno mismo. Los elementos curriculares de Lengua Castellana y Literatura se vinculan de forma creciente en las distintas etapas y suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula en los currículos de las distintas etapas alrededor de un eje, que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares. El área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria tiene como finalidad el desarrollo de las destrezas básicas en el uso de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir, de forma integrada. La adquisición de estas destrezas comunicativas solo puede conseguirse a través de la lectura de distintas clases de textos, de su comprensión y de la reflexión sobre ellos, teniendo presente que esta no debe organizarse en torno a saberes disciplinares estancos y descontextualizados que prolongan la separación entre la reflexión lingüística y el uso de la lengua, o entre la reflexión literaria y el placer de leer, sino que deben ajustarse a la realidad cambiante de un individuo que vive inmerso en una sociedad digital y que es capaz de buscar información de manera inmediata a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. La organización en bloques de contenido no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las destrezas básicas que debe manejar un alumno para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación literaria. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás tienen de ella. Es por lo tanto imprescindible dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un correcto aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Con el Bloque 1, Comunicación oral: escuchar y hablar, se busca que el alumnado vaya adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, escuchar de forma activa e interpretar de manera correcta las ideas de los demás. Las propuestas metodológicas de este bloque van dirigidas a mejorar la gestión de las relaciones sociales a través del diálogo y a perfeccionar la planificación, exposición y argumentación de los propios discursos orales. Se ha integrado la autoevaluación en este proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la evaluación de las prácticas orales de los demás, con el objetivo de hacer explícitas las carencias y el progreso del alumnado y de que este, a su vez, sea capaz de reconocer sus dificultades para mejorarlas; la integración de las tecnologías en el aula debe favorecer el planteamiento integral de estas estrategias, que van desde el análisis de discursos y debates audiovisuales hasta la evaluación de discursos propios y ajenos grabados y proyectados. Las prácticas orales, como exposiciones o debates, deben formar parte de la actividad cotidiana del aula en todas las áreas del currículo. La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con los Bloques 2 y 3, Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. Comprender un texto implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Asimismo, la enseñanza de los procesos de escritura pretende conseguir que el alumno tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de borradores antes de redactar el texto definitivo. La evaluación se aplica no solo al producto final, elaborado de forma individual o en grupo, sino sobre todo al proceso: se evalúa y se enseña a evaluar todo el desarrollo del texto escrito a partir de las producciones de los propios alumnos y alumnas. La revisión en grupo debe admitirse como práctica habitual en estos casos para favorecer el aprendizaje autónomo. Del mismo modo, para progresar en el dominio de las técnicas de escritura, es necesario adquirir los mecanismos que permitan al alumno diferenciar y utilizar los diferentes géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, personal, académico, social) en todas las áreas del currículo. Todos los seres humanos poseemos una capacidad innata para comunicarnos a través de elementos verbales o extra verbales que nos permiten interactuar con el mundo que nos rodea, con formas cada vez más complejas. El Bloque 4, Conocimiento de la lengua, responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua. El Conocimiento de la Lengua dentro del aula de Educación Primaria se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas gramaticales y ortográficas, imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso; y el cuarto se centra en las variedades lingüísticas de la lengua. La reflexión metalingüística está integrada en la actividad verbal y en todos los niveles (discursivo, textual y oracional), e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción (planificación, textualización y revisión), lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. El Bloque 5, Educación Literaria, asume el objetivo de hacer de los alumnos y alumnas lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida. Para eso es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas que aporten el conocimiento básico sobre algunas obras representativas de nuestra literatura. La información y la interpretación de textos u obras no es unidireccional de profesor a alumno, sino que es este último el que debe ir adquiriendo, con la guía del docente, los recursos personales propios de un lector activo, capaz de ver en la obra literaria una ventana abierta a la realidad y a la fantasía y un espejo en que el que tomar conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea. Del mismo modo, esa toma de conciencia del mundo y de uno mismo se ve favorecida por la actividad lúdica y creativa del alumnado en la producción de textos personales de intención literaria. En resumen, el eje del currículo básico de esta área o materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. Lengua Castellana y Literatura Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar Situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso ordenado y coherente. Comprensión y expresión de mensajes verbales y no verbales. Estrategias y normas para el intercambio comunicativo: participación; exposición clara; organización del discurso; escucha; respeto al turno de palabra; papel de moderador; entonación adecuada; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, opiniones y conocimientos de los demás. Expresión y producción de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. Comprensión de textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. Ampliación del vocabulario. Bancos de palabras. Valoración de los contenidos trasmitidos por el texto. Deducción de las palabras por el contexto. Reconocimiento de ideas no explícitas. Resumen oral. Audición y reproducción de textos breves, sencillos y que estimulen el interés del niño. Dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias. Estrategias para utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación y aprendizaje: escuchar, recoger datos, preguntar. Participación en encuestas y entrevistas. Comentario oral y juicio personal. 1. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás. 2. Integrar y reconocer la información verbal y no verbal de los discursos orales. 3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso y estructura coherente. 4. Comprender mensajes orales y analizarlos con sentido crítico. 5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando el diccionario como recurso básico. 6. Comprender el sentido global de los textos orales, reconociendo las ideas principales y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos. 7. Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han estudiado. 8. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc. 9. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y directamente relacionados las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos. 10. Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio personal, de acuerdo a su edad. 11. Valorar los medios de comunicación social como instrumento de aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias de otras personas. 1.1. Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones...) en distintos ámbitos. 1.2. Transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 1.3. Escucha atentamente las intervenciones de los compañeros y sigue las estrategias y normas para el intercambio comunicativo mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y emociones de los demás. 1.4. Aplica las normas socio-comunicativas: escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la intervención del interlocutor y ciertas normas de cortesía. 2.1. Emplea conscientemente recursos lingüísticos y no lingüísticos para comunicarse en las interacciones orales. 3.1. Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. 3.2. Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del modelo dado. 3.3. Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación. 3.4. Participa activamente y de forma constructiva en las tareas de aula. 4.1. Muestra una actitud de escucha activa. 4.2. Comprende la información general en textos orales de uso habitual. 4.3. Interpreta el sentido de elementos básicos del texto necesarios para la comprensión global (léxico, locuciones). 5.1. Utiliza un vocabulario adecuado a su edad en sus expresiones adecuadas para las diferentes funciones del lenguaje. 5.2. Utiliza el diccionario de forma habitual en su trabajo escolar. 5.3. Diferencia por el contexto el significado de correspondencias fonema-grafía idénticas (palabras homófonas, homónimas, parónimas, polisémicas). 6.1 Identifica el tema del texto. 6.2. Es capaz de obtener las principales ideas de un texto. 6.3. Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias. 7.1. Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han estudiado. 8.1. Actúa en respuesta a las órdenes o instrucciones dadas para llevar a cabo actividades diversas. 8.2. Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales. 8.3. Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo. 9.1. Reproduce comprensiblemente textos orales sencillos y breves imitando modelos. 9.2. Recuerda algunas ideas básicas de un texto escuchado y las expresa oralmente en respuesta a preguntas directas. 9.3. Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes. 10.1. Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación. 11.1. Resume entrevistas, noticias, debates infantiles… procedentes de la radio, televisión o Internet. 11.2. Transforma en noticias hechos cotidianos cercanos a su realidad ajustándose a la estructura y lenguaje propios del género e imitando modelos. 11.3. Realiza entrevistas dirigidas. 11.4. Prepara reportajes sobre temas de intereses cercanos, siguiendo modelos. Bloque 2. Comunicación escrita: leer Recursos gráficos en la comunicación escrita. Consolidación del sistema de lecto-escritura. Comprensión de textos leídos en voz alta y en silencio. Audición de diferentes tipos de textos. Comprensión de textos según su tipología. Lectura de distintos tipos de texto: descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos, literarios. Estrategias para la comprensión lectora de textos: título. Ilustraciones. Palabras clave. Capítulos. Relectura. Anticipación de hipótesis y comprobación. Síntesis. Estructura del texto. Tipos de textos. Contexto. Diccionario. Sentido global del texto. Ideas principales y secundarias. Resumen. Gusto por la lectura. Hábito lector. Lectura de diferentes textos como fuente de información, de deleite y de diversión. Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. Uso de la biblioteca para la búsqueda de información y utilización de la misma como fuente de aprendizaje. Crítica de los mensajes y valores transmitidos por un texto sencillo. Selección de libros según el gusto personal. Plan lector. 1. Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada. 2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta. 3. Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la comprensión. 4. Resumir un texto leído reflejando la estructura y destacando las ideas principales y secundarias. 5. Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole. 6. Leer por propia iniciativa diferentes tipos de textos. 7. Utilizar textos científicos en diferentes soportes para recoger información, ampliar conocimientos y aplicarlos en trabajos personales. 8. Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos. 9. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para la búsqueda y tratamiento de la información. 10. Llevar a cabo el plan lector que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la eficacia lectora y fomente el gusto por la lectura. 1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada. 1.2. Descodifica con precisión y rapidez todo tipo de palabras. 2.1. Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta. 2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana. 3.1. Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad. 3.2. Realiza lecturas en silencio resumiendo con brevemente los textos leídos. 4.1. Capta el propósito de los mismos. Identifica las partes de la estructura organizativa de los textos y analiza su progresión temática. 4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica los elementos característicos de los diferentes tipos de textos. 4.3. Reconoce algunos mecanismos de cohesión en diferentes tipos de texto. 4.4. Produce esquemas a partir de textos expositivos. 5.1. Interpreta el valor del título y las ilustraciones. 5.2. Marca las palabras clave de un texto que ayudan a la comprensión global. 5.3. Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto. 5.4. Realiza inferencias y formula hipótesis. 5.5. Comprende la información contenida en los gráficos, estableciendo relaciones con la información que aparece en el texto relacionada con los mismos. 5.6. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sencillos. 6.1. Tiene programado un tiempo semanal para leer diferentes textos. 6.2. Lee voluntariamente textos propuestos por el maestro o maestra. 7.1. Es capaz de consultar diferentes fuentes bibliográficas y textos de soporte informático para obtener datos e información para llevar a cabo trabajos individuales o en grupo. 8.1. Deduce el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto. 8.2. Comprende textos periodísticos y publicitarios. Identifica su intención comunicativa. Diferencia entre información, opinión y publicidad. 8.3. Infiere, interpreta y formula hipótesis sobre el contenido. Sabe relacionar los elementos lingüísticos con los no lingüísticos en los textos periodísticos y publicitarios. 8.4. Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención. 8.5. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos publicitarios. 9.1. Sabe utilizar los medios informáticos para obtener información. 9.2. Es capaz de interpretar la información y hacer un resumen de la misma. 10.1. Utiliza la biblioteca para localizar un libro determinado con seguridad y autonomía, aplicando las normas de funcionamiento de una biblioteca. 10.2. Expone los argumentos de lecturas realizadas dando cuenta de algunas referencias bibliográficas: autor, editorial, género, ilustraciones. 10.3. Selecciona lecturas con criterio personal y expresa el gusto por la lectura de diversos géneros literarios como fuente de entretenimiento manifestando su opinión sobre los textos leídos. Bloque 3. Comunicación escrita: escribir Producción de textos para comunicar conocimientos, experiencias y necesidades: narraciones, descripciones, textos expositivos, argumentativos y persuasivos, poemas, diálogos, entrevistas y encuestas. Cohesión del texto: enlaces, sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. Normas y estrategias para la producción de textos: planificación (función, destinatario, estructura...). Revisión y mejora del texto. Aplicación de las normas ortográficas y signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis, comillas). Acentuación. Caligrafía. Orden y presentación. Dictados. Plan de escritura. 1. Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación. 2. Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas. 3. Utilizar el diccionario como recurso para resolver dudas sobre la lengua, el uso o la ortografía de las palabras. 4. Elaborar proyectos individuales o colectivos sobre diferentes temas del área. 5. Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética. 6. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico que impida discriminaciones y prejuicios. 7. Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad. 8. Utilizar las TIC de modo eficiente y responsable para presentar sus producciones. 1.1. Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc. imitando textos modelo. 1.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 1.3. Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura. 2.1. Resume el contenido de textos propios del ámbito de la vida personal y del ámbito escolar, recogiendo las ideas fundamentales, evitando parafrasear el texto y utilizando una expresión personal. 2.2. Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas. 2.3. Reproduce textos dictados con corrección. 2.4. Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: tomar notas, elaborar esquemas, guiones, mapas conceptuales. 3.1. Utiliza habitualmente el diccionario en el proceso de escritura. 4.1. Elabora gráficas a partir de datos seleccionados y organizados procedentes de diferentes textos (libros de consulta, periódicos, revistas, etc.). 4.2. Presenta un informe de forma ordenada y clara, utilizando soporte papel y digital, sobre problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y expresando conclusiones. 4.3. Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico. 5.1. Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal. 6.1. Expresa, por escrito, opiniones, reflexiones y valoraciones argumentadas. 7.1. Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora. Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la presentación, etc. Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata. Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos. Reescribe el texto. 7.2. Valora su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus compañeros. 8.1. Usa con eficacia las nuevas tecnologías para escribir, presentar los textos y buscar información. 8.2. Utiliza Internet y las TIC: reproductor de vídeo, reproductor de DVD, ordenador, reproductor de CD-audio, cámara de fotos digital y grabadora de audio como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y modificar un texto, crear tablas y gráficas, etc. Bloque 4. Conocimiento de la lengua La palabra. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas de comunicación (nombre, verbo, adjetivo, preposición, adverbio, conjunción, pronombres, artículos, interjecciones). Características y uso de cada clase de palabra. Clases de nombres: comunes, propios, individuales, colectivos, concretos y abstractos. Conjugación de los verbos regulares e irregulares más frecuentes. La sílaba. Diptongos e hiatos. Vocabulario: sinónimos y antónimos homónimos y palabras polisémicas. Aumentativos y diminutivos. Arcaísmos, neologismos y extranjerismos. Frases hechas. Formación de sustantivos, adjetivos y verbos. Recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, adjetivos y verbos. Siglas y abreviaturas. Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta ortográfica y gramatical. Ortografía: utilización de las reglas básicas de ortografía. Reglas de acentuación. Signos de puntuación. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento y explicación reflexiva de las relaciones que se establecen entre el sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal. Reconocimiento y observación reflexiva de los constituyentes oracionales: la oración simple, sujeto y predicado. Reconocimiento y uso de algunos conectores textuales (de orden, contraste y explicación) y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). Las variedades de la lengua. Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración como fuente de enriquecimiento personal y como una muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 1. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz. 2. Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua. 3. Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos. 4. Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita a través del conocimiento de la lengua. 5. Utilizar programas educativos digitales para realizar tareas y avanzar en el aprendizaje. 6. Conocer la variedad lingüística de España y del español como fuente de enriquecimiento cultural. Mostrar respeto tanto hacia las lenguas y dialectos que se hablan en España, como hacia el español de América. 1.1. Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc. 1.2. Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos en las formas personales y no personales del modo indicativo y subjuntivo de todos los verbos. 1.3. Diferencia familias de palabras. 2.1. Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas. 2.2. Reconoce palabras compuestas, prefijos y sufijos y es capaz de crear palabras derivadas. 2.3. Identifica y clasifica los diferentes tipos de palabras en un texto. 2.4. Reconoce los conectores básicos necesarios que dan cohesión al texto (anáforas, deixis, elipsis, sinónimos, conectores). 2.5. Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple, diferencia sujeto y predicado. 3.1. Conoce la estructura del diccionario y lo usa para buscar el significado de cualquier palabra (derivados, plurales, formas verbales, sinónimos, etc.). 3.2. Selecciona la acepción correcta según el contexto de entre las varias que le ofrece el diccionario. 3.3. Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas. 4.1. Señala las características que definen a las diferentes clases de palabras: clasificación y uso para construir el discurso en los diferentes tipos de producciones. 4.2. Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita. 4.3. Aplica correctamente las normas de acentuación y clasifica las palabras de un texto. 4.4. Usa con corrección los signos de puntuación. 4.5. Aplica las reglas de uso de la tilde. 4.6. Utiliza una sintaxis adecuada en las producciones escritas propias. 5.1. Utiliza distintos programas educativos digítales como apoyo y refuerzo del aprendizaje. 6.1. Conoce y valora la variedad lingüística de España y el español de América. 6.2. Reconoce e identifica algunas de las características relevantes (históricas, socio-culturales, geográficas y lingüísticas) de las lenguas oficiales en España. Bloque 5. Educación literaria Conocimiento de los cuentos tradicionales: cuentos maravillosos, cuentos de fórmulas, de animales… Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas y de otros países. Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. Lectura comentada de poemas, relatos y obras teatrales. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. Creación de textos literarios en prosa o en verso, valorando el sentido estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y teatro. Identificación de recursos literarios. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios. Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 1. Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima importancia. 2. Integrar la lectura expresiva y la comprensión e interpretación de textos literarios narrativos, líricos y dramáticos en la práctica escolar, reconociendo e interpretando algunos recursos del lenguaje literario (metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras) y diferenciando las principales convenciones formales de los géneros. 3. Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral: poemas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas. 4. Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso, con sentido estético y creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, y fragmentos teatrales. 5. Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias o de los compañeros, utilizando adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral. 1.1. Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos. 2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones de obras clásicas y literatura actual. 2.2. Interpreta el lenguaje figurado, metáforas, personificaciones, hipérboles y juegos de palabras en textos literarios. 3.1. Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas. 3.2. Utiliza comparaciones, metáforas, aumentativos, diminutivos y sinónimos en textos literarios. 4.1. Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones. 5.1. Realiza dramatizaciones individualmente y en grupo de textos literarios apropiados o adecuados a su edad y de textos de producción propia. 5.2. Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes adivinanzas, trabalenguas. d) Matemáticas. Las matemáticas permiten conocer y estructurar la realidad, analizarla y obtener información para valorarla y tomar decisiones; son necesarias en la vida cotidiana, para aprender a aprender, y también por lo que su aprendizaje aporta a la formación intelectual general, y su contribución al desarrollo cognitivo. El uso de las herramientas matemáticas permite abordar una gran variedad de situaciones. Las matemáticas son un conjunto de saberes asociados a los números y a las formas, y constituyen una forma de analizar diversas situaciones, se identifican con la deducción, la inducción, la estimación, la aproximación, la probabilidad, la precisión, el rigor, la seguridad, etc., nos ayudan a enfrentarnos a situaciones abiertas, sin solución única y cerrada; son un conjunto de ideas y formas que nos permiten analizar los fenómenos y situaciones que se presentan en la realidad, para obtener informaciones y conclusiones que no estaban explícitas y actuar, preguntarnos, obtener modelos e identificar relaciones y estructuras, de modo que conllevan no solo utilizar cantidades y formas geométricas sino, y sobre todo, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas. En la Educación Primaria se busca alcanzar una eficaz alfabetización numérica, entendida como la capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones en las que intervengan los números y sus relaciones, permitiendo obtener información efectiva, directamente o a través de la comparación, la estimación y el cálculo mental o escrito. Para lograr una verdadera alfabetización numérica no basta con dominar los algoritmos de cálculo escrito, es necesario actuar con seguridad ante los números y las cantidades, utilizarlos siempre que sea necesario e identificar las relaciones básicas que se dan entre ellos. El trabajo en esta área en la Educación Primaria estará basado en la experiencia; los contenidos de aprendizaje parten de lo cercano, y se deberán abordar en contextos de identificación y resolución de problemas. Las matemáticas se aprenden utilizándolas en contextos funcionales relacionados con situaciones de la vida diaria, para ir adquiriendo progresivamente conocimientos más complejos a partir de las experiencias y los conocimientos previos. Los procesos de resolución de problemas constituyen uno de los ejes principales de la actividad matemática y deben ser fuente y soporte principal del aprendizaje a lo largo de la etapa, puesto que constituyen la piedra angular de la educación matemática. En la resolución de un problema se requieren y se utilizan muchas de las capacidades básicas: leer, reflexionar, planificar el proceso de resolución, establecer estrategias y procedimientos y revisarlos, modificar el plan si es necesario, comprobar la solución si se ha encontrado, hasta la comunicación de los resultados. El currículo básico se ha formulado partiendo del desarrollo cognitivo y emocional en el que se encuentra el alumnado de esta etapa, de la concreción de su pensamiento, de sus posibilidades cognitivas, de su interés por aprender y relacionarse con sus iguales y con el entorno, y de su paso hacia un pensamiento abstracto hacia el final de la etapa. Los objetivos generales del área van encaminados a desarrollar las competencias matemáticas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. Para facilitar la concreción curricular, los contenidos se han organizado en cinco grandes bloques: Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Números. Medida. Geometría. Estadística y probabilidad. Pero esta agrupación no determina métodos concretos, solo es una forma de organizar los contenidos que han de ser abordados de una manera enlazada atendiendo a configuración cíclica de la enseñanza del área, construyendo unos contenidos sobre los otros, como una estructura de relaciones observables de forma que se facilite su comprensión y aplicación en contextos cada vez más enriquecedores y complejos. Esta agrupación no implica una organización cerrada, por el contrario, permitirá organizar de diferentes maneras los contenidos adoptando la metodología más adecuada a las características de los mismos y del grupo de alumnos. El Bloque 1 se ha formulado con la intención de que sea la columna vertebral del resto de los bloques y de esta manera forme parte del quehacer diario en el aula para trabajar el resto de los contenidos y conseguir que todo el alumnado, al acabar la Educación Primaria, sea capaz de describir y analizar situaciones de cambio, encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. Se debe trabajar en la profundización en los problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc., y expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema, y utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. Por último, se han establecido los estándares de aprendizaje evaluables que permitirán definir los resultados de los aprendizajes, y que concretan mediante acciones lo que el alumnado debe saber y saber hacer en el área de matemáticas. Matemáticas Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas Planificación del proceso de resolución de problemas: - Análisis y comprensión del enunciado. - Estrategias y procedimientos puestos en práctica: hacer un dibujo, una tabla, un esquema de la situación, ensayo y error razonado, operaciones matemáticas adecuadas, etc. - Resultados obtenidos. Planteamiento de pequeñas investigaciones en contextos numéricos, geométricos y funcionales. Acercamiento al método de trabajo científico mediante el estudio de algunas de sus características y su práctica en situaciones sencillas. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para obtener información, realizar cálculos numéricos, resolver problemas y presentar resultados. Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje. 1. Expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. 2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 3. Describir y analizar situaciones de cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos y funcionales, valorando su utilidad para hacer predicciones. 4. Profundizar en problemas resueltos, planteando pequeñas variaciones en los datos, otras preguntas, etc. 5. Realizar y presentar informes sencillos sobre el desarrollo, resultados y conclusiones obtenidas en el proceso de investigación. 6. Identificar y resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados para la resolución de problemas. 7. Conocer algunas características del método de trabajo científico en contextos de situaciones problemáticas a resolver. 8. Planificar y controlar las fases de método de trabajo científico en situaciones adecuadas al nivel. 9. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 10. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 11. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo para situaciones similares futuras. 12. Utilizar los medios tecnológicos de modo habitual en el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos. 13. Seleccionar y utilizar las herramientas tecnológicas y estrategias para el cálculo, para conocer los principios matemáticos y resolver problemas. 1.1. Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad. 2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 2.2. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas. 2.3. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc. 2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, contrastando su validez y valorando su utilidad y eficacia. 2.5. Identifica e interpreta datos y mensajes de textos numéricos sencillos de la vida cotidiana (facturas, folletos publicitarios, rebajas…). 3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos y funcionales. 3.2. Realiza predicciones sobre los resultados esperados, utilizando los patrones y leyes encontrados, analizando su idoneidad y los errores que se producen. 4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la solución y buscando otras formas de resolverlos. 4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc. 5.1. Elabora informes sobre el proceso de investigación realizado, exponiendo las fases del mismo, valorando los resultados y las conclusiones obtenidas. 6.1. Practica el método científico, siendo ordenado, organizado y sistemático. 6.2. Planifica el proceso de trabajo con preguntas adecuadas: ¿qué quiero averiguar?, ¿qué tengo?, ¿qué busco?, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no me he equivocado al hacerlo?, ¿la solución es adecuada? 7.1. Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su uso. 8.1. Elabora conjeturas y busca argumentos que las validen o las refuten, en situaciones a resolver, en contextos numéricos, geométricos o funcionales. 9.1. Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 9.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 9.3. Distingue entre problemas y ejercicios y aplica las estrategias adecuadas para cada caso. 9.4. Se inicia en el planteamiento de preguntas y en la búsqueda de respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 9.5. Desarrolla y aplica estrategias de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos) para crear e investigar conjeturas y construir y defender argumentos. 10.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 10.2. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 10.3. Utiliza herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas, conjeturas y construir y defender argumentos. 11.1. Se inicia en la reflexión sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares, etc. 12.1. Se inicia en la utilización de herramientas tecnológicas para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 12.2. Se inicia en la utilización de la calculadora para la realización de cálculos numéricos, para aprender y para resolver problemas. 13.1. Realiza un proyecto, elabora y presenta un informe creando documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido…), buscando, analizando y seleccionando la información relevante, utilizando la herramienta tecnológica adecuada y compartiéndolo con sus compañeros. Bloque 2. Números Números enteros, decimales y fracciones: La numeración romana. Orden numérico. Utilización de los números ordinales. Comparación de números. Nombre y grafía de los números de más de seis cifras. Equivalencias entre los elementos del Sistema de Numeración Decimal: unidades, decenas, centenas, etc. El Sistema de Numeración Decimal: valor posicional de las cifras. El número decimal: décimas, centésimas y milésimas. Concepto de fracción como relación entre las partes y el todo. Fracciones propias e impropias. Número mixto. Representación gráfica. Fracciones equivalentes, reducción de dos o más fracciones a común denominador. Los números decimales: valor de posición. Redondeo de números decimales a las décima, centésima o milésima más cercana. Relación entre fracción y número decimal, aplicación a la ordenación de fracciones. Divisibilidad: múltiplos, divisores, números primos y números compuestos. Criterios de divisibilidad. Números positivos y negativos. Estimación de resultados. Comprobación de resultados mediante estrategias aritméticas. Redondeo de números naturales a las decenas, centenas y millares. Ordenación de conjuntos de números de distinto tipo. Operaciones: Operaciones con números naturales: adición, sustracción, multiplicación y división. La multiplicación como suma de sumandos iguales y viceversa. Las tablas de multiplicar. Potencia como producto de factores iguales. Cuadrados y cubos. Potencias de base 10. Identificación y uso de los términos propios de la división. Propiedades de las operaciones y relaciones entre ellas utilizando números naturales. Operaciones con fracciones. Operaciones con números decimales. Porcentajes y proporcionalidad. Porcentajes: Expresión de partes utilizando porcentajes. Correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Proporcionalidad directa. La Regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad. Resolución de problemas de la vida cotidiana. Cálculo: Utilización de los algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división. Automatización de los algoritmos. Descomposición, de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa. Descomposición de números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. Construcción de series ascendentes y descendentes. Construcción y memorización de las tablas de multiplicar. Obtención de los primeros múltiplos de un número dado. Obtención de todos los divisores de cualquier número menor que 100. Descomposición de números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. Cálculo de tantos por ciento en situaciones reales. Elaboración y uso de estrategias de cálculo mental. Utilización de la calculadora. 1. Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas). 2. Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la vida cotidiana. 3. Realizar operaciones y cálculos numéricos mediante diferentes procedimientos, incluido el cálculo mental, haciendo referencia implícita a las propiedades de las operaciones, en situaciones de resolución de problemas. 4. Utilizar las propiedades de las operaciones, las estrategias personales y los diferentes procedimientos que se usan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora). 5. Utilizar los números enteros, decimales, fraccionarios y los porcentajes sencillos para interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana. 6. Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, las estrategias personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación, calculadora), usando más adecuado. 7. Iniciarse en el uso de los de porcentajes y la proporcionalidad directa para interpretar e intercambiar información y resolver problemas en contextos de la vida cotidiana. 8. Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana. 9. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 1.1. Identifica los números romanos aplicando el conocimiento a la comprensión de dataciones. 1.2. Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 2.1. Utiliza los números ordinales en contextos reales. 2.2. Interpreta en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 2.3. Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. 2.4. Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros. 2.5. Utiliza los números negativos en contextos reales. 3.1. Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes. 3.2. Redondea números decimales a la décima, centésima o milésima más cercana. 3.3. Ordena fracciones aplicando la relación entre fracción y número decimal. 4.1. Conoce y aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 10. 5.1. Opera con los números conociendo la jerarquía de las operaciones. 5.2. Utiliza diferentes tipos de números en contextos reales, estableciendo equivalencias entre ellos, identificándolos y utilizándolos como operadores en la interpretación y la resolución de problemas. 5.3. Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias. 6.1. Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división. 6.2. Identifica y usa los términos propios de la multiplicación y de la división. 6.3. Resuelve problemas utilizando la multiplicación para realizar recuentos, en disposiciones rectangulares en los que interviene la ley del producto. 6.4. Calcula cuadrados, cubos y potencias de base 10. 6.5. Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas. 6.6. Realiza sumas y restas de fracciones con el mismo denominador. Calcula el producto de una fracción por un número. 6.7. Realiza operaciones con números decimales. 6.8. Aplica la jerarquía de las operaciones y los usos del paréntesis. 6.9. Calcula porcentajes de una cantidad. 7.1. Utiliza los porcentajes para expresar partes. 7.2. Establece la correspondencia entre fracciones sencillas, decimales y porcentajes. 7.3. Calcula aumentos y disminuciones porcentuales. 7.4. Usa la regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa: ley del doble, triple, mitad, para resolver problemas de la vida diaria. 7.5. Resuelve problemas de la vida cotidiana utilizando porcentajes y regla de tres en situaciones de proporcionalidad directa, explicando oralmente y por escrito el significado de los datos, la situación planteada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas. 8.1. Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones cotidianas. 8.2. Descompone de forma aditiva y de forma aditivo-multiplicativa, números menores que un millón, atendiendo al valor posicional de sus cifras. 8.3. Construye series numéricas, ascendentes y descendentes, de cadencias 2, 10, 100 a partir de cualquier número y de cadencias 5, 25 y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50. 8.4. Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 8.5. Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental. 8.6. Identifica múltiplos y divisores, utilizando las tablas de multiplicar. 8.7. Calcula los primeros múltiplos de un número dado. 8.8. Calcula todos los divisores de cualquier número menor que 100. 8.9. Calcula el m.c.m. y el m.c.d. 8.10. Descompone números decimales atendiendo al valor posicional de sus cifras. 8.11. Calcula tantos por ciento en situaciones reales. 8.12. Elabora y usa estrategias de cálculo mental. 8.13. Estima y redondea el resultado de un cálculo valorando la respuesta. 8.14. Usa la calculadora aplicando las reglas de su funcionamiento, para investigar y resolver problemas. 9.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 9.2. Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. Bloque 3. Medida Unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen: Equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. Expresión e forma simple de una medición de longitud, capacidad o masa, en forma compleja y viceversa. Comparación y Ordenación de medidas de una misma magnitud. Desarrollo de estrategias para medir figuras de manera exacta y aproximada. Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. Realización de mediciones. Comparación de superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. Sumar y restar medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. Estimación de longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos; elección de la unidad y de los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida. Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en cualquiera de los procedimientos utilizados. Medida de tiempo: Unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. Lectura en relojes analógicos y digitales. Cálculos con medidas temporales. Medida de ángulos: El sistema sexagesimal. El ángulo como unidad de medida de un ángulo. Medida de ángulos. Sistemas monetarios: El Sistema monetario de la Unión Europea. Unidad principal: el euro. Valor de las diferentes monedas y billetes. Múltiplos y submúltiplos del euro. Equivalencias entre monedas y billetes. Resolución de problemas de medida. 1. Seleccionar, instrumentos y unidades de medida usuales, haciendo previamente estimaciones y expresando con precisión medidas de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo, en contextos reales. 2. Escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada caso, estimando la medida de magnitudes de longitud, capacidad, masa y tiempo haciendo previsiones razonables. 3. Operar con diferentes medidas. 4. Utilizar las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 5. Conocer las unidades de medida del tiempo y sus relaciones, utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria. 6. Conocer el sistema sexagesimal para realizar cálculos con medidas angulares. 7. Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea. 8. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 1.1. Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Longitud, capacidad, masa, superficie y volumen. 2.1. Estima longitudes, capacidades, masas, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos; eligiendo la unidad y los instrumentos más adecuados para medir y expresar una medida, explicando de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 2.2. Mide con instrumentos, utilizando estrategias y unidades convencionales y no convencionales, eligiendo la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 3.1. Suma y resta medidas de longitud, capacidad, masa, superficie y volumen en forma simple dando el resultado en la unidad determinada de antemano. 3.2. Expresa en forma simple la medición de longitud, capacidad o masa dada en forma compleja y viceversa. 3.3. Compara y ordena de medidas de una misma magnitud. 3.4. Compara superficies de figuras planas por superposición, descomposición y medición. 4.1. Conoce y utiliza las equivalencias entre las medidas de capacidad y volumen. 4.2. Explica de forma oral y por escrito los procesos seguidos y las estrategias utilizadas en todos los procedimientos realizados. 4.3. Resuelve problemas utilizando las unidades de medida más usuales, convirtiendo unas unidades en otras de la misma magnitud, expresando los resultados en las unidades de medida más adecuadas, explicando oralmente y por escrito, el proceso seguido. 5.1. Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones. Segundo, minuto, hora, día, semana y año. 5.2. Realiza equivalencias y transformaciones entre horas, minutos y segundos. 5.3. Lee en relojes analógicos y digitales. 5.4. Resuelve problemas de la vida diaria utilizando las medidas temporales y sus relaciones. 6.1. Identifica el ángulo como medida de un giro o abertura. 6.2. Mide ángulos usando instrumentos convencionales. 6.3. Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares. 7.1. Conoce la función, el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea utilizándolas tanto para resolver problemas en situaciones reales como figuradas. 7.2. Calcula múltiplos y submúltiplos del euro. 8.1. Resuelve problemas de medida, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 8.2. Reflexiona sobre el proceso seguido en la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo. Bloque 4. Geometría La situación en el plano y en el espacio. Posiciones relativas de rectas y circunferencias. Ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… Sistema de coordenadas cartesianas. Descripción de posiciones y movimientos. La representación elemental del espacio, escalas y gráficas sencillas. Formas planas y espaciales: figuras planas: elementos, relaciones y clasificación. Clasificación de triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos. Clasificación de cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. Clasificación de los paralelepípedos. Concavidad y convexidad de figuras planas. Identificación y denominación de polígonos atendiendo al número de lados. Perímetro y área. La circunferencia y el círculo. Elementos básicos: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. Cuerpos geométricos: elementos, relaciones y clasificación. Poliedros. Elementos básicos: vértices, caras y aristas. Tipos de poliedros. Cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera. Regularidades y simetrías: Reconocimiento de regularidades. 1. Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y superficie para describir y comprender situaciones de la vida cotidiana. 2. Conocer las figuras planas; cuadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio y rombo. 3. Comprender el método de calcular el área de un paralelogramo, triángulo, trapecio, y rombo. Calcular el área de figuras planas. 4. Utilizar las propiedades de las figuras planas para resolver problemas. 5. Conocer las características y aplicarlas a para clasificar: poliedros, prismas, pirámides, cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos. 6. Interpretar representaciones espaciales realizadas a partir de sistemas de referencia y de objetos o situaciones familiares. 7. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 1.1. Identifica y representa posiciones relativas de rectas y circunferencias. 1.2. Identifica y representa ángulos en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice… 1.3. Describe posiciones y movimientos por medio de coordenadas, distancias, ángulos, giros. 1.4. Realiza escalas y gráficas sencillas, para hacer representaciones elementales en el espacio. 1.5. Identifica en situaciones muy sencillas la simetría de tipo axial y especular. 1.6. Traza una figura plana simétrica de otra respecto de un eje. 1.7. Realiza ampliaciones y reducciones. 2.1. Clasifica triángulos atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre sus lados y entre ángulos. 2.2. Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de formas geométricas. 3.1. Calcula el área y el perímetro de: rectángulo, cuadrado, triángulo. 3.2. Aplica los conceptos de perímetro y superficie de figuras para la realización de cálculos sobre planos y espacios reales y para interpretar situaciones de la vida diaria. 4.1. Clasifica cuadriláteros atendiendo al paralelismo de sus lados. 4.2. Identifica y diferencia los elementos básicos de circunferencia y circulo: centro, radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular. 4.3. Calcula, perímetro y área de la circunferencia y el círculo. 4.4. Utiliza la composición y descomposición para formar figuras planas y cuerpos geométricos a partir de otras. 5.1. Identifica y nombra polígonos atendiendo al número de lados. 5.2. Reconoce e identifica, poliedros, prismas, pirámides y sus elementos básicos: vértices, caras y aristas. 5.3. Reconoce e identifica cuerpos redondos: cono, cilindro y esfera y sus elementos básicos. 6.1. Comprende y describe situaciones de la vida cotidiana, e interpreta y elabora representaciones espaciales (planos, croquis de itinerarios, maquetas…), utilizando las nociones geométricas básicas (situación, movimiento, paralelismo, perpendicularidad, escala, simetría, perímetro, superficie). 6.2. Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio. 7.1. Resuelve problemas geométricos que impliquen dominio de los contenidos trabajados, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 7.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. Bloque 5. Estadística y probabilidad Gráficos y parámetros estadísticos. Recogida y clasificación de datos cualitativos y cuantitativos. Construcción de tablas de frecuencias absolutas y relativas. Iniciación intuitiva a las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. Realización e interpretación de gráficos sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales. Análisis crítico de las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. Carácter aleatorio de algunas experiencias. Iniciación intuitiva al cálculo de la probabilidad de un suceso. 1. Recoger y registrar una información cuantificable, utilizando algunos recursos sencillos de representación gráfica: tablas de datos, bloques de barras, diagramas lineales, comunicando la información. 2. Realizar, leer e interpretar representaciones gráficas de un conjunto de datos relativos al entorno inmediato. 3. Hacer estimaciones basadas en la experiencia sobre el resultado (posible, imposible, seguro, más o menos probable) de situaciones sencillas en las que intervenga el azar y comprobar dicho resultado. 4. Observar y constatar que hay sucesos imposibles, sucesos que con casi toda seguridad se producen, o que se repiten, siendo más o menos probable esta repetición. 5. Identificar, resolver problemas de la vida cotidiana, adecuados a su nivel, estableciendo conexiones entre la realidad y las matemáticas y valorando la utilidad de los conocimientos matemáticos adecuados y reflexionando sobre el proceso aplicado para la resolución de problemas. 1.1. Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares. 2.1. Recoge y clasifica datos cualitativos y cuantitativos, de situaciones de su entorno, utilizándolos para construir tablas de frecuencias absolutas y relativas. 2.2. Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares, las medidas de centralización: la media aritmética, la moda y el rango. 2.3. Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas. 3.1. Realiza análisis crítico argumentado sobre las informaciones que se presentan mediante gráficos estadísticos. 4.1. Identifica situaciones de carácter aleatorio. 4.2. Realiza conjeturas y estimaciones sobre algunos juegos (monedas, dados, cartas, lotería…). 5.1. Resuelve problemas que impliquen dominio de los contenidos propios de estadística y probabilidad, utilizando estrategias heurísticas, de razonamiento (clasificación, reconocimiento de las relaciones, uso de contraejemplos), creando conjeturas, construyendo, argumentando, y tomando decisiones, valorando las consecuencias de las mismas y la conveniencia de su utilización. 5.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, proponiendo otras formas de resolverlo. e) Primera Lengua Extranjera. El proceso de progresiva globalización en el que, desde la segunda mitad del siglo XX, se encuentra inmerso nuestro mundo, hace que sea cada vez más necesario hacer frente a los nuevos retos que se derivan de la paulatina desaparición de las fronteras que tradicionalmente se establecían entre países en el plano económico, político, cultural y social. En este sentido, resulta evidente que desde las edades más tempranas la educación debe tener entre uno de sus principales objetivos el de dotar a los ciudadanos de instrumentos útiles para desarrollar competencias que les permitan adaptarse adecuadamente a una nueva sociedad cada vez más interdependiente y global. El aprendizaje de lenguas extranjeras cobra una especial relevancia en este plano, ya que la capacidad de comunicación es el primer requisito que ha de cumplir el individuo para desenvolverse en un contexto crecientemente pluricultural y plurilingüe. Así lo han reconocido todos los gobiernos de la Unión Europea, que a lo largo de los últimos años han programado diversas actuaciones comunitarias en materia de educación con el objetivo último de hacer posible que cada ciudadano posea un conocimiento práctico de al menos dos idiomas además de su lengua materna, y así lo ha reflejado también la normativa española, la cual, en consonancia con esto, otorga a la capacitación para la comunicación en una o más lenguas extranjeras un lugar destacado entre los fines a cuya consecución está orientado nuestro actual sistema educativo. Si resulta obvio que, a largo plazo, el dominio de una segunda lengua incide positivamente en el desarrollo personal del alumnado al permitirle ampliar de manera significativa sus posibilidades a la hora de proseguir estudios o incorporarse al mercado laboral, es preciso llamar la atención además sobre las importantes repercusiones que pueden derivarse a nivel cognitivo del aprendizaje de lenguas extranjeras en edades tempranas. En efecto, numerosas investigaciones parecen confirmar que la adquisición en la etapa de primaria de competencias comunicativas en una lengua distinta a la materna suele estar asociada a una mejora de los resultados en otros campos como la competencia matemática, la expresión plástica o el dominio de la lectoescritura. Se ha constatado asimismo que el estudio de otras lenguas favorece el desarrollo de la memoria auditiva y la capacidad de escuchar, contribuyendo de este modo significativamente al desarrollo de las habilidades de comunicación en todos los aspectos. Finalmente, a escala más profunda, existe un amplio consenso a la hora de señalar el efecto beneficioso que ejerce el aprendizaje de otras lenguas en el desarrollo de una adecuada sensibilización ante la diversidad de nuestra sociedad, en la aceptación de las diferencias existentes como factor enriquecedor, y en el desarrollo de la comprensión, la tolerancia y la valoración de otras identidades culturales. El currículo básico para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a actividades de lengua tal como estas se describen en el Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los contenidos, criterios y estándares están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes entre estos tres elementos del currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que, para cada una de las tareas comunicativas listadas y descritas en los estándares, habrá de incorporarse el conjunto de los contenidos recogidos para cada bloque de actividad respectivo. De la misma manera, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. En la etapa de Educación Primaria deberá tenerse muy en cuenta que se parte de un nivel competencial básico por lo que, tanto en la interacción comunicativa como en la comprensión y producción de textos, resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de esta edad, aprovechando así los conocimientos previamente adquiridos y las capacidades y experiencias que posee. Partiendo de este hecho, se fomentará un uso de la lengua contextualizado, en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso de la lengua real y motivador. El empleo del juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas conjuntas, no solo son elementos esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición de una lengua, sino que pueden además contribuir a que la materia, lejos de limitarse a ser un mero objeto de estudio, se convierta además en un instrumento de socialización al servicio del grupo. A medida que el alumnado avance en edad podrán introducirse gradualmente explicaciones de carácter más teórico, evolucionando desde un primer procesamiento de carácter esencialmente semántico a un procesamiento sintáctico más avanzado. Primera Lengua Extranjera Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Comprensión de textos orales Estrategias de comprensión: - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. - Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. - Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. - Narración de hechos pasados remotos y recientes. - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Estructuras sintáctico-discursivas1. Léxico oral de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Identificar el sentido general, la información esencial y los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática). Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral (p. e. estructura interrogativa para demandar información). Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. Comprende lo esencial de anuncios publicitarios sobre productos que le interesan (juegos, ordenadores, CD, etc.). Comprende mensajes y anuncios públicos que contengan instrucciones, indicaciones u otro tipo de información (por ejemplo, números, precios, horarios, en una estación o en unos grandes almacenes). Entiende lo que se le dice en transacciones habituales sencillas (instrucciones, indicaciones, peticiones, avisos). Identifica el tema de una conversación cotidiana predecible que tiene lugar en su presencia (por ejemplo, en una tienda, en un tren). Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. Comprende las ideas principales de presentaciones sencillas y bien estructuradas sobre temas familiares o de su interés (por ejemplo, música, deporte, etc.), siempre y cuando cuente con imágenes e ilustraciones y se hable de manera lenta y clara. Comprende el sentido general y lo esencial y distingue los cambios de tema de programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos (por ejemplo, lo que les gusta hacer en su tiempo libre) o en los que se informa sobre actividades de ocio (teatro, cine, evento deportivo, etc.). Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción Estrategias de producción: Planificación: - Concebir el mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica. - Adecuar el texto al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso. Ejecución: - Expresar el mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). - Compensar las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales: Lingüísticos: - Modificar palabras de significado parecido. - Definir o parafrasear un término o expresión. Paralingüísticos y paratextuales: - Pedir ayuda. - Señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado. - Usar lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica). - Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. - Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. - Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. - Narración de hechos pasados remotos y recientes. - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Estructuras sintáctico-discursivas1. Léxico oral de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación. Participar de manera simple y comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque en ocasiones la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. Interactuar de manera muy básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación. Hace presentaciones breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y su clase; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla su habitación, su menú preferido, el aspecto exterior de una persona, o un objeto; presentar un tema que le interese (su grupo de música preferido); decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras sencillas). Se desenvuelve en transacciones cotidianas (p. e. pedir en una tienda un producto y preguntar el precio) Participa en conversaciones cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien), se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos, se expresan sentimientos, se ofrece algo a alguien, se pide prestado algo, se queda con amigos o se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). Participa en una entrevista, p. e. médica nombrando partes del cuerpo para indicar lo que le duele. Bloque 3. Comprensión de textos escritos Estrategias de comprensión: - Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. - Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo. - Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial, puntos principales). - Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto. - Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. - Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. - Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. - Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. - Narración de hechos pasados remotos y recientes. - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Estructuras sintáctico-discursivas1. Léxico escrito de alta frecuencia (recepción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales e información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de una carta, o los puntos de una descripción esquemática). Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar información). Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. Comprende instrucciones, indicaciones, e información básica en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos, etc. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) breve y sencilla que trate sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, la indicación de la hora y el lugar de una cita, etc. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador). Comprende lo esencial de historias breves y bien estructuradas e identifica a los personajes principales, siempre y cuando la imagen y la acción conduzcan gran parte del argumento (lecturas adaptadas, cómics, etc.). Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción Estrategias de producción: Planificación: - Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué se puede o se quiere decir, etc.). - Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.). Ejecución: - Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto. - Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras valorar las dificultades y los recursos disponibles. - Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar lenguaje ‘prefabricado’, etc.). Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no verbal. Funciones comunicativas: - Saludos y presentaciones, disculpas, agradecimientos, invitaciones. - Expresión de la capacidad, el gusto, la preferencia, la opinión, el acuerdo o desacuerdo, el sentimiento, la intención. - Descripción de personas, actividades, lugares, objetos, hábitos, planes. - Narración de hechos pasados remotos y recientes. - Petición y ofrecimiento de ayuda, información, instrucciones, objetos, opinión, permiso. - Establecimiento y mantenimiento de la comunicación. Estructuras sintáctico-discursivas1. Léxico escrito de alta frecuencia (producción) relativo a identificación personal; vivienda, hogar y entorno; actividades de la vida diaria; familia y amigos; trabajo y ocupaciones; tiempo libre, ocio y deporte; viajes y vacaciones; salud y cuidados físicos; educación y estudio; compras y actividades comerciales; alimentación y restauración; transporte; lengua y comunicación; medio ambiente, clima y entorno natural; y tecnologías de la información y la comunicación. Patrones gráficos y convenciones ortográficas. Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares y predecibles. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de una carta a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía básicas. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de una carta, o una narración esquemática desarrollada en puntos). Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. Completa un breve formulario o una ficha con sus datos personales (por ejemplo, para registrarse en las redes sociales, para abrir una cuenta de correo electrónico, etc.). Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, chats o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. 1 Contenidos sintáctico-discursivos por idiomas: Alemán Francés Inglés Italiano Portugués - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (und); disyunción (oder); oposición (aber); causa (weil); finalidad (um- Infinitiv, z. b. Ich habe es gemacht um ihr zu helfen); comparación (so Adj. wie; kleiner (als); der größte) - Relaciones temporales (wenn; bevor; nachdem). - Afirmación (affirmativen Sätzen; Ja (+affirmative Zeichen) - Exclamación (Welch + Nomen, z. b. Welch unerwartete Überraschung!; Wie + Adj., z. b. Wie gut!; Ausrufe Sätzen, e. g . Das ist teuer! ). - Negación (negative Sätze mit nicht, nie, nicht (Adjektiv), niemand, nichts; Nein (+ negative Zeichen) - Interrogación (Fragesätze und einfache Fragewörter). - Expresión del tiempo: pasado (Perfekt, Präteritum); presente (Präsens); futuro (werden). - Expresión del aspecto: puntual (Perfekt); durativo (Präsens und Präteritum); habitual (+ Adv, z. b. immer, jeden Tag); incoativo (beginnen zu –en); terminativo (aufhören zu –en). - Expresión de la modalidad: factualidad (Aussagesätzen); capacidad (mögen); posibilidad (können); necesidad (sollen; müssen); obligación (müssen; Imperativ); permiso (können; dürfen); intención (werden -en; wollen). - Expresión de la existencia (es gibt); la entidad (Nomen und Pronomen, Artikelwörter, Demonstrativartikeln); la cualidad ((sehr+) Adj). - Expresión de la cantidad (Singular/Plural; Kardinalzahlen bis auf vier Ziffern; Ordinalzahlen bis auf hundertster. Quantität: alle, viele, manche, einige, mancherlei, ein bißchen, mehr, ein halber, eine Flasche/Tasse /ein Glas/Stück von. Grad: sehr, zu viel, genüg ). - Expresión del espacio (Lokale Präpositionen und Adverbien Bereich, Gegenseite, Lage, Nähe, Punkt). - Expresión del tiempo (Stundenzählung (z. b. viertel vor acht); Stundenteilung und Jahrezeiten (z. b. Viertelstunde, Sommer), und Ausdruck von Zeit (z. b. nun, jetz, morgen); Dauer (z. b. während drei Jahren); Vorzeitigkeit (vor); Nachzeitigkeit (nach); Aufeinanderfolge (Vorher, Davor); Gleichzeitigkeit (zur selben Zeit); Häufigkeit (z. b. manchmal, am Sonntags). - Expresión del modo (Modaladverbien, z. b. langsam, gut). - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (et); disyunción (ou); oposición (mais); causa (parce que); finalidad (pour + Inf.); comparación (aussi/plus/moins que). - Relaciones temporales (quand, d´abord, ensuite, après). - Exclamación (ortografía, curva entonativa). - Negación (ne...pas, ne...jamais). - Interrogación: ortografía; curva entonativa; mots interrogatifs (qu´est-ce que, qui, quand, comment, pourquoi, combien de, où, comment, est-ce que); réponse: oui, non. - Expresión del tiempo: presente; pasado (passé composé, passé récent: venir de + Inf.); futuro: futur proche (aller + Inf.). - Expresión del aspecto: puntual (phrases simples); durativo (être en train de + Inf.). - Expresión de la modalidad: factualidad (phrases déclaratives); capacidad (pouvoir, ne pas pouvoir); posibilidad/propabilidad ((ne pas) pouvoir, peut-être); necesidad (avoir besoin de qqch., avoir besoin de + Inf.); obligación /prohibición (on doit/on ne peut pas + Inf.); permiso (est-ce qu’on peut… ?Je peux… ?); intención/deseo (futur proche, verbe vouloir). - Expresión de la existencia (presentativos (c’est, ce sont), il y a…); la entidad (articles (un, une, des; le, la, l’, les), noms, pronoms sujets, pronoms toniques, adjectifs démonstratifs; la cualidad ((très +) Adj.); la posesión (c’est à / ce sont à + pron. tóniques)). - Expresión de la cantidad: (singulier/pluriel; numéros cardinaux jusqu´à 100; articles partitifs (du, de la, de l´, des); empleo de « de » en oraciones negativas (ex : je n´ai pas de pain); Adv. de cantidad y medidas: tout(-e), tous, beaucoup, (un) peu de, la moitié de, une bouteille/un verre/une pièce/une assiette de…; le degré: très, beaucoup, trop, assez. - Expresión del espacio (prépositions et adverbes de lieu, position, distance, mouvement, direction, provenance, destination). - Expresión del tiempo: puntual (jours de la semaine, en + mois de l’année, au mois de…, en / au + saisons, la date); indicaciones de tiempo (maintenant, après, aujourd´hui, demain, tôt, tard); duración (pendant + expression de temps); anterioridad (avant); posterioridad (après); secuenciación (d´abord, ensuite); simultaneidad (quand); frecuencia (le(s) + jour de la semaine). - Expresión del modo: adverbes de manière ((très) bien, mal; avec + nom). - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (and); disyunción (or); oposición (but); causa (because); finalidad (to-infinitive, e. g. I did it to help her); comparación (as Adj. as; smaller (than); the biggest). - Relaciones temporales (when; before; after). - Afirmación (affirmative sentences; Yes (+ tag)) - Exclamación (What + noun, e. g. What fun!; How + Adj., e. g. How nice!; exclamatory sentences, e. g. I love salad!). - Negación (negative sentences with not, never, no (Adj.), nobody, nothing; No (+ negative tag)). - Interrogación (Wh-questions; Aux. questions). - Expresión del tiempo: pasado (simple past; present perfect); presente (simple present); futuro (going to; will). - Expresión del aspecto: puntual (simple tenses); durativo (present and past continuous); habitual (simple tenses (+ Adv., e. g. always, everyday)); incoativo (start –ing); terminativo (finish –ing). - Expresión de la modalidad: factualidad (declarative sentences); capacidad (can); posibilidad (may); necesidad (must; need); obligación (have (got) to; imperative); permiso (can; may); intención (going to; will). - Expresión de la existencia (there is/are); la entidad (nouns and pronouns, articles, demonstratives); la cualidad ((very +) Adj.). - Expresión de la cantidad (singular/plural; cardinal numerals up to four digits; ordinal numerals up to two digits. Quantity: all, many, a lot, some, (a) few, (a) little, more, much, half, a bottle/cup/glass/piece of. Degree: very, too, enough). - Expresión del espacio (prepositions and adverbs of location, position, distance, motion, direction, origin and arrangement). - Expresión del tiempo (points (e. g. quarter past five); divisions (e. g. half an hour, summer), and indications (e. g. now, tomorrow (morning)) of time; duration (e. g. for two days); anteriority (before); posteriority (after); sequence (first…then); simultaneousness (at the same time); frequency (e. g. sometimes, on Sundays). - Expresión del modo (Adv. of manner, e. g. slowly, well). - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (e); disyunción (o); oposición (ma); causa (perché); finalidad (per/a + Inf.); condición (se); comparación (più (di); come; il più grande). - Relaciones temporales (quando, prima, dopo). - Interrogación (totali; parziali introdotte da come, dove, quando, perché, quanto, chi, che, cosa, che cosa, quale). - Afirmación (proforma sì, frasi dichiarative affermative). - Negación (proforma no, frasi dichiarative negative con non, mai, niente, nessuno/a). - Exclamación ((che) + agg., p.es. Che bello!; V, p.es. Guarda!) - Expresión del tiempo: presente (presente); pasado (imperfetto e perfetto composto); futuro (presente e futuro). - Expresión del aspecto: puntual (v. puntuali, p.es. partire); durativo (presente e imperfetto; stare + gerundio; continuare a + Inf.); habitual (presente e imperfetto (+ avv. p.es. sempre); incoativo (cominciare a/iniziare a+Inf.); terminativo (finire di+Inf.; perfetto composto). - Expresión de la modalidad: factualidad (frasi dichiarative affermative e negative); capacidad ((non) potere; (non) sapere); posibilidad (presente potere; forse (+ presente e futuro)); necesidad (presente dovere; avere bisogno di + N / Inf.); obligación (presente dovere; imperativo); intención (presente e condizionale semplice di verbi volitivi + N / Inf.; futuro; pensare di +Inf.). - Expresión de la existencia (c’è; ecco); la entidad (nomi, pronomi, articoli e dimostrativi); la cualidad (molto + agg.; –issimo/a). - Expresión de la cantidad (numero: singolare/plurale; numerali cardinali fino a quattro cifre e ordinali fino a due cifre. Quantità: tutto, molto, poco, troppo, tanto, un po’(di), nessuno/a, alcuni/e, niente, qualcosa, qualche, più, meno, solo, una tazza/un bicchiere/ una bottiglia/un pezzo di... Grado: poco, molto, troppo). - Expresión del espacio (preposizioni, avv. ed espressioni che indicano luogo, posizione, distanza, movimento, direzione, origine e disposizione. - Expresión del tiempo (l’ora (p. es. le tre e mezza); divisione (p. es il lunedi, a febbraio) e collocazione nel tempo (p. es. ora, ieri, domani); durata (p. es. per due giorni); anteriorità (prima); posteriorità (dopo); contemporaneità (quando, durante); sequenza (prima .. poi ... dopo); intermittenza (qualche volta); frequenza (p.es. di solito, mai). - Expresión del modo (avverbi di modo, p.es. lentamente, bene). - Expresión de relaciones lógicas: conjunción (e); disyunción (ou); oposición (mas); causa (porque); finalidad (para + Inf.); comparación (mais/menos (do) que…; maior…; grau do Adj. e do Adv.). - Relaciones temporales (quando; antes/ depois de + Inf.). - Afirmación (sentenças declarativas afirmativas; Sim + frase (p. e. Sim, tenho três.). - Interrogación (quem; (o) que; qual; onde; de quem; quanto; como; porquê). - Negación (frases declarativas negativas; Não (+ Verbo conjugado do enunciado anterior); nenhum; ninguém; nada). - Exclamación: frases exclamativas (Que gelado tão bom! Tantos carros!). - Expresión del tiempo: pasado (pretérito imperfeito e perfeito); presente (presente); futuro (ir + Inf.; futuro do presente). - Expresión del aspecto: puntual (verbos não durativos, p. e. nascer; perfeito); durativo (estar + gerúndio); habitual (presente do indicativo (+ Adv., p. e. sempre; geralmente); incoativo (començar a + Inf.); terminativo (deixar de + Inf.). - Expresión de la modalidad: factualidad (sentenças declarativas); capacidad (posso; pode; é capaz de); posibilidad (podia); necesidad (precisar (de); necessitar); obligación (ter de/que; dever + Inf.); permiso (posso; pode); intención (quero; tenho de; gostava). - Expresión de la existencia (ter/haver); la entidad (substantivos; pronomes; artigos; demonstrativos); la cualidad ((muito +) Adj.). - Expresión de la cantidad (Singular/plural; Numerais até quatro dígitos, ordinais até dois dígitos. Quantidade: muito(s); pouco(s); tudo. Grado: muito; tão). - Expresión del espacio (expressões, preposições e locuções prepositivas de lugar e de movimento). - Expresión del tiempo (expressões, preposições e locuções de tempo (horas (p. e. dez menos um quarto), divisões (p. e. meia hora; verão) e indicações (p. e. agora; amanhâ) de tempo; duração (p. e. durante dois dias); anterioridade (antes); posterioridade (depois); seqüência (primeiro… em seguida); simultaneidade (ao mesmo tempo); freqüência (p. e. às vezes; aos domingos). - Expresión del modo (expressões, preposições e locuções prepositivas de modo; bem; mal; assim). ANEXO II Asignaturas específicas a) Educación Artística. Las manifestaciones artísticas son aportaciones inherentes al desarrollo de la humanidad: no cabe un estudio completo de la historia de la humanidad en el que no se contemple la presencia del arte en todas sus posibilidades. Por otra parte, el proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven como un medio de expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre con otros lenguajes, el ser humano utiliza tanto el lenguaje plástico como el musical para comunicarse con el resto de seres humanos. Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar desde edades tempranas los fundamentos de dichos lenguajes va a permitir al alumnado el desarrollo de la atención, la percepción, la inteligencia, la memoria, la imaginación y la creatividad. Además, el conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico, al valorar y respetar las aportaciones que se han ido añadiendo al mismo. Los alumnos y alumnas son personas del siglo XXI y no pueden estar alejados del conocimiento de las tecnologías propias de este siglo; así pues, también va a aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen para el desarrollo de las capacidades artísticas en el alumnado. El área de Educación Artística se ha dividido en dos partes: la Educación Plástica, y la Educación Musical, atendiendo al estudio de los dos lenguajes mencionados anteriormente. A su vez, cada una de estas partes se subdivide en tres bloques, que aun estando relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias con el resto. No obstante, en su desarrollo metodológico el docente podrá abordar de manera conjunta los diferentes bloques. El primero de los bloques de la Educación Plástica, Educación Audiovisual, está referido al estudio de la imagen en todas sus manifestaciones, tanto visual como audiovisual, en el que cobran una gran relevancia las aportaciones que las Tecnologías de la Información y la Comunicación realizan al mundo de la imagen. El segundo bloque denominado Educación Artística hace referencia al conjunto de conceptos y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados al área. El último bloque incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el área de matemáticas en el apartado de geometría. La Educación Musical también ha sido dividida en tres bloques: el primero referido a la escucha, en el que el alumnado indagará en las posibilidades del sonido; el segundo bloque comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación musical; el tercer bloque es el destinado al desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento y práctica de la danza. Educación Artística A) Educación Plástica Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Educación audiovisual 1. Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento clasificándolas siguiendo patrones aprendidos. 2. Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su significado y función social siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de los conocimientos adquiridos. 3. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento. 1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica. 2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…). 2.2. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología. 2.3. Reconoce los diferentes temas de la fotografía. 2.4. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el encuadre es el más adecuado al propósito inicial. 2.5. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función. 2.6. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic. 2.7. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional como la técnica actual. 2.8. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales de la creación audiovisual: guión, realización, montaje, sonido. 3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos. 3.2. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas. 3.3. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines de dicha difusión. Bloque 2. Expresión artística 1. Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico adecuado sus características. 2. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los elementos que configuran el lenguaje visual. 3. Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo, experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes materiales y técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la obra planeada. 4. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así como para conocer e intercambiar informaciones con otros alumnos. 5. Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales. 6. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho patrimonio. 1.1. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario. 2.1. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones. 2.1. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras. 2.2. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 2.3. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos. 2.4. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 2.5. Distingue el tema o género de obras plásticas. 3.1. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso. 3.2. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas. 3.3. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de los mismos. 4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido. 5.1. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final. 6.1. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 6.2. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte que en ellos se exponen. 6.3. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en la observación de sus producciones. Bloque 3. Dibujo geométrico 1. Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumno relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas con la aplicación gráfica de los mismos. 2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico manejándolos adecuadamente. 1.1. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus composiciones con fines expresivos. 1.2. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares. 1.3. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico. 1.4. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás. 1.5. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. 1.6. Traza círculos conociendo el radio con el compás. 1.7. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales propios del dibujo técnico. 1.8. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a los que posteriormente aplica el color. 1.9. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico. 1.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón. 1.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la misma a composiciones bidimensionales. 1.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. 1.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor. 1.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula. 2.1. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo valorando la precisión en los resultados. B) Educación Musical Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Escucha 1. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias. 2. Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los elementos que las componen. 3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio musical conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones. 1.1. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del entorno natural y social. 2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas. 2.2. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de referencia para las creaciones propias. 3.1. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 3.2. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales. Bloque 2. La interpretación musical 1. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar. 2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. 3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos. 1.1. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y recrearlas. 2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales. 2.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 2.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. 2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural. 3.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. Bloque 3. La música, el movimiento y la danza 1. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación como una forma de interacción social. 1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma de interacción social. 1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural. 1.4. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras. 1.5. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un orden espacial y temporal. b) Educación Física. La asignatura de Educación Física tiene como finalidad principal desarrollar en las personas su competencia motriz, entendida como la integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados a la conducta motora fundamentalmente. Para su consecución no es suficiente con la mera práctica, sino que es necesario el análisis crítico que afiance actitudes, valores referenciados al cuerpo, al movimiento y a la relación con el entorno. De este modo, el alumnado logrará controlar y dar sentido a las propias acciones motrices, comprender los aspectos perceptivos, emotivos y cognitivos relacionados con dichas acciones y gestionar los sentimientos vinculados a las mismas, además de integrar conocimientos y habilidades transversales, como el trabajo en equipo, el juego limpio y el respeto a las normas, entre otras. Asimismo, la Educación Física está vinculada a la adquisición de competencias relacionadas con la salud través de acciones que ayuden a la adquisición de hábitos responsables de actividad física regular, y de la adopción de actitudes críticas ante prácticas sociales no saludables. La competencia motriz evoluciona a lo largo de la vida de las personas y desarrolla la inteligencia para saber qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y con quién en función de los condicionantes del entorno. Entre los procesos implícitos en la conducta motriz hay que destacar el percibir, interpretar, analizar, decidir, ejecutar y evaluar los actos motores. Entre los conocimientos más destacables que se combinan con dichos procedimientos están, además de los correspondientes a las diferentes actividades físicas, los relacionados con la corporeidad, con el movimiento, con la salud, con los sistemas de mejora de las capacidades motrices y con los usos sociales de la actividad física, entre otros. Y entre las actitudes se encuentran las derivadas de la valoración y el sentimiento acerca de sus propias limitaciones y posibilidades, el disfrute de la práctica y la relación con los demás. Las situaciones a las que responde una acción motriz, en un proceso de enseñanza y aprendizaje, suponen establecer entornos de características diferentes en los que la respuesta tiene, también, significados diferentes. En unos casos se tratará de conseguir un rendimiento, en otros la ergonomía, la expresividad, y la recreación, entre otros. En este sentido, la Educación Física debe ofrecer situaciones y contextos de aprendizaje variados; desde los que únicamente se trate de controlar los movimientos propios y conocer mejor las posibilidades personales, hasta otras en las que las acciones deben responder a estímulos externos variados y coordinarse con las actuaciones de compañeros o adversarios, y en las que las características del medio pueden ser cambiantes. La lógica interna de las situaciones o actividades motrices propuestas se convierte, así, en una herramienta imprescindible de la programación de la asignatura. Los elementos curriculares de la programación de la asignatura de Educación Física pueden estructurarse en torno a cinco situaciones motrices diferentes: a) Acciones motrices individuales en entornos estables: suelen basarse en modelos técnicos de ejecución en los que resulta decisiva la capacidad de ajuste para lograr conductas motrices cada vez más eficaces, optimizar la realización, gestionar el riesgo y alcanzar soltura en las acciones. Este tipo de situaciones se suelen presentar en las actividades de desarrollo del esquema corporal, de adquisición de habilidades individuales, la preparación física de forma individual, el atletismo, la natación y la gimnasia en algunos de sus aspectos, entre otros. b) Acciones motrices en situaciones de oposición. En estas situaciones resulta imprescindible la interpretación correcta de las acciones de un oponente, la selección acertada de la acción, la oportunidad del momento de llevarla a cabo, y la ejecución de dicha decisión. La atención, la anticipación y la previsión de las consecuencias de las propias acciones en el marco del objetivo de superar al contrario, son algunas de las facultades implicadas. A estas situaciones corresponden los juegos de uno contra uno, los juegos de lucha, el judo, el bádminton, el tenis, el mini-tenis y el tenis de mesa, entre otros. c) Acciones motrices en situaciones de cooperación, con o sin oposición. En estas situaciones se producen relaciones de cooperación y colaboración con otros participantes en entornos estables para conseguir un objetivo, pudiéndose producir que las relaciones de colaboración tengan como objetivo el de superar la oposición de otro grupo. La atención selectiva, la interpretación de las acciones del resto de los participantes, la previsión y anticipación de las propias acciones atendiendo a las estrategias colectivas, el respeto a las normas, la capacidad de estructuración espacio-temporal, la resolución de problemas y el trabajo en grupo, son capacidades que adquieren una dimensión significativa en estas situaciones; además de la presión que pueda suponer el grado de oposición de adversarios en el caso de que la haya. Juegos tradicionales, actividades adaptadas del mundo del circo, como acrobacias o malabares en grupo; deportes como el patinaje por parejas, los relevos en línea, la gimnasia en grupo, y deportes adaptados, juegos en grupo; deportes colectivos como baloncesto, balonmano, béisbol, rugby, fútbol y voleibol, entre otros, son actividades que pertenecen a este grupo. d) Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno físico. Lo más significativo en estas acciones es que el medio en el que se realizan las actividades no tiene siempre las mismas características, por lo que genera incertidumbre. En general se trata de desplazamientos con o sin materiales, realizados en el entorno natural o urbano que puede estar más o menos acondicionado, pero que experimentan cambios, por lo que el alumnado necesita organizar y adaptar sus conductas a las variaciones del mismo. Resulta decisiva la interpretación de las condiciones del entorno para situarse, priorizar la seguridad sobre el riesgo y para regular la intensidad de los esfuerzos en función de las posibilidades personales. Estas actividades facilitan la conexión con otras áreas de conocimiento y la profundización en valores relacionados con la conservación del entorno, fundamentalmente del medio natural. Puede tratarse de actividades individuales, grupales, de colaboración o de oposición. Las marchas y excursiones a pie o en bicicleta, las acampadas, las actividades de orientación, los grandes juegos en la naturaleza (de pistas, de aproximación y otros), el esquí, en sus diversas modalidades, o la escalada, forman parte, entre otras, de las actividades de este tipo de situación. e) Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión. En estas situaciones las respuestas motrices requeridas son de carácter estético y comunicativo y pueden ser individuales o en grupo. El uso del espacio, las calidades del movimiento, así como los componentes rítmicos y la movilización de la imaginación y la creatividad en el uso de diferentes registros de expresión (corporal, oral, danzada, musical), son la base de estas acciones. Dentro de estas actividades tenemos los juegos cantados, la expresión corporal, las danzas, el juego dramático y el mimo, entre otros. La propuesta curricular de la Educación Física debe permitir organizar y secuenciar los aprendizajes que tiene que desarrollar el alumnado de Educación Física a lo largo de su paso por el sistema educativo, teniendo en cuenta su momento madurativo del alumnado, la lógica interna de las diversas situaciones motrices, y que hay elementos que afectan de manera transversal a todos los bloques como son las capacidades físicas y las coordinativas, los valores sociales e individuales y la educación para la salud. El abanico de actividades de la propuesta curricular debe reflejar las manifestaciones culturales de la sociedad en la que vivimos, que se manifiesta tanto en nuevas formas de ocio como el turismo activo y las actividades de fitness o wellness, como en los juegos y deportes, o en las manifestaciones artísticas. La oferta variada y equilibrada, que contenga actividades de todos los tipos de situación motriz e incorpore los elementos transversales en función de las características madurativas correspondientes a cada curso, permitirá que el alumnado progrese en su competencia motriz. En cuanto a la adopción de hábitos saludables es muy importante tener en cuenta que se estima que hasta un 80% de niños y niñas en edad escolar únicamente participan en actividades físicas en la escuela, tal y como recoge el informe Eurydice, de la Comisión Europea de 2013; por ello la Educación Física en las edades de escolarización debe tener una presencia importante en la jornada escolar si se quiere ayudar a paliar el sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo identificados, que influye en algunas de las enfermedades más extendidas en la sociedad actual. Los niveles que la Educación Física plantea tienen que adecuarse al nivel de desarrollo de las alumnas y de los alumnos, teniendo siempre presente que la conducta motriz es el principal objeto de la asignatura y que en esa conducta motriz deben quedar aglutinados tanto las intenciones de quien las realiza como los procesos que se pone en juego para realizarla. En la etapa de la Educación Primaria la Educación Física permite a los estudiantes explorar su potencial motor a la vez que desarrollan las competencias motrices básicas. Eso implica movilizar toda una serie de habilidades motrices, actitudes y valores en relación con el cuerpo, a través de situaciones de enseñanza-aprendizaje variadas, en las que la experiencia individual y la colectiva en los diferentes tipos de actividades permitan adaptar la conducta motriz a los diferentes contextos. En esta etapa, la competencia motriz debe permitir comprender su propio cuerpo y sus posibilidades y desarrollar las habilidades motrices básicas en contextos de práctica, que se irán complicando a medida que se progresa en los sucesivos cursos. Las propias actividades y la acción del docente ayudarán a desarrollar la posibilidad de relacionarse con los demás, el respeto, la colaboración, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos mediante el diálogo y la asunción de las reglas establecidas, el desarrollo de la iniciativa individual y de hábitos de esfuerzo. El juego es un recurso imprescindible en esta etapa como situación de aprendizaje, acordes con las intenciones educativas, y como herramienta didáctica por su carácter motivador. Las propuestas didácticas deben incorporar la reflexión y análisis de lo que acontece y la creación de estrategias para facilitar la transferencia de conocimientos de otras situaciones. Educación Física Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 1. Resolver situaciones motrices con diversidad de estímulos y condicionantes espacio-temporales, seleccionando y combinando las habilidades motrices básicas y adaptándolas a las condiciones establecidas de forma eficaz. 2. Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa, comunicando sensaciones, emociones e ideas. 3. Resolver retos tácticos elementales propios del juego y de actividades físicas, con o sin oposición, aplicando principios y reglas para resolver las situaciones motrices, actuando de forma individual, coordinada y cooperativa y desempeñando las diferentes funciones implícitas en juegos y actividades. 4. Relacionar los conceptos específicos de educación física y los introducidos en otras áreas con la práctica de actividades físico deportivas y artístico expresivas. 5. Reconocer los efectos del ejercicio físico, la higiene, la alimentación y los hábitos posturales sobre la salud y el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo. 6. Mejorar el nivel de sus capacidades físicas, regulando y dosificando la intensidad y duración del esfuerzo, teniendo en cuenta sus posibilidades y su relación con la salud. 7. Valorar, aceptar y respetar la propia realidad corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. 8. Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas, deportivas y artísticas. 9. Opinar coherentemente con actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante como de espectador, ante las posibles situaciones conflictivas surgidas, participando en debates, y aceptando las opiniones de los demás. 10. Manifestar respeto hacia el entorno y el medio natural en los juegos y actividades al aire libre, identificando y realizando acciones concretas dirigidas a su preservación. 11. Identificar e interiorizar la importancia de la prevención, la recuperación y las medidas de seguridad en la realización de la práctica de la actividad física. 12. Extraer y elaborar información relacionada con temas de interés en la etapa, y compartirla, utilizando fuentes de información determinadas y haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso de apoyo al área. 13. Demostrar un comportamiento personal y social responsable, respetándose a sí mismo y a los otros en las actividades físicas y en los juegos, aceptando las normas y reglas establecidas y actuando con interés e iniciativa individual y trabajo en equipo. 1.1. Adapta los desplazamientos a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 1.2. Adapta la habilidad motriz básica de salto a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas, ajustando su realización a los parámetros espacio-temporales y manteniendo el equilibrio postural. 1.3. Adapta las habilidades motrices básicas de manipulación de objetos (lanzamiento, recepción, golpeo, etc.) a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas aplicando correctamente los gestos y utilizando los segmentos dominantes y no dominantes. 1.3. Aplica las habilidades motrices de giro a diferentes tipos de entornos y de actividades físico deportivas y artístico expresivas teniendo en cuenta los tres ejes corporales y los dos sentidos, y ajustando su realización a los parámetros espacio temporales y manteniendo el equilibrio postural. 1.4. Mantiene el equilibrio en diferentes posiciones y superficies. 1.5. Realiza actividades físicas y juegos en el medo natural o en entornos no habituales, adaptando las habilidades motrices a la diversidad e incertidumbre procedente del entorno y a sus posibilidades. 2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, sentimientos utilizando los recursos expresivos del cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 2.2. Representa o expresa movimientos a partir de estímulos rítmicos o musicales, individualmente, en parejas o grupos. 2.3. Conoce y lleva a cabo bailes y danzas sencillas representativas de distintas culturas y distintas épocas, siguiendo una coreografía establecida. 2.4. Construye composiciones grupales en interacción con los compañeros y compañeras utilizando los recursos expresivos del cuerpo y partiendo de estímulos musicales, plásticos o verbales. 3.1. Utiliza los recursos adecuados para resolver situaciones básicas de táctica individual y colectiva en diferentes situaciones motrices. 3.2. Realiza combinaciones de habilidades motrices básicas ajustándose a un objetivo y a unos parámetros espacio-temporales. 4.1. Identifica la capacidad física básica implicada de forma más significativa en los ejercicios. 4.2. Reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades físicas para la mejora de las habilidades motrices. 4.3. Distingue en juegos y deportes individuales y colectivos estrategias de cooperación y de oposición. 4.4. Comprende la explicación y describe los ejercicios realizados, usando los términos y conocimientos que sobre el aparato locomotor se desarrollan en el área de ciencias de la naturaleza. 5.1. Tiene interés por mejorar las capacidades físicas. 5.2. Relaciona los principales hábitos de alimentación con la actividad física (horarios de comidas, calidad/cantidad de los alimentos ingeridos, etc...). 5.3. Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico para la salud. 5.4. Describe los efectos negativos del sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 5.5. Realiza los calentamientos valorando su función preventiva. 6.1. Muestra una mejora global con respecto a su nivel de partida de las capacidades físicas orientadas a la salud. 6.2. Identifica su frecuencia cardiaca y respiratoria, en distintas intensidades de esfuerzo. 6.3. Adapta la intensidad de su esfuerzo al tiempo de duración de la actividad. 6.4. Identifica su nivel comparando los resultados obtenidos en pruebas de valoración de las capacidades físicas y coordinativas con los valores correspondientes a su edad. 7.1. Respeta la diversidad de realidades corporales y de niveles de competencia motriz entre los niños y niñas de la clase. 7.2. Toma de conciencia de las exigencias y valoración del esfuerzo que comportan los aprendizajes de nuevas habilidades. 8.1. Expone las diferencias, características y/o relaciones entre juegos populares, deportes colectivos, deportes individuales y actividades en la naturaleza. 8.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el origen de los juegos y el deporte. 9.1. Adopta una actitud crítica ante las modas y la imagen corporal de los modelos publicitarios. 9.2. Explica a sus compañeros las características de un juego practicado en clase y su desarrollo. 9.3. Muestra buena disposición para solucionar los conflictos de manera razonable. 9.4. Reconoce y califica negativamente las conductas inapropiadas que se producen en la práctica o en los espectáculos deportivos. 10.1. Se hace responsable de la eliminación de los residuos que se genera en las actividades en el medio natural. 10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la flora y la fauna del lugar. 11.1. Explica y reconoce las lesiones y enfermedades deportivas más comunes, así como las acciones preventivas y los primeros auxilios. 12.1. Utiliza las nuevas tecnologías para localizar y extraer la información que se le solicita. 12.2. Presenta sus trabajos atendiendo a las pautas proporcionadas, con orden, estructura y limpieza y utilizando programas de presentación. 12.3. Expone sus ideas de forma coherente y se expresa de forma correcta en diferentes situaciones y respeta las opiniones de los demás. 13.1. Tiene interés por mejorar la competencia motriz. 13.2. Demuestra autonomía y confianza en diferentes situaciones, resolviendo problemas motores con espontaneidad, creatividad. 13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e higiene del cuerpo. 13.4. Participa en la recogida y organización de material utilizado en las clases. 13.5. Acepta formar parte del grupo que le corresponda y el resultado de las competiciones con deportividad. c) Segunda Lengua Extranjera. Las directrices marcadas en los últimos años desde la Unión Europea y el Consejo de Europa en materia educativa han coincidido en subrayar repetidamente la importancia que posee el multilingüismo como factor determinante en la competitividad de los estados que conforman el espacio europeo. En efecto, la coexistencia armónica de numerosas lenguas constituye un símbolo que ejemplifica a la perfección uno de los principios inspiradores de la Unión: la unidad en la diversidad. No obstante, esta riqueza lingüística plantea también importantes desafíos, haciendo que resulte necesario arbitrar medidas orientadas a superar las barreras lingüísticas existentes y facilitar la comunicación entre los habitantes de los distintos países. Por este motivo, que todo ciudadano europeo domine otros dos idiomas, además de su lengua materna, se ha constituido en uno de los objetivos dentro de la política lingüística europea. En la línea inspiradora de estos principios, en la etapa de Primaria se incluye dentro del bloque de materias específicas el área Segunda Lengua Extranjera, al objeto de ampliar el horizonte comunicativo del alumnado desde el inicio de su formación, siempre en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración y, en su caso de la oferta de los centros docentes. Si, en esencia, es posible hacer extensivas todas las ventajas que reporta el estudio de una primera lengua extranjera a la adquisición sucesiva de otras, cabe subrayar además el hecho de que la presencia de dos o más lenguas extranjeras en el currículo constituye un mecanismo de extraordinaria utilidad para consolidar a la larga la reflexión y el dominio de la propia lengua y de las otras estudiadas previamente puesto que, con independencia de las conclusiones teóricas que puedan alcanzarse en etapas posteriores, en el aprendizaje de cualquier lengua, incluso a edades muy tempranas, desempeñan un papel fundamental los conocimientos lingüísticos adquiridos en las restantes. En efecto, el estudio de un segunda lengua extranjera a menudo conlleva desarrollar estrategias válidas para aprender muchas más, ya que la comparación y el contraste entre los distintos códigos lingüísticos conlleva un mayor desarrollo de la capacidad de establecer analogías y contrastes y de inferir o deducir reglas generales. Integrando todos estos aspectos, el currículo básico, al igual que en el caso de la Primera Lengua Extranjera, se estructura en torno a actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables están organizados en cuatro grandes bloques que se corresponden con las actividades de lengua mencionadas, eje de las enseñanzas de la materia. Las relaciones existentes entre estos dos elementos del currículo básico no son unívocas, debido a la especial naturaleza de la actividad lingüística. Esto supone que, para evaluar el grado de adquisición de cada uno de los estándares de aprendizaje de una determinada actividad de lengua, habrán de aplicarse todos y cada uno de los criterios de evaluación recogidos y descritos para la actividad correspondiente. No obstante, es necesario tener en cuenta que las expectativas respecto al nivel de competencia a alcanzar en el estudio de una segunda lengua extranjera han de ser, al menos inicialmente, inferiores a las establecidas para la primera, tal y como se refleja en los estándares de aprendizaje evaluables previstos. Desde esta perspectiva resulta significativo el concepto de competencia parcial, tal y como se describe en el Marco, apuntando que no se trata de aceptar por principio un conocimiento restringido de una lengua, sino de entender que, dentro de su limitación, un manejo de la misma aunque sea limitado, contribuye a ampliar la competencia plurilingüe del alumnado. Con respecto a la metodología, se deben aplicar los mismos principios expresados con relación al estudio de la Primera Lengua Extranjera, si bien deberán tenerse en cuenta las diferencias que, a nivel de motivación, están presentes en el proceso de adquisición sucesiva de otras lenguas. Partiendo siempre de la base de que el nivel competencial básico del que se parte es muy elemental, por lo que, tanto en la interacción comunicativa como en la comprensión y producción de textos, resultará esencial remitirse siempre a contextos familiares para el alumnado de esta edad, aprovechando así los conocimientos previamente adquiridos y las capacidades y experiencias que posee. Partiendo de este hecho, se fomentará un uso de la lengua contextualizado, en el marco de situaciones comunicativas propias de ámbitos diversos y que permitan un uso de la lengua real y motivador. El empleo del juego, sobre todo en los primeros años, y la realización de tareas conjuntas, no solo son elementos esenciales para sentar adecuadamente las bases para la adquisición de una lengua, sino que pueden además contribuir a que la materia, lejos de limitarse a ser un mero objeto de estudio, se convierta además en un instrumento de socialización al servicio del grupo. A medida que el alumnado avance en edad podrán introducirse gradualmente explicaciones de carácter más teórico, evolucionando desde un primer procesamiento de carácter esencialmente semántico, a un procesamiento sintáctico más avanzado. Segunda Lengua Extranjera Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. Comprensión de textos orales Identificar el sentido general, la información esencial o los puntos principales en textos orales muy breves y sencillos en lengua estándar, con estructuras simples y léxico de uso muy frecuente, articulados con claridad y lentamente y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, sobre temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses en contextos cotidianos predecibles o relativos a áreas de necesidad inmediata en los ámbitos personal, público y educativo, siempre que las condiciones acústicas sean buenas y no distorsionen el mensaje, se pueda volver a escuchar lo dicho o pedir confirmación y se cuente con apoyo visual o con una clara referencia contextual. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares), comportamiento (gestos habituales, uso de la voz, contacto físico) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una demanda de información, una orden, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre conversacional, o los puntos de una narración esquemática). Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación oral. Reconocer un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con las propias experiencias, necesidades e intereses, y utilizar las indicaciones del contexto y de la información contenida en el texto para hacerse una idea de los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos y reconocer los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. Comprende, en mensajes y anuncios públicos, información muy sencilla (por ejemplo, números, precios, horarios), siempre que esté articulada a velocidad lenta y de manera clara, y no haya interferencias que distorsionen el mensaje. Entiende la idea general de lo que se le dice en transacciones y gestiones habituales en situaciones de necesidad inmediata. Entiende la información esencial en conversaciones breves y sencillas en las que participa que traten sobre temas familiares como, por ejemplo, uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar. Comprende el sentido general y distingue los cambios de tema de programas de televisión u otro material audiovisual dentro de su área de interés (p. e. en los que se entrevista a jóvenes o personajes conocidos sobre temas cotidianos, o en los que se informa sobre actividades de ocio). Bloque 2. Producción de textos orales: expresión e interacción Construir textos orales muy básicos y participar de manera muy simple pero comprensible en conversaciones muy breves que requieran un intercambio directo de información en áreas de necesidad inmediata o sobre temas muy familiares (uno mismo, el entorno inmediato, personas, lugares, objetos y actividades, gustos y opiniones), en un registro neutro o informal, utilizando expresiones y frases sencillas y de uso muy frecuente, normalmente aisladas o enlazadas con conectores básicos, aunque la pronunciación no sea muy clara, sean evidentes las pausas y titubeos, y sea necesaria la repetición, la paráfrasis y la cooperación del interlocutor para mantener la comunicación. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas para producir textos orales monológicos o dialógicos muy breves y sencillos, utilizando, p. e., fórmulas y lenguaje prefabricado o expresiones memorizadas, o apoyando con gestos lo que se quiere expresar. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción oral adecuada al contexto, respetando las convenciones comunicativas más elementales. Cumplir la función comunicativa principal del texto (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre conversacional, o una narración esquemática desarrollada en puntos). Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico oral de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. Articular, de manera por lo general comprensible pero con evidente influencia de la primera u otras lenguas, un repertorio muy limitado de patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos, adaptándolos a la función comunicativa que se quiere llevar a cabo. Hacerse entender en intervenciones breves y sencillas, aunque resulten evidentes y muy frecuentes los titubeos iniciales, las vacilaciones, las repeticiones y las pausas para organizar, corregir o reformular lo que se quiere decir. Interactuar de manera básica, utilizando técnicas muy simples, lingüísticas o no verbales (p. e. gestos o contacto físico) para iniciar, mantener o concluir una breve conversación. Hace presentaciones muy breves y sencillas, previamente preparadas y ensayadas, sobre temas cotidianos o de su interés (presentarse y presentar a otras personas; dar información básica sobre sí mismo, su familia y sus estudios; indicar sus aficiones e intereses y las principales actividades de su día a día; describir brevemente y de manera sencilla personas u objetos; decir lo que le gusta y no le gusta y dar su opinión usando estructuras elementales). Se desenvuelve en situaciones muy básicas en, p. e., tiendas, restaurantes o espacios de ocio. Participa en conversaciones informales cara a cara o por medios técnicos (teléfono, Skype) en las que se establece contacto social (dar las gracias, saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir disculpas, presentarse, interesarse por el estado de alguien, felicitar a alguien); se intercambia información personal y sobre asuntos cotidianos; se expresan sentimientos y opiniones sencillos, y se dan instrucciones (p. e. cómo se llega a un sitio con ayuda de un plano). Bloque 3. Comprensión de textos escritos Identificar el tema, el sentido general, las ideas principales y alguna información específica en textos, tanto en formato impreso como en soporte digital, muy breves y sencillos, en lengua estándar y con un léxico de alta frecuencia, y en los que el tema tratado y el tipo de texto resulten muy familiares, cotidianos o de necesidad inmediata, siempre y cuando se pueda releer lo que no se ha entendido, se pueda consultar un diccionario y se cuente con apoyo visual y contextual. Conocer y saber aplicar las estrategias básicas más adecuadas para la comprensión del sentido general, la información esencial o los puntos principales del texto. Identificar aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos, concretos y significativos, sobre vida cotidiana (hábitos, horarios, actividades, celebraciones), condiciones de vida (vivienda, entorno), relaciones interpersonales (familiares, de amistad, escolares) y convenciones sociales (normas de cortesía), y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una comprensión adecuada del texto. Distinguir la función o funciones comunicativas principales del texto (p. e. una felicitación, una demanda de información, o un ofrecimiento) y un repertorio limitado de sus exponentes más habituales, así como los patrones discursivos básicos (p. e. inicio y cierre de un email, o los puntos de una descripción esquemática). Reconocer los significados más comunes asociados a las estructuras sintácticas básicas propias de la comunicación escrita (p. e. estructura interrogativa para demandar información). Reconocer un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con sus experiencias, necesidades e intereses, e inferir del contexto y de la información contenida en el texto los significados probables de palabras y expresiones que se desconocen. Reconocer los signos ortográficos básicos (p. e. punto, coma), así como símbolos de uso frecuente (p. e. ☺, @, ₤), e identificar los significados e intenciones comunicativas generales relacionados con los mismos. Comprende, con apoyo visual, lo esencial de instrucciones e indicaciones sencillas, e información básica, en notas, letreros y carteles en calles, tiendas, medios de transporte, cines, museos, colegios, y otros servicios y lugares públicos. Comprende información esencial y localiza información específica en material informativo sencillo como, p. e., menús, horarios, catálogos, listas de precios, anuncios, guías telefónicas, publicidad, folletos turísticos, programas culturales o de eventos. Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos, postales y tarjetas) muy breve y sencilla que trate sobre temas que le resulten muy conocidos como, p. e., uno mismo, la familia, la escuela, el tiempo libre, la descripción de un objeto o un lugar, o la indicación de la hora y el lugar de una cita. Comprende lo esencial y los puntos principales de noticias breves y artículos de revistas para jóvenes que traten temas que le sean familiares o sean de su interés (deportes, grupos musicales, juegos de ordenador, cómics). Bloque 4. Producción de textos escritos: expresión e interacción Construir, en papel o en soporte electrónico, textos muy cortos y sencillos, compuestos de frases simples aisladas, en un registro neutro o informal, utilizando con razonable corrección las convenciones ortográficas básicas y los principales signos de puntuación, para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones muy familiares y predecibles. Conocer y aplicar las estrategias básicas para producir textos escritos muy breves y sencillos, p. e. copiando palabras y frases muy usuales para realizar las funciones comunicativas que se persiguen. Conocer aspectos socioculturales y sociolingüísticos básicos concretos y significativos (p. e. las convenciones sobre el inicio y cierre de un email a personas conocidas) y aplicar los conocimientos adquiridos sobre los mismos a una producción escrita adecuada al contexto, respetando las normas de cortesía y de etiqueta básicas. Cumplir la función comunicativa principal del texto escrito (p. e. una felicitación, un intercambio de información, o un ofrecimiento), utilizando un repertorio limitado de sus exponentes más frecuentes y de patrones discursivos básicos (p. e. saludos para inicio y despedida para cierre de un email, o una narración esquemática desarrollada en puntos). Manejar estructuras sintácticas básicas (p. e. enlazar palabras o grupos de palabras con conectores básicos como “y”, “entonces”, “pero”, “porque”), aunque se sigan cometiendo errores básicos de manera sistemática en, p. e., tiempos verbales o en la concordancia. Conocer y utilizar un repertorio limitado de léxico escrito de alta frecuencia relativo a situaciones cotidianas y temas habituales y concretos relacionados con los propios intereses, experiencias y necesidades. Aplicar patrones gráficos y convenciones ortográficas básicas para escribir con razonable corrección palabras o frases cortas que se utilizan normalmente al hablar, pero no necesariamente con una ortografía totalmente normalizada. Escribe correspondencia personal breve y simple (mensajes, notas, postales, correos, o SMS) en la que da las gracias, felicita a alguien, hace una invitación, da instrucciones, o habla de sí mismo y de su entorno inmediato (familia, amigos, aficiones, actividades cotidianas, objetos, lugares) y hace preguntas relativas a estos temas. d) Valores Sociales y Cívicos. Los Valores sociales y cívicos tienen una valía fundamental para las personas en una sociedad democrática; de ahí la importancia de que la educación facilite la construcción de la identidad individual y potencie relaciones interpersonales enriquecedoras para fortalecer la convivencia, de acuerdo a valores cívicos, socialmente reconocidos. El área Valores Sociales y Cívicos ayuda, en gran medida, a garantizar el derecho universal de los niños y niñas a recibir una educación que les permita desarrollarse al máximo de sus posibilidades, formarse en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y prepararse para asumir una vida responsable en una sociedad libre y tolerante con las diferencias. Asimismo, refuerza la preparación de las personas para actuar como ciudadanos participativos e implicados en la mejora de la cohesión, la defensa y el desarrollo de la sociedad democrática. Esta formación incluye la adquisición de competencias sociales y cívicas personales, interpersonales e interculturales para participar de una manera eficaz y constructiva en sociedades cada vez más diversificadas. La propuesta de esta área, formar a las personas desde el inicio de la Educación Primaria en la reflexión y la vivencia de valores, responde a la preocupación por mejorar la calidad de la educación de todo el alumnado, fomentando el desarrollo de procesos educativos que potencien la participación individual para lograr fines colectivos. De este modo, se enriquecen las experiencias sociales de los alumnos, teniendo en cuenta que viven en sociedad mientras se forman y que las vivencias compartidas en la escuela enriquecen sus aprendizajes. El área incita a la reflexión y propone aprendizajes relativos a la dignidad personal, al respeto a los demás y a los valores sociales en la convivencia. En primer lugar, la pretensión es que cada alumno adquiera las competencias necesarias para construir un autoconcepto ajustado y una buena autoestima, para tomar iniciativas responsables y vivir con dignidad. Una vez elaborada su identidad personal, el niño está preparado para reconocer al otro. Por ello, se induce a la empatía, al respeto y a la tolerancia de las otras personas y se proponen elementos relacionados con las habilidades necesarias para relacionarse y actuar de acuerdo con los derechos y deberes humanos fundamentales. Una vez que el ser humano es capaz de conocerse y aceptarse a la vez que comprende y respeta a los demás, puede asumir la complejidad de la convivencia social. En este momento, se estimulan actitudes que propicien la interdependencia positiva, la cooperación y la solidaridad de acuerdo a los valores, derechos y deberes de la Constitución española. De esta manera se orienta a los alumnos para comprender la realidad social, resolver conflictos de forma reflexiva, dialogar para mejorar, respetar los valores universales, crear un sistema de valores propios y participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática. Valores Sociales y Cívicos contribuye a que el alumnado mejore su competencia para aprender y tener iniciativa, estimulando la motivación, el esfuerzo y las capacidades de reflexión, síntesis y estructuración. Les ayuda a enfrentarse a los problemas, experimentar y realizar proyectos en equipo, trabajar de forma independiente, tomar decisiones y generar alternativas personales. La enseñanza del área requiere que el profesor estimule la ayuda mutua y el trabajo cooperativo, inspirado en la idea de que todas las personas tienen capacidades aunque encuentren algunas limitaciones. Debe potenciar el desarrollo de competencias que permitan a los alumnos considerarse valiosos y ayudar a los demás, a la vez que se sienten reconocidos y se muestran receptivos para recibir ayuda en la resolución de sus problemas. La metodología en el aula se ha de fundamentar en la relación entre el progreso personal y el académico, porque equilibrio afectivo y aprendizaje van unidos y se fortalecen mutuamente. Las decisiones metodológicas se deben guiar por el objetivo de facilitar el desarrollo de personas bien formadas e informadas, capaces de asumir sus deberes y defender sus derechos, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. Los procesos de enseñanza y aprendizaje estarán basados en la participación de todos los alumnos, de modo que se sientan valiosos y capaces. De ahí la importancia de proponer el trabajo cooperativo para la realización de las tareas, que permite al alumnado el análisis y la expresión e interpretación de pensamientos, sentimientos y hechos en distintos contextos sociales y culturales, así como el uso del lenguaje para regular la conducta y relacionarse con los demás. Mediante la toma de decisiones basada en los juicios morales y la resolución de problemas y conflictos en colaboración, se adquieren las competencias necesarias para seguir diversos procesos de pensamiento, utilizar el razonamiento lógico, analizar y enjuiciar críticamente los problemas sociales e históricos. El desarrollo de actividades, orientadas por valores socialmente admitidos, en un clima de convivencia acogedor, estimulante y educativo, refuerza en sí mismo el logro de los fines del área. Valores Sociales y Cívicos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Bloque 1. La identidad y la dignidad de la persona 1. Construir el estilo personal basándose en la respetabilidad y la dignidad personal. 2. Desarrollar el propio potencial, manteniendo una motivación intrínseca y esforzándose para el logro de éxitos individuales y compartidos. 3. Adquirir capacidades para tomar decisiones de forma independiente, manejando las dificultades para superar frustraciones y sentimientos negativos ante los problemas. 4. Crear una imagen positiva de sí mismo tomando decisiones meditadas y responsables, basadas en un buen autoconcepto. 5. Estructurar un pensamiento efectivo e independiente empleando las emociones de forma positiva. 6. Desarrollar la autonomía y la capacidad de emprendimiento para conseguir logros personales responsabilizándose del bien común. 7. Proponerse desafíos y llevarlos a cabo mediante una toma de decisiones personal, meditada y responsable, desarrollando un buen sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 1.1. Explica el valor de la respetabilidad y la dignidad personal. 1.2. Razona el sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. 1.3. Actúa de forma respetable y digna. 2.1. Trabaja en equipo valorando el esfuerzo individual y colectivo para la consecución de objetivos. 2.2. Explica razones para asumir sus responsabilidades durante la colaboración. 2.3. Genera confianza en los demás realizando una autoevaluación responsable de la ejecución de las tareas. 3.1. Utiliza el pensamiento creativo en el análisis de problemas y el planteamiento de propuestas de actuación. 3.2. Propone alternativas a la resolución de problemas sociales. 3.3. Sabe hacer frente a la incertidumbre, el miedo o el fracaso. 4.1. Conoce y asume los rasgos característicos de su personalidad poniéndolos de manifiesto asertivamente. 4.2. Expresa la percepción de su propia identidad integrando la representación que hace de sí mismo y la imagen que expresan los demás. 4.3. Manifiesta verbalmente una visión positiva de sus propias cualidades y limitaciones. 5.1. Reflexiona, sintetiza y estructura sus pensamientos. 5.2. Utiliza estrategias de reestructuración cognitiva. 5.3. Describe el valor de la reestructuración cognitiva y la resiliencia. 5.4. Aplica el autocontrol a la toma de decisiones, la negociación y la resolución de conflictos. 5.5. Realiza un adecuado reconocimiento e identificación de sus emociones. 5.6. Expresa sus sentimientos, necesidades y derechos a la vez que respeta los de los demás en las actividades cooperativas. 6.1. Participa en la solución de los problemas escolares con seguridad y motivación. 6.2. Realiza propuestas creativas y utiliza sus competencias para abordar proyectos sobre valores sociales. 6.3. Identifica, define problemas sociales y cívicos e implanta soluciones potencialmente efectivas. 6.4. Define y formula claramente problemas de convivencia. 6.5. Razona la importancia de la iniciativa privada en la vida económica y social. 7.1. Sopesa las consecuencias de sus acciones. 7.2. Desarrolla actitudes de respeto y solidaridad hacia los demás en situaciones formales e informales de interacción social. 7.3. Emplea el pensamiento consecuencial para tomar decisiones éticas. 7.4. Identifica ventajas e inconvenientes de una posible solución antes de tomar una decisión ética. Bloque 2. La comprensión y el respeto en las relaciones interpersonales 1. Expresar opiniones, sentimientos y emociones utilizando coordinadamente el lenguaje verbal y no verbal. 2. Utilizar habilidades de escucha y el pensamiento de perspectiva con empatía. 3. Emplear la asertividad. 4. Iniciar, mantener y finalizar conversaciones con una manera de hablar adecuada a los interlocutores y el contexto, teniendo en cuenta los factores que inhiben la comunicación para superar barreras y los que permiten lograr cercanía. 5. Dialogar creando pensamientos compartidos con otras personas para encontrar el mejor argumento. 6. Establecer relaciones interpersonales positivas empleando habilidades sociales. 7. Actuar con tolerancia comprendiendo y aceptando las diferencias. 8. Analizar críticamente las consecuencias de los prejuicios sociales, reflexionando sobre los problemas que provocan y su efecto en las personas que los sufren. 9. Contribuir a la mejora del clima del grupo mostrando actitudes cooperativas y estableciendo relaciones respetuosas. 1.1. Expresa con claridad y coherencia opiniones, sentimientos y emociones. 1.2. Emplea apropiadamente los elementos de la comunicación verbal y no verbal, en consonancia con los sentimientos. 1.3. Utiliza la comunicación verbal en relación con la no verbal en exposiciones orales y debates. 1.4. Exponer respetuosamente los argumentos. 2.1. Escucha exposiciones orales y entiende la comunicación desde el punto de vista del que habla. 2.2. Dialoga interpretando y dando sentido a lo que oye. 2.3. Realiza actividades cooperativas detectando los sentimientos y pensamientos que subyacen en lo que se está diciendo. 2.4. Colabora en proyectos grupales escuchando activamente, demostrando interés por las otras personas y ayudando a que sigan motivadas para expresarse. 3.1. Expresa abiertamente las propias ideas y opiniones. 3.2. Realiza una defensa tranquila y respetuosa de las posiciones personales. 3.3. Utiliza el lenguaje positivo. 3.4. Se autoafirma con respeto. 4.1. Se comunica empleando expresiones para mejorar la comunicación y facilitar el acercamiento con su interlocutor en las conversaciones. 4.2. Muestra interés por sus interlocutores. 4.3. Comparte sentimientos durante el diálogo. 4.4. Utiliza los elementos que contribuyen al diálogo. 4.5. Reconoce los elementos que bloquean la comunicación en diferentes situaciones. 5.1. Infiere y da el sentido adecuado a la expresión de los demás. 5.2. Utiliza correctamente las estrategias de escucha activa: clarificación, parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos. 5.3. Relaciona diferentes ideas y opiniones para encontrar sus aspectos comunes. 6.1. Interacciona con empatía. 6.2. Utiliza diferentes habilidades sociales. 6.3. Sabe contribuir a la cohesión de los grupos sociales a los que pertenece. 7.1. Identifica diferentes maneras de ser y actuar. 7.2. Respeta y acepta las diferencias individuales. 7.3. Valora las cualidades de otras personas. 7.4. Comprende y aprecia positivamente las diferencias culturales. 8.1. Analiza los problemas que originan los prejuicios sociales. 8.2. Expone razonadamente las consecuencias de los prejuicios sociales para las personas del entorno social próximo. 8.3. Detecta y enjuicia críticamente prejuicios sociales detectados en su entorno próximo expresando las conclusiones en trabajos creativos. 9.1. Forma parte activa en las dinámicas de grupo. 9.2. Consigue la aceptación de los compañeros. 9.3. Establece y mantiene relaciones emocionales amistosas, basadas en el intercambio de afecto y la confianza mutua. 9.4. Expone mediante historias creativas las características de la amistad. Bloque 3. La convivencia y los valores sociales 1. Resolver problemas en colaboración, poniendo de manifiesto una actitud abierta hacia lo demás y compartiendo puntos de vista y sentimientos. 2. Trabajar en equipo favoreciendo la interdependencia positiva y mostrando conductas solidarias. 3. Practicar el altruismo en el entorno cercano sensibilizando sobre su valor. 4. Implicarse en la elaboración y el respeto de las normas de la comunidad educativa empleando el sistema de valores personal que construye a partir de los valores universales. 5. Participar activamente en la vida cívica de forma pacífica y democrática transformando el conflicto en oportunidad, conociendo y empleando las fases de la mediación y empleando el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos personales. 6. Comprender el sentido de la responsabilidad social y la justicia social empleando la capacidad de reflexión, síntesis y estructuración. 7. Crear un sistema propio de valores, asumiendo los derechos y deberes del alumno, realizando juicios morales de situaciones escolares y resolviendo dilemas morales con supuestos prácticos. 8. Comprender lo que es un dilema moral y resolver dilemas morales para detectar prejuicios relativos a las diferencias culturales. 9. Respetar los valores universales comprendiendo la necesidad de garantizar los derechos básicos de todas las personas. 10. Comprender la declaración de la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, aplicándola al análisis del entorno social. 11. Expresar la relevancia de preservar los derechos de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión realizando trabajos de análisis y síntesis. 12. Comprender la importancia de los derechos del niño valorando las conductas que los protegen. 13. Comprender la correlación entre 14. Participar activamente en la vida cívica valorando la igualdad de derechos y corresponsabilidad de hombres y mujeres. 15. Comprender y valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia, argumentando en base a procesos de reflexión, síntesis y estructuración. 16. Respetar los valores socialmente reconocidos, conociendo y apreciando los valores de la Constitución española y los Derechos y Deberes de la Constitución española. 17. Crear un sistema de valores propios realizando juicios morales basados en los derechos y deberes básicos de la Constitución española. 18. Conocer y expresar las notas características de la democracia y la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática, así como el significado de los símbolos nacionales, la Bandera, el Escudo de España y el Himno nacional como elementos comunes de la Nación española y el conjunto de los españoles. 19. Comprender la importancia de la contribución de los ciudadanos a los servicios públicos y los bienes comunes a través de los impuestos realizando razonamientos críticos. 20. Realizar un uso responsable de los bienes de la naturaleza, comprendiendo e interpretando sucesos, analizando causas y prediciendo consecuencias. 21. Contribuir a la conservación del medio ambiente manteniendo una actitud crítica ante las faltas de respeto. 22. Valorar el uso responsable de las fuentes de energía en el planeta concienciándose del respeto del entorno y desarrollando la capacidad crítica hacia los acontecimientos que lo modifican. 23. Ser capaz de realizar primeros auxilios y tomar medidas preventivas valorando la importancia de prevenir accidentes domésticos. 24. Emplear las nuevas tecnologías desarrollando valores sociales y cívicos en entornos seguros. 25. Analizar críticamente la influencia de la publicidad sobre el consumo utilizando las nuevas tecnologías. 26. Valorar las normas de seguridad vial, analizando las causas y consecuencias de los accidentes de tráfico. 27. Investigar sobre la prevención de accidentes de tráfico generando iniciativas y alternativas personales. 1.1. Establece relaciones de confianza con los iguales y las personas adultas. 1.2. Desarrolla proyectos y resuelve problemas en colaboración. 1.3. Pone de manifiesto una actitud abierta hacia los demás compartiendo puntos de vista y sentimientos durante la interacción social en el aula. 2.1. Muestra buena disposición a ofrecer y recibir ayuda para el aprendizaje. 2.2. Recurre a las estrategias de ayuda entre iguales. 2.3. Respeta las reglas durante el trabajo en equipo. 2.4. Utiliza las habilidades del trabajo cooperativo. 2.5. Emplea destrezas de interdependencia positiva. 2.6. Describe conductas solidarias. 3.1. Se muestra generoso en su entorno cercano. 3.2. Es capaz de sensibilizar sobre causas altruistas realizando exposiciones orales sobre su valor y cometidos. 3.3. Colabora en causas altruistas en colaboración con la comunidad educativa. 4.1. Explica el concepto de norma. 4.2. Argumenta la necesidad de que existan normas de convivencia en los diferentes espacios de interacción social. 4.3. Participa en la elaboración de las normas del colegio. 4.4. Infiere la necesidad de las normas de su comunidad educativa. 4.5. Respeta las normas del centro escolar. 5.1. Resuelve los conflictos de modo constructivo. 5.2. Sigue las fases de la mediación en situaciones reales y simulaciones. 5.3. Maneja el lenguaje positivo en la comunicación de pensamientos, intenciones y posicionamientos en las relaciones interpersonales. 5.4. Analiza las emociones, sentimientos, posibles pensamientos y puntos de vista de las partes en conflicto. 6.1. Razona el sentido de la responsabilidad social y la justicia social. 6.2. Identifica y analiza críticamente desigualdades sociales. 7.1. Conoce y respeta los derechos y deberes del alumno. 7.2. Realiza juicios morales de situaciones escolares. 7.3. Justifica sus actuaciones en base a valores personales como la dignidad, la libertad, la autoestima, la seguridad en uno mismo y la capacidad de enfrentarse a los problemas. 8.1. Expresa lo que es un dilema moral. 8.2. Realiza juicios morales. 8.3. Analiza y resuelve dilemas morales en situaciones reales y simuladas. 8.4. Resuelve dilemas morales en relación a prejuicios relativos a las diferencias culturales. 9.1. Argumenta el carácter universal de los derechos humanos. 9.2. Expone la importancia de que todas las personas disfruten de los derechos básicos: salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica. 9.3. Enjuicia críticamente las circunstancias de personas que viven en situación de privación de los derechos básicos. 10.1. Argumenta y expone mediante imágenes la importancia de garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 10.2. Analiza formas de discriminación: racismo, xenofobia, desigualdad de oportunidades. 10.3. Analiza hechos discriminatorios: maltrato, exclusión de minorías étnicas, reclusión en campos de concentración, el holocausto, segregación por enfermedad… 10.4. Descubre y enjuicia críticamente casos cercanos de desigualdad y discriminación. 10.5. Detecta prejuicios y analiza conflictos derivados del uso de estereotipos en el contexto escolar. 11.1. Valora y respeta la libre expresión. 11.2. Comprende, interpreta y acepta opiniones diferentes a las propias. 11.3. Relaciona diferentes culturas y religiones con las formas de pensamiento de personas pertenecientes a ellas. 11.4. Analiza, reflexiona y expresa conclusiones sobre los derechos de libre expresión y opinión, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 12.1. Expone los derechos básicos del niño. 12.2. Argumenta la necesidad de proteger los derechos básicos del niño. 12.3. Justifica la importancia de que todos los niños reciban ayuda. 12.4. Razona las consecuencias de la explotación infantil y la trata de niños. 13.1. Expone verbalmente la correlación entre derechos y deberes. 13.2. Razona la valoración de situaciones reales, expuestas en Internet, en relación a los derechos del niño. 13.3. Expone mediante trabajos de libre creación las conclusiones de su análisis crítico de las diferencias en la asignación de tareas y responsabilidades en la familia y la comunidad escolar en función del sexo.   14.1. Enjuicia críticamente actitudes de falta de respeto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. 14.2. Colabora con personas de otro sexo en diferentes situaciones escolares. 14.3. Realiza diferentes tipos de actividades independientemente de su sexo. 15.1. Expone de forma argumentada la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres, la corresponsabilidad en las tareas domésticas y el cuidado de la familia. 15.2. Realiza trabajos de libre creación investigando casos de falta de corresponsabilidad en el cuidado de la familia presentados en los medios de comunicación. 15.3. Valora el uso del diálogo para la resolución de posibles conflictos en las relaciones afectivas. 16.1. Enjuicia críticamente los valores implícitos en diversas situaciones, de acuerdo con los que constituyen la vida en común en una sociedad democrática. 16.2. Reflexiona sobre los Derechos y Deberes de la Constitución española. 17.1. Explica los derechos y deberes básicos de la Constitución española. 17.2. Realiza sencillos juicios morales fundamentados. 17.3. Participa en el bienestar del entorno próximo basándose en los derechos y deberes básicos de la Constitución española. 18.1. Expresa las notas características de la convivencia democrática. 18.2. Argumenta la importancia de los valores cívicos en la sociedad democrática. 19.1. Comprende, valora y expone por escrito el deber de la aportación ciudadana al bien de la sociedad. 19.2. Explica la función de los impuestos de proporcionar recursos sociales que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. 19.3. Realiza producciones creativas sobre las consecuencias de no pagar impuestos. 20.1. Muestra interés por la naturaleza que le rodea y se siente parte integrante de ella. 20.2. Razona los motivos de la conservación de los bienes naturales. 20.3. Propone iniciativas para participar en el uso adecuado de bienes naturales razonando los motivos. 21.1. Analiza, explica y expone las causas y consecuencias de la intervención humana en el medio. 21.2. Investiga críticamente la intervención humana en el medio ambiente y comunica los resultados. 21.3. Argumenta comportamientos de defensa y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del medio ambiente. 22.1. Toma conciencia de la limitación de los recursos energéticos y explica las consecuencias del agotamiento de las fuentes de energía. 22.2. Investiga los efectos del abuso de determinadas fuentes de energía. 22.3. Realiza trabajos creativos sobre la necesidad del aire no contaminado para la salud y la calidad de vida. 22.4. Expone gráficamente argumentos para rechazar actividades humanas contaminantes. 23.1. Valora la importancia del cuidado del cuerpo y la salud y de prevenir accidentes domésticos. 23.2. Razona las repercusiones de determinadas conductas de riesgo sobre la salud y la calidad de vida. 23.3. Conoce las prácticas de primeros auxilios. 23.4. Expresa las medidas preventivas de los accidentes domésticos más frecuentes. 24.1. Realiza un uso ético de las nuevas tecnologías. 24.2. Conoce el empleo seguro de las nuevas tecnologías. 24.3. Analiza y enjuicia críticamente los contenidos del entorno digital. 25.1. Realiza análisis de información digital sobre las razones por las que las personas sienten la necesidad de consumir al ver un anuncio publicitario. 25.2. Reflexiona sobre la influencia de la publicidad expresando las conclusiones mediante trabajos creativos. 25.3. Realiza exposiciones enjuiciando críticamente hábitos de consumo innecesario. 26.1. Colabora en campañas escolares sobre la importancia del respeto de las normas de educación vial. 26.2. Investiga sobre las principales causas de los accidentes de tráfico con la ayuda de las nuevas tecnologías. 26.3. Expone las consecuencias de diferentes accidentes de tráfico. 27.1. Analiza información en prensa en relación con los accidentes de tráfico. 27.2. Desarrolla proyectos relacionados con las principales causas de los accidentes de tráfico, sobre los que se informa en diferentes medios de comunicación. 27.3. Reflexiona sobre el modo en que se podrían haber evitado accidentes de tráfico y expone sus conclusiones. 27.4. Explica las principales medidas que se podrían tomar para prevenir accidentes de tráfico.

Currículo básico para educación primaria. Incluye, entre las competencias básicas, "espíritu emprendedor"

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos, los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. Según el nuevo artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, corresponde al Gobierno, entre otros, el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, estándares y resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación, que garantice el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica. Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, descansa sobre una nueva configuración del currículo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En el bloque de asignaturas troncales se garantizan los conocimientos y competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar con aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el alumnado, y que en todo caso deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de etapa. El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta. El bloque de asignaturas de libre configuración autonómica supone el mayor nivel de autonomía, en el que las Administraciones educativas y en su caso los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de las materias troncales o específicas. Esta distribución no obedece a la importancia o carácter instrumental o fundamental de las asignaturas sino a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, acorde con la Constitución española. Esta nueva configuración curricular supone un importante incremento en la autonomía de las Administraciones educativas y de los centros, que pueden decidir las opciones y vías en las que se especializan y fijar la oferta de asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, en el marco de la programación de las enseñanzas que establezca cada Administración educativa. El sistema es más flexible porque permite ajustar la oferta formativa y sus itinerarios a la demanda de las familias y a la proximidad de facultades o escuelas universitarias y otros centros docentes, y favorece la especialización de los centros en función de los itinerarios ofrecidos. La nueva organización de la Educación Primaria se desarrolla en los artículos 16 a 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Primaria se ha diseñado de acuerdo con lo indicado en dichos artículos, en un intento de simplificar su regulación, que se ha centrado en los elementos curriculares indispensables. En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales. Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto. Se adopta la denominación de ### RESUMEN: Currículo básico para educación primaria. Incluye, entre las competencias básicas, "espíritu emprendedor"

ECLI:ES:TC:2020:6 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 6354-2017, promovido por don Antonio Carmona Vera, representado por la procuradora de los Tribunales doña Amparo Ramírez Plaza y bajo la dirección del letrado don Valentín J. Aguilar Villuendas, contra el acuerdo de la dirección del centro penitenciario de Córdoba de 25 de enero de 2017, que denegó al interno, hoy recurrente en amparo, su solicitud de entrevistarse con un profesional de la comunicación; el auto dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Córdoba el 18 de septiembre de 2017, que desestimó la queja del interesado contra el acuerdo anterior (expediente de queja núm. 978-2017) y el auto desestimatorio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba de 26 de diciembre de 2017, en recurso de apelación núm. 1357-2017 contra el precedente auto. Ha intervenido el ministerio fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías. I. Antecedentes 1. La procuradora de los tribunales doña Amparo Ramírez Plaza, en nombre y representación de don Antonio Carmona Vera, y bajo la dirección del letrado don Valentín J. Aguilar Villuendas, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de febrero de 2018. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) El día 9 de octubre de 2016, el hoy recurrente en amparo, interno en el centro penitenciario de Córdoba, solicitó de la dirección del mismo autorización para ser visitado por un profesional de la información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria (en adelante, LOGP), y en el artículo 49.5 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento penitenciario (en adelante, RP). La dirección del centro penitenciario de Córdoba notificó al interno el día 27 de octubre de 2016 que tal solicitud no podía ser valorada si no se procedía a acreditar debidamente la identidad del profesional con el que se solicitaba comunicar y se aportaba la motivación por la que solicitaba la asistencia del referido profesional. En escrito de contestación a dicho requerimiento de fecha 23 de diciembre de 2016, el interno manifestó que ya había puesto a disposición del centro los datos necesarios del medio de comunicación para realizar las comprobaciones oportunas «que hubieran bastado para comprobar o requerir al citado medio lo necesario», pese a lo cual aportó copia del carnet de periodista y certificado del medio de comunicación al que pertenecía la persona para cuya visita se había solicitado autorización, «cuyos originales se aportarán en el momento de la comunicación, si así se requiere». Respecto a la motivación de la asistencia, señala que «en ningún precepto legal o reglamentario se establece dicha obligatoriedad. Al igual que no se justifica los motivos de la entrevista con un letrado o un médico, no hay necesidad ni oportunidad de dicho requerimiento». Es más, señala el interno que tal exigencia vulneraría lo dispuesto en el artículo 20 CE. En cualquier caso —concluye su escrito— «para tranquilidad de la administración penitenciaria, este solicitante informa que no tiene intención de cometer infracción penitenciaria o penal, que pueda producir alteración en la vida regimental y en la ordenada convivencia del centro, ni por supuesto la divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del establecimiento». El 26 de enero de 2017 se notificó al solicitante el acuerdo de la directora del centro penitenciario de Córdoba del día 25 de ese mismo mes y año, por el que se denegaba su solicitud, justificándose la denegación en «que al no presentar motivación que justifique la necesidad de dicha comunicación, no existen garantías suficientes que aseguren el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento». b) Contra este acuerdo formuló el interesado, en fecha 24 de febrero de 2017, queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Andalucía (Córdoba) y, admitida esta, procedió el juzgado a solicitar del centro penitenciario que emitiera informe sobre la cuestión planteada por el interno. Por el citado centro se remitió entonces al órgano judicial escrito de fecha 14 de marzo de 2017, en el que se justificó la denegación de la autorización solicitada por el interno. En concreto, se argumentaba en estos términos: «El informado [el recurrente] solicitó a la Dirección del Centro Penitenciario mediante escrito de fecha 09 de octubre de 2016 comunicar con un profesional de la información para realizar las funciones propias de su respectiva profesión. Toda vez que esta Dirección tiene otorgada la potestad para resolver la cuestión planteada conforme a lo establecido en el art. 51.3 de la LOGP y 49.5 del Reglamento Penitenciario, al no disponer de datos suficientes para resolver sobre el fondo del asunto, se informó al interno con fecha 27/10/2016 sobre la necesidad, para poder resolver, de lo siguiente: – Por un lado, acreditar debidamente al profesional periodista con el que solicita la comunicación. Dato este que aporta en su escrito de fecha 26/12/2016. – Por otro lado, como siempre se requiere para cualquier comunicación con un profesional externo, la motivación de la necesidad de ser atendido en este caso por un profesional periodista, dada la repercusión pública propia del ejercicio profesional que pudiera derivarse tanto para la seguridad como para el buen orden del establecimiento, así como para la salvaguarda, en su caso, de los derechos inherentes a otros internos que pudieran verse afectados. Extremo ese que se niega el solicitante a aportar. Teniendo en cuenta que el derecho que el informado pretende ejercer no se ve afectado, toda vez que: – Realizó recientemente una comunicación oral con otro profesional periodista del mismo medio de comunicación el pasado 25/04/16 (si bien no utilizó los cauces legal y reglamentariamente establecidos). La entrevista resultante de esta comunicación, publicada el pasado 04/06/2016, puso de manifiesto cuestiones que afectaron gravemente a la seguridad del establecimiento, tales como: • El informado reveló datos procesales, penales y penitenciarios tanto personales como de otros internos, sin que conste autorización de los mismos, por lo que se vio afectado el derecho fundamental a la intimidad de estos internos (teniendo la administración penitenciaria la obligación de garantizar el mismo). • Las manifestaciones falsas vertidas sobre los profesionales del Equipo de Tratamiento afectaron a su seguridad, dado que influyeron en la relación profesional de otros internos hacia estos profesionales, ya que desacreditó la actividad laboral de los mismos generando una actitud hostil y de confrontación hacia ellos tanto de internos como de sus familiares. Manifestaciones como estas podrían dar lugar a protestas que inciden negativamente en el buen orden interior y en la seguridad de los funcionarios, pudiendo alterarse la pacífica convivencia y rehabilitadora del conjunto de internos de este centro. – Puede seguir ejerciendo su derecho por otros procedimientos. En base a todo lo anterior, esta Dirección, al carecer de elementos necesarios para garantizar que no se vea afectada la seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la salvaguarda de derechos inherentes a otros internos, acuerda denegar la comunicación solicitada por el informado.» La publicación a la que la dirección del centro hace referencia tenía el siguiente contenido: «Acaba de cumplir 52 años, tiene seis hijos y diez nietos. El tiempo de cumplimiento de condena que pesa sobre él es de 58 años y 247 días. Aún le restan doce años y medio. Desde hace ocho meses, comparte celda con su hijo de 23 años, al que también le unen sus tres iniciales. Antonio C.V. puso su primer pie en prisión en 1979, tras robar un coche junto a un amigo. “No tiene sentido que tengan tanto tiempo en la cárcel a una persona como yo”, insiste pese a poder caer en la clemencia a la que se agarran tantos presos. Pero esta versión moderna de “En el nombre del padre” tiene unas características particulares que abren el debate, con la prisión permanente revisable a punto de cumplir un año en España, a lo que se denomina desde el punto de vista penitenciario como una cadena perpetua de hecho. Recién estrenado junio, el calor es bastante sofocante ya en la prisión de Alcolea. Difícil imaginar las temperaturas en pleno verano. En el control de accesos, el acento cordobés resuena en cada conversación. Muchas familias se saludan, es de suponer que de visitas anteriores. ¿Cuáles serán sus historias? La espera se alarga, casi una hora. Una puerta se cierra a la espalda antes de que se abra la siguiente mientras el nutrido grupo de padres, hermanos, amigos, espera el momento entre bromas. Llama la atención el alto número de menores, incluso algún bebé, que protagoniza la comunicación. Antonio espera en su cabina, la que corresponde a su módulo. “Esto es desproporcionado. Llevo 32 años en la cárcel. No soy un asesino ni un violador. No puedo más”. Superadas las tres cuartas partes de la condena, que cumple el 31 de diciembre del 2028, su abogado ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras denegársele el último permiso de salida. “La desesperación del interno es tal que había dejado de intentar permisos durante un largo tiempo”, consta en un recurso previo. El pasado 3 de diciembre la Junta de Tratamiento de la Prisión de Córdoba le denegó nuevamente un permiso. El Juzgado de Vigilancia, primero, y la Audiencia, después, con el apoyo del fiscal, desestimaron su recurso en febrero y marzo. “Condenado como si fuera un asesino”. “Solo soy un ladrón. ¿Conmigo quieren una condena ejemplarizante? Yo no soy nadie. Tuve una evolución positiva en prisión, lo demostré. Jamás he herido a nadie con un arma y estoy condenado como si fuera un asesino. Por dios, acaba de salir Urrusolo Sistiaga de la cárcel a los 19 años después de participar en nueve asesinatos y dos secuestros. Yo ya he pagado por lo mío. Llevo seis años y medio sin ver la calle”, explica el interno en su cabina. ¿Qué dicen los jueces? “Somos conscientes de la necesidad de que una persona con ese horizonte penitenciario debe albergar alguna perspectiva de futuro que le evite caer en la desesperación, pero frente a ello también comprendemos, y esa es la labor de los técnicos que lo tienen bajo su supervisión y que evalúan el riesgo de reincidencia o quebrantamiento, que si en una nueva salida volviese a delinquir o no volviese al centro, todo lo que se hubiese avanzado hasta ahora se perdería”, argumenta la Audiencia, que también dice entender las “suspicacias” de la Junta de Tratamiento al respecto del permiso. Esas “suspicacias” aluden a permisos disfrutados entre 2003 y 2005, a un tercer grado concedido en 2005, a una libertad condicional de 2006, revocada en enero de 2010. ¿Qué pasó entonces? A.C.V. parece derrumbarse un poco, por primera y única vez en los cuarenta minutos de encuentro. A la muerte de su esposa en 2009 se agarra tanto el interno para tratar de justificar la comisión de nuevos delitos, como los distintos tribunales para negarle un ápice de libertad. “He cometido muchos errores, pero eso pasó hace siete años”. Su recurso incide en que la recaída en las drogas y todos los nuevos hechos delictivos se realizaron entre noviembre de 2009 y enero de 2010. “Mi padre murió también aquel año. Yo no estaba bien. A nadie le ha hecho tanto daño como a mí todo eso. Llevo toda la vida en la cárcel. No tengo nada”. “Dada una oportunidad, la misma se aprovechó exitosamente durante seis años”, recuerda su recurso, que reflexiona así sobre su hipotética reincorporación a la sociedad: Antonio ve denegados sus permisos de salida porque “el riesgo actual de reincidencia es elevado” dada su “dilatada e intensa trayectoria delictiva”. El fiscal recoge en su informe de febrero que el interno ha cometido durante su vida numerosos robos con violencia, con tenencia ilícita de armas, lesiones, amenazas, que requieren “un mayor período efectivo”. “Se considera necesario mayor avance en su programa individualizado de tratamiento para que el permiso pueda tener incidencia positiva y no ser un mero beneficio penitenciario”, argumenta el fiscal, que añade la “profesionalidad delictiva y lejanía de las fechas de cumplimiento”. Según relata su abogado a este periódico, “Antonio representa el mayor fracaso del Estado en política social. No se consiguió evitar que cometiera robos tras cumplir una condena; no se le supo integrar socialmente y en la actualidad lleva ocho años sin que ningún profesional se le acerque (educador, trabajador o psicólogo). ¿Cómo se puede esperar un cambio en una persona sin poner recursos y en este ambiente tan hostil? Antonio incumplió normas pero tantas como el Estado lo está haciendo con él, incumpliendo el mandato constitucional de reinserción”. Según expone Valentín Aguilar, “una medicina que no tiene éxito en general –la reincidencia tras pasar por prisión es del 48 por 100 en hombres– es eliminada. Y en cualquier caso, si a un paciente le sienta mal, es modificada. Esto es lo que le ocurre a Antonio”. Su caso lo llevan desde la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. No le constan sanciones disciplinarias, reconoce la Audiencia, que señala que “los permisos de salida ordinarios son elementos de preparación para la vida en libertad del interno, formando parte de la política de reinserción penitenciaria”. Pero consideran el permiso ‘‘poco útil para la preparación de vida en libertad’ al quedarle doce años y medio de condena. No ha sido posible realizarle una acumulación jurídica por la ‘‘doctrina del cheque en blanco’, indica su abogado, y no tiene condenas ni contra la vida ni contra la libertad sexual. Cuenta con hojas meritorias, trabaja en el office de prisión desde hace dos años y es responsable de biblioteca y deportes, reconocen una y otra parte. ‘‘No se me valora el trabajo aquí. Con que haya uno de la Junta de Tratamiento que no quiera que salgas, no sales [...]. En materia criminal, la Ley favorable al reo tiene siempre preferencia. Lo dice la Constitución. Eso es de primero de Derecho. Aquí tienes que ganártelo y todo se basa en impresiones subjetivas de los funcionarios’’. Miradas amenazadoras, inmunidad total, se entrevé en las palabras de Antonio, que recuerda que ha sufrido torturas en la cárcel. Ha pasado por varias de ellas. ‘‘Las he pasado canutas, en los 80 eran verdugos auténticos’’. El interno observa ‘‘falta de interés real’’ en lo que supone la reinserción social. ‘‘Esa palabra la usan como algo rimbombante pero no saben qué significa. La reinserción no termina cuando sales de la cárcel. Hay que ofrecer una oportunidad. Falta humanidad. ¿Quién me va a dar un trabajo fuera de aquí? Somos seres humanos, no ciudadanos como se empeñan en decir los políticos’’. ‘‘La cadena perpetua de hecho ya existía en España’’. Su abogado insiste en que ‘‘antes de la incorporación de la cadena perpetua había ya cientos de Antonios (más de 250) con acumulación de penas, cuya suma era superior a 40 años, máximo límite legal por condena. La Abogacía Española ya dijo que no debían superar los 15 años porque afectaba a la salud’’. En ese sentido, la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realizó en 2015 un estudio, con 400 encuestas, de las que se pudo deducir que ‘‘la población que estaba a favor de la cadena perpetua es la que más desconocía el sistema penal, basándose en falsas creencias, y que los que estaban en contra lo conocían mejor. De hecho, al aportarle algún dato nuevo, a modo de pregunta reflexiva, un número importante cambiaba de opinión’’, recuerda el letrado. ‘‘Así pues, la cadena perpetua de hecho ya existía en España, en mayor número de lo que se aplicará la prisión permanente revisable, si sigue en vigor, pues no se condenará a tantas personas como ya hay. Ambas comparten que, teóricamente, pueden ser revisadas en la nueva y progresados de grado en la prisión de hecho. Pero ya hemos comprobado cómo en la práctica esto no se ha llevado a cabo, por lo que hacemos una previsión segura de que los condenados a prisión permanente revisable superarán con creces la media del resto de Estados de Europa que sí la tienen. ¿Qué juez va a atreverse a darla? Si a Antonio, que no cometió delitos graves, no se atreven por miedo a un fracaso y a la crítica social, ¿quién va a hacerlo con una persona que cometió un hecho deleznable?’’, argumenta el abogado. ‘‘Lo último que me dijo la educadora es que apenas me conocía y que no podía pronunciarse a mi favor, ¿cómo va a opinar sobre mi posible salida alguien que no me conoce?’’. Después de ocho años sin contacto con algún integrante del equipo técnico (psicólogos, educadores, etc.), su abogado consiguió a través del juzgado que le vieran. ‘‘Dolido y desencantado’’, afirma sentirse el interno. Antonio espera una salida a su situación. ‘‘Aquí no tratan de reinsertar, eso es mentira’’, lamenta al finalizar el encuentro, como si de su última palabra se tratara. ‘‘Es absurdo que piensen que volvería a reincidir. Ahora sólo quiero recuperar el tiempo perdido con mi familia’’. Sus hijas más pequeñas viven con su abuelo en Extremadura. Su pensamiento también se dirige a su madre, de 71 años. ‘‘No tiene sentido que me tengan tanto tiempo en la cárcel’’, concluye. Quizás, como decía Morgan Freeman en Cadena Perpetua, espera algún día ‘‘nunca más perder la esperanza”.» El día 28 de marzo de 2017 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 8 de Andalucía dictó auto desestimatorio de la queja formulada, fundamentando tal decisión en que «se pretende obtener autorización para que el interno pueda ser entrevistado por un periodista y, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 51.3 de la LOGP y 49.5 del RP, dicha autorización es potestativa de la administración penitenciaria, por lo que tal potestad, al configurarse como discrecional, no constituye un derecho subjetivo del interno y encuentra como límite la interdicción de la arbitrariedad, la cual no se produce al constatarse que el 25 de abril de 2016 el interno tuvo ocasión de mantener una entrevista con el mismo medio de información y la entrevista fue publicada el 4 de junio de 2016». c) Contra dicha resolución judicial se interpuso recurso de reforma mediante escrito de fecha 7 de abril de 2017, alegándose indefensión. De un lado, porque, habiéndose denunciado la infracción de derechos fundamentales, no existía en la resolución impugnada motivación alguna sobre la adecuación de la decisión adoptada por el centro penitenciario a los derechos cuya infracción se denuncia. Y, de otro, porque no se había dado traslado al interno del informe del centro penitenciario antes reproducido, siendo ello relevante porque en él se habían introducido hechos nuevos –referidos a la existencia de una entrevista anterior– que no se habían consignado en el acuerdo denegatorio impugnado, por lo que no se tuvo la ocasión de contestar al respecto, al no haber formado parte del debate inicial. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Andalucía, reconociendo que, efectivamente, el informe emitido por la dirección del centro penitenciario con fecha 14 de marzo de 2017 había introducido «una serie de hechos que el recurrente ignoraba posiblemente», estimó el recurso de reforma mediante auto de 2 de mayo de 2017, declarando la nulidad del auto de 28 de marzo de 2017, dejándolo sin efecto en su integridad. De otro lado, se declararon impertinentes las diligencias de prueba propuestas por el interno y se requirió a las partes para que remitieran al Juzgado la publicación resultante de la entrevista anterior del interno con un periodista. d) Frente a dicho auto, se formuló recurso de apelación mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2017. A juicio de la representación procesal del recurrente, no bastaría con que se le dé conocimiento de la existencia de un elemento nuevo en el enjuiciamiento a efectuar por el juzgado de vigilancia penitenciaria, si no se le da, simultáneamente, la oportunidad de rebatirlo mediante la práctica de la prueba solicitada. De otro modo, dicho elemento habría de quedar fuera del debate. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba dictó auto el día 9 de junio de 2017 desestimando el recurso de apelación interpuesto, al entender la Sala que la estimación del recurso de reforma por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria necesariamente había de llevar a retrotraer las actuaciones del juzgado hasta el momento inmediatamente anterior a decidir, por lo que por el juzgado debía procederse a dictar una nueva resolución una vez que el recurrente conociera el informe emitido por la dirección del centro penitenciario y, si lo estimara conveniente, alegara al respecto lo que tuviera por conveniente. En cuanto a la prueba denegada al interno, señala la Audiencia que podría solicitarse de nuevo «tanto si se recurre en reforma la resolución que se dicte, como posteriormente, si nuevamente es denegada, en apelación». e) De acuerdo con todo lo resuelto, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Andalucía dictó un nuevo auto, número 2927/2017, de 18 de septiembre de 2017, de desestimación de la queja formulada. Argumenta el juzgado que la autorización o denegación de las comunicaciones con profesionales de diversa índole (entre ellos los periodistas) solicitadas por los internos es una cuestión discrecional que pertenece al ámbito de la administración penitenciaria y de su política, cuyo único requisito es su debida motivación y que esta sea razonable; amén de no infringir o vulnerar derechos fundamentales, cuya tutela obviamente compete a los juzgados de vigilancia penitenciaria en primera instancia. En el presente caso, entiende el juzgador que el acuerdo denegatorio de la dirección del centro penitenciario estuvo debidamente motivado, pues se rechaza su solicitud debido a un «mal uso» por parte del periodista inicialmente acreditado de la comunicación autorizada con anterioridad, el día 25 de abril de 2016, que dio lugar a la publicación de 4 de junio de 2016. En esta publicación se afirma en el auto, bajo el pretexto de realizar una crítica a la política penitenciaria en general, se aportan datos personales de un interno determinado y de algunos otros, así como del personal de la junta de tratamiento, que pueden poner en riesgo el buen orden del régimen penitenciario bajo criterio de la dirección, siendo esta la base fundamental de la denegación. Sería aquí –para el magistrado-juez de vigilancia penitenciaria– donde puede producirse una colisión entre el buen orden y el régimen penitenciario y el derecho fundamental a la libertad de expresión y comunicación del art. 20 en sus distintas modalidades. Pero, en este sentido, recuerda que este «derecho fundamental no es ilimitado y mucho menos en el caso de las personas privadas de libertad como ya se recogió en una STC de 3 de junio de 1987» sino que puede ser limitado reglamentariamente en función del buen orden del centro. Por ello y por considerar que el derecho fundamental a la comunicación (en su faceta del periodista) o de expresión (en lo relativo al interno) puede quedar limitado o suspendido por acuerdo de la dirección del centro en base a razones fundadas como es el caso». f) Contra esta resolución se presentó, en fecha 2 de octubre de 2017, recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Córdoba, invocándose la vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de comunicación, señalándose, asimismo, que la resolución recurrida tuvo en cuenta de forma indebida una motivación no incluida en la resolución administrativa inicial y aportada a posteriori por la administración penitenciaria a solicitud del juzgado de vigilancia penitenciaria. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, dictó auto núm. 993/2017, de 26 de diciembre de 2017, por el que se desestimó el recurso de apelación interpuesto, confirmando el auto recurrido. Afirma la Audiencia que, teniendo en cuenta la motivación ampliada de la dirección del centro penitenciario, resulta creíble que las opiniones vertidas por el apelante en la entrevista publicada un año antes hubieran creado un clima de enfrentamiento entre técnicos e internos mediante el desprestigio de los primeros en relación con su papel predominante en la política de reinserción penitenciaria, con afectación del normal desenvolvimiento de las relaciones de esta índole. Por ello, se considera que la conducta desplegada por el apelante constituye un serio ataque al buen orden penitenciario, como exigencia de orden público cuya alteración constituye una causa de justificación en la limitación de los derechos fundamentales. Se niega, asimismo, que se haya producido vulneración alguna de la libertad de expresión, al haberse ejercido por el interno con anterioridad, manifestando al mismo medio sus impresiones y opiniones en el contexto carcelario y en relación con su concreta situación. 3. Antes de señalar los derechos fundamentales que se consideran vulnerados, el recurrente realiza una consideración general, de acuerdo con la cual enmarca sus quejas en la violación del derecho a transmitir información, garantizado en el art. 20.1 d) CE y –en conexión con este– del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Porque el interno solicitó a la dirección del centro penitenciario expresamente poder comunicar con un profesional de la prensa en ejercicio para transmitirle cierta información para que, tras su adecuado tratamiento, fuera difundida a través de la prensa. Por ello, considera que el derecho en juego es la libertad de información en su sentido más amplio. No se trataría de ejercer la libertad de expresión en el seno de la prisión, sino de comunicar a la sociedad, con vocación de contribuir a la creación de la opinión pública que, conforme a la doctrina constitucional, está en la base de toda sociedad democrática (STC 68/2008, FJ 3). La vulneración del derecho fundamental, a su juicio, se habría consumado mediante distintas lesiones y en diversos momentos procesales. En concreto, se alegan las siguientes vulneraciones de derechos: (i) A expresarse y a transmitir información (artículo 20.1 CE), por someter el ejercicio del derecho a la previa indicación del contenido de la comunicación, vulneración que se atribuye a la denegación de la solicitud del interno en vía administrativa y que no habría sido reparada en la vía jurisdiccional ordinaria. Cuando el recurrente solicitó la comunicación con el periodista, la dirección del centro penitenciario le respondió indicando que conforme al art. 51.3 LOGP y art. 49.5 RP su solicitud no podía ser valorada por no aportar motivación por la que solicita la asistencia del referido profesional. El recurrente respondió al requerimiento negándose a revelar el contenido de la entrevista solicitada, pero garantizando que no tenía intención de cometer infracción penitenciaria ni divulgar noticias o datos falsos. Pese a ello, su petición fue denegada. Añade el recurrente que pretendía comunicar con un periodista para facilitarle información de interés público, sin que lo haya podido realizar por habérsele sometido a una restricción o censura previa. Admite que se le puede limitar el derecho por la seguridad y el buen orden del establecimiento penitenciario, pero no puede hacerse depender la autorización del contenido mismo de la comunicación. En cualquier caso, la motivación de denegación de la solicitud –que «al no presentar motivación que justifique la necesidad de dicha comunicación no existen garantías suficientes que aseguren el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento»–, se considera, por injustificada, contraria al derecho invocado, pues el interno dejó manifiesto que no pretendía cometer ninguna infracción penitenciaria ni divulgar noticias o datos falsos que pudieran poner en peligro dichos bienes jurídicos. (ii) Libertad de expresión e información (artículo 20.1 CE), en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías, por incongruencia, vulneración que se atribuye al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 8 de Andalucía. Según el recurrente, el auto del juzgado de vigilancia está lejos de cumplir con el canon de motivación reforzada exigible a cualquier resolución judicial que limita el ejercicio de un derecho fundamental. El órgano no se adentra en la alegación de desproporcionalidad de la lesión de su derecho fundamental. Los términos de la resolución son tan amplios y superficiales que pueden valer para cualquier tipo de queja relativa a la denegación de una comunicación. Al estimarse el recurso de reforma frente a dicha resolución, la administración, a solicitud del juzgado, añadió nuevas razones para la denegación: ya no era solo por no haber anunciado el contenido de la entrevista, sino por haberse producido una entrevista anterior que habría afectado al buen funcionamiento de la prisión. Al añadirse este nuevo motivo, se produce una «reconstrucción de la motivación», sin una mínima conexión con la anterior. Considera el recurrente que no cabe introducir un nuevo motivo absolutamente ajeno al que se indicó expresamente en la resolución impugnada, en la que se admite un informe relativo a una entrevista realizada años antes y se funda en el mismo su resolución legitimadora de la actuación administrativa, en vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24 CE) y, a su través, de la libertad de transmitir información (art. 20.1 CE). (iii) Libertad de expresión e información (artículo 20.1 CE), en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), por error en la motivación acerca de la arbitrariedad de la medida restrictiva del derecho y en el consecuente juicio de proporcionalidad. Esta última vulneración se atribuye principalmente al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 8 de Andalucía, pero se predica también de la resolución dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, en tanto en cuanto no habría reparado la previa vulneración cometida por el Juzgado. En su auto de 18 de septiembre de 2017, tomando ya en cuenta el informe aportado por el centro penitenciario y valorando sus argumentos junto a los de la resolución denegatoria inicial, se vuelve a rechazar la queja del recurrente. Se indica en el mismo que la denegación de comunicaciones está solo sometida a un deber de motivación, que en este caso se considera suficiente, porque en la entrevista que tuvo lugar con anterioridad «bajo el pretexto de realizar una crítica a la política penitenciaria en general, se aportan datos personales de un interno determinado y de algunos otros así como del personal de la junta de tratamiento». Para el recurrente, en cambio, esta motivación sería insuficiente por incongruente, teniendo en cuenta que nunca fue sancionado por dicha entrevista, pues, aunque el centro lo intentó, la sanción fue anulada por el juez de vigilancia por razones formales. En cuanto a la Audiencia Provincial, en las declaraciones anteriores del interno, aprecia un «serio ataque» al buen orden penitenciario, por lo que viene a reconocer los contenidos críticos de una entrevista anterior como causa suficiente para la limitación del derecho a la libertad de comunicación. Pero el recurrente entiende que sus manifestaciones se encontraban amparadas por su libertad ideológica y de expresión, por lo que, de darse por buena la argumentación de la Sala, se estaría permitiendo una censura ideológica. Por todo ello, se concluye en la demanda de amparo que la argumentación judicial no supera el juicio de proporcionalidad, existiendo, además, medidas menos lesivas del derecho fundamental, como ofrecer al mismo periodista la propia versión de la dirección de la prisión, ordenar la presencia de un funcionario durante la realización de la entrevista para controlar que no se divulgan datos personales de nadie, etc. 4. En la demanda se justifica la especial transcendencia constitucional del recurso afirmando que, la cuestión que se plantea a través del presente recurso de amparo, se incardina en el supuesto citado en el apartado a) del fundamento jurídico 2 de la mencionada STC 155/2009: «el de un recurso que plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del Tribunal Constitucional». Se argumenta de forma detenida y detallada con el objeto de evidenciar que este tribunal no ha resuelto nunca la cuestión nuclear que se plantea en este recurso: «en qué condiciones y bajo qué requisitos puede restringirse a un recluso que mantenga una entrevista con un medio de comunicación». 5. Por escrito registrado el 5 de noviembre de 2018, la procuradora doña Amparo Ramírez Plaza, en representación del hoy recurrente de amparo, informó de hechos acaecidos a la presentación del recurso y que considera pudieran ser de interés a la hora de determinar su admisibilidad. El primero de ellos se refiere a la queja interpuesta el 26 de octubre de 2016 ante el Defensor del Pueblo por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y la Asociación de Prensa de Sevilla, en relación con los hechos que dan lugar al recurso de amparo. Tal queja fue ampliada el 22 de febrero de 2018 y, tras el procedimiento correspondiente, en fecha 8 de octubre de 2018 la oficina de dicha institución comunicó al letrado del hoy recurrente en amparo, como coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía unas recomendaciones dirigidas a la administración penitenciaria que, en esencia, se referían a la conveniencia de arbitrar un desarrollo normativo infrarreglamentario relativo a la regulación de las comunicaciones orales de las personas privadas de libertad con profesionales. En segundo lugar, se da cuenta de la publicación en el «Boletín Oficial del Senado» de la respuesta del Ministerio del Interior a la pregunta formulada por el Defensor del Pueblo en relación con la cantidad de entrevistas de internos con medios de comunicación autorizadas en los centros penitenciarios españoles entre los años 2015-2017. La contestación del Gobierno, de 23 de abril de 2018, ponía de relieve que no había habido en ese período ninguna entrevista autorizada, si bien se realizaron reportajes donde voluntariamente se habría entrevistado algún interno de forma voluntaria. Se indicaba, asimismo, que todas las resoluciones de la administración desestimatorias habían estado fundadas y motivadas en Derecho, por cuestiones de orden y seguridad del establecimiento. 6. La Sección Tercera de este Tribunal, por providencia de 29 de enero de 2019, acordó la admisión a trámite del recurso de amparo, apreciando que concurre una especial trascendencia constitucional, porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009, FJ 2 a)]. Constando ya la recepción del testimonio de las actuaciones judiciales y en aplicación de lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Córdoba, a fin de que emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si así lo deseaban, en el recurso de amparo. 7. Por diligencia de ordenación de 6 de marzo de 2019, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al ministerio fiscal por plazo común de veinte días para que, dentro de los mismos, pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC. 8. La representación procesal del recurrente de amparo presentó escrito de alegaciones de 7 de abril de 2019, en el que se remitía íntegramente a lo expuesto en el escrito de amparo en su día formalizado. 9. El ministerio fiscal, por escrito registrado el 9 de abril de 2019, formuló alegaciones, comenzando su escrito por señalar que se trata de un recurso de amparo mixto, por lo que centra su análisis en la primera queja formulada, referida a la resolución administrativa del centro penitenciario de Córdoba ya mencionada, que no es otra, a su parecer, que la supuesta vulneración del derecho a transmitir información (artículo 20.1 CE). Tras justificar que el recurrente es titular de este derecho de libertad y realizar unas consideraciones generales acerca de su dimensión institucional, se afirma que la restricción de los derechos de los reclusos habrá de ser justificada, necesaria y proporcional con el fin perseguido: velar por la seguridad y buen orden regimental del centro penitenciario. En este caso, aunque se aludió a dicho fin previsto en la ley penitenciaria, no se expresaron las específicas razones por las que se entendió existente ese riesgo, que, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tendrían que haber sido «relevantes y suficientes». Por ello, no solo se habría vulnerado la libertad de información del interno, sino que también se habría frustrado indebidamente el derecho de la colectividad a recibir la información, en cuanto derecho constitutivo de un valor esencial en un Estado democrático. Para el ministerio fiscal, en nada cambiaría esta conclusión la circunstancia de que el centro penitenciario informara posteriormente al juzgado de vigilancia penitenciaria sobre el probable «mal uso» de la comunicación por parte del periodista, habida cuenta de que tal argumentación no fue esgrimida, aun habiendo podido serlo, en la resolución recurrida. Por todo lo anterior, concluye el escrito del ministerio fiscal interesando que se otorgue el amparo solicitado por vulneración del derecho fundamental a la libertad de información [art. 20.1 d) CE], anulándose el acuerdo de la dirección del centro penitenciario de Córdoba de 25 de enero de 2017, así como las resoluciones jurisdiccionales impugnadas, en cuanto confirmaron la resolución administrativa, sin necesidad de entrar a considerar las vulneraciones de derechos fundamentales que en la demanda de amparo se les atribuyen. 10. Por providencia de 23 de enero de 2020 se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 27 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Objeto del recurso y posición de las partes. Según se ha puesto de relieve en los antecedentes de hecho de esta resolución, el recurrente considera vulneradas su libertad de expresión e información (art. 20.1 CE), al haberle impedido la dirección del centro penitenciario en el que se encontraba interno en el momento de interponer la demanda de amparo, mantener una entrevista con un profesional de la prensa, en concreto, un periodista del diario digital «eldiario.es». En conexión con tal infracción, se achaca a las resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Córdoba y por la Audiencia Provincial de Córdoba la vulneración de los derechos a un proceso con todas las garantías por incongruencia (respecto de la primera de ellas) y a la tutela judicial efectiva por error en la motivación acerca de la arbitrariedad de la medida restrictiva del derecho y en el consecuente juicio de proporcionalidad (respecto de ambas resoluciones). Se solicita la declaración de nulidad, tanto de estas decisiones judiciales, como del acuerdo de la directora del centro penitenciario del que traen causa y el reconocimiento al recurrente de su derecho a expresarse y a transmitir libremente información sin ser sometido a censura previa. El ministerio fiscal, tal y como ha quedado expuesto también en los antecedentes, solicita que se otorgue el amparo por haberse vulnerado el citado derecho, instándose la anulación del acuerdo de la dirección del centro penitenciario de Córdoba de 25 de enero de 2017, así como de las resoluciones jurisdiccionales impugnadas, en cuanto confirmaron la resolución administrativa, sin entrar a enjuiciar las vulneraciones de derechos fundamentales que en la demanda de amparo se atribuyen a estas últimas. 2. Amparo mixto. Carácter prioritario de la impugnación del acto administrativo. Como advierte el fiscal en su escrito de alegaciones, nos encontramos ante un recurso de amparo mixto, resultado de la acumulación de distintas pretensiones impugnatorias en una misma demanda: aquella cuyo origen se encuentra inicialmente en la administración penitenciaria (art. 43 LOTC) y aquellas que se imputan a la actividad judicial posterior promovida contra la resolución administrativa (art. 44 LOTC). En estos casos, como hemos recordado, entre otras, en las SSTC 113/2008, de 29 de septiembre (FJ 2); 169/2012, de 1 de octubre, FJ 1, y 59/2011, de 3 de mayo, FJ 1, la impugnación del acto administrativo tiene un carácter prioritario, «pues la comisión de una lesión constitucional en el transcurso del proceso judicial no impide que el acto administrativo siga siendo el verdadero objeto del proceso de amparo que finalmente deviene en mixto, sin que exista razón para demorar [un] enjuiciamiento de un acto administrativo ya recurrido en amparo» (STC 113/2008, FJ 2). Lo contrario, como pusimos de manifiesto en la STC 5/2008, de 21 de enero, FJ 3, «haría de peor condición a quien además de haber padecido una vulneración de sus derechos originada por la administración hubiera sufrido otra lesión añadida, causada por el órgano judicial, frente a quien solo ha sufrido la primera, pues así como este obtendría una reparación inmediata en sede de amparo, aquel vería retrotraída la causa a la jurisdicción ordinaria para que allí se repare la lesión sufrida al intentar corregir la lesión administrativa originaria. Lo cual tendría un efecto retardatorio para la tutela del derecho sustantivo en juego que hemos rechazado en numerosas ocasiones (así, SSTC 220/2005, de 12 de septiembre, FJ 2; 307/2006, de 23 de octubre, FJ 2, y 62/2007, de 27 de marzo, FJ 2)». De acuerdo con dicha doctrina, comenzaremos nuestro enjuiciamiento por la lesión que se imputa al acuerdo de la directora del centro penitenciario de Córdoba del día 25 de enero de 2017, por el que se denegaba la solicitud del hoy recurrente en amparo para ser visitado y comunicar con un profesional de la información. Solo en el caso de que, tras el oportuno análisis, se concluya que dicho acto no vulneró los derechos fundamentales del solicitante resultaría procedente pronunciarse acerca de las vulneraciones que se achacan en la demanda a las resoluciones judiciales posteriores. 3. Los términos de la denegación de la comunicación solicitada. Premisas para su control de constitucionalidad. Como se ha visto en los antecedentes de la presente resolución, el recurrente alega que la administración penitenciaria ha vulnerado sus libertades de expresión e información, aunque en el ámbito de su derecho a transmitir información (artículo 20.1 CE), pues pretendía comunicar con un periodista para hacerle llegar opiniones e informaciones de interés público para que, tras su adecuado tratamiento, las difundiera a través de la prensa. El ejercicio de tales derechos habría sido cercenado, por haber sido sometido a una restricción o censura previa, alegando la directora del centro penitenciario en su resolución denegatoria de la comunicación solicitada que, «al no presentar motivación que justifique la necesidad de dicha comunicación no existen garantías suficientes que aseguren el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento». Para el demandante de amparo tal argumento no justificaría la restricción, pues el interno dejó de manifiesto que no pretendía cometer ninguna infracción penitenciaria ni divulgar noticias o datos falsos que pudieran poner en peligro dichos bienes jurídicos. De acuerdo con la motivación ampliada ofrecida por la administración penitenciaria a solicitud del juzgado de vigilancia penitenciaria, la justificación de la denegación se apoyaría sobre un supuesto «mal uso» de una comunicación realizada por el recluso un año antes con ese mismo medio, pues como resultado de aquella se publicó un artículo que contenía parte de la entrevista en la que, en opinión del centro, se habría vulnerado el derecho fundamental a la intimidad de otros internos (teniendo la administración penitenciaria la obligación de garantizar el mismo). Asimismo, se habría desacreditado a los profesionales del equipo de tratamiento mediante afirmaciones falsas acerca de su actividad laboral, lo que, a su vez, habría creado un ambiente hostil en el centro, afectando «gravemente a la seguridad del establecimiento». Para el recurrente de amparo tal fundamentación no sería admisible pues, al margen de que esta no fue expresada en la resolución administrativa inicial, no sería coherente con el hecho de que el interno no resultó sancionado por el contenido de dicha publicación –pues aunque lo fue en vía administrativa, la sanción fue anulada en la vía jurisdiccional, sin entrar en el fondo, por una incorrecta tipificación–, por lo que este no puede ser el motivo de la denegación de la nueva comunicación solicitada. En definitiva, para el demandante de amparo, se habría impedido ilegítimamente el ejercicio de su libertad de información y expresión al habérsele negado –en una suerte de censura previa– mantener la comunicación solicitada con un periodista, por la única razón de haber ejercido esas libertades en una entrevista anterior, cuyo contenido no fue del agrado de la dirección del centro en la que se encontraba interno. Se trata, por tanto, de pronunciarse sobre la legitimidad constitucional de una medida concreta, la denegación por parte del centro penitenciario de la comunicación solicitada por el interno que incide negativamente en su libertad de expresión e información (art. 20.1 CE). Para poder dar adecuada respuesta a la queja del recurrente, resulta necesario establecer una serie de premisas, que expondremos a continuación. A) Los reclusos como titulares de los derechos del art. 20 CE. Dadas las circunstancias que concurren en este caso, resulta obligado plantearse, en primer lugar, si un interno en un establecimiento penitenciario puede ser titular de las libertades de expresión e información y, de ser así, cuáles son los límites a su ejercicio. Al respecto, ha de recordarse que este Tribunal ha señalado desde la STC 6/1981 (FJ 4) que la titularidad de los derechos del art. 20 CE no corresponde solo a los periodistas, sino a todos los ciudadanos (así se recuerda, entre otras, en la SSTC 223/1993, de 30 de junio, FJ 2; 23/1995, de 30 de enero, FJ 3; 199/1999, de 8 de noviembre, FJ 3, y 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 2). Y ello, incluso cuando estos no lleven a cabo por sí, directamente, la difusión pública del material noticiable, trasmitiéndolo a profesionales del periodismo para que procedan a su ulterior publicación. Porque el proceso en que la comunicación consiste no siempre podrá iniciarse mediante el acceso directo del profesional del periodismo a dicho material (STC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5). Según ha afirmado reiteradamente el Tribunal, las personas condenadas a una pena de prisión son titulares de las libertades de expresión e información, aunque, lógicamente, su ejercicio viene delimitado por el hecho de que los reclusos poseen un status libertatis sustancialmente más reducido que el de los ciudadanos libres, que viene definido por lo dispuesto en el art. 25.2 CE, de acuerdo con el cual, estos gozarán de los derechos fundamentales del capítulo segundo del título primero de la Constitución, «a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria» (en este sentido, STC 11/2006, de 16 de enero, FJ 2). Por ello, el marco normativo constitucional, de acuerdo con el cual un condenado a pena de prisión recluido en un establecimiento penitenciario puede ejercer su libertad de expresión e información, no viene determinado únicamente por lo dispuesto en el art. 20 CE, sino además por el art. 25.2 CE, pues es este precepto el que constituye la norma específica aplicable a los derechos fundamentales de los reclusos que adquieren un status propio que se configura, de acuerdo con este último precepto constitucional, como una relación de sujeción especial (por todas, STC 11/2006, de 16 de enero, FJ 2, en relación con el derecho a recibir información de los reclusos). a) Delimitación de estos derechos conforme a lo establecido en el art. 20 CE: el respeto a otros derechos, especialmente, el derecho al honor y a la intimidad. La dimensión institucional de las libertades de expresión e información y su posición preferente. Resulta indudable que el ejercicio de las libertades contenidas en el art. 20 CE puede colisionar, en ocasiones, con otros derechos fundamentales, especialmente y por lo que aquí interesa, con los derechos al honor y a la intimidad que, por mandato del art. 20.4 CE, constituyen un límite externo al correcto ejercicio de aquellas (STC 12/2012, de 30 de enero, FJ 6). A su vez, las libertades de expresión e información se encuentran entre los «límites naturales» de los derechos al honor y a la intimidad de terceros (STC 190/2013, de 18 de noviembre, FJ 3). Los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones y a comunicar libremente información veraz se encuentran tan cercanos que, en ocasiones, resultará imposible deslindarlos dentro de un mismo acto de comunicación. No obstante, la jurisprudencia de este Tribunal se ha detenido en delinear los contornos de cada una de ellas a fin de determinar cuáles pueden ser sus límites en el caso concreto. La reciente STC 89/2018, de 6 de septiembre, FJ 2 a), recoge nuestra jurisprudencia consolidada respecto al primero de esos derechos, recordando que tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor. Según hemos dicho con reiteración, este derecho comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige (SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 4, y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4; SSTEDH de 7 de diciembre de 1976, asunto Handyside c. Reino Unido, § 49 y de 8 de julio de 1986, asunto Lingens c. Austria § 41), pues «así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe ‘‘sociedad democrática’. (SSTEDH de 23 de abril de 1992, asunto Castells c. España, § 42; de 29 de febrero de 2000, asunto Fuentes Bobo c. España, § 43, y de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España, § 30). Junto a ello, también hemos señalado que «la libertad de expresión es más amplia que la libertad de información al no operar en el ejercicio de aquella el límite interno de veracidad que es aplicable a esta» (STC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2), lo que se justifica en que «tiene por objeto presentar ideas, opiniones o juicios de valor subjetivos que no se prestan a una demostración de su exactitud» (STC 51/1989, de 22 de febrero, FJ 2). En definitiva, el reconocimiento de la libertad de expresión garantiza el desarrollo de una comunicación pública libre que permita la circulación de ideas y juicios de valor inherente al principio de legitimidad democrática (por todas, SSTC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 3; 20/1992, de 14 de febrero, FJ 3; 9/2007, de 15 de enero, FJ 4). En este sentido, merece especial protección constitucional la difusión de ideas que colaboren a la formación de la opinión pública y facilita que «el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos» (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre, FJ 6; 29/2009, de 26 de enero, FJ 5). Entre ellas, hemos incluido no solo los juicios de valor de ámbito político o los que se refieren directamente al funcionamiento de las instituciones públicas (STEDH de 13 de noviembre de 2003, asunto Scharsach y News Verlagsgesellschaft c. Austria, § 30), sino también los que tienen por objeto la valoración crítica del modelo de sociedad y su evolución. En esta misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que, en los ámbitos del discurso político y de las cuestiones de interés general, el art. 10.2 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) no queda apenas espacio para la restricción de la libertad de expresión, que prevalecerá frente a posibles afectaciones del derecho al honor (SSTEDH de 29 de marzo de 2016, asunto Bédat c. Suiza, § 49 y de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España, § 32 y jurisprudencia en ellas citada). En concreto —y por lo que aquí interesa—, sobre la crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad, hemos advertido que esta no ha de confundirse, sin más, con un «atentado al honor» (por todas, STC 9/2007, de 15 de enero). Solo escapan a la protección del art. 18.1 CE «aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido» (STC 180/1999, FJ 5). En supuestos en los que las frases proferidas constituyen una crítica referida específicamente a la labor profesional de un funcionario público, el Tribunal ha dicho que se amplían los límites permisibles. El canon de análisis correspondiente exige prestar especial atención, entre otras cosas, a las circunstancias concretas o contexto en que las expresiones debatidas se vierten, su contenido, la mayor o menor intensidad de las frases; su tono humorístico o mordaz; el hecho de afectar al honor del titular del cargo no en su faceta íntima y privada, sino en relación con su comportamiento como titular de una función pública; la existencia o inexistencia de animus iniuriandi; el interés general o la relevancia pública de las manifestaciones, expresiones o ideas exteriorizadas, y, por encima de todo, si contribuyen o no a la formación de la opinión pública libre (SSTC 107/1988, de 8 de junio; 105/1990, de 6 de junio; 171/1990, de 12 de noviembre; 85/1992, de 8 de junio;15/1993, de 18 de enero, y 3/1997, de 13 de enero entre otras). En el caso de que el objeto de las críticas sea alguna institución pública o una clase del Estado, sin minusvalorar la importancia de su dignidad, reputación o autoridad moral, gozan frente a estas libertades de un nivel de garantía más débil que el que corresponde al honor de las personas de relevancia pública, máxime cuando las opiniones o informaciones que pueden atentar contra tales valores se dirigen no contra una institución, clase o cuerpo como tal, sino indeterminadamente contra los individuos que pertenezcan o formen parte de los mismos en un momento dado (STC 51/1989, de 22 de febrero, FJ 2), siempre que no se ponga en cuestión su probidad pública (STC 371/1993, de 13 de diciembre, FJ 8). Así, por ejemplo, hemos considerado cubierta por la libertad de expresión la crítica de la desidia municipal, al no existir una intención de injuria o de menosprecio, sino ejercicio legítimo del derecho a la crítica del funcionamiento de las instituciones públicas (STC 170/1994, de 7 de junio, FJ 4). En cuanto a la libertad de información y su posible colisión con el derecho a la intimidad de terceros, para que la emisión de una noticia o información goce de la máxima protección del art. 20.1 d) CE y prevalezca, por ello, sobre este último, hemos establecido dos condiciones, que también han sido exigidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, entre otras muchas, en las sentencias de 17 de diciembre de 2004 (asunto Cumpânâ y Mazâré c. Rumanía) y 31 de enero de 2006 (asunto Stângu y Scutelnicu c. Rumania). La primera de dichas condiciones consiste en que lo transmitido sean hechos «veraces», que en nuestra doctrina hemos hecho equivalentes a hechos «contrastados» con la debida diligencia profesional, por todas, STC 107/1988. Así, este Tribunal ha hecho recaer sobre los autores de la noticia un «deber de diligencia en la comprobación de la veracidad de la información [que] no se satisface con la pura remisión a fuentes indeterminadas que, en ningún caso, liberan al autor de la información del cumplimiento de dicho deber, pues al asumir y transmitir a la opinión pública la noticia, también asume la veracidad o inveracidad, en cuanto que la obligación de contrastar la verosimilitud de la noticia es un deber propio y específico de cada informador» (STC 172/1990, de 12 de diciembre; y en parecidos términos, SSTC 6/1996, de 16 de enero, y 21/2000, de 31 de enero). La otra condición para que la información goce de la protección constitucional consiste en que recaiga sobre «hechos noticiables», esto es, sobre materias de relevancia pública que sean de interés general, ya sean por las materias a que se refiere o por las personas que en ellos intervienen; contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública (por todas, STC 18/2015, de 16 de febrero, FFJJ 4 y 5). Respecto de ambas libertades, ha de recalcarse, pues, que es precisamente cuando su ejercicio versa sobre materias que contribuyen a la formación de una opinión pública libre cuando su protección constitucional opera con la mayor eficacia, máxime cuando se ejercitan por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de opinión que es la prensa, entendida en su más amplia acepción (STC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4). Y ello porque, de acuerdo también con nuestra constante jurisprudencia, el art. 20 de la norma fundamental, además de consagrar el derecho a la libertad de expresión y a comunicar o recibir libremente información veraz, garantiza el interés constitucional de la formación y existencia de una opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia ya que, al ser una condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática (STC 9/2007, de 15 de enero, FJ 4). Para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas» (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4, reiterada por la STC 79/2014, de 28 de mayo, FJ 6). En la misma línea se pronuncia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde la sentencia en el asunto Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976, al afirmar que estas libertades, reconocidas en el art. 10.1 CEDH, constituyen uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso, por lo que, si bien dichas libertades pueden estar sometidas a restricciones «previstas por la ley», estas han de venir justificadas por una «necesidad social acuciante» (STEDH de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España, § 31, interpretando el sentido del art. 10 § 2 CEDH ) y han de ser interpretadas siempre de forma restrictiva (en el mismo sentido SSTEDH de 23 de abril de 1992, asunto Castells c. España, § 42; de 29 de febrero de 2000, asunto Fuentes Bobo c. España, § 43; de 10 de diciembre de 2007, asunto Stoll c. Suiza, § 101; de 13 de julio de 2012, asunto Movimiento raeliano suizo c. Suiza, § 48; y de 23 de abril de 2015, asunto Morice c. Francia, § 124). Esta dimensión objetiva o institucional de estos derechos-libertad les dota de una preeminencia en nuestro ordenamiento jurídico frente a otros derechos o bienes jurídicos en conflicto, que ha vuelto a ser recordada de forma explícita, entre otras, en la STC 18/2015, de 16 de febrero, FJ 4). Estas libertades aparecen, así, como uno de los fundamentos indiscutibles del orden constitucional español, colocadas en una posición preferente y objeto de especial protección (STC 101/2003, de 2 de junio, FJ 3), y necesitadas de un «amplio espacio» (SSTC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5; 297/2000. de 11 de diciembre, FJ 4; 127/2004, de 19 de julio, FJ 4), es decir, un ámbito exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor. De ahí que disuadir la diligente, y por ello legítima, transmisión de informaciones y de opiniones constituya un límite constitucional esencial que el art. 20 CE impone a todos los poderes públicos y, en particular, al juez penal en nuestro Estado democrático [en esta línea, por todas, SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 4 y 8; 287/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 127/2004, de 19 de julio, FJ 4; 9/2007, de 15 de enero, FJ 4; 253/2007, de 7 de noviembre, FJ 6; 177/2015, de 22 de julio, FJ 2 d); asimismo, STEDH, de 23 de abril de 1992, asunto Castells c. España, § 46]. Ese valor preferente cuando las libertades de expresión e información acercan al conocimiento general hechos u opiniones relevantes para la comunidad, tiene una especial manifestación respecto a las personas que ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, pues deben soportar un mayor riesgo de interferencia en sus derechos que las personas privadas, en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos, situaciones u opiniones que interesan a la comunidad, residiendo en tal criterio el elemento final de valoración para dirimir, en estos supuestos, el eventual conflicto entre las pretensiones de expresión o información y otros derechos fundamentales (en sentido parecido, STC 127/2003, de 30 de junio y las que allí se citan). Igualmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha destacado que, en estos casos, el factor decisivo en la ponderación entre la protección de los derechos ajenos y estas libertades estriba en la contribución de lo publicado a un debate de interés general (por todas, STEDH de 24 de junio de 2004, asunto Von Hannover c. Alemania, § 65 y 76). b) La exigencia de una previsión legal que sirva de base para la limitación de los derechos de los reclusos derivada del art 25.2 CE. En particular, la denegación de comunicaciones con profesionales de la información. El derecho a expresarse y a comunicar información de los reclusos viene determinado, no solo por el art. 20 CE, sino también por el art. 25.2 CE. Este no constituye únicamente una fuente de limitación o restricción de los derechos fundamentales de los presos, sino que incorpora, además, una cláusula de garantía «que permite preservar, en el ámbito de la relación de sujeción especial que vincula al privado de libertad con la administración penitenciaria a cuyo sometimiento se halla, el ejercicio de los derechos fundamentales que se reconocen a todas las personas en el capítulo segundo del título I CE; bien que aquí ‘‘con las modulaciones y matices’ recogidas en dicho precepto constitucional» [STC 128/2013, de 3 de junio, FJ 3 y, en el mismo sentido, STC 145/2014, de 22 de septiembre, FJ 7 b)]. Así, por lo que ahora interesa, dicho precepto exige, según señalábamos en la STC 58/1998, de 16 de marzo (FJ 3) que, cuando de la limitación de un derecho fundamental de un preso se trata y su ejercicio no se encuentra restringido expresa o implícitamente en el fallo condenatorio que condujo a la prisión (como es este el caso), tal limitación se prevea en la ley penitenciaria, que, a su vez, ha de dictarse —no ha de olvidarse— «de acuerdo con la Constitución» (STC 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 2). La reserva de ley prevista en el art. 25.2 CE ha de entenderse en sentido formal, de manera que toda limitación de derechos fundamentales consignada de forma independiente en el reglamento penitenciario ha de considerarse inconstitucional por contraria a la previsión del art. 25.2 CE. Con mayor razón, entonces, a la administración penitenciaria no le está permitido restringir a voluntad los derechos fundamentales durante la ejecución de la pena, pues solo pueden ser limitados mediante ley o sobre la base de una ley. Esta vinculación positiva de la administración penitenciaria a la legislación en la materia derivada de la garantía contenida en el art. 25. 2 CE, viene recogida en el art. 3 RP, en el que se recuerda que «la actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley» (apartado primero) y, en cuanto a los derechos de los internos, que estos «solo podrán ser restringidos cuando lo dispongan las leyes» (apartado segundo). Tales exigencias resultan aplicables a la denegación de las comunicaciones con profesionales acreditados de la prensa «en lo relacionado con su actividad», en cuanto que esta supone una limitación de los derechos de expresión e información de los presos, por lo que resulta un presupuesto habilitante inexcusable de dicha denegación una previsión clara y terminante en la legislación penitenciaria, tal y como disponen, respecto a todos los derechos, los arts. 25.2 CE y el 8.2 CEDH (en parecidos términos, en relación con los derechos a la intimidad y a la defensa, STC 183/1994, de 20 de junio, FJ 5). Dicha previsión legislativa ha de venir justificada, además, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por una «necesidad social acuciante» (STEDH de 13 de marzo de 2018, asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España, § 31). B) La exigencia de motivación y proporcionalidad de las resoluciones que restrinjan los derechos o libertades de los reclusos. Las resoluciones que limiten los derechos de los reclusos, aparte de respetar los límites constitucionales y legales, deberán estar motivadas de manera suficiente y razonable. En la STC 175/1997, de 27 de octubre, FJ 4 se insiste en la importancia y necesidad de la motivación de los acuerdos restrictivos de derechos en el ámbito penitenciario, no solo porque ello permite acreditar las razones que justificaron la medida sino, además, porque constituye el único medio para constatar que la ya limitada esfera jurídica del ciudadano interno en un centro penitenciario, no se restringe o menoscaba de forma innecesaria, inadecuada o excesiva. De este modo, la falta, insuficiencia o irrazonabilidad de la motivación afecta a la propia justificación del supuesto habilitante para la restricción del derecho. También apuntaba dicha resolución que, la exigencia constitucional de proporcionalidad de la medida, se encuentra en estrecha relación con la exigencia de motivación, cuya importancia recuerda también el art. 71.1 RP a la administración penitenciaria a la hora de adoptar medidas de seguridad. La valoración de la proporcionalidad se descompone, a su vez, en tres juicios: el de idoneidad, sobre la adecuación de la medida para el fin propuesto (que ha de ser constitucionalmente legítimo y estar previsto por la Ley); el de necesidad o subsidiariedad sobre la posibilidad de acudir a otro recurso menos gravoso para el derecho fundamental, y el de proporcionalidad en sentido estricto, sobre la ponderación entre los beneficios o ventajas para el interés general y los perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. En definitiva, se trata de averiguar si las razones esgrimidas justifican realmente la restricción del derecho. Pero el análisis de la proporcionalidad cuenta con un prius lógico, que radica en la finalidad de la medida controlada, pues solo a partir de la identificación y licitud constitucional de la misma, es posible analizar si la medida concretamente enjuiciada restringe proporcionadamente o no el derecho fundamental afectado. 4.  El juicio de constitucionalidad del acuerdo recurrido en amparo. Una vez vistos los términos en los que se produce la denegación de la comunicación solicitada por el hoy recurrente en amparo y los parámetros constitucionales a tener en cuenta en su enjuiciamiento, procede ahora llevar a cabo este conforme a la doctrina constitucional precedentemente expuesta. El análisis ha de incluir necesariamente la interpretación de los preceptos legales aplicables a las comunicaciones de los internos y, más en concreto, los referidos a su posible denegación, en cuanto que los preceptos en juego afectan a derechos y libertades fundamentales (STC 73/1983, de 30 de julio, FJ 7). A) La motivación inicial. Según ya ha sido expuesto, en el acuerdo administrativo recurrido se contiene la motivación que, en un primer momento, ofrece la dirección del centro, apoyando la denegación de la comunicación solicitada en los arts. 51.3 LOGP y 49.5 RP, que regulan las comunicaciones de los internos con «profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad» y esgrimiendo la imposibilidad de mantener la seguridad y el buen orden del establecimiento penitenciario caso de producirse la comunicación. Conforme a la doctrina que se acaba de exponer, para determinar si en este caso la fundamentación de la resolución administrativa recurrida resulta acorde con las exigencias constitucionales, se hace necesario comprobar si la misma puede encontrar apoyo en la legislación penitenciaria. Para ello, siguiendo la argumentación ofrecida por la dirección del centro penitenciario, acudiremos en primer lugar al marco legal regulador de las comunicaciones con profesionales y, en segundo lugar, nos referiremos a la garantía de la seguridad y el buen orden del centro penitenciario como límite de los derechos de los reclusos derivado de la Ley Orgánica general penitenciaria. a) La regulación de las comunicaciones de internos con profesionales. En el art. 51 LOGP se regula la autorización de comunicaciones a los internos. El precepto distingue varias modalidades de comunicación, que son de muy distinta naturaleza y vienen, por ello, sometidas a regímenes legales claramente diferenciados (STC 183/1994, de 20 de junio, FJ 5). El apartado primero del art. 51 LOGP se refiere a las comunicaciones con familiares, amigos y representantes acreditados de organismos internacionales e instituciones de cooperación penitenciaria. Se señala en este apartado que «los internos estarán autorizados a comunicar (con ellos) periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua […] salvo en los casos de incomunicación judicial». En el segundo párrafo del dicho apartado primero se determina que «estas comunicaciones… no tendrán más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento». Por su parte, el apartado segundo del art. 51 LOGP hace mención a las comunicaciones con el abogado defensor y con el procurador que le represente, que habrán de celebrarse «en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo». Por último –y por lo que aquí interesa–, el apartado tercero establece que «en los mismos departamentos podrán ser autorizados los internos a comunicar con profesionales acreditados en lo relacionado con su actividad, con los asistentes sociales y con sacerdotes o ministros de su religión, cuya presencia haya sido reclamada previamente». Ninguna mención se realiza acerca de las condiciones en las que se pueden denegar estas comunicaciones, refiriéndose únicamente el precepto a su eventual intervención, señalando que podrá producirse «en la forma que se establezca reglamentariamente». Pues bien, el reglamento penitenciario se refiere a este tipo de comunicaciones en el art. 49 en términos similares a los recogidos en la ley orgánica, bajo la rúbrica «Comunicaciones con autoridades o profesionales». En su apartado quinto, se señala que serán «los notarios, médicos, ministros de culto y otros profesionales acreditados, cuya presencia haya sido solicitada por algún interno por conducto de la dirección del establecimiento para la realización de las funciones propias de su respectiva profesión», los que «podrán ser autorizados para comunicar con aquel en local apropiado». Nada se dice en este artículo acerca de su posible denegación, suspensión o intervención. Tampoco la Instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 24-1996, de 16 de diciembre, relativa a las comunicaciones de los internos, contiene ninguna aclaración al respecto. Sin embargo, el artículo 43 RP, rubricado «restricciones e intervenciones» y refiriéndose, con carácter general, a las «comunicaciones orales» reguladas en el art. 51 LOGP, señala que cuando estas «deban ser restringidas en cuanto a las personas, intervenidas o denegadas, el director del establecimiento, con informe previo de la junta de tratamiento si la restricción, intervención o denegación se fundamenta en el tratamiento, lo acordará así en resolución motivada, que se notificará al interno, dando cuenta al juez de vigilancia en el caso de penados o a la autoridad judicial de la que dependa si se trata de detenidos o presos». Dicho precepto podría considerarse aplicable a las comunicaciones con profesionales, dados los términos genéricos en los que se encuentra redactado, pero en lo que se refiere a la denegación de las comunicaciones, dicha interpretación se encontraría con el obstáculo de que no existe remisión legal respecto a las condiciones de la misma, pues, como hemos visto, el art. 51.3 LOGP, remite al reglamento únicamente la regulación de «la forma» en que se puede llevar a cabo la «intervención» (y no la «denegación») de las comunicaciones con profesionales. Así parece haberlo entendido la dirección del centro penitenciario en este caso, al sostener la denegación de la comunicación sobre la base de lo dispuesto en el art. 49.5 RP y no en el art. 43 RP. Del repaso a la legislación aplicable se extrae que la regulación referida a las comunicaciones con ministros de culto y con profesionales acreditados es, de entre todas las referidas a las comunicaciones de los internos, la menos garantista, pues no se prevé ni los casos ni las formas en que estas pueden ser denegadas, quedando completamente al margen de la decisión o de su posterior convalidación por el juez de vigilancia penitenciaria, figura creada precisamente, y entre otras finalidades, para la salvaguarda de los derechos de los privados de libertad, así como para la corrección de «los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse» (art. 76.1 LOGP). Sin embargo, la exigua regulación legal no puede interpretarse, como lo ha hecho en este caso la administración penitenciaria –y después, también los órganos jurisdiccionales que han resuelto en la vía ordinaria los recursos planteados por el recurrente en amparo–, en el sentido de que el art. 51.3 LOGP prevea un tipo de comunicaciones de autorización discrecional por parte de la dirección del centro penitenciario. Pues, tal interpretación resulta incompatible con la vinculación positiva a la ley de la administración penitenciaria a la hora de limitar los derechos de los reclusos, de manera que el silencio legal no puede entenderse como un espacio de inseguridad jurídica en el que aquella tiene libertad para restringir a su antojo esos derechos, sino, todo lo contrario, como una falta de habilitación para restringirlos. En consecuencia, ha de concluirse que la regulación legal de las comunicaciones controvertidas no ofrece cobertura que pueda considerarse bastante para la denegación recurrida, ya que no cumple con los requisitos, expuestos. b) La obligación de la institución penitenciaria de garantizar la seguridad y el buen orden del centro como límite ínsito en la Ley Orgánica general penitenciaria. Pero, como acabamos de ver, la denegación de la comunicación se justifica también porque «al no presentar (el recluso) motivación que justifique la necesidad de dicha comunicación, no existen garantías suficientes que aseguren el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento». Al respecto ha de recordarse que, según nuestra jurisprudencia, la limitación de derechos de los reclusos puede venir justificada por la salvaguarda del buen orden y la seguridad del centro. Porque, como repetidamente hemos destacado (entre otras, SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 3 y 116/2002, de 20 de mayo, FJ 5), su garantía constituye una obligación esencial de la institución penitenciaria recogida en la legislación penitenciaria en varios de sus preceptos [v. gr., arts. 18, 22.3, 26 d), 29.2, 36.3, 41.1, 43.4, 45 y 51.1 LOGP]. La peculiaridad específica de la regulación constitucional y legal de la relación de los presos con la administración penitenciaria, contempla la convivencia ordenada y la seguridad interna como uno de sus objetivos principales (art. 41.1 de la propia Ley Orgánica general penitenciaria). Por ello, resulta incuestionable que la seguridad del centro y, por tanto, del personal que presta servicios en el mismo y, en su caso, de los restantes internos, así como el buen orden del centro constituyen un límite a los derechos de los reclusos no solo constitucionalmente legítimo, sino incluso justificado en el contexto de la relación especial de sujeción que preside la actuación de la administración penitenciaria (por todas, STC 11/2006, FJ 5). Sin embargo, hemos declarado también (por todas, STC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6) que la apelación a un interés general como es el buen orden y la seguridad del establecimiento penitenciario no puede, por sí sola, legitimar una medida limitativa de derechos, pues «si bastara, sin más, la afirmación de ese interés público para justificar el sacrificio del derecho, la garantía constitucional perdería, relativizándose, toda eficacia» (STC 37/1989, FJ 7). Para que la limitación de derechos sea constitucionalmente admisible es precisa la existencia de motivos específicos que justifiquen, en el caso concreto, que el interés general se hallaba en peligro, es decir, que existe un conflicto real de intereses entre el ejercicio del derecho por parte del preso y el orden y la seguridad del centro. Y esto es precisamente de lo que carece la resolución recurrida, en la que no se explicitan motivos «relevantes y suficientes» por los cuales se considera que la seguridad y el buen orden del centro penitenciario se pondrían en peligro de realizarse una nueva comunicación por parte del interno con un profesional de la prensa (en este sentido, STEDH de 21 de junio de 2012, asunto Schweizerische Radio und Fernsehgesellschaft SRG c. Suiza). Tampoco se justifica cómo la falta de explicación por el interno de la finalidad de la entrevista que pretendía llevar a cabo con un periodista podía afectar a dichos bienes jurídicos, ni se hace ninguna mención a los concretos problemas de seguridad que pudieran justificar la finalidad de la medida, ni de las circunstancias individualizadas que permitirían cumplir con dicha finalidad. Se alude, en definitiva, a genéricos motivos de seguridad y buen orden, que no se concretan en relación con las circunstancias particulares del recluso y del centro, de manera que no se aportan los elementos necesarios para hacer posible el juicio de proporcionalidad. Esa deficiencia en la motivación bastaría para entender que la resolución administrativa impugnada habría vulnerado el derecho a expresarse y la libertad de información del interno y, con ello, que habría frustrado indebidamente la libertad de información del periodista con el que pretendía entrevistarse y el derecho de la colectividad a recibir la información resultado de la misma, en cuanto derecho constitutivo de un valor esencial en un Estado democrático. Pues, como señala el ministerio público en sus alegaciones, en nada cambiaría esta conclusión la circunstancia de que el centro penitenciario ofreciera posteriormente al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria unas explicaciones adicionales, ya que tal argumentación no fue esgrimida, aun habiendo podido serlo, en la resolución recurrida. Sin embargo, habida cuenta de que en esas explicaciones añadidas se desvela la verdadera finalidad por la cual se denegó al recurrente la comunicación solicitada y a ella se refiere en gran parte la queja de amparo, dicha motivación no puede dejar de ser analizada, con el objeto de determinar si tal finalidad fue constitucionalmente legítima y, de ser esto así, si la medida adoptada fue proporcionada a efectos de alcanzar dicha finalidad. B) Las explicaciones adicionales: el pretendido «mal uso» de la libertad de expresión por parte del recluso y la finalidad de la denegación de la comunicación solicitada. La necesaria ponderación entre los derechos y bienes jurídicos en juego. En la motivación adicional que el centro hizo llegar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a solicitud de este, se intentan subsanar los vicios que aquejaban a la resolución impugnada, tratándose de explicar por qué «la dirección no cuenta con los elementos necesarios para garantizar que no se vea afectada la seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la salvaguarda de derechos inherentes a otros internos» y, en definitiva, «las razones por las que se acuerda denegar la comunicación solicitada por el informado». En primer lugar, se niega que la libertad de expresión del recluso se haya visto afectada, pues «había realizado ya una comunicación oral con otro profesional periodista del mismo medio de comunicación el pasado 25 de abril de 2016». En la entrevista resultante de esta comunicación, publicada el 4 de junio de 2016, se revelaron datos procesales, penales y penitenciarios tanto personales como de otros internos, sin que constara autorización de los mismos, por lo que, a juicio de la dirección del centro, se vio afectado el derecho fundamental a la intimidad de estos internos. Además, en dicha publicación se habrían vertido manifestaciones falsas acerca de los profesionales del equipo de tratamiento que habrían afectado a su seguridad, dado que influyeron en la relación profesional de otros internos hacia estos profesionales, al desacreditar la actividad laboral de los mismos generando una actitud hostil y de confrontación hacia ellos tanto de internos como de sus familiares. Manifestaciones como estas –se afirma– «podrían dar lugar a protestas que inciden negativamente en el buen orden interior y en la seguridad de los funcionarios, pudiendo alterarse la pacífica convivencia y rehabilitadora del conjunto de internos de este Centro». Al no haber accedido el interno a desvelar sobre qué asuntos versaría la comunicación solicitada y cuál era su finalidad, entiende la dirección que no contaba «con los elementos necesarios para garantizar que no se vea afectada la seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la salvaguarda de derechos inherentes a otros internos». En definitiva, de la argumentación añadida al acuerdo original se extrae, como advirtió el juez de vigilancia penitenciaria a la vista de la misma, que la denegación de la comunicación se basa en un pretendido «mal uso» de la libertad de expresión por el recluso en una entrevista previa, parte de cuyo contenido fue objeto de publicación en un diario digital. Porque, con ella, el interno habría excedido los límites de esa libertad, exceso que se cifra por la dirección del centro en la afectación del derecho a la intimidad de otros reclusos, al revelar datos personales de estos, así como en las manifestaciones falsas vertidas respecto al equipo de tratamiento que habrían provocado un descrédito de su actividad profesional y, con ello, habrían puesto en peligro la seguridad y buen orden del establecimiento. Así las cosas, la finalidad del acuerdo denegatorio sería la de impedir que contenidos similares a los ya publicados, pudieran terminar publicándose nuevamente, ante la incertidumbre sobre el contenido de la nueva comunicación solicitada y los efectos que su publicación podría conllevar para la seguridad y el orden en el centro. Para determinar si dicha finalidad resulta constitucionalmente legítima, se hace necesario llevar a cabo una ponderación entre los derechos y bienes jurídicos en liza. En primer lugar, nos referiremos a la libertad de expresión e información, para pasar después a valorar el papel de los otros derechos y bienes jurídicos protegidos opuestos por la administración penitenciaria, en concreto, el derecho a la intimidad de otros reclusos, el crédito profesional de los funcionarios de prisiones y, con este último, la seguridad y el buen orden del establecimiento penitenciario. a) La libertad de expresión e información. Para el juicio constitucional concreto de la publicación que provoca la resolución denegatoria impugnada, han de analizarse, de acuerdo con la doctrina antes expuesta, las distintas circunstancias que concurren en el caso. Concretamente, respecto a las expresiones del recluso recogidas en dicha publicación que contienen ciertas informaciones y opiniones, se debe tener en cuenta que se trata de un interno de larga duración en un centro penitenciario y lo declarado se inscribe en el contexto de una queja o reivindicación en relación con su situación penitenciaria que quiere hacer llegar a la opinión pública. Por ello, no cabe sino constatar que tales expresiones presentan una clara conexión con la finalidad de la publicación y no pueden considerarse desconectadas de la misma ni, por tanto, gratuitas (STC 11/2000, de 17 de enero, FJ 7). Tampoco ha de desdeñarse la incidencia sustancial que el ejercicio de estos derechos puede tener en el desarrollo de la personalidad de los internos, que viene también destacado en el art. 25.2 CE y adquiere suma relevancia en orden al cumplimiento de la finalidad, no exclusiva, de reinserción social de las penas privativas de libertad que establece el primer inciso de dicho artículo. Mediante la exteriorización, más allá de los muros del centro penitenciario, de sus pensamientos, ideas y opiniones, así como con la recepción y comunicación de información, el preso no queda reducido exclusivamente al mundo carcelario y ello le permite mantenerse en contacto con el exterior y, en definitiva, prepararse para su futura vida en el seno de la sociedad (en sentido parecido, respecto a la comunicación oral y escrita con terceros, las SSTC 175/1997, de 27 de octubre, FJ 2 y 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 2). No otro es el sentido de la previsión contenida en los arts. 3 LOPG y 4 RP, en los que, como consecuencia de la obligación de la administración penitenciaria de respetar en su actividad la personalidad de los internos y los derechos e intereses legítimos de los mismos no afectados por la condena, se declara el derecho de estos «al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, salvo cuando fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena» y «a las relaciones con el exterior previstas en la legislación». Asimismo, ha de atenderse al hecho de que sus expresiones, en gran parte, se refieren al ejercicio de una función pública para la implementación de la reeducación y reinserción social de los condenados a penas privativas de libertad, lo que supone una extensión de la libertad implicada [STC 110/2000, de 5 de mayo; en el mismo sentido, STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4, y SSTEDH de 7 de diciembre de 1976 asunto Handyside c. Reino Unido, § 24, y de 8 de julio de 1986 asunto Lingens c. Austria, § 41]. En este contexto, como es de sobra conocido, desde la STC 104/1986, de 17 de julio, el Tribunal Constitucional solo ha excluido del derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos [art. 20.1 a) CE] las expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para su exposición (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4, y 112/2000, de 5 de mayo, FJ 6) y ha mantenido inequívocamente que la Constitución no reconoce en modo alguno (ni en ese ni en ningún otro precepto) un pretendido derecho al insulto. Nada de ello se da en este caso, en el que las expresiones vertidas por el periodista o el interno en el artículo publicado carecen del propósito de infligir una ofensa gratuita, no apreciándose extralimitación o desmesura a la hora de exponer hechos y opiniones (STC 241/1999, de 20 de diciembre, FJ 5). Por tanto, son expresiones que en el contexto antes definido en el que las libertades de expresión e información gozan de una protección preferente, forman parte del derecho a la sana crítica a las instituciones y funcionarios públicos, los cuales han de soportarla en el contexto de una sociedad democrática (STC 297/1994, FJ 7). A esa posición preeminente o de mayor protección constitucional contribuiría el hecho de que tales expresiones se incluyen en un artículo de un diario firmado por un profesional de la información que trata de trasladar a la sociedad una reflexión acerca de un debate de interés público, cual es el de la, por entonces, recientemente implantada prisión permanente revisable y, con ocasión de esta y más en general, sobre la reinserción en el sistema penitenciario español. En él se contienen opiniones del periodista firmante del artículo, intercalándose con algunas otras obtenidas del entrevistado —sobre su propia percepción de la política de reinserción y del trato recibido en prisiones a lo largo de su vida—, así como de su abogado, de algún órgano judicial y de la asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Igualmente, se plasman ciertas impresiones personales del periodista derivadas de su percepción directa cuando tuvo ocasión de acceder al centro penitenciario para realizar la entrevista (la larga espera, el ambiente provocado por las personas allí presentes, el calor reinante, la actitud del entrevistado…). También se ponen de manifiesto datos de hecho, obtenidos unos de la diversa documentación manejada y otros de las distintas personas entrevistadas, entre ellos, el hoy recurrente en amparo, mostrándose así una particular diligencia por parte del profesional de la información para asegurar la veracidad e imparcialidad de la publicación. Se trata, por tanto, de un artículo de los llamados «de opinión», en los que no resulta fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos [por todas, STC 38/2017, de 24 de abril, FJ 2 b)]. Pero tal deslinde resulta ahora innecesario, pues lo importante a efectos de su especial protección constitucional es su finalidad o vocación de influir en la opinión pública. Por todo ello, el ejercicio de estas libertades se muestra aquí en su dimensión institucional como elemento clave para la formación de una opinión pública libre esencial en todo Estado democrático, conectando así las libertades de expresión del recluso y del periodista con el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, así como opiniones de diversa índole. b) La afectación de lo publicado al derecho a la intimidad de otros reclusos, al crédito profesional de los funcionarios penitenciarios y, como consecuencia de esto último, a la seguridad y buen orden del centro. Frente a estas libertades en su dimensión preferente, la afectación del derecho a la intimidad a la que alude la administración penitenciaria en su resolución no presenta en este caso la entidad suficiente para constituir un límite a su ejercicio. No cabe concluir otra cosa, si tenemos en cuenta que el artículo únicamente hace mención al hecho de que un hijo del entrevistado comparte celda en la actualidad con este, que el hoy recurrente tenía legitimidad suficiente para trasmitir este dato al periodista –pues el mismo forma parte de su intimidad familiar– y que ni el entrevistado ni su hijo aparecen identificados con nombres y apellidos (aquel se identifica únicamente por su nombre de pila, al que se añaden las iniciales de sus apellidos y su hijo es designado únicamente por sus iniciales). A ello ha de añadirse que no consta que el aludido realizara queja o acción alguna en defensa de su derecho. En cuanto al descrédito que habrían sufrido los profesionales del equipo de tratamiento debido a «las manifestaciones falsas» vertidas en el artículo, tampoco puede alzarse como límite al ejercicio de las libertades de expresión e información. En primer lugar, porque no se aclara por qué las manifestaciones del interno recogidas en la publicación serían falsas. Además, en muchos casos, esas manifestaciones consistían en apreciaciones subjetivas acerca del cumplimiento de la finalidad de reinserción de los penados, no solo del interno (con base en su experiencia personal al respecto), sino también del firmante del artículo o de otros de los entrevistados. Tales apreciaciones estarían cubiertas por la libertad de expresión, respecto de la cual, según hemos recordado anteriormente, no rige la exigencia de veracidad y han de ser admitidas, como ya se ha razonado, dentro de la sana crítica a las instituciones y sus funcionarios, pues, pese a poder ser molestas o incómodas, no pueden considerarse ofensivas o injuriosas. Según el acuerdo impugnado, el descrédito profesional de los funcionarios del centro, a su vez, habría afectado a su seguridad, al influir en la relación de otros internos con estos profesionales, al generar «una actitud hostil y de confrontación hacia ellos tanto de internos como de sus familiares». Además, entiende la directora del centro que «manifestaciones como estas podrían dar lugar a protestas que inciden negativamente en el buen orden interior y en la seguridad de los funcionarios, pudiendo alterarse la pacífica convivencia y rehabilitadora del conjunto de internos de este centro». Tales objeciones resultan igualmente inhábiles para limitar la libertad de expresión e información en este caso. En primer lugar, porque, habiéndose recogido en un diario digital, difícilmente pudieron influir decisivamente esas manifestaciones en la relación de los funcionarios de prisiones con otros internos, pues estos no tienen acceso a redes de comunicación de acuerdo con lo establecido en el art. 129.2 RP. Y, en segundo lugar, porque no se aporta en el acuerdo recurrido ni siquiera un indicio conforme al cual se pudiera prever la existencia de manifestaciones o protestas que incidieran negativamente en el buen orden interior y en la seguridad de los funcionarios, «con alteración de la pacífica convivencia y rehabilitadora» del conjunto de internos del centro. Tampoco se pone de manifiesto que se hubiera producido ninguna acción en este sentido, ni se mencionan los concretos problemas de seguridad que pudieran justificar la finalidad de la medida, ni las circunstancias individualizadas que permitirían cumplir con dicha finalidad. Se alude, nuevamente, a genéricos motivos de seguridad y buen orden, que no se concretan en relación con las circunstancias particulares del recluso y del centro. En otras palabras, no se ofrecen los motivos específicos para justificar, en el caso concreto, que el interés general se hallaba en peligro, es decir, que exista un conflicto real de intereses entre el derecho a expresarse y a transmitir información del preso y el orden y la seguridad del centro. C) La ilicitud constitucional de la finalidad de la denegación, que exime del análisis de proporcionalidad. De todo lo dicho se desprende que el interno, mediante la comunicación mantenida con un periodista en fecha 25 de abril de 2016 y la publicación posterior de parte de su contenido, ejerció legítimamente su libertad de expresión e información. Por esa razón, resulta inadmisible a la luz de la doctrina constitucional ya expuesta, que la denegación de una nueva comunicación con ese mismo medio informativo se basara, de facto, en un supuesto «mal uso» de esa libertad, como dan a entender la administración penitenciaria y, después, los órganos judiciales que resolvieron los distintos recursos interpuestos por el recluso. Porque la denegación se puede interpretar como reacción por haber ejercido esas libertades en un sentido que no fue del agrado de la dirección del centro penitenciario, siendo su verdadera finalidad evitar una nueva publicación cuyo contenido pudiera volver a disgustarle. Se cercenó, así, la posibilidad de ejercer estos derechos mediante una nueva comunicación, con el consiguiente efecto disuasorio del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, pese a que, paradójicamente, la resolución administrativa recurrida concluye señalando que este «puede seguir ejerciendo su derecho por otros procedimientos» que, sin embargo, no se especifican. La denegación de la comunicación afectó, también, a los derechos de ciudadanos libres: en concreto, a la libertad de información del profesional de la prensa que pretendía comunicar con el interno, así como al derecho de los ciudadanos a ser informados de asuntos de público interés. Por ello, no le falta cierta razón al recurrente cuando advierte en la denegación de la comunicación una suerte de censura previa, al haber impedido injustificadamente que el recluso pueda expresarse en relación con su situación procesal y penitenciaria, haciendo llegar a la opinión pública su propia visión de la política penitenciaria. Pues, independientemente de su encaje técnico en la figura contemplada en el art. 20.2 CE, lo cierto es que, en este caso concreto, existe una coincidencia esencial con la característica que, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, la define (v., por todas, la STC 86/2017, de 4 de julio, FJ 5): que se trata de un control previo o ex ante de contenidos no amparado constitucionalmente. En tal sentido, debe recordarse una vez más que el fin último que alienta la prohibición de toda restricción previa de la libertad de expresión en su acepción más amplia no es sino prevenir que el poder público pierda su debida neutralidad respecto del proceso de comunicación pública libre garantizado constitucionalmente, vital para el Estado democrático, disponiendo sobre qué opiniones o qué informaciones pueden circular por él, ser divulgadas, comunicadas o recibidas por los ciudadanos y provocando, con ello, un indeseable efecto disuasorio sobre el ejercicio de tales libertades (SSTC 52/1983, de 17 de junio, FJ 5; 190/1996, de 25 de noviembre, FJ 3, y 187/1999, de 25 de octubre, FJ 5). Habiendo concluido, pues, que la finalidad del acuerdo impugnado no resulta legítima constitucionalmente, no procede ya analizar si este restringió proporcionadamente o no el derecho fundamental afectado, pues, según hemos recordado más arriba, tal legitimidad constituye la conditio sine qua non para poder llevar a cabo dicho análisis (por todas, la ya citada STC 11/2006, FJ 5). 5. Conclusión: el acuerdo impugnado lesionó las libertades de expresión e información del recurrente en amparo. De lo expuesto en los fundamentos jurídicos anteriores no cabe sino concluir que el acuerdo de la dirección del centro penitenciario de Córdoba de 25 de enero de 2017, por el que se denegaba al hoy recurrente en amparo una comunicación con un profesional acreditado de la información «en lo relacionado con su actividad» (art. 51.3 LOGP) ha de declararse nulo por vulnerar sus derechos «a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» [art. 20.1 a) CE] y «a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión» [art. 20.1 d) CE]. Igualmente nulos han de declararse los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Andalucía de 18 de septiembre de 2017 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 26 de diciembre de 2017, en cuanto confirmaron dicho acuerdo administrativo, sin que sea necesario ya entrar a valorar las demás quejas planteadas respecto de estas resoluciones judiciales, ni realizar ninguna consideración acerca de la valoración que en ellas se contiene, al quedar sustituida por la contenida en la presente sentencia. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por don Antonio Carmona Vera y, en consecuencia: 1.º Reconocer al recurrente sus derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones [art. 20.1 a) CE] y a comunicar libremente información veraz [art. 20.1 d) CE], en los términos establecidos en esta resolución. 2.º Anular el acuerdo de la dirección del centro penitenciario de Córdoba de 25 de enero de 2017, así como los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Andalucía de 18 de septiembre de 2017 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 26 de diciembre de 2017. Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veinte.–Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Antonio Narváez Rodríguez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado.

Sentencia interesantísima en la que el Constitucional afirma que se vulneró el derecho a la libertad de expresión y de información de un preso al que le vetaron entrevistarse con un periodista.

ECLI:ES:TC:2020:6 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Encarnación Roca Trías, presidenta y los magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez y don Ricardo Enríquez Sancho, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 6354-2017, promovido por don Antonio Carmona Vera, representado por la procuradora de los Tribunales doña Amparo Ramírez Plaza y bajo la dirección del letrado don Valentín J. Aguilar Villuendas, contra el acuerdo de la dirección del centro penitenciario de Córdoba de 25 de enero de 2017, que denegó al interno, hoy recurrente en amparo, su solicitud de entrevistarse con un profesional de la comunicación; el auto dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Córdoba el 18 de septiembre de 2017, que desestimó la queja del interesado contra el acuerdo anterior (expediente de queja núm. 978-2017) y el auto desestimatorio de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba de 26 de diciembre de 2017, en recurso de apelación núm. 1357-2017 contra el precedente auto. Ha intervenido el ministerio fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Encarnación Roca Trías. I. Antecedentes 1. La procuradora de los tribunales doña Amparo Ramírez Plaza, en nombre y representación de don Antonio Carmona Vera, y bajo la dirección del letrado don Valentín J. Aguilar Villuendas, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales que se citan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de febrero de 2018. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) El día 9 de octubre de 2016, el hoy recurrente en amparo, interno en el centro penitenciario de Córdoba, solicitó de la dirección del mismo autorización para ser visitado por un profesional de la información, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general penitenciaria (en adelante, LOGP), y en el artículo 49.5 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento penitenciario (en adelante, RP). La dirección del centro penitenciario de Córdoba notificó al interno el día 27 de octubre de 2016 que tal solicitud no podía ser valorada si no se procedía a acreditar debidamente la identidad del profesional con el que se solicitaba comunicar y se aportaba la motivación por la que solicitaba la asistencia del referido profesional. En escrito de contestación a dicho requerimiento de fecha 23 de diciembre de 2016, el interno manifestó que ya había puesto a disposición del centro los datos necesarios del medio de comunicación para realizar las comprobaciones oportunas «que hubieran bastado para comprobar o requerir al citado medio lo necesario», pese a lo cual aportó copia del carnet de periodista y certificado del medio de comunicación al que pertenecía la persona para cuya visita se había solicitado autorización, «cuyos originales se aportarán en el momento de la comunicación, si así se requiere». Respecto a la motivación de la asistencia, señala que «en ningún precepto legal o reglamentario se establece dicha obligatoriedad. Al igual que no se justifica los motivos de la entrevista con un letrado o un médico, no hay necesidad ni oportunidad de dicho requerimiento». Es más, señala el interno que tal exigencia vulneraría lo dispuesto en el artículo 20 CE. En cualquier caso —concluye su escrito— «para tranquilidad de la administración penitenciaria, este solicitante informa que no tiene intención de cometer infracción penitenciaria o penal, que pueda producir alteración en la vida regimental y en la ordenada convivencia del centro, ni por supuesto la divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la buena marcha regimental del establecimiento». El 26 de enero de 2017 se notificó al solicitante el acuerdo de la directora del centro penitenciario de Córdoba del día 25 de ese mismo mes y año, por el que se denegaba su solicitud, justificándose la denegación en «que al no presentar motivación que justifique la necesidad de dicha comunicación, no existen garantías suficientes que aseguren el mantenimiento de la seguridad y buen orden del establecimiento». b) Contra este acuerdo formuló el interesado, en fecha 24 de febrero de 2017, queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 8 de Andalucía (Córdoba) y, admitida esta, procedió el juzgado a solicitar del centro penitenciario que emitiera informe sobre la cuestión planteada por el interno. Por el citado centro se remitió entonces al órgano judicial escrito de fecha 14 de marzo de 2017, en el que se justificó la denegación de la autorización solicitada por el interno. En concreto, se argumentaba en estos términos: «El informado [el recurrente] solicitó a la Dirección del Centro Penitenciario mediante escrito de fecha 09 de octubre de 2016 comunicar con un profesional de la información para realizar las funciones propias de su respectiva profesión. Toda vez que esta Dirección tiene otorgada la potestad para resolver la cuestión planteada conforme a lo establecido en el art. 51.3 de la LOGP y 49.5 del Reglamento Penitenciario, al no disponer de datos suficientes para resolver sobre el fondo del asunto, se informó al interno con fecha 27/10/2016 sobre la necesidad, para poder resolver, de lo siguiente: – Por un lado, acreditar debidamente al profesional periodista con el que solicita la comunicación. Dato este que aporta en su escrito de fecha 26/12/2016. – Por otro lado, como siempre se requiere para cualquier comunicación con un profesional externo, la motivación de la necesidad de ser atendido en este caso por un profesional periodista, dada la repercusión pública propia del ejercicio profesional que pudiera derivarse tant ### RESUMEN: Sentencia interesantísima en la que el Constitucional afirma que se vulneró el derecho a la libertad de expresión y de información de un preso al que le vetaron entrevistarse con un periodista.

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, determina en su disposición transitoria primera que hasta la implantación efectiva de las enseñanzas de una determinada modalidad o especialidad deportiva, las formaciones promovidas por las respectivas federaciones deportivas y por los órganos responsables de deportes de las Comunidades Autónomas podrán obtener el reconocimiento a efectos de correspondencia formativa, una vez publicado el título oficial, siempre y cuando se adapten a lo establecido en la norma que dicte el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, viene a regular los aspectos curriculares de las actividades de formación deportiva a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, las organiza en tres niveles: Nivel I, nivel II y nivel III, y obliga a que estas se refieran a un plan formativo para cada modalidad o especialidad. Este plan formativo se establecerá a propuesta de la federación deportiva española correspondiente o de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y desarrollará el requisito específico de acceso, el bloque específico, el periodo de prácticas de cada nivel, y en su caso, la oferta parcial del nivel I. La existencia de un plan formativo común a todas las actividades de formación deportiva de un mismo nivel y modalidad pretende garantizar la homogeneidad de la formación de los entrenadores deportivos dentro del sistema deportivo, y adecuar sus contenidos a los objetivos establecidos para cada nivel. El artículo 4 de la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, permite la flexibilización de las enseñanzas y compatibilizar esta formación con otras actividades deportivas, laborales o académicas. En estas circunstancias y para garantizar los objetivos propuestos, parece adecuado, a semejanza de lo establecido con el bloque común, determinar las áreas del bloque específico que pueden ser ofertadas a distancia. De acuerdo con el artículo 6 de la citada Orden, corresponde al Presidente del Consejo Superior de Deportes establecer mediante Resolución el plan formativo de la modalidad. Por su parte, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha propuesto el plan formativo de nivel I, de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza reconocidas por el Consejo Superior de Deportes según lo dispuesto en el artículo 8 b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y respecto de la cual no se ha desarrollado y regulado los correspondientes títulos de enseñanza deportiva. Por todo ello, y en el marco normativo descrito, y en virtud de las facultades que confiere a la Presidencia del Consejo Superior de Deportes el artículo 6 de la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, resuelvo: Primero. Objeto. La presente Resolución tiene como objeto establecer los planes formativos del nivel I, de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre. Segundo. Código del plan formativo de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza. Nivel I: PF-114CAPE01 Tercero. Estructura y duración del plan formativo de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza. 1. La duración total del bloque específico del nivel I es de 80 h. 2. El periodo de prácticas del nivel I tiene una duración de 150 h. 3. Los objetivos formativos y contenidos de las áreas del bloque específico, así como los objetivos formativos y las actividades del periodo de prácticas de cada nivel se desarrollan en el anexo I de esta orden. Cuarto. Requisitos de carácter específico del plan formativo de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza. Para el acceso a las actividades de formación deportivas de nivel I en las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza, además de los requisitos generales de acceso, y como consecuencia de las especiales condiciones de seguridad necesarias para la práctica deportiva de estas especialidades, se debe estar en posesión de la licencia de armas tipo E expedida por el Ministerio del Interior, así como la licencia de caza. Quinto. Formación a distancia. 1. Las áreas susceptibles de ser impartidas a distancia en su totalidad o de forma semipresencial serán las reflejadas en el anexo II. 2. La evaluación final para las áreas impartidas a distancia en su totalidad exigirá la superación de pruebas presenciales. Sexto. Oferta parcial del nivel I 1. La oferta parcial del nivel I, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 de la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, está formada por el área de: Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros. La obediencia básica. 2. Para el acceso a esta oferta parcial del nivel I, se deben acreditar los requisitos generales y superar los requisitos específicos de acceso, establecidos para el nivel I. Séptimo. Resolución del procedimiento. La presente Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el Presidente del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y el artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Madrid, 23 de abril de 2014.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ANEXO I Plan formativo de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza Nivel I: PF- 114CAPE01 Áreas del bloque específico de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza   Horas Área: Las razas de perros de caza, origen y utilización 5 Área: El cachorro y su crecimiento 5 Área: Psicología y didáctica canina 5 Área: Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros. La obediencia básica 30 Área: Principios y bases del adiestramiento de perros de muestra (i) 30 Área: Veterinaria e higiene del perro de caza 5 Requisitos de carácter específico: Debido a las especiales condiciones de seguridad necesarias para la práctica deportiva de estas especialidades, se debe estar en posesión de la licencia de armas tipo E expedida por el Ministerio del Interior, así como la licencia de caza. Área: Las razas de perros de caza, origen y utilización. Objetivos formativos: 1. Explicar los orígenes de la domesticación del perro por el hombre y su utilización como animal de compañía y en tareas cotidianas como la caza, el pastoreo, etc. 2. Describir los grupos de razas de perros, los motivos de su clasificación y en encuadre según sus características y genealogía. 3. Explicar los criterios que deben seguirse para elegir una raza en función de los diferentes condicionantes concurrentes. 4. Diferenciar las utilidades específicas del perro de caza según su grupo y raza. Contenidos: − El perro al servicio del ser humano: ● Orígenes. ● Utilidades. ● Clasificación de grupos y razas en general. ● El perro de caza y evolución. ● Entes relacionados con el perro de caza en España. − Razas de caza mayor y menor (solo pelo): ● Grupo 3, Terrier: • Deutscher Jagdterrier (Terrier cazador alemán). • Fox Terrier (Smooth) (Pelo liso, Gran Bretaña). • Fox Terrier (Wire) (Pelo duro, Gran Bretaña). ● Grupo 4, Teckels: • Teckels con todas sus variedades de pelo y tamaño. ● Grupo 6, Perros tipo sabueso, perros de rastro y razas semejantes: • Sabueso Español. • Porcelaine (Francia). • Grand bleu de Gascogne (Gran Sabueso azul de Gascuña) (Francia). • Basset Hound (Gran Bretaña). • Beagle (Gran Bretaña). • Bayrischer Gebirgsschweisshund (Sabueso de Baviera) (Alemania). ● Grupo 10, Lebreles: • Galgo Español. • Podencos. – Caza Mayor y Menor (pelo y pluma): ● Grupo 7, perros de muestra: • Continentales: Tipo Braco (polivalentes): Deutsch Kurzhaar (Braco alemán de pelo corto) (Alemania). Deutsch Drahthaar (Braco alemán de pelo duro) (Alemania). Weimaraner (Braco de Weimar) (Alemania). Perdiguero de Burgos (España). Braque français (Braco francés) (Francia). Drötzörü Magyar Vizsla (Braco húngaro de pelo duro) (Hungría). Bracco Italiano (Braco italiano) (Italia). Perdigueiro Português (Perdiguero portugués) (Portugal). Tipo Epagneul: Deutsch Langhaar (Perro de muestra alemán de pelo largo) (Alemania). Epagneul Breton (Spaniel bretón) (Francia). Tipo Grifon: Griffon d’arrêt à poil dur Korthals (Grifón de muestra Korthals de pelo duro) (Francia). Spinone Italiano (Espinone) (Italia). • Británicos: Tipo Pointer: English Pointer (Pointer inglés) (Gran Bretaña). Tipo Setter: English Setter (Setter inglés) (Gran Bretaña). Gordon Setter (Setter Gordon) (Gran Bretaña). Irish Red Setter (Setter irlandés rojo) (Irlanda). Irish Red and White Setter (Setter irlandés rojo y blanco) (Irlanda). ● Grupo 8, perros cobradores, levantadores y de agua: • Cobradores de caza: Labrador Retriever y Golden Retriever. • Levantadores de caza: Cocker spaniel inglés, Cocker spaniel americano, Springer Spaniel inglés. • Perros de agua: Perro de agua español. – La elección de una raza: ● Conocimiento de las mismas. ● Cualidades y utilidades específicas de la raza. ● Cualidades especificas del ejemplar. ● Cuidados específicos según la raza. ● Nuestras necesidades. ● Nuestro entorno. Área: El cachorro y su crecimiento. Objetivos formativos: 1. Explicar los criterios necesarios para poder realizar con las mayores garantías la elección del cachorro. 2. Describir los elementos, signos y señales externos del comportamiento del cachorro que nos informan sobre su carácter y cualidades y que condicionan la elección. 3. Justificar la elección en función del tipo de persona, entorno y actividad que ésta vaya a realizar. 4. Describir las etapas del crecimiento del perro y su afección respecto al carácter del perro y su posterior adiestramiento. 5. Explicar las necesidades, cuidados y atenciones que precisa el perro durante su fase de crecimiento. 6. Explicar la fase de socialización del perro y su importancia respecto del carácter que desarrolle el perro en el futuro y su predisposición al adiestramiento. Contenidos: − Elección de un cachorro: ● Conocimiento de sus orígenes (Genética). ● Cualidades de los progenitores. ● Problemas hereditarios. ● Cualidades del cachorro. ● Evaluación del cachorro (carácter y morfología) − Fases del crecimiento: ● Nacimiento. ● Supervivencia en la camada. ● Primeros 30 días de vida (impronta). ● El destete. ● Primeras experiencias de la camada. ● Los juegos entre hermanos. ● Separación de la camada. ● Llegada a su nuevo hogar. ● Juventud y aprendizaje. ● Adolescencia y consolidación. ● Madurez y cambios de conducta. ● Enfermedades más comunes en cachorros y perros adultos. ● Desparasitación y vacunación. ● Alimentación. – Socialización: ● Introducción. ● Contacto con el hombre y con otros perros. ● Experiencias y comportamiento en el entorno habitual. ● Experiencias y comportamiento en el trabajo. ● Problemas de adaptabilidad. ● El estrés. ● Solución de problemas de adaptabilidad. Área: Psicología y didáctica canina. Objetivos formativos: 1. Detallar el perfil ideal del adiestrador en contacto con los perros. 2. Distinguir los principales problemas psicológicos del perro y explicar las soluciones. 3. Describir y justificar las metodologías de trabajo básicas y las herramientas de trabajo. Contenidos: − Principios de la comunicación con el perro de caza: ● Que expresamos. ● Como nos expresamos y su influencia en el perro. ● Que transmitimos. ● La comunicación con el perro. ● Que conductas fijamos en el perro. ● Problemas habituales y soluciones. ● Perfil de la persona que tiene un perro de caza. ● Perfil del adiestrador profesional. ● Motivación del conductor. ● Influencia emocional. − Sensibilidades del perro de caza: ● Análisis del ejemplar. ● Valoración. ● Tipos de sensibilidades. ● Cómo expresa el perro las sensibilidades. ● Como influye en el trabajo. ● Problemas habituales y soluciones. − Los temores y los miedos: ● Causas. ● Valoración genética. ● Valoración del entorno. ● Tipos de temores y miedos. ● El miedo a su entorno, a otros perros y a personas. ● El miedo a los disparos. ● Agresividad del perro consecuencia de temores y miedos. ● Valoración en el perro de caza. ● Métodos de trabajo. − Didáctica del adiestramiento de base: ● Elementos básicos y condicionantes: • El alumno. • El binomio alumno-adiestrador. • Motivación. • Educación. • Fases de educación y enseñanza. • El estado del perro. • La empatía. ● Material de trabajo: • Correas de cuero y/o nylon. • Correas extensibles. • Collares de eslabones metálicos. • Collar eléctrico. • Rodillos de tela y madera. • Lanzaderas. • Transportines. • Utilización y objetivos. ● Métodos de trabajo (positivo y negativo): • El manejo. • El contacto físico. • La voz. • La indiferencia. • La comida. • Clicker. • Collar eléctrico. Área: Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros. La obediencia básica. Objetivos formativos: 1. Identificar las condiciones físicas y la conducta del perro en la zona de trabajo, a través de la observación visual y en contacto directo con él, para optimizar el proceso de aprendizaje del mismo. 2. Fijar técnicas de adiestramiento de base, atendiendo al programa de trabajo establecido y teniendo en cuenta el bienestar animal para conseguir el nivel de interacción adecuado para progresar en su adiestramiento. 3. Realizar el adiestramiento de base al perro con técnicas de conducción, con y/o sin uso de la correa dando instrucciones al mismo para conseguir el nivel previsto en el programa de trabajo establecido, teniendo en cuenta el bienestar animal y los riesgos laborales. 4. Realizar ejercicios de sorteo (saltar, evitar, rodear, esquivar, entre otros) de obstáculos por el perro a una distancia dada para conseguir el nivel adiestramiento de base del mismo, teniendo en cuenta el bienestar del animal. 5. Realizar ejercicios específicos del perro de caza. Contenidos: − Evaluación de las características morfológicas y fisiológicas del perro en función de la aplicación de técnicas de adiestramiento de base: ● Clasificación de razas y reconocimiento de estándares básicos. ● Características morfológicas del perro. ● El aparato locomotor, huesos, músculos y tendones. ● El aparato respiratorio. ● El aparato digestivo. ● El sistema nervioso. ● Órganos de los sentidos. − Técnicas de adiestramiento de base de conductas de perros, con y sin correa: ejercicios, repetición, uniformidad, paciencia, castigos, recompensa y corrección teniendo en cuenta el bienestar animal: ● Programa de trabajo de adiestramiento de base en el perro. ● Temperamento y conducta del perro: conductas anormales durante su entrenamiento, modificación de malos hábitos y problemas de conducta. ● Conductas agresivas del perro: entornos que estimulan conductas no deseadas. ● Conducta del dueño y/o persona responsable. ● Zonas de trabajo y materiales de apoyo para el adiestramiento de base del perro. Técnicas de sociabilización de cachorros y adultos. ● Riesgos laborales aplicados al adiestramiento de perros. ● Bienestar animal. − Evaluación de la conducta del perro en función de la aplicación de técnicas de adiestramiento de base: ● La conducta del perro: temperamento, aptitudes, instintos, necesidades y satisfacción. ● Estrategias de aprendizaje. ● El desarrollo psicológico del cachorro. ● Inteligencia y aprendizaje del perro. ● Obediencia del perro: fases de obediencia. ● Trastornos conductuales del perro. ● Elaboración de informes de progresión y cuaderno de seguimiento. − Las órdenes específicas: ● Utilidad de la obediencia básica. ● Junto con y sin correa. ● Sienta. ● Quieto. ● La llamada. ● Tierra. ● Tierra a distancia. Área: Principios y bases del adiestramiento de perros de muestra. Objetivos formativos: 1. Identificar las razas de perros de muestra, cualidades y estándares de trabajo. 2. Explicar los trabajos específicos sobre el perro de muestra. 3. Explicar cómo detectar los problemas en el trabajo de los perros de muestra y justificar los tratamientos y soluciones adecuados. 4. Describir los métodos de preparación y entrenamiento del perro de muestra en función de la modalidad deportiva y el tipo de competición. Contenidos: − Características del perro de muestra: razas, taxonomías y estándares de trabajo. ● Razas más frecuentes en España. ● Cualidades y utilidad. ● Estándares de trabajo (FCI). ● El perro de caza y competición. ● Adiestramiento específico según la raza, el ejemplar y su utilización. ● El trabajo de campo. ● El trabajo en agua. ● El trabajo para perro de puesto. − La búsqueda: Objetivos, características, perfeccionamiento y condicionantes. ● Tipo de búsqueda según la raza. ● Inicio, desarrollo y consolidación de la búsqueda. ● Como encuadrar a un perro. ● Amplitud de búsqueda. ● Profundidad de búsqueda. ● Importancia del tipo de caza (salvaje y granja). ● El terreno, vegetación y climatología. ● Problemas y soluciones. − La muestra: ● Pruebas en cachorros. ● Evaluación de la muestra. ● Primeros contactos con caza. ● Desarrollo y consolidación. ● El patrón. ● Tipo de piezas de caza. ● Tipo de terreno, vegetación y climatología. ● Herramientas de trabajo. ● Collar eléctrico. ● Problemas y soluciones. − El cobro: ● Tipos de cobro. ● Predisposición genética. ● Pruebas en cachorros. ● Métodos de trabajo. ● Desarrollo y consolidación. ● Herramientas de trabajo. ● Collar eléctrico. ● Problemas y soluciones. − Respeto al vuelo y al tiro: ● Predisposición genética. ● Importancia del «quieto y tierra». ● Desarrollo y consolidación. ● Herramientas de trabajo. ● Collar eléctrico. ● Problemas y soluciones. – El trabajo durante la veda: ● Ejercicios recordatorios. ● Reconducción de conductas. ● Ejercicio físico. Área: Veterinaria e higiene del perro de caza. Objetivos formativos: 1. Explicar los métodos en la administración de alimentos, así como, el control dietético del perro. 2. Elegir las técnicas de acondicionamiento de zonas de alojamiento y medios de transporte adecuados al bienestar de los perros. 3. Explicar los cuidados higiénicos al perro actuando con criterios de salud y estética. 4. Explicar y justificar las técnicas de cuidados sanitarios a perros atendiendo a instrucciones predefinidas. 5. Explicar y elegir las técnicas de estimulación física y sensorial al perro a través de ejercicios adaptados a las características de la raza, teniendo en cuenta el bienestar animal. 6. Describir la documentación necesaria en el seguimiento y control de un perro para cumplir con la normativa y/o seguimiento de instrucciones llevadas a cabo con el mismo. Contenidos: − Alimentación de perros e instalaciones y medios de traslado de perros. − Cuidados sanitarios e higiénicos del perro y tramitación de documentación. − Accidentes más comunes en el perro de caza. − Botiquín de primeros auxilios. Periodo de prácticas. Objetivos formativos: 1. Completar en un contexto práctico la adquisición de aprendizajes alcanzados. 2. Completar el conocimiento sobre la organización deportiva y laboral correspondiente, con el fin de facilitar su inserción. 3. Evaluar en un contexto real deportivo y laboral el grado de consecución de los objetivos alcanzados. 4. Colaborar en el desarrollo de las actividades, competiciones y otros eventos de la iniciación deportiva en adiestramiento de perros de caza. 5. Concretar y dirigir sesiones de iniciación deportiva en adiestramiento de perros de caza. 6. Dirigir al perro de caza en competiciones. 7. Actuar con autonomía, iniciativa y responsabilidad en el puesto de trabajo. 8. Demostrar comportamiento ético, habilidades personales de comunicación, trabajo en equipo. Actividades: − Realización de prácticas fundamentalmente y en su mayor parte centradas en las técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros. − Realización de prácticas sobre el adiestramiento de perros de muestra en sus estándares de trabajo. − Supervisión del estado y funcionamiento de las instalaciones y materiales. − Realización de operaciones de mantenimiento y reparaciones básicas de los materiales e instalaciones. − Aplicación de los primeros auxilios en un supuesto práctico. − Atención a los alumnos; recibiéndoles, informándoles, orientándoles y despidiéndoles. − Organización y dirección sesiones de iniciación siguiendo las instrucciones que reciba y la programación de referencia. − Realización de operaciones de almacenamiento, transporte, preparación y mantenimiento de las instalaciones, y materiales. ANEXO II Áreas del bloque específico del plan formativo que pueden ser cursadas a distancia o de forma semipresencial   Nivel I Áreas a distancia. Área: Las razas de perros de caza, origen y utilización Área: El cachorro y su crecimiento Área. Veterinaria e higiene del perro de caza Áreas semipresenciales.

Plan formativo de caza, ya aprobado y oficial

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, determina en su disposición transitoria primera que hasta la implantación efectiva de las enseñanzas de una determinada modalidad o especialidad deportiva, las formaciones promovidas por las respectivas federaciones deportivas y por los órganos responsables de deportes de las Comunidades Autónomas podrán obtener el reconocimiento a efectos de correspondencia formativa, una vez publicado el título oficial, siempre y cuando se adapten a lo establecido en la norma que dicte el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, por la que regulan los aspectos curriculares, los requisitos generales y los efectos de las actividades de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, viene a regular los aspectos curriculares de las actividades de formación deportiva a los que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, las organiza en tres niveles: Nivel I, nivel II y nivel III, y obliga a que estas se refieran a un plan formativo para cada modalidad o especialidad. Este plan formativo se establecerá a propuesta de la federación deportiva española correspondiente o de las Comunidades Autónomas o de las Ciudades con Estatuto de Autonomía y desarrollará el requisito específico de acceso, el bloque específico, el periodo de prácticas de cada nivel, y en su caso, la oferta parcial del nivel I. La existencia de un plan formativo común a todas las actividades de formación deportiva de un mismo nivel y modalidad pretende garantizar la homogeneidad de la formación de los entrenadores deportivos dentro del sistema deportivo, y adecuar sus contenidos a los objetivos establecidos para cada nivel. El artículo 4 de la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, permite la flexibilización de las enseñanzas y compatibilizar esta formación con otras actividades deportivas, laborales o académicas. En estas circunstancias y para garantizar los objetivos propuestos, parece adecuado, a semejanza de lo establecido con el bloque común, determinar las áreas del bloque específico que pueden ser ofertadas a distancia. De acuerdo con el artículo 6 de la citada Orden, corresponde al Presidente del Consejo Superior de Deportes establecer mediante Resolución el plan formativo de la modalidad. Por su parte, la Real Federación Española de Caza (RFEC) ha propuesto el plan formativo de nivel I, de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza reconocidas por el Consejo Superior de Deportes según lo dispuesto en el artículo 8 b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y respecto de la cual no se ha desarrollado y regulado los correspondientes títulos de enseñanza deportiva. Por todo ello, y en el marco normativo descrito, y en virtud de las facultades que confiere a la Presidencia del Consejo Superior de Deportes el artículo 6 de la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, resuelvo: Primero. Objeto. La presente Resolución tiene como objeto establecer los planes formativos del nivel I, de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre. Segundo. Código del plan formativo de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza. Nivel I: PF-114CAPE01 Tercero. Estructura y duración del plan formativo de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza. 1. La duración total del bloque específico del nivel I es de 80 h. 2. El periodo de prácticas del nivel I tiene una duración de 150 h. 3. Los objetivos formativos y contenidos de las áreas del bloque específico, así como los objetivos formativos y las actividades del periodo de prácticas de cada nivel se desarrollan en el anexo I de esta orden. Cuarto. Requisitos de carácter específico del plan formativo de las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza. Para el acceso a las actividades de formación deportivas de nivel I en las especialidades de caza menor con perro, caza San Huberto y perros de caza, además de los requisitos generales de acceso, y como consecuencia de las especiales condiciones de seguridad necesarias para la práctica deportiva de estas especialidades, se debe estar en posesión de la licencia de armas tipo E expedida por el Ministerio del Interior, así como la licencia de caza. Quinto. Formación a distancia. 1. Las áreas susceptibles de ser impartidas a distancia en su totalidad o de forma semipresencial serán las reflejadas en el anexo II. 2. La evaluación final para las áreas impartidas a distancia en su totalidad exigirá la superación de pruebas presenciales. Sexto. Oferta parcial del nivel I 1. La oferta parcial del nivel I, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 de la Orden EDU/3186/2010, de 7 de diciembre, está formada por el área de: Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros. La obediencia básica. 2. Para el acceso a esta oferta parcial del nivel I, se deben acreditar los requisitos generales y superar los requisitos específicos de acceso, establecidos para el nivel I. Séptimo. Resolución del procedimiento. La presente Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el Presidente del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente, mediante la interposición de ### RESUMEN: Plan formativo de caza, ya aprobado y oficial

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 11 de julio actual, en la Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) número 1389-2013, promovida por el Gobierno de la Nación, contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, ha acordado, mantener la suspensión de la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, suspensión que se produjo con la admisión de la mencionada Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 112, de 10 de mayo de 2013. Madrid, 11 de julio de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

Auto del Constitucional en el que mantiene la suspensión de la declaración de soberanía del Parlament Cataluña.

El Pleno del Tribunal Constitucional, por Auto de 11 de julio actual, en la Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) número 1389-2013, promovida por el Gobierno de la Nación, contra la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, ha acordado, mantener la suspensión de la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, suspensión que se produjo con la admisión de la mencionada Impugnación de disposiciones autonómicas (Título V LOTC) y que fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 112, de 10 de mayo de 2013. Madrid, 11 de julio de 2013.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra. ### RESUMEN: Auto del Constitucional en el que mantiene la suspensión de la declaración de soberanía del Parlament Cataluña.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1065-2010, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación contra el art. 2, apartados tres, cinco, siete, diez, once, trece y quince; art. 3, apartados cuatro y cinco; y la disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de Galicia 10/2009, de 30 de septiembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorro de Galicia. Han sido parte el Parlamento de Galicia y la Xunta de Galicia. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 9 de febrero de 2010, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 2, apartados tres, cinco, siete, diez, once, trece y quince; art. 3, apartados cuatro y cinco; y disposición transitoria primera de la Ley 10/2009, de 30 de diciembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorros de Galicia. En el escrito de demanda hizo invocación expresa del art. 161.2 CE, a los efectos de que se acordase la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados. 2. El Abogado del Estado, después de unas consideraciones previas sobre el encuadramiento competencial y el alcance de la competencia básica del Estado en materia de cajas de ahorro, y de notar también la naturaleza mediata o indirecta del recurso presentado, expone a continuación las tachas de inconstitucionalidad que reprocha a cada uno de los preceptos recurridos, y que agrupa en dos grandes bloques separados. a) Siguiendo este planteamiento, el Abogado del Estado cuestiona, en primer lugar, los apartados tres y trece del art. 2 de la citada Ley 10/2009, en cuanto que previenen sendas reglas que juzga contrarias al orden constitucional de distribución de competencias en materia de solvencia de las cajas de ahorro. El primero de los citados preceptos modifica el art. 15 c) del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, que, bajo la rúbrica «situación de déficit patrimonial», pasa a decir literalmente: «Cuando los recursos propios de una caja resultasen insuficientes para garantizar la solvencia de la entidad, deberán producirse: … c) Cualquier otra medida prevista en la normativa básica del Estado, previa autorización de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Galicia de acuerdo con la normativa vigente.» Para el representante del Estado el citado precepto, en la medida que sujeta a previa autorización autonómica la adopción de cualquier medida de intervención estatal destinada a garantizar la solvencia de las cajas, condiciona indebidamente el ejercicio de las funciones ejecutivas básicas de supervisión financiera reservadas al Estado, principalmente a través del Banco de España. Por su parte, el apartado trece del art. 2 recurrido modifica el art. 35.3 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, relativo a las «Funciones del Consejo de Administración», que queda redactado del siguiente modo: «En el caso de sistemas institucionales de protección, previstos por la normativa de recursos propios, o figura análoga que se pudiese crear, la necesaria autorización previa de la consejería competente en materia de política financiera considerará, entre otras, adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, las consecuencias que pudieran derivarse de la operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia. Una vez en funcionamiento, será obligatoria la remisión a la citada consejería de la misma información consolidada o agregada que deba remitirse al Banco de España.» En el criterio del Abogado del Estado, esta previsión y, en particular, el sometimiento de la autorización de la integración de una caja en los denominados sistemas institucionales de protección a la previa valoración por la consejería competente de las consecuencias que pudieran derivarse de la correspondiente operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia incurre en inconstitucionalidad mediata. Tal exigencia desnaturalizaría la propia figura de los sistemas institucionales de protección como mecanismo de protección mutua para garantizar su respectiva solvencia; se aparta de los criterios o requisitos que con carácter básico ordenan la autorización para la aplicación de una ponderación del 0 por 100 a los riesgos asumidos frente a las contrapartes que pertenezcan al mismo sistema institucional de protección que la entidad acreedora, a efectos del requerimiento de recursos propios, y que es una facultad de exclusiva competencia del Banco de España, como manifestación de su genuina función de control y supervisión de la solvencia de las entidades de crédito. b) Por su parte, a los apartados cinco, siete, diez, once y quince del art. 2; a los apartados cuatro y cinco del art. 3; y a la disposición transitoria primera de la Ley 10/2009, el representante del Estado les reprocha la vulneración del orden constitucional de distribución de competencias en materia de órganos de gobierno y representación de las cajas de ahorro, usando en cada caso la siguiente argumentación. i) El art. 2.5 de la Ley 10/2009 modifica el art. 23 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, que establece ahora: «El contenido y el acceso al registro de los órganos de gobierno y de altos cargos de las cajas de ahorros gallegas se desarrollará reglamentariamente. En todo caso, la inscripción en este registro tiene carácter constitutivo, de modo que los nombramientos, reelecciones y ceses no tendrán eficacia vinculante y ejecutiva hasta la comunicación a la entidad de la inscripción de aquellos.» El Abogado del Estado razona que el carácter constitutivo de la inscripción registral que establece el precepto y, en consecuencia, el sometimiento de la eficacia de los nombramientos, reelecciones y ceses de los órganos de gobierno y altos cargos de las cajas de ahorro gallegas al requisito de la previa comunicación en el registro de los correspondientes actos vulnera la competencia exclusiva del Estado sobre legislación mercantil (art. 149.1.6 CE) y rompe la uniformidad de la regulación jurídico-privada. Y vulnera también la competencia básica del Estado en materia de órganos de representación en la medida que incorpora un requisito no previsto en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorro (en adelante, LORCA). ii) El art. 25 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, relativo a la Asamblea general, regula su composición, establece los sectores con representación en la misma y sus respectivos porcentajes, y fija las normas para la elección de los representantes de cada uno de esos sectores. En lo que ahora exclusivamente importa, el art. 25.2 c), en la redacción dada al mismo por el art. 2.7 impugnado en este proceso constitucional, establece: «2. Los sectores representados en la asamblea general y los porcentajes de representación son los siguientes: … c) Las entidades representativas de intereses colectivos: con el 10 por 100. Dentro de este porcentaje, el 25 por 100 será para las entidades representativas de las confederaciones de empresarios de Galicia, otro 25 por 100 para las organizaciones sindicales más representativas de Galicia, otro 25 por 100 para las restantes entidades con representación en el Consejo Económico y Social de Galicia, no mencionadas anteriormente, que no tengan la consideración de administración institucional o corporativa, y el otro 25 por 100 para las asociaciones e instituciones de carácter benéfico o social de reconocido prestigio y representatividad en el ámbito territorial de actuación de la caja de ahorros, designadas por orden de la consejería competente en materia de política financiera, previa consulta a las entidades.» El Abogado del Estado tacha este precepto de inconstitucional porque ignora el principio, que califica de básico, previsto en el art. 2.3 LORCA y que obliga, en observancia del principio de igualdad, a que la representación en la asamblea general de los distintos grupos sea «proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes Comunidades Autónomas en que [las cajas de ahorro] tengan abiertas oficinas». iii) El art. 2.diez de la Ley 10/2009 da nueva redacción al art. 31 a) del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, relativo a las funciones de la asamblea general, para establecer que corresponde a la asamblea general, entre otras funciones, «nombrar a los vocales del consejo de administración y de la comisión de control de entre los miembros de la propia asamblea general». Para el Abogado del Estado esta última previsión choca frontalmente con lo previsto por el legislador básico estatal en los arts. 14 y 22.1 LORCA, que no exigen en ningún caso que los vocales del consejo de administración y de la comisión de control pertenezcan a la propia asamblea general: limitarían indebidamente de este modo la facultad de nombramiento de la asamblea general y, en consecuencia, la propia libertad de gestión y auto-organización de la entidad. iv) Los apartados 3 y 4 del art. 32 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, relativo a la convocatoria y realización de la asamblea general, en la redacción dada a los mismos por el art. 2.11 de la Ley 10/2009, también impugnado, establecen: «3. Para su válida constitución en primera convocatoria la asamblea general precisará de la asistencia de la mayoría de sus miembros. En segunda convocatoria será precisa la asistencia de más de un tercio de los consejeros generales, excepto en los supuestos en los que se debata la emisión de cuotas participativas, la separación de miembros de los órganos de gobierno, la aprobación o modificación de los estatutos y de los reglamentos o la liquidación o disolución de la caja de ahorros, en cuyo caso se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. 4. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de votos de los concurrentes, salvo en los casos señalados en el apartado anterior, en los que será necesario el voto favorable de dos tercios de los concurrentes.» En este caso, el representante del Estado razona que los citados preceptos, que reproducen sustancialmente lo dispuesto con carácter básico por el art. 12.2, en relación con el art. 11.3 LORCA, incurren no obstante al hacerlo en significadas omisiones que lo convierten en inconstitucional. Singularmente porque, a diferencia de lo dispuesto por el legislador estatal, que exige el voto favorable de dos tercios de los asistentes, la Ley autonómica cuestionada no impone ningún quórum cualificado para la adopción de los acuerdos de fusión de las cajas de ahorros, bastando por el contrario en esos casos con la mayoría simple de votos de los concurrentes a la asamblea general. v) El art. 2.quince de la Ley 10/2009 da nueva redacción al art. 37.3 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia para establecer: «3. Con la excepción del Parlamento de Galicia, ninguna entidad podrá tener más de un representante en el consejo de administración de una caja de ahorros ni podrá estar representada simultáneamente en el consejo de administración y en la comisión de control de la misma caja de ahorros.» El Abogado del Estado considera que esta previsión contradice abiertamente lo dispuesto con carácter básico en el art. 14 LORCA («la representación de los intereses colectivos en el consejo de administración se llevará a efecto mediante la participación de los mismos grupos y con igual proporción y características que las establecidas en el art. 2.3 para los miembros de la asamblea general»), que no impone la limitación que ahora prevé la Ley autonómica. vi) El art. 3.4 de la Ley 10/2009 da nueva redacción a los apartados 3 y 4 del art. 74 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia. Según esta nueva redacción: «3. Corresponde a la consejería competente en materia de política financiera autorizar los acuerdos aprobados por la asamblea general de las cajas de ahorros con domicilio social en Galicia relativos a la determinación de los excedentes y a su distribución conforme a la normativa aplicable, así como los relativos a los presupuestos para el ejercicio en curso, a las nuevas obras sociales y a la liquidación del ejercicio anterior. 4. La consejería competente en materia de política financiera podrá, mediante convenio, acordar anualmente con las cajas de ahorros gallegas el porcentaje de sus excedentes que dedicarán a obras sociales. En caso de que los convenios señalados no sean firmados antes de 31 de marzo de cada ejercicio, dicha porcentaje podrá ser establecida por orden de la consejería competente en materia de cajas de ahorros, previa audiencia de las entidades afectadas.» Para el representante del Estado la autorización autonómica considerada en relación con los acuerdos asamblearios relativos a los presupuestos para el ejercicio en curso, a las nuevas obras sociales y a la liquidación del ejercicio anterior, así como la posibilidad de que sea la Consejería la que eventualmente determine el porcentaje de los excedentes de las cajas que han de destinarse a obras sociales, son previsiones contrarias al art. 11.6 LORCA, que atribuye con carácter básico a la asamblea general la función de «creación y disolución de obras benéficas, así como la aprobación de sus presupuestos anuales y de la gestión y liquidación de los mismos». vii) El art.75.1 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, relativo al destino de la acción social, en la redacción dada por el art. 3.5 de la Ley 10/2009, ahora impugnado, establece en su segundo párrafo lo siguiente: «Será preciso el informe favorable previo de la consejería competente en materia de política financiera para la realización de cualquier obra social, propia o en colaboración, cuando el importe que se vaya a financiar por la caja en el ejercicio vigente y en los dos siguientes sea superior a 500.000 euros.» En el criterio del Abogado del Estado este precepto vulnera la legislación básica estatal y se opone asimismo, de modo particular, al art. 11.6 LORCA, antes visto, y que atribuye a la asamblea general la aprobación y liquidación de sus presupuestos sin necesidad de contar con autorización autonómica. viii) El representante del Estado impugna por último la disposición transitoria primera de la Ley 10/2009, cuyo apartado 1 establece: «Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 del texto refundido de la legislación de cajas de ahorros de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 10 de marzo, dados los cambios porcentuales y sectoriales que se introducen, en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ley, las cajas de ahorros con domicilio social en Galicia deberán proceder a renovar la totalidad de sus órganos de gobierno, adaptándolos a las disposiciones que se contienen en esta ley.» En su opinión, esta disposición, en la medida que impone la renovación total de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro gallegas, pugna directamente con la regla prevista por el legislador básico estatal en los arts. 9.2 y 17.2 LORCA, que impone la renovación parcial de los órganos de gobierno como fórmula para garantizar la estabilidad y la eficacia en su gestión. 3. Por providencia de 18 de febrero de 2010 el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de la Xunta de Galicia y al Parlamento de Galicia para que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. En la misma providencia este Tribunal acordó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE y, en su virtud, de conformidad con el art. 30 LOTC, suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, y publicar la incoación del presente recurso y la suspensión acordada en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Galicia». 4. El Presidente del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado el día 23 de febrero de 2010, comunicó que la Mesa de la Cámara había acordado solicitar que se dé por personada a la Cámara en este procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Senado mediante escrito registrado en este Tribunal el siguiente día 3 de marzo de 2010. 5. El 15 de marzo de 2010 el Letrado Oficial Mayor del Parlamento de Galicia presentó su escrito de alegaciones. Tras notar la flexibilidad que ha guiado la interpretación constitucional de la competencia del Estado en materia de bases y coordinación de la planificación de la actividad económica del art. 149.1.13 CE, el representante procesal del Parlamento de Galicia advierte no obstante que la fuerza expansiva del citado título competencial, en relación con las bases de la ordenación bancaria del art. 149.1.11 CE, no puede concluir simplemente en el vaciamiento de las competencias autonómicas asumidas estatutariamente en materia de cajas de ahorro (art. 30.1.5 del Estatuto de Autonomía de Galicia, en adelante EAG); se refiere de modo particular a las facultades autonómicas previstas en el Decreto 77/1983, de 21 de abril, sobre la dependencia orgánica y funcional de las cajas de ahorro de la Comunidad de Galicia. Dicho esto se opone separadamente a cada una de las tachas de inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno de la nación, suscribiendo en cada caso la argumentación que a continuación se resume. a) En relación con el art. 15 c) del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, en la nueva redacción dada al mismo por el art. 2.3 de la Ley 10/2009 impugnado, que sujeta a previa autorización autonómica la adopción de cualquier otra medida prevista en la legislación básica del Estado en el supuesto de que los recursos propios de una caja resultasen insuficientes para garantizar la solvencia de la entidad, el representante del Parlamento gallego razona que la autorización cuestionada no impide ni obstaculiza la tempestiva intervención de las autoridades estatales; sería por el contrario perfectamente compatible con ésta, supuesta su comunión de fines, según lo testimonian las abundantes previsiones normativas autonómicas que prevén igualmente la supervisión autonómica en supuestos semejantes. b) Tampoco a juicio del Parlamento de Galicia la autorización introducida en el art. 35.3 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia por el art. 2.13 de la Ley 10/2009 resulta inconstitucional. Al igual que antes, porque la intervención autonómica, que toma pie en la necesidad de velar por la naturaleza fundacional, prestigio y estabilidad de las cajas gallegas, no traspasa el ámbito competencial autonómico y es plenamente compatible con la intervención del Banco de España, al que corresponde la autorización de la integración de una caja en un sistema institucional de protección. c) Respecto de la inscripción registral de carácter constitutivo prevista en el nuevo art. 23.2 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, según la redacción dada al mismo por el art. 2.5 de la Ley 10/2009 impugnado, el representante del Parlamento gallego razona que dicho carácter está justificado por la necesidad de garantizar la efectividad del control autonómico sobre los actos de nombramiento, reelección y cese de los órganos de gobierno de las cajas gallegas; se trataría de una finalidad congruente con la garantía del carácter democrático y transparente del funcionamiento de las cajas, según una fórmula que otras Comunidades Autónomas han previsto igualmente, sin ninguna tacha por parte del Estado. Además, añade, se trata de una previsión que no tiene carácter básico y, por tanto, puede ser válidamente establecida por el legislador autonómico, de modo que el silencio de la LORCA en este punto no determina la incompetencia de la Comunidad Autónoma. d) En relación con la representación en la asamblea general de las entidades representativas de intereses colectivos que establece el art. 25 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, en la redacción introducida por el art. 2.7 de la ley 10/2009 recurrido en este proceso constitucional, el Parlamento gallego argumenta que se trata de una previsión que no es básica y, por tanto, que puede ser regulada por el legislador autonómico en el ejercicio de sus competencias en la materia. Recuerda que la LORCA solo ha previsto la aplicación del principio de proporcionalidad en función de la cifra de depósitos entre las diferentes Comunidades Autónomas en que tengan abiertas oficinas respecto de los sectores de representantes en la asamblea general de los impositores y de las corporaciones locales, pero no, en cambio, respecto del sector ahora contemplado, cuya representación en consecuencia puede ser fijada por el legislador autonómico sin necesidad de observar el citado principio de proporcionalidad. e) Tampoco a su juicio merece reproche de inconstitucionalidad la modificación introducida en el art. 31 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia y que atribuye a la asamblea general la función de nombrar a los vocales del consejo de administración y de la comisión de control de entre los miembros de la propia asamblea. En este caso porque el régimen previsto por la LORCA en materia de provisión de los correspondientes vocales, y que admite, a fin de garantizar la profesionalización en la gestión de las cajas, la designación de terceras personas, no pugna con el precepto autonómico impugnado, toda vez que, supuesto su carácter básico, esa regla estatal está en todo caso garantizada por la regulación autonómica que admite expresamente la incorporación al consejo de terceros profesionales en representación del Parlamento de Galicia, de las corporaciones locales y de las entidades representativas de intereses colectivos [art. 25.3 h) del texto refundido de la Ley gallega]. f) Por parecidas razones el Parlamento gallego rechaza igualmente la tacha de inconstitucionalidad opuesta contra el quórum de mayoría simple de los votos previsto en el art. 2.11 de la Ley 10/2009 para la adopción de acuerdos por la asamblea general. En su criterio, la interpretación sistemática del nuevo art. 32. 3 y 4 con lo dispuesto en el art. 52 del propio texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, que fija el quórum de asistencia y votación exigible en materia de acuerdos de fusión, permite salvar limpiamente la tacha formulada por el Abogado del Estado. g) El representante del Parlamento autonómico considera asimismo plenamente constitucional la previsión introducida en el art. 37.3 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia por el art. 2.quince impugnado, y que impone, con excepción del propio Parlamento de Galicia, el límite de un representante por entidad en el consejo de administración. En su opinión, este límite no carece de fundamento desde el punto de vista del principio democrático que inspira la regulación de los órganos de gobierno de las cajas y es, por otra parte, el mismo que sancionan otras Comunidades Autónomas. h) El Parlamento de Galicia defiende también la constitucionalidad de la autorización autonómica prevista en el art. 74.3 y 4 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, en la redacción dada a los citados apartados por el art. 3.4 impugnado, en relación en este caso con los acuerdos asamblearios relativos a los presupuestos para el ejercicio en curso, a las nuevas obras sociales y a la liquidación del ejercicio anterior, así como la posibilidad de que sea la Consejería la que eventualmente determine el porcentaje de los excedentes de las cajas que han de destinarse a obras sociales. De modo principal porque esas facultades autonómicas son manifestación de la función de vigilancia del cumplimiento del fin social característico de las cajas de ahorro y que corresponde ejercer a las autoridades de la Comunidad Autónoma. i) Por similares razones, el Parlamento de Galicia defiende igualmente la constitucionalidad de la previsión introducida por el art. 3.5 impugnado en el art. 75.1 del texto refundido de la Ley 4/1996, y que sujeta a informe favorable previo de la consejería competente en materia de política financiera la realización de cualquier obra social, propia o en colaboración, cuando el importe que se vaya a financiar por la caja en el ejercicio vigente y en los dos siguientes sea superior a 500.000 €. j) El representante del Parlamento autonómico niega, por último, que la disposición transitoria primera de la Ley 10/2009 incurra en el vicio de constitucionalidad que le reprocha el Abogado del Estado. En este caso porque el reproche formulado en el recurso interpuesto toma pie en una interpretación aislada y forzada de lo dispuesto en la disposición impugnada; la renovación de la totalidad de los órganos de gobierno que impone, leída en relación con la disposición transitoria segunda, resulta en rigor solo parcial al no afectar a todos los sectores con representación en la asamblea general, de forma que respeta el criterio básico del art. 9 LORCA. Mediante otrosí el Parlamento de Galicia solicitó el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados en el presente recurso de inconstitucionalidad. 6. El 15 de marzo de 2010 el Letrado de la Xunta de Galicia presentó sus alegaciones. En un largo escrito, que comienza por notar la evolución normativa autonómica sobre cajas de ahorro, subraya la especificidad de la materia, que el art. 30.1.5 EAG atribuiría en exclusiva a la Comunidad Autónoma de acuerdo con las bases de la ordenación del crédito (art. 149.1.1 CE) y de las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica (art. 149.1.13 CE). A continuación repasa la doctrina de este Tribunal, haciendo singular hincapié en los dos principios que determinan el contenido de lo básico en la materia, plasmado en la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro: el carácter representativo de las cajas de ahorro y la eficacia de su gestión, que debe cumplirse con criterios estrictamente profesionales. Con arreglo a estos presupuestos, afirma que difícilmente es posible tachar de inconstitucionalidad los preceptos legales precisamente impugnados cuando refuerzan los mismos dos principios de la legislación básica estatal. Para probarlo, analiza por separado cada uno de los distintos preceptos de la Ley 10/2009 recurridos por el Abogado del Estado en este proceso constitucional. a) En relación con el art. 15 c) del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, en la nueva redacción dada al mismo por el art. 2.3 de la Ley 10/2009 impugnado, que sujeta a previa autorización autonómica la adopción de cualquier otra medida prevista en la legislación básica del Estado en el supuesto de que los recursos propios de una caja resultasen insuficientes para garantizar la solvencia de la entidad, el Letrado de la Xunta descarta la existencia de cualquier invasión competencial; conforme certifica el texto del propio precepto, la autorización autonómica cuestionada solo es posible si antes ha sido específicamente prevista o, en su caso, no ha sido prohibida por la propia normativa básica estatal, siempre de conformidad con la normativa vigente. De modo congruente, el precepto impugnado no establece ningún supuesto de intervención estatal necesitado de previa autorización autonómica. Se limita a prever esa posible intervención autonómica, que no cabe rechazar de antemano; de hecho, estaría ya prevista en otros supuestos (art. 17 del texto refundido) y, en todo caso, se suma a la intervención, que no es exclusiva, de las autoridades del Estado, principalmente del Banco de España, en materia de solvencia de las cajas de ahorro, pero sin impedirla ni obstaculizarla indebidamente. b) Respecto de la autorización autonómica introducida en el art. 35.3 del texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorros de Galicia por el art. 2.13 de la Ley 10/2009 en los casos de incorporación de una caja de ahorros gallega a un sistema institucional de protección, el Letrado de la Xunta comienza mostrando su sorpresa por la impugnación, habida cuenta de que la misma fórmula figura en las correspondientes leyes de otras Comunidades Autónomas, sin que hayan sido objeto sin embargo de ninguna tacha por el Estado. Advierte que la autorización cuestionada apunta un supuesto singular de la intervención autonómica en materia de alianzas y fusiones entre cajas de ahorro, que está prevista con normalidad por la legislación autonómica en el marco de la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro. Se trataría, además, de una previsión perfectamente compatible con la intervención del Banco de España, congruente con la dimensión territorial de las cajas, según ha sido subrayado por la doctrina del Tribunal Constitucional. c) Respecto de la inscripción registral prevista en el art. 23 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, en la redacción dada por el art. 2.5 de la Ley 10/2009, el Letrado de la Xunta alega que su carácter constitutivo, aparte de no constituir ninguna novedad en el panorama legislativo autonómico en materia de cajas de ahorro, entronca con el carácter fundacional de las cajas y la garantía de los principios de democratización y profesionalización; traduce un control administrativo de contenido estrictamente técnico-jurídico y no de oportunidad, que no contradice la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro y que el legislador gallego ha decidido legítimamente incorporar en ejercicio de su competencia de desarrollo de las bases del Estado en materia de cajas de ahorro, sin que el título estatal sobre «legislación mercantil» del art. 149.1.6 CE sea de aplicación. d) El representante de la Xunta de Galicia rechaza asimismo la impugnación del art. 2.7 de la Ley 10/2009, que da nueva redacción al art. 25 del texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorros de Galicia. En primer lugar porque, frente al criterio del Abogado del Estado, el art. 2.3 LORCA obligaría, en aras del principio de igualdad, a que la representación en la asamblea general de los distintos grupos sea «proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes Comunidades Autónomas en que [las cajas de ahorros] tengan abiertas oficinas»; no se trata de un precepto formal ni materialmente básico. En segundo lugar, porque esa prescripción solo valdría para las corporaciones locales y los impositores; no comprendería, por tanto, al grupo de entidades representativas de intereses colectivos ahora considerado. En tercer lugar, porque si la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro excluye la aplicación de la citada regla de proporcionalidad en el caso de los representantes de la Comunidad Autónoma, la misma conclusión ha de valer para los representantes de intereses colectivos, habida cuenta de su misma vinculación territorial con Galicia. Finalmente, porque el Abogado del Estado no ha demostrado que la previsión autonómica sea insuficiente para cumplir con la controvertida regla de proporcionalidad. e) En relación con la facultad de nombramiento de vocales del consejo de administración atribuida a la asamblea general por el art. 31 a) del texto refundido de la Ley 4 de Cajas de Ahorros de Galicia, en la redacción dada al mismo por el art. 2.10 impugnado, el Letrado de la Xunta alega que el hecho de que ese nombramiento deba hacerse a favor de miembros de la propia asamblea no pugna con la legislación básica estatal. De un lado porque el art. 14 LORCA, aludido por el Abogado del Estado, no es un precepto básico conforme declara la propia disposición final cuarta LORCA, que niega expresamente carácter básico al «mecanismo relativo a la forma y requisitos de provisión de vocales del consejo de administración». De otro, porque lo único que impone la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro es que los vocales sean profesionales de acreditada capacidad técnica, como fórmula para garantizar la eficacia en la gestión, con independencia de su extracción; exigencia que la Ley autonómica garantiza igualmente si se tienen en cuenta los requisitos que han de cumplir los representantes en la asamblea general. f) El Letrado de la Xunta rechaza también la impugnación del art. 2.11 de la Ley 10/2009, que da nueva redacción al art. 32 del texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorros de Galicia, sobre quórum para la adopción de acuerdos por la asamblea general. Tampoco en este caso concurriría el exceso competencial que reprocha el Abogado del Estado; bastaría leer el citado precepto autonómico, en relación con lo dispuesto en el art. 52 del texto refundido, para comprobar que la adopción de acuerdos de fusión precisa del quórum reforzado de dos tercios, en plena sintonía con lo dispuesto en el art. 12.2 LORCA y la doctrina de este Tribunal Constitucional. g) Varias son asimismo, a juicio del representante de la Xunta, las razones que niegan la tacha de inconstitucionalidad formulada por el Abogado del Estado contra el art. 2.15 impugnado, que da nueva redacción al art. 37 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, que regula el número máximo de representantes por entidad en el consejo de administración. Además de que, según antes ya advirtió, el art. 14 LORCA no es un precepto básico, la limitación autonómica cuestionada se predica de las «entidades» y no de los «sectores» o «grupos» representados en la asamblea general; este es el criterio que suscribe la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro, de modo que un determinado sector podrá tener más de un representante en el consejo de administración, garantizando el respeto al principio de proporcionalidad, en forma plenamente conforme con la doctrina constitucional. Por otra parte, el Letrado de la Xunta razona también sobre el carácter no aplicable del art. 2.3 LORCA invocado en contraste por el Abogado del Estado en su escrito de recurso. Subraya que el temor de que, en el caso de las corporaciones locales, la aplicación del precepto autonómico cuestionado impida guardar la pretendida proporción entre miembros de la asamblea general y miembros del consejo de administración carece de justificación y resulta rigurosamente infundado. h) El representante de la Xunta de Galicia descarta asimismo la inconstitucionalidad de las modificaciones de los arts. 74.3 y 4, y 75.2 del texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorros de Galicia; atribuyen a la Administración autonómica determinadas facultades de autorización respecto de los acuerdos de la asamblea general en materia de aprobación, destino y liquidación de los presupuestos para obras sociales y de inversión por importe superior a 500.000 euros en obras benéfico-sociales, introducidas respectivamente por los impugnados apartados cuatro y cinco del art. 3 de la Ley 10/2009. En contra del criterio del Abogado del Estado, la correspondiente intervención autonómica no cuestiona las funciones de la asamblea general, el hecho de que la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro no prevea una intervención administrativa al respecto no convierte en inconstitucional las intervenciones autonómicas ahora consideradas, ya que no faltan en los ordenamientos autonómicos supuestos de autorización administrativa de acuerdos asamblearios, justificados en el interés público presente en la gestión de las cajas de ahorro repetidamente subrayado por este Tribunal Constitucional. i) Por último, en relación con la disposición transitoria primera de la Ley 10/2009 impugnada, el Letrado de la Xunta argumenta que la renovación de los órganos de gobierno que impone la citada disposición no es, frente a lo razonado por el Abogado del Estado, total sino parcial, según se desprende de lo dispuesto en la siguiente disposición transitoria segunda, y, por tanto, plenamente conforme con el criterio básico que obliga, para garantizar la continuidad y estabilidad en la gestión, a que las renovaciones de los órganos de gobierno de las cajas sean parciales. El representante del gobierno autonómico advierte también que las reglas en materia de renovación previstas en los arts. 9.2 y 17.2 LORCA, aun siendo básicas, no son aplicables a un supuesto de renovación de los órganos de dirección motivada por un cambio normativo, como es aquí el caso; resultaría obligado aceptar la posibilidad de que las Comunidades Autónomas introduzcan ciertas matizaciones al respecto, según este Tribunal Constitucional ha advertido igualmente. Mediante otrosí el letrado de la Xunta solicitó la apertura del incidente de levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados. 7. El Pleno de este Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de abril de 2010, acordó incorporar al presente proceso constitucional los escritos de alegaciones formulados por los Letrados del Parlamento de Galicia y de la Xunta de Galicia y, respecto de su solicitud sobre el levantamiento de la suspensión de los preceptos objeto del recurso, conceder a las partes personadas y al Abogado del Estado plazo para alegaciones por cinco días. 8. Evacuado el citado trámite de alegaciones por el Abogado del Estado y las partes personadas, el Pleno del Tribunal acordó, por ATC 75/2010, de 30 de junio, mantener la suspensión de los incisos impugnados de los arts. 15 c); 31 a); y el último párrafo del art. 35.3 del texto refundido de la Ley de Cajas de Ahorros de Galicia, respectivamente introducidos por los apartados tres, diez, y trece del art. 2; y levantar la suspensión de la vigencia de los apartados cinco, siete, once y quince del art. 2; de los apartados cuatro y cinco del art. 3 y de la disposición transitoria primera, todos ellos de la Ley 10/2009, de 30 de diciembre, de modificación del texto refundido de la Ley gallega. 9. Por providencia de 16 de diciembre de 2014 se señaló, para deliberación y votación de la presente Sentencia, el día 18 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. La presente Sentencia tiene por objeto resolver el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de la Nación contra los apartados tres, cinco, siete, diez, once, trece y quince del art. 2; los apartados cuatro y cinco del art. 3; y la disposición transitoria primera, todos ellos de la Ley del Parlamento de Galicia 10/2009, de 30 de diciembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorro de Galicia. Conforme se ha advertido en los antecedentes, el recurso formulado por el Abogado del Estado se articula en dos bloques principales y se fundamenta en motivos competenciales por considerar que los preceptos autonómicos recurridos no respetan las competencias del Estado sobre bases de la ordenación del crédito, banca y seguros; tampoco bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (11 y 13 del art. 149.1 CE, respectivamente) ni, de modo particular, las correspondientes previsiones de la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorro (LORCA). En el caso del art 2.5 impugnado, el recurso aduce, además, la vulneración de la competencia del Estado en materia de legislación mercantil (art. 149.1.6 CE). Por su parte, el Parlamento y el Gobierno de la Xunta de Galicia han defendido la constitucionalidad de los preceptos impugnados con fundamento en las competencias autonómicas asumidas estatutariamente; en particular, en la competencia exclusiva que, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado, el art. 30.1.5 del Estatuto de Autonomía para Galicia (EAG) reconoce a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de cajas de ahorro. 2. Con arreglo a estos perfiles, y con independencia del significado y alcance constitucionales del título competencial sobre legislación mercantil del art. 149.1.6 CE, que veremos más adelante, importa recordar la doctrina de este Tribunal en materia de bases de la ordenación del crédito (art. 149.1.11 CE) y, más específicamente, en materia de cajas de ahorro, que es, como se ha observado y subrayan las partes, el principal título competencial cuestionado en el presente proceso constitucional. Esta doctrina, que arranca de la temprana STC 1/1982, de 28 de enero, precisada luego entre otras por las SSTC 48/1988 y 49/1998, ambas de 22 de febrero, está sintetizada en la más reciente STC 118/2011, de 5 de julio, FJ 3. Afirma que en materia de cajas de ahorro no es posible establecer «una separación tajante entre la actividad externa o crediticia de las cajas y su organización de forma que las bases de ordenación del crédito deben contener tanto las normas reguladoras de la estructura, organización interna y funciones de los diferentes intermediarios financieros, como aquellas otras que regulan aspectos fundamentales de la actividad de tales intermediarios, entre los cuales se insertan legalmente las cajas de ahorros». De todas formas, las competencias básicas del Estado no se agotan en «las propias legislativas, pues cuando la preservación de un tratamiento uniforme reclame el complemento reglamentario, y aun el ejecutivo, se justifica la reserva de estas competencias en la medida indispensable» (últimamente, por todas, STC 182/2013, de 23 de octubre, FJ 4). De conformidad con las declaraciones de las SSTC 48/1988 y 49/1988, este Tribunal Constitucional, como recuerda también la citada STC 118/2011, FJ 3, ha precisado asimismo que «compete al Estado regular, con carácter básico, no sólo los aspectos relacionados con la actividad crediticia de estas entidades sino también determinadas cuestiones relativas a la estructura y organización de las cajas de ahorros, lo que se manifiesta en los dos principios informadores del modelo organizativo derivado de la normativa básica estatal en materia de cajas: el principio democrático y carácter representativo de las cajas, principios que deben conciliarse en todo caso con la exigencia de una gestión eficaz cumplida con criterios de estricta profesionalidad». Esto determina que, «las normas del Estado «deberán ser calificadas de básicas si se justifican por la necesidad de conseguir alguno de [esos principios]». Se ha subrayado que el principio de democratización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros «impone que deban estar representados en sus órganos rectores todos los intereses genuinos de las zonas sobre las que operan, lo que ha de reflejarse necesariamente en las normas que determinan los órganos de gobierno, sus funciones y composición, pero también en aquellas que garantizan la renovación de los mismos, así como la autonomía de los grupos representados y la independencia de sus miembros, si bien sólo pueden incluirse en el marco estatal básico aquellas normas que resulten justificadas por el objetivo de garantizar los principios básicos que informan el modelo participativo diseñado por el legislador estatal, cuyo desarrollo corresponde a las Comunidades Autónomas, con el límite de no dar lugar a una conformación radicalmente distinta del modelo participativo establecido en la legislación estatal». Por su parte, a propósito de la exigencia de profesionalidad en la gestión, se ha señalado asimismo que ese segundo principio «resulta indispensable para que las cajas de ahorros … puedan prestar con la máxima eficacia sus servicios a la economía nacional, eficacia que exige la estabilidad de sus órganos y la profesionalización de éstos para que resulte compatible con su carácter representativo» (STC 118/2011, de 5 de julio, FJ 3). En esa misma jurisprudencia se afirma también que «las competencias estatales no pueden producir un vaciamiento de las competencias autonómicas con lo que el marco estatal básico relativo a la configuración de las cajas de ahorros no puede concretarse de tal modo que conduzca de hecho a la uniformidad organizativa de las mencionadas entidades, impidiendo a las Comunidades Autónomas tener presente en su desarrollo las características peculiares de sus respectivos territorios» (STC 118/2011, FJ 3). 3. En este tipo de asuntos –en los que el exceso competencial denunciado se funda en la pretendida contradicción de la normativa autonómica con la legislación básica del Estado, por este motivo denominado de inconstitucionalidad mediata o indirecta– para resolver las tachas formuladas por el Abogado del Estado nos corresponde, en primer lugar, comprobar el carácter efectivamente básico de los preceptos de la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro que en el criterio del Abogado del Estado están directamente enfrentados con los correspondientes preceptos de la Ley autonómica 10/2009 recurridos. Nos pronunciaremos luego, si fuera necesario, sobre la existencia de una verdadera y real contradicción entre unos y otros, que no pueda ser salvada con una interpretación del precepto cuestionado conforme con la Constitución (recientemente, por todas, STC 56/2014, de 10 de abril FJ 4). Antes de comenzar el examen de los preceptos autonómicos impugnados importa también advertir que, durante la pendencia del presente proceso constitucional, la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro ha sido, primero, profundamente modificada por el art. 3 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro, y más recientemente, derogada por la Ley 26/2013, de 27 de diciembre de 2013, de cajas de ahorro y fundaciones bancarias. Esta última Ley ha sido modificada a su vez por la disposición final décima de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Por consiguiente, es la redacción vigente de la Ley 26/2013 y no, por tanto, la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro la norma que habremos de tener en cuenta a la hora de decidir sobre la impugnación formulada por el Abogado del Estado, sin perjuicio de las referencias, allá donde sean oportunas, a la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro o al citado Real Decreto-ley. En efecto, de conformidad con nuestra doctrina sobre el ius superveniens en procesos de naturaleza competencial, «el control de las normas recurridas por incurrir en un posible exceso competencial ha de hacerse de acuerdo con el bloque de constitucionalidad y con las demás normas que sirven de parámetro de enjuiciamiento vigentes en el momento de dictar sentencia» (SSTC 134/2011, de 20 de julio, FJ 2; 120/2012, de 4 de junio, FJ 2; 201/2013, de 5 de diciembre, FJ 2; y 34/2014, de 27 de febrero, FJ 2). También, por su parte, conviene notar que la Ley autonómica 6/2010, de 29 de septiembre, dictada como consecuencia del citado Real Decreto-ley 11/2010, introdujo una nueva disposición transitoria sexta en la Ley 10/2009, objeto del presente recurso. Esta modificación puntual no ha afectado, sin embargo, a los preceptos del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia impugnados en este proceso constitucional, que mantienen en consecuencia la redacción dada a los mismos por la citada Ley 10/2009; tampoco a su disposición transitoria primera, también recurrida. La impugnación de los citados preceptos autonómicos pervive por tanto en los términos en que ha sido planteada por el Abogado del Estado. 4. Siguiendo el planteamiento propuesto en el recurso, corresponde enjuiciar en primer lugar la constitucionalidad de los apartados tres y trece del art. 2 de la Ley 10/2009, por su posible contradicción con el orden constitucional de distribución de competencias en materia de solvencia de las cajas de ahorro, en su condición de entidades de crédito. a) Conforme se ha recordado en los antecedentes, el primero de los preceptos autonómicos citados modifica el art. 15 c) del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia que, bajo la rúbrica «situación de déficit patrimonial», pasa a decir literalmente: «Cuando los recursos propios de una caja resultasen insuficientes para garantizar la solvencia de la entidad, deberán producirse: … c) Cualquier otra medida prevista en la normativa básica del Estado, previa autorización de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Galicia de acuerdo con la normativa vigente.» A juicio del Abogado del Estado el inciso final parece sujetar a previa autorización autonómica la adopción de cualquier medida del Estado destinada a garantizar la solvencia de las cajas; también, por extensión, la estabilidad del sistema financiero en los supuestos de incumplimiento del régimen de recursos propios mínimos. En consecuencia, condicionaría indebidamente el ejercicio de las funciones ejecutivas básicas de supervisión financiera reservadas al Estado, y atribuidas principalmente al Banco de España, en virtud de su competencia en materia de crédito, banca y seguros del art. 149.1.11 CE. Tanto el Parlamento de Galicia como la Xunta de Galicia no cuestionan la competencia de las autoridades del Estado para intervenir en los supuestos de riesgo de insolvencia de las cajas, ni el carácter básico de sus funciones ejecutivas. Defienden, no obstante, con distintos argumentos, que la autorización controvertida no impide ni entorpece la oportuna y eficaz intervención del Banco de España, que no es exclusiva y excluyente, sino que simplemente se suma a ella de acuerdo con la normativa vigente. De modo que, como subraya el representante procesal de la Xunta, el precepto recurrido no establecería una nueva autorización autonómica; incorporaría una simple remisión a autorizaciones autonómicas ya existentes o que puedan preverse en el futuro en el marco de la legislación básica del Estado, compatibles con las facultades ejecutivas del Banco de España, según lo confirma que nunca antes hayan sido impugnadas por el Estado. Sobre las funciones ejecutivas del Banco de España destinadas a garantizar la solvencia de las entidades de crédito este Tribunal ha subrayado que esa atribución «se justifica por su especialización técnica»; de su condición de «garante del buen funcionamiento y estabilidad del sistema financiero … se deriva el carácter básico de las funciones ejercidas por dicha institución y que tienen por objeto la preservación de la solvencia de las entidades de crédito». También que «la salvaguardia de dicha solvencia trasciende los casos concretos y protege un interés supra autonómico [y singularmente], la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, que se ve negativamente afectado por las situaciones de insolvencia en que pudieran incurrir los sujetos integrantes del mismo». Por ello «en estos casos, la naturaleza de la materia en cuestión exige una actuación uniforme y coordinada que garantice la eficacia de las medidas adoptadas, lo que justifica la inclusión en las bases de meros actos de ejecución» (SSTC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 26; 235/1999, de 20 de diciembre, FJ 3; y 182/2013, de 23 de octubre, FJ 9). La doctrina constitucional se ha pronunciado ya sobre el carácter básico de las medidas ejecutivas previstas en las Leyes 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y en sus correspondientes normas de desarrollo reglamentario (SSTC 135/1992, de 3 de octubre, y 178/1992, de 13 de noviembre) y 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de crédito (SSTC 96/1996, de 30 de mayo, y 235/1999, de 20 de diciembre) así como en sus respectivos reglamentos de desarrollos; leyes ambas que han sido sustituidas por la reciente Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Junto a estas funciones ejecutivas de competencia del Estado conviven otras medidas de intervención autonómica previstas en la correspondiente legislación de desarrollo. Según han puesto de relieve el Parlamento y el Gobierno de la Xunta de Galicia, en el ordenamiento autonómico no faltan previsiones que contemplan supuestos de autorizaciones autonómicas en relación con la organización y actividad de las cajas de ahorro, según lo certifica el propio texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia. Es el caso de la autorización para emitir cuotas participativas y otros tipos de financiamiento subordinado (art. 17); la concesión de créditos, avales y garantías a determinadas personas vinculadas con la entidad (art. 35.2); o la posibilidad de realizar determinadas inversiones o permitir la concentración de riesgos en una persona o grupo (art. 65). Sin perjuicio de la posible vinculación de todas estas medidas con el objetivo de salvaguardar la estabilidad y solvencia de las cajas —supuesta su validez, que no ha sido cuestionada en este proceso constitucional— lo que verdaderamente importa no es comprobar la existencia de esas medidas de intervención autonómica o el hecho de que no hayan sido nunca cuestionadas por el Estado, como han sugerido los representantes procesales del Parlamento y de la Xunta de Galicia. Lo único realmente decisivo es determinar si la autorización autonómica a que se refiere el art. 2.3 impugnado compromete o no el ejercicio de las facultades ejecutivas previstas en la normativa básica y atribuidas al Banco de España en los supuestos de riesgo de insolvencia. Es preciso analizar si la intervención de la Administración autonómica ahora considerada es compatible con la que corresponde a las autoridades del Estado ex art. 149.1.11 CE, pues, como advierte esa misma jurisprudencia constitucional que antes se ha recordado, «la validez de las medidas de intervención que pueden adoptar las autoridades autonómicas con arreglo a su propia legislación … está sujeta a una condición, consistente en que la intervención autonómica sea compatible con la eventual intervención estatal», siendo «evidente que únicamente el legislador estatal está habilitado para sopesar si, en atención a las circunstancias concurrentes, dicha compatibilidad es adecuada a la necesidad de hacer frente a una situación de insolvencia, con riesgo sistémico de contagio al conjunto del sistema financiero» (por todas, STC 182/2013, de 23 de octubre, FJ 11). El tenor literal del art. 2.3 cuestionado es concluyente y no concede margen a una interpretación conforme con el orden constitucional de distribución de competencias. Como ha denunciado el Abogado del Estado, sujeta literalmente la adopción de «cualquier otra medida prevista en la normativa básica del Estado» a la «previa autorización autonómica … de acuerdo con la normativa vigente». El precepto no establece, pues, que la intervención autonómica se produzca sin perjuicio de las funciones ejecutivas del Banco de España, ni somete tampoco la autorización autonómica a ninguna cautela que ponga a salvo la intervención inmediata de las autoridades del Estado. Como se ha observado, solo condiciona la previa autorización de la Administración autonómica a su conformidad con «la normativa vigente». Esta cláusula no es suficiente, sin embargo, para salvar el reproche formulado. Lo sería, en su caso, si en esa referencia pudiera entenderse incluida la normativa básica. Esta posible interpretación es demasiado forzada y debe ser en consecuencia rechazada, so pena de «ignorar o desfigurar el sentido de los enunciados legales meridianos» (SSTC 22/1985, de 15 de febrero, FJ 5; y 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 2), olvidando «el respeto al propio tenor literal de aquéllos» (STC 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 2). Se convertiría así a este Tribunal Constitucional en legislador positivo, con consecuente desbordamiento de su función institucional (SSTC 194/2000, de 19 de julio, FJ 4; 184/2003, de 23 de octubre, FJ 7; 138/2005, de 26 de mayo, FJ 5; y 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 7). Implícitamente admite la propia Xunta de Galicia en su escrito de alegaciones que esa referencia a la «normativa vigente» apunta directamente a la normativa autonómica; es notorio en cualquier caso que, cuando el legislador autonómico ha previsto intervenciones semejantes siempre se ha cuidado de salvar las competencias del Estado. Sirvan de ejemplo las autorizaciones de los arts. 17 y 65 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, que regulan sendas intervenciones de la Administración autonómica directamente vinculadas con la solvencia de las cajas de ahorro. En el primer caso, el legislador autonómico contempla la autorización para ampliar los recursos propios mediante determinados tipos de financiamiento subordinado, «de acuerdo con la normativa básica»; en el otro, deja igualmente claro que la intervención autonómica para autorizar determinadas inversiones opera, «sin perjuicio de las competencias que la normativa básica atribuye al Banco de España». No es, por tanto, que el precepto autonómico impugnado pueda dar pie a una interpretación inconstitucional que deba simplemente ser evitada, según este Tribunal ha advertido en otras ocasiones (por todos, ATC 397/2005, de 8 de noviembre, FJ 2). Por el contrario, el citado precepto, según el sentido propio de sus palabras, somete la adopción de cualquier medida de intervención prevista en la legislación básica en los supuestos de insolvencia de las entidades de crédito a la previa autorización autonómica. Consagra de este modo una contradicción con la normativa básica que es muy difícil de esquivar, salvo mediante una interpretación correctora de su enunciado que lo haga compatible con el ejercicio de las funciones ejecutivas de competencia del Estado. Interpretación imposible, sin embargo, de verificar en el presente asunto pues, como este Tribunal ha declarado en otras ocasiones, en línea con la doctrina que más atrás se ha recordado, «la interpretación conforme no puede ser una interpretación contra legem, pues ello implicaría alterar radicalmente los enunciados legales sometidos al enjuiciamiento de este Tribunal» (STC 24/2004, de 24 de febrero, FJ 6). En consecuencia, el inciso añadido al art. 15 c) del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia por el art. 2.3 impugnado es inconstitucional. b) El apartado trece del art. 2 recurrido modifica el art. 35.3 del texto refundido de la Ley 4/1996, relativo a las «funciones del Consejo de Administración», para disponer: «En el caso de sistemas institucionales de protección, previstos por la normativa de recursos propios, o figura análoga que se pudiese crear, la necesaria autorización previa de la consejería competente en materia de política financiera considerará, entre otras, adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, las consecuencias que pudieran derivarse de la operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia. Una vez en funcionamiento, será obligatoria la remisión a la citada consejería de la misma información consolidada o agregada que deba remitirse al Banco de España.» Según el Abogado del Estado esta previsión, en particular, el sometimiento de la autorización de la integración de una caja en los denominados sistemas institucionales de protección a la previa valoración por la Consejería competente de las consecuencias que pudieran derivarse de la correspondiente operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia incurre en inconstitucionalidad mediata. Se trataría de una exigencia que desnaturaliza la propia figura de los sistemas institucionales de protección al apartarse de los requisitos que cualifican esta figura y desconocer la facultad básica del Banco de España. Esta entidad es la encargada de conceder la oportuna autorización para que una caja pueda aplicar una ponderación del 0 por 100 a los riesgos asumidos frente a las entidades agrupadas en un mismo sistema institucional de protección, como manifestación de su genuina función de control y supervisión de la solvencia de las entidades de crédito. La previsión impugnada hace referencia a la autorización autonómica dentro de un apartado que regula la posibilidad de que el consejo de administración de la caja de ahorros delegue sus facultades de gestión en «las entidades que constituyan y articulen alianzas entre cajas de ahorro» o en los órganos de gobierno «creados para ese efecto en el seno de la Confederación Española de Cajas de Ahorros» con el fin de reducir costes operativos, aumentar su eficiencia sin poner en peligro la competencia en los mercados nacionales o para participar con volumen suficiente en mercados internacionales de capital (párrafo primero del art. 35.3 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia). Se prevé que tal delegación exige siempre la «autorización previa de la consejería competente en materia de política financiera, a efectos de garantizar que no impliquen menoscabo de la independencia de la caja de ahorros o peligro para su estabilidad económico-financiera» (párrafo segundo). La previsión impugnada se limita a añadir que la autorización autonómica de la delegación de facultades, en el caso de sistemas institucionales de protección, habrá de comprobar, además, «las consecuencias que pudiesen derivarse de la operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia» (párrafo tercero). El art. 26.7 del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras, que desarrolla la Ley 36/2007, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información y otras normas del sistema financiero, contempla los denominados sistemas institucionales de protección. Los define como un acuerdo entre una entidad de crédito y otra u otras instituciones con el fin de protegerse mutuamente para garantizar su liquidez y solvencia a fin de evitar la quiebra. En el caso de acuerdos de este tipo, el citado Real Decreto regula un autorización específica para permitir, en materia de tratamiento del riesgo de crédito dentro del cálculo de los requerimientos de recursos propios, asignar una ponderación de riesgo del 0 por 100 a las exposiciones frente a contrapartes que pertenezcan al mismo sistema institucional de protección que la entidad de crédito acreedora; siempre que, a juicio del Banco de España, el correspondiente sistema institucional de protección cumpla determinadas condiciones que el propio precepto reglamentario estatal se cuida de detallar. Con esos perfiles, no hay duda de que se trata de una regulación relativa a la garantía de solvencia de las entidades de crédito y que, en consecuencia, afecta a la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, por lo que ha de considerarse que efectivamente, como precisa la disposición final cuarta del citado Real Decreto 216/2008, forma parte de las bases de la ordenación del crédito, de competencia estatal (art. 149.1.11 CE). Esta conclusión no es suficiente, sin embargo, para determinar la inconstitucionalidad del art. 2.13 de la Ley 10/2009 impugnado. La autorización autonómica que contempla y los criterios que fija para su otorgamiento son independientes de los requisitos objetivos que, a juicio del Banco de España, debe reunir el correspondiente sistema institucional de protección para que las entidades miembros del mismo puedan aplicar el citado porcentaje al valor de exposición de sus activos. Conforme testimonia el propio listado de los requisitos previstos en la citada norma básica, la participación de una caja de ahorros en un sistema institucional de protección es condición necesaria, pero no suficiente para que el Banco de España autorice asignar, al efecto de calcular los requerimientos de recursos propios de la entidad, una ponderación de riesgo del 0 por 100 al valor de determinadas exposiciones. En estas condiciones, la autorización autonómica que consideramos no determina ni condiciona la citada facultad de supervisión del Banco de España relativa al tratamiento del riesgo de crédito, que se conserva de este modo intacta. Por consiguiente, el precepto cuestionado es compatible con la legislación del Estado y no incurre en la invasión competencial denunciada. 5. El segundo bloque de impugnaciones formuladas por el Abogado del Estado tiene por objeto común la tacha de vulneración del orden constitucional de distribución de competencias en materia de órganos de gobierno y representación de las cajas de ahorro. El primero de los preceptos impugnados en este bloque es el art. 2.5 de la Ley autonómica 10/2009, que da nueva redacción al art. 23 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia. Establece, corrigiendo el criterio de la versión anterior, que la inscripción en el registro de los órganos de gobierno y altos cargos de las cajas de ahorro gallegas «tiene carácter constitutivo, de modo que los nombramientos, reelecciones y ceses no tendrán eficacia vinculante y ejecutiva hasta la comunicación a la entidad de la inscripción de aquellos». Para el Abogado del Estado, que sigue en este punto el criterio manifestado por el Consejo de Estado en su dictamen de 4 de febrero de 2010, el carácter constitutivo de la inscripción registral que establece el precepto y, en consecuencia, el sometimiento de la eficacia de los nombramientos, reelecciones y ceses de los órganos de gobierno y altos cargos de las caja de ahorro gallegas al requisito de la previa inscripción en el registro de los correspondientes actos vulnera la competencia exclusiva del Estado sobre legislación mercantil (art. 149.1.6 CE). Rompería la uniformidad de la regulación jurídico-privada y vulneraría la competencia básica del Estado en materia de órganos de representación, en la medida que incorpora un requisito no previsto en la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre órganos rectores de las cajas de ahorro. Según hemos recordado en la STC 81/2013, de 11 de abril, FJ 5, la posibilidad de que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, creen registros administrativos «ha sido admitida con naturalidad por la doctrina constitucional desde las SSTC 32/1983, de 28 de abril, y 87/1985, de 16 de julio». En la doctrina del Tribunal está igualmente subrayado que, salvo los registros de carácter civil y el Registro mercantil, que sigue a la competencia del Estado en materia de legislación mercantil (art. 149.1.6 CE), no es el título competencial del art. 149.1.8 CE (relativo a «registros e instrumentos públicos»), sino la materia en cada caso comprometida la que determina la distribución de competencias para la ordenación del correspondiente registro administrativo (SSTC 197/1996, de 28 de noviembre, FJ 12; 103/1999, de 3 de junio; FJ 3; y 134/2006, de 27 de abril, FJ 8). De modo congruente, en el presente asunto es la compatibilidad con el título competencial relativo a las bases de la ordenación del crédito del art. 149.1.11 CE del previsto en el art. 30.1.5 EAG lo que debemos observar ahora. Con este fundamento competencial, el art. 19.3 de la Ley 26/2013, que tiene el carácter de norma básica con arreglo a la disposición final décima de la Ley, establece que, «en todo caso, el nombramiento y la reelección de los vocales del consejo de administración habrán de comunicarse al Ministerio de Economía y competitividad, al Banco de España, y a la Comunidad Autónoma respectiva, para su conocimiento y constancia». Este precepto se refiere sólo a los vocales del consejo de administración; nada dice sobre los restantes sujetos a los que se refiere la Ley gallega (consejeros generales, miembros de la comisión de control y director de caja general). Por tanto, la previsión impugnada sólo podría contradecir esta norma básica estatal sobrevenida en lo atinente a la inscripción registral de los vocales del consejo de administración y al carácter vinculante y ejecutivo a partir de la comunicación a la entidad de la inscripción de su nombramiento, reelección y cese. Delimitada así la controversia competencial, hay que precisar que el art. 19.3 de la Ley 26/2013 no significa que las leyes autonómicas no puedan introducir requisitos adicionales, siempre que al hacerlo no distorsionen lo dispuesto en la norma estatal (SSTC 1/1982, de 28 de enero, FJ 9; 49/1988, de 22 de marzo, FFJJ 21 y 23; y 118/2011, de 5 de julio, FJ 7). Bajo estas premisas, el hecho de que la normativa básica no contemple ninguna previsión al respecto no impide que el legislador autonómico pueda intervenir en este caso para, en ejercicio de sus competencias en materia de cajas de ahorro (art. 30.1.5 EAG), ordenar su propio registro administrativo de altos cargos. Tampoco el carácter constitutivo de la inscripción registral es susceptible de la tacha que le reprocha el Abogado del Estado con fundamento en la competencia estatal exclusiva sobre legislación mercantil del art. 149.1.6 CE. Además de que el registro administrativo que consideramos nada tiene que ver con el Registro mercantil de competencia estatal (por todas, STC 72/1983, de 29 de julio, FJ 8), la finalidad del precepto autonómico cuestionado no es desde luego ordenar la capacidad de obrar de los altos cargos de las cajas de ahorro ni, menos aún, las reglas de validez de sus actos y negocios jurídicos, como ha sugerido el representante del Estado. Simplemente, según precisa la propia Ley autonómica 10/2009 en su exposición de motivos, sirve al objetivo de garantizar «una mayor transparencia y seguridad jurídica» en los actos de nombramiento, cese y reelección de los altos cargos. De modo congruente, como advierten las representaciones del Parlamento y de la Xunta de Galicia, la inscripción de esos actos con eficacia constitutiva se configura en el art. 23 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia como una actividad administrativa reglada y ceñida a la comprobación de los requisitos fijados por la normativa básica y, en su caso, autonómica de desarrollo. Los motivos de denegación de la inscripción no son discrecionales, sino objetivos. Así, en particular, los establecidos en los arts. 26, 27 y 28 del texto refundido, que establecen los requisitos de los consejeros generales así como las causas de inelegibilidad e incompatibilidad. En este sentido, el apartado 4 del propio art. 23 del texto refundido somete la inscripción a plazo, cuyo transcurso determina una resolución favorable («el plazo para la inscripción y notificación a la entidad será de un mes a partir de la entrada en la consejería competente … de la solicitud de inscripción …que deberá remitirse, junto con la documentación justificativa del nombramiento, reelección o cese. El silencio administrativo tendrá carácter positivo»). Se trata de un acto administrativo de pura ejecución, que no impone ningún límite irrazonable o desproporcionado en la correspondiente facultad de la asamblea general de designación o cese, ni afecta tampoco a la configuración básica del modelo organizativo de las cajas; forma, por tanto, parte de la competencia autonómica en materia de cajas de ahorro (art.30.1.5 EAG), de acuerdo con las bases de la ordenación del crédito. Hay que tener en cuenta, en fin, que la reciente Ley 10/2014, de 26 de junio, refiriéndose al conjunto de las entidades de crédito, afirma como básica (disposición final undécima) una previsión conforme a la que, «sin perjuicio de su previa inscripción en el Registro Mercantil, el ejercicio de las funciones de miembro del consejo de administración o director general o asimilado de una entidad de crédito o de las sucursales de entidades de crédito extranjeras requerirá su previa inscripción en el Registro de altos cargos del Banco de España»; y que, con carácter previo a esta inscripción, «el Banco de España verificará el cumplimiento por parte de los interesados de los requisitos previstos en esta Ley» (art. 27). Este precepto se aplica a las cajas de ahorros, en cuanto «entidades de crédito de carácter fundacional y finalidad social» (art. 2 de la Ley 26/2013) y afecta, en lo que aquí interesa, a las de Galicia; implica que la inscripción con efectos constitutivos de sus directores generales y vocales del consejo de administración en el registro mencionado en el art. 27 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia presupone la inscripción en el Registro de altos cargos del Banco de España, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de la Ley 10/2014. La circunstancia de que la Ley gallega establezca una inscripción posterior en un registro público autonómico y de que el nombramiento surta efectos sólo a partir de la comunicación a la entidad encargada de esta segunda inscripción no contradice la previsión estatal ni entorpece el ejercicio de las facultades de supervisión del Banco de España. Por consiguiente, el art. 2.5 de la Ley 10/2009 cuestionado no es inconstitucional. 6. El Abogado del Estado impugna el art. 2.7 porque, en su criterio, el porcentaje de representación en la asamblea general que atribuye a las entidades representativas de intereses colectivos ignora el principio, que califica de básico, previsto en el art. 2.3 LORCA. Obligaría, en observancia del principio de igualdad, a que la representación en la asamblea general de los distintos grupos sea «proporcional a la cifra de depósitos entre las diferentes Comunidades Autónomas en que [las cajas de ahorros] tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos». Sobre el art. 2.3 LORCA existen ya varios pronunciamientos de este Tribunal. Conforme a esa doctrina constitucional (que arranca de las SSTC 48/1988, y 49/1988, ambas de 22 de marzo, y a las que han seguido luego, entre otras, la STC 239/1992, de 17 de diciembre, y las más recientes SSTC 118/2011, de 5 de julio, y 121/2012, de 5 de junio) corresponde al Estado, en cumplimiento del principio democrático que inspira la organización de las cajas, determinar con carácter básico «los distintos grupos, categorías o sectores que [en todo caso] deben estar representados en la asamblea general»; igualmente los mecanismos que aseguren que esa representación sea real y efectiva, y siempre que esas previsiones dejen margen para las diversas opciones autonómicas. De modo congruente, para alcanzar este último objetivo, el legislador estatal «puede fijar mínimos o mínimos y máximos o acudir a otras medidas que estime apropiadas». Con arreglo a esta doctrina constitucional no hay duda de que la exigencia que preveía el art. 2.3 LORCA para los casos en que las cajas de ahorro tuvieran abiertas oficinas en más de una Comunidad Autónoma: que la correspondiente representación de los distintos grupos sociales fuera, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos, proporcional a la cifra de depósitos en cada una de esas Comunidades Autónomas, podía considerarse una regla básica, en la medida que servía al principio democrático y al criterio de representatividad en la asamblea general de todos los grupos e intereses sociales afectados por la actividad de la entidad. Sucede, no obstante, que la Ley 26/2013 ha modificado radicalmente este esquema. Ante las graves consecuencias de la crisis económica padecidas por las cajas de ahorro en los últimos años, con el propósito (varias veces subrayado en la exposición de motivos de la Ley) de evitar que en lo sucesivo alcancen una dimensión que las convierta en sistémicas, el legislador básico estatal ha ordenado una «restricción de [su] tamaño …y buscado que las cajas de ahorro operen fundamentalmente en el ámbito territorial de una comunidad autónoma …, sin que puedan desarrollar funciones a nivel nacional». Con el objetivo igualmente de asegurar su viabilidad, la Ley 26/2013 profundiza en la profesionalización de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro. Ha modificado la composición de la asamblea general, limitando el porcentaje de participación de las Administraciones públicas y elevando en cambio el que corresponde a los impositores, para asegurar de esta forma la mejor representación de sus intereses en los órganos de gobierno y, en último término, la vinculación de la entidad con los beneficiarios más directos de su función social. De modo congruente con este nuevo esquema, el art. 4.1 de la Ley 26/2013 exige que la asamblea general, como órgano supremo de la caja, «deberá reflejar adecuadamente en su composición los intereses de las entidades fundadoras, de los impositores y de los destinatarios de su obra social»; no establece pues que la representación de esos grupos en la asamblea general deba atenerse forzosamente al expresado criterio territorial que preveía el art. 2.3 LORCA. Igualmente conviene notar que la regla autonómica impugnada no carece del imprescindible fundamento desde el punto de vista de la finalidad democratizadora que debe cumplir la regulación legal. De un lado, porque no priva de representación a las entidades representativas de los intereses colectivos de fuera de Galicia, a las que reserva un porcentaje significativo, aunque ciertamente minoritario. De otro, porque la decisión del legislador autonómico de otorgar mayor representación a las entidades gallegas cercanas a esos intereses colectivos es una opción razonable; especialmente si se tiene en cuenta el marco territorial limitado de actuación de las cajas de ahorro, subrayado por la nueva Ley 26/2013. Según este Tribunal ha advertido, la finalidad democratizadora y el carácter representativo de los órganos rectores de las cajas que debe cumplir la regulación no impone una representación en la asamblea general de cada grupo o entidad «estrictamente proporcional al número de oficinas, al de impositores o al volumen de depósitos que la Caja de Ahorros correspondiente tenga o capte en [un determinado] término municipal»; no corresponde a este Tribunal enjuiciar si la concreta distribución de porcentajes que establece el precepto autonómico impugnado entre las entidades representativas de intereses colectivos es o no la que mejor se ajusta al citado principio democratizador (STC 239/1992, de 17 de diciembre, FJ 5). Por estas razones, la opción del legislador autonómico, que ha distribuido el porcentaje que corresponde a las entidades representativas de intereses colectivos en la forma que ha considerado más conveniente para su Comunidad, no puede calificarse de inconstitucional. 7. El art. 2.10 impugnado da nueva redacción al art. 31 a) del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, relativo a las funciones de la asamblea general, para establecer que le corresponden, entre otras funciones, «nombrar a los vocales del consejo de administración y de la comisión de control de entre los miembros de la propia asamblea general». El Abogado del Estado considera que esta última previsión choca frontalmente con lo previsto por el legislador básico estatal en el art. 14 LORCA, que no exige que los vocales del consejo de administración sean forzosamente consejeros generales; limitaría así la facultad de nombramiento de la asamblea general y, en consecuencia, la propia libertad de gestión y auto-organización de la entidad, que el legislador básico estatal ha querido salvaguardar con el fin de reforzar la eficacia y profesionalidad en la gestión de las cajas. La vigente Ley 26/2013 ha apurado doblemente esa finalidad esencial. Primero, obligando a que todos los miembros del consejo de administración –no sólo la mayoría, como se exigía hasta entonces– cuenten con los conocimientos y la experiencia específicos para el ejercicio de sus funciones, según advierte la exposición de motivos de la Ley y confirma su art. 3.2. Segundo, ordenando que «la mayoría de los miembros del consejo de administración deberán ser vocales independientes» (art. 15.3 de la Ley 26/2013); requisito que, según aclara a continuación, es incompatible con la condición de consejero general. La misma regla recoge el art. 24 de la Ley 26/2013 para los vocales de la comisión de control, que deberán de ser elegidos por la asamblea general de entre personas que reuniendo los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno «no ostenten la condición de vocales del consejo de administración». Precisa seguidamente que «al menos la mitad de los vocales deberán ser independientes» y, por consiguiente, no podrán ser miembros de la asamblea general. Con estos perfiles, no hay duda de que la obligación de que la mayoría de los vocales del Consejo de Administración y la mitad al menos de los miembros de la comisión de control sean independientes y, por tanto, no puedan ser miembros de la asamblea general es una regla efectivamente básica (disposición final décima de la Ley). Como subraya la exposición de motivos de la Ley 26/2013, persigue garantizar que las decisiones en los órganos de gobierno corporativo se tomen con arreglo a criterios de estricta objetividad y neutralidad; en consecuencia, reforzar la independencia de los órganos rectores, que es un aspecto fundamental de la configuración de las cajas de ahorro (STC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 23). Todo ello sirve al objetivo esencial de favorecer la eficacia en la gestión de las cajas de ahorro y a la finalidad de preservar también la solvencia de la entidad, que son, según este Tribunal ha subrayado repetidamente, los objetivos que informan el modelo organizativo básico diseñado por el Estado (SSTC 48/1988, FJ 18; y 118/2001, de 5 de julio, FJ 3). No desmiente esta conclusión el hecho subrayado por el Parlamento y la Xunta de Galicia acerca de que lo único que en rigor impone la normativa básica es que los vocales de los órganos de gobierno de las cajas sean profesionales de acreditada capacidad técnica como fórmula para garantizar la eficacia en la gestión, con independencia de su extracción. En suma, que la condición de consejero general no es incompatible con los requisitos de honorabilidad, experiencia y buen gobierno que exige la normativa básica para ser designado vocal del consejo de administración o de la comisión de control. Por este motivo, en su criterio, la regla ahora cuestionada no resulta inconstitucional. Esta interpretación no puede prosperar habida cuenta el tajante criterio básico introducido por el legislador estatal en la vigente Ley 26/2013; como se ha observado, refuerza la exigencia de profesionalidad, pero también la objetividad y neutralidad de los miembros del consejo de administración, al imponer que la mayoría de ellos no sean consejeros generales. La contradicción entre este criterio básico y el precepto autonómico cuestionado es, pues, evidente e insalvable, por lo que debemos declarar su inconstitucionalidad y nulidad. 8. El representante del Estado ha impugnado también el art. 2.11 de la Ley 10/2009, que da nueva redacción al art. 32 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, sobre convocatoria y realización de la asamblea general. A su juicio, los nuevos apartados 3 y 4 del citado art. 32, que reproducen sustancialmente el criterio básico del art. 12.2, en relación con el art. 11.3 LORCA, incurren al hacerlo en significadas omisiones que lo convierten en inconstitucional. A diferencia de lo dispuesto por el legislador básico estatal, que exige el voto favorable de dos tercios de los asistentes, la ley autonómica cuestionada no impone ningún quórum reforzado para la adopción de los acuerdos de fusión de las cajas de ahorros; basta, por el contrario, en esos casos la mayoría simple de votos de los concurrentes a la asamblea general. Es forzoso atender a lo dispuesto hoy en la Ley 26/2013. Para la aprobación de los acuerdos de fusión, su art. 14.2 exige, en línea con lo que disponía ya la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro, la asistencia de consejeros generales que representen la mayoría de los derechos de voto y «el voto favorable de, como mínimo, dos tercios de los derechos de voto de asistentes». La Ley 26/2013 no ha modificado los términos de la controversia planteada y, en consecuencia, obliga a dilucidar si el precepto legal autonómico recurrido pugna o no con las bases dictadas por el Estado en materia de ordenación del crédito. La omisión del régimen especial de aprobación de acuerdos sobre fusión de cajas de ahorros no puede convertir el precepto impugnado en inconstitucional si otro artículo del mismo texto legal incluye una regulación relativa, precisamente, a la «fusión, disolución y liquidación» de cajas de ahorros: el art. 52, que establece que para que la asamblea general pueda acordar válidamente la fusión «será necesaria la presencia, al menos, de dos terceras partes de sus miembros, debiendo votar a favor del acuerdo la mitad más uno de los asistentes». El precepto que podría contradecir las bases estatales sería, no el impugnado art. 32 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, en la redacción dada por la Ley 10/2009, sino otro artículo que estaba ya en la redacción originaria del texto legal sin que fuera recurrido entonces y sin que ahora lo mencione siquiera el Abogado del Estado. Comoquiera que el art. 52 del texto refundido no forma parte del objeto de este proceso, que el Abogado del Estado no ha razonado siquiera la inconstitucionalidad del art. 32 en conexión con él y que el art. 32 no hace más que recoger fielmente el régimen general de aprobación de acuerdos que hoy luce en el art. 14.2 de la Ley 26/2013, procede desestimar la impugnación. 9. El art 2.quince impugnado da nueva redacción al art. 37.3 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia para establecer: «3. Con la excepción del Parlamento de Galicia, ninguna entidad podrá tener más de un representante en el consejo de administración de una caja de ahorros ni podrá estar representada simultáneamente en el consejo de administración y en la comisión de control de la misma caja de ahorros.» El Abogado del Estado considera que esta previsión contradice abiertamente lo dispuesto en el art. 14.1 LORCA («la representación de los intereses colectivos en el consejo de administración se llevará a efecto mediante la participación de los mismos grupos y con igual proporción y características que las establecidas en el art. 2.3 para los miembros de la asamblea general»), que no impone la limitación que ahora prevé la Ley autonómica. Con independencia del carácter básico o no del citado art. 14.1 LORCA, que la representación de la Xunta de Galicia ha negado expresamente, importa notar que la vigente Ley 26/2013 no contempla ya en cualquier caso que la participación en el consejo de administración deba ser el reflejo proporcional de la composición de la asamblea general. El art. 16 de la Ley 26/2013, que remite la forma de elección de los miembros del consejo de administración a lo dispuesto en los estatutos de la respectiva entidad, permite la agrupación de los consejeros generales para la designación proporcional –con arreglo a la fórmula que fija– de los miembros del consejo de administración; lo hace con la expresa advertencia de que en ese supuesto, «los miembros agrupados no podrán participar en la elección del resto de miembros del consejo de administración». El actual legislador estatal básico, frente al criterio de la Ley de órganos rectores de las cajas de ahorro, no solo no ha establecido ninguna previsión sobre el número de representantes en el consejo de administración de la entidad que ha de corresponder a cada una de las entidades con representación en la asamblea general, sino que ha adoptado expresamente una regla que trata de evitar precisamente la agrupación concertada de intereses y el eventual predominio en el consejo de administración de un grupo o entidad. Teniendo en cuenta estas nuevas coordenadas básicas, la regla autonómica cuestionada no incurre en la extralimitación competencial que le reprocha el Abogado del Estado. La determinación de un límite máximo en el número de representantes en el consejo de administración respeta el principio democratizador y el carácter representativo de los órganos rectores de las cajas de ahorro que inspiran la normativa básica del Estado. Además, como ha subrayado el representante procesal de la Xunta de Galicia, esa limitación sólo afecta a las entidades jurídicamente personificadas y no a los grupos o sectores con representación en la asamblea general; se trata de una fórmula, como por su parte ha razonado el Parlamento de Galicia, pensada precisamente para garantizar un equilibrio razonable entre las entidades representadas, evitando el predominio de una de ellas, y la pluralidad en la composición del citado órgano de gobierno de las cajas. No corresponde a este Tribunal Constitucional determinar si esa limitación es la más acertada, pues ello supondría entrar a discutir la concreta opción tomada por el legislador autonómico (SSTC 49/1988, de 22 de marzo, FJ 13; 293/1992, de 17 de diciembre, FJ 5; y 121/2012, de 5 de junio, FJ 9). 10. El art. 3.4 de la Ley 10/2009 da nueva redacción a los apartados 3 y 4 del art. 74 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia. Según esta nueva redacción: «3. Corresponde a la consejería competente en materia de política financiera autorizar los acuerdos aprobados por la asamblea general de las cajas de ahorros con domicilio social en Galicia relativos a la determinación de los excedentes y a su distribución conforme a la normativa aplicable, así como los relativos a los presupuestos para el ejercicio en curso, a las nuevas obras sociales y a la liquidación del ejercicio anterior. 4. La consejería competente en materia de política financiera podrá, mediante convenio, acordar anualmente con las cajas de ahorros gallegas el porcentaje de sus excedentes que dedicarán a obras sociales. En caso de que los convenios señalados no sean firmados antes de 31 de marzo de cada ejercicio, dicho porcentaje podrá ser establecido por orden de la consejería competente en materia de cajas de ahorros, previa audiencia de las entidades afectadas.» Para el representante del Estado la autorización autonómica considerada en relación con los acuerdos asamblearios relativos a los presupuestos para el ejercicio en curso, a las nuevas obras sociales y a la liquidación del ejercicio anterior, así como la posibilidad de que sea la Consejería la que eventualmente determine el porcentaje de los excedentes de las cajas que han de destinarse a obras sociales, son previsiones contrarias al art. 11 f) LORCA, que atribuye con carácter básico a la asamblea general la función de «creación y disolución de obras benéficas, así como la aprobación de sus presupuestos anuales y de la gestión y liquidación de los mismos». Ciertamente la determinación de los órganos de gobierno de las cajas y de sus respectivas funciones es un aspecto básico, competencia del Estado, según este Tribunal ha subrayado en repetidas ocasiones (por todas, SSTC 48/1988, de 22 de marzo, FJ 16; y 118/2011, de 5 de julio, FJ 3). Esta concepción se ve igualmente reflejada en la vigente Ley 26/2013, cuyo art. 13 f) atribuye a la asamblea general idéntica función; con carácter igualmente básico, según precisa el apartado 2 de su disposición final décima. Conviene notar, no obstante, que el precepto autonómico impugnado no ha hurtado tal función a la asamblea general para otorgársela ahora a la Administración autonómica. Ha añadido sobre la facultad de la asamblea general un mecanismo de control administrativo, no previsto en la normativa básica del Estado. Sin embargo, el silencio del legislador básico no convierte en inconstitucional la previsión autonómica. Como advierte la Xunta de Galicia, se trata de simple ejecución, limitada a constatar, conforme a la normativa aplicable, la adecuación de los presupuestos previamente aprobados por la asamblea general a la finalidad social de la entidad, así como asegurar la correcta liquidación del ejercicio anterior. Todo ello en ejercicio de las competencias autonómicas reconocidas en el art. 30.1.5 EAG. Por parecidas razones, tampoco la determinación por la Administración autonómica, previa audiencia de las correspondientes entidades, del porcentaje de los excedentes de las cajas que, en defecto del oportuno convenio, dedicarán a obras sociales, prevista en el art. 74.4 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia impugnado, resulta inconstitucional por exceso competencial. Se trata, por el contrario, de una previsión justificada en la vigilancia administrativa sobre los destinos de la obra social en garantía de sus principales y más directos beneficiarios y, por tanto, de competencia autonómica. 11. El art.75.1 del texto refundido de la Ley 4/1996, relativo al destino de la acción social, en la redacción dada por el art. 3.4 de la Ley 10/2009, ahora impugnado, establece en su segundo párrafo: «Será preciso el informe favorable previo de la consejería competente en materia de política financiera para la realización de cualquier obra social, propia o en colaboración, cuando el importe que se vaya a financiar por la caja en el ejercicio vigente y en los dos siguientes sea superior a 500.000 euros.» A criterio del Abogado del Estado, este precepto vulnera la legislación básica estatal y se opone asimismo al art. 11 f) LORCA, hoy art. 13. f) de la Ley 26/2013, que atribuye a la asamblea general la aprobación y liquidación de sus presupuestos sin necesidad de contar con autorización autonómica. Por las mismas razones antes expuestas, este precepto tampoco incurre en extralimitación competencial. Al igual que el precepto que acabamos de examinar, añade simplemente una intervención administrativa que el legislador básico estatal no ha previsto por su parte, pero que es perfectamente razonable y congruente con la facultad de vigilancia autonómica del cumplimiento de la obra social de la entidad, en garantía de sus principales y más directos beneficiarios, plenamente justificada en la autonomía del legislador autonómica en materia de cajas de ahorro (art. 30.1.5 EAG). 12. El representante del Estado ha impugnado por último la disposición transitoria primera de la Ley 10/2009, cuyo apartado 1 establece: «Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 30 del texto refundido de la legislación de cajas de ahorros de Galicia, aprobado por el Decreto legislativo 1/2005, de 10 de marzo, dados los cambios porcentuales y sectoriales que se introducen, en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ley, las cajas de ahorros con domicilio social en Galicia deberán proceder a renovar la totalidad de sus órganos de gobierno, adaptándolos a las disposiciones que se contienen en esta ley.» En su opinión, esta disposición, en cuanto obliga a la renovación total de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro gallegas, pugna directamente con la regla prevista por el legislador básico estatal en los arts. 9.2 y 17.2 LORCA, y que respectivamente exigían la renovación parcial de los consejeros generales y de los vocales del consejo de administración órganos de gobierno como fórmula para garantizar la estabilidad y la eficacia en su gestión, que es un aspecto esencial de la configuración de las cajas de ahorro (STC 48/1988, de 22 de marzo, FFJJ 21 y 22). Las representaciones del Parlamento de Galicia y de la Xunta de Galicia argumentan que la renovación de los órganos de gobierno que impone la citada disposición no es, frente a lo razonado por el Abogado del Estado, total sino parcial, según se desprende de lo dispuesto en la siguiente disposición transitoria segunda; sería, por tanto, plenamente conforme con el criterio básico que obliga, para garantizar la continuidad y estabilidad en la gestión, a que las renovaciones de los órganos de gobierno de las cajas sean parciales. Por su parte, el representante del Gobierno autonómico advierte también que las reglas en materia de renovación previstas en los arts. 9.2 y 17.2 LORCA, aun siendo básicas, no son aplicables a los supuestos de renovación de los órganos de dirección motivada por un cambio normativo; esto obliga a aceptar la posibilidad de que las Comunidades Autónomas introduzcan ciertas matizaciones al respecto, según este Tribunal Constitucional ha advertido igualmente. El citado art. 9.2 LORCA fue modificado por el art. 3 del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, y, más tarde, por la Ley 26/2013 que, con derogación de este último, incorpora no obstante su mismo criterio al establecer en el art. 11.2: «la renovación de los consejeros generales no podrá suponer una renovación total o una renovación parcial que pueda asimilarse a la total dado el porcentaje renovado o la proximidad temporal entre renovaciones y se efectuará, en todo caso, respetando la proporcionalidad de las representaciones que componen la asamblea general». Ahora bien, hay que hacer dos precisiones muy relevantes para el presente proceso constitucional. En primer lugar, la Ley 26/2013 no establece ya esa prevención para el consejo de administración, que recogía en cambio el citado art. 3 del Real Decreto-ley 11/2010; remite la determinación del «procedimiento y condiciones de la renovación, reelección y provisión de vacantes de los vocales» a lo que dispongan las normas de desarrollo de la Ley (art. 19.2). A su vez, el art. 11.2 carece de carácter básico, tal como declara expresamente la disposición final décima, apartado 2, de la Ley 26/2013. Se ha producido, en consecuencia, la desaparición sobrevenida del criterio básico de modo tal que la legislación autonómica no está ya obligada a ajustarse a la prohibición de renovación total de los miembros de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros. En cualquier caso, basta con repasar el contenido de la citada disposición transitoria segunda de la Ley autonómica 10/2009, que no ha sido impugnada en este proceso constitucional, para comprobar que efectivamente el legislador autonómico, en el ejercicio de sus competencias en materia de procedimiento y condiciones de la renovación de los órganos de gobierno (SSTC 48/1988 y 49/1988, de 22 de marzo, FFJJ 21 y 22, respectivamente) ha previsto reglas específicas para la renovación de dichos órganos y garantizar de este modo su continuidad parcial; evita así cambios radicales en su composición con el fin de asegurar la eficacia en la gestión. No ha lugar, por consiguiente, a declarar la inconstitucionalidad de la disposición impugnada. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 1065-2010 y, en consecuencia: 1.º Declarar inconstitucionales y, por tanto, nulos los incisos «previa autorización de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Galicia de acuerdo con la normativa vigente»; y «de entre los miembros de la propia asamblea general» de los apartados tres y diez del art. 2 de la Ley del Parlamento de Galicia 10/2009, de 30 de septiembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorro de Galicia. 2.º Desestimar el recurso en todo lo demás. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil catorce.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 1065-2010 En el ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría del Tribunal recogida en la Sentencia, debo manifestar mi discrepancia con parte de la fundamentación de la Sentencia, discrepancia que alcanza también al fallo de la misma por las razones que en su momento defendí en la deliberación en el Pleno y que expongo a continuación. Mi discrepancia se refiere al fundamento jurídico 4 B) de la Sentencia, en el que se analiza el apartado trece del art. 2 de la Ley del Parlamento de Galicia 10/2009, de 30 de septiembre, norma que modifica el art. 35.3 del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorro de Galicia, en lo relativo a las «funciones del Consejo de Administración». Se trata de la concreción de la genérica previsión que permite que, previa autorización autonómica, el Consejo de Administración de la caja de ahorros delegue sus facultades de gestión en «las entidades que constituyan y articulen alianzas entre cajas de ahorro» o en los órganos de gobierno «creados para ese efecto en el seno de la Confederación Española de Cajas de Ahorros». Sin embargo, para el caso de los denominados sistemas institucionales de protección, la autorización autonómica de la delegación de facultades habrá de comprobar, además, «las consecuencias que pudiesen derivarse de la operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia». El Abogado del Estado había alegado en su demanda que el sometimiento de la autorización de la integración de una caja de ahorros en un sistema institucional de protección a tales extremos incurría en inconstitucionalidad, por desconocer la finalidad a la que sirven los sistemas institucionales de protección, vulnerando con ello las competencias estatales. La Sentencia, pese a considerar que la regulación estatal de los sistemas institucionales de protección tiene un indudable carácter básico desestima, sin embargo, la impugnación argumentando: a) la autorización autonómica que contempla y los criterios que fija para su otorgamiento son independientes de los requisitos objetivos que debe reunir el correspondiente sistema institucional de protección; b) estima que el sistema institucional de protección es simplemente una ponderación de riesgo, para determinados activos y c) que, por eso, no determina ni condiciona la citada facultad de supervisión del Banco de España relativa al tratamiento del riesgo de crédito, que se conserva de este modo intacta, de manera que no se incurre en la vulneración competencial denunciada. Estoy en desacuerdo con el modo de razonar de la Sentencia, ya que creo que la norma autonómica era contraria a las bases estatales. Los sistemas institucionales de protección sometidos a autorización adicional por la Ley territorial aparecen configurados en la normativa básica estatal (disposición adicional quinta de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, y Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras, que incorpora al ordenamiento español la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio), como algo más que la simple ponderación de riesgos entre entidades de crédito que la Sentencia pretende atribuirles. En efecto, como, por lo demás, también la práctica ha demostrado, se trata más bien un mecanismo específico para la protección mutua de las entidades de crédito, en la medida en que permite compartir la liquidez y el riesgo entre distintas entidades. Así, conforme la disposición adicional quinta de la Ley 10/2014, éstas han de constituir voluntariamente y por un período mínimo de diez años una entidad central que determine con carácter vinculante sus políticas y estrategias de negocio, así como los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgos y, del mismo modo, han de poner en común la totalidad de sus resultados y comprometerse a prestarse apoyo mutuo en términos de solvencia y liquidez. Se trata, en suma, de un mecanismo que va mucho más allá de la simple ponderación de riesgos que la Sentencia le atribuye para internarse en una finalidad de garantía de la solvencia, estabilidad y liquidez de las entidades financieras sometido exclusivamente al reconocimiento de su correcta configuración por el Banco de España en virtud de la concurrencia de unos requisitos objetivos. Por tanto, teniendo los sistemas institucionales de protección esta naturaleza, específicamente relacionada con la solvencia y estabilidad de las entidades de crédito, lo lógico hubiera sido aplicar la misma ratio decidendi que la Sentencia ha usado ya en el apartado A) del mismo fundamento jurídico 4 para el caso del art. 2.3, impidiendo que las actuaciones estatales en relación con la solvencia de una entidad de crédito sean sometidas a autorización o condicionamiento por parte de la Comunidad Autónoma. Esta misma conclusión de inconstitucionalidad se refuerza si se tiene en cuenta que el precepto condiciona la autorización autonómica a un supuesto absolutamente ajeno a la finalidad a la que sirven los sistemas institucionales de protección, como es el de las consecuencias que pudiesen derivarse de la operación para el «cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia». Por esa razón entiendo que la doctrina de la STC 182/2013, de 23 de octubre, FJ 11 a), era perfectamente aplicable aquí en la medida en que, con cita de doctrina anterior, se pronuncia acerca de la validez de las medidas de intervención que pueden adoptar las autoridades autonómicas con arreglo a su propia legislación, pero es de subrayar que añadimos entonces que esta posibilidad está sujeta a una condición, consistente en que la intervención autonómica «sea compatible con la eventual intervención estatal». Es evidente que, como en el caso allí resuelto, cabe ahora legítimamente dudar de la compatibilidad de dicha intervención autonómica posterior a la del Banco de España, pues la efectiva aplicación de un mecanismo como el sistema institucional de protección, queda entonces, condicionada a una suerte de cláusula suspensiva, como es la de la valoración de sus efectos sobre la actividad de la caja de ahorros en Galicia. Valoración conforme a criterios que, en tanto que relacionados con un indeterminado cumplimiento por la entidad de determinadas finalidades, no tienen absolutamente nada que ver con la garantía de la solvencia de la entidad, lo que, a su vez, determina la vulneración de las bases de la ordenación del crédito, de competencia estatal ex art. 149.1.11 CE. Y en tal sentido emito mi Voto particular. Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil catorce.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Firmado y rubricado.

Sentencia del TC en la que declara inconstitucionales dos cláusulas de la ley de cajas gallegas pero admite el resto.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente; doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1065-2010, interpuesto por el Presidente del Gobierno de la Nación contra el art. 2, apartados tres, cinco, siete, diez, once, trece y quince; art. 3, apartados cuatro y cinco; y la disposición transitoria primera de la Ley del Parlamento de Galicia 10/2009, de 30 de septiembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorro de Galicia. Han sido parte el Parlamento de Galicia y la Xunta de Galicia. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 9 de febrero de 2010, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 2, apartados tres, cinco, siete, diez, once, trece y quince; art. 3, apartados cuatro y cinco; y disposición transitoria primera de la Ley 10/2009, de 30 de diciembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorros de Galicia. En el escrito de demanda hizo invocación expresa del art. 161.2 CE, a los efectos de que se acordase la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos legales impugnados. 2. El Abogado del Estado, después de unas consideraciones previas sobre el encuadramiento competencial y el alcance de la competencia básica del Estado en materia de cajas de ahorro, y de notar también la naturaleza mediata o indirecta del recurso presentado, expone a continuación las tachas de inconstitucionalidad que reprocha a cada uno de los preceptos recurridos, y que agrupa en dos grandes bloques separados. a) Siguiendo este planteamiento, el Abogado del Estado cuestiona, en primer lugar, los apartados tres y trece del art. 2 de la citada Ley 10/2009, en cuanto que previenen sendas reglas que juzga contrarias al orden constitucional de distribución de competencias en materia de solvencia de las cajas de ahorro. El primero de los citados preceptos modifica el art. 15 c) del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, que, bajo la rúbrica «situación de déficit patrimonial», pasa a decir literalmente: «Cuando los recursos propios de una caja resultasen insuficientes para garantizar la solvencia de la entidad, deberán producirse: … c) Cualquier otra medida prevista en la normativa básica del Estado, previa autorización de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Galicia de acuerdo con la normativa vigente.» Para el representante del Estado el citado precepto, en la medida que sujeta a previa autorización autonómica la adopción de cualquier medida de intervención estatal destinada a garantizar la solvencia de las cajas, condiciona indebidamente el ejercicio de las funciones ejecutivas básicas de supervisión financiera reservadas al Estado, principalmente a través del Banco de España. Por su parte, el apartado trece del art. 2 recurrido modifica el art. 35.3 del texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de Galicia, relativo a las «Funciones del Consejo de Administración», que queda redactado del siguiente modo: «En el caso de sistemas institucionales de protección, previstos por la normativa de recursos propios, o figura análoga que se pudiese crear, la necesaria autorización previa de la consejería competente en materia de política financiera considerará, entre otras, adicionalmente a lo previsto en el párrafo anterior, las consecuencias que pudieran derivarse de la operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia. Una vez en funcionamiento, será obligatoria la remisión a la citada consejería de la misma información consolidada o agregada que deba remitirse al Banco de España.» En el criterio del Abogado del Estado, esta previsión y, en particular, el sometimiento de la autorización de la integración de una caja en los denominados sistemas institucionales de protección a la previa valoración por la consejería competente de las consecuencias que pudieran derivarse de la correspondiente operación para el cumplimiento de la finalidad financiera y social de la entidad en Galicia incurre en inconstitucionalidad mediata. Tal exigencia desnaturalizaría la propia figura de los sistemas institucionales de protección como mecanismo de protección mutua para garantizar su respectiva solvencia; se aparta de los criterios o requisitos que con carácter básico ordenan la autorización para la aplicación de una ponderación del 0 por 100 a los riesgos asumidos frente a las contrapartes que pertenezcan al mismo sistema institucional de protección que la entidad acreedora, a efectos del requerimiento de recursos propios, y que es una facultad de exclusiva competencia del Banco de España, como manifestación de su genuina función de control y supervisión de la solvencia de las entidades de crédito. b) Por su parte, a los apartados cinco, siete, diez, once y quince del art. 2; a los apartados cuatro y cinco del art. 3; y a la disposición transitoria primera de la Ley 10/2009, el representante del Estado les reprocha la vulneración del orden constitucional de distribución de competencias en materia de órganos de gobierno y representación de las cajas de ah ### RESUMEN: Sentencia del TC en la que declara inconstitucionales dos cláusulas de la ley de cajas gallegas pero admite el resto.

Antecedentes de hecho Primero. La fundación fue constituida el 22 de marzo de 2001, para la protección y recuperación del salmón, la conservación y defensa de los ecosistemas fluviales, el fomento del turismo sostenible, el desarrollo socio-económico del medio rural natural basado en el respeto a la naturaleza, la promoción y ejecución de todo tipo de campañas de educación, investigación, concienciación y conservación relacionadas con el medio ambiente, así como la protección y recuperación de las especies de fauna y flora amenazadas y la colaboración con entidades públicas y privadas en aras a la consecución de los anteriores fines. Segundo. Don Regino Carrera de Caso, Presidente del Patronato de la Fundación Salmón, comunicó al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el acuerdo de extinción de la Fundación, adoptado en reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación de 15 de agosto de 2013, acompañando la siguiente documentación: certificación del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato y memoria justificativa de la causa de extinción, por la imposibilidad de realización del fin fundacional motivada por la ausencia de ingresos y la situación económica de la entidad, reflejada en las cuentas del ejercicio 2012 y las correspondientes al período de 1 de enero al 15 de agosto de 2013. Tercero. El día 17 de febrero de 2014, el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ratificó el acuerdo de extinción del Patronato de la Fundación de fecha 15 de agosto de 2013. Cuarto. Con fecha 5 de abril de 2014, don Regino Carrera de Caso, según consta en escritura pública número 152, otorgada ante la Notario del Ilustre Colegio de Asturias, Doña Ángela Ruesgas Amarita, elevó a público los acuerdos de extinción y cancelación simultánea de la Fundación Salmón. A dicha escritura se adjunta el certificado de la reunión del Patronato de la Fundación de 24 de febrero de 2014, expedido por el Secretario de la fundación con el visto bueno del Presidente, en el que consta la aprobación por dicho Patronato de la cuenta final de liquidación, así como, la justificación de entrega del haber resultante cuyo importe asciende a 6.032,43 euros, a la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial. Fundamentos de Derecho Primero. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, siendo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente competente para ejercer la gestión de los actos y documentos correspondiente al registro de Fundaciones relacionadas por su materia con el departamento. Segundo. De conformidad con el artículo 32.4 de la Ley de Fundaciones y el 38.4 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, el acuerdo de extinción se inscribirá en el correspondiente Registro de Fundaciones. Tercero. El artículo 39.7 del citado Reglamento de Fundaciones establece que la función liquidadora del Patronato concluirá con el otorgamiento de la escritura de cancelación de la Fundación, la solicitud de cancelación de los asientos referentes a la Fundación y su inscripción en el Registro de Fundaciones de competencia estatal. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Subsecretaría resuelve: Primero. Inscribir la extinción y liquidación de la fundación Salmón en el Registro de Fundaciones del Departamento. Segundo. Cancelar la hoja y los asientos de la fundación extinguida en el Registro de Fundaciones del Ministerio. Madrid, 8 de mayo de 2014.–El Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, P. D. (Orden AAA/838/2012, de 20 de abril), la Vicesecretaria General Técnica de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, María Luz Gómez-Jover Torregrosa.

La fundación Salmón se extingue por falta de ingresos.

Antecedentes de hecho Primero. La fundación fue constituida el 22 de marzo de 2001, para la protección y recuperación del salmón, la conservación y defensa de los ecosistemas fluviales, el fomento del turismo sostenible, el desarrollo socio-económico del medio rural natural basado en el respeto a la naturaleza, la promoción y ejecución de todo tipo de campañas de educación, investigación, concienciación y conservación relacionadas con el medio ambiente, así como la protección y recuperación de las especies de fauna y flora amenazadas y la colaboración con entidades públicas y privadas en aras a la consecución de los anteriores fines. Segundo. Don Regino Carrera de Caso, Presidente del Patronato de la Fundación Salmón, comunicó al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el acuerdo de extinción de la Fundación, adoptado en reunión extraordinaria del Patronato de la Fundación de 15 de agosto de 2013, acompañando la siguiente documentación: certificación del acuerdo de extinción adoptado por el Patronato y memoria justificativa de la causa de extinción, por la imposibilidad de realización del fin fundacional motivada por la ausencia de ingresos y la situación económica de la entidad, reflejada en las cuentas del ejercicio 2012 y las correspondientes al período de 1 de enero al 15 de agosto de 2013. Tercero. El día 17 de febrero de 2014, el Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ratificó el acuerdo de extinción del Patronato de la Fundación de fecha 15 de agosto de 2013. Cuarto. Con fecha 5 de abril de 2014, don Regino Carrera de Caso, según consta en escritura pública número 152, otorgada ante la Notario del Ilustre Colegio de Asturias, Doña Ángela Ruesgas Amarita, elevó a público los acuerdos de extinción y cancelación simultánea de la Fundación Salmón. A dicha escritura se adjunta el certificado de la reunión del Patronato de la Fundación de 24 de febrero de 2014, expedido por el Secretario de la fundación con el visto bueno del Presidente, en el que consta la aprobación por dicho Patronato de la cuenta final de liquidación, así como, la justificación de entrega del haber resultante cuyo importe asciende a 6.032,43 euros, a la Real Asociación Asturiana de Pesca Fluvial. Fundamentos de Derecho Primero. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, siendo el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente competente para ejercer la gestión de los actos y documentos correspondiente al registro de Fundaciones relacionadas por su materia con el departamento. Segundo. De conformidad con el artículo 32.4 de la Ley de Fundaciones y el 38.4 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, el acuerdo de extinción se inscribirá en el correspondiente Registro de Fundaciones. Tercero. El artículo 39.7 del citado Reglamento de Fundaciones establece que la función liquidadora del Patronato concluirá con el otorgamiento de la escritura de cancelación de la Fundación, la solicitud de cancelación de los asientos referentes a la Fundación y su inscripción en el Registro de Fundaciones de competencia estatal. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, esta Subsecretaría resuelve: Primero. Inscribir la extinción y liquidación de la fundación Salmón en el Registro de Fundaciones del Departamento. Segundo. Cancelar la hoja y los asientos de la fundación extinguida en el Registro de Fundaciones del Ministerio. Madrid, 8 de mayo de 2014.–El Subsecretario de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, P. D. (Orden AAA/838/2012, de 20 de abril), la Vicesecretaria General Técnica de Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, María Luz Gómez-Jover Torregrosa. ### RESUMEN: La fundación Salmón se extingue por falta de ingresos.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución. Madrid, 12 de septiembre de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras. ANEXO Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la técnica de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja ha adoptado el siguiente Acuerdo: 1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con la Ley 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la técnica de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. 2.º Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de La Rioja.

Comisión bilateral Estado-La Rioja. El Gobierno ve inconstitucional que la Comunidad Autónoma prohíba el fracking.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución. Madrid, 12 de septiembre de 2013.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local, Rosana Navarro Heras. ANEXO Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la técnica de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja ha adoptado el siguiente Acuerdo: 1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con la Ley 7/2013, de 21 de junio, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja de la técnica de la fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional. 2.º Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda. Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de La Rioja. ### RESUMEN: Comisión bilateral Estado-La Rioja. El Gobierno ve inconstitucional que la Comunidad Autónoma prohíba el fracking.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publican, como anexo a la presente Resolución, las subvenciones y ayudas concedidas, durante el cuarto trimestre de 2012, dentro del ámbito de actuación de esta Dirección General, con arreglo a las bases reguladoras contenidas en la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. Madrid, 22 de enero de 2013.–El Director General de Migraciones, Aurelio Miras Portugal. ANEXO I SUBVENCIONES CONCEDIDAS Sección 19. Servicio 07. Programa 231B Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio (BOE de 21 de julio) Cuarto trimestre del año 2012 Sección 1.ª Programa de Asociaciones Crédito presupuestario 19.07.231B.492.01 Instituciones/Perceptores Euros Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia   Federación de Asociaciones y Centros de Emigrantes Españoles en Francia (FACEEF) 12.500,00 Asociación H.–A. «San Fernando» 7.150,00 FACEEF Rhone Alpes Auvergne 4.000,00 Colonia Española 5.400,00 Centro Español de los Pirineos Orientales 4.600,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia 33.650,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Marruecos   Sociedad Española de Beneficencia de Casablanca 8.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Marruecos 8.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en México   Sociedad Española de Beneficencia de Veracruz 3.000,00 Deportivo Hispano Mexicano de Veracruz 3.000,00 Ateneo Español de México, A.C. 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en México 9.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela   Fundación Canaria Nuestra Señora de Las Nieves 4.000,00 Centro Asturiano de Caracas 4.000,00 Hermandad Gallega de Valencia 4.000,00 Fundación Española de Emigrantes Dependientes 10.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela 22.000,00 Sección 2.ª Programa de Centros Crédito presupuestario 19.07.231B.790 Instituciones/Perceptores Euros Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania   Mini Amigos Bilinguale Kindertagestäte 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania 3.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil   Asociación Recreo de los Ancianos de Río de Janeiro 6.000,00 Casa de España de Río de Janeiro 3.000,00 Sociedad Española de Beneficencia de Río de Janeiro 6.000,00 Real Sociedad Española de Beneficencia de Salvador de Bahía 3.000,00 Centro Español y Repatriación de Santos 5.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil 23.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Chile   Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia (SESMUBE) 6.500,00 Centro Español de Instrucción de Rancagua 3.500,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Chile 10.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia   Amical Española de Rouffach 8.248,00 Centro Español de los Pirineos Orientales 3.600,00 Asociación de Padres de Familias Españolas Residentes en Ariege (APFERA) 6.600,00 Memoria España Republicana 82 5.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia 23.448,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Perú   Centro Español del Perú 4.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Perú 4.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay   Asociación de Empresarios Gallegos de Uruguay (AEGU) 4.000,00 Centro Social Cultural y Deportivo de Bolos Valle Miñor 5.000,00 Hogar Español de Montevideo 40.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay 49.000,00 Sección 3.ª Programa de Proyectos e Investigación Crédito presupuestario 19.07.231B.471 NIF/CIF Instituciones/Perceptores Euros España B36820744 España Exterior Publicaciones, S.L 30.000,00 B36757789 Grupo de Comunicación de Galicia en el Mundo, S.L 30.000,00 B81221541 Dos de Mayo Dimensiones Gráficas, S.L 10.000,00 A32000325 La Región, S.A 30.000,00 Total 100.000,00 Crédito presupuestario 19.07.231B.492.01 Instituciones/Perceptores Euros Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania   Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en la RFA 10.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania 10.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina   Cruz Roja Argentina 20.000,00 Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina (AJDERA) 19.700,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina 39.700,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Bélgica   Hispasante 3.500,00 Accem Asbl 13.500,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Bélgica 17.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil   Asociación de Jóvenes Españoles y Descendientes de Río de Janeiro (AJEDRJ) 3.000,00 Sociedad Española de Beneficencia 6.000,00 Sociedade Beneficente Rosalía de Castro 6.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil 15.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Dinamarca   Asociación de Padres de Alumnos de Español en Dinamarca los Cervantitos (APAED). 4.000,00 Asociación de Países Amigos 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Dinamarca 7.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Estados Unidos   Club España de Newark 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Estados Unidos 3.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia   Federación de Asociaciones y Centros de Emigrantes Españoles en Francia (FACEEF) 5.000,00 Federación de Asociaciones y Centros de Emigrantes Españoles en Francia (FACEEF) 9.500,00 Confederación APFERF 5.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia 19.500,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en México   Ateneo Español de México AC 10.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en México 10.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Suiza   Asociación de Pensionistas del ámbito de Basilea «Arco Iris» 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Suiza 3.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay   Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación 14.700,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay 14.700,00 Sección 4.ª Programa de Comunicación Crédito presupuestario 19.07.231B.471 NIF/CIF Instituciones/Perceptores Euros España B36820744 España Exterior Publicaciones, S.L 75.000,00 B85262178 Mediarama, S.L 8.000,00 B81221541 Dos de Mayo Dimensiones Gráficas, S.L 15.000,00 A32000325 La Región, S.A 62.000,00 B36343051 Acuarela Comunicación, S.L 11.600,00 B32394538 Ounova Xestión e Formación, S.L 20.000,00 B36757789 Grupo de Comunicación Galicia en el Mundo, S.L 75.000,00 Total 266.600,00 Crédito presupuestario 19.07.231B.492.01 Instituciones/Perceptores Euros Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina   Fundación España 10.000,00 Federación Regional de Sociedades Españolas de Bahía Blanca 3.900,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina 13.900,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Bélgica   Alma Asbl 7.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Bélgica 7.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil   Casa de España de Río de Janeiro 7.000,00 Vila Visual Producoes Ltda Me 7.000,00 Casa de España Don Felipe II 7.000,00 Centro Español y Repatriación de Santos 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil 24.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Estados Unidos   Asociación Cultural Española de Arizona INC. 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Estados Unidos 3.000,00 Sección de Empleo y Seguridad Social en Países Bajos   Sociedad de Trabajadores Españoles-STE (Centro Español La Haya) 3.000,00 Total Sección de Empleo y Seguridad Social en Países Bajos 3.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Perú   Asociación de Jóvenes Españoles del Perú-AJEP 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Perú 3.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay   Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay 3.000,00 Sección 5.ª Programa de Mayores y Dependientes Crédito presupuestario 19.07.231B.492.01 Instituciones/Perceptores Euros Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania   Academia Socio-Cultural Española RNW E. V., Remscheid. 12.770,00 Cáritasverband Hannover E. V., Hannover. 4.000,00 Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia en R.A.F. Bonn. 10.000,00 Confederación de Asociaciones Españolas de Padres de Familia en R.A.F. Bonn. 7.000,00 Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en la RFA, Remscheid. 8.000,00 Misión Católica Española, ESSEN. 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania 44.770,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina   A. C.Club Tinetense Residencia Asturiana, Buenos Aires. 80.000,00 Asociación de Beneficencia HH. HH. del Sagrado Corazón de Jesús, Ituzaingo. 35.000,00 Centro Andaluz de Córdoba, Córdoba 8.000,00 Congregación HH. AA. DD. Casa de los Sabios, Córdoba 22.000,00 Congregación HH. AA. DD. Hogar Bottaro, González Catán. 45.000,00 Fundación España, Buenos Aires 65.000,00 Fundación Españoles en el Mundo-Argentina, Buenos Aires 20.000,00 HH. AA. DD. Hogar Santa Teresa Jornet, Buenos Aires 40.000,00 Hogar Español, Asociación Civil Rosario-Santa Fé 55.000,00 Hogar Gallego Ancianos (DOMSELAAR), Buenos Aires 95.000,00 Sociedad Española de Beneficencia Hogar Elías Romero, Buenos Aires. 90.000,00 Sociedad Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano. 5.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina 560.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Bélgica   Accem Asbl, Bruselas 18.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Bélgica 18.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil   Asociación Beneficencia Hispano Brasileña, Porto Alegre. 3.000,00 Asociación Recreo de los Ancianos, Río de Janeiro 25.000,00 Casa de España, Río de Janeiro 22.000,00 Comunidad Hispánica de Asistencia Social, Río de Janeiro 4.000,00 Congregación HH. AA. DD., Lençois Paulista-Sao Paulo 4.000,00 Congregación HH.AA.DD., San Caetano do Sul- Sao Paulo 4.000,00 Espanhóis No Brasil Sociedade Beneficente e Cultural, Sao Paulo 7.000,00 Real Sociedad Española de Beneficencia, Salvador Bahía 20.000,00 Sociedad Beneficente Rosalía de Castro, Sao Paulo 18.000,00 Sociedad de Socorros Mutuos E Beneficente Rosalía de Castro, Santos. 12.000,00 Sociedad Española de Beneficencia, Río de Janeiro 20.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil 139.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Chile   Hogar Español, Santiago de Chile 12.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Chile 12.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela   Colombia:   Casa de España, Bogotá 5.000,00 Total Colombia 5.000,00 República Dominicana:   Sociedad Benéfica Proemigrantes Españoles, Santo Domingo 5.000,00 Total República Dominicana 5.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela 10.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en México   Casino Español de Córdoba A.C., Veracruz 18.000,00 Casino Español de Orizaba A.C., Orizaba. 12.000,00 Coahuila 15.000,00 Club España A.C., México D.F. 17.000,00 Fundación de Ayuda a la Ancianidad IAP, México D.F. 3.000,00 La Casa de Andalucía en México, México D.F. 15.000,00 Sociedad Española de Beneficencia, Puebla 20.000,00 Sociedad Española de Beneficencia, Veracruz 45.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en México 145.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Cuba   Hogar Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl 3.000,00 Asociación Canaria de Cuba Leonor Pérez Cabrera, La Habana. 3.000,00 Hogar de Ancianos Santovenia, Ciudad de La Habana 11.760,00 Hogar Santa Teresa de Jornet, Ciudad de La Habana 7.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Cuba 24.760,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Estados Unidos   Filipinas:   Sociedad Española de Beneficencia, Manila 8.000,00 Total Filipinas 8.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Estados Unidos 8.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia   Casa de España de la Región Parisina, la Plaine de Saint-Denis. 75.000,00 Federación de Asociaciones y Centros de Españoles Emigrantes en Francia (FACEEF), Rhone Alpes Auvergne 20.000,00 Federación Solidaridad Sin Fronteras Francia-Norte, París 3.800,00 UGT Asociación de Jubilados y Pensionistas de París y su Región, París 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia 101.800,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Marruecos   Asociación Benéfica Española de Tánger (ABET), Tánger 14.000,00 Sociedad Española de Beneficencia, Casablanca 18.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Marruecos 32.000,00 Sección de Empleo y Seguridad Social en Países Bajos   Sociedad Española de Enschede, Enschede. 4.000,00 Total Sección de Empleo y Seguridad Social en Países Bajos 4.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Perú   Centro Diurno Español de la Tercera Edad, Lima 4.000,00 Centro Español de Perú, Lima 7.000,00 Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Lima. 7.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Perú 18.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Portugal   Sociedad Española de Beneficencia, Lisboa 15.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Portugal 15.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Reino Unido   Centro Social de Mayores Miguel de Cervantes, Londres. 26.460,00 Centro Social de Mayores Miguel de Cervantes, Londres. 14.210,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Reino Unido 40.670,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay   Sociedad Islas Canarias. 10.000,00 Hogar Español, Montevideo 250.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay 260.000,00

Subvenciones Dirección General de Migraciones 4º trimestre 2012.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publican, como anexo a la presente Resolución, las subvenciones y ayudas concedidas, durante el cuarto trimestre de 2012, dentro del ámbito de actuación de esta Dirección General, con arreglo a las bases reguladoras contenidas en la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. Madrid, 22 de enero de 2013.–El Director General de Migraciones, Aurelio Miras Portugal. ANEXO I SUBVENCIONES CONCEDIDAS Sección 19. Servicio 07. Programa 231B Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio (BOE de 21 de julio) Cuarto trimestre del año 2012 Sección 1.ª Programa de Asociaciones Crédito presupuestario 19.07.231B.492.01 Instituciones/Perceptores Euros Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia   Federación de Asociaciones y Centros de Emigrantes Españoles en Francia (FACEEF) 12.500,00 Asociación H.–A. «San Fernando» 7.150,00 FACEEF Rhone Alpes Auvergne 4.000,00 Colonia Española 5.400,00 Centro Español de los Pirineos Orientales 4.600,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia 33.650,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Marruecos   Sociedad Española de Beneficencia de Casablanca 8.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Marruecos 8.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en México   Sociedad Española de Beneficencia de Veracruz 3.000,00 Deportivo Hispano Mexicano de Veracruz 3.000,00 Ateneo Español de México, A.C. 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en México 9.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela   Fundación Canaria Nuestra Señora de Las Nieves 4.000,00 Centro Asturiano de Caracas 4.000,00 Hermandad Gallega de Valencia 4.000,00 Fundación Española de Emigrantes Dependientes 10.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Venezuela 22.000,00 Sección 2.ª Programa de Centros Crédito presupuestario 19.07.231B.790 Instituciones/Perceptores Euros Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania   Mini Amigos Bilinguale Kindertagestäte 3.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania 3.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil   Asociación Recreo de los Ancianos de Río de Janeiro 6.000,00 Casa de España de Río de Janeiro 3.000,00 Sociedad Española de Beneficencia de Río de Janeiro 6.000,00 Real Sociedad Española de Beneficencia de Salvador de Bahía 3.000,00 Centro Español y Repatriación de Santos 5.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil 23.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Chile   Sociedad Española de Socorros Mutuos y Beneficencia (SESMUBE) 6.500,00 Centro Español de Instrucción de Rancagua 3.500,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Chile 10.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia   Amical Española de Rouffach 8.248,00 Centro Español de los Pirineos Orientales 3.600,00 Asociación de Padres de Familias Españolas Residentes en Ariege (APFERA) 6.600,00 Memoria España Republicana 82 5.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Francia 23.448,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Perú   Centro Español del Perú 4.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Perú 4.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay   Asociación de Empresarios Gallegos de Uruguay (AEGU) 4.000,00 Centro Social Cultural y Deportivo de Bolos Valle Miñor 5.000,00 Hogar Español de Montevideo 40.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Uruguay 49.000,00 Sección 3.ª Programa de Proyectos e Investigación Crédito presupuestario 19.07.231B.471 NIF/CIF Instituciones/Perceptores Euros España B36820744 España Exterior Publicaciones, S.L 30.000,00 B36757789 Grupo de Comunicación de Galicia en el Mundo, S.L 30.000,00 B81221541 Dos de Mayo Dimensiones Gráficas, S.L 10.000,00 A32000325 La Región, S.A 30.000,00 Total 100.000,00 Crédito presupuestario 19.07.231B.492.01 Instituciones/Perceptores Euros Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania   Coordinadora Federal del Movimiento Asociativo en la RFA 10.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Alemania 10.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina   Cruz Roja Argentina 20.000,00 Asociación de Jóvenes Descendientes de Españoles de la República Argentina (AJDERA) 19.700,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Argentina 39.700,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Bélgica   Hispasante 3.500,00 Accem Asbl 13.500,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Bélgica 17.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil   Asociación de Jóvenes Españoles y Descendientes de Río de Janeiro (AJEDRJ) 3.000,00 Sociedad Española de Beneficencia 6.000,00 Sociedade Beneficente Rosalía de Castro 6.000,00 Total Consejería de Empleo y Seguridad Social en Brasil 15.000,00 Consejería de Empleo y Seguridad Social en Dinamarca   Asociación de Padres de Alumnos de Español en Dinamarca los Cervantitos (APAED). 4.000,00 Asociación de Países Amigos 3 ### RESUMEN: Subvenciones Dirección General de Migraciones 4º trimestre 2012.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Hacienda y Contratación. c) Número de expediente: 74/11ser. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Prestación del servicio de megafonía y audiovisuales para los distintos actos públicos oficiales, culturales o deportivos y festejos realizados u organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos tanto en la vía pública como en espacios interiores. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y Perfil del contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/08/2012, 03/09/2012 y 07/08/2012, respectivamente. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 211.864,40 euros anuales. Importe total: 250.000,00 euros anuales. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 28 de enero de 2013. c) Contratista: Videoson Comunicaciones, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 215.630,13 euros anuales. Burgos, 20 de febrero de 2013.- El Titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, D. Salvador de Foronda Vaquero.

El Ayuntamiento de Burgos gasta 250.000 euros al año en la megafonía y audiovisuales en festejos y actos públicos

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ayuntamiento de Burgos. b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Hacienda y Contratación. c) Número de expediente: 74/11ser. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.aytoburgos.es/perfil-del-contratante. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Prestación del servicio de megafonía y audiovisuales para los distintos actos públicos oficiales, culturales o deportivos y festejos realizados u organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos tanto en la vía pública como en espacios interiores. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE y Perfil del contratante. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 09/08/2012, 03/09/2012 y 07/08/2012, respectivamente. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 211.864,40 euros anuales. Importe total: 250.000,00 euros anuales. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 27 de diciembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 28 de enero de 2013. c) Contratista: Videoson Comunicaciones, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 215.630,13 euros anuales. Burgos, 20 de febrero de 2013.- El Titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, D. Salvador de Foronda Vaquero. ### RESUMEN: El Ayuntamiento de Burgos gasta 250.000 euros al año en la megafonía y audiovisuales en festejos y actos públicos

I El presente real decreto tiene por objeto introducir determinadas modificaciones en el régimen jurídico de la declaración-resumen anual regulada en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Asimismo, se introduce una nueva obligación de información en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y se modifica el régimen jurídico de las notificaciones en sede electrónica reguladas en dicho reglamento citado. II En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, se establece la posibilidad de exonerar de la obligación de presentar la declaración-resumen anual a determinados sujetos pasivos, cuya concreción se remite a desarrollo por Orden ministerial, considerando el principio de limitación de los costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y teniendo en cuenta la información que van a venir obligados a suministrar en sus autoliquidaciones del impuesto. III Para adaptar la normativa sobre asistencia mutua a los proyectos actualmente en desarrollo de intercambio automático de información basados en un sistema global y estandarizado, el cual tiene por objeto prevenir y luchar contra el fraude fiscal, se añade un artículo al Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, el artículo 37 bis, que regula la obligación de las instituciones financieras de suministrar información sobre cuentas financieras y de identificar la residencia o en su caso nacionalidad de las personas que ostenten la titularidad o el control de las mismas conforme a las normas de diligencia debida que se determinarán mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos y de modificación de otras normas con contenido tributario, introdujo en el apartado 6 del artículo 115 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, la posibilidad de practicar notificaciones por otros medios electrónicos diferentes a la dirección electrónica asignada por la Administración tributaria siempre que dicho medio se haya consentido por el interesado. Como complemento a esa posibilidad, ahora se incorpora la de poder realizar notificaciones en la sede electrónica de la Administración tributaria competente mediante el acceso voluntario del interesado. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de junio de 2014, DISPONGO Artículo primero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Se modifican los apartados 1 y 7 del artículo 71, que quedan redactados de la siguiente forma: «1. Salvo lo establecido en relación con las importaciones, los sujetos pasivos deberán realizar por sí mismos la determinación de la deuda tributaria mediante declaraciones-liquidaciones ajustadas a las normas contenidas en los apartados siguientes. Los empresarios y profesionales deberán presentar las declaraciones-liquidaciones periódicas a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 de este artículo, así como la declaración resumen anual prevista en el apartado 7, incluso en los casos en que no existan cuotas devengadas ni se practique deducción de cuotas soportadas o satisfechas. La obligación establecida en los párrafos anteriores no alcanzará a aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto. La obligación de presentar la declaración resumen anual prevista en el apartado 7 no alcanzará a aquellos sujetos pasivos respecto de los que la Administración Tributaria ya posea información suficiente a efectos de las actuaciones y procedimientos de comprobación o investigación, derivada del cumplimiento de obligaciones tributarias por parte dichos sujetos pasivos o de terceros. La concreción de los sujetos pasivos a los que afectará la exoneración de la obligación a que se refiere el párrafo anterior se realizará mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.» «7. Además de las declaraciones-liquidaciones a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 de este artículo, los sujetos pasivos deberán formular una declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e impresos que, para cada supuesto, se apruebe por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los sujetos pasivos incluidos en declaraciones-liquidaciones conjuntas, deberán efectuar igualmente la presentación de la declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e impresos establecidos en el párrafo anterior. No estarán obligados a presentar la declaración-resumen anual prevista en este apartado aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto ni aquellos sujetos pasivos para los que así se determine por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en los mismos supuestos a los que se refiere el cuarto párrafo del apartado 1 de este artículo.» Artículo segundo. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. Uno. Se introduce un nuevo artículo 37 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 37 bis. Obligación de informar acerca de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 1. Conforme a lo dispuesto en los artículos 1.2 y 29.bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y 30.2 de este reglamento, las instituciones financieras vendrán obligadas a presentar una declaración informativa sobre cuentas financieras abiertas en aquellas cuando concurran las circunstancias especificadas en la normativa sobre asistencia mutua que, en cada caso, resulte de aplicación. 2. Respecto de las cuentas a que se refiere el párrafo anterior, y en atención a la normativa sobre asistencia mutua, las instituciones financieras deberán identificar la residencia o en su caso nacionalidad de las personas que, en los términos establecidos en dicha normativa, ostenten la titularidad o el control de las mismas. Dicha identificación se realizará conforme a las normas de diligencia debida que se determinarán mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. 3. La información a suministrar comprenderá la que se derive de la normativa sobre asistencia mutua y, en todo caso, la identificación completa de las cuentas y el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y, en su caso, número de identificación fiscal o análogo, de las personas citadas en el párrafo anterior. 4. Cuando en la norma sobre asistencia mutua que resulte de aplicación se prevea la posibilidad de aplicación de otra distinta por resultar ésta última más favorable, la declaración de concurrencia de esta circunstancia deberá realizarse mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que deberá ser objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» previamente al momento en que haya de cumplirse con la obligación de información a que se refiere este artículo. 5. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se aprobará el correspondiente modelo de declaración.» Dos. Se introduce un nuevo artículo 115 ter, con la siguiente redacción: «Artículo 115 ter. Notificaciones voluntarias en sede electrónica. 1. Las Administraciones tributarias podrán habilitar en su sede electrónica la posibilidad de que, de forma voluntaria, los interesados puedan acceder al contenido de sus notificaciones. La habilitación deberá cumplir los siguientes requisitos: a) Deberá quedar acreditación de la identificación del contribuyente que accede a la notificación. Esta identificación podrá realizarse mediante cualquier sistema de firma electrónica, avanzada y no avanzada, que sea conforme con lo dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. b) Deberá informarse de forma claramente identificable de que el acceso del interesado al contenido tendrá el carácter de notificación a los efectos legales oportunos. c) Deberá quedar constancia del acceso del interesado al contenido de la notificación con indicación de la fecha y la hora en que se produce. 2. La práctica de notificaciones conforme a lo dispuesto en este artículo no es incompatible con las realizadas a través de la Dirección Electrónica. Si por cualquier causa se produjese la notificación por ambos sistemas surtirá efectos jurídicos la realizada en primer lugar. Asimismo, si se efectuase la notificación a través de la Sede electrónica y por medios no electrónicos producirá efectos jurídicos la primera que se practique.» Disposición final única. Entrada en vigor. 1. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. 2. La obligación de información regulada en el artículo 37 bis del Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, a que se refiere el artículo segundo.uno de este real decreto, será exigible por primera vez en el momento en que así se establezca en la norma de asistencia mutua que resulte de aplicación. Las normas de diligencia debida a que se refiere el citado artículo deberán ser aplicadas a partir de la fecha que se establezca mediante la Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que determinará aquellas. Dado en Madrid, el 6 de junio de 2014. JUAN CARLOS R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Decreto modificando el reglamento IVA. Una orden ministerial concretará quiénes se libran de presentar declaración anual.

I El presente real decreto tiene por objeto introducir determinadas modificaciones en el régimen jurídico de la declaración-resumen anual regulada en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Asimismo, se introduce una nueva obligación de información en el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio y se modifica el régimen jurídico de las notificaciones en sede electrónica reguladas en dicho reglamento citado. II En el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, se establece la posibilidad de exonerar de la obligación de presentar la declaración-resumen anual a determinados sujetos pasivos, cuya concreción se remite a desarrollo por Orden ministerial, considerando el principio de limitación de los costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y teniendo en cuenta la información que van a venir obligados a suministrar en sus autoliquidaciones del impuesto. III Para adaptar la normativa sobre asistencia mutua a los proyectos actualmente en desarrollo de intercambio automático de información basados en un sistema global y estandarizado, el cual tiene por objeto prevenir y luchar contra el fraude fiscal, se añade un artículo al Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, el artículo 37 bis, que regula la obligación de las instituciones financieras de suministrar información sobre cuentas financieras y de identificar la residencia o en su caso nacionalidad de las personas que ostenten la titularidad o el control de las mismas conforme a las normas de diligencia debida que se determinarán mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos y de modificación de otras normas con contenido tributario, introdujo en el apartado 6 del artículo 115 bis del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, la posibilidad de practicar notificaciones por otros medios electrónicos diferentes a la dirección electrónica asignada por la Administración tributaria siempre que dicho medio se haya consentido por el interesado. Como complemento a esa posibilidad, ahora se incorpora la de poder realizar notificaciones en la sede electrónica de la Administración tributaria competente mediante el acceso voluntario del interesado. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 6 de junio de 2014, DISPONGO Artículo primero. Modificación del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Se introducen las siguientes modificaciones en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre. Se modifican los apartados 1 y 7 del artículo 71, que quedan redactados de la siguiente forma: «1. Salvo lo establecido en relación con las importaciones, los sujetos pasivos deberán realizar por sí mismos la determinación de la deuda tributaria mediante declaraciones-liquidaciones ajustadas a las normas contenidas en los apartados siguientes. Los empresarios y profesionales deberán presentar las declaraciones-liquidaciones periódicas a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 de este artículo, así como la declaración resumen anual prevista en el apartado 7, incluso en los casos en que no existan cuotas devengadas ni se practique deducción de cuotas soportadas o satisfechas. La obligación establecida en los párrafos anteriores no alcanzará a aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto. La obligación de presentar la declaración resumen anual prevista en el apartado 7 no alcanzará a aquellos sujetos pasivos respecto de los que la Administración Tributaria ya posea información suficiente a efectos de las actuaciones y procedimientos de comprobación o investigación, derivada del cumplimiento de obligaciones tributarias por parte dichos sujetos pasivos o de terceros. La concreción de los sujetos pasivos a los que afectará la exoneración de la obligación a que se refiere el párrafo anterior se realizará mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.» «7. Además de las declaraciones-liquidaciones a que se refieren los apartados 3, 4 y 5 de este artículo, los sujetos pasivos deberán formular una declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e impresos que, para cada supuesto, se apruebe por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Los sujetos pasivos incluidos en declaraciones-liquidaciones conjuntas, deberán efectuar igualmente la presentación de la declaración-resumen anual en el lugar, forma, plazos e impresos establecidos en el párrafo anterior. No estarán obligados a presentar la declaración-resumen anual prevista en este apartado aquellos sujetos pasivos que realicen exclusivamente las operaciones exentas comprendidas en los artículos 20 y 26 de la Ley del Impuesto ni aquellos sujetos pasivos para los que así se determine por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en los mismos supuestos a los que se refiere el cuarto párrafo del apartado 1 de este artículo.» Artículo segundo. Modificación del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los trib ### RESUMEN: Decreto modificando el reglamento IVA. Una orden ministerial concretará quiénes se libran de presentar declaración anual.

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en su disposición adicional undécima, modifica la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, añadiéndole una disposición adicional decimocuarta, en la que se dispone que corresponde al Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Fomento, aprobar el Reglamento de Circulación Ferroviaria. La disposición transitoria primera del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Sector Ferroviario establece un régimen provisional aplicable en materia de seguridad en tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la Ley del Sector Ferroviario en materia de seguridad. El objeto principal del Reglamento de Circulación Ferroviaria, que se aprueba en este real decreto, es disponer de una normativa única que permita una circulación ferroviaria segura sobre la Red Ferroviaria de Interés General. El Reglamento adapta la regulación al desarrollo que han tenido el sector ferroviario y la tecnología en los últimos años e incorpora la normativa europea reciente. El Reglamento incorpora al derecho interno la regulación sobre seguridad en la circulación recogida en la Decisión de la Comisión 2012/757/UE, de 14 de noviembre, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al subsistema «explotación y gestión de tráfico» del sistema ferroviario de la Unión Europea, en su versión modificada por la Decisión de la Comisión 2013/710/UE, de 2 de diciembre de 2013. El Reglamento da cumplimiento a lo establecido en el apartado primero de la disposición transitoria primera del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, dejando de ser aplicables a partir de su entrada en vigor el Reglamento General de Circulación de Renfe, las Normas Específicas de Circulación (NEC) aplicables a la línea Madrid-Sevilla y las prescripciones técnicas y operativas de Circulación y Seguridad correspondientes al tramo Madrid-Zaragoza-Lleida de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueras,Versión 2, así como el Reglamento de Circulación de Trenes de FEVE. El real decreto incluye también un anexo informativo en el que se recogen criterios para la elaboración de los Sistemas de Gestión de Seguridad, cuyo objeto es facilitar a los administradores de infraestructura ferroviaria y a las empresas ferroviarias existentes o futuras, unos criterios complementarios conformes con la seguridad. Durante la tramitación del Reglamento se ha dado audiencia a los administradores de infraestructuras ferroviarias, empresas ferroviarias, centros de formación y sindicatos con implantación en el sector, conforme lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 60 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario. Igualmente, y dando cumplimiento a la disposición final primera de la Ley 39/2003, de 17 noviembre, del Sector Ferroviario, se ha sometido a informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, así como de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Al tratarse de una norma de seguridad, el Reglamento ha sido notificado a la Comisión Europea para su examen, en cumplimiento del artículo 8 de la Directiva 2004/49/CE. En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de julio de 2015, DISPONGO: Artículo primero. Aprobación del Reglamento de Circulación Ferroviaria. Se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, cuyo texto se incluye en el anexo I de este real decreto. Artículo segundo. Criterios para implantación del Reglamento de Circulación Ferroviaria en los sistemas de gestión de la seguridad de las entidades ferroviarias. Los administradores de infraestructuras ferroviarias y las empresas ferroviarias incluirán en sus sistemas de gestión de seguridad los procedimientos para la implantación del Reglamento de Circulación Ferroviaria. En el anexo II de este real decreto se incluyen criterios de buena práctica, de aplicación potestativa, cuyo objeto es servir de orientación a los administradores de infraestructuras ferroviarias y a las empresas ferroviarias para la implantación del Reglamento en sus sistemas de gestión de la seguridad. Disposición adicional primera. Formación. Por resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se determinará la carga lectiva mínima de los cursos de formación necesarios para la actualización de conocimientos correspondientes al nuevo marco reglamentario de los titulados habilitados conforme a la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros homologados de formación y de los reconocimiento médico de dicho personal, en la fecha de entrada en vigor del real decreto. Disposición adicional segunda. Excepciones al marco reglamentario en relación a las señales de los trenes. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, a propuesta debidamente justificada del titular de un vehículo, podrá eximir de la adaptación de las luces frontales de cabeza y cola previstas en el nuevo reglamento a los vehículos históricos o a aquellos cuyas características técnicas no permitan o hagan muy difícil la ubicación o el anclaje de los focos en la nueva posición o cuya geometría impida una adecuada proyección del haz luminoso. Disposición transitoria única. Adaptación al nuevo marco reglamentario. 1. En el plazo de diez meses desde la entrada en vigor de este real decreto, los administradores de infraestructura y las empresas ferroviarias habrán de tener adaptada toda su documentación reglamentaria y sus sistemas de gestión de la seguridad al contenido de este Reglamento y a la normativa europea de aplicación. 2. Se establece un plazo de seis meses para la desaparición del sistema de Control de la Circulación por Radio (CCR) en las líneas en las que se aplique, y su sustitución por algún otro de los contemplados en el Reglamento. 3. Los administradores de infraestructura deberán tener finalizada la señalización de las velocidades máximas en las líneas, dentro del plazo de un año desde la entrada en vigor de este real decreto. 4. La adecuación al nuevo marco reglamentario de las señales de los trenes deberá realizarse durante las intervenciones de mantenimiento de los vehículos de nivel 3 o superior, y como máximo dentro del plazo de ocho años desde la entrada en vigor de este real decreto. En el caso de las señales portátiles de los trenes, su adaptación deberá realizarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto. 5. En el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de este real decreto, los administradores de infraestructura y las empresas ferroviarias habrán de tener adaptada toda la actividad de explotación, gestión y operación del tráfico ferroviario al contenido de este Reglamento, incluyendo las pertinentes acciones formativas a su personal en relación con el nuevo marco reglamentario y con sus nuevos procedimientos recogidos en sus sistemas de gestión de seguridad, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores en relación a las señales ferroviarias. 6. En el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este real decreto, los administradores de infraestructura y las empresas ferroviarias deberán presentar a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, un Programa detallado de implementación del Reglamento acorde con los plazos anteriores. 7. Durante el período transitorio previsto en el apartado quinto será aplicable la vigente regulación sobre circulación ferroviaria, en particular, el Reglamento General de Circulación de Renfe, las Normas Específicas de Circulación (NEC) aplicables a la línea Madrid-Sevilla, las prescripciones técnicas y operativas de Circulación y Seguridad correspondientes al tramo Madrid-Zaragoza-Lleida de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueras, Versión 2, y el Reglamento de Circulación de Trenes de FEVE. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Uno. Una vez finalizado el período transitorio fijado en el apartado quinto de la disposición transitoria única quedarán derogadas las normas hasta entonces aplicables en materia de seguridad en el tráfico ferroviario en virtud de la disposición transitoria primera del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, en particular: a) El Reglamento General de Circulación de Renfe, b) las Normas Específicas de Circulación (NEC) aplicables a la línea Madrid-Sevilla, c) las prescripciones técnicas y operativas de Circulación y Seguridad correspondientes al tramo Madrid-Zaragoza de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueras, Versión 2, y, d) el Reglamento de Circulación de Trenes de FEVE. Dos. Se suprime el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en la Circulación de la Red Ferroviaria de Interés General. En consecuencia, los actuales apartados 2 a 4 pasan a numerarse 1 a 3 manteniendo su redacción. Tres. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente real decreto. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General. El Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General se modifica en los siguientes términos: Uno. La disposición adicional segunda queda redactada como sigue: «Disposición adicional segunda. Catálogo oficial de señales de circulación ferroviaria. El Ministerio de Fomento aprobará, a propuesta de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Circulación Ferroviaria, el Catálogo Oficial de Señales de Circulación Ferroviaria de aplicación en la Red Ferroviaria de Interés General. Dicho Catálogo especificará necesariamente la forma, el color, diseño, dimensiones, ubicación y visibilidad de las mismas. Los administradores de infraestructuras ferroviarias, cuando los cambios tecnológicos, la experiencia acumulada o las circunstancias de explotación de la Red Ferroviaria de Interés General lo aconsejen, podrán solicitar de la autoridad responsable de la seguridad ferroviaria que promueva las modificaciones oportunas en el sistema de señalización de dicha red, tales como la adición de nuevas señales o la sustitución de alguna de las ya existentes.» Dos. Se añade una disposición final quinta con la siguiente redacción: «Disposición final quinta. Modificación de denominación. 1. Todas las referencias del reglamento que se aprueba por el presente real decreto a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias deberán entenderse realizadas a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. 2. Todas las referencias hechas al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en el reglamento que se aprueba por el presente real decreto se entenderán realizadas a los administradores de infraestructuras ferroviarias. 3. Todas las referencias hechas en el presente reglamento que se aprueba por el presente real decreto al Reglamento General de Circulación se entenderán realizadas al Reglamento de Circulación Ferroviaria.» Disposición final segunda. Modificación del Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por Real Decreto 810/2007, de 22 de junio. El Reglamento sobre seguridad en la circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por Real Decreto 810/2007, de 22 de junio, se modifica en los siguientes términos: Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 6 que queda redactado como sigue: «A la circulación sobre la Red Ferroviaria de Interés General se aplicará el Reglamento de Circulación Ferroviaria que establecerá las reglas operativas generales para que la circulación de los trenes y las maniobras se realice de forma segura, eficiente y puntual, tanto en condiciones de explotación normal como degradada, así como otras normas que en materia de seguridad apruebe el Ministerio de Fomento.» Dos. La rúbrica y el apartado 1 del artículo 7 que quedan redactados en los siguientes términos: «Artículo 7. Reglamento de Circulación Ferroviaria. 1. El Reglamento de Circulación Ferroviaria, establecerá las reglas y procedimientos operativos necesarios para que la circulación de los trenes por la Red Ferroviaria de Interés General se realice de forma segura y eficiente. Deberá incorporar, en todo caso, el siguiente contenido: a) Los elementos y principios que rigen la organización de la circulación; el vocabulario técnico básico; los documentos de uso obligatorio y sus procedimientos de distribución; los medios necesarios para la buena organización de la circulación; las reglas para las comunicaciones entre el personal de circulación y el de conducción; los conocimientos básicos exigibles a ambos; las normas a seguir para la composición de los trenes y sus requisitos de frenado. b) El significado de los distintos tipos de señales a instalar en la infraestructura ferroviaria o en el material rodante, así como las portátiles. c) Las reglas que deben cumplirse para la circulación de los trenes por la Red Ferroviaria de Interés General y para su entrada, salida y paso por las estaciones; las condiciones y protocolos para la realización de trabajos en la infraestructura y pruebas; requisitos sobre tracción y remolque de vehículos ferroviarios; requisitos para la realización de maniobras; incidencias en la circulación, tracción, frenado y señales de los trenes. d) Los tipos de bloqueo de la vía y enclavamiento de las estaciones y su funcionamiento. e) El régimen de funcionamiento de las instalaciones de seguridad de la circulación y la actuación en caso de anormalidad de estas. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria podrá emitir recomendaciones técnicas, para favorecer el cumplimiento del Reglamento por parte de las empresas ferroviarias y de los administradores de infraestructura.» Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria única de este real decreto, se suprime el apartado primero de la disposición transitoria primera del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. Disposición final cuarta. Títulos competenciales. Este Real Decreto se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.21.ª, 24.ª y 29.ª de la Constitución Española atribuye al Estado, competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por más de una Comunidad Autónoma, obras públicas de interés general y seguridad pública. Disposición final quinta. Incorporación del derecho de la Unión Europea. Mediante el Reglamento de Circulación Ferroviaria se incorpora al derecho español la regulación sobre seguridad en la circulación recogida en la Decisión de la Comisión 2012/757/UE, de 14 de noviembre, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al subsistema «explotación y gestión de tráfico» del sistema ferroviario de la Unión Europea, en su versión modificada por la Decisión de la Comisión 2013/710/UE, de 2 de diciembre de 2013. En consecuencia, el cumplimiento de este real decreto no exime a las empresas ferroviarias ni a los administradores de infraestructuras del cumplimiento del resto de la normativa de la Unión Europea que le sea de aplicación directa. Disposición final sexta. Facultad de desarrollo. El Ministro de Fomento dictará las disposiciones oportunas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el Reglamento de Circulación Ferroviaria. En particular, se faculta al Ministro de Fomento para que actualice y adecue el contenido de los anexos, apéndices y especificaciones transitorias del Reglamento de Circulación Ferroviaria a las innovaciones técnicas y, con las necesarias adaptaciones, a lo previsto dentro de su ámbito de aplicación por la normativa de la Unión Europea. Disposición final séptima. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 17 de julio de 2015. FELIPE R. La Ministra de Fomento, ANA MARÍA PASTOR JULIÁN ANEXO I [ignorar]REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN FERROVIARIA LIBRO PRIMERO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES [indice]Índice LIBRO PRIMERO. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES. Capítulo 1. Generalidades. 1.1.1.1. Objeto del Reglamento. 1.1.1.2. Ámbito de aplicación. 1.1.1.3. Definiciones. 1.1.1.4. Abreviaturas y acrónimos. 1.1.1.5. Estructura de responsabilidades y obligaciones de AI y EF. 1.1.1.6. Transmisión del servicio. 1.1.1.7. Criterios generales de operación de trenes. Capítulo 2. Documentación reglamentaria. 1.2.1.1. Clasificación de los documentos reglamentarios. 1.2.1.2. Documentación competencia de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. 1.2.1.3. Documentación competencia de los AI. 1.2.1.4. Documentación competencia de las EF. Capítulo 3. Distribución de documentos y útiles de servicio. 1.3.1.1. Distribución de documentos. 1.3.1.2. Útiles de servicio. Capítulo 4. Comunicaciones reglamentarias. 1.4.1.1. Clasificación y características de las comunicaciones. 1.4.1.2. Metodología de las comunicaciones relacionadas con la seguridad. 1.4.1.3. Registro de los telefonemas. Capítulo 5. Conceptos básicos de circulación. 1.5.1.1. Señales y agujas. 1.5.1.2. Instalaciones de seguridad. 1.5.1.3. Incorporación de nuevos sistemas auxiliares. 1.5.1.4. Condiciones de marcha especiales. 1.5.1.5. Identificación de los trenes. 1.5.1.6. Paradas de los trenes. 1.5.1.7. Detención de los trenes. 1.5.1.8. Orden de marcha. 1.5.1.9. Invalidación de la orden de marcha. 1.5.1.10. Velocidades. 1.5.1.11. Tipos de tren. 1.5.1.12. Sentido de la circulación. 1.5.1.13. Bloqueo de los trenes. 1.5.1.14. Cómo se asegura el bloqueo. 1.5.1.15. Tipos de conducción de los trenes. 1.5.1.16. Estaciones de servicio intermitente. 1.5.1.17. Sistemas de ejecución de trabajos en la vía. 1.5.1.18. Comunicación de tren dispuesto para circular. 1.5.1.19. Frenado. 1.5.1.20. Masa, longitud, velocidad máxima y porcentaje de frenado de los trenes. 1.5.1.21. Pruebas de frenado. 1.5.1.22. Mercancías peligrosas. 1.5.1.23. Transportes Excepcionales.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Generalidades 1.1.1.1. Objeto del Reglamento. 1. El objeto de este Reglamento es establecer reglas operativas generales para que la circulación de los trenes y de las maniobras se realice de forma segura, eficiente y puntual, tanto en condiciones de explotación normal como degradada, incluyendo su recuperación efectiva tras una interrupción del servicio. 2. El objetivo del documento es proporcionar un marco regulador único de los procesos operativos en los que exista una interfaz directa entre el Administrador de Infraestructura (AI) y la Empresa Ferroviaria (EF), unificando los criterios de operación de los distintos AI en los distintos anchos de la Red. 3. Conforme a la Directiva europea de Seguridad Ferroviaria, la responsabilidad de la explotación segura del sistema ferroviario y del control de riesgos asociado corresponde a los AI y a las EF. Por ello están obligados a definir y aplicar las medidas necesarias de control de riesgos, y en su caso, a cooperar mutuamente. En consecuencia, los Sistemas de Gestión de la Seguridad (SGS) de los AI y de las EF deberán establecer las reglas internas, conformes con la normativa vigente, y los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento de lo estipulado en este Reglamento y en el resto de la normativa de seguridad nacional y europea, incluyendo los Métodos Comunes de Seguridad y la ETI OPE. 4. El Reglamento es conforme con lo prescrito en las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, en la Ley del Sector Ferroviario y en sus normas de desarrollo. 5. La terminología, abreviaturas y acrónimos empleados en este Reglamento se recoge en los artículos 1.1.1.3 y 1.1.1.4 de este Libro. 1.1.1.2. Ámbito de aplicación. 1. El ámbito territorial de aplicación de este Reglamento es la Red Ferroviaria de Interés General. 2. El ámbito subjetivo de aplicación de este Reglamento es todo el personal de las EF, de los AI y de otras empresas, que interviene, directa o indirectamente, en los procesos de circulación de trenes y maniobras. En particular, es de aplicación a todas las personas que desarrollan funciones de seguridad en la circulación, definidas en los SGS de las EF y de los AI, y que deben disponer de un título habilitante para el ejercicio de estas, definido en la legislación que regula las condiciones para su obtención, dictada en desarrollo de la LSF y conforme con la Directiva europea sobre certificación de Maquinistas. 3. El ámbito técnico de aplicación de este Reglamento lo constituyen todas las actividades relevantes desde el punto de vista de la seguridad que afecten a alguna interfaz directa entre las EF y los AI, desde la puesta a disposición del tren para circular por parte de la EF, hasta su llegada a la estación de destino. 1.1.1.3. Definiciones. A efectos de este Reglamento se entiende por: 1. Apeadero: Infraestructura ferroviaria para la subida y bajada de viajeros. 2. Automotor: Tren formado por uno o más vehículos ferroviarios que no precisa de locomotora para su tracción ya que dispone de motor propio. 3. Banda de regulación: Tramo de línea, línea o conjunto de líneas a cargo de un mismo Responsable de Circulación de un PM. 4. Bifurcación: Punto de una línea, donde comienza otra o confluyen varias. Dispone de señales de protección a efectos de gestión y regulación del tráfico ferroviario. 5. Bloqueo: Sistema o proceso cuyo objetivo es garantizar que los trenes que circulen por la misma vía y en el mismo sentido, lo hagan separados a una distancia que impida su alcance, y que cuando un tren circule por una vía, no circule otro en sentido contrario por la misma vía. 6. Cambiador de ancho: Instalación ferroviaria que facilita el cambio del ancho de la rodadura, a los trenes cuya tecnología lo permite. 7. Cantón de bloqueo: Tramo de vía en el que, en condiciones normales de circulación, no puede haber más de un tren de forma simultánea. 8. Coches: Vehículos ferroviarios sin tracción propia habilitados para el transporte de viajeros, así como los vehículos complementarios para su servicio. 9. Composición indeformable: Es aquella que solo puede variar su composición mediante operaciones realizadas en un taller o centro de mantenimiento. 10. Control, Mando y Señalización (CMS): Subsistema ferroviario definido en la Directiva europea de interoperabilidad ferroviaria, constituido por todo el equipamiento necesario para garantizar la seguridad, el mando y el control de la circulación de los trenes autorizados a transitar por la red. Incluye los sistemas de protección del tren (en tierra y embarcados), comunicación por radio y detección del tren (contadores de ejes, circuitos de vía, etc…). 11. Control de Tráfico Centralizado (CTC): Sistema que permite realizar desde un puesto central, el control y accionamiento remoto de las instalaciones de un conjunto de estaciones y trayectos, ordenando los movimientos y coordinando la circulación de los trenes y maniobras. 12. Derivación particular: Infraestructura ferroviaria ajena a la RFIG, pero conectada con esta. 13. Documentación de seguridad: Conjunto de documentos reglamentarios definidos en el capítulo 2 de este libro. 14. Empresa Ferroviaria (EF): La titular de una licencia con arreglo a la legislación aplicable, cuya actividad principal consista en prestar servicios de transporte de mercancías o viajeros por ferrocarril, debiendo aportar en todo caso la tracción. 15. Enclavamiento: Sistema que permite establecer itinerarios seguros para la circulación de los trenes en el ámbito de estaciones, estableciendo una relación de dependencia entre las posiciones de los distintos aparatos de vía, las semibarreras de PN (en su caso) y las órdenes que transmiten las señales. 16. Especificación Técnica de Interoperabilidad (ETI): Norma técnica y de seguridad adoptada con arreglo a las Directivas comunitarias, con vistas a satisfacer requisitos esenciales y garantizar la interoperabilidad del sistema ferroviario. 17. Estación: Infraestructura ferroviaria consistente en una instalación de vías y sus aparatos asociados, protegida por señales, y que tiene por objeto coordinar los procesos de la circulación. Los PB, PBA, PCA, PAET y Bifurcaciones se consideran estación a efectos de este Reglamento. 18. Estación telemandada: Es aquella cuyo control y accionamiento de sus instalaciones se realiza a distancia. 19. Estaciones colaterales: Estaciones contiguas que en un momento concreto, intervienen en el bloqueo. 20. Furgón: Vehículo especialmente diseñado para circular en trenes de viajeros transportando mercancías. 21. Habilitación: Documento que faculta al titular de la misma para ejercer unas funciones cuya capacidad para desempeñarlas ha sido acreditada mediante la superación de una formación reglada. 22. Línea: Infraestructura ferroviaria que une dos puntos determinados. La línea puede tener una, dos o más vías (línea de vía única, vía doble, vía múltiple). 23. Locomotora: Vehículo ferroviario que, por medio de tracción térmica o eléctrica, es capaz de desplazarse por sí mismo, y cuya principal función, es remolcar a otros vehículos ferroviarios. 24. Locomotora aislada: Es la compuesta exclusivamente por una o varias locomotoras no remolcadas. 25. Locomotora o automotor remolcado: Locomotora o automotor incorporado en la composición de un tren sin suministrar tracción. 26. Locomotora telemandada: La que puede gobernarse a distancia, por radiocontrol, desde un lugar distinto de la cabina de conducción. 27. Mando múltiple: Dispositivo que permite el control de varias locomotoras o automotores desde una sola cabina de conducción. 28. Maniobra: Movimiento consistente en: – Agregar o segregar vehículos de un tren – Formar o descomponer un tren – Clasificar los vehículos o cortes de material – Desplazar un tren o vehículos por la misma vía o de una a otra dentro de los límites de maniobras. – Realizar los movimientos necesarios para el cambio de ancho en los trenes cuya tecnología lo admite, en los cambiadores de ancho. 29. Maquinaria de vía: Vehículo ferroviario autopropulsado utilizado en servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura. 30. Material Rodante Auxiliar: Maquinaria de vía y resto de vehículos utilizados en servicios del mantenimiento de la infraestructura, incluyendo grúas, trenes taller y trenes auscultadores. 31. Paso a Nivel (PN): Intersección entre una vía férrea y un camino o carretera, en el cual el tráfico ferroviario tiene preferencia. 32. Plena vía: Parte de la vía comprendida entre las señales de entrada de dos estaciones colaterales, fuera del dominio de ambas estaciones. Se considera que un tren se encuentra en plena vía, es decir, fuera del dominio de ambas estaciones cuando lo están todos los vehículos del mismo. En caso contrario, se entiende que se encuentra en la estación. 33. Puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET): Instalación de carácter técnico que permite el adelantamiento y el estacionamiento de trenes. 34. Puesto de bloqueo (PB): Instalación de carácter provisional situada en plena vía, que permite la intervención temporal en el bloqueo. 35. Puesto de banalización (PBA): Instalación de carácter técnico que permite la banalización de la circulación de trenes. 36. Puesto de Cantonamiento (PCA): Instalación de señalización situada en plena vía que permite dividir la longitud del cantón de bloqueo. 37. Puesto de circulación: Sector de vías, agujas y señales de una estación. 38. Puesto de Mando (PM): Centro específico del AI encargado de la gestión y regulación del tráfico en tiempo real. 39. Puesto Local de Operaciones (PLO): Instalación desde la que se ejerce el mando local de un determinado enclavamiento, que puede incluir una o más estaciones. 40. Puesto Regional de Operaciones (PRO): Instalación desde la que se puede ejercer el mando de varios enclavamientos que forman parte de un CTC. 41. Radiotelefonía: Medio de comunicación entre personal de los vehículos, de las estaciones, del PM y de plena vía. Están incluidos en este concepto, además de los sistemas de Tren-Tierra y de GSM-R, aquellos otros que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria determine expresamente. 42. Telefonema: Comunicación reglamentaria en los procesos de circulación, caracterizada por un formato preestablecido, identificada mediante un número secuencial, la hora de transmisión y la identificación del emisor, y que queda registrada mediante cualquiera de los soportes contemplados en este Reglamento. 43. Tracción dual: Sistema de tracción de un vehículo que le permite funcionar alternativamente con tracción térmica o eléctrica. 44. Tracción múltiple: Tracción de un tren por varias locomotoras o automotores gobernados independientemente. 45. Trayecto: Tramo de una línea comprendida entre las señales de entrada de dos estaciones. Cuando el término se utiliza en forma genérica se refiere al tramo comprendido entre dos estaciones colaterales. 46. Tren: Unidad o unidades de tracción, con o sin vehículos ferroviarios acoplados, adecuadamente identificados, y que opera entre dos o más puntos definidos. 47. Tren convencional: Es el compuesto por una o más locomotoras y vehículos remolcados de cualquier clase. 48. Tren de trabajos: Es el destinado a realizar operaciones de construcción o mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, pudiendo circular entre la base y el punto de inicio de los trabajos como tren convencional, y operar al amparo de una EVB para la realización de los mismos. 49. Tren directo: En referencia a una estación, es el que no efectúa parada en ella. 50. Tren empujado: Es aquel cuya tracción y gobierno están en un lugar distinto del primer vehículo en sentido de la marcha. 51. Tren reversible: Tren capaz de desplazarse en ambos sentidos con independencia del lugar que ocupe el vehículo o vehículos tractores, y cuyo gobierno de la tracción y del freno se realiza siempre desde la cabina del vehículo situado en primer lugar en el sentido de la marcha en cada caso. 52. Tren taller: Tren utilizado para la liberación de una vía interceptada. En su composición puede haber un vehículo grúa. 53. Vagones: Vehículos ferroviarios sin tracción propia habilitados para el transporte de mercancías. 54. Velocidad límite: Circulando en BCA, es la máxima permitida en cada momento por el sistema. 55. Vía de ancho mixto: Es aquella que permite la circulación de trenes de, al menos dos anchos distintos, con un único sistema de bloqueo. 56. Vías de circulación: Son las utilizadas en las estaciones para la entrada, salida o paso de los trenes. El resto de vías, si las hubiera, se denominan vías de servicio. 57. Zona de peligro eléctrico: Espacio alrededor del conductor eléctrico dentro del cual un trabajador (con o sin herramienta) o una máquina de trabajos podría sufrir un arco eléctrico o un contacto directo con el elemento en tensión. La amplitud de la zona de peligro eléctrico depende del voltaje del conductor. 58. Zona de peligro para los trabajos: Espacio alrededor de la vía en el que una persona, material o equipo pueden ser arrollados por un vehículo ferroviario, o ser puestos en peligro por la corriente de aire que genera su circulación. Dicha zona comprende la vía y los espacios situados entre la cara externa de la cabeza del carril y una línea paralela situada a 2 metros de la misma, a ambos lados de la vía. 59. Zona de riesgo para los trabajos: Es la comprendida entre la zona de peligro para los trabajos y la zona de seguridad para los trabajos. 60. Zona de seguridad para los trabajos: Espacios situados a más de 3 metros de distancia del borde exterior de la cabeza del carril, a ambos lados de la vía. 1.1.1.4. Abreviaturas y acrónimos. 1. AC Estación intermitente APTA para circulación. 2. AESF Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. 3. AI Administrador de Infraestructura. 4. ASFA Anuncio de Señales y Frenado Automático. Sistema de repetición de señales en cabina con ciertas funciones de control sobre el tren. 5. ATO Automatic Train Operation. Sistema de Operación Automática de Trenes. 6. ATP Automatic Train Protection. Sistema de Protección Automática de Trenes. 7. BA Bloqueo Automático. 8. BAB Bloqueo Automático de vía Banalizada. 9. BAD Bloqueo Automático de vía Doble. 10. BAR Boletín de Autorización de Rebase. 11. BAU Bloqueo Automático de vía Única. 12. BCA Bloqueo de Control Automático. 13. BLA Bloqueo de Liberación Automática. 14. BLAB Bloqueo de Liberación Automática de vía Banalizada. 15. BLAD Bloqueo de Liberación Automática de vía Doble. 16. BLAU Bloqueo de Liberación Automática de vía Única. 17. BOI Boletín de Órdenes e Informaciones. 18. BSL Bloqueo de Señalización Lateral. 19. BT Bloqueo Telefónico. 20. BTV Banalización Temporal de Vía. 21. CCR Control de Circulación por Radio. 22. CMS Control-Mando y Señalización. 23. CSV Cambio Significativo de Velocidad. 24. CTC Control de Tráfico Centralizado. 25. DMI Driver Machine Interface. Equipo que presenta información en pantalla al maquinista en ETCS. 26. DTDO Detenido (mensaje de radiotelefonía). 27. EBICAB Sistema de protección automática de trenes con supervisión continua. 28. EF Empresa Ferroviaria. 29. ep Electro pneumatic brakes. Freno electroneumático. 30. ERTMS European Rail Traffic Management System. Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario. Agrupa al ETCS y al GSM-R. 31. ETCS European Train Control System. Sistema de Control de Trenes Europeo. 32. ETI Especificación Técnica de Interoperabilidad. 33. ETI CMS Especificación Técnica de Interoperabilidad para el subsistema «Control, Mando y Señalización». 34. ETI LOC&PAS Especificación Técnica de Interoperabilidad para el subsistema de Material Rodante, «Locomotoras y Material Rodante de Viajeros». 35. ETI OPE Especificación Técnica de Interoperabilidad para el subsistema «Explotación y Gestión del Tráfico». 36. EVB Entrega de Vía Bloqueada. 37. FS Modo de circulación en ETCS. Supervisión completa. 38. GSM-R Global System for Mobile-Railway. Sistema de Comunicación Digital Específico para Ferrocarril, que provee a los trenes de radiotelefonía y línea de datos. 39. JRU Juridic Register Unit. Registrador Jurídico. 40. L Cantón libre (anotación en el libro de telefonemas). 41. LSF Ley del Sector Ferroviario. 42. LTV Limitación Temporal de Velocidad máxima. 43. LZB Linienzugbeeinflussung (en español: control continuo del tren). Sistema de Control del Tráfico Ferroviario con Supervisión Continua. 44. MA Movimiento Autorizado en ETCS. 45. MC Mando Centralizado. 46. mf Masa frenada. 47. ML Mando Local. 48. Modalidad A Modalidad de explotación en radiotelefonía para la comunicación del Maquinista con los Responsables de Circulación de las Bandas de Regulación y del CTC. 49. Modalidad C Modalidad de explotación de radiotelefonía para la comunicación del Maquinista con el Responsable de Circulación de la estación, así como para la realización de maniobras, comunicaciones en la prueba de freno, etc... 50. MRA Material Rodante Auxiliar 51. mt Masa total. 52. MT Marche el Tren. 53. NC Estación intermitente NO APTA para circulación. 54. OM Orden Ministerial. 55. PAET Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes. 56. PB Puesto de Bloqueo. 57. PBA Puesto de Banalización. 58. PCA Puesto de Cantonamiento. 59. PLO Puesto Local de Operaciones. 60. PM Puesto de Mando. 61. PN Paso a Nivel. 62. PRO Puesto Regional de Operaciones. 63. RAM Red de Ancho Métrico 64. RCF Reglamento de Circulación Ferroviaria. 65. RFIG Red Ferroviaria de Interés General. 66. RID Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril. 67. S Identificación de los medios de socorro. 68. SGS Sistema de Gestión de la Seguridad 69. SPN Señal de Paso a Nivel. 70. TDP Tubería de Depósitos Principales. 71. TFA Tubería de Freno Automático. 1.1.1.5. Estructura de responsabilidades y obligaciones de AI y EF. Conforme a lo establecido en el artículo 1.1.1.1, punto 3, los AI y las EF deberán establecer en sus SGS las reglas internas y los procedimientos que garanticen un tráfico de trenes y maniobras seguro, eficiente y puntual, en condiciones de operación normal, degradada y de emergencia, incluyendo su recuperación efectiva después de una interrupción del servicio. Para ello, deberán desarrollar, entre otros, los siguientes aspectos: • Definición de las responsabilidades y obligaciones de su personal de servicio vinculado con la seguridad. • Metodología a seguir en la transmisión del servicio (relevos del personal). • Instrucciones para la correcta aplicación de las normas de circulación. • Criterios de redacción y distribución de documentos reglamentarios. • Definición y disposición de los útiles de servicio para el desempeño de sus funciones, así como los procedimientos a seguir en caso de ausencia de algunos de ellos. • Metodología de las comunicaciones relacionadas con la seguridad. Además, en los respectivos SGS se incluirán las acciones y los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de lo anterior. Entre las obligaciones del personal ferroviario recogidas en las citadas reglas internas se deberán incorporar al menos, las siguientes: • Presentarse a prestar servicio en buenas condiciones físicas, sin fatiga y evitando cualquier tipo de exceso que perjudique sus facultades durante el desempeño de su trabajo. • No prestar servicio bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas de abuso u otras sustancias psicoactivas que puedan alterar sus capacidades psicofísicas, contempladas como infracciones específicas en materia de circulación y conducción en la LSF. • Abstenerse de utilizar medios de distracción en el puesto de trabajo: teléfonos móviles, equipos electrónicos, prensa, etc…, ajenos a la actividad profesional. • Prohibir la permanencia en las dependencias de circulación y en las cabinas de conducción de personas ajenas a las mismas, o carentes de la oportuna autorización. 1.1.1.6. Transmisión del servicio. En la transmisión de los servicios relacionados con la seguridad en la circulación de los trenes y maniobras, que se realicen en estaciones, PM, trenes o en plena vía: • El personal saliente deberá entregar a su relevo la documentación reglamentaria, impresos, registros informáticos, útiles de servicio y, toda la información necesaria relacionada con la seguridad, para que este último pueda desarrollar plenamente su función desde el mismo momento de su incorporación. • El personal que toma el servicio deberá hacerse cargo de la documentación reglamentaria, impresos, registros informáticos y útiles de servicio. Además deberá tomar conocimiento de las informaciones relacionadas con la seguridad que le trasmita el personal saliente, y resolver con este cuantas dudas le surjan. 1.1.1.7. Criterios generales de operación de trenes. 1. Para que un tren pueda iniciar servicio, es necesario que en la estación de origen, o en la primera de la RFIG para trenes internacionales, disponga en la cabina de conducción y tenga operativos, los equipamientos siguientes: • Sistema de protección de tren compatible con alguno de los instalados en la infraestructura. • Dispositivo de vigilancia. • Radiotelefonía. 2. Cuando los sistemas de protección del tren instalados en la infraestructura y en la cabina de conducción sean compatibles entre sí y estén operativos, las velocidades máximas de circulación serán las siguientes: a) 350 km/h para trenes circulando con ERTMS Nivel 2 en servicio. b) 300 km/h para trenes circulando con ERTMS Nivel 1 o LZB en servicio. c) 220 km/h para trenes circulando con EBICAB en servicio. d) 200 km/h para trenes circulando con ASFA en servicio. 3. Cuando los sistemas de protección del tren instalados en la infraestructura y en la cabina de conducción no sean compatibles entre sí, o alguno de ellos no esté operativo, la velocidad máxima de circulación será: 120 km/h. 4. En el caso de ausencia o inoperatividad del sistema de protección del tren instalado en la infraestructura, la velocidad máxima de circulación será: 120 km/h. 5. La dotación mínima de personal en la cabina de conducción del tren para que este pueda iniciar el servicio, será: a) Un Maquinista, cuando la infraestructura esté equipada con un sistema de protección del tren operativo, y la cabina de conducción lleve simultáneamente en servicio: • Sistema embarcado de protección del tren compatible con el de la infraestructura, y • Dispositivo de vigilancia. b) Un Maquinista y una segunda persona debidamente habilitada, en caso contrario; salvo que la EF establezca en su SGS otro procedimiento que mitigue el riesgo generado de forma efectiva, y este procedimiento esté autorizado por la AESF. CAPÍTULO 2 Documentación reglamentaria 1.2.1.1. Clasificación de los documentos reglamentarios. 1. En desarrollo de este Reglamento, y con el fin de determinar con precisión las condiciones de operación de la infraestructura ferroviaria, la AESF, los AI y las EF, podrán elaborar documentación reglamentaria que de forma complementaria a este Reglamento, permita: • Fijar criterios que faciliten su aplicación. • Adaptar su aplicación a casos concretos. • Identificar y reducir los riesgos, minimizando sus consecuencias. 2. Los documentos reglamentarios, dependiendo del organismo emisor, adoptarán la forma siguiente: • Elaborados y aprobados por la AESF: • Especificaciones Técnicas de Circulación de ámbito nacional. • Elaborados y aprobados por los AI: • Consignas. • Avisos. • Horarios de los trenes. • Elaborados y aprobados por las EF: • Libro de Normas del Maquinista. • Libro de Itinerarios del Maquinista. En caso de discrepancia entre documentos en referencia a un mismo objeto, se seguirá el siguiente orden de prevalencia: AESF y normas europeas, AI, EF. 1.2.1.2. Documentación competencia de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Especificaciones Técnicas de Circulación. Establecen requisitos y condiciones generales que en materia de seguridad debe cumplir la infraestructura, el material rodante, y la operación, para permitir una explotación en condiciones seguras en materias no expresamente reguladas en las ETIs o en otras normas europeas. 1.2.1.3. Documentación competencia de los AI. Los AI serán responsables de elaborar, difundir y asegurar la disponibilidad a sus usuarios, de los documentos siguientes: Consignas. Son emitidas dentro del ámbito especificado en este Reglamento, para: • Regular las condiciones de aplicación del RCF en casos específicos y en ámbitos concretos de la infraestructura. • Regular la utilización de instalaciones de seguridad concretas por modificaciones temporales de las mismas. • Garantizar la continuidad de la circulación en casos de perturbación prolongada en el funcionamiento normal de la infraestructura. • Regular aspectos específicos sobre gestión de la seguridad en la circulación. • Regular las condiciones de realización de transportes excepcionales. • Definir criterios específicos de gestión de la infraestructura, ferroviaria. • Describir las características, el funcionamiento y la operación de toda clase de instalaciones de seguridad. • Dar a conocer al personal operativo prescripciones e informaciones de carácter temporal, no contenidas en otros documentos. Avisos. Se elaboran para: • Fijar fechas de entrada en vigor o anulación de documentos, en los casos de apertura, cierre o modificación de líneas o dependencias, o cuando sea preciso recordar o aclarar normas de circulación. Horarios de los trenes. Se elaboran para: • Dar a conocer las marchas de los trenes, las velocidades máximas de circulación, los Cambios Significativos de la Velocidad máxima, las Limitaciones Temporales de Velocidad máxima y el resto de informaciones relevantes para la circulación de los trenes. Los AI deberán incluir en sus SGS el alcance y contenido concreto de cada tipo de documento, el soporte empleado para su edición y los procedimientos para garantizar su difusión, y los modelos para el registro y transmisión de comunicaciones y órdenes escritas contenidas en este Reglamento. Además, los AI proporcionarán a las EF, la información especificada en el artículo 1.2.1.4 para que estas puedan elaborar los documentos de su competencia. 1.2.1.4. Documentación competencia de las EF. Las EF serán responsables de elaborar, difundir y asegurar la disponibilidad a su personal de los documentos siguientes: 1. Libro de Normas del Maquinista. Documento elaborado conforme a lo dispuesto en el ETI OPE en el que la EF recopilará la información reglamentaria que afecte a sus Maquinistas. Su contenido deberá particularizarse y adaptarse en cada caso, para recoger la información necesaria en función de las líneas por las que circulen. Dicha información será extraída de los documentos publicados por la AESF, por los AI y por la propia EF. Una parte fundamental del Libro de Normas del Maquinista, la constituye el «Libro de Telefonemas del Maquinista», cuya estructura y contenido deberá ser definido por los AI en sus respectivos SGS. 2. Libro de Itinerarios del Maquinista. Documento en el que cada EF pone a disposición de sus Maquinistas: – La información que les afecte en relación con las características de las líneas por las que circulen. – La información horaria del tren, conteniendo: • Identificación del tren. • Días de circulación, si procede. • Puntos de parada y actividades asociadas a cada una de ellas. • Horario de llegada, salida o paso del tren por cada punto característico. • Velocidad máxima de circulación para cada tramo homogéneo. En particular, para la elaboración del «Libro de Itinerarios del Maquinista», los AI facilitarán a las EF la información que sobre este aspecto define la ETI OPE. Las EF deberán incluir en sus SGS el alcance y contenido concreto de cada tipo de documento, el soporte empleado para su edición, los procedimientos para su difusión y, los modelos para el registro y transmisión de comunicaciones y órdenes escritas contenidas en este Reglamento. CAPÍTULO 3 Distribución de documentos y útiles de servicio 1.3.1.1. Distribución de documentos. 1. Cada entidad responsable de la publicación de un documento reglamentario, garantizará la adecuada publicidad y difusión del mismo a los destinatarios afectados. 2. Corresponde a las EF y a los AI asegurar, en todo momento, la actualización y distribución de los documentos a su personal afectado. 3. El personal que reciba una modificación de su documentación de seguridad a título personal, estará obligado a acusar recibo, y acreditará conocimiento de su contenido conforme a lo establecido en el SGS de su empresa. 1.3.1.2. Útiles de servicio. 1. Los colectivos de personal que intervienen en la circulación recibirán de su AI o EF, a título individual, los útiles de servicio necesarios para desarrollar su función. CAPÍTULO 4 Comunicaciones reglamentarias 1.4.1.1. Clasificación y características de las comunicaciones. Conforme a lo dispuesto en el Apéndice correspondiente a la metodología de las comunicaciones de la ETI OPE, las comunicaciones reglamentarias se atendrán a lo indicado a continuación: 1. Las comunicaciones podrán ser: verbales o escritas. 2. Las comunicaciones verbales podrán realizarse: de viva voz, por teléfono, por radio o por cualquier otro medio disponible al efecto. 3. Las comunicaciones verbales entre Maquinistas y Responsables de Circulación se realizarán preferentemente mediante el sistema de radiotelefonía disponible al efecto. 4. Las comunicaciones verbales entre Responsables de Circulación, ya sean de estaciones, de una banda de regulación de un PM o de un CTC se realizarán preferentemente mediante el sistema de telefonía fija disponible al efecto. 5. El personal emisor de una comunicación verbal deberá comprobar que esta ha sido comprendida por el receptor. 6. En las comunicaciones por teléfono, radio u otro medio disponible al efecto, el emisor y receptor deberán identificarse mutuamente. 7. Las comunicaciones escritas deberán realizarse mediante un impreso previsto al efecto, o por medios informáticos. 8. Las comunicaciones por telefonema consisten en la transmisión a distancia de un texto determinado. 9. Las notificaciones son comunicaciones al Maquinista realizadas mediante escrito, telefonema, o medios informáticos. 10. Cuando el Maquinista deba registrar el contenido de un telefonema, lo realizará con el tren parado. 11. Tanto este Reglamento como el resto de documentos reglamentarios prescriben la forma y clase de comunicación a utilizar. Cuando esta no se indique expresamente, se entenderá que es verbal. 12. Las comunicaciones por radiotelefonía, a través de líneas fijas de telefonía de los gabinetes de circulación de las estaciones, de las bandas de regulación del PM y del CTC, quedarán registradas en equipos instalados al efecto. 1.4.1.2. Metodología de las comunicaciones relacionadas con la seguridad. Los AI y las EF desarrollarán en sus respectivos SGS las normas para llevar a cabo las comunicaciones relacionadas con la seguridad, entre los Maquinistas y los Responsables de Circulación. En particular, deberán definir su estructura y metodología, que será acorde con lo dispuesto en la ETI OPE. 1.4.1.3. Registro de los telefonemas. Los AI definirán en sus SGS el modelo general y el soporte de edición del «Libro de telefonemas», que será utilizado por los Responsables de Circulación, Maquinistas y Encargados de Trabajos. Su contenido será conforme con lo indicado en la ETI OPE. Así mismo, los AI podrán definir un modelo específico de uso exclusivo por Responsables de Circulación para los telefonemas relacionados con operaciones de bloqueo o rebase de señales, que facilite la visualización rápida y efectiva del estado de los cantones de bloqueo. CAPÍTULO 5 Conceptos básicos de circulación 1.5.1.1. Señales y agujas. 1. Las señales tienen por objeto transmitir órdenes o informaciones desde la vía, las estaciones o los trenes. 2. Las señales se clasifican, según su función, en: Señales fijas: Las que, de un modo permanente o temporal, están instaladas en puntos determinados de la vía o de las estaciones. Se dividen en: • Fundamentales: Regulan la circulación de trenes y maniobras. • Indicadoras: Complementan las órdenes de las señales fundamentales. • De Velocidad Máxima: Regulan la velocidad que el tren no debe exceder en ningún momento. • De Limitación Temporal de Velocidad Máxima: Imponen restricciones temporales en la velocidad máxima de los trenes por circunstancias particulares de la vía o de las instalaciones. Señales portátiles: Las que puede utilizar o hacer el personal ferroviario en cualquier momento o lugar. Señales de los trenes: Las que estos llevan en cabeza y cola. 3. Las señales fijas fundamentales, de acuerdo con el lugar en que están instaladas, se denominan: • Señal preavanzada: La situada delante de la señal avanzada en líneas con BLA en las que se circule a velocidades superiores a 160 km/h. • Señal avanzada: La situada delante de una señal de entrada, señal de protección o, en su defecto, de una estación. • Señal de entrada: La situada a la entrada de una estación, bifurcación, PBA, PB o, PCA, que protege agujas de entrada. Una señal de entrada puede hacer funciones de señal de salida de la estación anterior o de señal avanzada de la estación siguiente. • Señal de salida: La situada a la salida de una estación, que protege agujas de salida. Una señal de salida puede hacer funciones de señal avanzada o de entrada de la estación siguiente. • Señal interior: La situada en el interior de una estación para regular los movimientos de trenes o de maniobras. Integran esta denominación las señales: • Señal de retroceso: La situada entre la señal de entrada y las agujas situadas a continuación. En vía doble no banalizada, la situada en la contravía. • Señal de maniobras: La que permite movimientos interiores de la estación. • Señal de entrada interior: La situada en el interior de una estación, que protege agujas de entrada. • Señal de salida interior: La situada en el interior de una estación, que protege agujas de salida. • Señal de protección: La situada delante de una aguja en plena vía para protegerla. • Señal intermedia: La situada, en líneas con BA, entre la señal de salida de una estación y la avanzada siguiente. Una señal intermedia puede hacer también funciones de señal de protección. • Señal de liberación: En determinadas líneas, la situada a continuación de la señal de salida y relacionada con ella, para liberar la curva de control de velocidad del equipo embarcado. • Señal de Paso a Nivel: La situada delante de un PN o grupo de PN para indicar si tienen o no protección. 4. Las agujas, según su situación, se denominan: • Agujas de entrada: Las situadas entre la señal de entrada y la vía de estacionamiento. • Agujas de salida: Las situadas entre la señal de salida y la plena vía. Cuando la señal de salida afecte a varias vías, se incluyen las agujas situadas entre la vía de estacionamiento y dicha señal. • Agujas de plena vía: Las situadas entre las señales de entrada de dos estaciones colaterales. 5. Aparatos de vía especiales: • Cambiador de hilo: Aparato de vía que, en líneas de ancho mixto equipadas con tercer carril, permite cambiar de lado el carril de uso común por los trenes de ambos anchos. Está compuesto por dos semicambios dispuestos en paralelo. Constituye una instalación de seguridad, que a efectos del enclavamiento, tiene el mismo tratamiento que una aguja, por lo que debe estar protegido por señales. 1.5.1.2. Instalaciones de seguridad. Son componentes, equipos y sistemas instalados en tierra y a bordo de los vehículos con el fin de aumentar la seguridad de la circulación. Se regulan en el Libro 5 de este Reglamento. Los AI y las EF deben velar por su buen uso y cuidado por parte de su personal. El software y los datos (de registro, calibración, etc.) de cada instalación, se consideran componentes de ella. Lo mismo sucede con los sistemas de comunicación a través de los que se transmiten las órdenes e informaciones relacionadas con la circulación. 1.5.1.3. Incorporación de nuevos sistemas auxiliares. Podrán incorporarse a la gestión de la circulación, nuevos medios técnicos o sistemas auxiliares gestionados por el AI, previa aprobación por parte de la AESF y conformidad con la ETI CMS. 1.5.1.4. Condiciones de marcha especiales. 1. Marcha a la vista: Impone al maquinista la obligación de avanzar con la precaución que requiera el caso, regulando la velocidad de acuerdo con la longitud de vía que visualiza por delante del puesto de conducción, de forma que pueda detener el tren ante cualquier obstáculo o señal de parada. Cuando se prescriba, se indicará el motivo y, si se conoce, la naturaleza del obstáculo, o el tipo de reconocimiento a realizar. 2. Marcha de maniobras: Impone al maquinista la obligación de avanzar con prudencia, sin exceder la velocidad de 30 km/h si la locomotora va tirando del tren, o de 20 km/h si va empujándolo, de forma que pueda detener el tren ante cualquier obstáculo visible desde el puesto de conducción o ante una señal de parada. 1.5.1.5. Identificación de los trenes. Los trenes se identifican mediante códigos numéricos de forma única e inequívoca para cada sentido de circulación de acuerdo con lo dispuesto en la ETI OPE y en la ETI CMS. En función de la paridad definida en cada línea, los designados con número par circulan siempre en un sentido y los designados con número impar en el contrario. El código de identificación de cada tren será asignado por el AI y puesto en conocimiento de la EF y del resto de los AI afectados por la circulación del tren. 1.5.1.6. Paradas de los trenes. La parada de un tren puede estar prescrita en la marcha del tren, o realizarse de forma eventual por iniciativa del Responsable de Circulación o por la orden de las señales. Una parada notificada al Maquinista después de la salida del tren de su estación de origen tiene la consideración de «prescrita» desde el momento de su notificación. La parada prescrita puede ser: • Considerando su duración o periodicidad: – Momentánea, cuando el tren se detiene el tiempo indispensable para realizar operaciones. – Ocasional, cuando se efectúa únicamente los días o períodos de tiempo indicados en la marcha. • Considerando su función: – Comercial, la que tiene por objeto la subida y bajada de viajeros. – Restringida, es una parada comercial en la que no se admite la subida de viajeros. El tren puede efectuar su salida cuando finalicen las operaciones, aún en el caso de que lo haga con adelanto. – Técnica, la que se efectúa por cruce o adelantamiento de trenes u otra causa de índole estrictamente técnica. 1.5.1.7. Detención de los trenes. 1. Detención accidental, es la que efectúa el Maquinista por propia iniciativa en plena vía o, por anormalidad, en cualquier lugar. 2. Detención inmediata, es la que realiza el Maquinista para tratar de evitar un peligro inminente, mediante la aplicación del freno de emergencia. 1.5.1.8. Orden de marcha. Es el conjunto de indicaciones previas que se deben dar al Maquinista para que su tren pueda salir o pasar por una estación. 1. La orden de marcha se da con la orden de la señal de salida, si existe y no hay que considerarla inexistente. Para ello, basta que no ordene parada o, en caso contrario, que se autorice su rebase por el Responsable de Circulación si procede. Si la señal de salida no es visible desde el punto de estacionamiento y no existe o no funciona la señal indicadora de salida, el Maquinista iniciará la marcha en condiciones de cumplir lo que ordene la señal de salida. La orden de marcha se complementará, con la señal de paso, para los trenes directos, o con la señal de marche el tren, para los trenes parados, en los siguientes casos: • Hacia un trayecto con BT. • Hacia un trayecto con BTV, circulando a contravía. 2. En BCA, la orden de marcha se da con cualquier valor de la Velocidad Límite superior a 0. 3. Si la vía o la estación no dispone de señal de salida, el Responsable de Circulación presentará la señal de «marche el tren» conforme a lo dispuesto en el punto 7 del art. 2.1.6.2. 1.5.1.9. Invalidación de la orden de marcha. 1. La orden de marcha de un tren quedará invalidada en los siguientes casos: • Tren directo que quede detenido en una estación. • Tren parado que no pueda salir inmediatamente después de haber recibido la orden de marcha. • Tren directo que se detiene por alguna de las siguientes causas: • Falta de la señal de paso, si procede. • Cambio intempestivo de la indicación de la señal de salida. • Otra causa relacionada con la orden de marcha. 2. En los casos anteriores, si el tren: • No ha rebasado la señal de salida o el piquete de la vía por la que circula, se dará nuevamente al maquinista la orden de marcha, si procede. • Ha rebasado la señal de salida o el piquete de la vía por la que circula, se notificará al maquinista la reanudación de la marcha, cuando proceda, o se ordenará el retroceso a una vía de la estación. 3. El Responsable de Circulación no autorizará la salida de la estación colateral de un tren en sentido contrario por la misma vía, sin haber entrado previamente en comunicación con el maquinista cuya orden de marcha quedó invalidada. 1.5.1.10. Velocidades. 1. Velocidad Máxima es la que el tren no debe exceder en ningún momento, independientemente del tipo de conducción utilizado. 2. Limitación Temporal de Velocidad Máxima es una reducción temporal de la velocidad máxima por cualquier causa. Puede estar prescrita por: • La orden de las señales. • Notificación al Maquinista. • Una prescripción de carácter general o particular. • Causas de anormalidad. Cuando a un tren le afecten en un punto varias limitaciones de velocidad, el Maquinista cumplirá la más restrictiva. 1.5.1.11. Tipos de tren. 1. A efectos de composición, velocidad, régimen y frenado, cada tren se clasifica mediante un código formado por un número y una letra mayúscula. El primero representa la velocidad máxima en km/h a la que podría circular en las condiciones más favorables de trazado y clase de vía. Se expresa en números múltiplos de 10. 2. La letra caracteriza el tipo de tren, en función de las aceleraciones centrífugas máximas no compensadas que admite en las curvas1, de acuerdo con la siguiente tabla: 1 También puede ser expresado por la insuficiencia de peralte máxima que admite según Apéndice A de la ETI OPE. TIPOS DE TREN ACELERACIÓN CENTRÍFUGA NO COMPENSADA (m/seg2) INSUFICIENCIA DE PERALTE Ancho 1,435 (mm) Ancho 1,668 (mm) (N) ≤ 0,65 ≤ 100 ≤ 115 A ≤ 1 ≤ 153 ≤ 175 B ≤ 1,2 ≤ 183 ≤ 212 C ≤ 1,5 ≤ 229 ≤ 265 D ≤ 1,8 ≤ 275 ≤ 318 Cuando el tren está representado por un solo número o con la letra N, es de tipo normal, y es el que admite menores velocidades en curvas. 3. El material móvil de un tipo superior, según el orden anterior, puede circular en los trenes de tipo inferior, pero no al contrario. 4. Las marchas de los trenes que se publican en los documentos correspondientes, indican la velocidad máxima y el tipo de tren para el que han sido calculadas. La velocidad máxima podrá elevarse o reducirse, según las condiciones reales de composición y frenado de cada tren. 1.5.1.12. Sentido de la circulación. 1. Vía única. La circulación de los trenes se realiza en ambos sentidos. 2. Vía doble. Los trenes pares circulan en el mismo sentido por la vía par y los trenes impares en sentido contrario por la vía impar, salvo situaciones anormales por circulación a contravía, por BTV u otras causas. En unas líneas se circula normalmente por la vía de la derecha en el sentido de la circulación y en otras por la izquierda. 3. Vías banalizadas. Se consideran, a todos los efectos, como vías únicas independientes, es decir, los trenes circulan en ambos sentidos, por cada una de ellas, independientemente de su paridad. A la salida de las estaciones con vías banalizadas, las vías se señalizan con unos cartelones que indican «Vía I», «Vía II», «Vía III» o «Vía IV». 4. Banalización temporal de vía. En líneas de vía doble, la vía banalizada temporalmente se considera como una vía única independiente, es decir, los trenes circulan por ella en ambos sentidos cualquiera que sea su paridad. En este caso, se denomina circulación a contravía la marcha de un tren par por la vía impar o viceversa. 1.5.1.13. Bloqueo de los trenes. 1. El objeto del bloqueo es garantizar la seguridad de la circulación de los trenes por la misma vía, manteniendo entre los mismos la separación necesaria. 2. Se emplean los siguientes sistemas: Nominales: • Telefónico (BT). • De Liberación automática (BLA) (*). • De Liberación automática de vía única (BLAU). • De Liberación automática de vía doble (BLAD). • De Liberación automática de vía doble banalizada (BLAB). • Automático (BA) (*). • Automático de vía única (BAU). • Automático de vía doble (BAD). • Automático de vías banalizadas (BAB). • De Señalización lateral (BSL). • De Control automático (BCA). (*) Los bloqueos BLA y BA podrán ser con y sin CTC. Supletorios: • Telefónico (BT). 3. El BCA, BA, BLA y BSL se emplean en las líneas dotadas de instalaciones adecuadas y se indican en el Libro de Itinerarios del Maquinista. 4. El BT se emplea con carácter supletorio cuando no funcionan los sistemas nominales. 5. El cantón de bloqueo se define en: • BT y BLA, como la parte de la vía o de cada una de las vías, comprendida entre dos estaciones colaterales abiertas. • BA, como la parte de vía comprendida entre dos señales consecutivas de bloqueo. • BSL, como el tramo de vía comprendido entre señales que pueden presentar la indicación de parada y en el que, en circunstancias normales, solo puede haber un tren. • BCA, como la parte de cada una de las vías comprendida entre pantallas de LZB o ERTMS N2, o señales que puedan presentar la indicación de parada. • BTV, cuando se circule en sentido normal, será el definido para el sistema de bloqueo nominal de la línea. Cuando se circule a contravía, como la parte de la vía comprendida entre dos estaciones colaterales que intervengan en el bloqueo. 6. Se considera que un cantón está libre cuando: • No está establecida la EVB, y además • El último tren lo ha liberado totalmente. 1.5.1.14. Cómo se asegura el bloqueo. 1. En BT, con la petición, concesión de la vía y el aviso de llegada de los trenes, por medio de telefonemas. 2. En BLA, BSL y BA, por medio de las señales que protegen los cantones y por el sentido de la circulación de los trenes. 3. En BCA, respetando las velocidades ordenadas en cada momento al Maquinista, mediante la señalización en cabina. 1.5.1.15. Tipos de conducción de los trenes. 1. Conducción manual. La que desarrolla el maquinista bajo su responsabilidad de forma íntegra, con o sin ASFA. 2. Conducción asistida. La que desarrolla el maquinista bajo la tutela de un sistema de seguridad (ETCS/ERTMS, LZB o EBICAB) que le protege de posibles errores en el cumplimiento de las órdenes que recibe. El sistema evita que se rebasen las velocidades máximas en cada momento, pero no gestiona las paradas comerciales. Los dispositivos de velocidad prefijada no tienen la consideración de asistencia a la conducción. 3. Conducción automática. La que realiza el sistema sin intervención del maquinista, manteniendo la máxima velocidad permitida, y efectuando, de forma automática, las paradas comerciales programadas. 1.5.1.16. Estaciones de servicio intermitente. 1. Son aquellas que no intervienen permanentemente en el bloqueo. Durante el período en que intervienen, se consideran abiertas y durante el período en que no intervienen, se consideran cerradas. 2. Por las instalaciones de seguridad y comunicaciones de las que están dotadas, se clasifican en: • Intermitentes AC. Permiten la circulación de trenes mientras están cerradas. Para ello, es requisito imprescindible que las señales permitan el paso en ambos sentidos en vía única y en el sentido normal en vía doble, que las agujas estén encerrojadas, y que exista comunicación directa entre las dos estaciones colaterales abiertas. • Intermitentes NC. No permiten la circulación de trenes ni la realización de trabajos mientras están cerradas por no cumplir alguna de las condiciones anteriores. 3. Las estaciones donde converjan varias líneas, pueden ser simultáneamente AC para unas y NC para otras. 4. La clase de estación (AC o NC) y los períodos de cierre, en su caso, los dará a conocer el AI. 5. La presencia en las estaciones de cartelones luminosos EA/EC y la presencia o ausencia del cartelón C, proporcionan al Maquinista información de su estado. 1.5.1.17. Sistemas de ejecución de trabajos en la vía. Se emplean los sistemas siguientes: 1. Sistema de interrupción de la circulación. Para realizar los trabajos, se suspende la circulación por la vía o vías afectadas. La interrupción de la circulación se establece por: • Intervalo de horario, determinado por los Horarios de los trenes programados. En vía doble y en vía doble banalizada se establecen, normalmente, dos intervalos distintos, uno para cada vía. • Intervalo programado, determinado en un programa de trabajos. Si estos revisten importancia, se regula, además, mediante Consigna al efecto. • Anormalidad, determinada de forma accidental por existir un peligro para la circulación. 2. Sistema de liberación por tiempo. Los trabajos se realizan sin interrumpir la circulación por el trayecto y vía afectados, aprovechando un intervalo libre de trenes, que garantiza el Responsable de Circulación. Están protegidos por el tiempo concedido para su realización, y por la protección normal del tajo en la vía afectada durante su ejecución. 1.5.1.18. Comunicación de tren dispuesto para circular. Cuando el tren esté dispuesto para acceder a la RFIG (o iniciar su recorrido si ya está en ella), la EF se lo comunicará a los AI de los tramos o líneas por los que vaya a circular. Así mismo, deberá informarles de cualquier anomalía, restricción o modificación que afecte al tren o a su funcionamiento y que pueda tener repercusión en su circulación normal, en su rendimiento o en su capacidad de adaptarse a su horario asignado. Antes de la salida del tren la EF pondrá a disposición del AI, al menos, los siguientes datos: a) Identificación del tren. b) Identidad de la empresa ferroviaria responsable del tren. c) Datos sobre la composición del tren. d) Vehículos afectados, en su caso, por cualquier tipo de restricción a la explotación (gálibo, limitación de velocidad, ausencia de cortocircuitado de vía, etc.). e) Información sobre los cargamentos y, en especial, sobre las mercancías peligrosas. Las EF y los AI definirán en sus SGS el procedimiento para materializar esta comunicación de forma efectiva. 1.5.1.19. Frenado. 1. Freno automático. Todos los trenes en circulación, salvo los autopropulsados, llevarán un sistema de freno automático por aire comprimido disponible para todos los vehículos de la composición. Los vehículos remolcados de cabeza y cola, incluidas las locomotoras, deberán tenerlo siempre útil y en servicio. Los trenes autopropulsados dispondrán de un sistema de freno automático cuyas características estarán definidas en sus Manuales de conducción. En automotores y trenes Talgo remolcados, no será imprescindible que el último vehículo tenga el freno en servicio, aunque sí debe asegurarse su continuidad. La capacidad de frenado necesaria para que un tren pueda circular, depende de su velocidad máxima y de las líneas por las que vaya a circular. En trenes convencionales se determinará por el porcentaje de frenado necesario, y en los automotores por lo establecido en sus Manuales de conducción. El freno automático apretado al máximo no perderá su eficacia hasta transcurridos como mínimo 120 minutos desde su aplicación. 2. Freno de estacionamiento. El freno de estacionamiento se utilizará para asegurar la inmovilidad del tren en caso de pérdida de eficacia del freno automático. El tren quedará inmovilizado mediante los frenos de estacionamiento cuando: a) Se separe la locomotora de la composición. b) No sea posible asegurar su inmovilidad mediante el freno automático. c) Quede un corte de material fraccionado en plena vía. 1.5.1.20. Masa, longitud, velocidad máxima y porcentaje de frenado de los trenes. Los AI definirán para cada línea o tramo de línea que administren y en función de sus características específicas, los parámetros siguientes: • Longitud máxima de los trenes. • Velocidad máxima de circulación. • Porcentajes mínimos de frenado necesarios para cada tipo de régimen. Todos ellos deberán cumplir las limitaciones indicadas a continuación. 1. Trenes de mercancías. Podrán estar formados por vagones, coches, furgones y locomotoras remolcadas en las condiciones indicadas en sus Manuales de conducción. Los valores máximos de la masa, longitud y velocidad de los trenes se determinarán para las distintas redes, en función del tipo de composición y de su régimen de frenado, según lo indicado en la tabla siguiente: Ancho de vía (mm) Régimen de frenado Tipo de composición Masa remolcada (t) Longitud total del tren (m) Velocidad del tren (km/h) 1.668 y 1.435 P Composición general ≤ 1.200 ≤750 ≤120 Composición específica formada solo por vagones de bogies ≤ 1.500 ≤ 750 ≤ 120 Composición específica formada solo por vagones homogéneos (*) de bogies cargados (**) ≤ 2.200 ≤ 350 ≤ 120 G Composición general – ≤ 750 ≤ 100 1.000 P Composición general ≤ 1.500 ≤ 400 ≤ 50 ≤ 1.200 ≤ 330 ≤ 70 G Composición general – ≤ 550 ≤ 30 (*) Se consideran vagones homogéneos aquellos cuyas diferencias en la longitud entre topes, en la distancia entre pivotes y en sus pesos lineales sean inferiores al 10%. (**) Se trata de una alternativa a la «Composición general», que permite aumentar la masa remolcada, reduciendo la longitud total del tren 2. Trenes convencionales de viajeros. Podrán estar formados por coches, furgones, vagones para transporte de automóviles de los viajeros y locomotoras remolcadas en las condiciones indicadas en sus Manuales de conducción. El régimen de frenado, la velocidad máxima y el número máximo de vehículos remolcados, excluida la locomotora o locomotoras de tracción, serán los siguientes: 3. Automotores. Podrán estar formados por material autopropulsado de la misma serie o de otra con características técnicas compatibles, de acuerdo con lo establecido en sus Manuales de conducción. Podrán circular a la velocidad máxima que figure en su autorización de circulación. 1.5.1.21. Pruebas de frenado. Antes de expedir un tren desde la estación o dependencia origen de su composición, o desde una intermedia donde se modifique, la EF o el AI (para los trenes afectos a su propia actividad) deberán llevar a cabo las pruebas de funcionamiento del freno. Para los trenes autopropulsados, las pruebas se realizarán conforme a lo establecido en sus Manuales de conducción. Para los trenes formados con material convencional, las pruebas se realizarán conforme a lo indicado a continuación: 1. Prueba completa. a) Se realizará: Antes de la salida del tren de la estación o dependencia origen de la composición. b) Asegura: i) La estanqueidad y continuidad de la TFA en toda la composición. ii) El buen funcionamiento, al apretar y aflojar, de todos los frenos en servicio de los vehículos remolcados de la composición. 2. Prueba parcial. a) Se realizará: Antes de la salida del tren de una estación o dependencia en la que se agreguen vehículos a la composición. b) Asegura: i) La estanqueidad y continuidad de la TFA en toda la composición, así como el apriete y afloje del freno del último vehículo. ii) El buen funcionamiento, al apretar y aflojar, del freno de cada vehículo que se agregue a la composición. 3. Prueba de continuidad. a) Se realizará: i) Cuando se agregue una locomotora de tracción por cola. ii) Cuando se segreguen uno o varios vehículos de la composición. iii) Tras interrumpir la continuidad de la TFA, aunque no se haya segregado ningún vehículo. iv) Cuando se unan dos ramas, sin modificar sus composiciones. b) Asegura: La estanqueidad y continuidad de la TFA en toda la composición, así como el apriete y afloje del freno del último vehículo. 4. Verificación del acoplamiento. a) Se realizará: i) Cuando se cambie la locomotora de cabeza, por una nueva o procedente de cola. ii) Cuando se agregue o segregue una locomotora en cabeza, en caso de tracción múltiple o mando múltiple. iii) Cuando se segreguen uno o varios de los vehículos situados tras la o las locomotoras de cabeza. b) Asegura: La continuidad de la TFA, así como el apriete y el afloje del freno del primer vehículo remolcado. 5. Supresión de las pruebas. No es preciso realizar las pruebas, en los siguientes casos: a) Segregación de uno o varios vehículos de cola de tren. b) Cambio de posición de las palancas de los cambiadores de potencia en todos o parte de los vehículos remolcados. c) Aislamiento del freno de algún vehículo remolcado mediante accionamiento de la llave correspondiente. d) Reposición de un aparato de alarma. 6. Pruebas en automotores. El Maquinista realizará la prueba de freno según lo indicado en el Manual de conducción del vehículo, incluyendo el uso de los sistemas auxiliares o informáticos de que disponga. No es necesario realizar prueba de freno en caso de inversión de marcha o de sucesivos recorridos durante la misma jornada si no se ha variado la composición. 1.5.1.22. Mercancías peligrosas. El transporte de estas mercancías por ferrocarril se rige por el Reglamento Internacional sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID) en vigor, sin perjuicio de los reglamentos nacionales y de la UE vigentes. Los AI y las EF incluirán en sus SGS los procedimientos necesarios para que se cumpla la normativa citada. 1.5.1.23. Transportes Excepcionales. Un transporte se considera excepcional cuando, debido a sus dimensiones, peso o acondicionamiento, debe realizarse con unas condiciones de transporte y unas prescripciones de circulación especiales. Las EF comunicarán al AI los condicionantes que deban ser tenidos en cuenta para materializar el transporte en cada caso. Estos transportes estarán sujetos a normas específicas para Transportes Excepcionales, siendo necesaria una autorización del AI que regule sus condiciones de transporte y prescripciones de circulación. Las EF deberán garantizar que las condiciones de la composición, del tren y de su cargamento cumplen con las condiciones de transporte y prescripciones de circulación específicas definidas por el AI. LIBRO SEGUNDO SEÑALES FERROVIARIAS [indice]Índice LIBRO SEGUNDO. SEÑALES FERROVIARIAS. Capítulo 1 Seeñales ferroviarias comunes para la RFIG. Sección 1. Principios generales. 2.1.1.1. Alcance. 2.1.1.2. Órdenes e informaciones de las señales. 2.1.1.3. Señales distintas en un mismo lugar. 2.1.1.4. Emplazamiento de señales en el terreno. 2.1.1.5. Numeración e identificación de las señales fijas fundamentales. 2.1.1.6. Señales fuera de servicio. 2.1.1.7. Dimensiones y características de las señales. 2.1.1.8. Falta de una señal fija en el lugar en que deba ser presentada. Sección 2. Señales fijas fundamentales. 2.1.2.1. Vía libre. 2.1.2.2. Vía libre condicional. 2.1.2.3. Anuncio de precaución. 2.1.2.4. Preanuncio de parada. 2.1.2.5. Anuncio de parada. 2.1.2.6. Anuncio de parada inmediata. 2.1.2.7. Parada. 2.1.2.8. Parada selectiva. 2.1.2.9. Rebase autorizado. 2.1.2.10. Movimiento autorizado. 2.1.2.11. Paso a Nivel protegido. 2.1.2.12. Paso a Nivel sin protección. Sección 3. Señales fijas indicadoras. 2.1.3.1. Indicadora de entrada. 2.1.3.2. Indicadora de salida. 2.1.3.3. Indicadoras de dirección. 2.1.3.4. Indicadoras de posición de agujas. 2.1.3.5. Indicador de comprobación de acoplamiento de agujas. 2.1.3.6. Pantallas de proximidad. 2.1.3.7. Pantallas de LZB o ERTMS Nivel 2. 2.1.3.8. Piquete de entrevías. 2.1.3.9. Postes kilométricos y hectométricos. 2.1.3.10. Indicadores de rasante. 2.1.3.11. Indicadoras de peligro en trinchera, terraplén o zona inundable. 2.1.3.12. Indicadoras para la tracción eléctrica. 2.1.3.13. Cartelones. 2.1.3.14. Indicadoras en cambiadores de anchos. Sección 4. Señales fijas de velocidad máxima. 2.1.4.1. Criterios generales. 2.1.4.2. Preanuncio de velocidad máxima. 2.1.4.3. Anuncio de velocidad máxima. 2.1.4.4. Velocidad máxima. 2.1.4.5. Anuncio de velocidad máxima por paso a nivel. 2.1.4.6. Particularidades de estas señales. 2.1.4.7. Instalación de las señales. Sección 5. Señales fijas de limitación temporal de velocidad máxima. 2.1.5.1. Definición. 2.1.5.2. Preanuncio de limitación temporal de velocidad máxima. 2.1.5.3. Anuncio de limitación temporal de velocidad máxima. 2.1.5.4. Limitación temporal de velocidad máxima. 2.1.5.5. Fin de limitación temporal de velocidad máxima. 2.1.5.6. Particularidades de estas señales. 2.1.5.7. Comunicación de las limitaciones temporales de velocidad máxima. 2.1.5.8. Instalación de las señales. Sección 6. Señales portátiles. 2.1.6.1. Parada. 2.1.6.2. Señal de marche el tren. 2.1.6.3. Señal de paso. Sección 7. Señales de los trenes. 2.1.7.1. Señales de cabeza. 2.1.7.2. Señales de cola. 2.1.7.3. Señales acústicas de los trenes. 2.1.7.4. Señal de alarma.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 SEÑALES FERROVIARIAS COMUNES PARA LA RFIG Sección 1. Principios generales 2.1.1.1. Alcance. En este Capítulo se describen todas las señales que son de aplicación general en la RFIG, independientemente del ancho de vía o del tipo de trenes que circulen por ella. 2.1.1.2. Órdenes e informaciones de las señales. 1. El aspecto presentado por una señal forma parte de un código que transmite, órdenes de obligado cumplimiento o informaciones, que facilitan la circulación segura y ordenada de trenes y maniobras. 2. Orden de una señal es el mensaje inequívoco que su aspecto o posición transmiten, y que es reconocido por el personal ferroviario para su riguroso cumplimiento. 2.1.1.3. Señales distintas en un mismo lugar. Cuando en un mismo lugar se encuentren varias señales: • Si sus órdenes son compatibles entre sí: se cumplimentarán todas ellas. • Si sus órdenes son contradictorias o incompatibles entre sí: se cumplirá la más restrictiva. 2.1.1.4. Emplazamiento de señales en el terreno. 1. En general, las señales fijas se instalarán en el lado derecho de la vía en el sentido de la marcha, o en la vertical de la misma y, normalmente, solo darán indicaciones a los maquinistas que circulen por ella. 2. En el caso de vía doble con circulación por la vía izquierda en el sentido de la marcha, se instalarán en el lado izquierdo de esta, o en la vertical de la misma. 3. En vías dobles banalizadas se instalarán en el lado exterior de la vía (el opuesto al del entreeje), para los dos sentidos de circulación, es decir, el maquinista las podrá encontrar a la derecha o a la izquierda de la vía por la que circule. Alternativamente, se podrán situar en la vertical de la vía correspondiente. En vías múltiples banalizadas se considerará lado exterior de cada una de las vías interiores, el correspondiente a la vía exterior más próxima. 4. En circunstancias especiales, una señal podrá dar indicaciones a más de una vía, hasta un máximo de tres. Se identificarán las vías afectadas mediante flechas orientadas hacia cada una de ellas (Señales FI15AK, FI15AL y FI15AM). 5. Las señales portátiles se presentarán en lugares donde puedan ser percibidas con claridad y no ofrezcan dudas de interpretación a sus destinatarios. 6. Las pantallas de proximidad asociadas a la señal avanzada y la propia señal avanzada o de salida, según el caso, presentarán en sus mástiles y complementos estructurales, aspectos específicos diferentes a los del resto de las señales, para alertar al Maquinista de la presencia de determinados puntos críticos de la infraestructura, tales como: • Bifurcaciones. • PB. • Estaciones de transición permanente a bloqueos no automáticos. • Señales de salida que son simultáneamente avanzada o de entrada de la siguiente estación. 2.1.1.5. Numeración e identificación de las señales fijas fundamentales. 1. Con objeto de distinguir cada señal fija fundamental del resto y poder referirse a ella de forma precisa, se deberá disponer de un sistema que permita identificar cada señal de forma única e inequívoca. 2. Los AI fijarán el sistema para la numeración e identificación de estas señales en sus ámbitos de actuación. 2.1.1.6. Señales fuera de servicio. 1. Las señales fijas que no estén en servicio se desmontarán. 2. Las señales luminosas que no sea posible desmontar, se mantendrán apagadas, con sus focos tapados y con su cabeza girada, para que no den indicaciones hacia la vía. 3. Las balizas de cualquier instalación de seguridad, asociadas con señales que no estén en servicio, se retirarán de la vía o se fijará sobre ellas una chapa «cubrebalizas» que impida la transmisión baliza-captador. 2.1.1.7. Dimensiones y características de las señales. La forma, color, diseño, dimensiones, ubicación y visibilidad de las señales fijas se definen en el «Catálogo Oficial de Señales de Circulación Ferroviaria». 2.1.1.8. Falta de una señal fija en el lugar en que deba ser presentada. Ordena al Maquinista proceder como si diera la orden más restrictiva. Cuando se trate de señales de velocidad máxima o limitación temporal de velocidad máxima, el Maquinista cumplirá con lo previsto en el documento en que se dio a conocer su instalación. Sección 2. Señales fijas fundamentales. 2.1.2.1. Vía libre. Ordena: Circular normalmente si nada se opone. 2.1.2.2. Vía libre condicional. Ordena: No exceder la velocidad de 160 km/h al pasar por la señal siguiente, salvo que esta última ordene vía libre. 2.1.2.3. Anuncio de precaución. 1. Ordena: No exceder la velocidad de 30 km/h (señal FF3A), o la que indique el número de la pantalla (señales FF3B y FF3C), al paso por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente (no contabilizándose a estos efectos las señales de retroceso). 2. La información de la pantalla podrá ser fija, o variable (luminosa) y estará situada bajo la cabeza de la señal, excepto en el caso de señales bajas, que podrá situarse encima de estas. 3. La presencia de una flecha, indica la dirección del desvío, a derecha o izquierda, según el sentido de la marcha. 2.1.2.4. Preanuncio de parada. 1. Ordena: No exceder la velocidad en km/h que indique el número de la pantalla, al pasar por la señal siguiente, salvo que esta última ordene vía libre, vía libre condicional o preanuncio de parada. 2. La pantalla alfanumérica estará situada bajo la cabeza de la señal, excepto en el caso de señales bajas, que podría situarse encima de estas. 2.1.2.5. Anuncio de parada. 1. Ordena: Ponerse en condiciones de parar ante: • a) la señal siguiente • b) el piquete de salida de la vía de estacionamiento • c) un final de vía. 2. En el caso de dos señales sucesivas en anuncio de parada, con agujas a continuación de la segunda señal (no contabilizándose a estos efectos las señales de retroceso), no se excederá la velocidad de 30 km/h al paso por dichas agujas, salvo que haya una señal indicadora de posición de agujas que indique una velocidad superior. 2.1.2.6. Anuncio de parada inmediata. 1. Ordena: Ponerse en condiciones de parar ante: 1) la señal siguiente o 2) un final de vía, situados a corta distancia. 2. Cuando se presenten: a. Dos señales sucesivas en anuncio de parada inmediata, o b. Una de anuncio de parada seguida de otra en anuncio de parada inmediata, con agujas a continuación de la segunda señal (no contabilizándose a estos efectos las señales de retroceso), no se excederá la velocidad de 30 km/h al paso por dichas agujas, salvo que haya una señal indicadora de posición de agujas que indique una velocidad superior. 2.1.2.7. Parada. 1. Ordena: Parar ante la señal sin rebasarla, con la excepción indicada en el punto siguiente. 2. Cuando la señal presente en el mástil la letra «P» (FF7B), después de la parada, y si nada se opone, el Maquinista avanzará con marcha a la vista, sin exceder la velocidad de 40 km/h, hasta llegar a la señal siguiente, cualquiera que sea su indicación. Si a continuación de esta, existieran agujas, no se excederá la velocidad de 30 km/h al paso por ellas, salvo que en la señal dotada de letra P hubiera una pantalla con indicación de velocidad superior. 2.1.2.8. Parada selectiva. 1. Para trenes que no circulen con ERTMS, ordena parar ante la señal sin rebasarla. 2. Cuando se circule con ETCS Nivel 1 en servicio, en modo FS y con una MA, si la señal presenta el aspecto de FF7D, ordena continuar la marcha de acuerdo con las indicaciones del DMI. Si la MA alcanza solamente hasta dicha señal, podrá ser rebasada con velocidad de liberación. 3. Cuando se circule con ETCS Nivel 2 en servicio, en modo FS y con una MA, si la señal presenta el aspecto de FF7C o FF7D, ordena continuar la marcha de acuerdo con las indicaciones del DMI, debiendo el Maquinista atender al alcance de la MA mostrada. 4. Cuando se esté circulando, o se vaya a circular con ETCS Nivel 1, la señal FF7D autoriza a su Maquinista a avanzar hacia ella para obtener una MA en sus balizas asociadas. 2.1.2.9. Rebase autorizado. 1. En el caso de un tren: • Ordena parar ante la señal y seguidamente reanudar el avance con marcha de maniobras, si nada se opone, hasta llegar al punto de estacionamiento, la señal siguiente, o el anterior vehículo estacionado en la vía a la que se accede. Cuando la señal presente el aspecto de FF8A se procederá de igual forma, pero sin efectuar parada. • Si la señal se encuentra dentro de una estación, ordena iniciar o continuar el avance con marcha de maniobras hasta la señal siguiente o hasta el piquete de la vía de estacionamiento. • Cuando se trate de la salida o paso de un tren, sin existir señales de salida, la marcha de maniobras se mantendrá hasta rebasar las agujas de salida. • En la línea de Alta Velocidad Madrid - Sevilla, en cualquier caso, la marcha de maniobras se mantendrá hasta que el último vehículo de la composición rebase la última aguja de la estación. 2. En el caso de una maniobra: • Ordena iniciar o continuar el movimiento, cuando lo ordene el personal encargado de la misma, pero no autoriza a circular hasta la estación siguiente. 3. En todos los casos: • El foco blanco de FF8B puede presentarse en alineación horizontal o inclinada respecto al rojo. • El foco blanco con forma de banda horizontal de FF8C indica el establecimiento de un itinerario hacia una vía con final a corta distancia. 2.1.2.10. Movimiento autorizado. 1. En el caso de un tren parado ante la señal. Ordena emprender la marcha, si nada se opone, con marcha de maniobras hasta la señal siguiente, ateniéndose a lo que esta ordene. En determinadas estaciones se precisa, además, la orden de marcha. 2. En el caso de un tren en movimiento. Ordena continuar normalmente, si nada se opone. 3. En el caso de una maniobra. Permite iniciar o continuar el movimiento, cuando lo ordene el personal encargado de la misma, pero no autoriza a circular hasta la estación siguiente. 2.1.2.11. Paso a Nivel protegido. 1. Ordena: • Con luz blanca fija (FF10A): circular normalmente por el PN o grupo de PN, si nada se opone. • Con luz blanca a destellos (FF10B): circular normalmente por el PN o grupo de PN, e informar inmediatamente del estado de la señal, por radiotelefonía al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, o en ausencia de radiotelefonía, al Responsable de Circulación de la primera estación donde efectúe parada. 2. En cualquiera de los casos, si después de rebasada la señal de PN protegido, y antes de llegar al mismo, se hubiera: • circulado a velocidad menor o igual a 40 km/h, por circunstancias anormales, o • realizado alguna detención accidental, o • realizado paradas prescritas superiores a dos minutos, se procederá como si dicha señal se hubiera encontrado en la indicación de PN sin protección. 3. Cuando esta señal afecte a más de un PN, se indicará con cartelones el número de ellos y cuál es el último. 2.1.2.12. Paso a Nivel sin protección. 1. Ordena: Ponerse en condiciones de parar ante el PN o ante cada PN del grupo, sin rebasar ninguno hasta haberse asegurado de que no está transitado, adoptando, en su caso, el Maquinista las medidas complementarias de seguridad que estime necesarias. 2. En ningún caso se reanudará la marcha normal hasta que el primer vehículo del tren haya rebasado el PN. 3. Se informará inmediatamente del estado de la señal, por radiotelefonía, al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PL o del CTC. En ausencia de radiotelefonía, se informará al Responsable de Circulación de la primera estación abierta. 4. Cuando esta señal afecte a más de un PN, se indicará con cartelones el número de ellos y cuál es el último. Además, se considerarán todos ellos desprotegidos. Sección 3. Señales fijas indicadoras 2.1.3.1. Indicadora de entrada. 1. Indica: • Con la señal FI1A: que el itinerario está establecido por la vía directa. • Con la señal FI1B: que el itinerario está establecido por la vía desviada. 2. Si, por anormalidad, la señal presentara un solo foco blanco o estuviera apagada: • Los trenes, continuarán la marcha hasta completar su entrada o paso por la estación. • Las maniobras, se atendrán a las instrucciones del personal que las dirige. 2.1.3.2. Indicadora de salida. 1. Se instala cuando no es visible la señal de salida desde el punto normal de estacionamiento de los trenes. No afecta a las maniobras. 2. Puede presentar dos aspectos, según que la señal de salida no ordene parada (FI2A), o si lo haga (FI2B). 3. Ordena: • Con la señal FI2A: • A un tren parado ante la señal: Emprender la marcha, si nada se opone, hasta la señal de salida, ateniéndose a lo que esta ordene. • A un tren en movimiento: Circular normalmente, si nada se opone. • Con la señal FI2B: • A un tren parado ante la señal: Emprender la marcha, si nada se opone, hasta la señal de salida en condiciones de efectuar parada ante ella, o ante el piquete de salida de la vía de estacionamiento. • A un tren en movimiento: Circular en condiciones de efectuar parada ante la señal de salida o ante el piquete de salida de la vía de estacionamiento. • Cuando esté apagada. • A un tren parado ante la señal: Ponerse en comunicación con el Responsable de Circulación que tenga a su cargo la señal de salida y atenerse a lo que este ordene. • A un tren en movimiento: Circular normalmente, si nada se opone, por carecer de significación. 2.1.3.3. Indicadoras de dirección. 1. Se sitúan en las estaciones o en plena vía. Se instalan, según convenga, en el mástil de otras señales (preferentemente bajo la cabeza de las mismas) o aisladas. 2. Indican la dirección a seguir por los trenes y las maniobras. 3. Si indica dirección distinta a la que deba seguir un tren o maniobra, ordena no emprender la marcha, o detenerse, y comunicarlo al Responsable de Circulación que tenga a su cargo la señal. 4. Se podrán utilizar pantallas luminosas con letras para indicar la dirección (señal FI3D es un ejemplo). Su significado se recogerá en un documento específico del AI. 2.1.3.4. Indicadoras de posición de agujas. 1. Indican: • Vía directa (señal FI4A): Circular normalmente, si nada se opone. • Vía desviada (señales FI4B, FI4C o FI4D): No exceder la velocidad en km/h que indica el número de la pantalla al paso por la o las agujas situadas a continuación, tanto si se toman de punta como de talón. • Vía distinta a la que debe seguir un tren o maniobra: Detención inmediata. 2. La flecha indica la dirección del desvío, a derecha o izquierda, en el sentido de la marcha. 3. El número y la flecha apagados carecen de significación. 2.1.3.5. Indicador de comprobación de acoplamiento de agujas. Ordena: Cuando está encendido: Circular normalmente, si nada se opone. Cuando está apagado: • En estaciones Abiertas: Circular normalmente, si nada se opone, considerándose inexistente e informar de la anomalía al Responsable de Circulación. • En estaciones Cerradas AC: Efectuar parada ante la aguja, reanudando la marcha después de comprobar que está bien dispuesta. 2.1.3.6. Pantallas de proximidad. 1. Las pantallas FI6A, FI6B y FI6C se instalarán delante de las señales avanzadas, a las distancias indicadas. No se instalarán delante de señales de salida o de entrada que cumplan, además, la función de avanzada. 2. Las pantallas FI6B y FI6C corresponden a señales avanzadas de estaciones donde haya un cambio de sistema de bloqueo (a no automático), y a señales avanzadas de bifurcaciones, respectivamente. 3. Para que un tren pueda detenerse ante la señal de entrada, el inicio de la distancia normal de frenado lo constituye la baliza previa de ASFA de la señal avanzada, o en su defecto, la tercera pantalla de la señal avanzada. 4. Desde la tercera pantalla será visible la señal avanzada, para lo cual podrá reducirse su separación a menos de 200 m. 5. En las líneas de Alta Velocidad las franjas podrán ser de color azul y la distancia normal de frenado se cuenta desde la primera pantalla. 6. En R.A.M. la distancia entre pantallas de proximidad, y entre la tercera de ellas y la señal avanzada es de 100 metros. 7. Las pantallas de Paso a Nivel (FI6D) se instalan delante de la señal de protección de PN para avisar al Maquinista de la proximidad de la misma, cuando no sea visible a la distancia de 300 metros. 2.1.3.7. Pantallas de LZB o ERTMS Nivel 2. Indican el inicio de un cantón de LZB o ERTMS Nivel 2, que no está dotado de señal luminosa. En el centro de las pantallas figuran inscritos los códigos de identificación del cantón de LZB o de ERTMS Nivel 2. 2.1.3.8. Piquete de entrevías. Se instala al inicio de la convergencia entre dos vías. Indica el punto hasta donde es compatible la circulación simultánea por ambas vías, sin que se produzcan interferencias entre ellas. En vías dotadas de señales de salida, el límite de compatibilidad operativa lo marcan dichas señales. En estos casos no resulta imprescindible la presencia del piquete de entrevías. 2.1.3.9. Postes kilométricos y hectométricos. 1. Se instalan a lo largo de la línea e indican el punto kilométrico y hectométrico respecto al origen. Llevan la misma inscripción por ambas caras, salvo el sentido de la flecha. 2. En las señales tipo FI9, el número de arriba indica el kilómetro. El de abajo el hectómetro. Y la flecha, la dirección en la que se encuentra la estación más próxima. 3. En las señales tipo FI10, los números indican, por orden decreciente de tamaño, el kilómetro, el hectómetro, y los metros. Además, en el interior de un recuadro figura, el número de la vía y la denominación de la línea en la que están instalados. El fondo azul indica que el punto está en una vía general. El fondo blanco, que el punto está en una vía de apartado o en un ramal. En los puntos donde se produzca un cambio de kilometraje se colocan dos pantallas de situación: una inferior cruzada por tres líneas diagonales indicando el punto kilométrico antes del cambio y otra superior con el punto kilométrico posterior al cambio. 2.1.3.10. Indicadores de rasante. 1. Las señales tipo FI11 se instalan en los puntos donde cambia el perfil longitudinal de la vía. El número superior indica la rasante en milímetros por metro; el inferior, su longitud en metros. En la cara opuesta llevan la indicación correspondiente al sentido contrario de la circulación. 2. Las señales tipo FI12 se instalan en los puntos donde comienza la transición hacia un cambio de rasante significativo, ascendente o descendente, e indican la rasante media aproximada en milímetros por metro. 2.1.3.11. Indicadoras de peligro en trinchera, terraplén o zona inundable. 1. Estas señales se colocan en aquellos puntos singulares de especial riesgo que determine el AI. 2. Señal de anuncio (FI13A): Indica al Maquinista la proximidad de una trinchera, terraplén o zona inundable de potencial riesgo. Se sitúa a la distancia de frenado de la señal de inicio. 3. Señal de inicio (FI13B): Se coloca al inicio de la trinchera, terraplén o zona inundable de potencial riesgo, en ambos sentidos de circulación. Indica al Maquinista el punto desde el que tiene que cumplimentar la notificación recibida. 4. La señal de inicio FI13B indica el fin de la trinchera, terraplén o zona inundable para las circulaciones de sentido contrario. 5. Cuando el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM reciba información de la existencia o posibilidad de inundación o desprendimiento, emitirá una notificación a los Maquinistas, con las restricciones que considere necesarias para garantizar la seguridad en el tramo delimitado por las señales. En ausencia de notificación vigente, las señales carecen de función indicativa. 2.1.3.12. Indicadoras para la tracción eléctrica. Sus órdenes e indicaciones afectan solamente a los trenes con tracción eléctrica. 2.1.3.13. Cartelones. Se emplean para transmitir órdenes o indicaciones independientes de otras señales fijas. Llevan inscritas letras, palabras, números o figuras. Los más usuales se indican a continuación: Los cartelones podrán utilizar indistintamente el color negro o el azul, salvo en los casos en los que expresamente se diga lo contrario. 2.1.3.14. Indicadoras en cambiadores de anchos Sección 4. Señales fijas de velocidad máxima 2.1.4.1. Criterios generales. 1. Se denomina velocidad máxima la que ningún tren debe exceder en ningún momento, independientemente del sistema de protección utilizado. 2. Las señales de velocidad máxima se instalarán en vía, salvo aquellas cuyos valores superen el umbral de velocidad a partir del cual la circulación de trenes deba realizarse al amparo de un sistema de protección del tren con supervisión continua. 3. Una reducción de velocidad máxima se señalizará en la vía con 2 o 3 señales consecutivas: preanuncio de velocidad máxima (FVM3A) (solo en tramos con Vmax>160km/h en líneas convencionales), anuncio de velocidad máxima (FVM1A) y velocidad máxima (FVM2A). 4. Una reducción de velocidad máxima que suponga un cambio significativo de su valor, se señaliza en vía mediante 2 señales consecutivas: anuncio de velocidad máxima (FVM1B) y velocidad máxima (FVM2B). La señal FVM1B está asociada a una baliza ASFA. 5. Un aumento de la velocidad máxima se señaliza en la vía mediante una única señal de velocidad máxima (FVM2A). 6. Un aumento de velocidad máxima desde un valor inferior a un valor superior al umbral a partir del cual la circulación de trenes deba realizarse al amparo de un sistema y modo de protección del tren con supervisión continua, en vía se señalizará con el valor de dicho umbral, prevaleciendo en este caso para los trenes que circulen con un sistema y modo de protección del tren con supervisión continua, el valor de velocidad máxima que el Maquinista reciba en cabina en cada caso. 7. Los valores de velocidad representados en las figuras siguientes son a modo de ejemplo. El color negro o azul afectará a la señal en su totalidad incluidos los conjuntos formados por varias limitaciones para distintos tipos de tren y los cartelones para informar, en su caso, de los diferentes límites que establece. 2.1.4.2. Preanuncio de velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad de 160 km/h al pasar por la señal de anuncio de velocidad máxima situada a continuación. Su posición marca el punto en el que se debe iniciar el frenado del tren para poder cumplir la orden de la señal de velocidad máxima. 2.1.4.3. Anuncio de velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad indicada (en km/h), al pasar por la señal de velocidad máxima a la que anuncia. Su posición marca el punto en el que se debe iniciar el frenado del tren para poder cumplir la orden de la señal de velocidad máxima. 2.1.4.4. Velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad indicada (en km/h), desde esta señal hasta la siguiente que establezca un nuevo límite. 2.1.4.5. Anuncio de velocidad máxima por paso a nivel. Ordena no exceder la velocidad de 155 km/h al paso por el PN situado a continuación, y hasta que el primer vehículo haya rebasado el mismo. 2.1.4.6. Particularidades de estas señales. 1. Las órdenes que dan las señales de velocidad máxima son independientes de las que dan las señales fijas fundamentales y no son modificadas por las mismas. Los valores de velocidad se expresarán siempre en múltiplos de 5. 2. El Maquinista cumplimentará las órdenes de estas señales, tanto si circula con un sistema embarcado de supervisión discreta (ASFA), como si lo hace con un sistema embarcado de protección continua en un modo que no garantice la supervisión total de la información. 3. Cuando la señal de velocidad máxima afecte solo a determinadas series de locomotoras o automotores, las señales podrán establecer uno, dos o tres límites diferentes. En estos casos llevarán encima un cartelón indicando las series a las que afecta cada límite. 1 Las series de vehículos de la figura, lo son a título de ejemplo. Los números del cartelón y de la señal se corresponden biunívocamente según el orden de colocación de arriba a abajo. 4. La señal de anuncio de velocidad máxima no se instalará en el interior de las estaciones. En su lugar se instalarán dos, una a la entrada y otra a la salida, indicándose en esta última la distancia en metros a la señal de velocidad máxima. 5. En las líneas donde esté prevista la circulación de trenes de Tipo N, A y B, las señales de velocidad máxima impuesta por las curvas, estarán compuestas por tres señales independientes situadas una sobre otra. La señal superior afecta a los trenes de Tipo N, la intermedia a los de Tipo A y la inferior a los de Tipo B. Cuando la velocidad sea igual para los trenes de Tipo N y A, la señal superior y la intermedia serán iguales. Análogamente, cuando las velocidades sean iguales para los trenes de Tipo A y Tipo B, la señal intermedia y la inferior serán iguales. Cuando las velocidades sean iguales para los tres Tipos, se colocará una sola señal. Las velocidades máximas para los Tipo C y D, no requieren señalización en vía por llevar indicación en cabina. 6. En las líneas donde esté prevista la circulación de trenes Tipo N, A y B, sobre la señal de finalización de cualquier limitación temporal de velocidad máxima, se pondrá una señal de velocidad máxima admisible a partir de ese punto con los valores correspondientes a los tres tipos de tren. 7. Las señales de anuncio de velocidad máxima y anuncio de cambio significativo de velocidad máxima se colocarán a la distancia de frenado correspondiente en función de la declividad y de la velocidad máxima de circulación de la línea o trayecto. En ningún caso dicha distancia será inferior a 500 metros. 8. Cuando la señal de anuncio de velocidad máxima situada delante de una bifurcación, solo afecte a parte de las líneas situadas a continuación, llevará un cartelón indicativo de la línea o líneas a las que afecta. 2.1.4.7. Instalación de las señales. 1. En vías banalizadas con velocidades máximas de circulación diferentes, cuando entre la señal de anuncio de velocidad máxima y la señal de velocidad máxima existan escapes, el anuncio de velocidad máxima deberá situarse en ambas vías, con indicación de la vía a la que afecta. Sección 5. Señales fijas de limitación temporal de velocidad máxima 2.1.5.1. Definición. 1. Se denomina limitación temporal de velocidad máxima, la que con carácter temporal constituye una reducción de la velocidad máxima por cualquier causa. 2. Una reducción de velocidad máxima de carácter temporal se señalizará en la vía con 2 o 3 señales consecutivas: preanuncio de limitación temporal de velocidad máxima (FVL1A) (solo en tramos con Vmax>160km/h en líneas convencionales), anuncio de limitación temporal de velocidad máxima (FVL2A) y limitación temporal de velocidad máxima (FVL3A). 3. Una reducción de la velocidad máxima de carácter temporal que suponga un cambio significativo de su valor, se señaliza en vía mediante 2 señales consecutivas: anuncio de limitación temporal de velocidad máxima (FVL2B) y limitación temporal de velocidad máxima (FVL3B). La señal FVL2B está asociada a una baliza ASFA. 4. No se instalarán señales de limitación temporal de velocidad máxima a valores superiores a la velocidad máxima de circulación permitida por la infraestructura o por las condiciones de bloqueo normal de la línea. 5. Los valores de velocidad representados en las figuras siguientes son a modo de ejemplo. El color negro o azul afectará a la señal en su totalidad incluidos los conjuntos formados por varias limitaciones para distintos tipos de tren y los cartelones para informar, en su caso, de los diferentes límites que establece. 2.1.5.2. Preanuncio de limitación temporal de velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad de 160 km/h al pasar por la señal de anuncio de limitación temporal de velocidad máxima situada a continuación. Su posición marca el punto en el que se debe iniciar el frenado del tren para poder cumplir la orden de la señal de velocidad máxima. 2.1.5.3. Anuncio de limitación temporal de velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad indicada (en km/h), al pasar por la señal de limitación temporal de velocidad máxima a la que anuncia. Su posición marca el punto en el que se deberá iniciar el frenado del tren para poder cumplir la orden de la señal de limitación temporal de velocidad máxima. 2.1.5.4. Limitación temporal de velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad indicada (en km/h), entre esta señal y la señal de fin de limitación temporal de velocidad máxima. 2.1.5.5. Fin de limitación temporal de velocidad máxima. 1. Ordena reanudar la marcha normal, si nada se opone, a la velocidad máxima indicada en la señal situada sobre ella, cuando el último vehículo del tren la haya rebasado. 2. El Maquinista reanudará la marcha normal a la velocidad máxima indicada sobre ella, si nada se opone, una vez rebasada por el primer vehículo cuando el AI así lo indique. 3. Sobre esta señal será colocada la señal FVM2A o FVM2B con la velocidad máxima admisible a partir de ese punto. 4. Si entre el inicio y el final de la limitación temporal de velocidad máxima hubiera un cambio de velocidad máxima preexistente, su señalización, y en su caso su baliza ASFA asociada, será tapada o desmontada mientras permanezca vigente la limitación temporal de velocidad máxima. 5. Finalizada una limitación temporal de velocidad máxima, si la velocidad admisible a partir de ese punto es superior al umbral a partir del cual la circulación de trenes deba realizarse al amparo de un sistema y modo de protección del tren con supervisión continua, en vía se señalizará con el valor de dicho umbral, prevaleciendo en este caso para los trenes que circulen con un sistema y modo de protección del tren con supervisión continua, el valor de velocidad máxima que el Maquinista reciba en cabina en cada caso. 2.1.5.6. Particularidades de estas señales. 1. Las órdenes que dan las señales de limitación temporal de velocidad máxima son independientes de las que dan las señales fijas fundamentales y no son modificadas por las mismas. Los valores de velocidad se expresarán siempre en múltiplos de 5. 2. Las señales de limitación temporal de velocidad máxima podrán establecer dos límites diferentes. En este caso llevarán encima un cartelón indicando los tipos de tren a los que afecta cada uno de ellos. El número de arriba de la Figura 41A, afecta a los trenes de mercancías y el número de abajo a los demás trenes, cualquiera que sea su clase (viajeros, automotores, locomotoras aisladas, etc.). El número de arriba de la Figura 41B, afecta a los trenes convencionales y el número de abajo a los automotores. 3. La señal de anuncio de limitación temporal de velocidad máxima no se instalará en el interior de las estaciones. En su lugar se instalarán dos, una a la entrada y otra a la salida, indicándose en esta última la distancia en metros a la señal de limitación temporal de velocidad máxima. 4. Cuando la señal de anuncio de limitación temporal de velocidad máxima situada delante de una bifurcación o de las agujas de una estación, solo afecte a parte de las vías situadas a continuación, llevará un cartelón indicativo de la vía o vías a las que afecta. 2.1.5.7. Comunicación de las limitaciones temporales de velocidad máxima. El establecimiento o supresión de una limitación temporal de velocidad máxima requiere el siguiente proceso de actuación: Personal de infraestructura. 1. Dispondrá la instalación o supresión de las señales fijas a la mayor brevedad posible y remitirá telefonema al Responsable de Circulación de una de las estaciones colaterales del trayecto afectado o al del CTC con la información siguiente: • Si se trata de establecimiento o de supresión de una limitación. • Velocidad a la que se limita y la vía o vías afectadas. • Puntos kilométricos de inicio y fin de la limitación. • Trayecto afectado. • Causa de la limitación (solo en caso de establecimientos). • Si se han instalado o no señales fijas (solo en caso de establecimiento). • Si supone un CSV (solo en caso de establecimiento). 2. Telefonema de establecimiento: 3. Telefonema de supresión: El/los Responsables de Circulación procederán, según el caso: 1. El Responsable de Circulación de la estación que reciba la información comunicará por telefonema los datos recibidos al de la estación colateral y al de la Banda de Regulación del PM. 2. Cuando la información la reciba el Responsable de Circulación del CTC, lo comunicará por telefonema a los Responsables de Circulación de las estaciones colaterales del trayecto afectado y al Responsable de Circulación del CTC colateral, en su caso, así como al de la Banda de Regulación del PM. 3. El PM procederá a actualizar la base de datos utilizada por las EF para confeccionar el Libro de Itinerarios del Maquinista. 4. Los Responsables de Circulación de las estaciones colaterales del trayecto afectado no expedirán trenes sin la notificación previa de la limitación al Maquinista. Se prescindirá de esta cuando el PM les comunique que el maquinista ha sido notificado o que la limitación ha sido incluida en el Libro de Itinerarios del Maquinista. 5. Cuando la limitación temporal de velocidad máxima no esté señalizada, la notificación al Maquinista será ampliada con la nota: «SIN SEÑALIZAR», y si se trata de un CSV; se realizará en la estación colateral anterior al trayecto afectado. Se exceptúa el caso en que el tren circule con señalización en cabina y la limitación esté incluida en el Libro de Itinerarios del Maquinista. Puesto de Mando. Una vez instaladas las señales fijas de la limitación y hasta que esta no se incluya en el Libro de Itinerarios del Maquinista, el PM la notificará por radiotelefonía al Maquinista de cada uno de los trenes afectados u ordenará al Responsable de Circulación de la última estación donde el tren efectúe parada, que la notifique. Seguidamente, avisará al Responsable de Circulación de la estación abierta inmediatamente anterior al trayecto afectado, para evitar la detención del tren en la misma. 2.1.5.8. Instalación de las señales. 1. En vías banalizadas, cuando entre la señal de anuncio de limitación temporal de velocidad máxima y la señal de limitación temporal de velocidad máxima existan escapes, el anuncio de limitación temporal de velocidad máxima deberá situarse en ambas vías, con indicación de la vía a la que afecta. 2. Si el final de una limitación coincide con el principio de otra diferente, se prescinde de la señal de fin de la primera limitación, es decir, solo se señaliza el final de la última limitación. Sección 6. Señales portátiles 2.1.6.1. Parada. 1. Ordena: Detención inmediata. 2. En caso de urgencia, se puede realizar con cualquier objeto o luz vivamente agitados. 3. Cuando un tren o maniobra esté detenido por una señal de parada a mano, solo reanudará la marcha cuando se lo ordene la persona que ha presentado la señal. 4. Si la detención ha tenido lugar en plena vía y al lado de la señal no se encuentra nadie, el maquinista lo comunicará al Responsable de Circulación y avanzará, si nada se opone, con marcha a la vista, sin exceder de 40 km/h, hasta encontrar a la persona que colocó la señal o llegar a una estación abierta. Si después de recorrer 1.500 m, no encuentra ni a la persona, ni una estación abierta, reanudará la marcha normal, si nada se opone. 5. En entornos afectados por obras o en aquellos casos en los que las circunstancias lo requieran, la señal de parada podrá presentarse mediante pantalla con el aspecto de la señal P1D. 2.1.6.2. Señal de marche el tren. 1. Se emplea para dar o complementar la orden de marcha, en los casos indicados en este Reglamento. 2. Permite al Maquinista, una vez realizadas las operaciones inherentes al tren, emprender inmediatamente la marcha hacia la estación siguiente, si nada se opone. 3. Se presenta, a un tren parado, por el Responsable de Circulación en el momento de expedir el tren, en un lugar donde el Maquinista pueda percibir con claridad todos los elementos que la componen, y sin posibilidad de confusión si hay varios trenes dispuestos para partir de la estación. 4. Elementos que componen esta señal (figura 43): • Banderín rojo enrollado o linterna con luz verde. • Gorra roja reglamentaria. • Posición del Responsable de Circulación. • Toque prolongado de silbato de mano de dos sonidos. 5. El Maquinista permanecerá atento a esta señal y si no la percibiera con claridad, reclamará su presentación dando la señal de atención especial. 6. El Responsable de Circulación que oiga la señal de atención especial repetirá la señal de marche el tren aproximándose a la cabina de conducción. 7. Cuando no sea posible presentar la señal de marche el tren según lo previsto, o en caso de que una señal de salida afecte a más de una vía, o la vía en la que se encuentre el tren carezca de señal de salida, el Responsable de Circulación notificará al Maquinista por radiotelefonía: 2.1.6.3. Señal de paso. 1. Se presenta en los casos indicados en este reglamento para complementar la orden de marcha a los trenes directos. 2. Ordena al Maquinista continuar la marcha normal hasta la estación inmediata, si nada se opone. La falta de esta señal o de alguno de los elementos que la componen en los casos en los que procede su presentación, ordena la detención inmediata. 3. Se presenta a los trenes directos por el Responsable de Circulación en lugar visible para el Maquinista, desde que el tren se aproxima a las agujas de entrada hasta que la cola haya pasado frente a él, girando el banderín o la linterna hacia la cabeza del tren a medida que este vaya pasando. 4. Cuando entre el andén del edificio de viajeros y la vía por la que vaya a pasar el tren se encuentre estacionado otro, esta señal será presentada en el andén contiguo a la vía de paso. 5. Elementos que componen esta señal (figura 44): • Banderín rojo enrollado o linterna con luz verde. • Gorra roja de uniforme. • Posición del Responsable de Circulación. 6. Cuando en vía doble se prevea el paso simultáneo de dos trenes, el Responsable de Circulación se situará en el andén junto a la vía por la que espere el tren más corto para poder comprobar que ambos circulan completos. En este caso la señal será presentada de forma alternativa a uno y otro. Sección 7. Señales de los trenes 2.1.7.1. Señales de cabeza. 1. Todos los trenes dispondrán de señalización de cabeza para garantizar que al aproximarse sean claramente visibles y reconocibles por la presencia y disposición de sus luces blancas delanteras, que permanecerán encendidas, tanto de día como de noche si el tren se conduce desde ese extremo. Estarán compuestas por el alumbrado de gran intensidad y por las luces de posición. • El alumbrado de gran intensidad estará constituido por dos focos blancos para que el maquinista del tren tenga buena visibilidad. Irán situados a la misma altura sobre el nivel del carril, conforme a lo dispuesto en la ETI LOC&PAS. • Las luces de posición estarán constituidas por tres luces dispuestas según un triángulo isósceles para optimizar la detectabilidad del tren, conforme a lo dispuesto en la ETI LOC&PAS. Las locomotoras, cuando realicen maniobras, llevarán la señalización de cabeza también en cola, sin hacer uso del alumbrado de gran intensidad en ninguno de los testeros. 2. El Maquinista reducirá, de noche, el alumbrado de gran intensidad o lo apagará, en los siguientes casos: • Siempre que observe la circulación de un tren en sentido contrario, y hasta que cruce la cabeza de este, salvo que circule por las proximidades de un PN o de señales reflectantes, cuando ello le impida comprobar su aspecto. • Cuando circule paralelo a una carretera con tráfico, para evitar deslumbramientos, salvo que circule por las proximidades de un PN o de señales reflectantes, cuando ello le impida comprobar su aspecto. • Mientras el tren esté estacionado o apartado, y hasta el momento de su salida, si es posible, para evitar deslumbramientos en señales, o interacción con cámaras de visualización de andenes, células fotoeléctricas y demás sistemas sensibles a la luminosidad. 2.1.7.2. Señales de cola. 1. Todos los trenes dispondrán de señalización de cola. Puede estar formada por las señales propias del vehículo, que irán siempre encendidas, o por dos señales portátiles colocadas en los soportes laterales de la parte posterior del último vehículo. Cuando estas señales portátiles sean luminosas, darán sus indicaciones con luz roja fija. • Luminosas: • Con placas reflectantes: 2. Los trenes de viajeros llevarán en cola la señal T2A. 3. Los trenes de mercancías podrán llevar en cola las señales T2A o T3A, salvo en las líneas operadas de forma nominal con bloqueo telefónico o bloqueo eléctrico manual, en las que solo serán válidas las señales T2A. 4. Las locomotoras, cuando realicen maniobras, llevarán en cola la misma señalización que en cabeza, sin hacer uso del alumbrado de gran intensidad en ninguno de los testeros. 5. Los trenes con tracción en cola no llevarán señales en el último coche o vagón. Cuando estos dispongan de señales empotradas irán apagadas. La locomotora de cola llevará las señales de cola (T2A) previstas para los trenes. 2.1.7.3. Señales acústicas de los trenes. Para disminuir molestias en zonas urbanas próximas al ferrocarril, el uso del silbato queda reducido, normalmente, a los casos expresamente determinados en este RCF. 2.1.7.4. Señal de alarma. 1. Se hace con medios acústicos, luminosos o visuales (silbato de la locomotora, alumbrado de gran intensidad, etc.). 2. La constituyen: • 3 grupos de 3 toques breves cada uno, • apagado y encendido repetido del alumbrado de gran intensidad. 3. Ordena la detención inmediata de todos los trenes y maniobras que estén en movimiento. 4. El personal que oiga o vea esta señal, hará la de parada con los medios de que disponga y los Responsables de Circulación dispondrán las señales de la estación para detener los trenes que se aproximen o salgan de ella. 5. Siempre que sea posible, se hará simultáneamente la señal de alarma acústica y la visual. 6. El personal, cuya misión se lo permita, acudirá rápidamente al lugar de peligro o accidente para prestar los auxilios necesarios. LIBRO SEGUNDO ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 1 SEÑALIZACIÓN CON TENDENCIA A LA DESAPARICIÓN O CON IMPLANTACIÓN MUY LOCALIZADA [indice]Índice LIBRO SEGUNDO. ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 1. SEÑALIZACIÓN CON TENDENCIA A LA DESAPARICIÓN O CON IMPLANTACIÓN MUYLOCALIZADA. Capítulo 1. SEÑALES FERROVIARIAS COMUNES PARA LA RFIG. Sección 1. Generalidades. 2ET1.1.1.1. Alcance Sección 2. Señales fijas fundamentales. 2ET1.1.2.1. Vía libre. 2ET1.1.2.2. Anuncio de precaución. 2ET1.1.2.3. Anuncio de parada. 2ET1.1.2.4. Parada diferida. 2ET1.1.2.5. Parada. 2ET1.1.2.6. Rebase autorizado. 2ET1.1.2.7. Movimiento autorizado. Sección 3. Señales fijas indicadoras. 2ET1.1.3.1. Poste de punto protegido. 2ET1.1.3.2. Indicadoras de dirección. 2ET1.1.3.3. Indicador de posición de aguja. 2ET1.1.3.4. Postes kilométricos y hectométricos. 2ET1.1.3.5. Señales indicadoras con orla u orlas exteriores. Sección 4. Señales fijas de velocidad máxima. 2ET1.1.4.1. Definición. 2ET1.1.4.2. Preanuncio de velocidad máxima. 2ET1.1.4.3. Anuncio de velocidad máxima. 2ET1.1.4.4. Velocidad máxima. 2ET1.1.4.5. Anuncio de velocidad máxima por paso a nivel. 2ET1.1.4.6. Particularidades de estas señales. Sección 5. Señales fijas de limitación temporal de velocidad máxima. 2ET1.1.5.1. Definición. 2ET1.1.5.2. Preanuncio de limitación temporal de velocidad máxima. 2ET1.1.5.3. Anuncio de limitación temporal de velocidad máxima. 2ET1.1.5.4. Limitación temporal de velocidad máxima. 2ET1.1.5.5. Fin de limitación temporal de velocidad máxima. 2ET1.1.5.6. Particularidades de estas señales. Sección 6. Señales portátiles. 2ET1.1.6.1. Señales para maniobras. 2ET1.1.6.2. Señales para la prueba del freno automático. Sección 7. Señales de los trenes. 2ET1.1.7.1. Señales por cabeza. 2ET1.1.7.2. Señales por cola. 2ET1.1.7.3. Señales acústicas de los trenes. Capítulo 2. Señales ferroviarias específicas de línea alta velocidad Madrid-Sevilla. Sección 1. Señales fijas. 2ET1.2.1.1. Parada. Capítulo 3. Señales ferroviarias de R.A.M. Sección 1. Señales fijas fundamentales. 2ET1.3.1.1. Paso a Nivel protegido. 2ET1.3.1.2. Paso a Nivel sin protección. Sección 2. Señales fijas indicadoras. 2ET1.3.2.1. Indicadora de precaución. 2ET1.3.2.2. Indicador de conexión al circuito telefónico. 2ET1.3.2.3. Cartelones. Capítulo 4. Señales ferroviarias específicas de la sección internacional Figueras-Perpignan. Sección 1. Objeto, ubicación, disposición y tipología de las señales. 2ET1.4.1.1. Objeto. 2ET1.4.1.2. Colocación efectiva de las señales. 2ET1.4.1.3. Disposición de las señales.. 2ET1.4.1.4. Tipología de las señales. Sección 2. Señales de bloqueo. 2ET1.4.2.1. Tipos de protección de las señales. 2ET1.4.2.2. Señales de límite de cantón. 2ET1.4.2.3. Señales de fin de autorización de movimiento. 2ET1.4.2.4. Señales de marcha a la vista. Sección 3. Señales de maniobra. 2ET1.4.3.1. Señal de marcha de maniobra. 2ET1.4.3.2. Señal de límite de maniobra. Sección 4. Señales de las instalaciones. 2ET1.4.4.1. Hitos kilométricos y hectométricos. 2ET1.4.4.2. Señales de limitación de velocidad. 2ET1.4.4.3. Señales de final de vía. 2ET1.4.4.4. Señales de final de catenaria.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Señales ferroviarias comunes para la RFIG Sección 1. Generalidades 2ET1.1.1.1. Alcance. En esta Especificación Transitoria se relacionan todas las señales actualmente existentes en la Red Ferroviaria de Interés General que, dada su escasa implantación y estando sujetas a procesos de modernización, irán desapareciendo paulatinamente; o permanecerán con una implantación muy localizada. Sección 2. Señales fijas fundamentales 2ET1.1.2.1. Vía libre. Ordena circular normalmente si nada se opone. 2ET1.1.2.2. Anuncio de precaución. Ordena no exceder la velocidad de 30 km/h al pasar por las agujas situadas a continuación de la señal siguiente. 2ET1.1.2.3. Anuncio de parada. Ordena ponerse en condiciones de parar ante la señal siguiente, piquete de salida de la vía de estacionamiento o final de vía. Cuando se encuentren dos señales sucesivas en anuncio de parada, si existen agujas a continuación de la segunda señal, no se excederá la velocidad de 30 km/h al paso por dichas agujas. 2ET1.1.2.4. Parada diferida. 1. Protege a distancia las estaciones sin señal de entrada. 2. Ordena ponerse en condiciones de parar ante el poste de punto protegido y, si nada se opone, circular desde el mismo con marcha de maniobras, parando ante la primera aguja. 3. No efectuará parada ante la primera aguja, o reanudará la marcha, cuando un agente de la estación, por comunicación directa o por radiotelefonía, le dé la orden de avanzar indicándole la vía y condiciones de estacionamiento. 2ET1.1.2.5. Parada. Ordena parar ante la misma sin rebasarla. 2ET1.1.2.6. Rebase autorizado. 1. En el caso de un tren: – Ordena parar ante la señal y seguidamente reanudar el avance con marcha de maniobras, si nada se opone, hasta llegar al punto de estacionamiento, la señal siguiente, o el anterior vehículo estacionado en la vía a la que se accede. – Si la señal se encuentra dentro de una estación, ordena iniciar o continuar el avance con marcha de maniobras hasta la señal siguiente o hasta el piquete de la vía de estacionamiento. – Cuando se trate de la salida o paso de un tren, sin existir señales de salida, la marcha de maniobras se mantendrá hasta rebasar las agujas de salida. 2. En el caso de una maniobra: – Ordena iniciar o continuar el movimiento, cuando lo ordene el personal encargado de la misma, pero no autoriza a circular hasta la estación siguiente. 2ET1.1.2.7. Movimiento autorizado. 1. En el caso de un tren parado ante la señal. Ordena emprender la marcha, si nada se opone, con marcha de maniobras hasta la señal siguiente, ateniéndose a lo que esta ordene. En determinadas estaciones se precisa, además, la orden de marcha. 2. En el caso de un tren en movimiento. Ordena continuar normalmente, si nada se opone. 3. En el caso de una maniobra. Permite iniciar o continuar el movimiento, cuando lo ordene el personal encargado de la misma, pero no autoriza a circular hasta la estación siguiente. Sección 3. Señales fijas indicadoras 2ET1.1.3.1. Poste de punto protegido. Está instalado en la entrada de las estaciones sin señal de entrada e indica el punto a partir del cual, cuando se encuentre la señal de parada diferida, se circulará con marcha de maniobras. 2ET1.1.3.2. Indicadoras de dirección. 1. Se sitúan en las estaciones o en plena vía. Se instalan, según convenga, en el mástil de otras señales o aisladas. 2. Indica la dirección que tomarán los trenes o maniobras. Si indica dirección distinta a la que deba seguir un tren o maniobra, ordena no emprender la marcha, o detenerse, y comunicarlo al Responsable de Circulación que tenga a su cargo la señal. 2ET1.1.3.3. Indicador de posición de aguja. 1. Indican: – Vía directa (señal FI4E): Circular normalmente, si nada se opone. – Vía desviada (señales FI4F o FI4G): No exceder la velocidad de 30 km/h al paso por la aguja situadas a continuación, tanto si se toman de punta como de talón. – Vía distinta a la que debe seguir un tren o maniobra: Detención inmediata. 2ET1.1.3.4. Postes kilométricos y hectométricos. Están situados a lo largo de la línea e indican la situación kilométrica y hectométrica. Llevan en la cara opuesta la misma inscripción. El número de arriba indica el kilómetro, el de abajo el hectómetro y la flecha la dirección en que se encuentra la estación más próxima. 2ET1.1.3.5. Señales indicadoras con orla u orlas exteriores. Permanecerán vigentes hasta la finalización de su vida útil las señales diseñadas con orla u orlas exteriores en el RGC, correspondientes a las definidas en los artículos 2.1.3.11, 2.1.3.12, 2.1.3.13, 2.1.3.14, y 2.1.6.1 del Libro 2 del RCF, diseñadas con orla única o sin orla exterior. Sección 4. Señales fijas de velocidad máxima 2ET1.1.4.1. Definición. 1. Se denomina velocidad máxima la que el tren no debe exceder en ningún momento, independientemente del sistema de protección utilizado. 2. Las señales de velocidad máxima se instalarán en vía, salvo aquellas cuyos valores superen el umbral de velocidad a partir del cual la circulación de trenes deba realizarse al amparo de un sistema de protección del tren con supervisión continua. 3. Una reducción de velocidad máxima se señaliza en la vía con 2 o 3 señales consecutivas: preanuncio de velocidad máxima (FVM3B) (solo en tramos con Vmax>160km/h en líneas convencionales), anuncio de velocidad máxima (FVM1C) y velocidad máxima (FVM2C). 4. Una reducción de velocidad máxima que suponga un cambio significativo de su valor, se señaliza en vía mediante 2 señales consecutivas: anuncio de velocidad máxima (FVM1D) y velocidad máxima (FVM2D). La señal FVM1D está asociada a una baliza ASFA. 5. Un aumento de velocidad máxima se señaliza en vía mediante una única señal de velocidad máxima FVM2C. 6. Un aumento de velocidad máxima desde un valor inferior a un valor superior al umbral a partir del cual la circulación de trenes deba realizarse al amparo de un sistema y modo de protección del tren con supervisión continua, en vía se señalizará con el valor de dicho umbral, prevaleciendo en este caso para los trenes que circulen con un sistema y modo de protección del tren con supervisión continua, el valor de velocidad máxima que el Maquinista reciba en cabina en cada caso. 7. Los valores de velocidad representados en las figuras siguientes son a modo de ejemplo. El color negro o azul afectará a la señal en su totalidad incluidos los conjuntos formados por varias limitaciones para distintos tipos de tren y los cartelones para informar, en su caso, de los diferentes límites que establece. 2ET1.1.4.2. Preanuncio de velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad de 160 km/h al pasar por la señal anuncio de velocidad máxima situada a continuación. Su posición marca el punto en el que se debe iniciar el frenado del tren para poder cumplir la orden de la señal de velocidad máxima. 2ET1.1.4.3. Anuncio de velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad indicada (en km/h), al pasar por la señal de velocidad máxima a la que anuncia. Su posición marca el punto en el que se debe iniciar el frenado del tren para poder cumplir la orden de la señal de velocidad máxima. 2ET1.1.4.4. Velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad indicada en km/h, desde esta señal hasta la siguiente que establezca un nuevo límite. 2ET1.1.4.5. Anuncio de velocidad máxima por paso a nivel. Ordena no exceder la velocidad de 155 km/h al paso por el PN situado a continuación, y hasta que el primer vehículo haya rebasado el mismo. 2ET1.1.4.6. Particularidades de estas señales. 1. Las órdenes que dan las señales de velocidad máxima son independientes de las que dan las señales fijas fundamentales y no son modificadas por las mismas. Los valores de velocidad se expresarán siempre en múltiplos de 5. 2. El Maquinista cumplimentará las órdenes de estas señales, tanto si circula con un sistema embarcado de supervisión discreta (ASFA), como si lo hace con un sistema embarcado de protección continua en un modo que no garantice la supervisión total de la información. 3. Cuando la señal de velocidad máxima afecte solo a determinadas series de locomotoras o automotores, las señales podrán establecer uno, dos o tres límites diferentes. En estos casos llevarán encima un cartelón indicando las series a que afecta cada límite. 1 Las series de vehículos de la figura, lo son a título de ejemplo. Los números del cartelón y de la señal se corresponden biunívocamente según el orden de colocación de arriba a abajo. 4. La señal de anuncio de velocidad máxima no se instalará en el interior de las estaciones. En su lugar se instalarán dos, una a la entrada y otra a la salida, indicando en esta última la distancia en metros a la señal de velocidad máxima. 5. En las líneas donde esté prevista la circulación de trenes de Tipo N, A y B, las señales de velocidad máxima impuesta por las curvas, estarán compuestas por tres señales independientes situadas una sobre otra. La señal superior afecta a los trenes de Tipo N, la intermedia a los de Tipo A y la inferior a los de Tipo B. Cuando la velocidad sea igual para los trenes de Tipo N y A, la señal superior y la intermedia serían iguales. Análogamente, cuando las velocidades sean iguales para los trenes de Tipo A y Tipo B, la señal intermedia y la inferior serán iguales. Cuando las velocidades sean iguales para los tres Tipos, se colocará una sola señal. Las velocidades máximas para los Tipos C y D, no requieren señalización en vía por llevar indicación en cabina. 6. En las líneas donde esté prevista la circulación de trenes Tipo N, A y B, sobre la señal de finalización de cualquier limitación temporal de velocidad máxima, se pondrá una señal de velocidad máxima admisible a partir de ese punto con los valores correspondientes a los tres tipos de tren. 7. Las señales de anuncio de velocidad máxima y anuncio de cambio significativo de velocidad máxima se colocarán a la distancia de frenado correspondiente en función de la declividad y de la velocidad máxima de circulación de la línea o trayecto. En ningún caso dicha distancia será inferior a 500 metros. 8. Cuando la señal de anuncio de velocidad máxima situada delante de una bifurcación, solo afecte a parte de las líneas situadas a continuación, llevará un cartelón indicativo de la línea o líneas a las que afecta. Sección 5. Señales fijas de limitación temporal de velocidad máxima 2ET1.1.5.1. Definición. 1. Se denomina limitación temporal de velocidad máxima, la que con carácter temporal constituye una reducción de la velocidad máxima por cualquier causa. 2. Una reducción de velocidad máxima de carácter temporal se señalizará en la vía con 2 o 3 señales consecutivas: preanuncio de limitación temporal de velocidad máxima (FVL1B) (solo en tramos con Vmax>160km/h en líneas convencionales), anuncio de limitación temporal de velocidad máxima (FVL2C) y limitación temporal de velocidad máxima (FVL3C). 3. Una reducción de la velocidad máxima de carácter temporal que suponga un cambio significativo de su valor, se señaliza en vía mediante 2 señales consecutivas: anuncio de limitación temporal de velocidad máxima (FVL2D) y limitación temporal de velocidad máxima (FVL3D). La señal FVL2D está asociada a una baliza ASFA. 4. Los valores de velocidad representados en las figuras siguientes son a modo de ejemplo. El color negro o azul afectará a la señal en su totalidad incluidos los conjuntos formados por varias limitaciones para distintos tipos de tren y los cartelones para informar, en su caso, de los diferentes límites que establece. 2ET1.1.5.2. Preanuncio de limitación temporal de velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad de 160 km/h al pasar por la señal de anuncio de limitación temporal de velocidad máxima situada a continuación. Su posición marca el punto en el que se debe iniciar el frenado del tren para poder cumplir la orden de la señal de velocidad máxima. 2ET1.1.5.3. Anuncio de limitación temporal de velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad indicada (en km/h), al pasar por la señal de limitación temporal de velocidad máxima a la que anuncia. Su posición marca el punto en el que se deberá iniciar el frenado del tren para poder cumplir la orden de la señal de limitación temporal de velocidad máxima. 2ET1.1.5.4. Limitación temporal de velocidad máxima. Ordena no exceder la velocidad indicada (en km/h), entre esta señal y la señal de fin de limitación temporal de velocidad máxima. 2ET1.1.5.5. Fin de limitación temporal de velocidad máxima. 1. Ordena reanudar la marcha normal, si nada se opone, a la velocidad máxima indicada en la señal situada sobre ella, cuando el último vehículo del tren la haya rebasado. 2. El Maquinista reanudará la marcha normal a la velocidad máxima indicada sobre ella, si nada se opone, una vez rebasada por el primer vehículo cuando el AI así lo indique. 3. Sobre esta señal será colocada la señal FVM2C / FVM2D con la velocidad máxima admisible a partir de ese punto. 4. Si entre el inicio y el final de la limitación temporal de velocidad máxima hubiera un cambio de velocidad máxima preexistente, su señalización, y en su caso su baliza ASFA asociada, será tapada o desmontada mientras permanezca vigente la limitación temporal de velocidad máxima. 5. Finalizada una limitación temporal de velocidad máxima, si la velocidad admisible a partir de ese punto es superior al umbral a partir del cual la circulación de trenes deba realizarse al amparo de un sistema y modo de protección del tren con supervisión continua, en vía se señalizará con el valor de dicho umbral, prevaleciendo en este caso para los trenes que circulen con un sistema y modo de protección del tren con supervisión continua, el valor de velocidad máxima que el Maquinista reciba en cabina en cada caso. 2ET1.1.5.6. Particularidades de estas señales. 1. Las órdenes que dan las señales de limitación temporal de velocidad máxima son independientes de las que dan las señales fijas fundamentales y no son modificadas por las mismas. Los valores de velocidad se expresarán siempre en múltiplos de 5. 2. Las señales de limitación temporal de velocidad máxima podrán establecer dos límites diferentes. En este caso llevarán encima un cartelón indicando los tipos de trenes a los que afecta cada uno de ellos. El número de arriba de la Figura 25A, afecta a los trenes de mercancías y el número de abajo a los demás trenes, cualquiera que sea su clase (viajeros, automotores, locomotoras aisladas, etc.). El número de arriba de la Figura 25B, afecta a los trenes convencionales y el número de abajo a los automotores. 3. La señal de anuncio de limitación temporal de velocidad máxima no se instalará en el interior de las estaciones. En su lugar se instalarán dos, una a la entrada y otra a la salida, indicándose en esta última la distancia en metros a la señal de limitación temporal de velocidad máxima. 4. Cuando la señal de anuncio de limitación temporal de velocidad máxima situada delante de una bifurcación o de las agujas de una estación, solo afecte a parte de las vías situadas a continuación, llevará un cartelón indicativo de la vía o vías a las que afecta. 5. En las señales de limitación temporal de velocidad máxima, los números y orlas de color negro, establecidos con carácter general, podrán ir en color azul reflectante. El color negro o azul afectará a la señal en su totalidad incluidos los conjuntos formados por varias limitaciones para distintos tipos de tren y los cartelones para informar, en su caso, de los diferentes límites que establece. Sección 6. Señales portátiles 2ET1.1.6.1. Señales para maniobras. – Si se trata de una locomotora sola o intercalada entre vehículos, «tirar» significa alejarse de quien está ordenando el movimiento y «empujar» acercarse. – Se presentarán siempre desde lugar visible para el Maquinista. – Estas señales solo se realizarán en los casos de ausencia de medios de comunicación verbal entre el personal de maniobras y el Maquinista. 2ET1.1.6.2. Señales para la prueba del freno automático. La señal de mano o luminosa de aflojar frenos, solo se utilizará en la prueba de verificación de acoplamiento. En las demás pruebas se hará como se indica «por otros medios». Figura 27 Podrá prescindirse de la presentación de estas señales, si la comunicación entre los agentes que intervienen en la prueba puede hacerse por otro medio de comunicación (altavoces, teléfono, radioteléfono, etc.). Sección 7. Señales de los trenes 2ET1.1.7.1. Señales por cabeza. 1. Las señales contenidas en el presente artículo solo pueden ser utilizadas en los tráficos nacionales por la RFIG. 2. Pueden llevar: a) Trenes convencionales, automotores y locomotoras aisladas. b) Vehículos auxiliares. c) Locomotoras de maniobras. Llevarán la Señal T1E en ambos testeros. 2ET1.1.7.2. Señales por cola. 1. Las señales contenidas en el presente artículo solo pueden ser utilizadas en tráficos nacionales por la RFIG. 2. Puede estar formada por las señales propias del vehículo, que irán siempre encendidas (Señal T2B), o por dos señales portátiles colocadas en los soportes laterales de la parte posterior del último vehículo (Señal T3B). Cuando estas señales portátiles sean luminosas, darán sus indicaciones con luz roja fija. – Luminosas – Con placas reflectantes 3. Las locomotoras, cuando realicen maniobras, llevarán en cola la misma señalización que en cabeza (Señal T1E). 4. Las señales T3B no son válidas para líneas operadas de forma nominal con bloqueo telefónico ni bloqueo eléctrico manual. 2ET1.1.7.3. Señales acústicas de los trenes. Tratando de disminuir molestias en zonas urbanas próximas al ferrocarril, queda reducido, normalmente, el uso del silbato de la locomotora a los casos expresamente determinados. CAPÍTULO 2 Señales ferroviarias específicas de línea alta velocidad Madrid-Sevilla Sección 1. Señales fijas 2ET1.2.1.1. Parada. Ordena parar ante la misma sin rebasarla. Para los trenes que circulen con LZB en servicio, la información que reciba el maquinista en cabina, prevalece sobre la indicación de la señal FF7E. CAPÍTULO 3 Señales ferroviarias de R.A.M. Sección 1. Señales fijas fundamentales 2ET1.3.1.1. Paso a Nivel protegido. 1. Ordena: – Con luz verde fija (FF10C): circular normalmente por el o los PN, si nada se opone. – Con luz verde a destellos (FF10D): circular con precaución hasta el PN o grupo de PN, cruzarlo si es posible, e informar de esta circunstancia por radiotelefonía al Responsable de Circulación del PM, o en ausencia de radiotelefonía, al Responsable de Circulación de la primera estación donde efectúe parada. 2. Si después de rebasada la señal de PN protegido, y antes de llegar al mismo, se hubiera: – circulado a velocidad igual o inferior a 30 km/h, por circunstancias anormales, o – realizado paradas accidentales o detenciones, o – realizado paradas prescritas superiores a dos minutos, se procederá como si dicha señal se hubiera encontrado en la indicación de PN sin protección. 3. Cuando esta señal afecte a más de un PN, se indicará con cartelones el número de ellos y cuál es el último. 2ET1.3.1.2. Paso a Nivel sin protección. 1. Ordena: Ponerse en condiciones de parar ante el PN o grupo de PN, sin rebasar ninguno hasta haberse asegurado de que no están transitados, adoptando, en su caso, las medidas complementarias de seguridad que se estimen necesarias. 2. En ningún caso se reanudará la marcha normal hasta que el primer vehículo del tren haya rebasado el PN. 3. Se informará inmediatamente del estado de la señal, por radiotelefonía, al Responsable de Circulación. En ausencia de radiotelefonía, se informará al Responsable de Circulación de la primera estación abierta. 4. Cuando esta señal afecte a más de un PN, se indicará con cartelones el número de ellos y cuál es el último, y se considerarán todos desprotegidos. Sección 2. Señales fijas indicadoras 2ET1.3.2.1. Indicadora de precaución. El indicador de precaución ordena al Maquinista no superar la velocidad de 30 km/h al pasar frente a él y por las agujas situadas a continuación. 2ET1.3.2.2. Indicador de conexión al circuito telefónico. Poste dotado de conector de intemperie. Poste no dotado de conector de intemperie. La flecha indica la dirección a seguir para encontrar el poste más próximo dotado de conector. 2ET1.3.2.3. Cartelones. CAPÍTULO 4 Señales ferroviarias específicas de la sección internacional Figueras-Perpignan Sección 1. Objeto, ubicación, disposición y tipología de las señales 2ET1.4.1.1. Objeto. El objeto del presente capítulo es relacionar las señales ferroviarias de uso exclusivo en la Sección Internacional FIGUERAS-PERPIGNAN, que no son coincidentes con las definidas en el Libro 2 del RCF. 2ET1.4.1.2. Colocación efectiva de las señales. La colocación efectiva de las señales se realiza respetando una altura de referencia respecto al plano de rodadura en función del tipo de señal, tal como se refleja en la figura siguiente. Para los trenes que circulen con ERTMS en servicio, la información que recibe el maquinista en cabina, prevalece sobre la indicación de la señal FF7E. 2ET1.4.1.3. Disposición de las señales. La disposición de los diferentes elementos que conforman una señal y su distribución en el soporte, se realiza de acuerdo con la representación de la siguiente figura: 2ET1.4.1.4. Tipología de las señales. Atendiendo a su funcionalidad, las señales específicas de uso en la Sección Internacional se clasifican en: – Señales de bloqueo: Se utilizan para regular la marcha de los trenes, manteniendo la distancia entre ellos, y para proteger los aparatos de vía. Se encuentran en puntos fijos de la plataforma ferroviaria y se presentan en el pupitre de conducción de los trenes equipados con ERTMS. – Señales de maniobras: Se utilizan para autorizar movimientos de maniobra parciales y limitados de los trenes en zonas de aparatos de vía. Permiten su aproximación, a la vez que protegen los aparatos de vía. Se encuentran en puntos fijos de la plataforma ferroviaria y se presentan en el pupitre de conducción de los trenes equipados con ERTMS. – Señales de las instalaciones: Se utilizan para informar y dar instrucciones relativas al estado de la vía, la catenaria o los trabajos que se puedan realizar en la línea. Pueden encontrarse en puntos fijos de la plataforma ferroviaria. Algunos (por ejemplo secciones neutras de catenaria, limitaciones de velocidad, etc.) se presentan en el pupitre de conducción de los trenes equipados con ERTMS. – Señales complementarias: Se utilizan para ofrecer una información auxiliar sobre particularidades del trazado, tanto de la infraestructura como de la superestructura, instalaciones, material rodante o de las mismas señales. Pueden encontrarse en puntos fijos de la plataforma ferroviaria, ser presentadas en el pupitre de conducción de los trenes equipados con ERTMS o pueden formar parte del material rodante. Sección 2. Señales de bloqueo 2ET1.4.2.1. Tipos de protección de las señales. En función de los elementos y puntos de riesgo que protegen, y en función de la protección y del nivel de funcionalidad del sistema de señalización ERTMS al que pertenecen, las señales de bloqueo pueden ser de dos tipos. – La señal SIB1 corresponde a la abreviatura «No franqueable». Indica al Maquinista que, en caso de ausencia de indicaciones para continuar la marcha en el DMI o en los focos de la señal, y en ausencia de comunicación con el Responsable de Circulación y/o de autorización recibida por su parte, no puede ser franqueada. Esta disposición es de aplicación, tanto en ERTMS Nivel 1, como en ERTMS Nivel 2. – La señal SIB2 corresponde a la abreviatura «Franqueable». Indica al Maquinista que en ausencia de indicaciones para continuar la marcha, en el DMI o en los focos de la señal, y sin comunicación con el Responsable de Circulación, la señal podrá ser franqueada, como mínimo tres minutos después de la detención ante ella, y manteniendo rigurosamente «Marcha a la vista» hasta la señal siguiente o hasta volver a recibir indicaciones de marcha en el DMI. Esta disposición es de aplicación, tanto en ERTMS Nivel 1, como en ERTMS Nivel 2. 2ET1.4.2.2. Señales de límite de cantón. – La señal SIB3 dispone de señal automática luminosa de dos focos, delimita simultáneamente cantones de ERTMS 1 y ERTMS 2. – La señal SIB4 dispone de señal automática luminosa de un foco, delimita simultáneamente cantones de ERTMS 1 y ERTMS 2. – La señal SIB5 no dispone de señal automática luminosa, delimita cantones de ERTMS 2. 2ET1.4.2.3. Señales de fin de autorización de movimiento. – La señal SIB6 (un foco color rojo) ordena al Maquinista la detención del tren antes de la primera baliza del grupo de señal. – La señal SIB7 (dos focos color rojos dispuestos en horizontal) ordena al Maquinista la detención del tren antes de la primera baliza del grupo de señal. – La señal SIB8 (damero rojo y blanco con luz roja intermitente) ordena al Maquinista la detención del tren lo antes posible. 2ET1.4.2.4. Señales de marcha a la vista. – Ordenan al Maquinista circular con «Marcha a la Vista». Sección 3. Señales de maniobra 2ET1.4.3.1. Señal de marcha de maniobra. – Ordena al Maquinista avanzar con marcha de maniobras. 2ET1.4.3.2. Señal de límite de maniobra. – Indica el punto máximo que no se puede rebasar cuando se ha presentado la señal de maniobra a un tren o vehículo, o cuando un tren equipado con ERTMS ha entrado en modo «Shunting» (SH). Sección 4. Señales de las instalaciones 2ET1.4.4.1. Hitos kilométricos y hectométricos. – Indican el punto kilométrico y la vía en el que están situados. 2ET1.4.4.2. Señales de limitación de velocidad. – Las señales de limitación de velocidad en la Sección Internacional, sobre el terreno solamente se señalizan las inferiores a 80 km/h. – Una limitación de velocidad impone una reducción de la velocidad máxima de circulación de acuerdo con la indicación presentada en el DMI del pupitre de conducción o con la cifra inscrita en la señal. – Sobre el terreno, una limitación de velocidad es un conjunto formado por tres señales: una señal de anuncio, una señal de inicio (también llamada ejecutiva) y una señal de fin de la limitación de velocidad. – Una limitación de velocidad tiene carácter permanente cuando se prevé que su duración sea mayor de seis meses, o temporal cuando su duración se prevea inferior a seis meses. El color de fondo de las limitaciones permanentes es el blanco, y el de las temporales es el amarillo. 2ET1.4.4.3. Señales de final de vía. – La señal SII8 ordena al Maquinista prepararse para detener el tren antes de la posterior señal ejecutiva de Final de Vía. – La señal SII9 ordena al Maquinista la detención del tren sin rebasarla. 2ET1.4.4.4. Señales de final de catenaria. Figura 51 – Indica el punto límite que los trenes y vehículos de tracción eléctrica no deben rebasar. LIBRO TERCERO CIRCULACIÓN [indice]Índice LIBRO TERCERO. CIRCULACIÓN. CAPÍTULO 1. Generalidades. Sección 1. Circulación de los trenes. 3.1.1.1. Coordinación de la circulación. 3.1.1.2. Gestión de la circulación. 3.1.1.3. Órdenes e informaciones al Maquinista. Sección 2. Paradas de los trenes. 3.1.2.1. Parada prescrita. 3.1.2.2. Parada no prescrita. 3.1.2.3. Prescripciones de circulación. CAPÍTULO 2. Requisitos del personal. Sección 1. Requisitos del personal. 3.2.1.1. Personal del AI y de la EF. 3.2.1.2. Personal de otras empresas. CAPÍTULO 3. Trabajos y pruebas. Sección 1. Aspectos generales. 3.3.1.1. Prescripciones comunes. Sección 2. Sistema de trabajos en intervalo de liberación por tiempo. 3.3.2.1. Características. 3.3.2.2. Condiciones de aplicación. 3.3.2.3. Establecimiento. 3.3.2.4. Protección de los trabajos. 3.3.2.5. Restablecimiento. Sección 3. Sistema de interrupción de la circulación con Entrega de Vía Bloqueada. 3.3.3.1. Características. 3.3.3.2. Condiciones de aplicación. 3.3.3.3. Establecimiento. 3.3.3.4. Prescripciones de circulación. 3.3.3.5. Restablecimiento. 3.3.3.6. Anulación de una solicitud de EVB. Sección 4. Trabajos en estación. 3.3.4.1. Definición. 3.3.4.2. Condiciones de aplicación. 3.3.4.3. Establecimiento. 3.3.4.4. Protección de los trabajos. 3.3.4.5. Restablecimiento. Sección 5. Trabajos en las instalaciones de seguridad. 3.3.5.1. Clasificación y regulación. 3.3.5.2. Establecimiento. 3.3.5.3. Utilización de instalaciones afectadas por trabajos. 3.3.5.4. Restablecimiento. Sección 6. Trenes de trabajos. 3.3.6.1. Composición. Sección 7. Pruebas. 3.3.7.1. Trenes de pruebas. CAPÍTULO 4. Tracción de los trenes. Sección 1. Tracción. 3.4.1.1. Vehículos motores. 3.4.1.2. Mando múltiple y trenes reversibles. 3.4.1.3. Tracción múltiple. 3.4.1.4. Trenes empujados. 3.4.1.5. Vehículos motores de tracción dual. Sección 2. Remolque de vehículos motores. 3.4.2.1. Remolque de locomotoras. 3.4.2.2. Remolque de automotores. CAPÍTULO 5. Maniobras. Sección 1. Alcance. 3.5.1.1 Ámbito de aplicación. Sección 2. Dirección y realización. 3.5.2.1. Dirección de las maniobras. 3.5.2.2. Realización de las maniobras. 3.5.2.3. Comunicaciones en las maniobras. 3.5.2.4. Maniobras centralizadas. 3.5.2.5. Inmovilización del material. 3.5.2.6. Información sobre la inmovilización. Sección 3. Maniobras en vías de circulación. 3.5.3.1. Prescripciones para las maniobras. 3.5.3.2. Apartado y suspensión de las maniobras. 3.5.3.3. Movimientos a dependencias de plena vía. Sección 4. Maniobras singulares. 3.5.4.1. Concepto y tipos. 3.5.4.2. Maniobras empujando con vehículos ocupados por viajeros. 3.5.4.3. Maniobras para acoplamiento de trenes autopropulsados ocupados con viajeros. 3.5.4.4. Maniobras de paso por cambiadores de ancho. CAPÍTULO 6. Incidencias en la circulación y en la tracción. Sección 1. Incidencias en la circulación. 3.6.1.1. Fraccionamiento de trenes. 3.6.1.2. Escape de material. 3.6.1.3. Interceptación de la vía. 3.6.1.4. Protección de los puntos interceptados. 3.6.1.5. Actuación en caso de interceptación. 3.6.1.6. Corte urgente de tensión en catenaria. Sección 2. Retroceso de los trenes. 3.6.2.1. Criterios de aplicación. 3.6.2.2. Solicitud y orden de retroceso. 3.6.2.3. Prescripciones de circulación. 3.6.2.4. Anulación de la solicitud u orden de retroceso. Sección 3. Socorro de los trenes. 3.6.3.1. Petición de socorro. 3.6.3.2. Gestión de los medios de socorro. 3.6.3.3. Expedición de los medios de socorro. 3.6.3.4. Anulación de la petición de socorro. Sección 4. Incidencias en las señales de los trenes. 3.6.4.1. Señales de cabeza. 3.6.4.2. Señales de cola. 3.6.4.3. Señales acústicas del vehículo de cabeza de tren. Sección 5. Incidencias en el frenado. 3.6.5.1. Avería en el freno automático. Sección 6. Incidencias en la tracción. 3.6.6.1. Avería o falta de potencia del vehículo motor. 3.6.6.2. Accidente del Maquinista.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Generalidades Sección 1. Circulación de los trenes 3.1.1.1. Coordinación de la circulación. 1. La circulación segura de los trenes requiere la actuación coordinada entre el personal de las EF y de los AI afectados. Esta actuación coordinada está basada en: a) La identificación precisa de los trenes en circulación y el conocimiento de sus horarios, paradas y velocidades. b) La información de las circunstancias particulares de cada tren que las EF han de facilitar a los AI. c) El conocimiento y comunicación por parte de los AI a las EF, de las anormalidades que puedan presentar las instalaciones de seguridad. 2. Las EF establecerán en sus SGS, de acuerdo con este Reglamento, los procedimientos para garantizar que se han realizado las comprobaciones necesarias al tren antes de su puesta en circulación, incluyendo las relativas a la finalización de las operaciones comerciales de los trenes de viajeros. 3.1.1.2. Gestión de la circulación. La adecuada gestión del tráfico ferroviario requiere que los Responsables de Circulación se mantengan permanentemente informados entre sí, siguiendo las instrucciones establecidas por el PM. Además, deberán comunicar al PM cualquier falta de capacidad o anormalidad en la línea. 3.1.1.3. Órdenes e informaciones al Maquinista. 1. Mediante el «Libro de Itinerarios del Maquinista», la EF comunicará al Maquinista que dirija la marcha las órdenes a cumplimentar y las informaciones temporales que deba conocer y que afecten a la circulación del tren. Las que no se hayan podido incluir en el citado documento serán comunicadas por el AI mediante BOI o telefonema. 2. En un mismo BOI o telefonema podrán incluirse varias órdenes o informaciones. También se podrá utilizar un único BOI para notificarlas al Maquinista de un tren que circula repetidamente entre dos puntos determinados. 3. Las órdenes e informaciones comunicadas por BOI y pendientes de cumplimentar, serán transmitidas en los relevos entre los Maquinistas salientes/entrantes, haciendo referencia a las mismas con la mención de «Pendiente de Cumplimentar». Las recibidas por telefonema serán registradas por ambos Maquinistas. 4. El Maquinista que dirija la marcha debe conocer el número del tren que va a conducir, su composición y características. Sección 2. Paradas de los trenes 3.1.2.1. Parada prescrita. 1. Los trenes efectuarán parada técnica o comercial donde la tengan prescrita. 2. Los trenes de viajeros con parada comercial en una estación podrán ser recibidos con las indicaciones de las señales de salida autorizando el paso, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a. Las instalaciones de seguridad lo permitan b. Esté concertada o asegurada su circulación por el cantón siguiente, y c. No deba notificarse al Maquinista órdenes o informaciones que afecten a su circulación. 3. Los trenes con parada técnica en una estación serán recibidos de forma que las órdenes de las señales la aseguren. 4. Una parada técnica prescrita de un tren podrá ser suprimida por necesidades de regulación del tráfico, cumpliendo los siguientes requisitos: a) Exista una señal de salida. b) Se dé la orden de marcha en las condiciones reguladas para cada bloqueo. 3.1.2.2. Parada no prescrita. 1. Una parada técnica no prescrita en la marcha del tren (accidental) podrá realizarse por necesidades de regulación del tráfico, o por causa justificada de la EF o del AI. En el segundo caso solicitarán al PM que autorice la parada del tren en un punto distinto al regulado en su documento horario. Aceptada la solicitud, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM informará a los Responsables de Circulación afectados. 2. Una parada técnica no prescrita deberá ser asegurada, siempre que sea posible, por el Responsable de Circulación de la estación afectada o del CTC. Cuando no sea posible asegurarla o el lugar donde deba efectuarse carezca de Responsable de Circulación, dicha parada será notificada al Maquinista por radiotelefonía o en la estación abierta inmediata anterior donde el tren tenga parada, indicando el lugar y motivo de la misma, mediante el siguiente texto: 3.1.2.3. Prescripciones de circulación. 1. Al iniciar la marcha en origen o después de una parada prescrita, al salir o pasar por una estación por vía desviada, o tras haber encontrado la señal de entrada en indicación de anuncio de parada, el Maquinista no excederá la velocidad de 30 km/h al paso por las agujas situadas a continuación de la señal de salida, salvo en los casos en que exista señal indicadora de posición de agujas que ordene otra velocidad. 2. En trayectos de BAB, un tren directo que haya encontrado la señal de entrada en anuncio de parada o esté estacionado, el Maquinista no excederá la velocidad de 30 km/h al paso por las agujas situadas a continuación de la señal de salida, salvo en los casos en que exista señal indicadora de posición de agujas que ordene otra velocidad 3. Al iniciar la marcha tras una detención o parada eventual, el Maquinista no excederá la velocidad de 30 km/h al paso por las agujas situadas a continuación de la señal que autoriza el movimiento o que haya sido autorizado a rebasar, salvo en los casos en que exista señal indicadora de posición de agujas que ordene otra velocidad. CAPÍTULO 2 Requisitos del personal Sección 1. Requisitos del personal 3.2.1.1. Personal del AI y de la EF. El personal del AI o de la EF que deba realizar cualquier actividad vinculada a la seguridad en la circulación, deberá disponer de la correspondiente habilitación de seguridad en vigor, dentro de las legalmente establecidas, que le habilite específicamente para el ejercicio de dicha actividad. Los AI y las EF establecerán en sus respectivos SGS las reglas internas que definan las prescripciones a cumplir en cada caso, y los procedimientos que garanticen su consecución y la forma de hacerlo, así como su interacción con cualquier otro personal participante en la explotación ferroviaria. 3.2.1.2. Personal de otras empresas. El personal (de infraestructura, operaciones del tren o control de mantenimiento de material rodante) perteneciente a empresas diferentes de los AI o de las EF que deba realizar cualquier actividad vinculada a la seguridad en la circulación, deberá disponer de la correspondiente habilitación de seguridad en vigor, dentro de las legalmente establecidas, que le habilite específicamente para el ejercicio de dicha actividad. CAPÍTULO 3 Trabajos y pruebas Sección 1. Aspectos generales 3.3.1.1. Prescripciones comunes. 1. Quedan sometidos a las prescripciones de este Capítulo, los trabajos en la infraestructura, superestructura y en las instalaciones de seguridad, que se realicen en la «Zona de peligro para los trabajos» o en la «Zona de peligro eléctrico», que no sean compatibles con la circulación de trenes de forma simultánea y los que aun realizándose fuera de estas zonas, pudieran invadirlas incluso de manera puntual con algún elemento móvil o durante la realización de movimientos. 2. Para el desarrollo de trabajos en las denominadas «Zona de peligro para los trabajos», «Zona de riesgo para los trabajos» y «Zona de seguridad para los trabajos», que sean compatibles con la circulación de trenes y no tengan afección a las instalaciones de seguridad, el AI establecerá en su SGS las reglas internas y los procedimientos que garanticen la protección de los mismos durante su ejecución y la circulación de trenes de forma segura. 3. En líneas de vía doble o múltiple, los trabajos que se realicen en una vía, serán compatibles con la circulación normal de los trenes por las vías contiguas, siempre que no afecten a su gálibo o electrificación. En la vía no afectada por los trabajos la velocidad máxima será de 160 km/h, reduciéndose a 120 km/h cuando los trabajos se realicen en túneles y viaductos. En caso necesario, se podrá establecer una velocidad inferior. Al Maquinista se le notificarán estas limitaciones y el motivo, como si se tratara de una limitación temporal de velocidad máxima no señalizada, salvo que en el sistema embarcado de protección del tren se haya recogido dicha limitación. Si en algún momento los trabajos pudieran afectar al gálibo de la vía contigua o a su electrificación, deberá tratarse análogamente a los casos contemplados en el punto 1. 4. Todos los trabajos regulados en este Capítulo necesitan la autorización previa del Responsable de Circulación de la estación o del CTC, a solicitud del Encargado de trabajos o, en los casos que proceda, del Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos. Para la correcta identificación de la vía o vías objeto de los trabajos, se estará a lo dispuesto en la Consigna del AI que describe las instalaciones de seguridad. Los trabajos autorizados por el Responsable de Circulación de la estación deberán haber sido autorizados previamente por el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM. 5. El movimiento de máquinas aptas para ser encarriladas en plena vía se iniciará, preferentemente, desde una de las estaciones colaterales del trayecto en el que han de operar, de acuerdo a las prescripciones establecidas por el AI. Cuando sea necesario su acceso o retirada en un punto kilométrico de plena vía, en la programación de los trabajos se recogerá esta circunstancia y será incluido en los telefonemas de establecimiento y restablecimiento. 6. En los trabajos programados deberá venir definido el sistema de realización de los mismos. En los trabajos no programados (por averías, accidentes, etc.), el Encargado de trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos, informará al Responsable de Circulación del sistema de trabajos a emplear, dentro de los previstos en este Capítulo, en función de su complejidad, importancia u otras circunstancias. 7. Si, por la importancia de los trabajos o por cualquier otra causa, no fuese posible aplicar las prescripciones de este Capítulo se regulará por Consigna del AI la forma de proceder. 8. Los telefonemas que se prescriben en este Capítulo, serán registrados por el Responsable de Circulación en el Libro de telefonemas correspondiente y por el Encargado de trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos, en su Libro general de telefonemas. Sección 2. Sistema de trabajos en intervalo de liberación por tiempo 3.3.2.1. Características. 1. Es el sistema utilizado para realizar trabajos en la «Zona de peligro para los trabajos» o en la «Zona de peligro eléctrico» con herramientas manuales que, por su naturaleza y facilidad de retirada, no obliguen a aplicar el sistema de interrupción de la circulación con Entrega de Vía Bloqueada (EVB). 2. Se considera herramienta manual todo utensilio que por su peso, manejo, ausencia de fijación mecánica al armamento de la vía o rodadura sobre los carriles, etc., pueda retirarse de la misma en tiempo oportuno por la persona que la maneja. 3. Los trabajos se realizan aprovechando los intervalos de tiempo libres de trenes entre dos circulaciones programadas sucesivas, por el trayecto y vía afectados, que garantizan los Responsables de Circulación de las estaciones colaterales abiertas o el del CTC. 3.3.2.2. Condiciones de aplicación. 1. Para la realización de estos trabajos es imprescindible que las estaciones que delimitan el trayecto afectado se encuentren abiertas. 2. El tiempo máximo a conceder para la realización de trabajos en intervalo de liberación por tiempo, será el disponible sin circulación de trenes entre dos circulaciones programadas sucesivas, por el trayecto y vía concedido. 3. El trayecto deberá estar libre de trenes. 4. El sistema es incompatible con una BTV. 5. Para la realización de estos trabajos es imprescindible la presencia permanente de un Encargado de trabajos o alternativamente de un Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos. Esta segunda opción solo es válida en el caso de que por su contenido tecnológico, los trabajos deban de ser realizados, controlados, dirigidos y supervisados por personal especializado que garantice la calidad y consistencia de los mismos y certifique su finalización y las condiciones en las que se deja la vía y las instalaciones antes de restablecer la circulación de trenes. El procedimiento operativo para que el Responsable técnico de los trabajos comunique al Piloto de seguridad la finalización de los trabajos y las condiciones en las que se deja la vía y las instalaciones antes de restablecer la circulación de trenes, debe estar contemplada en los SGS de los AI. 6. El Encargado de trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos deberá disponer, en el tajo, de un medio de comunicación con el Responsable de Circulación de una de las estaciones o del CTC. 7. El Encargado de trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos deberá disponer de autorización previa del Responsable de Circulación de una de las dos estaciones colaterales o del CTC, quien fijará el tiempo de ocupación de la vía. 8. No obstante, en líneas de débil tráfico con alta saturación operadas con sistemas de bloqueo de cantón único entre estaciones colaterales, podrá establecerse el intervalo de liberación por tiempo desde el momento del paso del tren por el punto de realización de los trabajos hasta la hora prevista de salida o paso de la siguiente circulación por una de las dos estaciones colaterales del trayecto afectado. 9. Salvo en casos estrictamente justificados, el Responsable de Circulación que autorice los trabajos no podrá alterar la hora efectiva de inicio de estos, ni el Encargado de trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos, la hora efectiva de terminación. 10. Cuando en un mismo trayecto se realicen trabajos de naturaleza diferente o situados en puntos alejados, todos ellos se considerarán independientes y dispondrán de un Encargado de Trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos en cada uno. 3.3.2.3. Establecimiento. 1. Solicitud de autorización. Antes de iniciar los trabajos, el Encargado o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos de los mismos cursará al Responsable de Circulación de una de los estaciones colaterales o al del CTC el telefonema siguiente: En vía doble no banalizada, dicho telefonema se enviará al Responsable de Circulación de la estación que expide los trenes en sentido normal de la marcha por la vía afectada o al del CTC. En los casos del escenario definido en el punto 7 del art. 3.3.2.2, dicho telefonema se enviará al Responsable de Circulación de la estación que expide el tren o al del CTC. 2. Autorización de los trabajos cuando las estaciones colaterales del trayecto estén a cargo de Responsables de Circulación diferentes. El Responsable de Circulación que reciba el telefonema L3.2: a) Dispondrá las señales de salida hacia el trayecto solicitado ordenando parada. b) Impedirá, en su caso, el establecimiento del bloqueo entre ambas estaciones para el trayecto y vía afectados, o el establecimiento de itinerarios hacia la vía donde se realicen los trabajos. Los Responsables de Circulación de las estaciones que limitan los trabajos se asegurarán de que el último tren que circuló por el trayecto y vía afectada lo ha liberado, para lo cual se cruzarán el telefonema siguiente: Comprobada la coincidencia entre el expedido y el recibido, y por tanto la liberación de la vía correspondiente, el Responsable de Circulación que recibió el telefonema L3.2 fijará el plazo límite para la ocupación de la vía, que será como máximo la hora prevista de salida o paso de la siguiente circulación por una de las dos estaciones colaterales del trayecto afectado. A continuación, cursará al Encargado de trabajos el telefonema siguiente: 3. Autorización de los trabajos cuando las estaciones colaterales del trayecto estén a cargo del mismo Responsable de Circulación. El Responsable de Circulación que reciba el telefonema L3.2, verificará que el último tren que circuló por el trayecto y vía afectada lo ha liberado. Actuará como se especifica en el punto anterior, pero sólo cursará el telefonema L3.4. 4. En el escenario definido en el punto 7 del art. 3.3.2.2, el Encargado de trabajos se informará del tren en marcha y comprobará el paso de este por el punto kilométrico de realización de los trabajos. A continuación solicitará autorización al Responsable de Circulación que expidió el tren mediante el telefonema L3.2 incluyendo el texto El Responsable de Circulación que lo reciba, cursará a su colateral el telefonema L3.3 incluyendo el texto A continuación cursará al Encargado de Trabajos el telefonema L3.4. 3.3.2.4. Protección de los trabajos. 1. Los Responsables de Circulación de las estaciones afectadas: a) Cerrarán las señales de salida. b) Desactivarán, en su caso, los sistemas de: bloqueo, formación automática de itinerarios, y los de apertura automática de señales, si existen. c) Activarán, en su caso, los sistemas que impidan el establecimiento del bloqueo a su colateral. Deberán aprovechar al máximo las instalaciones y, si lo permiten, podrán establecer ML o maniobra centralizada por la banda de la estación que da acceso al trayecto donde estén concedidos los trabajos. En las estaciones carentes de señal de salida, asegurarán la parada de los trenes en la señal de entrada antes de autorizar su acceso a la estación 2. En trayectos dotados de circuitos de vía y siempre que los trabajos sean compatibles con el uso de útiles de cortocircuito, el Encargado de trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos, una vez autorizado para realizarlos, y antes de su inicio, colocará la barra o útil de cortocircuito. A continuación deberá verificar la ocupación artificial efectiva del circuito de vía mediante la confirmación del Responsable de Circulación o, cuando no sea posible, por observación directa de que la señal que protege el cantón ocupado está en indicación de parada. 3. En trayectos carentes de circuitos de vía o cuando los trabajos no resulten compatibles con el uso de útiles de cortocircuito, el Encargado de trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos, una vez autorizado para realizarlos, y antes de su inicio, instalará señales portátiles de parada (art. 2.1.6.1.) a una distancia mínima de 500 metros del tajo, por la cabecera desde donde se reciban los trenes en sentido normal, o por ambas cabeceras del tajo en caso de vías banalizadas. 4. Asimismo, previamente al inicio de los trabajos se instalarán cartelones de «Silbar Obreros» (art. 2.1.3.13 A), en la vía o vías contiguas que pudieran resultar afectadas por aquellos, y en ambos sentidos de circulación. 5. Además, para la protección y vigilancia de los trabajos, se seguirán los procedimientos específicos recogidos en el SGS del AI. 3.3.2.5. Restablecimiento. 1. Finalizado el plazo de ocupación autorizado, y una vez retirado el personal y herramientas de la vía, sin interceptar el gálibo de la vía contigua, el Encargado de trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos retirará, en su caso, la barra o útil de cortocircuito, los cartelones de Silbar y las señales portátiles de parada. A continuación, cursará al Responsable de Circulación el telefonema siguiente: 2. Si por causas excepcionales fuera necesario restablecer la circulación antes de vencer el plazo de ocupación previsto, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM podrá impartir las instrucciones oportunas al Responsable de Circulación que concedió los trabajos, quien las transmitirá al Encargado de trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos. Este procederá como se indica en el punto 1 y comunicará al Responsable de Circulación la finalización del intervalo de liberación por tiempo cursando el telefonema L3.5. 3. Si finalizado el plazo de ocupación autorizado, el Encargado de trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos no pudiera asegurar la retirada efectiva del personal y de los elementos indicados en el punto 1, mantendrá la protección normal del tajo e informará al Responsable de Circulación, que considerará la vía interceptada. 4. En caso de fallo de la comunicación entre ambos, una vez finalizado el plazo de ocupación, el Encargado de Trabajos o Piloto de seguridad habilitado para concertar trabajos ordenará la retirada del personal y las herramientas. El Responsable de Circulación de la estación que deba expedir un tren, lo hará cursando al Maquinista el telefonema siguiente: 5. El Responsable de Circulación que reciba el telefonema de finalización, informará de ello al Responsable de Circulación de la estación colateral y al de la Banda de Regulación del PM. Sección 3. Sistema de interrupción de la circulación con Entrega de Vía Bloqueada 3.3.3.1. Características. 1. Es el sistema utilizado para realizar trabajos en la «Zona de peligro para los trabajos» o en la «Zona de peligro eléctrico» con herramientas, maquinaria o trenes de trabajos que por su naturaleza no pueden retirarse de la misma en tiempo oportuno por la persona que las maneja, lo que obliga a interrumpir la circulación de trenes por la vía afectada. También es usado para la circulación de trenes de pruebas. 2. Los trabajos se realizan sobre una vía libre de circulaciones, que su Responsable de Circulación pone temporalmente a cargo del Encargado de trabajos o de pruebas hasta su devolución. 3.3.3.2. Condiciones de aplicación. 1. La EVB se aplica a los trabajos que se realicen en el trayecto comprendido entre dos estaciones abiertas. En líneas sin CTC las posibles estaciones intermedias deberán permanecer cerradas, y las extremas abiertas durante toda la aplicación de la EVB. 2. En líneas con CTC, su Responsable de Circulación no podrá modificar itinerarios en las estaciones intermedias afectadas por la EVB tras la entrega de la vía al Encargado de trabajos o pruebas. 3. El trayecto deberá estar libre de trenes. 4. El Encargado de trabajos o de pruebas deberá disponer en el tajo o zona de pruebas, de comunicación telefónica con el Responsable de Circulación de una de las estaciones colaterales o del CTC. 5. En líneas sin CTC, el Responsable de Circulación de la estación que conceda la EVB deberá disponer de autorización previa del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, quien fijará el tiempo de ocupación de la vía. 6. Para cada trayecto y vía entre dos estaciones abiertas afectada por una EVB, habrá un Encargado de trabajos o pruebas. En vía doble o múltiple se podrá tener un solo Encargado de trabajos, cuando sean coincidentes los puntos de inicio y finalización de la EVB en ambas vías. 7. En una misma vía se podrán realizar diferentes trabajos, estando la concertación y coordinación a cargo de un mismo Encargado de trabajos al que se le concedió la EVB, respetando la hora de comienzo y finalización concedidos. 8. En EVB en las que se realicen trabajos sin trenes de trabajos, tanto los Responsables de Circulación como los Encargados de Trabajos realizarán la protección de los mismos conforme a lo dispuesto en el art. 3.3.2.4 de este Reglamento. 3.3.3.3. Establecimiento. 1. Solicitud de EVB. El Encargado de trabajos o pruebas cursará al Responsable de Circulación de una de las dos estaciones colaterales o al del CTC el telefonema siguiente: En vía doble o múltiple se cursará un telefonema para cada una de las vías, aunque los trabajos estén a cargo de un solo Encargado de trabajos o pruebas y sean coincidentes los puntos de inicio y finalización de la EVB. 2. Concesión de EVB cuando las estaciones colaterales del trayecto estén a cargo del mismo Responsable de Circulación. El Responsable de Circulación que reciba el telefonema L3.7, verificará que el último tren que circuló por el trayecto y vía afectada lo ha liberado. A continuación cursará al Encargado de trabajos o pruebas con el telefonema siguiente: 3. Concesión de EVB cuando las estaciones colaterales del trayecto estén a cargo de Responsables de Circulación diferentes. El Responsable de Circulación que reciba el telefonema L3.7, cursará a su colateral el siguiente: El Responsable de Circulación que reciba el telefonema anterior contestará con el siguiente: Una vez recibido este telefonema, comprobará la coincidencia con el expedido y por tanto la liberación de la vía correspondiente. El Responsable de Circulación que recibió el telefonema L3.7 contestará al Encargado de trabajos o pruebas con el telefonema L3.8. 4. Gestión de la EVB A partir de la concesión de la EVB, el Encargado de trabajos o pruebas tendrá el trayecto o trayectos a su cargo. 3.3.3.4. Prescripciones de circulación. 1. Los trenes de trabajos o pruebas que circulen al amparo de la EVB podrán ser expedidos desde cualquiera de las dos estaciones que limitan el trayecto, en sentido normal o a contravía. Podrán efectuar paradas, y retroceder en plena vía. 2. En líneas con CTC, los trenes de trabajos o pruebas podrán apartarse en cualquiera de las estaciones del trayecto. En líneas sin CTC solo podrán hacerlo en las estaciones que lo limitan. 3. Para proceder a la expedición o apartado de un tren de trabajos o pruebas en una estación: – El Encargado de los mismos solicitará autorización verbal al Responsable de Circulación de la estación para realizar los movimientos de entrada o salida de material. Deberá indicar claramente las vías de origen y destino del tren de trabajos. En las líneas de ancho mixto deberá especificar además el ancho en el que circula. – El Responsable de Circulación del CTC o de la estación, establecerá el itinerario solicitado y si fuese posible hará uso de la apertura de la señal con la indicación de rebase autorizado. En caso contrario autorizará el rebase de la misma al Maquinista. 4. Para la salida y entrada de los trenes de trabajo hacia/desde el trayecto afectado, bastará con la orden de la señal de salida/entrada o la autorización de rebase del Responsable de Circulación al Maquinista en los casos en los que no sea posible su apertura. 5. El Responsable de Circulación, durante la aplicación de la EVB deberán cumplir las siguientes prescripciones: a) En las estaciones, mantendrá cerradas las señales de entrada y salida hacia y desde las vías afectadas. b) Cuando sea necesario establecer un itinerario en el tramo de vía concedido para los trabajos, la apertura de las señales de entrada o salida de las estaciones, se realizará exclusivamente con la indicación de Rebase Autorizado y, si ello no es posible, se autorizará su rebase. c) Cuando las necesidades de los trabajos obliguen a rebasar reiteradamente una señal preavanzada o avanzada no dotada de letra «P», el Responsable de Circulación podrá autorizar al Maquinista su rebase tantas veces como lo considere necesario durante la EVB. d) En el caso de pruebas, las Consignas editadas por el AI podrán determinar las indicaciones de las señales fijas en cada caso para la necesaria realización de las mismas. 6. El Encargado de trabajos o de pruebas, durante la aplicación de la EVB: a) Coordinará con el Responsable de Circulación la expedición de los trenes hacia o desde el trayecto afectado y su eventual apartado. b) Será el responsable de dar instrucciones al Maquinista en cuanto a las operaciones a realizar, paradas, movimientos de avance o retroceso y condiciones de circulación en la EVB. c) Coordinará las operaciones de cierre de los PN servidos, a pie de paso. 7. El Maquinista, durante la aplicación de la EVB: a) Se atendrá a las instrucciones del Responsable de Circulación sobre los rebases de las señales diferentes de las intermedias. b) Se atendrá a las instrucciones del Encargado de trabajos o de pruebas sobre las operaciones a realizar, paradas, movimientos de avance o retroceso y condiciones de circulación en la EVB. c) Respetará la orden de todas las señales, excepto las señales intermedias en líneas de BA y las de los PCA en líneas de BSL y BCA que las considerará inexistentes. Para las pruebas atenderá a lo dispuesto en la correspondiente Consigna y a las instrucciones del Encargado de pruebas. d) Para realizar pruebas con vehículos dotados de equipo de señalización en cabina, se desconectará el mismo, salvo indicación en contra en la correspondiente Consigna de pruebas. 3.3.3.5. Restablecimiento. 1. Finalizado el plazo de ocupación autorizado, retirado el personal, equipos y herramientas de la vía y garantizado el apartado de los trenes intervinientes, el Encargado de trabajos o pruebas retirará, en su caso, los elementos de protección de los trabajos. A Continuación, cursará al Responsable de Circulación de la estación o del CTC que concedió la EVB, el telefonema siguiente: 2. Cuando las estaciones colaterales del trayecto estén a cargo del mismo Responsable de Circulación, este considerará suprimida la EVB una vez recibido el telefonema L3.11. 3. Cuando las estaciones colaterales del trayecto estén a cargo de Responsables de Circulación diferentes, el Responsable de Circulación que reciba el telefonema L3.11 cursará a su colateral el siguiente: El Responsable de Circulación de la estación colateral que reciba el telefonema anterior contestará con el siguiente: 3.3.3.6. Anulación de una solicitud de EVB. 1. Una vez concedida la EVB, podrá ser anulada por el Encargado de trabajos, después de comprobar que ninguno de los trenes ha accedido a la vía y que no se han comenzado los trabajos. Para ello cursará al Responsable de Circulación el telefonema siguiente: 2. Cuando las estaciones colaterales del trayecto estén a cargo del mismo Responsable de Circulación, este considerará suprimida la EVB una vez recibido el telefonema L3.14. 3. Cuando las estaciones colaterales estén a cargo de Responsables de Circulación diferentes se estará a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior, sustituyendo la palabra «finalización» por «anulación» en los telefonemas L3.12 y L3.13. Sección 4. Trabajos en estación 3.3.4.1. Definición. Se consideran trabajos en estación los que se realizan entre las señales de entrada de la misma y por tanto pueden ser protegidos por los dispositivos locales. 3.3.4.2. Condiciones de aplicación. El Encargado de trabajos deberá disponer de autorización previa de su Responsable de Circulación. Adicionalmente, cuando los trabajos afecten a las vías de circulación, requerirán la conformidad del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM. 3.3.4.3. Establecimiento. 1. Solicitud de autorización. Antes de iniciar los trabajos, el Encargado de los mismos cursará al Responsable de Circulación de la estación el siguiente telefonema: 2. Autorización de los trabajos. El Responsable de Circulación que reciba el telefonema L3.15 fijará el plazo límite para la ocupación de la vía, y si nada se opone, cursará al Encargado de trabajos el telefonema siguiente: 1 Especificar en los casos en los que proceda, aparatos o instalaciones objeto de los trabajos. 3.3.4.4. Protección de los trabajos. 1. El Responsable de Circulación. a) Utilizará el mando del enclavamiento para proteger la vía objeto de los trabajos de la invasión intempestiva de cualquier circulación aplicando medidas tales como cierre de señales, inmovilización de las agujas en la posición que impida el acceso a la vía afectada, bloqueo de señales, bloqueo de destino, etc. b) Cuando lo anterior no sea posible, se colocarán carteles de aviso en los dispositivos de mando y maniobra. 2. El Encargado de trabajos: a) En vías dotadas de circuitos de vía y siempre que los trabajos sean compatibles con el uso de útiles de cortocircuito, el Encargado de trabajos, una vez autorizado para realizarlos, y antes de su inicio, colocará la barra o útil de cortocircuito. A continuación deberá verificar la ocupación artificial efectiva del circuito de vía mediante la confirmación del Responsable de Circulación o, cuando no sea posible, por observación directa de que la señal que protege la vía ocupada está en indicación de parada. b) En vías carentes de circuitos de vía o cuando los trabajos no resulten compatibles con el uso de útiles de cortocircuito, el Encargado de trabajos, una vez autorizado para realizarlos, y antes de su inicio, instalará señales portátiles de parada (art. 2.1.6.1) en el eje de la vía y por ambos lados, incluso cuando sea posible orientar las agujas en la posición adecuada. 3.3.4.5. Restablecimiento. 1. Finalizado el plazo de ocupación autorizado y retirado el personal, equipos y herramientas de la vía, el Encargado de los trabajos retirará los elementos de protección de los trabajos. A continuación, cursará al Responsable de Circulación el telefonema siguiente: 2. Cuando se haya establecido, conforme al artículo 3.3.3.3, una EVB en un trayecto que incluya una vía de la estación, el restablecimiento se realizará según lo indicado en el artículo 3.3.3.5, es decir, no será de aplicación el presente artículo para dicha vía. Sección 5. Trabajos en las instalaciones de seguridad 3.3.5.1. Clasificación y regulación. De acuerdo con su mayor o menor repercusión en la circulación, se clasifican en: – 1.ª Categoría: Agrupa los trabajos de establecimiento, modificación o supresión de instalaciones de seguridad y los grandes trabajos de conservación. Estarán siempre regulados por Consigna del AI. – 2.ª Categoría: Agrupa los trabajos de mantenimiento programado o reparación de averías. Su regulación se define en los artículos siguientes. En ambas categorías, los trabajos deberán estar siempre autorizados previamente por el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM. 3.3.5.2. Establecimiento. 1. Antes de iniciar los trabajos de 2.ª Categoría, el Encargado de los mismos solicitará autorización al Responsable de Circulación que tenga a su cargo la instalación, cursando el telefonema L3.15. 2. El Responsable de Circulación que reciba el telefonema L3.15 fijará el plazo límite para la realización de los trabajos, y si nada se opone, cursará al Encargado de los mismos el telefonema L3.16. 3. Una vez autorizado el trabajo, el Responsable de Circulación que tenga a su cargo la instalación y el de la Banda de Regulación del PM, deberán considerar fuera de servicio las señales, agujas y demás dispositivos afectados. 3.3.5.3. Utilización de instalaciones afectadas por trabajos. Cuando por necesidades del servicio, para la circulación de un tren o maniobra, sea preciso utilizar alguna de las instalaciones o dispositivos temporalmente fuera de servicio, se procederá de la siguiente forma: 1. El Responsable de Circulación que tenga a su cargo la instalación cursará al Encargado de trabajos el siguiente telefonema: Para el establecimiento de itinerarios en vías de ancho mixto, el Responsable de Circulación especificará en la solicitud el ancho en el que el tren circula. 2. El Encargado de trabajos, una vez recibido el telefonema anterior, adoptará las medidas necesarias para garantizar el itinerario solicitado, prescribiendo al Responsable de Circulación que tenga a su cargo la instalación, las medidas que considere necesario imponer a la circulación (reducción de velocidad, autorización de rebase de la señal, detención ante la aguja, etc.). En cualquier caso, el Encargado de trabajos se responsabilizará de la posición adecuada de las instalaciones o dispositivos, con el siguiente telefonema: En líneas de ancho mixto, el Encargado de Trabajos indicará además el ancho para el que se ha establecido el itinerario. 3.3.5.4. Restablecimiento. Finalizados los trabajos, el Encargado de los mismos lo comunicará al Responsable de Circulación que tenga a su cargo la instalación, cursando el telefonema siguiente: Sección 6. Trenes de trabajos 3.3.6.1. Composición. 1. Los trenes de trabajos cumplirán las prescripciones de este Reglamento en cuanto a su composición, frenado, señales y cargamentos. 2. Cuando circulen al amparo de una EVB, podrán ser fraccionados a criterio del Encargado de trabajos, siempre que se asegure la inmovilidad de los cortes separados del vehículo motor. 3. En los trayectos con declividad superior a 10 mm/m se deberá situar siempre que sea posible el vehículo motor en el lado de posible deriva. Se exceptúa el caso de que el tren lleve freno automático en toda la composición. Esta precaución se adoptará también en caso de fraccionamiento, con el corte enganchado al vehículo motor. Sección 7. Pruebas 3.3.7.1. Trenes de pruebas. 1. Los trenes de pruebas operarán al amparo de una EVB siempre que su circulación requiera prescripciones especiales con respecto a las condiciones normales de operación de trenes en el tramo afectado. 2. Su circulación se regulará mediante Consigna del AI, en la que se indicarán las prescripciones especiales que deben cumplirse, en su caso, y se designará el Encargado de las pruebas. 3. Además, las prescripciones especiales de circulación deberán estar contenidas en su «Autorización provisional de circulación». Su circulación por línea o trayecto distinto al regulado en la Consigna de pruebas, se hará de acuerdo con la marcha creada al efecto. CAPÍTULO 4 Tracción de los trenes Sección 1. Tracción 3.4.1.1. Vehículos motores. 1. Las Autorizaciones de circulación de los vehículos motores especificarán las categorías de líneas por las que pueden circular, que será función de la de la masa por eje y metro lineal que permita la infraestructura y de las características técnicas del vehículo. 2. El número de locomotoras en la composición dependerá de sus características técnicas, y de las condiciones de explotación establecidas por la EF, de acuerdo con lo especificado en sus Autorizaciones de circulación. 3. El AI dará a conocer a las EF y estas a sus Maquinistas, a través del Libro de Itinerarios, las restricciones impuestas a la circulación en determinadas líneas y tramos. Cuando se impongan restricciones de velocidad para determinados tipos de locomotoras al paso por vanos metálicos, se entiende que afectan a todos ellos, cualquiera que sea su luz, tanto si estas circulan en cabeza como en otro lugar de la composición. La restricción de circular con tracción simple implica la prohibición de circular dos locomotoras juntas, pero no la de circular una en cabeza y otra en otro lugar de la composición. 3.4.1.2. Mando múltiple y trenes reversibles. La circulación con mando múltiple, en caso de automotores, no conlleva ninguna limitación de velocidad, salvo las que se establezcan en sus Autorizaciones de circulación. En el caso de locomotoras, la velocidad está limitada a 200 km/h. La circulación con trenes reversibles no conlleva ninguna limitación de velocidad, salvo las que se establezcan en sus Autorizaciones de circulación. 3.4.1.3. Tracción múltiple. 1. Los trenes con tracción múltiple no excederán la velocidad de 140 km/h siempre que: a) El Maquinista que ocupe la cabina de cabeza disponga de freno automático sobre toda la composición. b) El vehículo motor (locomotora o automotor) gobernado por el segundo Maquinista, disponga de dispositivo de corte de tracción accionable cuando el de cabeza realice un frenado de servicio. c) Exista comunicación directa entre el Maquinista de cabeza y el de cola. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones anteriores, la velocidad no excederá de 80 km/h. 2. Los trenes con doble tracción por cola no excederán la velocidad de 80 km/h siempre que: a) El Maquinista que ocupe la cabina de cabeza disponga de freno automático sobre toda la composición. b) El vehículo motor (locomotora o automotor) gobernado por el segundo Maquinista disponga de dispositivo de corte de tracción accionable cuando el de cabeza realice un frenado de servicio. c) Exista comunicación directa entre el Maquinista de cabeza y el de cola. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones anteriores, la velocidad no excederá de 60 km/h. 3.4.1.4. Trenes empujados. 1. No excederán la velocidad de 100 km/h, siempre que: a) El Maquinista que dirija la marcha ocupe la cabina de cabeza en el sentido del movimiento y disponga de silbato y alumbrado de gran intensidad luminosa. b) El Maquinista que dirija la marcha disponga de mando regulable de freno automático sobre toda la composición. c) El vehículo motor disponga de dispositivo de corte de tracción al efectuar el Maquinista que dirija la marcha un frenado de servicio. d) Exista comunicación directa entre el Maquinista que dirija la marcha y el de la locomotora que empuja. 2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones anteriores, la velocidad no excederá de 20 km/h. 3. En trayectos con PN, los trenes solo podrán circular empujados si se cumplen las condiciones recogidas en el punto 1. 3.4.1.5. Vehículos motores de tracción dual. 1. Condiciones de circulación. En general, los vehículos de tracción dual circularán en modo eléctrico siempre que sea posible. El modo de tracción a utilizar en cada tramo y los puntos previstos para el cambio planificado de modo estarán definidos en el «Libro de Itinerarios del Maquinista». El cambio de modo se realizará conforme a lo indicado en su Manual de conducción. El cambio de tracción diésel a eléctrica no podrá realizarse en: zonas neutras, agujas aéreas, seccionadores y aisladores de sección. 2. Cambio no planificado del modo de tracción previsto en líneas electrificadas. El Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, ponderando las circunstancias (trabajos concedidos, corte de tensión, vía de estacionamiento, incidencias o tramos en situación degradada de circulación, etc.), e informando de ello a la EF, podrá ordenar mediante notificación, un cambio del modo de tracción no planificado de un vehículo dual. Asimismo, cuando la EF requiera el cambio del modo de tracción previsto en un tramo, informará de ello al AI y solicitará autorización al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, quien ponderando las circunstancias, autorizará o denegará el cambio. Cuando por avería en el vehículo motor, no sea posible circular en el modo de tracción previsto, el Maquinista informará al Responsable de Circulación y solicitará el cambio del modo de tracción. El Responsable de Circulación, ponderando las circunstancias, notificará al Maquinista autorizando o denegando el cambio. El Maquinista por iniciativa propia, no iniciará el servicio con un modo distinto del programado hasta haber obtenido la oportuna autorización. Sección 2. Remolque de vehículos motores 3.4.2.1. Remolque de locomotoras. 1. El remolque de una locomotora se realizará conforme a lo indicado en su Manual de conducción. 2. Los trenes de mercancías podrán remolcar una o varias locomotoras. Su lugar en la composición será conforme a lo indicado en sus Manuales de conducción y a las características de la infraestructura. 3. Los trenes de viajeros podrán remolcar únicamente una locomotora, en cabeza o en cola de la composición, a una velocidad máxima de 160 km/h. 4. En las composiciones formadas exclusivamente por locomotoras, la longitud máxima será de 200 m y la velocidad máxima 120 km/h. 5. Realizado el acoplamiento y con los vehículos en condiciones de circular, el Maquinista comunicará al Responsable de Circulación la velocidad máxima de circulación o cualquier otra circunstancia significativa que pudiera afectar a la regulación del tráfico y no estuviera contemplada en el «Libro de Itinerarios del Maquinista». 3.4.2.2. Remolque de automotores. 1. El remolque de un automotor por otro de la misma serie, o de una serie compatible, únicamente está sujeto a las limitaciones contempladas en sus Manuales de conducción. 2. El remolque de un automotor realizado por otro de distinta serie no compatible, o por una locomotora, solo será posible cuando ambos dispongan de acoplamientos mecánicos y neumáticos compatibles. Esto supone que es posible accionar el freno de toda la composición desde el vehículo de socorro. Cuando el automotor disponga de freno neumático útil y de un enganche de socorro que permita unirlo al semiacoplamiento de freno de la locomotora, su circulación será normal sin exceder las velocidades máximas para las que disponga de porcentaje de frenado suficiente, de acuerdo a las limitaciones contempladas en los Manuales de conducción. 3. Las EF, a través del Libro de Itinerarios del Maquinista y de los Manuales de conducción, darán a conocer los requisitos que deben cumplirse para efectuar el remolque:, limitaciones para cada serie de locomotoras, velocidades máximas, etc. 4. Excepcionalmente, si la totalidad del freno neumático del automotor estuviera fuera de servicio, este se podrá remolcar con dos vehículos motores, uno en cabeza y otro en cola, respetando la velocidad máxima de 50 km/h. 5. Realizado el acoplamiento y con los vehículos en condiciones de circular, el Maquinista comunicará al Responsable de Circulación la velocidad máxima de circulación o cualquier otra circunstancia significativa que pudiera afectar a la regulación del tráfico y no estuviera contemplada en el «Libro de Itinerarios del Maquinista». CAPÍTULO 5 Maniobras Sección 1. Alcance 3.5.1.1 Ámbito de aplicación. Este capítulo es de aplicación exclusiva a las maniobras que se realicen en: a) vías de circulación de trenes, o b) en itinerarios establecidos sobre estas. Quedan excluidas las maniobras que se realicen en: a) zonas aisladas de estaciones, b) terminales o derivaciones particulares, sin acceso directo a las vías de circulación, o c) en itinerarios no establecidos sobre estas. Las EF y en su caso los AI, deberán desarrollar en sus respectivos SGS las reglas de carácter interno y los procedimientos que regulen la ejecución de maniobras en las zonas a las que hace referencia el párrafo anterior. Sección 2. Dirección y realización 3.5.2.1. Dirección de las maniobras. La dirección de las maniobras le corresponde al Responsable de Circulación a cargo de la estación. Para ello deberá: 1. Autorizar el inicio y la suspensión de las mismas. 2. Dar instrucciones al personal que deba realizarlas sobre su finalidad, y el momento y lugar en que deben realizarse, así como asegurarse de su cumplimiento. 3. Si les afectase, comunicar al personal que deba realizarlas: a) los movimientos de trenes y de otras maniobras autorizadas, especialmente si se trata de maniobras singulares, y b) la realización de trabajos en la vía o en sus proximidades. 4. Coordinar los movimientos de las maniobras que tengan lugar simultáneamente en más de una zona de la estación. 5. Presenciar, siempre que sea posible, las maniobras con vehículos ocupados por viajeros. 6. Comprobar que las señales garantizan la compatibilidad de la maniobra con cualquier otro movimiento de trenes existente. 7. Autorizar, si fuera necesario, el rebase de la Zona protegida de maniobras. 8. Autorizar el estacionamiento de material en vías de circulación, solicitando la conformidad al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM y adoptando las medidas necesarias para asegurar su inmovilización. 3.5.2.2. Realización de las maniobras. Realizar maniobras consiste en aplicar las instrucciones dadas por el responsable de dirigirlas, con las garantías suficientes para su ejecución con seguridad. Con carácter general, las maniobras se realizarán con el freno automático conectado y en servicio. 1. El personal que realice las maniobras deberá cumplir las siguientes prescripciones: a) Antes de iniciar el movimiento, informará al Maquinista de las operaciones a realizar, advirtiéndole, cuando sea necesario, de las particularidades de los aparatos de vía y de las instalaciones. b) Comprobar que los aparatos de vía y señales garantizan que otros trenes o maniobras no puedan interceptar la ruta prevista, vigilando el itinerario a recorrer y trasmitiendo al Maquinista las señales necesarias. c) Asegurarse de que los piquetes de entrevías están libres y que las agujas, dispositivos de protección de los PN, calces fijos, placas, y demás aparatos afectados por el itinerario, están dispuestos en la posición adecuada. d) Retirar los calces que pudieran impedir el movimiento. e) Colocar los semiacoplamientos sin servicio en sus soportes. f) Durante las maniobras, el personal que las realice se situará en la posición más adecuada para vigilar el itinerario a recorrer y transmitir al Maquinista las señales u órdenes necesarias. Cuando las maniobras se realicen empujando, deberá transmitir las señales de manera repetitiva, incluso si se trata de maniobras centralizadas. g) En las maniobras que se realicen empujando sobre toperas o vía ocupada, especialmente si se trata de vehículos ocupados por personas, el personal que las realice dará las órdenes para asegurar la detención 15 m antes del final. Una vez efectuada la detención, para recorrer esta distancia, dará al Maquinista la orden de «empujar despacio», informando de los metros aproximados que falten hasta el punto final. 2. Corresponde al Maquinista cumplir las siguientes prescripciones: a) Realizar los movimientos con marcha de maniobras. b) Permanecer continuamente atento a las señales que le presenten durante las maniobras. Para ello deberá ocupar la primera cabina en el sentido del movimiento, o aquella, que por las características de la maniobra, le ofrezca mayor visibilidad. c) Efectuar con suavidad los movimientos de juntar vehículos, de aproximación a toperas y de realizar cortes de material estacionado, especialmente cuando se maniobre con vehículos ocupados por personas, efectuando parada 15 m antes como mínimo. d) En las maniobras, efectuará detención inmediata en cuanto deje de percibir la comunicación por radio o las señales presentadas por el personal que las realiza. e) Aunque lo permitan las señales fijas, no iniciará movimiento alguno sin que se lo ordene el personal que realiza la maniobra, salvo en los casos previstos para las maniobras centralizadas. 3.5.2.3. Comunicaciones en las maniobras. 1. Solo el personal que realiza la maniobra está autorizado para dar órdenes o aclaraciones al Maquinista. Se exceptúa la orden de parada que todo personal puede presentar. 2. Para la comunicación entre el personal de maniobras, se utilizarán preferentemente comunicaciones inalámbricas. 3. El Maquinista no precisa la autorización del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM para cambiar de modalidad de radiotelefonía, cuando se utilice la del vehículo motor en la realización de las maniobras. 4. Antes de iniciar los movimientos, el personal que realiza la maniobra indicará al Maquinista los términos utilizados para identificarse mutuamente, como: «Maniobras puesto _____», «Locomotora núm. _____», «Locomotora tren _____», así como la identificación del destinatario. 5. Durante la maniobra, cuando sea preciso, se indicará la continuación del movimiento o su amplitud. En los movimientos que se realicen empujando, el personal que realiza la maniobra mantendrá una comunicación lo más continua posible, evitando periodos largos sin transmitir. En los movimientos de juntar, la orden de «empujar despacio» será complementada con la indicación de la distancia existente entre los cortes. 6. Cuando el personal que realiza la maniobra deje de transmitir de forma continuada, el Maquinista deberá detenerse y solicitar instrucciones, haciendo con el silbato la señal de atención especial, si no fuese posible comunicarse por otro medio. 7. Los aparatos de radio estarán siempre en la posición «recepción», salvo el tiempo estrictamente necesario para transmitir. 8. En los momentos críticos en los que haya que garantizar una comunicación permanente, se repetirá continuamente el mensaje para detectar una posible interrupción de la transmisión. 9. En los casos en los que la complejidad o dimensión de una estación lo requieran, las normas de este artículo podrán ser complementadas por Consignas específicas del AI en las que se regule la asignación de canales de radiotelefonía en modalidad C para no interferir conversaciones que se realicen de forma simultánea. 3.5.2.4. Maniobras centralizadas. Maniobras centralizadas son aquellas en las que los itinerarios correspondientes a los movimientos a realizar se establecen desde un puesto central (estación o CTC) gobernado por el Responsable de Circulación, y son autorizados por señales fijas. 1. En las estaciones provistas de maniobras centralizadas, podrán realizarse movimientos sin necesidad de orden, ni de acompañamiento del personal que realiza la maniobra, cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) Se informe al Maquinista de que se trata de una maniobra centralizada, así como de las operaciones y movimientos a realizar. b) Se trate de movimientos de maniobras con itinerario enclavado y autorizado por una señal fija. No se adelantará información sobre los itinerarios, ni las ordenes de las señales, para evitar movimientos no autorizados. c) El Maquinista pueda percibir la indicación de las señales y la parte de vía a recorrer, especialmente si el movimiento es empujando o, en caso contrario, se le indique expresamente la forma de proceder. 2. En estaciones con CTC, solo se realizarán maniobras cuando lo autorice el Responsable de Circulación del CTC mediante los dispositivos al efecto. Antes de su inicio, indicará al personal que las tenga a su cargo las operaciones a efectuar. 3. Una vez finalizadas las maniobras, el personal que las haya realizado normalizará los aparatos de vía afectados, comunicándolo al Responsable de Circulación del CTC para que retire la autorización. 4. Los Responsables de Circulación de las estaciones que hayan tomado el ML precisarán la autorización del Responsable de Circulación del CTC para realizar maniobras que afecten al trayecto en MC. 3.5.2.5. Inmovilización del material. 1. Los cortes de material separados de la locomotora se inmovilizarán siempre mediante el freno automático. Además, deberá asegurarse la inmovilidad apretando los frenos de estacionamiento o mediante calces, en los siguientes casos: a) Si el tiempo de estacionamiento excede de 120 minutos. b) Si el corte de material no dispone de frenos automáticos en servicio en proporción suficiente para asegurarla. 2. El material depositado en vías de estaciones estará enganchado formando cortes. Además, se tendrá en cuenta que: a) En todas las estaciones la EF asegurará que los trenes o cortes de material quedan inmovilizados con calces antideriva en las ruedas extremas, cualquiera que sea la declividad de las vías, siempre que el tren o los cortes de material vayan a permanecer apartados por tiempo superior a 120 minutos. b) Las locomotoras, automotores, máquinas de vía, y vehículos similares, tendrán asegurada su inmovilidad con los frenos de servicio y de estacionamiento apretados, los mandos de control enclavados y las puertas de las cabinas cerradas con llave. La colocación de calces en vehículos motores o de características singulares, se realizará en las ruedas en las que resulte más eficaz. 3.5.2.6. Información sobre la inmovilización. En los SGS de las EF y de los AI para sus trenes de servicio interno, se establecerán los procedimientos para garantizar el traspaso de información sobre los frenos de estacionamiento apretados, los calces utilizados y su ubicación, entre el personal que asegura la inmovilidad del material y el que lo opera posteriormente. Sección 3. Maniobras en vías de circulación 3.5.3.1. Prescripciones para las maniobras. 1. La zona protegida para la realización de maniobras en las estaciones está limitada, según los casos, por: a) La señal de entrada o cartelón de límite de maniobras b) La primera aguja, en las estaciones sin señal de entrada. 2. En estaciones de vía doble no banalizada, las maniobras se realizarán por la vía de salida y podrán llegar hasta un punto situado aproximadamente 200 m antes de la señal avanzada de la otra vía. Si excepcionalmente se realizan por la vía de entrada, la zona protegida de maniobras está limitada por la señal de entrada de dicha vía o cartelón de límite. 3. Cuando excepcionalmente sea necesario maniobrar fuera de la zona protegida de maniobras, el Responsable de Circulación procederá así: a) En caso de CTC, comprobará que no está circulando ningún tren hacia su estación por la vía en que se va a realizar la maniobra. b) En BT, cuando se maniobre por la vía de entrada, no concederá la vía a ningún tren, hasta que la maniobra haya regresado a la zona protegida de maniobras. c) En el resto de bloqueos sin CTC, si se tiene que maniobrar por la vía de entrada, y el enclavamiento no garantiza la parada de los trenes ante la señal avanzada, cursará al colateral el telefonema siguiente: El Responsable de Circulación que reciba el telefonema anterior, si nada se opone, cerrará la señal de salida por su vía normal de expedición y contestará con el siguiente: Una vez recibido este telefonema, si procede, autorizará la salida de la maniobra de la zona protegida. A su regreso cursará a su colateral el telefonema: Estos telefonemas se registrarán en el Libro de telefonemas correspondiente. Estos mismos telefonemas se cursarán entre Responsables de Circulación colaterales de estaciones en ML o de CTC. d) En bloqueos sin CTC que requieran autorizar a la estación colateral la expedición de trenes, cuando se maniobre por la vía de entrada, se evitará dicha expedición mediante los dispositivos al efecto, bien negándola o impidiéndola. Al regreso de la maniobra a la zona protegida se normalizará el procedimiento de expedición de trenes. e) En caso de EVB no se autorizará la salida de la maniobra de la zona protegida por la señal de entrada, señal de retroceso o primera aguja, según el caso. No obstante, si fuera estrictamente necesario, la maniobra previamente será concertada con el ET. f) En líneas de vía única con CTC, el Responsable de Circulación del mismo no autorizará la salida de ningún tren de la estación colateral, en tanto la maniobra se encuentre fuera de la zona protegida de maniobras. 4. Una vez cumplidas, según el caso, las prescripciones anteriores, autorizará al Maquinista la salida y regreso de la zona protegida de maniobras, como se indica en este Reglamento para el rebase de una señal que ordene parada. 5. Cuando se realicen maniobras por una vía en la que esté circulando un tren que no ha llegado a la estación inmediata, el Responsable de Circulación informará de esta circunstancia al personal que las realiza. 3.5.3.2. Apartado y suspensión de las maniobras. 1. La entrada, salida y paso de los trenes tendrá prioridad sobre la realización de maniobras. Las maniobras serán apartadas y suspendidas con la antelación necesaria para no retrasar los trenes. 2. Excepcionalmente, por causa justificada, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM podrá priorizar la realización de alguna maniobra sobre la circulación de trenes. 3.5.3.3. Movimientos a dependencias de plena vía. 1. Los movimientos para traer o llevar material a dependencias de plena vía carentes de señal de protección, se regularán por Consigna del AI que recogerá las condiciones de circulación y de bloqueo. 2. Los movimientos que se realicen hacia dependencias de plena vía provistas de señal de protección, se realizarán considerándolos como los de un tren. Sección 4. Maniobras singulares 3.5.4.1. Concepto y tipos. Son aquellas que por su ejecución, finalidad o material con el que se ejecutan, difieren del resto, y hacen necesario establecer condiciones específicas para su realización. Tienen esta consideración: a) Maniobras empujando con vehículos ocupados por viajeros. b) Maniobras para el acoplamiento de autopropulsados ocupados por viajeros. c) Maniobras de paso por cambiadores de ancho. 3.5.4.2. Maniobras empujando con vehículos ocupados por viajeros. Tienen esta consideración las que se realicen con los trenes en servicio comercial con viajeros a bordo. Además de las prescripciones generales que le afecten, se cumplirán las siguientes: – Durante el movimiento, las puertas de acceso a los vehículos permanecerán cerradas. – Antes de iniciar el movimiento, se emitirán avisos por megafonía en el interior del tren y en la estación, advirtiendo de la maniobra a los viajeros. – En el caso de maniobras empujadas, el personal de maniobras se mantendrá permanentemente junto al vehículo de cabeza. 3.5.4.3. Maniobras para acoplamiento de trenes autopropulsados ocupados con viajeros. Además de las prescripciones generales que le afecten, se cumplirán las siguientes: a) El acoplamiento se realizará según lo dispuesto en los Manuales de conducción de los vehículos afectados. b) La maniobra se realizará en vías con andén, salvo situaciones especiales (socorros en plena vía, averías en el vehículo, inclemencias meteorológicas, etc.) c) Durante el movimiento, las puertas de los vehículos permanecerán cerradas. d) Antes de iniciar el movimiento, se emitirán avisos por megafonía, en el interior del tren y en la estación, advirtiendo de la maniobra a los viajeros. e) La maniobra de acoplamiento, se realizará a una velocidad aproximada de 3 km/h. 3.5.4.4. Maniobras de paso por cambiadores de ancho. El AI establecerá mediante Consigna específica para cada instalación, sus características, prestaciones y procedimientos de operación. En función de la tipología de los vehículos que utilicen cada instalación: a) La maniobra de paso con vehículos autopropulsados se realizará conforme a lo dispuesto en su Manual de Conducción. b) Las maniobras de paso de vehículos remolcados se realizarán conforme a lo que disponga la Consigna del AI. CAPÍTULO 6 Incidencias en la circulación y en la tracción Sección 1. Incidencias en la circulación 3.6.1.1. Fraccionamiento de trenes. 1. Se entiende por fraccionamiento de un tren el corte incontrolado del mismo durante la marcha. En ese caso cada parte queda detenida por la acción del freno automático. 2. El Maquinista informará al Responsable de Circulación del fraccionamiento. Después de comprobar que no existen impedimentos para el retroceso de la primera parte, podrá efectuarlo para unirse a la segunda. Para ello el Maquinista adoptará las medidas de seguridad que estime convenientes. 3. En caso contrario, el Maquinista continuará la marcha hasta la estación inmediata abierta comunicándolo al Responsable de Circulación del CTC, de la Banda de Regulación del PM, o de la estación inmediata por radiotelefonía, o si ello no fuera posible, por el teléfono de la señal de entrada. De no ser posible esta comunicación, entrará haciendo la señal de alarma y efectuará parada para dar cuenta de lo ocurrido al Responsable de Circulación. 3.6.1.2. Escape de material. 1. Se define como escape de material el movimiento incontrolado de uno o varios vehículos ferroviarios por acción de la declividad, viento o empuje de otros vehículos ferroviarios. 2. El personal que tenga noticia del escape avisará inmediatamente a las estaciones colaterales y al PM adoptando con la máxima rapidez, las medidas de seguridad a su alcance según las circunstancias. 3. El PM y los Responsable de Circulación afectados dispondrán urgentemente las medidas necesarias para evitar un accidente o minimizar sus consecuencias. 4. Cuando no se pueda asegurar la detención por otros medios, se procurará encaminarlo a un itinerario libre de trenes e incluso provocar su descarrilamiento, si ello evita daños mayores. 5. Cuando se compruebe la detención en plena vía del material escapado, se procederá a su retirada conforme a lo establecido para el envío de los medios de socorro. 3.6.1.3. Interceptación de la vía. 1. Cuando existan indicios de que una vía o vías pueden estar interceptadas, se suspenderá la circulación por los tramos afectados, procediendo a su reconocimiento sin pérdida de tiempo. 2. El Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, del CTC, o en su defecto el de la estación, en coordinación con el personal técnico de infraestructura, determinará la forma de realizar este reconocimiento y demás actuaciones necesarias, así como la posterior reanudación del servicio. 3. Cuando se utilice un tren para realizar el reconocimiento, el Maquinista será notificado del motivo del mismo, lugar donde debe iniciarlo y condiciones precisas de circulación. 4. En líneas aptas para la circulación de trenes de varios anchos, si la interceptación no afectase a la circulación de trenes de un determinado ancho, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM podrá determinar la reanudación de la circulación para los trenes del ancho que se encontrase hábil. 3.6.1.4. Protección de los puntos interceptados. 1. Protección de emergencia. Su objetivo es lograr que cualquier circulación que se dirija hacia el punto interceptado se detenga antes de llegar al mismo. Existen dos medios fundamentales para conseguir este objetivo: a) Hacer desde la vía la señal de parada. b) Informar al Maquinista, por cualquier medio, de la necesidad de detenerse a tiempo. Por lo tanto, la forma de actuar dependerá de las circunstancias, aunque siempre será fundamental la rapidez con que se actúe en relación con el tren que se encuentre más próximo al lugar de peligro. Para materializar la protección de emergencia se puede actuar sobre cualquiera de las posibilidades siguientes: a) Mediante la radiotelefonía. b) Accionando en cabina de conducción los dispositivos a este fin. c) Poniendo las señales fijas o pantallas de BCA y ERTMS en indicación de parada. d) Si existen circuitos de vía, mediante la barra o útil de cortocircuito. e) Presentando la señal de parada a mano al tren o trenes que se aproximen, a ser posible a la distancia de 1.500 m. f) Haciendo la señal de alarma, sobre todo en trayectos con vía doble o múltiple. Se suspenderá la circulación por la vía o vías donde exista un punto interceptado. 2. Protección normal. La protección normal consistirá en la colocación de señales portátiles de parada a 500 m del punto de peligro, en sus proximidades o utilizando dispositivos de cortocircuito, según el caso. Cuando la señal portátil de parada no sea presentada por personal, esta se emplazará en el eje de la vía. 3.6.1.5. Actuación en caso de interceptación. 1. En caso de obstáculos que afecten a la vía o al gálibo, o bien, deformación o interceptación de las infraestructuras: Se aplicará la protección de emergencia en las vías afectadas. 2. Para trenes o cortes de material detenidos en plena vía: En líneas con circuitos de vía, se aplicará la protección de emergencia, por detrás, cuando se encuentren descarrilados totalmente. 3. En trenes o cortes de material que invadan el gálibo de la vía contigua, en líneas de vía doble o múltiple: Se aplicará la protección de emergencia en la vía o vías contiguas y otras afectadas. 4. Una vez suspendida la circulación de trenes por la vía o vías interceptadas, no será necesaria ninguna clase de protección, no obstante, el Responsable de Circulación del CTC o Banda de Regulación podrá, en función de las circunstancias que concurran, disponer la protección que considere. 3.6.1.6. Corte urgente de tensión en catenaria. 1. En líneas electrificadas, se interrumpirá rápidamente el suministro de energía eléctrica a la catenaria en caso de peligro inminente, cuando lo solicite el Maquinista, o el PM lo considere necesario. 2. Para solicitar el corte urgente de tensión deberán facilitarse los siguientes datos: a) Trayecto o estación y vía para la que solicita el corte. Se identificará de forma clara la vía o vías afectadas, empleando las expresiones I, II, etc. b) Motivo. 3. Deberá tenerse en cuenta que, en ciertos casos, el corte inmediato de suministro de energía eléctrica a la catenaria puede incrementar el riesgo (p.ej.: incendio de un tren en el interior de un túnel o en las proximidades de la vía, etc.). 4. Cuando se verifique que ha desaparecido la causa de origen y el riesgo, se procederá a restablecer el suministro de energía a la catenaria, ateniéndose a lo dispuesto en los procedimientos que regulan los trabajos en líneas electrificadas. Sección 2. Retroceso de los trenes 3.6.2.1. Criterios de aplicación. 1. Como norma general, ningún tren podrá retroceder por iniciativa del Maquinista, excepto en los siguientes casos: a) Retroceso de la primera parte de un tren fraccionado para unirse a la segunda, cuando esta esté detenida. b) Cuando los trenes o las personas a bordo, se encuentren ante un peligro inminente (incendio o riesgo de asfixia dentro de un túnel, inundación por una gran avenida de agua, desprendimiento de tierras, aludes sobre el tren, etc.), el Maquinista podrá retroceder el espacio preciso para evitar el peligro. 2. El retroceso se hará con la mayor precaución y a velocidad muy reducida, previa comunicación inmediata al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM. 3.6.2.2. Solicitud y orden de retroceso. 1. Cuando sea necesario que un tren detenido en plena vía retroceda hasta la estación anterior, el Maquinista solicitará autorización mediante el telefonema: 2. Una vez recibida la petición, el Responsable de Circulación cerrará las señales de salida hacia la vía ocupada por el tren y solicitará la conformidad del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM. Comprobará que no hay ningún tren circulando a continuación del que ha solicitado el retroceso, ni maniobra autorizada, ni trabajos concedidos, o que estos se han apartado. Además, si conviene usar la radiotelefonía, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM actuará como intermediario. Informará a su colateral de la autorización de retroceso. 3. Solo el Responsable de Circulación de la estación a la que va a dirigirse el tren en su retroceso o el Responsable de Circulación del CTC, según el caso, están facultados para autorizarlo. Realizadas las comprobaciones anteriores, cursará al Maquinista el telefonema: 4. Se podrá ordenar al Maquinista de un tren detenido retroceder a la estación anterior, sin que exista previa solicitud por su parte. La orden será dada por el Responsable de Circulación de la estación a la que va a retroceder o por el Responsable de Circulación del CTC, mediante el telefonema L3.25. 5. Una vez el tren al que se autorizó u ordenó el retroceso lo haya efectuado, el Responsable de Circulación de la estación correspondiente informará a su colateral. 3.6.2.3. Prescripciones de circulación. 1. La circulación en el trayecto de retroceso se hará considerando inexistentes las señales intermedias de bloqueo y de los PCA. 2. Para la entrada en las estaciones se atendrá a lo que ordene la señal avanzada, salvo que ordene parada, en cuyo caso procederá como si diera la indicación de anuncio de parada y respetará la indicación de la señal de entrada. En vía doble no banalizada se hará según las prescripciones de la circulación a contravía. 3. En el caso de retroceso de trenes convencionales, si el Maquinista que dirige la marcha no pudiera percibir la indicación de las señales desde la cabina de conducción, en el telefonema de autorización de retroceso se incluirá igualmente la autorización de estacionamiento en la estación de apartado. 4. Queda prohibido el retroceso de un tren convencional empujado en un tramo en el que existan PN automáticos, salvo en el caso de que pueda situarse personal habilitado conocedor de la infraestructura en cabeza en el sentido del movimiento, que garantice la detención del tren ante el PN sin rebasarlo, si estuviera sin protección. 5. Hasta que el tren que fue autorizado u ordenado retroceder no se encuentre apartado en la estación, no se autorizará ningún movimiento de trenes hacia el trayecto afectado, salvo que el retroceso sea innecesario y se autorice al Maquinista a continuar la marcha. 3.6.2.4. Anulación de la solicitud u orden de retroceso. 1. Para que el tren al que se le autorizó u ordenó el retroceso pueda continuar la marcha hacia la estación siguiente, por desaparecer las causas que lo motivaron, será necesario que el Maquinista entre en comunicación con el Responsable de Circulación que le autorizó u ordenó el retroceso, para solicitar la anulación del retroceso y que le autorice la reanudación de la marcha mediante el siguiente telefonema: 2. El Responsable de Circulación que recibe el telefonema (es el que expidió el tren), deberá solicitar la conformidad del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM y solicitará a su colateral autorización de reanudación de marcha mediante el telefonema. 3. El Responsable de Circulación al que deba dirigirse el tren, si no hay ninguna maniobra autorizada, ni trabajos concedidos o estos se han apartado, ni causa que lo impida, contestará a su colateral según proceda: Cuando no se cumplan los requisitos anteriores, contestará: Además, si conviene usar la radiotelefonía, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM hará de intermediario utilizando el telefonema L3.25. 4. El Responsable de Circulación que autorizó u ordenó el retroceso, recibido el telefonema L3.28, autorizará al Maquinista mediante el telefonema: 5. Recibido este telefonema, el Maquinista considerará anulada la autorización u orden de retroceso, y reanudará la marcha en las condiciones señaladas hasta la estación inmediata. 6. Cuando llegue a la estación siguiente, el Responsable de Circulación comunicará la anulación del retroceso a su colateral mediante el telefonema: Sección 3. Socorro de los trenes 3.6.3.1. Petición de socorro. 1. El Maquinista de un tren detenido en plena vía que tenga que solicitar socorro, por avería o accidente que impida continuar la marcha, cursará el telefonema: 2. Cursado este telefonema, el Maquinista no podrá reanudar la marcha hasta que lo autorice expresamente uno de los Responsables de Circulación de las estaciones colaterales o del CTC. 3. El Responsable de Circulación que reciba la petición de socorro no expedirá trenes por la vía afectada. Además, informará de la misma al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM y transmitirá al de la estación colateral el siguiente telefonema. 4. El Maquinista, cuando lo ordene el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, por imprecisión en la localización del punto de detención del tren, por falta de visibilidad o anormalidad en las señales del tren, colocará señales de parada a mano en las proximidades del mismo por el lado donde espere los medios de socorro. 3.6.3.2. Gestión de los medios de socorro. 1. Se hará de acuerdo con las instrucciones del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, por cualquiera de las estaciones colaterales al lugar de detención o por ambas, en sentido normal o a contravía. 2. Para identificar la posición del tren se utilizará como referencia el punto kilométrico donde se encuentre la cabeza, y en función de su longitud y del sentido ascendente o descendente de la kilometración, se obtendrá el de su cola. Si conviene usar la radiotelefonía, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM hará de intermediario. 3. Cuando no sea posible comunicar con el Maquinista y si las circunstancias lo aconsejan, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM podrá disponer el envío de medios de socorro por la estación de detrás aunque no se haya recibido petición del Maquinista. 4. El Responsable de Circulación que vaya a expedir un medio de socorro, comprobará previamente que la parte de vía entre la estación de expedición y el punto kilométrico está libre de trenes, e informará a su colateral con el siguiente telefonema: 5. Una vez apartado el tren en una estación, el Responsable de Circulación de la misma informará a su colateral por telefonema. 6. En ausencia de comunicación telefónica entre los Responsable de Circulación de las dos estaciones colaterales, cada uno de ellos podrá autorizar la circulación de medios de socorro entre su estación y el punto kilométrico. En este caso, el medio de socorro solo podrá regresar a la estación que lo expidió, salvo que se modifiquen por telefonema las condiciones de la expedición del socorro. Tan pronto como sea posible, se lo comunicará a su colateral por telefonema. 7. El Responsable de Circulación del CTC dispondrá el envío de los medios de socorro por la estación de delante o por la de detrás, sin que se requiera ninguna formalidad en cuanto al bloqueo. 8. Cuando el socorro tenga lugar en vías de ancho mixto, los Responsables de Circulación deberán tener presente la identificación del ancho del tren afectado para determinar las instrucciones necesarias en su gestión. 9. Los telefonemas recogidos en esta sección serán registrados por los Responsables de Circulación en el Libro de telefonemas correspondiente. 3.6.3.3. Expedición de los medios de socorro. El Responsable de Circulación que deba expedir medios de socorro: 1. Notificará al Maquinista de estos, lo siguiente: a) Si el tren detenido está localizado: b) Si el tren detenido no está localizado: Además, entre las instrucciones notificadas al Maquinista del socorro incluirá las autorizaciones de avance y retroceso, para que proceda en consecuencia una vez haya llegado al punto kilométrico. 2. Dará la orden de marcha. Cuando la señal de salida no pueda autorizar el movimiento, se utilizará la orden de rebase autorizado o se autorizará su rebase. 3.6.3.4. Anulación de la petición de socorro. 1. Si desaparecieran las causas que motivaron la petición de socorro, el Maquinista anulará dicha petición y solicitará autorización para reanudar la marcha, mediante el telefonema: 2. En trayectos sin CTC, el Responsable de Circulación que reciba el telefonema anterior cursará a su colateral el siguiente: El Responsable de Circulación, una vez recibida la respuesta de su colateral (telefonemas L3.39 o L3.40), contestará al Maquinista afectado con uno de los siguientes, según corresponda: 3. En trayectos con CTC, una vez que el Responsable de Circulación reciba el telefonema L3.37, contestará al Maquinista con el telefonema L3.39 o L3.40, según corresponda. Sección 4. Incidencias en las señales de los trenes 3.6.4.1. Señales de cabeza. 1. Cuando la falta de señalización afecte al alumbrado de gran intensidad luminosa, el vehículo se considerará inútil para circular de noche o por trayectos donde existan túneles de más de 300 m, cuando deba circular en cabeza o aislado. Se exceptúa el caso de líneas de alta velocidad en las que se circule con BCA o ERTMS/ETCS en modo FS. 2. Si la avería se produce en plena vía, el Maquinista circulará hasta la primera estación abierta, reduciendo la velocidad en función de la visibilidad y las características del trayecto, sin exceder la velocidad de 20 km/h por los PN. Con estas mismas prescripciones, el Maquinista, ponderando las circunstancias y tras comunicarlo al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, podrá continuar hasta una estación donde pueda subsanarse la anormalidad. Esto último no será de aplicación cuando vaya a circular de noche por líneas con señales fijas dotadas de láminas o pintura reflectante. 3. Cuando la falta afecte a otras señales de cabeza distintas del alumbrado de gran intensidad, podrá circular normalmente. 3.6.4.2. Señales de cola. 1. En casos de señalización incompleta en cola, el Responsable de Circulación de la banda de regulación del PM o del CTC, con el consentimiento expreso de la EF, podrá autorizar la circulación de un tren hasta la primera estación donde existan medios para normalizar la situación. Para ello, ordenará al Responsable de Circulación de la estación de partida que curse un telefonema comunicando a las estaciones interesadas las señales afectadas. Este telefonema se inscribirá en el Libro de telefonemas correspondiente. 2. Excepcionalmente, en caso de avería total o falta de la señalización de cola, el Responsable de Circulación de la banda de regulación del PM o del CTC podrá autorizar la circulación del tren hasta la primera estación donde existan medios para normalizar la situación. Para ello, será necesario que: – Se suspenda la circulación por los cantones que haya recorrido el tren sin señales, hasta comprobar que circuló completo. – Se prescriba la parada del tren en todas las estaciones abiertas para comprobar que circuló completo, salvo que lleve señales portátiles apagadas y estas se observen al paso. – El Responsable de Circulación de la estación de partida curse un telefonema comunicando a los de las estaciones afectadas, la circulación del tren sin señales de cola, facilitando la serie y número del último vehículo. Este telefonema se inscribirá en el Libro de telefonemas correspondiente. – En líneas con BA, el Responsable de Circulación de la estación desde la que haya partido un tren sin señales de cola, no autorizará la circulación de los trenes entre su estación y la siguiente, hasta que le sea comunicada la llegada del tren afectado completo, mediante telefonema, que se inscribirá en el Libro de telefonemas correspondiente. – En líneas con CTC, el Responsable de Circulación del mismo detendrá la circulación en las estaciones que considere necesario, hasta comprobar, por los medios a su disposición, que el tren que circula sin señales de cola ha liberado los trayectos entre estaciones. 3.6.4.3. Señales acústicas del vehículo de cabeza de tren. 1. En caso de avería del dispositivo de señales acústicas del vehículo de cabeza este se considerará inútil para circular. 2. Cuando la avería ocurra en plena vía, el Maquinista podrá continuar hasta la estación inmediata abierta, reduciendo la velocidad en función de las circunstancias y sin exceder la velocidad de 20 km/h al aproximarse a los PN y en condiciones de detenerse ante los mismos si fuera necesario. Con estas mismas prescripciones y ponderando el Maquinista las circunstancias del momento, excepcionalmente se podrá continuar con el vehículo de cabeza hasta donde pueda subsanarse la anormalidad. Sección 5. Incidencias en el frenado 3.6.5.1. Avería en el freno automático. 1. Cuando el Maquinista, durante la marcha, observe una anormalidad en el freno automático del tren, detendrá la marcha, e informará al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM. Las EF dispondrán en sus SGS de los procedimientos de actuación adecuados para que sus Maquinistas traten de identificar la naturaleza de las anormalidades en el funcionamiento del freno automático, en su caso, de corregirlas, de aislar los equipos de freno afectados, de calcular el nuevo porcentaje de frenado de que dispone y de su comunicación al Responsable de Circulación para reanudar la marcha con normalidad, o con la reducción de velocidad que proceda. Si se trata de un tren convencional, y la avería afecta al primer vehículo remolcado o al de cola del tren, en la primera estación abierta se modificará su composición. A solicitud de la EF, el PM podrá autorizar la circulación hasta destino cuando la avería afecte al freno automático del primer vehículo remolcado. 2. Cuando el porcentaje de frenado disponible sea inferior al que le corresponde para una velocidad máxima de 50 km/h, el Maquinista pedirá socorro y apretará o hará que se aprieten los frenos de estacionamiento. 3. En las cabinas de conducción que dispongan de medios informáticos de información del estado del tren, el Maquinista cumplimentará las indicaciones de la pantalla y seguirá las instrucciones recogidas en su Manual de conducción, comunicándolo al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM. Sección 6. Incidencias en la tracción 3.6.6.1. Avería o falta de potencia del vehículo motor. 1. Cuando por avería o falta de potencia, el tren no pueda seguir la marcha, el Maquinista lo pondrá inmediatamente en conocimiento del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, o de una de las estaciones colaterales si no pudiera comunicar con el primero. Si no consiguiera solucionar la avería pedirá socorro. 2. Los trenes detenidos en plena vía que no puedan circular por sí mismos, podrán ser empujados por otro, siempre que las condiciones de acoplamiento lo permitan, sean del mismo ancho y el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM lo autorice. Si el tren que va a empujar no estuviera detenido a la cola del averiado, se notificará a su Maquinista el punto donde debe realizar la detención y se le ordenará circular en condiciones de detenerse ante la cola del tren averiado. 3. Por necesidades excepcionales, si las condiciones técnicas lo permiten, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM podrá disponer que dos trenes circulen fusionados, manteniendo cada uno su propia composición, con el fin de agilizar la circulación. Si la locomotora intercalada no suministra tracción y el freno de toda la composición es controlado por el Maquinista de cabeza, no se excederá la velocidad de 160 Km/h. Cuando la locomotora intercalada suministre tracción las velocidades máximas serán las establecidas para la tracción múltiple. 4. Si el Maquinista no pudiera establecer la comunicación indicada en el punto 1, y las condiciones del vehículo motor lo permiten, avanzará con la parte de la composición que pueda remolcar, después de asegurarse que cumple las condiciones de frenado hasta la primera estación y garantizando la inmovilidad de la segunda parte que queda en plena vía. 3.6.6.2. Accidente del Maquinista. 1. Si durante la marcha sobreviniera un accidente al Maquinista que le impida prestar servicio, se actuará de acuerdo con las circunstancias para garantizar la seguridad y en su caso, la continuación de la marcha hasta la primera estación. 2. El Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM adoptará, con urgencia, las medidas de auxilio y protección que estime necesarias. 3. El Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, aunque no tenga constancia de que ha sobrevenido un accidente al Maquinista, procederá como si este hubiera tenido lugar, en los siguientes casos: a) Cuando reciba por radiotelefonía el mensaje ‘DETDO TREN’ y no pueda comunicar con el Maquinista. b) Cuando el Maquinista haya solicitado autorización para ausentarse de la cabina de conducción, y dicha ausencia se prolongue de forma injustificada en relación con el motivo de la misma y no pueda establecer comunicación con él. 4. Si el accidente sobreviene en un trayecto con declividad, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM tendrá en cuenta lo previsto para el caso de escape de material si se excede el tiempo en que el frenado automático mantiene su eficacia. 5. El Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM informará del accidente a la EF titular del tren. LIBRO CUARTO BLOQUEO DE TRENES [indice]Índice LIBRO CUARTO. BLOQUEO DE TRENES. Capítulo 1. Generalidades. Sección 1. Bloqueos. 4.1.1.1. Características. 4.1.1.2. Principios básicos. Sección 2. Control de Tráfico Centralizado. 4.1.2.1. Características. 4.1.2.2. Principios básicos. 4.1.2.3. Elementos necesarios. 4.1.2.4. Relaciones del CTC con las estaciones. 4.1.2.5. Estaciones telemandadas. Sección 3. Actuación del personal. 4.1.3.1. Funciones y responsabilidades. Capítulo 2. Bloqueos automáticos. Sección 1. Bloqueo Automático de Vía Única (BAU), Vía Doble (BAD) y Vías Banalizadas (BAB). 4.2.1.1. Características. 4.2.1.2. Expedición o paso de los trenes. 4.2.1.3. Expedición de trenes desde vías sin señal de salida. 4.2.1.4. Anormalidades. Sección 2. Bloqueo de Señalización Lateral (BSL). 4.2.2.1. Características. 4.2.2.2. Expedición o paso de los trenes. 4.2.2.3. Anormalidades. Sección 3. Bloqueo de Control Automático (BCA). 4.2.3.1. Características. 4.2.3.2. Expedición o paso de los trenes. 4.2.3.3. Anormalidades. Capítulo 3. Bloqueos de liberación automática, en vía única (BLAU), doble (BLAD) y vías banalizadas (BLAB) 4.3.1.1. Características. 4.3.1.2. Expedición o paso de los trenes. 4.3.1.3. Anormalidades. Capítulo 4. Bloqueo telefónico (BT) Sección 1. Aspectos comunes. 4.4.1.1. Características y aplicación. 4.4.1.2. Expedición o paso de los trenes. 4.4.1.3. Petición, concesión y denegación de la vía. 4.4.1.4. Aviso de llegada. 4.4.1.5. Anulación de la petición de vía. 4.4.1.6. Prescripciones de circulación. Sección 2. BT en caso de anormalidad del BA o BLA. 4.4.2.1. Establecimiento del BT. 4.4.2.2. Incorporación de estaciones al BT. 4.4.2.3. Prescripciones de circulación. 4.4.2.4. Restablecimiento del BA y BLA. Sección 3. Banalización temporal de vía (BTV). 4.4.3.1. Aplicación. 4.4.3.2. Establecimiento de la BTV. 4.4.3.3. Incorporación de estaciones a la BTV. 4.4.3.4. Retirada de estaciones de la BTV. 4.4.3.5. Prescripciones de circulación. 4.4.3.6. Restablecimiento. Capítulo 5. Estaciones en servicio intermitente. Sección 1. Estaciones AC. 4.5.1.1. Forma de proceder en trayectos con estaciones AC cerradas. 4.5.1.2. Alteración de los periodos de cierre. Sección 2. Otras particularidades. 4.5.2.1. Trenes que no cortocircuitan la vía. 4.5.2.2. Maquinaria de vía. 4.5.2.3. Puesto de bloqueo.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Generalidades Sección 1. Bloqueos 4.1.1.1. Características. En general, el bloqueo de un tramo de vía entre dos estaciones colaterales abiertas, requiere establecer una relación de dependencia entre ambas, que permita expedir circulaciones de una a otra en condiciones seguras. La relación puede establecerse a través de acuerdos bilaterales o de instalaciones diseñadas al efecto. a) En vías con circulación en los dos sentidos, la dependencia entre estaciones será total. b) En vías con un único sentido de circulación, sin señales intermedias, la dependencia entre estaciones será total. c) En vías con un único sentido de circulación, con señales intermedias, se podrá expedir un tren sin depender de la estación colateral. 4.1.1.2. Principios básicos. Los principios básicos de los bloqueos son los siguientes: a) Dos trenes que circulen por la misma vía y en el mismo sentido, irán separados una distancia que garantice que no se va a producir un alcance. b) Cuando un tren esté circulando por una vía, no se expedirá otro en sentido contrario por la misma vía desde la estación colateral. c) Las instalaciones garantizarán la seguridad necesaria para compatibilizar las maniobras que se realicen por la banda de una estación, con la llegada de un tren por dicha banda. Sección 2. Control de Tráfico Centralizado 4.1.2.1. Características. El CTC permite gobernar de forma remota los enclavamientos, bloqueos y el tráfico de una determinada zona o línea ferroviaria. Sustituye el sistema de acuerdos bilaterales entre dos estaciones colaterales abiertas, por la centralización en un puesto único del gobierno y el control del tráfico de un conjunto de estaciones y trayectos. 4.1.2.2. Principios básicos. 1. El CTC podrá ejecutar las mismas órdenes y recibirá las mismas comprobaciones que los Cuadros de Mando Locales de los enclavamientos. 2. Podrá efectuar las mismas actuaciones de bloqueo entre estaciones que las que establecen estas entre sí. 3. Ninguna estación tomará el Mando Local de su enclavamiento, ni decisiones que afecten a la circulación, sin la autorización del Responsable de Circulación del CTC, salvo casos de emergencia. 4.1.2.3. Elementos necesarios. El CTC dispondrá de: 1. Telemando de: a) Los enclavamientos eléctricos o electrónicos de las estaciones. b) Los enclavamientos de las agujas situadas en plena vía. 2. Comunicación con: a) Los gabinetes de circulación de las dependencias a gobernar y sus señales de entrada. b) Las estaciones extremas y estaciones isla (intermedias) que no son gobernadas por el CTC, pero que están relacionadas con este. c) Los vehículos motores, mediante radiotelefonía. 4.1.2.4. Relaciones del CTC con las estaciones. 1. Los enclavamientos de las estaciones podrán ser gobernados por el CTC mediante el Mando Centralizado (MC), o desde los cuadros de mando de las propias estaciones mediante el Mando Local (ML). 2. El CTC podrá abrir una señal de salida de una estación en MC hacia una estación en ML, sin necesidad de autorización de esta última. 3. Por el contrario, para que una estación en ML pueda abrir una señal de salida hacia una estación en MC, es necesaria la autorización previa del CTC. 4.1.2.5. Estaciones telemandadas. Son estaciones carentes de Responsable de Circulación presente en la misma, cuyas instalaciones son gobernadas a distancia desde otra estación que la telemanda o desde el CTC, mediante el MC. A todos los efectos, intervienen permanentemente en el bloqueo y, en consecuencia, pueden efectuarse en ellas maniobras, apartados de trenes, ser origen o destino de circulaciones, etc. En caso necesario, estas estaciones podrán ser gobernadas en ML, tras incorporarse a ellas un Responsable de Circulación. Sección 3. Actuación del personal 4.1.3.1. Funciones y responsabilidades. Corresponde al AI llevar a cabo la dirección y la gestión del tráfico ferroviario en aquellas dependencias en las que se desarrollen procesos de circulación de trenes o maniobras. A tal efecto, se tendrá en cuenta que: 1. La dirección de la circulación y el accionamiento de las agujas, señales y demás aparatos de una estación, las llevarán a cabo: a) El Responsable de Circulación de la estación, en el caso de estaciones sin CTC, o con CTC cuando funcionen en ML. b) El Responsable de Circulación del CTC, cuando la estación funcione en MC. c) En una estación telemandada en MC, el Responsable de Circulación de la estación que la gobierna. 2. La dirección de la circulación y el accionamiento de las agujas, señales y demás aparatos de los cantones situados entre dos estaciones colaterales abiertas, las llevarán a cabo: a) El Responsable de Circulación del CTC, cuando ambas estén en MC, o bien, una en MC y la otra en ML. b) Los Responsables de Circulación de ambas estaciones, cuando ambas estén en ML. c) Cuando las estaciones pertenezcan a CTCs distintos y estén ambas en MC, cada una estará a cargo del Responsables de Circulación del CTC correspondiente. 3. Si las circunstancias lo aconsejan, el Responsable de Circulación de una estación en ML podrá delegar sus funciones en el Responsable de Circulación del CTC, o en el de otra estación que disponga de telemando sobre la primera. 4. Los Auxiliares de circulación que presten servicio en estaciones telemandadas, colaborarán con el Responsable de Circulación del CTC o de la estación que telemande, cuando este lo disponga, con objeto de: asegurar las maniobras en vías de circulación, la entrada o salida de vías o líneas no dependientes del CTC, comunicar la llegada o apartado de trenes y transmitir sus órdenes. 5. En ciertos casos, el Responsable de Circulación del CTC podrá ordenar a los Responsables de Circulación de las estaciones la toma del ML, después de informarles de la situación de los trenes. 6. Cuando cesen las causas que motivaron la toma del ML, el Responsable de Circulación del CTC se hará cargo nuevamente del MC, previa información de la situación de los trenes. 7. En los trayectos entre estaciones en ML, no se dará información a los Maquinistas de esta circunstancia, por mantenerse la circulación al amparo del bloqueo de la línea con CTC. 8. El Responsable de Circulación de una estación se abstendrá, en condiciones normales, de tomar el ML sin orden expresa del Responsable de Circulación del CTC, salvo por emergencia para evitar un accidente. CAPÍTULO 2 Bloqueos automáticos Sección 1. Bloqueo Automático de Vía Única (BAU), Vía Doble (BAD) y Vías Banalizadas (BAB) 4.2.1.1. Características. En los bloqueos automáticos la relación de dependencia entre estaciones queda garantizada por la propia naturaleza de la instalación. 4.2.1.2. Expedición o paso de los trenes. Para expedir o dar paso a un tren es preciso que: a) El cantón de bloqueo esté libre de trenes. b) En BAU y BAB, se haya bloqueado el cantón de bloqueo, con los dispositivos disponibles al efecto. c) Se haya establecido el itinerario de salida. d) Se dé la orden de marcha conforme a lo establecido en el art. 1.5.1.8 de este Reglamento. 4.2.1.3. Expedición de trenes desde vías sin señal de salida. 1. En BAU y BAB no está permitida la expedición de trenes desde vías sin señal de salida. 2. En BAD sin CTC, o con CTC en ML, el Responsable de Circulación de la estación: a) Comprobará, por observación directa, que alguna otra señal de salida del mismo lado ordena vía libre, no siendo válidos a estos efectos los visores de los cuadros de mando. b) Establecerá el itinerario de salida de la vía correspondiente. c) Presentará la señal de marche el tren conforme a lo dispuesto en el art. 2.1.6.2. A continuación, el Maquinista circulará hasta la estación siguiente al amparo del BA. 3. En BAD con CTC cuando, con carácter excepcional, sea necesario expedir un tren desde una vía que no disponga de señal de salida, el AI dispondrá que una persona habilitada colabore con el Responsable de Circulación del CTC para garantizar la correcta disposición de los aparatos que no puedan ser telemandados por este último. El Responsable de Circulación del CTC actuará de acuerdo con las siguientes prescripciones: a) Establecerá la parte que telemanda del itinerario de acceso a la vía general. b) Recibirá conformidad del personal responsable del establecimiento del resto del itinerario. c) Cursará al Maquinista el telefonema siguiente: d) Ordenará al personal a su cargo reponer los aparatos a su posición normal una vez expedido el tren. 4.2.1.4. Anormalidades. En caso de anormalidad en el funcionamiento de los bloqueos automáticos (BAU, BAD o BAB) y siempre que el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM o del CTC lo autorice expresamente, se podrá establecer el BT en el trayecto y vías autorizados. 1. En BAB sin CTC: Si la anormalidad afecta solo a la señal de salida, funcionando los dispositivos de bloqueo, el Responsable de Circulación de la estación podrá autorizar el rebase de dicha señal, según lo dispuesto en este Reglamento, una vez que haya informado de esta situación a su colateral y haya recibido la conformidad de este de no expedir trenes por dicha vía hasta nuevo aviso, mediante los siguientes telefonemas: 2. En BAD con o sin CTC y en BAU y BAB con CTC: Si la anormalidad afecta a una o varias señales de salida o intermedias o, en su caso, a los dispositivos de bloqueo, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM o el Responsable de Circulación del CTC ponderarán si conviene o no establecer el BT y, en su caso, en qué trayecto y vía. 3. En BAU sin CTC: Si la anormalidad afecta a la señal de salida, el Responsable de Circulación de la estación informará de ello al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, y este ordenará el establecimiento de BT. 4. En cualquiera de los casos anteriores, si faltara la comunicación telefónica con las estaciones, no funcionando el CTC, el Responsable de Circulación del mismo ponderará las circunstancias y ordenará la incorporación de Responsables de Circulación en determinadas estaciones, con la información previa y precisa de la situación de los trenes y los cantones libres en el momento de la interrupción. A estos efectos, no se considerarán libres los cantones de bloqueo cuya ocupación haya sido autorizada mediante la señal de salida. Sección 2. Bloqueo de Señalización Lateral (BSL) 4.2.2.1. Características. En los bloqueos de señalización lateral, la relación de dependencia entre estaciones queda garantizada por las indicaciones que presentan las señales que protegen los cantones y que mantienen la distancia de seguridad entre trenes. Como norma general, las señales de salida de las estaciones y de los PCA que dan acceso al trayecto, no presentarán la indicación de anuncio de parada y las señales avanzadas no presentarán la indicación de parada. Este bloqueo es de aplicación en líneas de alta velocidad con BCA cuando el sistema de protección automática de trenes (ATP) vinculado al BCA no funcione con normalidad, o tenga que circular un tren no equipado o con el equipo embarcado del ATP averiado. 4.2.2.2. Expedición o paso de los trenes. Para expedir o dar paso a un tren es preciso que: a) El cantón de bloqueo esté libre de trenes. b) No existan movimientos de maniobras autorizados por la misma vía, afectando al mismo trayecto, en estaciones colaterales. c) Se haya bloqueado el cantón de bloqueo mediante los dispositivos disponibles al efecto. d) Se haya establecido el itinerario de salida. e) Se dé la orden de marcha conforme a lo establecido en el art. 1.5.1.8 de este Reglamento. 4.2.2.3. Anormalidades. En el caso de anormalidad en las señales de salida, o en las señales de los PB, bifurcaciones o PCA, el Responsable de Circulación podrá autorizar el rebase de las mismas con marcha normal, una vez que el cantón de bloqueo esté libre de trenes, indicando la vía por la que el tren va a circular cuando proceda. Para comprobar que el cantón de bloqueo se encuentra libre, el Responsable de Circulación podrá solicitar al Maquinista del último tren que circuló la confirmación de llegada, paso o apartado en la estación, mediante el telefonema: Si el BSL no funcionara, se estará a lo dispuesto en los artículos de anormalidades del BA. Sección 3. Bloqueo de Control Automático (BCA) 4.2.3.1. Características. En el bloqueo de control automático la relación de dependencia entre estaciones queda garantizada por la existencia de instalaciones que controlan que la distancia de seguridad entre trenes se mantiene, regulando la velocidad de modo que ninguno supere la Velocidad Límite, y garantizando la existencia de un solo tren en cada cantón de bloqueo. El bloqueo de control automático (BCA) está vinculado a la circulación de trenes con alguno de los sistemas de protección automática de trenes (ATP) en servicio siguientes: – LZB. – ERTMS/ETCS nivel 1 o 2. 4.2.3.2. Expedición o paso de los trenes. Para expedir o dar paso a un tren es preciso que: a) El cantón de bloqueo esté libre de trenes. b) Se haya bloqueado el cantón de bloqueo mediante los dispositivos disponibles al efecto. c) Se haya establecido el itinerario de salida o paso. d) Se dé la orden de marcha conforme a lo establecido en el art. 1.5.1.8 de este Reglamento. 4.2.3.3. Anormalidades. 1. Si se detectan irregularidades en el funcionamiento del BCA, se continuará la circulación con BSL. Si este tampoco funcionara y el fallo del BCA fuera debido al mal funcionamiento de la instalación de la línea, se estará a lo dispuesto en los artículos de anormalidades del BA. 2. Si el ATP con el que circule el tren provocara el frenado y detención del mismo, el Maquinista informará al Responsable de Circulación del CTC, que en su caso, autorizará la reanudación de la marcha en las condiciones específicas de circulación que procedan hasta la señal siguiente y al amparo del BSL. Si el ATP vuelve a funcionar, el Maquinista circulará nuevamente, a partir de la señal siguiente, con este sistema y lo comunicará al Responsable de Circulación del CTC. 3. En caso de avería, el Responsable de Circulación podrá disponer que todos los trenes circulen con BSL entre dos estaciones. En estas condiciones, se notificará al Maquinista de cada tren la desconexión del ATP vinculado al BCA. CAPÍTULO 3 Bloqueos de liberación automática, en vía única (BLAU), doble (BLAD) y vías banalizadas (BLAB) 4.3.1.1. Características. En los bloqueos de liberación automática la relación de dependencia entre estaciones queda garantizada por la propia naturaleza de la instalación. No existirán señales intermedias. En trayectos de velocidad superior a 160 km/h podrá existir una señal anterior a la avanzada (preavanzada), que dará las indicaciones de vía libre o de vía libre condicional. Cuando el Maquinista se detenga accidentalmente después de haberla franqueado, al reanudar la marcha procederá como si la hubiese encontrado en indicación de vía libre condicional. Las señales avanzadas no presentarán la indicación de parada. Las señales de salida que dan acceso al trayecto no presentarán la indicación de anuncio de parada. Cuando la señal de salida de una estación sea a la vez avanzada de la siguiente, podrá presentar las indicaciones previstas para las señales de salida y avanzada. 4.3.1.2. Expedición o paso de los trenes. Para expedir o dar paso a un tren, es preciso que: a) El cantón de bloqueo esté libre de trenes. b) En BLAU y BLAB, se haya bloqueado el cantón de bloqueo, con los dispositivos disponibles al efecto. c) Se haya establecido el itinerario de salida. d) Se dé la orden de marcha conforme a lo establecido en el art. 1.5.1.8 de este Reglamento. e) No está permitida la expedición de trenes desde vías sin señal de salida. 4.3.1.3. Anormalidades. 1. En BLA (BLAU, BLAD y BLAB) sin CTC: Si la anormalidad afecta a las señales de salida o a los dispositivos de bloqueo, se establecerá el BT. Por excepción, en BLAD, si la anormalidad afecta a la señal de salida, funcionando los dispositivos de bloqueo, para expedir trenes será necesario que el cantón de bloqueo esté libre de trenes, y autorizar el rebase de la señal de salida. El Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM ponderará si procede o no establecer el BT. 2. En BLA (BLAU, BLAD y BLAB) con CTC o con estaciones telemandadas: a) Si la anormalidad afecta a las señales de salida o a los dispositivos de bloqueo, en el trayecto entre una estación y la telemandada por esta, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM ponderará si conviene o no establecer el BT. Si se mantiene la circulación al amparo del BLA, para expedir trenes será necesario que el cantón de bloqueo esté libre de trenes, y autorizar el rebase de la señal de salida. b) Si no funcionaran los contadores de ejes, el Responsable de Circulación de la estación comprobará por observación directa la llegada del tren completo a su estación. Si las circunstancias lo aconsejan podrá solicitar el aviso de llegada a la estación receptora cursado por el Maquinista. c) Cuando la anormalidad afecte a un trayecto distinto al contemplado en el apartado a), será de aplicación el punto 1 de este artículo. 3. En cualquiera de los casos anteriores, si faltara la comunicación telefónica con las estaciones, no funcionando el CTC, el Responsable de Circulación del mismo, ponderará las circunstancias y ordenará la incorporación de Responsables de Circulación en determinadas estaciones, con la información previa precisa de la situación de los trenes y cantones libres en el momento de la interrupción, y la orden del establecimiento del BT y toma del ML. Esta información será transmitida por telefonema, que será registrado en el Libro de telefonemas correspondiente, ajustando la fórmula a las circunstancias. A estos efectos, no se considerarán libres los cantones de bloqueo cuya ocupación haya sido autorizada mediante la señal de salida. 4. La liberación artificial anula la protección del bloqueo, por lo que su uso debe quedar limitado a los siguientes casos: a) Cuando el cantón de bloqueo quede ocupado por avería (cantón de bloqueo alterado), podrá realizarse por cualquiera de las dos estaciones colaterales, actuando sobre los pulsadores correspondientes para realizar la preparación de la liberación del cantón de bloqueo, liberándose de forma efectiva al ser recorrido posteriormente por una circulación en cualquier sentido. b) Si el bloqueo permanece establecido porque al abandonar la circulación el cantón de bloqueo ha quedado alterado, este no podrá liberarse, hasta que se normalice el cantón de bloqueo alterado. CAPÍTULO 4 Bloqueo telefónico (BT) Sección 1. Aspectos comunes 4.4.1.1. Características y aplicación. En el bloqueo telefónico la relación de dependencia entre estaciones queda establecida mediante acuerdos bilaterales entre sus Responsables de Circulación para concertar la circulación de trenes entre ambas. En este caso, la relación de dependencia es total. El bloqueo telefónico se aplica: a) Con carácter nominal, en las líneas carentes de sistemas automáticos de bloqueo que determine el AI. b) Con carácter supletorio, en líneas equipadas con sistemas automáticos de bloqueo (BA o BLA), cuando se produzca una anormalidad en su funcionamiento, o cuando así lo ordene el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM o del CTC. c) En líneas con vías no banalizadas, con carácter supletorio, cuando por necesidad de expedir trenes a contravía, lo disponga el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM. 4.4.1.2. Expedición o paso de los trenes. Para expedir o dar paso a un tren es preciso que: a) El cantón de bloqueo esté libre de trenes. b) Se pida y conceda la vía para el tren que se vaya a expedir. c) Se haya establecido el itinerario de salida. d) Se dé la orden de marcha conforme a lo establecido en el art. 1.5.1.8 de este Reglamento. 4.4.1.3. Petición, concesión y denegación de la vía. 1. El Responsable de Circulación de la estación que tenga que expedir o dar paso a un tren, pedirá la vía al de la estación colateral, por medio del telefonema: La petición se hará: a) Después de haber concedido vía para la expedición del mismo tren a la estación anterior. b) Para la hora que se prevea la salida o paso del tren por su estación. 2. El Responsable de Circulación de la estación que reciba la petición de la vía contestará con uno de los telefonemas siguientes: 3. Cuando la petición y concesión se realicen en tramos de vía doble o múltiple, el telefonema de petición y concesión será ampliado con la siguiente mención: 4. Cuando el Responsable de Circulación de una estación haya denegado la vía para un tren, y tan pronto cambien las circunstancias que motivaron la decisión, avisará verbalmente a su corresponsal, diciendo: 4.4.1.4. Aviso de llegada. 1. Inmediatamente después de la llegada de un tren a una estación o de su paso por la misma, el Responsable de Circulación de la estación se asegurará de que: a) Ha llegado o pasado completo. b) Está protegido por la señal de entrada o, en ausencia de esta, por la primera aguja. 2. Seguidamente, cursará al Responsable de Circulación de la estación anterior abierta, el aviso de llegada por el siguiente telefonema: 3. Cuando el aviso de llegada se realice en tramos de vía doble o múltiple, el telefonema será ampliado con las menciones reseñadas en el artículo anterior. 4.4.1.5. Anulación de la petición de vía. 1. Antes de anular la petición de vía para un tren directo, se adoptarán las medidas necesarias para detenerlo. 2. Cuando sea necesario, se anulará la petición de la vía cursando el telefonema siguiente: 4.4.1.6. Prescripciones de circulación. 1. El Responsable de Circulación de la estación hará lo siguiente: 1. Procederá al cierre de las señales de entrada y de salida de la vía o vías hasta haber obtenido la concesión de vía del Responsable de Circulación colateral. 2. Establecerá y comprobará el itinerario que corresponda, aprovechando el enclavamiento en lo posible. Comprobará las agujas, barreras y demás aparatos en los itinerarios de entrada y salida que no dispongan de enclavamiento. 3. En estaciones carentes de señal de entrada, autorizará la entrada de los trenes por radiotelefonía. 4. El Maquinista, en estaciones sin señal de entrada circulará dispuesto a parar ante la primera aguja y no la rebasará hasta recibir autorización del Responsable de Circulación de la estación por radiotelefonía. Sección 2. BT en caso de anormalidad del BA o BLA 4.4.2.1. Establecimiento del BT. 1. En caso de anormalidad en el funcionamiento de un bloqueo automático (BA o BLA) y siempre que el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM o del CTC lo autorice expresamente, se podrá establecer el BT en el trayecto y vías autorizados. 2. Tanto en vía única como en doble o múltiple, el establecimiento del BT se realizará de manera independiente para cada vía autorizada por el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM o del CTC, considerándose a todos los efectos como vías independientes entre sí. 3. El establecimiento del BT en una vía, no condiciona la circulación por la otra u otras donde se circule al amparo del BA o BLA. 4. En trayectos sin CTC: a) El Responsable de Circulación de la estación que haya expedido el último tren hacia el trayecto afectado, procederá al cierre de la señal de salida hacia el trayecto donde se vaya a establecer el BT. Recibida la autorización del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, recabará de este la numeración de las circulaciones precedentes a la última expedida con el fin de contrastar la secuencia de trenes expedidos con su colateral. Obtenida dicha secuencia, cursará a su colateral el siguiente telefonema: b) El Responsable de Circulación de la estación que reciba el telefonema anterior, recabará del Responsable de Circulación del PM la numeración de las circulaciones precedentes a la última expedida por su colateral y verificará si la secuencia de trenes recibidos o pendientes de recibir de su colateral es la misma hasta que el último tren recibido sea el último expedido por el colateral que establece el BT. Cuando el último tren recibido sea coincidente con el indicado en el telefonema de establecimiento, contestará con el siguiente: c) Cursados estos telefonemas, los Responsables de Circulación de las estaciones inscribirán, en la casilla de trenes en marcha del Libro de telefonemas correspondiente, la letra L o el número del tren o trenes en marcha según proceda, y la circulación quedará sometida a las normas del BT en la vía correspondiente. d) Si la anormalidad afectara a más de una vía, se cursará un telefonema de establecimiento y otro de conformidad para cada vía. 5. En trayectos con CTC o con estaciones telemandadas por el mismo Responsable de Circulación: El Responsable de Circulación del CTC o de la estación que telemanda solicitará la presencia de Responsables de Circulación en las estaciones a su cargo donde se haya producido la anormalidad en el BA o BLA. Hasta su llegada e incorporación, procederá como sigue: a) Se asegurará de que los cantones de bloqueo afectados, están libres de trenes. b) Establecerá y asegurará el itinerario de paso por vía directa de manera preferente en las estaciones sin Responsable de Circulación. c) Inscribirá en su libro de telefonemas correspondiente el siguiente telefonema: d) Desde ese momento se circulará al amparo del BT. El Responsable de Circulación del CTC o de la estación que telemanda será el coordinador de dicho proceso. Realizará el asiento en su libro de telefonemas correspondiente del tren en marcha entre las estaciones y la liberación del mismo cuando esta se produce, a modo de verificación de la condición y relación de dependencia entre ellas. e) Si se normalizase el BA o BLA antes de incorporarse al BT los Responsables de Circulación en las estaciones afectadas, el Responsable de Circulación del CTC o de la estación que telemanda, se asegurará de que los cantones afectados estén libres de trenes, e inscribirá en su libro de telefonemas correspondiente el siguiente telefonema: 6. En trayectos entre CTC colaterales o entre estaciones telemandadas por diferentes Responsables de Circulación. Si el trayecto donde se establece el BT afecta al ámbito de dos Responsables de Circulación de CTC colaterales o de dos estaciones colaterales en ML, se procederá como se indica en el punto 4 de este artículo. A dichos telefonemas, se añadirán las condiciones de circulación por las estaciones intermedias sin Responsable de Circulación. A los telefonemas de inicio de la circulación con BT o de establecimiento del BT, según se trate de CTC o de estaciones telemandadas, respectivamente, se añadirán las estaciones sin Responsable de Circulación y, cuando proceda: Limitaciones temporales de velocidad máxima, PN con semibarreras enclavadas sin protección, etc. 4.4.2.2. Incorporación de estaciones al BT. 1. En trayectos con CTC o con estaciones telemandadas, cuando al menos dos estaciones dispongan de Responsables de Circulación para intervenir en el BT, se procederá así: a) Los Responsables de Circulación que se incorporan, se coordinarán con el Responsable de Circulación del CTC o con el que telemanda las estaciones y verbalmente solicitarán su incorporación al BT. b) El Responsable de Circulación del CTC o el que telemanda las estaciones, deberá asegurarse de que el cantón de bloqueo o cantones de bloqueo afectados, están libres de trenes, y posteriormente les cursará el siguiente telefonema: c) A partir de ese momento, los Responsables de Circulación que intervengan en el BT, tras tomar el ML, procederán al cierre de la señal de salida hacia el trayecto donde se circula con BT, y se coordinarán para aplicar el BT. d) Si posteriormente tuviera que incorporarse al BT otra estación intermedia, el Responsable de Circulación del CTC o de la estación que la telemanda, deberá autorizarlo previamente. e) El Responsable de Circulación de la estación que se incorpore al BT cursará a sus colaterales el telefonema: f) Los Responsables de Circulación de las estaciones que reciban el telefonema anterior, cuando el cantón de bloqueo estén libres de trenes, contestarán con el siguiente: A dicho telefonema se añadirán las informaciones relativas a estaciones sin Responsable de Circulación y, cuando proceda: Limitaciones temporales de velocidad máxima; PN con semibarreras enclavadas sin protección, etc. g) Recibido el telefonema anterior de cada uno de los Responsables de Circulación de las estaciones colaterales, que deberán aportar la misma información, la estación se considerará incorporada. El Responsable de Circulación del CTC o de la estación que telemanda, entregará, en su caso, el ML a la estación incorporada, y esta procederá al cierre de las señales de salida hacia el trayecto donde se circula con BT. A partir de ese momento, las notificaciones al Maquinista serán las que correspondan a la nueva situación del trayecto consecuencia de la incorporación, es decir, con cantones distintos a los existentes antes de la incorporación. 2. Actuación en estaciones de BAU con CTC sin ML incorporadas al BT. Se procederá como sigue: a) Agujas. Su accionamiento estará a cargo del Responsable de Circulación de la estación, pero el Responsable de Circulación del CTC podrá accionarlas, previa orden del Responsable de Circulación de la estación. b) Señales. En las estaciones intermedias del trayecto en el que no funcione el CTC, las señales de entrada y salida de ambos lados se mantendrán ordenando parada. No obstante, el Responsable de Circulación del CTC podrá accionar las señales de entrada, previa orden del Responsable de Circulación de la estación. 4.4.2.3. Prescripciones de circulación. 1. Establecido el BT, el Responsable de Circulación de la estación hará lo siguiente: a) Procederá al cierre de las señales de entrada y de salida de la vía o vías, cuando las instalaciones permitan la sucesión automática de trenes. b) Mantendrá permanentemente las señales de salida ordenando parada, mientras esté establecido el BT. c) Además de lo anterior, establecerá y comprobará el itinerario que corresponda, aprovechando el enclavamiento en lo posible. En estaciones con CTC que no dispongan de ML, comprobará las agujas, barreras y demás aparatos en los itinerarios de entrada y salida. d) En las estaciones de transición hacia un trayecto con BT, cuando se disponga a darle la orden de marcha, notificará al Maquinista lo siguiente: Esta notificación podrá ser única para un trayecto que comprenda varias estaciones. En dicha notificación se agregarán las estaciones intermedias sin Responsable de Circulación, si existen, y cuando proceda: Velocidades limitadas, PN con semibarreras enclavadas sin protección, etc. e) Cuando existan agujas en plena vía, la notificación anterior será ampliada con el siguiente texto: f) Dará la orden de marcha conforme a lo dispuesto en el art. 1.5.1.8. 2. El Maquinista cumplirá lo siguiente: a) En plena vía: – Considerará inexistentes las señales intermedias en trayectos con BA, así como las señales preavanzadas en trayectos con BLA dotados de ellas. – La indicación de la señal de protección será considerada como comprobación suficiente, aun cuando sea inexistente a los demás efectos. Si estuviera en indicación de parada o apagada, se detendrá ante la aguja y una vez verificado que su posición permite el paso, reanudará la marcha sin rebasar la velocidad de 10 km/h hasta que el último vehículo la haya franqueado. – Circulará sin exceder la velocidad de 120 km/h, respetando las velocidades máximas y las limitaciones temporales de velocidad, salvo que el Responsable de Circulación le notifique otra velocidad inferior. – Cuando existan señales intermedias relacionadas con el ASFA, desconectará dicho equipo en el trayecto afectado o, si dispone de ASFA Digital, seleccionará el modo BTS. b) En las estaciones: – Se atendrá a lo que ordene la señal avanzada. Si ordenase parada, procederá como si diera la indicación de anuncio de parada. – Se atendrá a lo que ordene la señal de entrada. – Considerará inexistentes todas las señales de salida, salvo en estaciones AC cerradas. 4.4.2.4. Restablecimiento del BA y BLA. Cuando vuelva a funcionar el BA o BLA, se hará lo siguiente: 1. En trayectos sin CTC. a) Cursado el aviso de llegada del último tren que circuló al amparo del BT por el trayecto correspondiente, se restablecerá el BA o BLA. b) El Responsable de Circulación cursará a su colateral el telefonema siguiente: c) El Responsable de Circulación que reciba el telefonema anterior, contestará con el siguiente: d) En vía doble o múltiple se cursará un telefonema de restablecimiento y otro de conformidad para cada vía. e) En el BAD será suficiente que se hayan cursado los telefonemas de restablecimiento. Los avisos de llegada de los trenes en marcha, al amparo del BT, serán cursados a medida que la efectúen. f) Restablecida la circulación con BA o BLA, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, o del CTC, notificará al Maquinista, por radiotelefonía, o en su defecto, en la primera estación donde funcione el BA o el BLA, lo siguiente: 2. En trayectos con CTC o estaciones telemandadas. a) El Responsable de Circulación del CTC se informará de la situación de los trenes y cursará a los Responsables de Circulación de las estaciones afectadas el telefonema: b) Los Responsables de Circulación de las estaciones que reciban el telefonema anterior contestarán con el siguiente: c) El Responsable de Circulación del CTC iniciará su intervención en el bloqueo y retirará el ML. Los Responsables de Circulación de las estaciones cursarán el aviso de llegada del último tren que circuló al amparo del BT por los trayectos afectados, cuando este se produzca. d) Restablecida la circulación con BA o BLA, el Responsable de Circulación del CTC o de la Banda de Regulación del PM, notificará al Maquinista, por radiotelefonía, o en su defecto, en la primera estación donde funcione el BA o el BLA, lo siguiente: Sección 3. Banalización temporal de vía (BTV). 4.4.3.1. Aplicación. Cuando en vía doble no banalizada sea necesario expedir trenes a contravía, previa autorización del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM o del CTC, se establecerá la Banalización Temporal de Vía (BTV) al amparo de BT. Simultáneamente, para el sentido de circulación normal de esa vía, el BT se complementará con el uso de las instalaciones del BA o BLA en las líneas donde funcione, de forma que en los casos en los que haya varios cantones de BA entre las estaciones en las que se haya establecido la BTV, se pueda pedir y conceder vía para más de una circulación al amparo de las instalaciones, sin haber recibido el aviso de llegada de la circulación previa. La BTV no condiciona la circulación por la vía contigua. 4.4.3.2. Establecimiento de la BTV. El establecimiento estará a cargo del Responsable de Circulación de la estación que expide los trenes en el sentido normal por la vía en que se va a banalizar temporalmente la circulación de trenes. Para el establecimiento de la BTV es imprescindible garantizar que el cantón de bloqueo o cantones de bloqueo afectados estén libres de trenes. En los telefonemas recogidos en los artículos 4.4.1.3 y 4.4.1.4 para los trenes que circulen a contravía, se añadirá la mención: La circulación se hará al amparo del BT y, como complemento, al amparo del BAD o BLAD en líneas donde exista y funcione. Si una vez establecida la BTV o al establecerla, no funcionara el BAD o BLAD, se comunicará esta circunstancia a la estación colateral y al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, y se desarrollará la circulación de trenes exclusivamente con BT en ambos sentidos, informando de ello a los maquinistas de los trenes afectados mediante el telefonema L4.32. Funcionando el BAD o BLAD con el MC, el establecimiento y la aplicación de la BTV se podrá hacer en los siguientes casos: – Entre estaciones colaterales de CTC, estando una en MC y la otra en ML. – Entre dos estaciones colaterales a cargo de Responsables de Circulación con estaciones intermedias sin Responsables de Circulación. – Entre CTCs colaterales. El Responsable de Circulación del CTC, en las estaciones intermedias, establecerá y asegurará el itinerario, a vía directa o desviada que más convenga, permaneciendo dicho itinerario de manera preferente mientras esté establecida. 1. En BAD o BLAD sin CTC. a) El Responsable de Circulación de la estación que haya expedido el último tren hacia el trayecto afectado, procederá al cierre de la señal de salida hacia el trayecto donde se necesita establecer el BT y cursará a su colateral el siguiente telefonema: b) El Responsable de Circulación de la estación que reciba el telefonema anterior, cuando el último tren recibido sea coincidente con el que figura en el telefonema de establecimiento, contestará con el siguiente: c) Cursados estos telefonemas, los Responsables de Circulación de las estaciones inscribirán en la casilla de trenes en marcha del Libro de telefonemas correspondiente la letra L y la circulación quedará sometida a las normas del BT. 2. En BAD o BLAD con CTC o estaciones telemandadas. En MC, el establecimiento de la BTV se hará entre dos estaciones colaterales, aunque el trayecto en que se aplique pueda comprender más de dos estaciones consecutivas. En trayectos con estaciones telemandadas, la BTV se aplicará y establecerá solo en el trayecto que telemanda. Para el establecimiento de la BTV por parte del Responsable de Circulación del CTC o de la estación que telemanda, funcionando en MC será indispensable que funcione el BAD o BLAD con el MC. Se procederá: a) El Responsable de Circulación del CTC o de la estación que telemanda, inscribirá en su libro de telefonemas correspondiente el siguiente telefonema: b) Desde ese momento se circulará al amparo del BT, siendo el Responsable de Circulación del CTC o de la estación que telemanda el coordinador de dicho proceso, bastando para ello el asiento en su libro de telefonemas correspondiente del tren en marcha entre estaciones y la liberación del mismo cuando esta se produzca, a modo de verificación de la condición y relación de dependencia entre ellas. 3. El Responsable de Circulación del CTC, si dispone de dispositivo de toma de bloqueo, actuará sobre él para impedir la apertura de la señal de salida por el Responsable de Circulación de cualquier estación en ML, autorizando la apertura del mismo para cada tren cuando sea preciso expedirlo en el sentido normal de circulación. 4.4.3.3. Incorporación de estaciones a la BTV. 1. En general, una vez establecida la BTV en alguno de los casos contemplados en el art. 4.4.3.2, si posteriormente tienen que incorporarse a ella otras estaciones intermedias, será necesaria la autorización previa del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM o del CTC. 2. El Responsable de Circulación de la estación que se incorpore a la BTV cursará a sus colaterales el telefonema: 3. Los Responsables de Circulación de las estaciones que reciban el telefonema anterior, cuando el cantón de bloqueo o cantones de BTV estén libres de trenes, contestarán con el siguiente: 4. Recibido por la estación que se incorpora el telefonema L4.28, de cada uno de los Responsables de Circulación de las estaciones colaterales, que deberán aportar la misma información, la estación se considerará incorporada. El Responsable de Circulación del CTC entregará, en su caso, el ML a la estación incorporada, y esta procederá al cierre de las señales de entrada y salida de su estación. 5. A dicho telefonema se añadirán las informaciones relativas a las estaciones sin Responsable de Circulación y, de ellas, cuando se conozca, las que tengan establecido el itinerario de paso por vía desviada y, cuando proceda: Velocidades limitadas, PN con semibarreras enclavadas sin protección, etc. 6. A partir de ese momento, las notificaciones al Maquinista, serán las que correspondan a la nueva situación del trayecto consecuencia de la incorporación, es decir, con cantones distintos a los existentes antes de la incorporación. 7. Hecha la comprobación por parte del Responsable de Circulación del CTC de que el cantón de bloqueo o cantones de bloqueo objeto de la BTV se encuentran libres de trenes, ordenará a los Responsables de Circulación de las estaciones que inicien la circulación al amparo de la BTV, informándoles de la situación de la circulación en ese momento y cursándoles el telefonema: 8. A dicho telefonema se añadirán las informaciones relativas a estaciones sin Responsable de Circulación y, de ellas, cuando se conozca, las que tengan establecido el itinerario de paso por vía desviada y, cuando proceda: Velocidades limitadas, PN con semibarreras enclavadas sin protección, etc. Esta información será notificada al Maquinista que vaya a circular a contravía por dicho trayecto. 9. Siempre que sea posible, en las estaciones sin Responsable de Circulación, el Responsable de Circulación del CTC, en coordinación con los Responsables de Circulación de las estaciones colaterales, realizará la apertura de las señales, tanto en sentido normal como a contravía, autorizando su rebase en caso necesario, y cerrará los PN enclavados. En ningún caso podrá modificar el itinerario de la vía de paso notificada al Maquinista, ni intervenir en los acuerdos bilaterales. 4.4.3.4. Retirada de estaciones de la BTV. 1. Para la retirada de una estación de la BTV se requiere la autorización previa del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM o del CTC. Cuando el cantón de bloqueo o cantones de BTV estén libres de trenes, el Responsable de Circulación de la estación cursará a sus colaterales el telefonema: 2. A dicho telefonema se añadirá la vía por la que se tenga establecido el itinerario de paso y, cuando proceda: Velocidades limitadas, PN con semibarreras enclavadas sin protección, etc., conforme a la nueva situación existente. 3. Los Responsables de Circulación de las estaciones que reciban el telefonema anterior contestarán con el siguiente, si nada se opone: 4. En ese momento el Responsable de Circulación del CTC retirará el ML de la estación que deja de intervenir en el bloqueo y los Responsables de Circulación de las estaciones colaterales concertarán la circulación entre ellos, notificando a los Maquinistas lo que proceda, conforme a la nueva situación existente. 4.4.3.5. Prescripciones de circulación. 1. El Responsable de Circulación procederá al cierre de las señales de entrada y salida de la vía en la que se establece la BTV. 2. Para los trenes que circulen en sentido normal con BAD o BLAD en servicio: a) Se asegurará que no circula ningún tren a contravía. b) Establecerá el itinerario de entrada y de salida. c) Hará uso del BAD o BLAD. d) En BAD podrá pedir y conceder la vía sin haber recibido el aviso de llegada del tren precedente. Conforme vayan llegando los trenes del mismo sentido, se irán cursando los avisos de llegada que correspondan. En la casilla de trenes en marcha del Libro de telefonemas correspondiente, figurarán los trenes que existan en cada momento en la sección. Cuando la libere el último de ellos, se anotará la letra L. 3. Para los trenes que circulen a contravía, se aplicarán las prescripciones correspondientes al BT del artículo 4.4.2.3: a) Se asegurará que el cantón de bloqueo de BTV está libre de trenes. b) Comprobará las agujas, barreras y demás aparatos en el itinerario de salida o de entrada, aprovechando el enclavamiento en lo posible. c) Notificará al Maquinista lo siguiente: 4. El Responsable de Circulación del CTC o el Responsable de Circulación de estaciones telemandadas, añadirá a la notificación del telefonema L4.32 lo siguiente: Esta notificación se dará en la estación donde se inicie la BTV, pudiendo ser válida para un trayecto que comprenda varias estaciones, cuando estas sean informadas de ello y lo autorice el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM mediante el telefonema: En dicha notificación se agregarán las estaciones abiertas sin Responsable de Circulación, si existen y, de ellas, las que tengan establecido el itinerario de paso por vía desviada e, igualmente, cuando proceda: Velocidades limitadas, PN con semibarreras enclavadas sin protección, etc. Cuando existan agujas de Cargaderos en plena vía, protegidas por señales, la notificación anterior será ampliada con lo siguiente: Si antes de finalizar el recorrido del trayecto, se pasara a circular por vía normal, se notificará al Maquinista: 5. Cuando la BTV esté a cargo de un único Responsable de Circulación del CTC o de la estación que telemanda, además de las prescripciones recogidas en el punto 3 de este artículo, cumplimentará lo siguiente: a) Al estar el concierto de la circulación a cargo de un único Responsable de Circulación, podrá notificar directamente al Maquinista que circule a contravía, no siendo necesario pedir y conceder la vía. En su lugar, anotará en el Libro de telefonemas correspondiente para cada tren que expida a contravía: b) Para la expedición de trenes, el Responsable de Circulación se asegurará de que el trayecto está libre de trenes, comprobando por los medios a su disposición que el último tren que circuló lo ha liberado. Se considerará que el trayecto de BTV ha sido liberado cuando se haya recibido de un Responsable de Circulación el siguiente telefonema: 6. El Maquinista: a) En sentido normal. Se atendrá a lo que ordenen las señales. b) A contravía. – Considerará inexistentes todas las señales de salida, salvo en estaciones cerradas o telemandadas desde otra estación o CTC, de acuerdo con la notificación recibida. Mantendrá conectado el sistema ASFA, y circulará sin exceder la velocidad de 120 km/h, salvo que el Responsable de Circulación le notifique otra velocidad inferior. – Para las agujas de plena vía la indicación de la señal de protección será considerada como comprobación suficiente. Si autoriza el paso, reanudará la marcha normal. Si estuviera en indicación de parada o apagada, se detendrá ante la aguja y de acuerdo con la notificación recibida, una vez verificada que su posición es correcta, reanudará la marcha sin rebasar la velocidad de 10 km/h hasta que el último vehículo la haya franqueado. En caso contrario, informará al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM. Al aproximarse a las estaciones con señales de entrada a contravía se atendrá a lo que estas ordenen. Si no existieran, procederá como si hubiera encontrado una señal de anuncio de parada en el mismo lugar que está situada la señal avanzada de la vía normal, ateniéndose a lo que ordene la señal de retroceso. Si no hay señal de retroceso, irá dispuesto a parar ante la primera aguja y no la rebasará hasta que el Responsable de Circulación le autorice la entrada en la estación por radiotelefonía, transmitiéndole las órdenes o limitaciones que deba observar. En estaciones intermitentes AC cerradas, no se precisa dicha autorización para entrar en la estación y circulará sin exceder de 30 km/h hasta que se encuentre de nuevo en plena vía. – En estaciones AC cerradas y telemandadas, de acuerdo con la notificación recibida, cuando esté detenido por la orden de las señales, las rebasará, verificando la protección de los PN, la posición de las agujas y no excederá de 10 km/h al pasar por las mismas. Estas mismas prescripciones las cumplirá cuando se encuentre detenido ante la primera aguja, por no tener señal de entrada a contravía ni de retroceso. 4.4.3.6. Restablecimiento. 1. Se suprimirá la BTV cuando no haya necesidad de expedir trenes a contravía o cuando lo disponga el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM o del CTC. 2. En BAD o BLAD sin CTC o con estaciones en mando local: a) Una vez recibido el aviso de llegada del último tren que circuló a contravía, uno de los Responsables de Circulación, cursará a su colateral el telefonema: b) El Responsable de Circulación que reciba el telefonema anterior contestará con el siguiente: c) Cursados estos telefonemas, se podrá reanudar la circulación en sentido normal por la vía indicada, siempre que se cumplan las condiciones requeridas para expedir los trenes en cada sistema de bloqueo. En trayectos de CTC en los que la BTV se hubiera establecido entre estaciones en ML, a partir de este momento, el Responsable de Circulación del CTC podrá tomar el MC. 3. En BAD o BLAD con CTC o estaciones telemandadas: El Responsable de Circulación del CTC o de la estación que telemanda considerará restablecida la circulación en sentido normal cuando compruebe que: no hay ningún tren circulando a contravía, en los asientos de su libro de telefonemas correspondiente esté liberada la vía tras la circulación del último tren que circuló a contravía, y se inscriba en el mismo el telefonema: CAPÍTULO 5 Estaciones en servicio intermitente Sección 1. Estaciones AC 4.5.1.1. Forma de proceder en trayectos con estaciones AC cerradas. 1. El Maquinista, al llegar a la estación, deberá comprobar la posible presencia de algún cartelón C o indicador luminoso EC, si la estación dispone de ellos, o, en su defecto, la presentación de la señal de paso cuando proceda. En caso contrario, efectuará detención inmediata. 2. En las estaciones, el Maquinista respetará las indicaciones de todas las señales, independientemente del sistema de bloqueo. 1. Circulando por la vía normal: 1. Si la señal de entrada permite el paso, continuará la marcha. 2. Si la señal de entrada está apagada o indica parada, actuará de la siguiente forma: – Comprobará el indicador luminoso EC en la entrada o el cartelón C que está instalado en el andén. – Avanzará verificando la posición de las agujas y los dispositivos de protección de los PN. – Circulará con marcha a la vista hasta la señal siguiente de bloqueo en líneas con BA, cuando este funcione. 2. Circulando a contravía: 1. Si no hay señal de entrada a contravía ni tampoco de retroceso, no precisa autorización para entrar a la estación y circulará sin exceder de 30 km/h hasta rebasar las agujas de salida a contravía (que son las agujas de entrada en circulación normal) 2. Si hay señal de entrada o retroceso, atenerse a lo que esta indique. 3. Si la señal está apagada o indicando parada, actuará de la siguiente forma: – Comprobará el indicador luminoso EC en la entrada o el cartelón C que está instalado en el andén. – Avanzará verificando la posición de las agujas y los dispositivos de protección de los PN. – Circulará con marcha a la vista hasta la señal siguiente de bloqueo en líneas con BA, cuando este funcione. 3. El Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM podrá notificar al Maquinista, que la estación está cerrada y que altere el orden de las comprobaciones anteriores, mediante el telefonema previo siguiente: El Maquinista que reciba este telefonema, cuando llegue a la estación, comprobará la presencia o ausencia del cartelón C en el momento en que la visibilidad se lo permita. 4. Si las agujas no estuvieran bien dispuestas, o faltara el cartelón C o el indicador luminoso EC, se pondrá en comunicación con el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM, ateniéndose a sus instrucciones. 5. Cuando un tren se detenga entre la señal de entrada o de retroceso y un PN, el Maquinista procederá como si este estuviera sin protección. 4.5.1.2. Alteración de los periodos de cierre. El PM podrá alterar las horas programadas de cierre y apertura de las estaciones AC. En ese caso, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM lo notificará o asegurará que se notifique a los Maquinistas de los trenes afectados, salvo en estaciones dotadas de la indicación EA o EC. Cuando un tren se encuentre detenido por la orden de las señales, y estén apagados los indicadores luminosos EC o EA visibles desde la cabina de conducción, el Maquinista cumplirá las prescripciones como si se tratase de una estación abierta, comunicará con el Responsable de Circulación de la estación o de la Banda de Regulación del PM y se atendrá a sus instrucciones. Sección 2. Otras particularidades 4.5.2.1. Trenes que no cortocircuitan la vía. Circularán al amparo del bloqueo existente en la línea. La singularidad de estos trenes debe estar expresamente contemplada en la información que la EF debe facilitar al AI contemplada en el art. 1.5.1.18 de este Reglamento. Cuando el sistema de detección de presencia de tren esté basado en circuitos de vía eléctricos afectando a todo el recorrido del vehículo se cumplirán, además, las siguientes prescripciones: 1. En líneas de BA o BLA con CTC en ML o sin CTC, el Responsable de Circulación de la estación, antes de expedir un tren que no cortocircuite la vía, mantendrá cerrada la señal de salida y cursará a su colateral el telefonema: 2. A continuación de estos trenes no podrá circular ningún otro tren en el mismo sentido. Para ello, el Responsable de Circulación mantendrá la señal de salida ordenando parada, desactivará los sistemas de formación automática de itinerarios hasta que reciba el telefonema L4.4 de aviso de llegada de la estación colateral. 3. Cuando se circule con BA, BAS, BSL o BLA, con CTC, se mantendrá la señal de salida ordenando parada, hasta que el Maquinista comunique su llegada a la estación inmediata mediante el telefonema L4.4. 4. El Responsable de Circulación de la estación que haya recibido el telefonema L4.41 tomará las medidas necesarias para impedir el acceso de cualquier circulación al trayecto, hasta que, una vez comprobada la llegada del vehículo, curse el telefonema L4.4. 5. En general, los Responsables de Circulación no modificarán el itinerario de salida establecido. En caso de necesidad, recabarán del Maquinista su ubicación, que el Maquinista confirmará mediante el telefonema: 6. Cuando se trate de estaciones dotadas de circuitos de vía, el paso se realizará de forma preferente por la vía directa. 4.5.2.2. Maquinaria de vía. 1. La maquinaria de vía en el ejercicio de su actividad operará al amparo de una EVB como tren de trabajos. 2. La maquinaria de vía tendrá la consideración de tren, en sus traslados entre estaciones durante los cuales no realice trabajos propios de su actividad. En consecuencia, circulará al amparo del sistema de bloqueo establecido en la línea. 4.5.2.3. Puesto de bloqueo. 1. Estará a cargo de un Responsable de Circulación. Se establecerá por Consigna del AI, en un determinado punto kilométrico, con el fin de dividir el cantonamiento de un trayecto entre dos estaciones colaterales. 2. Su establecimiento, regulación, prescripciones de circulación y supresión se hará de acuerdo con la Consigna que lo regula. LIBRO CUARTO ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 1 CONTROL DE CIRCULACIÓN POR RADIO [indice]Índice LIBRO CUARTO. ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 1 CONTROL DE CIRCULACIÓN POR RADIO Capítulo 1. Control de Circulación por Radio. Sección 1. Generalidades. 4ET1.1.1.1. Objeto. 4ET1.1.1.2. Definiciones. 4ET1.1.1.3. Anotaciones de los procesos de circulación. Sección 2. Comunicaciones, señalización e instalaciones. 4ET1.1.2.1. Comunicaciones. 4ET1.1.2.2. Señales específicas del CCR. 4ET1.1.2.3. Agujas. Sección 3. Circulación. 4ET1.1.3.1. Expedición o paso de los trenes. 4ET1.1.3.2. Entrada, salida y paso de los trenes. Sección 4. Bloqueo. 4ET1.1.4.1. Cómo se asegura. 4ET1.1.4.2. Autorización de circulación. 4ET1.1.4.3. Aviso de llegada. 4ET1.1.4.4. Anulación de la autorización de circulación. 4ET1.1.4.5. Anormalidades en las comunicaciones. 4ET1.1.4.6. Restablecimiento del CCR. Sección 5. Composición y frenado. 4ET1.1.5.1. Composición de los trenes. Sección 6. Maniobras. 4ET1.1.6.1. Autorización de las maniobras. Sección 7. Disposiciones diversas. 4ET1.1.7.1. Registro de telefonemas. 4ET1.1.7.2. Circulación en otras condiciones.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Control de Circulación por Radio. Sección 1. Generalidades 4ET1.1.1.1. Objeto. El objeto de la presente Especificación Transitoria es regular las condiciones particulares de circulación mediante el sistema de Control de Circulación por Radio (CCR) en las líneas en las que se encuentra instalado, sin Responsables de Circulación en las estaciones intermedias. 4ET1.1.1.2. Definiciones. 1. Cantón de CCR: es la parte de vía comprendida entre dos estaciones colaterales por la que se efectúa la circulación en ambos sentidos y al amparo de este bloqueo. 2. Estaciones Extremas con CCR: Son las que delimitan la sección de CCR. 3. Estaciones Intermedias con CCR: Son las situadas en la sección de CCR donde se pueden efectuar cruces, así como ser origen o destino de trenes, por tratarse de estaciones abiertas. 4. Puesto de CCR: Es el lugar desde donde se dirige y coordina la circulación de los trenes en la sección de CCR. Está a cargo de un Responsable de circulación denominado Responsable de circulación del CCR. 5. Sección de CCR: es el tramo de línea en el que se aplica este sistema. 4ET1.1.1.3. Anotaciones de los procesos de circulación. Los Maquinistas de los trenes que circulen por la sección de CCR anotarán en el Libro de Telefonemas del Maquinista el telefonema de autorización de circulación recibido del Responsable de Circulación del CCR, inscribiendo el nombre de la estación o aguja de entrada hasta la que fue autorizado y en su caso la denominación del tren con el que debe cruzar. De la misma forma, inscribirá la estación de llegada cuando curse al Responsable del CCR el aviso de tren completo y apartado. Así mismo, registrará en dicho libro cuantos telefonemas relacionados con el CCR reciba del Responsable de circulación. Si quedara sin efecto la autorización de circulación al ser anulada por el Responsable de Circulación del CCR o pedir su anulación el Maquinista, este tachará con una línea diagonal los textos anotados. Sección 2. Comunicaciones, señalización e instalaciones 4ET1.1.2.1. Comunicaciones. Existe una comunicación cerrada y secreta por radio entre el Responsable de Circulación del CCR y el Maquinista. El Responsable de Circulación del CCR puede realizar llamada general. Este y el Maquinista pueden hacer llamadas de emergencia, que siempre es comunicación abierta. Todas las comunicaciones quedarán grabadas por un equipo instalado en el Puesto de CCR. 4ET1.1.2.2. Señales específicas del CCR. El principio y el final de la sección de CCR están señalizadas en la vía con los cartelones: Las estaciones intermedias están protegidas a la distancia de frenado, hasta el indicador de posición de agujas, con el cartelón: 4ET1.1.2.3. Agujas. 1. En las estaciones intermedias existen dos vías de circulación con agujas talonables dotadas de indicador de comprobación de acoplamiento de agujas (Señal FI5 del RCF). Su orientación normal es a vía distinta para permitir los cruces de trenes. Pueden existir también agujas talonables en estaciones extremas del CCR. En todos los casos, este tipo de instalaciones estará contemplado en la Consigna del AI correspondiente, que describa las instalaciones de cada estación. 2. El indicador de comprobación de acoplamiento de agujas, situado delante de ellas, en estaciones de CCR ordena al Maquinista: a) Cuando presente luz blanca: Circular normalmente si nada se opone. b) Cuando esté apagado: Efectuar parada ante él comunicándolo al Responsable de Circulación del CCR o de la estación si lo hubiere, reanudando seguidamente la marcha después de comprobar que la aguja está bien dispuesta, o en caso contrario, permanecer detenido ante el mismo. 3. El paso por las agujas, tanto si se toman de punta como de talón, se hará sin exceder de 30 km/h. Las agujas, al ser talonadas por los trenes en su salida, vuelven automáticamente a su posición inicial. 4. Por necesidades del servicio o por averías, que se comunicarán al Responsable de Circulación del CCR, las agujas pueden ser liberadas y accionadas localmente, de acuerdo con lo contemplado en la Consigna del AI correspondiente, que describa las instalaciones de cada estación. Sección 3. Circulación 4ET1.1.3.1. Expedición o paso de los trenes. Para expedir o dar paso a un tren es preciso que: 1. Se haya establecido el itinerario de salida. 2. El Responsable de Circulación del CCR transmita al Maquinista el telefonema de Autorización de Circulación. 3. En las estaciones extremas, el Responsable de circulación dé la orden de marcha, si procede, conforme a lo establecido en el art. 1.5.1.8 de este Reglamento. 4ET1.1.3.2. Entrada, salida y paso de los trenes. 1. En estaciones intermedias: Por disposición del enclavamiento, normalmente los trenes entrarán en la misma vía si son de igual sentido. En el caso de cruces de trenes, uno de los trenes solo será autorizado para circular hasta la aguja de entrada, hasta que el otro esté estacionado para evitar las entradas simultáneas. Llegada la hora de salida y cuando haya sido autorizado para circular hasta la siguiente, el Maquinista emprenderá la marcha. El Maquinista, cuando circule al amparo del BT procederá como si hubiera encontrado la indicación de anuncio de parada en el mismo punto en que se encuentra el cartelón «E», he irá dispuesto a efectuar parada ante la primera aguja, no rebasando esta hasta que lo autorice el responsable de circulación de la estación. En las estaciones que no intervengan en el BT el Maquinista efectuará la entrada si nada se opone. 2. En estaciones extremas: En todos los casos el Maquinista se atendrá a lo que ordene la señal de entrada y en su caso la señal de salida. Sección 4. Bloqueo 4ET1.1.4.1. Cómo se asegura. Por medio del conocimiento permanente del Responsable de circulación del CCR de la situación de los trenes en la sección, de la «Autorización de Circulación» dada al Maquinista y el «Aviso de Llegada» de los trenes. 4ET1.1.4.2. Autorización de circulación. 1. Previa información del Maquinista de que está dispuesto para su salida, el Responsable de circulación del CCR, cuando el cantón esté libre de trenes, le cursará el telefonema siguiente con el número aleatorio generado por el sistema: La autorización de circulación se dará para cada cantón, antes de emprender la marcha, en la estación anterior a dicho cantón. El Maquinista que reciba la autorización para circular, en las estaciones extremas, no emprenderá la marcha hasta haber recibido la correspondiente orden de marcha conforme a lo establecido en el art. 1.5.1.8 de este Reglamento. 2. El Maquinista, rebasada la aguja de salida, en todas las estaciones, lo pondrá en conocimiento del Responsable de Circulación del CCR. 4ET1.1.4.3. Aviso de llegada. 1. En las estaciones intermedias, y en las extremas en las que no haya Responsable de Circulación, inmediatamente después de la llegada de un tren a una estación, el Maquinista cursará por telefonema al Responsable de Circulación del CCR el aviso de llegada del tren completo a la estación que corresponda, mediante: 2. En las estaciones extremas, si hay Responsable de Circulación, cursará por telefonema el aviso de llegada al Responsable de circulación del CCR. 4ET1.1.4.4. Anulación de la autorización de circulación. Cuando, cursada la autorización de circulación, y antes de que el tren emprenda la marcha, exista alguna causa que aconseje dejarla sin efecto, se transmitirá uno de los siguientes telefonemas: 1. Por iniciativa del Responsable de circulación del CCR: 2. Por iniciativa del Maquinista: 3. A estos telefonemas se contestará, respectivamente, con uno de los siguientes: 4. Cursados los telefonemas indicados anteriormente, el tren no podrá circular hasta que de nuevo el Maquinista obtenga la autorización de circulación de acuerdo con el artículo 4ET1.1.4.2 de esta Especificación Transitoria. 4ET1.1.4.5. Anormalidades en las comunicaciones. 1. Cuando surjan anormalidades en el equipo de comunicación de un vehículo motor, será considerado inútil y sustituido por otro que lo tenga en perfecto estado de funcionamiento. 2. Si la anormalidad se presenta durante el servicio, el Responsable de Circulación del CCR podrá ordenar que continúe hasta rendir viaje garantizándose la circulación con los medios de comunicación disponibles. 3. Si surgen averías en el equipo del Puesto de CCR, se establecerá BT. El Responsable de Circulación del CCR ordenará la incorporación de estaciones al BT, constituyendo los cantones necesarios según disponibilidad de personal y número de circulaciones. 4. El Responsable de Circulación del CCR podrá establecer BT entre una estación extrema y una intermedia en la que se incorpore un Responsable de Circulación. 5. El Responsable de Circulación del CCR antes de ordenar a las estaciones la incorporación al BT, se asegurará de la liberación de los cantones, cursando a los Responsables de Circulación de las estaciones afectadas el telefonema: El telefonema anterior garantiza, al Responsable de circulación de la estación que lo reciba, la liberación del cantón correspondiente por lo que, a partir de ese momento, podrá iniciar la circulación al amparo del BT. 6. A los Maquinistas de los trenes que circulen al amparo del BT se les notificará: 4ET1.1.4.6. Restablecimiento del CCR. 1. Cuando se normalicen las comunicaciones por radio, el Responsable de circulación del CCR informará de ello a los responsables de circulación de las estaciones que intervienen en el BT, y estos cuando vayan liberando los cantones lo comunicarán al Responsable de circulación del CCR. Recibida dicha información, cursará a los Responsables de Circulación de las estaciones que estén interviniendo en el BT, el telefonema: 2. Los Responsables de circulación de las estaciones contestarán con el siguiente: A partir de este momento, dejarán de intervenir en el bloqueo. 3. El Maquinista que lleve la notificación de que circula con BT será informado mediante telefonema: Sección 5. Composición y frenado 4ET1.1.5.1. Composición de los trenes. 1. El CCR es aplicable a trenes que estén dotados de un equipo de radio portátil compatible, con una longitud máxima de 200 m, cuando su masa por eje sea como mínimo de 2 t. Sección 6. Maniobras 4ET1.1.6.1. Autorización de las maniobras. 1. Las maniobras que se efectúen en las estaciones extremas hacia la sección de CCR se realizarán de acuerdo con el Responsable del CCR, que impedirá el acceso de circulaciones al cantón, si la maniobra debe rebasar la señal de entrada. 2. Las maniobras en estaciones intermedias deben realizarse bajo la dirección de un Responsable de Circulación en la estación. Durante su ejecución, la circulación de trenes por la misma, se realizará con BT. 3. Finalizadas las maniobras, antes de restablecer el CCR, se restituirán los aparatos de vía a su posición definida para la explotación en CCR conforme a lo que establezca la Consigna del AI que describa las instalaciones de la estación y su uso. Sección 7. Disposiciones diversas 4ET1.1.7.1. Registro de telefonemas. 1. Los telefonemas, avisos de tren completo y notificaciones que se indican en los artículos anteriores serán registrados: a) Por el Responsable de Circulación del CCR, en el Libro de telefonemas correspondiente. El AI podrá disponer si lo estima adecuado, un modelo específico de Libro de telefonemas para la gestión del CCR. b) Por los Responsables de Circulación de las estaciones, en el Libro de telefonemas correspondiente. c) Por el Maquinista, en el Libro de Telefonemas del Maquinista. 2. Los telefonemas que se intercambien con los Maquinistas se cursarán a tren parado. 4ET1.1.7.2. Circulación en otras condiciones. 1. Los trenes no contemplados en esta Especificación Transitoria y los contemplados cuando convenga al servicio, circularán al amparo de BT de acuerdo a las normas del artículo 4ET1.1.4.5 de esta Especificación Transitoria. 2. Cuando cese en el servicio el Responsable de circulación del CCR, previamente, incorporará al bloqueo, a los Responsables de circulación de las estaciones y al reincorporarse restablecerá el CCR mediante los telefonemas y las normas de los artículos 4ET1.1.4.5 y 4ET1.1.4.6 de esta Especificación Transitoria, respectivamente. LIBRO CUARTO ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 2 BLOQUEO ELÉCTRICO MANUAL [indice]Índice LIBRO CUARTO. ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 2. BLOQUEO ELÉCTRICO MANUAL. Capítulo 1. Bloqueo Eléctrico Manual (BEM). Sección 1. Generalidades. 4ET2.1.1.1. Introducción. 4ET2.1.1.2. Definiciones. Sección 2. Bloqueo. 4ET2.1.2.1. Petición y concesión o toma eléctrica de la vía. 4ET2.1.2.2. Expedición o paso de trenes. 4ET2.1.2.3. Aviso de llegada. 4ET2.1.2.4. Desbloqueo artificial del cantón. Sección 3. Particularidades. 4ET2.1.3.1. Anormalidades. 4ET2.1.3.2. Estaciones AC. 4ET2.1.3.3. Vehículos que no cortocircuitan la vía. 4ET2.1.3.4. Rebase de la zona de maniobras.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Bloqueo Eléctrico Manual (BEM) Sección 1. Generalidades 4ET2.1.1.1. Introducción. El objeto de la presente Especificación Transitoria es regular las condiciones particulares de circulación al amparo del sistema de Bloqueo Eléctrico Manual (BEM), en las líneas en las que se encuentra instalado. El Bloqueo Eléctrico Manual (BEM) se apoya en la relación de dependencia que eléctricamente se establece entre las señales de salida de dos estaciones colaterales para impedir el acceso simultáneo de dos circulaciones a un cantón. 4ET2.1.1.2. Definiciones. 1. Cantón de Bloqueo: es la parte de vía comprendida entre dos estaciones colaterales por la que se efectúa la circulación en ambos sentidos y al amparo de este bloqueo. 2. Clases de BEM: a) De petición y concesión de vía en vía única b) De toma de vía, en vía única. Sección 2. Bloqueo 4ET2.1.2.1. Petición y concesión o toma eléctrica de la vía. 1. El Responsable de circulación de la estación que tenga que expedir o dar paso a un tren procederá: a) Sistema de petición y concesión de vía. A pedir eléctricamente la vía a la estación colateral. b) Sistema de toma de vía. A tomar eléctricamente la vía a la estación colateral. 2. El Responsable de circulación de la estación colateral situará los dispositivos de bloqueo en la posición que corresponda para: a) Sistema de petición y concesión de vía. Conceder o denegar eléctricamente la vía. b) Sistema de toma de vía. Permitir o prohibir eléctricamente la toma de vía. 3. Las operaciones a que se refieren los puntos anteriores se efectuarán con la antelación necesaria para no retrasar los trenes. 4ET2.1.2.2. Expedición o paso de trenes. Para que el Responsable de Circulación de una estación pueda proceder a expedir o dar paso a un tren, es preciso que: a) El cantón esté libre de trenes. b) Se pida y conceda, o se tome eléctricamente la vía. c) Se haya establecido el itinerario de salida. d) Se dé la orden de marcha de acuerdo con lo prescrito en el art. 1.5.1.8 de este Reglamento. e) No está permitida la expedición de trenes desde vías sin señal de salida. 4ET2.1.2.3. Aviso de llegada. 1. Inmediatamente después de la llegada de un tren a una estación o de su paso por la misma, el Responsable de circulación se asegurará de que: a) Ha llegado o pasado completo. b) Está protegido por la señal de entrada. Seguidamente, accionará los dispositivos de liberación del bloqueo para dar eléctricamente la llegada del tren. 4ET2.1.2.4. Desbloqueo artificial del cantón. 1. Si no fuera posible liberar el bloqueo, el Responsable de circulación de la estación cursará a su colateral el telefonema siguiente que corresponda: Estos telefonemas serán registrados por los Responsables de Circulación en el Libro de telefonemas correspondiente. 2. Seguidamente, ambos Responsables de circulación accionarán el dispositivo de desbloqueo artificial. Normalizado el bloqueo, continuará la circulación al amparo del BEM. Sección 3. Particularidades 4ET2.1.3.1. Anormalidades. Cuando, entre dos estaciones, no funcionen con normalidad los dispositivos de bloqueo o las señales de salida, se establecerá el BT en el cantón o cantones afectados, siendo de aplicación lo recogido para el BT en caso de anormalidad en el Libro Cuarto, Capítulo 4, Sección 2.ª del RCF. 4ET2.1.3.2. Estaciones AC. Se cumplirán las mismas prescripciones que las recogidas para el BT en el Libro Cuarto, Capítulo 5, Sección 1.ª del RCF, teniendo en cuenta que no está permitido el cierre ni la apertura de una estación teniendo ocupado alguno de los cantones colaterales. 4ET2.1.3.3. Vehículos que no cortocircuitan la vía. Se cumplirán las mismas prescripciones que para los bloqueos sin CTC, recogidas en el Libro Cuarto, Capítulo 5, Sección 2.ª del RCF. 4ET2.1.3.4. Rebase de la zona de maniobras. Se cumplirán las mismas prescripciones que para los bloqueos sin CTC, recogidas en el art. 3.5.3.1 del RCF. LIBRO QUINTO INSTALACIONES DE SEGURIDAD [indice]Índice LIBRO QUINTO. INSTALACIONES DE SEGURIDAD. Capítulo 1. Instalaciones de seguridad. Sección 1. Generalidades. 5.1.1.1. Introducción. Sección 2. Enclavamientos. 5.1.2.1. Definición, objeto y principios básicos. 5.1.2.2. Manejo. 5.1.2.3. Posición de las agujas. Sección 3. Sistemas de protección del tren. 5.1.3.1. Introducción. 5.1.3.2. Clasificación. 5.1.3.3. Funcionalidad del equipo embarcado. 5.1.3.4. Conexión y desconexión del equipo embarcado. 5.1.3.5. Introducción de datos en el equipo embarcado. 5.1.3.6. Señales consideradas inexistentes. 5.1.3.7. Señales apagadas o discordantes con sistema ASFA. Sección 4. Dispositivos embarcados de vigilancia, de información de velocidad y de detección de sobretemperatura en elementos de rodadura y de freno. 5.1.4.1. Definición y condiciones para prestar servicio en origen. Sección 5. Sistemas auxiliares de detección instalados en la vía. 5.1.5.1. Detectores de sobretemperatura en cajas de grasa, ruedas y discos de freno. 5.1.5.2. Detectores de caída de objetos a la vía. 5.1.5.3. Detectores de impacto en vía. 5.1.5.4. Detectores de viento lateral. Sección 6. Sistemas de protección de Pasos a Nivel 5.1.6.1. Definición y ámbito de aplicación. 5.1.6.2. Pasos a Nivel provisionales por obras. 5.1.6.3. Intersecciones especiales. Capítulo 2. Anormalidades. Sección 1. Señales fijas. 5.2.1.1. Prescripciones en caso de anormalidad. 5.2.1.2. Condiciones para autorizar el rebase de una señal que ordene parada. 5.2.1.3. Rebase de una señal que ordene parada. 5.2.1.4. Rebase indebido de una señal que ordene parada. Sección 2. Enclavamientos. 5.2.2.1. Prescripciones en caso de anormalidad. Sección 3. Sistemas de protección del tren. 5.2.3.1. Prescripciones generales en caso de anormalidad. 5.2.3.2. Prescripciones en caso de anormalidad durante la marcha. 5.2.3.3. Comunicación de las anormalidades. Sección 4. Dispositivos embarcados. 5.2.4.1. Anormalidades en dispositivos de vigilancia, de información de velocidad y de detección de sobretemperatura en elementos de rodadura y freno. 5.2.4.2. Anormalidades en el sistema de radiotelefonía. Sección 5. Sistemas auxiliares de detección instalados en la vía. 5.2.5.1. Anormalidades en detectores de sobretemperatura en cajas de grasa, ruedas y discos de freno. 5.2.5.2. Anormalidades en detectores de caída de objetos. 5.2.5.3. Anormalidades en detectores de viento lateral. Sección 6. Sistemas de protección de Pasos a Nivel. 5.2.6.1. Aplicación. 5.2.6.2. Averías en Paso a Nivel. 5.2.6.3. Notificación al Maquinista.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Instalaciones de seguridad Sección 1. Generalidades 5.1.1.1. Introducción. El objeto de este libro es definir el funcionamiento, tanto en situación normal como degradada, de distintas instalaciones de seguridad que son de uso común en la RFIG. No se incluyen dentro de este libro, ni las señales, ni los bloqueos, que son objeto de los libros 2 y 4, respectivamente. Se entiende por instalación de seguridad los componentes, equipos y sistemas o conjunto de ellos, homologados, instalados en tierra y a bordo de los vehículos con el fin de aumentar el nivel de seguridad de la circulación. Asimismo, el software y los datos (de registro, calibración, etc.) de cada instalación, se consideran componentes de ella. Lo mismo sucede con los sistemas de comunicación a través de los que se transmiten las órdenes e informaciones relacionadas con la circulación. Dentro de las instalaciones de seguridad, se incluyen las siguientes: – Señales ferroviarias (tratadas en el libro 2). – Enclavamientos. – Bloqueos (tratados en el libro 4). – Sistemas de protección de trenes (ERTMS, LZB, EBICAB, ASFA, etc.). – Dispositivos embarcados de: Vigilancia (hombre muerto). Información de velocidad. Detección de sobretemperatura en órganos de rodadura y freno. – Sistemas auxiliares de detección en vía. Detectores de cajas calientes y frenos agarrotados. Detectores de caída de objetos a la vía. Detectores de impacto en vía. Detectores de viento lateral. – Sistemas de protección de Pasos a Nivel. Sección 2. Enclavamientos 5.1.2.1. Definición, objeto y principios básicos. 1. Un enclavamiento es un sistema que permite fijar itinerarios seguros para la circulación de los trenes en el ámbito de las estaciones, estableciendo una relación de dependencia entre las posiciones de los distintos aparatos de vía del itinerario, las semibarreras de PN (en su caso) y las órdenes que transmiten las señales. Además, establece relaciones de incompatibilidad con posiciones o configuraciones de otros aparatos o señales, impidiendo establecer itinerarios incompatibles que al interferir con los primeros afecten a su seguridad. 2. Los principios básicos de los enclavamientos son los siguientes: a) Para efectuar la apertura de una señal que autorice un itinerario, es imprescindible que con anterioridad todos los aparatos del mismo se hallen dispuestos en la posición adecuada. b) Mientras esté abierta la señal que autoriza un itinerario, no se puede cambiar la posición de ningún aparato relacionado con el mismo. c) No se puede realizar la apertura de una señal que autorice un itinerario incompatible con otro ya autorizado. 3. Incompatibilidad. a) Dos o más itinerarios se consideran incompatibles cuando no pueden ser realizados de forma simultánea. b) Las incompatibilidades de cada enclavamiento estarán contenidas en la Consigna que regule su operatividad. 5.1.2.2. Manejo. 1. En el manejo de los enclavamientos y de los elementos que gestionan se cumplirá estrictamente con lo prescrito en este Reglamento y en las Consignas del AI que regulen su operatividad. En estos documentos se describen las instalaciones, su utilización y la forma de proceder en caso de avería. 2. Cuando excepcionalmente, sea preciso maniobrar agujas a distancia en un itinerario no disuelto por un tren, una vez desenclavado este, se deberá comprobar previamente la detención y posición del tren en relación a la aguja que se pretende mover. 3. Cuando no sea posible efectuar la apertura de la señal de entrada como establezca la correspondiente Consigna del AI, se podrán establecer itinerarios para el estacionamiento de los trenes en condiciones especiales. Para efectuarlo se tendrán en cuenta los siguientes criterios: a) Mediante la orden de rebase autorizado cuando la señal de entrada disponga de dicha indicación. b) Si la señal de entrada no dispone de esa indicación, se autorizará su rebase por telefonema, prescribiendo marcha de maniobras y cuantas comprobaciones precise realizar el tren. Se tendrá en cuenta, en este caso, las condiciones que para autorizar el rebase se prescriben en este Reglamento. c) Si la estación no dispone de señal de entrada, se detendrá el tren ante la primera aguja y se ordenará su estacionamiento con marcha de maniobras. 4. En una estación sin enclavamiento, y salvo que la disposición de las vías o de los aparatos de vía impidan realizar itinerarios concurrentes, se consideran incompatibles los itinerarios siguientes: a) La entrada simultánea de dos trenes en sentido contrario. b) La entrada de un tren mientras está saliendo otro en el mismo sentido por el lado opuesto y viceversa. 5.1.2.3. Posición de las agujas. 1. Para la entrada, salida y paso de los trenes, las agujas se hallarán en todos los casos inmovilizadas como se indique en la correspondiente Consigna del AI. 2. Una aguja inmovilizada mecánica o eléctricamente en la posición correspondiente a un itinerario, no precisa comprobación para otros itinerarios posteriores, mientras dicha posición se mantenga inalterable. 3. Siempre que sea posible, las agujas de las vías donde se encuentre material apartado estarán orientadas en la posición que evite la deriva a vías de circulación. Sección 3. Sistemas de protección del tren 5.1.3.1. Introducción. Son sistemas que a través del intercambio de información puntual o continua entre equipos compatibles situados en la infraestructura y a bordo del tren, permiten desarrollar todas o algunas de las siguientes funciones: a) Información de señales en cabina. b) Frenado del tren al realizar un movimiento no autorizado o al superar la velocidad límite o en caso de mal funcionamiento del sistema. c) Supervisión continua de la velocidad del tren, con aplicación de curvas de frenado acordes con el estado de la señalización y con la velocidad máxima permitida en cada punto. Para el adecuado funcionamiento y operatividad de estos sistemas, es imprescindible que los equipos instalados en la infraestructura y a bordo de los trenes, sean compatibles entre sí. 5.1.3.2. Clasificación. Los sistemas de protección del tren se clasifican según la funcionalidad prestada al Maquinista: a) Los que proporcionan información y supervisión continua: ERTMS N2 y LZB. b) Los que proporcionan información puntual y supervisión continua: ERTMS N1 y EBICAB. c) Los que proporcionan información puntual y supervisión puntual o semicontinua: ASFA. 5.1.3.3. Funcionalidad del equipo embarcado. El equipo embarcado recibe información puntual o continua sobre las condiciones de circulación que afectan al tren, y supervisa el cumplimiento de las órdenes e informaciones que transmite al Maquinista. Entre sus funciones se encuentran las siguientes: a) Presentar al Maquinista permanentemente en el panel de información del sistema, las indicaciones necesarias para regular la marcha del tren, de modo que en caso de una actuación no acorde con aquellas, el sistema actúe provocando una orden de freno. b) Presentar al Maquinista órdenes, indicaciones y el modo de operación del sistema de señalización para las actuaciones concretas que deba realizar. 5.1.3.4. Conexión y desconexión del equipo embarcado. 1. Las operaciones de conexión y desconexión del equipo embarcado, se realizarán conforme a lo indicado en el Manual de Conducción de cada vehículo. 2. El Maquinista llevará siempre conectado el sistema embarcado de protección del tren compatible con el trayecto a recorrer, salvo en los casos especificados en este Reglamento. 5.1.3.5. Introducción de datos en el equipo embarcado. 1. Cuando el Maquinista vaya a circular con un sistema embarcado de protección del tren compatible con el trayecto a recorrer, deberá realizar previamente la introducción de datos al sistema con el tren parado. Esta operación se realizará de acuerdo con lo indicado en los Manuales de conducción y del equipo, y con los datos que figuran en el «Libro de Itinerarios del Maquinista». 2. Cuando a lo largo del trayecto cambie alguno de los datos anteriores, se introducirá de nuevo. En particular, cuando sea preciso anular el freno de algún bogie de la composición, se modificarán los datos correspondientes al porcentaje de frenado, y si fuera necesario, a la velocidad máxima. 5.1.3.6. Señales consideradas inexistentes. Cuando el Maquinista deba considerar inexistentes las señales intermedias en BA, desconectará el equipo del sistema ASFA en todo el trayecto afectado. Como excepción, no será necesario desconectar el equipo cuando: 1. Se le notifique o se regule por Consigna que las balizas de las señales que deba considerar inexistentes han sido retiradas o tapadas con chapas cubrebalizas. 2. El sistema ASFA permita circular en modo BTS. Cuando el Maquinista, circulando a contravía, deba considerar inexistente la señal de salida, llevará el sistema ASFA conectado para permitir la lectura de balizas. 5.1.3.7. Señales apagadas o discordantes con sistema ASFA. Cuando las señales estén apagadas o muestren órdenes o informaciones discordantes con las del equipo ASFA, el Maquinista actuará siempre cumpliendo la indicación más restrictiva. Cuando una señal de protección de Paso a Nivel presente la indicación de PN protegido y la información dada por el equipo ASFA sea la de PN sin protección, el Maquinista respetará esta última orden. Sección 4. Dispositivos embarcados de vigilancia, de información de velocidad y de detección de sobretemperatura en elementos de rodadura y de freno 5.1.4.1. Definición y condiciones para prestar servicio en origen. 1. Dispositivo de vigilancia (hombre muerto): Sistema para el control de presencia activa del Maquinista. Actúa sobre el freno de emergencia del tren en caso de falta de reconocimiento cuando el sistema lo requiere. 2. Dispositivo de información de velocidad: Informa de manera continua al Maquinista de la velocidad real del tren, la cual es grabada en los elementos de registro del vehículo. 3. Dispositivo de detección de sobretemperatura en elementos de rodadura y de freno: Informa al Maquinista de la existencia de alarmas por temperaturas en los elementos citados. La información de estos equipos prevalece sobre la de los equipos en vía. En la estación de origen de cada servicio, las cabinas de conducción deberán tener en perfectas condiciones de funcionamiento los dispositivos de vigilancia e información de velocidad, y en los vehículos equipados, el de detección de sobretemperatura en elementos de rodadura y freno. Sección 5. Sistemas auxiliares de detección instalados en la vía 5.1.5.1. Detectores de sobretemperatura en cajas de grasa, ruedas y discos de freno. 1. Son dispositivos que miden la temperatura de las cajas de grasa, ruedas y discos de freno de los vehículos, al paso por los puntos en los que están instalados. 2. La información obtenida se transmite de forma automática a un puesto central, donde se almacenan las condiciones térmicas de todos los elementos medidos. 3. En el Anexo 3 de este Libro se fijan los umbrales correspondientes y se regulan las actuaciones de control y seguimiento de los mismos. 4. Para los trenes sin dispositivo embarcado, cuando un Responsable de Circulación reciba una alarma en el registrador, en función del componente afectado y del tipo de alarma, procederá a comunicárselo al Maquinista, o asegurará la parada del tren ante la primera señal o pantalla de cantonamiento. Además, le indicará: a) Lado al que afecta la alarma: derecho o izquierdo en el sentido de circulación del tren. b) Tipo de alarma. c) Lugar que ocupa el eje o rueda con indicios de caldeo, contado desde cabeza a cola incluida la locomotora o locomotoras. d) Temperatura medida. 5.1.5.2. Detectores de caída de objetos a la vía. 1. Son sistemas que permiten conocer la existencia de obstáculos en los puntos de la vía en los que se instalan desde el momento de su caída. 2. Cuando el CTC reciba una alarma desde un detector, se considerará que la vía o vías afectadas están interceptadas en el punto correspondiente y se actuará de acuerdo a lo determinado en este Reglamento para los casos de interceptación de vía. 5.1.5.3. Detectores de impacto en vía. 1. Son sistemas que permiten detectar defectos o deformaciones en los elementos de rodadura de los trenes, así como sobrepesos en ejes. 2. Los valores correspondientes a los impactos en vía y peso por eje se definen en el Anexo 3 de este Libro y además se regulan las actuaciones en relación con el vehículo y su comunicación por parte del AI a las EF. 5.1.5.4. Detectores de viento lateral. 1. Son sistemas encargados de controlar la velocidad del viento que incide lateralmente sobre la vía. Están compuestos por un número determinado de estaciones meteorológicas instaladas en la línea, que permiten dividirla en sectores de control de viento. 2. Cada estación meteorológica predice el comportamiento del viento (detector predictivo) en su sector o sectores de control, con una antelación de 10 minutos. Cada detector está integrado en el telemando de detectores de la línea. 3. En líneas equipadas con estos sistemas de detección, se producen dos tipos de avisos: – Alarma de viento: Cuando se predice un viento incompatible con la circulación normal de los trenes, en función de la velocidad máxima de cada tren, la aplicación determinará una «Limitación Temporal de la Velocidad Máxima» a implantar en el sector de control de viento afectado, que se deberán notificar al Maquinista. Los valores de las limitaciones temporales de velocidad máxima a implantar se definen en el Anexo 3 de este Libro. – Alarma de operatividad: Esta alarma se activa cuando se desconoce el estado de viento del sector de control asociado a la estación meteorológica, siendo la situación más desfavorable para la operación, esta alarma puede ser producida por dos motivos: a) Pérdida de comunicación con la estación meteorológica. b) Estado de «inhabilitación» de la estación meteorológica. En este estado existe comunicación pero se ha producido alguna incidencia que impide predecir el viento en el sector de control. La alarma se informa a través de una ventana emergente en la aplicación. – Alarma de desactivación: Aparece cuando una alarma de viento o de operatividad desaparece. En el caso de una alarma de viento, esta desaparece cuando se predice que el viento será compatible con la circulación normal de trenes en el sector de control correspondiente. En el caso de alarma de operatividad, esta se desactiva cuando desaparece el motivo que impide conocer el estado operativo de un sector de control de viento. En este último caso, al recuperarse la comunicación o la «habilitación» de la estación meteorológica, pueden pasar algunos minutos hasta que se realice la predicción y, por tanto, se indique el estado por viento del sector. Durante este tiempo perdurará el estado de «inhabilitación». 4. En las líneas no equipadas con detectores de viento lateral, y en las equipadas en los casos en los que por cualquier causa se desconozca el estado por viento de un determinado sector, cuando la Agencia Estatal de Meteorología prevea en algún tramo, vientos de velocidad comprendida entre los valores señalados en las tablas del Anexo 3, Capítulo 4 «Detector de viento lateral en líneas de Alta Velocidad» de este libro, se establecerán por el tramo afectado las «Limitaciones Temporales de Velocidad Máxima» que se indican para cada tren en dichas tablas. 5. Las «limitaciones temporales de velocidad máxima» se notificarán al Maquinista incluyéndolas en el «Libro de Itinerarios del Maquinista» o por medio de la radiotelefonía, cuando no sea posible establecerlas a través del sistema de regulación de tráfico. Sección 6. Sistemas de protección de Pasos a Nivel 5.1.6.1. Definición y ámbito de aplicación. 1. El contenido de este artículo se refiere exclusivamente a los PN enclavados o automáticos, situados en estación o en plena vía, en condiciones normales de funcionamiento. 2. Un PN enclavado es el situado entre las señales de entrada de una estación cuya protección se activa mediante el establecimiento de los itinerarios que le afecten, y se desactiva con la progresiva disolución del itinerario al avance del tren. 3. Un PN automático es el situado en plena vía y cuya protección es activada automáticamente al aproximarse el tren al mismo. 4. En ambos casos, la protección de los PN estará asegurada antes del paso de los trenes, por las indicaciones de las señales fijas, y por las instalaciones que los equipan. 5. Para los casos de anormalidad se estará a lo dispuesto en el Capítulo 2, sección 6, de este libro. 5.1.6.2. Pasos a Nivel provisionales por obras. 1. Únicamente podrán establecerse con carácter excepcional y por causas absolutamente justificadas y deberán contar con la autorización expresa de la DGF. 2. El AI efectuará su regulación por Consigna indicando en la misma los sistemas de seguridad y señalización que afecten al PN. 5.1.6.3. Intersecciones especiales. No tendrán la consideración de PN las intersecciones de caminos o vías de comunicación con líneas férreas cuando estas se produzcan en el interior de zonas portuarias. La protección y regulación de este tipo de intersecciones deberá quedar establecida en el SGS de cada AI. CAPÍTULO 2 Anormalidades Sección 1. Señales fijas 5.2.1.1. Prescripciones en caso de anormalidad. El Responsable de Circulación que tenga a su cargo una señal, y: 1. Que, debiendo autorizar el paso, ordene parada o se encuentre apagada, procederá a autorizar su rebase en las condiciones que se indican en esta Sección, e informará a los Responsables de Circulación afectados para que lo notifiquen a los Maquinistas. 2. Que excepcionalmente, debiendo ordenar parada, no lo hiciera, asegurará la detención de los trenes afectados con los medios a su alcance (señales de mano, etc.) y lo comunicará inmediatamente al Responsable de Circulación de la estación colateral que proceda y al de la Banda de Regulación con objeto de que adopten las medidas correspondientes. 5.2.1.2. Condiciones para autorizar el rebase de una señal que ordene parada. 1. El Responsable de Circulación que tenga a su cargo la señal tendrá muy en cuenta que la autorización de rebase anula la protección y, por tanto, tomará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, comprobando que: a) No haya autorizado ningún movimiento incompatible. b) Las agujas del itinerario estén bien dispuestas. c) El trayecto a recorrer esté libre de trenes. d) Se prescriban al Maquinista las órdenes o limitaciones de velocidad que no pueda dar la señal. e) Se ha activado la protección de los PN del itinerario. f) Cuando sea necesario autorizar el rebase de la señal de salida de una estación en ML, estando la otra en MC, será precisa la autorización previa del Responsable de Circulación del CTC. Esta misma autorización será necesaria entre Responsables de Circulación de CTC colaterales. Para ello se cursará el siguiente telefonema: En caso de vías banalizadas, se ampliará el telefonema anterior con la mención: 2. Cuando el Responsable de Circulación a cargo de la señal no pueda comprobar por sí mismo o por una persona a su cargo la posición de ciertas agujas, piquetes, ocupación de vías, barreras, etc., podrá prescribir al Maquinista, en la autorización de rebase, que realice estas comprobaciones visuales. En dicha autorización, se identificarán cada uno de los aparatos de vía y elementos de PN afectados, posición que deben presentar y, en su caso, las comprobaciones en los aparatos de vía especiales (desvíos, cambios de ancho mixto y aparatos de vía con corazón móvil), con respecto a la posición de las agujas y otros elementos móviles que los componen. 3. Podrá autorizarse el rebase de la señal, aunque el trayecto a recorrer no esté libre de trenes, siempre que los trenes precedentes circulen en el mismo sentido y por la misma vía, prescribiendo al Maquinista marcha de maniobras hasta el punto de estacionamiento, o marcha a la vista hasta la señal siguiente. 4. Si la causa de que la señal ordene parada fuera por un motivo ajeno a la sucesión de trenes, además de prescribir al Maquinista marcha a la vista, se indicará el posible motivo, los puntos donde deba efectuar parada, si procede, y la forma en que deberá reconocer los tramos afectados. 5. En líneas con BA, el rebase de una señal de salida se autorizará siempre con marcha a la vista, independientemente de que esté libre o no el trayecto a recorrer. 6. En líneas con BLA, BSL y BAS, el rebase de las señales de salida y de los PCA, en su caso, se autorizará con marcha normal, cuando el trayecto a recorrer esté libre de trenes. 5.2.1.3. Rebase de una señal que ordene parada. 1. El Responsable de Circulación que tenga a su cargo una señal que ordene parada, siendo necesario que un tren o maniobra reanude la marcha, podrá autorizar su rebase al Maquinista detenido ante ella, mediante el siguiente telefonema: 2. Cuando el rebase no se pueda autorizar por el procedimiento anterior, se hará mediante la entrega al Maquinista del Boletín de autorización de rebase. 3. En la autorización de rebase de una señal, podrá autorizarse simultáneamente el rebase de dos o más señales cuando estas estén directamente relacionadas (señal de entrada-señal de retroceso, señales interiores y de salida sucesivas de una misma dependencia, etc.). 4. En líneas con CTC, dotadas de radiotelefonía, su Responsable de Circulación podrá autorizar el rebase de varias señales sucesivas mediante el telefonema: La comprobación de la posición de las agujas, será prescrita al Maquinista cuando el Responsable de Circulación del CTC no pueda realizarla por sí mismo o por una persona a su cargo. 5. En caso de vía doble banalizada, se ampliarán los telefonemas anteriores con la mención: 5.2.1.4. Rebase indebido de una señal que ordene parada. 1. Cuando un tren rebase indebidamente una señal que ordene parada, incluso cuando sea por cambio intempestivo de su indicación, el Maquinista efectuará detención inmediata, informará del rebase al Responsable de Circulación que la tenga a su cargo y se atendrá a sus instrucciones. Cuando se trate de señales de salida, la orden de reanudar la marcha se dará mediante el telefonema siguiente: 2. Excepcionalmente, en señales provistas de la letra «P», reanudará la marcha sin exceder de 40 km/h, con marcha a la vista hasta llegar a la señal siguiente. Sección 2. Enclavamientos 5.2.2.1. Prescripciones en caso de anormalidad. 1. La utilización de los enclavamientos en casos de avería en las agujas y otros equipos del mismo, se hará rigurosamente de acuerdo con lo prescrito en este Reglamento y en la Consigna correspondiente que regule en cada caso, su funcionalidad. 2. En estos casos, excepcionalmente podrá variarse un itinerario establecido cuando, previamente, el Responsable de Circulación se lo comunique al Maquinista y reciba de este su enterado. Solo cuando se trate de evitar un peligro inminente podrá variarse un itinerario establecido aunque, previamente, no se haya realizado la comunicación entre el Responsable de Circulación y el Maquinista. Sección 3. Sistemas de protección del tren 5.2.3.1. Prescripciones generales en caso de anormalidad. 1. Cuando en la estación de origen, o en la primera de la RFIG para trenes internacionales, un vehículo motor vaya a circular por una línea equipada con algún sistema de protección del tren, y no pueda hacerlo por inutilidad o deficiencia en el equipo embarcado, será considerado inútil para circular con dicho sistema. 2. Si durante el recorrido de un tren se presenta alguna deficiencia en el equipo embarcado, aunque no impida la circulación con el sistema de protección del tren, el Maquinista deberá comunicarlo al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación. Al finalizar el viaje, el vehículo motor será considerado inútil para circular con dicho sistema. 3. En los casos anteriores, si el vehículo dispone de otro sistema de protección del tren compatible con alguno de los instalados en la infraestructura, podrá circular con él. 5.2.3.2. Prescripciones en caso de anormalidad durante la marcha. 1. Si durante el trayecto, la anormalidad impide la circulación con el sistema de protección del tren, el Maquinista informará de inmediato de dicha circunstancia al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación. 2. Si no es posible continuar circulando con otro sistema de protección del tren, podrá continuar la circulación hasta la primera estación sin exceder de: a) La velocidad máxima de 120 km/h, cumpliendo las velocidades máximas de la línea y respetando las velocidades limitadas que le puedan afectar. Desde dicha estación, cumplirá además con las prescripciones siguientes: b) Circulará con una segunda persona habilitada en la cabina de conducción hasta la primera estación en la que la EF disponga de base de material, o en su ausencia, hasta finalizar el recorrido del tren; salvo que la EF establezca en su SGS otro procedimiento que mitigue el riesgo generado de forma efectiva, y este procedimiento esté autorizado por la ARS. c) Finalizado el recorrido del tren, el vehículo se considerará inútil para el servicio hasta su reparación. En caso de que la base de material se encuentre en el mismo núcleo urbano de finalización del recorrido del tren, el vehículo podrá circular en las condiciones definidas en este artículo hasta la base para su reparación. 5.2.3.3. Comunicación de las anormalidades. 1. Cualquier anormalidad identificada por el Maquinista relacionada con la infraestructura o con los equipos embarcados de los sistemas de protección del tren será comunicada al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación o del CTC. 2. El Responsable de Circulación que reciba la comunicación de anormalidad: a) Para las relacionadas con la infraestructura, dispondrá su reparación y notificará por radiotelefonía dicha anormalidad al Maquinista de cada uno de los trenes afectados, o, en su defecto, ordenará al Responsable de Circulación de la estación anterior, donde el tren tenga parada prescrita, que lo notifique. b) Para las relacionadas con los equipos embarcados, dispondrá que se informe a las EF de las anormalidades que puedan afectar a la circulación de los trenes. Sección 4. Dispositivos embarcados 5.2.4.1. Anormalidades en dispositivos de vigilancia, de información de velocidad y de detección de sobretemperatura en elementos de rodadura y freno. 1. El dispositivo de vigilancia operativo es condición imprescindible en la estación de origen para que un vehículo inicie servicio. Si durante el trayecto se averiase el dispositivo de vigilancia, el Maquinista lo comunicará al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación o del CTC por radiotelefonía o a través del Responsable de Circulación de la primera estación abierta. Además, desde la primera estación donde surja la avería, se incorporará a la cabina de conducción una segunda persona habilitada para suplir la función inutilizada, hasta finalizar el viaje; salvo que la EF establezca en su SGS otro procedimiento que mitigue el riesgo generado de forma efectiva, y este procedimiento esté autorizado por la ARS. 2. Si durante el trayecto se averiase el dispositivo de información de velocidad, el Maquinista lo comunicará al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación o del CTC por radiotelefonía o a través del Responsable de Circulación de la primera estación abierta. Además, adoptará las precauciones necesarias para no exceder las velocidades máximas de los trayectos por los que vaya a circular. 3. Si en origen se averiase el registrador de seguridad (JRU), el vehículo se considerará inútil y será sustituido por otro. Si la avería se produjese durante el trayecto, el Maquinista lo comunicará al Responsable de Circulación de la Banda de Regulación o del CTC, y este a la EF, la cual decidirá si lo repara, si sustituye el vehículo o si continúa viaje. 4. En la estación de origen, en caso de avería en el dispositivo embarcado de detección de sobretemperatura en elementos de rodadura y freno, el Maquinista informará de ello al Responsable de Circulación correspondiente, antes de la salida del tren, para que la circulación del mismo se realice al amparo de los detectores de vía. Además, limitará la velocidad de su tren a la determinada en el Manual de conducción o de operaciones de su vehículo. 5. Si durante el trayecto se averiase el sistema embarcado de detección de sobretemperatura en elementos de rodadura y freno, el Maquinista limitará la velocidad de su tren a la determinada en el Manual de conducción o de operaciones de su vehículo. Además, informará al Responsable de Circulación correspondiente para el seguimiento de posibles alarmas a través de los detectores instalados en la vía, por la que vaya a circular. 5.2.4.2. Anormalidades en el sistema de radiotelefonía. En caso de avería en el sistema embarcado de radiotelefonía (GSM-R o TREN TIERRA), el Maquinista lo comunicará al Responsable de Circulación correspondiente. Además, en la cabina de conducción se deberá disponer de un medio de comunicación portátil GSM-R, TREN TIERRA, o radiotelefonía pública para mantener las necesidades de comunicaciones reglamentarias entre el Maquinista y los Responsables de Circulación. Finalizado el trayecto, el vehículo se considerará inútil para el servicio hasta su reparación. Sección 5. Sistemas auxiliares de detección instalados en la vía 5.2.5.1. Anormalidades en detectores de sobretemperatura en cajas de grasa, ruedas y discos de freno. 1. Es responsabilidad del AI el mantenimiento y operatividad de los equipos a los que hace referencia esta sección. 2. En caso de anormalidad en el funcionamiento o indisponibilidad de algún equipo, el AI informará a las EF con circulaciones por la línea afectada. 3. Para los vehículos que circulen al amparo de los detectores de sobretemperatura en cajas de grasa, ruedas y discos de freno, instalados en vía, en caso de anormalidad en un detector en una línea de alta velocidad, los trenes que hayan sido monitorizados en un detector anterior, podrán circular a velocidad normal siempre que no haya un intervalo de más de 50 km, desde el detector averiado o fuera de servicio, hasta el siguiente detector en servicio. Si no se cumple la condición anterior se limitará la velocidad máxima de circulación del tren a 160 km/h desde el primer detector no operativo hasta el siguiente detector en servicio. 5.2.5.2. Anormalidades en detectores de caída de objetos. Cuando algún equipo detector se encuentre fuera de servicio, por falta de mantenimiento, avería u otras causas, se notificará esta circunstancia al Maquinista y se limitará la velocidad al paso por la zona de detección a 160 km/h. 5.2.5.3. Anormalidades en detectores de viento lateral. 1. Alarma de operatividad. Esta alarma se genera por alguna de las siguientes causas: a) Pérdida de comunicación con la estación de meteorología. b) Inhabilitación de la estación de meteorología (existe comunicación pero se ha producido alguna incidencia que impide predecir el viento en el sector de control). Su activación implica el desconocimiento del estado por viento del sector de control asociado a la estación de meteorología. En este caso, la predicción de vientos se realizará mediante la información suministrada por la Agencia Estatal de Meteorología y, para la correcta gestión de la «limitación temporal de velocidad máxima» a implantar, se seguirán los criterios establecidos en el Anexo 3 de este Libro. 2. Desactivación de una alarma de operatividad. Cuando la estación de meteorología vuelva a estar operativa, desaparecerá la alarma de operatividad. Hasta que se realice la primera predicción del viento en el sector, se seguirá utilizando la predicción de vientos mediante la información suministrada por la Agencia Estatal de Meteorología, y se seguirán los criterios establecidos por el AI en el Anexo 3 de este Libro. 3. Mantenimiento de la estación meteorológica. Si una estación de meteorología pasa al estado de mantenimiento, implica desconocer el estado por viento del sector de control asociado a la estación de meteorología. En este caso, la predicción de vientos se realizará mediante la información suministrada por la Agencia Estatal de Meteorología y, para la correcta gestión de la «limitación temporal de velocidad máxima» a implantar, se seguirán los criterios establecidos por el AI en el Anexo 3 de este Libro. Sección 6. Sistemas de protección de Pasos a Nivel 5.2.6.1. Aplicación. Las prescripciones de esta Sección se refieren a los PN de protección automática, a los enclavados cuando no funcionan los dispositivos de protección, y a los que por avería disponen de personal a pie de paso. 5.2.6.2. Averías en Paso a Nivel. Cuando un PN automático o enclavado quede sin tensión, tenga rotas las semibarreras o apagadas las señales destellantes a la carretera, el Responsable de Circulación de la Banda de Regulación o del CTC dispondrá el envío al PN de personal de habilitado, con objeto de hacerse cargo del mismo. Se notificará a los Maquinistas que el PN se encuentra sin protección hasta su reparación. 5.2.6.3. Notificación al Maquinista. 1. El Responsable de Circulación que tenga que expedir, dar paso o autorizar el retroceso a un tren hacia un trayecto en el que exista algún PN sin protección, notificará al Maquinista lo siguiente: 2. Si el PN es de protección automática y no funcionan los dispositivos de protección, procederá de idéntica forma, teniendo en cuenta que, para poder autorizar el retroceso de un tren, es necesario situar en cabeza del tren en el sentido del movimiento a una persona habilitada para realizar maniobras y, en su caso, actuar sobre los elementos de protección del PN para adoptar las medidas de seguridad necesarias. 3. Si el tren no tuviera parada prescrita, se asegurará la parada accidental para hacer esta notificación. LIBRO QUINTO. ANEXO 1 SISTEMA EUROPEO DE CONTROL DE TRENES (ERTMS/ETCS) [indice]Índice LIBRO QUINTO. ANEXO 1 SISTEMA EUROPEO DE CONTROL DE TRENES (ERTMS/ETCS). Capítulo 1. ERTMS / ETCS. Sección 1. Generalidades 5AN1.1.1.1. Introducción. 5AN1.1.1.2. Órdenes de las señales laterales para los trenes en circulación con ETCS. 5AN1.1.1.3. Velocidades máximas. 5AN1.1.1.4. Limitaciones temporales de velocidad máxima. Sección 2. Conexión / Desconexión e introducción de datos. 5AN1.1.2.1. Conexión y desconexión. 5AN1.1.2.2. Introducción de datos. Sección 3. Modos. 5AN1.1.3.1. Conducción en modo FS (Supervisión completa). 5AN1.1.3.2. Conducción en modo SR (Responsabilidad del Maquinista). 5AN1.1.3.3. Conducción en modo SH (Maniobras). 5AN1.1.3.4. Conducción en modo OS. 5AN1.1.3.5. Conducción en modo UN (Zona de vía no equipada). 5AN1.1.3.6. Conducción en modo SN (Sistema nacional). Sección 4. Transiciones y cambios de nivel. 5AN1.1.4.1. Transiciones nominales. Sección 5. Rebase de EOA (final de autorización de movimiento). 5AN1.1.5.1. Detenido ante un EOA. 5AN1.1.5.2. Rebase indebido del EOA. 5AN1.1.5.3. Prescripciones comunes para un tren detenido ante un EOA o que haya rebasado indebidamente el mismo. Sección 6. Anormalidades. 5AN1.1.6.1. Notificación. 5AN1.1.6.2. Anormalidades en el DMI. 5AN1.1.6.3. Señales apagadas o en indicación dudosa. 5AN1.1.6.4. Detención del tren por acción del ETCS. 5AN1.1.6.5. Mensaje por defecto de eurobaliza, inconsistencia de mensaje y reacción de enlace de una eurobaliza. 5AN1.1.6.6. Revocación de parada de emergencia desde el CCE. 5AN1.1.6.7. Pérdida de comunicación con el RBC. 5AN1.1.6.8. Desconexión del equipo. 5AN1.1.6.9. Anormalidades en los cambios de nivel. Apéndice informativo. 5AN1.AP1.1. Arquitectura del sistema. 5AN1.AP1.2. Niveles de aplicación del sistema. 5AN1.AP1.3. Principios del sistema ETCS. 5AN1.AP1.4. Modos. Definición. 5AN1.AP1.5. Formas de realizar las transiciones.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 ERTMS / ETCS Sección 1. Generalidades 5AN1.1.1.1. Introducción. Este Apéndice establece los procedimientos aplicables a la circulación de los trenes con el sistema ERTMS/ETCS, en lo sucesivo ETCS, instalado en distintas líneas de la RFIG, regulando los procesos de circulación de los trenes en función de las características de las infraestructuras y de los equipos embarcados de los mismos. El sistema ETCS es un sistema de control, mando y señalización basado en una transmisión de la información entre la vía y los trenes que se superpone a un sistema de señalización lateral subyacente. El concepto ERTMS (Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario) cubre tres áreas: a) El ETCS (Sistema Europeo de Control de Trenes), para el control del tren y de los sistemas de mando. Define todo el proceso para garantizar movimientos seguros del tren. b) El GSM-R (Sistema de telecomunicaciones para ferrocarriles) es un sistema estándar que reemplazará a los numerosos sistemas nacionales mediante una plataforma digital única para todas las aplicaciones. c) El ETML (Niveles de gestión de tráfico) para asegurar un servicio coordinado: ajuste a los horarios, optimización de la capacidad de las líneas, optimización de la flota en stock de vehículos, ahorro de energía y mejora del tráfico. El sistema, desarrollado hasta ahora, permite un tráfico mixto (circulación de trenes equipados y no equipados) y puede ser acoplado a varios sistemas europeos existentes lo que permite una introducción gradual de las instalaciones fijas y móviles. Por ello, se han establecido diferentes niveles de operación del ETCS. En función del nivel y modo técnico de operación, realiza una supervisión continúa de la velocidad y localización del tren, aportando datos sobre la velocidad máxima en cada punto, la velocidad meta y la distancia meta, ordenando la actuación de los frenos del tren cuando detecta que las condiciones existentes representan un riesgo para la seguridad en la circulación. En determinadas circunstancias como pueden ser algunas limitaciones temporales de velocidad máxima de última hora, el Maquinista cumplirá, además, otras prescripciones e informaciones que le sean notificadas por no estar incluidas en el Sistema. 5AN1.1.1.2. Órdenes de las señales laterales para los trenes en circulación con ETCS. La señalización en cabina prevalece sobre la señalización lateral luminosa cuando se circule con ETCS Niveles 2 o 1 en modo FS. Se exceptúa de esta norma la aproximación a un EOA para los casos en que esta se haga con velocidad de liberación. Durante este proceso el Maquinista circulará en condiciones de cumplir la orden de la señal fija fundamental correspondiente, garantizando la detención del tren ante la misma cuando ordene parada. En Nivel 2: En modo FS, cuando el tren se encuentre detenido ante un EOA, no podrá reanudar la marcha hasta no recibir la renovación de la MA desde el RBC. Esta EOA podrá estar o bien delante de una señal o bien delante de una pantalla de ETCS. Al inicio de la misión el maquinista iniciará la marcha cumpliendo las indicaciones que reciba en el DMI, incluso si la señal más próxima presenta los aspectos de las señales FF7C o FF7D (respectivamente combinación de un foco de color rojo con otro de color azul fijo o intermitente). En nivel 1: En modo FS, cuando el tren se encuentre detenido ante una señal con un EOA, no podrá iniciar la marcha si dicha señal presenta la indicación de las señales FF7A, FF7B y FF7C. Con el resto de las indicaciones le permite acercarse hasta las balizas de señal ateniéndose a lo que el DMI le indique (nueva MA, paso a modo SH, etc…). Al inicio de la misión, no podrá iniciar la marcha hasta que la señal presente indicación distinta de las señales FF7A, FF7B, y FF7C. Con el resto de indicaciones podrá acercarse hasta las balizas de señal (obtención de MA), ateniéndose a lo que el DMI le indique. 5AN1.1.1.3. Velocidades máximas. 1. El sistema permite, cumpliendo los límites establecidos en el art. 1.1.1.7 del RCF, circular sin exceder la velocidad de: a) La que resulte de la supervisión dinámica circulando en Niveles 1 y 2 en modo de supervisión total (FS). b) Circulando en Nivel 0 + ASFA o en Nivel 0, la máxima permitida para la circulación al amparo de la señalización lateral, establecidas en el RCF. 2. Las velocidades máximas de la línea en cada punto, están integradas en el sistema ETCS; o en su caso en el sistema nacional que permita la circulación con Nivel STM. 5AN1.1.1.4. Limitaciones temporales de velocidad máxima. 1. Las «limitaciones temporales de velocidad máxima» que afecten a líneas equipadas con ETCS operativo, están introducidas en el sistema (las que afecten a líneas que tengan operativo además el sistema LZB, están introducidas en ambos sistemas). 2. El AI establecerá un procedimiento para la gestión de las «limitaciones temporales de velocidad máxima» para asegurar que se han implantado correctamente en todos los niveles operativos. 3. El Responsable de Circulación de la Banda de Regulación se asegurará de que los trenes, antes de su salida de origen, han sido trasmitidas a las EF todas las «limitaciones temporales de velocidad máxima» para que consten en el Libro de Itinerarios del Maquinista, o, en otro caso, le han sido notificadas. Asimismo, se les notificará a los Maquinistas de los trenes que ya se encuentren en marcha hacia los puntos afectados. Sección 2. Conexión / Desconexión e introducción de datos 5AN1.1.2.1. Conexión y desconexión. Para realizar las operaciones de conexión y desconexión del equipo embarcado, se estará a lo dispuesto en el Manual de Conducción del vehículo. 1. Conexión. a) La conexión del equipo se efectuará con el tren parado y se activará únicamente la cabina que se va a situar primera en el sentido de la marcha. Si se requiere el uso del ASFA, este deberá ser conectado previamente. b) El Maquinista de un tren equipado con módulo de transmisión STM-LZB, que vaya a circular por una línea equipada con LZB, deberá comprobar que dicho módulo está conectado y operativo. c) Las maniobras se efectuarán con el equipo conectado y seleccionado el modo SH. Se procederá de igual forma en los retrocesos, salvo que técnicamente se requiera la desconexión del equipo. d) Si antes de expedir el tren fuese necesario realizar maniobras, para este fin, se seleccionará Nivel 1 modo SH, hasta la finalización de las mismas, seguidamente se seleccionará el nivel que corresponda. 2. Desconexión: El Maquinista se asegurará de que el equipo está desconectado: a) En los cambios de cabina y en los retrocesos, que técnicamente lo requieran. b) En caso de anormalidad, cuando lo ordene el Responsable de Circulación por avería en el equipo embarcado, por fallo en el sistema o por necesidades de explotación. 5AN1.1.2.2. Introducción de datos. Conforme se indica en el Manual de conducción del equipo y con los datos que figuran en el documento del tren, el Maquinista, cuando vaya a circular con ETCS, deberá realizar la introducción de datos a tren parado. Cuando cambien algunos de estos datos del tren, se introducirán de nuevo. En caso de que sea preciso anular el freno de uno o más bogies o ejes de la composición, será necesario cambiar los datos previamente introducidos al equipo, por variar el porcentaje de frenado o por ser necesario reducir la velocidad máxima. Sección 3. Modos 5AN1.1.3.1. Conducción en modo FS (Supervisión completa). 1. Para que el equipo ETCS en Nivel 2 o Nivel 1 permita circular en modo FS necesita disponer de una Autorización de Movimiento (MA). 2. En modo FS el Maquinista cumplirá las indicaciones que se presentan en el DMI, actuando sobre los dispositivos correspondientes para seguir las curvas de control de velocidad y frenado que se le requieran en cada momento. 3. El AI comunicará por Consigna, los puntos de entrada al sistema en los que, con carácter general, se produce el paso a modo FS. 4. La transición a otros modos desde FS generalmente es automática. 5AN1.1.3.2. Conducción en modo SR (Responsabilidad del Maquinista). 1. En este modo el sistema no supervisa la indicación de las señales (excepto si ordenan parada), ni la de las pantallas de ETCS en su caso. Tampoco supervisa la situación en que se encuentran las instalaciones, por lo que el Maquinista cumplirá lo dispuesto en la normativa reglamentaria, con respecto a las órdenes de las señales y las normas del bloqueo con el que circula, cumpliendo las «limitaciones temporales de velocidad máxima» y realizando en cabina las operaciones que le requiera el sistema. El sistema supervisa una velocidad máxima establecida (valor nacional), que será mostrada en el DMI a petición del Maquinista. 2. Al comienzo de la conducción con ETCS Nivel 2, uno de los modos en que puede iniciar su funcionamiento el sistema es SR, que se mantiene hasta que el equipo embarcado recibe una MA, de manera automática o tras la confirmación en el DMI, previa petición del RBC, por parte del Maquinista de la vía libre por delante (TAF). 3. Al comienzo de la conducción con ETCS Nivel 1, el modo en que inicia su funcionamiento el sistema es SR, que se mantiene hasta que el equipo embarcado pasa por el grupo de eurobalizas de señal (BG de señal) de la primera señal fija fundamental que pueda ordenar parada. 4. En este modo, el Maquinista que reciba la autorización de rebase de una señal que ordene parada, deberá pulsar el botón de Rebase, ya que en caso contrario se produciría la detención inmediata por la aplicación del freno de emergencia pasando a modo TR. 5AN1.1.3.3. Conducción en modo SH (Maniobras). 1. Este modo permite la conducción en avance y retroceso. Se cumplirá lo dispuesto en la normativa reglamentaria aplicable con respecto a la dirección y realización de las maniobras, las órdenes de las señales y las prescripciones de circulación de la marcha de maniobras. El sistema supervisa una velocidad máxima establecida (valor nacional). 2. El paso en modo SH por una señal en indicación de Rebase Autorizado, implica que el equipo de vía envíe al tren el perfil de modo. 3. El AI mediante Consigna comunicará los lugares en las que el modo SH deberá ser seleccionado por el Maquinista a tren parado, así como en los que deberá reconocerlo una vez que se le ha mostrado por el equipo de vía a través del DMI. Finalizada la maniobra y a tren parado, el Maquinista deberá seleccionar el «fin de SH». 4. En ETCS Nivel 2, en función de las características del RBC, cuando el Maquinista seleccione SH recibirá la autorización de cambio de modo desde el RBC, o bien, será cursada una petición al operador del CCE para que este le autorice, si procede, el cambio a modo SH. Una vez recibida la autorización, el equipo transitará automáticamente a modo SH. En caso de no recibir la autorización, el Maquinista deberá comunicarlo al Responsable de Circulación y atenerse a sus instrucciones. El equipo pasará a modo SH después de su desconexión del RBC. 5AN1.1.3.4. Conducción en modo OS. 1. Esta modalidad permite la conducción en avance, pudiendo el Maquinista realizar el rebase de la señal en indicación de Rebase Autorizado, respetando la marcha a la vista con la velocidad que le permita el equipo, o aquella que reglamentariamente esté estipulada, y siendo responsable de comprobar la ocupación de la vía. 2. Las eurobalizas o el RBC enviarán al tren un perfil de modo OS, el Maquinista reconocerá el Modo OS una vez sea mostrado en el DMI. A partir del instante en que transita a OS el sistema supervisa una velocidad máxima establecida (valor nacional) y enviada al tren en el perfil de modo. Cuando se haya introducido en el sistema una limitación de velocidad inferior, la velocidad máxima supervisada será la de la limitación. 3. En ETCS Nivel 2, para realizar la transición de OS a FS, el equipo embarcado se mantendrá en modo OS hasta que reciba una autorización de movimiento, de manera automática o tras la confirmación en el DMI, previa petición del RBC, por parte del Maquinista de la vía libre por delante (TAF). 5AN1.1.3.5. Conducción en modo UN (Zona de vía no equipada). En este modo el equipo embarcado ignora cualquier información relativa a las señales, supervisando la consistencia de datos de balizas, si existen. Los cambios de velocidad máxima que hubiera leído el sistema antes del cambio de modo, serán efectuadas por el equipo embarcado. El Maquinista cumplirá lo dispuesto en la normativa reglamentaria con respecto a las órdenes de las señales, a la circulación con el sistema ASFA, y al cumplimiento de las «limitaciones temporales de velocidad máxima». 5AN1.1.3.6. Conducción en modo SN (Sistema nacional). En este modo el equipo embarcado se comporta como si se tratara del correspondiente sistema nacional. Se seguirán las indicaciones del DMI cumplimentando lo dispuesto en la normativa reglamentaria correspondiente. Sección 4. Transiciones y cambios de nivel 5AN1.1.4.1. Transiciones nominales. Antes de iniciar la circulación de un tren, el maquinista debe conectar todos los equipos de señalización que vayan a ser utilizados en el recorrido del mismo y poner en servicio el que corresponda al inicio del viaje. De ETCS Nivel 1 o 2 a ETCS Nivel STM-LZB. 1. Cuando el equipo ETCS lee la baliza de anuncio de transición en nivel 1, o la información de anuncio de transición hacia el Nivel STM-LZB, se prepara para hacer la conmutación automática a Nivel STM-LZB, y envía al Maquinista un mensaje al DMI de transición a Nivel STM-LZB. 2. En el momento en que el equipo ETCS conmute a Nivel STM-LZB el sistema LZB será el que pase a supervisar la conducción. Una vez recibida la orden de transición en la baliza correspondiente, el Maquinista deberá reconocer la transición en un tiempo de 5 segundos. De ETCS Nivel STM.LZB a ETCS Nivel 1 o 2. 1. A distancia suficiente, por medio de la información en vía, se enviará un mensaje de texto al Maquinista en el DMI anunciándole el FIN-LZB, el Maquinista reconocerá el FIN. 2. Cuando el equipo ETCS lee la baliza de anuncio de transición hacia el ETCS Nivel 1 o 2, se prepara para hacer la conmutación automática a dicho nivel, y envía al Maquinista un mensaje de transición a Nivel 1 o 2, el Maquinista deberá reconocerlo en un tiempo máximo de 5 segundos. 3. Cuando recibe la orden de cambio de nivel, hacia el Nivel 1 o 2, el equipo ETCS desconecta el STMLZB, tras lo que asume el control ETCS Nivel 1 o 2 y el modo que corresponda. 4. Las transiciones a ETCS Nivel 2 en los puntos frontera de las líneas, se pueden realizar o bien transitando previamente a ETCS Nivel 1, o bien directamente a Nivel 2. De ETCS Nivel 1 o 2 a ETCS Nivel 0 (con ASFA). 1. Cuando el equipo ETCS lee la baliza de anuncio de transición hacia el Nivel 0, se prepara para hacer la conmutación automática a Nivel 0 + ASFA, por lo que se alimenta el equipo ASFA y se envía un mensaje al Maquinista «Transición a Nivel 0» en el DMI. 2. En el momento en que el equipo ETCS conmute a Nivel 0 el sistema ASFA será el que pase a supervisar la conducción. De ETCS Nivel 0 (con ASFA) a ETCS Nivel 1 o 2. 1. Cuando el equipo ETCS lee la baliza de anuncio de cambio en Nivel 1 se prepara para tomar el control y desconectar el equipo ASFA. 2. El Maquinista recibe un mensaje de texto en el DMI avisándole de la transición. 3. Cuando recibe la orden de cambio de nivel, hacia el Nivel 1, el equipo ETCS desconecta el ASFA, tras lo que asume el control ETCS Nivel 1 y el modo que corresponda. 4. Las transiciones a ETCS Nivel 2 en los puntos frontera de las líneas, se pueden realizar o bien transitando previamente a ETCS Nivel 1, o bien directamente a Nivel 2. De ETCS Nivel 2 a ETCS Nivel 1. 1. Cuando el equipo ETCS recibe la información de anuncio de cambio de nivel y se prepara para finalizar la sesión de comunicación con el RBC. 2. El Maquinista recibe un mensaje de texto en el DMI avisándole de la transición. 3. Cuando reciba la orden de cambio de nivel, el equipo ETCS transitará a Nivel 1 De ETCS Nivel 1 a ETCS Nivel 2. 1. Cuando el equipo ETCS lee la baliza de anuncio de cambio de nivel se prepara para iniciar la sesión de comunicación con el RBC. 2. El Maquinista recibe un mensaje de texto en el DMI avisándole de la transición. 3. Cuando reciba la orden de cambio de nivel, el equipo ETCS transitará a Nivel 2 Sección 5. Rebase de EOA (final de autorización de movimiento) 5AN1.1.5.1. Detenido ante un EOA. 1. El Maquinista detenido ante un EOA se pondrá en comunicación con el Responsable de Circulación indicándole el punto de detención (pk, señal, pantalla de ERTMS, etc.). 2. El Responsable de Circulación, una vez comprobada la ruta a realizar, le autorizará, si procede, el rebase del EOA mediante el siguiente telefonema: 3. Cuando se trate del EOA asociado a una señal que da acceso al trayecto en vía doble banalizada, en la autorización de rebase se indicará la vía (I, II, etc.) por la que el tren va a circular. 4. El Responsable de Circulación prescribirá al Maquinista marcha a la vista hasta la siguiente señal fija fundamental que pueda ordenar parada (identificándola en la notificación), salvo en los casos que exista total seguridad de que el cantón de bloqueo delimitado por la señalización lateral luminosa se encuentra libre de trenes. Si el EOA coincide con una señal de salida en una línea de BA, siempre se prescribirá al Maquinista marcha a la vista hasta la señal siguiente. 5. El Maquinista de un tren que esté circulando en Nivel 0+ASFA, y se encuentre detenido ante una señal en indicación de parada en la que se reciba orden de transición a Nivel 1, para rebasarla en esta indicación deberá actuar sobre el pulsador «rebasar» del sistema ASFA y también sobre el pulsador de rebase del sistema ETCS, ya que si no actuase sobre el rebase, al paso por el BG de señal, gestionaría la información de la misma produciendo un TRIP. 5AN1.1.5.2. Rebase indebido del EOA. 1. Cuando el tren sobrepasa indebidamente el EOA, inmediatamente se produce una transición a modo TR, ocasionando la detención del tren. Tras la detención, el Maquinista se pondrá en comunicación con el Responsable de Circulación, indicándole el punto de detención (pk, señal rebasada o pantalla de ETCS) y solicitará autorización para reanudar la marcha, o el retroceso hasta la señal rebasada. Por lo que reconocerá el Trip pasando a modo PT. 2. El Responsable de Circulación, una vez realizadas las comprobaciones necesarias, le autorizará, si procede, a reanudar la marcha o a retroceder mediante el telefonema siguiente: Las condiciones de circulación prescritas en el telefonema las cumplirá el Maquinista hasta donde se le hayan notificado. 5AN1.1.5.3. Prescripciones comunes para un tren detenido ante un EOA o que haya rebasado indebidamente el mismo. 1. El Maquinista, tras recibir la autorización correspondiente, realizará en el sistema las operaciones necesarias para continuar la marcha. 2. En ETCS Nivel 2, aunque transite a modo FS, no se considerará circulando en dicho modo hasta rebasar la siguiente pantalla de ERTMS o señal fija fundamental que pueda ordenar parada. Una vez rebasado alguno de los puntos mencionados, si continúa en modo FS se considerará el tren circulando con FS, y el telefonema recibido para reanudar la marcha, pierde su validez, el Maquinista informará al Responsable de Circulación de esta circunstancia. Sección 6. Anormalidades 5AN1.1.6.1. Notificación. Cuando el Responsable de Circulación conozca cualquier anormalidad relacionada con el sistema (balizas desplazadas, fuera de servicio, que no transmiten información o que esta es errónea, etc.), notificará dicha anormalidad mediante la Radiotelefonía al Maquinista de cada uno de los trenes afectados. Cuando la anormalidad, en vía o en el EOB, sea observada por el Maquinista, lo comunicará al Responsable de Circulación del CTC mediante la Radiotelefonía. 5AN1.1.6.2. Anormalidades en el DMI. 1. En caso de fallo del DMI principal y redundante se cumplirá lo dispuesto en la normativa reglamentaria aplicable en la línea, con respecto a las órdenes de las señales y las normas del bloqueo con el que circula. 2. Si el fallo provoca la transición al modo SF (Fallo del sistema) deberá desconectar el equipo ETCS según se indica en la Sección 2 (conexión y desconexión). 5AN1.1.6.3. Señales apagadas o en indicación dudosa. Cuando las señales estén apagadas o en indicación dudosa la información del ETCS puede no coincidir con el aspecto de la señal. En este caso, circulando en FS, el Maquinista comunicará la anormalidad al responsable de circulación. Caso de no circular en FS, se atendrá a la orden de la señal y realizará en cabina las operaciones que correspondan. 5AN1.1.6.4. Detención del tren por acción del ETCS. 1. Si se produce la detención del tren por actuación del ETCS, y dicha detención conlleva el cambio a un modo distinto de FS, el Maquinista informará al Responsable de Circulación para que este, si procede, le notifique la reanudación de la marcha. En dicho caso, el Maquinista procederá como si hubiera encontrado la señal anterior en anuncio de parada o anuncio de precaución según el caso. 2. Si la detención se debe a rebase indebido de la señal procederá como se indica en el artículo 5AN1.1.5.2. 5AN1.1.6.5. Mensaje por defecto de eurobaliza, inconsistencia de mensaje y reacción de enlace de una eurobaliza. El mensaje por defecto, la reacción de enlace de una eurobaliza o la deficiente recepción de un mensaje, provocará el frenado de servicio. Para los trenes que circulen con ETCS Nivel 1, generalmente, una vez iniciado el frenado, si se recibe una MA se liberará la aplicación del frenado de servicio, siempre que la MA recibida no precise dicha aplicación. 5AN1.1.6.6. Revocación de parada de emergencia desde el CCE. En caso de que el Responsable de Circulación reciba en el Puesto de Control Centralizado de ERTMS (CCE), una indicación de que se ha enviado a un tren una parada de emergencia, se pondrá en comunicación con el Maquinista del tren correspondiente. Una vez analizados los motivos que la causaron, si procede que dicho tren continúe su marcha, deberá revocar dicha parada de emergencia, en cuyo caso el Maquinista no pulsará el rebase del EOA hasta que el Responsable de Circulación le comunique que ha sido revocada, y le autorice a continuar la marcha mediante el telefonema n.º 5AN1.4. 5AN1.1.6.7. Pérdida de comunicación con el RBC. Cuando un tren circulando en ETCS Nivel 2 pierda la comunicación con el RBC y, tras realizar el sistema los intentos programados, no la recupere, el Maquinista del tren, no realizará «llamada manual». La reconexión con el RBC se establecerá una vez haya recibido la orden desde la infraestructura. Esta prescripción no será de aplicación para los inicios de misión en dicho nivel en las estaciones. Cuando la pérdida de comunicación con el RBC se produzca circulando en modo OS, el EOB iniciará freno de servicio hasta la detención, si no se recupera la comunicación, se recortará la distancia concedida por el perfil de modo OS hasta la cabeza del tren. El Maquinista procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 5AN1.1.5.1. 5AN1.1.6.8. Desconexión del equipo Circulación con BT: Cuando sea necesario que un tren que circula con ETCS circule con BT, la notificación al Maquinista que prescribe el RCF será ampliada con la nota: «desconecte el ETCS». Por avería en el EOB, necesidades de explotación u otra causa». El responsable de Circulación lo comunicará al maquinista mediante el telefonema: Cuando las indicaciones anormales, o la falta de ellas en el DMI, sean atribuibles a las eurobalizas, al RBC o a las señales fijas no darán lugar a la desconexión del equipo, salvo que lo ordene el Responsable de Circulación. 5AN1.1.6.9. Anormalidades en los cambios de nivel. 1. Cuando el Maquinista observe que no se produce la transición al Nivel determinado por la infraestructura lo comunicará al Responsable de Circulación. 2. Cuando se produzca inutilidad en la infraestructura, o en el equipo embarcado (EOB), o cuando se produzca una transición no programada en vía a otro Nivel inferior de aplicación del sistema, el Maquinista comunicará al Responsable de Circulación dicha circunstancia, para que este le notifique la forma de proceder. En ambos casos, el Responsable de Circulación cursará al Maquinista el siguiente telefonema: (1) Entre las condiciones de circulación, se podrá prescribir al Maquinista la desactivación o la activación, según el caso, del Nivel 2 o 1, siempre que el Equipo Embarcado lo permita. 3. Cuando en las condiciones de circulación prescritas en el telefonema 5AN1.4 se especifique la desactivación, si se genera un EOA, se procederá conforme a lo dispuesto en art. 5AN1.1.5.1. 4. El Maquinista informará al Responsable de Circulación cuando se produzcan transiciones a modos técnicos no esperados. 5. El Maquinista informará al Responsable de Circulación cuando habiendo efectuado el paso por una señal de Entrada, Salida o PCA, o cualquier otro punto de entrada al sistema, considere que, debiendo indicar el sistema modo FS, no lo haga, y no existan causas o incidencias que lo justifiquen. 6. El Maquinista, ante cualquier fallo que imposibilite la transición o cambio de nivel, lo comunicará al Responsable de Circulación, normalizará el equipo y, por orden de este, seleccionará el nivel que se le indique o la desconexión del equipo, según la notificación recibida. 7. Anormalidad en la transición entre ETCS y LZB. a) Si durante el proceso de transición se produce un fallo en el sistema, el Maquinista deberá comunicarlo al Responsable de Circulación, y seleccionar en el equipo ETCS el Nivel 1 o STM-LZB, según el caso, circulando a continuación al amparo de la señalización lateral y con marcha a la vista hasta la señal siguiente. b) Si al Maquinista no le fuese posible seleccionar el Nivel 1 o el STM-LZB de ETCS, según el caso, lo pondrá en conocimiento del Responsable de Circulación para que le autorice a normalizar el equipo embarcado mediante el telefonema: c) Cuando el tren no entre en transmisión LZB, el Maquinista cumplimentará la normativa reglamentaria aplicable a la línea. 8. Si en las líneas equipadas con ETCS Nivel 2, por anormalidad, un tren equipado con Nivel 2 transitase a Nivel 0 o Nivel 0 + ASFA, el Maquinista efectuará detención con freno de servicio y lo comunicará al Responsable de Circulación, quien le ordenará la selección del ETCS Nivel 2 o Nivel 1, según proceda, mediante el siguiente telefonema: [encabezado]APÉNDICE INFORMATIVO 5AN1.AP1.1. Arquitectura del sistema. Debido a la naturaleza de las funciones requeridas para su funcionamiento, el sistema ETCS se encuentra instalado parte en vía y en parte a bordo de los trenes definiendo así dos subsistemas: el subsistema vía, y el subsistema embarcado. 1. Subsistema vía. Dependiendo del nivel de la aplicación con el que se equipe la vía, el subsistema vía puede estar compuesto por los siguientes componentes: Eurobaliza: Es un dispositivo de transmisión puntual de información que envía telegramas al sistema ETCS embarcado. Pueden transmitir telegramas fijos (predeterminados) o, conmutables, esto es, variables en función de la señalización. Las eurobalizas están organizadas en Grupos de Balizas (BG) dentro de los cuales cada baliza transmitirá un telegrama al equipo ETCS embarcado, que circule sobre ellas. Unidad Electrónica de Línea (LEU): Son dispositivos electrónicos que conectan el enclavamiento con las eurobalizas conmutables. Su función es la de transmitir a las eurobalizas los telegramas variables en función de las condiciones de la señalización. Centro de Bloqueo por Radio (RBC): Es un sistema informático que elabora los mensajes a enviar, vía radio, al equipo ETCS embarcado en función de las condiciones de la señalización y de la información intercambiada con dicho subsistema embarcado. El principal objeto de estos mensajes es proporcionar autorizaciones de movimiento que permitan a los trenes circular con seguridad por la zona de infraestructura bajo la responsabilidad del RBC. Puesto de control ETCS (PCE): Puesto que gestiona las aplicaciones de control de ETCS de forma centralizada. El PCE permite al operador establecer y anular «limitaciones temporales de velocidad máxima». Euroradio (GSM-R): Es un sistema de comunicaciones vía radio que se utiliza para el intercambio de mensajes en ambos sentidos entre los subsistemas ETCS embarcados y los RBC. Eurolazo o unidad de información previa vía radio: Son dispositivos opcionales para líneas equipadas con Nivel 1. Proporcionan información con antelación al equipo ETCS embarcado, relativa a la próxima señal principal en el sentido de marcha del tren. De momento no son operativos. 2. Subsistema embarcado. Dependiendo del nivel de aplicación con el que se equipe el subsistema ETCS embarcado, este puede estar compuesto por los siguientes componentes: Equipo ETCS «básico» embarcado: Es un sistema informático que supervisa y controla el movimiento del tren sobre la base de la información intercambiada con el subsistema de vía. Es suficiente para operar en nivel 1 con eurobalizas. Sistema de radiocomunicación embarcado (GSM-R): Se utiliza para el intercambio de mensajes entre el equipo ETCS embarcado y los RBC. Necesario para el nivel 2. Módulos de transmisión específicos para los sistemas nacionales (STM): Hacen las funciones de «traductor» entre los sistemas nacionales implementados en vía y en los trenes, y el equipo ETCS «básico». 5AN1.AP1.2. Niveles de aplicación del sistema. 1. Se denomina Nivel de aplicación del sistema, abreviadamente Nivel, al tipo de integración del equipo embarcado y la infraestructura, que depende fundamentalmente del medio de transmisión y del equipo de vía. Se relacionan ordenados de mayor a menor prioridad. a) ETCS Nivel 2: Sistema ETCS operando en una línea controlada por un RBC y equipada con eurobalizas fijas y Euroradio. b) ETCS Nivel 1: Sistema ETCS operando en una línea equipada con eurobalizas, fijas y conmutables. c) ETCS Nivel STM: Sistema ETCS operando en una línea con un sistema de señalización «nacional». El equipo embarcado incorpora un módulo STM para comunicar con el sistema instalado en la vía. La parada de los trenes y la supervisión de la velocidad se realizan por equipos ajenos al ETCS. d) ETCS Nivel 0+ASFA: Sistema ETCS operando en una línea no equipada con ERTMS, pero equipada con ASFA (sistema nacional). e) ETCS Nivel 0: Sistema ETCS operando en una línea no equipada con ETCS en servicio. 2. Compatibilidades. Los Niveles 1, 2 y 3 son compatibles de mayor a menor. Esto es, un tren equipado para operar en Nivel 3 puede operar también en Niveles 2 y 1. Un tren equipado para operar en Nivel 2, puede también operar en Nivel 1. El sistema ETCS, por medio del STM, puede integrar LZB, EBICAB o ASFA, por tanto mantiene la compatibilidad con la información existente en la vía, correspondiente a dichos sistemas. El Maquinista, seleccionará en cada momento el Nivel que corresponda a la circulación de su tren y en función del equipamiento de las infraestructuras. 5AN1.AP1.3. Principios del sistema ETCS. El subsistema embarcado ETCS realiza la supervisión y el control de velocidad y distancia en base a la información que recibe desde el subsistema de vía. La información más relevante en base a la cual el equipo embarcado realiza estos controles es: 1. Autorización de movimiento (MA) Es el permiso que recibe el tren, en términos de distancia, cuando se encuentra totalmente supervisado, para circular hasta un punto determinado. Tal distancia es enviada al tren vía RBC o vía balizas. Las siguientes características forman parte de la MA: a) El final de autorización es el punto hasta el cual se autoriza al tren para circular. Cuando la Velocidad meta (velocidad permitida en aquel punto) es cero se llama Fin de Autorización (EOA). Cuando no es cero, se llama Límite de la Autorización (LOA). b) La velocidad de liberación es la velocidad del tren a la cual se supervisa la aproximación al EOA. El maquinista de forma manual debe regular la velocidad del tren para no sobrepasar el EOA. Si el tren dispone de automatismo de tracción/freno conectado al sistema y está operativo, se encarga en combinación con el ETCS de no sobrepasar el EOA. c) El Punto de Peligro (DP) es una localización más allá del EOA hasta la que podría llegar la cabeza del tren, sin el riesgo de una situación real de peligro. d) Una MA puede ser dividida en varias secciones, a cada una de las cuales se le puede asignar un valor límite de tiempo para recorrerla. Cuando expire el tiempo asignado y no se haya recorrido la sección, se podría aplicar una reacción de frenado por parte del equipo embarcado. La MA puede ser ampliada, recortada o revocada, los nuevos valores recibidos por el equipo embarcado reemplazarán siempre a los anteriores. En el caso de ser revocada, se pierde la MA. 2. Restricciones de velocidad. La velocidad máxima a la que se permite que un tren circule, está limitada por diversas clases de restricciones de velocidad, llamadas restricciones estáticas de velocidad y además teniendo en cuenta los valores de EOA/LOA de la correspondiente MA. Estas restricciones estáticas de velocidad son tratadas de la misma forma independientemente del nivel de aplicación de ETCS. Las Restricciones Estáticas de Velocidad son limitaciones de velocidad impuestas por la infraestructura de la vía, las características del tren, y el modo en que se encuentra el equipo de a bordo. Las categorías de Restricción Estática de la Velocidad son independientes unas de otras, es decir, una categoría de restricción de velocidad no afecta, ni será afectada, por ninguna otra categoría de Restricciones Estáticas de Velocidad. Dependiendo del tipo de Restricción Estática de Velocidad, normalmente será necesario utilizar la longitud del tren para asegurar que todo él haya pasado por una Restricción Estática de Velocidad, antes de que pueda tomarse en consideración un aumento de la velocidad. El equipo embarcado se encargará de la compensación por longitud del tren cuando ello sea necesario. Las categorías de Restricciones Estáticas de Velocidad son: a) Perfil Estático de Velocidad (SSP). El Perfil Estático de Velocidad (SSP) es el determinado por las restricciones fijas de velocidad de un determinado tramo de vía. Las restricciones pueden estar en relación, por ejemplo, con la velocidad máxima de la línea, curvas, túneles, puentes. El Perfil Estático de Velocidad se basa en factores que dependen principalmente de la vía, pero también del tren; como es el caso del tipo de tren, Normal, A, B, etc. La relación entre las características de la vía y del tren determina el Perfil Estático de Velocidad para cada tren. Si un aumento de la velocidad en un punto del SSP, debe ser retrasado o no en función de la longitud del tren, viene determinado por la información del SSP enviada al equipo de a bordo. b) Perfil de Velocidad por Carga por Eje. Se trata de un Perfil de Velocidad no continuo y definido en función de la carga por eje, de forma que para cada sección a la que este tipo de restricción le es aplicable, se especifican los diferentes límites de velocidad y para qué cargas por eje esos diferentes límites serán aplicados. Es posible que para una misma sección sean aplicadas distintas restricciones de velocidad, dependiendo de la carga por eje. Los trenes cuya carga por eje sea igual o superior al valor mínimo definido, se ven afectados por la restricción de velocidad dada para tal valor; no así los trenes con una carga por eje inferior. c) Limitaciones temporales de velocidad máxima (LTV)) La velocidad limitada es una limitación de velocidad transitoria por causa de la infraestructura; por ejemplo para ser utilizada en zonas de obras, etc. Cuando se superponen parcialmente dos o más LTVs el tren utiliza la limitación de velocidad más restrictiva en la zona en que se superpongan. Cada LTV tiene un identificador, lo que hace posible su revocación utilizando tal identificador. La LTV será cancelada inmediatamente cuando se reciba la revocación desde el equipo fijo de línea, sin tener en cuenta la longitud del tren. Esta revocación solo puede ser dada por el subsistema vía. d) Restricción de velocidad relacionada con el tren. El sistema ETCS tiene en cuenta la velocidad máxima del tren de acuerdo con su velocidad máxima autorizada, o con los datos introducidos en el equipo embarcado, en el caso de que estos puedan ser modificados. e) Restricciones de velocidad relacionadas con el modo. El valor de la restricción de velocidad relacionada con el modo será determinado por el valor nacional correspondiente o por los valores correspondientes por defecto si no son aplicables los valores nacionales. Excepción: Para algunos modos de funcionamiento (On Sight y Shunting), el límite de velocidad puede ser dado también por el subsistema vía. El límite de velocidad dado por este subsistema predomina sobre el valor nacional y el valor por defecto. Con la información de todas las restricciones estáticas de velocidad, el equipo embarcado elabora y supervisa el Perfil de Velocidad Más Restrictivo (MRSP) que debe respetar el tren. El Perfil de Velocidad Más Restrictivo será calculado de nuevo, cuando cambie cualquiera de los elementos sobre los que esté construido. Selección de perfil de velocidad más restrictivo: 3. Otras informaciones de la vía. Los datos relativos a la infraestructura de vía normalmente van siendo almacenados por el equipo de a bordo de forma que constituyen un mapa especial de los tramos de la ruta que el tren ha de recorrer. A continuación se incluye una síntesis de estos datos. a) Condiciones de la Vía. La función de Condición de la Vía se utiliza para informar al maquinista y al tren, cuando corresponda, de una condición existente por delante del tren. Las Condiciones de la Vía se envían como datos de perfil (por ejemplo, área donde no está permitida la parada), es decir, se especifica el comienzo y el final donde los datos son aplicables, o datos de localización (por ejemplo, de cambio de alimentación de tracción) es decir, dando el punto de comienzo, dependiendo del tipo de condición de la vía. Los tipos de condiciones de la vía que son cubiertos por esta función son: – Sección sin alimentación, bajar pantógrafos o desconectar el interruptor principal / abrir el disyuntor; – Cierre de trampillas de presurización; – Túnel, parada no permitida / inhibición del sistema de aparatos de alarma para los viajeros; – Cambio de alimentación de tracción, accionar el conmutador de a bordo de alimentación de tracción; – Puente, parada no permitida / inhibición del sistema de aparatos de alarma para los viajeros; – Grandes masas metálicas; – Zona de Sombra de Radio, cortar la supervisión de la pérdida de enlace radio; – Desconexión del freno de recuperación; – Desconexión del freno de corrientes de Foucault; – Desconexión del freno magnético sobre los carriles; b) Mensajes de Texto. El Sistema ETCS hace posible transmitir información que se muestra al Maquinista en forma de mensajes de texto. Los mensajes de texto están siempre complementados por condiciones respecto a cuándo y dónde deben ser mostrados, y si es necesaria confirmación por parte del maquinista. Si deben mostrarse simultáneamente más mensajes del mismo tipo que los que puede contener la pantalla DMI disponible, los mensajes más nuevos tendrán precedencia sobre los antiguos que quedarán ocultos pero permanecen almacenados y reaparecen si los mensajes más nuevos son borrados. El maquinista puede también seleccionar los diferentes mensajes ocultos para mostrarlos en pantalla. En el caso de mensajes que precisan confirmación por parte del maquinista, no se ocultan detrás de los mensajes más nuevos de la misma clase que no requieran confirmación. Si un mensaje que debe ser confirmado queda oculto detrás de otro mensaje que también ha de ser confirmado, reaparece cuando este último se confirma. c) Perfil de Modo. Es posible enviar al tren una indicación de Perfil de Modo para pasar a modo On Sight (OS) o modo Shunting (SH). Para el modo OS el perfil de modo define la entrada y la longitud de la zona de marcha a la vista. Para el modo SH el perfil de modo solo definirá la entrada a la zona de maniobras. Si el equipo de a bordo recibe una nueva MA sin Perfil de Modo, el Perfil de Modo que se estaba utilizando se elimina. 4. Supervisión dinámica y gradientes. El control de la velocidad es la supervisión de la velocidad del tren en relación con su posición, con el fin de hacer que el tren respete el «Perfil Más Restrictivo de Velocidad» (MRSP) y el Límite o final de la autorización de movimiento (LOA/EOA). El equipo ETCS embarcado emite órdenes de frenado y las revoca (salvo la orden de freno de emergencia); también puede recibir información de estado: si se aplican o aflojan los frenos. Sin embargo, no supervisa los circuitos de control de frenos; ya que son ajenos al equipo ETCS. El control de la velocidad comprende: – La vigilancia de la velocidad máxima, supervisando las curvas de velocidad constante determinada en base al valor actual del Perfil Más Restrictivo de Velocidad (MRSP). – La vigilancia de la velocidad meta, supervisando el proceso de frenado a una velocidad meta más baja, o al EOA / LOA. – El control de la velocidad de liberación. – La función de detención del tren, al rebasar una EOA / LOA. La función de detención del tren (Train Trip) será iniciada si el equipo de a bordo detecta que la cabeza del tren ha rebasado el EOA/LOA. La función de detención del tren emitirá una orden de frenado de emergencia que no será revocada hasta que el tren se encuentre detenido y el maquinista confirme la detención. El gradiente es la medida de la inclinación que presenta la vía. Tendrá un valor positivo cuando se trate de una rampa (ascendente) o negativo cuando se trate de una pendiente (descendente). Esta información se envía desde vía al equipo embarcado, que la utiliza en los cálculos de distancia de frenado. 5. Límites de Supervisión. El principio de la supervisión de velocidad reside en la comparación en tiempo real de la velocidad del tren con la velocidad permitida, calculada por la Eurocabina, y en el accionamiento del freno del tren (de servicio o de emergencia, según el caso), cuando la velocidad del tren sobrepasa dicha velocidad. Este funcionamiento está basado en el conocimiento por el equipo del tren de su localización con respecto a los puntos de información ETCS representados por las eurobalizas. Todos los cálculos efectuados por el equipo embarcado tienen en cuenta que las deceleraciones consideradas están garantizadas, pero son diferentes dependiendo de los escalones de velocidad y los tipos de tren, y que estas deceleraciones deben ser corregidas teniendo en cuenta las pendientes y rampas incluidas en la MA (Autorización de Movimiento). El tren ETCS calcula puntos meta intermedios (distancia meta y velocidad meta) y un punto meta que no deberá sobrepasar (distancia meta con velocidad cero, EOA). A partir de estos puntos meta, el tren elabora las curvas de control de velocidad: a) Curva de velocidad permitida (V. Límite): es la velocidad que puede alcanzar el Maquinista de forma segura, y la que se le muestra en el DMI. b) Curva de aviso: situada por encima de la curva de velocidad permitida de tal forma que, si la velocidad real del tren sobrepasa la velocidad prescrita para esa curva, se envía una indicación (sonora y visual) al Maquinista para que disminuya la velocidad con el fin de evitar la aplicación del freno de servicio. c) Curva de intervención (supervisión) del freno de servicio: cuando esta operativo este freno en funcionamiento ETCS, se sitúa por encima de la curva de aviso tal que, si la velocidad real del tren sobrepasa la velocidad prescrita por esta curva, se activa el freno de servicio, liberándose cuando se llega a la velocidad permitida. La actuación del freno de servicio se indica en el DMI. d) Curva de emergencia: situada por encima de la curva de activación del freno de servicio, tal que, si la velocidad real del tren sobrepasa la velocidad prescrita por esta curva, se aplica el freno de emergencia, liberándose únicamente a tren parado. La activación del freno de emergencia se indica en el DMI. e) Velocidad de liberación: Si la velocidad del tren excede la Velocidad de Liberación, se activará una orden para aplicar el freno de emergencia. La transición al control de la velocidad de liberación se ejecutará automáticamente cuando el valor de la Velocidad de Liberación sea igual al límite de la intervención del freno de servicio. Los límites de las curvas de intervención y emergencia, dejarán de ser supervisados. Se establece un límite de aviso que activa una alerta que permanece mostrada mientras la velocidad del tren exceda del mismo. Este límite de advertencia es más bajo que la Velocidad de Liberación. La transición se ejecuta cuando el límite de aviso del control de la velocidad meta sea igual al límite de aviso del control de la Velocidad de Liberación. Se indica en el DMI que la Velocidad de Liberación es supervisada, y el valor de dicha Velocidad de Liberación. La indicación del límite de Velocidad Permitida del control de la velocidad meta sigue mostrándose hasta llegar al valor cero. 6. Protección contra movimientos indeseados de los trenes. a) Protección ante movimientos indebidos. La Protección contra Movimientos Indebidos (RAP) impedirá que el tren se desplace en sentido contrario a la posición del inversor en la cabina activa. Si el inversor se encuentra en posición neutra, la RAP impide que el tren se mueva hacia adelante o hacia atrás. Cuando el sistema reconozca un movimiento que exceda del valor nacional para distancia de escape permitida, se aplican los frenos. Cuando el tren se detenga se revocará la orden de frenado para permitir que el maquinista afloje los frenos. Tras la revocación de la orden de frenado, la RAP se iniciara de nuevo, utilizando la posición actual del tren como la nueva localización de referencia. b) Protección contra el Movimiento de Retroceso. La Protección contra el Movimiento de Retroceso (RMP) impide que el tren se desplace en sentido opuesto al permitido. El sentido de movimiento permitido de un tren es el de la MA activa, si se halla disponible a bordo. Cuando se detecte un movimiento de retroceso, se da la orden de aplicar los frenos al cabo de una distancia especificada por un valor nacional. Cuando el tren quede detenido se revoca la orden de frenado para permitir que el maquinista afloje los frenos. Tras la revocación de la orden de frenado, el RMP es inicializado de nuevo, utilizando la posición actual del tren como nueva localización de referencia. c) Supervisión de inmovilización. Esta función impide que el tren se desplace más que una distancia dependiente del tren. Si se excede de la distancia supervisada, se emitirá una orden de frenado. Si una cabina se encuentra activada, la orden de frenado es revocada en cuanto el tren quede parado, para permitir al maquinista que afloje los frenos. Tras la revocación de la orden de frenado, la supervisión de la inmovilización es nuevamente inicializada, usando la posición actual del tren como nueva referencia de localización. NOTA: En ciertas series de trenes existen en el propio tren supervisiones iguales a similares a estas. Ejecutándose la supervisión del valor más restrictivo de ambas. 5AN1.AP1.4. Modos. Definición. 1. Se entiende por modo técnico de operación, abreviadamente «modo», al estado de operación del equipo embarcado en relación con la supervisión que puede ofrecer en función de la información recibida de la infraestructura, en cada uno de sus niveles. 2. Los modos técnicos de ETCS son: No operativos; aplicables a todos los niveles (0, 1, 2 y STM): IS (Isolation; asilamiento). El equipo se encuentra asilado; no interviene en ningún equipo del tren, ni incluso en los frenos. NP (No power; sin alimentación). El equipo se encuentra sin alimentación y por lo tanto hay orden de freno de emergencia. SF (System failure; fallo del sistema). Se produce por un fallo del EOB que afecte a la seguridad del equipo. Se da la orden de freno de emergencia. SB (Stand By; en espera). Modo utilizado para el inicio del equipo, para su autocomprobación y la de los dispositivos periféricos. Es el modo en el que hay que introducir los datos del tren al inicio de la misión. El tren permanece parado por la acción de los frenos. Operativos: SR (Staff Responsible; responsabilidad maquinista); aplicable a niveles 1 y 2. Modo de conducción bajo la responsabilidad del maquinista; cuando sea preciso bajo las indicaciones del responsable de circulación. Se utiliza cuando no hay información de ruta, por ejemplo, en el inicio de una misión, tras un rebase, o después de un fallo del equipo de vía. En este modo eI equipo embarcado supervisa la velocidad máxima; valor nacional establecido para este caso. El Maquinista debe respetar la señalización lateral de acuerdo al RCF. FS (Full Supervision; supervisión total); aplicable a niveles 1 y 2. El equipo supervisa los movimientos del tren con respecto a un perfil dinámico de velocidad calculado sobre la base del perfil estático de velocidad, limitaciones temporales de velocidad máxima, datos de gradiente de la vía, datos del tren y MA. Este modo no puede ser seleccionado por el Maquinista. El DMI mostrará al Maquinista la velocidad del tren, la velocidad permitida, y la distancia meta y la velocidad meta cuando sea precisada. OS (On Sight; marcha a la vista); aplicable a niveles 1 y 2. Modo de circulación asociado a la entrada a vía ocupada. El equipo embarcado supervisa la velocidad definida para este modo (valor nacional) y las limitaciones de velocidad por debajo de ese valor nacional; el maquinista procederá como establece el RCF con el límite de esa velocidad máxima establecida. Este modo no puede ser seleccionado por el Maquinista, es enviado desde la vía por orden del responsable de circulación. SH (Shunting; maniobras); aplicable a niveles 0, 1 y 2. Modo para la realización de movimientos de maniobras. El equipo supervisa los movimientos del tren respecto a una velocidad máxima y una distancia máxima delimitada por una orden de parada. El modo SH puede ser seleccionado por el Maquinista, u ordenado por la vía, lo que requiere el reconocimiento deI maquinista. La entrada del equipo en el modo SH se considera un final de misión. SN (STM nacional); aplicable a nivel STM. Se utiIiza cuando se circula por una línea equipada con un sistema de señalización nacional. El módulo STM mantiene la funcionalidad del sistema nacional e interacciona con el equipo fijo de vía. En este modo, el Maquinista debe respetar los procedimientos establecidos para el sistema nacional. UN (Unfitted; vía no equipada); aplicable a nivel 0. Modo de circulación en Nivel 0, utilizado en zonas no equipadas con ETCS. El equipo supervisa la velocidad determinada para este modo (valor nacional) El Maquinista debe respetar la señalización lateral existente y los procedimientos establecidos en el RCF. Operativos particulares: TR (Trip; Rebase indebido); aplicable a niveles 1 y 2. Modo asociado a la detención automática del tren, que conlleva la aplicación deI freno de emergencia. El equipo transita a este modo como reacción ante un evento no seguro (por ejemplo, el rebase de un EOA). Cuando el tren se encuentre detenido se solicitará el reconocimiento del Maquinista para salir de este modo. PT (Post Trip; después de rebase); aplicable a niveles 1 y 2. Modo al que transita el equipo una vez reconocido eI TR. En este modo se produce la liberación del freno de emergencia; solamente permite el movimiento hacia atrás y a una distancia determinada como valor nacional. Para continuarla marcha únicamente se podrá realizar el procedimiento de rebase o, si el equipo no lo permitiese, seleccionar el comienzo de misión. NL (Non Leading; sin mando); aplicable a todos los niveles. Este modo se define para gestionar eI equipo de una cabina que no circula en primer lugar y que no es controlada desde la de cabeza, ya que tiene su propio Maquinista (tracción múltiple). SL (Sleeping; durmiente); aplicable a todos los niveles. Este modo es aplicable a una cabina que no circula en cabeza y que es controlada a distancia; por lo tanto no tiene maquinista (mando múltiple). RV (Reversing; retroceso); aplicable a niveles 1 y 2 (no usada en la RFIG). Este modo se utiIiza para cambiar eI sentido de la marcha del tren y conducir desde la misma cabina. Esto solo es posible en un área de retroceso previamente anunciada por el equipo fijo de vía. El equipo embarcado mostrará la velocidad del tren, la velocidad permitida y la distancia restante por recorrer. 5AN1.AP1.5. Formas de realizar las transiciones. Se consideran dos formas de realizar las transiciones de nivel. 1. Transiciones nominales: son las que se producen en las fronteras de la línea (o dentro de ella tras un inicio de misión) como consecuencia del cambio de nivel ETCS o sistema de señalización en la vía. Se realizan de forma automática cuando se recibe la orden de cambio de nivel transmitida mediante balizas o RBC que contienen la siguiente información: a) Distancia al cambio de nivel. b) Punto, antes de llegar al cambio de nivel, a partir del cual el Maquinista puede realizar el reconocimiento. Este debe realizarse antes de que pasen 5 segundos tras el cambio de nivel. c) MA (Autorización de movimiento) hasta el punto de conmutación. La velocidad en dicho punto será la adecuada al nuevo nivel. 2. Transiciones degradadas: son las que se realizan a tren parado dentro de la línea como consecuencia de un fallo en el sistema de señalización que protege al tren. En los puntos de transición entre sistemas o a distintos Niveles de ETCS en los que aparezcan valores de la velocidad límite inferiores a las velocidades máximas permitidas, obedecen a las reglas de ingeniería aplicadas al equipo de vía. LIBRO QUINTO. ANEXO 2 PROTECCIÓN DE PASOS A NIVEL [indice]Índice 1 LIBRO QUINTO. ANEXO 2 PROTECCIÓN DE PASOS A NIVEL Capítulo 1. PROTECCIÓN DE PASOS A NIVEL. Sección 1. GENERALIDADES. 5AN2.1.1.1. Protección de PN. Clasificación. Sección 2. PASOS A NIVEL CLASE B. SEÑALIZACIÓN LUMINOSA y ACÚSTICA (SLA). 5AN2.1.2.1. Descripción del sistema. 5AN2.1.2.2. Detección de trenes. 5AN2.1.2.3. Instalaciones de protección del Paso a Nivel (SLA). 5AN2.1.2.4. Supervisión del sistema de protección del PN (SLA). 5AN2.1.2.5. Funcionamiento del sistema en Mando Automático. 5AN2.1.2.6. Anormalidades en los PN del tipo SLA. Sección 3. PASOS A NIVEL CLASE C. SEMIBARRERAS O BARRERAS AUTOMÁTICAS (SBA). 5AN2.1.3.1. Descripción del sistema. 5AN2.1.3.2. Detección de trenes. 5AN2.1.3.3. Instalaciones de protección del Paso a Nivel (SBA). 5AN2.1.3.4. Supervisión del sistema de protección del PN (SBA). 5AN2.1.3.5. Funcionamiento del sistema Mando Automático (MA). 5AN2.1.3.6. Funcionamiento del sistema Mando Local (ML). 5AN2.1.3.7. Anormalidades en los PN del tipo SBA. Sección 4. PROTECCIÓN A PIE DE PASO. 5AN2.1.4.1. Ámbito. 5AN2.1.4.2. Averías en Paso a Nivel. 5AN2.1.4.3. Avisos al personal a pie del PN. 5AN2.1.4.4. Actuaciones del personal a pie del Paso a Nivel. 5AN2.1.4.5. Protección en caso de avería del sistema con SBA. 5AN2.1.4.6. Protección en caso de avería del sistema con SLA. 5AN2.1.4.7. Protección en caso de bajas temporales. Sección 5. PN PARA USO DE PEATONES. 5AN2.1.5.1. Descripción del sistema. Sección 6. Elementos Complementarios. 5AN2.1.6.1. Detector de obstáculos.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Protección de pasos a nivel Sección 1. Generalidades 5AN2.1.1.1. Protección de PN. Clasificación. Los Pasos a Nivel se clasifican según los sistemas de protección que los equipan en: 1. Clase A. Protección con señales fijas exclusivamente. 2. Clase B. Protección con señales luminosas además de con señales fijas. 3. Clase C. Protección con semibarreras, dobles semibarreras o barreras, automáticas o enclavadas, además de con señales fijas y señales luminosas. 4. Clase D. Protección en régimen de Consigna. 5. Clase E. Protección con barreras o semibarreras con personal a pie de paso. 6. Clase F. Protección específica para pasos a nivel al uso exclusivo de peatones o de peatones y ganado. En el presente Anexo, se describen las instalaciones de seguridad que equipan a los PN existentes en la RFIG, de las clases B y C, protegidos respectivamente por Señalización Luminosa y Acústica (SLA), y por semibarreras o barreras Automáticas (SBA). Sección 2. Pasos a nivel clase B. Señalización luminosa y acústica (SLA) 5AN2.1.2.1. Descripción del sistema. El sistema de protección de los PN mediante señales luminosas y acústicas (SLA) es una instalación de seguridad proyectada y construida de forma que cualquier avería que pueda producirse, repercute en el establecimiento de una condición siempre a favor de la seguridad. El sistema se compone de unos elementos instalados en la vía e inmediaciones del PN y de unos equipos ubicados en la caseta de equipos de la instalación. Los distintos elementos están vinculados a cada una de las tres funciones básicas que desarrolla: a) Detección de trenes. b) Protección de los vehículos de la carretera c) Supervisión del sistema 5AN2.1.2.2. Detección de trenes. Esta función la desarrollan los siguientes elementos: 1. Dos pedales direccionales de aviso, colocados en la vía, a la distancia necesaria para que actúen los distintos elementos en el momento adecuado. 2. Un circuito de vía en la zona del PN, señalizado con cartelones PN. 3. Un pedal no direccional de rearme, situado en las inmediaciones del PN que identifica la correspondiente secuencia de paso de tren. 5AN2.1.2.3. Instalaciones de protección del Paso a Nivel (SLA). Para tal fin se instalan los siguientes elementos: 1. Un conjunto de señales luminosas para la carretera, compuesto por dos focos rojos horizontales que lucen a destellos de forma alternativa, situadas en el lado derecho de la calzada conforme al sentido de la circulación, a ambos lados del PN. Cuando las condiciones de visibilidad lo exijan o la intensidad de la circulación de la carretera así lo aconseje, se situarán además señales en el lado izquierdo. 2. Una señal acústica, situada a la derecha y en el conjunto de señales luminosas, cuya bocina comienza a funcionar junto con las señales luminosas para la carretera, y cesará tan pronto concluya el descenso de las plumas y queden estas en la posición horizontal. 3. Señal de «OTRO TREN» (integrada en la señal luminosa de carretera) que se iluminará a destellos, siempre que se haya advertido por el detector de aviso un segundo tren, encontrándose aún el primero dentro de la zona del PN, para informar a los usuarios de la carretera de esta circunstancia. La señal luminosa irá reforzada con una señal acústica que entrará en funcionamiento simultáneamente. 4. Un Mando Local (ML) situado en las proximidades de algunos PN, desde el que existe mayor visibilidad de la vía y de la carretera, para mandar localmente la protección a los vehículos de la carretera. 5. Una señal fija en aspa simple o doble, adosada al mástil de la señal luminosa, dependiendo de que exista una o más vías, en fondo blanco y borde rojo, instalada a cada lado de la vía. Dicha señal estará precedida de la señal fija de carretera indicativa de proximidad a PN protegido por semáforos. 5AN2.1.2.4. Supervisión del sistema de protección del PN (SLA). Los elementos y equipos que desarrollan esta función son: 1. Señal de PN (SPN), se sitúa a la distancia suficiente de frenado y a cada lado del PN. Su misión es informar al Maquinista del funcionamiento del sistema y comprobar que no existe ninguna avería que incida sobre la seguridad del PN. Cuando una circulación pisa uno de los pedales direccionales, el sistema se auto comprueba y, al mismo tiempo, las SPN se encienden en la indicación adecuada. Si el PN está próximo a una estación, y el sistema de protección del mismo está afectado por el movimiento de los trenes en la estación, las señales están encendidas permanentemente en su indicación más restrictiva. En función del estado en que se encuentra el sistema, las indicaciones que presentan las señales ferroviarias de protección del PN son: a) PN protegido: Señales FF10A y FF10C, cuando el sistema funciona correctamente. b) PN protegido: Señales FF10B y FF10D, cuando se produce una alarma por: – Falta de corriente de carga hacia la batería. – Haberse producido un rearme por tiempo de cierre excesivo. – Fusión de la lámpara principal, en la señal de protección del PN (SPN) con doble lámpara. – Avería en una señal acústica. – Fallo en la comprobación inicial de la señal «OTRO TREN», con un solo tren en la zona de aviso. c) PN sin protección: Señales FF11A y FF11B, cuando la alarma es producida por: – Sistema cerrado durante un tiempo excesivo (normalmente dos minutos). – Sistema en ML (cuando exista). – Fusión de una lámpara roja de la carretera. – Falta de funcionamiento de las dos señales acústicas. – Avería en pedal direccional de aviso. – Ocupación intempestiva del circuito de vía de la zona de PN. – Fallo de la comprobación inicial de la señal «OTRO TREN» con más de un tren en la zona de aviso. – Fallo en la batería interna de las señales de carretera. 5AN2.1.2.5. Funcionamiento del sistema en Mando Automático. Es el modo normal de funcionamiento. Está basado en la detección de las circulaciones que se dirigen al PN, por cualquiera de los pedales direccionales de aviso. Al recibirse el aviso en la cabina de equipos, se desencadena el proceso de avisos del sistema: – Comienzan a lucir los focos de las señales luminosas de la carretera y a sonar las señales acústicas, comprobándose por la instalación que las señales de PN presentan la indicación adecuada. – Transcurridos el tiempo de preaviso, cesan las señales acústicas y continúan las señales a la carretera en rojo a destellos. La orden de apertura del sistema se genera cuando el tren ha pasado por el PN y, como consecuencia de ello, se ha realizado la siguiente secuencia: – Ocupación de circuito de vía. – Detección del tren por el pedal de rearme. – Posterior liberación del circuito de vía. Al recibirse la orden de apertura se rearma el sistema, con lo cual se apagan las SPN, y se apagan las señales a la carretera, quedando el sistema en su situación normal. 1. Sucesión de trenes. El sistema está concebido para permitir la sucesión de circulaciones pudiendo memorizar hasta tres circulaciones diferentes en el espacio comprendido entre el pedal direccional de aviso y el PN. Por este motivo, el sistema no se rearma, si antes de producirse la orden de apertura, se ha producido otro aviso al haber sido detectada otra circulación por el pedal direccional, complementando el aviso luminoso y acústico a la carretera con el mensaje «OTRO TREN». Asimismo, si una tercera circulación produjera un nuevo aviso sin haber salido de la zona del PN las dos primeras, es necesario se produzcan tres secuencias individuales de paso de tren, como la indicada en este artículo, para que se produzca el rearme del sistema. 2. Apertura automática por tiempo de cierre excesivo. Los PN de plena vía, con SLA, para evitar que por alguna anormalidad, permanezcan encendidas las señales a la carretera durante un tiempo excesivo, están dotadas de un circuito apropiado para que se realice, la secuencia siguiente: – Un primer temporizador inicia la cuenta del tiempo al producirse un aviso, y transcurrido normalmente dos minutos, las señales de vía SPN presentan la indicación más restrictiva (aspa amarilla a destellos). – Un segundo temporizador, previa comprobación de que las señales han sido mandadas a la indicación más restrictiva, inicia la cuenta de un tiempo de seguridad (normalmente tres minutos) para que cualquier tren que se aproxime al PN haya visto la señal en la citada indicación, y transcurrido ese tiempo, las señales de la carretera se apagan. En aquellos casos en que por las características de ubicación, existan Apeaderos, concatenación con SBA, etc., los tiempos serán de tres más siete minutos. La diferencia de funcionamiento con respecto a las SBA, consiste en que, una vez tomado el ML (cuando exista) y siempre que no se pulse el botón de cierre o se detecte la presencia de una circulación al cabo de cinco minutos (dos más tres minutos), se apagarán las señales a la carretera y la SPN. 5AN2.1.2.6. Anormalidades en los PN del tipo SLA. Estos PN tienen como peculiaridad, dentro de la protección a los vehículos de la carretera, una señal de STOP que se visualiza solo en el caso de anormalidad del sistema. Dicha señal así como los elementos auxiliares necesarios para la protección en caso de avería estarán depositados en el lugar que para cada PN concreto determine el AI a través de la correspondiente Consigna que describa y defina el uso de cada instalación. En el caso de falta de alimentación general del sistema, todos los focos de las señales a la carretera, por medio de la batería interna, lucirán en rojo. En este tipo de PN, la protección con cadenas, no es de aplicación. Sección 3. Pasos a nivel clase C. Semibarreras o barreras automáticas (SBA) 5AN2.1.3.1. Descripción del sistema. El sistema de protección de los PN mediante semibarreras automáticas es una instalación de seguridad proyectada y construida de forma que cualquier avería que pueda producirse, repercute en el establecimiento de una condición siempre a favor de la seguridad, consistente en advertir de la falta de protección al PN a los trenes que se aproximan a dicha intersección, y normalmente provocar el cierre de las semibarreras o barreras para impedir el acceso de vehículos de carretera a la intersección El sistema se compone de unos elementos instalados en la vía e inmediaciones del PN y de unos equipos ubicados en la caseta de equipos de la instalación. Los distintos elementos están vinculados a cada una de las tres funciones básicas que desarrolla: a) Detección de trenes. b) Protección a los vehículos de la carretera. c) Supervisión del sistema. 5AN2.1.3.2. Detección de trenes. Esta función la desarrollan los siguientes elementos: 1. Dos pedales direccionales de aviso, colocados en la vía, a la distancia necesaria para que actúen los distintos elementos en el momento adecuado. 2. Un circuito de vía en la zona del PN, señalizado con cartelones PN. 3. Un pedal no direccional de rearme, situado en las inmediaciones del PN que junto con el circuito de vía anterior, identifica la correspondiente secuencia de paso de tren. 5AN2.1.3.3. Instalaciones de protección del Paso a Nivel (SBA). Para tal fin hay instalados los siguientes elementos: 1. Dos semibarreras, (en casos especiales, las semibarreras pueden ser barreras completas o dobles semibarreras) situadas a la derecha de la carretera a uno y otro lado del PN, constituidas por pértigas o plumas basculantes accionadas por motor y de longitud adecuada para cortar con efectividad la mitad derecha de la carretera. Para su perfecta visibilidad de noche, estas plumas van recubiertas por ambos lados, de láminas adhesivas reflectantes o dispositivos luminosos a franjas rojas y blancas alternadas. 2. Un conjunto de señales luminosas para la carretera, compuesto por cuatro señales idénticas, situadas a derecha e izquierda de la carretera a ambos lados del PN. Cada una está formada por dos focos rojos horizontales que lucen a destellos alternados. La fusión de uno y de dos o más focos producen las correspondientes alarmas. 3. Una señal acústica, situada a la derecha y en el conjunto de señales luminosas, cuya bocina comienza a funcionar junto con las señales luminosas para la carretera, y cesará tan pronto concluya el descenso de las plumas y queden estas en la posición horizontal. 4. Un Mando Local (ML), situado en las proximidades del PN, para accionar localmente la protección del PN en caso de anormalidad en el sistema. Está constituido por un pequeño armario sobre mástil, cerrado con candado. 5AN2.1.3.4. Supervisión del sistema de protección del PN (SBA). Los elementos y equipos que desarrollan esta función son: 1. Señal de PN (SPN), se sitúa a la distancia suficiente de frenado y a cada lado del PN. Su misión es informar al Maquinista del funcionamiento del sistema y comprobar que no existe ninguna avería que incida sobre la seguridad del PN. Cuando el PN se encuentra próximo a una estación y no existe suficiente distancia de frenado entre el mismo y la punta de la aguja más próxima, se emplazan, para las circulaciones que se dirigen hacia el paso, dos señales de PN, una en las agujas de salida de la estación, totalizando el haz de vías, y otra a partir de las agujas de entrada de la misma, a la distancia de frenado. Cuando una circulación pisa uno de los pedales direccionales, el sistema se auto comprueba y, al mismo tiempo, las SPN se encienden en la indicación adecuada. Si el PN está próximo a una estación, y el sistema de protección del mismo está afectado por el movimiento de los trenes en la estación, las señales están encendidas permanentemente en su indicación más restrictiva. Las indicaciones que presentan las SPN en función del estado en que se encuentra el sistema son: a) PN protegido: Señales FF10A y FF10C, cuando el sistema funciona correctamente. b) PN protegido: Señales FF10B y FF10D, cuando se ha producido alarma por: – Falta de corriente de carga hacia la batería. – Fusión de una lámpara roja de la carretera. – Haberse producido un rearme por tiempo de cierre excesivo. – Fusión de la lámpara principal, en la SPN con doble lámpara. c) PN sin protección: Señales FF11A y FF11B, cuando se ha producido alarma por una o varias de las siguientes averías: – Fusión de dos o más lámparas rojas de la carretera. – Arrollamiento de una semibarrera. – Sistema cerrado durante un tiempo excesivo (normalmente tres minutos). – Sistema en Mando Local. – Avería del pedal direccional de aviso. 2. Equipo de apertura automática del sistema por tiempo de cierre excesivo, está situado en la caseta de equipos de la instalación y tiene como misión la apertura automática del sistema, cuando por avería u otras causas en los elementos y equipos relacionados con la detección de las circulaciones ferroviarias, permanece cerrado un tiempo elevado (normalmente diez minutos). Se evita así, el conflicto originado por el cierre del PN desde que se produce la avería hasta que acude el personal encargado de su protección. En algún caso especial, podrá existir en la estación colateral más próxima al PN y, si se trata de trayectos con CTC además, los dispositivos adecuados que presenten las indicaciones de la señal de PN. 5AN2.1.3.5. Funcionamiento del sistema Mando Automático (MA). Es el modo normal de funcionamiento. Está basado en la detección de las circulaciones que se dirigen al PN, por cualquiera de los pedales direccionales de aviso. Al recibirse el aviso en la cabina de equipos, se desencadena el proceso de cierre del sistema: – Comienzan a lucir los focos de las señales luminosas de la carretera y a sonar las señales acústicas, comprobándose por la instalación que las señales de PN presentan la indicación adecuada. – Transcurrido el tiempo de preaviso (cinco segundos mínimos) comienzan a bajar las semibarreras, invirtiendo un tiempo de siete a diez segundos. – Alcanzada la posición horizontal de las dos semibarreras, cesan las señales acústicas y continúan las señales a la carretera en rojo a destellos. Si, excepcionalmente, existieran semibarreras de salida (sistema de protección de PN mediante dobles semibarreras), estas comienzan a descender cuando las de entrada han alcanzado la posición horizontal. La orden de apertura del sistema se genera cuando el tren ha pasado por el PN y, como consecuencia de ello, se ha realizado la siguiente secuencia: – Ocupación de circuito de vía. – Detección del tren por el pedal de rearme. – Posterior liberación del circuito de vía. Al recibirse la orden de apertura se rearma el sistema, con lo cual se apagan las SPN, comienzan a subir las semibarreras y al alcanzar la posición vertical, se apagan las señales a la carretera, quedando el sistema en su situación normal. 1. Sucesión de trenes. El sistema está concebido para permitir la sucesión de circulaciones pudiendo memorizar hasta tres circulaciones diferentes en el espacio comprendido entre el pedal direccional de aviso y el PN. Por este motivo, el sistema no se rearma, si antes de producirse la orden de apertura, se ha producido otro aviso al haber sido detectada otra circulación por el pedal direccional. Asimismo, si una tercera circulación produjera un nuevo aviso sin haber salido de la zona del PN las dos primeras, es necesario se produzcan tres secuencias individuales de paso de tren, como la indicada en este artículo, para que se produzca el rearme del sistema. 2. Apertura automática por tiempo de cierre excesivo. El sistema en caso de tiempo excesivo de cierre, tiene la posibilidad de producir automáticamente la apertura de las semibarreras con las siguientes condiciones de seguridad. Secuencialmente se realiza el siguiente proceso: a) Un primer temporizador inicia la cuenta del tiempo al producirse un aviso, y transcurrido normalmente un tiempo de tres minutos, ordena a las señales de la vía presentar la indicación más restrictiva (aspa amarillo destellante). b) Un segundo temporizador, previa comprobación de que las señales han sido mandadas a la indicación más restrictiva, inicia la cuenta de un tiempo de seguridad (normalmente siete minutos), para que cualquier tren que se aproxime al PN haya visto la señal en la citada indicación, y transcurrido este tiempo, ordena la apertura automática de las semibarreras por tiempo de cierre excesivo. Iniciada la cuenta el primero o segundo temporizador, esta no se reinicia si se detecta un segundo o tercer tren (caso de sucesión de trenes), y la misma se anula, tan pronto se genere la orden de apertura normal del sistema. 5AN2.1.3.6. Funcionamiento del sistema Mando Local (ML). Este modo de funcionamiento permite gobernar la protección del PN cuando por avería o anormalidad no es posible hacerlo de forma automática. Secuencia de actuación en el armario del ML: – Actuar sobre la maneta que selecciona el funcionamiento del PN, colocándola en la posición «MANUAL». Esta operación da lugar a la presentación de la indicación aspa amarillo a destellos en las SPN de la vía, desencadena el proceso de cierre del PN y activa los pulsadores de «ABRIR» y «CERRAR» semibarreras. – El personal encargado de su protección podrá maniobrar las semibarreras actuando sobre el pulsador correspondiente. En esta situación, queda anulado el mando automático del sistema incluso el efecto pedal del circuito de vía. Si al retornar la maneta del Mando Local a la posición de «AUTOMATICO», el sistema tuviese memorizado algún aviso, el PN se cerrará caso de que estuviera abierto, y no se abrirá hasta que se produzca la correspondiente secuencia de paso de tren o la apertura automática por tiempo de cierre excesivo. 5AN2.1.3.7. Anormalidades en los PN del tipo SBA. Con carácter general, toda alteración que pueda afectar al servicio normal del sistema, bien sea motivada por incidencias propias de la instalación, o bien por causa de acciones externas a ella, produce el cierre inmediato de las semibarreras y las mantiene en esta posición. Cuando la anormalidad que produjo el cierre es debida a los elementos o equipos relacionados con la detección de las circulaciones ferroviarias, el sistema, al cabo de diez minutos, genera la orden de apertura por tiempo de cierre excesivo, bajo las condiciones de seguridad indicadas en el apartado «Apertura automática por tiempo de cierre excesivo». El sistema a través de las alarmas que genera (falta de carga de la batería, fusión de una y de dos o más lámparas rojas de la carretera, arrollamiento de semibarrera, sistema cerrado durante un tiempo excesivo, sistema en ML), informa al Maquinista, por medio de la señal de protección de PN, de las condiciones de seguridad que reúne el mismo. Sección 4. Protección a pie de paso 5AN2.1.4.1. Ámbito. Las prescripciones de esta Sección se refieren a los PN de protección automática y a los enclavados cuando no funcionen los dispositivos de protección, y a los de carácter temporal que pudieran ser autorizados por obras. 5AN2.1.4.2. Averías en Paso a Nivel. Cuando el Responsable de Circulación conozca la existencia de anormalidades en la protección del PN, previa información al personal de mantenimiento para que acuda a su reparación, dispondrá que personal habilitado se sitúe en el PN, con objeto de realizar la protección in situ que corresponda con los medios de protección adecuados hasta su reparación. Al personal habilitado que se desplace al PN averiado, se le denominará «personal a pie de paso». A todos los efectos, se considerará durante el tiempo que permanezca averiado como «Paso a Nivel Sin Protección», siendo de aplicación la Sección 6 del Libro 5 del RCF a efectos de notificación a los Maquinistas de los trenes que se dirigen al PN. 5AN2.1.4.3. Avisos al personal a pie del PN. 1. El Responsable de circulación que tenga que expedir, dar paso o autorizar el retroceso a un tren, hacia un trayecto donde existan uno o varios PN que por avería dispongan de personal a pie de paso: a) Cursará al personal a pie de los PN del trayecto la siguiente comunicación verbal: b) Recibida la conformidad del personal a pie de paso de los PN, autorizará la salida, paso o retroceso del tren. 2. Cuando se establezca la EVB cursará, de igual forma, el siguiente aviso: Los trenes que circulen hacia el PN sin protección, aun servido por personal a pie de paso, dispondrán de la notificación referenciada en el artículo 5.2.6.3 del RCF. 5AN2.1.4.4. Actuaciones del personal a pie del Paso a Nivel. Corresponde a este personal cumplir las siguientes prescripciones: 1. Utilizar los medios de protección previstos para estos casos y, si es necesario, el banderín o linterna. 2. Permanecer atento a la llegada de los trenes al PN. 3. Cuando reciba la comunicación verbal del Responsable de circulación, indicándole el número del tren y la hora previsible de salida o paso por la estación inmediata, procederá así: – Con un solo PN en el trayecto. Una vez haya entendido con claridad el contenido de la comunicación responderá: – Con varios PN en el trayecto 4. Realizará la protección del PN con los medios de que disponga, al menos sesenta segundos antes de la llegada efectiva del tren. Procederá de igual forma cuando se le comunique que un tren ha sido autorizado a retroceder. 5. Cuando reciba la comunicación verbal del Responsable de circulación indicándole que se ha establecido la EVB, el período de tiempo previsto y la vía o vías afectadas, se coordinará con el Encargado de los trabajos con objeto de asegurar la protección del PN de acuerdo con lo expuesto en el punto 3. 6. Si apreciara un obstáculo en el PN, procederá así: – Si no hay ningún tren en circulación, informará inmediatamente al Responsable de circulación. – Si hay algún tren en circulación, protegerá el punto de peligro con señales de parada a mano y en líneas con circuitos de vía eléctricos, con la barra o útil de cortocircuito, como se indica en este Reglamento. 5AN2.1.4.5. Protección en caso de avería del sistema con SBA. 1. Garantizará inmediatamente la protección del PN, y comprobará el estado de las semibarreras. 2. Comunicará al Responsable de Circulación su presencia en el PN y las condiciones en que se encuentra la instalación. 3. Si las semibarreras pueden accionarse con ML, será este el que utilice para asegurar la protección del PN, y en su defecto el accionamiento a manivela en cada semibarrera, cerciorándose de su correcto funcionamiento, así como del de las señales luminosas y acústicas a la carretera. 4. Si el funcionamiento anterior no quedara garantizado, si estuvieran las semibarreras cerradas desmontará y retirará las plumas, para suprimir obstáculos, y en caso de que estuvieran abiertas, para evitar que los vehículos que las divisen desde lejos se precipiten inadvertidamente sobre el PN, creyéndolo libre, estableciendo la protección del PN mediante cadenas con discos reflexivos. 5. Permanecerá atento a los avisos de circulación que pueda recibir, sin perjuicio de asegurar el cierre del PN a la proximidad de los trenes. Cuando se normalice la situación, cuidará de que la instalación quede conforme establezca la Consigna del AI que regule su uso. Comprobará que la maneta del Mando Local queda en la posición «AUTOMATICO», y las semibarreras abiertas. Informará al Responsable de Circulación que se retira de la instalación y cerrará el armario de Mando Local. 5AN2.1.4.6. Protección en caso de avería del sistema con SLA. 1. Si funciona la protección a la carretera con el ML del PN, ordenará al personal habilitado de la protección que permanezca en el mismo para actuar con él. 2. En otro caso, requerirá al personal habilitado de la protección que tape las señales luminosas y la señal fija de advertencia de peligro que indica a los usuarios de la carretera que se aproximan a un PN protegido por semáforos, con las fundas previstas al efecto, conforme a lo que disponga la Consigna del AI que describa el uso de la instalación. Las que sirvan para la ocultación de las señales luminosas a la carretera, llevarán incorporada la señal de STOP. Esta señalización permanecerá hasta que sea corregida la avería, en cuyo momento y una vez comunicado al Responsable de Circulación se normalizará conforme a lo dispuesto en la citada Consigna del AI. Comprobará que la maneta del Mando Local queda en la posición «AUTOMATICO». Informará al Responsable de Circulación que se retira de la instalación y cerrará el armario de Mando Local. 5AN2.1.4.7. Protección en caso de bajas temporales. En los supuestos de bajas temporales por reparación o conservación de las instalaciones se regulará por Consigna del AI el período transitorio durante el cual: – Las SPN quedarán fuera de servicio. – Se dotará al PN de una guardería a pie de paso o se cerrará al tránsito, no aplicándole, en ningún caso, la protección de la clase A. Sección 5. PN para uso de peatones 5AN2.1.5.1. Descripción del sistema. Los PN con protección de clase B o C pueden llevar incorporada la protección peatonal, con la misma señalización de la clase correspondiente. Se instalan dos señales peatonales luminosas para cada PN. En aquellas instalaciones donde exista un PN peatonal a cada lado del paso de vehículos, tienen cuatro señales peatonales (dos por cada paso). En las instalaciones donde el PN peatonal sea prolongación del paso de vehículos, se instalan señales luminosas peatonales, con la indicación de la silueta humana en posición de alto luciendo en rojo. Dicha señal, podrá instalarse en un soporte acodado en el mismo mástil de la señal de carretera del PN. Si es posible, se colocará sobre un mástil independiente. Si la instalación corresponde a un PN para uso exclusivo de peatones o de peatones y ganado (protección de clase F), dispone de dos señales peatonales especiales que incorporarán una señal luminosa representando la silueta humana en posición de alto, en rojo fijo, y la leyenda «ATENCIÓN NO PASE», en rojo a destellos. Se incorpora también en el interior de la señal luminosa, la señal acústica. En todos los casos las señales peatonales están situadas de manera que, los peatones observen la señal colocada en el lado contrario de la vía donde estén situados. En instalaciones con cuatro o más vías se ponen señales dobles, es decir, en cada poste de señal se colocarán dos cabezas de señal orientadas en cada sentido. En las Semibarreras Enclavadas (SBE) y Semibarreras Automáticas (SBA) la señal acústica permanece activada desde el instante de producirse el aviso hasta la comprobación del cierre de la barrera. En los PN con SLA y en los de uso exclusivo de peatones o peatones y ganado (protección de clase F), las señales acústicas permanecen activadas desde el instante de producirse el aviso hasta el paso completo de la circulación que lo produjo. La falta de indicación de una de las señales peatonales instaladas, llevará a las del ferrocarril a su situación más restrictiva. Sección 6. Elementos Complementarios 5AN2.1.6.1. Detector de obstáculos. El sistema para detección de obstáculos pretende evitar las consecuencias de una ocupación indebida de la zona de PN por un vehículo de carretera en el momento en que se activen las protecciones a la carretera. El objetivo funcional del sistema es informar de la presencia de vehículos en una zona geográfica bien determinada y limitada. El sistema detector es de naturaleza magnética, por lo cual, la detección se limita a vehículos de más de 2 ruedas con una base metálica mayor de 2 m2 paralela al plano de tierra, a una altura no superior a 50 cm. Por tanto, no se detectarán los siguientes elementos: personas y animales o cualquier cuerpo no metálico; cuerpos metálicos muy pequeños en comparación con el tamaño del área cubierta o presentes en el momento de la puesta en marcha del sistema; vehículos no metálicos y vehículos metálicos de 2 ruedas. El área a cubrir debe ser delimitada por un circuito que recorrerá todo el perímetro, enterrado en el suelo a pocos centímetros de profundidad. En las SBE la información del detector está incluida en la propia comprobación de barrera bajada. En las SBA y SLA la información irá a la baliza ASFA. Al ocupar un vehículo la zona del paso durante 2 segundos aproximadamente, si se produce una avería en el módulo o en el lazo detector (corte del lazo) el sistema lo detecta. En el caso de que la zona de PN se encuentre libre de vehículos en el momento en que se han bajado las barreras, la señal al ferrocarril (señal fija fundamental en SBE o SPN en SBA), presentará la indicación que corresponda, para autorizar el movimiento, salvo deficiencias o averías. En esta situación el detector de obstáculos queda inhibido, no acusando ocupaciones posteriores. Cuando el detector de obstáculos acuse la presencia de vehículos, estando comprobando la bajada de las barreras, las señales fijas fundamentales (en las SBE) permanecerán en indicación de parada o el ASFA (en las SBA) dará la indicación de PN sin protección. Esta situación se prolongará, mientras el sistema esté detectando, hasta que se produzca el paso del tren y se abran las barreras. Si antes de llegar el tren a la zona del PN, el vehículo abandona esta, la señal fija fundamental podrá autorizar el movimiento y el sistema ASFA indicará PN protegido, desinhibiéndose el detector de obstáculos, no acusando posteriores ocupaciones de la zona protegida. LIBRO QUINTO. ANEXO 3. SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCIÓN [indice]Índice LIBRO QUINTO. ANEXO 3. SISTEMAS AUXILIARES DE DETECCIÓN. Capítulo 1. Dispositivos de sobretemperatura. Sección 1. Dispositivos embarcados. 5AN3.1.1.1. Generalidades. 5AN3.1.1.2. Umbrales de alarma. Sección 2. Dispositivos instalados en la infraestructura. 5AN3.1.2.1. Generalidades. 5AN3.1.2.2. Tipos de alarma. 5AN3.1.2.3. Actuaciones de control y seguimiento. Capítulo 2. Detectores de caída de objetos a la vía. Sección 1. D.C.O. 5AN3.2.1.1. Descripción y utilización. 5AN3.2.1.2. Anormalidades y falta de operatividad. Capítulo 3. Detectores de impacto en vía. Sección 1. D.I.V. 5AN3.3.1.1. Descripción y funcionamiento. 5AN3.3.1.2. Umbrales de alarma. 5AN3.3.1.3. Forma de proceder ante las alarmas de impacto en vía. 5AN3.3.1.4. Forma de proceder ante las alarmas de sobrepeso por eje. 5AN3.3.1.5. Comunicaciones. 5AN3.3.1.6. Anormalidades y falta de operatividad. Capítulo 4. Detectores de viento lateral en líneas de alta velocidad. Sección 1. D.V.L. 5AN3.4.1.1. Descripción y utilización. 5AN3.4.1.2. Umbrales de alarma. 5AN3.4.1.3. Anormalidades y falta de operatividad.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Dispositivos de sobretemperatura Sección 1. Dispositivos embarcados 5AN3.1.1.1. Generalidades. En los trenes que dispongan de dispositivo embarcado para la detección de sobretemperatura en elementos de rodadura y freno, los datos que registre, las alarmas que genere, y las acciones que ejecute, prevalecerán sobre las indicaciones de los detectores instalados en la vía. Por dicho motivo, en los mencionados trenes, las indicaciones del equipo instalado en la infraestructura no se tendrán en consideración. 5AN3.1.1.2. Umbrales de alarma. Los tipos de alarma, los umbrales de temperatura asociados a cada tipo de alarma de los dispositivos embarcados, así como las acciones que en cada caso ejecuta el tren o deben tomarse por el personal de conducción, son específicos para cada serie de vehículos, y deben quedar definidos en su Manual de conducción o de operación. Sección 2. Dispositivos instalados en la infraestructura 5AN3.1.2.1. Generalidades. Son dispositivos que miden la temperatura de las cajas de grasa, ruedas o discos de freno de los vehículos, al paso por los puntos en los que están instalados. Se colocan por parejas en una traviesa específica y miden cada lado de la vía. Son bidireccionales, es decir, miden en los dos sentidos de circulación de los trenes. Están compuestos por: a) Equipo de vía. Consta de equipo de medición de la temperatura de las cajas de grasa y de las ruedas o discos. b) Equipo de proceso de información. Procesa la información recibida de los equipos de vía al paso de los trenes y la transmite al equipo de monitorización centralizada. c) Equipo de monitorización centralizada. Es el puesto central donde se almacenan las condiciones térmicas de todos los elementos medidos. En estos equipos, de forma automática se evalúan los datos y se generan las alarmas correspondientes, que pueden ser por detección de cajas calientes (DCC), o por detección de ruedas o discos de freno calientes (DFA). El sistema permite visualizar los ejes que han tenido alarma al paso de un tren, el tipo de alarma (DCC) o (DFA) diferenciando entre lado derecho o lado izquierdo en el sentido de la marcha del tren, indicando el n.º de eje, el tipo de alarma, la temperatura a la que se ha producido la alarma, y la temperatura en el otro raíl. 5AN3.1.2.2. Tipos de alarma. Los valores de medida que han causado una alarma se marcan en el color correspondiente al tipo de alarma. Están definidos los siguientes tipos de alarma: • Alarma Diferencial. • Alarma Caliente. • Alarma Muy Caliente. 5AN3.1.2.3. Actuaciones de control y seguimiento. 1. La orden a cumplimentar según el tipo de alarma será: a) Caja caliente: Detener el tren con freno de servicio. b) Caja muy caliente: Detener el tren inmediatamente con freno de servicio. c) Caja diferencial: Reducir la velocidad del tren hasta nueva orden, cuando se repite la alarma en dos detectores consecutivos, excepto para los trenes que dispongan de dispositivo embarcado útil. d) Rueda o freno caliente: Reducir la velocidad del tren hasta su detención en la estación inmediata. e) Rueda o freno muy caliente: Detener el tren inmediatamente con el freno de servicio. 2. El Maquinista, cuando sea informado o detecte que en su tren puede existir una caja de grasa, rueda o un freno con sobretemperatura, procederá a detener el mismo, de acuerdo con el punto anterior, reconocer el vehículo y, si se confirma la alarma, actuará de la siguiente forma: a) En una estación, determinará si el vehículo puede continuar la marcha y en qué condiciones, comunicándoselo al Responsable de Circulación. b) En plena vía, cuando sea posible y previa comunicación al Responsable de Circulación, seguirá su marcha, con las precauciones que considere necesarias hasta la estación inmediata, y en esta procederá como se indica en el punto anterior. CAPÍTULO 2 Detectores de caída de objetos a la vía Sección 1. D.C.O. 5AN3.2.1.1. Descripción y utilización. Son equipos que detectan la caída de objetos a la vía en los puntos en los que se instalan (normalmente pasos superiores y bocas de túnel que lo requieran). Las características y utilización de estos equipos serán definidas por el AI en sus respectivos Manuales de Operación. Las informaciones que proporciona el sistema y que recibirá el CTC, mediante información óptica y acústica, son: – Objeto: presencia de objeto. – Sin supervisión: fallo o situación de mantenimiento. 5AN3.2.1.2. Anormalidades y falta de operatividad. Es responsabilidad del AI el mantenimiento y operatividad de los equipos a los que hace referencia esta sección. En caso de anormalidad en el funcionamiento o indisponibilidad de algún equipo, el PM informará a las EF con circulaciones por la línea afectada. CAPÍTULO 3 Detectores de impacto en vía Sección 1. D.I.V. 5AN3.3.1.1. Descripción y funcionamiento. Permiten obtener en tiempo real, en los puntos en los que están instalados, los defectos o deformaciones geométricas en los elementos de rodadura de los trenes, en ambos sentidos de circulación. El dispositivo está compuesto por: a) Un detector para cada una de las vías b) Un equipo de proceso de la información c) Un equipo registrador La información captada por el detector es enviada al equipo que la procesa y valida, y cuando esta sobrepasa los valores establecidos, en kilonewton (kN) para el impacto y toneladas (t) para el peso por eje, es registrada con los datos correspondientes a fecha, hora, valores y lugar que ocupa el eje del vehículo afectado en el tren. 5AN3.3.1.2. Umbrales de alarma. Los valores establecidos para la actuación de la alarma, son los siguientes: – Impacto de rueda en vía: 250 kN. – Peso por eje: 25 t. 5AN3.3.1.3. Forma de proceder ante las alarmas de impacto en vía. La forma de proceder ante alarmas de impacto en vía, será en cada caso la que se muestra en el cuadro: Los movimientos de vehículos segregados a los centros de mantenimiento para su reparación, se realizarán con las limitaciones y/o prescripciones que el personal técnico de la EF determine en cada caso. Los vehículos afectados no serán admitidos a tráfico de nuevo hasta la comunicación de la EF confirmando su reparación. 5AN3.3.1.4. Forma de proceder ante las alarmas de sobrepeso por eje. La forma de proceder ante alarmas de sobrepeso por eje, será la que se muestra en el cuadro: La imposibilidad de cumplir lo dispuesto en el cuadro anterior, supondrá que la continuidad del transporte deberá realizarse como transporte excepcional con las limitaciones que, en cada caso, procedan. 5AN3.3.1.5. Comunicaciones. Con independencia de las comunicaciones referidas en los puntos anteriores que los Responsables de Circulación del PM realicen a los Maquinistas de los trenes afectados, es responsabilidad del AI en los casos en los que se superen los umbrales de alarma definidos, comunicar a las EF afectadas los datos indicados por el DIV. 5AN3.3.1.6. Anormalidades y falta de operatividad. Es responsabilidad del AI el mantenimiento y operatividad de los equipos a los que hace referencia esta sección. En caso de anormalidad en el funcionamiento o indisponibilidad de algún equipo, el PM informará a las EF con circulaciones por la línea afectada. CAPÍTULO 4 Detectores de viento lateral en líneas de alta velocidad Sección 1. D.V.L. 5AN3.4.1.1. Descripción y utilización. Son sistemas encargados de controlar la velocidad del viento que incide lateralmente sobre la vía. Están compuestos por un número determinado de estaciones meteorológicas instaladas en la línea, que permiten dividirla en sectores de control de viento. En las líneas equipadas, los detectores de viento lateral están integrados en el Telemando de Detectores de las Líneas de Alta Velocidad, siendo su filosofía de funcionamiento homogénea con el resto de detectores existentes en dicho telemando. 5AN3.4.1.2. Umbrales de alarma. En líneas equipadas, en función de la velocidad máxima del tren, el detector de viento lateral determina las Velocidades Limitadas que se deberán notificar al Maquinista, siendo estas las siguientes: a) Trenes con Vmax > 250km/h: 230 km/h. 160 km/h. 80 km/h. b) Trenes con Vmax ≤ 250 km/h. 160 km/h. 80 km/h. En líneas no equipadas, las limitaciones de velocidad para cada tren en función de la velocidad del viento lateral, según la previsión suministrada por AEMET, serán: VELOCIDAD DEL VIENTO (KM/H) VELOCIDAD LIMITADA (KM/H) POR TIPOS DE TREN S/100/102/112 S/103 S/102/121 S/130/730 S/104/114 TGV DASYE F TGV 2N2H v ≤ 80 330 350 250 250 250 330 330 80 < v ≤ 85 330 315 250 160 250 250 250 85 < v ≤ 100 300 235 200 120 200 200 200 100 < v ≤ 115 250 190 160 120 160 110 110 115 < v ≤ 120 200 155 120 120 120 80 80 v > 120 SE SUSPENDERÁ LA CIRCULACIÓN DEL TREN 5AN3.4.1.3. Anormalidades y falta de operatividad. Es responsabilidad del AI el mantenimiento y operatividad de los equipos a los que hace referencia esta sección. En caso de anormalidad en el funcionamiento o indisponibilidad de algún equipo, el PM informará a las EF con circulaciones por la línea afectada. El paso de una estación meteorológica a estado de mantenimiento, supone desconocer el estado de viento del sector de control asociado a la misma, en este caso la gestión de las Velocidades Limitadas que pudieran generarse, se desarrollarán conforme a lo dispuesto para líneas no equipadas. LIBRO QUINTO. APÉNDICE 1 SISTEMA DE ANUNCIO DE SEÑALES Y FRENADO AUTOMÁTICO (ASFA) DIGITAL [indice]Índice LIBRO QUINTO. APÉNDICE 1 SISTEMA DE ANUNCIO DE SEÑALES Y FRENADO AUTOMÁTICO (ASFA) DIGITAL Capítulo 1. SISTEMA ASFA DIGITAL. Sección 1. GENERALIDADES. 5AP1.1.1.1. Descripción. 5AP1.1.1.2. Definiciones. 5AP1.1.1.3. Señales relacionadas con el ASFA. Sección 2. ELEMENTOS BÁSICOS DEL SISTEMA. 5AP1.1.2.1. Elementos que integran el sistema. Sección 3. CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN DEL SISTEMA. 5AP1.1.3.1. Conexión y desconexión del equipo. 5AP1.1.3.2. Cambio de tipo de tren. 5AP1.1.3.3. Anulación del equipo. 5AP1.1.3.4. Cambio de cabina. Sección 4. MODOS DE CONDUCCIÓN. ACTUACIÓN DEL MAQUINISTA EN EL SISTEMA ASFA DIGITAL. 5AP1.1.4.1. Modos de conducción. 5AP1.1.4.2. Modos ASFA Conv. y ASFA Alta Velocidad. Indicaciones del sistema y actuación del Maquinista. 5AP1.1.4.3. Modos ASFA Conv. y ASFA Alta Velocidad. Otras indicaciones. Actuación del Maquinista. 5AP1.1.4.4. Modo Bloqueo Telefónico en caso de anormalidad. Actuación del Maquinista. 5AP1.1.4.5. Modo Maniobras. Actuación del Maquinista. 5AP1.1.4.6. Modo ASFA Básico Convencional y ASFA Básico Alta Velocidad. 5AP1.1.4.7. Particularidades de las líneas dotadas de Tercer Carril (ancho mixto). Sección 5. TRANSICIONES ENTRE ASFA DIGITAL Y LZB/ERTMS. 5AP1.1.5.1. Generalidades. 5AP1.1.5.2. Transiciones de ASFA Digital a LZB/ERTMS. 5AP1.1.5.3. Transiciones de LZB/ERTMS a ASFA Digital. Sección 6. ANORMALIDADES. 5AP1.1.6.1. Notificación. 5AP1.1.6.2. Anormalidades en la Pantalla de Visualización de Datos. 5AP1.1.6.3. Señales apagadas, en indicación dudosa, o no visibles. 5AP1.1.6.4. Detención del tren por la acción del ASFA. 5AP1.1.6.5. Actuación sobre el pulsador de ocultación. (Velo) 5AP1.1.6.6. Particularidades en los Pasos a Nivel provistos de señal de protección de Paso a Nivel.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Sistema Asfa Digital Sección 1. Generalidades 5AP1.1.1.1. Descripción. El ASFA Digital es un sistema de aviso y parada automática y supervisión discreta de la velocidad: proporciona aviso automático al Maquinista y parada automática al pasar por una señal de parada, entendiéndose por «supervisión discreta de la velocidad» la realizada en determinados puntos al aproximarse a una señal. El equipo embarcado procesa la información procedente de la vía y muestra un conjunto de indicaciones al Maquinista para alertarle y facilitar la realización de las acciones requeridas. Cuando el equipo detecta ausencia de reconocimiento de la indicación recibida o que no se están respetando los controles de velocidad establecidos, actúa sobre el freno de emergencia del tren. Además de la información transmitida por las balizas de ASFA, el equipo ASFA Digital requiere que el Maquinista confirme, mediante su actuación sobre pulsadores, la información que se ha captado al paso sobre baliza. La protección proporcionada por el equipo ASFA Digital incluye los siguientes controles: a) De velocidad de control de arranque. b) De velocidad máxima del tren. c) De velocidad durante la aproximación a una señal. d) De velocidad durante la aproximación a un desvío. e) De velocidad durante la aproximación a un paso a nivel sin protección. 5AP1.1.1.2. Definiciones. Las definiciones de los términos más utilizados en el ASFA Digital son los siguientes: EQUIPO DE CONTROL Y PROCESO (ECP): Es el encargado de procesar la información recibida, y realizar los cálculos de odometría correspondientes. MODOS: Son las formas de operar del tren con que cuenta el sistema ASFA DIGITAL. TIPO DE TREN: Clasificación de los trenes a efectos de la composición, velocidad, régimen y frenado. Se expresa mediante un número múltiplo de 10 que indica la velocidad máxima que puede alcanzar el tren en las condiciones más favorables de trazado y clase de vía. CURVA DE VELOCIDAD DE CONTROL (VC): Curva de velocidad en función del tiempo, definida para control del sistema. La velocidad real del tren debe mantenerse por debajo del valor instantáneo de velocidad definido por esta curva. CURVA DE INTERVENCIÓN DE FRENADO (IF): Curva de velocidad en función del tiempo, definida para la intervención de frenado. Si la velocidad real del tren rebasa el valor instantáneo definido por esta curva, el sistema aplica el freno de emergencia y anunciará este hecho mediante las indicaciones ópticas y acústicas asociadas al freno de emergencia. VELOCIDAD DE CONTROL: Límite de velocidad establecido en cada instante, que no debe superar el tren. Se trata de cada uno de los distintos valores de la curva de velocidad de control. VELOCIDAD DE CONTROL FINAL: Es la velocidad de control una vez transcurrido el tiempo correspondiente al intervalo decreciente de la curva de velocidad de control. VELOCIDAD DE AVISO: Límite de velocidad establecido en cada instante, que en caso de ser rebasado provocará que el equipo anuncie que el vehículo circula con sobrevelocidad mediante indicaciones ópticas y acústicas. VELOCIDAD DE INTERVENCIÓN DE FRENADO: Límite de velocidad establecido en cada instante, que en caso de ser rebasado provocará que el equipo aplique el freno de emergencia. Se trata de cada uno de los distintos valores de la curva de intervención de frenado. 5AP1.1.1.3. Señales relacionadas con el ASFA. Se relacionan con este sistema las señales intermedias, de Paso a Nivel, avanzadas, de entrada, de salida, de protección, las interiores que puedan ordenar vía libre, de anuncio de cambio significativo de velocidad, de anuncio de limitación temporal de velocidad máxima en los casos en los que tenga consideración de cambio significativo de velocidad y, en algunos casos, las de retroceso. El AI dará a conocer a través de Consigna, con el correspondiente signo, las líneas en las que las señales están relacionadas con este sistema. Sección 2. Elementos básicos del sistema 5AP1.1.2.1. Elementos que integran el sistema. El sistema está compuesto por Equipos de Vía, Equipos Embarcados, y Equipos de Registro de Datos. 1. Equipos de Vía. Son las balizas y los interfaces de las mismas que transmiten la información sobre el aspecto de las señales. Existen dos clases de balizas: a) Baliza de señal. Conectadas con las señales avanzadas cuando puedan ordenar parada, con las de entrada, con las de salida, con las intermedias, con las de paso a nivel, las de limitación temporal de velocidad máxima, las de cambio significativo de velocidad máxima y las de contravía. b) Baliza previa. Conectadas con las señales avanzadas, con las de entrada, con algunas de salida, y con las intermedias. 2. Equipos Embarcados. Son los encargados de recoger la información de la vía, procesarla, mostrar las indicaciones correspondientes a los Maquinistas y actuar sobre el freno de emergencia si fuese necesario. Están compuestos por: a) Subsistema de captación. Recibe la información emitida por la baliza y la transmite al equipo de control y proceso. Existe uno por cada cabina de conducción. Está compuesto por un captador, y por un amplificador aperiódico. b) Equipo de control y proceso (ECP). Recibe la información del subsistema de captación y la procesa. También realiza los cálculos de odometría correspondientes. c) Transductores de velocidad. Proporcionan información al equipo de control y proceso para el cálculo de velocidad. El sistema dispone de un transductor de velocidad utilizado exclusivamente para el procesamiento de la velocidad del equipo ASFA Digital. d) Panel repetidor. Existe uno en cada cabina de conducción. Está constituido por diferentes pulsadores e indicadores descritos en los Manuales de Conducción de los vehículos. e) Pantalla de visualización de datos. Existe una en cada cabina de conducción. Proporciona información al Maquinista, detallada en los Manuales e Conducción de los vehículos. f) Pulsadores adicionales. Existe un juego en cada cabina de conducción. Su funcionalidad y operación se detallan en los Manuales de Conducción de los vehículos. g) Combinador general. Conecta el equipo, selecciona el Tipo de tren o anula el equipo. Su funcionalidad y operación se detalla en los Manuales de Conducción de los vehículos. 3. Registradores de datos. Existen dos tipos de equipos de registro de datos: a) Registrador del tren. Es el equipo de registro externo del ASFA Digital. Registra las señales emitidas por el sistema ASFA-Digital. b) Registrador interno del ASFA digital. El equipo consta de un registrador interno donde se registran señales de funcionamiento del ASFA-Digital. Sección 3. Conexión y desconexión del sistema 5AP1.1.3.1. Conexión y desconexión del equipo. La conexión y puesta en marcha del equipo, así como su desconexión, el Maquinista las realizará en cada vehículo de acuerdo con lo que disponga el Manual de Conducción del mismo, seleccionando el tipo de tren acorde con las condiciones del que se vaya a realizar. Si tras la conexión, puesta en marcha del equipo y efectuado el autotest, este no funcionara correctamente, el Maquinista se atendrá a lo dispuesto en la sección de anormalidades de este documento. Si el equipo funciona correctamente, el equipo ASFA Digital establece un control de velocidad de 140 km/h o de la velocidad máxima del tren si esta es inferior, denominado control en el arranque. Una vez finalizada la conexión y puesta en marcha deberá verificarse que se encuentra seleccionado el modo de conducción correspondiente a las condiciones de circulación. 5AP1.1.3.2. Cambio de tipo de tren. Para cambio de tipo de tren se actuará conforme al Manual de Conducción del vehículo. El sistema solo permite el cambio de Tipo de tren cuando la selección vaya acompañada de una posterior conexión de cabina. 5AP1.1.3.3. Anulación del equipo. La anulación suspende la protección ofrecida por el equipo embarcado del sistema ASFA digital. Para anular el equipo se actuará conforme al Manual de Conducción del vehículo. 5AP1.1.3.4. Cambio de cabina. El cambio de cabina lo realizará el Maquinista en cada vehículo de acuerdo con lo que disponga el Manual de Conducción del mismo. Sección 4. Modos de conducción. Actuación del maquinista en el sistema Asfa Digital 5AP1.1.4.1. Modos de conducción. Los modos posibles de conducción en los que operará el sistema son: – Modo ASFA CONV. En trenes circulando por líneas con criterios de emplazamiento de balizas de Red Convencional. – Modo ASFA AV. En trenes circulando por líneas con criterios de emplazamiento de balizas de Red de Alta Velocidad. – Modo Bloqueo Telefónico en condiciones de anormalidad (BTS). – Modo de Maniobras (MBRA). – Modo ASFA Básico CONV. Se utilizará cuando no funcione la pantalla de visualización de datos, en trenes circulando por líneas con criterios de emplazamiento de balizas de Red Convencional. – Modo ASFA Básico AV. Se utilizará cuando no funcione la pantalla de visualización de datos en trenes circulando por líneas con criterios de emplazamiento de balizas de Red de Alta Velocidad. – Modo EXT. Se establece cuando el equipo está controlado por un sistema externo (LZB / ERTMS). El modo se establecerá automáticamente al completarse el proceso de conexión y puesta en marcha del equipo embarcado, será ASFA Alta Velocidad (vehículos con configuración solo modo AV disponible) o ASFA Convencional (resto de vehículos), excepto en el caso de haber activado el interruptor de modo ASFA Básico con anterioridad al accionamiento del pulsador de conexión, situación en la que se establecerá el modo ASFA Básico Alta Velocidad o ASFA Básico Convencional correspondiente. En composiciones que circulen por trayectos en los que rija un solo criterio de emplazamiento de balizas, CONV o AV, solo estará disponible el modo ASFA correspondiente. En composiciones que circulen por trayectos con diferentes criterios de emplazamiento de balizas, CONV y AV, estarán disponibles ambos modos. Los modos BTS y MBRA estarán disponibles para cualquier Tipo de tren, aunque en dichos modos no se realiza lectura de balizas. El sistema mostrará el modo de conducción en el que se encuentre mediante la indicación de modo, según se contemple en cada caso, en los respectivos Manuales de Conducción. Las transiciones entre los distintos modos (salvo a/desde modo EXT) se realizarán a tren parado. Como excepción, en aquellos vehículos que circulen por trayectos con diferentes criterios de emplazamiento de balizas (para CONV o para AV), podrá realizarse en movimiento las transiciones entre ASFA AV y ASFA CONV, y entre ASFA Básico CONV y ASFA Básico AV. Las operaciones de cambio de modo en movimiento se harán conforme al Manual de Conducción del vehículo. Para llevar a cabo en movimiento el cambio del modo ASFA, se instalarán en el lugar adecuado cartelones FI15AF por ambas vías, indicando el punto en el cual debe efectuarse dicho cambio. El sistema no permitirá la circulación de un tren en el que se ha realizado la transición a un modo para el que no pueda mostrar la indicación de eficacia. Cuando se produzca una transición a un nuevo modo, se mantendrán los controles que estuvieran activos en el modo que se abandona, aunque no existan en el modo al que se accede (salvo que el modo anterior sea BTS, MBRA o EXT, o se desactive la cabina). Se mantienen las indicaciones en la pantalla de visualización de datos y/o en el panel repetidor correspondiente a estos controles (salvo que se acceda a los modos BTS, MBRA o EXT). Al acceder a los modos BTS y MBRA, desaparecen de la pantalla todas las indicaciones de controles y al detectar velocidad, se eliminarán los controles que estuvieran activos procedentes del modo que se abandona. AL abandonar posteriormente los modos BTS y MBRA se establecerá el control en el arranque. 5AP1.1.4.2. Modos ASFA Conv. y ASFA Alta Velocidad. Indicaciones del sistema y actuación del Maquinista. El sistema ASFA Digital no permitirá que los vehículos equipados excedan la velocidad de intervención de frenado de acuerdo a: 1) La velocidad máxima del vehículo configurada en el ECP. 2) La velocidad máxima del tren marcada en el selector de velocidades. 3) Los controles de velocidad impuestos por las condiciones de señalización, transmitidas al equipo embarcado por medio de balizas y en ciertos casos, determinados por la actuación del maquinista. Con carácter general, las indicaciones del sistema y la actuación del Maquinista serán: – La falta de reconocimiento de los pulsadores adicionales y en el panel repetidor en su caso, en el tiempo establecido, producirá el frenado de emergencia. – Independientemente de la velocidad de control final que muestre el equipo en cada caso, el Maquinista deberá circular en condiciones de cumplir la orden de la señal correspondiente. – Tras la conexión y puesta en marcha del sistema, se establece el control de arranque que se mantienen hasta recibir información de una baliza ASFA que no corresponda a una LTV, CSV o a un PN. Las indicaciones que, relacionadas con el aspecto de las señales, se producen en la cabina de conducción al paso por una baliza previa o de señal, estarán contenidas en los respectivos Manuales de Conducción de cada vehículo, y la actuación del Maquinista, será la siguiente: 1. Vía libre. a) Desaparece el icono de última información ASFA, si estuviera presente, manteniéndose si estuvieran activados los controles de paso por desvío/secuencia de anuncios de parada, LTV/CSV y PN desprotegido. b) Se produce una señal acústica de 0.3 segundos de duración y se ilumina durante 3 segundos el pulsador de paso a nivel. c) El Maquinista no necesita realizar ninguna operación. 2. Vía libre condicional. a) En vehículos de Tipo superior a 160 km/h (aunque el tren que remolquen sea de Tipo igual o inferior a este). – Se ilumina, al menos, el pulsador adicional de Vía libre condicional y se produce una señal acústica durante 3 segundos o hasta que se produzca el reconocimiento. – Se indica la velocidad de control final correspondiente: 160 km/h. – Se muestra el icono de señal con foco verde intermitente. – El Maquinista debe reconocer con el pulsador adicional de Vía libre condicional antes de 3 segundos desde el comienzo de las señales acústicas y ópticas, tanto en la baliza previa como en la de señal y reducirá la velocidad por debajo de la velocidad de control. – Tras el reconocimiento se produce una señal acústica discontinua con dos pulsos de 0.1 segundos y una pausa de 0.1 segundos. b) En vehículos de Tipo igual o inferior a 160 km/h. – Desaparece el icono de última información ASFA, si estuviera presente, manteniéndose si estuvieran activados los controles de paso por desvío, LTV/CSV y PN protegido. – Se produce una señal acústica de 0.3 segundos de duración. – Se muestra el icono de señal con foco verde intermitente. – El Maquinista no necesita realizar ninguna operación. 3. Anuncio de parada y anuncio de parada inmediata. a) Se ilumina al menos, el pulsador adicional de Anuncio de parada y se produce una señal acústica durante 3 segundos o hasta que se produzca el reconocimiento. b) El Maquinista debe reconocer con el pulsador adicional de Anuncio de parada antes de 3 segundos desde el comienzo de las señales acústicas y ópticas, tanto en la baliza previa como en la de señal y reducirá la velocidad del tren por debajo de la velocidad de control. c) Tras el reconocimiento se produce una señal acústica discontinua con dos pulsos de 0.1 segundos y una pausa de 0.1 segundos. d) Se muestra el icono de señal con foco amarillo. e) Se indica la velocidad de control final correspondiente, que será: a. Modo Convencional: – En trenes de Tipo igual o inferior a 100: 60 km/h. – En trenes de Tipo superior a 100: 100 km/h. b. Modo Alta Velocidad: – En trenes de Tipo igual o inferior a 100: igual al Tipo. – En trenes de Tipo superior a 100: 100 km/h. 4. Señales sucesivas en anuncio de parada o anuncio de parada inmediata. Al paso por la baliza previa de la segunda señal, si hubiere, y tras el reconocimiento del anuncio de parada o anuncio de parada inmediata, se muestra el icono de señal amarillo + amarillo. En este caso, el sistema establece el siguiente control de velocidad final al paso por la baliza previa: a) Modo Convencional - 60 km/h. b) Modo Alta Velocidad - 100 km/h. Este control tendrá una duración de 20 segundos, después de haber realizado el reconocimiento. Así mismo al realizar el reconocimiento en la baliza de señal, vuelve a realizarse este mismo control durante 20 segundos, independientemente de que el sistema haya finalizado o no el control anterior. 5. Anuncio de precaución. a) Se ilumina al menos, el pulsador adicional de Anuncio de precaución y se produce una señal acústica durante 3 segundos o hasta que se produzca el reconocimiento. b) El Maquinista debe reconocer el pulsador correspondiente antes de 3 segundos desde el comienzo de las señales acústicas y ópticas, tanto en la baliza previa como en la de señal y reducirá la velocidad por debajo de la velocidad de control. c) Tras el reconocimiento se produce una señal acústica discontinua con dos pulsos de 0.2 segundos y una pausa de 0.1 segundos. d) Se muestra el icono de señal con focos verde y amarillo. e) Se indica la velocidad de control final correspondiente, que es: a. Modo Convencional: – En trenes de Tipo igual o inferior a 100: 60 km/h. – En trenes de Tipo superior a 100: 80 km/h. b. Modo Alta Velocidad: – En trenes de Tipo igual o inferior a 120: igual al Tipo. – En trenes de Tipo superior a 120: 120 km/h. 6. Preanuncio de parada. a) Se ilumina al menos, el pulsador adicional de preanuncio de parada y se produce una señal acústica durante 3 segundos o hasta que se produzca el reconocimiento. b) El Maquinista debe reconocer el pulsador correspondiente antes de 3 segundos desde el comienzo de las señales acústicas y ópticas, tanto en la baliza previa como en la de señal y reducirá la velocidad por debajo de la velocidad de control. c) Tras el reconocimiento se produce una señal acústica discontinua con tres pulsos de 0.3 segundos y dos pausas de 0.1 segundos. d) Se muestra el icono de señal con foco amarillo e icono de pantalla. e) Se indica la velocidad de control final es: a. Modo Convencional: – En trenes de Tipo igual o inferior a 100: 60 km/h. – En trenes de Tipo superior a 100: 80 km/h. b. Modo Alta Velocidad: – En trenes de Tipo igual o inferior a 100: igual al Tipo. – En trenes de Tipo superior a 100: 100 km/h. 7. Secuencia de señales Preanuncio de parada – Anuncio de parada. Si la indicación de la señal anterior era de preanuncio de parada y la indicación de la señal siguiente es anuncio de parada o anuncio de parada inmediata, el sistema establece un control de velocidad final que es: • Al paso por la baliza previa: a. Modo Convencional: 60 km/h. b. Modo Alta Velocidad: – En trenes de Tipo inferior a 100: 80 km/h. – En trenes de Tipo igual o superior a 100: 100 km/h. • Al paso por la baliza de señal: a. Modo Convencional: 60 km/h. b. Modo Alta Velocidad: – En trenes de Tipo inferior a 100: 60 km/h. – En trenes de Tipo igual o superior a 100: 90 km/h. 8. Paso a nivel: a) Protegido. a) Se produce una señal acústica de 0.3 segundos de duración. b) Se ilumina el pulsador de paso a nivel. c) El Maquinista debe reconocer con el pulsador de paso a nivel protegido, antes de 3 segundos desde el comienzo de las señales acústicas y ópticas. d) Tras el reconocimiento se produce una señal acústica de 0.3 segundos de duración. b) Sin protección. a. Se ilumina al menos, el pulsador de paso a nivel y se produce una señal acústica durante 3 segundos o hasta que se produzca el reconocimiento. b. El Maquinista debe reconocer con el pulsador de paso a nivelcorrespondiente antes de 3 segundos desde el comienzo de las señales acústicas y ópticas, y reducirá la velocidad por debajo de la velocidad de control final correspondiente c. Tras el reconocimiento se produce una señal acústica discontinua con cuatro pulsos de 0.4 segundos y tres pausas de 0.1 segundos. d. Se muestra el icono de paso a nivel sin protección. e. Se indica la velocidad de control final que es de 30 km/h, una vez alcanzada dicha velocidad de control, la velocidad de control final pasa automáticamente a 80 km/h hasta la finalización del control. El control que establece el sistema, desaparece transcurridos 1800 metros desde el reconocimiento. 9. Limitación temporal de velocidad máxima y cambios significativos de velocidad. a) Se ilumina al menos, el pulsador de LTV/CSV y se produce una señal acústica de 3 segundos o hasta que se produzca el reconocimiento. b) El Maquinista debe reconocer el pulsador de LTV/CSV, y reducirá la velocidad por debajo de la velocidad de control. c) Tras el reconocimiento se produce una señal acústica discontinua con cinco pulsos de 0.5 segundos y cuatro pausas de 0.1 segundos. d) Se muestra el icono de limitación temporal de velocidad. e) Se indica la velocidad de control final correspondiente, que será: – En el modo ASFA Convencional la velocidad de control final es: 60 km/h. – En el modo ASFA Alta Velocidad la velocidad de control final es 100 km/h, o igual al Tipo si este es igual o inferior a Tipo 100. f) Tras el reconocimiento, el icono de LTV/CSV se muestra de la siguiente forma: – Con luz fija hasta que la velocidad del tren sea igual o inferior a la velocidad de control final del control de la LTV o CSV. – Con luz intermitente cuando la velocidad del tren haya alcanzado en algún momento un valor igual o inferior a la velocidad de control final del control de la LTV o CSV. En este caso, dejará de mostrarse cuando el Maquinista accione nuevamente el pulsador de reconocimiento de LTV/CSV (iluminado), a estos efectos: – Cuando la velocidad de control sea igual o superior a la establecida por la LTV o CSV, el Maquinista no accionará nuevamente el pulsador de reconocimiento de LTV/CSV hasta la señal de fin de la LTV o CSV o, hasta la siguiente señal que establezca un nuevo límite de velocidad. – Cuando la velocidad de control sea inferior a la establecida por la LTV o CSV, el Maquinista no accionará nuevamente el pulsador de reconocimiento de LTV/CSV hasta haber rebasado la señal de Limitación Temporal de Velocidad Máxima o la de Cambio Significativo de Velocidad. 10. Parada. a) Al paso por la baliza previa. – Se muestra el icono de señal con foco rojo. – El sistema establece una velocidad de control de: 60 km/h para trenes superiores a Tipo 100. 50 km/h para trenes de Tipo igual o inferior a Tipo 100. – El Maquinista debe regular la velocidad del tren para no superar las velocidades indicadas para cada caso, al paso por la baliza previa. – Se indica la velocidad de control final de 0 km/h, que establece la baliza previa. – Se produce una señal acústica de 3 segundos de duración. – El Maquinista al aproximarse a la baliza de señal, reducirá la velocidad por debajo de la velocidad de control, garantizando el cumplimiento de la orden de la señal lateral. La velocidad de control final es: 30 km/h para trenes superiores a Tipo 100. 25 km/h para trenes de Tipo igual o inferior a Tipo 100. Según versión de SW, en señales dotadas de balizas previas enlazadas situadas a menos de 80 metros una de otra, desde la segunda de estas, se debe reducir la velocidad por debajo de la velocidad de control de aproximación a la baliza de señal, siendo la nueva velocidad de control de 15 km/h. Si tras pasar por la baliza previa, no se encuentra otra baliza a menos de 600 metros (modo AV) o 450 metros (modo CONV), se aplicará frenado de emergencia y aparecerá el velo en la pantalla de visualización de datos. En este caso, al iniciar la marcha el sistema impone un control de anuncio de parada (60/80 km/h según el Tipo de tren en modo CONV, o 100 km/h en modo AV). b) Al paso por la baliza de señal. – Si está activa la función de rebase autorizado: Se muestra el icono de señal con foco rojo y rebase. Se produce una señal acústica de 3 segundos de duración. El Maquinista puede rebasar la señal siendo la velocidad de control de 40 km/h, que se mantendrá hasta que se dé alguna de estas situaciones: – El paso por otra baliza asociada a una señal que presente indicación de parada, rebase autorizado o señal apagada. – 20 segundos después de recibir información de vía libre, vía libre condicional, anuncio de parada, preanuncio de parada, anuncio de precaución o anuncio de parada inmediata. Una vez accionado el pulsador de rebase autorizado se dispone de 10 segundos para pasar por la baliza de señal, en los casos de parada, rebase autorizado, o señal apagada. Dicho pulsador se iluminará durante 10 segundos desde su accionamiento. En el caso de las señales en indicación de parada (autorizado su rebase de forma reglamentaria) y rebase autorizado, si no se ha accionado el pulsador de rebase autorizado, o si se excediera el tiempo de paso por baliza (10 segundos), se produce el frenado del tren. Una vez rearmado el equipo, este mantendrá el control de 40 km/h o, el que corresponda al tipo del tren si se ha accionado el pulsador de aumento de velocidad de 100 km/h, hasta la finalización del control. – Si no está activa la función de rebase autorizado y/o se sobrepasan los 10 segundos establecidos para el paso por la baliza de la señal: Se muestra el icono de señal con foco rojo. Se aplica freno de emergencia y se muestra el icono de freno de emergencia. Se produce una señal acústica de 6 segundos de duración. 11. Paso por desvío. a) Al paso por la baliza previa de la señal que protege el desvío, se muestra el icono de paso por desvío. b) Se indica la velocidad de control final correspondiente a 60 km/h en modo CONV y a 100 km/h en modo AV. En caso de haber activado el aumento de velocidad en la señal precedente, las velocidades serán 90 km/h en modo CONV y 160 km/h en modo AV. En cualquier caso la velocidad se ajustará al Tipo del tren en caso de que este tenga un valor inferior. c) Se muestra el icono de control de paso por desvío. d) Al paso por la baliza de pie de señal el sistema vuelve a realizar un segundo control de velocidad igual al anteriormente descrito durante 20 segundos. e) El Maquinista independientemente de la velocidad de control final indicada por el equipo, no excederá la velocidad al paso por el desvío que le indique la señalización lateral o la impuesta por la normativa reglamentaria. 12. Aumento de velocidad de control final. a) Este pulsador está en disposición de ser accionado durante un periodo de 10 segundos tras recibir una información asociada a una señal de parada (rebase autorizado, autorización de rebase de una señal que ordena parada, etc.), de preanuncio de parada, de anuncio de precaución o de limitación temporal de velocidad o de cambio significativo de velocidad. b) Tras recibir una de las informaciones anteriores, se ilumina el pulsador de aumento de la velocidad de control final durante 10 segundos. c) Se indica la velocidad de control final correspondiente, según Tipo de tren. ASPECTO DE SEÑAL VELOCIDAD DE CONTROL FINAL CON AUMENTO (KM/H) ASFA CONVENCIONAL ASFA ALTA VELOCIDAD Parada 100 100 Preanuncio de parada Tipo > 100 → 100 Tipo > 140 → 100 Tipo ≤ 100 → Tipo Tipo ≤ 40 → Tipo Secuencia preanuncio de parada con aumento-anuncio de parada/parada inmediata Tras la baliza previa del anuncio de parada/parada inmediata: Tipo > 100 → 90 Tipo ≥ 140 → 120 Tipo ≤ 100 → 60 Tipo < 140 → Tipo Tras la baliza de señal de anuncio de parada/parada inmediata: Tipo > 100 → 80 Tipo ≥ 120 → 100 Tipo ≤ 100 → 60 Tipo < 120 → Tipo Anuncio de precaución Tipo > 100 → 100 Tipo > 160 → 160 Tipo ≤ 100 → Tipo Tipo ≤ 160 → Tipo Paso por desvío Tipo ≥ 100 → 90 Tipo > 160 → 160 Tipo < 100 → Tipo Tipo ≤ 160 → Tipo LTV/CSV Tipo > 100 → 100 Tipo > 160 → 160 Tipo ≤ 100 → Tipo Tipo ≤ 160 → Tipo d) Si se pulsa tras recibir una información asociada a una señal de preanuncio de parada, se muestra el icono de preanuncio de parada e icono de pantalla ampliado. e) Tras recibir una información asociada a una señal de limitación temporal de velocidad máxima o de cambio significativo de velocidad, anuncio de precaución o preanuncio de parada, el Maquinista no accionará el pulsador de aumento de velocidad de control final cuando el límite de control de dicho aumento sea superior a la velocidad indicada en la señal asociada. f) Tras recibir una información asociada a una señal de parada y una vez autorizado su rebase (rebase autorizado), el Maquinista no accionará el pulsador de aumento de velocidad de control final cuando la circulación a partir de ese momento sea con marcha a la vista. 5AP1.1.4.3. Modos ASFA Conv. y ASFA Alta Velocidad. Otras indicaciones. Actuación del Maquinista. 1. Rearme de freno. a) Se ilumina el pulsador de rearme de freno cuando desaparezcan las condiciones que provocaron la aplicación del freno de emergencia y el tren se encuentre parado. b) Se ilumina durante el proceso de conexión y puesta en marcha del equipo una vez se haya accionado el pulsador de conexión y el equipo haya realizado sus comprobaciones internas. c) Se apaga al accionar el pulsador de rearme de freno. 2. Alarma. a) Se produce una señal acústica discontinua con pulsos de 0,2 segundos y pausas de 0,4 segundos, al detectar el equipo una alarma en la captación de balizas. b) En modo BTS y MBRA, no hay avisador acústico de alarma, solo el indicador luminoso, que se apaga cuando se recupera la acción del lector de balizas. c) Se ilumina el pulsador de alarma hasta que se produzca el reconocimiento y desaparezcan las condiciones que provocaron la alarma o hasta que se rearme el freno. No aplicable a BTS y MBRA. d) Si se ilumina el pulsador de alarma produciéndose una señal acústica continua, el Maquinista accionará dicho pulsador antes de 3 segundos. En caso de ausencia de reconocimiento, el sistema ordenará el accionamiento del freno de emergencia hasta la parada del tren, manteniéndose la alarma hasta que se rearme el equipo. 3. Indicación de sobrevelocidad. a) Aparece cuando se circula a una velocidad superior de la permitida por el equipo ASFA digital en ese momento. b) Se muestra el icono de sobrevelocidad, amarillo o rojo según el nivel de sobrevelocidad. c) Se produce una señal acústica discontinua con pulsos de 0,25 segundos y pausas de 0,6 segundos en el caso de icono amarillo. d) Se produce una señal acústica discontinua con pulsos de 0,25 segundos y pausas de 0,2 segundos en el caso de icono rojo. e) El Maquinista debe frenar hasta una velocidad por debajo de la velocidad de aviso hasta que desaparezcan los iconos. 4. Freno de emergencia. a) Aparece cuando se aplica el freno de emergencia. b) Se produce una señal acústica de 6 segundos de duración. Las causas por las que puede aplicarse el freno de emergencia son las siguientes: a) Superar la velocidad de intervención de frenado supervisada en cada momento. b) No reconocer a requerimiento del sistema. c) Si no desaparecen las condiciones que provocaron una alarma en 3 segundos. d) Pérdida de eficacia. En los dos últimos casos se tiene que proceder a la anulación del equipo para su normalización. 5AP1.1.4.4. Modo Bloqueo Telefónico en caso de anormalidad. Actuación del Maquinista. Este modo solamente se utilizará por el Maquinista cuando, por el sistema de bloqueo u otra causa, deba de considerar inexistentes las señales intermedias relacionadas con el ASFA en BA, en cuyo caso, seleccionará el modo BTS en todo el trayecto afectado. En modo BTS el Maquinista debe cumplir todas las prescripciones definidas en el RCF para la circulación con BT en casos de anormalidad. Circulando en modo BTS, la lectura de balizas queda inhibida, la velocidad de control supervisada por el sistema es de 140 km/h, y la de intervención de frenado de 145 km/h. Si la velocidad máxima del vehículo configurada en el ECP es inferior a 140 km/h, tomará el valor menor, y la de intervención de frenado será 5 km/h superior a ese valor. Al acceder a este modo de conducción, desaparecen de la pantalla todas las indicaciones de controles, y al detectar velocidad, se eliminarán los controles que permanecían en memoria. Al abandonar el modo BTS, siempre se establecerá el control en el arranque. 5AP1.1.4.5. Modo Maniobras. Actuación del Maquinista. Los movimientos de maniobras que afecten a las señales relacionadas con el ASFA y se efectúen con el vehículo motor situado en primer lugar en el sentido del movimiento, realizándose la conducción desde la cabina delantera, podrán ejecutarse con el ASFA conectado en modo ASFA CONV, ASFA AV, ASFA Básico CONV o ASFA Básico AV. Para el resto de maniobras, en las cuales no se cumplan algunas de las condiciones descritas, o cuando no sea posible por cualquier otra causa, el Maquinista seleccionará el modo MBRA para realizar dichos movimientos. Cuando se circule con el modo MBRA seleccionado, la lectura de balizas queda inhibida, la velocidad de control supervisada por el equipo es de 30 km/h y la de intervención de frenado de 35 km/h. Al acceder a este modo de conducción, desaparecen de la pantalla todas las indicaciones de controles, y al detectar velocidad se eliminarán los controles que permanecían en memoria. Al abandonar el modo MBRA, siempre se establecerá el control en el arranque. 5AP1.1.4.6. Modo ASFA Básico Convencional y ASFA Básico Alta Velocidad. Este modo de conducción se desarrolla sin pantalla de visualización en el pupitre. El modo ASFA Básico Convencional se establecerá al completarse el proceso de conexión y puesta en marcha del equipo embarcado si se activa o está activado el interruptor de ASFA Básico del panel repetidor y se mostrará su eficacia en el LED correspondiente del panel repetidor. En vehículos que circulen por trayectos con diferentes criterios de emplazamiento de balizas (red convencional o alta velocidad), desde el modo ASFA Básico Convencional se tiene la opción de seleccionar en movimiento el modo ASFA Básico Alta Velocidad y viceversa, activando el pulsador de modo, permaneciendo iluminado este. Se mostrará su eficacia en el LED correspondiente del panel repetidor. En los vehículos que circulen únicamente por líneas de alta velocidad si al completarse el proceso de conexión, el interruptor de ASFA Básico se activa o está activado, se establecerá el modo ASFA Básico AV y se mostrará su eficacia en el LED de eficacia del panel repetidor, permaneciendo iluminado el pulsador de modo. Cuando aparezca la señal acústica que indica sobrevelocidad por haberse superado la velocidad de control, el Maquinista deberá frenar hasta situar la velocidad por debajo de dicha velocidad de control. Circulando en los Modos ASFA Básico CONV y ASFA Básico AV, al paso por balizas, con independencia de la velocidad de control final que realiza el equipo, el Maquinista debe circular en condiciones de cumplir la orden de la señal correspondiente. Teniendo en cuenta lo anterior los controles que establecen los Modos ASFA Básico CONV y ASFA Básico AV, serán los siguientes: 1. Control en el arranque. El control de arranque se mantiene hasta recibir información de una baliza ASFA que no corresponda a PN protegido. 2. Vía Libre. a) Desaparece el LED de indicación de controles de velocidad. b) Se iluminará el pulsador de paso a nivel durante 3 segundos en el panel repetidor. c) Se produce una señal acústica de 0.3 segundos de duración. d) No es necesario realizar ninguna operación. e) El Maquinista controlará la velocidad para no superar el mínimo entre la velocidad máxima absoluta del vehículo y el Tipo de tren marcado en el selector de velocidad. 3. Vía Libre condicional. a) En trenes de Tipo superior a 160 (aunque el tren que remolquen sea de Tipo igual o inferior a este). Se iluminará el pulsador adicional de vía libre condicional durante 3 segundos o hasta que se accione. El Maquinista debe reconocer con el pulsador adicional de vía libre condicional antes de 3 segundos desde el comienzo de las señales acústicas y ópticas, tanto en la baliza previa como en la de señal y reducirá su velocidad por debajo de la velocidad de control (160 km/h). Se iluminará en el panel repetidor el LED indicador de rojo y verde, de forma verde intermitente. b) En trenes de Tipo igual o inferior a 160. Se produce una señal acústica de 0.3 segundos de duración. El Maquinista regulará la velocidad para no superar el mínimo entre la velocidad máxima absoluta y el Tipo de tren marcado en el selector de velocidad, no siendo necesarios realizar ninguna operación. Se iluminará en el panel repetidor el LED indicador de rojo y verde, de forma verde intermitente, siempre que no esté activo un control más restrictivo. 4. Anuncio de parada, anuncio de parada inmediata, anuncio de precaución, preanuncio de parada, paso a nivel sin protección, limitación temporal de velocidad y cambio significativo de velocidad. Al paso por la baliza asociada, se iluminará el LED amarillo (frenar) de forma continua y el pulsador adicional (amarillo), debiendo el Maquinista reconocerlo antes de 3 segundos, tanto en la baliza previa como en la de señal y reducirá la velocidad por debajo de la velocidad de control. La velocidad de control final es: a) Para Tipo > 100: 80 km/h para modo ASFA Básico Convencional. 100 km/h para modo ASFA Básico Alta Velocidad. b) Para Tipo ≤ 100: 60 km/h para modo ASFA Básico Convencional. Igual al Tipo de tren para modo ASFA Básico Alta Velocidad. 5. Señales sucesivas en anuncio de parada o anuncio de parada inmediata. a) Si circulando con los controles del punto anterior, la indicación de la señal siguiente es de anuncio de parada, anuncio de parada inmediata, anuncio de precaución, preanuncio de parada, limitación temporal de velocidad, cambio significativo de velocidad o paso a nivel desprotegido, en este caso, el sistema establece el siguiente control de velocidad final al paso por la baliza previa: – Modo ASFA Básico Convencional - 60 km/h. – Modo ASFA Básico Alta Velocidad - 80 km/h o 100 km/h en función de la versión SW instalada. b) Este control tendrá una duración de 20 segundos, después de haber realizado el reconocimiento. c) Así mismo al realizar el reconocimiento en la baliza de señal, vuelve a realizarse este mismo control durante 20 segundos, independientemente de que el sistema haya finalizado o no el control anterior. d) Durante el tiempo de supervisión de estos controles el LED amarillo (frenar) se iluminará de forma intermitente. 6. Parada. a) Al paso por la baliza previa. – El sistema establece una velocidad de control de: 60 km/h para trenes superiores a Tipo 100. 50 km/h para trenes de Tipo igual o inferior a Tipo 100. – El Maquinista debe regular la velocidad del tren para no superar las velocidades indicadas según el caso, al paso por la baliza previa. La velocidad del tren será igual o inferior a 60 o 50 km/h según el Tipo de tren, se iluminará en el panel repetidor el LED rojo de forma continua y se producirá una señal acústica de 3 segundos de duración. – El Maquinista al aproximarse a la baliza de señal, reducirá la velocidad por debajo de la velocidad de control, garantizando el cumplimiento de la orden de la señal lateral. La velocidad de control en la aproximación a la baliza de señal es: 30 km/h para trenes superiores a Tipo 100. 25 km/h para trenes de Tipo igual o inferior a Tipo 100. – En señales dotadas de balizas previas enlazadas situadas a menos de 80 metros una de otra, desde la segunda de estas, se debe reducir la velocidad por debajo de la velocidad de control de aproximación a la baliza de señal, siendo la nueva velocidad de control de 15 km/h. – Si tras pasar por la baliza previa, no encuentra otra baliza a menos de 600 metros (modo BASICO AV) o 450 metros (modo BASICO CONV.), se aplicará frenado de emergencia. En este caso, al iniciar la marcha el sistema impone un control final de anuncio de parada (60/80/100 km/h según el Tipo de tren y el modo CONV o AV). b) Al paso por la baliza de señal: – Si está activa la función de rebase autorizado: Se iluminará en el panel repetidor el LED rojo de forma intermitente y se produce una señal acústica de 3 segundos de duración. También se iluminará el pulsador de aumento de velocidad de control final durante 10 segundos o hasta que se accione. El Maquinista puede rebasar la señal, una vez que se ha pasado por la baliza de señal la velocidad de control es de 40 km/h, que se mantendrá hasta: – El paso por otra baliza asociada a una señal que presente indicación de parada, rebase autorizado, o señal apagada. – 20 segundos después de recibir información de vía libre, vía libre condicional, anuncio de parada, anuncio de parada inmediata, anuncio de precaución y preanuncio de parada. Una vez accionado el pulsador de rebase autorizado se dispone de hasta 10 segundos para pasar por la baliza de señal en indicación de parada, rebase autorizado, o señal apagada. Dicho pulsador se iluminará durante 10 segundos desde su accionamiento. En el caso de las señales en indicación de parada (autorizado su rebase de forma reglamentaria) y rebase autorizado, si no se ha accionado el pulsador de rebase autorizado, o si se excediera el tiempo de paso por baliza (10 segundos), se produce el frenado del tren. Una vez rearmado el equipo, este mantendrá el control de 40 km/h o, si se ha accionado el pulsador de aumento de velocidad de 100 km/h (o el que corresponda al tipo del tren), hasta la finalización del control. – Si no está activa la función de rebase autorizado y/o se sobrepasan los 10 segundos establecidos para el paso por la baliza de la señal: Se aplica freno de emergencia. Se produce una señal acústica de 6 segundos de duración. Se ilumina de forma intermitente el LED rojo. 7. Aumento de velocidad de control final. Este pulsador está en disposición de ser accionado durante un periodo de 10 segundos tras recibir una información asociada a una señal de parada (rebase autorizado, autorización de rebase de una señal que ordena parada, etc.). 8. Paso a nivel protegido. Al paso por la baliza el pulsador de paso a nivel se ilumina. El Maquinista reconocerá este pulsador antes de 3 segundos, desde el comienzo de las señales acústicas y ópticas. 5AP1.1.4.7. Particularidades de las líneas dotadas de Tercer Carril (ancho mixto). Para la circulación de trenes con ASFA digital por líneas dotadas de tercer carril (ancho mixto), el Maquinista seleccionará el modo ASFA Convencional o, en su caso, el modo ASFA Básico Convencional. Sección 5. Transiciones entre Asfa Digital y LZB/ERTMS 5AP1.1.5.1. Generalidades. El sistema ASFA Digital permitirá la transición de ASFA Digital a LZB/ERTMS y de LZB/ERTMS a ASFA Digital con el tren en marcha. El equipo ASFA Digital no intervendrá en la determinación del momento o punto geográfico donde se efectúa la conmutación entre los sistemas. 5AP1.1.5.2. Transiciones de ASFA Digital a LZB/ERTMS. Esta transición requerirá que el sistema ASFA Digital esté operativo. Se realizará mediante la siguiente secuencia: 1. Inhibición de la solicitud por parte del ASFA Digital del frenado de emergencia. 2. Desconexión o inhibición de la operación del sistema ASFA Digital. El equipo ASFA Digital indicará en la pantalla de visualización de datos que ha conmutado correctamente mediante la indicación de eficacia. La pantalla será mostrada en modo noche y sin indicaciones adicionales excepto el modo de conducción, que aparecerá con la leyenda EXT para dejar constancia que la protección la está realizando un sistema externo. 5AP1.1.5.3. Transiciones de LZB/ERTMS a ASFA Digital. Esta transición requerirá que el sistema ASFA Digital este operativo. Se realizará mediante la siguiente secuencia: 1. Conexión de la operación del sistema ASFA Digital. 2. Activación del control del frenado de emergencia por el ASFA Digital. El sistema ASFA-Digital se activará mostrando como velocidad de control la mínima entre el Tipo seleccionado y la máxima configurada en el vehículo. También se produce una señal acústica de 3 segundos de duración y se muestra el icono de focos con interrogantes hasta recibir la primera información de vía de baliza de señal (en función de la versión SW instalada). En caso de que se produjera alguna avería en el equipo estando el tren protegido por el LZB/ERTMS se apagaría el indicador de eficacia, indicando con ello que en la siguiente transición LZB/ERTMS a ASFA Digital se aplicará el freno de emergencia. Sección 6. Anormalidades 5AP1.1.6.1. Notificación. Cuando el Responsable de Circulación conozca cualquier anormalidad relacionada con el sistema (balizas desplazadas, fuera de servicio, que no transmiten información o que esta es errónea, etc.), dispondrá su reparación y notificará dicha anormalidad al Maquinista de cada uno de los trenes afectados. Cuando la anormalidad sea observada por el Maquinista, lo comunicará al Responsable de Circulación por Radiotelefonía o en la primera estación abierta. 5AP1.1.6.2. Anormalidades en la Pantalla de Visualización de Datos. En caso de que no funcione la pantalla de visualización de datos, se comunicará al Responsable de Circulación y se conmutará, a tren parado, a modo ASFA Básico CONV o ASFA Básico AV, según el caso, se cumplirá lo dispuesto en el RCF, con respecto a las órdenes de las señales y las normas del bloqueo con el que se circula. Si el fallo provoca la inutilidad del sistema, indicación en pantalla de texto ASFA No Operativo, o falta de eficacia en modos ASFA-Básico CONV o ASFA Básico AV, lo comunicará al Responsable de Circulación (estación, Banda de Regulación o CTC, según proceda) y desconectará el equipo ASFA, siendo de aplicación desde ese momento las condiciones de circulación impuestas en el art. 5.2.3.2 del RCF. Si el sistema tiene un fallo leve, se indicará en pantalla el texto ASFA Operativo o en modo ASFA Básico CONV o ASFA Básico AV mediante la indicación de eficacia oscilante. En este caso el sistema puede ser utilizado pero se impone una actividad inmediata de mantenimiento correctivo al final del recorrido. 5AP1.1.6.3. Señales apagadas, en indicación dudosa, o no visibles. Cuando las señales estén apagadas, en indicación dudosa, o no sean visibles, la información del sistema puede no coincidir con el aspecto de la señal. En este caso, el Maquinista se atendrá a la orden de la señal y realizará en cabina las operaciones que correspondan, cumpliendo lo dispuesto en el RCF. En el caso de tener que realizar un reconocimiento de indicación en la baliza previa, no siendo visible la señal desde la misma, el Maquinista actuará sobre el pulsador adicional de reconocimiento de anuncio de parada, accionando el pulsador que corresponda al paso por la baliza de la señal según la indicación de esta. 5AP1.1.6.4. Detención del tren por la acción del ASFA. Cuando la detención del tren se produzca por actuación del ASFA, salvo en los casos expresamente citados en los apartados anteriores, al reanudar la marcha el sistema mantiene el control anterior que pudiera existir. Si esta situación se produce en el caso de paso a nivel protegido, el Maquinista al iniciar la marcha, considerará el paso a nivel desprotegido. En dicho caso actuará sobre el pulsador de ocultación según lo determinado en el art. 5AP1.1.6.5. de este Apéndice. 5AP1.1.6.5. Actuación sobre el pulsador de ocultación. (Velo) Este pulsador se utilizará para realizar la función de ocultación de la información de la señalización en la pantalla gráfica en los siguientes casos: 1. De forma automática si tras pasar por una baliza previa en indicación de parada, no se encuentra otra baliza enlazada a menos de 600 metros (modo AV) o 450 metros (modo CONV), su anulación será efectuada por el Maquinista accionando el pulsador de ocultación. 2. De forma automática tras recepción de baliza durante el tiempo de reconocimiento de una baliza anterior, su anulación será efectuada por el Maquinista accionando el pulsador de ocultación. 3. A solicitud del Maquinista al producirse un error en el reconocimiento de la indicación de baliza, falta de reconocimiento de baliza por el sistema y no generar la señal de alarma, o cuando el Maquinista considere que la información recibida en la pantalla no se corresponde con la señalización lateral. En este caso, la anulación debe ser realizada por el Maquinista, después de haber reconocido la información recibida de la siguiente baliza que no corresponda a PN o LTV/CSV accionará el pulsador de ocultación. 5AP1.1.6.6. Particularidades en los Pasos a Nivel provistos de señal de protección de Paso a Nivel. Cuando la señal de protección de Paso a Nivel presente la indicación de Paso a Nivel protegido y la información dada por la baliza sea de Paso a Nivel sin protección, el Maquinista respetará esta última información. LIBRO QUINTO. APÉNDICE 2 SISTEMA DE DETECCIÓN DE PRESENCIA DE TRENES POR CIRCUITO DE VÍA Y CONTADORES DE EJES [indice]Índice LIBRO QUINTO. APÉNDICE 2. SISTEMA DE DETECCIÓN DE PRESENCIA DE TRENES POR CIRCUITO DE VÍA Y CONTADORES DE EJES. Capítulo 1. Sistema de detección de presencia de tren por circuito de vía y contadores de ejes. Sección 1. Generalidades. 5AP2.1.1.1. Objeto. 5AP2.1.1.2. Directrices de carácter general. 5AP2.1.1.3. Directrices para la situación inicial del trayecto. 5AP2.1.1.4. Prescripciones de circulación.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Sistema de detección de presencia de tren por circuito de vía y contadores de ejes Sección 1. Generalidades 5AP2.1.1.1. Objeto. El objeto del presente Apéndice es regular la utilización de forma alternativa de circuitos de vía y contadores de ejes como sistema para la detección de presencia de trenes en los bloqueos, que están instalados en trayectos con zonas de características especiales o significativas. 5AP2.1.1.2. Directrices de carácter general. Con carácter general: a) Los cantones de bloqueo del trayecto con Circuitos de vía y Contadores de ejes, serán las mismas. b) El sistema preferente activo (Circuito de Vía «CDV») o (Contadores de Ejes «CEJES»), estará siempre representado videográficamente. El sistema alternativo, que no será tenido en cuenta a efectos de liberación y ocupación de cantones al no participar simultáneamente en el procesamiento del bloqueo, podrá tener representación simplificada adicional en el CTC. c) La conmutación de un sistema de detección a otro en un trayecto, se realizará por el Responsable de circulación de la estación colateral designada en el programa de explotación mediante «MANDO ESPECIAL» del enclavamiento, pudiendo realizarse de forma independiente para la Vía 1 y Vía 2. d) La conmutación de sistema de detección, no se podrá llevar a efecto, en el caso, de no existir comunicación entre los enclavamientos colaterales que comparten el trayecto. Las descripciones de operación en detalle de cada instalación, estarán descritas en el Manual de usuario de la aplicación CTC, y la funcionalidad de los diferentes mandos e indicaciones se describirán en las Consignas de los enclavamientos electrónicos de cada una de las estaciones del trayecto afectado. 5AP2.1.1.3. Directrices para la situación inicial del trayecto. Al iniciar su funcionamiento, el sistema que el enclavamiento seleccionará por defecto para la detección del tren en el bloqueo, será el determinado como preferente en el programa de explotación correspondiente. 5AP2.1.1.4. Prescripciones de circulación. La conmutación exigirá que el sistema alternativo al que se conmuta, debe de tener todos sus elementos en estado libre y sin avería, debiendo estar libre de trenes todo el trayecto y no tener autorizados trabajos, pudiéndose conmutar con bloqueo o sin bloqueo establecido. Si se sospecha que la causa de la ocupación o alteración del cantón, puede ser un motivo ajeno a la sucesión de trenes, una vez llevada a efecto la conmutación al sistema de detección alternativo, al Maquinista de la primera circulación que se expida, además de prescribirle la Marcha a la Vista, se le indicará el motivo, los puntos donde deba parar, si procede, y la forma en la que deberá reconocer los tramos afectados. LIBRO QUINTO. ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 1 SISTEMA DE ANUNCIO DE SEÑALES Y FRENADO AUTOMÁTICO (ASFA) ANALÓGICO [indice]Índice LIBRO QUINTO. ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 1. SISTEMA DE ANUNCIO DE SEÑALES Y FRENADO AUTOMÁTICO (ASFA) ANALÓGICO. Capítulo 1. ASFA analógico. Sección 1. Generalidades. 5ET1.1.1.1. Objeto. 5ET1.1.1.2. Señales relacionadas con el ASFA (analógico). Sección 2. Actuación del maquinista. 5ET1.1.2.1. Ante señal de vía libre y PN protegido. 5ET1.1.2.2. Ante señal de vía libre condicional. 5ET1.1.2.3. Ante señal de anuncio de precaución, preanuncio de parada, anuncio de parada, anuncio de parada inmediata, parada diferida, anuncio de velocidad limitada y PN sin protección. 5ET1.1.2.4. Ante señal de parada. 5ET1.1.2.5. Ante señal de rebase autorizado. 5ET1.1.2.6. Circulación en banalización temporal de vía.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Asfa Analógico Sección 1. Generalidades 5ET1.1.1.1. Objeto. El sistema ASFA (Anuncio de señales y frenado automático) analógico tiene por objeto informar y ayudar al Maquinista en la observación de las indicaciones o el conocimiento del estado de las señales fijas, transmitiendo automáticamente a la cabina, información sobre el aspecto que presentan. La transmisión de información vía – vehículo es de tipo puntual. Su uso aumenta la seguridad de la circulación ferroviaria porque disminuye o anula, según los casos, los efectos del posible fallo humano al asegurar automáticamente la detención del tren en el caso de actuación incorrecta del Maquinista. 5ET1.1.1.2. Señales relacionadas con el ASFA (analógico). Se relacionan con este sistema las señales intermedias, de Paso a Nivel, avanzadas, de entrada, de salida, de protección, las interiores que puedan ordenar vía libre, de anuncio de cambio significativo de velocidad, de anuncio de limitación temporal de velocidad máxima en los casos en los que esta tenga consideración de cambio significativo de velocidad y, en algunos casos, las de retroceso. El AI dará a conocer a través de Consigna, con el correspondiente signo, las líneas en las que las señales están relacionadas con este sistema. Sección 2. Actuación del maquinista 5ET1.1.2.1. Ante señal de vía libre y PN protegido. Cuando la señal presente la indicación de vía libre o PN protegido, no es requerida actuación alguna al Maquinista. 5ET1.1.2.2. Ante señal de vía libre condicional. Cuando la señal presente la indicación de vía libre condicional, al paso por la baliza previa o de señal, el Maquinista de un tren con velocidad máxima superior a 160 accionará el pulsador de reconocimiento antes de 3 segundos y reducirá la velocidad, desde que rebasa la baliza previa, o de señal en caso de no existir aquella, a 180 km/h, antes de 18 segundos, y a 160 km/h, 11 segundos después. No podrá exceder la velocidad de 160 km/h hasta que el sistema lo permita, lo que conocerá por la indicación del visor correspondiente. Si no se cumplen estas condiciones se produce automáticamente el frenado del tren. 5ET1.1.2.3. Ante señal de anuncio de precaución, preanuncio de parada, anuncio de parada, anuncio de parada inmediata, parada diferida, anuncio de velocidad limitada y PN sin protección. Cuando la señal presente la indicación de anuncio de precaución, preanuncio de parada, anuncio de parada, anuncio de parada inmediata, parada diferida, anuncio de velocidad limitada y PN sin protección; al paso por la baliza previa o de señal, deberá accionarse el pulsador de reconocimiento antes de 3 segundos. Además, iniciará inmediatamente una reducción de la velocidad desde que rebasa la baliza previa, o de señal en caso de no existir aquella, con objeto de asegurar el cumplimiento de la orden de la señal correspondiente. Cuando la señal disponga de pantalla de información fija o variable, el Maquinista iniciará una reducción de la velocidad del tren en la forma indicada, hasta alcanzar la velocidad que indique la pantalla. En los demás casos, para facilitar una reacción adecuada en la reducción de la velocidad del tren, y poder asegurar el cumplimiento de la orden de la señal correspondiente, el Maquinista de un vehículo motor que circule: a) A velocidades superiores a 100 km/h, iniciará de forma inmediata el frenado del tren con objeto de reducir su velocidad a 100 km/h. b) A velocidades entre 100 y 80 km/h, iniciará de forma inmediata el frenado del tren con objeto de reducir su velocidad a 60 km/h. c) A velocidad inferior a 80 km/h, iniciará una reducción de velocidad de forma que asegure el cumplimiento de la orden de la señal. Excepcionalmente, podrá demorar la actuación sobre el frenado cuando las características del tren y del perfil de vía aconsejen no hacer su aplicación inmediata garantizando, no obstante, el cumplimiento de la orden de la señal. En las líneas de Alta Velocidad de Madrid a Sevilla y Madrid a Barcelona y Figueres, así como en la línea de Bif. Huesca a Huesca, desde que rebase la baliza previa reducirá la velocidad a 160 km/h antes de 22 segundos. Un vehículo motor de Tipo superior a 160 no podrá exceder la velocidad de 160 km/h hasta que el sistema lo permita, lo que conocerá por la indicación del visor correspondiente. Si no se cumplen las condiciones indicadas se produce automáticamente el frenado del tren. 5ET1.1.2.4. Ante señal de parada. Cuando la señal presente la indicación de parada, deberá: a) Al paso por la baliza previa. No se excederá: Vehículos motores sin selector de tren, 60 km/h. Locomotoras con selector: – 60 km/h cuando el selector se encuentra en posición 1 (T.110 y superiores). – 50 km/h cuando el selector se encuentra en posición 2 (T.80, 90 y 100). – 35 km/h cuando el selector se encuentra en posición 3 (T.70 e inferiores). El incumplimiento de la limitación impuesta produce el frenado automático del tren. b) Al paso por la baliza de señal. Se produce el frenado automático del tren. 5ET1.1.2.5. Ante señal de rebase autorizado. Se girará la llave del conmutador o se accionará el interruptor del panel a la posición rebase autorizado. Esta operación puede hacerse a tren parado o en marcha y, a partir del momento de efectuarla, se dispone de 10 segundos para el rebase. El rebase efectuado en un tiempo mayor que el concedido produce el frenado automático del tren. Efectuado el rebase, se girará la llave del conmutador o accionará el interruptor del panel a la posición inicial de conectado. 5ET1.1.2.6. Circulación en banalización temporal de vía. En estaciones sin señalización de entrada a contravía, con baliza previa a la altura de las señales avanzada y de entrada de la vía normal, el Maquinista actuará como se indica en los apartados 3 y 4, respectivamente. LIBRO QUINTO. ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 2 SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE TRENES EBICAB [indice]Índice LIBRO QUINTO. ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 2. SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE TRENES EBICAB. Capítulo 1. Sistema EBICAB. Sección 1. Generalidades. 5ET2.1.1.1. Descripción. 5ET2.1.1.2. Elementos que integran el sistema. 5ET2.1.1.3. Funcionalidad del sistema. 5ET2.1.1.4. Panel de conducción. 5ET2.1.1.5. Transmisión en ASFA. Sección 2. Conexión y desconexión. 5ET2.1.2.1. Conexión y desconexión. 5ET2.1.2.2. Introducción de datos. Sección 3. Modos de conducción 5ET2.1.3.1. Modos de conducción. 5ET2.1.3.2. Cambios de modo. 5ET2.1.3.3. Modo de conducción EBICAB. 5ET2.1.3.4. Modo de conducción ASFA permanente. 5ET2.1.3.5. Modo de conducción MANIOBRAS. 5ET2.1.3.6. Modo de conducción Bloqueo Telefónico. Sección 4. Actuación del maquinista en el sistema EBICAB. 5ET2.1.4.1. Magnitudes fundamentales. 5ET2.1.4.2. Supervisión del sistema. 5ET2.1.4.3. Señales apagadas o en indicación dudosa. 5ET2.1.4.4. Señales consideradas inexistentes o fuera de servicio. 5ET2.1.4.5. Detención indebida del tren por la acción de EBICAB. 5ET2.1.4.6. Circulación en Banalización Temporal de Vía. 5ET2.1.4.7. Protección contra retroceso. 5ET2.1.4.8. Protección en Pasos a Nivel. 5ET2.1.4.9. Protección en caso de paradas prolongadas. Sección 5. Transiciones entre EBICAB y ASFA. 5ET2.1.5.1. Generalidades. 5ET2.1.5.2. Transiciones de EBICAB a ASFA por FIN de ZONA EBICAB. 5ET2.1.5.3. Transiciones de EBICAB a ASFA por avería o incidencia. 5ET2.1.5.4. Transiciones a funcionalidad Velocidad Limitada. Sección 6. Anormalidades. 5ET2.1.6.1. Inutilidad del sistema EBICAB.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Sistema EBICAB Sección 1. Generalidades 5ET2.1.1.1. Descripción. EBICAB es un sistema embarcado de protección del tren que recibe información puntual, adaptada a la señalización lateral existente, y realiza una supervisión continua de la velocidad y localización del tren produciendo la actuación de los frenos cuando detecta que las condiciones existentes constituyen un riesgo para la circulación del tren. El Maquinista debe cumplir siempre la orden de las señales fijas de acuerdo con las especificaciones del RCF, y realizar en cabina las operaciones que el sistema EBICAB requiera. El Sistema está preparado para controlar una velocidad máxima de 220 km/h con EBICAB en servicio y de 200 km/h. con ASFA. El Maquinista respetará la velocidad máxima de la línea y todas las limitaciones establecidas. Proporciona las siguientes protecciones del tren: a) Protección contra sobrevelocidad. b) Protección contra rebase indebido de una señal de parada. c) Protección contra retroceso. d) Protección en Pasos a Nivel. e) Protección cuando existen paradas prolongadas. En el mismo equipo están integrados los sistemas EBICAB y ASFA, con las funcionalidades y transiciones que se describen en la presente Especificación Transitoria. 5ET2.1.1.2. Elementos que integran el sistema. El sistema está compuesto por Equipos de Vía, Equipos Embarcados, y Panel de Conducción. 1. Equipos de Vía. El equipo de vía EBICAB consta de: a) Balizas EBICAB Situadas entre los carriles de rodadura y a lo largo del eje de la vía, que se agrupan funcionalmente en Puntos de Información. Las balizas pueden ser controladas o no controladas, las primeras pueden variar la información que transmiten de acuerdo con las condiciones de señalización y las segundas siempre envían la misma información. – Las balizas de información fija (no controladas), están ubicadas en lugares en los que sea necesario informar al tren de determinados acontecimientos que no varían al producirse cambios en la señalización (anuncio de Cartelones, referencias para cálculo de distancias, etc.). – Las balizas de información asociadas a las señales (controladas), se clasifican a su vez en: a) Balizas de Información Previa. Baliza controlada única situada de 5 a 10 m. antes de la correspondiente baliza previa ASFA asociada a la señal. En el caso de que no existiera esta última, se situaría a 300 m. antes de la señal. Su función fundamental es la de liberar el proceso de frenado del tren en caso de que el aspecto de la señal correspondiente cambie a una menos restrictiva. b) Balizas de Información de Señal. Constan de 2 balizas, ubicadas a 9 y 12 m. de la señal. La primera baliza que el tren se encuentra, es la controlada y la segunda, es la no controlada. La baliza controlada transmite por una parte información fija, que es la relacionada con las condiciones geográficas y estáticas del Punto de Información en el que se instala. Por otra parte transmite información variable, relacionada con las condiciones existentes de señalización en el momento del paso del tren sobre las balizas. b) Codificadores. Realizan la interconexión entre las balizas y las señales y/o los enclavamientos. En las señales de Anuncio de Velocidad Limitada el equipo de vía está constituido por una sola baliza. En un cantón no puede haber más de una baliza previa de señal por cada sentido de marcha. Una baliza de señal de Fin de Zona deberá ser configurable según la ruta a seguir. 2. Equipos de a bordo. Son los encargados de captar, procesar y presentar al Maquinista las informaciones procedentes de la vía y actuar sobre los frenos del tren en caso necesario. El equipo de a bordo está compuesto por los siguientes elementos básicos: a) Subsistema de Captación EBICAB (SUCAP). b) Subsistema de Captación ASFA. c) Equipo de Control y Proceso (ECP). d) Unidad de Anulación de Equipo (UAE). e) Tacogeneradores. f) Unidad de Interface Hombre-Máquina: g) Equipo de Interface con el Maquinista, (EIC). h) Panel de Conducción (Panel Repetidor ASFA/EBICAB, teclado, display). 5ET2.1.1.3. Funcionalidad del sistema. 1. El Sistema hace cumplir las órdenes impuestas por las indicaciones de las: a) Señales luminosas (V, V*, V/A, A, A*, R, Señal apagada, R/B*, R/B y Señal de Paso a Nivel). b) Señales alfanuméricas (indicadoras de velocidad por desvío e indicadoras de velocidad por señales). c) Adicionalmente indica al Maquinista las indicaciones de Cartelones. d) Con indicación de vía libre (V), la Vlím será la velocidad máxima de la línea. La Vlím por la siguiente señal será también la máxima de la línea. e) Con indicación de vía libre condicional (V*), la Vlím al paso por la siguiente señal será de 160 km/h. f) Con indicación de anuncio de precaución (V/A), la Vlím por la señal siguiente será la adecuada para que la Vlím al paso por las agujas protegidas por la señal sea de 30 km/h. g) Con indicación de anuncio de precaución con pantalla indicadora de velocidad (V/A+N), la Vlím por la señal siguiente será la adecuada para que la Vlím al paso por las agujas protegidas por la señal sea la indicada en la pantalla. h) Con indicación de anuncio de parada (A) o anuncio de parada inmediata (A*), la Vlím en la aproximación a la señal siguiente será de 30 km/h o de 20 km/h según que esta sea o no permisiva. i) En el caso particular de que la señal siguiente indique R/B*, la Vlím en la aproximación será de 30 km/h. j) Con indicación de preanuncio de parada (A+N), la Vlím al paso por la señal siguiente será la indicada en el número de la pantalla. k) Con indicación de parada (R), rebase autorizado (R/B, R/B*), se solicitará la aplicación de los frenos del vehículo al paso del mismo por las balizas asociadas a la señal, si no se ha accionado el pulsador Rebase Autorizado situado en el panel de conducción. l) En indicaciones con lámpara fundida en señales fijas fundamentales el Sistema considerará la indicación presentada por la señalización. El caso de señal apagada se considerará como una señal de parada. m) Si la fusión es en una pantalla alfanumérica el Sistema solo considerará la indicación de la señal fija fundamental asociada a ella. 2. El Sistema tratará los desvíos sucesivos desde una señal de entrada o salida estableciendo limitaciones de velocidad al paso del vehículo por los mismos. 3. El equipo de vía anuncia las restricciones y limitaciones por Paso a Nivel al equipo embarcado con la antelación suficiente para que con diferentes vehículos y gradientes de vía sea posible la disminución de velocidad (quedará garantizado si la información llega con dos cantones de antelación). Un PN se anunciará siempre independientemente de su estado: a) Con indicación de Paso a Nivel protegido se establece una Vlím por el PN que será la de la velocidad máxima de la línea, que no debe ser superior a 155 km/h en la zona del Paso a Nivel, si no existen otras condiciones por señalización que lo impidan y no se ha superado el tiempo de 2 min. 40 segundos desde el último anuncio sobre el estado del PN. Al transcurrir este tiempo se considerará el PN como no protegido. b) Con indicación de Paso a Nivel sin protección la Vlím cuando se alcance el PN será de 10 km/h. 4. El Sistema tiene capacidad para presentar en cabina la información de los cartelones informativos. 5. El Sistema permite la circulación de trenes cuando se establezca la situación de Bloqueo Telefónico en casos de anormalidad (BTS), sin tener que proceder a la Anulación del Equipo embarcado ni a introducir de nuevo los datos característicos del tren. 6. El Sistema permite la circulación en Banalización Temporal de Vía, si el trayecto ha sido equipado, y protege al tren considerando las limitaciones de velocidad por infraestructura, Vmáx del tren y un límite de velocidad de 120 km/h. Al llegar a una estación se construye un perfil de Vlím que protege el paso por las agujas de entrada. 7. El Sistema permite la circulación de trenes después del rebase de una señal con aspecto R, R/B, R/B*, con las siguientes condiciones: a) Si la señal es de entrada, Marcha de maniobras y será supervisada la velocidad máxima de 30 km/h. b) Si la señal no es de entrada, Marcha a la Vista y el perfil de velocidad será el definido por la infraestructura de la línea con un valor máximo establecido (100 km/h). El perfil de velocidad considerará el aspecto de la señal siguiente a su paso por la baliza previa y establecerá una curva de frenado en caso de que presente aspecto de señal de parada. 8. El Equipo embarcado del Sistema dependiendo del equipamiento de vía operará de la siguiente forma: a) En EBICAB si existe equipamiento en vía tanto de EBICAB como de ASFA. En el caso de fallo o incidencia del equipo EBICAB, en vía o embarcado, se pasará a operar en ASFA sin necesidad de detener el tren. b) En ASFA si existe solamente ASFA vía. 9. El Sistema aplica las restricciones de velocidad según los diferentes tipos de velocidad de los vehículos (N, A o B). 10. El Sistema detecta la ausencia de balizas de cualquier Punto de Información. 11. El equipo embarcado del Sistema permite presentar las siguientes indicaciones en el Panel de Conducción: a) Velocidad límite. b) Velocidad Meta. c) Distancia Meta. d) Alarmas de exceso de velocidad. e) Actuación de frenado. f) Modo de Conducción en curso (EBICAB, ASFA, Maniobras, BTS). g) Comprobación de funcionamiento del Equipo. h) Averías del Sistema (vía y embarcado). i) Conexión y desconexión del Equipo. j) Principio y fin de trayecto equipado. 12. El equipo embarcado del Sistema permite registrar tanto en un equipo externo como internamente los datos más importantes relacionados con la conducción y mantenimiento del Sistema. 5ET2.1.1.4. Panel de conducción. Su función es presentar al Maquinista información para facilitarle la conducción. En ocasiones el equipo exige ciertas actuaciones del Maquinista para posibilitar su operación (pe. Introducción de datos, reconocimiento de condiciones operativas, etc.). La interacción con el Maquinista tiene lugar a través de los siguientes elementos: 1. Panel Repetidor ASFA/EBICAB. Incluye indicadores y pulsadores. 2. Indicadores de Vmeta, Dmeta y Vlímite incluidos en el MFA. 3. Teclado y display. Elementos necesarios para la introducción de datos, cambio de Modo de Conducción y visualización de mensajes. 4. Indicador de velocidad prefijada (solo en S/252), tres dígitos que sustituyen al indicador anteriormente existente. 5. Indicadores del Panel Repetidor ASFA/ EBICAB. 5ET2.1.1.5. Transmisión en ASFA. El Sistema embarcado recibirá y procesará el siguiente conjunto de informaciones procedentes del equipamiento de vía ASFA: a) Vía libre, correspondiente a la baliza de señal o previa con aspecto de verde (V). b) Vía libre condicional, correspondiente a la baliza de señal o previa con aspecto de verde destellante (V*). c) Anuncio de parada o anuncio de precaución, correspondiente a la baliza de señal o previa con aspecto de amarillo (A) o verde amarillo (V/A) respectivamente. d) Control de velocidad antes de parada, correspondiente a la baliza previa de señal con aspecto R, R/B, R/B*, o señal con lámpara de R fundida. e) Parada, correspondiente a la baliza de señal con aspecto R, R/B, R/B*, o señal con lámpara de R fundida. Sección 2. Conexión y desconexión 5ET2.1.2.1. Conexión y desconexión. La conexión del equipo se efectuará con el tren parado y se hará activa la cabina que se va a situar primera en el sentido de la marcha. En caso de circulaciones con dos locomotoras, solo se conectará el equipo en la de cabeza. El Maquinista que circule por un trayecto con EBICAB lo llevará conectado y seleccionado el modo que corresponda a la circulación del tren. El retroceso de trenes y las maniobras se efectuarán con el equipo conectado y seleccionado el modo «MANIOBRAS». Se desconectará el equipo para realizar los retrocesos que lo requieran técnicamente. Cuando un tren circula con EBICAB lleva inhibido el ASFA, el cual quedará automáticamente operativo en caso de fallo o avería del sistema EBICAB. El Maquinista podrá desconectar el EBICAB en caso de avería en el equipo de máquina, indicaciones anómalas en el mismo, o falta de indicaciones en el pulsador de eficacia. Para efectuar movimientos con el sistema desconectado el Maquinista deberá comunicarlo al PM y realizar la anulación del equipo. Las indicaciones anormales o la falta de ellas en cabina, cuando sean atribuibles a las balizas o a las señales fijas, no darán lugar a la desconexión del equipo. En todo caso, el PM podrá ordenar al Maquinista que lo desconecte. 5ET2.1.2.2. Introducción de datos. El Maquinista cuando vaya a circular con EBICAB deberá realizar la introducción de datos, según el modo de conducción y las características del tren. Los datos a introducir son: – Velocidad máxima del tren. – Longitud del tren. – Tipo de velocidad (N, A o B). – Tipo de freno. – Porcentaje de frenado. Cuando se modifique alguno de estos datos del tren se introducirán de nuevo. En caso de que sea preciso anular el freno de uno o más bogies de la composición será necesario cambiar los datos previamente introducidos al equipo, por variar el porcentaje de frenado o por ser necesario reducir la velocidad máxima. Sección 3. Modos de conducción 5ET2.1.3.1. Modos de conducción. Los modos de conducción del sistema pueden ser: – EBICAB. – ASFA permanente. – Maniobras. – Bloqueo telefónico en caso de anormalidad. El modo EBICAB permite las funcionalidades de: – EBICAB. – ASFA. – Velocidad Limitada (VL). – Marcha a la vista (MV). 5ET2.1.3.2. Cambios de modo. El equipo permite, en cualquier momento, que el Maquinista cambie de modo de conducción. Las únicas condiciones que se imponen son que el vehículo debe estar detenido y que no existan fallos que inhabiliten el nuevo modo. Para cambiar de modo se seguirá la siguiente secuencia: 1) Pulsar la tecla solicitud de Cambio de Modo (CM). 2) Seleccionar, según el menú presentado en el display, el modo en el que se desea continuar y pulsar ENTER. 3) Introducir o confirmar los datos que solicite el equipo, para el nuevo modo. 5ET2.1.3.3. Modo de conducción EBICAB. En el modo de conducción EBICAB se distinguen cuatro funcionalidades o modos de funcionamiento diferentes: a) EBICAB. b) ASFA. c) Velocidad Limitada (VL). d) Marcha a la Vista (MV). La transición entre las diferentes funcionalidades es automática, es decir, el Maquinista no interviene en su selección o conmutación. Cuando se circule en las funcionalidades VL o MV, el Maquinista cumplirá las prescripciones de circulación de la marcha a la vista o marcha de maniobras, según el caso, y el equipo realizará las supervisiones de velocidad que correspondan en cada caso. Al comienzo del modo de conducción EBICAB la funcionalidad es de Velocidad Limitada (VL), supervisando el sistema la velocidad máxima de 100 km/h. En esta funcionalidad el equipo no muestra las magnitudes Vlím, Vmeta y Dmeta. Tras recibir información de vía en balizas EBICAB de señal, siempre que esta no indique parada, comienza a operarse en funcionalidad EBICAB y se muestran las magnitudes Vlím, Vmeta y Dmeta. 5ET2.1.3.4. Modo de conducción ASFA permanente. El equipo realiza la funcionalidad ASFA desde el momento en que se comienza a operar en este modo y no se realizan a partir de él transiciones de forma automática con los otros modos. En el caso de exceder la velocidad máxima del Tipo del tren se produce el frenado de emergencia. 5ET2.1.3.5. Modo de conducción MANIOBRAS. Este modo permite la conducción en avance y retroceso, y el Maquinista cumplirá las prescripciones de circulación de la marcha de maniobras. El sistema supervisará la velocidad máxima de 30 km/h. 5ET2.1.3.6. Modo de conducción Bloqueo Telefónico. En este modo de conducción el equipo ignora cualquier información relativa a señalización fija fundamental y, únicamente, supervisa la velocidad máxima de 140 km/h, aunque el Maquinista cumplirá lo prescrito para este bloqueo, precisando la introducción de datos de identificación del tren y distancia máxima a recorrer en BT. Sección 4. Actuación del maquinista en el sistema EBICAB 5ET2.1.4.1. Magnitudes fundamentales. El Maquinista que circule con EBICAB recibirá de forma continua en el panel de su vehículo las indicaciones necesarias para ayudarle a regular la marcha del tren y, en concreto, las siguientes magnitudes fundamentales: 1. Velocidad Límite. (Vlím). Es la velocidad máxima permitida en cada momento por el sistema. Cuando se implanten velocidades limitadas no introducidas en el mismo, la velocidad máxima permitida puede ser menor que esta velocidad límite. 2. Distancia Meta (Dmeta). Es la distancia entre el lugar en que se encuentra el vehículo y el punto donde debe efectuarse un cambio o renovación de velocidad. 3. Velocidad Meta (Vmeta). Es la velocidad a la que se debe circular, una vez recorrida la Distancia Meta. 5ET2.1.4.2. Supervisión del sistema. Si no se cumplen las condiciones indicadas por el sistema, se produce automáticamente el frenado del tren. 1. Conducción normal. a) El Maquinista deberá cumplir las magnitudes fundamentales. b) La velocidad a la que se permite circular al tren cuando está próximo a una señal de parada se denomina Velocidad de Liberación que, dependiendo de si la señal de que se trate es o no permisiva, será de 30 km/h o 20 km/h, respectivamente. En todo caso, el Maquinista deberá respetar la orden de la señal. 2. Rebase autorizado de señales. a) El Maquinista, para poder realizar el rebase autorizado de una señal en indicación de parada, deberá accionar el pulsador REBASE AUTO del panel repetidor, que es efectivo durante los 10 segundos posteriores a la pulsación. b) Si la señal rebasada es de entrada, se conmuta a funcionalidad VELOCIDAD LIMITADA (VL), y se desactivarán las magnitudes fundamentales EBICAB. c) Si la señal rebasada no es de entrada, el sistema pasa a operar en funcionalidad MARCHA A LA VISTA (MV) y se desactivarán las magnitudes fundamentales EBICAB. d) El modo EBICAB, conducción normal, se reanudará cuando se reciba información de vía adecuada en balizas de señal (salvo señal en indicación de parada). 3. Rebase indebido de señales. a) La protección que ofrece el sistema ante el rebase indebido de una señal en parada, en las funcionalidades EBICAB, MV y VL, es la aplicación del freno de emergencia. b) La funcionalidad de conducción normal EBICAB se reanudará cuando se reciba información de vía adecuada en baliza de señal (salvo cuando ordene parada). 5ET2.1.4.3. Señales apagadas o en indicación dudosa. Cuando las señales estén apagadas o en indicación dudosa, la información del EBICAB puede no coincidir con el aspecto de la señal. El Maquinista se atendrá a la orden de la señal y realizará en cabina las operaciones que correspondan a las indicaciones del EBICAB. 5ET2.1.4.4. Señales consideradas inexistentes o fuera de servicio. Cuando el Maquinista, por el sistema de bloqueo u otra causa, deba considerar inexistentes algunas señales relacionadas con el EBICAB, seleccionará el modo BTS, dentro del EBICAB. 5ET2.1.4.5. Detención indebida del tren por la acción de EBICAB. Cuando la detención del tren se produzca por falta de cumplimiento de las actuaciones requeridas por el EBICAB, el Maquinista, al reanudar la marcha, procederá como si hubiera encontrado la señal anterior en anuncio de parada o anuncio de precaución, según el caso. Si la detención se debe a rebase indebido de la señal procederá como se indica para estos casos en el RCF. 5ET2.1.4.6. Circulación en Banalización Temporal de Vía. Cuando circule por una Banalización Temporal de Vía, en líneas equipadas con EBICAB, el Maquinista lo llevará conectado. El sistema protege al tren considerando las velocidades limitadas, la Vmáx del tren y un límite específico de velocidad de 120 km/h. 5ET2.1.4.7. Protección contra retroceso. Es una función de supervisión que compara la dirección del movimiento «real» del tren con la dirección que el Maquinista ha marcado mediante la selección de dirección en cabina. Si el tren se mueve en el sentido contrario al de la cabina activa, en la funcionalidad de EBICAB, VL, MV o BTS, el equipo aplica el freno de emergencia al recorrer una distancia de 5 m. En la funcionalidad de ASFA y MANIOBRAS el equipo permite la circulación en ambos sentidos. 5ET2.1.4.8. Protección en Pasos a Nivel. La protección que proporciona el sistema es solo aplicable para la funcionalidad EBICAB y MV. Cada vez que el equipo recibe información de un PN realiza lo siguiente: 1. Si el PN está sin protección, impedirá que la velocidad del tren sea superior a 10 km/h. cuando alcance el paso, y el Maquinista actuará según lo dispuesto en el RCF para la señal de Paso a Nivel sin protección. 2. Si el PN está protegido, impedirá que la velocidad del tren sea superior a 155 km/h. en la zona del paso. 3. Además, si el PN está protegido, se iniciará una temporización de 2 min. 40 seg. Al finalizar este tiempo, si no ha alcanzado el PN se considerará que el mismo está sin protección y se actuará según el apartado 1. 4. Cuando la señal de Paso a Nivel (SPN) presente la indicación de PN protegido y la información dada por el equipo EBICAB sea la de PN sin protección, el Maquinista respetará esta última información. 5ET2.1.4.9. Protección en caso de paradas prolongadas. Si el tren permanece detenido durante un tiempo superior a 4 minutos, el equipo supone que el aspecto de la próxima señal podría haber cambiado y considera que su indicación es parada. Sección 5. Transiciones entre EBICAB y ASFA 5ET2.1.5.1. Generalidades. Las transiciones entre EBICAB y ASFA y viceversa, se realizan de forma automática cuando se recibe información de vía tanto a través del subsistema de captación EBICAB como del ASFA. 5ET2.1.5.2. Transiciones de EBICAB a ASFA por FIN de ZONA EBICAB. 1. Cuando el equipo opera en EBICAB y termina la zona de vía equipada del sistema, se realiza una transición automática a ASFA. 2. El equipo embarcado avisa con antelación cuando se llega al fin de la zona con equipamiento de vía EBICAB. El Maquinista actuará como se determine en el Manual de Conducción del vehículo. 3. La transición entre la funcionalidad EBICAB y ASFA tiene lugar en un punto situado a 500 m antes de la primera señal no equipada con balizas EBICAB. Llegado este punto se apaga el pulsador FIN y se desactivan Vmeta, Dmeta y Vlím. 4. El Maquinista actuará conforme a la orden de la última señal: a) Si el aspecto de la última señal con balizas EBICAB es Vía libre (V) se supervisará la velocidad máxima de la línea si no existen otras limitaciones más restrictivas. b) Si el aspecto de la última señal con balizas EBICAB es Vía libre condicional (V*) la velocidad del tren, en el punto de FIN de EBICAB será inferior o igual a 160 km/h. y no se permitirá superarla hasta la primera baliza ASFA. c) Si el aspecto de la última señal con balizas EBICAB es Anuncio de parada (A) o Anuncio de precaución (V/A) la velocidad del tren, en el punto de FIN de EBICAB vendrá determinada por la correspondiente curva de frenado, para garantizar que el Maquinista pueda detener el tren ante la siguiente señal. 5ET2.1.5.3. Transiciones de EBICAB a ASFA por avería o incidencia. El equipo embarcado deja de operar en funcionalidad EBICAB ante la aparición de una avería o incidencia que no permita esta funcionalidad. Una incidencia en EBICAB por pérdida de información en balizas o telegrama por defecto, provocará la transición a funcionalidad ASFA siempre y cuando se reciba la baliza ASFA asociada a esa señal, y que no exista Fallo ASFA. Una vez detectada la incidencia el equipo mostrará las siguientes magnitudes: a) La Vmeta será 0 km/h. b) La Dmeta será la restante para alcanzar la Vmeta. c) La Vlím disminuirá desde su posición en el momento de producirse la incidencia hasta una velocidad de transición 40 km/h. Ordena al Maquinista actuar como se determina en el presente documento, cuando el tren alcance la velocidad de transición, y una vez en funcionalidad ASFA, el equipo supervisará 160 km/h. hasta que se reciba la primera baliza ASFA. Si durante el proceso de transición se recibe una baliza de señal con información válida, y no existe ninguna avería que impida la funcionalidad EBICAB, se anulará el proceso de transición (continuará en funcionalidad EBICAB). 5ET2.1.5.4. Transiciones a funcionalidad Velocidad Limitada. En el caso de que exista un Fallo ASFA, cuando ocurra el Fallo o incidencia EBICAB, el sistema embarcado actuará sobre los frenos del tren y tras Rearme del Freno comenzará a operar en VL, supervisando una velocidad de 100 km/h., la Vmeta será 0 km/h y la Dmeta la restante para alcanzar la Vmeta. Sección 6. Anormalidades 5ET2.1.6.1. Inutilidad del sistema EBICAB. Cuando se produzca inutilidad del sistema EBICAB, tanto a la salida de la base como durante su recorrido, se estará a lo dispuesto en el Libro 5 del RCF en cuanto a anormalidad en los subsistemas de control-mando y señalización, así como para comunicación de anormalidades. LIBRO QUINTO. ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 3 SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE TRENES LZB [indice]Índice LIBRO QUINTO. ESPECIFICACIÓN TRANSITORIA 3. SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE TRENES LZB. Capítulo 1. Sistema de protección automática de trenes LZB. Sección 1. Generalidades. 5ET3.1.1.1. Introducción. 5ET3.1.1.2. Arquitectura del sistema. 5ET3.1.1.3. Curvas de frenado y perfiles de velocidad. 5ET3.1.1.4. Magnitudes guía de conducción. Sección 2. Conexión / Desconexión, introducción de datos y prueba funcional. 5ET3.1.2.1. Conexión y desconexión. 5ET3.1.2.2. Introducción de datos. 5ET3.1.2.3. Prueba Funcional. Sección 3. Velocidades. 5ET3.1.3.1. Velocidades máximas. 5ET3.1.3.2. Velocidades limitadas. Capítulo 2. Circulación con LZB superpuesto al bloq. automático de la línea (conv.). Sección 1. Prescripciones de circulación. 5ET3.2.1.1. Incorporación al sistema. 5ET3.2.1.2. Órdenes de las señales laterales para los trenes en circulación con LZB. 5ET3.2.1.3. Circulación en Banalización Temporal de Vía. 5ET3.2.1.4. Salida del LZB. 5ET3.2.1.5. Paradas comerciales. Capítulo 3. Circulación con LZB en líneas de alta velocidad. Sección 1. Prescripciones de circulación 5ET3.3.1.1. Incorporación al sistema. 5ET3.3.1.2. Órdenes de las señales laterales para los trenes en circulación con LZB. 5ET3.3.1.3. Rebase de la velocidad de supervisión. 5ET3.3.1.4. Rebase autorizado de un punto de parada LZB. 5ET3.3.1.5. Salida del LZB. Capítulo 4. Anormalidades. Sección 1. Generales. 5ET3.4.1.1. Anormalidades en el sistema de ordenadores. 5ET3.4.1.2. Anormalidades en la prueba funcional. Sección 2. Anormalidades de LZB en Líneas con BA superpuesto (Conv.). 5ET3.4.2.1. Pérdida de transmisión. 5ET3.4.2.2. Averías en el equipo embarcado. Sección 3. Anormalidades de LZB en Líneas de Alta Velocidad. 5ET3.4.3.1. Rebase indebido de un punto de parada LZB. 5ET3.4.3.2. Reanudación de la marcha después de una parada de emergencia. 5ET3.4.3.3. Retroceso indebido. 5ET3.4.3.4. Fallo de transmisión. 5ET3.4.3.5. Desconexión y averías del equipo embarcado. 5ET3.4.3.6. Disolución artificial de itinerarios. 5ET3.4.3.7. Parada de emergencia en vía contraria.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Sistema de protección automática de trenes LZB Sección 1. Generalidades 5ET3.1.1.1. Introducción. LZB (abreviatura de Linienzugbeeinflussung, en alemán sistema de conducción automática de trenes) es un sistema de control de trenes con señalización en cabina y supervisión continua. Esta supervisión se realiza mediante la vigilancia continua de la velocidad del tren, de modo que en el caso de que esta exceda los valores establecidos, el sistema activa el freno de emergencia hasta que la velocidad se sitúa por debajo de los valores de supervisión. El sistema consta de equipos instalados en tierra y equipos embarcados en los vehículos. Ambos intercambian información mediante el cable de vía y las antenas instaladas en los vehículos. Cada tren envía a la central LZB los siguientes datos: – Datos tren (introducidos por el Maquinista): Porcentaje de frenado / Capacidad de freno (PFT). Longitud del tren (LT). Tipo de freno (TF). Velocidad máxima del tren (VMT). – Posición del tren. La central LZB envía a cada tren sus Magnitudes guía de conducción y demás información adicional, dependiendo de su situación en el contexto general de la línea. El LZB provoca un frenado automático de emergencia cuando se alcanza la Velocidad de supervisión que equivale a la V. Límite más un margen autorizado. La velocidad de supervisión aumenta proporcionalmente a la velocidad límite, de modo que a mayor Velocidad Límite le corresponde un mayor margen de supervisión. Cuando la velocidad real vuelve a ser inferior a la velocidad de supervisión, el frenado automático de emergencia LZB es suprimido, quedando a cargo del Maquinista el aflojamiento del freno. 5ET3.1.1.2. Arquitectura del sistema. El sistema consta de equipos instalados en tierra y equipos embarcados en los vehículos. 1. Equipo de tierra. La transmisión de información entre la vía y el vehículo se realiza mediante un cable que se encuentra dispuesto en bucles de 300 metros. El cable discurre sobre el eje central de la vía y sobre el patín del carril, cruzándose cada 100 metros para conformar los bucles. Cada par de bucles (600 metros) se encuentran conectados a un grupo de amplificación denominado EAD, Equipo de Alimentación a Distancia. Cada 20 EAD aproximadamente constituyen una Sección de Identificación, que está conectada con el Centro de Mando y Control LZB. La frontera entre las diferentes secciones se denomina Cambio de Sección de Identificación (CDI). Al principio y al final de un tramo de LZB, así como en las entradas laterales, existen bucles de principio/fin. En estos puntos se conmutan automáticamente los sistemas LZB y ERTMS o ASFA. Así mismo los CDI son puntos de entrada en LZB cuando, por incidencia u otro motivo, no haya producido la entrada en los bucles previstos. Las pantallas de LZB (señal FI7A del RCF, art. 2.1.3.7) están colocadas en el inicio de los cantones de LZB que no están dotados de señal luminosa, con el objeto de identificarlos en las comunicaciones del Maquinista con el Responsable de Circulación. 2. Equipo embarcado. El equipo embarcado consta de: – 3 ordenadores en funcionamiento permanente procesando la misma información en paralelo. – 2 juegos de antenas (emisoras y receptoras) para transmitir y recibir los datos entre el cable de vía y el vehículo. – Generadores de Impulsos de Recorrido (GIR). Son tacogeneradores para medir distancia y velocidad. – Grupo de accionamiento de Freno (GAF) para la aplicación del frenado de emergencia a petición del Centro de Mando y Control LZB. Hay vehículos que no disponen de GAF, su labor la llevan a cabo los elementos de freno de emergencia propios de los mismos. – Equipo de Prueba Funcional. Realiza un test a los elementos fundamentales para el funcionamiento del equipo embarcado (software y hardware). La Prueba Funcional debe realizarse siempre en la puesta en servicio del equipo (puesta en marcha del vehículo, cambio de cabina, reinicio del equipo embarcado LZB, etc…). 5ET3.1.1.3. Curvas de frenado y perfiles de velocidad. Las curvas de frenado distancia-velocidad son de tipo parabólico, variables según la deceleración propuesta. Se distinguen las siguientes curvas de frenado: – Curva de supervisión de velocidad: Corresponde a la velocidad por encima de la cual el sistema activará el frenado de emergencia. – Curva de aviso: Corresponde a la velocidad por encima de la cual el sistema activará el aviso óptico y acústico de exceso de velocidad. – Curva consigna corresponde a la Velocidad Límite del tren, es decir la velocidad máxima que no debe superarse. Estas curvas dependen del PFT, de las características de la línea y de la VMT. Se aplican con criterios de confort. Los datos característicos de perfil que aporta la línea en cada zona están agrupados por tramos, estando cada uno de ellos definido por la variación de la pendiente. De todos los tramos definidos se toma como dato característico de la zona el más desfavorable según el siguiente criterio: – Entre 0‰ - 6‰ Horizontal (H). – Entre 6‰ - 12,5‰ Primer Nivel (1P). – Entre 12,5‰ - 18‰ Segundo Nivel (2P). – Superior a 18‰ Tercer Nivel (3P). Cuando el tren no se encuentra en proceso de frenado, las curvas anteriormente reseñadas, se muestran en forma de perfil de velocidad manteniendo idénticas funciones: – Velocidad de supervisión – Velocidad de aviso y – Velocidad consigna. 5ET3.1.1.4. Magnitudes guía de conducción. 1. AICC. Aparato Indicador en Cabina de Conducción, en el que se muestran las magnitudes de conducción y el resto de indicaciones necesarias para la operación LZB. 2. Velocidad Límite. Es la velocidad máxima permitida en cada momento. Se visualiza en un indicador analógico circular (1) con su correspondiente escala en km/h, mediante una aguja de color rojo situada en el exterior de la escala, aumentando los valores en sentido horario. 3. Distancia Meta. Indica la distancia entre el lugar donde se encuentra el tren y el punto donde debe efectuarse un cambio de velocidad. Se visualiza mediante un indicador de 4 o 5 dígitos, algunos de los cuales pueden ser fijos, y una escala en forma de barra vertical entre 0 y 4.000. La unidad empleada es el metro. La distancia máxima a la que el sistema muestra información de cambios de velocidad varía en función de la velocidad máxima del tren. Algunos ejemplos: – 12.000 (2) tipo 300. – 9.900 tipo 250. – 7.000 tipo 200. – 4.000 tipo 160. 4. Velocidad Meta. Indica la velocidad límite a la que se debe circular en el punto indicado por la Distancia Meta. Se visualiza mediante un indicador de tres dígitos y se indica en múltiplos de 10. Si la nueva velocidad es inferior a la actual aparece en cuanto entra en el campo de exploración máximo de la distancia meta, por el contrario si la nueva velocidad es superior a la actual aparecerá cuando la distancia meta llegue a «0». 5. Velocidad Real. Indica la velocidad real a la que circula el tren. Se visualiza en un indicador analógico circular (1) con su correspondiente escala en km/h, mediante una aguja de color blanco/amarillo situada en el interior de la escala, aumentando los valores en sentido horario. (1) Velocidad Límite y Velocidad Real comparten escala. (2) Algunos equipos solo disponen de 4 dígitos para indicar la Distancia Meta, por tanto esta no puede ser superior a 9.900. Aun así, los cambios de velocidad se producirán conforme a la tabla de ejemplos. Sección 2. Conexión / Desconexión, introducción de datos y prueba funcional 5ET3.1.2.1. Conexión y desconexión. Para realizar las operaciones de conexión y desconexión del equipo embarcado, se estará a lo dispuesto en el Manual de Conducción del vehículo. 1. Conexión. La conexión del equipo se efectuará con el tren parado y se activará únicamente la cabina que se va a situar primera en el sentido de la marcha. Si se requiere el uso del ASFA, este deberá ser conectado previamente. Para que un tren pueda circular con LZB, es necesario que disponga de un porcentaje de frenado igual o superior al 60%. 2. Desconexión: El Maquinista se asegurará de que el equipo está desconectado: a) En los cambios de cabina y en los retrocesos, que técnicamente lo requieran. b) En caso de anormalidad en su funcionamiento, por orden del Responsable de Circulación. 5ET3.1.2.2. Introducción de datos. Conforme se indica en el Manual de conducción del equipo y con los datos que figuran en el documento del tren, el Maquinista, cuando vaya a circular con LZB, deberá realizar la introducción de datos a tren parado. Cuando cambien algunos de estos datos del tren, se introducirán de nuevo. En caso de que sea preciso anular el freno de uno o más bogies o ejes de la composición, será necesario cambiar los datos previamente introducidos al equipo, por variar el porcentaje de frenado o por ser necesario reducir la velocidad máxima. 5ET3.1.2.3. Prueba Funcional. La prueba Funcional se inicia pulsando C/I, debe realizarse con los datos correspondientes a la circulación que se va a iniciar, introducidos al sistema, y con presión suficiente en TFA. Durante su desarrollo se iluminan todos los indicadores tres veces durante 1 segundo y suena la bocina, simultáneamente en la posición «D meta» aparece la versión de software instalada (el indicador T sigue una secuencia distinta que los demás); aparece «V meta 120», «D meta 1200» y «V límite 115» mientras permanecen iluminados los indicadores S, T, y V, y se produce la conmutación del sistema ASFA. La prueba finaliza mostrando los códigos de incidencias del equipo en la posición «D meta». Durante el proceso, el Maquinista debe prestar atención al encendido de las lámparas, principalmente S y T, las indicaciones de las magnitudes de conducción, la aplicación del freno de emergencia y la conmutación con el sistema ASFA. La prueba debe finalizar con las indicaciones S y 80 o 60, según el PFT, encendidas. Excepcionalmente también puede permanecer encendido C/I, indicando que existe alguna incidencia en el equipo que no impide su uso. La Prueba Funcional no está disponible con el equipo en transmisión. Sección 3. Velocidades 5ET3.1.3.1. Velocidades máximas. El sistema permite, cumpliendo los límites establecidos en el art. 1.1.1.7 del RCF, circular sin exceder las velocidades máximas de la línea en cada punto. 5ET3.1.3.2. Velocidades limitadas. 1. Las «Velocidades Limitadas» que afecten a líneas equipadas con LZB operativo, serán introducidas en el sistema (las que afecten a líneas que tengan operativo además el sistema ERTMS, están introducidas en ambos sistemas), y en consecuencia, supervisadas por el mismo. 2. El AI establecerá un procedimiento para la gestión de las «Velocidades Limitadas» para asegurar que se han implantado correctamente. 3. El Responsable de Circulación de la Banda de Regulación se asegurará de que los trenes, antes de su salida de origen, han sido trasmitidas a las EF todas las «Velocidades Limitadas» para que consten en el Libro de Itinerarios del Maquinista, o, en otro caso, le han sido notificadas. Asimismo, se les notificará a los Maquinistas de los trenes que ya se encuentren en marcha hacia los puntos afectados. CAPÍTULO 2 Circulación con LZB superpuesto al bloq. Automático de la línea (conv.) Sección 1. Prescripciones de circulación 5ET3.2.1.1. Incorporación al sistema. Se denomina entrada en transmisión al inicio del intercambio de telegramas entre el equipo embarcado y la central LZB. Cuando el tren va a incorporarse al LZB, el Maquinista, circulando en BA, pulsará «Liberar» después de haber pasado por una señal que no ordene parada, momento en el que aparecerán las Magnitudes Guía de Conducción quedando incorporado al sistema. 5ET3.2.1.2. Órdenes de las señales laterales para los trenes en circulación con LZB. En líneas de Red Convencional, las indicaciones recibidas en cabina están relacionadas directamente con las órdenes de las señales y las condiciones de circulación. Cuando el Maquinista pulse «Rebasar», en las situaciones que corresponda, las Magnitudes Guía de Conducción desaparecen, aunque la conducción sigue supervisada. En estas condiciones, el Maquinista no pulsará «Liberar» hasta que haya pasado por una señal que no ordene parada, momento en el que aparecerán de nuevo las Magnitudes Guía de Conducción. El Maquinista cumplirá en cada caso las indicaciones siguientes: – Señales en parada Se respetarán siempre en su indicación y el rebase se hará de acuerdo con los artículos 5.2.1.2 y 5.2.1.3 del RCF. Recibido el telefonema de autorización de rebase, cuando proceda, el Maquinista pulsará «Rebasar». – Señal de rebase autorizado FF8A Velocidad Meta distinta de cero, indicativa de que el circuito de vía de estacionamiento está libre. Velocidad Mete igual a cero, indicativa de que el circuito de vía de estacionamiento está ocupado, y por tanto, el Maquinista accionará el pulsador «Rebasar», continuando con marcha de maniobras hasta su estacionamiento. – Señal de rebase autorizado FF8B. En las proximidades de las señales con esta indicación, el sistema recibirá la orden de salida del LZB (indicador FIN) y Velocidad Meta igual a 30 km/h. – Señales indicadoras de entrada. Estas señales no están incluidas en el sistema por lo que no se tendrán en cuenta sus indicaciones circulando con LZB. – Señales en otras indicaciones. Las señales en indicación de vía libre, anuncio de parada, preanuncio de parada, y anuncio de precaución, están supervisadas por el sistema. – Pantallas de LZB. Un tren detenido ante una pantalla por orden del LZB, el Maquinista seguirá para su rebase el mismo procedimiento que el contemplado en el art. 2.1.2.7 del RCF para la señal FF7B. 5ET3.2.1.3. Circulación en Banalización Temporal de Vía. Cuando a un Maquinista se le notifique la circulación por una BTV, circulará de acuerdo con las condiciones establecidas durante el trayecto, y en la entrada a las estaciones: – Con señales de entrada a contravía. Cumplirá la orden dada por la señal, y una vez rebasada esta, respetará las órdenes de las Magnitudes Guía de Conducción. – Con señales de retroceso Las señales de retroceso son consideradas por el sistema como puntos de parada, por lo que el Maquinista accionará el pulsador «Rebasar» cuando la señal autorice movimiento para entrar en la estación, continuando con marcha de maniobras hasta el estacionamiento. 5ET3.2.1.4. Salida del LZB. Al aproximarse a un punto de salida del LZB, se encenderá de forma intermitente el indicador «FIN», estando presentes en dicho punto la «Velocidad Meta» y la «Distancia Meta». El Maquinista pulsará «LIBERAR» y desde ese momento concentrará su atención en la señalización lateral. Una vez perdida la transmisión, se considerará circulando al amparo el bloqueo de la línea. 5ET3.2.1.5. Paradas comerciales. En las estaciones y apeaderos con parada comercial, el sistema LZB tiene programado un punto de parada. En caso de ser necesario, podrá sobrepasarse haciendo uso del dispositivo «ANULACIÓN DE PARADA». CAPÍTULO 3 Circulación con LZB en líneas de alta velocidad Sección 1. Prescripciones de circulación 5ET3.3.1.1. Incorporación al sistema. Se denomina entrada en transmisión al inicio del intercambio de telegramas entre el equipo embarcado y la central LZB. La entrada en transmisión se produce solamente en los puntos previstos para ello, que pueden ser de dos tipos: – Bucle de entrada. – Cambio de sección de identificación (CDI). El proceso es el siguiente: – En el AICC: El indicador T se enciende de modo permanente. El indicador 80 o 60 se apaga. Aparecen magnitudes guía de conducción («V límite», «V meta» y «D meta») – En el panel repetidor ASFA: El indicador «EFICACIA» se apaga y se enciende «CONEX». Desde ese momento, se circula con LZB. Para la entrada en transmisión no se requiere actuación específica del Maquinista. 5ET3.3.1.2. Órdenes de las señales laterales para los trenes en circulación con LZB. En las Líneas de Alta Velocidad las señales fijas carecen de validez para los trenes que circulan con LZB en servicio y con transmisión. 5ET3.3.1.3. Rebase de la velocidad de supervisión. Si el tren rebasa la «Velocidad Límite», alcanzando la «Velocidad de Aviso»: – El indicador V se ilumina de forma intermitente y suena la bocina. Si el tren rebasa la «Velocidad de Supervisión»: – El sistema aplica el freno de emergencia. – El indicador E luce permanente y suena la bocina. – El indicador P luce intermitente por el vaciado de la TFA. Cuando la velocidad real desciende por debajo de la «Velocidad de Supervisión», se apaga el indicador E y cesa la bocina. A partir de ese momento, el sistema permite que el Maquinista rearme el freno. 5ET3.3.1.4. Rebase autorizado de un punto de parada LZB. Cuando un tren se encuentre detenido ante una pantalla o señal que ordene parada, podrá reanudar la marcha una vez comunicada por el Responsable de Circulación la correspondiente Autorización de Rebase de la misma (conforme establece el art. 5.2.1.3 del RCF). El Maquinista deberá: – Pulsar «Rebasar» (la bocina suena). – El indicador R luce permanente. – Desaparecen las Magnitudes Guía de Conducción excepto la «Velocidad Límite» que indica 40 km/h. El Maquinista reanudará la marcha cumpliendo las condiciones establecidas en el telefonema de autorización del rebase. – Una vez superada la zona de rebase, aparecerán nuevamente las Magnitudes Guía de Conducción. – El indicador R se apaga. 5ET3.3.1.5. Salida del LZB. Cuando un tren se aproxima a un punto de salida del sistema LZB, se encenderá de forma intermitente el indicador FIN y sonará la bocina una vez, El Maquinista dispondrá de 8 segundos para pulsar «LIBERAR». En las inmediaciones de la señal siguiente se apagarán los indicadores FIN y T, desaparecerán las Magnitudes Guía de Conducción y se iluminará el indicador 60 o 80, según PFT, activándose el nuevo sistema de protección (ERTMS o ASFA). A partir de ese momento se seguirá circulando en BCA cuando el nuevo sistema de protección sea el ERTMS, y se circulará al amparo de BSL cuando sea el ASFA. Cuando la salida del LZB se produce con el tren detenido ante una señal ordenando parada, el indicador FIN se encenderá de forma intermitente cuando la señal presente indicación que permita el paso. CAPÍTULO 4 Anormalidades Sección 1. Generales 5ET3.4.1.1. Anormalidades en el sistema de ordenadores. En caso de avería o discrepancia de uno de los tres ordenadores en funcionamiento permanente procesando la misma información en paralelo, es desconectado automáticamente, quedando a cargo de los otros dos el proceso de los datos. Si se produjera otro fallo en alguno de los ordenadores restantes, el equipo quedaría fuera de servicio no siendo posible la explotación con LZB. 5ET3.4.1.2. Anormalidades en la prueba funcional. Si durante el desarrollo de la Prueba Funcional apareciera alguna avería, el elemento será sustituido, si es posible, por otro redundante, en caso contrario el equipo no será apto para la explotación con LZB. Sección 2. Anormalidades de LZB en Líneas con BA superpuesto (Conv.) 5ET3.4.2.1. Pérdida de transmisión. Cuando surja una avería en el sistema LZB, debida a un fallo en la transmisión de datos: – Si V Meta = 0, el sistema detendrá el tren y el Maquinista reanudará la marcha al amparo del BA con «Marcha a la Vista» hasta la señal siguiente, después de pulsar «REBASAR». – Si V Meta = 30 km/h, el sistema detendrá el tren salvo que el Maquinista, cuando la velocidad real sea menor de 60 km/h, por medio del pulsador «LIBERAR», anule la curva de frenado, permitiendo la circulación al amparo del BA. Tras haberse producido el fallo de transmisión, esta se recupere, el Maquinista continuará circulando al amparo del BA hasta rebasar la primera señal que no ordene parada, momento a partir del cual se considerará el tren circulando de nuevo con LZB. 5ET3.4.2.2. Averías en el equipo embarcado. Cuando ocurre una avería en el equipo embarcado, se produce un fallo en las Magnitudes Guía de Conducción y, en consecuencia, un frenado de emergencia. Si no se produjera frenado de emergencia, el Maquinista efectuará parada con frenado de servicio. En ambos casos, el Maquinista informará al Responsable de Circulación de las causas y del lugar de la detención, reanudando la marcha hasta la señal siguiente con «Marcha a la Vista» hasta la señal siguiente, y circulando al amparo del BA. Sección 3. Anormalidades de LZB en Líneas de Alta Velocidad 5ET3.4.3.1. Rebase indebido de un punto de parada LZB. Cuando por cualquier causa un tren rebase un punto de parada LZB (pantalla o señal), el Maquinista debe comunicarlo de inmediato al Responsable de Circulación. En el tren se genera el siguiente proceso: – Se iluminan los indicadores OE y C/I permanente. – Desaparecen las Magnitudes Guía de Conducción. Una vez detenido el tren, el Maquinista podrá reanudar la marcha previa autorización del Responsable de Circulación mediante el telefonema: El Maquinista debe: – Pulsar «Rebasar» (la bocina suena). – Los indicadores OE, E, y C/I se apagan. – El freno puede ser rearmado, P se apaga al normalizar presión en la TFA. – Aparecen nuevamente las Magnitudes Guía de Conducción. El Responsable de Circulación prescribirá «Marcha a la Vista» y/u otras condiciones que sean precisas hasta la señal o pantalla siguiente que pueda presentar la indicación de parada. El Maquinista reanudará la marcha cumpliendo las condiciones establecidas en el telefonema de autorización de reanudación de marcha. 5ET3.4.3.2. Reanudación de la marcha después de una parada de emergencia. Cuando un tren se aproxime a un punto de parada de emergencia ordenado por el sistema, se encenderá de forma intermitente el indicador «OE». Si el tren se ha detenido antes del punto de parada ordenado, el Maquinista renudará la marcha una vez que el Responsable de Circulación haya anulado la orden de parada y le indique las condiciones de circulación. Si el tren ha rebasado el punto de parada ordenado, se procederá como se indica en el art. 5ET3.4.3.1. 5ET3.4.3.3. Retroceso indebido. Circulando con LZB, si ocurre un movimiento de retroceso superior a 3 metros, ocurre lo siguiente: – El sistema aplica frenado de emergencia. – El indicador «E» luce y suena la bocina. – El indicador «P» luce intermitente por el vaciado de la TFA. – Una vez detenido el tren, se apaga «E», la bocina deja de sonar y el Maquinista puede rearmar el freno. – En algunos vehículos, es preciso además, pulsar «Liberar». 5ET3.4.3.4. Fallo de transmisión. Cuando surge una avería en el sistema LZB por fallo en la transmisión de datos, lucirá de forma intermitente el piloto «T». En este caso: – Si V Meta = 40 km/h, significa que la parte del trayecto comprendida entre el tren y la señal de entrada de la estación siguiente, se encuentra libre. El Maquinista procederá: Acusará recibo de esta situación pulsando «LIBERAR» antes de 8 segundos e iniciará el frenado del tren, prestando atención desde ese momento, a la señalización lateral. Cuando la velocidad real sea inferior a 80 o 60 km/h, según el porcentaje de frenado introducido, podrá liberar la curva de frenado del tren accionando por segunda vez el pulsador «LIBERAR». A partir de ese momento se considerará circulando al amparo del BSL. Comprobará que luce el piloto de eficacia de ASFA, al haber quedado eliminada la supervisión del LZB. – Si V Meta = 000 km/h, significa que la parte del trayecto comprendida entre el tren y la señal de entrada de la estación siguiente, se encuentra ocupada. El Maquinista procederá: Acusará recibo de esta situación pulsando «LIBERAR» antes de 8 segundos e iniciará el frenado del tren, prestando atención desde ese momento, a la señalización lateral. Una vez detenido, informará al Responsable de Circulación del lugar en el que se encuentra. Recibidos los datos y realizadas las comprobaciones necesarias, el Responsable de Circulación establecerá el BSL, cursando al Maquinista el telefonema: El Maquinista que reciba este telefonema accionará el pulsador «REBASAR» y reanudará la marcha. Este telefonema, en ningún caso llevará implícita la autorización para rebasar señales. Comprobará que luce el piloto de eficacia de ASFA, al haber quedado eliminada la supervisión del LZB. Si después de haberse producido una pérdida de transmisión o haberse ordenado la desconexión/conexión del equipo, se recupera la transmisión de datos, el Maquinista continuará circulando al amparo del BSL hasta rebasar la siguiente pantalla de LZB o señal de entrada o de salida de la estación. Una vez rebasado uno de los puntos mencionados, si continúa la transmisión, se considerará que el tren circula de nuevo con LZB y el telefonema recibido para circular con BSL perderá su validez. El Maquinista informará de ello al Responsable de Circulación. Si rebasados los puntos mencionados no se recibe transmisión de datos del sistema, el Maquinista continuará circulando al amparo del BSL e informará de ello al Responsable de Circulación. 5ET3.4.3.5. Desconexión y averías del equipo embarcado. 1. Cuando sea necesario circular con el equipo de LZB desconectado, por avería de este o por necesidades de la explotación, el Responsable de Circulación autorizará al Maquinista su desconexión, y la circulación al amparo del BSL, mediante el telefonema: 2. Cuando se produce una avería en el equipo embarcado, se produce un fallo en las Magnitudes Guía de Conducción, y en consecuencia, un frenado de emergencia. Si los indicadores «S» y «T» se apagan y no se produce el frenado de emergencia, el Maquinista efectuará parada con frenado de servicio. En ambos casos, el Maquinista informará al Responsable de Circulación de las causas y lugar de la detención, no reanudando la marcha hasta recibir la correspondiente autorización: Con el telefonema 5ET3.2 si el equipo embarcado se ha normalizado. Con el telefonema 5ET3.3 si el equipo embarcado no se ha normalizado. 5ET3.4.3.6. Disolución artificial de itinerarios. 1. Cuando, en circunstancias excepcionales, sea necesario poner en indicación de parada una señal que está autorizando el paso y se encuentre el tren en el cantón anterior a dicha señal, el Responsable de Circulación, antes de realizar la disolución artificial del itinerario, se asegurará en comunicación con el Maquinista, que el tren está detenido ente la señal, y le cursará el telefonema: 5ET3.4.3.7. Parada de emergencia en vía contraria. En caso de interceptación o peligro inminente para la circulación, el equipo embarcado dispone de la posibilidad de introducir un punto de parada en la vía contigua, actuando sobre el interruptor correspondiente. 1. Introducción de una parada de emergencia. El Maquinista conectará el interruptor de «Emergencia en vía contraria». Mientras esté conectado, lucirá el indicador C/I y sonará la bocina permanentemente (es conveniente mantener el interruptor conectado al menos 2 km a partir del punto a proteger, para cubrir la distancia de frenado de un tren que se aproxime en ese momento). El Maquinista debe comunicar la incidencia de inmediato al Responsable de Circulación. 2. Parada por emergencia en vía contraria. Establecida la parada, pueden darse dos circunstancias para el tren que se aproxime a ella. a) El tren recibe la parada con distancia de frenado suficiente. – Aparece «Velocidad meta» = 000. – El indicador OE luce intermitente. – Suena la bocina durante 1 segundo. El Maquinista detendrá el tren con frenado de emergencia y se pondrá en comunicación con el Responsable de Circulación, comunicando la incidencia y el punto de detención. Cuando las circunstancias lo permitan, el Responsable de Circulación anulará la parada en el sistema y establecerá las condiciones para reanudar la marcha: – El indicador OE se apaga. – Se normalizan las Magnitudes Guía de Conducción. En caso de no ser posible la anulación de la parada en el sistema, el Responsable de Circulación autorizará la reanudación de la marcha u ordenará el retroceso del tren según lo establecido en el Capítulo 6 del Libro 3 del RCF. b) El tren recibe la parada sin distancia de frenado suficiente. – Aparece «Velocidad meta» = 000. – El sistema aplica el frenado de emergencia. – Se iluminan los indicadores E permanente y P intermitente por el vaciado de la TFA. – El indicador OE luce intermitente indicando la aproximación a una parada por «Emergencia en vía contraria». – Se ilumina V intermitente con la bocina, indicando velocidad superior a la de supervisión. Después de rebasar el punto de parada: – Se iluminan los indicadores OE y C/I permanente. – Desaparecen las Magnitudes Guía de Conducción. El Maquinista debe ponerse en comunicación con el Responsable de Circulación indicando la incidencia y el punto de detención. Cuando las circunstancias lo permitan, el Responsable de Circulación autorizará la reanudación de la marcha u ordenará el retroceso del tren según lo establecido en el Capítulo 6 del Libro 3 del RCF. ANEXO II Criterios para la implantación del RCF en los SGS de las entidades ferroviarias [indice]Índice CRITERIOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL RCF EN LOS SGS DE LAS ENTIDADES FERROVIARIAS. Capítulo 1. Criterios para la implantación del RCF en los Sistemas de Gestión de la Seguridad relacionados con el contenido del Libro 1 Generalidades. Crit SGS1.1. Criterios para la implantación del RCF en los SGS relacionados con la estructura de responsabilidades y obligaciones de AI y EF. Crit SGS1.2. Criterios para la implantación del RCF en los SGS relacionados con la transmisión del servicio. Crit SGS1.3. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la clasificación de los documentos reglamentarios. Crit SGS1.4. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la documentación competencia de los AI. Crit SGS1.5. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la documentación competencia de las EF. Crit SGS1.6. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la distribución de documentos. Crit SGS1.7. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a los útiles de servicio. Crit SGS1.8. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la gestión de estaciones de servicio intermitente. Crit SGS1.9. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la comunicación de tren dispuesto para circular. Crit SGS1.10. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la masa, longitud, velocidad máxima y porcentaje de frenado de los trenes. Crit SGS1.11. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a las pruebas de frenado. Crit SGS1.12. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación al transporte de mercancías peligroosas. Crit SGS1.13. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a los transportes excepcionales. Crit SGS1.14. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la identificación de los trenes. Capítulo 2. Criterios para la implantación del RCF en los SGS relacionados con el contenido del Libro 3 Circulación. Crit SGS3.1. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la gestión de la circulación. Crit SGS3.2. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a las paradas de los trenes. Crit SGS3.3. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a las obligaciones del personal. Crit SGS3.4. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la protección de trabajos compatibles con la circulación de trenes.[fin indice] [encabezado]CAPÍTULO 1 Criterios para la implantación del RCF en los Sistemas de Gestión de la Seguridad relacionados con el contenido del Libro 1 Generalidades. Crit SGS1.1. Criterios para la implantación del RCF en los SGS relacionados con la estructura de responsabilidades y obligaciones de AI y EF. Serán objeto de los respectivos SGS, la elaboración de reglas internas y el desarrollo de procedimientos que garanticen que el personal ferroviario vinculado a la seguridad en la circulación, asegura: – El cumplimiento de las normas de circulación y la correcta aplicación de los procedimientos. – El adecuado uso de los medios y elementos de registro relacionados con la circulación. – La realización de las operaciones de seguridad que cada uno tenga encomendadas, sin delegarlas en personal que no esté adecuadamente habilitado y autorizado. – La adopción de las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad en la circulación si recibiera una orden que comprometiese la seguridad, haciéndoselo saber a quién la impartiera. La adopción de las medidas más adecuadas a su alcance si percibiera la existencia de un peligro para la circulación, con objeto de evitar o reducir sus consecuencias, tales como: Presentar la señal de parada a todo tren o maniobra que pueda llegar. Avisar con carácter inmediato al Responsable de Circulación. – La supervisión y vigilancia de las actuaciones relacionadas con la seguridad en la circulación por parte del personal responsable de cada actividad. – La asunción de responsabilidades garantizando la seguridad, por parte de los Responsables de Circulación de las estaciones, de las atribuciones del Responsable de Circulación de un CTC o Banda de Regulación, cuando aquellos no puedan comunicar con este. – La consulta, a los responsables de cada actividad, de las dudas de aplicación de las normas entre el personal operativo, garantizando si fuera necesario, la adopción de medidas urgentes conducentes a garantizar la seguridad. – La resolución urgente de casos no expresamente contemplados en las normas, adjudicando al PM la resolución, adoptando medidas similares a las determinadas para casos expresamente regulados. – La adecuada gestión, registro y actualización de los ciclos formativos de su personal habilitado. – La adecuada gestión, registro y actualización de las «Guías de Prácticas y Alcance» de su personal habilitado en relación a instalaciones y dependencias que pueden operar en cada caso. – La adecuada gestión, registro y actualización de los certificados de infraestructura por los que cada titular de una licencia puede conducir, así como el material rodante que tiene permitido utilizar en cada caso. Crit SGS1.2. Criterios para la implantación del RCF en los SGS relacionados con la transmisión del servicio. Serán objeto de los respectivos SGS, la elaboración de reglas internas y el desarrollo de procedimientos que garanticen la forma y el flujo de información necesario en la transmisión del servicio: – Entre Responsables de Circulación. – Entre Maquinistas, en relevos al paso de un tren. – Entre Encargados de Trabajos a cargo de una EVB. Crit SGS1.3. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la clasificación de los documentos reglamentarios. Serán objeto de los respectivos SGS la definición de unos criterios de redacción de los documentos reglamentarios, definiendo al menos: – Vocabulario, idioma y terminología a utilizar, acordes con lo dispuesto al efecto en la ETI OPE. – Identificación del tipo de documento. – Objeto de cada documento. – Ámbito de aplicación. – Vigencia. – Documentos conexos. – Documentos que anula. – Anexos, si los tiene. Crit SGS1.4. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la documentación competencia de los AI. Será objeto de entrega por parte de los AI a las EF para la elaboración de los Libros de Itinerarios y Normas del Maquinista, preferentemente en soporte digital y en un formato que facilite la gestión y tratamiento de los datos, para cada línea o tramo, al menos: – La información definida en el Apéndice D de la ETI OPE. – La documentación reglamentaria de su responsabilidad. – Cualquier otra información o singularidad que pueda ser relevante para la conducción segura y eficiente de los trenes. Será objeto del SGS establecer los procedimientos que garanticen la forma de transmisión de la información, las formas de actualización, los periodos máximos de actualizaciones periódicas, y el formato de distribución. Crit SGS1.5. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la documentación competencia de las EF. Será objeto de los SGS de las EF la definición de procedimiento a seguir para el tratamiento de la información recibida de los AI para la elaboración y distribución a sus Maquinistas de los documentos: – Libro de itinerarios del Maquinista. – Libro de normas del Maquinista Este procedimiento deberá contener además, las formas de actualización de los documentos, los periodos máximos de actualizaciones periódicas, y el formato de distribución. Crit SGS1.6. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la distribución de documentos. Será objeto de los respectivos SGS de los AI y de las EF, con independencia de la distribución de sus documentos a su personal afectado: – Definir los documentos que deben ser objeto de distribución a puestos de trabajo (gabinetes de circulación, cabinas de conducción, etc….). – Los procedimientos de toma de conocimiento de los documentos de entrega personal, acuse de recibo, etc….. – Los procedimientos de toma de conocimiento de los documentos de entrega personal. – Los procedimientos de actualización de la documentación vigente. Crit SGS1.7. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a los útiles de servicio. Será objeto de los respectivos SGS de los AI y de las EF, la definición concreta de los útiles de servicio para garantizar su uso de la forma más eficaz en caso necesario. Se especificará cuando menos: – Qué útiles de servicio estarán vinculados a cada puesto de trabajo, y cuáles formarán parte de la dotación personal de cada trabajador, de forma que estén cubiertas la totalidad de situaciones de uso potencial: Útiles de cortocircuitado cuando se necesite proteger un punto en el que la detección de tren se realice mediante circuitos de vía. Señales portátiles de parada (tanto habiendo luz natural como en su ausencia) cuando se necesite proteger un punto en el que la detección de tren no se realice mediante circuitos de vía. – Procedimiento de distribución de los mismos. – Procedimiento de comprobación de la disponibilidad de los mismos en las tomas de servicio. – Procedimiento para garantizar el mantenimiento de los mismos, su reposición, y las pautas de actuación en los casos de falta de alguno de ellos, por parte de cada uno de los actores que intervengan en el proceso. Crit SGS1.8. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la gestión de estaciones de servicio intermitente. Será objeto de los SGS de los AI el establecimiento de reglas internas y de los procedimientos que definan: – Las prescripciones que deben cumplirse para realizar la apertura de una estación AC. – La operativa y comunicaciones a realizar para la apertura de una estación AC. – Las prescripciones que deben cumplirse para realizar el cierre de una estación AC. – La operativa y comunicaciones a realizar para el cierre de una estación AC. – Las prescripciones que deben cumplirse para realizar la apertura de una estación NC. – La operativa y comunicaciones a realizar para la apertura de una estación NC. – Las prescripciones que deben cumplirse para realizar el cierre de una estación NC. – La operativa y comunicaciones a realizar para el cierre de una estación NC. Crit SGS1.9. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la comunicación de tren dispuesto para circular. Será objeto de los SGS de las EF (y de los AI cuando pongan en circulación trenes para la realización de su actividad) el establecimiento de los procedimientos que garanticen que: – La comunicación de la EF al AI de «Tren dispuesto para circular» se realiza de forma efectiva y eficiente, y que esa comunicación consta de toda la información relevante relacionada con el tren. – El tren ha sido formado con vehículos cuya velocidad máxima sea compatible con las características del surco otorgado. – El tren ha sido formado con vehículos cuyas cargas máximas sean compatibles con las admitidas por las líneas que el tren vaya a recorrer. – La carga y/o descarga de los vehículos que componen el tren se haya realizado por un cargador habilitado, de acuerdo con la normativa vigente, y en consecuencia, tras estas operaciones han quedado aptos para circular. – El gálibo de los vehículos que forman el tren sea compatible con el de las líneas por las que vaya a circular (sin limitación de ningún tipo, o afectado por algún tipo de restricción cuando proceda). Crit SGS1.10. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la masa, longitud, velocidad máxima y porcentaje de frenado de los trenes Será objeto de los SGS de las EF (y de los AI cuando pongan en circulación trenes para la realización de su actividad) el establecimiento de los procedimientos que garanticen que: – Que el tren tenga un porcentaje de frenado suficiente para el itinerario a recorrer, en función de sus características y régimen de frenado. – Que el tren se ajuste a las características de longitud, masa remolcada y tracción correspondientes al surco otorgado. Crit SGS1.11. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a las pruebas de frenado. Será objeto de los SGS de las EF (y de los AI cuando pongan en circulación trenes para la realización de su actividad) el establecimiento de los procedimientos para: – Asegurar que en las composiciones a expedir: Los semiacoplamientos están acoplados y el del vehículo de cola está alojado en su soporte. Las palancas del cambiador de potencia están en posición V o C que corresponda según su masa cargada. Las palancas del cambiador de régimen están en la posición que corresponda según la longitud del tren y masa remolcada. Las llaves de aislamiento están en posición «conectado», salvo que el freno del vehículo se encuentre averiado o esté prescrita su desconexión. Los frenos de estacionamiento estén aflojados. Se hayan realizado las pruebas y/o comprobaciones de freno correspondientes. – La definición y el uso de los recursos a utilizar para el desarrollo de los diferentes tipos de pruebas de frenado. – Definir la actuación en caso de que se detecten anormalidades en el desarrollo de la prueba de freno. Crit SGS1.12. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación al transporte de mercancías peligrosas. Será objeto de los SGS de las EF (y de los AI cuando pongan en circulación trenes para la realización de su actividad) el establecimiento de los procedimientos oportunos que garanticen: – La adecuada gestión de la documentación inherente al transporte de mercancías peligrosas. – La realización de las operaciones y comprobaciones previas al transporte que la normativa vigente establece. – La correcta señalización y/o etiquetado de los vehículos/contenedores con materias peligrosas. – La preceptiva información al AI de los vehículos que transportan mercancías peligrosas. Crit SGS1.13. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a los transportes excepcionales. Será objeto de los respectivos SGS de las EF y de los AI el establecimiento de los procedimientos oportunos que garanticen: – Por parte de las EF y los AI, las comunicaciones previas y el flujo de información necesario para la obtención de la autorización del AI para materializar el transporte excepcional. – Por parte de los AI, el establecimiento de las condiciones para que la circulación del transporte excepcional se realice de forma segura y, en lo posible, sin afección a terceros. – Por parte de las EF, el cumplimiento de las condiciones de transporte y prescripciones de circulación impuestas en la autorización del AI. Crit SGS1.14. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la identificación de los trenes. Será objeto de los SGS de los AI el establecimiento de las reglas internas que garanticen la identificación de los trenes conforme a lo dispuesto en la ETI OPE y en la ETI CMS. CAPÍTULO 2 Criterios para la implantación del RCF en los SGS relacionados con el contenido del Libro 3 Circulación Crit SGS3.1. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la gestión de la circulación. Serán objeto de los SGS de los AI, la elaboración de reglas internas y el desarrollo de procedimientos que garanticen que los Responsables de Circulación aseguran: – En líneas sin CTC: Asegurar la comunicación verbal entre el Responsable de Circulación de una estación y el de su colateral, en el sentido de la marcha del tren, para transmitir la hora exacta de la salida o paso de cada tren. En líneas con BAB, BLAB y vías múltiples, deben atener además, a las instrucciones del Responsable de Circulación de la Banda de Regulación del PM en lo referente a la vía por la que han de expedir los trenes. – Asimismo, los SGS garantizarán que se cursará la comunicación del apartado anterior entre: Responsables de Circulación de dos estaciones colaterales en MC (cada una telemandada desde un CTC o estación diferente). Responsables de Circulación de dos estaciones colaterales, una en ML y otra en MC (telemandada desde un CTC o desde otra estación). Responsables de Circulación de estaciones colaterales en ML. Crit SGS3.2. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a las paradas de los trenes. Serán objeto de los SGS de las EF, la elaboración de reglas internas y el desarrollo de procedimientos que garanticen la forma de proceder de su personal en relación a las paradas comerciales de los trenes, tanto fijas, como facultativas, asegurando: – Personal que interviene en este tipo de operaciones y equipamiento con el que deben contar. – Responsabilidades de cada participante en el procedimiento. – Formas y medios de comunicación entre los participantes en el procedimiento. – Modos de proceder en casos de anormalidad en el funcionamiento del sistema (averías en sistemas de cierre de puertas, en sistemas de comunicación, etc….). Crit SGS3.3. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a las obligaciones del personal. Serán objeto de los SGS respectivos, la elaboración de reglas internas y el desarrollo de procedimientos que faciliten el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del personal ferroviario en el desarrollo de sus funciones amparadas por su título habilitante para garantizar la seguridad conforme a las que sus respectivas habilitaciones les otorguen. De forma concreta, para los Responsables de Circulación, las citadas reglas y procedimientos definirán la forma de proceder para garantizar la seguridad en relación a: – La entrada, salida y paso de trenes por las estaciones. Mantener libre el itinerario que se establezca para la circulación de un tren. Garantizar la inmovilización de agujas y protección de P/N. Garantizar la correcta manipulación, en momento oportuno de las agujas y señales a su cargo. Garantizar el uso correcto de sistemas de formación automática de itinerarios y/o apertura automática de señales. Garantizar la realización de maniobras solo cuando sean compatibles con la circulación de los trenes programados. Garantizar el estacionamiento seguro de trenes (especialmente cuando sea necesario realizarlo en vías ocupadas). Como asegurar la parada de un tren en los casos necesarios. Presenciar la entrada, paso y salida de los trenes para verificar que circulan completos y sin anormalidad. – La verificación de llegada de tren completo a una estación, en situaciones de funcionamiento normal del sistema (mediante el uso de la información que el sistema le proporciona), y en situaciones de anormalidad (mediante la comprobación de otro personal y su oportuna comunicación). – La comprobación del cumplimiento de las órdenes e instrucciones que dé al personal a su cargo para la manipulación agujas, barreras, etc… – La dirección de las maniobras. – El cumplimento de las Consignas específicas que puedan afectar a las instalaciones a su cargo. Para los Auxiliares de Circulación, las reglas y procedimientos contenidos en los SGS definirán la forma de proceder para garantizar la seguridad en relación a: – Cumplir con su responsabilidad de asegurar la posición de una aguja, el cierre de una barrera o la realización de una operación o comprobación relativa al itinerario de un tren. – La presencia de la entrada, salida y paso de los trenes para verificar que circulan completos y sin anormalidad. – La forma de realizar las maniobras, enganches, desenganches, etc. Para los Maquinistas, las reglas y procedimientos contenidos en los SGS definirán la forma de proceder para garantizar la seguridad en relación a: – En movimientos de entrada o salida de estaciones: Concentrar su atención en las señales fijas y portátiles que se le puedan presentar. Forma de proceder cuando detecte encaminamientos no previstos. No exceder las velocidades máximas autorizadas. Garantizar el estacionamiento de los trenes en los puntos definidos para ello. Forma de proceder ante rebases de la señales, con o sin talonamiento de agujas. – Durante la marcha: Concentrar su atención en las señales fijas y portátiles que se le puedan presentar. Forma de proceder cuando detecte alguna anormalidad (resistencia imprevista al avance, indicios de peligro o interceptación, falta de tensión en catenaria, posibles roturas de carril, fenómenos meteorológicos adversos, etc…). – Las pautas de actuación en los casos en los que deba abandonar temporalmente la cabina de conducción. Para los Auxiliares de Operaciones de Tren, las reglas y procedimientos contenidos en los SGS definirán la forma de proceder para garantizar la seguridad en relación a: – La forma de ejecución de los diversos tipos de pruebas de freno. – La forma de ejecución de enganches, desenganches, colocación y retirada de señales de cola. – La forma de realizar maniobras cuando esta actividad esté contemplada en su habilitación. Para los Operadores de Maquinaria de Vía, las reglas y procedimientos contenidos en los SGS definirán la forma de proceder para garantizar la seguridad en relación al cumplimiento de todas las obligaciones correspondientes al Maquinista dentro de las actividades amparadas por su título habilitante. Para los Encargados de Trabajos, las reglas y procedimientos contenidos en los SGS definirán la forma de proceder para garantizar la seguridad en relación a: – Determinar los movimientos de trenes de trabajos en trayectos donde se aplique una EVB. – Garantizar la no interferencia con el gálibo de la vía de materiales descargados. – Garantizar que una vez finalizados los trabajos, y antes de devolver el trayecto de vía bloqueado, esta queda libre de vehículos y obstáculos, apta para la circulación. Para los Pilotos de Seguridad, las reglas y procedimientos contenidos en los SGS definirán la forma de proceder para garantizar la seguridad en relación a cómo desarrollar sus funciones de vigilancia y protección. Para los Operadores de Maquinaria de Infraestructura, las reglas y procedimientos contenidos en los SGS definirán la forma de proceder para garantizar la seguridad en relación al cumplimiento de todas las obligaciones correspondientes al Maquinista dentro de las actividades amparadas por su título habilitante. Crit SGS3.4. Criterios para la implantación del RCF en los SGS en relación a la protección de trabajos compatibles con la circulación de trenes. Serán objeto de los SGS de los AI, la elaboración de reglas internas y el desarrollo de procedimientos que garanticen la protección de los trabajos durante su ejecución, y la circulación de trenes de forma simultánea y segura, para los trabajos que se desarrollen en las denominadas «Zona de peligro para los trabajos», «Zona de peligro eléctrico», «Zona de riesgo para los trabajos» y en la «Zona de seguridad para los trabajos», especificando: – Criterios para realizar el análisis de riesgos. – Evaluación de los riesgos teniendo en cuenta las condiciones específicas de contorno (tipos de herramientas o maquinaria a utilizar, nivel de ruido que genera la ejecución de los trabajos, densidad de circulación ferroviaria, velocidad de circulación de los trenes, etc…). – Clasificación de los trabajos y medidas de protección a tomar para eliminar o reducir los riesgos hasta el nivel mínimo aceptable. – Definición de recursos y medidas de protección a implementar en cada caso. – Procedimiento de autorización de la ejecución de los trabajos.

Reglamento de Circulación Ferroviaria.

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en su disposición adicional undécima, modifica la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario, añadiéndole una disposición adicional decimocuarta, en la que se dispone que corresponde al Consejo de Ministros mediante real decreto, a propuesta del Ministro de Fomento, aprobar el Reglamento de Circulación Ferroviaria. La disposición transitoria primera del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Sector Ferroviario establece un régimen provisional aplicable en materia de seguridad en tanto no se aprueben las normas de desarrollo de la Ley del Sector Ferroviario en materia de seguridad. El objeto principal del Reglamento de Circulación Ferroviaria, que se aprueba en este real decreto, es disponer de una normativa única que permita una circulación ferroviaria segura sobre la Red Ferroviaria de Interés General. El Reglamento adapta la regulación al desarrollo que han tenido el sector ferroviario y la tecnología en los últimos años e incorpora la normativa europea reciente. El Reglamento incorpora al derecho interno la regulación sobre seguridad en la circulación recogida en la Decisión de la Comisión 2012/757/UE, de 14 de noviembre, sobre la especificación técnica de interoperabilidad relativa al subsistema «explotación y gestión de tráfico» del sistema ferroviario de la Unión Europea, en su versión modificada por la Decisión de la Comisión 2013/710/UE, de 2 de diciembre de 2013. El Reglamento da cumplimiento a lo establecido en el apartado primero de la disposición transitoria primera del Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, dejando de ser aplicables a partir de su entrada en vigor el Reglamento General de Circulación de Renfe, las Normas Específicas de Circulación (NEC) aplicables a la línea Madrid-Sevilla y las prescripciones técnicas y operativas de Circulación y Seguridad correspondientes al tramo Madrid-Zaragoza-Lleida de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Figueras,Versión 2, así como el Reglamento de Circulación de Trenes de FEVE. El real decreto incluye también un anexo informativo en el que se recogen criterios para la elaboración de los Sistemas de Gestión de Seguridad, cuyo objeto es facilitar a los administradores de infraestructura ferroviaria y a las empresas ferroviarias existentes o futuras, unos criterios complementarios conformes con la seguridad. Durante la tramitación del Reglamento se ha dado audiencia a los administradores de infraestructuras ferroviarias, empresas ferroviarias, centros de formación y sindicatos con implantación en el sector, conforme lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 60 de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre del Sector Ferroviario. Igualmente, y dando cumplimiento a la disposición final primera de la Ley 39/2003, de 17 noviembre, del Sector Ferroviario, se ha sometido a informe del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, así como de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Al tratarse de una norma de seguridad, el Reglamento ha sido notificado a la Comisión Europea para su examen, en cumplimiento del artículo 8 de la Directiva 2004/49/CE. En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de julio de 2015, DISPONGO: Artículo primero. Aprobación del Reglamento de Circulación Ferroviaria. Se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria, cuyo texto se incluye en el anexo I de este real decreto. Artículo segundo. Criterios para implantación del Reglamento de Circulación Ferroviaria en los sistemas de gestión de la seguridad de las entidades ferroviarias. Los administradores de infraestructuras ferroviarias y las empresas ferroviarias incluirán en sus sistemas de gestión de seguridad los procedimientos para la implantación del Reglamento de Circulación Ferroviaria. En el anexo II de este real decreto se incluyen criterios de buena práctica, de aplicación potestativa, cuyo objeto es servir de orientación a los administradores de infraestructuras ferroviarias y a las empresas ferroviarias para la implantación del Reglamento en sus sistemas de gestión de la seguridad. Disposición adicional primera. Formación. Por resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, se determinará la carga lectiva mínima de los cursos de formación necesarios para la actualización de conocimientos correspondientes al nuevo marco reglamentario de los titulados habilitados conforme a la Orden FOM/2872/2010, de 5 de noviembre, por la que se determinan las condiciones para la obtención de los títulos habilitantes que permiten el ejercicio de las funciones del personal ferroviario relacionadas con la seguridad en la circulación, así como el régimen de los centros homologados de formación y de los reconocimiento médico de dicho personal, en la fecha de entrada en vigor del real decreto. Disposición adicional segunda. Excepciones al marco reglamentario en relación a las señales de los trenes. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, a propuesta debidamente justificada del titular de un vehículo, podrá eximir de la adaptación de las luces frontales de cabeza y cola previstas en el nuevo reglamento a los vehículos históricos o a aquellos cuyas características técnicas no permitan o hagan muy difícil la ubicación o el anclaje de los focos en la nueva posición o cuya geometría impida una adecuada proyección del haz luminoso. Disposición transitoria única. Adaptación al nuevo marco reglamentario. 1. En el plazo de diez meses desde la entrada en vigor de este real decreto, los administradores de infraestructura y las empresas ferroviarias habrán de tener adaptada toda su documentación reglamentaria y sus sistemas de gestión de la seguridad al contenido de este Reglamento y a la normativa europea de aplicación. ### RESUMEN: Reglamento de Circulación Ferroviaria.

ECLI:ES:TC:2017:131 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 3538-2016, promovido por don Javier María García López y doña Carmen Allué Camacho, quienes actúan representados por la Procuradora de los Tribunales doña María Lydia Leiva Cavero y bajo la dirección del Letrado don Juan Manuel García-Gallardo Gil-Fournier, contra las siguientes resoluciones: i) providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Valladolid), de fecha 9 de mayo de 2016, en cuya virtud se inadmite el incidente de nulidad deducido contra la Sentencia que a continuación se cita; ii) Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia antes indicado, de fecha 23 de febrero del 2016, dictada en el recurso de apelación núm. 541-2015; iii) Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid, de 11 de junio de 2015, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 69-2014 (procedimiento abreviado). Han comparecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada por doña María Luisa Vidueira Pérez, Letrada adscrita al Servicio Jurídico de la Junta de Castilla y León, y don Santiago Gil Díaz, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Sorribes Calle y asistido por el Letrado don Francisco González García. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. En fecha 20 de junio de 2016 la Procuradora de los Tribunales doña María Lydia Leiva Cavero, en nombre y representación de don Javier María García López y doña Carmen Allué Camacho y bajo la dirección del Letrado don Juan Manuel García-Gallardo Gil-Fournier, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia. 2. El presente recurso trae causa de los siguientes antecedentes: a) Por Orden FYM/473/2013, de 11 de junio, («BOCYL» de 21 de junio de 2013), don Javier María García López fue nombrado, mediante el procedimiento de libre designación, jefe del servicio territorial de medio ambiente de Burgos, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. b) Don Santiago Gil Díaz, quien también participó en el referido proceso de selección, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el nombramiento indicado, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid, en el procedimiento abreviado núm. 69-2014. En síntesis, aquél basó su impugnación en la falta de motivación necesaria para justificar el mérito y capacidad del designado y, a su vez, al estimar que este último es incompatible con el cargo, pues pasaría a ser superior jerárquico de su cónyuge, doña Carmen Allué Camacho, quien desempeña el puesto de jefa de la sección territorial de ordenación y mejora 2. c) Don Javier María García López no se personó como demandado en el procedimiento, si bien fue emplazado a tal fin, en fecha 6 de mayo de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). No consta que fuera emplazada doña Carmen Allué Camacho. d) En fecha 11 de junio de 2015 recayó Sentencia parcialmente estimatoria del recurso interpuesto. Resumidamente, el juzgador aprecia que la resolución que acordó el nombramiento del demandante no justifica por qué su perfil profesional es más adecuado o idóneo para el puesto que el del resto de contendientes. Sin embargo, el órgano judicial rechaza la concurrencia de causa de incompatibilidad por razón de matrimonio alegada en la demanda, habida cuenta de que tal circunstancia no está prevista por la normativa de aplicación al caso, esto es, el Decreto 227/1997, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. También afirma que no cabe, a fin de apreciar la incompatibilidad interesada, efectuar una interpretación extensiva o analógica de normas relativas a otros cuerpos funcionariales, dado que la normativa sobre incompatibilidades está sujeta a una interpretación restrictiva. En el fallo de la Sentencia se acuerda, tras la aclaración realizada por Auto de fecha 7 de julio de 2015, lo siguiente: «la nulidad de los actos administrativos impugnados debiendo procederse a la celebración de un nuevo proceso selectivo de conformidad con lo previsto en su normativa reguladora y en el artículo 61 del Decreto 67/99, al que se remite la Orden FYM 318/2013, de 6 de mayo, para que, previo nombramiento de otra comisión, se proceda a la adjudicación del puesto de trabajo convocado de forma motivada tal y como se expone en los fundamentos jurídicos de esta sentencia, con desestimación de resto de pretensiones del actor». La referida Sentencia no fue notificada a los demandantes de amparo. e) Mediante escrito de fecha 24 de junio de 2015, don Santiago Gil Díaz interpuso recurso de apelación contra la Sentencia recaída en la instancia. En esencia, este último interesó la revocación de dicha resolución por no haber apreciado causa de incompatibilidad en la persona del nombrado, concretamente por ser cónyuge de quien ostenta el cargo de jefa de la sección territorial de ordenación y mejora 2. f) Por diligencia de ordenación de 7 de septiembre de 2015 se resolvió dar traslado del recurso a las partes personadas, por plazo común de quince días, para que pudieran formalizar escrito de oposición. Materialmente, el traslado a que se ha hecho mención solamente se confirió a la única parte personada, esto es a la Junta de Castilla y León, quien por escrito de fecha 28 de septiembre de 2015 interesó la íntegra desestimación del recurso de apelación. g) En fecha 23 de febrero de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) dictó Sentencia estimatoria del recurso de apelación, en cuya parte dispositiva se acuerda:«[q]ue debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número Dos de Valladolid, de fecha 11 de junio de 2015, revocando parcialmente dicha sentencia en cuanto no se estimó el motivo de impugnación atinente a la incompatibilidad del funcionario nombrado en el sistema de provisión por libre designación, anulando el acuerdo recurrido también por dicho motivo de impugnación con todos los efectos a ello inherentes, todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes en ambas instancias». El órgano ad quem reconoce, en el fundamento jurídico 2 de la Sentencia, que ninguna norma concreta prevé la incompatibilidad para el caso enjuiciado, a diferencia de otros supuestos tales como la incompatibilidad por razón de matrimonio que, para jueces y magistrados, contempla la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ). No obstante, afirma que la falta de previsión expresa para el supuesto enjuiciado no impide que, en aplicación de los criterios generales definitorios de la incompatibilidad, pueda apreciarse esa circunstancia. Funda ese aserto en el deber de garantizar la imparcialidad en la actuación funcionarial, deber que aparece recogido en el artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas, en los artículos 52 y 53 de del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, y en la Orden ADM/62/2010, de 19 de febrero, por la que se aprueba el código ético de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En el fundamento jurídico 3 se trae a colación la doctrina jurisprudencial relativa sobre incompatibilidad prevista para jueces y magistrados en el artículo 393 LOPJ, para después colegir que, en el presente caso, se da una situación análoga por el conflicto de intereses se suscita: «[a] tenor de las precedentes premisas lo que se ha de analizar es si el nombramiento de un funcionario, cualquiera que sea el sistema de provisión, para un puesto de Jefe de Servicio, en el cual como dependiente del mismo se encuentra una jefatura de Sección de la que es titular su esposa, entraña o puede entrañar en un sentido objetivo un conflicto de intereses entre los públicos, cuya gestión le está encomendada al funcionario, y los de carácter privado, que pudieran comprometer la imparcialidad y la independencia de su actuación. Como jurisprudencia sobre esta cuestión hemos de traer a colación la sentencia del Tribunal supremo de 29 de junio de 2012, recurso 60/2010, la cual expresa al respecto lo siguiente: ‘‘la finalidad de la incompatibilidad contenida en el artículo 393 de la LOPJ no es salvaguardar la imparcialidad del Juez en procesos concretos, ya que el mecanismo legalmente previsto para lograr ese objetivo es la institución de la abstención /recusación. La principal finalidad de dicha incompatibilidad es otra: asegurar la imagen externa de imparcialidad que todo Juez ha de ofrecer a la ciudadanía para que no quiebre la confianza social en la Administración de Justicia que, como reiteradamente ha declarado este Tribunal Supremo en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, constituye un elemento esencial del modelo de Estado de Derecho y debe añadirse, en esta línea, que lo pretendido con esa incompatibilidad es evitar la apariencia de la implicación del Juez en conflictos de intereses’’. Con las necesarias matizaciones por razón de la diferencia de supuestos contemplados, en cuanto que la sentencia citada se refiere a un supuesto de incompatibilidad de jueces y magistrados frente al estatuto propio de los funcionarios, se ha de entender que nos encontramos ante una situación análoga, de forma tal que con independencia de los concretos conflictos que pudieran solventarse a través de la abstención, lo que se ha de constatar es si el desempeño del puesto analizado de Jefe de Servicio puede comprometer la imagen externa de imparcialidad de una forma objetiva…». Finalmente, el Tribunal de apelación aprecia la concurrencia de incompatibilidad conforme al razonamiento que expone en el fundamento jurídico 4 de la Sentencia ya citada:«[a]plicando las precedentes consideraciones al caso analizado se ha de llegar a la conclusión, pese al carácter restrictivo de la interpretación de las situaciones de incompatibilidad –como se encarga de recordar la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2015, recurso 826/14–, de que existe dicha incompatibilidad para el desempeño del puesto analizado, en tanto que la cónyuge del funcionario nombrado ostente una jefatura de Sección en el mismo Servicio, y ello porque la actuación del funcionario que asume la función de jefatura va a entrañar una función de fiscalización permanente sobre determinadas actuaciones de la funcionaria jefe de sección, que es la esposa del mismo, que objetivamente genera un conflicto de intereses, real o potencial, que se ha de salvaguardar incompatibilizando para el desempeño del puesto, como requisito para asegurar un desempeño objetivo e imparcial de la función pública, evitando una imagen de desconfianza en la actuación, todo lo cual es una garantía de un servicio fiel al interés público. Así, efectivamente, se ha de entender que de toda la prueba practicada en el procedimiento de instancia a propuesta del demandante se desprende que existen actuaciones múltiples en que el funcionario nombrado como superior jerárquico debe fiscalizar la actuación de los jefes de sección, ya que estos asumen una posición de carácter jerárquico inmediatamente inferior a la de aquellos, lo que conlleva a que dicha fiscalización sea próxima e incluso de alguna forma asidua. Así se desprende de dicha prueba practicada, al existir firmas conjuntas de actas, visados de informes, otorgamiento del visto bueno de certificaciones de obras, aprobación de proyectos formulados por el jefe de sección, propuestas de vacaciones, etc. Existe, por lo tanto, una relación permanente en la que el superior jerárquico dirige y fiscaliza la actuación de sus inmediatos inferiores, como es propio de una Administración jerarquizada, de forma tal que el conflicto de intereses que puede generarse no solo es genéricamente posible, sino que está claramente contrastado, en forma tal que este conflicto puede afectar a la imparcialidad del funcionario y, dada su continuidad, no puede superarse a través del instituto de la abstención previsto en el artículo 28 de la Ley 30/1992». h) Mediante escrito de fecha 1 de abril de 2016, los demandantes de amparo solicitaron que se les tuviera por comparecidos y personados, en calidad de demandados, en el procedimiento judicial y, a su vez, anunciaron su intención de promover incidente de nulidad de actuaciones. En fecha 4 de abril de 2016 presentaron escrito de interposición del referido incidente, en el cual, tras referir que tuvieron conocimiento de la Sentencia que puso fin al recurso de apelación a través de la Junta de Castilla y León, denuncian la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) por la falta de emplazamiento de doña Carmen Allué Camacho, pese a ostentar interés legítimo para comparecer en el procedimiento; y por no haber notificado la Sentencia recaída en la instancia a ambos postulantes, ni tampoco el recurso de apelación interpuesto por la contraparte, lo que impidió que pudieran haber recurrido en apelación la Sentencia dictada en primera instancia y, a su vez, formular escrito de oposición frente al recurso de apelación. También denuncian la vulneración del indicado derecho fundamental, por la arbitraria, ilógica y absurda valoración probatoria que la aludida Sentencia lleva a cabo y, finalmente, alegan la conculcación del derecho a la igualdad y no discriminación reconocido en los artículos 14 y 23.2, en relación con el artículo 24.1 y 2 CE, al apreciar una causa de incompatibilidad que carece de cobertura legal. i) Mediante providencia de fecha 9 de mayo de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) resolvió tener por personados a los demandantes de amparo, en calidad de apelados, así como inadmitir el incidente de nulidad por ellos interpuesto. Sintéticamente, el órgano judicial consideró que los promotores del incidente tuvieron conocimiento del recurso contencioso-administrativo interpuesto de contrario y, pese a ello, optaron por no comparecer en sede judicial. Respecto del demandante, esa aserción se funda en el dato de que fue efectivamente emplazado por la Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.1 LJCA; y respecto de la recurrente, el órgano judicial infiere que era conocedora de esa circunstancia, dado el vínculo matrimonial que mantiene con el nombrado para el cargo, por ser compañera de trabajo del actor en el proceso judicial y por desempeñar su actividad funcionarial, como jefa de una sección perteneciente al Servicio Territorial, en un ámbito funcionarial de reducidas dimensiones. Por todo ello, el Tribunal considera que no existió obligación legal de notificarles la Sentencia recaída en la instancia ni darles traslado del recurso de apelación interpuesto de contrario. También rechaza que se les haya generado indefensión, pues las consecuencias adversas que los promotores denuncian derivan de su propia conducta procesal. 3. En la demanda de amparo los recurrentes invocan, en primer lugar, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), ya que a don Javier María García López no le fue notificada la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid, ni tampoco se le dio traslado del recurso de apelación interpuesto por don Santiago Gil Díaz. Según se indica en la demanda, el primero de los citados tenía la condición de parte demandada en procedimiento judicial; y ello aunque inicialmente no se personara en el mismo tras ser emplazado. Por tanto, la Sentencia a que se ha hecho mención debió serle notificada, conforme a lo dispuesto en el artículo 270 LOPJ, sin que quepa oponer la dispensa de notificaciones que el artículo 50.3 LJCA establece respecto del demandado no personado tras ser emplazado para ello. Para los demandantes, el precepto último citado solamente concierne a las resoluciones de impulso procesal, pero no a las que se pronuncian sobre cuestiones de fondo. También señalan que la falta de notificación de la Sentencia les impidió interponer recurso contra una resolución que les fue perjudicial, en tanto que anuló el nombramiento del demandante, y que la falta de traslado del recurso apelación entablado de contrario les imposibilitó formular oposición contra el mismo. Sendas circunstancias evidencian la indefensión que les fue ocasionada, sin que ésta sea imputable a su comportamiento procesal. En segundo término alegan la conculcación del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de matrimonio en el acceso a las funciones públicas (arts. 14 y 23.2 CE). Básicamente, los demandantes sostienen que el hecho de construir, en el ámbito de la función pública, una causa de incompatibilidad por razón de matrimonio sin soporte legal infringe los derechos fundamentales indicados, pues no es dable crear tal causa impeditiva al margen de la normativa legal de aplicación al caso. En apoyo de ese aserto señala que el derecho garantizado en el artículo 23.2 CE debe ser interpretado de la manera más favorable a facilitar su ejercicio, lo que supone que la aplicación de incompatibilidades derivadas de vínculos familiares debe efectuarse de manera restrictiva y, por ello, limitarse a supuestos en que concurran insalvables razones de interés público relacionados con el funcionamiento del servicio. También apunta que la vulneración a que se ha hecho mención aboca a los demandantes al alejamiento recíproco o, en su caso, a renunciar a sus respectivas promociones profesionales. Ello no se compadece con las previsiones establecidas en la normativa relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar, que favorece la reagrupación familiar (concretamente se citan el art. 52.4 del Decreto 67/1999, de 15 de abril, de Castilla y León, por el que se aprueba el Reglamento de provisión de puestos de trabajo, y el artículo 5.1 de la Ley 1/2007 de 7 de marzo, de medidas de apoyo a las familias de la Comunidad de Castilla y León). En tercer lugar se invoca la lesión del artículo 24.1 CE, por la ilógica, absurda y arbitraria valoración de la prueba llevada a cabo en la Sentencia que pone fin al recurso de apelación. Sustancialmente, la censura se circunscribe a la valoración de la prueba documental pues, a juicio de los demandantes, no existe relación jerárquica directa entre el jefe de servicio y la jefe de la sección territorial de ordenación y mejora 2 (cargo desempeñado por la demandante), toda vez que el superior inmediato y directo de esta última es el jefe de la unidad de ordenación y mejora. Así pues, de la prueba practicada no cabe deducir el conflicto permanente de intereses por razón de matrimonio, dado que el jefe del servicio no dirige ni fiscaliza directamente las funciones desempeñadas por aquella. En cuarto lugar se alega la vulneración del derecho reconocido el artículo 24.1 CE en relación con doña Carmen Allué Camacho. Sintéticamente, el fundamento de la lesión se residencia en la falta de emplazamiento que prevé el artículo 49.1 LJCA, lo que le privó de la posibilidad de comparecer en el procedimiento judicial. Según se indica, la demandante ostenta un interés legítimo para oponerse a las pretensiones del actor en el procedimiento judicial, pues la incompatibilidad apreciada por el Tribunal de apelación le afecta directamente, tanto en su condición de funcionaria del Servicio Territorial de Burgos de Medio Ambiente como por ser cónyuge de don Javier María García López; de ahí que la arriba citada debió ser considerada parte codemandada en el procedimiento judicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.1 b) LJCA; y en ese entendimiento, la falta de emplazamiento antes referida, la ausencia de notificación de la Sentencia recaída en la instancia y la falta de traslado del recurso de apelación interpuesto por el actor propiciaron la indefensión determinante de la vulneración denunciada. En último lugar también se alega la lesión del derecho de la demandante a la igualdad y no discriminación por razón de matrimonio en el acceso a funciones y cargos públicos (arts. 14 y 23.2 CE). En apoyo de este alegato se reproducen los argumentos ya referidos en relación con el demandante de amparo, al entender que la apreciación de la incompatibilidad sin soporte legal también perjudica el derecho a la promoción profesional y a la conciliación de la vida laboral y familiar de doña Carmen Allué Camacho. 4. Por providencia de fecha 14 de marzo de 2017, la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de amparo, apreciando la concurrencia en el mismo de especial trascendencia constitucional, porque el recurso puede dar ocasión al Tribunal para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna [STC 155/2009, FJ 2 b)]. Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) resolvió dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 545-2015 y a la pieza del incidente de nulidad de actuaciones núm. 2-2016. Finalmente, también dispuso dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid núm. 2, a fin de que, en el plazo anteriormente indicado, remita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento abreviado núm. 69-2014, debiendo previamente emplazar, por plazo de diez días, a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a los recurrentes en amparo, para que puedan comparecer si lo desean en el recurso de amparo. 5. Mediante escrito de 7 de abril de 2017, don Santiago Gil Díaz interesó que se le tuviera por personado en el presente recurso de amparo, bajo la representación de la Procuradora doña Rosa Sorribes Calle, y asistido por el Letrado don Francisco González García. 6. En fecha 12 de abril de 2017, la Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la representación y defensa que le es propia, interesó que se tuviera por personada y parte en el presente recurso. 7. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda de este Tribunal, de fecha 28 de abril de 2017, se acordó tener por personado y parte en el procedimiento a la Procuradora doña Rosa Sorribes Calle, en nombre y representación de don Santiago Gil Díaz, y a la Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la representación que ostenta Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 LOTC, se dispuso dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de 20 días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes. 8. En fecha 2 de junio de 2017 los demandantes de amparo presentaron su escrito de alegaciones, en el que ratificaron el contenido de su demanda. 9. Mediante escrito presentado el 2 de junio de 2017, la representación procesal de don Santiago Gil Díaz presentó sus alegaciones. En primer lugar formula unas consideraciones referidas al tenso ambiente que existe en el servicio territorial de Medio Ambiente de Burgos y la situación de acoso de que es objeto, lo que ha motivado que haya ejercitado acciones judiciales de reclamación de responsabilidad patrimonial. En relación con lo expuesto en la demanda de amparo, sostiene que el demandante fue perfecto conocedor de la impugnación judicial efectuada por quien alega, al ser emplazado por la Administración demandada. Así pues, si se hubiera personado desde el principio aquél habría podido desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, de suerte que la indefensión que alega es fruto de su desidia y actitud poco diligente. Por otro lado, apunta que el demandante llegó a personarse e interponer el incidente de nulidad de actuaciones cuando tuvo conocimiento de la Sentencia recaída al resolver el recurso de apelación. Ese dato resulta decisivo, pues a partir de la interposición del referido incidente la participación procesal del demandante de amparo fue plena, sin que se produjera indefensión de ningún tipo. Además, sostiene que la incompatibilidad por razón de matrimonio fue planteada en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo y que los demandantes de amparo tuvieron conocimiento extraprocesal del devenir del procedimiento judicial. No considera creíble que el demandante no comunicase a su cónyuge la impugnación judicial de su nombramiento, de manera que esta última, en tanto que conocedora de ese dato, deberá asumir las consecuencias de su pasividad. En suma, las denuncias de lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión deben descartarse, pues la falta de intervención de los demandantes en el proceso precedente sólo obedece su comportamiento negligente. También rechaza que se haya lesionado el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de matrimonio en el ámbito de la función pública a que se refiere el artículo 23.2 CE. En primer lugar afirma que no procede abordar esa cuestión en sede constitucional, ya que aún está pendiente resolver, en vía judicial, el recurso de apelación que el demandante interpuso contra el Auto recaído en ejecución de sentencia, el cual ratificó la situación de incompatibilidad por razón de matrimonio respecto del demandante. Desde la perspectiva de fondo niega que se haya lesionado el derecho reconocido en el artículo 23.2 CE, pues un funcionario público no puede ser superior jerárquico de su cónyuge; y ello, aunque no exista ley específicamente aplicable al caso que contemple esa circunstancia como causa de incompatibilidad. Descendiendo al caso, el alegante sostiene que, con motivo de la relación matrimonial entre el jefe de servicio y la jefe de sección, se originaría una situación de permanente conflicto de intereses, que afectaría tanto al ejercicio de la jefatura de personal como al desempeño de las funciones que técnicamente corresponden al primero de los citados, sin que dicho conflicto puede ser paliado mediante la figura de la abstención. Por ello, cualquiera que sea el prisma desde el que se analice la situación la incompatibilidad aflora inexorablemente, dada la frecuencia de las situaciones y actos en que la actividad profesional de uno y otro estaría condicionada mutuamente por la relación jerárquica, bien sea por la necesidad de actuación conjunta o por la potestad de autorización o concesión que el superior ostenta en relación con el subordinado. Así pues, aunque no exista una específica norma que contemple el vínculo matrimonial como causa de incompatibilidad, ello no impide que esa circunstancia sea apreciada, como así lo hizo la Sentencia que puso fin al recurso de apelación. Admitir lo contrario supondría la inaplicación del sistema de fuentes jurídicas, al negar la viabilidad de una interpretación analógica o extensiva de otras normas sectoriales, que sí prevén la incompatibilidad para situaciones como la presente; entre ellas las que regulan el estatuto de jueces y fiscales y de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Finalmente, sostiene que la demandante doña Carmen Allué Camacho no ostenta la condición de interesada en el recurso contencioso-administrativo. Basa esa afirmación en el hecho de que aquélla no participó en el concurso para la provisión del puesto de trabajo, sin que la afectación de los derechos funcionariales y económicos que invoca sirva para justificar la legitimación referida, pues si por tal motivo se le reconociera esa condición también se le debería atribuir a los familiares de todos los participantes en el concurso, de suerte que todos ellos deberían ser emplazados si se produjera una impugnación judicial del nombramiento. 10. Por escrito de fecha 12 de junio de 2017 presentó sus alegaciones la Letrada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Inicialmente afirma que el presente recurso tiene especial trascendencia constitucional, habida cuenta de que la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones respecto de doña Carmen Allué Camacho es contraria a la doctrina constitucional establecida en torno al artículo 24.1 CE, en relación con la obligación de emplazamiento de los interesados en el recurso contencioso-administrativo. Asimismo apunta que, en relación con el derecho reconocido en el artículo 23.2 CE, la especial trascendencia constitucional se funda en que en el presente recurso se plantea una cuestión sobre la que el Tribunal Constitucional no ha sentado doctrina (STC 70/2009, de 23 de marzo, FJ 1). Más adelante alega que, conforme a la doctrina enunciada en la STC 242/2012, de 17 de diciembre, FJ 3, la demandante de amparo debió ser emplazada en el proceso judicial precedente, dado que ostentaba un interés legítimo, entendido como la potencial obtención de cualquier ventaja o utilidad jurídica en la preservación de la resolución impugnada; y como ese interés era perfectamente identificable por el órgano judicial, la indefensión material sufrida no es achacable a la pasividad o falta de diligencia de aquélla. También afirma que el órgano judicial de instancia debió acordar expresamente que se efectuara el emplazamiento de la recurrente, dado que la Administración desconocía el contenido de la demanda y de las pretensiones en ella esgrimidas, por lo que se limitó a emplazar solamente a quienes participaron en el proceso de selección. En relación con el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE), la Letrada trae a colación la doctrina constitucional vigente y, respecto de la misma, destaca la prohibición de establecer requisitos para acceder a las funciones públicas que tengan carácter discriminatorio, así como la importancia que en ese ámbito presentan los principios de mérito y capacidad, pues no es conforme con el principio de igualdad establecer requisitos y condiciones para dicho acceso que no vengan referidos a los indicados principios. También menciona que el artículo 23.2 CE no sólo resulta de aplicación al momento del acceso a la función pública, pues también se proyecta durante la vigencia de la relación funcionarial ya constituida. Yendo al caso, considera que la Sentencia dictada por el Tribunal de apelación ha establecido una incompatibilidad por razón de matrimonio sobre la base del conflicto de intereses que ese vínculo puede entrañar. Sin embargo, tal apreciación carece de respaldo legal, pues no aparece recogida en el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas (Ley 53/1984). Por ello, colige que el órgano judicial ha vulnerado el derecho reconocido en el artículo 23.2 CE, al impedir al demandante el desempeño de una función pública por un motivo que no aparece contemplado por la normativa legal aplicable al caso. Señala por último que, de generalizarse la interpretación sostenida por el Tribunal de apelación, los afectados por esos vínculos familiares podrían ver mermada su libertad de actuación, tanto en el aspecto profesional como familiar. 11. Mediante escrito de fecha 16 de junio de 2017 el Fiscal presentó sus alegaciones. Tras compendiar los acontecimientos procesales más relevantes, de manera sistemática procede a analizar las quejas de lesión expuestas en la demanda. En primer lugar rechaza que la falta de notificación al demandante de amparo, tanto de la Sentencia recaída en la instancia como del recurso de apelación interpuesto contra la misma, haya vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Señala que, frente al criterio de los demandantes de amparo, que entienden que la notificación de tales actos procesales deviene obligatoria para quien ostenta la condición de parte procesal, con independencia de que se haya o no personado en el recurso contencioso-administrativo tras ser emplazado, el Tribunal de apelación sustenta una interpretación de la legalidad procesal diferente al resolver el incidente de nulidad, pues sostiene que no es obligatorio notificar la sentencia –ni el recurso de apelación interpuesto contra la misma– a quien declinó personarse en el procedimiento tras ser emplazado para tal menester. Para el Fiscal, en el seno de este recurso de amparo no procede dilucidar cuál es la exégesis acertada o más plausible de los artículos 270 LOPJ y 497.2 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), en relación con el artículo 50.3 LJCA, pues sobre lo único que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse es acerca de si la argumentación ofrecida en la providencia que resuelve el indicado incidente es irrazonable, arbitraria o está incursa en error patente. A ese respecto, el Fiscal descarta la existencia de esos déficits en el presente caso, ya que del tenor del artículo 50.3 LJCA no se deduce inequívocamente que al demandado no personado se le deban notificar las sentencias recaídas en el procedimiento y, a su vez, deba dársele traslado de los recursos entablados contra las mismas. En suma, para el Fiscal la interpretación de la legalidad realizada por el órgano judicial es conforme con el parámetro constitucional y, con base en esa premisa, debe considerarse que la falta de personación del demandante en el procedimiento y la indefensión a que alude es únicamente achacable a su comportamiento procesal. En relación con la lesión del artículo 24.1 CE derivada de la falta de emplazamiento de la demandante, el Fiscal participa del criterio expuesto en la providencia que inadmite el incidente de nulidad de actuaciones. Para el Fiscal, la conclusión obtenida por el órgano judicial no es una mera conjetura sino una inferencia plenamente conforme con las reglas del criterio humano «que no desborda la comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes» (STC 169/1989, de 16 de octubre, FJ 2). Y ello, porque la demandante desempeña su cargo en un entorno funcionarial de dimensiones reducidas; es consorte de la persona designada para el cargo de jefe del servicio, quien sí fue emplazado por la Administración; y también es compañera de trabajo de quien impugnó dicho nombramiento. Por todo ello, el Fiscal afirma que la inferencia alcanzada por el Tribunal de apelación es de todo punto razonable, lo que comporta que la indefensión denunciada sería, en todo caso, fruto del pasivo comportamiento procesal de la demandante. Tampoco aprecia el Fiscal lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, con base en la alegada irrazonabilidad y falta de lógica de la valoración de la prueba documental efectuada por el Tribunal de apelación. Sobre este particular recuerda que el recurso de amparo no es una tercera instancia que permita al Tribunal Constitucional realizar una valoración probatoria alternativa, pues lo único que le cabe efectuar, en ese ámbito, es un análisis acerca la razonabilidad de las valoraciones o inferencias efectuadas por el órgano judicial. Desde esa perspectiva, el Fiscal considera que la conclusiones que figuran en la Sentencia respecto del conflicto de intereses que surgiría entre el demandante y su cónyuge, con base en la relación jerárquica que mediaría entre ambos, no parte de premisas inexistentes o manifiestamente erróneas ni el desarrollo argumental incurre en quiebra lógicas o arbitrariedad, de manera que no rebasa el campo de opción legítima que la doctrina constitucional reconoce al órgano judicial que lleva a cabo la valoración de la prueba. Por último, el Fiscal aborda las quejas referidas al derecho a no padecer discriminación por razón de matrimonio en el acceso al cargo público (arts. 23.2 y 14 CE). En primer lugar repasa la doctrina constitucional estatuida en torno al derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 CE, que principalmente garantiza una situación jurídica de igualdad en las condiciones de acceso a las funciones públicas, con la consiguiente imposibilidad de establecer requisitos que tengan carácter discriminatorio. Añade que esa igualdad jurídica también perdura durante la vigencia de la relación funcionarial, si bien el rigor e intensidad de los requisitos de mérito y capacidad es diferente, según se trate del ingreso en la función pública o venga referido a personas que ya han accedido a ella y ya han acreditado el cumplimiento tales requisitos. Concretamente, en relación con la provisión de puestos de trabajo ulteriores al acceso inicial afirma que, conforme a la doctrina constitucional, cabe tomar en consideración otros criterios distintos de los citados, siempre que su finalidad sea la de lograr una mayor eficacia en la organización y prestación de los servicios públicos o, en su caso, satisfacer otros bienes constitucionalmente protegidos. Conforme con las anteriores consideraciones, el Ministerio Fiscal sostiene que el vínculo matrimonial sí puede ser contemplado por el legislador como causa de incompatibilidad para el acceso a un determinado puesto público, sin que ello resulte contrario al derecho reconocido en el artículo 23.2 CE, siempre que la previsión legal que lo establezca cuente con una justificación objetiva y razonable que habilite ese trato diferenciado. Sin embargo, en el presente caso la normativa aplicable no contempla esa circunstancia como motivo de incompatibilidad, por lo que cabe afirmar que el órgano judicial ha construido una causa de incompatibilidad en contra del criterio sentado por el máximo intérprete de la jurisdicción ordinaria, que proclama el carácter restrictivo con que deben ser interpretadas las incompatibilidades en aquel ámbito, precisamente por su potencial afección al derecho fundamental analizado. Añade que el Tribunal de apelación ha realizado una interpretación fundada en principios generales del actuar administrativo, tales como el genérico deber de imparcialidad, que inspira el artículo de la Ley 53/1984 y que es trasunto del artículo 103 CE; el principio ético normativizado que impone al funcionario el deber de actuar para favorecer la satisfacción de los intereses generales, al margen de factores que expresen posiciones familiares (art. 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público); y los deberes éticos de imparcialidad, neutralidad y abstención (código ético de los empleados públicos de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Orden ADM 62/2010, de 19 de febrero). Tal argumentación constituye una interpretación de la legalidad irrazonable y contraria a la efectividad del derecho fundamental que, a juicio del Fiscal, vulnera el derecho reconocido en el artículo 23.2 CE. Por todo ello, interesa que se declare expresamente la referida vulneración, se acuerde la nulidad de la providencia y Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid) y se retrotraigan las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictado de la Sentencia, a fin de que se dicte otra que sea respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. 12. Por providencia de 8 de noviembre de 2017, se señaló para votación y fallo del presente recurso el día 13 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El presente recurso de amparo se interpone frente a las siguientes resoluciones judiciales: i) la Sentencia de fecha 11 de junio del 2015, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid, en el procedimiento abreviado núm. 69-2014, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Santiago Gil Díaz y anula, por falta motivación, el nombramiento de don Javier María García López como jefe del servicio territorial de Burgos de medio ambiente; ii) la Sentencia de 23 de febrero de 2016 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), que estima el recurso de apelación entablado contra la Sentencia anteriormente indicada y anula el referido nombramiento, al apreciar causa de incompatibilidad por razón de matrimonio; y iii) la providencia de fecha 9 de mayo de 2016, por la que el referido Tribunal inadmite el incidente de nulidad interpuesto contra la sentencia última citada. Resumidamente, los demandantes invocan la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), por no haber notificado al recurrente la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid, ni haberle comunicado tampoco la interposición del recurso de apelación contra dicha Sentencia; por no haber procedido a emplazar a doña Carmen Allué Camacho para que pudiera comparecer en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el nombramiento de su cónyuge, pese a ostentar un interés legítimo en el asunto; y por la irrazonable, absurda e ilógica valoración de la prueba documental realizada por la Sentencia dictada en apelación. Por último, también aducen la vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de matrimonio en el acceso a la función pública, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 14, 23.2 y 24.1 CE), lesión esta que atribuyen a la revocación del nombramiento del demandante acordada en la Sentencia dictada por el Tribunal de apelación, al considerarle incompatible para el puesto por razón del vínculo matrimonial que mantiene con la demandante de amparo. Don Santiago Gil Díaz interesa la desestimación del recurso de amparo. Alega la falta de legitimación de doña Carmen Allué Camacho para ser parte en el recurso contencioso-administrativo, al entender que carece de interés legítimo por no haber participado en el concurso para la provisión del puesto. Rechaza la vulneración del artículo 24.1 CE, al considerar que la indefensión que se invoca en la demanda sólo es achacable a la falta de diligencia de los demandantes. Finalmente, considera que la denuncia de lesión del artículo 23.2 CE en esta sede constitucional es prematura y, en cuanto al fondo, descarta que se haya vulnerado el referido derecho fundamental, pues la causa de incompatibilidad por razón de matrimonio apreciada por el Tribunal de apelación concurre realmente, dado el permanente conflicto de intereses que se produciría, de confirmarse el nombramiento del demandante. La Letrada que actúa en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León estima vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de la demandante (art. 24. 1 CE), al no haber sido ser emplazada conforme a lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) para que, en su caso, hubiera podido personarse en el procedimiento judicial precedente. También considera que se ha vulnerado el derecho del demandante reconocido en el artículo 23.2 CE, al haber revocado el Tribunal de apelación su nombramiento por el motivo ya indicado. Por su parte, el Fiscal descarta que se hayan producido las vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) alegadas en la demanda, principalmente por el pasivo comportamiento procesal de los demandantes y en la consideración de que el Tribunal de apelación no valoró la prueba documental de modo manifiestamente erróneo o irrazonable. Por último, considera que sí se ha lesionado el derecho del demandante a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE), al apreciar el citado Tribunal una causa de incompatibilidad no prevista legalmente, con base en razonamientos irrazonables y contrarios a la efectividad del referido derecho fundamental. 2. Antes de abordar las quejas expuestas en la demanda que principia este recurso de amparo, procede despejar las objeciones procesales suscitadas por don Santiago Gil Díaz en su escrito de alegaciones. En relación con la prematuridad de la denuncia de lesión del artículo 23.2 CE, por estar pendiente de resolver un recurso de apelación sobre lo decidido en ejecución de sentencia por el órgano judicial de instancia, debe ya anticiparse la inexistencia del referido óbice. Como queda expuesto en el antecedente octavo del ATC 58/2017, de 24 de abril, resolución esta que desestimó la solicitud de suspensión de la Sentencia dictada por el Tribunal de apelación, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid dictó Auto, de fecha 30 de marzo de 2017, que recayó en el incidente de ejecución de la referida Sentencia. Dicha resolución anuló el nuevo nombramiento del demandante para el puesto de jefe del servicio –que fue acordado por la Administración a raíz de la comisión de servicio concedida a su cónyuge– así como la exclusión de aquél del nuevo proceso de selección, dada la incompatibilidad por razón de matrimonio apreciada por el Tribunal de apelación. A la vista de lo expuesto, debe diferenciarse con nitidez entre lo resuelto en la fase de ejecución judicial de la sentencia dictada en apelación, cuya sustanciación continua desarrollándose al no haber adoptado este Tribunal la medida cautelar de suspensión interesada por los demandantes, y la lesión que se atribuye directamente a la referida Sentencia, cuya reparación en vía judicial fue intentada mediante la infructuosa interposición del incidente de nulidad de actuaciones. Así pues, cumple afirmar que los demandantes agotaron los remedios útiles y procedentes para paliar, en vía judicial, la lesión del derecho fundamental que se atribuye a la sentencia dictada por el Tribunal de apelación, sin que ese aspecto pueda entreverarse, a fin de fundar la pretendida prematuridad del recurso de amparo, con lo acontecido en la fase de ejecución de sentencia en sede judicial, la cual no ha sido suspendida por este Tribunal. También alega que la recurrente de amparo carecía de legitimación para intervenir en el recurso contencioso-administrativo, al no haber participado en el concurso para la provisión de la jefatura de servicio, y que el vínculo matrimonial que mantiene con el demandante carece de la entidad suficiente para conferirle tal legitimación. Aun cuando la cuestión apuntada no supone el planteamiento formal del óbice de falta de legitimación para intervenir en el presente recurso de amparo, no obstante, con la finalidad de despejar cualquier incertidumbre que pudiera suscitarse al respecto, procede abordar la temática relativa a la legitimación de doña Carmen Allué Camacho en esta sede constitucional. Conforme así se recoge en la STC 208/2009, de 26 de noviembre, FJ 2, «los criterios que sirven para determinar si la referida demandante de amparo ostentaba o no legitimación para acudir ante este Tribunal se encuentran en los artículos 162.1 b) CE y 46.1 b) LOTC. Así como el segundo reconoce legitimación para interponer recurso de amparo contra resoluciones de los órganos judiciales a quienes hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente, el primero reconoce legitimación para recurrir en amparo a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo; razón por la que este Tribunal ha realizado una interpretación integradora de ambos preceptos, en el sentido de entender que la fórmula del artículo 46.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) complementa a la del artículo 162.1 b) del texto constitucional, sin que se deba considerar limitativa o restrictiva de ella (SSTC 106/1984, de 16 de noviembre, FJ 1; 237/1997, de 19 de diciembre, FJ 2, y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2), efectuando asimismo una interpretación muy amplia y flexible de la noción de interés legítimo a efectos de reconocer legitimación para recurrir en amparo (STC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 2, entre otras)». En el presente caso la demandante de amparo fue parte en la vía judicial previa, pues interpuso el incidente de nulidad de actuaciones al que ya se ha hecho mención y el órgano judicial admitió su personación al considerarla legitimada para intervenir en calidad de parte apelada. Pero, con independencia de lo expuesto, debe reconocerse que la legitimación de la demandante también tiene acogida en la previsión del artículo 162.1 b) CE. Según asentada doctrina constitucional, el interés legítimo a que se refiere el citado precepto «concurre en toda persona cuyo círculo jurídico pueda resultar afectado por la violación de un derecho fundamental, aunque la violación no se haya producido directamente en su contra, ya que en tales casos los recurrentes se encuentran, respecto de los derechos fundamentales invocados, en una situación jurídico-material que le confiere el interés legítimo que exige el artículo 162.1 b) CE (SSTC 84/2000, de 27 de marzo, FJ 1, y 298/2006, de 23 de octubre, FJ 4). Ahora bien, no basta con un interés genérico en la preservación del derecho fundamental que se estime vulnerado, sino que es necesario que el recurrente se encuentre respecto a ese derecho fundamental en una situación jurídico-material identificable con un interés en sentido propio, cualificado o específico (SSTC 13/2001, de 29 de enero, FJ 4; 240/2001, de 18 de diciembre, FJ 4; AATC 139/1985, de 27 de febrero; 58/2000, de 28 de febrero; 206/2006, de 3 de julio)» (AATC 192/2010 y 193/2010, de 1 de diciembre). De acuerdo con la doctrina transcrita, afirmamos que la demandante ostenta un interés cualificado que habilita su intervención en esta sede, dada la potencial repercusión del presente recurso en su esfera familiar y profesional. Y ello, porque si finalmente se estima conculcado el derecho de su cónyuge a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE), podría entonces seguir desempeñando el cargo de jefa de sección en el servicio territorial de medio ambiente de Burgos, sin que ello impida que, por causa de incompatibilidad, aquél ostente la jefatura del referido servicio. 3. A continuación procede delimitar el orden a seguir para la resolución de las diferentes quejas planteadas en la demanda. En la STC 115/2002, de 20 de mayo, FJ 3, sostuvimos que «corresponde a este Tribunal, en función de las circunstancias concurrentes en cada supuesto concreto sometido a su consideración, determinar no sólo tal orden, sino también si resulta necesario o conveniente pronunciarse en la Sentencia sobre todas las lesiones de derechos constitucionales denunciadas, en el caso de que ya se haya apreciado la concurrencia de alguna de ellas»; criterio este que también fue seguido por las SSTC 97/2003, de 2 de junio, FJ 2, y 221/2004, de 29 de noviembre, FJ 1. Así pues, conforme a la pauta fijada en las resoluciones objeto de cita procede establecer el orden de prelación a que se ha hecho referencia. a) Los recurrentes atribuyen exclusivamente a la Sentencia dictada por el Tribunal de apelación la lesión del derecho reconocido en el artículo 23.2 CE, mientras que las quejas relacionadas con el artículo 24.1 CE conciernen a la tramitación del procedimiento judicial en la instancia inicial, por la falta de emplazamiento de la demandante previsto en el artículo 49.1 LJCA, por omitir la notificación a los recurrentes de la Sentencia recaída en primera instancia y por la falta de traslado del recurso de apelación interpuesto por el actor en el procedimiento judicial; mientras que, en un plano diferente, la denuncia de vulneración del citado precepto atañe a la valoración de la prueba efectuada en segunda instancia por el Tribunal ad quem. En una primera aproximación cabría considerar procedente comenzar por el examen de las lesiones que, según los demandantes, les impidieron formular recurso de apelación contra la Sentencia recaída en primera instancia. Y ello, porque su eventual estimación daría lugar a la retroacción de las actuaciones hasta un momento anterior al dictado de la indicada Sentencia, con la consiguiente revocación de la resolución judicial que anuló por falta de motivación el nombramiento del demandante. De ser así, es notorio se produciría una mayor retroacción de las actuaciones y un mayor beneficio objetivo para los recurrentes, en tanto que la anulación de la referida resolución mantendría incólume el nombramiento del demandante. No obstante, por las razones que a continuación se expresan ese orden de prioridad debe desecharse. En la demanda de amparo los recurrentes no atribuyen ninguna vulneración de sus derechos fundamentales a la Sentencia dictada por el Juez de instancia; es más, ni siquiera reprochan a esa resolución cualquier otra infracción del ordenamiento. Por ello, si bien aluden a que la tramitación seguida les impidió tener conocimiento de la Sentencia dictada por el referido juzgador y, a su vez, poder interponer recurso contra la misma porque les era perjudicial, en realidad la protesta se limita a destacar la pérdida de la posibilidad de utilizar un remedio procesal, pero en ningún momento sostienen que dicha resolución sea contraria a Derecho, ni que de haber tenido conocimiento de la misma en tiempo hábil la habrían recurrido efectivamente. Es más, en el escrito de demanda se solicita que, mientras dure la tramitación del presente recurso, acuerde la suspensión del cumplimiento y ejecutividad de la Sentencia dictada por el Tribunal de apelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 LOTC; sin embargo, esa medida cautelar no se interesa respecto de la Sentencia dictada por el Juzgado de la Contencioso-Administrativo. Ello corroborase que, en esta sede constitucional, los demandantes no impugnan materialmente la Sentencia dictada por el Juez unipersonal. Por ello, no procede que este Tribunal se pronuncie respecto de una queja que solamente se funda en la privación de la posibilidad de recurrir una resolución, cuya adecuación a Derecho no ha sido cuestionada por los demandantes. b) Esclarecida la anterior cuestión queda por determinar si primero debemos analizar la denunciada lesión del derecho contemplado en el artículo 23.2 CE o, por el contrario, procede anteponer el examen de las restantes denuncias de vulneración del artículo 24.1 CE. Al respecto, este Tribunal considera que procede examinar prioritariamente la lesión anudada al artículo 23.2 CE; y ello, porque de estimarse cometida la vulneración del derecho sustantivo indicado se evitarían demoras en la dispensa de tutela, al otorgarse en esta sede una reparación inmediata de la lesión del derecho sustantivo, lo que evitaría retroceder a la vía judicial previa para que se dicten nuevos pronunciamientos. 4. Seguidamente, procede compendiar nuestra doctrina acerca del derecho reconocido artículo 23.2 CE, si bien previamente debe precisarse que el derecho fundamental concernido en el presente recurso es el de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes. Como así lo recoge, entre otras, la STC 80/1994, de 14 de marzo, FJ 3, «este Tribunal ha declarado que en este precepto, que distingue entre ‘‘funciones’’ y ‘‘cargos’’ públicos, se reconoce, de un lado, el derecho a acceder a puestos funcionariales y, de otro, dos derechos –sufragio activo y pasivo– que enmarcan la participación política de los ciudadanos en el sistema democrático, en conexión con los principios de soberanía del pueblo y de pluralismo político, consagrados en el artículo 1 de la Constitución». Por otro lado, cumple decir que el derecho que ahora nos concierne es de configuración legal, «de tal modo que compete establecer las condiciones de acceso a la función pública con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad (art. 103. CE) al legislador, correspondiendo a éste la decisión sobre los distintos requisitos y condiciones para el acceso a la función pública que han de reunir los candidatos» (STC 130/2009, de 1 de junio, FJ 3, entre otras). Aun cuando el precepto citado se refiere sólo al acceso a las funciones públicas, tempranamente este Tribunal ha precisado que el derecho objeto de examen actúa no sólo en el momento del acceso a la función pública, sino también durante la vigencia de la relación funcionarial y, por tanto, es aplicable a los actos relativos a la provisión de puestos de trabajo [SSTC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 3; 15/1988, de 10 de febrero, FJ 2.b); y 47/1989, de 21 de febrero, FJ 2]. También hemos reconocido la vinculación del acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad con los principios constitucionales de mérito y capacidad plasmados en el artículo 103 CE. Concretamente, en la STC 167/1998, de 21 de julio, FJ 4, sostuvimos que «el derecho de acceso a las funciones públicas ‘‘en condiciones de igualdad’’ (art. 23.2 CE) en la medida que implica que esta igualdad que la ley ha de garantizar en el acceso a las funciones públicas tiene un contenido material que se traduce en determinados condicionamientos del proceso selectivo de manera especialmente relevante, el que las condiciones y requisitos exigidos sean referibles a los principios de mérito y capacidad. De este modo se produce una intersección … del contenido del artículo 23.2 CE con el del artículo 103.3 CE». No obstante, nuestra doctrina contempla una modulación de la intensidad de esos principios cuando no vienen referidos al acceso a la función pública sino al desarrollo de la carrera funcionarial; y así, en la STC 235/2000, de 5 de octubre, FJ 13, afirmamos que «[c]iertamente este Tribunal ha admitido que, aun cuando los principios de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE) rigen, no sólo en el momento inicial del acceso a la función pública, sino también en los ulteriores de desenvolvimiento de la carrera administrativa o profesional de los funcionarios (por todas, STC 96/1997, de 19 de mayo, FJ 2), de tratarse de este segundo momento, el atinente a la provisión de puestos de trabajo, es legítima la toma en consideración, a la hora de decidir sobre aquella provisión, de otros valores o fines constitucionalmente lícitos». Por último, en lo que a este apartado se refiere cumple indicar que también hemos reconocido la estrecha vinculación que media entre los principios de igualdad y legalidad a que se refiere el artículo 23.2 CE, que, entre otras resoluciones, aparece recogida en la STC 221/2004, de 29 de noviembre, FJ 3, en los siguientes términos: «[d]icho precepto constitucional no consagra un pretendido derecho fundamental al estricto cumplimiento de la legalidad en el acceso a los cargos públicos, por lo que sólo cuando la infracción de las normas o bases del proceso selectivo implique, a su vez, una vulneración de la igualdad entre los participantes, cabe entender que se ha vulnerado esta dimensión interna y más específica del derecho fundamental que reconoce el artículo 23.2 CE, lo que de suyo exige la existencia de un término de comparación sobre el que articular un eventual juicio de igualdad [SSTC 115/1996, de 25 de junio, FJ 4; 73/1998, de 31 de marzo, FJ 3 c); y 138/2000, de 29 de mayo, FJ 6 c)] (STC 107/2003, de 2 de junio, FJ 4). Por otra parte, entre las específicas garantías que la jurisprudencia de este Tribunal ha ido situando en el contenido de este derecho fundamental, se encuentra la del derecho a la igualdad en la aplicación misma de la ley: el derecho proclamado en el artículo 23.2 CE incorpora también el derecho a la igualdad en la aplicación misma de la ley, de tal modo que, una vez garantizada la vinculación de la propia Administración a lo dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento selectivo, ha de quedar también excluida toda diferencia de trato en el desarrollo del referido procedimiento». 5. Una vez sintetizada nuestra doctrina acerca del derecho de acceso a las funciones públicas reconocido en el artículo 23.2 CE, procede dar respuesta a la queja de lesión que se expone en la demanda. A tal fin, previamente procede retomar la argumentación dada por el Tribunal de apelación, en su Sentencia de 23 de febrero de 2016, de cara a fundar la incompatibilidad del demandante en relación con el puesto para el que fue nombrado. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, conforme se expresa en la STC 182/2015, de 7 de septiembre, FJ 5, en casos como el presente «nuestro enjuiciamiento no se circunscribe a calibrar la racionalidad de la interpretación judicial sobre el contenido y alcance de un precepto legal, pues conforme manifestamos en la STC 3/2007, de 15 de enero, FJ 4, ‘‘estando en juego un derecho fundamental sustantivo y no el derecho reconocido en el artículo 24.1 CE, el control por parte de este Tribunal no puede limitarse a verificar el carácter motivado, razonable y no arbitrario de la resolución judicial impugnada (entre las últimas, SSTC 30/2000, de 31 de enero, FJ 4; 173/2001, de 26 de julio, FJ 4; 92/2005, de 18 de abril, FJ 5; y 326/2005, de 12 de diciembre, FJ 5)…. sino que será preciso analizar si la misma resulta o no vulneradora del ejercicio de los derechos fundamentales alegados. Y ello porque es perfectamente posible que se den resoluciones judiciales que no infrinjan el derecho proclamado en el artículo 24.1 CE, por contener una fundamentación que exprese razones –de hecho y de Derecho– por las que el órgano judicial adopte una determinada decisión, pero que, desde la perspectiva del libre ejercicio de derechos fundamentales como los aquí en juego, no expresen de modo constitucionalmente adecuado las razones justificativas de la decisión adoptada (STC 126/2003, de 30 de junio, FJ 5). Cuando se enjuicia la presunta vulneración de un derecho sustantivo, el criterio de razonabilidad que este Tribunal aplica a los derechos del artículo 24 CE queda absorbido por el canon propio de aquel derecho (STC 14/2002, de 28 de enero, FJ 4)». a) Los razonamientos dispensados por el Tribunal de apelación se resumen del siguiente modo: i) no existe norma específicamente aplicable al caso que contemple la incompatibilidad por razón del matrimonio contraído entre sí por los demandantes; ii) no obstante, conforme a lo establecido en la normativa sobre función pública, los principios de imparcialidad y neutralidad en la actuación administrativa deben quedar garantizados en ese ámbito de actuación; iii) el supuesto enjuiciado presenta analogía con la prohibición contenida en el artículo 393 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), cuya finalidad, según doctrina jurisprudencial, es la de asegurar la imagen externa de imparcialidad, que también puede quedar comprometida con el nombramiento del demandante como jefe de servicio; iv) y el Tribunal de apelación concluye que, pese a que las situaciones de incompatibilidad han de ser objeto de interpretación restrictiva, en el presente caso debe apreciarse tal circunstancia para garantizar la efectividad del principio de imparcialidad, dado el conflicto de intereses que, a causa del vínculo matrimonial, incidiría en la permanente labor de dirección y fiscalización que al jefe de servicio corresponde efectuar respecto de los jefes de sección. La argumentación sintetizada refleja cómo el citado órgano ha construido, sobre la base del vínculo matrimonial existente entre dos funcionarios públicos, un motivo de incompatibilidad que pretende precaver el menoscabo del principio de imparcialidad que debe regir en el marco de la función pública, a causa del conflicto permanente de intereses que la relación jerárquica entre dos cónyuges origina en ese ámbito. El hecho de que esa causa carezca de expreso reconocimiento legal no impide su apreciación en el presente caso, pues según razona el órgano judicial, dicho impedimento sí está previsto para otros supuestos que presentan analogía con el que ahora nos ocupa; concretamente, los descritos en el artículo 393 LOPJ, al tiempo que la actuación conforme al principio de imparcialidad constituye un deber expresamente establecido en la normativa sobre función pública ya citada, cuyo cumplimiento debe ser garantizado. b) En línea con lo argumentado por el Fiscal cumple señalar que, en el marco estatutario de Jueces y Magistrados, el legislador ha contemplado diversos supuestos de incompatibilidad para el desempeño de determinados cargos por razón de matrimonio. Concretamente, dada la relación de dependencia que el precepto toma en consideración, el supuesto que guarda mayor similitud con el presente caso es el previsto en el artículo 392.2 d) que, puesto en relación con el artículo 391, ambos LOPJ, considera incompatibles a los Presidentes, Magistrados o Jueces respecto de los Secretarios (hoy Letrados de la Administración de Justicia) y demás personal al servicio de la Administración Justicia que dependan de ellos directamente, cuando estuviesen unidos por parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, vínculo matrimonial o situación de hecho equivalente. Dicho lo anterior, conviene precisar que en el presente recurso no estamos llamados a resolver sobre la constitucionalidad de una causa de incompatibilidad fijada por el legislador ni, mucho menos, a pronunciarnos sobre la conveniencia de estatuir, para todo el ámbito de la función pública, un motivo de incompatibilidad de similar alcance y contenido a la prevista en el artículo 392.2 d) LOPJ. Sí nos corresponde dilucidar, por el contrario, si la incompatibilidad apreciada por el Tribunal ad quem es compatible con el derecho fundamental reconocido en el artículo 23.2 CE y, por tanto, resulta asumible desde la perspectiva constitucional pese que carezca de cobertura legal específica. La respuesta que cumple dar es negativa, por los motivos que a continuación se exponen. Como ha quedado reflejado al sintetizar nuestra doctrina, el derecho fundamental sustantivo cuya lesión se denuncia es de configuración legal, lo que implica que es al legislador a quien corresponde fijar los requisitos que deben cumplirse, tanto para el acceso a la función pública como para la provisión de ulteriores puestos funcionariales. Ahora bien, la configuración legal a que se refiere el precepto no sólo vincula el contenido del derecho al cumplimiento de los requisitos contemplados ex lege, sino que también opera como garantía de que al margen de las previsiones legales no es dable imponer limitaciones, tanto en relación con el acceso inicial a la función pública como en el curso de la carrera profesional. Así pues, en relación con el artículo 23.2 CE la ley tiene la función de delimitar el contenido y alcance de ese derecho fundamental, esencialmente vinculado a los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero también opera como un valladar frente a cualquier imposición de requisitos, condicionantes o incompatibilidades no previstos en ella. Mediante una interpretación de la legalidad que resulta contraria al principio de mayor efectividad del derecho fundamental, el Tribunal de apelación ha creado motu proprio una causa de incompatibilidad basada en el nexo matrimonial entre dos funcionarios jerárquicamente relacionados, que no aparece recogida en la normativa de aplicación al caso. Esa ausencia de previsión legal constituye un obstáculo insalvable, que no puede eludirse mediante la invocación a una presunta analogía con algunas situaciones de incompatibilidad previstas para los miembros de la carrera judicial, sin tener en cuenta, además, que dicho régimen estatutario presenta las especificidades propias de quienes están llamados a ejercer la función jurisdiccional a que se refiere el artículo 117.3 CE, ni tampoco mediante la apelación al continuado conflicto de intereses que pretendidamente repercutiría de manera negativa en el cumplimiento del deber de imparcialidad en el desempeño de las funciones públicas. Así pues, afirmamos que la Sentencia dictada por el Tribunal de apelación vulnera el derecho fundamental objeto de análisis (art. 23.2 CE), por haber configurado una causa de incompatibilidad que no está prevista legalmente y que, a la postre, impide que el demandante pueda ser nombrado jefe del servicio territorial de medio ambiente de Burgos. 6. Los razonamientos expuestos conducen a estimar el presente recurso por la vulneración del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE). Tal estimación debe procurar el restablecimiento del referido derecho, lo que comporta la declaración de nulidad de la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), de fecha 23 de febrero de 2016, y la declaración de firmeza de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid en fecha 11 de junio de 2015 y aclarada por Auto de fecha 7 de julio de 2015. La estimación del motivo indicado hace innecesario el pronunciamiento sobre las restantes quejas. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso de amparo promovido por don Javier María García López y doña Carmen Allué Camacho y, en consecuencia, 1.º Reconocer el derecho de don Javier María García López a acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas con los requisitos que señalen las leyes (art. 23.2 CE) 2.º Restablecerle en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de fecha 23 de febrero de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), en el recurso de apelación núm. 541-2015. Asimismo, procede declarar la firmeza de la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid en el recurso contencioso-administrativo 69-2014 (procedimiento abreviado), de fecha 11 de junio de 2015 y aclarada por Auto de fecha 7 de julio de 2015. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a trece de noviembre de dos mil diecisiete.–Encarnación Roca Trías.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Antonio Narváez Rodríguez.–firmado y rubricado.

TC considera que un funcionario puede ganar una plaza de libre designación aunque se convierta en superior de su marido.

ECLI:ES:TC:2017:131 La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Encarnación Roca Trías, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 3538-2016, promovido por don Javier María García López y doña Carmen Allué Camacho, quienes actúan representados por la Procuradora de los Tribunales doña María Lydia Leiva Cavero y bajo la dirección del Letrado don Juan Manuel García-Gallardo Gil-Fournier, contra las siguientes resoluciones: i) providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede en Valladolid), de fecha 9 de mayo de 2016, en cuya virtud se inadmite el incidente de nulidad deducido contra la Sentencia que a continuación se cita; ii) Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia antes indicado, de fecha 23 de febrero del 2016, dictada en el recurso de apelación núm. 541-2015; iii) Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid, de 11 de junio de 2015, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 69-2014 (procedimiento abreviado). Han comparecido la Comunidad Autónoma de Castilla y León, representada por doña María Luisa Vidueira Pérez, Letrada adscrita al Servicio Jurídico de la Junta de Castilla y León, y don Santiago Gil Díaz, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Sorribes Calle y asistido por el Letrado don Francisco González García. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. En fecha 20 de junio de 2016 la Procuradora de los Tribunales doña María Lydia Leiva Cavero, en nombre y representación de don Javier María García López y doña Carmen Allué Camacho y bajo la dirección del Letrado don Juan Manuel García-Gallardo Gil-Fournier, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento de esta Sentencia. 2. El presente recurso trae causa de los siguientes antecedentes: a) Por Orden FYM/473/2013, de 11 de junio, («BOCYL» de 21 de junio de 2013), don Javier María García López fue nombrado, mediante el procedimiento de libre designación, jefe del servicio territorial de medio ambiente de Burgos, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. b) Don Santiago Gil Díaz, quien también participó en el referido proceso de selección, interpuso recurso contencioso-administrativo contra el nombramiento indicado, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Valladolid, en el procedimiento abreviado núm. 69-2014. En síntesis, aquél basó su impugnación en la falta de motivación necesaria para justificar el mérito y capacidad del designado y, a su vez, al estimar que este último es incompatible con el cargo, pues pasaría a ser superior jerárquico de su cónyuge, doña Carmen Allué Camacho, quien desempeña el puesto de jefa de la sección territorial de ordenación y mejora 2. c) Don Javier María García López no se personó como demandado en el procedimiento, si bien fue emplazado a tal fin, en fecha 6 de mayo de 2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). No consta que fuera emplazada doña Carmen Allué Camacho. d) En fecha 11 de junio de 2015 recayó Sentencia parcialmente estimatoria del recurso interpuesto. Resumidamente, el juzgador aprecia que la resolución que acordó el nombramiento del demandante no justifica por qué su perfil profesional es más adecuado o idóneo para el puesto que el del resto de contendientes. Sin embargo, el órgano judicial rechaza la concurrencia de causa de incompatibilidad por razón de matrimonio alegada en la demanda, habida cuenta de que tal circunstancia no está prevista por la normativa de aplicación al caso, esto es, el Decreto 227/1997, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. También afirma que no cabe, a fin de apreciar la incompatibilidad interesada, efectuar una interpretación extensiva o analógica de normas relativas a otros cuerpos funcionariales, dado que la normativa sobre incompatibilidades está sujeta a una interpretación restrictiva. En el fallo de la Sentencia se acuerda, tras la aclaración realizada por Auto de fecha 7 de julio de 2015, lo siguiente: «la nulidad de los actos administrativos impugnados debiendo procederse a la celebración de un nuevo proceso selectivo de conformidad con lo previsto en su normativa reguladora y en el artículo 61 del Decreto 67/99, al que se remite la Orden FYM 318/2013, de 6 de mayo, para que, previo nombramiento de otra comisión, se proceda a la adjudicación del puesto de trabajo convocado de forma motivada tal y como se expone en los fundamentos jurídicos de esta sentencia, con desestimación de resto de pretensiones del actor». La referida Sentencia no fue notificada a los demandantes de amparo. e) Mediante escrito de fecha 24 de junio de 2015, don Santiago Gil Díaz interpuso recurso de apelación contra la Sentencia recaída en la instancia. En esencia, este último interesó la revocación de dicha resolución por no haber apreciado causa de incompatibilidad en la persona del nombrado, concretamente por ser cónyuge de quien ostenta el cargo de jefa de la sección territorial de ordenación y mejora 2. f) Por diligencia de ordenación de 7 de septiembre de 2015 se resolvió dar traslado del recurso a las partes personadas, por plazo común de quince días, para que pudieran formalizar escrito de oposición. Materialmente, el traslado a que se ha hecho mención solamente se confirió a la única parte persona ### RESUMEN: TC considera que un funcionario puede ganar una plaza de libre designación aunque se convierta en superior de su marido.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Técnicos y Jurídicos del Instituto Municipal de Mercados. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicios Jurídicos del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. 2) Domicilio: Avda. Icaria, 145-147, 4.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08005. 4) Teléfono: 934132882, 934132875. 5) Telefax: 934132899. 6) Correo electrónico: aandres@mercatsbcn.cat, iescamez@mercatsbcn.cat. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat/perfildelcontractant. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30/06/2014. d) Número de expediente: 531/14. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Mercado de San Antonio (Fase 3) Obras de rehabilitación del edificio patrimonial y consolidación de la estructura y nueva cubierta. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Mercado Municipal de San Antonio (calles Urgell/Manso/Borrell). 2) Localidad y código postal: Barcelona, 08011. e) Plazo de ejecución/entrega: 14 meses (a partir de la adjudicación del contrato). f) Admisión de prórroga: No. g) Establecimiento de un acuerdo marco: No. h) Sistema dinámico de adquisición: No. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213140. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No. d) Criterios de adjudicación: Según el pliego de cláusulas administrativas. 4. Valor estimado del contrato: 7.303.705,79 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 7.303.705,79 euros. Importe total: 8.837.484 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 219.111 euros. Definitiva (%): 5% del importe de la adjudicación, IVA excluido. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C3f, j4e, k7e. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Que estén de acuerdo con lo que establece el pliego de cláusulas administrativas especiales. d) Contratos reservados: No. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 30-6-2014 14:00. b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. 2) Domicilio: Avda. Icaria, 145-147, 4.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08005. 4) Dirección electrónica: aandres@mercatsbcn.cat, iescamez@mercatsbcn.cat. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: La apertura de los sobres 2A y 2B se realizaran en sesión pública abierta al público en general. b) Dirección: Avda. Icaria, 145-147, 4.ª planta. Sede del instituto Municipal de Mercados Barcelona. c) Localidad y código postal: Barcelona, 08005. d) Fecha y hora: 30-06-2014 14:00. 10. Gastos de publicidad: Un máximo de 1.600 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 09-05-2014. 12. Otras informaciones: El pliego de condiciones y la documentación complementaria pueden obtenerse en Copistería Villa Olímpica teléfono 932219587. Barcelona, 15 de mayo de 2014.- El Secretario delegado del instituto Municipal de Mercados de Barcelona.

El ayuntamiento de Barcelona licita la tercera fase de las obras del Mercat de Sant Antoni 8.837.484 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Técnicos y Jurídicos del Instituto Municipal de Mercados. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Servicios Jurídicos del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. 2) Domicilio: Avda. Icaria, 145-147, 4.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08005. 4) Teléfono: 934132882, 934132875. 5) Telefax: 934132899. 6) Correo electrónico: aandres@mercatsbcn.cat, iescamez@mercatsbcn.cat. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat/perfildelcontractant. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30/06/2014. d) Número de expediente: 531/14. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Mercado de San Antonio (Fase 3) Obras de rehabilitación del edificio patrimonial y consolidación de la estructura y nueva cubierta. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Mercado Municipal de San Antonio (calles Urgell/Manso/Borrell). 2) Localidad y código postal: Barcelona, 08011. e) Plazo de ejecución/entrega: 14 meses (a partir de la adjudicación del contrato). f) Admisión de prórroga: No. g) Establecimiento de un acuerdo marco: No. h) Sistema dinámico de adquisición: No. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45213140. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No. d) Criterios de adjudicación: Según el pliego de cláusulas administrativas. 4. Valor estimado del contrato: 7.303.705,79 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 7.303.705,79 euros. Importe total: 8.837.484 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 219.111 euros. Definitiva (%): 5% del importe de la adjudicación, IVA excluido. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): C3f, j4e, k7e. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Que estén de acuerdo con lo que establece el pliego de cláusulas administrativas especiales. d) Contratos reservados: No. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 30-6-2014 14:00. b) Modalidad de presentación: Sobres cerrados. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona. 2) Domicilio: Avda. Icaria, 145-147, 4.ª planta. 3) Localidad y código postal: Barcelona, 08005. 4) Dirección electrónica: aandres@mercatsbcn.cat, iescamez@mercatsbcn.cat. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3 meses a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: La apertura de los sobres 2A y 2B se realizaran en sesión pública abierta al público en general. b) Dirección: Avda. Icaria, 145-147, 4.ª planta. Sede del instituto Municipal de Mercados Barcelona. c) Localidad y código postal: Barcelona, 08005. d) Fecha y hora: 30-06-2014 14:00. 10. Gastos de publicidad: Un máximo de 1.600 euros. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 09-05-2014. 12. Otras informaciones: El pliego de condiciones y la documentación complementaria pueden obtenerse en Copistería Villa Olímpica teléfono 932219587. Barcelona, 15 de mayo de 2014.- El Secretario delegado del instituto Municipal de Mercados de Barcelona. ### RESUMEN: El ayuntamiento de Barcelona licita la tercera fase de las obras del Mercat de Sant Antoni 8.837.484 euros.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 2022-2012 promovido por doña G.V.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Elisa Sáez Angulo y defendida por el Abogado don Javier Sánchez Sánchez, contra la Sentencia de 13 de marzo de 2012 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que confirma en apelación la Sentencia de 30 de marzo de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cádiz, que a su vez estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo administrativo de expulsión de la recurrente, resuelto por la Subdelegación del Gobierno de Cádiz de 21 de septiembre de 2009. Ha comparecido la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 4 de abril de 2012, doña G.V.A. interpuso recurso de amparo contra los actos administrativos y las resoluciones judiciales indicadas en el encabezamiento de esta Sentencia. 2. La demanda tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) El 27 de agosto de 2009 se incoó procedimiento administrativo sancionador respecto de la ciudadana argentina doña G.V.A. al hallarla sin la documentación exigible para residir en España y comprobar que cumplía una pena privativa de libertad superior a un año como autora de una conducta dolosa. Al día siguiente la recurrente expuso mediante alegaciones escritas que era madre de una niña de tres años, nacida en España de una relación sentimental con un ciudadano español, y por tanto de nacionalidad española, que residía en casa de la madre del padre, quien también se encontraba en prisión y sobre esta base solicitó el archivo del expediente. El 21 de septiembre de 2009 la Subdelegación del Gobierno en Cádiz dictó resolución por la que se ordenaba su expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por 10 años, que justificaba en la entrada y estancia irregular en España de la actora [art. 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, en adelante LOEx] y en el cumplimiento de una pena privativa de libertad superior a un año como autora de un delito doloso (57.2 LOEx). La recurrente interpuso recurso de reposición, en el que argumentaba que su relación sentimental con un ciudadano español y la existencia de una hija común española, que en ese momento residía en casa de su abuela materna, implicaba la concurrencia de circunstancias excepcionales que hacía desproporcionada la sanción de expulsión. La Subdelegación del Gobierno en Cádiz, mediante resolución de 4 de marzo de 2010, rechazó la desproporción de la medida en atención a la estancia ilegal en España, la ausencia de documentación y la condena por delito doloso a pena privativa superior a un año, indicando que la infracción tipificada en el art 57.2 LOEx estaba sancionada con expulsión «por lo que no cabe la sanción de multa». b) Deducido recurso contencioso-administrativo, fundado en los mismos motivos que la reposición, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cádiz, en Sentencia de 30 de marzo de 2011, lo estimó parcialmente en el sentido de rebajar la prohibición de entrada en territorio español a cinco años, considerando ajustada a Derecho en los demás extremos la resolución administrativa de expulsión. La Sentencia razona que el arraigo familiar invocado no puede considerarse ya que «solo enervaría, en su caso, la expulsión relativa a la estancia ilegal de la recurrente... pero en ningún caso la causa de expulsión consistente en la comisión previa de un delito grave», pues el art. 57.2 LOEx «no contempla otra respuesta que la expulsión», aludiendo en apoyo de este criterio a una «sentada doctrina jurisprudencial», de la que sería ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 12 de noviembre de 2010, cuyos argumentos transcribe. Y rechaza expresamente que sean aplicables al caso las excepciones previstas en los arts. 57.5 b), al no prever el art. 57.2 «la expulsión como alternativa o en sustitución de la multa e imponerla de forma imperativa y como única consecuencia legal posible», y 57.6 LOEx, «pues no concurre ninguno de los supuestos que prevé». c) Dicha Sentencia fue objeto de recurso de apelación, que desestimó la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, mediante la Sentencia de 13 de marzo de 2012, que es la resolución judicial contra la que se dirige el recurso de amparo. Los motivos de apelación, que se centran en la falta de ponderación de las circunstancias de arraigo que concurren en el caso, son desestimados en esta Sentencia «al servir para rechazarlos los mismos razonamientos que fueron empleados por dicha sentencia de instancia, y que por acertados merecen ser asumidos también por esta Sala». A continuación, tras reproducir el contenido del art. 57.2 LOEx, expresó que «en dicho supuesto la expulsión es la única sanción prevista, sin que resulte de aplicación el art. 57.5 como se pretende. El arraigo familiar alegado no puede tampoco servir para evitar la expulsión en el supuesto de autos de condena privativa de libertad superior a un año, al estar la consecuencia expresamente establecida en la ley Orgánica, por lo que la anulación de la sanción supondría dejar de aplicar la ley». 3. Previamente a la demanda, se presenta escrito de 4 de abril de 2012 en el que, aparte de esgrimir los argumentos en que sustenta su pretensión de amparo, la recurrente solicita que se le designe Abogado y Procurador de oficio. En la página 12 de ese escrito expone que «de acuerdo con lo establecido en el art. 43 de la LOTC, el plazo para interponer el recurso de amparo es de veinte días desde la notificación de la sentencia que agota la vía judicial». En la página 14, bajo el epígrafe «artículos en que basamos el amparo», se limita a citar los arts. 18 y 19 CE y a precisar que «la lesión invocada es directamente imputable a la resolución que decretó la expulsión de territorio nacional que ha sido confirmada reiteradamente en vía administrativa y jurisdiccional». Y en el suplico pide que se reconozca que se han vulnerado los derechos constitucionales consagrados en los arts. 18 y 19 CE y que, en su virtud, «se declare la nulidad de los actos y sentencias confirmatorias de los mismos». En el escrito de demanda, registrado en este Tribunal el 31 de julio de 2012, la actora afirma, en los fundamentos de Derecho procesales, que «de acuerdo con lo establecido en el art. 43 de la LOTC, el plazo para interponer el recurso de amparo es de veinte días desde la notificación de la sentencia que agota la vía judicial». En el suplico del mismo, como en el encabezamiento, se precisa que la demanda de amparo se dirige contra «la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 13 de marzo de 2012». Además, también en el suplico se pide que se «otorgue el amparo solicitado y: 1.º Reconozca el derecho del demandante a la intimidad familiar, garantizado en el art. 8.1 de la Constitución española (sic); 3.º Declare la nulidad de la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 13 de marzo de 2012, dictada en recurso de apelación nº 570/11 frente a la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.° 2 de Cádiz en recurso número 445/10 (sic); 4.º Retrotraiga las actuaciones al momento anterior a dictarse la Sentencia cuya nulidad se solicita a fin de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Andalucía, con respeto a los derechos fundamentales reconocidos, dicte la resolución que proceda». La argumentación que sostiene este petitum se centra en que la Sentencia impugnada, al rechazar que la «situación de arraigo» presente en la actora pueda tomarse en cuenta y con base en ella anular la resolución administrativa de expulsión, vulnera el art. 18.1 CE (que es a lo que en realidad alude el suplico cuando por error se refiere al art. 8.1 CE) y el art. 19.1 CE, lo que razona en los siguientes términos: «Si la niña permaneciera en España, a pesar de ser española y ser éste su país, tras la expulsión de [G.V.A.] por aplicación de la normativa de extranjería, la menor quedaría sin ningún progenitor que ejerciera la patria potestad para atender a sus necesidades, que la cuide en territorio español, al encontrarse la pareja de [G.V.A.] y padre de la niña actualmente en prisión y en los próximos dos años privado de libertad. Si como consecuencia de la expulsión de la madre la niña viajara con su progenitora a Argentina, como es lo lógico, al no tener otra persona que ejerza la patria potestad y la guarda y custodia en territorio español, se estaría privando a hija y padre, ambos españoles de origen, del derecho de relacionarse entre sí, impidiendo el desarrollo del derecho de disfrutar de la intimidad familiar del art. 18.1 de la Constitución, en la línea que lo viene interpretando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otro lado, entendemos que la menor española vería vulnerado el derecho que le reconoce el art. 19 CE puesto que al expulsar a su progenitora, estando el otro progenitor en prisión sin poder hacerse cargo de la menor, se la forzaría necesariamente a abandonar el territorio español. Ello es contrario al art. 19 CE, puesto que de forma indirecta se fuerza a la niña a abandonar su propio país, sin dejarle elegir libremente su residencia». La demanda examina el art. 18.1 CE en el fundamento de Derecho material primero y reconoce, transcribiendo en lo relevante la STC 236/2007, de 7 de noviembre, que es cierto que, según la doctrina constitucional, el derecho al respeto de la vida familiar del art. 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) configura un haz de facultades más amplio que el derecho a la intimidad familiar ex art.18.1 CE, pero enfatiza acto seguido que «no lo es menos que, a tenor del art 10.2 CE, “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretaran de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. En este sentido resulta de especial relevancia en la interpretación y aplicación de las garantías contenidas en el art. 18.1 CE la doctrina generada al efecto por el TEDH, de la que procede destacar en estos momentos la muy reciente sentencia de 10 de abril de 2012, asunto K. A. B. contra el Reino de España, en la que declara que las autoridades españolas han vulnerado el derecho a la intimidad familiar garantizado en el art. 8 CEDH al analizar la expulsión de la madre extranjera de un menor quien, tras la expulsión de la madre, fue llevado a un centro asistencial y posteriormente asignado a una familia de acogida hasta su adopción». Y, continúa diciendo la demanda, «en el mismo sentido se pronunció el TEDH en el Asunto Kiyutin contra Rusia en la Sentencia de 10 marzo en la que se enjuicio un caso en el que por motivos de salud por parte de Rusia se procede a la denegación de permiso de residencia a ciudadano uzbeko, casado con ciudadana rusa y padre de un niño nacido ruso, al dar positivo en las pruebas del VIH en el chequeo médico exigido». En la misma línea, si bien que al argumentar la especial transcendencia constitucional del asunto, la demanda resalta que, aparte de los criterios sistemáticamente enumerados en la STC 155/2009, el Tribunal Constitucional ha admitido de forma casuística diversos recursos de amparo por razones de necesidad imperiosa de protección de determinados derechos especialmente vinculados a la dignidad humana, y entre ellos ha estimado sendos recursos de amparo (SSTC 145/2011, de 26 de septiembre, y 140/2009, de 15 de junio) frente a órdenes de expulsión de un extranjero del territorio nacional, en los que los recurrentes invocaban «la infracción del derecho a la vida familiar (art. 8 CEDH) y del derecho a la intimidad familiar (art. 18.1 CE), porque las circunstancias de arraigo alegadas por el sancionado no fueron examinadas por la Administración». De otro lado, continúa diciendo la demanda, «la trascendencia del pronunciamiento es enorme puesto que existen muchos casos similares en las cárceles españolas, donde hay programas especializados en expulsiones». Por todo ello, concluye el recurrente, «en este caso, la protección del orden público a que obedece la medida sancionadora de expulsión se lleva a cabo por las autoridades españolas de forma que suponen una injerencia desproporcionada en el derecho a la intimidad familiar de mi representada y su hija menor de edad —a pesar de su previsión legal, como ocurría en la legislación rusa—, por lo que se ha lesionado el derecho fundamental garantizado a mi mandante en el art. 8.1 (sic) de la Constitución española». En la demanda de amparo, mediante otrosí, se solicita «la suspensión de la resolución impugnada y, con ella, de la sanción administrativa que la misma confirma». 4. Por providencia de 11 de abril de 2013, la Sala Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo y, en aplicación de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cádiz, a fin de que, respectivamente, en el plazo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 570-2011 y al recurso contencioso-administrativo 445-2010, y se emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional, si lo estimasen pertinente. 5. Mediante providencia de la misma fecha la Sala Segunda de este Tribunal acordó formar pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión en los términos del art. 56 LOTC y, tras las alegaciones de las partes, se dictó el ATC 116/2013, de 20 de mayo, por el que se resolvía conceder la suspensión solicitada. 6. Una vez recibidos los testimonios solicitados y cumplimentados los emplazamientos requeridos, la Sala Segunda, por diligencia de ordenación de su Secretaría de Justicia de 24 de mayo de 2013, acordó tener por personado al Abogado del Estado y dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que formularan las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC. 7. La representación procesal de la demandante evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el día 21 de junio de 2013, en el que reproduce las alegaciones formuladas en su escrito de demanda. 8. El Abogado del Estado, en escrito registrado el 26 de junio de 2013, formula sus alegaciones y, en su virtud, interesa la inadmisión del recurso en cuanto a la invocación del art. 19 CE y su desestimación por lo que hace a la pretendida vulneración del art. 18.1 CE. Y subsidiariamente la desestimación de todo él. Alega, en primer término, que la recurrente carece de legitimación activa, al menos por lo que hace a la invocación del art. 19 CE. Resalta que, a pesar que este precepto reconoce un derecho propio de los españoles, el amparo no se pretende para la hija menor española, pues el recurso no se interpone en nombre de la hija y porque ésta no fue parte en los procesos mediante los que se agotó la vía judicial previa, sino en provecho de la recurrente que es argentina. Respecto al fondo, y comenzando por la invocación del art. 18.1 CE, esta parte destaca que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación al art. 8 CEDH es eminentemente casuística y se halla más concernida por el problema que plantean los vínculos conyugales en el país de acogida que por la existencia de hijos menores, siendo estos últimos una circunstancia más a valorar junto con otras, tales como la duración de la estancia en el país, la gravedad de la infracción o del delito cometidos si fuesen la causa de expulsión, el tiempo transcurrido desde su comisión y la conducta del interesado en el mismo, la situación familiar y si la pareja lleva una vida familiar efectiva y real, el grado de asunción de las costumbres, idioma y en general de integración en el país del que se le expulsa, la gravedad de las dificultades que la persona que es expulsada o su cónyuge o hijos podrán hallar en el país de destino; notas que tomadas en conjunto podrán ofrecer un fundamento jurídico para reputar que una medida de expulsión es injustificada en una sociedad democrática (STEDH de 2 de agosto de 2001, caso Boultif c. Suiza [ap. 48]), lo que ocurrirá si, de alguna manera, con la expulsión la vida familiar entre madre e hija no fuera posible en ningún otro lugar por impedimento legal o fáctico. Atendiendo a estos criterios, el Abogado del Estado enfatiza los siguientes datos: a) la actora solo residía en España desde 2005 y en parte su estancia ha estado ligada a la condena penal cuyo cumplimiento terminó en 2011; b) solo pudo empezar a rehacer su vida desde la puesta en libertad, lo que sucedió en un momento demasiado reciente a efectos de apreciar un posible arraigo; c) es cierto que la actora mantuvo una relación sentimental con un ciudadano español, de la que nació su hija, pero, además que dicho progenitor estará en prisión hasta 2014, no se llegó tampoco a contraer matrimonio y en la actualidad ya no continúa tal relación sentimental; d) siendo la interesada nacional argentina y habiendo residido en su país hasta 2005, nada impide que siga conviviendo con su hija menor, legalmente y de hecho, en el país de destino. Y concluye que, conforme a estos hechos, no se da en este caso una situación especial que permita estimar que la vida familiar suponga, según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, un límite al margen de apreciación que tiene el Estado al definir su política de extranjería. Tampoco se conculca, a su juicio, el derecho a la libre circulación de los españoles por el territorio nacional y la imposibilidad jurídica de su expulsión ex art. 19 CE, en la medida en que la eventual salida de la hija menor junto con su madre no sería un acto forzoso sino una alternativa de libre elección, puntualizando que, teniendo en cuenta la condición de menor de edad de la niña, materializar esa opción incumbe al progenitor que ostente la patria potestad, que en este caso, según el art. 156 del Código civil, es la madre, porque el padre está en prisión. Por último, el Abogado del Estado arguye que, como destaca la Sentencia recurrida, el art 57.2 LOEx prevé en estos casos —comisión de delito doloso castigado con pena de prisión de más de un año de duración— la expulsión como medida incondicionada, no siendo de aplicación las excepciones que con apoyo en la situación de arraigo del extranjero contemplan los apartados 5 y 6 del art. 57 LOEx, lo cual no resulta desproporcionado a la hora de hacer una regulación general de preservación del orden público y de puesta en práctica de una política de extranjería, y menos aún en el caso que motiva este recurso de amparo, en el que la efectiva ejecución de la medida de expulsión no implica necesariamente una separación física entre la nacional argentina objeto de expulsión y su hija española menor de edad. 9. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 16 de julio de 2013, formula sus alegaciones interesando la desestimación íntegra del recurso. Se pretende en la demanda, según el Fiscal, que la madre no sea expulsada alegando para ello derechos que en realidad son del padre (art. 18.1 CE) y de la hija (arts. 18.1 y 19 CE), no acreditándose que éstos estén representados por la madre, pudiendo incluso existir un conflicto de intereses entre ellos. Acto seguido, respecto a la invocación del derecho a la vida familiar al amparo del art. 18.1 CE, y adoptando una perspectiva puramente fáctica, el Fiscal entiende que la expulsión de la recurrente no empeora la situación familiar preexistente, pues la convivencia ya había sido interrumpida al ingresar en prisión el padre y la madre, quedando la niña sin la compañía de ambos. Además, no habiéndose acreditado la existencia de una decisión judicial que regule la patria potestad, resulta aventurada la hipótesis de que la niña vaya a quedarse necesariamente bajo la custodia de la madre, premisa de la que se deriva su probable salida de España junto con la madre. Incluso en ese supuesto no es descartable que el padre al abandonar la cárcel en 2014 pudiera decidir ir a vivir en proximidad de la niña, de modo que el derecho a relacionarse entre sí no sufriría afectación. Para el Fiscal un panorama como el descrito no justificaría, por demasiado incierto, una decisión que se separase de la legalidad literal y contundente del art. 57.2 LOEx. Luego, ya en el plano jurídico, el Fiscal recuerda (con extensas referencias a las SSTC 236/2007, de 7 de noviembre, y 60/2010, de 7 de octubre) que el derecho a la vida familiar no está incluido en el ámbito de protección del art. 18.1 CE, de modo que una separación familiar supuestamente forzada por una expulsión de un extranjero no tendría necesariamente en nuestro diseño constitucional encaje en ese precepto, sino más bien en la esfera de tutela del art. 39 CE, donde se proclama la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los niños, bienes jurídicos que estarían fuera de lo que constituye objeto del recurso de amparo al no basarse en un derecho fundamental. El Fiscal añade que no cabe afirmar que el principio de protección a la familia o el pretendido derecho subjetivo a la relación paterno-filial o a la convivencia tenga un alcance absoluto, pues, so pena de incurrir en absurdos, ha de ceder en los casos de imposición de condenas penales de privación de libertad, en los de adopción de medidas de alejamiento de agresores en el ámbito doméstico y en los de medidas reguladoras de las rupturas de matrimonios y uniones de hecho con hijos. En el mismo sentido, en este caso la efectividad del ejercicio de la potestad jurisdiccional, del ius puniendi y de los fines de la pena, o el derecho a la seguridad y el orden público que debe garantizarse a las personas, tendrían primacía sobre el mantenimiento a ultranza sin modulaciones de la convivencia familiar. Recuerda en apoyo de esta tesis que en el ATC 54/2010, de 19 de mayo, se rechazó por notoriamente infundada una cuestión de inconstitucionalidad planteada en relación con el entonces art. 31.4 LOEx, por posible vulneración del art. 39 CE en cuanto que dicho precepto exigía la carencia de antecedentes penales en España como requisito para autorizar la residencia temporal de un extranjero y razona también que en las SSTC 145/2011, de 26 de septiembre y 140/2009, de 15 de junio, alegadas por la actora en su favor, aunque se apoyaban en que la expulsión del territorio nacional era desproporcionada dado el arraigo familiar del afectado, la estimación del recurso obedeció a otros criterios. Así, en la STC 145/2011 se apreció lesión del derecho de defensa (24.2 CE) sobre la base de que la decisión administrativa que impuso la sanción de expulsión del territorio nacional, en lugar de la sanción de multa prevista por la Ley con carácter general, se fundó en datos nuevos incorporados a la propuesta de resolución, no habiéndose dado traslado de la misma al interesado. Por su parte, en la STC 140/2009 se declaró vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva porque la Administración no motivó la preferencia por imponer a un extranjero que carecía de documentación de residencia la sanción de expulsión del territorio nacional en vez de la sanción de multa prevista por la Ley con carácter general. En este caso, por el contrario, las resoluciones administrativas y judiciales no incurren en ningún déficit de motivación, pues justifican su decisión de expulsión en que el art. 57.2 LOEx impone imperativamente tal sanción, de modo que, aun existente la situación de arraigo alegada por la afectada, la misma no podía tenerse en cuenta porque los apartados 5 y 6 del referido art. 57, que contemplan tales circunstancias excepcionales, no son aplicables al caso del art. 57.2 LOEx. El Fiscal termina exponiendo que tampoco el derecho a residir y circular libremente por territorio español de la menor española (art. 19 CE) se ve restringido, pues, como ya destacó al referirse a la vertiente fáctica, la expulsión de la madre no determina indefectiblemente que la hija menor salga de España y, caso de salir, podrá entrar cuando lo desee. 10. Por providencia de 31 de octubre de 2013 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 4 de noviembre de 2013. II. Fundamentos jurídicos 1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 13 de marzo de 2012 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que confirmó en apelación la resolución administrativa por la que se acordó la expulsión del territorio nacional de la recurrente, y tiene por objeto examinar si vulneró el derecho a la intimidad familiar (art. 18.1 CE) o el derecho de los españoles a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional (art. 19 CE). La recurrente sostiene, como ha quedado expuesto en los antecedentes, que se lesiona la intimidad familiar (art. 18.1 CE) y se vulneran los derechos reconocidos en el art. 19 CE. El Abogado del Estado, en los términos reseñados en los antecedentes, solicita la inadmisión parcial del recurso, por lo que hace a la invocación del art. 19 CE, por considerar que la recurrente al alegarlo está invocando derechos de un tercero, y la desestimación de todo lo demás. Subsidiariamente, suplica la desestimación íntegra del recurso. Por su parte, el Ministerio Fiscal, con el detalle descrito en los antecedentes, pide la desestimación íntegra del recurso, por entender que la intimidad familiar ex art. 18.1 CE no comprende el «derecho a la vida familiar» en que se apoya la actora y, de otro lado, en lo atinente a la invocación de los derechos tutelados por el art. 19 CE, porque expulsar a ésta del territorio nacional no supone para su hija menor española una obligación jurídica de abandonar España. 2. Con carácter previo al examen del fondo de la cuestión, procede analizar el óbice procesal en virtud del cual el Abogado del Estado insta la inadmisión, al menos parcial, de este recurso de amparo, consistente en la falta de legitimación activa de la recurrente derivada de que no es titular de los derechos que invoca, ni tampoco representa a los titulares en lo concerniente a la invocación del art. 19 CE. No podemos acoger tal alegación, pues, como se estableció en la STC 148/1993, de 29 de abril, FJ 2, «ex arts. 162.1 b) CE y 46.1 b) LOTC, la legitimación activa para recurrir en amparo resoluciones judiciales corresponde a toda persona natural o jurídica que, habiendo sido parte en el proceso judicial precedente, invoque un interés legítimo. Aun sin consagrar la acción popular, la legitimación activa no se otorga exclusivamente a la víctima o al titular del derecho infringido, sino también a quien ostente un interés legítimo, categoría más amplia que la de derecho subjetivo e incluso interés directo (SSTC 60/1982, de 11 de octubre, 97/1991, de 9 de mayo y 214/1991, de 11 de noviembre). Es suficiente que el recurrente con respecto al derecho fundamental violado se encuentre en una determinada situación jurídico-material identificable, no con un interés genérico en la preservación del derecho, sino con un interés en sentido propio, cualificado y específico, que debe ser valorado en atención al derecho fundamental que en cada caso se trate (SSTC 201/1987, de 16 de diciembre, 257/1988, de 22 de diciembre, 25/1989, de 3 de febrero, 123/1989, de 6 de julio y 25/1990, de 19 de febrero)». En este caso la recurrente, a pesar de no ser titular de los derechos invocados, cumple los dos requisitos exigidos por la doctrina constitucional referida para que se le reconozca legitimación activa. De un lado, consta que fue parte en el proceso judicial en el que se dictó la Sentencia de 13 de marzo de 2012 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que es la resolución judicial frente a la que se dirige el recurso de amparo. De otro, la actora sostiene que, de estimarse por este Tribunal que el juez a quo ha vulnerado los derechos fundamentales invocados de los que es titular la hija o el padre, la Sentencia que otorgase el amparo produciría en su ámbito jurídico propio una ventaja en sentido jurídico, lo que acredita que ostenta un interés legítimo en que se tutelen tales derechos fundamentales. Los razonamientos expuestos conducen a rechazar la inadmisión de falta de legitimación de la parte actora en lo concerniente a la vulneración del art. 19 CE, aducida por la Abogacía del Estado. 3. Al abordar las cuestiones de fondo resulta imprescindible, en primer término, delimitar el objeto de este proceso constitucional, partiendo para ello de la constante doctrina constitucional según la que, con las palabras de la STC 77/2008, de 7 de julio, FJ 4, «pesa sobre el recurrente la carga de facilitar a este Tribunal las alegaciones fácticas y jurídicas precisas a fin de dilucidar si ha mediado vulneración de los derechos fundamentales para cuya protección se interesa el otorgamiento del amparo constitucional (entre otras, SSTC 155/1999, de 14 de septiembre, FJ 1; 100/2003, de 2 de junio, FJ 2; 123/2006, de 24 de abril, FJ 3; y 155/2007, de 2 de julio, FJ 1)». La demanda adolece de falta de claridad en su planteamiento, pues aunque se articula por el cauce del art. 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y se funda en los arts. 18.1 y 19 CE, en su encabezamiento afirma expresamente que se promueve contra la Sentencia de 13 de marzo de 2012 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y en el suplico lo único que se pide es que, reconociéndole la lesión del derecho fundamental garantizado por el art. 18.1 CE, se anule la referida Sentencia dictada en apelación y se retrotraigan las actuaciones. Ahora bien, lo que resulta indiscutible, y a la par determinante del debate procesal que debe resolver este Tribunal, es que la recurrente, a pesar de impetrar el amparo frente a una resolución judicial, no funda su queja en una eventual lesión del art. 24.1 CE, sino en la vulneración de los arts. 18.1 y 19 CE en que esa Sentencia incurre a su juicio, de donde se sigue que este Tribunal, de acuerdo con la doctrina constitucional indicada, ha de contraer su examen a verificar el análisis efectivo de la supuesta vulneración de esos dos derechos fundamentales. A la misma conclusión conduce el análisis del escrito que previamente presentó la recurrente el 4 de abril de 2012, pues en él, como se expuso con detalle en los antecedentes, los únicos derechos cuya vulneración se argumenta son los consagrados en los arts. 18 y 19 CE, imputándose directamente la lesión a la decisión administrativa de expulsión y extendiéndola a las resoluciones jurisdiccionales en la medida que son confirmatorias de la misma y no porque supongan una vulneración autónoma de derechos fundamentales. 4. Respecto de la invocación que se efectúa del art. 19 CE, este Tribunal ha tenido ocasión de declarar que en varias situaciones resultaba afectado el espacio vital protegido por los derechos reconocidos en el art. 19 CE, aunque acabase resolviendo que no había vulneración de los mismos porque tal restricción estaba justificada por un fin constitucionalmente legítimo y era proporcionada. Entre ellas se cuentan, por mencionar los supuestos más relevantes, la libertad provisional con obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado (STC 85/1989, de 10 de mayo, FJ 3), la medida cautelar consistente en la residencia obligatoria en determinado lugar adoptada en el seno de procedimientos sancionadores en los que pueda proponerse la expulsión del extranjero (STC 260/2007, de 20 de diciembre, FJ 5), la pena de prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellas otras personas que determine el juez o tribunal, que es de imposición obligatoria en los delitos a que alude el art. 57.2 del Código penal [por todas, STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 8 a)] y la extradición pasiva de un nacional español (STC 205/2012, de 12 de noviembre, FJ 4), apreciándose como denominador común en todos estos supuestos que la restricción a las libertades garantizadas en el art. 19 CE viene determinada por un vínculo forzoso, ya se trate de una obligación en positivo o de una prohibición de hacer algo. Distinto es el caso en que, debido a las circunstancias coyunturales de una persona, un acuerdo del poder público pueda condicionarle, incluso de un modo especialmente intenso, a la hora de optar entre las alternativas de decisión que se le presentan. Podría decirse, además, que este criterio es el que late en la STC 90/1989, de 11 de mayo, FJ 5, donde afirmamos que «no puede considerarse vulneración de la libertad de residencia, en tanto no impidan que el ciudadano opte por mantener su residencia en donde ya la tenga, o por trasladarla a un lugar distinto, lo que constituye el presupuesto jurídico necesario del trato diferente entre diversas regiones. Ciertamente, quien así lo haga habrá de asumir las consecuencias de su opción, habida cuenta de los “beneficios y perjuicios, derechos, obligaciones y cargas que, materialmente o por decisión de los poderes públicos competentes, corresponden a los residentes en un determinado lugar... por el mero hecho de la residencia” (STC 8/1996, FJ 3); por lo que no cabe apreciar la vulneración del derecho reconocido en el art. 19 CE». En este caso, la resolución administrativa por la que se acuerda expulsar del territorio nacional a la madre, por mucha incidencia que pueda tener en la decisión de la hija menor española sobre su lugar de residencia, no entraña ninguna obligación jurídica de salir de España, en el sentido que no se impide a la ciudadana española optar entre mantener su residencia en España, separándose de la madre, o trasladarla a Argentina junto con su madre. Se trata, como resaltan tanto el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal, de alternativas de elección que, al menos formalmente, no resultan mermadas por el acuerdo administrativo que subyace en esta impugnación. Por todo ello, de aplicar sin más la ratio que deriva de la doctrina constitucional reseñada habríamos de concluir que la actuación pública recurrida en este recurso de amparo no vulnera las libertades que el art. 19 CE garantiza. 5. Ahora bien, siendo en este caso una menor de edad la titular de las libertades del art. 19 CE implicadas, la configuración de éstas debe ser modulada desde una doble perspectiva. El primero de los matices es derivación de la doctrina constitucional según la que los principios rectores consagrados en el capítulo III del título I de la Constitución Española, aunque no son por sí mismos susceptibles de amparo, constituyen elementos hermenéuticos de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos fundamentales (SSTC 95/2000, de 10 de abril, FJ 5; 192/2003, de 27 de octubre, FJ 3; y 154/2006, de 22 de mayo, FJ 3). En este sentido debemos tener presente que el art. 39.4 CE establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos y, en relación con ello, que el art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de derechos del niño (ratificada por Instrumento de 30 de noviembre de 1990 y publicada en el «BOE» núm. 313, de 31 de diciembre de 1990), prevé que en las decisiones de las autoridades administrativas en que puedan resultar concernidos los niños debe considerarse el interés de éstos de un modo principal, relevancia interpretativa del interés superior del menor que se ha puesto de manifiesto en la reciente doctrina constitucional (SSTC 127/2013, de 3 de junio, FJ 6; y 167/2013, de 7 de octubre, FJ 5). En segundo lugar, es de la mayor relevancia recordar que, como se apuntaba en la STC 12/1994, de 17 de enero, FJ 6, «ni la Constitución (SSTC 47/1987, 194/1987, 176/1988 y 8/1990) ni el Convenio (SSTEDH de 9 octubre 1979, caso Airey y 13 mayo 1980, caso Artico) consagran derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos», doctrina reiterada posteriormente por este Tribunal (por todas, SSTC 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 3; y 150/2011, de 29 de septiembre, FJ 5). En la misma línea, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de marzo de 2011 (asunto C-34/09), Gerardo Ruiz Zambrano y Office national de l”emploi (ONEm), refiriéndose a un ámbito material muy cercano al que nos ocupa, afirma «el art. 20 [del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea] se opone a medidas nacionales que tengan por efecto privar a los ciudadanos de la Unión del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto de ciudadano de la Unión. Pues bien, la negativa a conceder un permiso de residencia a una persona, nacional de un Estado tercero, en el Estado miembro en el que residen sus hijos de corta edad, nacionales de dicho Estado miembro, cuya manutención asume, y la negativa a concederle un permiso de trabajo, tienen tal efecto». Combinando estas dos notas procede afirmar que la menor de edad de nacionalidad española, aunque no se le imponga la obligación jurídica de salir del territorio nacional, verá lesionado su derecho fundamental a permanecer en España ex art. 19 CE cuando en el caso concreto el superior interés de la menor pase necesariamente por acompañar a su progenitor expulsado a su país de destino, ya sea por no tener en España ningún otro elemento de arraigo, ya sea porque solo dicho progenitor pueda asumir su manutención. Argumentar, en estas circunstancias que la menor de edad de nacionalidad española mantiene intacta la libertad de entrar y salir de España según su voluntad por el solo hecho de que no se le imponga la obligación jurídica de abandonar el territorio nacional sería tanto como convertir las libertades garantizadas en el art. 19 CE en derechos meramente teóricos o ilusorios. Para resolver este proceso constitucional conforme a esta ratio hay que partir de las circunstancias particulares del caso concreto. En primer lugar, como ha quedado expuesto en los antecedentes, la menor de nacionalidad española es hija de la afectada por la decisión administrativa de expulsión y actualmente vive con ella, pero es igualmente indiscutido que la madre no es la única progenitora conocida y residente en España, así como que no hay resolución administrativa o judicial que le atribuya en exclusiva los derechos de guarda y custodia sobre la niña. En efecto, consta quién es el padre, el cual no solo reside en España sino que es español de origen y, aunque está en prisión por el mismo delito que estuvo la madre, está cercano (2014) el cumplimiento de su pena. Adicionalmente, como reconoce la propia demandante, la menor de edad ha convivido efectivamente con su abuela paterna y con su abuela materna mientras su madre ha estado en prisión, siendo éstas quienes durante esos períodos de tiempo han asumido su manutención. Por todo ello, no se puede obviar que la menor de edad, aunque se ejecute la decisión administrativa de expulsión de su madre del territorio nacional, seguirá teniendo importantes elementos de arraigo en España que hacen viable en la práctica que opte, en aras de la prevalencia de su propio interés, por permanecer en España, de modo que dicha expulsión no impedirá el disfrute efectivo de las libertades que como ciudadana española le reconoce el art. 19 CE. 6. A partir de esta situación procede analizar la eventual afectación al otro derecho fundamental invocado en la demanda de amparo, que es el «derecho a la vida familiar» que la recurrente considera comprendido en la intimidad familiar ex art. 18.1 CE, no pudiendo descartarla sobre la base de que una de las posibilidades fuese que la hija menor siguiera en compañía de su madre en el país de destino, pues ello privaría de efectividad al derecho examinado en el fundamento jurídico anterior. En este punto y sobre el contenido y alcance del derecho a la intimidad familiar que reconoce a todas las personas el art. 18.1 CE existe una doctrina constitucional consolidada que procede recordar. En la STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 11, precisamente en relación a si era constitucional la remisión al reglamento que los arts. 16 a 18 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (LOEx) contenían en materia de reagrupación familiar o contradecía las reservas de ley prevista en los arts. 81.1 y 53.1 CE, declaramos que «el art. 8.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (CEDH) establece que “toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia”. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en contraste con la de este Tribunal, ha deducido de aquel precepto un “derecho a la vida familiar”, que comprendería como uno de sus elementos fundamentales el disfrute por padres e hijos de su mutua compañía (STEDH caso Johansen, de 27 de junio de 1996, § 52) … Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido que en algunos casos el art. 8.1 CEDH puede actuar como límite a la posibilidad de aplicación de las causas legales de expulsión de los extranjeros, si bien teniendo en cuenta a su vez los límites impuestos por el art. 8.2 CEDH, las circunstancias del caso y la ponderación de los intereses en juego (entre muchas, STEDH caso Dalia, de 19 de febrero de 1988, §§ 39-45, 52-54)». También la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por todas en SSTEDH de 28 de mayo de 1985, caso Abdulaziz c. Reino Unido y 28 de noviembre de 1996, caso Ahmut c. Países Bajos), reconoce que el derecho de reagrupamiento familiar posteriormente regulado en la Directiva 2003/86/CE del Consejo sólo es viable en el supuesto de imposibilidad de vida familiar en ningún otro lugar, y en la STEDH de 2 de agosto de 2001, caso Boultif c. Suiza, se deja un margen de apreciación a los Estados en aplicación de las normas de extranjería. En todo caso, en la misma Sentencia 236/2007, de 7 de noviembre, matizamos que «nuestra Constitución no reconoce un “derecho a la vida familiar” en los mismos términos en que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado el art. 8.1 CEDH, y menos aún un derecho fundamental a la reagrupación familiar, pues ninguno de dichos derechos forma parte del contenido del derecho a la intimidad familiar garantizado por el art. 18.1 CE» y dijimos en esa misma resolución que el art. 18 CE «regula la intimidad familiar como una dimensión adicional de la intimidad personal, y así lo ha reconocido nuestra jurisprudencia. Hemos entendido, en efecto, que el derecho a la intimidad personal del art. 18 CE implica “la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario —según las pautas de nuestra cultura— para mantener una calidad mínima de la vida humana” (STC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3). Y precisado que el derecho a la intimidad “se extiende no sólo a los aspectos de la vida propia personal, sino también a determinados aspectos de otras personas con las que se guarde una personal y estrecha vinculación familiar, aspectos que, por esa relación o vínculo familiar, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo que los derechos del artículo 18 CE protegen. “No cabe duda que ciertos eventos que pueden ocurrir a padres, cónyuges o hijos tienen, normalmente y dentro de las pautas culturales de nuestra sociedad, tal trascendencia para el individuo, que su indebida publicidad o difusión incide directamente en la propia esfera de su personalidad. Por lo que existe al respecto un derecho -propio y no ajeno- a la intimidad, constitucionalmente protegido” (STC 231/1988)” (STC 197/1991, de 17 de octubre, FJ 3). En suma, el derecho reconocido en el art. 18.1 CE atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia de una publicidad no querida (STC 134/1999, de 15 de julio, FJ 5; STC 115/2000, de 5 de mayo, FJ 4)» (FJ 11). Posteriormente, en la STC 60/2010, de 7 de octubre, resolviendo acerca de qué principios o derechos constitucionales se ven restringidos como consecuencia de la adopción de la pena de prohibición de aproximación a la víctima de los delitos aludidos en el art. 57.2 Código penal, reiteramos literalmente el criterio expuesto de la citada STC 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 8, y, a continuación, concluimos que «la imposición de la pena de alejamiento afecta, pues, al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) pero no a la intimidad familiar, porque lo que el derecho reconocido en el art. 18.1 CE protege “es la intimidad misma, no las acciones privadas e íntimas de los hombres” (STC 89/1987, de 3 de junio, FJ 2)», puntualizando inmediatamente después que «la distancia entre la doctrina expuesta y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 8.1 CEDH, que, tal y como afirma la Sala en el Auto de cuestionamiento, ha deducido de este precepto un “derecho a la vida familiar”, debe relativizarse en gran medida. En efecto, en la STC 236/2007, de 7 de noviembre, hemos señalado que “nuestra Constitución no reconoce un “derecho a la vida familiar” en los mismos términos en que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha interpretado el art. 8.1 CEDH” (FJ 11). Sin embargo, según se ha advertido, ello en modo alguno supone que el espacio vital protegido por ese “derecho a la vida familiar” derivado de los arts. 8.1 CEDH y 7 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, y, en lo que aquí importa, la configuración autónoma de las relaciones afectivas, familiares y de convivencia, carezca de protección dentro de nuestro ordenamiento constitucional». 7. En consecuencia, procede declarar que es jurisprudencia constitucional reiterada, a la que hemos de ajustarnos al resolver este recurso de amparo, que el «derecho a la vida familiar» derivado de los arts. 8.1 CEDH y 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea no es una de las dimensiones comprendidas en el derecho a la intimidad familiar ex art. 18.1 CE y que su protección, dentro de nuestro sistema constitucional, se encuentra en los principios de nuestra Carta Magna que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) y que aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1 CE) y de los niños (art. 39.4 CE), cuya efectividad, como se desprende del art. 53.2 CE, no puede exigirse a través del recurso de amparo, sin perjuicio de que su reconocimiento, respeto y protección informará la práctica judicial (art. 53.3 CE), lo que supone que los jueces ordinarios han de tenerlos especialmente presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEx, verificando si, dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión del territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional al fin que dicha medida persigue, que no es otro en el caso del art. 57.2 LOEx que asegurar el orden público y la seguridad ciudadana, en coherencia con la Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo de 2001 del Consejo. Por todo ello, verificado que la posición jurídica invocada en la demanda en relación a la vida familiar y las relaciones paterno-filiales no aparece protegida por ningún precepto constitucional exigible en este cauce procesal, corresponde desestimar también este segundo motivo de amparo. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Rechazar la falta de legitimación de la parte actora, en lo concerniente a la vulneración del art. 19 CE, aducida por el Abogado del Estado y desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña G.V.A. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil trece.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Enrique López y López.–Firmado y rubricado. Voto particular que formulan los Magistrados doña Adela Asua Batarrita y don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2022-2012 En el ejercicio de la facultad conferida por el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y con pleno respeto a la opinión de la mayoría reflejada en la Sentencia, formulamos el presente Voto, dejando constancia de los fundamentos de nuestra posición discrepante con el fallo y con los razonamientos que lo sustentan, de acuerdo con los argumentos que defendimos en la deliberación de la Sala. 1. Nuestra discrepancia con la Sentencia aprobada por la mayoría comienza desde el mismo relato fáctico recogido en los antecedentes que preceden a la fundamentación jurídica, a la que nos referiremos posteriormente, y que, por su insuficiencia e incorrección, condiciona el posterior enjuiciamiento del recurso de amparo, determinando la exclusión y no contestación de alguna otra concreta queja articulada de manera efectiva por la demandante o su errónea apreciación. Ante todo, es preciso aclarar qué impugnaba la actora en el presente recurso de amparo, porque ésta es una cuestión en la que la Sentencia de la que discrepamos se mueve en una cierta indefinición, cuya responsabilidad se trata de trasladar a las deficiencias técnicas de las que, según se afirma, adolece la demanda. Basta examinar el escrito presentado por el Abogado de la recurrente el 4 de abril de 2012, que aparece firmado en prueba de conformidad por la propia demandante, para constatar que la inequívoca voluntad de ésta era la de dirigir su recurso de amparo contra la resolución de la Subdelegación del Gobierno de Cádiz, de 21 de septiembre de 2009, por la que se decretaba su expulsión del territorio nacional, con prohibición de entrada en todo el territorio Schengen durante un plazo de diez años (plazo reducido a cinco años por la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cádiz de 30 de marzo de 2011), y contra la resolución del mismo órgano administrativo de 4 de marzo de 2010, resolutoria del recurso de reposición interpuesto contra la anterior y que la confirma en todos sus términos. Este escrito, al que se refiere el antecedente 3 de la Sentencia aprobada por la mayoría, era, en nuestra opinión, una auténtica y completa demanda de amparo, que cumplía los requisitos previstos en el art. 49 LOTC, con identificación precisa de los actos administrativos contra los que se dirige, incluyendo el relato de hechos y la argumentación acerca de los derechos fundamentales vulnerados, y, finalmente, recogiendo claramente en el petitum la pretensión que se articulaba, solicitando que se tuviera por interpuesto en tiempo y forma recurso de amparo. La demanda se encontraba firmada por el Letrado defensor y —como se ha dicho— por la propia recurrente, que se ratificó posteriormente en su contenido a instancia de este Tribunal. Pues bien, aunque el Letrado y el Procurador posteriormente designados de oficio para defender y representar a la actora en el presente recurso redactaran una nueva demanda dirigiendo la impugnación contra la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cádiz, de 30 de marzo de 2011 (PA núm. 445-2010) y contra la Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sede de Sevilla), de 13 de marzo de 2012 (apelación núm. 570-2011), lo cierto es que la voluntad impugnatoria de la recurrente ha sido muy clara desde el principio, siendo significativo que, en el escrito de alegaciones presentado en el trámite del art. 52.1 LOTC, se precise este extremo, solicitando la anulación de las resoluciones administrativas, cuestión que se silencia en el antecedente 7 de la Sentencia, al referirse a dicho escrito. Por lo demás, y a pesar de las deficiencias técnicas que se achacan a esa segunda demanda, elaborada y presentada por el Letrado y el Procurador designados de oficio, basta una lectura detenida de la misma para constatar que las vulneraciones de derechos fundamentales se imputan esencialmente a las resoluciones administrativas, razón por la cual el recurso se articula con fundamento en el art. 43 LOTC. 2. Aclarado lo anterior, hemos de manifestar nuestra más absoluta discrepancia con el contenido que en el antecedente 3 de la Sentencia aprobada por la mayoría se asigna al inicial escrito de demanda presentado el 4 de abril de 2012, y al posterior, registrado el 31 de julio de 2012. En ambos casos se omite la referencia a una queja debidamente articulada por la recurrente, dirigida a denunciar la vulneración del art. 24.1 CE por parte de las resoluciones administrativas impugnadas, remachándose esta omisión con la afirmación, contenida en el fundamento jurídico 3 de la Sentencia, de que resulta indiscutible que la recurrente «no funda su queja en una eventual lesión del art. 24.1 CE». Y, sin embargo, tal afirmación dista de ser cierta, porque la actora sí denuncia la expresada vulneración. En efecto, aunque en el antecedente 3 sólo se mencionen las páginas 12 y 14 de ese inicial escrito, señalando que el recurso se interpone de acuerdo con el art. 43 LOTC y que se limita a citar los arts. 18 y 19 CE, lo cierto es que, a lo largo de la página 4 y comienzo de la 5, se denuncia la vulneración del art. 24.1 por la resolución administrativa impugnada, aduciendo que no responde a las alegaciones de la actora, que utiliza un formulario, que realiza afirmaciones falsas contradichas por los documentos aportados al expediente, que no es congruente con lo alegado y con las circunstancias del caso, que ni se ha comprobado ni se ha rebatido la documentación aportada, todo lo cual, dice textualmente: «produce una total incongruencia, y anula la resolución por falta de motivación, generando indefensión de la interesada contraria al art. 24.1 de la Constitución» (denuncia que se reitera en la página 10). Asimismo, se alega en la página 5 que la sanción es desproporcionada, habida cuenta de los argumentos que se expusieron ante la Administración y que ésta ignoró, argumentos que se vuelven a reproducir a continuación en las páginas 5 a 7, incidiendo de nuevo, en esta última, en el principio de proporcionalidad, acompañada de cita de doctrina jurisprudencial tanto de este Tribunal como de otras instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales. Es significativo, en particular, que se cite la STC 140/2009, de 15 de junio, en la que se estimó un recurso de amparo interpuesto contra una resolución administrativa sancionadora en materia de extranjería, fundamentándose la estimación, exclusivamente, en la apreciación de que la resolución administrativa había lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva por no haber motivado la imposición de la sanción de expulsión. Y, por si cupiera alguna duda, toda la argumentación de aquel inicial escrito de la recurrente se reproduce en la demanda presentada el 31 de julio de 2012, concretamente entre sus páginas 12 y 21, con cita expresa, igualmente, del art. 24.1 CE como precepto vulnerado por las resoluciones administrativas sancionadoras. Más allá de presuntas deficiencias técnicas, es indiscutible para los Magistrados firmantes de este Voto que no son los artículos 18 y 19 CE el único fundamento de la demanda de amparo, en la que claramente se aprecia la denuncia de una grave deficiencia de motivación por parte de la Administración a la hora de imponer la sanción de expulsión, por haberlo hecho sin tomar en consideración lo alegado y probado por la actora y, en definitiva, sin valorar, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, las circunstancias del caso, actuación que la recurrente considera contraria al art. 24.1 CE. Se hace necesario recordar aquí, frente a la opinión sustentada por la mayoría, que este Tribunal ha mantenido un criterio de flexibilidad, en cuanto reclamaciones sobre derechos fundamentales (por todas, SSTC 59/1987, de 19 de mayo, FJ 1; 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 262/1988, de 22 de diciembre, FJ 6), admitiendo la invocación de los derechos cuya reparación o preservación se pide aunque no se hubiera mencionado de manera expresa el precepto constitucional supuestamente violado, ni tampoco su nomen iuris, ni su contenido literal (por todas, STC 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 4), considerado suficiente que se haga en forma tal que se permita al órgano judicial, o a este mismo Tribunal, entrar a conocer de las específicas vulneraciones aducidas. Y, en este caso, resulta evidente que la actora ha planteado una queja dirigida contra las resoluciones administrativas impugnadas, fundada en la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, pues, aparte de que cita expresamente como infringido el art. 24.1 CE, el contenido de su argumentación permitía a este Tribunal identificar sin ningún género de duda la vulneración objeto de la queja y entrar a conocer de la misma. Por consiguiente, atrapada en su particular y parcial «deconstrucción» de la demanda de amparo, y más preocupada por el rigor técnico de la defensa designada de oficio que por el propio y evidente contenido del recurso de amparo, la Sentencia de la que discrepamos ha incurrido en una denegación de justicia, dejando sin la correspondiente contestación una queja debidamente formulada por la actora, teniéndola por no planteada, siendo así que, como razonaremos a continuación, dicha queja merecía ser estimada. 3. En efecto, a nuestro juicio, la queja referida a la vulneración del art. 24.1 CE debía prosperar y determinar la estimación del amparo, porque las resoluciones administrativas impugnadas han quebrantado las garantías que dicho precepto impone al ejercicio de la potestad sancionadora. Debemos comenzar por recordar que este Tribunal ha señalado de manera reiterada que las garantías procesales establecidas en el art. 24 CE son aplicables también a los procedimientos administrativos sancionadores, en cuanto que son también manifestación de la potestad punitiva del Estado, con las matizaciones que resulten de su propia naturaleza (por todas, SSTC 120/1994, de 25 de abril, FJ 2; 291/2000, de 30 de abril, FJ 4; 54/2003, de 24 de marzo, FJ 3; 308/2006, de 23 de octubre, FJ 3; y 17/2009, de 26 de enero, FJ 2), incluyendo entre esas garantías el deber de motivación, pues, como se encarga de reseñar la STC 82/2009, de 23 de marzo, FJ 2, « “frente a la regla general, conforme a la cual el deber de motivación de los actos administrativos es un mandato derivado de normas que se mueven en el ámbito de lo que venimos denominando legalidad ordinaria, en determinados supuestos excepcionales, tal deber alcanza una dimensión constitucional que lo hace fiscalizable a través del recurso de amparo constitucional. Así ocurre cuando se trate de actos que limiten o restrinjan el ejercicio de derechos fundamentales (SSTC 36/1982, 66/1995 o 128/1997, entre otras). También en relación con actos administrativos que impongan sanciones” (SSTC 7/1998, de 13 de febrero, FJ 6; y 236/2007, de 7 de noviembre, FJ 12)». En el presente caso nos encontramos, precisamente, ante un supuesto de ejercicio del ius puniendi por parte del Estado, por lo que la necesidad de motivación en las resoluciones recaídas en el procedimiento sancionador resultaba constitucionalmente exigible. Según resulta de las actuaciones, especialmente de los documentos aportados por la actora tanto en sede judicial como ante este Tribunal (ya que el expediente administrativo sancionador no figura en las actuaciones remitidas a este Tribunal, a pesar de ser un elemento esencial para la resolución del recurso), a la actora le fue incoado un expediente sancionador por la Subdelegación del Gobierno de Cádiz mientras se encontraba cumpliendo condena en un centro penitenciario, y le fue concedido un plazo de cuarenta y ocho horas para formular alegaciones, en el que el Abogado designado para defenderla presentó escrito poniendo de relieve la dificultad para aportar documentos (al encontrarse interna en un centro penitenciario), señalando a tales efectos los registros públicos correspondientes, pero en el que alegaba que tenía una relación con un ciudadano español, fruto de la cual había nacido una hija que tenía nacionalidad española, manifestando su deseo de formalizar su situación al salir de prisión y aduciendo que existía una efectiva situación de arraigo. La resolución sancionadora, de 21 de septiembre de 2009, impuso a la recurrente la sanción de expulsión, con prohibición de entrada en territorio español por diez años, en aplicación de los arts. 53 a) y 57.2 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (LOEx), razonando que «No parece desproporcionada la sanción de expulsión cuando son hechos que constan en el expediente que Vd. ha vulnerado toda la normativa española relacionada con la entrada y estancia de extranjeros en España; carece de cualquier tipo de documentación personal que asegure su identidad y nacionalidad; y reside en España sin tener autorización para ello y sin, ni siquiera intentar obtenerla. Y, además, se encuentra en prisión cumpliendo condena impuesta por una conducta dolosa que constituye en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año». Además, se añadía la consideración de que la infracción tipificada en el art. 57.2 LOEx está sancionada por la propia ley con la expulsión, por lo que no cabe la sanción de multa. Nos consta también que la actora interpuso recurso de reposición frente a dicha resolución sancionadora, poniendo de relieve la inexactitud de la mayor parte de cuanto en ella se afirmaba, lo que respaldó con la aportación de la pertinente documentación, y alegando en síntesis, que la expulsión vulneraría bienes jurídicos de mayor protección que la regulación de flujos migratorios, señalando, especialmente, la afección de los derechos de su hija en cuanto a vivir en familia con su padre y con su madre y a la permanencia en España, en su condición de española, al verse obligada a trasladarse con su madre a Argentina, por encontrarse su padre en prisión, así como a los derechos de éste, al privarlo, como consecuencia, del derecho a relacionarse con su hija. Al escrito acompañó, entre otros documentos, copia del DNI y de la partida de nacimiento de su hija, del libro de familia, del permiso de residencia concedido en el año 2005 a la demandante, de su tarjeta sanitaria individual expedida por la Junta de Andalucía, del pasaporte de la actora con sello de entrada en España a través del aeropuerto de Barajas, certificados de empadronamiento, y oferta de trabajo como empleada de hogar. El recurso de reposición fue desestimado por resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, de 4 de marzo de 2010, en la que se razona: «El art. 25 de la L.O. 4/2000 señala los requisitos de entrada en el territorio español, entre ellos el efectuar la entrada por puesto fronterizo habilitado el efecto, provisto de pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, no consta que se hayan cumplido ninguno de tales requisitos. En el momento de la detención se encontraba ilegalmente en España, dado que al proceder a su identificación debía simplemente haber mostrado su pasaporte con el correspondiente sello de entrada o bien la autorización de residencia o documento análogo que le permitieran la entrada o la estancia en nuestro país. Y no se han presentado pruebas de poseerlos a pesar del tiempo transcurrido desde la iniciación del presente procedimiento. No parece desproporcionada la sanción de expulsión cuando son hechos que constan en el expediente que Vd. ha vulnerado toda la normativa española relacionada con la entrada y estancia de extranjeros en España; carece de cualquier tipo de documentación personal que asegure su identidad y nacionalidad; y reside en España sin tener autorización para ello y sin, ni siquiera, intentar obtenerla. Y, además, ha sido condenado a una pena privativa de libertad impuesta por una conducta dolosa que constituye en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.» A este relato sólo cabe añadir que, recurrida la sanción en vía contencioso-administrativa, el Juzgado núm. 2 de Cádiz, en Sentencia de 30 de marzo de 2011, redujo la prohibición de entrada a cinco años, que es el máximo previsto en el art. 58.1 LOEx, sin que la Administración hubiese justificado la concurrencia de algún supuesto de amenaza grave, de acuerdo con el apartado 2 de dicho precepto, que permitiera la imposición del plazo de prohibición que la sanción impugnada establecía. En lo demás, el recurso fue desestimado, siendo confirmada esta decisión en apelación. 4. A la vista de cuanto ha quedado expuesto, resulta evidente para los Magistrados firmantes de este Voto la manifiesta ausencia de motivación por parte de las resoluciones administrativas sancionadora y resolutoria del recurso de reposición, que han prescindido por completo de lo alegado por la demandante y se han limitado a emplear un formulario, en el que se utiliza reiteradamente el masculino para referirse a ella, y en el que se recogen como fundamento de la sanción de expulsión una serie de circunstancias que han sido rotundamente desmentidas por los documentos aportados por la actora. Esto es, la Administración, además de tratar de justificar la proporcionalidad de la sanción en una serie de circunstancias que, en su práctica totalidad, queda demostrado de forma palmaria que no concurren en la actora, se ha negado, lisa y llanamente, a tomar en consideración las circunstancias del caso, omitiendo toda valoración acerca del dato alegado por la sancionada de que contaba con una pareja estable, de nacionalidad española, y que fruto de su relación había nacido una niña, también española, y sobre la afección que en cuanto a los derechos e intereses de ambos produciría la sanción de expulsión. Y esta ausencia de motivación resulta tanto más grave en la medida en que, por una parte, resultaban afectados derechos fundamentales, como los reconocidos en los arts. 18 y 19 CE, de suerte que se exigía una motivación reforzada (por todas, STC 31/2013, de 11 de febrero, FJ 3), y, por otra, lo alegado por la demandante de amparo en cuanto a sus circunstancias personales estaba en conexión con intereses de indudable relevancia constitucional, como son los contenidos en el art. 39 CE, de manera que, ante su puesta de manifiesto por la persona contra la que se dirigía el procedimiento sancionador, su ponderación resultaba obligada. En efecto, resultan innegables para cualquier observador, por más que la Sentencia de la que discrepamos —yendo más allá del papel de Juez constitucional— haya querido minimizar su incidencia práctica, los negativos efectos que la sanción de expulsión produce sobre los derechos e intereses de la hija menor de edad de la demandante de amparo. En primer lugar, se va a ver privada de su derecho a la vida familiar bien con su padre, bien con su madre, dependiendo de si la madre la lleva consigo o no a Argentina, y, aun en el caso de que su madre la dejara en España (situación poco probable), se podría llegar a encontrar en situación de desamparo (art. 172.1 del Código civil), dado que su padre se encuentra en prisión hasta el año 2014 y no puede atenderla. Por otra parte, no es menos importante la incidencia sobre el derecho de la menor a elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional (art. 19 CE), en su condición de ciudadana española, ya que, en las circunstancias actuales, y puesto que no tiene capacidad para decidir por sí misma, la expulsión de su madre, encontrándose el padre en prisión, implica, so pena de dejar de cumplir las obligaciones parentales que incumben a aquélla constitucionalmente, la obligación de la menor de abandonar el territorio nacional junto a su madre. Y, finalmente, y como consecuencia de todo ello, la salida de España de la menor conllevará que su padre no podrá tenerla en su compañía ni ejercer los derechos y deberes que en tal condición le corresponden. Atendida la relevancia constitucional de esas circunstancias, la negativa a valorarlas debe ser considerada una decisión arbitraria, como ya señalara este Tribunal en un supuesto similar en la STC 140/2009, de 15 de junio, FJ 6, en la que se afirmó: «En efecto, baste recordar a esos efectos, teniendo presente que por mandato del art. 10.2 CE, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconocen deben ser interpretados de conformidad con la Declaración universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificados por España, que el art. 39.1 CE establece que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia, y que, en relación con ello, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reiterado que en los supuestos de expulsión, tanto cuando son consecuencia de una infracción penal como en aplicación de la normativa administrativa de extranjería, el arraigo familiar puede actuar como límite a la expulsión, porque la ejecución de la misma podría no resultar proporcionada al fin legítimo perseguido por la medida, esto es la garantía del orden público, vulnerando de ese modo el derecho a la vida privada y familiar reconocido en el art. 8.1 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH; por todas, SSTEDH de 2 de agosto de 2001, caso Boultif c. Suiza, o de 17 de abril de 2003, caso Yilmaz c. Alemania). Igualmente, tampoco cabe obviar que el art. 39.4 CE establece que los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos y, en relación con ello, que el art. 3.1 de la Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, de derechos del niño (ratificada por Instrumento de 30 de noviembre de 1990 y publicada en el BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1990), establece que en todas las medidas que tomen, entre otros, las autoridades administrativas en que puedan resultar concernidas los niños de ser de consideración primordial atender a los intereses superiores del niño». La Sentencia aprobada por la mayoría se refiere acertadamente, en el fundamento jurídico 7, al necesario reconocimiento, respeto y protección de mandatos constitucionales, como los establecidos en los apartados 1 y 4 del art. 39 CE, señalando que deben informar la práctica judicial, «lo que supone que los jueces ordinarios han de tenerlos especialmente presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEx, verificando si, dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión del territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional al fin que dicha medida persigue, que no es otro en el caso del art. 57.2 LOEx que asegurar el orden público y la seguridad ciudadana, en coherencia con la Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo de 2001 del Consejo». De dicho razonamiento debería seguirse, en pura lógica, un análisis sobre si, en el presente caso, se habían tenido en cuenta los expresados mandatos tanto por la Administración, a la hora de imponer la sanción de expulsión, como por los órganos judiciales, en su labor de revisión de la actuación administrativa, lo que se traduciría en verificar si, dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión del territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar —y, añadimos, para la hija— es proporcional al fin que dicha medida persigue. Pero paradójicamente, la Sentencia se queda ahí y no extrae las ineludibles conclusiones de esa afirmación, sino que se limita, de modo incomprensible, a constatar que la posición jurídica invocada en la demanda en relación a la vida familiar y las relaciones paterno-filiales no aparece protegida por ningún precepto constitucional exigible en este cauce procesal, en lugar de constatar que esos mandatos constitucionales de protección de la familia y de los hijos no se han tenido en cuenta ni por la Administración ni por los órganos jurisdiccionales al imponer y confirmar la sanción de expulsión. De cuanto hasta aquí se ha expuesto, no podemos sino llegar a la conclusión de que las resoluciones administrativas impugnadas por la actora han vulnerado el derecho de ésta a la tutela judicial efectiva, pues su grado de arbitrariedad es tal, que la aplicación de la legalidad que han realizado es tan sólo una mera apariencia, por lo que no pueden entenderse fundadas en Derecho (SSTC 56/2013, de 11 de marzo, FJ 2; y 128/2013, de 3 de junio, FJ 4), e incluso, se podría llegar a afirmar que carecen absolutamente de motivación, porque la que contienen es meramente formularia y no responde a las reales circunstancias del caso. No se ve afectada esta conclusión por la interpretación rigorista que del art. 57.2 LOEx realizan tanto las resoluciones administrativas como las judiciales, en el sentido de que no cabría ponderación de las circunstancias del caso concreto. Una interpretación semejante no puede ser aceptada. Como este Tribunal apuntó en la STC 140/2009, FJ 6, el art. 55.3 LOEx prevé expresamente que la graduación de las sanciones en materia de extranjería se ajustará a criterios de proporcionalidad, lo que ha de cohonestarse con el deber de motivar no sólo la calificación jurídica de los hechos, sino también la sanción a imponer (STC 212/2009, de 26 de noviembre, FJ 4). Por otra parte, también se ha señalado en la STC 113/2002, de 9 de mayo, FJ 6, que «la necesidad de que la ley predetermine suficientemente las infracciones y las sanciones, así como la correspondencia entre unas y otras, no implica un automatismo tal que suponga la exclusión de todo poder de apreciación por parte de los órganos administrativos a la hora de imponer una sanción concreta», criterio reiterado en la STC 260/2007, de 20 de diciembre, FJ 7, y que resulta perfectamente trasladable a la previsión del art. 57.2 LOEx. En efecto, una primera aproximación al mismo nos permite constatar que, simplemente, viene a añadir un supuesto más al elenco de conductas que, según la previsión del art. 57.1, pueden dar lugar a la expulsión de un extranjero, pero sin que se aprecie en sus términos una rigidez tal que impida toda capacidad de apreciación por parte de la Administración sancionadora privándole de la imprescindible labor de ponderación que debe realizarse en todo procedimiento sancionador. El propio art. 57 contempla en los apartados 5 y 6 supuestos de excepción en los que no podrá imponerse la sanción de expulsión, y en su apartado 3, como regla que debe entenderse referida a los dos que lo preceden, prevé que no podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa, de donde puede derivarse sin problema que tanto en el supuesto del apartado 1 como en el del 2 cabe la imposición de cualquiera de las dos sanciones, dejando la propia ley, por tanto, margen a la ponderación administrativa, sin que la expulsión opere ope legis. En todo caso, no cabe admitir, por inconstitucional, una interpretación del art. 57.2 LOEx que obligue a expulsar al extranjero en quien concurra el presupuesto de hecho de la norma con absoluta abstracción de las circunstancias del caso, sin permitir ponderación alguna de las mismas, incluso en aquellos supuestos en los que, como sucede en el que nos ocupa, resulten afectados por la expulsión derechos fundamentales o intereses de relevancia constitucional, tales como los protegidos por el art. 39 CE. En casos así será obligado siempre efectuar la debida ponderación entre los intereses en presencia, para determinar si el sacrificio que experimenten esos derechos o intereses con relevancia constitucional puede suponer que la ejecución de la expulsión no resulte proporcionada al fin legítimo perseguido por la medida. En otro caso, si la postulada por órganos administrativos y judiciales fuera la única interpretación posible del precepto aplicado, habría que concluir necesariamente que éste resulta inconstitucional. 5. Discrepamos también de la Sentencia aprobada por la mayoría en relación con la conclusión a la que llega en cuanto a la denuncia de vulneración del art. 19 CE que realiza la actora, que se concreta en la lesión de los derechos de su hija menor de edad, que se verá obligada a abandonar el país como consecuencia de la expulsión de su madre, pese a ser la menor ciudadana española. Ante todo, hemos de señalar que, aunque compartimos la conexión que se hace en el fundamento jurídico 5 del art. 19 CE con los principios rectores consagrados en el capítulo III del título I CE, sin embargo, consideramos que esa conexión se realiza de manera selectiva, sin una razón que justifique el modo de actuar, que la Sentencia, en cualquier caso, no explicita. En efecto, en ésta se conecta el art. 19 CE únicamente con el art. 39.4 CE, que otorga a los niños la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos, pero se omite toda consideración respecto de otros principios rectores que pueden ser conectados con los derechos fundamentales consagrados en el art. 19 CE, y que resultan trascendentes para el supuesto de hecho que nos ocupa, en la medida en que, siguiendo igual secuencia lógica de conexión con el derecho fundamental de los españoles a elegir libremente la residencia, pueden condicionar la expulsión de la actora. Así, en primer lugar, ha de conectarse también aquí el art. 19 CE con el apartado 1 del art. 39 CE, referido a la protección de la familia por los poderes públicos, que se proyecta, en este caso, a la convivencia familiar de la menor con su madre, pues, para mantenerla, se verá obligada a abandonar el territorio nacional, y no resulta admisible, desde la perspectiva constitucional, que se dé lugar a una contraposición de tal envergadura entre el derecho fundamental y el principio rector hasta el punto de hacer imposible la satisfacción conjunta de ambos. En segundo lugar, el art. 19 CE ha de cohonestarse igualmente con el apartado 3 del art. 39 CE, que recoge el deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a sus hijos, que en este caso también se convertiría en un deber de imposible cumplimiento por la madre si, para respetar el derecho a elegir libremente residencia de la hija, se produce la permanencia de ésta en el territorio nacional mientras la madre es expulsada, ya que para que dicho deber pueda ser efectivamente cumplido, la hija también deberá abandonar el territorio nacional junto a su madre. Por tanto, es preciso conectar en la misma medida este principio rector con el derecho fundamental concernido, de forma que el cumplimiento del deber de asistencia a los hijos que recae sobre los padres pueda llegar eventualmente a condicionar una expulsión. El segundo aspecto en el que se centran nuestras discrepancias es el referido a la adjetivación selectiva de los perjuicios que pueden dar lugar a la lesión del derecho fundamental del art. 19 CE, que la Sentencia concreta en que el superior interés de la menor pase necesariamente por acompañar al progenitor expulsado, bien por no tener en España otro elemento de arraigo bien porque sólo dicho progenitor pueda asumir su manutención. A nuestro juicio, tal adjetivación resulta caprichosa y reduccionista o estrecha de miras, concretando los únicos supuestos en los elementos fácticos que concurrían en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se cita en el propio fundamento jurídico 5, elevándolos a la categoría de únicos elementos obstativos de la expulsión, sin haberse preocupado de explorar o valorar la posibilidad de que puedan darse otras situaciones que tengan igual valor obstativo o que, incluso, deban tener una consideración preferente sobre las que menciona la Sentencia. A nuestro juicio, centrar la cuestión en la manutención de la menor es centrarla en un aspecto muy parcial, olvidando otros igualmente relevantes, porque los padres deben prestar a sus hijos asistencia de todo orden (art. 39.3 CE), y no solamente la manutención. Se prescinde así del factor afectivo, o de la labor educativa que corresponde cumplir a los padres, que, según el art. 154.1 CC, deben velar por sus hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, componiendo así una serie de deberes que no quedan debidamente plasmados con la simple referencia a la manutención que se efectúa en la Sentencia aprobada por la mayoría. De la misma forma, e interpretada la Sentencia sensu contrario, no alcanzamos a comprender cómo el hecho de tener algún otro elemento de arraigo (existencia de alguna otra conexión familiar) puede hacerse prevalecer sobre el deber de asistencia que impone a los padres el art. 39.3 CE en la ponderación del art. 19 CE a efectos del juicio de expulsión, pues son éstos los primeros y principales sujetos llamados a encargarse de los hijos, razón por la cual su deber aparece constitucionalizado. E igualmente incomprensible resulta que no se tenga en cuenta la protección de la familia del art. 39.1 CE como principio con entidad limitadora de la expulsión cuando está en juego la defensa del derecho del art. 19 CE, ni en la Sentencia se explicita razón alguna por la que estos otros referentes no entran en juego. En suma, en la Sentencia a la que formulamos el presente Voto se plasma una visión muy limitada de los aspectos que pueden incidir en el supuesto de la expulsión cuando se encuentra en juego el derecho fundamental de una menor a fijar libremente su residencia, y, con estos mimbres, por lógica, la respuesta que se ha dado al problema de fondo que aquí se plantea debía ser necesariamente parcial y errónea. Pero, además, esa respuesta no puede tacharse sino de puramente voluntarista, y, además, desconocedora de las consecuencias evidentes que para cualquier observador jurídico va a producir sobre la menor la expulsión de su madre. La primera objeción que se ha de formular es la de que este Tribunal no resuelve las solicitudes de amparo atendiendo a situaciones futuras y sobre la base de elementos que no sean actuales o que constituyan meras presunciones. Hay que estar al momento en el que, según la demanda, se pudo producir la lesión del derecho fundamental objeto de la queja y efectuar la valoración en virtud de las circunstancias concurrentes en ese preciso instante. La lesión no existe o deja de existir por lo que pueda ocurrir en el futuro, sino por el substrato fáctico que sirvió o debió servir en la adopción de las resoluciones administrativas impugnadas y las consecuencias normales que del mismo deban extraerse. Y en ese preciso momento (resolución de 21 de septiembre de 2009, confirmada por otra de 4 de marzo de 2010) lo verdaderamente indiscutible es que, por mucho que, como se afirma en la Sentencia, no hay resolución administrativa o judicial que otorgue en exclusiva la guarda y custodia sobre la niña a la madre, el único progenitor que podía dar cumplimiento al deber constitucional de prestar asistencia de todo orden a la hija menor de edad (art. 39.3 CE) era la actora, puesto que el padre se encontraba en prisión (cumple su pena en el año 2014) y, por consiguiente, no podía —ni puede aún— atender en debida forma a su hija. La inmediata consecuencia de esta situación es que, en el momento de su expulsión, la madre tendría que llevar a su hija consigo con la consiguiente necesidad de que la menor española abandone el territorio nacional a causa de la expulsión de su madre, con la consiguiente vulneración del derecho fundamental consagrado en el art. 19 CE. Frente a este inobjetable planteamiento, no tienen cabida posturas meramente voluntaristas como la desarrollada en la Sentencia de la mayoría acerca de la existencia de elementos de arraigo en España por el hecho de que el cumplimiento de la pena por parte del padre está cercano (aunque en el momento en que se ha de llevar a cabo la expulsión sigue preso), o por la previa convivencia de la menor con su abuela paterna y su abuela materna en el pasado. Se trata de meras presunciones, no basadas en elementos acreditados, y cuya quiebra puede dar lugar a otra situación mucho más grave si, finalmente, la menor queda en España: que pueda quedar en situación de desamparo (art. 172.1 CC), dado que su padre aún no puede atenderla, lo que sería susceptible de originar, incluso, la pérdida de los lazos familiares en el caso de que la Administración competente considere, al salir su padre de prisión, que éste no reúne las condiciones suficientes para hacerse cargo de la menor, y que ello derive en un acogimiento y hasta en una posterior adopción. Es una presunción, sí, pero enunciada con mayor fundamento y contando con igual o mayor posibilidad de materialización que las recogidas en la Sentencia de la mayoría para justificar que no existe vulneración del art. 19 CE. Finalmente, hemos de calificar de auténtico despropósito la afirmación contenida al final del fundamento jurídico 5 de la Sentencia en el sentido de que los elementos de arraigo existentes «hacen viable en la práctica que [la menor] opte, en aras de la prevalencia de su propio interés, por permanecer en España», de donde extrae la conclusión de que la expulsión no le impedirá el disfrute efectivo de las libertades que le reconoce el art. 19 CE como ciudadana española. No está de más recordar que, en el momento de imposición de la sanción de expulsión, la menor contaba con tres años, y en el momento actual con siete, y que, por tanto, al ser menor de edad, no puede optar, como se dice en la ponencia, por permanecer en España por su propia decisión, sino que tendrá que seguir aquello que el único progenitor en situación de cumplir el deber de prestarle una asistencia integral decida, que será, atendidos los deberes constitucionales y legales que pesan sobre ella, llevarla consigo a Argentina. En definitiva, por muchos hipotéticos elementos de arraigo que la ponencia aprecie, la expulsión de la madre conllevará la necesaria salida de la menor del territorio español con la consiguiente vulneración de su derecho a residir y a circular libremente por el mismo, que es la conclusión a la que debería haber llegado la Sentencia de la que discrepamos. 6. También disentimos del tratamiento que en la Sentencia aprobada por la mayoría se realiza de la queja de la demandante referida al art. 18.1 CE. Como primer aspecto, consideramos que el análisis que la Sentencia realiza de esa queja no se ajusta a los términos en que se ha formulado en la demanda. Aunque en la fundamentación jurídica no se explicita cuál es el fundamento de dicha queja, del inicio del fundamento jurídico 6 puede deducirse que el «derecho a la vida familiar» que alega la actora se refiere a su propia convivencia con su hija menor de edad, que podría verse afectada por la expulsión. Sin embargo, no es ese el planteamiento que se realiza en la demanda, según se deduce del propio antecedente 3 de la Sentencia, que concreta esa queja en que si, como consecuencia de la expulsión de la madre, la niña marchara con ella Argentina, «se estaría privando a hija y padre, ambos españoles de origen, del derecho de relacionarse entre sí, impidiendo el desarrollo del derecho de disfrutar de la intimidad familiar del art. 18.1 de la Constitución, en la línea que lo viene interpretando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos». Así pues, en la Sentencia se ha dado respuesta a una queja distinta a la realmente planteada por la demandante de amparo, que se articulaba desde el prisma de la afección del derecho de su hija menor de edad a mantener una convivencia familiar con su padre, que seguirá residiendo en España. Llama la atención, igualmente, que la Sentencia de la que discrepamos haya realizado un examen de la cuestión siguiendo una pauta distinta a la empleada en relación con el art. 19 CE. Así, mientras en el caso de éste se integró el precepto con alguno de los principios rectores consagrados en el art. 39 CE, realizando una consideración conjunta de los mismos, en el supuesto del art. 18.1 CE se separan por completo el precepto que recoge el derecho fundamental y los principios rectores del art. 39 CE, concluyendo que la posición jurídica invocada en la demanda en relación a la vida familiar y las relaciones paterno filiales no aparece protegida por ningún precepto constitucional exigible en este cauce procesal, y que la efectividad de los principios rectores no puede exigirse a través del recurso de amparo, sin perjuicio de que los jueces ordinarios hayan de tenerlos especialmente presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEx. Paradójicamente, la Sentencia no realiza la labor de comprobar si los órganos administrativos y judiciales han tenido en cuenta o no dichos principios en la aplicación del citado precepto, aspecto que tendría cabida en la imprescindible necesidad de motivación de las resoluciones sancionadoras, a la que ya hemos hecho referencia anteriormente al analizar la queja relativa al art. 24.1 CE que, a juicio de los Magistrados que suscriben el presente Voto, sí se ha planteado de manera efectiva por la actora, a pesar de que este extremo se haya negado en la Sentencia aprobada por la mayoría. La conexión entre derechos fundamentales y principios rectores es algo común en nuestra jurisprudencia, al punto de que, en ocasiones, este Tribunal ha reforzado el canon del art. 24.1 CE en cuanto a la exigencia de motivación de la resoluciones judiciales por el solo hecho de estar comprometido en el asunto algún principio rector de los enunciados en la Constitución. Ejemplo de ello es la STC 95/2000, de 10 abril, que en relación con el art. 43 CE afirmó: «La trascendencia constitucional del defecto apreciado se intensifica teniendo en cuenta que aquella desestimación ha perjudicado el acceso de la Sra. L. a la asistencia sanitaria proporcionada por el sistema público de Seguridad Social y, en último término, a la protección de la salud a la que se refiere el art. 43 CE. La razonabilidad de las decisiones judiciales es también una exigencia de adecuación al logro de los valores, bienes y derechos constitucionales (STC 82/1990, de 4 de mayo, FJ 2, 126/1994, de 25 de abril, FJ 5) y, desde esa perspectiva, debe recordarse que los principios rectores de la política social y económica, entre los que se encuentra el precepto citado, no son meras normas sin contenido (STC 19/1982, de 5 de mayo, FJ 6) sino que, por lo que a los órganos judiciales se refiere, sus resoluciones habrán de estar informadas por su reconocimiento, respeto y protección, tal como dispone el art. 53.3 CE. De ese modo, una decisión que no sólo se adopta sobre una conclusión que contradice los hechos sino que, además, desconoce la orientación que debió tener la aplicación de la legalidad, acentúa la falta de justificación y de razonabilidad de la resolución impugnada, como ya mantuvimos en nuestra STC 126/1994, de 25 de abril» (FJ 5). Esto es, una resolución que, en otro caso, sería respetuosa con el art. 24.1 CE puede no serlo por no atender a la orientación que impone el principio rector en juego. Y si esa proyección debía realizarse en relación con el art. 24.1 CE, con más razón había de tener lugar en cuanto a los derechos fundamentales sustantivos, y así se afirmó en la STC 154/2006, de 22 de mayo, FJ 8, al señalar: «Ya hemos dicho que directamente conectado con el principio constitucional de no discriminación por razón de filiación, se encuentra el mandato constitucional recogido en el art. 39, apartados 2 y 3 CE, que obliga a los poderes públicos a asegurar “la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la Ley con independencia de su filiación” (STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4), y a los padres a “prestar asistencia en todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio”, de forma que toda opción legislativa de protección de los hijos que quebrante por sus contenidos esa unidad —lo mismo que aquellas interpretaciones de la regulación legal que la determinen— ocasionan una discriminación por razón de nacimiento expresamente prohibida por el art. 14 CE. En contra de esa exigencia constitucional, la interpretación que realiza la resolución impugnada, formalmente neutra, discrimina de modo indirecto a los hijos extramatrimoniales (art. 14 en relación con los arts. 39 y 41 CE): el art. 39.3 CE, cuyo texto refleja una directa conexión con el art. 14 CE, impone a los padres el deber de “prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio” y, sin embargo, con aquella interpretación, las realidades familiares extramatrimoniales estarían en peores condiciones para prestar tal asistencia a unos “hijos habidos... fuera del matrimonio”, es decir, éstos, en el terreno de dicha asistencia, serían de peor condición que los hijos matrimoniales». En el presente caso, encontrándose comprometida la convivencia familiar de una menor con uno de sus progenitores como consecuencia de la expulsión de la madre, resultaba imprescindible poner el art. 18.1 CE en relación con los mandatos de los apartados 1, 3 y 4 del art. 39 CE, referidos a la protección de la familia, al deber de los padres de prestar asistencia de todo tipo a sus hijos, y a la protección de los niños según los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Y, realizada dicha conexión, la respuesta no podría haber sido otra que la de considerar vulnerado el derecho fundamental consagrado en el art. 18.1 CE como consecuencia de la resolución administrativa que impuso a la demandante de amparo la sanción de expulsión del territorio nacional sin tomar en consideración la afección que sobre el derecho a la convivencia familiar de la menor de edad implicaba dicha decisión. Nada de ello se hace en la Sentencia de la que discrepamos que, apartándose de manera incongruente del criterio seguido en cuanto al art. 19 CE, desconecta por completo derecho fundamental y principios rectores, y dedica todo su esfuerzo a descartar que en el art. 18 CE se reconozca un derecho a la vida familiar, a diferencia de lo que ocurre con el art. 8.1 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), en la interpretación que del mismo ha realizado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No podemos compartir la valoración que se hace en el fundamento jurídico 6 sobre la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, apartándose de la misma para mantenerse en la visión más estrecha de la STC 236/2007, de 7 noviembre, con desprecio de la noción elaborada por aquella del «derecho a la vida familiar», que comprendería como uno de sus elementos fundamentales del disfrute por padres e hijos de su mutua compañía (STEDH caso Johansen, de 27 de junio de 1996, § 52), y quitando todo valor a que esa circunstancia, al menos desde la perspectiva del art. 8.1 CEDH, se haya considerado en ocasiones como límite a la posibilidad de aplicación de las causas legales de expulsión de los extranjeros. En nuestra opinión, no es posible seguir manteniendo ese camino divergente al que sigue la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia, sino que es preciso incorporarla en el derecho interno. En este sentido, hay que recordar que el art. 10.2 CE establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades públicas reconocidos en la Constitución habrán de interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, entre ellos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con el contenido que para sus distintos preceptos ha ido delimitando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya en la STC 140/2009, de 15 junio, FJ 6, se avanza en esta línea, recordando, tras la cita de los arts. 10.2 y 39.1 CE que dicha jurisprudencia «ha reiterado que en los supuestos de expulsión, tanto cuando son consecuencia de una infracción penal como en aplicación de la normativa administrativa de extranjería, el arraigo familiar puede actuar como límite a la expulsión, porque la ejecución de la misma podría no resultar proporcionada al fin legítimo perseguido por la medida, esto es la garantía del orden público, vulnerando de ese modo el derecho a la vida privada y familiar reconocido en el art. 8.1 del Convenio europeo de derechos humanos (CEDH; por todas, SSTEDH de 2 agosto 2001, caso Boultif c. Suiza, o de 17 abril 2003, caso Yilmaz c. Alemania)». No está de más recordar que, como se señala en la Sentencia aprobada por la mayoría, el art. 7 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar, y que al socaire de la incidencia que la aplicación de dicha Carta puede tener en el orden interno, este Tribunal afirmó en la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 6, que «Es doctrina reiterada de este Tribunal que los tratados y acuerdos internacionales a los que se remite el art. 10.2 de la Constitución “constituyen valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce”, de suerte que habrán de tomarse en consideración “para corroborar el sentido y alcance del específico derecho fundamental que... ha reconocido nuestra Constitución” [STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 8, con referencia, precisamente, a la propia Carta de Niza; también STC 53/2002, de 27 de febrero, FJ 3 b)]. El valor interpretativo que, con este alcance, tendría la Carta en materia de derechos fundamentales no causaría en nuestro Ordenamiento mayores dificultades que las que ya origina en la actualidad el Convenio de Roma de 1950, sencillamente porque tanto nuestra propia doctrina constitucional (sobre la base del art. 10.2 CE) como el mismo artículo II-112 (como muestran las “explicaciones” que, como vía interpretativa se incorporan al Tratado a través del párrafo 7 del mismo artículo) operan con un juego de referencias al Convenio europeo que terminan por erigir a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo en denominador común para el establecimiento de elementos de interpretación compartidos en su contenido mínimo. Más aún cuando el art. I-9.2 determina en términos imperativos que “la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”». Y, a continuación, añade: «Por lo demás no puede dejar de subrayarse que el artículo II-113 del Tratado establece que ninguna de las disposiciones de la Carta “podrá interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como por las Constituciones de los Estados miembros”, con lo que, además de la fundamentación de la Carta de derechos fundamentales en una comunidad de valores con las constituciones de los Estados miembros, claramente se advierte que la Carta se concibe, en todo caso, como una garantía de mínimos, sobre los cuales puede desarrollarse el contenido de cada derecho y libertad hasta alcanzar la densidad de contenido asegurada en cada caso por el Derecho interno». Es decir, que tanto la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como denominador común, como la referida Carta, vienen a garantizarnos unos contenidos mínimos en relación con los derechos fundamentales, a partir de los cuales se determine en el orden interno el contenido asegurado por el Derecho propio, sin que, en ningún caso, pueda ser objeto de rebaja ese contenido mínimo garantizado por las normas del CEDH, según la interpretación que de las mismas realiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por las de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, ese mínimo ha sido objeto de rebaja en la Sentencia aprobada por la mayoría, con una argumentación que en modo alguno podemos compartir, a pesar de reconocer implícitamente que se aparta de lo resuelto de manera reiterada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el art. 8.1 CEDH y del art. 7 de la Carta. Precisamente, en esa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos podemos encontrar la condena a España, operada por la STEDH de 10 de abril de 2012, caso K.A.B. c. España, en un supuesto en el que la expulsión de la madre supuso la pérdida de contacto del padre con su hijo, al ser éste declarado en situación de desamparo, siendo primero objeto de acogimiento y posteriormente de adopción. El Tribunal recuerda que el concepto de «familia» contemplado por el art. 8 del Convenio no se limita únicamente a las relaciones basadas en el matrimonio y puede englobar otros vínculos «familiares» de facto cuando las partes cohabitan fuera del matrimonio, de manera que un niño resultante de tal relación se incluye automáticamente en esta célula «familiar» a partir de su nacimiento y por el hecho mismo de éste. En cualquier caso, el art. 8 protege la vida privada al igual que la vida familiar, y el derecho a la reagrupación de un padre con su hijo biológico se incluyen el ámbito de aplicación del concepto de «vida privada» que engloba aspectos importantes de la identidad personal (§ 88 y 90). Asimismo, recuerda el Tribunal su reiterada jurisprudencia por la que, si bien el art. 8 tiene esencialmente por objeto proteger al individuo contra las injerencias arbitrarias de las autoridades públicas, no se limita a imponer al Estado el deber de abstenerse de tales injerencias, sino que esta obligación de carácter negativo suelen añadirse obligaciones positivas inherentes al respeto efectivo de la vida privada o familiar. Tanto en un caso como en otro, debe respetarse el justo equilibrio entre los intereses concurrentes del individuo y los de la sociedad su conjunto, gozando en ambas hipótesis el Estado de un cierto margen de apreciación (§ 95). Ahora bien, para ser adecuadas, las medidas destinadas a reunir al padre y su hijo deben establecerse rápidamente, ya que el paso del tiempo puede tener consecuencias irremediables para las relaciones entre el niño y los padres que no viven con él, recordándose en este punto que, «en los asuntos en relación con la vida familiar, la ruptura del contacto con un niño de muy corta edad puede conducir a una alteración creciente de la relación con su padre» (§ 97 y 103). Se destaca, asimismo, la responsabilidad de la propia Administración, debido a la expulsión de la madre del territorio nacional sin efectuar comprobaciones previas y omitiendo tener en cuenta la información facilitada sobre la existencia del hijo, sin adoptar ninguna medida al respecto y sin que se hubiese dado ninguna explicación satisfactoria que justificara la urgencia de la expulsión (§ 108). Finalmente, en la indagación de si, en la aplicación e interpretación de las disposiciones legales aplicables, se respetaron las garantías del art. 8 CEDH, teniendo en cuenta, en particular, el interés superior del niño, el Tribunal concluye que las autoridades españolas no desplegaron esfuerzos adecuados y suficientes para hacer respetar el derecho del demandante a la reagrupación con su hijo, ignorando si el derecho al respeto de su vida privada, garantizado por el art. 8 (§ 116). Fácilmente se constata la similitud entre dicho asunto y el que nos ocupa, en el que tanto la Administración como los órganos jurisdiccionales han omitido realizar toda consideración acerca de la incidencia que la medida de expulsión de la actora va a producir a su hija menor de edad en la relación con su padre, que se muestra como una consecuencia negativa evidente de la expulsión, y que va a privar a ambos sujetos del derecho a esa «vida privada» a la que de modo reiterado se refiere la STEDH a la que se acaba de hacer mención, y en cuya línea discursiva sería deseable que se hubiese enmarcado la decisión adoptada en la Sentencia de la que disentimos. No habiéndolo hecho así, se ha puesto una piedra más para una nueva condena contra el Estado español por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia ante la que la actora, indudablemente, recibirá la adecuada satisfacción a sus pretensiones que, de manera inexplicable, este Tribunal Constitucional no le ha otorgado. Madrid, a cuatro de noviembre de dos mil trece.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Firmado y rubricado.

El TC expulsa a una inmigrante sin papeles que ha cometido un delito aunque tenga una hija en España.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Enrique López y López ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 2022-2012 promovido por doña G.V.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña Elisa Sáez Angulo y defendida por el Abogado don Javier Sánchez Sánchez, contra la Sentencia de 13 de marzo de 2012 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que confirma en apelación la Sentencia de 30 de marzo de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cádiz, que a su vez estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo administrativo de expulsión de la recurrente, resuelto por la Subdelegación del Gobierno de Cádiz de 21 de septiembre de 2009. Ha comparecido la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan José González Rivas, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 4 de abril de 2012, doña G.V.A. interpuso recurso de amparo contra los actos administrativos y las resoluciones judiciales indicadas en el encabezamiento de esta Sentencia. 2. La demanda tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) El 27 de agosto de 2009 se incoó procedimiento administrativo sancionador respecto de la ciudadana argentina doña G.V.A. al hallarla sin la documentación exigible para residir en España y comprobar que cumplía una pena privativa de libertad superior a un año como autora de una conducta dolosa. Al día siguiente la recurrente expuso mediante alegaciones escritas que era madre de una niña de tres años, nacida en España de una relación sentimental con un ciudadano español, y por tanto de nacionalidad española, que residía en casa de la madre del padre, quien también se encontraba en prisión y sobre esta base solicitó el archivo del expediente. El 21 de septiembre de 2009 la Subdelegación del Gobierno en Cádiz dictó resolución por la que se ordenaba su expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por 10 años, que justificaba en la entrada y estancia irregular en España de la actora [art. 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, en adelante LOEx] y en el cumplimiento de una pena privativa de libertad superior a un año como autora de un delito doloso (57.2 LOEx). La recurrente interpuso recurso de reposición, en el que argumentaba que su relación sentimental con un ciudadano español y la existencia de una hija común española, que en ese momento residía en casa de su abuela materna, implicaba la concurrencia de circunstancias excepcionales que hacía desproporcionada la sanción de expulsión. La Subdelegación del Gobierno en Cádiz, mediante resolución de 4 de marzo de 2010, rechazó la desproporción de la medida en atención a la estancia ilegal en España, la ausencia de documentación y la condena por delito doloso a pena privativa superior a un año, indicando que la infracción tipificada en el art 57.2 LOEx estaba sancionada con expulsión «por lo que no cabe la sanción de multa». b) Deducido recurso contencioso-administrativo, fundado en los mismos motivos que la reposición, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cádiz, en Sentencia de 30 de marzo de 2011, lo estimó parcialmente en el sentido de rebajar la prohibición de entrada en territorio español a cinco años, considerando ajustada a Derecho en los demás extremos la resolución administrativa de expulsión. La Sentencia razona que el arraigo familiar invocado no puede considerarse ya que «solo enervaría, en su caso, la expulsión relativa a la estancia ilegal de la recurrente... pero en ningún caso la causa de expulsión consistente en la comisión previa de un delito grave», pues el art. 57.2 LOEx «no contempla otra respuesta que la expulsión», aludiendo en apoyo de este criterio a una «sentada doctrina jurisprudencial», de la que sería ejemplo la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 12 de noviembre de 2010, cuyos argumentos transcribe. Y rechaza expresamente que sean aplicables al caso las excepciones previstas en los arts. 57.5 b), al no prever el art. 57.2 «la expulsión como alternativa o en sustitución de la multa e imponerla de forma imperativa y como única consecuencia legal posible», y 57.6 LOEx, «pues no concurre ninguno de los supuestos que prevé». c) Dicha Sentencia fue objeto de recurso de apelación, que desestimó la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, mediante la Sentencia de 13 de marzo de 2012, que es la resolución judicial contra la que se dirige el recurso de amparo. Los motivos de apelación, que se centran en la falta de ponderación de las circunstancias de arraigo que concurren en el caso, son desestimados en esta Sentencia «al servir para rechazarlos los mismos razonamientos que fueron empleados por dicha sentencia de instancia, y que por acertados merecen ser asumidos también por esta Sala». A continuación, tras reproducir el contenido del art. 57.2 LOEx, expresó que «en dicho supuesto la expulsión es la única sanción prevista, sin que resulte de aplicación el art. 57.5 como se pretende. El arraigo familiar alegado no puede tampoco servir para evitar la expulsión en el supuesto de autos de condena privativa de libertad superior a un año, al estar la consecuencia expresamente establecida en la ley Orgánica, por lo que la anulación de la sanción supondría dejar de aplicar la ley». 3. Previamente a la demanda, se presenta escrito de 4 de abril de 2012 en el que, aparte de es ### RESUMEN: El TC expulsa a una inmigrante sin papeles que ha cometido un delito aunque tenga una hija en España.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico. b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Unidad de Contratación de la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada (obtención de pliegos únicamente a través de la página web del apartado 7). 2) Domicilio: Avda. de Pío XII, 83. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. 4) Teléfono: 91 3795448. 5) Telefax: 91 3795449. 6) Correo electrónico: uncodat@fn.mde.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http:/// www.armada.mde.es (contratación pública Armada-Jefatura del Apoyo Logísto-Licitaciones abiertas). 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de octubre de 2013. d) Número de expediente: 310/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Asistencia técnica para el mantenimiento de los portales web de la Armada en Intranet e Internet. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Según pliegos. e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 20 de diciembre de 2015. f) Admisión de prórroga: Sí. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinario. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 495.000,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2013, hasta las 13:00. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Unidad de Contratación de la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada, despacho 153, de 9 a 13 horas. 2) Domicilio: Avda. de Pío XII, 83. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Salón de Actos de la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada, segunda planta, Avda. de Pío XII, 83. c) Localidad y código postal: Madrid, 28036. d) Fecha y hora: 30 de octubre de 2013, a las 10:30 horas. Madrid, 16 de septiembre de 2013.- El Jefe de la Unidad de Contratación.

Mantenimiento páginas web de la Armada durante dos años: valorado en 495.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico. b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Unidad de Contratación de la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada (obtención de pliegos únicamente a través de la página web del apartado 7). 2) Domicilio: Avda. de Pío XII, 83. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. 4) Teléfono: 91 3795448. 5) Telefax: 91 3795449. 6) Correo electrónico: uncodat@fn.mde.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http:/// www.armada.mde.es (contratación pública Armada-Jefatura del Apoyo Logísto-Licitaciones abiertas). 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22 de octubre de 2013. d) Número de expediente: 310/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Asistencia técnica para el mantenimiento de los portales web de la Armada en Intranet e Internet. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Según pliegos. e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 20 de diciembre de 2015. f) Admisión de prórroga: Sí. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinario. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 495.000,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2013, hasta las 13:00. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Unidad de Contratación de la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada, despacho 153, de 9 a 13 horas. 2) Domicilio: Avda. de Pío XII, 83. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Salón de Actos de la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada, segunda planta, Avda. de Pío XII, 83. c) Localidad y código postal: Madrid, 28036. d) Fecha y hora: 30 de octubre de 2013, a las 10:30 horas. Madrid, 16 de septiembre de 2013.- El Jefe de la Unidad de Contratación. ### RESUMEN: Mantenimiento páginas web de la Armada durante dos años: valorado en 495.000,00 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, vengo en nombrar a don Juan Manuel Santos-Suárez Márquez como miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Madrid, 30 de abril de 2014.–El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos Jurado.

Nombramiento como nuevo consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Juan Manuel Santos-Suárez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.c) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, vengo en nombrar a don Juan Manuel Santos-Suárez Márquez como miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Madrid, 30 de abril de 2014.–El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos Jurado. ### RESUMEN: Nombramiento como nuevo consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a Juan Manuel Santos-Suárez.

Por Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de febrero, se inició expediente para la declaración de La tradición cultural de las tapas como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. En virtud de dicha Resolución, se acordó también la apertura de un período de información pública por un plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado. El artículo 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, antes de redactar la propuesta de resolución de un procedimiento administrativo, éste se pondrá en conocimiento de los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, puedan hacer alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Por su parte, el artículo 12.4 letra b) de la mencionada Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, señala que en el procedimiento de declaración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial se preverá el trámite de audiencia a las comunidades portadoras del bien, a los titulares de derechos reales sobre los bienes muebles e inmuebles asociados a la Manifestación y a las Administraciones autonómicas y locales del territorio en el que la manifestación tiene lugar. Dada la imposibilidad de notificar personalmente a los interesados la apertura del trámite de audiencia previo a la resolución del procedimiento administrativo, por tener como destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1 letra a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con el citado expediente, se acuerda: Primero.- Abrir un periodo de audiencia a los interesados por un plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, durante el cual podrán examinar el correspondiente expediente administrativo en las oficinas de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico (Plaza del Rey 1, 4.ª planta, 28071 Madrid), así como alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, dirigiéndose a la dirección antes indicada o la siguiente dirección de correo electrónico: maria.agundez@mecd.es. Segundo.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 16 de abril de 2018.- Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente Batanero.

Sigue el proceso para declarar las tapas patrimonio cultural. Hoy, trámite de audiencia a los interesados.

Por Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 16 de febrero, se inició expediente para la declaración de La tradición cultural de las tapas como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. En virtud de dicha Resolución, se acordó también la apertura de un período de información pública por un plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial del Estado. El artículo 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que, antes de redactar la propuesta de resolución de un procedimiento administrativo, éste se pondrá en conocimiento de los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, puedan hacer alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Por su parte, el artículo 12.4 letra b) de la mencionada Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, señala que en el procedimiento de declaración como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial se preverá el trámite de audiencia a las comunidades portadoras del bien, a los titulares de derechos reales sobre los bienes muebles e inmuebles asociados a la Manifestación y a las Administraciones autonómicas y locales del territorio en el que la manifestación tiene lugar. Dada la imposibilidad de notificar personalmente a los interesados la apertura del trámite de audiencia previo a la resolución del procedimiento administrativo, por tener como destinatarios a una pluralidad indeterminada de personas, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1 letra a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con el citado expediente, se acuerda: Primero.- Abrir un periodo de audiencia a los interesados por un plazo de diez días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado, durante el cual podrán examinar el correspondiente expediente administrativo en las oficinas de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico (Plaza del Rey 1, 4.ª planta, 28071 Madrid), así como alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, dirigiéndose a la dirección antes indicada o la siguiente dirección de correo electrónico: maria.agundez@mecd.es. Segundo.- Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado. Madrid, 16 de abril de 2018.- Director General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Luis Lafuente Batanero. ### RESUMEN: Sigue el proceso para declarar las tapas patrimonio cultural. Hoy, trámite de audiencia a los interesados.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.Subsecretaria. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 2) Domicilio: C/ Palau,12. 3) Localidad y código postal: 46003 Valencia. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es. d) Número de expediente: CNMY15/DGTI/30. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Soporte especializado a los proyectos de evolución a Software libre y la gestión de tercer nivel en los puestos de trabajo normalizado con escritorio libre corporativo de la Generalitat. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Descritos en Anexo I. e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72310000-9. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación. d) Criterios de adjudicación: Precio: 60; Capacitación mayor del equipo mínimo de trabajo:20; Calidad técnica de la oferta: 15; Equipo de trabajo adicional: 5. 4. Valor estimado del contrato: 213.628,80. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 106.814,40 euros. Importe total: 129.245,42 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % importe adjudicación excluido IVA. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo: 5, categoría: A. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado L, Anexo I. c) Otros requisitos específicos: Compromiso adscripción medios. Ver Pliegos. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 09/11/2015. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Registro. 2) Domicilio: C/ Palau, 12. 3) Localidad y código postal: 46003 Valencia. 9. Apertura de Ofertas: d) Fecha y hora: Sobre 2: 18 /11/15 .Sobre 3: 9/12/15, ambos a las 9:30. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 28/9/15. Valencia, 29 de septiembre de 2015.- El Conseller de Hacienda y Modelo Económico, PD. (Resolución 29/10/14), el Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Vicente Aguiló Lucía.

La Generalitat Valenciana licita el contrato de soporte para migración a software libre por importe total de 129.245,42 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.Subsecretaria. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 2) Domicilio: C/ Palau,12. 3) Localidad y código postal: 46003 Valencia. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es. d) Número de expediente: CNMY15/DGTI/30. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Soporte especializado a los proyectos de evolución a Software libre y la gestión de tercer nivel en los puestos de trabajo normalizado con escritorio libre corporativo de la Generalitat. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Descritos en Anexo I. e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72310000-9. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación. d) Criterios de adjudicación: Precio: 60; Capacitación mayor del equipo mínimo de trabajo:20; Calidad técnica de la oferta: 15; Equipo de trabajo adicional: 5. 4. Valor estimado del contrato: 213.628,80. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 106.814,40 euros. Importe total: 129.245,42 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % importe adjudicación excluido IVA. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo: 5, categoría: A. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado L, Anexo I. c) Otros requisitos específicos: Compromiso adscripción medios. Ver Pliegos. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 09/11/2015. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Registro. 2) Domicilio: C/ Palau, 12. 3) Localidad y código postal: 46003 Valencia. 9. Apertura de Ofertas: d) Fecha y hora: Sobre 2: 18 /11/15 .Sobre 3: 9/12/15, ambos a las 9:30. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 28/9/15. Valencia, 29 de septiembre de 2015.- El Conseller de Hacienda y Modelo Económico, PD. (Resolución 29/10/14), el Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Vicente Aguiló Lucía. ### RESUMEN: La Generalitat Valenciana licita el contrato de soporte para migración a software libre por importe total de 129.245,42 euros.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 81.3.b), en relación con la disposición adicional segunda, establece que los ingresos por precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional han de ser fijados, en el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la Administración General del Estado, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria. El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, otorga en su artículo 6, apartado cinco, punto 2, una nueva redacción al artículo 81.3.b) de la citada Ley Orgánica, y dispone que dichos precios públicos se establecerán en relación con los costes de prestación del servicio, dentro de los límites que acuerde la Conferencia General de Política Universitaria. La Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades (BOE de 16 de julio de 2013) hace público el acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Conferencia General de Política Universitaria, en el que se decide, de un lado, no establecer límites adicionales a los establecidos en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001 para la fijación de los precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Master y, de otro lado, establecer para las enseñanzas de primer y segundo ciclo los mismos límites de precios que para las enseñanzas de Grado. En las enseñanzas de Grado los precios públicos cubren entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. En las enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. En las enseñanzas de Máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula. Para el establecimiento de los precios públicos por la prestación del servicio público de la educación superior en la UNED se ordenan las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en cinco grupos: 1. Enseñanzas de Licenciatura, Diplomatura e Ingeniería (en adelante, LDI) no renovadas, cuyos planes de estudio fueron aprobados por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia. 2. Enseñanzas LDI renovadas, conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales establecidos por el Gobierno con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, cuyos planes de estudio fueron aprobados por la UNED y homologados por el Consejo de Coordinación Universitaria con arreglo a lo estipulado en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, y siguientes. 3. Enseñanzas de Grado reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 4. Enseñanzas de Máster universitario, reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 5. Enseñanzas de Doctorado, reguladas por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. En consonancia con la clasificación anterior, se toma en consideración como unidad básica de referencia, a los efectos de la fijación de precios públicos por servicios académicos, el curso completo en los planes de estudios de las enseñanzas LDI no renovadas, el crédito para las enseñanzas LDI renovadas y el crédito europeo (ECTS) para las enseñanzas de Grado y Máster a que se refiere el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Para la determinación de los precios públicos de los grupos de enseñanzas referenciados para el curso académico 2013-2014 y en aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, se ha procedido a establecer el coste de la prestación del servicio, que varía en función del grado de experimentalidad o grupo de clasificación de la enseñanza de que se trate y en función de la vez de matriculación, es decir, de que se trate de primera, segunda, tercera o cuarta y sucesivas matrículas. Teniendo en cuenta lo anterior y la memoria económico-financiera a que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, elaborada previo informe de la UNED, se fijan, por medio de la presente Orden, los precios por servicios académicos para el curso 2013-2014 en la mencionada Universidad. En su virtud, al amparo de la habilitación conferida por el artículo 26.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente orden tiene por objeto establecer los precios públicos por servicios académicos de la educación superior en la UNED en el curso 2013-2014, en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales. Estos precios serán abonados de acuerdo con las normas que se establecen en la presente orden. El importe de los precios por estudios conducentes a títulos o diplomas que no tengan carácter oficial será fijado por el Consejo Social de la UNED. Artículo 2. Precios públicos por servicios académicos. 1. Para las enseñanzas LDI no renovadas, cuyos planes de estudio fueron aprobados por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia, el importe del curso completo varía en función del grado de experimentalidad de la enseñanza y de la vez de matriculación, es decir, de que se trate de primera, segunda, tercera, o cuarta y sucesivas matrículas. El importe de cada asignatura será el resultado de multiplicar el importe del curso completo por el número de cursos de la carrera, dividido todo ello por el número de asignaturas necesario para terminar la carrera. Los estudiantes podrán matricularse por cursos completos o por asignaturas. En el caso de matrícula por materias, asignaturas o disciplinas se diferenciarán únicamente dos modalidades: anual y cuatrimestral, según la clasificación establecida por la UNED en los respectivos planes de estudio. A estos efectos, una materia, asignatura o disciplina anual equivaldrá a dos asignaturas cuatrimestrales. El importe del precio a aplicar para las cuatrimestrales será la mitad del establecido para las anuales. Estos importes, de acuerdo a los distintos criterios de aplicación, se establecen en el anexo I de la presente orden. 2. Para las enseñanzas LDI renovadas reguladas en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, el importe se calculará de conformidad con el número de créditos asignados a cada materia, asignatura o disciplina. El importe del crédito varía en función del grado de experimentalidad de la enseñanza y de la vez de matriculación, es decir, de que se trate de primera, segunda, tercera, o cuarta y sucesivas matrículas. Los créditos correspondientes a materias de libre configuración serán abonados por el estudiante con arreglo a la tarifa establecida para la titulación que se pretende obtener con independencia del departamento que oferte la asignatura. El importe del crédito, de acuerdo a los distintos criterios de aplicación, se establece en el anexo II de la presente orden. 3. Para las enseñanzas de Grado reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, el importe se calculará de conformidad con el número de créditos ECTS asignados a cada materia, asignatura o disciplina. El importe del crédito ECTS varía en función del grado de experimentalidad de la enseñanza y de la vez de matriculación, es decir, de que se trate de primera, segunda, tercera, o cuarta y sucesivas matrículas. El importe del crédito ECTS, de acuerdo a los distintos criterios de aplicación, se establece en el anexo III de la presente orden. 4. En las enseñanzas de Máster universitario, el importe se calculará de conformidad con el número de créditos ECTS asignados a cada materia, asignatura o disciplina. El importe del crédito ECTS varía teniendo en cuenta que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España y de la vez de matriculación, es decir, de que se trate de primera, segunda, tercera, o cuarta y sucesivas matrículas. El importe del crédito ECTS, de acuerdo a los distintos criterios de aplicación, se establece en el anexo IV de la presente orden. 5. Los precios correspondientes a la tutela académica para la elaboración de la tesis doctoral de las enseñanzas de Doctorado reguladas por el Real Decreto 778/1998 de 30 de abril, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, se establecen en el anexo V. 6. Los estudiantes extranjeros mayores de dieciocho años que no tengan la condición de residentes, excluidos los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y aquéllos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario, sin perjuicio del principio de reciprocidad, abonarán los precios públicos por servicios académicos correspondientes a las enseñanzas de Máster del 70 % del coste de la plaza, en primera matrícula; 80 %, en segunda; 90 %, en tercera y 100 % en cuarta o siguientes matrículas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo que modifica el apartado b del artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades. El importe del crédito ECTS, de acuerdo a los distintos criterios de aplicación, se establece en el anexo IV de la presente orden. Artículo 3. Limitación del derecho a examen y evaluación. En todo caso, el derecho a examen y evaluación correspondiente de las materias, asignaturas o créditos matriculados quedará limitado por las incompatibilidades académicas derivadas de los planes de estudio. A estos solos efectos, la UNED, mediante el procedimiento que determine su Consejo de Gobierno, podrá fijar un régimen de incompatibilidad académica para aquellos planes de estudio en los que no estuviera previamente establecido. El ejercicio del derecho de matrícula establecido en el párrafo anterior no obligará a la modificación del régimen general determinado en cada centro, de acuerdo con las necesidades de sus planes de estudio. Artículo 4. Prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de educación superior. 1. En aquellas titulaciones en que la UNED oferte la preparación y evaluación de una prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de educación superior, el estudiante abonará en la matrícula el importe de los créditos de la asignatura o asignaturas que se correspondan con las materias que deba superar de conformidad con la credencial de homologación, además de los precios de Secretaría. Los precios públicos por servicios académicos figuran en el anexo correspondiente, dependiendo de la pertenencia de las asignaturas cursadas a un grupo u otro de enseñanzas oficiales, de su grado experimentalidad y de la vez en que se matricula de la misma asignatura, sin que puedan ser objeto de aplicación de una tarifa especial, bonificación o exoneración alguna. 2. En aquellas titulaciones en que la UNED oferte únicamente la evaluación de una prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de educación superior, el estudiante abonará en la matrícula el importe que figura en el anexo VI de la presente orden. Artículo 5. Tarifas especiales por servicios académicos. En el caso de asignaturas en extinción de los planes de estudios renovados o no renovados se abonará por cada crédito o asignatura el 80 por 100 de los precios de la tarifa ordinaria. Artículo 6. Beneficios en los precios públicos por servicios académicos. Todos los beneficios se vinculan a los precios públicos por servicios académicos. No se aplicarán a los precios públicos por otros servicios, salvo que se disponga expresamente lo contrario en esta orden. Se contemplarán como causas para obtener una bonificación en el pago de los precios públicos por servicios académicos: 1. Ser miembro de familia numerosa especial: Gozan de exoneración total de pago por servicios académicos los miembros de familias numerosas de categoría especial. Esta exoneración se aplicará también a las tasas de Secretaría. 2. Ser miembro de familia numerosa general: Los estudiantes de familias numerosas de categoría general tienen una bonificación del 50 por 100, aplicable a todos los conceptos de la matrícula exceptuando el seguro escolar. 3. Acreditar un grado de discapacidad del 33 por ciento o superior: Se aplica exoneración del pago por servicios académicos a los estudiantes que presenten certificado de discapacidad del 33 por 100 o superior en asignaturas de primera matriculación. Por las asignaturas matriculadas en segunda matrícula abonarán el 50 por 100 de los precios en segunda matrícula y por las matriculadas en tercera o sucesivas veces abonarán el 100 por 100 de los precios correspondientes a la tercera o cuarta y sucesivas matrículas. 4. Ser víctima del terrorismo: En aplicación del artículo 7 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, tendrán exoneración de pago de precios públicos por servicios académicos las víctimas de actos terroristas, así como sus cónyuges e hijos legalmente a su cargo no emancipados, en los estudios de carácter oficial impartidos en esta Universidad. 5. Ser huérfanos de funcionarios fallecidos en acto de servicio: Disfrutarán de exoneración de pago por servicios académicos los huérfanos de funcionarios fallecidos en acto de servicio. Este beneficio, solo alcanzará a las asignaturas en que se matriculen por primera vez. 6. Pertenecer a un colectivo sujeto a exoneración en la forma y por los importes que se aprueben por el Consejo de Gobierno de la Universidad. Para los casos de obtención de matrícula de honor se seguirán las siguientes normas: 1. Los estudiantes con matrícula de honor en la evaluación global de COU, Bachiller Experimental o 2.º curso de Bachillerato LOGSE, así como con Premio Extraordinario en el BUP, en el Bachillerato LOGSE o Nacional en Formación Profesional gozarán de hasta un máximo de 60 créditos gratuitos en su primera matrícula de estudios universitarios oficiales. Esta exoneración se aplicará una sola vez y en un único estudio. 2. Los estudiantes que obtengan matrícula de honor en una o varias asignaturas de estudios universitarios oficiales tendrán derecho a exoneración de pago por servicios académicos, de acuerdo a las siguientes normas: a) Las bonificaciones por matrícula de honor serán aplicables exclusivamente en el curso académico inmediatamente posterior al que se obtuvo esta calificación para un estudio oficial en la UNED, con independencia de que pertenezcan al mismo título o grado de experimentalidad, o si ya se ha finalizado. b) Solo se aplicará a asignaturas en primera matrícula. De no existir ninguna, se realizará un descuento equivalente a su importe. c) En el caso de que la asignatura o asignaturas pertenezcan a planes no renovados, el estudiante tendrá derecho a exoneración en el mismo número de asignaturas, eximiéndose del pago en primer lugar las de carácter anual. d) En el caso de que la asignatura o asignaturas pertenezcan a planes renovados, Grados o Máster, el estudiante tendrá derecho a la exoneración en el mismo número de créditos sobre los que recayó la matrícula de honor. Los proyectos de fin de carrera equivaldrán a una asignatura de 6 créditos. e) Para los estudiantes que se matriculen en el periodo de investigación (tutela académica de tesis doctoral) el cálculo de esta exoneración se efectuará multiplicando el número total de créditos en los que obtuvieron matrícula de honor por el importe que se establezca anualmente en la Orden de precios públicos. La cantidad resultante será la que se descuente del importe de la matrícula. Para este curso se establece el 1,80 como importe oficial para su cálculo. 3. En el caso de matrículas de honor obtenidas en Universidad distinta de la UNED, le será exigido al estudiante el previo traslado de expediente para hacer efectiva la bonificación. 4. Las bonificaciones correspondientes a la aplicación de matrículas de honor se llevarán a cabo una vez calculado el importe de la matrícula. Entre estudios de la UNED, cuando se quieran aplicar en un estudio distinto al que se obtuvo la matrícula de honor, se requerirá solicitud del estudiante. 5. En su solicitud o matrícula, el estudiante no podrá cambiar la opción escogida para la aplicación de la matrícula de honor, salvo en el período de modificación de matrícula. 6. Si, teniendo el estudiante derecho a esta exoneración, abona los precios públicos completos, los importes serán reintegrados vía procedimiento de devolución de precios públicos. Artículo 7. Becarios. Los estudiantes que soliciten beca con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y del Gobierno Vasco abonarán los precios públicos por servicios académicos que se determine en su normativa reguladora. Los estudiantes que, al formalizar la matrícula, se acojan a la exoneración de precios por haber solicitado la concesión de una beca y, posteriormente, no obtuviesen la condición de becario o les fuera revocada la beca concedida, vendrán obligados al abono del precio correspondiente a la matrícula que efectuaron; su impago conllevará la anulación de dicha matrícula en todas las materias, asignaturas o disciplinas, en los términos previstos por la legislación vigente. La beca solo alcanzará a los precios públicos de asignaturas matriculadas y cursadas, no a las reconocidas. Artículo 8. Convalidación de estudios y reconocimiento de créditos. Los estudiantes que obtengan la adaptación o convalidación de asignaturas o reconocimiento de créditos en los Grados o en los Másteres universitarios por estudios u otras actividades realizados fuera de la UNED, abonarán el 20 por 100 de los precios establecidos en los anexos I, II, III y IV en concepto de reconocimiento de esos créditos en la titulación. Los estudiantes que obtengan reconocimiento de créditos de libre configuración en los planes renovados por asignaturas o actividades académicas cursadas fuera de la UNED abonarán igualmente el 20 por 100 de los precios establecidos en los anexos I, II y III. Se exceptúan de lo anterior aquellas actividades realizadas en Universidades que tengan suscrito convenio con la UNED y el reconocimiento de créditos que lleva consigo las vías de acceso especiales a determinados Grados cuando el estudiante es diplomado o ingeniero técnico por otra Universidad (cursos de adaptación o cursos puente). En este último supuesto, el estudiante deberá abonar la cantidad de 135 euros en concepto de reconocimiento de créditos. Los precios a los que se refiere este artículo gozarán de las mismas exenciones que figuran en el artículo 6. Artículo 9. Forma de pago. Los estudiantes de la UNED tendrán derecho a elegir la forma de efectuar el pago de los precios establecidos, bien haciéndolo efectivo de una sola vez o fraccionándolo en dos plazos, que serán abonados, el primero al formalizar la matrícula y el segundo en las fechas que establezca el Consejo de Gobierno de la UNED. No podrán acogerse a la modalidad de pago fraccionado los estudiantes que se presenten a la convocatoria extraordinaria de fin de carrera, ni los estudiantes cuyo importe total de matrícula sea inferior a 150 euros. Artículo 10. Falta de pago. Con independencia de que el estudiante se acoja a pago fraccionado o no, el impago total o parcial del importe de matrícula, dará origen, tras el requerimiento del justificante de haber efectuado el abono dentro del plazo establecido, a la anulación de la matrícula en los términos previstos en la legislación vigente, con pérdida, en su caso, de las cantidades ya ingresadas. Disposición final única. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», desde cuya fecha las tarifas anexas podrán percibirse cuando estén relacionadas con servicios académicos a prestar durante el curso 2013-2014. Madrid, 31 de julio de 2013.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega. ANEXO I Enseñanzas LDI no renovadas (por cursos) Euros/curso Primera matrícula Segunda matrícula Tercera matrícula Cuarta y sucesivas matrículas Grado Experimentalidad 2.         Licenciatura en Ciencias Químicas 1.138,30 1.525,32 2.959,56 4.097,86 Grado Experimentalidad 4.         Licenciatura en Ciencias Físicas 911,26 1.294,00 2.369,29 3.280,56 Grado Experimentalidad 5.         Licenciatura en Ciencias Matemáticas 880,57 1.179,96 2.289,47 3.170,04 Grado Experimentalidad 7.         Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología. Sección CC. Políticas 740,59 992,40 1.925,55 2.666,14 Licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología. Sección Sociología 740,59 992,40 1.925,55 2.666,14 ANEXO II Enseñanzas LDI renovadas Euros/crédito Primera matrícula Segunda matrícula Tercera matrícula Cuarta y sucesivas matrículas Grado Experimentalidad 2.         Licenciatura en Ciencias Ambientales 18,97 25,42 49,33 68,30 Grado Experimentalidad 3.         Ingeniero en Informática 18,32 24,54 47,62 65,93 Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (Plan 2000) 18,32 24,54 47,62 65,93 Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (Plan 2000) 18,32 24,54 47,62 65,93 Ingeniería Industrial (Plan 2001) 18,32 24,54 47,62 65,93 Grado Experimentalidad 4.         Licenciatura en Psicología (Plan 2000) 14,71 21,48 38,25 52,97 Grado Experimentalidad 5.         Licenciatura en Pedagogía 14,68 19,66 38,16 52,83 Grado Experimentalidad 6.         Licenciatura en Administración y Dirección De Empresas 12,77 17,32 36,91 51,10 Licenciatura en Economía 12,77 17,32 36,91 51,10 Licenciatura en Filología Inglesa 12,77 17,32 36,91 51,10 Licenciatura en Filología Hispánica 12,77 17,32 36,91 51,10 Diplomatura en Ciencias Empresariales 12,77 17,32 36,91 51,10 Diplomatura en Turismo 12,77 17,32 36,91 51,10 Grado Experimentalidad 7.         Licenciatura en Derecho (Plan 2000) 12,34 16,54 32,10 44,44 Licenciatura en Filosofía (Plan 2003) 12,34 16,54 32,10 44,44 Licenciatura en Historia 12,34 16,54 32,10 44,44 Diplomatura en Trabajo Social 12,34 16,54 32,10 44,44 ANEXO III Grados Euros/crédito ECTS Primera matrícula Segunda matrícula Tercera matrícula Cuarta y sucesivas matrículas Grupo 1: Física, Química y Ciencias Ambientales.         Grado en Ciencias Ambientales 19,33 29,75 64,45 89,23 Grado en Física 19,33 29,75 64,45 89,23 Grado en Química 19,33 29,75 64,45 89,23 Grupo 2: Ingenierías Industriales.         Grado en Ingeniería Eléctrica 22,16 29,46 61,76 85,51 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 22,16 29,46 61,76 85,51 Grado en Ingeniería Mecánica 22,16 29,46 61,76 85,51 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 22,16 29,46 61,76 85,51 Grupo 3: Ingenierías Informáticas y Matemáticas.         Grado en Ingeniería Informática 21,24 29,74 55,24 76,48 Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información 21,24 29,74 55,24 76,48 Grado en Matemáticas 15,13 22,31 48,33 66,92 Grupo 4: Psicología.         Grado en Psicología 15,59 19,96 40,55 56,14 Grupo 5: Humanidades.         Grado en Antropología 12,73 18,59 40,28 55,77 Grado en Filosofía 12,73 18,59 40,28 55,77 Graduado en Geografía e Historia 12,73 18,59 40,28 55,77 Grado en Historia del Arte 12,73 18,59 40,28 55,77 Grado en Estudios Ingleses: Lengua, Literatura y Cultura 12,86 18,59 40,28 55,77 Grado en Lengua y Literatura Españolas 12,86 18,59 40,28 55,77 Grupo 6: Ciencias Sociales y Jurídicas.         Grado en Administración y Dirección de Empresas 12,24 17,14 31,82 44,06 Grado en Ciencia Política y de la Administración 12,24 17,14 31,82 44,06 Grado en Derecho 12,24 17,14 31,82 44,06 Grado en Economía 12,24 17,14 31,82 44,06 Grado en Educación Social 14,37 18,39 37,36 51,73 Graduado en Pedagogía 14,37 18,39 37,36 51,73 Grado en Sociología 12,24 17,14 31,82 44,06 Grado en Trabajo Social 12,24 17,14 31,82 44,06 Grado en Turismo 12,24 17,14 31,82 44,06 Grado en CC. Jurídicas de las Administraciones Públicas 12,24 17,14 31,82 44,06 ANEXO IV Másteres universitarios profesionalizantes Euros/crédito ECTS Primera matrícula Segunda matrícula Tercera matrícula Cuarta y sucesivas matrículas Máster en acceso a la Abogacía 45,77 54,92 118,99 164,75 Máster en acceso a la Procura 45,77 54,92 118,99 164,75 Máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 32,00 38,40 83,20 115,20 Másteres universitarios no profesionalizantes Euros/crédito ECTS Primera matrícula Segunda matrícula Tercera matrícula Cuarta y sucesivas matrícula Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (interuniversitario con la Universidad Jaume I) 42,71 55,53 59,80 64,07 Máster en Física Médica 34,14 44,38 47,80 51,21 Máster en Investigación en Tecnologías Industriales. 34,14 44,38 47,80 51,21 Máster en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial. 34,14 44,38 47,80 51,21 Máster en Ingeniería Avanzada de Fabricación. 34,14 44,38 47,80 51,21 Máster en Ingeniería de Diseño. 34,14 44,38 47,80 51,21 Máster en Investigación en Economía 34,14 44,38 47,80 51,21 Máster en Administración Sanitaria (en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III) 34,14 44,38 47,80 51,21 Máster en Ciencia y Tecnología Química 32,09 44,38 47,80 51,21 Máster en Ciencia y Tecnología de Polímeros 32,09 44,38 47,80 51,21 Máster en Física de Sistemas Complejos 32,09 44,38 47,80 51,21 Máster en Matemáticas Avanzadas 29,36 44,38 47,80 51,21 Máster en Lenguajes y Sistemas Informáticos 29,36 44,38 47,80 51,21 Máster en Inteligencia Artificial Avanzada: Fundamentos, Métodos y Aplicaciones. 29,36 44,38 47,80 51,21 Máster en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos 29,36 44,38 47,80 51,21 Máster en Seguridad 29,36 44,38 47,80 51,21 Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control 29,36 44,38 47,80 51,21 Máster en Investigación en Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos 29,36 44,38 47,80 51,21 Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud (interuniversitario con la UAM y la UCM) 29,70 44,38 47,80 51,21 Máster en Investigación en Psicología 29,36 44,38 47,80 51,21 Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación 29,36 44,38 47,80 51,21 Máster en Comunicación y Educación en la Red: De la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Tratamiento Educativo de la Diversidad 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Innovación e Investigación en Educación 27,31 44,38 47,80 51,21 Máster Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural 27,31 44,38 47,80 51,21 Máster en Estrategia y Tecnologías para la Función Docente en la Sociedad Multicultural 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Orientación Profesional 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Unión Europea 40,50 65,00 70,00 75,00 Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Elaboración de Diccionarios y Control de la Calidad del Léxico Español 27,31 44,38 47,80 51,21 Máster en Literaturas Hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el contexto europeo 27,31 44,38 47,80 51,21 Máster en Lingüística Inglesa Aplicada 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica 27,31 44,38 47,80 51,21 Máster en Análisis Gramatical y Estilístico del Español 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Estudios Franceses y Francófonos 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental 27,31 44,38 47,80 51,21 Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y Tratamiento de Lenguas 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica 27,31 44,38 47,80 51,21 Máster en España Contemporánea en el Contexto Internacional 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Filosofía Teórica y Práctica 27,31 44,38 47,80 51,21 Máster en Derechos Humanos 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Intervención de la Administración en la Sociedad 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Derechos Fundamentales 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Derecho de los Seguros 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Investigación en Derecho de la Cultura (interuniversitario con la Universidad Carlos III) 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Política y Democracia 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en los Retos de la Paz, la Seguridad y la Defensa 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Problemas Sociales: (interuniversitario con la Universidad de Granada) 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Formación de Profesores de Español como Segunda Lengua 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de Intervención Social 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con Especial Aplicación al Ámbito de la Defensa 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Memoria y Crítica de la Educación 27,65 44,38 47,80 51,21 Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones 27,31 44,38 47,80 51,21 Máster Universitario en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación/Information and Communication Electronic Systems 34,14 44,38 47,80 51,21 Máster en Comunicación Audiovisual de Servicio Público 40,50 65,00 70,00 75,00 Precios públicos de Másteres para estudiantes no residentes y nacionales de Estados no miembros de la UE Euros/crédito ECTS Primera matrícula Segunda matrícula Tercera matrícula Cuarta y sucesivas matrícula Máster en acceso a la Abogacía 128,14 146,45 164,75 183,06 Máster en acceso a la Procura 128,14 146,45 164,75 183,06 Máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 89,60 102,40 115,20 128,00 Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa (interuniversitario con la Universidad Jaume I) 59,80 68,34 76,89 85,43 Máster en Física Médica 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Investigación en Tecnologías Industriales. 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Investigación en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control Industrial 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Ingeniería Avanzada de Fabricación 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Ingeniería de Diseño 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Investigación en Economía 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Administración Sanitaria (en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III) 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Ciencia y Tecnología Química 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Ciencia y Tecnología de Polímeros 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Física de Sistemas Complejos 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Matemáticas Avanzadas 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Lenguajes y Sistemas Informáticos 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Inteligencia Artificial Avanzada: Fundamentos, Métodos y Aplicaciones 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Comunicación, Redes y Gestión de Contenidos 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Seguridad 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Ingeniería de Sistemas y de Control 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Investigación en Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Metodología de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud (interuniversitario con la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid) 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Investigación en Psicología 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Intervención Psicológica en el Desarrollo y la Educación 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Comunicación y Educación en la Red: De la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Tratamiento Educativo de la Diversidad 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Innovación e Investigación en Educación 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster Euro-Latinoamericano en Educación Intercultural 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Estrategia y Tecnologías para la Función Docente en la Sociedad Multicultural 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Orientación Profesional 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Unión Europea 70,00 80,00 90,00 100,00 Máster en Dirección Pública, Políticas Públicas y Tributación 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Elaboración de Diccionarios y Control de la Calidad del Léxico Español. 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Literaturas Hispánicas (catalana, gallega y vasca) en el contexto europeo. 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Lingüística Inglesa Aplicada 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral en el Contexto Europeo 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Ciencia del Lenguaje y Lingüística Hispánica 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Análisis Gramatical y Estilístico del Español 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Estudios Franceses y Francófonos 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en El Mundo Clásico y su Proyección en la Cultura Occidental 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Enseñanza y Tratamiento de Lenguas 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en España Contemporánea en el Contexto Internacional 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Filosofía Teórica y Práctica 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Derechos Humanos 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Intervención de la Administración en la Sociedad 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Derechos Fundamentales 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Derecho de los Seguros 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Investigación en Derecho de la Cultura (interuniversitario con la Universidad Carlos III) 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Política y Democracia 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en los Retos de la Paz, la Seguridad y la Defensa 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Problemas Sociales (interuniversitario con la Universidad de Granada) 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Formación de Profesores de Español como Segunda Lengua 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Trabajo Social, Estado del Bienestar y Metodologías de Intervención Social 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Gestión de Contratos y Programas del Sector Público, con Especial Aplicación al Ámbito de la Defensa 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Memoria y Crítica de la Educación 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Investigación Antropológica y sus Aplicaciones 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster Universitario en Sistemas Electrónicos de Información y Comunicación/Information and Communication Electronic Systems 47,80 54,62 61,45 68,28 Máster en Comunicación Audiovisual de Servicio Público 70,00 80,00 90,00 100,00 ANEXO V Doctorado 1. Tutela académica para la elaboración de la tesis doctoral (Real Decreto 778/1998 y Real Decreto 1393/2007): 120,59 euros. 2. Tutela académica para la elaboración de la tesis doctoral (Real Decreto 99/2011): 222,72 euros. ANEXO VI Precios públicos por otros servicios 2013/2014   Euros 1. Evaluación y pruebas.   1.1 Pruebas para el acceso a la Universidad 82,73 1.2 Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25, 40 y 45 años 93,19 1.3 Curso de acceso a la Universidad para mayores de 25 años:   Primera matrícula 459,51 Segunda matrícula 229,76 1.4 Curso de acceso a la Universidad para mayores de 45 años:   Primera matrícula 229,76 Segunda matrícula 114,88 1.5 Proyectos de fin de carrera 152,16 1.6 Prueba de aptitud para la homologación de títulos extranjeros de educación superior 152,16 1.6.a) Curso tutelado para la homologación de los títulos extranjeros de educación superior: Abonarán el importe de los créditos que figuren en la credencial de homologación   1.7 Examen para tesis doctorales 152,16 1.8 Obtención, por convalidación, de títulos de diplomados en enseñanzas de primer ciclo universitario:   a) Por evaluación académica y profesional conducente a dicha convalidación 152,16 b) Por trabajos exigidos para dicha convalidación 253,44 1.9 Examen de suficiencia investigadora 119,99 1.10 Gestión del Tribunal de Compensación 136,04 1.11 Convocatoria extraordinaria para asignaturas de planes LDI totalmente extinguidas (euros por asignatura) 46,24 2. Secretaría.   2.1 Apertura de expediente académico por comienzo de estudios conducentes a un título oficial, por verificación de estudios europeos para el acceso a la Universidad y por pruebas de acceso a la Universidad; certificaciones académicas y traslado de expediente académico 28,98 2.2 Compulsa de documentos 11,39 2.3 Expedición de tarjetas de identidad/Gastos de Secretaría 6,22 2.4 Verificación de los estudios europeos para el acceso a la Universidad 51,46 2.5 Certificados acreditativos de la realización de estudios universitarios de tercer ciclo:   a) Certificado del período de docencia 43,35 b) Certificado-diploma de estudios avanzados 131,54 2.6 Suplemento europeo al título (títulos de Diplomado, Licenciado, Ingeniero, Doctorado) . 60,57 2.7 SET electrónico o duplicado en papel por causa no exigible a la UNED 45,12 2.8 Expedición del título oficial de Grado, Máster universitario y Doctorado (Real Decreto 1393/2007 y Real Decreto 99/2011) 147,36 2.9 Título oficial electrónico 45,12 2.10 Duplicado de títulos o reimpresiones 8,48 2.11 Mención Doctor Europeo 18,20 2.12 Diligencia título oficial de Máster o Doctorado Erasmus Mundus 15,00 2.13 Certificación supletoria provisional del título 45,12 2.14 Homologación de títulos extranjeros:   a) homologación al título español de Doctor 171,42 b) homologación al título español de Máster universitario 143,25

Precios matrícula 2013/2014 UNED. Los precios de los créditos varían en función de la en función del grado de experimentalidad de la enseñanza y de la vez de matriculación, si es de primera, segunda, tercera, etc... convocatoria.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en su artículo 81.3.b), en relación con la disposición adicional segunda, establece que los ingresos por precios públicos por estudios conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional han de ser fijados, en el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), por la Administración General del Estado, dentro de los límites que establezca la Conferencia General de Política Universitaria. El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, otorga en su artículo 6, apartado cinco, punto 2, una nueva redacción al artículo 81.3.b) de la citada Ley Orgánica, y dispone que dichos precios públicos se establecerán en relación con los costes de prestación del servicio, dentro de los límites que acuerde la Conferencia General de Política Universitaria. La Resolución de 5 de julio de 2013, de la Secretaría General de Universidades (BOE de 16 de julio de 2013) hace público el acuerdo de 25 de junio de 2013, de la Conferencia General de Política Universitaria, en el que se decide, de un lado, no establecer límites adicionales a los establecidos en el artículo 81.3 de la Ley Orgánica 6/2001 para la fijación de los precios públicos de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Master y, de otro lado, establecer para las enseñanzas de primer y segundo ciclo los mismos límites de precios que para las enseñanzas de Grado. En las enseñanzas de Grado los precios públicos cubren entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. En las enseñanzas de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 15 por 100 y el 25 por 100 de los costes en primera matrícula; entre el 30 por 100 y el 40 por 100 de los costes en segunda matrícula; entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes en la tercera matrícula; y entre el 90 por 100 y el 100 por 100 de los costes a partir de la cuarta matrícula. En las enseñanzas de Máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, los precios públicos cubrirán entre el 40 por 100 y el 50 por 100 de los costes en primera matrícula; y entre el 65 por 100 y el 75 por 100 de los costes a partir de la segunda matrícula. Para el establecimiento de los precios públicos por la prestación del servicio público de la educación superior en la UNED se ordenan las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales en cinco grupos: 1. Enseñanzas de Licenciatura, Diplomatura e Ingeniería (en adelante, LDI) no renovadas, cuyos planes de estudio fueron aprobados por el entonces Ministerio de Educación y Ciencia. 2. Enseñanzas LDI renovadas, conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales establecidos por el Gobierno con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, cuyos planes de estudio fueron aprobados por la UNED y homologados por el Consejo de Coordinación Universitaria con arreglo a lo estipulado en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, y siguientes. 3. Enseñanzas de Grado reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 4. Enseñanzas de Máster universitario, reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. 5. Enseñanzas de Doctorado, reguladas por el Real Decreto 778/1998, de 30 de abril, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. En consonancia con la clasificación anterior, se toma en consideración como unidad básica de referencia, a los efectos de la fijación de precios públicos por servicios académicos, el curso completo en los planes de estudios de las enseñanzas LDI no renovadas, el crédito para las enseñanzas LDI renovadas y el crédito europeo (ECTS) para las enseñanzas de Grado y Máster a que se refiere el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. Para la determinación de los precios públicos de los grupos de enseñanzas referenciados para el curso académico 2013-2014 y en aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, se ha procedido a establecer el coste de la prestación del servicio, que varía en función del grado de experimentalidad o grupo de clasificación de la enseñanza de que se trate y en función de la vez de matriculación, es decir, de que se trate de primera, segunda, tercera o cuarta y sucesivas matrículas. Teniendo en cuenta lo anterior y la memoria económico-financiera a que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, elaborada previo informe de la UNED, se fijan, por medio de la presente Orden, los precios por servicios académicos para el curso 2013-2014 en la mencionada Universidad. En su virtud, al amparo de la habilitación conferida por el artículo 26.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, dispongo: Artículo 1. Objeto. La presente orden tiene por objeto establecer los precios públicos por servicios académicos de la educación superior en la UNED en el curso 2013-2014, en las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos oficiales. Estos precios serán abonados de acuerdo con las normas ### RESUMEN: Precios matrícula 2013/2014 UNED. Los precios de los créditos varían en función de la en función del grado de experimentalidad de la enseñanza y de la vez de matriculación, si es de primera, segunda, tercera, etc... convocatoria.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 10 de diciembre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ejercicios 2016 y 2017, acuerda: 1. Instar al Gobierno a: – Promover y completar el desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. – Tomar las medidas necesarias para adecuar la plantilla de funcionarios encargados de las necesidades de la gestión administrativa del Consejo. – Promover un incremento en la plantilla de personal del Consejo, en la justa medida, y en coherencia con las necesidades generales del citado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2020.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez. ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI ANEXO VII ANEXO VIII

Fiscalización de las cuentas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en 2016 y 2017. Lo más relevante (para mí, claro): El Tribunal de Cuentas le dice al Gobierno que apruebe de una vez el reglamento y dé más personal a la institución, que no llegan.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 10 de diciembre de 2020, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, ejercicios 2016 y 2017, acuerda: 1. Instar al Gobierno a: – Promover y completar el desarrollo reglamentario de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. – Tomar las medidas necesarias para adecuar la plantilla de funcionarios encargados de las necesidades de la gestión administrativa del Consejo. – Promover un incremento en la plantilla de personal del Consejo, en la justa medida, y en coherencia con las necesidades generales del citado Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2020.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez. ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV ANEXO V ANEXO VI ANEXO VII ANEXO VIII ### RESUMEN: Fiscalización de las cuentas del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en 2016 y 2017. Lo más relevante (para mí, claro): El Tribunal de Cuentas le dice al Gobierno que apruebe de una vez el reglamento y dé más personal a la institución, que no llegan.

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. PREÁMBULO El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, obliga a que los poderes públicos establezcan mecanismos eficaces para protegerlo y conservarlo. Este fin sólo puede alcanzarse procurando la compatibilidad de la actividad humana con la preservación del medio ambiente. Para ello, la legislación ambiental debe ser clara y otorgar seguridad jurídica. En una situación como la actual, en la que se están encarando profundas reformas estructurales que permitan la reactivación de nuestra economía y la generación de empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de nuestra legislación ambiental que contribuyan a lograr ese objetivo, sin merma del principio de protección. La reforma que acomete la presente Ley se orienta a la simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces, y lo que es más grave, imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para las Administraciones públicas. La simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales que se promueve, además de ser necesaria en sí misma, resulta un medio idóneo para acompañar a las reformas, que con carácter urgente, el Gobierno ha puesto en marcha. Esta reforma parte del presupuesto de que la eficacia de las normas ambientales no puede identificarse con la yuxtaposición de planes, programas, autorizaciones, permisos y otras medidas de difícil aplicación real y práctica. Antes al contrario, una protección eficaz está reñida con el exceso retórico y normativo que lleva a la atrofia; y exige el establecimiento de reglas claras y sencillas que protejan el medio ambiente y fomenten un desarrollo compatible e integrado en él. En suma, la legislación ambiental también debe ser sostenible. De acuerdo con estos objetivos se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ya que, su aplicación ha revelado ciertos desajustes que exigen ser corregidos con la máxima prontitud, puesto que están generando retrasos innecesarios a los ciudadanos e inconvenientes difíciles de superar a las Administraciones públicas encargadas de la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000. Así, en aquellos casos en que se solapan varias figuras de protección, se dispone que se consolidarán y unificarán todas ellas en un único instrumento de protección. Al tiempo, se garantiza la compatibilidad de la protección con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos, a través, precisamente, de la planificación de los espacios naturales. También resulta urgente la habilitación para que reglamentariamente se instituya un procedimiento para comunicar a la Comisión Europea las medidas compensatorias que se adopten en el marco de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Igualmente, es preciso introducir modificaciones en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, con la finalidad de simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban ambigüedad, incertidumbre e inseguridad en la aplicación de la norma. Lo que debe resolverse con la mayor brevedad. Asimismo, para eliminar la indeterminación e inseguridad jurídica, era indispensable delimitar las competencias sancionadoras de las Entidades Locales en esta materia, disponiendo que las ejercerán respecto de los residuos cuya recogida y gestión les corresponda. En prevención de que pudiera producirse una situación de sequía, y sin perjuicio de las decisiones que en ese contexto hayan de tomarse, la presente Ley se adelanta e introduce una serie de medidas que pretenden conseguir un uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de unidad de gestión de cuenca. Con la finalidad de racionalizar la gestión y uso del agua, en línea con la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, Marco del Agua, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas. El régimen introducido en la presente Ley permite reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de aguas subterráneas así como una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación. En la misma línea, esta Ley incorpora medidas que incentivan, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Se incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas tendente a la recuperación ambiental de los acuíferos. Por otra parte, esta Ley refuerza la potestad sancionadora en materia de aguas, imprescindible para garantizar la correcta aplicación de la legislación sustantiva. Lo que era de todo punto necesario y urgente tras la declaración de nulidad parcial de la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales por la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de noviembre de 2011, recaída en el recurso de casación núm. 6062/2010. De esta forma, se incorporan al texto refundido de la Ley de Aguas, sin perjuicio del ulterior desarrollo reglamentario, los criterios generales que se tomarán en cuenta en la valoración del daño causado en el dominio público hidráulico, determinantes para calificar la infracción. En definitiva, se garantiza el ejercicio de la potestad sancionadora con pleno respeto al principio de legalidad (artículo 25 de la Constitución), en su doble vertiente de reserva legal y tipicidad. El Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, añadió al texto refundido de la Ley de Aguas una disposición adicional decimocuarta que habilitaba a determinadas Comunidades Autónomas para el ejercicio de facultades de policía de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias, así como para la tramitación de los procedimientos a que dieran lugar sus actuaciones hasta la propuesta de resolución. Por ello, resulta necesario evitar que con esta reforma legal pueda verse afectado el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, elevado a principio constitucional por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 227/1988, 161/1996 y 30 y 32/2011. Y salir al paso de los desarrollos normativos que sobre esta materia hayan realizado o puedan realizar las Comunidades Autónomas habilitadas por esa disposición adicional. A su vez, el artículo cuarto trae causa en el Reglamento (UE) N.º 1210/2011 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) N.º 1031/2010 (Reglamento de subastas), en particular con el fin de determinar el volumen de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero por subastar antes de 2013. Dicha norma establece que deberá subastarse en 2012 un volumen total de 120 millones de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el conjunto de la Unión Europea. En el anexo I del reglamento, donde se desglosa el volumen a subastar por cada Estado miembro, se establece que a España le corresponderá subastar en 2012 la cifra de 10.145.000 derechos. Los trabajos para la contratación de la plataforma común transitoria, donde se realizarán las subastas hasta que la plataforma definitiva haya sido designada, se encuentran muy avanzados estimándose que las subastas podrán comenzar inmediatamente. En ese sentido, el artículo cuarto modificativo de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, responde a la necesidad de que, conforme al artículo 43 del Reglamento de subastas, los Estados Miembros aseguren que las medidas nacionales mediante las que se transponen los artículos 14 y 15 de la Directiva 2003/6/CE sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado se aplican en relación con las personas responsables del incumplimiento de los artículos 37 a 42 del Reglamento, en los que se establece el régimen relativo al abuso de mercado aplicable a productos subastados distintos de los instrumentos financieros, en relación con subastas celebradas en su territorio o fuera de él. En consecuencia, es necesario, desarrollar la normativa que permite a las entidades financieras concurrir a las subastas por cuenta propia o en nombre de clientes, investir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de las facultades de supervisión, inspección y sanción en relación a las conductas relativas al abuso de mercado, establecer las infracciones aplicables a estas conductas, así como introducir los deberes de cooperación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con otras autoridades competentes a efectos de garantizar el régimen previsto para el abuso de mercado en operaciones con contratos de contado. En definitiva, la adopción de la modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores contemplada en esta Ley responde a la necesidad de tener adaptada la legislación financiera española ante el inminente comienzo de las subastas de derechos. Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. El Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se modifica de la siguiente manera: Uno. El párrafo c) del artículo 28 queda redactado como sigue: «c) Adoptar los acuerdos relativos a los actos de disposición sobre el patrimonio de los organismos de cuenca.» Dos. Se modifica el apartado f) del artículo 28, que queda redactado en los siguientes términos: «f) Declarar las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico y las medidas para corregir las tendencias que pongan en peligro el buen estado mediante la aprobación del programa de actuación para la recuperación, de conformidad con el artículo 56, sin perjuicio de las que puedan corresponder a otras Administraciones públicas.» Tres. Se añade un apartado 2 en el artículo 30, y el actual apartado 2 pasa a renumerarse como 3, que tendrá la siguiente redacción: «2. En el marco de los párrafos d y e del apartado anterior, le corresponderá de manera especial: a. Ordenar la ejecución de los acuerdos de la Junta de Gobierno y de los demás órganos colegiados que preside. b. Ejercer las facultades de contratación propias del organismo. c. Autorizar los gastos que se realicen con cargo a créditos del presupuesto del organismo y ordenar los pagos correspondientes. d. Desempeñar la jefatura de personal y servicios. e. Otorgar las concesiones y autorizaciones de aprovechamiento del dominio público hidráulico y las autorizaciones relativas al régimen de policía de aguas y cauces, excepto aquellas cuya resolución corresponda al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. f. Aplicar las normas del reglamento del dominio público hidráulico en materia de policía de aguas y sus cauces, incluido el régimen sancionador, dentro de los límites de su competencia. g. Resolver los recursos administrativos que se deduzcan contra las resoluciones de las comunidades de usuarios y del propio organismo de cuenca con excepción de los que correspondan por su contenido a la Junta de Gobierno del organismo o al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. h. Coordinar y dirigir la aplicación de lo previsto en el Título VI de esta Ley sobre los cánones y la tarifa. i. Autorizar la redacción y aprobar definitivamente los proyectos de obras, instalaciones y suministros que hayan de ser realizados con cargo a los fondos propios del organismo. j. Ejercer las funciones expropiatorias en materia de aguas, en los términos previstos en la legislación vigente. k. Informar a la Dirección General del Agua sobre los efectos sociales de los proyectos correspondientes a obras que se encomienden al organismo por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. l. Informar las propuestas de nombramiento y cese de los titulares de las unidades administrativas directamente dependientes de la Presidencia de los organismos de cuenca.» Cuatro. Se modifica el artículo 56, que queda redactado en los siguientes términos: «Artículo 56. Masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico. 1. La Junta de Gobierno, sin necesidad de consulta al Consejo del Agua, podrá declarar que una masa de agua subterránea está en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico, en este caso, se llevarán a cabo las siguientes medidas: a) En el plazo de seis meses, el Organismo de cuenca constituirá una comunidad de usuarios si no la hubiere, o encomendará sus funciones con carácter temporal a una entidad representativa de los intereses concurrentes. b) Previa consulta con la comunidad de usuarios, la Junta de Gobierno aprobará en el plazo máximo de un año, desde que haya tenido lugar la declaración, un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua, que se incluirá en el programa de medidas a que hace referencia el artículo 92 quáter. Hasta la aprobación del programa de actuación, se podrá adoptar las limitaciones de extracción así como las medidas de protección de la calidad del agua subterránea que sean necesarias como medida cautelar. 2. El programa de actuación ordenará el régimen de extracciones para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea, y proteger y mejorar los ecosistemas asociados, para lo cual podrá, entre otras medidas: a) Establecer la sustitución de las captaciones individuales preexistentes por captaciones comunitarias, transformándose, en su caso, los títulos individuales con sus derechos inherentes, en uno colectivo que deberá ajustarse a lo dispuesto en el programa de actuación. b) Prever la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea, en ese caso incluirá los criterios para la explotación conjunta de los recursos existentes en la masa y de los externos. c) Incluir un perímetro en el cual no será posible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas a menos que los titulares de las preexistentes estén constituidos en comunidades de usuarios, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo IV del Título IV y teniendo en cuenta lo previsto en la disposición adicional séptima. d) Determinar perímetros de protección de las masas de agua subterránea en los que será necesaria su autorización para realizar obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e instalaciones que puedan afectarla, sin perjuicio de aquellas otras autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con la legislación sectorial de que se trate. Tal delimitación y condiciones vincularan en la elaboración de los instrumentos de planificación así como en el otorgamiento de las licencias, por las Administraciones públicas competentes en la ordenación del territorio y urbanismo. 3. El programa de actuación contemplará las condiciones en las que temporalmente se puedan superar las limitaciones establecidas, permitiendo extracciones superiores a los recursos disponibles de una masa de agua subterránea cuando esté garantizado el cumplimiento de los objetivos medioambientales. 4. Cuando como consecuencia de la aplicación del programa de actuación se mejore el estado de la masa de agua subterránea, el organismo de cuenca, de oficio o a instancia de parte, podrá reducir progresivamente las limitaciones del programa y aumentar, de forma proporcional y equitativa, el volumen que se puede utilizar, teniendo en cuenta, en todo caso, que no se ponga en riesgo la permanencia de los objetivos generales ambientales previstos en el artículo 92 y siguientes.» Cinco. Se modifica el apartado uno del artículo 111 bis, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Las Administraciones públicas competentes, en virtud del principio de recuperación de costes y teniendo en cuenta proyecciones económicas a largo plazo, establecerán los oportunos mecanismos para repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales.» Seis. Se modifica el apartado tres del artículo 111 bis, que queda redactado en los siguientes términos: «3. Para la aplicación del principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias sociales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáticas de cada territorio y de las poblaciones afectadas siempre y cuando ello no comprometa los fines ni el logro de los objetivos ambientales establecidos. Mediante resolución de la Administración competente, que en el ámbito de la Administración General del Estado corresponderá al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se podrán establecer motivadamente excepciones al principio de recuperación de costes para determinados usos teniendo en cuenta las mismas consecuencias y condiciones mencionadas y sin que, en ningún caso, se comprometan los fines ni el logro de los objetivos ambientales correspondientes. Para ello, los organismos de cuenca emitirán en el plazo de tres meses, con carácter preceptivo y previo a la resolución que se adopte, informe motivado que, en todo caso, justifique que no se comprometen ni los fines ni los logros ambientales establecidos en las respectivas planificaciones hidrológicas.» Siete. Se modifica el apartado siete del artículo 114, que queda redactado en los siguientes términos: «7. El organismo de cuenca, de acuerdo con lo establecido en este artículo, determinará las cuantías del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua del año en curso, emitiendo las liquidaciones correspondientes antes del último día del mismo año.» Ocho. Se modifica el apartado uno del artículo 117, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Las citadas infracciones se calificarán reglamentariamente de leves, menos graves, graves, o muy graves, atendiendo a su repercusión en el orden y aprovechamiento del dominio público hidráulico, a su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes y a las circunstancias del responsable, su grado de malicia, participación y beneficio obtenido, así como al deterioro producido en la calidad del recurso, pudiendo ser sancionadas con las siguientes multas: Infracciones leves, multa de hasta 10.000,00 euros. Infracciones menos graves, multa de 10.000,01 a 50.000,00 euros. Infracciones graves, multa de 50.000,01 a 500.000,00 euros. Infracciones muy graves, multa de 500.000,01 a 1.000.000,00 euros.» Nueve. Se introduce un nuevo apartado dos en el artículo 117, que queda redactado en los siguientes términos: «2. Con carácter general, para la valoración del daño en el dominio público hidráulico y las obras hidráulicas se ponderará su valor económico. En el caso de daños en la calidad del agua, se tendrá en cuenta el coste del tratamiento que hubiera sido necesario para evitar la contaminación causada por el vertido y la peligrosidad del mismo. Todo ello, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.» Diez. Los apartados dos y tres del artículo 117, pasan a ser los apartados tres y cuatro, respectivamente. Once. Queda derogado el apartado uno de la disposición adicional séptima. Doce. Queda derogada la disposición adicional decimocuarta. Trece. Se introduce una nueva disposición adicional decimocuarta, que queda redactada en los siguientes términos: «Disposición adicional decimocuarta. Cesión de derechos y transformación de aprovechamientos por disposición legal en concesiones, en el ámbito del Alto Guadiana. 1. Los titulares de aprovechamientos de aguas subterráneas, inscritos en el Registro de Aguas, en las secciones A y C, o anotados en el Catálogo de Aguas privadas, en el ámbito definido por el Plan Especial del Alto Guadiana, aprobado por Real Decreto 13/2008, de 11 de enero y sujeto a la vigencia del mismo, podrán transmitirlos, de forma irreversible y en su totalidad a otros titulares de aprovechamientos, que serán adquiridos mediante la correspondiente concesión otorgada por el Organismo de cuenca de conformidad con el procedimiento establecido en el mencionado Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, y sujeta a las siguientes prescripciones: a) El volumen de agua concedido será un porcentaje del volumen objeto de transmisión. Ese porcentaje se determinará en atención a las condiciones técnicas y ambientales que concurran y, en su caso, vinculado al programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua. b) Cuando el uso al que se destine el agua sea el regadío, no se podrá incrementar la superficie de riego que ya tuviera reconocida el cedente. c) Se otorgarán por un plazo que finalizará el 31 de diciembre de 2035, teniendo preferencia en ese momento el concesionario para obtener una nueva concesión. d) En el procedimiento se prescindirá del trámite de competencia de proyectos. e) El plazo para la tramitación del expediente de solicitud de concesión será de 9 meses. 2. Excepcionalmente podrá autorizarse a los titulares de concesiones de aguas subterráneas que tengan sus derechos inscritos en la sección A del Registro de Aguas, la transmisión irreversible de una parte de los derechos de los que son titulares a otros titulares de aprovechamientos, siempre que se declare de manera expresa el volumen de agua al que se renuncia y se identifique de forma inequívoca la extensión de tierra que se dejará de regar. Esta transmisión se realizará mediante la modificación de características de la concesión cedente y el otorgamiento de concesión para el cesionario, expedientes que se tramitarán obligatoriamente de forma conjunta. 3. La cesión de derechos en los términos establecidos en los dos apartados anteriores, podrá efectuarse sin infraestructuras de conducción cuando el cedente y el cesionario pertenezcan a la misma masa de agua subterránea. 4. De forma excepcional podrán otorgarse nuevas concesiones a titulares de explotaciones agropecuarias, que cumplan las condiciones establecidas en el programa de actuación, si quien las solicita adquiere de manera definitiva, según lo dispuesto en el apartado 1 o en el apartado 2 de esta disposición adicional, el volumen total precisado más el porcentaje que fije la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 5. Esta disposición no se aplicará a los titulares de una concesión otorgada en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del anexo 1 del Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Plan Especial del Alto Guadiana, cuando tengan la condición de cedentes. 6. Los titulares de aprovechamientos por disposición legal situados en el ámbito definido por el Plan Especial del Alto Guadiana, aprobado por Real Decreto 13/2008, de 11 de enero, que a la fecha de entrada en vigor de esta disposición adicional estén inscritos en la sección B del Registro de Aguas, o que hayan solicitado, de acuerdo con el artículo 54.2 de esta Ley, la preceptiva autorización siempre que les sea finalmente concedida, podrán solicitar su transformación en una concesión de aguas públicas que se otorgará con el volumen máximo anual reconocido y para el mismo o superior uso. La solicitud se someterá a información pública en el ámbito que determine la Confederación Hidrográfica del Guadiana, cuando se estime que pueda afectar derechos de terceros y, siempre en el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique el predio. Se prescindirá del trámite de competencia de proyectos y se exigirá el informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico y el de la Administración competente en función del uso a que se destine. En los predios en los que el aprovechamiento por disposición legal se haya transformado en concesión, no podrá realizarse ningún aprovechamiento al amparo del artículo 54.2 de esta Ley». Catorce. Se introduce una nueva disposición adicional decimoquinta, que queda redactada en los siguientes términos: «Disposición adicional decimoquinta. Referencias a los acuíferos sobreexplotados. Las referencias en el articulado de esta Ley a los acuíferos sobreexplotados se entenderán hechas a las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico.» Quince. Se introduce una nueva disposición transitoria tercera bis, que queda redactada en los siguientes términos: «Disposición transitoria tercera bis. Disposiciones comunes a la aplicación del apartado tercero de las disposiciones transitorias segunda y tercera. 1. A los efectos de aplicación del apartado tercero de las disposiciones transitoria segunda y tercera, se considerará modificación de las condiciones o del régimen de aprovechamiento, entre otras, las actuaciones que supongan la variación de la profundidad, diámetro o localización del pozo, así como cualquier cambio en el uso, ubicación o variación de superficie sobre la que se aplica el recurso en el caso de aprovechamientos de regadío. La Dirección General del Agua dictará unas instrucciones en las que se establezcan los criterios técnicos para la aplicación uniforme de lo establecido en este apartado. 2. La concesión a que hacen referencia las disposiciones transitorias segunda y tercera en sus apartados terceros se otorgará, a instancia de parte, sin procedimiento de competencia de proyectos, exigirá el informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico y el de la Administración competente en función del uso a que se destine, se someterá a información pública y en caso de existir Comunidad de Usuarios, se solicitará informe a la misma. 3. La concesión a otorgar tendrá las siguientes características: a) El plazo de la concesión no será inferior al establecido en su inscripción en la sección C del Registro de Aguas, teniendo preferencia en ese momento el concesionario para obtener una nueva concesión. b) Recogerá las características con que el aprovechamiento esté incluido en la sección C del Registro de Aguas de la cuenca, a excepción de las características objeto de modificación que hayan motivado el inicio del procedimiento, y previa comprobación de su adecuación a la realidad por parte del organismo de cuenca. 4. En el caso de que la concesión se refiera a masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no alcanzar los objetivos de buen estado a que se refiere el artículo 56, la concesión estará sometida a las limitaciones establecidas en el programa de actuación, o en su defecto, a las medidas cautelares relativas a la extracción o de protección de la calidad del agua subterránea que en su caso se establezcan. 5. Cuando la modificación de las condiciones o régimen de aprovechamiento no haya sido comunicada por su titular al organismo de cuenca para su autorización, sin perjuicio de la aplicación del procedimiento sancionador previsto, el organismo de cuenca requerirá al interesado para que solicite y obtenga la correspondiente concesión. 6. El otorgamiento de la concesión comportará la extinción simultánea del derecho sobre aguas privadas reconocido hasta ese momento.» Dieciséis. Se introduce una nueva disposición transitoria décima, que queda redactada en los siguientes términos: «Disposición transitoria décima. Transformación de derechos privados en concesionales. 1. Los titulares de aprovechamientos de aguas inscritos en el Catálogo de aguas privadas de la cuenca a que se refiere la disposición transitoria cuarta, podrán solicitar en cualquier momento la inscripción en el Registro de Aguas de la cuenca, para lo que instarán el otorgamiento de la correspondiente concesión. 2. El trámite de otorgamiento de la concesión se llevará a cabo sin competencia de proyectos y exigirá, además del informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico y el de la Administración competente en función del uso a que se destine, la práctica del trámite de información pública y, en caso de existir Comunidad de Usuarios, la solicitud de informe a la misma. 3. La concesión a otorgar tendrá las siguientes características: a) El término de la concesión será el 31 de diciembre de 2035, teniendo preferencia en ese momento el concesionario para obtener una nueva concesión. b) Recogerá las características con que el aprovechamiento esté incluido en el Catálogo de Aguas privadas de la cuenca, singularmente en lo que se refiere al uso del agua, previa comprobación de la adecuación de estas características a la realidad por parte del Organismo de cuenca. 4. No obstante cuando la solicitud de concesión se refiera a masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no alcanzar un buen estado y que cuenten con el programa de actuación a que se refiere el artículo 56, la concesión estará sometida a las limitaciones establecidas en dicho programa. Cuando no exista un programa de actuación aprobado, no se podrá instar la transformación del derecho.» Artículo segundo. Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, queda modificada de la siguiente manera: Uno. El apartado 2 del artículo 28 se modifica en los siguientes términos: «2. Si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de los mismos así como los mecanismos de planificación deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente.» Dos. La letra a) del apartado 1 del artículo 45 se modifica como sigue: «a) Adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo que incluyan, al menos, los objetivos de conservación del lugar y las medidas apropiadas para mantener los espacios en un estado de conservación favorable. Estos planes deberán tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares.» Tres. La disposición final octava queda redactada en los siguientes términos: «1. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, dictará las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta Ley. En particular, se faculta al Gobierno para introducir cambios en los anexos con la finalidad de adaptarlos a las modificaciones que, en su caso, introduzca la normativa comunitaria. 2. Se faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo reglamentario del procedimiento de comunicación de la información oficial sobre espacios protegidos Red Natura 2000, entre las Comunidades Autónomas, la Administración General del Estado y la Comisión Europea, al que se refieren los artículos 42 y 44. 3. Se faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para regular el procedimiento de comunicación a la Comisión Europea, tanto de las medidas compensatorias adoptadas para planes, programas o proyectos, según lo dispuesto en el artículo 45.5, como para la consulta previa a la Comisión Europea, según lo dispuesto en el artículo 45.6.c).» Artículo tercero. Modificación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, queda modificada en los siguientes términos: Uno. Se modifica el artículo 21 en los siguientes términos: a) El apartado 1 del artículo 21 queda redactado como sigue: «1. Las autoridades ambientales en su respectivo ámbito competencial y en atención a los principios de prevención y fomento de la reutilización y el reciclado de alta calidad, adoptarán las medidas necesarias para que se establezcan sistemas prioritarios para fomentar la reutilización de los productos, las actividades de preparación para la reutilización y el reciclado. Promoverán, entre otras medidas, el establecimiento de lugares de almacenamiento para los residuos susceptibles de reutilización y el apoyo al establecimiento de redes y centros de reutilización. Asimismo, se impulsarán medidas de promoción de los productos preparados para su reutilización y productos reciclados a través de la contratación pública y de objetivos cuantitativos en los planes de gestión.» b) Se suprime el apartado 2. c) Los apartados 3, 4, 5 y 6, pasan a ser los apartados 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 25, que queda redactado de la siguiente manera: «3. Los operadores que vayan a realizar un traslado de residuos para destinarlos a operaciones de eliminación deberán presentar una notificación previa a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de origen y de la de destino. Asimismo deberán presentar una notificación previa a las mismas autoridades los operadores que vayan a realizar un traslado para la valorización de residuos domésticos mezclados, de residuos peligrosos y de los residuos para los que reglamentariamente se determine. Las notificaciones podrán ser generales con la duración temporal que se determine reglamentariamente o podrán referirse a traslados concretos. A los efectos de la presente Ley se entenderá por operador el definido como notificante en el artículo 2.15 del Reglamento (CE) N.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al traslado de residuos.» Tres. Se modifica la letra d) del apartado 2 del artículo 31, que queda redactada en los siguientes términos: «d) Establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento en los casos de residuos de difícil valorización o eliminación, de residuos cuyas características de peligrosidad determinen la necesidad del establecimiento de este sistema para garantizar su correcta gestión, o cuando no se cumplan los objetivos de gestión fijados en la normativa vigente.» Cuatro. Se incluye un párrafo final al apartado tercero del artículo 31: «La implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de residuos se establecerá con carácter voluntario, con el límite de los supuestos contemplados en el artículo 31.2.d).» Cinco. El apartado 3 del artículo 32 queda redactado como sigue: «3. Los productores que opten por un sistema colectivo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada constituirán una asociación de las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, u otra entidad con personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro. Los sistemas colectivos ajustarán su funcionamiento a las reglas propias de la figura jurídica elegida para su creación garantizando, en todo caso, la participación de los productores en función de criterios objetivos, así como sus derechos a la información, a la formulación de alegaciones y a su valoración, de conformidad con lo que reglamentariamente se establezca. Los sistemas colectivos deberán solicitar una autorización previa al inicio de su actividad. El contenido mínimo de la solicitud será el previsto en el anexo X y se presentará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el sistema tenga previsto establecer su sede social. Una vez comprobada la integridad documental del expediente, la solicitud de autorización será remitida a la Comisión de coordinación en materia de residuos para su informe con carácter previo a la resolución de la Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma concederá, si procede, la autorización en la que se fijarán las condiciones de ejercicio. La autorización será válida para todo el territorio nacional y se inscribirá en el Registro de producción y gestión de residuos. Las condiciones de ejercicio y la autorización deberán ajustarse a los principios previstos en el artículo 9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El plazo máximo para la tramitación de la autorización será de seis meses prorrogables, de manera motivada, por razones derivadas de la complejidad del expediente; dicha prórroga podrá hacerse por una sola vez, por un tiempo limitado y antes de que haya expirado el plazo original. Transcurrido el plazo sin haberse notificado resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud presentada. El contenido y la vigencia de la autorización será el que establezca la regulación específica. Cuando no se indique el plazo de vigencia, la autorización tendrá una duración de cinco años y se renovará siguiendo lo establecido en este apartado. La autorización no podrá transmitirse a terceros. Durante la vigencia de las autorizaciones, la Comisión de coordinación en materia de residuos podrá realizar el seguimiento del cumplimiento de las autorizaciones y de las condiciones de ejercicio.» Seis. Se modifica el apartado 6 del artículo 32 del siguiente modo: «6. La normativa de cada flujo de residuos podrá prever la participación de los distribuidores de productos y otros agentes económicos en los sistemas colectivos y en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada.» Siete. Modificación del primer párrafo del apartado 1 del artículo 41 del siguiente modo: «1. Las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización de tratamiento de residuos de las previstas en el artículo 27 enviarán anualmente a las Comunidades Autónomas, y en el caso de los residuos de competencia municipal además a las Entidades Locales, una memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico con el contenido que figura en el anexo XII. Aquellas que hayan realizado una comunicación de las previstas en esta Ley, mantendrán el Archivo cronológico a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.» Ocho. Se modifica el apartado 3 del artículo 49 del siguiente modo: «3. En el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de los residuos cuya recogida y gestión corresponde a las Entidades Locales de acuerdo con el artículo 12.5, así como en el de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en las ordenanzas locales, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de las Entidades Locales.» Nueve. Se modifican los apartados 3 y 4 de la disposición adicional segunda y se suprime el apartado 6 de dicha disposición. Los apartados 3 y 4 quedan redactados del siguiente modo: «3. Reglamentariamente se establecerá el calendario de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, así como las fórmulas previstas para el cumplimiento de dicho calendario. 4. Se creará un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de coordinación especializado para el estudio de las propuestas sobre la prevención y la gestión de los residuos de las bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable. Dicho grupo de trabajo analizará la información disponible tanto a nivel internacional, como estatal y autonómico, en materia de normalización y análisis de ciclo de vida, entre otros aspectos relacionados con el objeto de esta disposición.» Diez. Se introduce una nueva disposición adicional decimosexta: «Disposición adicional decimosexta. Residuos reciclables. Los productores u otros poseedores iniciales de residuos reciclables podrán priorizar que su tratamiento completo se realice dentro de la Unión Europea con el fin de evitar el impacto ambiental de su transporte fuera de ella, de conformidad con la normativa aplicable.» Once. Se modifica la disposición transitoria cuarta del siguiente modo: «1. Los sistemas integrados de gestión de residuos existentes a la entrada en vigor de esta Ley se regirán por lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos y las normas reguladoras de cada flujo de residuos. No obstante, dichos sistemas se adaptarán a lo establecido en esta Ley en el plazo de un año desde que entren en vigor las normas que adapten las citadas disposiciones reguladoras. 2. Aquellos sistemas de responsabilidad ampliada cuya comunicación o solicitud de autorización haya sido presentada antes de la entrada en vigor de las normas de adaptación mencionadas en el apartado uno quedan sometidos al régimen jurídico previsto en el apartado anterior.» Doce. El apartado 7 del Anexo X, queda redactado del siguiente modo: «7. Procedimiento de recogida de datos de los operadores que realicen actividades relacionadas con el ejercicio de las funciones del sistema colectivo de responsabilidad ampliada y de suministro de información a las administraciones públicas.» Trece. Se modifica la letra c) del apartado 1 de la disposición final tercera que queda redactada en los siguientes términos: «c) Establecer normas para los diferentes tipos de residuos, en las que se fijarán disposiciones particulares relativas a su producción y gestión. Asimismo, se podrán establecer reglas específicas para la implantación de sistemas de depósito para productos reutilizables y, en particular, para envases reutilizables de cervezas, bebidas refrescantes y aguas de bebida envasadas». Artículo cuarto. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Se añade una disposición adicional vigésimo primera en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores con el siguiente tenor literal: «Disposición adicional vigésimo primera. 1. Las empresas que prestan servicios de inversión y las entidades de crédito autorizadas a prestar servicios de inversión podrán, además de realizar las actividades recogidas en el artículo 63.1, presentar ofertas en nombre de sus clientes en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que no sean instrumentos financieros, a que se refiere el Reglamento (UE) N.º 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. A tal fin, deberán incluir esta actividad en el programa de actividades a que se refiere el artículo 66. 2. La Comisión Nacional del Mercado de Valores será la autoridad competente para sancionar a las personas responsables del incumplimiento en nuestro territorio de los artículos 37 a 42 del Reglamento (UE) N.º 1031/2010, en relación con las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, que no sean instrumentos financieros celebradas en nuestro territorio o fuera de él. 3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la Comisión Nacional del Mercado de Valores contará con las facultades de supervisión e inspección previstas en esta norma. 4. En caso de incumplimiento de los artículos 37 a 42 del Reglamento (UE) N.º 1031/2010, será de aplicación el régimen sancionador previsto en el capítulo II del Título VIII de esta Ley en relación con las operaciones con información privilegiada o que puedan constituir manipulación de mercado, con las siguientes particularidades: a) Se exceptúa lo dispuesto en el artículo 99, apartado ñ) y en el artículo 100 apartado m). b) La remisión contenida en el artículo 99 o bis) se entenderá hecha únicamente al artículo 81.4, al artículo 83.1 d) y al 83.2. c) La remisión contenida en el artículo 100 x ter) se entenderá hecha únicamente al artículo 81.4, al artículo 83.1 d) y al 83.2, siendo las plataformas de subastas y las entidades supervisoras de las subastas los sujetos obligados. d) La remisión contenida en el artículo 100, apartado x) se entenderá hecha únicamente al artículo 81, exceptuando su apartado 3. 5. Constituirá una infracción muy grave el incumplimiento de las normas de conducta a que se refiere el artículo 59 del Reglamento (UE) N.º 1031/2010, así como el incumplimiento de la obligación de adoptar las disposiciones estructurales a que se refiere el artículo 42.4 del mismo, cuando haya tenido lugar con ocasión de una concreta operación constitutiva de información privilegiada. Constituirá una infracción grave la adopción de las medidas previstas en el artículo 42.4 del Reglamento (UE) N.º 1031/2010 de manera insuficiente. 6. La CNMV cooperará con otras autoridades competentes de la Unión Europea, con las plataformas de subastas y con la entidad supervisora de las subastas siempre que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en el Reglamento (UE) N.º 1031/2010 y en relación con las materias y en los términos que en dicho Reglamento se regulan. 7. Se exceptúa del deber de secreto regulado en el artículo 90 a las informaciones que la CNMV deba facilitar a las autoridades competentes, con las plataformas de subastas y con la entidad supervisora de las subastas, en materia de subastas de derechos de emisión de conformidad con el Reglamento (UE) N.º 1031/2010. 8. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores, resultarán de aplicación las definiciones de información privilegiada y manipulación del mercado recogidas en el artículo 37 del Reglamento (UE) N.º 1031/2010.» Artículo quinto. Modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, queda modificada en los siguientes términos: Uno. La letra d) del artículo 7 queda redactada como sigue: «d) Suspensión de la actividad de la instalación durante un plazo superior a un año. Excepcionalmente, el órgano competente podrá demorar la extinción de la autorización hasta que transcurra un plazo máximo de 18 meses de suspensión de la actividad, de acuerdo con lo previsto en la normativa reglamentaria de desarrollo de esta Ley y en el derecho comunitario.» Dos. El numeral 4.º del apartado 2 del artículo 29 queda redactado como sigue: «4.º Ocultar o alterar intencionadamente la información exigida en el artículo 19.3 o incumplir la obligación de informar, al amparo del artículo 6, de cambios en la instalación que pudieran tener incidencia en la determinación del volumen de derechos asignados.» Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los recursos hidráulicos subterráneos sobreexplotados. 1. En el caso de las aguas subterráneas que a la entrada en vigor de esta Ley se encontraran afectadas por una declaración de sobreexplotación, se regirán por la legislación anterior hasta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, tenga lugar la declaración como masa subterránea y la consiguiente aprobación del programa de actuación. 2. En el caso de las aguas subterráneas que hayan sido declaradas sobreexplotadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley pero que aún no cuenten con Plan de Ordenación de Extracciones, deberá llevarse a cabo la redacción y aprobación del plan de actuación previsto en el artículo 56.1 letra b) del Texto Refundido de la Ley de Aguas, en el plazo previsto en dicho precepto que se contará a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Disposición final primera. Título competencial. 1. El artículo primero se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado en el artículo 149.1, cláusula 18.ª para los apartados uno, tres, cinco a nueve, quince y dieciséis, cláusula 22.ª para los apartados dos, doce y trece, cláusula 13.ª para apartados cuatro, once y catorce. 2. El artículo cuarto, por el que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 6.ª, 11.ª y 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución. 3. La disposición transitoria única, se dicta al amparo de la habilitación contenida en la cláusula 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución, en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. Disposición final segunda. Desarrollo del Derecho de la Unión Europea. El artículo cuarto de la presente Ley por la que se incorpora la disposición adicional vigesimoprimera a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, se dicta en desarrollo del Reglamento (UE) N.º 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. Disposición final tercera. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley. Madrid, 19 de diciembre de 2012. JUAN CARLOS R. El Presidente del Gobierno, MARIANO RAJOY BREY

Ley de medio ambiente que devuelve al estado la 'policía fluvial' (está en vigor desde mayo)

JUAN CARLOS I REY DE ESPAÑA A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley. PREÁMBULO El derecho constitucional a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, obliga a que los poderes públicos establezcan mecanismos eficaces para protegerlo y conservarlo. Este fin sólo puede alcanzarse procurando la compatibilidad de la actividad humana con la preservación del medio ambiente. Para ello, la legislación ambiental debe ser clara y otorgar seguridad jurídica. En una situación como la actual, en la que se están encarando profundas reformas estructurales que permitan la reactivación de nuestra economía y la generación de empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de nuestra legislación ambiental que contribuyan a lograr ese objetivo, sin merma del principio de protección. La reforma que acomete la presente Ley se orienta a la simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces, y lo que es más grave, imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para las Administraciones públicas. La simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales que se promueve, además de ser necesaria en sí misma, resulta un medio idóneo para acompañar a las reformas, que con carácter urgente, el Gobierno ha puesto en marcha. Esta reforma parte del presupuesto de que la eficacia de las normas ambientales no puede identificarse con la yuxtaposición de planes, programas, autorizaciones, permisos y otras medidas de difícil aplicación real y práctica. Antes al contrario, una protección eficaz está reñida con el exceso retórico y normativo que lleva a la atrofia; y exige el establecimiento de reglas claras y sencillas que protejan el medio ambiente y fomenten un desarrollo compatible e integrado en él. En suma, la legislación ambiental también debe ser sostenible. De acuerdo con estos objetivos se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, ya que, su aplicación ha revelado ciertos desajustes que exigen ser corregidos con la máxima prontitud, puesto que están generando retrasos innecesarios a los ciudadanos e inconvenientes difíciles de superar a las Administraciones públicas encargadas de la gestión de los espacios protegidos y de la Red Natura 2000. Así, en aquellos casos en que se solapan varias figuras de protección, se dispone que se consolidarán y unificarán todas ellas en un único instrumento de protección. Al tiempo, se garantiza la compatibilidad de la protección con las necesidades de desarrollo propias de los núcleos urbanos, a través, precisamente, de la planificación de los espacios naturales. También resulta urgente la habilitación para que reglamentariamente se instituya un procedimiento para comunicar a la Comisión Europea las medidas compensatorias que se adopten en el marco de lo dispuesto en el artículo 45.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. Igualmente, es preciso introducir modificaciones en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, con la finalidad de simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban ambigüedad, incertidumbre e inseguridad en la aplicación de la norma. Lo que debe resolverse con la mayor brevedad. Asimismo, para eliminar la indeterminación e inseguridad jurídica, era indispensable delimitar las competencias sancionadoras de las Entidades Locales en esta materia, disponiendo que las ejercerán respecto de los residuos cuya recogida y gestión les corresponda. En prevención de que pudiera producirse una situación de sequía, y sin perjuicio de las decisiones que en ese contexto hayan de tomarse, la presente Ley se adelanta e introduce una serie de medidas que pretenden conseguir un uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de unidad de gestión de cuenca. Con la finalidad de racionalizar la gestión y uso del agua, en línea con la Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, Marco del Agua, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de las mismas. El régimen introducido en la presente Ley permite reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de aguas subterráneas así como una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación. En la misma línea, esta Ley incorpora medidas que incentivan, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Se incorpora una disposición específica para la cesión de derechos en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas tendente a la recuperación ambiental de los acuíferos. Por otra parte, esta Ley refuerza la potestad sancionadora en materia de aguas, imprescindible para garantizar la correcta aplicación de la legislación sustantiva. Lo que era de todo punto necesario y urgente tras la declaración de nulidad parcial de la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales por la sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), de 4 de noviembre de 2011, recaída en el recurso de casación núm. 6062/2010. De esta forma, se incorporan al texto refundido de la Ley de Aguas, sin perjuicio del ulterior desarrollo reglamentario, los crit ### RESUMEN: Ley de medio ambiente que devuelve al estado la 'policía fluvial' (está en vigor desde mayo)

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Departamento de Interior. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Departamento de Interior. 2) Domicilio: Calle Diputación, 355. 3) Localidad y código postal: Barcelona 08009. 4) Teléfono: 935512000. 5) Telefax: 935512006. 6) Correo electrónico: contractació.interior@gencat.cat. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas. d) Número de expediente: 14/2013 IT 2012 347. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de vestuario de paisano para la policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra mediante vales para canjear. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede. e) Plazo de ejecución/entrega: Ver apartado D del Cuadro de Características del contrato. f) Admisión de prórroga: No. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18000000-9 Piezas de vestir. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Anticipada. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Ver anexo 6 del Pliego de cláusulas administrativas. 4. Valor estimado del contrato: 540.809,92 euros (IVA no incluido). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 540.809,92 euros. Importe total: 654.380,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del día 28 de enero de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Departamento de Interior. 2) Domicilio: Calle Diputación, 355. 3) Localidad y código postal: Barcelona 08009. e) Admisión de variantes: No se admiten. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Departamento de Interior. b) Dirección: Calle Diputación, 355. c) Localidad y código postal: Barcelona. d) Fecha y hora: Sobre B: a las 11:00 horas del día 4 de febrero de 2013. Sobre C: se comunicará oportunamente a través del perfil de contratante del órgano de contratación. 10. Gastos de publicidad: Correran a cargo dels adjudicatario del contrato. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 19 de diciembre de 2012. Barcelona, 20 de diciembre de 2012.- La Directora de servicio, Meritxell Masó Carbó.

654.380 euros en vales de 200 a 20 euros para que los Mossos se compren la ropa de paisano.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Departamento de Interior. b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Departamento de Interior. 2) Domicilio: Calle Diputación, 355. 3) Localidad y código postal: Barcelona 08009. 4) Teléfono: 935512000. 5) Telefax: 935512006. 6) Correo electrónico: contractació.interior@gencat.cat. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contractaciopublica.gencat.cat. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas. d) Número de expediente: 14/2013 IT 2012 347. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Suministro de vestuario de paisano para la policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra mediante vales para canjear. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede. e) Plazo de ejecución/entrega: Ver apartado D del Cuadro de Características del contrato. f) Admisión de prórroga: No. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 18000000-9 Piezas de vestir. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Anticipada. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Ver anexo 6 del Pliego de cláusulas administrativas. 4. Valor estimado del contrato: 540.809,92 euros (IVA no incluido). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 540.809,92 euros. Importe total: 654.380,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación del contrato, excluido el IVA. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver anexo 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas del día 28 de enero de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Departamento de Interior. 2) Domicilio: Calle Diputación, 355. 3) Localidad y código postal: Barcelona 08009. e) Admisión de variantes: No se admiten. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Departamento de Interior. b) Dirección: Calle Diputación, 355. c) Localidad y código postal: Barcelona. d) Fecha y hora: Sobre B: a las 11:00 horas del día 4 de febrero de 2013. Sobre C: se comunicará oportunamente a través del perfil de contratante del órgano de contratación. 10. Gastos de publicidad: Correran a cargo dels adjudicatario del contrato. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 19 de diciembre de 2012. Barcelona, 20 de diciembre de 2012.- La Directora de servicio, Meritxell Masó Carbó. ### RESUMEN: 654.380 euros en vales de 200 a 20 euros para que los Mossos se compren la ropa de paisano.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Lleida. b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Ayuntamiento de Lleida-Contratación. 2) Domicilio: Plaza Paeria, 11. 3) Localidad y código postal: Lleida, 25007. 4) Teléfono: 97 370 03 07. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://perfilcontractant.paeria.cat/. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último dia de presentación de ofertas. d) Número de expediente: Exp. 258/12. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Contratación de la adquisición de derechos de uso de licencia y contratación de soportes técnicos y servicos de los entornos ofimático, servidores y herramientas de desarrollo ligados a la evolución de los productos Microsoft actualmente en explotación en el Ayuntamiento de Lleida. d) Lugar de ejecución/entrega: 2) Localidad y código postal: Lleida, 25007. e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de octubre de 2015. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 480.0000.8. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto con diversos criterios de adjudicación. 4. Valor estimado del contrato: 590.480,46 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 714.481,36 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del presupuesto de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en la cláusula 1.10 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 4 de febrero de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Lleida. 2) Domicilio: Plaza Paeria, 11, planta baja, Edificio Pal.las. 3) Localidad y código postal: Lleida, 25007. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Ayuntamiento de Lleida. b) Dirección: Plaza Paeria, 11- Edificio Pal.las. c) Localidad y código postal: Lleida. d) Fecha y hora: En lugar y día que se señale en el tablón de anuncios de la Corporación o perfil del contratante. 10. Gastos de publicidad: Irán a cargo del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 27 de diciembre de 2012. Lleida, 7 de enero de 2013.- La Teniente de Alcalde, Marta Camps i Torrens.

El Ayuntamiento de Lleida gasta 714.481,36 euros en licencias Microsoft hasta 2015.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ayuntamiento de Lleida. b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Ayuntamiento de Lleida-Contratación. 2) Domicilio: Plaza Paeria, 11. 3) Localidad y código postal: Lleida, 25007. 4) Teléfono: 97 370 03 07. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://perfilcontractant.paeria.cat/. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último dia de presentación de ofertas. d) Número de expediente: Exp. 258/12. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministro. b) Descripción: Contratación de la adquisición de derechos de uso de licencia y contratación de soportes técnicos y servicos de los entornos ofimático, servidores y herramientas de desarrollo ligados a la evolución de los productos Microsoft actualmente en explotación en el Ayuntamiento de Lleida. d) Lugar de ejecución/entrega: 2) Localidad y código postal: Lleida, 25007. e) Plazo de ejecución/entrega: Hasta el 31 de octubre de 2015. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 480.0000.8. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto con diversos criterios de adjudicación. 4. Valor estimado del contrato: 590.480,46 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 714.481,36 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del presupuesto de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en la cláusula 1.10 del pliego de cláusulas administrativas particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13 horas del día 4 de febrero de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Lleida. 2) Domicilio: Plaza Paeria, 11, planta baja, Edificio Pal.las. 3) Localidad y código postal: Lleida, 25007. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Ayuntamiento de Lleida. b) Dirección: Plaza Paeria, 11- Edificio Pal.las. c) Localidad y código postal: Lleida. d) Fecha y hora: En lugar y día que se señale en el tablón de anuncios de la Corporación o perfil del contratante. 10. Gastos de publicidad: Irán a cargo del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 27 de diciembre de 2012. Lleida, 7 de enero de 2013.- La Teniente de Alcalde, Marta Camps i Torrens. ### RESUMEN: El Ayuntamiento de Lleida gasta 714.481,36 euros en licencias Microsoft hasta 2015.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Club de Campo Villa de Madrid. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Régimen Interior y Personal. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección Régimen Interior y Personal. 2) Domicilio: Carretera Castilla km 2,400. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 4) Teléfono: 91 5502010. 5) Telefax: 91 5502031. 6) Correo electrónico: personal@ccvm.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ccvm.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de junio de 2014, a las 14 horas. d) Número de expediente: 6.24 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Gestión y explotación del servicio de cafetería restaurante de diferentes instalaciones de restauración. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Carretera Castilla km 2,400. 2) Localidad y código postal: Madrid, 28040. e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco años. f) Admisión de prórroga: Un año. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación. d) Criterios de adjudicación: Precio y otros criterios según pliegos. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: El licitador deberá ofertar un canon mínimo del 6% sobre ventas brutas mensuales (IVA excluido) obtenidas por el servicio de restauración siempre y cuando dicha facturación no supere los 3.000.000 de euros anuales. Para el exceso sobre los 3.000.000 de euros de ventas brutas anuales el licitador deberá ofertar un porcentaje mínimo del 8% sobre las ventas brutas anuales (IVA excluido) que excedan de dicha cantidad.. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 300.000 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según pliegos. c) Otros requisitos específicos: Según pliegos. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2014, a las 14 horas. b) Modalidad de presentación: En soporte papel en las oficinas del CCVM. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Dirección Régimen Interior y Personal. 2) Domicilio: Carretera Castilla km 2,400 chalet del Tenis. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 4) Dirección electrónica: personal @ccvm.es. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura Pública: sobre 2 (criterios juicio valor) 17 junio 2014, a las 10 horas, sobre 3 (proposición económica) 24 de junio a las 14 horas. b) Dirección: Carretera Castilla km 2,400 chalet del Tenis. c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Madrid, 16 de mayo de 2014.- Gerente.

La empresa que lleve la cafetería del Club de Campo paga un canon del 6% de su facturación bruta. Paga. No cobra

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Club de Campo Villa de Madrid. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Régimen Interior y Personal. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Dirección Régimen Interior y Personal. 2) Domicilio: Carretera Castilla km 2,400. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 4) Teléfono: 91 5502010. 5) Telefax: 91 5502031. 6) Correo electrónico: personal@ccvm.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ccvm.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10 de junio de 2014, a las 14 horas. d) Número de expediente: 6.24 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Gestión y explotación del servicio de cafetería restaurante de diferentes instalaciones de restauración. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Carretera Castilla km 2,400. 2) Localidad y código postal: Madrid, 28040. e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco años. f) Admisión de prórroga: Un año. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto con varios criterios de adjudicación. d) Criterios de adjudicación: Precio y otros criterios según pliegos. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: El licitador deberá ofertar un canon mínimo del 6% sobre ventas brutas mensuales (IVA excluido) obtenidas por el servicio de restauración siempre y cuando dicha facturación no supere los 3.000.000 de euros anuales. Para el exceso sobre los 3.000.000 de euros de ventas brutas anuales el licitador deberá ofertar un porcentaje mínimo del 8% sobre las ventas brutas anuales (IVA excluido) que excedan de dicha cantidad.. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 300.000 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según pliegos. c) Otros requisitos específicos: Según pliegos. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 11 de junio de 2014, a las 14 horas. b) Modalidad de presentación: En soporte papel en las oficinas del CCVM. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Dirección Régimen Interior y Personal. 2) Domicilio: Carretera Castilla km 2,400 chalet del Tenis. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 4) Dirección electrónica: personal @ccvm.es. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura Pública: sobre 2 (criterios juicio valor) 17 junio 2014, a las 10 horas, sobre 3 (proposición económica) 24 de junio a las 14 horas. b) Dirección: Carretera Castilla km 2,400 chalet del Tenis. c) Localidad y código postal: Madrid, 28040. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Madrid, 16 de mayo de 2014.- Gerente. ### RESUMEN: La empresa que lleve la cafetería del Club de Campo paga un canon del 6% de su facturación bruta. Paga. No cobra

Por Resolución de la Dirección General de MUFACE de 5 de agosto de 2011 («BOE» del 16) se convocó la presentación de solicitudes por entidades de seguro para suscribir concierto con esta Mutualidad para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de MUFACE destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios durante los años 2012 y 2013, con previsión de prórrogas por plazos de un año, con un máximo de dos. Por Acuerdo de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de MUFACE, se adjudicó a la Entidad DKV Seguros y Reaseguros, SAE, el servicio de asistencia sanitaria en el exterior. El 5 de diciembre de 2011, MUFACE suscribió el Concierto con DKV Seguros y Reaseguros, SAE, para los años 2012 y 2013, que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre de 2011. La cláusula 6.1.1 del Concierto establece que los efectos del mismo se iniciarán a las cero horas del día uno de enero del año 2012 y se extenderán hasta las veinticuatro horas del día treinta y uno de diciembre del año 2013. La cláusula 6.1.2 del citado Concierto prevé la posibilidad de prorrogarlo para los años 2014 y 2015 por mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito en el mes de junio del año precedente al de la prórroga. Con fecha 28 de junio de 2013, las partes acordaron prorrogar el Concierto para el año 2014. Dicho acuerdo fue publicado por Resolución de MUFACE de 25 de julio de 2013, en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto de 2013. Por Acuerdo de 27 de junio de 2014 las partes han acordado prorrogar el citado Concierto para el año 2015. En consecuencia, esta Dirección General resuelve dar público conocimiento del Acuerdo de Prórroga del Concierto suscrito por MUFACE el 5 de diciembre de 2011 con DKV Seguros y Reaseguros, SAE, para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero y a sus beneficiarios para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015, con sujeción a lo previsto en la Resolución de Convocatoria de 5 de agosto de 2011 y en las condiciones técnicas ofertadas por la Entidad. El texto del Concierto puede consultarse en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de diciembre de 2011, así como en la página Web de esta Mutualidad, cuya dirección es: www.muface.es. Madrid, 14 de julio de 2014.–El Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Gustavo Emiliano Blanco Fernández.

Los asegurados en MUFACE que estén en el extranjero siguen teniendo cobertura de DKV. Ampliación de convenio

Por Resolución de la Dirección General de MUFACE de 5 de agosto de 2011 («BOE» del 16) se convocó la presentación de solicitudes por entidades de seguro para suscribir concierto con esta Mutualidad para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas de MUFACE destinados y/o residentes en el extranjero y sus beneficiarios durante los años 2012 y 2013, con previsión de prórrogas por plazos de un año, con un máximo de dos. Por Acuerdo de 2 de diciembre de 2011, de la Dirección General de MUFACE, se adjudicó a la Entidad DKV Seguros y Reaseguros, SAE, el servicio de asistencia sanitaria en el exterior. El 5 de diciembre de 2011, MUFACE suscribió el Concierto con DKV Seguros y Reaseguros, SAE, para los años 2012 y 2013, que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de diciembre de 2011. La cláusula 6.1.1 del Concierto establece que los efectos del mismo se iniciarán a las cero horas del día uno de enero del año 2012 y se extenderán hasta las veinticuatro horas del día treinta y uno de diciembre del año 2013. La cláusula 6.1.2 del citado Concierto prevé la posibilidad de prorrogarlo para los años 2014 y 2015 por mutuo acuerdo de las partes, expresado por escrito en el mes de junio del año precedente al de la prórroga. Con fecha 28 de junio de 2013, las partes acordaron prorrogar el Concierto para el año 2014. Dicho acuerdo fue publicado por Resolución de MUFACE de 25 de julio de 2013, en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de agosto de 2013. Por Acuerdo de 27 de junio de 2014 las partes han acordado prorrogar el citado Concierto para el año 2015. En consecuencia, esta Dirección General resuelve dar público conocimiento del Acuerdo de Prórroga del Concierto suscrito por MUFACE el 5 de diciembre de 2011 con DKV Seguros y Reaseguros, SAE, para la prestación de asistencia sanitaria a los mutualistas destinados y/o residentes en el extranjero y a sus beneficiarios para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2015, con sujeción a lo previsto en la Resolución de Convocatoria de 5 de agosto de 2011 y en las condiciones técnicas ofertadas por la Entidad. El texto del Concierto puede consultarse en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 21 de diciembre de 2011, así como en la página Web de esta Mutualidad, cuya dirección es: www.muface.es. Madrid, 14 de julio de 2014.–El Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, Gustavo Emiliano Blanco Fernández. ### RESUMEN: Los asegurados en MUFACE que estén en el extranjero siguen teniendo cobertura de DKV. Ampliación de convenio

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, comunica la interposición por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, del recurso número 46/2013, contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, por lo que se procede mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 1 de marzo de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez.

Más recursos a las tasas de la justicia: esta vez del Colegio de Abogados de Valencia en la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, comunica la interposición por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, del recurso número 46/2013, contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, por lo que se procede mediante la presente Resolución a dar cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 1 de marzo de 2013.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, David Mellado Ramírez. ### RESUMEN: Más recursos a las tasas de la justicia: esta vez del Colegio de Abogados de Valencia en la Audiencia Nacional.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 21 de diciembre de 2016, acordó hacer público el acuerdo la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo del día 29 de noviembre de 2016, relativo informe sobre la utilización del fax como vía recepción de escritos procesales, para que se adopten las medidas que se consideren oportunas en consonancia con la normativa vigente, del siguiente tenor literal: «Primero. A la vista de lo establecido en las disposiciones adicionales primera y transitoria cuarta.2 de la Ley 42/2015 de 5 de octubre de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en los artículos 6.3 y 8 de la Ley 18/2011 de 5 de julio reguladora del uso de la tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet, se deja sin efecto el Acuerdo núm. I.6 adoptado por esta Sala de Gobierno en su sesión de 7 de noviembre de 2011, que literalmente decía: “Acuerdo: 1.º) Para que puedan producir el efecto pretendido en el procedimiento correspondiente, los escritos dirigidos a este Tribunal por Abogados, operadores jurídicos en general y particulares deberán dirigirse, respectivamente, al siguiente número de fax: 91 335 83 64. 2.º) Cuando los escritos referidos tuvieran entrada en el Registro General entre las 15 horas de un día hábil y las 8 horas del siguiente día hábil el Secretario encargado del Registro General comunicará tal circunstancia al Presidente de la Sala respectiva, expresando, en su caso, las incidencias que hubieran podido producirse al respecto. 3.º) Este acuerdo se publicará en el ‘Boletín Oficial del Estado’ y en la Web del Tribunal Supremo y se notificará al Consejo General de la Abogacía, al Consejo General de Procuradores de España y al Consejo General de Graduados Sociales, a fin de que lo difundan, en el ejercicio de su respectivas competencias, entre sus Colegios y colegiados. 4.º) Este acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’.” Segundo. Notificar a los Consejos Generales de la Abogacía, de Procuradores y de Graduados Sociales que a partir del 1 de enero de 2017 no podrán enviar al número de fax indicado en el Acuerdo que se deja sin efecto, escritos en relación con asuntos en trámite en el Tribunal Supremo, a fin de que lo difundan entre sus Colegios y colegiados. Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el “Boletín Oficial del Estado”.» Madrid, 21 de diciembre de 2016.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.

A partir del 1 de enero el Tribunal Supremo ya no recibirá escritos por fax, solo Lexnet

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 21 de diciembre de 2016, acordó hacer público el acuerdo la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo del día 29 de noviembre de 2016, relativo informe sobre la utilización del fax como vía recepción de escritos procesales, para que se adopten las medidas que se consideren oportunas en consonancia con la normativa vigente, del siguiente tenor literal: «Primero. A la vista de lo establecido en las disposiciones adicionales primera y transitoria cuarta.2 de la Ley 42/2015 de 5 de octubre de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como en los artículos 6.3 y 8 de la Ley 18/2011 de 5 de julio reguladora del uso de la tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia y su Reglamento aprobado por Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet, se deja sin efecto el Acuerdo núm. I.6 adoptado por esta Sala de Gobierno en su sesión de 7 de noviembre de 2011, que literalmente decía: “Acuerdo: 1.º) Para que puedan producir el efecto pretendido en el procedimiento correspondiente, los escritos dirigidos a este Tribunal por Abogados, operadores jurídicos en general y particulares deberán dirigirse, respectivamente, al siguiente número de fax: 91 335 83 64. 2.º) Cuando los escritos referidos tuvieran entrada en el Registro General entre las 15 horas de un día hábil y las 8 horas del siguiente día hábil el Secretario encargado del Registro General comunicará tal circunstancia al Presidente de la Sala respectiva, expresando, en su caso, las incidencias que hubieran podido producirse al respecto. 3.º) Este acuerdo se publicará en el ‘Boletín Oficial del Estado’ y en la Web del Tribunal Supremo y se notificará al Consejo General de la Abogacía, al Consejo General de Procuradores de España y al Consejo General de Graduados Sociales, a fin de que lo difundan, en el ejercicio de su respectivas competencias, entre sus Colegios y colegiados. 4.º) Este acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el ‘Boletín Oficial del Estado’.” Segundo. Notificar a los Consejos Generales de la Abogacía, de Procuradores y de Graduados Sociales que a partir del 1 de enero de 2017 no podrán enviar al número de fax indicado en el Acuerdo que se deja sin efecto, escritos en relación con asuntos en trámite en el Tribunal Supremo, a fin de que lo difundan entre sus Colegios y colegiados. Tercero. Publicar el presente Acuerdo en el “Boletín Oficial del Estado”.» Madrid, 21 de diciembre de 2016.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano. ### RESUMEN: A partir del 1 de enero el Tribunal Supremo ya no recibirá escritos por fax, solo Lexnet

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Número de expediente: 2014/CTR/0900218. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.aecid.gob.es/licitaciones/. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Revisión, control y gestión de las justificaciones de las subvenciones concedidas por la AECID. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 480.000,00 euros. Importe total: 580.800,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 14 de agosto de 2014. c) Contratista: Creatividad y Tecnología, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 292.800,00 euros. Importe total: 354.288,00 euros. Madrid, 22 de septiembre de 2014.- El Director de la AECID, P.S. (Acuerdo del Consejo Rector de la AECID de 12 de julio de 2013), el Vicepresidente de la AECID, Gonzalo Robles Orozco.

La AECID paga 354.288,00 euros a una empresa para que revise las justificaciones que aportan las ONG subvencionadas

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Número de expediente: 2014/CTR/0900218. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.aecid.gob.es/licitaciones/. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Revisión, control y gestión de las justificaciones de las subvenciones concedidas por la AECID. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 480.000,00 euros. Importe total: 580.800,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 31 de julio de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 14 de agosto de 2014. c) Contratista: Creatividad y Tecnología, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 292.800,00 euros. Importe total: 354.288,00 euros. Madrid, 22 de septiembre de 2014.- El Director de la AECID, P.S. (Acuerdo del Consejo Rector de la AECID de 12 de julio de 2013), el Vicepresidente de la AECID, Gonzalo Robles Orozco. ### RESUMEN: La AECID paga 354.288,00 euros a una empresa para que revise las justificaciones que aportan las ONG subvencionadas

Por Resoluciones de 11 de noviembre de 2016 y 26 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se declara, respectivamente, la pérdida de la condición de funcionario de doña Pilar Sánchez Muñoz, DNI 31604569-Q, como funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Maestros, en cumplimiento a la sentencia firme 63/2015, dictada el 20 de febrero de 2015 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, cuyo fallo condena a la interesada, entre otras, a la pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo de ocho años. Mediante escritos fechados el 11 de noviembre de 2016 y el 26 de septiembre de 2017, la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, informa que, con fecha 27 de octubre de 2016 y 27 de septiembre de 2017, «se realizó el trámite de notificación a la interesada por parte de esta Dirección General, lo que se comunica a esa Subsecretaría al objeto de que se lleve a puro y debido efecto lo acordado en dicha Resolución». El artículo 66 «Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público», del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que «la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiera adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.» Vista la propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Este Ministerio, ha dispuesto: Declarar la pérdida de la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de doña Pilar Sánchez Muñoz, DNI 31604569-Q, número de Registro de Personal 3160456935 A0590, con efectos de 28 de octubre de 2016, previamente acordada por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Declarar la pérdida de la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros de doña Pilar Sánchez Muñoz, DNI 31604569-Q, número de Registro de Personal 3160456935 A0597, con efectos de 28 de septiembre de 2017, previamente acordada por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Madrid, 13 de noviembre de 2017.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/602/2017, de 20 de junio), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.

Pilar Sánchez Muñoz pierde su plaza como profesora durante 8 años.

Por Resoluciones de 11 de noviembre de 2016 y 26 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se declara, respectivamente, la pérdida de la condición de funcionario de doña Pilar Sánchez Muñoz, DNI 31604569-Q, como funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Maestros, en cumplimiento a la sentencia firme 63/2015, dictada el 20 de febrero de 2015 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz, cuyo fallo condena a la interesada, entre otras, a la pena de inhabilitación absoluta durante el tiempo de ocho años. Mediante escritos fechados el 11 de noviembre de 2016 y el 26 de septiembre de 2017, la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, informa que, con fecha 27 de octubre de 2016 y 27 de septiembre de 2017, «se realizó el trámite de notificación a la interesada por parte de esta Dirección General, lo que se comunica a esa Subsecretaría al objeto de que se lleve a puro y debido efecto lo acordado en dicha Resolución». El artículo 66 «Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público», del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, dispone que «la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiera adquirido firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.» Vista la propuesta de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Este Ministerio, ha dispuesto: Declarar la pérdida de la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de doña Pilar Sánchez Muñoz, DNI 31604569-Q, número de Registro de Personal 3160456935 A0590, con efectos de 28 de octubre de 2016, previamente acordada por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Declarar la pérdida de la condición de funcionaria de carrera del Cuerpo de Maestros de doña Pilar Sánchez Muñoz, DNI 31604569-Q, número de Registro de Personal 3160456935 A0597, con efectos de 28 de septiembre de 2017, previamente acordada por la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Madrid, 13 de noviembre de 2017.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P. D. (Orden ECD/602/2017, de 20 de junio), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. ### RESUMEN: Pilar Sánchez Muñoz pierde su plaza como profesora durante 8 años.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el Pleno del día 29 de febrero de 2012 acordó la pauta de vacunación del calendario común frente a la Difteria, Tétanos y Tos ferina, al virus de la Hepatitis B, al Haemophilus influenzae b, a la poliomielitis y al sarampión, rubéola y parotiditis. Posteriormente, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el Pleno del día 21 de marzo de 2013, completó el Acuerdo de calendario común de vacunación infantil de Sistema Nacional de Salud, informando favorablemente las pautas de vacunación frente a la tos ferina, la varicela, el meningococo C y el virus del papiloma humano. Para general conocimiento, esta Dirección General ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado acuerdo como anexo a la presente resolución. Madrid, 24 de julio de 2013.–La Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, M.ª Mercedes Vinuesa Sebastián. ANEXO Acuerdo del CISNS sobre calendario común de vacunación infantil El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de Salud Pública, acuerda el calendario común de vacunación infantil con todas las comunidades autónomas con el objetivo de hacer efectivas las vacunaciones comunes a las mismas edades. El calendario ha sido tratado en dos sesiones. En la primera sesión celebrada en el Pleno del 29 de febrero del 2012, se acordó la siguiente modificación del calendario: – Primer año de vida: Vacunación Hepatitis B (HB) a los 0, 2 y 6 meses. – Segundo año de vida: DTPa-VPI-Hib, 4.ª dosis de refuerzo a los 18 meses. Triple Vírica (SRP), 1.ª dosis a los 12 meses. – Edad de 3 a 6 años: dTpa 5.ª dosis de refuerzo a los 6 años. Triple Vírica (SRP) 2.ª dosis en la edad de 3-4 años. – Edad de 10 a 16 años: Td, 6.ª dosis de refuerzo a los 14 años. En la segunda sesión del Pleno del CISNS, celebrada el 21 de marzo de 2013 se informó favorablemente el Acuerdo del calendario común con la siguiente modificación de la pauta de vacunación: – Vacunas de la tos ferina: Se seguirá administrando con la pauta actual. Es decir, a los dos, cuatro y seis meses de edad, con dosis de recuerdo a los 18 meses y a los seis años. – Vacuna de la varicela: Se mantiene la recomendación del CISNS, de 2 de marzo de 2005, la vacuna está indicada en grupos de riesgo o en adolescentes sin antecedentes de vacunación o enfermedad. Se fija la edad de vacunación en 12 años para la población general, con dos dosis. – Vacuna frente al meningococo C. Se establecen nuevas pautas: • A partir del 1 de enero de 2014, todos los niños nacidos en el año recibirán una dosis a los 2 meses, una segunda a los 12 meses y una tercera a los 12 años. • A partir del 1 de enero de 2014, se eliminará la dosis correspondiente a los 4-6 meses, de modo que las siguientes dosis serán a los 12 meses y a los 12 años de edad. • A partir del 1 de enero de 2014 todos los niños recibirán una dosis a medida que vayan cumpliendo los 12 años, independientemente de las dosis previamente recibidas y siempre que no hayan recibido ninguna con 10 o más años. – Vacuna del Virus del Papiloma Humano: Se fija la edad de vacunación en chicas a los 14 años. El calendario común de vacunación infantil queda establecido de este modo, como norma general, siempre con la consideración de las excepciones que por motivos epidemiológicos se produzcan.

Para padres y madres: calendario de vacunación infantil

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el Pleno del día 29 de febrero de 2012 acordó la pauta de vacunación del calendario común frente a la Difteria, Tétanos y Tos ferina, al virus de la Hepatitis B, al Haemophilus influenzae b, a la poliomielitis y al sarampión, rubéola y parotiditis. Posteriormente, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el Pleno del día 21 de marzo de 2013, completó el Acuerdo de calendario común de vacunación infantil de Sistema Nacional de Salud, informando favorablemente las pautas de vacunación frente a la tos ferina, la varicela, el meningococo C y el virus del papiloma humano. Para general conocimiento, esta Dirección General ha resuelto disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado acuerdo como anexo a la presente resolución. Madrid, 24 de julio de 2013.–La Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación, M.ª Mercedes Vinuesa Sebastián. ANEXO Acuerdo del CISNS sobre calendario común de vacunación infantil El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de Salud Pública, acuerda el calendario común de vacunación infantil con todas las comunidades autónomas con el objetivo de hacer efectivas las vacunaciones comunes a las mismas edades. El calendario ha sido tratado en dos sesiones. En la primera sesión celebrada en el Pleno del 29 de febrero del 2012, se acordó la siguiente modificación del calendario: – Primer año de vida: Vacunación Hepatitis B (HB) a los 0, 2 y 6 meses. – Segundo año de vida: DTPa-VPI-Hib, 4.ª dosis de refuerzo a los 18 meses. Triple Vírica (SRP), 1.ª dosis a los 12 meses. – Edad de 3 a 6 años: dTpa 5.ª dosis de refuerzo a los 6 años. Triple Vírica (SRP) 2.ª dosis en la edad de 3-4 años. – Edad de 10 a 16 años: Td, 6.ª dosis de refuerzo a los 14 años. En la segunda sesión del Pleno del CISNS, celebrada el 21 de marzo de 2013 se informó favorablemente el Acuerdo del calendario común con la siguiente modificación de la pauta de vacunación: – Vacunas de la tos ferina: Se seguirá administrando con la pauta actual. Es decir, a los dos, cuatro y seis meses de edad, con dosis de recuerdo a los 18 meses y a los seis años. – Vacuna de la varicela: Se mantiene la recomendación del CISNS, de 2 de marzo de 2005, la vacuna está indicada en grupos de riesgo o en adolescentes sin antecedentes de vacunación o enfermedad. Se fija la edad de vacunación en 12 años para la población general, con dos dosis. – Vacuna frente al meningococo C. Se establecen nuevas pautas: • A partir del 1 de enero de 2014, todos los niños nacidos en el año recibirán una dosis a los 2 meses, una segunda a los 12 meses y una tercera a los 12 años. • A partir del 1 de enero de 2014, se eliminará la dosis correspondiente a los 4-6 meses, de modo que las siguientes dosis serán a los 12 meses y a los 12 años de edad. • A partir del 1 de enero de 2014 todos los niños recibirán una dosis a medida que vayan cumpliendo los 12 años, independientemente de las dosis previamente recibidas y siempre que no hayan recibido ninguna con 10 o más años. – Vacuna del Virus del Papiloma Humano: Se fija la edad de vacunación en chicas a los 14 años. El calendario común de vacunación infantil queda establecido de este modo, como norma general, siempre con la consideración de las excepciones que por motivos epidemiológicos se produzcan. ### RESUMEN: Para padres y madres: calendario de vacunación infantil

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 4337-2013, promovido por don Juan Carlos Robles Chaves, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Raquel Vilas Pérez y asistido por el Abogado don José Manuel Robles Chaves, contra la Sentencia de 16 de mayo de 2013 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, dictada en el recurso de suplicación núm. 432-2013, que confirmó la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Málaga, de 18 de julio de 2012, en autos de despido núm. 444-2012. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la Procuradora de los Tribunales doña Aranzazu Fernández Pérez, asistida del Letrado don Gabriel Vázquez Durán, en representación de la entidad OP Plus Operaciones y Servicios, S.A. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 11 de julio de 2013, la Procuradora de los Tribunales doña Raquel Vilas Pérez, actuando en nombre y representación de don Juan Carlos Robles Chaves, presentó recurso de amparo constitucional contra las resoluciones citadas en el encabezamiento al considerarlas contrarias al derecho fundamental consagrado en el art. 28.1 CE, en relación con los arts. 14, 20.1 a) y d) y 24.1 CE. 2. Los hechos de los que trae causa la demanda son, en síntesis, los siguientes: a) El recurrente en amparo, auxiliar administrativo desde enero de 2008 en la empresa demandada en el proceso judicial, OP Plus Operaciones y Servicios, S.A., fue despedido el 23 de marzo de 2012, tras la incoación de expediente disciplinario. Según la carta de despido, los hechos que justificarían la extinción del contrato de trabajo traen causa de lo acontecido el día 23 de febrero de 2012, fecha en la que se publicó una comunicación en el tablón de anuncios titulada «La empresa rectifica», que la empleadora atribuía al ahora demandante y que sería constitutiva, a juicio de aquélla, de una falta muy grave de «malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los jefes, compañeros o subordinados», de conformidad con lo previsto en el art. 24.2 del convenio colectivo aplicable. La autoría se decía acreditada por las rotundas declaraciones de los restantes afectados por el expediente disciplinario, miembros –como el trabajador despedido– del comité de empresa. b) El escrito decía así: «Estimad@s compañer@s. ¿Os acordáis de la sanción impuesta a Juan Carlos Robles Chaves, presidente del comité empresa Hilera y Secretario de la Sección Sindical de CGT, con 15 días sin empleo y sueldo, además de una falta muy grave por el comunicado a Dña. Esther Sánchez?, pues bien, la justicia la ha dejado sin efecto. Tras ser recurrida ante el juzgado de lo social de Málaga, Recursos Humanos ha reconocido su grave error y ha anulado la sanción que impuso de manera injusta a nuestro compañero Juan Carlos. Además, la empresa deberá restablecer la totalidad de las condiciones laborales y económicas quitadas de manera abusiva. No por esperado, deja de sorprender una vez más la actitud del Dpto. de RR.HH, quien llega a sancionar a un representante de los trabajadores y pierde después (y no es la primera) la razón delante del juez. Como nota significativa, os trasladamos la perplejidad con la que los Representantes de los Trabajadores nos quedamos al llegar a la ciudad de la justicia y ver a Dña. María Soledad Hidalgo Rueda (estudiante de empresariales), coordinadora de Gestión Recuperatoria, quien al parecer iba como testigo de la empresa para declarar por un hecho del que (por no haber existido), no podía tener el más mínimo conocimiento. Aunque ya tenéis conocimiento, os informamos que por desgracia sigue habiendo gente que piensa que las promociones en la empresa se consiguen obedeciendo de manera obsesiva y enfermiza, tenga el jefe razón o no. Desde el Comité de Empresa recomendamos la formación como pieza clave en la promoción profesional dentro de una empresa, dejando de lado los atajos sucios y las actitudes de dudosa moralidad. La sumisión y la obediencia tienen un límite ¡La dignidad! Pd: ‘Los coordinadores, según la normativa interna de la empresa y la protección de los derechos de autor, tienen prohibido imprimir los libros de texto de empresariales y otras carreras análogas’. ¡Esperamos entendáis la dificultad de ser representante de los trabajadores. Cuando incluso hasta los compañeros pueden venderte en cualquier momento! Saludos cordiales Comité Empresa Hilera Sección Sindical C.G.T.» La carta de despido subrayaba: i) que el ahora demandante de amparo y el resto de miembros del comité y de la sección sindical de la Confederación General de Trabajadores (CGT), afirman que la justicia ha dejado sin efecto una sanción anteriormente impuesta al propio don Juan Carlos Robles Chaves, miembro de ambas representaciones, imputando al departamento de recursos humanos el reconocimiento de su grave error y el carácter injusto de la citada sanción; ii) que la realidad de las cosas es otra, a saber: la empresa y el trabajador despedido, conjuntamente y a instancia de la Secretaria del Juzgado, consideraron que la forma más adecuada para resolver el litigio por sanción al que se hace alusión en la nota era prestar su consentimiento expreso a la modificación de la calificación de la infracción, imponiendo la sanción de amonestación escrita —acuerdo conciliatorio alcanzado ante el Juzgado de lo Social núm. 13 de Málaga el día 20 de febrero de 2012—; iii) que con la aceptación de esa rebaja en la sanción el trabajador implícitamente aceptaba que los hechos imputados se produjeron, como la empresa había denunciado; iv) que, en consecuencia, el departamento de recursos humanos no aceptaba ningún error, ni anulaba la sanción, ni aceptaba, sino todo lo contrario, el carácter injusto de aquélla, de suerte que la nota publicada expresa un evidente y notorio menosprecio a la realidad de lo ocurrido, introduciendo afirmaciones falsas e insidiosas, ofensas graves e intencionadas contra la entidad; v) que, de modo más grave aún, en el comunicado se contienen una serie de injurias, descalificaciones y ofensas hacia una compañera de trabajo que carecen de la más mínima justificación y cuya gravedad crece en tanto que quien las formula es el presidente del comité de empresa. Sobre ese último punto dice la carta de despido: «a. Por un lado, afirma que esa persona, en el juicio por sanción al que antes se hizo alusión, ‘iba a declarar como testigo de la empresa para declarar por un hecho del que (por no haber existido) no podía tener el más mínimo conocimiento’. Con tal afirmación, al margen de colocar a la trabajadora en cuestión y frente a todo el personal en una situación de apariencia de sumisión irracional hacia la empresa que no obedece en absoluto a la realidad, lo que está haciendo es, directamente, imputarle cuando menos un delito de falso testimonio en grado de tentativa. Dicho de otro modo, está afirmando claramente que esa persona iba a mentir inventando unos hechos falsos con el objetivo de favorecer la postura procesal de la empresa, imputación gravísima que tiene por sí misma un carácter calumnioso fuera de toda duda. b. Por otro lado, acusa a tal persona de tomar ‘atajos sucios’ y desarrollar ‘actitudes de dudosa moralidad’, indignas, para promocionar en la empresa, imputaciones que también son claramente injuriosas y que colocan a dicha trabajadora, frente al resto de sus propios compañeros, en una situación ciertamente delicada, de caída en desgracia, que está carente de la más mínima justificación real. c. Finalmente, y de una forma subrepticia pero claramente malintencionada y con la misma finalidad injuriosa, imputa a dicha trabajadora realizar fotocopias de libros de texto de la carrera de empresariales. Efectivamente, cuando se refiere por vez primera a esta persona, entrecomilla su condición de ‘estudiante de empresariales’, y hacen alusión a su condición de ‘coordinadora’, datos estos a priori baladíes e irrelevantes, cuya dimensión y verdadero alcance difamatorio se alcanza a comprender cuando, en la post data, se afirma en el panfleto: ‘Los coordinadores, según la normativa interna de la empresa y la protección de los derechos de autor, tienen prohibido imprimir los libros de texto de empresariales y otras carreras análogas’.» Con base en todo lo expuesto, se le comunicaba el despido al demandante de amparo, no sin antes resaltar que la conducta se agravaba por su condición de representante de los trabajadores, «lo que le concede sin duda alguna garantías y prerrogativas, pero también le impone un grado de responsabilidad superior al de resto de los trabajadores en el mantenimiento del buen clima laboral.» c) El Juzgado de lo Social núm. 2 de Málaga dictó Sentencia de 18 de julio de 2012, absolviendo a la empresa demandada de las pretensiones deducidas en su contra. Además de referirse a los documentos antes reseñados, resaltan los hechos probados datos como los siguientes: i) que el señor Robles es afiliado a CGT y presidente del comité de empresa de OP Plus Operaciones y Servicios, S.A., integrado por él y dos compañeras de trabajo, representantes de la Unión General de Trabajadores (UGT) y las de Comisiones Obreras (CC.OO.); ii) que es cierto que en aquel proceso por sanción ante el Juzgado de lo Social núm. 13 de Málaga compareció la empleada referida en el escrito publicado en el tablón de anuncios («al parecer propuesta como testigo por parte de la empresa», dice el juzgador); iii) que el comunicado, aunque fue mostrado a las otras integrantes del comité de empresa, fue redactado exclusivamente por el actor, sin la intervención de las referidas compañeras, habiendo rechazado una de ellas (la representante de CC.OO.) su contenido, por considerarlo ofensivo para la trabajadora que era mencionada; iv) que el documento, además de su publicación en el tablón, fue repartido por el trabajador despedido y una delegada sindical de UGT, que actuó de ese modo por indicación de la representante de UGT en el comité de empresa; v) que la trabajadora identificada en el comunicado presentó dos escritos de queja a la dirección de la empresa: en el primero denunciaba que se había producido un ataque frontal a su persona, a modo de coacción o acoso, y anunciaba la posibilidad de adoptar medidas legales, rogando se tomaran las correspondientes por la empresa para proteger su imagen, dignidad y honor; manifestaba en el segundo escrito, de su parte, que el comunicado vulneraba su intimidad y vida personal, con acusaciones no probadas, que se sentía humillada e impotente y que la situación le había causado ansiedad, tensión física, psicológica y dolencias físicas, al punto de haber necesitado medicación, todo ello «sólo por el hecho de acudir a la ciudad de justicia para testificar haber visto al Secretario de este Comité realizando fotocopias en el centro de trabajo», mostrando su miedo a nuevos ataques, coacciones y amenazas; vi) que la representante de UGT en el comité fue sancionada con suspensión de empleo y sueldo de dos días, mostrando su conformidad, como igualmente lo fue, con idéntica sanción, la delegada sindical de ese sindicato; vii) que con fecha de 20 de julio de 2011 se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Social núm. 4 de Málaga en otro procedimiento por sanción, impuesta al recurrente en amparo en septiembre de 2009 y que fue declarada improcedente. Abordando después las pretensiones de la parte demandante, rechazaba el juzgador la alegación referida a la libertad sindical (art. 28.1 CE) –derecho que el actor aducía para oponerse al trato más grave recibido en contraste con la sanción impuesta a las representantes de UGT–. En opinión de la Sentencia, la decisión empresarial no estuvo desprovista de objetividad visto el distinto grado de participación que tuvieron los afectados en la elaboración y distribución del documento, pues era evidente que su autoría era plenamente atribuible al actor al ser quien lo elaboró sin consultarlo con sus compañeras. En suma, señalaba la resolución judicial que la empresa no impuso al actor una sanción de mayor gravedad motivada por su afiliación sindical a CGT, sino en atención al grado de autoría y participación del mismo en la elaboración y distribución del escrito. En cuanto a la pretensión articulada al amparo de los derechos fundamentales de información y libertad de expresión sindical [arts. 20.1 a) y d) en relación con el art. 28.1 CE], razona la Sentencia que la medida disciplinaria no tuvo carácter antisindical ya que representó, antes bien, una respuesta a las quejas formuladas por la trabajadora a la que se le atribuía un comportamiento indigno. La decisión de la empresa, por tanto, concluía el juzgador, no puede ser tachada de arbitraria o carente de razonabilidad ni, en consecuencia, vulneradora de la libertad de expresión, puesto que ese derecho tiene como límite el deber de buena fe y el respeto de los derechos constitucionales del honor y la propia imagen. Finalmente, en lo que atañe a la alegada lesión de la garantía de indemnidad (art. 24.1 CE) –pretensión que articulaba la demanda asociando el despido impugnado y la actividad del actor como presidente del comité de empresa, que dio lugar a diversos procedimientos por sanciones y a denuncias formuladas ante la Inspección de Trabajo– no se apreciaba tampoco lesión alguna. Decía la resolución que, pese a ser evidente que no eran pacíficas las relaciones entre el actor y la empresa por razón del ejercicio de su actividad sindical, quedó acreditado que la decisión empresarial de despido no fue adoptada de forma caprichosa o arbitraria, como reacción ante la actitud reivindicativa del representante en esos precedentes, sino con base en los indicados datos objetivos (escrito injurioso y vejatorio). En definitiva, se concluye, el despido es procedente porque del documento se deducen dos conclusiones: i) que las referencias dirigidas a criticar el comportamiento empresarial por la imposición de una sanción al actor no pueden merecer la calificación de falta grave ni muy grave, en tanto no incluyen ninguna expresión vejatoria, insultante, ni de falta de respeto hacia la empresa, aun cuando considerase ésta que lo relatado en el documento no se ajustaba a la realidad; ii) que, en cambio –y de ahí el fundamento de la calificación del despido como ajustado a Derecho–, no pueden encontrar amparo en la libertad de expresión las menciones a la compañera de trabajo por su intervención en el Juzgado como testigo propuesto por la empresa, ya que se le imputan, excediendo ampliamente los límites de aquel derecho fundamental, una conducta de dudosa moralidad y falta de dignidad, así como el interés de buscar un atajo sucio para su promoción en la empresa. d) El sucesivo recurso de suplicación fue desestimado por la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 16 de mayo de 2013. Respecto de la primera queja (art. 24.1 CE), sostiene la Sala que del inalterado relato fáctico de la Sentencia recurrida se infiere que la decisión empresarial «tiene una concatenación objetiva y temporal clara con una previa actuación del demandante, que se entendió por la demandada digna de represión disciplinaria y que además encontraba pleno cobijo en el catálogo de faltas disciplinarias susceptibles de ser sancionadas con el despido ahora enjuiciado, sin que conste ni pueda inferirse de las actuaciones –ni indiciariamente– la supuesta vinculación entre el despido hoy contrariado y las previas reclamaciones judiciales vertidas por el actor ante la empresa». En segundo lugar, razona la Sentencia que no encontraba acomodo la conducta del actor en los arts. 20.1 a) y d) CE, en relación con su condición representativa, pues en el comunicado se incluían importantes «descalificativos insultantes, injuriosos y vejatorios, claramente atentatorios contra la honorabilidad de tal empleada», de manera «plenamente dolosa y premeditada» y con un propósito de «represalia y en escarnio público», todo ello «por el mero hecho de hacer acudido la misma en calidad de testigo –se infiere que por llamamiento judicial tras previa petición de la entidad demandada– al procedimiento judicial por impugnación de la sanción que había sido impuesta al aquí demandante», y aunque la empleada indicada compareciera «en cumplimiento de las obligaciones y deberes legales, o en todo caso en ejercicio de un legítimo derecho, y en ningún caso con el propósito de causar ilícitamente un perjuicio al aquí demandante». En el decir del Tribunal, tras referirse a pronunciamientos del Tribunal Supremo, «la sanción de despido impuesta al demandante, vistas las circunstancias en que acontecieron los hechos sancionados, los indudables ribetes penales que conllevan las expresiones proferidas, y los motivos –de represalia y denigrantes– que llevaron a las mismas, ha de refrendarse en la presente resolución». Y es que la conducta enjuiciada resultaría «completamente ajena a los cometidos propios derivados de su actividad sindical» y «no puede entenderse avalada por el derecho fundamental a la libertad de expresión e información», estando desvinculada de las reclamaciones judiciales previas, de su afiliación sindical y de la condición representativa que ostenta el demandante, más si se atiende a que «las garantías que los representantes de los trabajadores tienen atribuidas no pueden ser vistas como privilegios de no aplicación a ellos de las normas que regulan la relación laboral». 3. El demandante de amparo aduce la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical (art. 28.1 CE) en relación con los arts. 14, 20.1 a) y d) y 24.1 CE. De una parte, y en cuanto a la conexión que traba entre los arts. 28.1 y 14 CE, no comparte que deba prevalecer la autoría de creación del escrito frente a la autoría cooperativa, que daría lugar a un trato igual con otros representantes de los trabajadores que también participaron en la difusión y distribución del comunicado (miembros de UGT) y a los que se les impuso a una sanción menor. Con cita de la STS 2419/2005 (sic), de 20 de abril, en recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 6701-2003, defiende que no es posible fragmentar el proceso de elaboración del escrito y el momento de su difusión entre los trabajadores, al tratarse de un único acto de expresión colectiva. Por consiguiente, una vez acreditada la responsabilidad de todos los representantes de los trabajadores, la desigualdad de trato en la sanción con respecto a otros intervinientes en ese proceso carece de toda justificación razonable. En segundo lugar se habría producido una lesión de los derechos a la libertad de expresión e información sindical, esto es, del art. 28.1 en relación con art. 20.1 a) y d) CE. Recuerda el recurrente que, según la doctrina constitucional, no cabe definir lo objetivamente ofensivo al margen por completo de las circunstancias y del contexto en el que se desarrolla la conducta expresiva, ni tampoco limitar la cobertura que ofrece la libertad de expresión a aquello que sea imprescindible y absolutamente pertinente, ni reducir su ámbito de protección a las expresiones previsibles o al uso en situaciones de acuerdo o avenencia, pues esa lectura de los márgenes de actuación del derecho fundamental de la libertad de expresión sindical supondría reducir su ámbito a las ideas de corrección formal abstracta y utilidad o conveniencia, lo que constituiría una restricción no justificada (cita la STC 198/2004, de 15 de noviembre). Por tanto, debe contextualizarse el contenido del comunicado. Y es notorio el clima de conflictividad laboral existente en el seno de la empresa, lo mismo que las dificultades del demandante en las relaciones con la empleadora por razón del ejercicio de su actividad representativa. Desde esas premisas se explica el escrito objeto de controversia, que buscaba mantener informados a los trabajadores representados en temas que tenían directa repercusión en las relaciones laborales, concretamente en una cuestión notoria y noticiable para sus intereses por afectar al ejercicio de las funciones por parte de sus representantes. Su contenido, por lo demás, daba cuenta de lo sucedido conforme a una determinada interpretación («la empresa reconoce su error y anula la sanción injusta....»); en ningún momento señalaba que la trabajadora mencionada fuese a declarar, sino sólo que «al parecer» iba a hacerlo como testigo de la empresa, acompañándose de una valoración; y, en fin, utilizaba términos y expresiones formalmente correctos aun cuando pudieran molestar, cosa que ampara la libertad de expresión: expresiones como «dudosa moralidad» o «atajos sucios», utilizadas en el escrito del comité y exacerbadas por la empresa para justificar un supuesto trato vejatorio, no sobrepasan la crítica permitida por el art. 20.1 a) CE en su vertiente sindical. La interpretación contraria, dice el recurso, esterilizaría la acción sindical, limitando así su lenguaje hasta el punto de inutilizarlo para la crítica. Contextualizadas dichas manifestaciones, en definitiva, son expresiones coloquiales y socialmente utilizadas que distan del insulto. Con amparo en lo expuesto, resalta la demanda tres elementos que excluirían la sanción impuesta desde el prisma del derecho a la acción sindical informativa y expresiva: i) la ausencia de difusión pública o externa del escrito; ii) el carácter estrictamente laboral y sindical de su contenido; iii) la ausencia de perjuicio a los intereses empresariales. Pese a todo ello se ha hecho un uso (desproporcionado) de la capacidad sancionadora, arrogándose la sociedad empleadora la representación de la trabajadora mencionada en el escrito y alegando un daño grave —sin determinar en qué consiste— y aunque la propia persona citada en el comunicado no haya emprendido ninguna acción para salvaguardar una hipotética lesión a su honor en función de un daño objetivo. En tercer y último lugar denuncia el recurrente la vulneración del derecho a la libertad sindical en conexión con la garantía de indemnidad del art. 24.1 CE. Alega que la reacción disciplinaria responde en realidad al propósito de sancionar al presidente del comité de empresa por su labor como representante de los trabajadores y miembro de CGT, lo que le condujo en el pasado al ejercicio de acciones judiciales frente a sanciones impuestas por la empresa y a la formalización de denuncias ante la Inspección de Trabajo que estarían en la base del acto extintivo. Por todo ello interesa que se declare la vulneración del art.28.1 CE, en la relación enunciada con los restantes derechos fundamentales aludidos, y que se proceda a anular las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, de fecha 16 de mayo de 2013 (recurso de suplicación núm. 432-2013), y del Juzgado de lo Social número 2 de Málaga, de 18 de Julio de 2012, en autos de despido núm. 444-2012. 4. En virtud de providencia de la Sala Segunda de este Tribunal, de 21 de julio de 2014, se acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo y se solicitó la certificación o fotocopia adverada de las actuaciones a los órganos judiciales que intervinieron en los diferentes grados jurisdiccionales, antes citados, así como la práctica de los emplazamientos correspondientes. 5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 9 de septiembre de 2014, la Procuradora doña Aranzazu Fernández Pérez solicitó que se le tuviera por personada en nombre y representación de OP Plus Operaciones y Servicios, S.A. 6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, de 15 de septiembre de 2014, se tuvieron por recibidos los testimonios de las actuaciones y el escrito de la Procuradora doña Aranzazu Fernández Pérez, a quien se tuvo por personada y parte en la representación que ostenta, acordándose abrir el plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, de conformidad con el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), para que pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniere. 7. OP Plus Operaciones y Servicios, S.A., registró su escrito de alegaciones el día 15 de octubre de 2014. Enuncia en primer lugar la posible inadmisión parcial del recurso por insuficiente justificación de la especial trascendencia constitucional (art. 49.1 in fine LOTC) en lo relativo a la alegada vulneración de la garantía de indemnidad (arts. 28.1 y 24.1 CE). Aduce que, respecto de esa concreta invocación, no se satisface la carga de justificación que prescribe aquel precepto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a cuyo fin reproduce literalmente la argumentación que contiene la demanda en ese punto, para concluir luego, a renglón seguido y sin ningún otro añadido, que tal forma de razonar evidencia el incumplimiento del requisito. Explicitada así su objeción de admisibilidad, razona a continuación sobre el orden apropiado de tratamiento de las quejas y conforme al que estima pertinente comienza oponiéndose al motivo segundo de la demanda [arts. 28.1 y 20.1 a) y d) CE]. A su parecer, pese a la invocación contenida en el recurso, no tiene ningún protagonismo el derecho a la libertad sindical en su vertiente de derecho de libertad de expresión e información sobre materias de índole laboral y sindical ya que no actuaba el recurrente en nombre de su sindicato, sino como miembro del órgano de representación unitaria de la empresa, al no existir ninguna sección sindical de la CGT constituida en la misma el momento de producirse los hechos. Aunque el escrito controvertido esté firmado por la sección sindical de la CGT no es posible equiparar los comités de empresa, ni siquiera si se encuentran «sindicalizados», a los sindicatos. La actuación de un miembro del comité de empresa no forma parte ni es expresión del ámbito protegido por el derecho a la libertad sindical del art. 28.1 CE en ninguna de sus vertientes. En todo caso, considera que las informaciones que se ofrecían a los trabajadores, pese a que pudieran encuadrarse en las competencias informativas del comité de empresa, resultaron sesgadas y falsas (la relativa a la pretendida rectificación empresarial de la sanción inicialmente impuesta) o tenían dudoso carácter noticiable y eran ajenas a la función representativa (las referidas a la presencia en el Juzgado para testificar de la trabajadora mencionada en el comunicado), incumpliéndose con ello el deber de veracidad. De su parte, las manifestaciones vertidas en el escrito sobre la compañera de trabajo revelan una ofensa, que no queda amparada por la libertad de expresión, al resultar vejatorias e insultantes, como sostuvieron los órganos judiciales. Tampoco aprecia la empleadora vulneración alguna del art. 28.1 en relación con el art. 14 CE, al haber quedado absolutamente claro en el proceso que el autor intelectual y material del documento fue exclusivamente el recurrente, lo que rompe el intento de comparación que está en la base del juicio de igualdad. En esas circunstancias no cabe elevar a la categoría de «autoría cooperativa» lo que no es sino un comportamiento individualizado, grave y culpable. A mayor abundamiento, recuerda que no existe un derecho a la igualdad en la ilegalidad, de suerte que, una vez constatado que el recurrente en amparo incurrió en causa de despido, no es posible exigir un trato igual al resto de sus compañeras representantes, ni tampoco pretender que éstas sean tratadas como el recurrente. Se opone finalmente la empresa a la alegación por vulneración del art. 28.1 CE en su vertiente de garantía de indemnidad (art. 24.1 CE), que como se dijo estima inadmisible por falta de justificación de la especial trascendencia constitucional (art. 49.1 in fine LOTC). No obstante, tampoco la queja podría prosperar en un juicio sustantivo, pues quedó acreditada la justificación objetiva y razonable de la decisión adoptada. Que existan precedentes sancionatorios y que la relación entre la empresa y el representante de los trabajadores no fuera pacífica no esconde que en todos esos casos existía base fáctica para la reacción empresarial y, más allá de ello, no permite soslayar que fueron otros y por completo diferentes los fundamentos de la sanción que motiva este recurso. No cabe, en suma, confundir conflictividad previa con persecución por razón sindical, todavía más si se atiende a la lejanía en el tiempo de las aludidas sanciones impuestas por la empresa en el pasado (revisadas por la jurisdicción en los años 2009 y 2010). En definitiva, la empresa se enfrentó a un documento cuyo contenido era claramente ajeno al ejercicio de la actividad sindical, constituyendo más una venganza personal contra una trabajadora que una protesta por una situación o acto empresarial. 8. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado el día 15 de octubre de 2014. A su criterio, el debate ha de quedar situado en el marco de la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], dado que el expediente disciplinario no se inició porque se diera publicidad a incidencias de un previo proceso judicial sino porque la trabajadora mencionada en el comunicado presentó un escrito a su empleadora quejándose de los términos con los que el demandante de amparo la calificaba en la nota publicada. En definitiva, fueron las opiniones sobre dicha trabajadora y no el juicio sobre la veracidad y el carácter noticiable de los hechos el único fundamento de la decisión extintiva y el auténtico objeto de las resoluciones judiciales impugnadas. Desde ese prisma, el Ministerio Fiscal considera que el actor transgredió los límites genéricos del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE]. Cierto es que el escrito se refiere a cuestiones relativas al desarrollo de las relaciones laborales en la empresa pero las expresiones que se emplean resultan indudablemente injuriosas, en cuanto atribuyen a la trabajadora un comportamiento alejado de las más elementales exigencias éticas, de dudosa moralidad y falto de dignidad. Por lo demás, difundió el recurrente el escrito pese a conocer la oposición de una de las representantes en el comité de empresa, que se negó a firmarlo y le advirtió de la gravedad de las imputaciones, soslayando asimismo que la trabajadora concurría a un obligado llamamiento judicial que ni siquiera le llegó a causar perjuicio alguno. Tampoco aprecia la lesión aducida del art. 28.1 CE en relación con el art. 14 CE. Del principio de igualdad ante la ley en modo alguno se deriva que la responsabilidad de unos deba necesariamente conllevar la de otras personas, pues a ello se opondría el principio de responsabilidad individual que es característico de cualquier forma de responsabilidad. Recuerda adicionalmente, como hiciera también en su escrito de alegaciones la empresa, que el principio de igualdad ante la Ley no puede dar cobertura a un «imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad» (STC 376/1996, de 16 de diciembre). Estima, en cambio, que se ha lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, en su manifestación de garantía de indemnidad derivada de la actividad sindical. A su juicio, el conflictivo historial entre la empresa y el trabajador y el hecho de que a éste se le sancione de un modo desproporcionadamente más grave que a las dos compañeras de UGT –que aun no habiendo redactado el documento cooperaron necesariamente a su difusión– no permiten eliminar absolutamente toda sospecha de que la decisión extintiva obedeciera al interés de la empresa de prescindir de un trabajador que desarrollaba de forma muy activa su labor sindical. La empleadora debía justificar que el motivo del despido no era ese cúmulo de desencuentros, sino exclusivamente la redacción y posterior difusión de un escrito en el que se contenían expresiones descalificadoras para una compañera del actor, lo que no logró acreditar en el proceso. 9. El recurrente en amparo evacuó el trámite de alegaciones el día 15 de octubre de 2014, reiterando en esencia los contenidos de su demanda de amparo. 10. Por providencia de 1 de octubre de 2015, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 16 de mayo de 2013 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, dictada en el recurso de suplicación núm. 432-2013, que confirmó la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Málaga, de 18 de julio de 2012, en autos de despido núm. 444-2012. El demandante de amparo denuncia la lesión del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE), que conecta en su serie de alegaciones con el art. 14 CE, por discriminación sindical, con los arts. 20.1 a) y d) CE, por vulneración de la libertad de expresión e información sindical, y con el art. 24.1 CE, en su vertiente de garantía de indemnidad, según quedó expuesto con detalle en los antecedentes de este pronunciamiento constitucional. La empresa demandada en el proceso judicial descarta que se hayan producido las referidas lesiones, oponiendo con carácter previo una causa de inadmisibilidad parcial del recurso, al amparo de lo dispuesto en el art. 50.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), en relación con el art. 49.1 de la misma Ley Orgánica, ya que no satisfizo el recurrente la carga que le incumbía de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso en cuanto a la queja referida a la garantía de indemnidad (arts. 28.1 y 24.1 CE). El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa la estimación de la demanda con base precisamente en esa última denuncia. 2. Antes de entrar en el análisis de las vulneraciones aducidas, es preciso abordar la eventual concurrencia de óbices procesales que impidan un pronunciamiento de fondo, toda vez que, como ha reiterado este Tribunal, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, STC 58/2014, de 5 de mayo, FJ 2). La representación procesal de la empresa personada en este proceso constitucional considera que la demanda de amparo se halla incursa en causa de inadmisión por incumplimiento de la exigencia impuesta por el art. 49.1 in fine LOTC, que requiere justificar la especial trascendencia constitucional del recurso. El reproche se concentra únicamente en una de las quejas: la que vincula los derechos consagrados en los arts. 28.1 y 24.1 CE. Bastara recordar, con la STC 2/2013, de 14 de enero, FJ 3, que una vez admitido el recurso por apreciarse su especial trascendencia constitucional no es posible seleccionar los motivos que deben ser objeto de enjuiciamiento, como se pretende, puesto que el amparo constitucional no ha perdido su dimensión subjetiva como instrumento procesal para preservar o restablecer las violaciones de los derechos y libertades fundamentales. Por ello, si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, como aquí ha sucedido, debe ser admitido y examinado en la totalidad de su contenido, no siendo posible incluir o excluir determinados motivos en función de su especial trascendencia constitucional. En consecuencia, a falta de aportación de argumento alguno que sustente el óbice que se opone, no encontramos razones para cambiar el criterio acogido en fase de admisibilidad sobre la carga del art. 49.1 in fine LOTC, ni tampoco sobre la propia especial trascendencia constitucional del recurso, requisito cuya apreciación en cada caso corresponde únicamente a este Tribunal Constitucional (entre otras, recientemente, STC 54/2015, 16 de marzo, FJ 4). En relación con esto último se quiere destacar que el segundo de los motivos aducidos por el denunciante nos permitirá sentar jurisprudencia sobre el derecho de libertad de expresión sindical (art. 28.1 CE) en supuestos en los que la conducta expresiva del representante de los trabajadores no se dirige contra un acto empresarial sino frente al comportamiento de una trabajadora de la empresa. Por lo demás, el examen de expresiones como las contenidas en el comunicado controvertido dará ocasión a este Tribunal de garantizar el cumplimiento de su jurisprudencia en la materia, abundando en sus parámetros generales y en su concreción aplicativa, evitando en lo posible dudas ulteriores sobre su alcance que puedan dar lugar a inaplicaciones objetivas de la misma, pese a que al carácter eminentemente casuístico de las controversias sobre el ejercicio de la libertad de expresión no pocas veces nos reclamaran, con seguridad, matices doctrinales adicionales. Atendemos así, por tanto, a uno de los criterios legales que dotan de especial trascendencia constitucional al recurso de amparo [art. 50.1 b) LOTC], a saber: aquel que se dirige a velar por la aplicación y general eficacia de la Constitución (por todas, STC 21/2015, de 16 de febrero, FJ 2). 3. A juicio del Fiscal debe estimarse el recurso de amparo por vulneración de la garantía de indemnidad del art. 24.1 CE, en relación con el art. 28.1 CE. Lo sostiene tras declarar primeramente que, a su criterio, no se produjo sin embargo una vulneración de las libertades de información y expresión sindical (art. 28.1 CE, que asocia la demanda al art. 20 CE). Para apreciar la lesión señalada destaca que tanto el conflictivo historial entre la empresa y el trabajador como el hecho de que a éste se le sancionase de un modo desproporcionadamente más grave que a las dos compañeras de la Unión General de Trabajadores (UGT) –que aun no habiendo redactado el documento cooperaron a la difusión– ponen en duda el verdadero motivo del despido, pues no permiten eliminar absolutamente toda sospecha de que la decisión extintiva obedeciera verdaderamente al interés de la empresa de prescindir de un trabajador que desarrollaba de forma muy activa su labor sindical. En otras palabras, al aplicarse el esquema de la prueba indiciaria que opera en el proceso laboral la empleadora debía justificar que el motivo del despido no era ese cúmulo de desencuentros y tensiones sindicales antecedentes, sino exclusivamente la redacción y posterior difusión de un escrito en el que se contenían expresiones descalificadoras para una compañera del ahora recurrente. Una carga probatoria que, a juicio del Fiscal, la empresa no logró satisfacer en el proceso. El planteamiento del Ministerio Fiscal responde con precisión a la doctrina constitucional sobre la pluricausalidad extintiva. Nuestra jurisprudencia relativa a los despidos disciplinarios «pluricausales» (entre otras, SSTC 7/1993, de 18 de enero; 48/2002, de 25 de febrero; 41/2006, de 13 de febrero; 138/2006, de 8 de mayo, o 125/2008, de 20 de octubre) revela, en efecto, que la acreditación de la causa legal disciplinaria alegada no excluye por defecto o automáticamente la vulneración del derecho fundamental invocado cuando existen indicios de lesión. Como precisaba la STC 41/2006, de 13 de febrero, en dichos supuestos disciplinarios podrá neutralizarse el panorama indiciario: i) acreditando de manera plena la causa legal expresada en la carta de despido, aunque solo y siempre que –y éste será el parámetro de constitucionalidad– ese resultado probatorio pruebe efectivamente la desvinculación entre el acto empresarial y el derecho fundamental invocado; la declaración de procedencia del despido no permite descartar por tanto –en todo caso y sin excepción– que éste sea lesivo de derechos fundamentales (por todas, STC 14/2002, de 28 de enero, FJ 7); ii) alternativamente, los indicios también podrán resultar contrarrestados, incluso si no llega a probarse el incumplimiento disciplinario aducido en la carta de despido (también, por tanto, si el despido no es declarado procedente), cuando el empresario demandado demuestre que los hechos motivadores de su decisión se presentan razonablemente ajenos a todo móvil atentatorio de los derechos fundamentales que se denuncien vulnerados, que es, de nuevo, lo trascendente desde la perspectiva constitucional. En opinión del Fiscal, el exceso del acto expresivo del recurrente en amparo (sin cobertura a su juicio en el derecho de libertad de expresión) no neutraliza esta vez el panorama indiciario de la lesión de la garantía de indemnidad. Según las determinaciones de aquella jurisprudencia podría darse, en efecto, la hipótesis que enuncia, que en cambio decaerá en este caso porque no se aporta la necesaria conexión causal entre los precedentes que se invocan y el acto extintivo que se impugna. Decía el Pleno de este Tribunal en la reciente STC 140/2014, de 11 de septiembre, FJ 7, ocupándose de la finalidad de la prueba indiciaria y del doble plano probatorio en el que se articula, que «el indicio razonable de que se ha producido la lesión del derecho fundamental no consiste en la mera constatación de que en un momento precedente tuvo lugar el ejercicio del derecho –en este caso que se participó en una huelga o en que se formuló una reclamación judicial– sino que es preciso justificar –indiciariamente– la existencia de una relación de causalidad entre tal ejercicio y la decisión o acto calificado de lesivo del derecho. El que en un momento pasado se haya ejercitado un derecho fundamental constituye un presupuesto de la posibilidad misma de la violación denunciada, pero no un indicio de esta que por sí solo desplace a la otra parte la obligación de probar la regularidad constitucional de su acto, pues la aportación de la prueba que concierne a la parte demandante deberá superar inexcusablemente el umbral mínimo de aquella conexión necesaria (SSTC 17/2003, de 30 de enero, FJ 4; 151/2004, de 20 de septiembre, FJ 3; y 41/2006, de 13 de febrero, FJ 6)». Y eso es justamente lo que ocurre en esta ocasión, convirtiendo la alegación del demandante en amparo en meramente retórica. En concreto, no se acreditan hechos que vinculen los precedentes de conflictividad (imposición de sanciones, ejercicio de acciones y formalización de denuncias ante la Inspección de Trabajo) con la medida extintiva discutida, por lo que no se logra poner en duda el fundamento resolutorio invocado por la empresa (excesos expresivos en el comunicado publicado); fundamento, por cierto, que el propio recurrente aduce como causa del despido en otra de sus denuncias (segundo motivo del recurso: art. 28.1 CE en relación con las libertades del art. 20 CE). Por ello, la queja que reprocha la vulneración de la libertad sindical en conexión con la garantía de indemnidad del art. 24.1 CE debe ser desestimada. 4. Debemos despejar aún algunos aspectos preliminares. a) En primer lugar, asiste la razón a la representación de la empresa compareciente en lo relativo al orden de tratamiento de las quejas. Sostiene el carácter principal de la alegación que asocia el art. 28.1 CE con las libertades del art. 20 CE, con la consiguiente accesoriedad de la denuncia que vincula aquel mismo derecho fundamental y el art. 14 CE. En efecto, como punto de partida es debido enjuiciar si, desde un prisma constitucional, el escrito controvertido era potencialmente susceptible de sanción o, por el contrario, no podía ser objeto de reacción disciplinaria alguna, al revelar un ejercicio amparado en los derechos de expresión o información sindical (art. 28.1 CE). Sólo en el caso de que las expresiones vertidas en el mismo no tuvieran cobertura en dichas libertades tendría sentido dilucidar, desde un enfoque de discriminación sindical, si el establecimiento de consecuencias jurídico-sancionadoras diferentes a los agentes representativos que participaron en los hechos vulnera o no la Constitución. Y es que, como es fácil de apreciar, esta última alegación de diferente trato sindical parte de la premisa de la comisión de un ilícito sancionable. b) De acuerdo en este caso con el Ministerio Fiscal, convendrá también poner de manifiesto que el núcleo de dicha queja principal [art. 28.1 CE en conexión con los apartados a) y d) del art. 20.1 CE] ha de quedar situado exclusivamente en el marco de la libertad de expresión sindical sobre cuestiones de índole sindical o laboral. El expediente disciplinario que culminó con el despido del que trae fuente este recurso no se inició porque se diera publicidad inveraz a las incidencias procesales de un procedimiento judicial antecedente (libertad de información), sino, antes bien, por las expresiones dirigidas contra una trabajadora contenidas en el comunicado, locuciones que ésta –y luego la empresa en la carta de despido– consideraron descalificaciones vejatorias (exceso en el ejercicio del derecho de expresión sindical). Lo confirma el propio alegato de la empleadora ante este Tribunal y lo revalidan definitivamente los razonamientos recogidos en las resoluciones recurridas. Así, la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, de 16 de mayo de 2013, declara que la procedencia de la medida disciplinaria tiene fundamento en los «descalificativos insultantes, injuriosos y vejatorios, claramente atentatorios contra la honorabilidad de tal empleada», de manera «plenamente dolosa y premeditada» y con un propósito de «represalia y en escarnio público», llegando a apreciar «indudables ribetes penales» en las expresiones proferidas. Por su parte, en coherencia con el criterio que viene de resaltarse en la sucesiva Sentencia de suplicación, el juzgador a quo afirmaba: i) que las referencias dirigidas a criticar el comportamiento empresarial por la imposición de una sanción al actor no podían merecer la calificación de falta grave ni muy grave, en tanto no incluían ninguna expresión vejatoria, insultante, ni de falta de respeto hacia la empresa, aun cuando considerase ésta que lo relatado en el documento no se ajustaba a la realidad; ii) que, en cambio (y de ahí el fundamento de la calificación del despido como procedente), no podían encontrar amparo en la libertad de expresión las menciones que el escrito realizaba de la compañera de trabajo por su intervención en el Juzgado como testigo propuesto por la empresa en un proceso previo por sanción, ya que le imputaban una conducta de dudosa moralidad y falta de dignidad, así como el interés de buscar un atajo sucio para su promoción en la empresa, excediendo ampliamente los límites de aquel derecho fundamental. c) Un último preliminar se refiere a la capacidad disciplinaria de la empresa para adoptar una decisión de despido no fundada en un acto dirigido directamente contra ella sino, a tenor del motivo que sustentó la resolución contractual (descalificativos contenidos en el comunicado publicado), contra una trabajadora de su plantilla. Ese hecho, como objeción a la sanción impuesta y al establecimiento de límites al ejercicio de la libertad de expresión sindical, se desliza en el recurso interpuesto, aunque se apele a él de modo somero e impreciso. Será suficiente recordar que las lesiones de derechos fundamentales de los trabajadores no sólo pueden producirse como consecuencia de actuaciones del empresario o de quienes ejercen los poderes del empresario en la empresa, en particular de los superiores y mandos jerárquicos, sino también de los restantes trabajadores (STC 74/2007, de 16 de abril, FJ 5). No hay razón alguna para concebir una excepción a esa hipótesis de causación de la lesión si se trata de actos de los representantes de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones. En consecuencia, podrán ser sancionados si el acto controvertido no constituye una actuación tutelada por el ejercicio de sus derechos fundamentales, en particular de los de alcance sindical, y resulta subsumible en las causas disciplinarias previstas en la ley [señaladamente, por proximidad con el caso actual, art. 54.1 c), que recoge en el elenco de las causas de despido disciplinario «las ofensas verbales o físicas al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos»]. No es ocioso añadir que el empresario, en tanto que titular de la organización y parte en el contrato de trabajo, tiene un deber de garante frente a las infracciones de derechos fundamentales de los trabajadores que se produzcan con ocasión de la ejecución de la relación laboral o en razón de ésta, lo que puede desembocar en actos de disciplina laboral. Ciertamente, no está exenta la anterior afirmación de límites. Así, por ejemplo, sentamos en la STC 56/2008, de 14 de abril, FJ 9, en un asunto en el que un trabajador criticaba la actuación de sus representantes, que las declaraciones referidas a ellos «difícilmente podrían justificar una resolución unilateral del contrato de trabajo de carácter disciplinario, al ser aquella relación de representación diversa al vínculo contractual que liga al empresario y el trabajador». Sin embargo, en nada coincide dicho escenario con el aquí enjuiciado, en el que la conducta expresiva del recurrente sometida a controversia no estuvo motivada por una crítica previa al ejercicio de su función representativa, pues no consta declaración alguna sobre ello de la trabajadora mencionada en el escrito (que ni siquiera llegó a declarar en el proceso judicial de referencia) ni tampoco opinión manifestada por ésta sobre el desempeño de la función de representación por parte del ahora recurrente que pusiera en cuestión su rectitud, integridad, honradez, solvencia, consideración o dignidad individual. El debate, antes bien, es de signo contrario: son las expresiones atribuidas al demandante de amparo las que podrían repercutir en la honorabilidad y en la imagen y prestigio profesional que tuvieran los demás miembros de la organización productiva sobre la trabajadora mencionada en el comunicado. 5. Corresponde analizar, por consiguiente, la pretendida vulneración del derecho de libertad de expresión sindical [art. 28.1 CE, asociado en la demanda al art. 20.1 a) CE]. Es preciso encabezar este fundamento con un matiz relevante: del recurso se deduce con claridad que la lesión que se estima producida no es la del genérico derecho a la libertad de expresión del que son titulares todos los ciudadanos [art. 20.1 a) CE], sino la libertad de expresión sobre materias de interés laboral y sindical (art. 28.1 CE), como instrumento del ejercicio de la función representativa que en su condición de representante unitario sindicalizado reclama para sí el recurrente y a través de la cual dice actualizar la acción sindical que integra el contenido esencial del derecho fundamental de libertad sindical. La invocación del art. 20.1 a) CE carece, pues, de sustantividad propia y no es escindible de la que se efectúa del art. 28.1 CE (por todas, STC 213/2002, de 11 de noviembre, FJ 4). Este Tribunal ha declarado, en efecto, que el art. 28.1 CE también garantiza, en su vertiente funcional, el derecho a la libertad de expresión e información respecto de cualquier asunto que pueda tener una repercusión directa o indirecta en las relaciones laborales. Partiendo de esa premisa hemos destacado, al definir nuestro margen de control de constitucionalidad, que en aquellos supuestos en los que se aduce que la causa de despido no concurre porque el acto que la sustenta estaba amparado en el ejercicio legítimo de la libertad de expresión e información en el desarrollo de la acción sindical, nos corresponde ponderar si se ejerció verdaderamente dicho derecho dentro de su ámbito legítimo, constitucionalmente protegido frente al poder disciplinario empresarial o si, por el contrario, la conducta excedió de los límites constitucionalmente admisibles. Con ese esquema de enjuiciamiento podremos determinar, a la luz de las concretas circunstancias del caso, si la reacción empresarial fue legítima o, en cambio, constituyó la reprobación del lícito ejercicio de los derechos fundamentales del recurrente, en cuyo caso no podrá dejar de calificarse como nula (en ese sentido, por todas, STC 227/2006, de 17 de julio, FJ 3). La empresa OP Plus Operaciones y Servicios, S.A., objeta en su escrito de alegaciones la invocación del art. 28.1 CE. A su criterio, no concurre el factor sindical aducido, toda vez que no se había constituido en la empresa una Sección Sindical del sindicato al que el recurrente estaba afiliado (Confederación General de Trabajadores: CGT). Se advierte sin esfuerzo, sin embargo, la contradicción entre dicho alegato y los propios actos de la empleadora. Ya en la carta de despido, como después en el proceso judicial, la caracterización sindical del actor fue puesta de manifiesto de manera incontestada. Entre otros documentos, consta en las actuaciones (folio 226) la comunicación de la empresa a la «Sección Sindical CGT OP PLUS Málaga» del acuerdo de iniciación del expediente sancionador «abierto frente al Secretario de esa Sección Sindical, D. Juan Carlos Robles Chaves». De manera definitiva lo confirman la carta de despido (folios 198 y siguientes), donde se contienen expresiones como «Ud. [el recurrente en amparo] y el resto de miembros del comité y de la sección sindical de CGT …», o las resoluciones judiciales, que declaran tanto la afiliación del actor y su condición de miembro del comité de empresa (hecho probado cuarto o fundamento de derecho primero I.B in fine de la Sentencia de instancia) como la concurrencia relevante del factor sindical (por ejemplo, fundamento de derecho primero II.B in fine). No es ocioso recordar, por lo demás, que existen fuertes elementos de conexión entre los dos canales de representación de los trabajadores en las empresas consagrados en nuestro ordenamiento jurídico: de un lado, los representantes sindicales y, de otro, los representantes unitarios o electivos. Así, por ejemplo, los sindicatos están expresamente legitimados para promover elecciones a delegados de personal y miembros de comités de empresa o para presentar candidatos en dichas elecciones, lo que incide en la posibilidad de alcanzar la condición de sindicato más representativo (arts. 6 y 7.1 de la Ley Orgánica de libertad sindical: LOLS), o de sindicato mera o simplemente representativo (art. 7.2 LOLS), pues tales condiciones se hacen legalmente depender de que el sindicato en cuestión supere determinados porcentajes de audiencia en las elecciones a órganos de representación unitaria o electiva de los trabajadores. No por otra razón recordaba nuestra STC 95/1996, de 29 de mayo, FJ 3, que la gran mayoría de los delegados de personal y miembros de comités de empresa vienen siendo elegidos en listas presentadas por los sindicatos, siendo éstos quienes asimismo promueven de forma absolutamente mayoritaria la celebración de elecciones, o que la propia representación unitaria o electiva de los trabajadores es una vía de importante y muchas veces preferente actuación de los sindicatos (en el mismo sentido, STC 197/1990, de 29 de noviembre, FJ 3). Lo anterior no conduce a eliminar por completo las diferencias subsistentes entre los sindicatos, de un lado, y los comités de empresa y delegados de personal, por otro, ya que, de una parte, no existe una identidad constitucional entre aquéllos y éstos (STC 118/1983, de 13 de diciembre, FJ 4) y, de otra, los órganos unitarios no tienen constitucionalmente garantizada la libertad sindical consagrada en el art. 28.1 CE (por todas, STC 134/1994, de 9 de mayo, FJ 4). Pero esa circunstancia no oculta que, en el supuesto de hecho examinado, el recurrente en amparo, miembro del comité de empresa, estaba afiliado a la CGT y era secretario de su sección sindical, de suerte que la actividad desplegada en funciones de representación como miembro del comité no podía desvincularse de la sindicalización que definía su perfil distintivo. En ello abunda que tal condición la invocara la propia empresa en los documentos antes citados, o que la sanción precedente a la que se refería el comunicado publicado y controvertido, en tanto que afectaba a dicho representante (sindicalizado), dotara a los avatares procesales de aquélla de interés sindical para los empleados cuyos derechos laborales el recurrente sancionado estaba llamado a defender. Por consiguiente, el factor sindical tiene en el supuesto de hecho el indudable protagonismo que reseñaba la reciente STC 100/2014, de 23 de junio, FJ 4: «cuando el representante unitario de los trabajadores está afiliado a un sindicato su actividad, a la vista de las circunstancias que concurran en cada caso, podrá tener consecuencias desde la perspectiva del art. 28.1 CE». Así lo consideraron ambas partes y fue convertido en parámetro de valoración por los órganos judiciales, vista la propia vinculación que OP Plus Operaciones y Servicios, S.A., hacía entre aquella condición sindical y los hechos enjuiciados, evidenciada en los folios de las actuaciones antes mencionados. De esta forma, el alegato de la empresa que pone en duda el concurso del elemento de sindicalidad contradice sus propios actos y los hechos acreditados. 6. Salvada la objeción anterior, nos corresponde como Tribunal de garantía de los derechos fundamentales ponderar si el recurrente ejerció el derecho fundamental de libertad de expresión sindical (art. 28.1 CE) dentro de su ámbito legítimo, constitucionalmente protegido frente al poder disciplinario empresarial, o si por el contrario y como apreciaron la empresa y los órganos judiciales, su conducta excedió los límites constitucionalmente admisibles. Procede para ello que sometamos a examen las expresiones dirigidas contra la trabajadora aludida en el comunicado. Lo haremos conforme al canon propio de aquel derecho que, como ocurre igualmente en el ámbito genérico de cobertura ofrecido por el art. 20.1 a) CE, tiene como límite que la expresión de opiniones no se haya realizado a través de apelativos formalmente injuriosos e innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión que se lleva a cabo (tal equiparación, por todas, en las SSTC 213/2002, de 11 de noviembre, FJ 6, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 7). Se advierte sin dificultad que el escrito publicado por el recurrente respondía a un doble orden de consideraciones: i) crítica a la empresa por la sanción precedente, asentada en la modificación de la calificación jurídica de la infracción adoptada en el acuerdo conciliatorio de 20 de febrero de 2012 ante el Juzgado de lo Social núm. 13 de Málaga; ii) juicio ético de desaprobación de la conducta de la trabajadora que compareció en el Juzgado el día señalado para la vista oral de aquel procedimiento («al parecer propuesta como testigo por parte de la empresa», en palabras de los órganos judiciales). a) Como se dijo con anterioridad, el expediente disciplinario no se inició porque se diera publicidad a aquellas incidencias procesales, sino, antes bien, por las expresiones contenidas en el comunicado referidas a la trabajadora, locuciones que ésta –y luego la empresa en la carta de despido– consideraron descalificaciones vejatorias. De cualquier modo, como ya señalaran los órganos judiciales, ninguna sanción podría haber recaído en el recurrente con fundamento en las expresiones referidas en el comunicado a la actuación de la empresa. Antes al contrario, los términos que se emplearon al calificar la actuación empresarial, en el contexto de conflicto en el que la comunicación se insertaba, respondían a una valoración sindical más que a una conceptuación jurídica y expresaban la toma de postura de los firmantes ante las consecuencias del pleito precedente sobre sanción, haciendo una interpretación y empleando un lenguaje que no se inhabitual, ni censurable, en el contexto de acciones de reivindicación sindical o de conflicto entre los representantes de los trabajadores y el empleador. b) Sin embargo, con ocasión de la comunicación que se hacía a los trabajadores de los resultados de aquel pleito, el representante unitario sindicalizado autor del escrito no se situó únicamente en ese plano de concurrencia conflictiva con el empresario que le impuso la sanción. Antes al contrario, se detuvo con todo detalle en calificar la actuación y actitud y, a su juicio, también el propósito de una trabajadora de la empresa que en realidad era ajena al conflicto de base, en tanto que no tenía responsabilidad alguna ni en su origen, ni en sus vicisitudes, ni tampoco en su conclusión, habiéndose limitado a acudir en calidad de testigo al pleito en cumplimiento del requerimiento que le fue efectuado. Desde luego, en el ejercicio de la comunicación con los representados cabe dar cuenta con detalle de hechos y datos laborales relevantes que no estén sometidos a límites de divulgación por reserva o confidencialidad (STC 213/2002, de 11 de noviembre, FJ 9). Nada impide incluir en ese marco tutelado la comunicación de otros datos colaterales o accesorios que sólo estén conectados con la cuestión de manera indirecta. Nada impedía al recurrente, por tanto, la emisión de un juicio de valor moral, catalogando la conducta de la trabajadora conforme a unos comportamientos o normas previamente establecidos y generalmente aceptados como válidos, o, también, obviamente, a partir de posiciones éticas del sujeto sindical que emitía el juicio; esto es, de acuerdo a su determinada escala de valores, coincidieran o no con la que representan aquellas normas generalmente aceptadas. Ahora bien, tratándose de una valoración sobre un tercero que no protagoniza como parte el conflicto, no podía el demandante dirigirse a la trabajadora, al amparo del art. 28.1 CE, con el margen expresivo reforzado que opera con una contraparte laboral comprometida y directamente implicada en el asunto. Pese a contar con ese límite, queda constatado que no se conformó con valorar la actuación de aquella empleada de acuerdo a un juicio crítico, ni siquiera de divergencia ética; hizo más bien ocasión en el conflicto de naturaleza sindical para incurrir en la descalificación abierta, utilizando locuciones y calificativos que podían afectar decisivamente a su imagen, honorabilidad y consideración en el seno de la organización donde debe prestar sus servicios, poniendo en duda su probidad y sus propósitos pese a no ser protagonista del conflicto laboral reseñado. Expresiones como «iba como testigo de la empresa para declarar por un hecho del que (por no haber existido) no podía tener el más mínimo conocimiento»; «sigue habiendo gente que piensa que las promociones en la empresa se consiguen obedeciendo de manera obsesiva y enfermiza, tenga el jefe razón o no»; «desde el Comité de Empresa recomendamos la formación como pieza clave en la promoción profesional dentro de una empresa, dejando de lado los atajos sucios y las actitudes de dudosa moralidad»; «la sumisión y la obediencia tienen un límite ¡La dignidad!», o «hasta los compañeros pueden venderte en cualquier momento!», muestran de manera inequívoca la vocación de cuestionar la rectitud, integridad, moralidad y dignidad profesional de la trabajadora citada, haciendo prevalecer sobre la comunicación relativa a aquel conflicto sindical una especie de escarmiento por la conducta seguida, una advertencia disuasoria o, en todo caso, una represión pública de un comportamiento lícito, cuál fue el acudir al requerimiento judicial practicado, sin que llegara siquiera, por lo demás, a consumarse el testimonio. Es doctrina invariable y constante de este Tribunal la que señala que fuera del ámbito de protección de la libertad de expresión se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito (por todas, SSTC 20/2002, de 28 de enero, FJ 4; 181/2006, de 19 de junio, FJ 5, y las allí citadas). En la STC 65/2015, de 13 de abril, FJ 3, declaramos en ese sentido que la libertad de expresión no está exenta de límites fijados o fundamentados en la Constitución y que con ellos ha de ser consecuente su ejercicio, «pues si bien el Ordenamiento no ha de cohibir sin razón suficiente la más amplia manifestación y difusión de ideas y opiniones, su expresión conlleva siempre, como todo ejercicio de libertad civil, deberes y responsabilidades, y así lo viene recordando, justamente para este preciso ámbito, el Tribunal de Estrasburgo (por todas, Sentencia de 24 de febrero de 2015, caso Haldimann y otros c. Suiza, párrafo 46)». En relación con el prestigio profesional, la STC 56/2008 de 14 de abril, FJ 9, subrayaba expresamente que la actividad laboral o profesional posee una faceta externa, de relación social que, en cuanto tal, repercute en la imagen que de la persona tengan los demás. Bajo esas circunstancias, es preciso concluir que los calificativos empleados para definir la actuación de la trabajadora resultaban por completo ajenos al conflicto laboral y sindical de base; eran indiferentes a cuestiones relativas al ámbito de las relaciones y reivindicaciones laborales en la empresa y, sin embargo, resultaron ofensivos y pudieron dañar gravemente la consideración de la trabajadora en su entorno de trabajo. Las desaprobaciones efectuadas, por su gravedad y su tono, y en tanto que formuladas de manera general y sin aportar ningún elemento de hecho o indicio de prueba que las apoyase, constituyeron ataques personales gratuitos (STEDH de 14 de marzo de 2002, caso Nafría c. España), absolutamente prescindibles en el propósito de transmitir las ideas u opiniones que se exponían sobre los avatares procesales de la sanción antecedente. Por consiguiente, la queja formulada al amparo del derecho de expresión sindical (art. 28.1 CE) no puede prosperar. 7. Según señalamos en el fundamento jurídico 3 a) de la presente resolución, el carácter principal de la alegación que asocia en el recurso el art. 28.1 CE con las libertades del art. 20 CE, convertía en accesoria la denuncia que vinculaba aquel mismo derecho fundamental y el art. 14 CE. Declarado sin embargo que no existe desde aquel enfoque principal objeción de constitucionalidad a la sanción impuesta, nos corresponde ahora dilucidar, desde esta nueva aproximación de discriminación sindical que se invoca en la demanda, si el establecimiento de consecuencias jurídico-sancionadoras diferentes a los agentes representativos que participaron en los hechos (el recurrente y dos miembros de UGT) vulnera o no la Constitución. El demandante sostiene la queja en una pretendida «autoría cooperativa» del comunicado. Infiere de ella la necesidad de un trato sancionatorio igual respecto de otros representantes de los trabajadores que también participaron en la difusión y distribución del escrito y a los que se les impuso, en cambio, una sanción menor (respectivamente, representante de UGT en el comité y delegada sindical de ese mismo sindicato). Con cita de la STS de 20 de abril de 2005, dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 6701-2003, defiende la demanda que no es posible fragmentar el proceso de elaboración del escrito y el momento de su difusión entre los trabajadores, al tratarse de un único acto de expresión colectiva. Por consiguiente, una vez acreditada la responsabilidad de todos los representantes de los trabajadores –dice la demanda de amparo–, la desigualdad de trato en la sanción revelaría la discriminación sindical denunciada. Como bien dice el Tribunal Supremo en aquel pronunciamiento, los representantes de los trabajadores afiliados a un sindicato y distribuidores de información sindical no son simples mensajeros a los que vendría a ser de aplicación por analogía la doctrina del reportaje neutral. Antes al contrario, no están exentos de responsabilidad al difundir un mensaje que deben conocer y no difundir si incluye apelativos insultantes, injuriosos o vejatorios. Que tal circunstancia no exima de la responsabilidad que en su caso corresponda a cada agente, como ocurriera en el presente supuesto con las representantes de la UGT que intervinieron en los hechos, no equivale sin embargo a una necesaria identidad de trato sancionatorio desvinculada de cuál haya sido la participación de cada uno de ellos. Dicho en otras palabras, no habiendo coincidencia (o equivalencia) en las conductas enjuiciadas no puede hablarse de un imperativo de constitucionalidad que imponga la necesaria equiparación sancionadora entre quien es autor de un escrito ofensivo y quien lo distribuye, salvo que aquella «autoría de creación» sea por completo circunstancial o accesoria al acto de expresión colectiva, lo que tendrá que analizarse ad casum, concurriendo, por ejemplo, si consta la voluntad del órgano representativo en orden a la emisión de un determinado documento o si se acredita el concurso en el acto sindical de varias organizaciones sindicales. No es aquí, en cambio, como se dijo, lo que acontece. No consta fehacientemente una voluntad formalizada en el comité de empresa para la publicación del escrito objeto de controversia; antes al contrario, la representante de las Comisiones Obreras se opuso a sus contenidos y difusión, sin que hubiera reunión del comité ni acuerdo formal que haya sido declarado probado en las resoluciones impugnadas. Prueba adicional de ese último dato es que se invoque la sanción menor impuesta a una delegada sindical de UGT, que colaboró en la difusión pero no formaba parte de aquel órgano de representación legal de los trabajadores. Tampoco hay constancia alguna de un acuerdo entre CGT (ni siquiera de CGT) y otro u otros sindicatos –incluido UGT– que pudiera apuntar indiciariamente o demostrar plenamente el carácter circunstancial o accesorio de la autoría de creación atribuida al recurrente. Los hechos probados, antes bien, revelan la disparidad de conducta de unos y otros representantes, declarándose probada la distinta entidad de su intervención y la exclusiva y autónoma autoría del escrito, que fue obra y decisión del recurrente. Siendo de ese modo, la sanción dispar tiene fundamento en un distinto comportamiento, sin que quepa ver en ello fuente alguna de trato discriminatorio entre sindicatos o representantes sindicales. Es, en suma, perfectamente posible fragmentar en esta ocasión el proceso de elaboración y autoría del escrito de los sucesivos actos de difusión, faltando prueba suficiente que nos permita concluir que estemos ante un único acto conjunto de expresión colectiva. No hay entonces nada que reprochar desde el prisma de la discriminación sindical, como tampoco tiene sentido alguno detenerse, ahora desde el prisma del principio de igualdad ante la ley, en el «imposible derecho a la igualdad en la ilegalidad» o «igualdad contra Ley», ya que no se produjo un diferente trato ante situaciones iguales que pudiera merecer un examen conforme a la referida doctrina (que puede verse, por todas, en la STC 181/2006, de 19 de junio, FJ 3). Descartadas, pues, las diferentes lesiones de los derechos fundamentales denunciadas en esta sede constitucional, procede desestimar el amparo solicitado. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Juan Carlos Robles Chaves. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a cinco de octubre de dos mil quince.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

TC desestima el recurso de un trabajador despedido por acusar en público a una compañera de acudir como testigo

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 4337-2013, promovido por don Juan Carlos Robles Chaves, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Raquel Vilas Pérez y asistido por el Abogado don José Manuel Robles Chaves, contra la Sentencia de 16 de mayo de 2013 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga, dictada en el recurso de suplicación núm. 432-2013, que confirmó la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Málaga, de 18 de julio de 2012, en autos de despido núm. 444-2012. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha comparecido la Procuradora de los Tribunales doña Aranzazu Fernández Pérez, asistida del Letrado don Gabriel Vázquez Durán, en representación de la entidad OP Plus Operaciones y Servicios, S.A. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 11 de julio de 2013, la Procuradora de los Tribunales doña Raquel Vilas Pérez, actuando en nombre y representación de don Juan Carlos Robles Chaves, presentó recurso de amparo constitucional contra las resoluciones citadas en el encabezamiento al considerarlas contrarias al derecho fundamental consagrado en el art. 28.1 CE, en relación con los arts. 14, 20.1 a) y d) y 24.1 CE. 2. Los hechos de los que trae causa la demanda son, en síntesis, los siguientes: a) El recurrente en amparo, auxiliar administrativo desde enero de 2008 en la empresa demandada en el proceso judicial, OP Plus Operaciones y Servicios, S.A., fue despedido el 23 de marzo de 2012, tras la incoación de expediente disciplinario. Según la carta de despido, los hechos que justificarían la extinción del contrato de trabajo traen causa de lo acontecido el día 23 de febrero de 2012, fecha en la que se publicó una comunicación en el tablón de anuncios titulada «La empresa rectifica», que la empleadora atribuía al ahora demandante y que sería constitutiva, a juicio de aquélla, de una falta muy grave de «malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los jefes, compañeros o subordinados», de conformidad con lo previsto en el art. 24.2 del convenio colectivo aplicable. La autoría se decía acreditada por las rotundas declaraciones de los restantes afectados por el expediente disciplinario, miembros –como el trabajador despedido– del comité de empresa. b) El escrito decía así: «Estimad@s compañer@s. ¿Os acordáis de la sanción impuesta a Juan Carlos Robles Chaves, presidente del comité empresa Hilera y Secretario de la Sección Sindical de CGT, con 15 días sin empleo y sueldo, además de una falta muy grave por el comunicado a Dña. Esther Sánchez?, pues bien, la justicia la ha dejado sin efecto. Tras ser recurrida ante el juzgado de lo social de Málaga, Recursos Humanos ha reconocido su grave error y ha anulado la sanción que impuso de manera injusta a nuestro compañero Juan Carlos. Además, la empresa deberá restablecer la totalidad de las condiciones laborales y económicas quitadas de manera abusiva. No por esperado, deja de sorprender una vez más la actitud del Dpto. de RR.HH, quien llega a sancionar a un representante de los trabajadores y pierde después (y no es la primera) la razón delante del juez. Como nota significativa, os trasladamos la perplejidad con la que los Representantes de los Trabajadores nos quedamos al llegar a la ciudad de la justicia y ver a Dña. María Soledad Hidalgo Rueda (estudiante de empresariales), coordinadora de Gestión Recuperatoria, quien al parecer iba como testigo de la empresa para declarar por un hecho del que (por no haber existido), no podía tener el más mínimo conocimiento. Aunque ya tenéis conocimiento, os informamos que por desgracia sigue habiendo gente que piensa que las promociones en la empresa se consiguen obedeciendo de manera obsesiva y enfermiza, tenga el jefe razón o no. Desde el Comité de Empresa recomendamos la formación como pieza clave en la promoción profesional dentro de una empresa, dejando de lado los atajos sucios y las actitudes de dudosa moralidad. La sumisión y la obediencia tienen un límite ¡La dignidad! Pd: ‘Los coordinadores, según la normativa interna de la empresa y la protección de los derechos de autor, tienen prohibido imprimir los libros de texto de empresariales y otras carreras análogas’. ¡Esperamos entendáis la dificultad de ser representante de los trabajadores. Cuando incluso hasta los compañeros pueden venderte en cualquier momento! Saludos cordiales Comité Empresa Hilera Sección Sindical C.G.T.» La carta de despido subrayaba: i) que el ahora demandante de amparo y el resto de miembros del comité y de la sección sindical de la Confederación General de Trabajadores (CGT), afirman que la justicia ha dejado sin efecto una sanción anteriormente impuesta al propio don Juan Carlos Robles Chaves, miembro de ambas representaciones, imputando al departamento de recursos humanos el reconocimiento de su grave error y el carácter injusto de la citada sanción; ii) que la realidad de las cosas es otra, a saber: la empresa y el trabajador despedido, conjuntamente y a instancia de la Secretaria del Juzgado, consideraron que la forma más adecuada para resolver el litigio por sanción al que se hace alusión en la nota era prestar su consentimiento expreso a la modificación de la calificación de la infracción, imponiendo la sanción de amonestación escrita —acuerdo conciliatorio alcanzado ante el Juzgado de lo Social núm. 13 de Málaga el día 20 de febre ### RESUMEN: TC desestima el recurso de un trabajador despedido por acusar en público a una compañera de acudir como testigo

El Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo, establece normas sobre el tiempo de conducción, las pausas y los períodos de descanso para los conductores dedicados al transporte por carretera de mercancías y viajeros, con el fin de armonizar las condiciones de competencia entre modos de transporte terrestre, especialmente en lo que se refiere al sector de la carretera, y de mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad vial. El Reglamento tiene también como objetivo mejorar las prácticas de control y de aplicación en los Estados miembros, así como mejorar las prácticas laborales en el sector del transporte por carretera. El Capítulo II del reglamento regula en sus artículos 6 a 9 los tiempos de conducción, pausas y periodos de descanso de los conductores que realizan los transportes de mercancías y viajeros incluidos en su aplicación. El artículo 14.2 prevé que, en caso de urgencia, los Estados miembros puedan establecer excepciones temporales de lo dispuesto en los artículos 6 a 9, por un plazo máximo de treinta días, lo que se debe comunicar inmediatamente a la Comisión. Este artículo está diseñado para permitir a los Estados miembros hacer frente a situaciones que presentan unas circunstancias excepcionales y repentinas que son inevitables y que no pueden preverse, en las que inesperadamente se hace imposible aplicar las disposiciones del Reglamento en su totalidad por un corto periodo de tiempo. La convocatoria de un paro indefinido en el sector del transporte de mercancías por carretera, desde el pasado lunes 14 de marzo, está afectando al normal funcionamiento de determinados flujos de mercancías para el traslado de materias primas a los centros de producción, industrias y en la distribución final de los productos. A fin de mitigar los efectos que se pueden derivar de lo anterior, es necesario establecer, a nivel nacional, una serie de excepciones temporales. Se considera que esta situación constituye un caso urgente de los mencionados en el apartado 2, del artículo 14 del Reglamento CE n.º 561/2006 y, en virtud de la potestad otorgada a los Estados miembros por este mismo artículo, esta Dirección General ha resuelto: Primero. Exceptuar temporalmente a las operaciones de transporte de mercancías afectadas por estas circunstancias del cumplimiento de las normas establecidas en los siguientes artículos del Reglamento n.º 561/2006: Artículo 6.1: sustituir el límite de conducción diaria máximo de 9 horas por uno de 11 horas. Artículo 6.2: sustituir el límite de conducción semanal máximo de 56 horas por uno de 60 horas. Artículo 6.3: sustituir el límite de conducción bisemanal máximo de 90 horas por uno de 102 horas. Artículo 8.1: reducir los requisitos del descanso diario de 11 horas por uno de 9 horas. Artículo 8.6: posibilidad de tomar dos descansos semanales reducidos consecutivos de al menos 24 horas, siempre que se tome la compensación de los mismos unida al siguiente descanso semanal normal. Segundo. Las excepciones previstas en el apartado primero serán de aplicación a los conductores que realicen operaciones de transporte de mercancías en todo el territorio nacional. Estas exenciones son de aplicación desde el día 17 al 27 de marzo de 2022, ambos incluidos. Tercero. Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y se notificará a la Comisión Europea en aplicación del artículo 14.2 de dicho Reglamento. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría General de Transporte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El citado recurso podrá presentarse, además de en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en el registro electrónico del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/Listado_procedimientos/INTERPOSICION_RECURSOS/ según las condiciones que vienen determinadas en el Capítulo II, artículos del 6 al 10, de la Orden FOM/2574/2010, de 16 de septiembre, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Madrid, 19 de marzo de 2022.–El Director General de Transporte Terrestre, Jaime Moreno García-Cano.

TRANSPORTES: Relajan los tiempos máximos de conducción (de 9 a 11 h al día, por ejemplo) de forma retroactiva, desde el 17 de Marzo.

El Reglamento (CE) n.º 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 3821/85 y (CE) n.º 2135/98 del Consejo y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 3820/85 del Consejo, establece normas sobre el tiempo de conducción, las pausas y los períodos de descanso para los conductores dedicados al transporte por carretera de mercancías y viajeros, con el fin de armonizar las condiciones de competencia entre modos de transporte terrestre, especialmente en lo que se refiere al sector de la carretera, y de mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad vial. El Reglamento tiene también como objetivo mejorar las prácticas de control y de aplicación en los Estados miembros, así como mejorar las prácticas laborales en el sector del transporte por carretera. El Capítulo II del reglamento regula en sus artículos 6 a 9 los tiempos de conducción, pausas y periodos de descanso de los conductores que realizan los transportes de mercancías y viajeros incluidos en su aplicación. El artículo 14.2 prevé que, en caso de urgencia, los Estados miembros puedan establecer excepciones temporales de lo dispuesto en los artículos 6 a 9, por un plazo máximo de treinta días, lo que se debe comunicar inmediatamente a la Comisión. Este artículo está diseñado para permitir a los Estados miembros hacer frente a situaciones que presentan unas circunstancias excepcionales y repentinas que son inevitables y que no pueden preverse, en las que inesperadamente se hace imposible aplicar las disposiciones del Reglamento en su totalidad por un corto periodo de tiempo. La convocatoria de un paro indefinido en el sector del transporte de mercancías por carretera, desde el pasado lunes 14 de marzo, está afectando al normal funcionamiento de determinados flujos de mercancías para el traslado de materias primas a los centros de producción, industrias y en la distribución final de los productos. A fin de mitigar los efectos que se pueden derivar de lo anterior, es necesario establecer, a nivel nacional, una serie de excepciones temporales. Se considera que esta situación constituye un caso urgente de los mencionados en el apartado 2, del artículo 14 del Reglamento CE n.º 561/2006 y, en virtud de la potestad otorgada a los Estados miembros por este mismo artículo, esta Dirección General ha resuelto: Primero. Exceptuar temporalmente a las operaciones de transporte de mercancías afectadas por estas circunstancias del cumplimiento de las normas establecidas en los siguientes artículos del Reglamento n.º 561/2006: Artículo 6.1: sustituir el límite de conducción diaria máximo de 9 horas por uno de 11 horas. Artículo 6.2: sustituir el límite de conducción semanal máximo de 56 horas por uno de 60 horas. Artículo 6.3: sustituir el límite de conducción bisemanal máximo de 90 horas por uno de 102 horas. Artículo 8.1: reducir los requisitos del descanso diario de 11 horas por uno de 9 horas. Artículo 8.6: posibilidad de tomar dos descansos semanales reducidos consecutivos de al menos 24 horas, siempre que se tome la compensación de los mismos unida al siguiente descanso semanal normal. Segundo. Las excepciones previstas en el apartado primero serán de aplicación a los conductores que realicen operaciones de transporte de mercancías en todo el territorio nacional. Estas exenciones son de aplicación desde el día 17 al 27 de marzo de 2022, ambos incluidos. Tercero. Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y se notificará a la Comisión Europea en aplicación del artículo 14.2 de dicho Reglamento. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Secretaría General de Transporte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El citado recurso podrá presentarse, además de en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en el registro electrónico del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/Listado_procedimientos/INTERPOSICION_RECURSOS/ según las condiciones que vienen determinadas en el Capítulo II, artículos del 6 al 10, de la Orden FOM/2574/2010, de 16 de septiembre, por la que se crea y regula el Registro Electrónico del Ministerio de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Madrid, 19 de marzo de 2022.–El Director General de Transporte Terrestre, Jaime Moreno García-Cano. ### RESUMEN: TRANSPORTES: Relajan los tiempos máximos de conducción (de 9 a 11 h al día, por ejemplo) de forma retroactiva, desde el 17 de Marzo.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 25 de noviembre de 2014, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del Museo Nacional del Prado, ejercicio 2012: ACUERDA 1. Asumir el contenido del citado Informe. Instar al Museo Nacional del Prado a: 2. Mejorar los procedimientos en materia de contratación administrativa y a cumplir, en particular, la obligación de motivar suficientemente las causas de las adjudicaciones. 3. Cumplir con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que hacen referencia al proceso de regularización del inventario de bienes no artísticos y a la recopilación en un único manual del conjunto de instrucciones emitidas sobre aspectos relacionados con la seguridad. 4. Regularizar el «Inventario de marcos de obras de arte». 5. Continuar las actuaciones precisas para detectar posibles nuevos bienes del denominado Legado Villaescusa. 6. Culminar el proceso de reordenación de colecciones con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 7. Culminar la ejecución del Plan de Reordenación de Colecciones. 8. Aprobar un corpus de normas internas referidas a las actividades técnicas y administrativas que desarrolla. 9. Actualizar los Criterios generales para la Ordenación de los Depósitos (Prado Disperso) y reforzar el control y seguimiento de los depósitos constituidos en otras instituciones. 10. Elaborar una Instrucción de Régimen interno sobre Patrocinio de Actividades. 11. Proseguir en las tareas de investigación y búsqueda de obras de arte referenciadas documentalmente en los inventarios históricos del Museo correspondientes a sus fondos fundacionales. Instar al Gobierno a: 12. Continuar con la búsqueda y seguimiento de las obras registradas y no localizadas, con la observación de que el registro contable de las nuevas localizaciones de los fondos artísticos se realizará siempre que se conozca el precio de la valoración efectuada. Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2014.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.– La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Teresa García Sena.

Informe del Tribunal de Cuentas sobre El Prado (2012) .

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 25 de noviembre de 2014, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del Museo Nacional del Prado, ejercicio 2012: ACUERDA 1. Asumir el contenido del citado Informe. Instar al Museo Nacional del Prado a: 2. Mejorar los procedimientos en materia de contratación administrativa y a cumplir, en particular, la obligación de motivar suficientemente las causas de las adjudicaciones. 3. Cumplir con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que hacen referencia al proceso de regularización del inventario de bienes no artísticos y a la recopilación en un único manual del conjunto de instrucciones emitidas sobre aspectos relacionados con la seguridad. 4. Regularizar el «Inventario de marcos de obras de arte». 5. Continuar las actuaciones precisas para detectar posibles nuevos bienes del denominado Legado Villaescusa. 6. Culminar el proceso de reordenación de colecciones con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 7. Culminar la ejecución del Plan de Reordenación de Colecciones. 8. Aprobar un corpus de normas internas referidas a las actividades técnicas y administrativas que desarrolla. 9. Actualizar los Criterios generales para la Ordenación de los Depósitos (Prado Disperso) y reforzar el control y seguimiento de los depósitos constituidos en otras instituciones. 10. Elaborar una Instrucción de Régimen interno sobre Patrocinio de Actividades. 11. Proseguir en las tareas de investigación y búsqueda de obras de arte referenciadas documentalmente en los inventarios históricos del Museo correspondientes a sus fondos fundacionales. Instar al Gobierno a: 12. Continuar con la búsqueda y seguimiento de las obras registradas y no localizadas, con la observación de que el registro contable de las nuevas localizaciones de los fondos artísticos se realizará siempre que se conozca el precio de la valoración efectuada. Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2014.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.– La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Teresa García Sena. ### RESUMEN: Informe del Tribunal de Cuentas sobre El Prado (2012) .

Con fecha 21 de diciembre de 2016 el Congreso de los Diputados acordó convalidar el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 298, de 10 de diciembre de 2016. Mediante dicha norma, se estableció una ampliación del plazo inicialmente previsto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la implantación de las evaluaciones finales de etapa, de manera que, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, estas pruebas tengan carácter muestral y finalidad diagnóstica y no tengan efecto alguno para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, y su organización y desarrollo no afecte al funcionamiento ordinario de las Administraciones educativas y los centros docentes. El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, establece la adecuación del régimen jurídico de las evaluaciones finales de etapa y modifica las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller. Para el resto de las enseñanzas en las que estuviera prevista la posibilidad de realizar dichas evaluaciones y a las que el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre no se refiere de forma directa, debe tenerse en cuenta que, siempre que esto no se oponga a la normativa que continúa vigente, la interpretación de la norma deberá hacerse entendiendo, en último término, que las modificaciones introducidas en dicho calendario principalmente están orientadas a garantizar al alumnado de las distintas enseñanzas el mantenimiento de las condiciones de titulación existentes antes de la modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Con objeto de dar cumplimiento a lo anterior, procede ahora determinar las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del mencionado pacto. Asimismo, es preciso modificar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en lo relativo a la regulación de la educación de personas adultas. Finalmente, se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con objeto de establecer el nuevo modelo general del texto del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedido conforme a lo establecido en el presente real decreto y el modelo general del texto de título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedido de acuerdo con la disposición transitoria única del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es posible la intervención excepcional del reglamento en la delimitación de lo básico, entre otros supuestos, cuando la utilización del reglamento resulte justificada por el carácter marcadamente técnico de la materia. En la elaboración del presente real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia de Educación, ha informado el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de junio de 2017, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto determinar, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial. b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 3. En el caso del alumnado que, bien por haberse incorporado de forma tardía, bien por haber realizado parte de sus estudios en algún sistema educativo extranjero, no haya cursado en el sistema educativo español la Educación Secundaria Obligatoria en su totalidad, el cálculo de la calificación final de la etapa se hará teniendo en cuenta únicamente las calificaciones obtenidas en el sistema educativo español, sin perjuicio de lo establecido al respecto en acuerdos o convenios internacionales. 4. En el caso del alumnado que finalice la etapa después de haber cursado un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, el cálculo de la calificación final se hará sin tener en cuenta las calificaciones obtenidas en materias que no hubiera superado antes de la fecha de su incorporación al programa, cuando dichas materias estuviesen incluidas en alguno de los ámbitos previstos en el artículo 19.3 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y el alumno o alumna hubiese superado dicho ámbito. 5. Asimismo, los alumnos y alumnas que obtengan un título de Formación Profesional Básica podrán obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que, en la evaluación final del ciclo formativo, el equipo docente considere que han alcanzado los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y adquirido las competencias correspondientes. En estos casos, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la calificación media obtenida en los módulos asociados a los bloques comunes previstos en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 6. En caso de que se obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por la superación de la prueba para personas mayores de dieciocho años, la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria será la obtenida en dicha prueba. 7. Los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedidos conforme a lo dispuesto en el presente artículo permitirán acceder indistintamente a cualquiera de las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Artículo 3. Título de Bachiller. 1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de Bachillerato. La calificación final de la etapa será la media aritmética de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en el Bachillerato, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. 2. El alumnado que se encuentre en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, o de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, podrá obtener el título de Bachiller cursando y superando las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad de Bachillerato que el alumno o alumna elija. 3. En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, la calificación final de la etapa se obtendrá del siguiente modo: a) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional, la calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad correspondiente, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. b) Para el alumnado que obtenga el título de Bachiller por encontrarse en posesión de un título de Técnico de las Enseñanzas Profesionales de Música o de Danza, la calificación final será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad cursada y de las asignaturas de los cursos 5.º y 6.º de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza en la correspondiente especialidad, expresada en una escala de 0 a 10 con dos decimales, redondeada a la centésima. En el caso del alumnado que haya accedido directamente a 6.º curso de las enseñanzas profesionales de Música o de Danza, para el cálculo de la nota media serán consideradas las calificaciones de las asignaturas de dicho curso y de las materias generales del bloque de asignaturas troncales de la modalidad cursada. 4. En el título deberá constar la modalidad por la que el alumno o alumna hubiera cursado el Bachillerato, así como la calificación final de la etapa. 5. Los títulos de Bachiller expedidos conforme a lo dispuesto en este artículo permitirán acceder a las distintas enseñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo 3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas las siguientes normas: a) Disposición adicional primera del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. b) Disposición adicional primera del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del Bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas. Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Se modifica la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, que queda redactada como sigue: «Disposición adicional cuarta. Educación de personas adultas. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades, que se regirá por los principios de movilidad y transparencia y podrá desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. 2. Con objeto de que el alumnado adquiera una visión integrada del saber que le permita desarrollar las competencias del aprendizaje permanente en un contexto global, y para mejorar su capacidad de adaptación a los cambios sociales y económicos a los que está sometida la sociedad actual, las enseñanzas de Educación secundaria para las personas adultas podrán integrar las opciones de enseñanzas académicas y aplicadas y se podrán organizar de forma modular en tres ámbitos de conocimiento y dos niveles cada uno de ellos: a) Ámbito de comunicación, en el que se integrarán elementos del currículo recogidos en el anexo I de este real decreto, referidos a las materias Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera. Además, incorporará la materia Lengua Cooficial y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas con lengua cooficial. b) Ámbito social, en el que se integrarán elementos del currículo recogidos en el anexo I de este real decreto, relacionados con la materia Geografía e Historia. c) Ámbito científico-tecnológico, en el que se integrarán elementos del currículo recogidos en los anexos I y II del presente real decreto, relacionados con las materias Física y Química, Biología y Geología, Matemáticas, Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, y Tecnología. Además, en todos o algunos de los tres ámbitos descritos, podrán incorporarse elementos del currículo recogidos en el anexo II de este real decreto, relacionados con las materias Educación Plástica, Visual y Audiovisual, Música, Educación Física, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, Cultura Clásica, Economía, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como otros aspectos que proporcionen al alumnado las destrezas necesarias para su desarrollo personal, social y profesional en el mundo actual. 3. La organización de estas enseñanzas deberá permitir su realización en dos cursos. 4. La superación de alguno de los niveles correspondientes a cada uno de los tres ámbitos a los que hace referencia el apartado segundo tendrá validez en todo el Estado. La superación de todos los ámbitos dará derecho a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 5. Corresponde a las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, organizar periódicamente pruebas para que las personas mayores de dieciocho años puedan obtener directamente el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que hayan alcanzado las competencias básicas y los objetivos de la etapa. Estas pruebas se organizarán con base en los tres ámbitos de conocimiento citados. 6. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, corresponde a las Administraciones educativas organizar periódicamente pruebas para que las personas mayores de veinte años puedan obtener directamente el título de Bachiller, siempre que demuestren haber alcanzado los objetivos del Bachillerato, establecidos en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, así como los fijados en los elementos del currículo regulados en este real decreto. Dichas pruebas se organizarán de manera diferenciada según las modalidades del Bachillerato. 7. Asimismo, con el fin de adaptar la oferta del Bachillerato a los principios que rigen la educación de personas adultas, en dichas enseñanzas no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 32 de este real decreto. 8. Corresponde a las Administraciones educativas establecer los procedimientos para el reconocimiento de la formación del sistema educativo español que el alumnado acredite y la valoración de los conocimientos y experiencias previas adquiridos a través de la educación no formal, con objeto de proceder a su orientación y adscripción a un nivel determinado dentro de cada uno de los ámbitos de conocimiento. 9. En los centros docentes autorizados para impartir enseñanza a distancia de personas adultas, las evaluaciones finales para la obtención de los títulos oficiales previstos en este real decreto serán realizadas en la forma que se determine por las Administraciones educativas que hayan autorizado o a las que estén adscritos dichos centros. Si el alumno o alumna reside fuera de la localidad en la que el centro autorizado esté ubicado, las evaluaciones externas se podrán realizar fuera de dicha localidad, de acuerdo con lo establecido por convenio de colaboración entre los centros de educación a distancia de personas adultas, o a través de otras formas que garanticen el correcto desarrollo de las pruebas.» Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de la siguiente forma: Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 2, que queda redactado como sigue: «1. Los títulos serán expedidos en nombre del Rey por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte o por el titular del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de que se trate, de acuerdo con los modelos que se incluyen como anexos I, I bis, I ter, I quáter y I quintus, según corresponda, y con la totalidad de los elementos identificativos que figuran en el mismo. La denominación de los títulos quedará reservada en exclusiva para cada uno de ellos.» Dos. Se incorpora un anexo I quáter, con la siguiente redacción: «ANEXO I QUÁTER Modelo general del texto de título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedido en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y su normativa de desarrollo FELIPE VI, REY DE ESPAÑA y en su nombre el/la (1) Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente, Don/doña, nacido/a el día ........ de ........................... de ............. en ......................, de nacionalidad .................................................., con DNI, pasaporte o NIE ...................................., ha superado los estudios regulados en (2) ............................. y en (3) ..............................., y cumple los requisitos de titulación, en (4) .........................................., en (5) ...................................., con la calificación de ...................., expide a su favor el presente título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, con carácter oficial y validez en todo el territorio español que le faculta para ejercer los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes. Lugar, a ....... de.…................ de.… El/la interesado/a, El/la (1) El/la Director/a general de ................................., o titular del órgano competente. (1) El Ministro de Educación o el titular del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma respectiva. (2) Real Decreto por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria. (3) Norma que aprueba el currículo. (4) Centro docente donde el alumno finalizó los correspondientes estudios (con expresión de su denominación, municipio y provincia). (5) Mes y año de finalización de los estudios o superación de la prueba final.» Tres. Se incorpora un anexo I quintus, con la siguiente redacción: «ANEXO I QUINTUS Modelo general del texto de título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedido de acuerdo con la disposición transitoria única del Real Decreto 1058/2015, 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y en su nombre el/la (1) Considerando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas por la legislación vigente, Don/doña ........................................................................................................, nacido/a el día ....... de ................................. de ................. en ..............................., ................................., de nacionalidad ...................., con DNI, pasaporte o NIE n.º ............................ cumple los requisitos establecidos en la disposición transitoria única del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, expide a su favor, el presente título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria, con la calificación final de ………............…………. (2), solicitado en el centro (3) .........…………………………, con carácter oficial y validez en todo el territorio español que le faculta para ejercer los derechos que a este título otorgan las disposiciones vigentes. Lugar, a ......... de.…................. de.… El/la interesado/a, El/la (1) El/la Director/a general de ................................., o titular del órgano competente. (1) El Ministro de Educación, Cultura y Deporte o el titular del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma respectiva. (2) Calificación final según lo dispuesto en la disposición transitoria única del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre. (3) Centro educativo en el que se solicitó el título correspondiente (con expresión de la denominación, municipio y provincia).» Disposición final tercera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Disposición final cuarta. Desarrollo. Se faculta a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dictar cuantas disposiciones requiera la aplicación de lo dispuesto en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Disposición final quinta. Entrada en vigor. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 2 de junio de 2017. FELIPE R. El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, ÍÑIGO MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO

Ya es oficial el decreto que marca que se podrá pasar secundaria con 2 suspensos (siempre que no sean lengua y matemáticas)

Con fecha 21 de diciembre de 2016 el Congreso de los Diputados acordó convalidar el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 298, de 10 de diciembre de 2016. Mediante dicha norma, se estableció una ampliación del plazo inicialmente previsto en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la implantación de las evaluaciones finales de etapa, de manera que, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, estas pruebas tengan carácter muestral y finalidad diagnóstica y no tengan efecto alguno para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, y su organización y desarrollo no afecte al funcionamiento ordinario de las Administraciones educativas y los centros docentes. El Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, establece la adecuación del régimen jurídico de las evaluaciones finales de etapa y modifica las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller. Para el resto de las enseñanzas en las que estuviera prevista la posibilidad de realizar dichas evaluaciones y a las que el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre no se refiere de forma directa, debe tenerse en cuenta que, siempre que esto no se oponga a la normativa que continúa vigente, la interpretación de la norma deberá hacerse entendiendo, en último término, que las modificaciones introducidas en dicho calendario principalmente están orientadas a garantizar al alumnado de las distintas enseñanzas el mantenimiento de las condiciones de titulación existentes antes de la modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre. Con objeto de dar cumplimiento a lo anterior, procede ahora determinar las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del mencionado pacto. Asimismo, es preciso modificar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en lo relativo a la regulación de la educación de personas adultas. Finalmente, se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, con objeto de establecer el nuevo modelo general del texto del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedido conforme a lo establecido en el presente real decreto y el modelo general del texto de título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria expedido de acuerdo con la disposición transitoria única del Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es posible la intervención excepcional del reglamento en la delimitación de lo básico, entre otros supuestos, cuando la utilización del reglamento resulte justificada por el carácter marcadamente técnico de la materia. En la elaboración del presente real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia de Educación, ha informado el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y ha emitido dictamen el Consejo Escolar del Estado. En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de junio de 2017, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. Este real decreto tiene por objeto determinar, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto de Estado social y político por la educación, las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Artículo 2. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 1. Los alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. A estos efectos: a) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial. b) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas. c) Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias correspondientes. 2. En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La calificación final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una ### RESUMEN: Ya es oficial el decreto que marca que se podrá pasar secundaria con 2 suspensos (siempre que no sean lengua y matemáticas)

Examinado el expediente de clasificación e inscripción de la Fundación Terra Mítica, resultan los siguientes Hechos Primero. Por el Patronato de la fundación fue solicitada la inscripción de la institución en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Segundo. Las circunstancias constitutivas de la fundación que concurren en el expediente son las siguientes: Denominación: Fundación Terra Mítica. Fines: Los fines de la fundación son la asistencia social, el fomento y la promoción de ayudas destinadas a niños y familias en riesgo de exclusión social y/o en situación de desigualdad por razones físicas, psíquicas, sociales o culturales. Domicilio y ámbito de actuación: El domicilio de la fundación radica en Benidorm (Alicante), en carretera Benidorm-Finestrat, partida El Moralet, s/n., y desarrollará sus actividades en todo el territorio del Estado. Fundador: La entidad «Ocio y Parques Temáticos, S.L.» Unipersonal. Dotación inicial: Treinta mil euros, aportados por la entidad fundadora. Escritura pública de constitución: Otorgada ante el notario de Benidorm, don Juan Antonio Martín Carvajal, el día 20 de marzo de 2015, con el número 310 de orden de su protocolo, rectificada por otra escritura otorgada ante el mismo notario, el día 28 de septiembre de 2015, con el número 1.076 de orden de su protocolo, incorpora el texto íntegro de los Estatutos en el que queda recogido todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación Patronato: Constituido por los siguientes miembros, con aceptación de sus cargos: Presidente: Don Georges-Pierre Santa María. Secretario: Don Joaquín Valera Muñoz. Vocal: Doña María José Marcos Fuster. Se acuerda el nombramiento de don Joaquín Valera Muñoz como Director Gerente de la Fundación y se delegan facultades a su favor, en los términos que constan en la precitada escritura de constitución. Dicha inscripción no exime de la necesidad de obtener el acuerdo previo del Patronato ni la autorización del protectorado en aquellos casos en que, de conformidad con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, sea necesario. Fundamentos de Derecho Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente para dictar la presente Orden en virtud de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, por la que se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos públicos dependientes. Segundo. Resulta de aplicación la disposición transitoria cuarta y los artículos 4 y 15 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y concordantes del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, y del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal. Por cuanto antecede, previo informe favorable de la Abogacía del Estado, y habiéndose recabado el preceptivo informe favorable del protectorado sobre la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, este Ministerio ha dispuesto: Primero. Clasificar la Fundación Terra Mítica, cuyos fines de interés general son de asistencia social, adscribiéndola al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Segundo. Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bajo el número 03-0089. Tercero. Inscribir la constitución inicial del patronato, la aceptación de sus cargos y la delegación de facultades, tal y como consta detallado en el hecho segundo. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó. Madrid, 2 de noviembre de 2015.–El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, P.D. (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero), el Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez.

Terra Mítica crea una fundación para ayudar a niños y familias en riesgo de exclusión

Examinado el expediente de clasificación e inscripción de la Fundación Terra Mítica, resultan los siguientes Hechos Primero. Por el Patronato de la fundación fue solicitada la inscripción de la institución en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Segundo. Las circunstancias constitutivas de la fundación que concurren en el expediente son las siguientes: Denominación: Fundación Terra Mítica. Fines: Los fines de la fundación son la asistencia social, el fomento y la promoción de ayudas destinadas a niños y familias en riesgo de exclusión social y/o en situación de desigualdad por razones físicas, psíquicas, sociales o culturales. Domicilio y ámbito de actuación: El domicilio de la fundación radica en Benidorm (Alicante), en carretera Benidorm-Finestrat, partida El Moralet, s/n., y desarrollará sus actividades en todo el territorio del Estado. Fundador: La entidad «Ocio y Parques Temáticos, S.L.» Unipersonal. Dotación inicial: Treinta mil euros, aportados por la entidad fundadora. Escritura pública de constitución: Otorgada ante el notario de Benidorm, don Juan Antonio Martín Carvajal, el día 20 de marzo de 2015, con el número 310 de orden de su protocolo, rectificada por otra escritura otorgada ante el mismo notario, el día 28 de septiembre de 2015, con el número 1.076 de orden de su protocolo, incorpora el texto íntegro de los Estatutos en el que queda recogido todo lo relativo al gobierno y gestión de la fundación Patronato: Constituido por los siguientes miembros, con aceptación de sus cargos: Presidente: Don Georges-Pierre Santa María. Secretario: Don Joaquín Valera Muñoz. Vocal: Doña María José Marcos Fuster. Se acuerda el nombramiento de don Joaquín Valera Muñoz como Director Gerente de la Fundación y se delegan facultades a su favor, en los términos que constan en la precitada escritura de constitución. Dicha inscripción no exime de la necesidad de obtener el acuerdo previo del Patronato ni la autorización del protectorado en aquellos casos en que, de conformidad con la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, sea necesario. Fundamentos de Derecho Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente para dictar la presente Orden en virtud de la Orden SSI/131/2013, de 17 de enero, por la que se aprueban las delegaciones del ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y sus organismos públicos dependientes. Segundo. Resulta de aplicación la disposición transitoria cuarta y los artículos 4 y 15 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, y concordantes del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, y del Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal. Por cuanto antecede, previo informe favorable de la Abogacía del Estado, y habiéndose recabado el preceptivo informe favorable del protectorado sobre la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, este Ministerio ha dispuesto: Primero. Clasificar la Fundación Terra Mítica, cuyos fines de interés general son de asistencia social, adscribiéndola al Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Segundo. Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, bajo el número 03-0089. Tercero. Inscribir la constitución inicial del patronato, la aceptación de sus cargos y la delegación de facultades, tal y como consta detallado en el hecho segundo. Contra esta Orden, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 11 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo dictó. Madrid, 2 de noviembre de 2015.–El Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, P.D. (Orden SSI/131/2013, de 17 de enero), el Secretario General Técnico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Sergio Caravajal Álvarez. ### RESUMEN: Terra Mítica crea una fundación para ayudar a niños y familias en riesgo de exclusión

Art. 31.7 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en su sesión de 30 de junio de 2015, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 15, 20, 21 y 56, de los Estatutos de la Real Federación Colombófila Española, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Colombófila Española, contenida en el anexo a la presente Resolución. Madrid, 21 de septiembre de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ANEXO Estatutos de la Real Federación Colombófila Española Artículo 15. 1. a) Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, además del cumplimiento de los requisitos específicos que se exijan en cada caso, de acuerdo con el marco competencial vigente, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva autonómica, que será expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico que estén integradas en la RFCE, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente. La licencia producirá efectos en los ámbitos estatal y autonómico, desde el momento en que se inscriba en el registro de la federación deportiva autonómica. Las federaciones deportivas autonómicas deberán comunicar a la RFCE las inscripciones que practiquen, así como las modificaciones de dichas inscripciones; a estos efectos bastará con la remisión del nombre y apellidos del titular, sexo, fecha de nacimiento, número de documento nacional de identidad y número de licencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de inexistencia de federación autonómica, imposibilidad material, cuando así se determine por la propia federación autonómica, o cuando la federación autonómica no se hallare integrada en la federación estatal, la expedición de licencias será asumida por RFCE. Los criterios para fijar el reparto económico correspondiente a la cuantía global percibida por las federaciones autonómicas por la expedición de las licencias, atendiendo principalmente a los servicios recíprocamente prestados entre la federación estatal y las autonómicas y respetando la libertad de cada federación autonómica para fijar y percibir su propia cuota autonómica diferente, serán fijados reglamentariamente por administración pública deportiva correspondiente. El acuerdo de reparto deberá ser adoptado en la Asamblea General de la RFCE, debiendo contar, con las mayorías exigidas por la normativa legal y reglamentaria vigente. En el supuesto de que no se consiguiera llegar a un acuerdo para la determinación de la cuantía económica que corresponde a cada federación autonómica y a la RFCE, dicha determinación se someterá a decisión de un órgano independiente, cuyo Presidente y demás miembros serán designados de forma equilibrada por el Consejo Superior de Deportes y por los representantes de todas las Comunidades Autónomas. Corresponde a la RFCE la elaboración y permanente actualización del censo de licencias deportivas, que deberá estar a disposición de todas las federaciones autonómicas, las cuales podrán disponer de sus propios censos o registros de las licencias que expidan, respetando en todo caso la legislación en materia de protección de datos. b) Cuando la expedición de licencias sea asumida por la RFCE de conformidad con lo expuesto en el apartado anterior, podrá hacerlo directamente o a través de las Federaciones de ámbito autonómico. La expedición de las licencias se producirá en el plazo de quince días contados a partir del de la solicitud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal expedición en los presentes Estatutos o en los Reglamentos de la RFCE. La no expedición injustificada de las licencias en el plazo señalado comportará la correspondiente responsabilidad disciplinaria, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico deportivo. c) La licencia reflejará tres conceptos económicos: Seguro obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte. Cuota correspondiente a la RFCE, fijada por la Asamblea General. Cuota para la federación de ámbito autonómico. 2. Las categorías de las licencias serán: Licencia de colombófilo: a) Absolutos, a partir de los 18 años. b) Juveniles, mayores de 14 años y menores de 18 años. c) Infantiles, menores de 14 años. 3. La no renovación de la licencia de colombófilo, llevará consigo la pérdida de antigüedad en la colombofilia deportiva. La fecha máxima de renovación de la licencia federativa en todas sus categorías, será el 31 de marzo de cada año, perdiendo su antigüedad los afiliados que no la renueven en este periodo. 4. La duración de la licencia de colombófilo, será por años naturales, coincidiendo con la validez del seguro obligatorio, cuya cuota vendrá reflejada en la misma. Licencia de paloma mensajera: La licencia de paloma mensajera o título de propiedad, se suministrará a todas las palomas mensajeras con la anilla de nido oficial de la Real Federación Colombófila Española. a) Será necesario, que sus propietarios estén en posesión de la licencia de colombófilo en vigor, de la Real Federación Colombófila Española. b) La licencia de paloma mensajera o título de propiedad, como así mismo la Licencia de Colombófilo, dan derecho a participar en competiciones y concursos dentro del territorio nacional, así como a los organizados a nivel nacional e internacional, por federaciones o asociaciones inscritas en la Federación Colombófila Internacional, o en su caso por entidades organizadoras, que cuenten con la autorización de su federación o asociación nacional correspondiente. Artículo 20. 1. Las sesiones de los órganos colegiados de la RFCE serán siempre convocadas por su Presidente o, a requerimiento de éste, por el Secretario; y tendrán lugar cuando aquél así lo acuerde y, desde luego y además, en los tiempos que, en su caso, determinan las disposiciones estatutarias o reglamentarias. 2. La convocatoria de los órganos colegiados de la RFCE se efectuará dentro de los términos que en cada caso concreto prevean los presentes Estatutos; en ausencia de tal previsión o en supuestos de especial urgencia, la misma se efectuará con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas. La comunicación de la convocatoria podrá realizarse mediante correo electrónico remitido a la dirección comunicada por el miembro del órgano colegiado federativo. Para acreditar que la convocatoria ha sido realizada será preciso la constancia fehaciente de la remisión del correo electrónico o bien el acuse de recibo del socio a dicho correo. En lo demás, la convocatoria queda sujeta a las disposiciones legales que sean aplicables tanto a sus requisitos como a su contenido. 3. Quedarán válidamente constituidos, en primera convocatoria, cuando asista la mayoría absoluta de sus miembros, y, en segunda, cuando esté presente, al menos, un tercio. Ello será sin perjuicio de aquellos supuestos específicos en que los presentes Estatutos requieran un quórum de asistencia mayor. 4. Corresponderá al Presidente dirigir los debates con la autoridad propia de su cargo. 5. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo en los supuestos en que los presentes Estatutos prevén un quórum más cualificado. 6. De todas las sesiones se levantará acta, en la forma que prevé el artículo 33 de este ordenamiento. 7. Los votos contrarios a los acuerdos de los órganos colegiados, o las abstenciones motivadas, eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse de su adopción. 8. 1. Los órganos colegiados de la RFCE, con excepción de la Asamblea General, podrán constituirse y adoptar acuerdos por medios electrónicos. 2. El Presidente del órgano colegiado federativo podrá acordar la celebración de reuniones por medios electrónicos, para todas las sesiones ordinarias y extraordinarias o solo para sesiones puntuales. Dicho acuerdo, que será notificado a todos los miembros de cada órgano, especificará: a) El medio electrónico por el que se remitirá la convocatoria. b) El medio electrónico por el que se celebrará la reunión. c) El medio electrónico por el que se podrá consultar la documentación relativa a los puntos del orden del día y el tiempo durante el que estará disponible la información. d) El modo de participar en los debates y deliberaciones y el período de tiempo durante el que tendrán lugar. e) El medio de emisión del voto y el período de tiempo durante el que se podrá votar. f) El medio de difusión de las actas de las sesiones y el período durante el que se podrán consultar. 3. El acuerdo podrá establecer que la sesión se celebre mediante videoconferencia y el resto de trámites por otros medios electrónicos, en cuyo caso se aplicarán las siguientes especialidades: a) La convocatoria del órgano y el suministro de la documentación tendrán lugar conforme a lo dispuesto en el apartado anterior. b) La sesión se celebrará mediante videoconferencia a través de cualquier sistema electrónico que lo permita, en entornos cerrados de comunicación. c) Las votaciones podrán tener lugar por mera expresión verbal del sentido del voto; tratándose de votaciones secretas, habrán de realizarse por sistemas electrónicos que garanticen la identidad del emisor y la confidencialidad de su voto. d) El acta se confeccionará por medios electrónicos, pudiendo limitarse a la expresión escrita de los acuerdos y al archivo en soporte electrónico de la videoconferencia. 4. Previamente a la adopción del acuerdo indicado en los apartados anteriores se articulará técnicamente el soporte y la aplicación informática que permitan la celebración de las reuniones por medios electrónicos, que reunirá a las siguientes características: a) El sistema garantizará la seguridad, integridad, confidencialidad y autenticidad de la información, a cuyo fin se pondrá a servicio de los miembros del órgano un servicio electrónico de acceso restringido. b) Para los accesos de los miembros de los órganos colegiados a la sede electrónica donde tenga lugar la reunión se utilizará uno de los sistemas de identificación electrónica que permite emplear la Ley 11/2007, de 22 de junio; cuando consista en un certificado que deba incorporarse a un soporte electrónico, la Presidencia facilitará dicho soporte a los miembros del órgano colegiado que carezcan del mismo. c) El sistema organizará la información en niveles de acceso cuando ello sea preciso. d) El sistema articulará un medio para incorporar a las actas de las sesiones la constancia de las comunicaciones producidas, así como el acceso de los miembros del órgano colegiado federativo al contenido de los acuerdos adoptados. Artículo 21. 1. Son derechos de los miembros de la organización federativa: a) Tomar parte en las deliberaciones, expresando libremente sus opiniones en cuantas cuestiones sean objeto de tratamiento o debate en el seno del órgano del que sean miembros y ejercer su derecho a voto, haciendo constar, en su caso, si lo desean, el particular razonado que emitan. b) Intervenir en las tareas federativas propias del cargo o función que ostenten, cooperando en la gestión que compete al órgano al que pertenecen. c) Conocer el contenido de las actas de las sesiones del órgano del que forman parte. d) Los demás que, reglamentariamente, se establezcan. 2. Son sus obligaciones, también básicas: a) Concurrir, cuando sean formalmente citados para ello, a las reuniones, salvo que lo impidan razones de fuerza mayor. b) Desempeñar, en la medida de lo posible, las comisiones que se encomienden. c) Colaborar lealmente en la gestión federativa guardando, cuando fuere menester, el secreto sobre las deliberaciones. d) Las demás que se determinen por vía reglamentaria. e) Comunicar a la Federación una dirección de correo electrónico, que se anotará en el correspondiente registro de miembros de órganos colegiados, a la cual la Federación enviará toda notificación que corresponda efectuar a aquéllos. Artículo 56. a) La aprobación o reforma de los Estatutos de la RFCE se ajustará al siguiente procedimiento: 1. La iniciativa de reforma de los Estatutos se verificará a propuesta exclusiva del Presidente, de la Comisión Delegada por mayoría de dos tercios, o por el 20 % de los miembros de la Asamblea General. 2. El Presidente o la Comisión Delegada elevarán el correspondiente proyecto a la consideración de la Asamblea General para su debate y aprobación, en su caso, en la reunión que se convoque al efecto. Junto con la convocatoria se remitirá el texto del proyecto, a todos los miembros de la Asamblea General, otorgando un plazo no inferior de quince días, para que formulen motivadamente las enmiendas o sugerencias que estimen oportunas. 3. El proyecto de reforma deberá ser aprobado por mayoría de los votos presentes de la Asamblea General. 4. Aprobado el nuevo texto Estatutario, por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y se inscribirá en el Registro de Asociaciones correspondiente. 5. No podrá iniciarse la reforma de los Estatutos una vez sean convocadas las elecciones a la Asamblea General y a la Presidencia de la Federación o haya sido presentada una moción de censura. b) La aprobación o reforma de Reglamentos de la RFCE se ajustará al siguiente procedimiento: 1. La iniciativa de reforma de los Reglamentos se verificará a propuesta exclusiva del Presidente o de la Comisión Delegada por mayoría de dos tercios. 2. El Presidente o la Comisión Delegada elevarán el correspondiente proyecto a la consideración de la Comisión Delegada para su debate y aprobación, en su caso, en la reunión que se convoque al efecto.

Estaba leyendo los estatutos de la Federación Colombófila y se me ha hecho un nudo en la lengua

Art. 31.7 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes en su sesión de 30 de junio de 2015, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 15, 20, 21 y 56, de los Estatutos de la Real Federación Colombófila Española, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Colombófila Española, contenida en el anexo a la presente Resolución. Madrid, 21 de septiembre de 2015.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ANEXO Estatutos de la Real Federación Colombófila Española Artículo 15. 1. a) Para la participación en cualquier competición deportiva oficial, además del cumplimiento de los requisitos específicos que se exijan en cada caso, de acuerdo con el marco competencial vigente, será preciso estar en posesión de una licencia deportiva autonómica, que será expedida por las federaciones deportivas de ámbito autonómico que estén integradas en la RFCE, según las condiciones y requisitos que se establecerán reglamentariamente. La licencia producirá efectos en los ámbitos estatal y autonómico, desde el momento en que se inscriba en el registro de la federación deportiva autonómica. Las federaciones deportivas autonómicas deberán comunicar a la RFCE las inscripciones que practiquen, así como las modificaciones de dichas inscripciones; a estos efectos bastará con la remisión del nombre y apellidos del titular, sexo, fecha de nacimiento, número de documento nacional de identidad y número de licencia. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de inexistencia de federación autonómica, imposibilidad material, cuando así se determine por la propia federación autonómica, o cuando la federación autonómica no se hallare integrada en la federación estatal, la expedición de licencias será asumida por RFCE. Los criterios para fijar el reparto económico correspondiente a la cuantía global percibida por las federaciones autonómicas por la expedición de las licencias, atendiendo principalmente a los servicios recíprocamente prestados entre la federación estatal y las autonómicas y respetando la libertad de cada federación autonómica para fijar y percibir su propia cuota autonómica diferente, serán fijados reglamentariamente por administración pública deportiva correspondiente. El acuerdo de reparto deberá ser adoptado en la Asamblea General de la RFCE, debiendo contar, con las mayorías exigidas por la normativa legal y reglamentaria vigente. En el supuesto de que no se consiguiera llegar a un acuerdo para la determinación de la cuantía económica que corresponde a cada federación autonómica y a la RFCE, dicha determinación se someterá a decisión de un órgano independiente, cuyo Presidente y demás miembros serán designados de forma equilibrada por el Consejo Superior de Deportes y por los representantes de todas las Comunidades Autónomas. Corresponde a la RFCE la elaboración y permanente actualización del censo de licencias deportivas, que deberá estar a disposición de todas las federaciones autonómicas, las cuales podrán disponer de sus propios censos o registros de las licencias que expidan, respetando en todo caso la legislación en materia de protección de datos. b) Cuando la expedición de licencias sea asumida por la RFCE de conformidad con lo expuesto en el apartado anterior, podrá hacerlo directamente o a través de las Federaciones de ámbito autonómico. La expedición de las licencias se producirá en el plazo de quince días contados a partir del de la solicitud, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para tal expedición en los presentes Estatutos o en los Reglamentos de la RFCE. La no expedición injustificada de las licencias en el plazo señalado comportará la correspondiente responsabilidad disciplinaria, conforme a lo previsto en el ordenamiento jurídico deportivo. c) La licencia reflejará tres conceptos económicos: Seguro obligatorio a que se refiere el artículo 59.2 de la Ley del Deporte. Cuota correspondiente a la RFCE, fijada por la Asamblea General. Cuota para la federación de ámbito autonómico. 2. Las categorías de las licencias serán: Licencia de colombófilo: a) Absolutos, a partir de los 18 años. b) Juveniles, mayores de 14 años y menores de 18 años. c) Infantiles, menores de 14 años. 3. La no renovación de la licencia de colombófilo, llevará consigo la pérdida de antigüedad en la colombofilia deportiva. La fecha máxima de renovación de la licencia federativa en todas sus categorías, será el 31 de marzo de cada año, perdiendo su antigüedad los afiliados que no la renueven en este periodo. 4. La duración de la licencia de colombófilo, será por años naturales, coincidiendo con la validez del seguro obligatorio, cuya cuota vendrá reflejada en la misma. Licencia de paloma mensajera: La licencia de paloma mensajera o título de propiedad, se suministrará a todas las palomas mensajeras con la anilla de nido oficial de la Real Federación Colombófila Española. a) Será necesario, que sus propietarios estén en posesión de la licencia de colombófilo en vigor, de la Real Federación Colombófila Española. b) La licencia de paloma mensajera o título de propiedad, como así mismo la Licencia de Colombófilo, dan derecho a participar en competiciones y concursos dentro del territorio nacional, así como a los organizados a nivel nacional e internacional, por federaciones o asociaciones inscritas en la Feder ### RESUMEN: Estaba leyendo los estatutos de la Federación Colombófila y se me ha hecho un nudo en la lengua

Por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de diciembre de 2020, se autorizó excepcionalmente el sobrevuelo de algunos parques nacionales a una altura inferior a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, y se aprobó tramitar por urgencia el presente real decreto para elevar la restricción de sobrevuelo en los parques nacionales que estuvo vigente desde 2005, y a la vez evitar el aumento de emisiones a la atmósfera, adelantando la eficacia de este desarrollo reglamentario con el establecimiento de los nuevos límites de altura. La protección del medio ambiente ha sido uno de los objetivos principales en el desarrollo de la aviación civil en los últimos años con el propósito principal de reducir las emisiones acústicas y de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La sensibilidad social ha ido creciendo paulatinamente exigiendo una movilidad social, ambiental y económicamente sostenible, que tenga en cuenta las necesidades de conservación y utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional, en particular, de los parques nacionales, los hábitats naturales y las especies silvestres que en ellos habitan, en muchos casos en régimen de protección especial. A su vez, la lucha contra el cambio climático está entre los grandes retos que afronta la humanidad en el siglo XXI. La investigación en el uso de combustibles alternativos, el establecimiento de procedimientos operativos de descenso continuo en el entorno de los aeropuertos, o la iniciativa comunitaria de cielo único europeo, uno de cuyos pilares es la eficiencia del vuelo mediante el establecimiento de rutas más directas, y por tanto, menos contaminantes, son solo unos escasos ejemplos entre el amplio abanico de medidas que se están adoptando por el sector. Sin perjuicio de lo anterior, el transporte aéreo juega un papel fundamental en nuestra sociedad, debido a la ausencia de alternativas viables en términos de tiempo de desplazamiento a partir de cierta distancia, y en especial en lo que respecta a los desplazamientos de personas y mercancías perecederas, constituyéndose como un garante y facilitador de la movilidad de los ciudadanos y de la cohesión social y territorial del país, destacando igualmente su papel como motor de la economía, lo que hace preciso encontrar fórmulas que permitan encontrar el equilibrio entre los beneficios que proporciona a la sociedad y los impactos que produce en el medioambiente, lo que es el objetivo último de la presente norma. Con objeto de proteger la Red de Parques Nacionales evitando el sobrevuelo generalizado de aeronaves, mediante la Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de enero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo, y las sucesivas modificaciones de ésta, se establecieron trece zonas restringidas al vuelo en dichos parques, cuya creación afectó a la estructura del espacio aéreo. Estas limitaciones de altura al sobrevuelo, vigentes hasta la aplicación el 5 de diciembre de 2020, de lo dispuesto en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, se evidenciaron como proporcionadas, adecuadas y suficientes para proteger los valores de conservación de los parques nacionales y la salvaguarda de especies u otros elementos naturales protegidos cuya conservación pudiera verse afectada negativamente por el tráfico aéreo, teniendo en cuenta la evaluación científica de los efectos potencialmente peligrosos de dicho tráfico y las evidencias científicas existentes. La necesidad de proceder a un cambio funcional del espacio aéreo seguro y ordenado, con vocación de estabilidad y permanencia, que se adaptara a las limitaciones al sobrevuelo que el equilibrio de los intereses en presencia requería por razones de seguridad aérea y aplicación de la normativa comunitaria, hizo que mediante el anteriormente citado Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de diciembre de 2020, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Ministra de Defensa, se acordara autorizar el sobrevuelo excepcional a alturas inferiores a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, si bien de carácter más restrictivo que las vigentes hasta su aplicación, en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, Parque Nacional de Picos de Europa, Parque Nacional de Sierra Nevada, Parque Nacional de Garajonay, Parque Nacional de Timanfaya, Parque Nacional de Cabañeros, Parque Nacional de Monfragüe, Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Parque Nacional de Doñana, Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, lo que garantizaba la convivencia pacífica entre la biodiversidad de los parques nacionales y el vuelo de las aeronaves, dejando inalteradas las condiciones de sobrevuelo en los Parques Nacionales de Caldera de Taburiente, Sierra de Guadarrama, Ordesa y Monte Perdido, y Teide. A su vez, dicho Acuerdo del Consejo de Ministros exigió que en el plazo de tres meses desde su adopción, se remitiera una propuesta de reglamento al amparo de la habilitación prevista en el apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que «faculta al Gobierno para modificar, por razones de seguridad aérea o cuando resulte pertinente en aplicación de la normativa europea, previa consulta a las comunidades autónomas afectadas, el límite de altura, sobre la vertical del terreno, de sobrevuelo del territorio de todos o de alguno de los parques nacionales, dispuesto en su artículo 7, número 3, letra e.». Ambas razones justifican la necesidad del presente real decreto. Para conocer la altura a la que está volando una aeronave se utilizan los altímetros embarcados en las mismas cuyos resultados de medición se obtienen en términos de altitud en pies, unidades de referencia en la aviación. Por razones de seguridad aérea, se hace necesario establecer la restricción de sobrevuelo sobre un plano horizontal identificado mediante su altitud en pies o nivel de vuelo, tal y como consta en el Acuerdo de 1 de diciembre de 2021, y no en términos de altura sobre el terreno. Ello implica que la limitación es un rango de alturas entre la mínima, que se produce en el pico más alto del parque y una máxima que se produce en el punto con menor elevación del parque. Esto significa que en realidad se implantan unas restricciones mucho mayores en la mayoría de la superficie del parque que si la altura solo se referenciase al terreno. Por otra parte, en el marco de la normativa europea de cielo único, el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/317 de la Comisión de 11 de febrero de 2019, por el que se establece un sistema de evaluación del rendimiento y de tarificación en el cielo único europeo y se derogan los Reglamentos de Ejecución (UE) n.º 390/2013 y (UE) 391/2013, sienta las bases para imponer unos objetivos quinquenales de reducción de las millas voladas a través del índice que mide la eficiencia en ruta, KEA (Key performance Environment indicator based on Actual trajectory) por sus siglas en inglés, indicador que mide la eficiencia de vuelo en ruta, representado el porcentaje adicional de millas voladas sobre la ruta óptima). En aplicación de este Reglamento, España deberá reducir más de un veinte por ciento el valor del indicador registrado en 2019, contribuyendo de este modo a la lucha contra el cambio climático, al exigir rutas aéreas más directas y eficientes, con la consiguiente reducción en el consumo de combustible y en las emisiones contaminantes liberadas a la atmósfera. Si bien este objetivo se ha visto comprometido por la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19 es necesario que normativamente se sienten las bases para permitir su futuro cumplimiento. Con el nuevo régimen de limitación de alturas al sobrevuelo en los parques nacionales que se implanta mediante este real decreto se pretende dar continuidad, y dotar de coherencia, a las limitaciones acordadas, mediante la fórmula de autorización excepcional, por el Acuerdo del Consejo de Ministros citado, para así establecer el necesario equilibrio entre la necesaria protección a la biodiversidad en los parques nacionales y la conservación de estos espacios protegidos, y el cumplimiento de los objetivos medioambientales que la iniciativa comunitaria de cielo único europeo exige, que se consiguen a través del establecimiento de rutas más directas y eficientes, lo que conlleva la necesaria disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero para luchar contra el cambio climático, y proporciona a las compañías aéreas, además, un mayor ahorro en el consumo de combustible. A su vez, los Parques Nacionales de Caldera de Taburiente, Ordesa y Monte Perdido, y Teide, en coherencia con el criterio que se ha establecido para el resto de parques nacionales afectados por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de diciembre de 2020, se ven afectados por lo dispuesto en esta norma al dejar de referenciarse su altura de sobrevuelo respecto al terreno. Por motivos de defensa nacional, las restricciones al sobrevuelo modificadas por este real decreto no afectan a las vigentes para el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que seguirá rigiéndose en este aspecto, por lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Este real decreto atiende a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En relación con los principios de necesidad y eficacia, la norma responde a la razón de interés general que supone equilibrar los distintos intereses en presencia, la protección de los parques nacionales y su biodiversidad, la seguridad aérea, las necesidades del tráfico aéreo, y la lucha contra el cambio climático. Se ajusta al principio de eficacia en cuanto a que se trata del instrumento apropiado para cumplir los objetivos ambientales y aeronáuticos fijados mediante una norma de rango adecuado. Así, basta señalar que la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, faculta al Gobierno para modificar, por razones de seguridad aérea o cuando resulte pertinente en aplicación de la normativa europea, el límite de altura, sobre la vertical del terreno, de sobrevuelo del territorio de todos o de alguno de los parques nacionales, dispuesto en la propia Ley, y que parte de los objetivos de la norma es responder a los compromisos del Estado en materia de cielo único europeo. Responde al principio de seguridad jurídica en cuanto que se trata de una norma modificativa al amparo de lo previsto en la propia Ley 30/2014, de 3 de diciembre, y concurren las razones que la propia ley exige para ello. Asimismo, el real decreto se alinea con los reglamentos europeos relativos al cielo único europeo. Atendiendo a los principios de proporcionalidad y eficiencia, no se incluyen más disposiciones que las consideradas indispensables para cumplir con las necesidades normativas detectadas. Finalmente, observando el principio de transparencia, se definen con claridad los objetivos del real decreto, habiéndose consultado a las comunidades autónomas afectadas tal y como exige la disposición adicional cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, al tiempo que se ha posibilitado la participación en su elaboración del sector, mediante el trámite de audiencia e información pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, se ha definido con claridad el objeto y el ámbito de aplicación. Los títulos competenciales habilitantes para la aprobación de esta norma se encuentran recogidos en la Constitución Española, en el artículo 149.1 20.ª y 23.ª que, respectivamente, atribuyen al Estado las competencias exclusivas sobre control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, y legislación básica de protección del medio ambiente. Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, y cuenta con la conformidad de la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de 18 de enero de 2021, a los efectos del apartado 2 de la disposición adicional undécima de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como, con el informe del Consejo de la Red de los Parques Nacionales, de 28 de diciembre de 2020, y del Consejo Asesor de Medio Ambiente, de 7 de mayo de 2021. En su virtud, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de la Ministra de Defensa, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 6 de julio de 2021, DISPONGO: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. Este real decreto tiene por objeto modificar el límite de altura de sobrevuelo del territorio de los parques nacionales que se mencionan en el siguiente apartado. 2. El ámbito de aplicación de este real decreto se circunscribe al Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, al Parque Nacional de Picos de Europa, al Parque Nacional de Sierra Nevada, al Parque Nacional de Garajonay, al Parque Nacional de Timanfaya, al Parque Nacional de Cabañeros, al Parque Nacional de Monfragüe, al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, al Parque Nacional de Doñana, al Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, al Parque Nacional de Caldera de Taburiente, al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y al Parque Nacional del Teide. Artículo 2. Modificación del límite de altura de sobrevuelo en los parques nacionales. La limitación de altura de sobrevuelo en los siguientes parques nacionales queda fijada de la siguiente forma:   Límite de altitud en pies (100 pies= 30,5 m) Límite de altura en metros sobre el punto más alto del territorio del parque Límite de altura en metros sobre el punto más bajo del territorio del parque Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera. 6.000 pies (FL60) 1.659 m 1.828 m Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici. 12.500 pies (FL125) 786 m 2.617 m Parque Nacional de Picos de Europa. 14.500 pies (FL145) 1.787 m 4.373 m Parque Nacional de Sierra Nevada. 10.000 pies (FL100) Este 488 m 3.171 m 13.000 pies (FL130) Oeste Parque Nacional de Garajonay. 6.500 pies (FL65) 498 m 1.705 m Parque Nacional de Timanfaya. 3.500 pies (FL35) 555 m 1.067 m Parque Nacional de Cabañeros. 12.000 pies (FL120) 2.211 m 3.148 m Parque Nacional de Monfragüe. 9.000 pies (FL90) 1.977 m 2.533 m Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. 10.000 pies (FL100) 2.347 m 2.450 m Parque Nacional de Doñana. 6.000 pies (FL60) 1.724 m 1.829 m Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. 4.000 pies (FL40) 1.043 m 1.219 m Parque Nacional de la Caldera Taburiente. 18.000 pies (FL180) 3.063 m 5.198 m Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 21.000 pies (FL210) Norte 2.831 m 5.419 m 17.000 pies (FL170) Sur Parque Nacional del Teide. 22.000 pies (FL220) 2.995 m 5.384 m Disposición adicional única. No incremento de gasto público. Las medidas y actuaciones derivadas de este real decreto serán atendidas con las dotaciones presupuestarias ordinarias y no podrán generar incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal al servicio del sector público. Disposición transitoria única. El Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de diciembre de 2020, mantendrá su eficacia hasta que sea sustituido por este real decreto cuando inicie sus efectos en los términos previstos en la disposición final segunda. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas que atribuye al Estado el artículo 149.1.20.ª de la Constitución en materia de control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, y el artículo 149.1.23.ª en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente. Disposición final segunda. Entrada en vigor. 1. Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 2. Lo dispuesto en este real decreto surtirá efectos, una vez que las limitaciones de altura de sobrevuelo previstas hayan sido publicadas en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP). Dado en Madrid, el 6 de julio de 2021. FELIPE R. La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, CARMEN CALVO POYATO

Ya es definitivo vía decreto la restricción de sobrevuelo en los parques nacionales. Se añaden tres parques naturales más al anterior decreto.

Por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de diciembre de 2020, se autorizó excepcionalmente el sobrevuelo de algunos parques nacionales a una altura inferior a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, y se aprobó tramitar por urgencia el presente real decreto para elevar la restricción de sobrevuelo en los parques nacionales que estuvo vigente desde 2005, y a la vez evitar el aumento de emisiones a la atmósfera, adelantando la eficacia de este desarrollo reglamentario con el establecimiento de los nuevos límites de altura. La protección del medio ambiente ha sido uno de los objetivos principales en el desarrollo de la aviación civil en los últimos años con el propósito principal de reducir las emisiones acústicas y de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La sensibilidad social ha ido creciendo paulatinamente exigiendo una movilidad social, ambiental y económicamente sostenible, que tenga en cuenta las necesidades de conservación y utilización racional del patrimonio natural en todo el territorio nacional, en particular, de los parques nacionales, los hábitats naturales y las especies silvestres que en ellos habitan, en muchos casos en régimen de protección especial. A su vez, la lucha contra el cambio climático está entre los grandes retos que afronta la humanidad en el siglo XXI. La investigación en el uso de combustibles alternativos, el establecimiento de procedimientos operativos de descenso continuo en el entorno de los aeropuertos, o la iniciativa comunitaria de cielo único europeo, uno de cuyos pilares es la eficiencia del vuelo mediante el establecimiento de rutas más directas, y por tanto, menos contaminantes, son solo unos escasos ejemplos entre el amplio abanico de medidas que se están adoptando por el sector. Sin perjuicio de lo anterior, el transporte aéreo juega un papel fundamental en nuestra sociedad, debido a la ausencia de alternativas viables en términos de tiempo de desplazamiento a partir de cierta distancia, y en especial en lo que respecta a los desplazamientos de personas y mercancías perecederas, constituyéndose como un garante y facilitador de la movilidad de los ciudadanos y de la cohesión social y territorial del país, destacando igualmente su papel como motor de la economía, lo que hace preciso encontrar fórmulas que permitan encontrar el equilibrio entre los beneficios que proporciona a la sociedad y los impactos que produce en el medioambiente, lo que es el objetivo último de la presente norma. Con objeto de proteger la Red de Parques Nacionales evitando el sobrevuelo generalizado de aeronaves, mediante la Orden PRE/1841/2005, de 10 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden de 18 de enero de 1993, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, sobre zonas prohibidas y restringidas al vuelo, y las sucesivas modificaciones de ésta, se establecieron trece zonas restringidas al vuelo en dichos parques, cuya creación afectó a la estructura del espacio aéreo. Estas limitaciones de altura al sobrevuelo, vigentes hasta la aplicación el 5 de diciembre de 2020, de lo dispuesto en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, se evidenciaron como proporcionadas, adecuadas y suficientes para proteger los valores de conservación de los parques nacionales y la salvaguarda de especies u otros elementos naturales protegidos cuya conservación pudiera verse afectada negativamente por el tráfico aéreo, teniendo en cuenta la evaluación científica de los efectos potencialmente peligrosos de dicho tráfico y las evidencias científicas existentes. La necesidad de proceder a un cambio funcional del espacio aéreo seguro y ordenado, con vocación de estabilidad y permanencia, que se adaptara a las limitaciones al sobrevuelo que el equilibrio de los intereses en presencia requería por razones de seguridad aérea y aplicación de la normativa comunitaria, hizo que mediante el anteriormente citado Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de diciembre de 2020, a propuesta del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Ministra de Defensa, se acordara autorizar el sobrevuelo excepcional a alturas inferiores a la prevista en el artículo 7.3.e) de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, si bien de carácter más restrictivo que las vigentes hasta su aplicación, en el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, Parque Nacional de Picos de Europa, Parque Nacional de Sierra Nevada, Parque Nacional de Garajonay, Parque Nacional de Timanfaya, Parque Nacional de Cabañeros, Parque Nacional de Monfragüe, Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, Parque Nacional de Doñana, Parque Nacional marítimo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, lo que garantizaba la convivencia pacífica entre la biodiversidad de los parques nacionales y el vuelo de las aeronaves, dejando inalteradas las condiciones de sobrevuelo en los Parques Nacionales de Caldera de Taburiente, Sierra de Guadarrama, Ordesa y Monte Perdido, y Teide. A su vez, dicho Acuerdo del Consejo de Ministros exigió que en el plazo de tres meses desde su adopción, se remitiera una propuesta de reglamento al amparo de la habilitación prevista en el apartado 2 de la disposición final cuarta de la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales, que «faculta al Gobierno para modificar, por razones de seguridad aérea o cuando resulte pertinente en aplicación de la normativa europea, previa consulta a las comunidades autónomas afectadas, el límite de altura, sobre la vertical del terreno, de sobrevuelo del territorio de todos ### RESUMEN: Ya es definitivo vía decreto la restricción de sobrevuelo en los parques nacionales. Se añaden tres parques naturales más al anterior decreto.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de septiembre de 2013. Madrid, 31 de octubre de 2013.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández.

Publicación de las ejecuciones de los presupuestos correspondientes al mes de septiembre de 2013.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Presupuestaria se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería» correspondientes al mes de septiembre de 2013. Madrid, 31 de octubre de 2013.–El Interventor General de la Administración del Estado, José Carlos Alcalde Hernández. ### RESUMEN: Publicación de las ejecuciones de los presupuestos correspondientes al mes de septiembre de 2013.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6408-2014, promovido por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista contra la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha y la Directora de los servicios jurídicos de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, todos ellos en la representación que legalmente ostentan. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito de 27 de octubre de 2014, presentado en el Registro General de este Tribunal en la misma fecha, doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales y comisionada de más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. 2. El recurso se fundamenta en las consideraciones y motivos que a continuación se resumen. a) La Ley 4/2014, objeto de impugnación, dedica su único artículo a modificar el art. 16 de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha, adaptando el sistema electoral autonómico a la modificación previamente realizada en el art. 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, EACM) por la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, que ha sido objeto del recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014. Dicha reforma estatutaria rebaja el número mínimo y máximo de diputados integrantes de las Cortes de la Comunidad Autónoma, a cuyo efecto se fija una nueva horquilla de 25 a 35 diputados, que sustituye a la anterior, de 47 a 59 diputados; asimismo suprime la anterior asignación, que el art. 10 EACM hacía, de un número mínimo de diputados por cada una de las provincias que integran la Comunidad Autónoma. Desarrollando esta reforma estatutaria, la Ley 4/2014 modifica el art. 16 de la Ley electoral de Castilla-La Mancha configurando un parlamento autonómico con 33 diputados. Tras resumir en el apartado inicial de la demanda los motivos de impugnación del recurso que después se desarrollan, se exponen por los recurrentes unos «antecedentes de hecho» sobre la elaboración y aprobación de la Ley 4/2014, así como sobre las sucesivas modificaciones de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. Las reformas que a lo largo del tiempo ha experimentado la determinación estatutaria o legislativa de la composición de las Cortes de Castilla-La Mancha muestran –hasta la reforma legal ahora impugnada– un progresivo aumento del número de diputados; desde los 47 que fijó la Ley electoral 5/1986, en su redacción originaria (el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha –EACM– abría entonces un margen de 40 a 50 representantes), hasta los 53 que dispuso la reforma en 2012 de la misma Ley electoral, pasando por los 49 diputados que integraron las Cortes conforme a la reforma, en 2007, de la misma Ley 5/1986. La Ley impugnada modifica el art. 16 de la Ley electoral de Castilla-La Mancha, estableciendo una drástica disminución de escaños, de suerte que las Cortes de Castilla-La Mancha quedan formadas por 33 diputados, partiendo de una asignación fija de 3 diputados por provincia y distribuyendo los 18 diputados restantes a elegir entre las provincias en función de una cuota de reparto que tiene en cuenta la población provincial y que debe concretarse por Decreto en el momento de convocatoria de las elecciones autonómicas. Atendiendo a estas reglas y teniendo en cuenta los datos del último censo de población de derecho en Castilla-La Mancha, los recurrentes calculan el número de diputados que corresponderían a cada una de las cinco provincias de esta Comunidad Autónoma según la nueva ley electoral, concluyendo que la reforma electoral impugnada provoca la desaparición de la proporcionalidad y configura un sistema de tipo mayoritario sin corrección alguna, que hace prácticamente imposible que las fuerzas minoritarias tengan voz en el parlamento autonómico y que tiene el objetivo de que el Partido Popular, actual partido mayoritario en las Cortes de la Comunidad Autónoma e impulsor de la reforma, obtenga el mayor rendimiento electoral. Para apoyar su afirmación, realizan los recurrentes una simulación, cifrada en tablas, de posibles resultados electorales a partir de los obtenidos en las elecciones autonómicas anteriores (desde 1993) y a la vista de las previsiones con las que cuentan, tras de lo cual aprecian que, en el «escenario electoral» de 33 diputados, las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo (en las que el Partido Popular ha conseguido y espera conseguir una victoria electoral) tendrían número impar de escaños, lo que beneficiaría, a la hora de su atribución, a las candidaturas de dicho partido; en tanto que contarían con un número par de escaños las demás provincias (Albacete y Ciudad Real), en las que el citado partido no esperaría mejorar sus resultados. A ello añaden otra simulación, igualmente cifrada en tablas, partiendo de los votos emitidos en las elecciones autonómicas del 2011, sobre los elevados umbrales para la obtención de un escaño que la nueva configuración electoral va a exigir, según los recurrentes, lo que supone erigir insalvables «murallas» electorales, haciendo imposible la representación parlamentaria de las fuerzas políticas minoritarias. Estiman por todo ello los recurrentes que la reforma electoral que impugnan carece de una justificación razonable y legitimadora y responde, más bien, a un «motivo oculto» que nada tiene que ver con las razones de «austeridad» y «crisis institucional» que se aducen en la exposición de motivos de la Ley 4/2014. En menos de un año –se observa– el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha pasado de promover la reforma electoral para aumentar el número de diputados (modificación de la Ley electoral en 2012), a fin de cohonestar la representación con el crecimiento de la población, a impulsar una reforma de signo opuesto; incoherencia –se dice– que parece encerrar un actuar arbitrario y favorecer exclusivamente las previsiones de voto del actual partido mayoritario en las Cortes de la Comunidad Autónoma. Se añade que esta reforma –adoptada «sin consenso alguno»– quiebra la base racional de los sistemas electorales proporcionales (a mayor población, mayor número de representantes), no respeta la «Guía de buenas prácticas electorales de la Comisión de Venecia» y obedece sólo a objetivos unilaterales de oportunidad política. A partir de las consideraciones anteriores, la demanda desarrolla sus motivos de impugnación, coincidentes con los planteados en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014, interpuesto contra la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del art. 10.2 EACM. b) Como primer motivo de inconstitucionalidad se aduce que la Ley objeto del presente recurso habría de devenir inconstitucional si fuera estimado el recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014, interpuesto contra la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, de reforma del art. 10.2 EACM, dada la conexión entre ambas leyes; toda vez que la Ley 4/2014, en desarrollo de la referida reforma estatutaria, modifica el art. 16 de la Ley electoral de Castilla-La Mancha configurando un Parlamento autonómico con 33 diputados. c) El segundo motivo de inconstitucionalidad vendría dado por el hecho de que la nueva horquilla de diputados infringiría el art. 1.1 CE, en relación con el art. 14 CE, al vaciar de contenido, más allá de lo razonable, los principios de pluralismo político y funcionamiento democrático, así como el principio de igualdad. Señala la demanda que la composición no proporcional de un órgano representativo resulta constitucionalmente inaceptable y que la Ley impugnada, al establecer una tan drástica reducción del número de escaños, tiene como consecuencia el establecimiento, aunque no se haga de manera expresa, de una «barrera electoral» que reduciría notablemente el número de partidos con representación parlamentaria. En efecto, un número de escaños tan bajo como el propuesto por la nueva normativa supone que la cantidad de votos necesaria para obtener representación aumente exponencialmente hasta niveles que impidan la entrada en el parlamento autonómico de fuerzas políticas minoritarias; además no representa proporcionalmente a la población, siendo de tener en cuenta que la exigencia constitucional de proporcionalidad es garantía objetiva del ordenamiento electoral, pero también se proyecta sobre el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos, derecho que sólo podrá considerarse realizado en plenitud si el sistema electoral respeta el criterio de la proporcionalidad. Ahora bien, una reducción del número de escaños como la realizada por la Ley 4/2014 supone el establecimiento de una barrera electoral excesiva y por ello inconstitucional en cuanto impide la presencia de fuerzas políticas minoritarias en el Parlamento autonómico (se citan diversos pronunciamientos del Tribunal Constitucional Federal de Alemania y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el problema de las barreras electorales). d) Como tercer motivo de inconstitucionalidad se aduce que la Ley impugnada vulnera el sistema de representación proporcional (arts. 152.1 CE y 10.2 EACM) para la elección de la Asamblea de la Comunidad Autónoma. Con cita de diferentes fuentes doctrinales, señala la demanda a estos efectos que el grado de proporcionalidad de un sistema electoral disminuye cuanto menor es el número de escaños y la magnitud de las circunscripciones, cuanto menos proporcionalmente a la población se reparten los escaños en las diferentes circunscripciones, cuanto menos proporcional es la fórmula electoral de reparto, cuanto más importantes son las barreras electorales y, en fin, cuando se prevén primas de mayoría. Señala también, con cita de jurisprudencia de este Tribunal Constitucional y de la «Guía de buenas prácticas electorales de la Comisión de Venecia», que el sistema electoral en Castilla-La Mancha, tras la Ley 4/2014, no supera el test de constitucionalidad, conforme al cual el sistema mismo no puede generar discriminación ni hacer un uso expansivo de las barreras electorales, debiendo, más bien, perseguir objetivos legítimos, con justificación objetiva y razonable y evitándose el principio mayoritario o de mínima corrección del mismo. Dicho esto, la demanda se remite a las proyecciones de resultados electorales ya expuestas y advierte de que tales plausibles resultados, bajo una horquilla de 33 diputados, ponen de relieve que el nuevo modelo electoral para Castilla-La Mancha excluye, en la práctica, del Parlamento autonómico a la tercera fuerza política y, mediante la asignación de escaños pares o impares, permite obtener primas de resultado en las provincias en las que, según los precedentes, se piensa razonablemente que va a lograrse la victoria electoral. La reforma impugnada, en síntesis, disminuye los escaños y eleva en la práctica a cifras extraordinarias los porcentajes o umbrales de obtención de escaño. Todo ello supone una objetiva e insalvable dificultad para acceder a la representación parlamentaria, en especial para aquellos partidos que puedan establecerse como tercera fuerza política, con la consiguiente abolición del sistema proporcional. La reforma, por lo demás, no persigue objetivos legítimos, no siendo creíble el de la «austeridad» invocada en la exposición de motivos de la Ley 4/2014. e) Como motivo cuarto de impugnación, se afirma que la Ley 4/2014 vulnera el art. 23 CE, en cuanto a la igualdad en el acceso a funciones y cargos públicos. Tras señalar que la fijación de 33 diputados implica la imposición de una barrera electoral, entendida como una limitación para los partidos a la hora de asignación de escaños, y que en Derecho comparado se admite la imposición de barreras electorales, siempre y cuando tengan justificación objetiva y razonable, se aduce que la Ley impugnada es contraria a la Constitución porque la barrera electoral que supone la reducción del número de escaños no posee tal justificación. En efecto, aunque el sistema sea teóricamente proporcional, será muy difícil lograrla cuando el número de puestos a cubrir sea muy reducido. La reducción drástica de escaños que establece la Ley 4/2014 vulnera el art. 23.2 CE porque el límite a partir del cual se puede acceder al cargo representativo es desmesurado; sin que las razones de «austeridad» invocadas en la exposición de motivos otorguen a este supuesto apariencia de razonabilidad y objetividad. f) Se aduce como quinto motivo de impugnación la infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE). Tras recordar la jurisprudencia constitucional sobre la interdicción de la arbitrariedad y su proyección sobre el legislador, señala la demanda que la reducción de parlamentarios que establece la Ley impugnada no supera un juicio de razonabilidad; no responde a las pretendidas razones de «austeridad» y «crisis institucional» que se invocan en la exposición de motivos, sino al propósito de consolidar en el poder al grupo político autor de la reforma legal impugnada. Esto supone un actuar arbitrario del legislador, en la medida en que sirve a fines u objetivos espurios. Por tanto, la Ley cuestionada no es razonable, en la medida en que no sirve a un objetivo legítimo, sino a uno particular, excluyente, que busca dar lugar a espacios o posiciones privilegiados. La reducción del número de parlamentarios, además, entraría en contradicción con parámetros racionales sobre representación parlamentaria. Todo ello conllevaría una manipulación del sistema electoral totalmente arbitraria. g) Como motivo sexto de impugnación, se afirma que la Ley 4/2014 vacía de contenido la autonomía política de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, contraviniendo así los arts. 2, 137 y 153 a) CE. Para los recurrentes, la reforma legal impugnada viene a convertir las Cortes de Castilla-La Mancha, en cuanto a su número de integrantes, en un órgano de tipo administrativo, al modo de una diputación provincial (la de Toledo –se cita como ejemplo– cuenta con 27 diputados provinciales), lo que quedó rechazado en los debates previos a la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Ello conlleva un vaciamiento de la autonomía política de Castilla-La Mancha, en la medida en que se sustrae a sus Cortes la verdadera capacidad de hacer leyes como producto de la voluntad general. La reforma –se añade– parece plasmar una desconfianza esencial en el sistema autonómico y muestra su preferencia por un modelo en el que las Comunidades Autónomas no sean más que entes de tipo administrativo. h) A modo de conclusión, se apela a la necesidad de reforzar, trascurridos más de treinta años de aceptable gobernabilidad autonómica, el principio de representación proporcional en la elección de las Asambleas de las Comunidades Autónomas, invitando a este Tribunal a acotar en consecuencia la discrecionalidad de los legisladores autonómicos, para que no puedan, apoyándose en sus mayorías políticas coyunturales y mediante la manipulación de la legislación electoral, decidir por adelantado ventajas ciertas sobre su oponente más cualificado y eliminar fuerzas políticas minoritarias. Por todo ello suplican los recurrentes que se dice Sentencia en la que, con estimación del recurso, se declare la inconstitucionalidad de la Ley impugnada. Por otrosí solicitan, en primer lugar, la suspensión cautelar de la vigencia y efectos de la Ley impugnada; asimismo piden la tramitación urgente de este recurso de inconstitucionalidad, ante la proximidad de elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha; interesan también que se reclame el expediente de elaboración de la Ley impugnada, los estudios que hayan podido realizarse para dar sustento a lo que en su preámbulo se dice y los correspondientes diarios de sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha; en cuarto otrosí se interesa el recibimiento a prueba; finalmente se solicita la realización de vista oral para conclusiones. 3. Por providencia del Pleno de 18 de noviembre de 2014 se decidió admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, así como al Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a las Cortes de Castilla-La Mancha, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Se decidió asimismo, en cuanto a la solicitud de suspensión cautelar formulada en el primer otrosí del escrito de interposición, oír a las partes antes mencionadas para que, en el plazo de quince días, pudieran alegar lo que estimaren oportuno. Se acordó, por último, publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». 4. Por providencia del Pleno de 27 de noviembre de 2014 se tuvo por personado al Abogado del Estado en la representación que ostenta y se acordó prorrogar, a su petición, en ocho días más el plazo concedido por la providencia de 18 de noviembre de 2014. 5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 28 de noviembre de 2014, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Cámara de personarse en este procedimiento, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Por escrito registrado el 5 de diciembre de 2014, el Presidente del Senado comunicó el acuerdo de la Cámara de personarse en este procedimiento, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. 6. Mediante escrito de 19 de diciembre de 2014, registrado en este Tribunal en la misma fecha, la Directora de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se personó en el proceso y presentó alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad, que pueden resumirse como sigue. En cuanto al objeto de este recurso de inconstitucionalidad, se llama la atención, en primer lugar, sobre su estrecha conexión con el recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014, interpuesto contra la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del art. 10.2 EACM, que la Ley 4/2014, de reforma de la Ley electoral de Castilla-La Mancha, desarrolla y que fue desestimado por la reciente STC 197/2014, de 4 de diciembre; a sus razonamientos bastaría remitirse (así como a los argumentos de oposición aducidos a aquel recurso) para fundamentar la desestimación del presente recurso, por cuanto el mismo viene a reproducir para la Ley 4/2014 los argumentos ya expuestos por los recurrentes contra la Ley Orgánica 2/2014. En coherencia con ello, la Directora de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, expone la redacción original del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y sus sucesivas reformas hasta llegar a la Ley Orgánica 2/2014, que desarrolla la Ley 4/2014, ahora impugnada, estableciendo que las Cortes de Castilla-La Mancha están formadas por 33 diputados (esto es, dentro de la horquilla fijada por el art. 10.2 EACM de un máximo de 35 y un mínimo de 25). Resalta que esta última reforma legal, en contra lo que los recurrentes afirman, no introduce ningún umbral o barrera electoral y tampoco altera ni la circunscripción electoral, que sigue siendo la provincia, ni la fórmula electoral de asignación de escaños según los votos. Procede a contestar los motivos de impugnación del recurso de inconstitucionalidad solicitando su desestimación. Reitera para ello los argumentos ya expuestos en sus alegaciones en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014, interpuesto contra la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del art. 10.2 EACM, que refuerza con cita de los razonamientos contenidos en la STC 197/2014, al desestimar dicho recurso, que deben darse por tanto por reproducidos aquí. En conclusión, la Directora de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha interesa la desestimación del presente recurso, tanto en lo que se refiere a la pretensión principal de declaración de inconstitucionalidad de la Ley 4/2014, de reforma de la Ley electoral de Castilla-La Mancha, como en lo que se refiere a las pretensiones formuladas por medio de otrosíes. 7. También por escrito de 19 de diciembre de 2014, registrado en este Tribunal en la misma fecha, la Directora de los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha formuló alegaciones sobre la suspensión cautelar solicitada en el recurso de inconstitucionalidad, oponiéndose a la misma. Entiende esta representación, en síntesis, que la petición de que se suspenda cautelarmente la Ley 4/2014 es jurídicamente inadmisible y debe ser desestimada. Se trata, en efecto, de una pretensión construida al margen y en contra del ordenamiento jurídico-constitucional y de la muy reiterada doctrina constitucional en la materia: solo cabe la suspensión de una ley impugnada en el supuesto previsto en los arts. 161.2 CE y 30 LOTC, esto es, a solicitud del Gobierno de la Nación, como ha tenido ocasión de recordar este Tribunal, precisamente en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014, por ATC 267/2014, de 4 de noviembre, en relación con la solicitud de suspensión de la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del art. 10.2 EACM. 8. Por escrito de 19 de diciembre de 2014, registrado en este Tribunal en la misma fecha, presentó sus alegaciones el Letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha, que advierte también de la estrecha relación del presente recurso con el recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014, interpuesto contra la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del art. 10.2 EACM, que la Ley 4/2014, de reforma de la Ley electoral de Castilla-La Mancha desarrolla, desestimado por la reciente STC 197/2014. En su fundamentación se apoya el Letrado para rechazar los motivos de impugnación que los recurrentes formulan frente a la Ley 4/2014. La identidad de objeto entre el procedimiento ya resuelto por la STC 197/2014 y el presente recurso supone que el pronunciamiento de este Tribunal debe serlo exclusivamente sobre la adecuación constitucional de la Ley impugnada a la reforma del art. 10.2 EACM introducida por la Ley Orgánica 2/2014, considerada ya plenamente conforme con la Constitución. La Ley 4/2014, en desarrollo de la referida reforma estatutaria, fija en 33 el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, dentro de la horquilla fijada por el art. 10.2 EACM (máximo de 35 y mínimo de 25 diputados), habiendo rechazado ya el Tribunal Constitucional las tachas de inconstitucionalidad que los recurrentes dirigían a este precepto estatutario. En definitiva, descartada por la STC 197/2014 la inconstitucionalidad del art. 10.2 EACM, en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 2/2014, debe rechazarse por las mismas razones la pretendida inconstitucionalidad de la Ley 4/2014. Se suplica por ello que se dicte Sentencia por la que, desestimando el recurso, se declare ajustada a la Constitución la Ley recurrida. Se interesa asimismo que se rechacen las pretensiones formuladas por otrosí; por lo que se refiere a la petición de suspensión, se recuerda lo resuelto en el ATC 267/2014, en relación con la solicitud de suspensión de la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del art. 10.2 EACM; por lo que se refiere a las restantes pretensiones, por estimar que resultan impertinentes o improcedentes. 9. Por escrito de 22 de diciembre de 2014, registrado en este Tribunal el siguiente día, presentó sus alegaciones el Abogado del Estado, que interesa la desestimación del recurso de inconstitucionalidad. Señala el Abogado del Estado que la Ley objeto del presente recurso, que modifica el art. 16 de la Ley electoral de Castilla-La Mancha, se dictó en aplicación y desarrollo de la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del art. 10.2 EACM, el cual ha sido declarado ajustado a la Constitución por la STC 197/2014, que desestima las alegaciones formuladas por los recurrentes en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014. Sus alegaciones coinciden con las formuladas por los recurrentes en el presente recurso contra la Ley 4/2014, siendo en todo caso el quid de la cuestión la reducción del número de diputados del parlamento autonómico. La Ley 4/2014, en tanto que norma de desarrollo de la Ley Orgánica 2/2014, se limita a establecer en 33 el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, dentro de la mitad superior de la horquilla posible fijada por el art. 10.2 EACM (máximo de 35 diputados y mínimo de 25). En consecuencia, declarada por la STC 197/2014 la constitucionalidad de la delimitación estatutaria del número de diputados establecida en el modificado Estatuto de Autonomía, la Ley ahora impugnada deberá también entenderse ajustada a la Constitución, en la medida en que se mantiene dentro de los límites fijados por el precepto estatutario reformado. Añade el Abogado del Estado que la asignación que realiza la Ley impugnada de una representación mínima inicial por circunscripción electoral, es igual para todas: 3 diputados por provincia, distribuyéndose los 18 diputados restantes entre las provincias en proporción a su población, conforme al procedimiento que la Ley establece. No infringe pues el principio representativo proporcional (arts. 68 y 152 CE), de acuerdo con la jurisprudencia constitucional que cita la STC 197/2014, al no crear ninguna suerte de barrera electoral previa, sino que dota de un mayor equilibrio representativo territorial a las provincias que componen la Comunidad Autónoma. La norma, que se aplica a todas las candidaturas por igual, garantiza en todo caso la representatividad de las provincias en el parlamento autonómico con independencia de su población, al establecer un mínimo inicial de 3 diputados por provincia; las provincias más pobladas tendrán mayor representatividad en función de las reglas que también establece la Ley impugnada en cuanto a la distribución de los 18 diputados restantes. Concluye el Abogado del Estado rechazando la pretensión de suspensión cautelar que se formula en el recurso, pues, conforme a reiterada doctrina constitucional, el Tribunal Constitucional solo puede acordar la suspensión de una ley impugnada en el supuesto previsto en los arts. 161.2 CE y 30 LOTC, esto es, a petición del Gobierno de la Nación. 10. Por providencia de 3 de febrero de 2015 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Se dirige este recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de dicha Comunidad Autónoma. La parte dispositiva de la Ley impugnada consta de un artículo único, de una disposición derogatoria de cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo en él prescrito y de otra final, en la que se determina la entrada en vigor de la Ley al día siguiente a su publicación oficial. El contenido del primero de estos preceptos es el siguiente: «Artículo único. Reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha. El artículo 16 de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha quedará redactado conforme al siguiente tenor literal. Artículo 16. Las Cortes de Castilla-La Mancha están formadas por 33 Diputados. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de 3 Diputados. Los 18 Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento: Se obtienen una cuota de reparto resultante de dividir por 18 la cifra total de la población de derecho de las cinco provincias de Castilla-La Mancha. Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulte, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto. Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior tenga una fracción decimal mayor. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada circunscripción, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.» Es de importancia señalar, desde un principio, que la disposición transcrita, y esta Ley 4/2014, en su conjunto, se presentan, conforme a su exposición de motivos, como desarrollo del art. 10 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (EACM), precepto estatutario que fue objeto de modificación parcial por la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo. La reforma determinó –en lo que ahora importa– que las Cortes de la Comunidad Autónoma pasarían a estar integradas, reduciendo así su composición anterior, por un mínimo de 25 diputados y un máximo de 35. Procede tener presente asimismo –como han subrayado todas las partes en este procedimiento– que la citada Ley Orgánica 2/2014 fue objeto de recurso de inconstitucionalidad ante este Tribunal, resuelto por la STC 197/2014, de 4 de diciembre, desestimatoria de aquella impugnación. Por lo demás, y como en los antecedentes se ha expuesto, la demanda del presente recurso no sólo ha pedido la declaración de inconstitucionalidad de la Ley impugnada, sino también su suspensión cautelar, en prevención –viene a argumentarse– de que nuestra Sentencia no llegara a dictarse antes de las próximas elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. Bien claro está que así no ha sido, lo que ha hecho innecesario un pronunciamiento anticipado sobre tal solicitud de suspensión, pronunciamiento que presupone siempre, como es obvio, la pendencia del procedimiento principal (SSTC 103/2008, de 11 de septiembre, FJ, 6, y 106/2014, de 24 de junio, FJ 9). Ello sin perjuicio, en todo caso, de que la medida cautelar interesada nunca hubiera podido ser acogida por este Tribunal, en atención a razones idénticas a las que se expusieron, con cita de muy reiterada jurisprudencia constitucional, en el ATC 267/2014, de 4 de noviembre, que rechazó solicitud análoga en el recurso de inconstitucionalidad ya referido, interpuesto contra la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del art. 10.2 EACM. La suspensión por este Tribunal de la Ley que ante él se impugne sólo procede, en efecto, en el supuesto previsto en los arts. 161.2 CE y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). 2. Antes de entrar a considerar las tachas de inconstitucionalidad que el recurso hace a la Ley impugnada es precisa una delimitación del objeto de nuestro enjuiciamiento a la vista de lo que en la demanda se aduce. Se dice en ella, ciertamente, que objeto del recurso es la Ley 4/2014 «en su integridad», pero esta afirmación no se compadece ni con lo alegado en concreto por los recurrentes ni, de otra parte, con los límites objetivos del control de constitucional que a este Tribunal corresponde: a) Toda la argumentación de la demanda, como en los antecedentes se ha expuesto, se orienta a fundamentar la inconstitucionalidad de la nueva composición numérica de las Cortes de Castilla-La Mancha, cifrada en 33 diputados por el nuevo art. 16.1 de la Ley electoral, conforme al artículo único de la impugnada. Ceñidos a este extremo los alegatos de los recurrentes, es claro que nuestro enjuiciamiento directo ha de quedar acotado de igual modo, sin perjuicio –llegado el caso– de lo previsto en el art. 39.1 LOTC en punto a una eventual declaración de inconstitucionalidad por conexión o consecuencia. Al margen de esta última hipótesis, por lo tanto, aquí no habremos de enjuiciar ni las disposiciones derogatoria y final de la Ley 4/2014 («meramente instrumentales», según la propia demanda reconoce) ni tampoco el resto de determinaciones contenidas en el nuevo art. 16 de la Ley electoral, referidas a la asignación mínima inicial de tres diputados por provincia (número 2 de dicho art. 16), al procedimiento de distribución de los 18 diputados restantes entre las circunscripciones provinciales en atención a su población respectiva (número 3) y, en fin, a la necesaria especificación por el decreto que convoque a elecciones del número de representantes a elegir en cada circunscripción (número 4). Sobre esta última previsión no se dice, desde luego, cosa alguna en la demanda, pero tampoco se contiene en ella alegato específico en contra de lo establecido en los números 2 y 3 que quedan dichos. No puede de ningún modo tomarse por censura de inconstitucionalidad, en particular, la pregunta retórica que la demanda formula en determinado pasaje sobre el porqué de la fijación de un mínimo inicial de tres diputados por provincia y no de dos, según lo establecido en el art. 162.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general; precepto este –hay que advertir– no aplicable a las elecciones a asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas (disposición adicional 1.2 de la citada Ley Orgánica). La respuesta a tal interrogante –a decir de la propia demanda– sería la de que, si así hubiera sido, «la barrera electoral se determinaría en porcentajes inasumibles desde el punto de vista de un estricto juicio de la proporcionalidad»; opinión ex parte sobre la que, claro está, nada tenemos ahora que decir. El recurso –esto es lo que importa– no impugna, en sí misma, esta adjudicación mínima o inicial de escaños por provincia y tampoco controvierte el procedimiento de distribución de los restantes entre las circunscripciones, reparto este último que, por otro lado, se ordena conforme a unas pautas que no difieren de las fijadas en la redacción originaria del art. 16.3 de la Ley electoral 5/1986. b) La demanda toma también distancias críticas respecto a la exposición de motivos de la Ley impugnada, a la que tacha de no ser «sincera», y opone a sus aseveraciones, con reiteración, el señalamiento de un llamado, con estas palabras u otras, «motivo oculto» de la misma (su «intencionalidad partidista»); esta constituiría su «verdadera finalidad» e ilustraría sobre la inconstitucionalidad pretendida. Como con reiteración hemos advertido, no corresponde a este procedimiento el enjuiciar, ni considerar siquiera, las hipotéticas o presuntas intenciones con las que las leyes hayan sido adoptadas; so pena de privar de toda objetividad al control que a esta jurisdicción le cumple (STC 197/2014, FJ 1, y jurisprudencia allí citada). Sobre uno y otro de estos extremos, en consecuencia, no cabe esperar de nosotros pronunciamiento alguno. Objeto de nuestro enjuiciamiento ha de ser, en suma, la conformidad o no a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha de la reducción legal, hasta 33 diputados, de la composición de las Cortes de Castilla-La Mancha. Procede ya, en consecuencia, considerar los alegatos expuestos frente a la constitucionalidad de esta determinación legislativa y en su defensa. 3. Los recurrentes articulan seis motivos de inconstitucionalidad contra la Ley que impugnan, por más que el primero de ellos –la previa disconformidad a la Constitución de la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, de la que trae causa la impugnada– ha de dejarse de lado desde ahora, pues el recurso de inconstitucionalidad contra dicha Ley Orgánica, al que los demandantes en este punto se remiten, fue ya, como se ha recordado, resuelto y desestimado por la STC 197/2014. En lo demás, según la demanda, la Ley 4/2014 sería contraria al principio constitucional del pluralismo político (art. 1.1 CE, en relación, se dice, con el art. 14 CE); al sistema de representación proporcional (arts. 152.1 CE y 10.2 EACM, junto a los que se cita el art. 68.1 de la norma fundamental, mención esta última que hay que suponer referida al número 3 de tal disposición); al precepto constitucional que enuncia el derecho a un acceso igualitario a las funciones y cargos públicos (art. 23.2); a la interdicción constitucional de la arbitrariedad (art. 9.3) y, en fin, a la garantía por la Constitución de la autonomía política de la Comunidad de Castilla-La Mancha [invoca la demanda, a estos efectos, los arts. 2, 137 y 153 a) CE]. Las tres primeras tachas de inconstitucionalidad que quedan dichas (quiebra del pluralismo político y vulneración tanto de la representación proporcional como del derecho fundamental ex art. 23.2 CE) habrán de ser consideradas en lo que sigue, al igual que hicimos en la STC 197/2014, de un modo integrado. Estando a lo que en la demanda se aduce, la infracción primera que aquí se ha de enjuiciar es la que vendría dada por la conculcación de lo dispuesto en el art. 152.1 CE en orden al sistema de representación proporcional para la elección de los miembros de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas; supuesta vulneración ésta de la que se seguirían la del valor superior del pluralismo político y la del derecho enunciado en el art. 23.2 de la norma fundamental, todo ello conforme a lo argumentado en la misma STC 197/2014 (FJ 2), a la que procede en este extremo remitirse. Una consideración específica y diferenciada requieren, por el contrario, las otras dos tachas de inconstitucionalidad opuestas frente a la Ley impugnada. Con ellas comenzará nuestro examen. 4. Se afirma en el recurso que la Ley 4/2014 habría conculcado, al fijar en 33 el número de diputados a las Cortes de Castilla-La Mancha, la norma constitucional que proscribe la arbitrariedad en el actuar de los poderes públicos (art. 9.3 CE). Como fundamento o ilustración de esta censura se aduce –en síntesis– que esta determinación legal es fruto del «capricho»; que ignora, además, la «regla esencial» según la cual la dimensión de la Cámara de representación no puede disminuir cuando la población no lo hace o incluso aumenta y que, en fin, la reducción del número de representantes estaría buscada de propósito para favorecer al partido político mayoritario hoy en las Cortes; afirmación, esta última, que quiere acreditarse mediante proyecciones y estimaciones sobre cuál podría ser la distribución del sufragio ciudadano en unos próximos comicios. El Tribunal no puede compartir estos reproches, fundados como están, exclusivamente, en apreciaciones políticas (legítimas, pero inconducentes en términos de constitucionalidad); en juicios sobre la intención del legislador (ajenos –ya se dijo– a nuestro control); en pronósticos o conjeturas acerca del voto futuro de los electores (sobre los que no cabe argumentar la inconstitucionalidad de una determinación legal) o, en fin, en una aducida «regla esencial», no ciertamente jurídico-constitucional, según la cual –se arguye– la dimensión de una asamblea representativa no debiera disminuir cuando no lo hace, o incluso aumenta, la población representada. Ninguno de estos alegatos, en suma, abona, ni tan siquiera sugiere, la denunciada arbitrariedad de la Ley 4/2014. Este reproche requiere, conforme a constante jurisprudencia constitucional, de una argumentación específica que aporte siquiera indicios, a confirmar o no en el juicio, de que la disposición con tal título impugnada encarna una discriminación normativa o carece en absoluto de explicación racional (STC 197/2014, FJ 5, y jurisprudencia allí citada). Al margen de conjeturas sobre el sentido de un sufragio por venir y de valoraciones acerca del supuesto animus del legislador, el recurso no aporta, sin embargo, indicio alguno en orden a tal hipotético alcance discriminatorio de la Ley impugnada, a la que tampoco cabe tachar de ajena a toda explicación racional por haber fijado precisamente en 33 el número de diputados. No es sólo, en efecto, que el legislador autonómico puede desplegar toda su amplia libertad de configuración en este punto dentro del margen abierto por el art. 10.2 EACM (entre 25 y 35 representantes), libertad de la que también este Tribunal es garante. Además, la propia exposición de motivos de la Ley 4/2014 se ha cuidado –aunque ello no fuera, en rigor, inexcusable– de dar razón de sus propias determinaciones normativas (propiciar que ninguna provincia, se lee allí, «tenga mayor o igual representatividad que la suma de cualquiera otras dos»); sin que a este Tribunal, como es obvio, le corresponda entrar a valorar en derecho tal designio. No ha resultado infringido, en definitiva, el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE). 5. Afirman también los recurrentes, con cita de los arts. 2, 137 y 153 a) CE, que la Ley 4/2014 infringe la autonomía política de la Comunidad de Castilla-La Mancha al haber reducido a 33 el número de representantes en las Cortes de la Comunidad Autónoma, lo que depararía –se aduce– la privación a dicha Cámara, así disminuida en tamaño, de la «capacidad de hacer leyes como producto de la participación y el debate plural». Sin perjuicio de que no se alcanza a ver cuál sea el sentido de la invocación, en este contexto, del art. 153 a) CE, basta para excluir todo asomo de inconstitucionalidad por esta causa con remitirnos a lo que, ante reproche igual, dejamos dicho sobre la Ley Orgánica 2/2014, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en la tantas veces citada STC 197/2014. Hemos de reiterar que era evidente que la autonomía política de la Comunidad de Castilla-La Mancha (arts. 2 y 137 CE) y su consiguiente capacidad de legislar en los ámbitos de su competencia [art. 152.1 CE y art. 9.2 a) EACM] no había quedado empañada, ni afectada siquiera, por la reducción del número de miembros de la Cámara autonómica. La Constitución no depara pauta alguna, de modo directo y específico, sobre el número de integrantes de los órganos legislativos de las Comunidades Autónomas; esta determinación corresponde a la Ley Orgánica que apruebe cada Estatuto de Autonomía [art. 147.2 c) CE] o a las normas autonómicas que, en su caso, complementen o desarrollen tales previsiones estatutarias; desarrollo del art. 10 EACM llevado aquí a cabo, precisamente, por la Ley ahora impugnada. Es patente, por lo dicho, que la Ley 4/2014 no ha afectado, al reducir a 33 el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, a la autonomía política que a esta Comunidad corresponde conforme a la Constitución y al propio Estatuto de Autonomía. 6. Excluidas las anteriores tachas de inconstitucionalidad, queda por examinar lo que bien cabe llamar el núcleo de este recurso, esto es, la supuesta vulneración por la Ley 4/2014, al fijar en 33 el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, de lo prescrito en el art. 152.1 CE; de conformidad con este, las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas habrán de ser elegidas «con arreglo a un sistema de representación proporcional». Esta aducida infracción constitucional conllevaría, de confirmarse, la transgresión, también, del art. 10.2 EACM, en cuyo párrafo primero se reitera tal exigencia de proporcionalidad para la elección de las Cortes de la Comunidad Autónoma. No así, sin embargo, la vulneración del art. 68 CE, que los recurrentes también citan, precepto cuyo número 3 impone atender a criterios de representación proporcional en la ordenación, estrictamente, de las elecciones al Congreso de los Diputados. Hay que recordar que, conforme a reiterada doctrina constitucional, la exigencia de proporcionalidad ex art. 152.1 CE pesa sobre las normas reguladoras de las elecciones a las asambleas legislativas de todas las Comunidades Autónomas, no sólo de aquellas que se constituyeron –lo que no fue el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha– con arreglo al art. 151 de la propia norma fundamental (STC 197/2014, FJ 6, y jurisprudencia allí citada). Como hemos dicho en el fundamento jurídico 3 que antecede, sólo si fuera de apreciar tal infracción del principio constitucional de proporcionalidad (art. 152.1 CE) sería asimismo constatable la vulneración tanto del pluralismo político como del derecho a acceder a los cargos públicos –al de diputado, en el caso presente– en condiciones de igualdad (arts. 1.1 y 23.2 CE). Estas últimas exigencias constitucionales, invocadas también en la demanda, nada predeterminan, en sí mismas, sobre el sistema electoral para la integración, en lo que aquí hace al caso, de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas pero, si la proporcionalidad que impone aquel art. 152.1 CE hubiera sido ignorada por la Ley 4/2014, sí sería ya obligado apreciar que también habrían sido contradichos el principio del pluralismo político y la regla que enuncia el derecho a acceder, en condiciones de igualdad, al cargo de diputado. No es dudoso que aquel principio y esta regla encuentran una de sus garantías en la proporcionalidad cuando esta última viene impuesta por la Constitución o, en general, por el bloque de la constitucionalidad. La piedra de toque, en definitiva, para apreciar la constitucionalidad o inconstitucionalidad, en cuanto a este motivo del recurso, de la Ley 4/2014 viene dada por el art. 152.1 CE y, en reiteración de tal precepto, por el art. 10.2 EACM. No queda condicionada la validez en este punto de la Ley impugnada por otras reglas o criterios ni en particular –frente a lo que en la demanda se aduce– por las recomendaciones que se invocan de la Comisión Europea para la democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), directrices que no pueden constituirse en pauta de nuestro enjuiciamiento (STC 197/2014, FJ 4). 7. Al fijar en 33 el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Ley 4/2014 ha venido en efecto a reducir –como ya hiciera antes la propia Ley Orgánica 2/2014, que determinó serían entre 25 y 35– la dimensión de esta Cámara; integrada hasta entonces, conforme a la anterior redacción del art. 10.2 EACM, por un mínimo de 47 y un máximo de 59 representantes. Este margen que se concretó, primero, en 47 diputados, según la reforma de la Ley electoral llevada a cabo por la Ley 8/1998; después en 49, conforme a la Ley 12/2007 y más tarde en 53, por obra de la nueva modificación de aquella normativa electoral mediante la Ley 4/2012 (esta última reforma, con todo, nunca ha sido aplicada en comicios autonómicos –según hemos recordado en la STC 214/2014, FJ 2– pues la Ley 4/2012 ha sido derogada por la citada Ley Orgánica 2/2014 y sustituida, después, por la que, hoy impugnada, desarrolla esta última reforma parcial del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha). Entienden los recurrentes que la disminución, hasta 33, del número de diputados a Cortes y la consiguiente reducción de la magnitud de cada una de las cinco circunscripciones electorales de Castilla-La Mancha –magnitud que cifran en su demanda– conllevaría una, así dicen, «abolición del sistema proporcional» o la configuración de un «sistema mayoritario sin corrección alguna»; la nueva y menor dimensión de las circunscripciones provinciales depararía unas desmedidas «barreras electorales» para acceder al reparto de escaños, lo que determinaría –siempre a tenor de las proyecciones y estimaciones que anticipan– una exclusión de la asamblea autonómica de opciones minoritarias o «terceras fuerzas» políticas, favoreciéndose al partido hoy mayoritario en las Cortes a través de la asignación selectiva de un número par o impar de escaños a unas u otras circunscripciones. Las demás partes comparecidas en este proceso han salido al paso de tales alegatos afirmando –con cita de nuestra STC 197/2014–, que la Ley 4/2014 se limita a fijar un número de diputados comprendidos en el margen abierto, sin quiebra de la Constitución, por la Ley Orgánica 2/2014; su impugnación no podría fundamentarse –como sin embargo se hace– en pronósticos o anticipaciones sobre el futuro sufragio de los electores y, en fin, que la proporcionalidad exigida por el art. 152.1 CE comportaría sólo, conforme a la jurisprudencia constitucional, una orientación o imperativo de tendencia, respetado sin duda –observan– por la Ley recurrida. 8. En general, toda reducción del número de representantes a elegir en una circunscripción electoral no favorecerá, más bien al contrario, la mayor proporcionalidad del sistema electoral de que se trate, según ya advertimos, con cita de anteriores pronunciamientos, en la STC 197/2014 [FJ 7 a)]. En ello cabe inicialmente convenir, a reserva de lo que se dirá, con lo que en la demanda se aduce. Dijimos también en aquella Sentencia que la menor proporcionalidad en principio asociada a la disminución del número de puestos a cubrir (de escaños, en este caso) no es un efecto jurídico determinado sólo, de manera directa y necesaria, por las normas que asignen diputados a cada circunscripción; observamos que una importancia no menor tendrán –para restringir o, incluso, para favorecer la proporcionalidad– elementos o variables ajenos a toda predeterminación jurídica; sobre todo, el número de candidaturas presentadas y el grado mayor o menor de concentración o dispersión entre ellas del sufragio de los electores. En atención a lo que acaba de ser recordado, y por lo que de inmediato se dirá, no es posible compartir la censura de inconstitucionalidad que la demanda dirige contra la Ley 4/2014. Se alza tal reproche, en efecto, a partir de un planteamiento preventivo o hipotético que es inidóneo, como tal, para pedir la invalidación de cualquier Ley y sobre la base, además, de un entendimiento errado de lo que impone la exigencia constitucional de proporcionalidad para la elección de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas (art. 152.1 CE): a) Las bases argumentales de este recurso, como ya ocurriera con el dirigido contra la Ley Orgánica 2/2014, son en muy buena medida preventivas o cautelares, construidas como están a partir de lo que se presenta al modo de prognosis del sentido del sufragio por venir mediante extrapolaciones o ejercicios de proyección de anteriores resultados electorales sobre unos comicios futuros. Un planteamiento de este género es, en general, y conforme a una muy reiterada jurisprudencia constitucional, inconducente para instar la declaración de inconstitucionalidad de una ley y no ha de servir ahora para llevar a este Tribunal a la convicción de que la norma impugnada deparará la supresión o abolición de la proporcionalidad que exige el art. 152.1 CE tan sólo por haber reducido, en los términos dichos, el número de diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha [STC 197/2014, FJ 7 c) y jurisprudencia allí citada]. Este carácter preventivo del recurso se muestra, muy en particular, a propósito de lo que con profusión en él se llaman «barreras electorales», calificadas de desmedidas, para el acceso de las distintas candidaturas al procedimiento de asignación de escaños. Como ya dijo la STC 197/2014, en el fundamento jurídico recién citado, por barrera electoral o cláusula de exclusión se ha de entender la fijación normativa de un determinado porcentaje de sufragios para acceder a la fase de adjudicación de escaños; es de todo punto evidente que la Ley 4/2014 ni establece límite alguno de este tipo a la proporcionalidad ni modifica el establecido en el art. 17 a) de la Ley 5/1986, electoral de Castilla-La Mancha (un 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción). Lo que los Senadores recurrentes llaman aquí «barreras electorales» no son tales, sino –hemos de reiterar– unos hipotéticos umbrales porcentuales para la obtención, según los varios «escenarios» que anticipan, del último escaño en liza conforme a la regla d´Hondt; ello sobre la base de estimaciones conjeturales, ajenas a cualquier determinación excluyente del legislador y dependientes más bien, como prospecciones o simulaciones que son, del número de candidaturas que lleguen a concurrir y de la mayor o menor concentración o dispersión sobre ellas del futuro sufragio de los electores. En nada de ello –dijimos en la STC 197/2014 y reiteramos ahora– puede basarse el aserto de que la Ley impugnada habría constreñido la proporcionalidad por vía del establecimiento de una barrera electoral excesiva. En definitiva, y como también advertimos en la STC 197/2014, el grado, incierto hoy, en que la proporcionalidad pueda llegar a contraerse a resultas de lo dispuesto en esta Ley no es algo que quepa enjuiciar, en abstracto, por este Tribunal Constitucional. b) No es sólo, sin embargo, que la Ley impugnada se tache de contraria a la proporcionalidad que la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha imponen sobre la base, de todo punto insuficiente, de unos hipotéticos resultados electorales futuros que están, sin embargo, por entero en manos de los electorales. Se trata además, y en relación con ello, de que el recurso muestra un entendimiento de lo exigido por los arts. 152.1 CE y 10.2 EACM y, en general, por las normas del bloque de la constitucionalidad referidas a la representación proporcional, que no se compadece, según constante jurisprudencia de este Tribunal, con el recto sentido de tales preceptos. Bastará para ilustrar lo dicho con remitirnos a nuestra jurisprudencia al respecto y en especial, una vez más, a la tan citada STC 197/2014 [FJ 7 b)]; en ella recordamos que las exigencias constitucionales en punto a la proporcionalidad han de ser vistas como imperativos de tendencia que orientan, pero no conforman, la libertad de configuración del legislador (ATC 240/2008, de 22 de julio, FJ 2), cuyo insuprimible y amplio margen de autodeterminación no ha de quedar comprometido en pos de la consecución de un apenas concebible sistema «puro» de representación proporcional (STC 75/1985, de 21 de junio, FJ 5). Observamos también entonces que las reglas constitucionales referidas a la proporcionalidad no pueden interpretarse como imperativos de resultados y sí, con carácter bastante más limitado, como mandatos al legislador para establecer una condición de posibilidad de la proporcionalidad misma. Mandatos de alcance negativo, precisamos en aquella Sentencia, que se cifran, por lo pronto, en la interdicción de la aplicación pura y simple de un criterio mayoritario o de mínima corrección; esto conlleva la necesaria conformación de las circunscripciones electorales en modo tal que no se impida de iure toda posible proporcionalidad, en el grado y extensión que sea, para la conversión de votos en escaños. Junto a ello, en la prohibición, también, de la desfiguración por ley de lo que hemos llamado «esencia» de la proporcionalidad mediante límites directos de la misma, como las barreras electorales o cláusulas de exclusión que, vista su entidad, llegasen a resultar desmedidas o exorbitantes para la igualdad de oportunidades entre candidaturas. Concluimos en aquella ocasión que, si límites como estos no hubieran sido transgredidos, no podría ya este Tribunal erigirse en juez del grado, mayor o menor, suficiente o no, según estimaciones políticas, de la proporcionalidad auspiciada por determinado sistema electoral, en cada una de sus piezas y en la conjunción de todas ellas, pues, si tal hiciera, ocuparía el lugar que corresponde al legislador. La jurisprudencia recién recordada conduce derechamente a rechazar que la Ley 4/2014 haya quebrantado la exigencia constitucional de proporcionalidad por haber reducido hasta 33 el número de representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha y disminuido, con ello, el número de escaños a cubrir en cada circunscripción electoral. Con independencia de que aquella reducción de la dimensión de la Cámara lo ha sido, como es patente, dentro de los límites fijados por la Ley Orgánica 2/2014 (cuya inconstitucionalidad, por esta causa, excluimos en la STC 197/2014), es ahora obligado constatar que la específica disminución del número de escaños a elegir en cada una de las circunscripciones que de tal reducción se sigue en modo alguno impide toda posible proporcionalidad –en el grado y extensión que sea– del sistema electoral para la integración de las Cortes de la Comunidad Autónoma. Compete al legislador determinar el número de escaños asignados a cada circunscripción (STC 45/1992, de 2 de abril, FJ 5) o condicionar su determinación; decisión ésta que no debe hacerse en modo tal que se impida de iure toda posible proporcionalidad –cuando la Constitución la exija– en el procedimiento de conversión de votos en escaños. Pero si la configuración de las circunscripciones –su magnitud, por lo que aquí interesa– no imposibilita, en sí misma, tal posible despliegue de la proporcionalidad no podrá ya censurarse la opción legislativa en términos jurídico-constitucionales, so pena de convertir la legítima crítica política en argumento de inconstitucionalidad; en ello incurre a menudo la demanda al calificar, por ejemplo, de «poco creíble y poco fiable» esta reforma de la Ley electoral. Para descartar que se hayan transgredido límites como los recién señalados basta con constatar que la Ley 4/2014 asigna un mínimo inicial de tres diputados a cada una de las cinco circunscripciones provinciales de la Comunidad Autónoma y que dispone la distribución entre ellas de los dieciocho escaños restantes con arreglo a la respectiva población (números 2 y 3 del nuevo art. 16 de la Ley 5/1986, electoral de Castilla-La Mancha). No es cometido de este Tribunal, como es obvio, fijar por Sentencia el concreto número de escaños que así corresponderá a cada circunscripción, determinación ésta que le corresponde al decreto de convocatoria de elecciones con arreglo a lo dispuesto en la Ley electoral (art. 16.4) y sobre la base de los datos oficiales de población (en lo que ahora hace al caso, Real Decreto 1007/2014, de 5 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 2014). Pero sí le corresponde constatar que, por cuanto queda dicho, la asignación de escaños a cada una de las circunscripciones electorales de Castilla-La Mancha resultante de lo establecido en la Ley impugnada (número inicial de escaños por provincia y asignación del resto según su respectiva población) queda lejos de impedir, frente a lo que sostiene el recurso, todo posible despliegue de la proporcionalidad exigida por los arts. 152.1 CE y 10.2 EACM. El sistema electoral para la integración de las Cortes de la Comunidad Autónoma no ha perdido por obra de la Ley impugnada, en definitiva, su capacidad para reflejar, según decida el cuerpo electoral, las principales opciones políticas existentes y en esto, por lo que ahora importa, es en lo que se cifra, como en ocasión anterior dejamos dicho, la no transgresión del mandato constitucional de proporcionalidad (STC 225/1998, de 25 de noviembre, FJ 7), sin que sea tarea de este Tribunal decir cosa alguna sobre la mayor o menor corrección constitucional de otras posibles opciones legislativas que hubieran podido adoptarse tanto en cuanto a la composición numérica de la Cámara como para el reparto de escaños entre las circunscripciones electorales (STC 19/2011, de 3 de marzo, FJ 3). El art. 152.1 CE no ha sido, por todo ello, vulnerado. Tampoco lo ha sido, en consecuencia, el art. 10.2 EACM. 9. No conculcada, en suma, la proporcionalidad que la Constitución y el Estatuto de Autonomía exigen, es obligado concluir en que tampoco lo han sido ni el pluralismo político ni la norma que enuncia el derecho de acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y de conformidad con los requisitos que señalen las leyes (arts. 1.1 y 23.2 CE). FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Desestimar el presente recurso de inconstitucionalidad. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a cinco de febrero de dos mil quince.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

Sentencia del Constitucional que avala la reducción del número de diputados en Castilla La Mancha

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6408-2014, promovido por más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista contra la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha y la Directora de los servicios jurídicos de la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha, todos ellos en la representación que legalmente ostentan. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito de 27 de octubre de 2014, presentado en el Registro General de este Tribunal en la misma fecha, doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales y comisionada de más de cincuenta Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2014, de 21 de julio, de reforma de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. 2. El recurso se fundamenta en las consideraciones y motivos que a continuación se resumen. a) La Ley 4/2014, objeto de impugnación, dedica su único artículo a modificar el art. 16 de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha, adaptando el sistema electoral autonómico a la modificación previamente realizada en el art. 10.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (en lo sucesivo, EACM) por la Ley Orgánica 2/2014, de 21 de mayo, que ha sido objeto del recurso de inconstitucionalidad núm. 4791-2014. Dicha reforma estatutaria rebaja el número mínimo y máximo de diputados integrantes de las Cortes de la Comunidad Autónoma, a cuyo efecto se fija una nueva horquilla de 25 a 35 diputados, que sustituye a la anterior, de 47 a 59 diputados; asimismo suprime la anterior asignación, que el art. 10 EACM hacía, de un número mínimo de diputados por cada una de las provincias que integran la Comunidad Autónoma. Desarrollando esta reforma estatutaria, la Ley 4/2014 modifica el art. 16 de la Ley electoral de Castilla-La Mancha configurando un parlamento autonómico con 33 diputados. Tras resumir en el apartado inicial de la demanda los motivos de impugnación del recurso que después se desarrollan, se exponen por los recurrentes unos «antecedentes de hecho» sobre la elaboración y aprobación de la Ley 4/2014, así como sobre las sucesivas modificaciones de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, electoral de Castilla-La Mancha. Las reformas que a lo largo del tiempo ha experimentado la determinación estatutaria o legislativa de la composición de las Cortes de Castilla-La Mancha muestran –hasta la reforma legal ahora impugnada– un progresivo aumento del número de diputados; desde los 47 que fijó la Ley electoral 5/1986, en su redacción originaria (el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha –EACM– abría entonces un margen de 40 a 50 representantes), hasta los 53 que dispuso la reforma en 2012 de la misma Ley electoral, pasando por los 49 diputados que integraron las Cortes conforme a la reforma, en 2007, de la misma Ley 5/1986. La Ley impugnada modifica el art. 16 de la Ley electoral de Castilla-La Mancha, estableciendo una drástica disminución de escaños, de suerte que las Cortes de Castilla-La Mancha quedan formadas por 33 diputados, partiendo de una asignación fija de 3 diputados por provincia y distribuyendo los 18 diputados restantes a elegir entre las provincias en función de una cuota de reparto que tiene en cuenta la población provincial y que debe concretarse por Decreto en el momento de convocatoria de las elecciones autonómicas. Atendiendo a estas reglas y teniendo en cuenta los datos del último censo de población de derecho en Castilla-La Mancha, los recurrentes calculan el número de diputados que corresponderían a cada una de las cinco provincias de esta Comunidad Autónoma según la nueva ley electoral, concluyendo que la reforma electoral impugnada provoca la desaparición de la proporcionalidad y configura un sistema de tipo mayoritario sin corrección alguna, que hace prácticamente imposible que las fuerzas minoritarias tengan voz en el parlamento autonómico y que tiene el objetivo de que el Partido Popular, actual partido mayoritario en las Cortes de la Comunidad Autónoma e impulsor de la reforma, obtenga el mayor rendimiento electoral. Para apoyar su afirmación, realizan los recurrentes una simulación, cifrada en tablas, de posibles resultados electorales a partir de los obtenidos en las elecciones autonómicas anteriores (desde 1993) y a la vista de las previsiones con las que cuentan, tras de lo cual aprecian que, en el «escenario electoral» de 33 diputados, las provincias de Cuenca, Guadalajara y Toledo (en las que el Partido Popular ha conseguido y espera conseguir una victoria electoral) tendrían número impar de escaños, lo que beneficiaría, a la hora de su atribución, a las candidaturas de dicho partido; en tanto que contarían con un número par de escaños las demás provincias (Albacete y Ciudad Real), en las que el citado partido no esperaría mejorar sus resultados. A ello añaden otra simulación, igualmente cifrada en tablas, partiendo de los votos emitidos en las elecciones autonómicas del 2011, sobre los elevados umbrales para la obtención de un escaño que la nueva configuración electoral va a exigir, según los recurrentes, lo que supone erigir insalvables «murallas» electorales, haciendo imposible la representación parlamentaria de las fuerzas polític ### RESUMEN: Sentencia del Constitucional que avala la reducción del número de diputados en Castilla La Mancha

La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia. Esta Recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptando el listado de terceros países a las circunstancias epidemiológicas o para realizar determinados ajustes en los criterios aplicados. La Recomendación del Consejo y sus modificaciones son aplicadas en España mediante la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, con sus sucesivas prórrogas y modificaciones. La Recomendación (UE) 2020/912 ha sido modificada mediante la Recomendación (UE) 2022/290 del Consejo, de 22 de febrero, publicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el 24 de febrero. La nueva redacción posibilita la realización de viajes no esenciales a los que estén en posesión de un certificado de recuperación. Dado que los efectos de la Orden INT/657/2020 finalizan el 28 de febrero de 2022, además de incorporar en la letra k) del artículo 1.1 la exención arriba mencionada, se procede a prorrogar sus efectos durante otro mes adicional. En su virtud, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda modificada como sigue: Uno. Se da una nueva redacción a la letra k) del artículo 1.1, que queda del siguiente modo: «k) Personas provistas de un certificado de vacunación o de recuperación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias. Personas de 12 años o más y menores de 18 que, en caso de no disponer de una pauta de vacunación válida, presenten una prueba de amplificación de ácido nucleico molecular-NAAT (RT-PCR o similar) del SARS-CoV-2 con resultado negativo realizada 72 horas antes de la llegada, previa comprobación por las autoridades sanitarias. Personas menores de 12 años.» Dos. La disposición final única queda modificada como sigue: «Esta orden surtirá efectos desde las 24:00 horas del 22 de julio de 2020 hasta las 24:00 horas del 31 de marzo de 2022, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito de la Unión Europea.» Disposición final única. Efectos. Esta orden surtirá efectos desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 25 de febrero de 2022.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

Siguen relajándose los requisitos de entrada. Ahora, además de la vacunación completa, también se puede entrar desde países de riesgo con certificado de recuperación.

La Recomendación (UE) 2020/912 del Consejo, de 30 de junio, sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la Unión Europea y el posible levantamiento de dicha restricción, estableció un listado de terceros países cuyos residentes quedaban exentos de las restricciones de viaje a la Unión Europea, así como un conjunto de categorías específicas de personas también exentas de esas restricciones, independientemente de su lugar de procedencia. Esta Recomendación ha sido modificada en sucesivas ocasiones para ir adaptando el listado de terceros países a las circunstancias epidemiológicas o para realizar determinados ajustes en los criterios aplicados. La Recomendación del Consejo y sus modificaciones son aplicadas en España mediante la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, con sus sucesivas prórrogas y modificaciones. La Recomendación (UE) 2020/912 ha sido modificada mediante la Recomendación (UE) 2022/290 del Consejo, de 22 de febrero, publicada en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el 24 de febrero. La nueva redacción posibilita la realización de viajes no esenciales a los que estén en posesión de un certificado de recuperación. Dado que los efectos de la Orden INT/657/2020 finalizan el 28 de febrero de 2022, además de incorporar en la letra k) del artículo 1.1 la exención arriba mencionada, se procede a prorrogar sus efectos durante otro mes adicional. En su virtud, dispongo: Artículo único. Modificación de la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. La Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, queda modificada como sigue: Uno. Se da una nueva redacción a la letra k) del artículo 1.1, que queda del siguiente modo: «k) Personas provistas de un certificado de vacunación o de recuperación que el Ministerio de Sanidad reconozca con este fin, previa comprobación por las autoridades sanitarias. Personas de 12 años o más y menores de 18 que, en caso de no disponer de una pauta de vacunación válida, presenten una prueba de amplificación de ácido nucleico molecular-NAAT (RT-PCR o similar) del SARS-CoV-2 con resultado negativo realizada 72 horas antes de la llegada, previa comprobación por las autoridades sanitarias. Personas menores de 12 años.» Dos. La disposición final única queda modificada como sigue: «Esta orden surtirá efectos desde las 24:00 horas del 22 de julio de 2020 hasta las 24:00 horas del 31 de marzo de 2022, sin perjuicio de su eventual modificación para responder a un cambio de circunstancias o a nuevas recomendaciones en el ámbito de la Unión Europea.» Disposición final única. Efectos. Esta orden surtirá efectos desde el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 25 de febrero de 2022.–El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez. ### RESUMEN: Siguen relajándose los requisitos de entrada. Ahora, además de la vacunación completa, también se puede entrar desde países de riesgo con certificado de recuperación.

La sucesión en el título de Barón de Perpinyà ha sido solicitada por don Pere Vicens i Rahola, por fallecimiento de su madre, doña Roser Rahola i d'Espona, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. Madrid, 25 de febrero de 2020.- La Directora, Elisa Carolina de Santos.

Pere Vicens i Rahola solicita el título de Barón de Perpinyà

La sucesión en el título de Barón de Perpinyà ha sido solicitada por don Pere Vicens i Rahola, por fallecimiento de su madre, doña Roser Rahola i d'Espona, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. Madrid, 25 de febrero de 2020.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. ### RESUMEN: Pere Vicens i Rahola solicita el título de Barón de Perpinyà

Por Orden del Ministerio del Interior 2117/2012, de 2 de octubre, se publicó la convocatoria para la concesión de subvenciones a dichas entidades, reservándose para tal fin la cantidad límite de 470.000 euros, con cargo al concepto presupuestario 16.01.131M.480 del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Interior. Al amparo de dicha convocatoria un total de 28 asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro han presentado 59 proyectos, solicitando un importe que asciende a 1.760.187,42 euros. Tras haberse analizado el cumplimiento de los requisitos expresados en la convocatoria por la Subdirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, el día 26 de noviembre de 2012 se reunió la Comisión de Valoración prevista en el apartado Duodécimo de la Orden de convocatoria, emitiendo el correspondiente informe en el que se detalla el resultado de la evaluación. Los proyectos presentados se han calificado con la puntuación total obtenida según los distintos criterios generales y específicos establecidos en el apartado octavo de la Orden INT/2117/2012 que hace pública la convocatoria. Por ello, de conformidad con el Acta emitida por la Comisión de Valoración de Proyectos, he resuelto conceder las subvenciones que, a continuación, se relacionan para la realización de los programas que se indican: 1) Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo y actividades de sensibilización: 1.264,55 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 1.264,55 euros. 2) Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Apoyo al movimiento asociativo: 2.568,74 euros. Información y concienciación social: 2.093,05 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 4.661,79 euros. 3) Asociación de Víctimas del Terrorismo-AVT: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Apoyo al movimiento asociativo y sensibilización social: 105.268,19 euros. c) Proyectos de asistencia directa: Atención a las necesidades legales, materiales y socio-sanitarias de las víctimas del terrorismo: 24.657,09 euros. Asistencia psico-socio-laboral a víctimas del terrorismo y a sus familiares: 27.676,30 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 157.601,58 euros. 4) Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Apoyo al movimiento asociativo: 2.058,36 euros. Sensibilización social: 1.615,70 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 3.674,07 euros. 5) Asociación 11 de marzo-Afectados de Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de funcionamiento y gestión de la entidad: 27.489,43 euros. c) Proyectos de asistencia directa: Atención social y material: 23.147,47 euros. Asistencia psicológica- ASATY: 24.153,88 euros. Asistencia jurídico-penal: 24.657,09 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 99.447,87 euros. 6) Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Apoyo al movimiento asociativo: 7.658,66 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 7.658,66 euros. 7) Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE): a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo: 3.942,97 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 3.942,97 euros. 8) Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo: 6.453,40 euros. Programa de sensibilización social Jornadas andaluzas de Víctimas del Terrorismo: 5.969,40 euros. Programa de sensibilización social: Revista Andalupaz y vídeo Unidos por un sueño: 4.517,38 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 16.940,18 euros. 9) Asociación Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco-COVITE: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo: 9.377.10 euros. c) Proyectos de asistencia directa a víctimas del terrorismo: Servicio de asistencia directa a favor de víctimas del terrorismo y sus familiares: 14.557,48 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 23.934,58 euros. 10) Asociación de Ayuda a Víctimas del 11M: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo: 2.294,36 euros. Programa de información y concienciación social de Europa: 3.212,11 euros. c) Proyectos de asistencia directa: Atención social y psicológica a las víctimas del 11M y sus familiares: 23.650,67 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 29.157,15 euros. 11) Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo: 2.216,60 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 2.216,60 euros. 12) Asociación Dignidad y Justicia: c) Proyectos de asistencia directa: Asistencia jurídico-penal: 19.000,00 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 19.000,00 euros. 13) Fundación de Víctimas del Terrorismo: c) Proyectos de asistencia directa: Asistencia social complementaria a víctimas del terrorismo: 30.000,00 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 30.000,00 euros. 14) Fundación Tomás Caballero: b) Apoyo al movimiento fundacional y sensibilización social: Apoyo al movimiento asociativo: 3.750,62 euros. Programas de información y concienciación social: 5.033,73 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 8.784,35 euros. 15) Fundación Rodolfo Benito Samaniego: b) Apoyo al movimiento fundacional y sensibilización social: Apoyo al movimiento asociativo: 2.978,36 euros. Presentación libro «No me cuentes tu vida»: 3.000,00 euros. VII Concurso de Tarjetas de Navidad: 3.284,62 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 9.262,98 euros. 16) Fundación para la Libertad-Askatasun Bidean: b) Apoyo al movimiento fundacional y sensibilización social: Apoyo al movimiento asociativo e información y concienciación social: 4.898,96 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 4.898,96 euros. 17) Fundación Miguel Ángel Blanco: b) Apoyo al movimiento fundacional y sensibilización social: Campaña Mapa de la Memoria Miguel Ángel Blanco XV Aniversario: 5.110,12 euros. Mantenimiento de oficina fundacional Miguel Ángel Blanco: 4.349,94 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 9.460,06 euros. 18) Fundación Manuel Broseta: a) Apoyo al movimiento fundacional y sensibilización social: Apoyo al movimiento fundacional: 6.757,19 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 6.757,19 euros. 19) Fundación Guardia Civil: b) Apoyo al movimiento fundacional y sensibilización social: Jornada de Formación a delegados y subdelegados en la atención a víctimas del terrorismo: 3.800,92 euros. Exposición itinerante: la Guardia Civil Víctima y Salvaguardia frente al Terrorismo: 3.547,52 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 7.348,44 euros. 20) Fundación Gregorio Ordóñez: b) Apoyo al movimiento fundacional y sensibilización social: Realización y presentación de archivo documental Gregorio Ordóñez: 4.730,03 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 4.730,03 euros. 21) Fundación Fernando Buesa Blanco-Fundazioa: b) Apoyo al movimiento fundacional y sensibilización social: Centro de documentación sobre las víctimas del terrorismo: 11.149,36 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 11.149,36 euros. 22) Fundación contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez Becerril: b) Apoyo al movimiento fundacional y sensibilización social Edición del VIICertamen Creadores por la Libertad y la Paz (Convocatoria): 2.000 euros. II Exposición de fotógrafos por la libertad y la paz y edición del libro VI Certamen por la libertad y la paz: 6.108,63 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 8.108,63 euros. Las entidades beneficiarias de las subvenciones recibirán anticipadamente el 100 % de la cantidad concedida en cada programa o proyecto, de conformidad con el apartado cuarto de la Orden de convocatoria. Asimismo, y de acuerdo con los apartados noveno y décimo de la Orden de convocatoria, las entidades beneficiarias quedan sujetas a las obligaciones de realización y justificación de las actividades y programas subvencionados y al reintegro de las cantidades que no correspondan a gastos correctamente realizados. El plazo de justificación de los programas realizados comprende del 1 al 31 de enero de 2013. Las entidades beneficiarias podrán realizar el programa o proyecto objeto de subvención aún en el caso de que haya sido subvencionada solamente una parte del mismo. No obstante, les asistirá el derecho a renunciar a la adjudicación concedida, que podrá ejercitarse en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la presente Orden. Asimismo, las entidades beneficiarias harán constar, expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios materiales que utilicen para la difusión de las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ministerio del Interior. Finalmente, las entidades beneficiarias están sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas establecen el Título IV de la Ley General de Subvenciones 38/2003, de 27 de noviembre, y al capítulo II del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Esta Orden pone fin a la vía administrativa, y puede interponerse contra ella recurso potestativo de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir de la fecha de su notificación, ante la Audiencia Nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 116.1 de la Ley 30/1992. Madrid, 5 de diciembre de 2012.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Ayudas a las asociaciones de víctimas del terrorismo por importe total de 470.000 euros. Las asociaciones habían solicitado 1.760.187,42 euros.

Por Orden del Ministerio del Interior 2117/2012, de 2 de octubre, se publicó la convocatoria para la concesión de subvenciones a dichas entidades, reservándose para tal fin la cantidad límite de 470.000 euros, con cargo al concepto presupuestario 16.01.131M.480 del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Interior. Al amparo de dicha convocatoria un total de 28 asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro han presentado 59 proyectos, solicitando un importe que asciende a 1.760.187,42 euros. Tras haberse analizado el cumplimiento de los requisitos expresados en la convocatoria por la Subdirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, el día 26 de noviembre de 2012 se reunió la Comisión de Valoración prevista en el apartado Duodécimo de la Orden de convocatoria, emitiendo el correspondiente informe en el que se detalla el resultado de la evaluación. Los proyectos presentados se han calificado con la puntuación total obtenida según los distintos criterios generales y específicos establecidos en el apartado octavo de la Orden INT/2117/2012 que hace pública la convocatoria. Por ello, de conformidad con el Acta emitida por la Comisión de Valoración de Proyectos, he resuelto conceder las subvenciones que, a continuación, se relacionan para la realización de los programas que se indican: 1) Asociación Gallega de Víctimas del Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo y actividades de sensibilización: 1.264,55 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 1.264,55 euros. 2) Asociación de Víctimas del Terrorismo de la Comunidad Valenciana: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Apoyo al movimiento asociativo: 2.568,74 euros. Información y concienciación social: 2.093,05 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 4.661,79 euros. 3) Asociación de Víctimas del Terrorismo-AVT: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Apoyo al movimiento asociativo y sensibilización social: 105.268,19 euros. c) Proyectos de asistencia directa: Atención a las necesidades legales, materiales y socio-sanitarias de las víctimas del terrorismo: 24.657,09 euros. Asistencia psico-socio-laboral a víctimas del terrorismo y a sus familiares: 27.676,30 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 157.601,58 euros. 4) Asociación Extremeña de Víctimas del Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Apoyo al movimiento asociativo: 2.058,36 euros. Sensibilización social: 1.615,70 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 3.674,07 euros. 5) Asociación 11 de marzo-Afectados de Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de funcionamiento y gestión de la entidad: 27.489,43 euros. c) Proyectos de asistencia directa: Atención social y material: 23.147,47 euros. Asistencia psicológica- ASATY: 24.153,88 euros. Asistencia jurídico-penal: 24.657,09 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 99.447,87 euros. 6) Asociación Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas del Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Apoyo al movimiento asociativo: 7.658,66 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 7.658,66 euros. 7) Asociación de Ertzainas y Familiares Víctimas del Terrorismo (ASERFAVITE): a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo: 3.942,97 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 3.942,97 euros. 8) Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo: 6.453,40 euros. Programa de sensibilización social Jornadas andaluzas de Víctimas del Terrorismo: 5.969,40 euros. Programa de sensibilización social: Revista Andalupaz y vídeo Unidos por un sueño: 4.517,38 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 16.940,18 euros. 9) Asociación Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco-COVITE: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo: 9.377.10 euros. c) Proyectos de asistencia directa a víctimas del terrorismo: Servicio de asistencia directa a favor de víctimas del terrorismo y sus familiares: 14.557,48 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 23.934,58 euros. 10) Asociación de Ayuda a Víctimas del 11M: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo: 2.294,36 euros. Programa de información y concienciación social de Europa: 3.212,11 euros. c) Proyectos de asistencia directa: Atención social y psicológica a las víctimas del 11M y sus familiares: 23.650,67 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 29.157,15 euros. 11) Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo: a) Desarrollo del movimiento asociativo y actividades de sensibilización: Programa de apoyo al movimiento asociativo: 2.216,60 euros. La cuantía total de la subvención asciende a 2.216,60 euros. 12) Asociación Dignidad y Justicia: c) Proyectos de asistencia directa: Asistencia jurídico-penal: 19.000,00 euros. La cuantía total de la subvención ascie ### RESUMEN: Ayudas a las asociaciones de víctimas del terrorismo por importe total de 470.000 euros. Las asociaciones habían solicitado 1.760.187,42 euros.

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C-99/15, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 9 de julio de 2015, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-99/15, del ramo de Sector Público Local (Ayto. de Colmenar Viejo), Madrid, relativo a presuntas irregularidades en la gestión económico-financiera en materia de contratación y prestación de servicios en el citado Ayuntamiento. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 9 de julio de 2015.- El Director técnico, Secretario del procedimiento, Fernando de la Cueva Iranzo.

El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en la contratación en Colmenar Viejo (Madrid)

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C-99/15, en méritos a lo acordado en Providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 9 de julio de 2015, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-99/15, del ramo de Sector Público Local (Ayto. de Colmenar Viejo), Madrid, relativo a presuntas irregularidades en la gestión económico-financiera en materia de contratación y prestación de servicios en el citado Ayuntamiento. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 9 de julio de 2015.- El Director técnico, Secretario del procedimiento, Fernando de la Cueva Iranzo. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades en la contratación en Colmenar Viejo (Madrid)

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha acordado nombrar a don Jordi Agustí Juliá, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo con efectos del día 17 de septiembre de 2015. Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 3 de junio de 2015.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.

Nombrado Jordi Agustí Juliá, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo con efectos del día 17 de septiembre de 2015.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 200.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ha acordado nombrar a don Jordi Agustí Juliá, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo con efectos del día 17 de septiembre de 2015. Contra el presente acuerdo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 3 de junio de 2015.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano. ### RESUMEN: Nombrado Jordi Agustí Juliá, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo con efectos del día 17 de septiembre de 2015.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Presidencia de la Generalitat. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Presidencia de la Generalitat. Secretaría General Administrativa. 2) Domicilio: Calle En Bou, número 11. 3) Localidad y código postal: Valencia, 46001. 4) Teléfono: 963131016. 5) Telefax: 963131144. 6) Correo electrónico: contratapre@gva.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha en que finaliza el plazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: CNMY13/DGAPP/1. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de realización de estudios trimestrales de opinión pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: En los locales de la empresa adjudicataria. e) Plazo de ejecución/entrega: Será de 1 año. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79310000-0. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria y anticipada. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Oferta económica hasta 50 puntos; calidad técnica de la oferta: hasta 50 puntos, con el siguiente desglose: planificación del trabajo de campo: 30 puntos, análisis de la información: 15 puntos y recursos humanos dedicados a tiempo completo al estudio: 5 puntos. 4. Valor estimado del contrato: Doscientos ochenta mil euros (280.000 euros). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: Ciento cuarenta mil euros (140.000 euros) IVA excluido. IVA: 29.400 euros. Importe total: Ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos euros (169.400 euros). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cinco por ciento del importe de adjudicación del contrato. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: L, Subgrupo: 3, Categoría: A. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 8 de enero de 2013. b) Modalidad de presentación: Se presentarán 3 sobres cerrados y firmados, con la documentación y forma exigida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas, distinguiendo, sobre A: documentación administrativa, sobre B: proposición técnica y sobre C: proposición económica. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: En el Registro General de la consellería de Presidencia o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2) Domicilio: Calle En Bou, número 11. 3) Localidad y código postal: Valencia, 46001. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura de proposiciones. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre documentación técnica y apertura de las proposiciones económicas. b) Dirección: Calle En Bou, número 11. c) Localidad y código postal: Valencia 46001. d) Fecha y hora: Sobre B: 18 de enero de 2013 a las 12 horas. Sobre C: 31 de enero de 2013 a las 12 horas. 10. Gastos de publicidad: A cargo del ajdudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 8 de noviembre de 2012. 12. Otras informaciones: Ver pliegos. Valencia, 8 de noviembre de 2012.- El Conseller de Presidencia y Vicepresidente primero del Consell (por delegación de firma del President de la Generalitat según resolución de 30/12/2011): José Ciscar Bolufer.

169.400 euros para realizar cuatro encuestas de opinión pública en la Comunitat Valenciana.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Presidencia de la Generalitat. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Administrativa. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Presidencia de la Generalitat. Secretaría General Administrativa. 2) Domicilio: Calle En Bou, número 11. 3) Localidad y código postal: Valencia, 46001. 4) Teléfono: 963131016. 5) Telefax: 963131144. 6) Correo electrónico: contratapre@gva.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha en que finaliza el plazo de presentación de ofertas. d) Número de expediente: CNMY13/DGAPP/1. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de realización de estudios trimestrales de opinión pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: En los locales de la empresa adjudicataria. e) Plazo de ejecución/entrega: Será de 1 año. f) Admisión de prórroga: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79310000-0. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria y anticipada. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Oferta económica hasta 50 puntos; calidad técnica de la oferta: hasta 50 puntos, con el siguiente desglose: planificación del trabajo de campo: 30 puntos, análisis de la información: 15 puntos y recursos humanos dedicados a tiempo completo al estudio: 5 puntos. 4. Valor estimado del contrato: Doscientos ochenta mil euros (280.000 euros). 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: Ciento cuarenta mil euros (140.000 euros) IVA excluido. IVA: 29.400 euros. Importe total: Ciento sesenta y nueve mil cuatrocientos euros (169.400 euros). 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cinco por ciento del importe de adjudicación del contrato. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: L, Subgrupo: 3, Categoría: A. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 8 de enero de 2013. b) Modalidad de presentación: Se presentarán 3 sobres cerrados y firmados, con la documentación y forma exigida en la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas, distinguiendo, sobre A: documentación administrativa, sobre B: proposición técnica y sobre C: proposición económica. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: En el Registro General de la consellería de Presidencia o en cualquier otro lugar de presentación previsto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2) Domicilio: Calle En Bou, número 11. 3) Localidad y código postal: Valencia, 46001. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde la apertura de proposiciones. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Apertura sobre documentación técnica y apertura de las proposiciones económicas. b) Dirección: Calle En Bou, número 11. c) Localidad y código postal: Valencia 46001. d) Fecha y hora: Sobre B: 18 de enero de 2013 a las 12 horas. Sobre C: 31 de enero de 2013 a las 12 horas. 10. Gastos de publicidad: A cargo del ajdudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 8 de noviembre de 2012. 12. Otras informaciones: Ver pliegos. Valencia, 8 de noviembre de 2012.- El Conseller de Presidencia y Vicepresidente primero del Consell (por delegación de firma del President de la Generalitat según resolución de 30/12/2011): José Ciscar Bolufer. ### RESUMEN: 169.400 euros para realizar cuatro encuestas de opinión pública en la Comunitat Valenciana.

La Resolución de 3 de marzo de 2009 del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha resuelto: 'Primero.-Declarar que la Empresa Funeraria Municipal, S.A. ha incurrido en una práctica prohibida por el artículo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia 16/1989, por haberse obstaculizado la competencia real o potencial, siendo responsable el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Segundo.-Imponer a Empresa Funeraria Municipal, S.A., conjunta y solidariamente con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, la multa de quinientos mil (500.000) euros. Tercero.-Intimar a las entidades para que se abstengan en lo sucesivo de realizar las prácticas declaradas prohibidas. Cuarto.-Ordenar a las entidades sancionadas la publicación de la parte dispositiva de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado y en las páginas de economía de dos diarios de información general, uno de ámbito nacional y otro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la Resolución. En caso de incumplimiento de lo anteriormente dispuesto, se le impondrá a la que lo incumpla una multa de seiscientos (600) euros, por cada día de retraso. Quinto.-Los sancionados, justificarán ante la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones impuestas en los anteriores apartados. Sexto.-La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia vigilará y cuidará el cumplimiento de esta Resolución.' Palma de Mallorca, 1 de agosto de 2013.- Gerente de la Empresa Funeraria Municipal, S.A.

Multa de 500.000 euros a la Funeraria Municipal de Palma por haberse obstaculizado la competencia real o potencial.

La Resolución de 3 de marzo de 2009 del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ha resuelto: 'Primero.-Declarar que la Empresa Funeraria Municipal, S.A. ha incurrido en una práctica prohibida por el artículo 6 de la Ley de Defensa de la Competencia 16/1989, por haberse obstaculizado la competencia real o potencial, siendo responsable el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Segundo.-Imponer a Empresa Funeraria Municipal, S.A., conjunta y solidariamente con el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, la multa de quinientos mil (500.000) euros. Tercero.-Intimar a las entidades para que se abstengan en lo sucesivo de realizar las prácticas declaradas prohibidas. Cuarto.-Ordenar a las entidades sancionadas la publicación de la parte dispositiva de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado y en las páginas de economía de dos diarios de información general, uno de ámbito nacional y otro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Islas Baleares en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de la Resolución. En caso de incumplimiento de lo anteriormente dispuesto, se le impondrá a la que lo incumpla una multa de seiscientos (600) euros, por cada día de retraso. Quinto.-Los sancionados, justificarán ante la Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de la Competencia el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones impuestas en los anteriores apartados. Sexto.-La Dirección de Investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia vigilará y cuidará el cumplimiento de esta Resolución.' Palma de Mallorca, 1 de agosto de 2013.- Gerente de la Empresa Funeraria Municipal, S.A. ### RESUMEN: Multa de 500.000 euros a la Funeraria Municipal de Palma por haberse obstaculizado la competencia real o potencial.

El Pleno del Tribunal, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 1091-2004, promovido por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás Salvador Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo y doña Silvia María García-Calvo Haya –que lo hace por sucesión procesal en su condición de heredera de don Roberto García-Calvo y Montiel–, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Juliá Corujo y bajo la dirección del Letrado don Luis Martí Mingarro, contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2004, aclarada por Auto de 27 de enero de 2004, dictada en los autos sobre responsabilidad civil núm. 1-2003. Ha comparecido don José Luis Mazón Costa, en su propio nombre y representación en su calidad de Licenciado en Derecho, bajo la dirección de la Letrada doña Encarnación Martínez Segado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente don Pascual Sala Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de febrero de 2004, la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Juliá Corujo, en nombre y representación de don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás Salvador Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Roberto García-Calvo y Montiel y don Eugeni Gay Montalvo, bajo la dirección del Letrado de don Luis Martí Mingarro, interpuso demanda de amparo contra la resolución judicial mencionada en el encabezamiento. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) Don José Luis Mazón Costa interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sendas demandas, tramitadas con los núms. 1391-1999 y 2431-1999 por su Sección Séptima, en las que interesaba que se condenara al Tribunal Constitucional a convocar todas las plazas de Letrados de dicho Tribunal que estuvieran cubiertas por libre designación. Los recursos fueron acumulados y desestimados por Sentencia de 24 de junio de 2002. b) Don José Luis Mazón Costa presentó un escrito registrado el 10 de julio de 2002 en el Tribunal Constitucional con el núm. 4287-2002, dirigido «Al Tribunal Constitucional. Sustituido por formación que garantice un examen imparcial», formulando «recurso de amparo... contra el propio Tribunal Constitucional, litigante adversario en el proceso previo». La petición contenida en el escrito era «1. La abstención de todos los magistrados del Tribunal por tener interés directo, subsidiariamente, su recusación. 2. La solicitud de una medida legislativa al Presidente del Gobierno para que solicite el [sic] Parlamento la aprobación de un proyecto de ley que garantice el derecho constitucional a un examen imparcial del presente recurso de amparo. 3. Por la formación que prevea la medida legislativa y respete el derecho al juez imparcial, la estimación del presente amparo con declaración de nulidad de la sentencia impugnada y estimación del contenido de la demanda». c) El Pleno del Tribunal Constitucional dictó providencia de 18 de julio de 2002 con el siguiente contenido: «El Pleno, en su reunión del día de hoy y a propuesta de la Sala Segunda, visto el escrito de 10 de julio de 2002 presentado por don José Luis Mazón Costa, acuerda por unanimidad la inadmisión del mismo, por cuanto el recurso no se dirige a este Tribunal Constitucional, sino a otro hipotético que le sustituya. En su consecuencia, procédase al archivo de las presentes actuaciones». d) Don José Luis Mazón Costa dirigió al Pleno del Tribunal Constitucional un escrito formulando recurso de súplica, basado en la «infracción palmaria del deber de ejercer la jurisdicción y resolver los recursos de amparo que se presentan ante el Tribunal Constitucional». En dicho escrito se interesaba que «Se dicte auto dejando sin efecto la resolución impugnada y se resuelva sobre el contenido del recurso de amparo, sobre la recusación de los magistrados del TC y en relación a la solicitud de proposición de medida legislativa que garantice un examen imparcial del recurso de amparo». e) El Pleno del Tribunal Constitucional dictó providencia de 17 de septiembre de 2002 con el siguiente contenido: «Por recibido el escrito en que don José Luis Mazón Costa plantea Recurso de Súplica contra la providencia de archivo de las presentes actuaciones, de 18 de julio de 2002. Ha de destacarse, para resolver acerca de lo que en él se pide, que la presunta demanda de amparo iba dirigida “Al Tribunal Constitucional. Sustituido por formación que garantice un examen imparcial”, y en el suplico de la misma se contenían las siguientes peticiones: “1. La abstención de todos los magistrados del Tribunal por tener interés directo, subsidiariamente, su recusación. 2. La solicitud de una medida legislativa al Presidente del Gobierno para que solicite el [sic] Parlamento la aprobación de un proyecto de ley que garantice el derecho constitucional a un examen imparcial del presente recurso de amparo. 3. Por la formación que prevea la medida legislativa y respete el derecho al juez imparcial, la estimación del presente amparo con declaración de nulidad de la sentencia impugnada y estimación del contenido de la demanda”. De todo ello se desprende con claridad que la supuesta demanda de amparo no se hallaba dirigida a este Tribunal y, en cualquier caso, que carecía de la claridad y precisión que el artículo 49 LOTC exige como requisitos esenciales de la demanda de amparo. De modo que no cabe admitir un recurso de súplica por parte de quien no ha iniciado ante este Tribunal procedimiento alguno. A lo que cabe decir que, aun si así no fuese, la providencia que se impugna sólo podría ser recurrida en súplica por el Ministerio Fiscal (art. 50.2 LOTC)». f) Don José Luis Mazón Costa formuló demanda de responsabilidad civil ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contra los Magistrados del Tribunal Constitucional que habían dictado las citadas providencias, solicitando su condena por «dolo civil o, subsidiariamente, por culpa grave, imponiéndoles solidariamente la obligación de indemnizar al demandante con la suma de once mil euros». La demanda fue admitida a trámite por Auto de 24 de febrero de 2003, dando lugar a los autos de responsabilidad civil núm. 1-2003. g) El Abogado del Estado, que actuaba en defensa de los entonces demandados y ahora recurrentes en amparo, formuló una declinatorio de jurisdicción, argumentando que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo carecía de jurisdicción para resolver sobre la cuestión planteada, habida cuenta de la inviolabilidad de los Magistrados del Tribunal Constitucional por las opiniones expresadas en el ejercicio de su función [art. 22.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)]. Igualmente, se destacaba que, atendiendo a la posición institucional del Tribunal Constitucional, al que todos los poderes públicos le están funcionalmente subordinados cuando ejerce su cometido de supremo intérprete de la Constitución (art. 1.1 LOTC), incluyendo al Tribunal Supremo en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE), y a la prohibición de promover cuestión de jurisdicción o competencia (art. 4.1 LOTC), el «someter a juicio las decisiones adoptadas por los Magistrados constitucionales, a través de sus Sentencias, Autos o providencias, aunque fuera formalmente para apreciar si habían actuado con culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones con fines indemnizatorios, sería un modo de someter a revisión resoluciones frente a las que “no cabe recurso alguno” (art. 164.1 CE, arts. 93 y 50 LOTC)». h) Por Auto de 28 de abril de 2003 se desestimó la declinatoria de jurisdicción, afirmando que la independencia de los Magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159.5 CE) y su sujeción exclusiva a la Constitución y su Ley Orgánica (art. 1.1 LOTC) no puede llevar «a una conclusión de la más rigurosa irresponsabilidad de los mismos por la violación de las normas a las que están subordinados. Y ello como una consecuencia emanada del principio de la soberanía popular y del desarrollo de un iusnaturalismo racionalista». Igualmente, se destaca que la Constitución no proclama su inviolabilidad por el ejercicio de su función, tal como se hace con el Monarca o los Diputados, y que, sin embargo, existe base legal para sustentar su responsabilidad al reconocerse como causa de cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional la declaración de responsabilidad civil por dolo (art. 23.1.7 LOTC) y la competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para conocer de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos por el Presidente y demás Magistrados del Tribunal Constitucional artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Por último, también se pone de manifiesto, que a esta conclusión no cabe oponer el artículo 22 LOTC, referido a que los Magistrados del Tribunal Constitucional no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, «pues una cosa son las opiniones –concepto que se forma de un evento– y otra son las decisiones judiciales en las que a través de una constatación de hechos y de una ratio decidendi se llega a una decisión que puede afectar a terceros de una manera torticera y por la cual si se pueden exigir responsabilidades como tarea profesional y no como manifestación de una idea» (fundamento de Derecho segundo). i) Por Sentencia de 23 de enero de 2004 se acordó estimar parcialmente la demanda y declarar incursos en responsabilidad civil a todos los demandados, condenando a cada uno de ellos al pago de quinientos euros. Por Auto de 27 de enero de 2004 se corrigió una omisión en el encabezamiento y hecho primero de la Sentencia condenatoria. En la Sentencia se señala, en primer lugar, que la posible responsabilidad civil de los demandados sólo puede producirse dentro del marco de la regulación de la responsabilidad civil extracontractual del artículo 1902 del Código civil, al no resultar aplicable el régimen del artículo 441 LOPJ, que aparece referido exclusivamente para Jueces y Magistrados que conforman los órganos del Poder Judicial, ni estar tampoco regulada dicha responsabilidad en su legislación orgánica propia (fundamento de Derecho tercero). A partir de ello, se afirma que los Magistrados del Tribunal Constitucional demandados «tuvieron una conducta absolutamente antijurídica» en sus resoluciones de 18 de julio y 17 de septiembre de 2002, ya que «se negaron lisa y llanamente a entrar a resolver una petición de amparo so pretexto de que iba dirigida a un hipotético tribunal, lo que implica un non liquet totalmente inadmisible». Así, se expone, por un lado, que los demandados rechazaron el recurso de amparo «no porque no se comprendiera dentro de los casos y formas establecidos por la ley» sino porque iba dirigido a un hipotético Tribunal y no al Tribunal Constitucional «lo que es absolutamente incierto». Y, por otro, que ésta es una «conducta antijurídica, con base en principios de legalidad ordinaria, puesto que el Código Civil en su artículo 1.7 proclama, como principio de eficacia imperativa para todos los sectores del ordenamiento jurídico, que “los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan ateniéndose a la sistema de fuentes establecido”». En ese sentido, se afirma que el incumplimiento del deber de resolver «parte de una actitud de conducta negativa, fundada en una manifestación de que no se va a resolver sobre la pretensión ejercitada, sin aducir razón alguna que fundamente o motiva seriamente dicha posición negativa a dar la resolución procedente, salvo la existencia de un hipotético Tribunal» y que esa posición negativa «se puede producir en una resolución motivada cuya base no tenga apoyo legal o sea ilógica o arbitraria», ya que si bien resulta posible, desde la perspectiva del artículo 24.1 CE, una resolución de inadmisión, esta debe estar fundada en aplicación razonada de una causa legal. Por último, se señala que la conducta es también culpable, ya que en las resoluciones citadas, «al no dar respuesta lógica a la pretensión de amparo, los Magistrados demandados han actuado con una negligencia profesional grave, que supone, para el caso concreto, una ignorancia inexcusable, ya que la ilicitud o antijuridicidad tiene como base la violación de unas normas absolutamente imperativas» (fundamento de Derecho cuarto). 3. Los recurrentes aducen en su demanda de amparo que la resolución impugnada ha vulnerado sus derechos fundamentales de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por lo que solicitan su anulación. Como cuestión previa, los recurrentes reconocen que la singularidad del caso va a suponer una necesaria demora en la resolución del recurso, al estar afectado el ejercicio de la jurisdicción constitucional de amparo por la composición subjetiva del Tribunal Constitucional en el momento de presentarse la demanda, lo que va a exigir esperar a sucesivas renovaciones de sus miembros hasta conseguir un adecuado quórum para su resolución. Entrando en el fondo de las invocaciones, los recurrentes ponen de manifiesto, en primer lugar, que se ha vulnerado el derecho de acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE) en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Los recurrentes señalan, tras resumir la jurisprudencia constitucional en relación con el derecho al desempeño regular del cargo público, que si bien el artículo 23.2 CE se ha centrado especialmente en los cargos públicos representativos, también garantiza la independencia y el ejercicio sin perturbaciones ilegítimas de las funciones propias de los Magistrados Constitucionales, como se desprende de la doctrina establecida en la STC 198/1989, de 27 de noviembre. En relación con ello invocan también el artículo 24.1 CE, considerando que la resolución impugnada, en primer lugar, menoscaba el ejercicio independiente de las funciones jurisdiccionales constitucionales inherentes a la naturaleza del Tribunal Constitucional como órgano constitucional al que se atribuye la supremacía interpretativa de la Constitución y de su propia Ley Orgánica; y, en segundo lugar, quebranta la prerrogativa de inviolabilidad contenida en el artículo 22 LOTC y, con ello, amenaza la independencia de sus Magistrados. Por lo que se refiere a la perturbación de las funciones de la justicia constitucional por desconocer la supremacía interpretativa del Tribunal Constitucional, se señala que la resolución judicial, al imputar a los recurrentes un non liquet, «lo que realmente viene a manifestarse es que el contenido de ambas providencias no le parece a la Sala Primera del Tribunal Supremo motivación suficiente y adecuada», poniendo de manifiesto un conflicto de apreciaciones entre el Tribunal Constitucional y la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre cuál es la mínima motivación adecuada y suficiente para inadmitir y la calificación que correspondía darle al escrito al que se dio respuesta en esas providencias. A esos efectos, se señala en la demanda de amparo que para decidir sobre la acción de responsabilidad civil «la Sala Primera del Tribunal Supremo se atribuye a sí misma la función de determinar cómo tenía que haber interpretado y aplicado el Pleno del Tribunal Constitucional el artículo 24 CE … a la hora de inadmitir una petición de amparo» y que, igualmente, se atribuye la función de determinar cómo se debe interpretar y aplicar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el concreto particular de la calificación que merecía el escrito que se había presentado para calificarlo como auténtica demanda dirigida al Tribunal Constitucional. Los recurrentes consideran que este enjuiciamiento y censura a partir de una interpretación propia del artículo 24.1 CE implica una inversión de papeles entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional que supone una grave perturbación del regular y legítimo ejercicio de las funciones jurisdiccionales constitucionales, ya que según la Constitución «no es el Tribunal Constitucional quien debe estar sometido al Tribunal Supremo en materia de garantías constitucionales (lo que muy principalmente incluye los derechos fundamentales), sino justo al revés: el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo del derecho fundamental a la resolución judicial motivada ínsito en el artículo 24.1 CE (art. 1.1 LOTC) y el Tribunal Supremo quien está subordinado al Tribunal Constitucional en esta materia (art. 123.1 in fine de la Constitución y arts. 5.1 y 7.2 LOPJ)». Del mismo modo, se insiste en que si bien el Tribunal Constitucional está también vinculado a los derechos fundamentales (art. 53.1 CE), es a este Tribunal al que compete precisar definitivamente el modo y grado de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales, señalando que «en materia constitucional todos los demás poderes públicos españoles están sometidos al Tribunal Constitucional y él mismo no puede ser juzgado por nadie» y que «ningún otro Tribunal español puede, por ninguna vía, imponerle su propia interpretación constitucional. Que es, en definitiva, lo que hace la Sentencia recurrida». A esos efectos, también se pone de manifiesto que, una tesis similar vale para la interpretación y aplicación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ya que «ningún otro Tribunal español puede enjuiciar el modo en que el Tribunal Constitucional aplica su propia Ley Orgánica. Contra sus sentencias no hay recurso ante ningún órgano interno (art. 164.1 CE y 93.1 LOTC). Y contra sus resoluciones interlocutorias sólo ante el propio Tribunal Constitucional en los términos que dispone la LOTC (arts. 50, apartados 2 y 4, y 93.2 LOTC). Ningún Tribunal puede cuestionar su jurisdicción y competencia por ninguna vía (art. 4.1 LOTC)». De ese modo, los recurrentes concluyen que con la resolución impugnada la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no sólo ha violado la supremacía interpretativa del Tribunal Constitucional asumiendo la función de garante de la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional frente al propio Pleno del Tribunal Constitucional, sino que también ha vulnerado la independencia de los Magistrados del Tribunal Constitucional –declarada desde el punto de vista del órgano, por el artículo 1.1 LOTC, y desde el punto de vista de los Magistrados, por el artículo 159.3 CE–, no prestando «la tutela judicial en la forma y dentro de los límites que la Constitución y la LOTC imponía a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo». Por lo que se refiere al quebranto de la inviolabilidad de los Magistrados del Tribunal Constitucional por sus opiniones, los recurrentes ponen de manifiesto que la condena, al haberse centrado en el contenido de dos resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, supone un quebranto de la inviolabilidad de los Magistrados que dictaron dichas resoluciones por sus opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones (art. 22 LOTC) y, por tanto, de su independencia (art. 159.5 CE). Los recurrentes reconocen que la independencia proclamada en el artículo 159.5 CE no implica una irresponsabilidad absoluta, ya que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se refiere a la eventual responsabilidad penal y civil de los Magistrados del Tribunal Constitucional. Sin embargo, señalan que, a los efectos de la interpretación del artículo 22 LOTC, la previsión de la imposibilidad de persecución de los Magistrados del Tribunal Constitucional por las opiniones expresadas en el ejercicio de su función se refiere, precisamente, al contenido de sus resoluciones jurisdiccionales, ya que «ninguna duda puede caber de que la opinión de cada Magistrado se expresa fundamentalmente en las deliberaciones y, sobre todo, en su voto en las diversas resoluciones jurisdiccionales. El artículo 90.2 LOTC enlaza opinión y voto cuando dice que los Magistrados podrán “reflejar en un voto particular su opinión discrepante”. No cabe, pues, duda alguna que, en el artículo 22 LOTC, la opinión incluye la manifestada tanto en las deliberaciones como en el voto de las resoluciones jurisdiccionales, y abarca a estas en su integridad: fijación de hechos, fundamentación jurídica y parte dispositiva». En segundo lugar, los recurrentes alegan la vulneración del derecho a una resolución judicial fundada en Derecho y no arbitraria (art. 24.1 CE). Así, ponen de manifiesto que la resolución impugnada no podría considerarse expresión de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico por carecer de la debida fundamentación, ya que la afirmación de que los recurrentes observaron una conducta «absolutamente antijurídica» al dictar las providencias de 18 de julio y 17 de diciembre de 2002, se fundamenta exclusivamente en unos «principios de legalidad ordinaria» que no especifica y en el artículo 1.7 del Código civil. Por el contrario, los recurrentes alegan que en tal fundamentación no se hace mención del artículo 50 LOTC, regulador de los requisitos de admisión del recurso de amparo, y, además, es incompatible con el mandato contenido en el artículo 1 LOTC, que somete al Tribunal Constitucional únicamente a la Constitución y a su propia Ley Orgánica, la cual, desde la reforma operada por la Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio, permite la inadmisión de demandas de amparo sin necesidad de motivación. Al margen de ello, los recurrentes destacan que el órgano judicial no debía enjuiciar las providencias del Tribunal Constitucional desde la perspectiva de «principios de legalidad ordinaria» o con arreglo a la prohibición de non liquet, sino verificar si concurría la responsabilidad civil denunciada por la parte actora. Respecto de ello, señalan que esta cuestión, para salvaguardar la supremacía del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales [art. 123 CE en relación con los arts. 162.b) CE y 2 LOTC], no puede resolverse enjuiciando la conformidad a Derecho de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, pues sus pronunciamientos son irrevisables por cualquier otro Tribunal, incluido el Supremo (arts. 164.1 CE y 93.2 LOTC). Por último, los recurrentes alegan también la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por ser irrazonable la ratio decidendi de la Sentencia impugnada. A ese respecto, destacan que la fundamentación de la resolución impugnada no la constituyen los tres elementos que pueden servir de soporte a una declaración de responsabilidad, como son la antijuridicidad culpable, el daño y el nexo causal, sino que todo el peso de la decisión descansa en el presupuesto de que el Tribunal Constitucional inadmitió un escrito de forma antijurídica. Los recurrentes resaltan que la afirmación de que actuaron de forma antijurídica es manifiestamente irrazonable, pues no se les puede imputar haber incurrido en non liquet cuando, precisamente, lo que hicieron fue declarar que un determinado escrito era inadmisible a limine por estar dirigido a otro Tribunal. Hubo, pues, resolución, lo que excluye el non liquet. También destacan que el órgano judicial habría obviado el contenido de la segunda de las providencias acordadas por el Pleno del Tribunal Constitucional, en la que se hacía referencia al incumplimiento del artículo 49 LOTC, lo que sería motivo suficiente para justificar la inadmisión del escrito. 4. Los recurrentes, por escritos de 12, 22 y 23 de marzo de 2004 comunicaron su voluntad de abstenerse de toda intervención en el presente recurso y sus incidencias. El Presidente del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 LOTC, acordó, con fecha 29 de marzo de 2004, al ser patente que no cabía resolver sobre las solicitudes de abstención, la suspensión de toda tramitación procesal del presente recurso de amparo, incluida la de las abstenciones solicitadas, hasta tanto fuera posible proveer sobre las mismas. 5. La Presidenta del Tribunal acordó, con fecha 4 de abril de 2005, designar como sustitutos de los Magistrados don Vicente Conde Martín de Hijas y doña Elisa Pérez Vera de la Sección Cuarta de este Tribunal a los Magistrados don Pascual Sala Sánchez y don Pablo Pérez Tremps, con el objeto de resolver sobre las abstenciones formuladas y, en su caso, la admisibilidad del recurso de amparo. Las solicitudes de abstención fueron resueltas por ATC 290/2005, de 4 de julio. 6. La Procuradora de los Tribunales doña María del Ángel Sanz Amaro, en nombre y representación de don José Luis Mazón Cuesta, y bajo la dirección de la Letrada doña Encarnación Martínez Segado, mediante diversos escritos registrados en este Tribunal el 27 de febrero de 2004, 18 de julio de 2005 y 13 de octubre de 2005, reiteró diferentes recusaciones, que fueron sucesivamente inadmitidas por sendas providencias de 4 de julio de 2005, 22 de julio de 2005 y 19 de octubre de 2005, al no poder tenerse en ese momento procesal por comparecido al solicitante a ningún efecto, conforme al artículo 51.2 LOTC. Por Auto de 5 de octubre de 2005 se desestimó el recurso de súplica interpuesto, mediante escrito registrado el 11 de julio de 2005, contra la providencia de 4 de julio de 2005 y por ATC 428/2005, de 13 de diciembre, se inadmitió el recurso de súplica interpuesto, mediante escrito registrado el 28 de octubre de 2005, contra la providencia de 19 de octubre de 2005. 7. La Sección Cuarta de este Tribunal, por providencia de 27 de abril de 2007, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 51 LOTC, requerir atentamente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo la remisión del testimonio de las actuaciones correspondientes y el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción de los recurrentes, para que pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo. Igualmente se acordó, en relación con la dación de cuentas aprobada en providencias de 22 de julio y 19 de octubre de 2005, respecto de las recusaciones planeadas que se proveería sobre las mismas por quien correspondiera a resultas del cumplimiento de los requisitos necesarios de emplazamiento y demás determinantes de la adquisición de la condición de parte del solicitante. 8. Don José Luis Mazón Costa, por escrito registrado el 5 de junio de 2007, solicitó que, en su calidad de Licenciado en Derecho, se le tuviera por personado y parte en el presente recurso de amparo, lo que se acordó mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal de 4 de julio de 2007. La parte comparecida, por un primer escrito registrado el 28 de junio de 2007, interpuso recurso de súplica contra la providencia de admisión a trámite y, por un segundo escrito registrado ese mismo día, solicitó la tramitación de los escritos de recusación planteados a los que se hacían referencia en la providencia de admisión. Por ATC 159/2008, de 19 de junio, se acordó inadmitir el recurso de súplica. 9. El 18 de mayo de 2008 se produjo la vacante como Magistrado del Tribunal Constitucional de don Roberto García-Calvo y Montiel por fallecimiento. 10. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, en relación con los artículos 7 y 8 LOTC, y el Acuerdo de 20 de enero de 2005, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula la sustitución de Magistrados a los efectos previstos en el artículo 14 LOTC, la Presidenta del Tribunal, acordó, con fecha 5 de diciembre de 2008, designar al Magistrado Sr. Aragón Reyes para completar la Sala Segunda, a la que correspondía pronunciarse sobre este amparo, para su resolución. 11. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 22 de diciembre de 2008, acordó respecto de las solicitudes de recusación formuladas que su resolución quedara pendiente hasta que se completara el proceso de renovación del Tribunal Constitucional, por ser notoria la falta de quórum en el Pleno para un pronunciamiento sobre el particular. 12. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 1 de marzo de 2011, acordó que se remitiera testimonio al Pleno del Tribunal de las recusaciones formuladas por la parte comparecida en los escritos de 18 de julio y 13 de octubre de 2005, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.k) LOTC, siendo resueltas por ATC 40/2011, de 12 de abril. 13. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 30 de mayo de 2011, acordó que, siendo notorio el fallecimiento de don Roberto García-Calvo y Montiel, se requiriera a su representante procesal para que en el plazo de diez días participara a la Sala si los herederos pretendían mantener el recurso de amparo. La Procuradora de los Tribunales doña Isabel Juliá Corujo, en nombre y representación de doña Silvia María García-Calvo, solicitó que, en su condición de heredera, se acordara la sucesión procesal y el mantenimiento de las pretensiones sustentadas en el presente recurso de amparo por don Roberto García-Calvo y Montiel. 14. La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, por diligencia de ordenación de 5 de julio de 2011, acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Juliá Corujo, en nombre y representación de doña Silvia María García-Calvo, y, a tenor de lo dispuesto en el artículo 52.1 LOTC, dar vista de las actuaciones por plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y las partes personadas para que, dentro de dicho término, pudiesen presentar las alegaciones que a su derecho conviniera. 15. La parte comparecida, en escrito registrado el 7 de septiembre de 2011, presentó sus alegaciones solicitando la inadmisión del recurso o, subsidiariamente, su desestimación. Considera que el recurso es inadmisible, en primer lugar, porque los recurrentes han contaminado al propio Tribunal Constitucional mediante el dictado del acuerdo de 3 de febrero de 2004 por el que se reprueba la Sentencia impugnada en el presente amparo, comprometiendo su posición institucional con la afirmación de que suponía una invasión competencial. La parte comparecida sostiene, en segundo lugar, que el recurso es también inadmisible por haber vulnerado los recurrentes sus deberes de integridad, dignidad e imparcialidad al formular el recurso de amparo, ya que han utilizado el cargo para obtener una posición ventajosa, dejando en una situación comprometedora a los Magistrados que deban resolver el recurso, de modo tal que el Tribunal Constitucional carecería de competencia para examinar este recurso. Como tercera causa de inadmisión, la parte comparecida alega que la demanda de amparo ha sido presentada con manifiesto abuso de derecho. En cuarto lugar, aduce que el recurso es inadmisible por falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1.a) LOTC] al no haberse acudido al incidente de nulidad de actuaciones, que era un medio procesal apto para el eventual restablecimiento de los derechos invocados por haberse denunciado defectos de forma causantes de indefensión. Por último, la parte comparecida también considera inadmisible el recurso por falta de invocación previa del derecho vulnerado [art. 44.1.c) LOTC], toda vez que no fueron alegados por los recurrente las vulneraciones de los artículos 23.2 y 24.1 CE frente al Auto de admisión de la demanda contencioso-administrativa, ni en la contestación a la demanda, siendo insuficiente a estos efectos el planteamiento de la declinatoria de jurisdicción. En relación con la cuestión de fondo planteada en el recurso, la parte comparecida sostiene que basta una lectura de la resolución impugnada para comprobar que está fundada en Derecho aunque sea contraria a los intereses de los recurrentes, habiéndose razonado debidamente el carácter antijurídico de su conducta. 16. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 8 de septiembre de 2011, interesó que se otorgara el amparo solicitado por vulneración de los derechos al acceso a los cargos públicos (art. 23.2 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), con anulación de la resolución impugnada. El Ministerio Fiscal destaca, en relación con la invocación de los artículos 23.2 y 24.1 CE, por el menoscabo producido en el ejercicio independiente de las funciones jurisdiccionales de los recurrentes, que, conforme a la regulación entonces vigente, es incuestionable que las resoluciones del Tribunal Constitucional no son susceptibles de ningún recurso o control de legalidad por ningún órgano jurisdiccional. A partir de ello, también constata que la Sentencia impugnada tenía como único y exclusivo objeto el examen de dos resoluciones del Tribunal Constitucional. En este contexto, el Ministerio Fiscal considera que la mera referencia efectuada por el órgano judicial para justificar su competencia en el enjuiciamiento de estas resoluciones del Pleno del Tribunal Constitucional «puede ser válida para justificar la capacidad de enjuiciamiento de la responsabilidad civil, por acciones u omisiones, por los órganos de dicha jurisdicción, pero no es suficiente para rechazar la falta de competencia alegada», ya que «la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha abstenido de considerar que la demanda ante ella presentada, se circunscribía a una discrepancia estrictamente jurídica con dos resoluciones dictadas, en el ejercicio exclusivo de sus funciones jurisdiccionales, por el Pleno del Tribunal Constitucional, en aplicación de la normativa específica que regula los requisitos que han de recurrir los escritos dirigidos al Tribunal Constitucional para su admisión». De todo ello concluye que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo se ha atribuido la competencia para enjuiciar la corrección o incorrección de sendas resoluciones dictadas por el Pleno Tribunal Constitucional, cuyos miembros tienen garantizado tanto por la Constitución como por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no sólo su independencia y su exclusividad jurisdiccional en los procesos constitucionales sino también su inviolabilidad y la imposibilidad de que sus resoluciones sean recurridas ante ningún otro tribunal interno, por lo que no se ha respetado ni su independencia ni el derecho al ejercicio de sus funciones sin perturbaciones ilegítimas. Por otro lado, el Ministerio Fiscal, entrando ya en el razonamiento vertido en la resolución impugnada para considerar antijurídica la conducta de los recurrentes, pone de manifiesto que la Sentencia combatida no ha analizado si, desde la normativa de aplicación, las decisiones inadmisorias del Tribunal Constitucional se acomodaban a la legalidad procesal constitucional, sustentando la condena de los recurrentes exclusivamente en que su negativa a resolver sobre el recurso de amparo se basaba en un hecho incierto como era que el escrito no estaba dirigido al Tribunal Constitucional. Frente a ello, el Ministerio Fiscal considera que ese dato «dista mucho de ser absolutamente incierto, como para obtener de él en exclusividad las conclusiones de antijuridicidad, culpabilidad y obligación de indemnizar que se han extraído, pues es evidente que el escrito con el que se pretendía iniciar un proceso de amparo, iba dirigido … al Tribunal Constitucional, sustituido por formación que garantice un estudio imparcial, por lo que el tenor literal de la providencia de 18 de julio de 2002 … se acomodaba al encabezamiento del escrito presentado ante el Tribunal, por lo que el único dato que ha sido tenido en cuenta por la Sentencia cuestionada para ser tildado de erróneo no es tal». Además de ello, el Ministerio Fiscal también destaca que el órgano judicial tampoco tuvo en cuenta que el primer escrito dirigido al Tribunal Constitucional «era de una viabilidad procesal prácticamente nula por la manera en que de modo deliberado, o no se había construido, imposibilitando cualquier tipo de decisión del Tribunal Constitucional, al que se negaba toda capacidad de decisión procesal y solicitar, a la postre, un imposible nombramiento de otro Tribunal Constitucional ad casum». Por último, el Ministerio Fiscal también considera que la resolución impugnada ha incurrido en arbitrariedad, ya que en el análisis que efectuó de las resoluciones impugnadas obvió el hecho de que en la segunda providencia no sólo se exponían las razones de la inadmisión acordada en la primera, sino que se añadía otro motivo de inadmisión de la demanda. 17. Los recurrentes, en escrito registrado el 7 de septiembre de 2011, presentaron sus alegaciones ratificándose en lo expuesto en la demanda de amparo. Insisten, por un lado, en que el Tribunal Constitucional tiene competencia y jurisdicción para resolver sobre el presente recurso al tratarse de la impugnación de una resolución judicial firme por vulneración de derechos fundamentales, y, por otro, en que no resultaba posible acudir al incidente de nulidad de actuaciones, ya que el artículo 240 LOPJ, en la redacción entonces vigente, limitaba este remedio procesal a los supuestos de incongruencia y defectos de forma causantes de indefensión, lo que no es el caso. Igualmente, reiteran que la resolución impugnada ha sido dictada careciendo el órgano judicial de competencia pues tenía como objeto una decisión jurisdiccional de inadmisión del Tribunal Constitucional y, por tanto, ha sido dictada en contradicción con lo previsto en los artículos 4.2 y 22 LOTC al enjuiciar una opinión emitida por los recurrentes en el ejercicio de sus funciones como Magistrados del Tribunal Constitucional. De ello concluyen que se ha producido un quebrantamiento del contenido legalmente articulado de su ius in officium y, por tanto, del artículo 23.2 CE, en relación con el artículo 24.1 CE. Por último, también reiteran el carácter no fundado en Derecho de la Sentencia impugnada al quebrantar el marco normativo y jurisprudencial aplicable al supuesto de hecho. 18. El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 12 de marzo de 2013, de conformidad con lo que establece el artículo 10.1 n) LOTC y a propuesta de la Sala Segunda acordó recabar para sí el conocimiento del recurso de amparo. 19. Por providencia de fecha 4 de junio 2013 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 5 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. El objeto del presente recurso es determinar si la resolución judicial impugnada ha vulnerado los derechos de los recurrentes al acceso a los cargos públicos (art. 23.2), en su dimensión de garantía del ejercicio de dichos cargos sin perturbaciones ilegítimas, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por haber procedido a desarrollar un procedimiento judicial de responsabilidad civil contra los recurrentes careciendo de jurisdicción para ello. Igualmente, es objeto del presente recurso analizar si la resolución judicial impugnada ha vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su dimensión de deber de motivación de las resoluciones judiciales, por haber declarado su responsabilidad civil sin ajustarse a los parámetros constitucionales de motivación. Tal como se ha expuesto en los antecedentes, el inicial pronunciamiento judicial rechazando la carencia de jurisdicción para conocer del procedimiento de responsabilidad civil se produjo en el Auto de 28 de abril de 2003, limitándose la Sentencia de 23 de enero de 2004 a confirmar dicho rechazo por remisión a aquél. Por tanto, tomando en consideración que una de las quejas planteadas en este amparo se fundamenta en la ausencia de jurisdicción, si bien en el encabezamiento del recurso y en el suplico se cita únicamente la Sentencia como resolución que pone fin a la vía judicial, debe entenderse que también es objeto de impugnación el mencionado Auto de 28 de abril de 2003. 2. Con carácter previo, resulta necesario dar respuesta a las causas de inadmisión opuestas por la parte comparecida, que considera inadmisible el recurso argumentando, en primer lugar, que los propios recurrentes han contaminado al Tribunal Constitucional mediante el dictado del acuerdo de 3 de febrero de 2004 por el que se reprueba la Sentencia impugnada en el presente amparo, ya que supuso comprometer su posición institucional con la afirmación de que suponía una invasión competencial. En relación con ello, sostiene la parte comparecida que el recurso sería también inadmisible por haber vulnerado los recurrentes sus deberes de integridad, dignidad e imparcialidad al formular el recurso de amparo, ya que han utilizado el cargo para obtener una posición ventajosa, dejando en una situación comprometedora a los Magistrados que deban resolver el recurso, de modo tal que el Tribunal Constitucional carecería de competencia para examinar este recurso. En los términos en que están expuestas estas argumentaciones, se pone de manifiesto que no hacen referencia a causas de inadmisión del recurso de amparo establecidas en el artículo 50.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sino a circunstancias relativas a la eventual pérdida de imparcialidad de los Magistrados que han de resolver el presente recurso. En relación con ello, debe recordarse que las causas de abstención y recusación –y, por tanto, la garantía de imparcialidad– aparecen referidas a las personas físicas que forman parte del órgano competente para resolver sobre las pretensiones formuladas y no a dicho órgano como institución. En ese sentido, la circunstancia de que el Pleno del Tribunal Constitucional, entonces constituido por los propios recurrente en amparo, dictara el acuerdo de 3 de febrero de 2004, reprobando la resolución judicial ahora impugnada, en nada compromete la imparcialidad de los Magistrados que actualmente conforman el Pleno del Tribunal Constitucional y que están dictando esta resolución, toda vez que, como ya se ha expuesto, ninguno de ellos formaba parte en aquel momento del Pleno de este Tribunal. Del mismo modo, la afirmación relativa a que los recurrentes hayan sido Magistrados en activo de este Tribunal supondría una pérdida de imparcialidad de los Magistrados que en la actualidad componen el Pleno del Tribunal que está dictando esta resolución –tanto si se pretende fundamentar en la parcial coincidencia temporal en el cumplimiento de funciones con algunos de ellos como en el propio objeto del recurso– también debe ser rechazada. A esos efectos, habida cuenta de que ambos aspectos ya recibieron cumplida respuesta en el ATC 40/2011, de 12 de abril, bastará con remitirse íntegramente a lo que en dicho Auto se expuso y se resolvió de manera definitiva y firme. En todo caso, para despejar cualquier duda respecto de la eventual influencia que sobre la garantía de imparcialidad pudiera tener la circunstancia de que el recurso se hubiera resuelto con quórum suficiente pero estando todavía en el cumplimiento de su función de Magistrados algunos de los recurrentes se ha considerado más adecuado esperar a la total renovación de los Magistrados, a pesar de la demora que ello ha supuesto en la resolución de este recurso, y que, tal como se pone de manifiesto en los antecedentes, ha sido mayor de la que cabía prever por la inicial actitud procesal de la parte comparecida y los retrasos en el cumplimiento del deber constitucional de renovación del Tribunal por el Senado y el Congreso de los Diputados en los plazos constitucionalmente establecidos. Por último, no cabe aceptar la afirmación de que los recurrentes han vulnerado sus deberes de integridad y dignidad, ni tampoco que se haya producido un aprovechamiento del cargo para obtener una posición ventajosa. Tanto el artículo 162.1.b) CE como el artículo 46.1.a) LOTC legitiman para la interposición del recurso de amparo a toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo y que se vea directamente afectada por decisiones, actos o resoluciones a que se refieren los artículos 42 a 44 LOTC. De ese modo, no cabe negar a los recurrentes la posibilidad de acudir al procedimiento de amparo constitucional contra una resolución judicial que les ha condenado al pago de una responsabilidad civil si consideran que con ello se han vulnerado derechos fundamentales susceptibles de ser protegidos a través de dicho procedimiento. Y, también es obvio decirlo, quien solicita la activación de los mecanismos de garantía legalmente previstos para la protección de un derecho fundamental no vulnera ningún deber de integridad ni de dignidad ni puede imputársele ninguna actitud de aprovechamiento del cargo. 3. La parte comparecida, además, alega como causas de inadmisión concurrentes en el presente recurso la falta de agotamiento de la vía judicial previa [art. 44.1.a) LOTC], por no haberse acudido al incidente de nulidad de actuaciones, que era un medio procesal apto para el eventual restablecimiento de los derechos invocados por haberse denunciado defectos de forma causantes de indefensión, y la falta de invocación previa del derecho vulnerado [art. 44.1.c) LOTC], toda vez que no fueron alegados por los recurrente las vulneraciones de los artículos 23.2 y 24.1 CE frente al Auto de admisión de la demanda contencioso-administrativa, ni en la contestación a la demanda, siendo insuficiente a estos efectos el planteamiento de la declinatoria de jurisdicción. Ninguna de estas causas de inadmisión concurre en este caso. Con arreglo a los artículos 44.1.a) LOTC y 241.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en la redacción anterior a la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, que es la aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto en su disposición transitoria tercera (por todas, STC 80/2011, de 6 de junio, FJ 2), y como ha sido reiterado por este Tribunal, sólo cabía acudir al incidente de nulidad de actuaciones como remedio procesal necesario para agotar la vía judicial previa cuando las vulneraciones aducidas se referían al vicio de incongruencia o a un defecto de forma causante de indefensión (por todas, STC 35/2011, de 28 de marzo, FJ 2). En el presente caso, tal como ya se ha expuesto, los recurrentes han invocado los artículos 23.2 y 24.1 CE, con fundamento en que se había vulnerado la garantía del ejercicio de sus cargos públicos sin perturbaciones ilegítimas al carecer el órgano judicial de jurisdicción, y nuevamente el artículo 24.1 CE, con fundamento en que se habría incurrido en arbitrariedad e irrazonabilidad en su condena como responsables civiles. Pues bien, ninguna de ambas invocaciones, por no referirse ni a defectos de forma causantes de indefensión ni a incongruencia, era preciso que hubieran sido alegadas en aquel momento en un improcedente incidente de nulidad de actuaciones, por lo que debe rechazarse que no se haya producido un correcto agotamiento de la vía judicial previa. Del mismo modo, teniendo en cuenta que el procedimiento judicial que trae causa a este amparo se produjo en única instancia, tampoco cabe considerar que hubo una falta de invocación en la vía judicial previa respecto de ninguna de las quejas formuladas en este amparo por los recurrentes. En relación con la queja sobre la carencia de jurisdicción, dicha cuestión, aunque no resulten necesarias las invocaciones preventivas, fue incluso planteada por los recurrentes al órgano judicial, inmediatamente tras su emplazamiento, como declinatoria de jurisdicción, siendo efectivamente resuelta mediante Auto de 28 de abril de 2003. Y, en relación con la aducida vulneración del artículo 24.1 CE, porque habiéndose imputado el defecto de motivación a la Sentencia firme que puso fin al proceso judicial y no siendo procedente, en los términos ya expuestos, su eventual reparación mediante el incidente de nulidad de actuaciones, no hubo posibilidad procesal para invocarlo en la vía judicial. 4. Entrando ya al fondo de las vulneraciones aducidas por los recurrentes, el análisis debe de comenzar, conforme al orden por el que han sido planteadas, por la queja fundada en que se ha seguido un procedimiento judicial a pesar de carecer el órgano judicial de jurisdicción para ello. Como ya se ha expuesto, tanto los recurrentes como el Ministerio Fiscal consideran que la resolución judicial impugnada ha vulnerado el derecho de los recurrentes al acceso a las funciones y cargos públicos (art. 23.2 CE) –en su dimensión del derecho al ejercicio de dichos puestos sin perturbaciones ilegítimas–, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en primer lugar, porque el procedimiento judicial desarrollado ha tenido como objeto el control de resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal que están excluidas de cualquier posible revisión por ningún otro órgano; y, en segundo lugar, porque ha quebrantado la prerrogativa de inviolabilidad contenida en el artículo 22 LOTC. Habida cuenta de que los recurrentes identifican como vulnerado el artículo 23.2 CE, es preciso recordar que este Tribunal, si bien ha reiterado que dentro del ámbito de aplicación del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos se incluye la garantía de su ejercicio sin perturbaciones ilegítimas y su desempeño de conformidad con la ley, lo ha hecho en relación con los cargos electivos de representación política de entes territoriales, argumentando el estrecho vínculo que une este derecho con el de participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 CE) y que la norma constitucional perdería toda eficacia si, respetado el acceso a la función o cargo público en condiciones de igualdad, su ejercicio pudiera resultar mediatizado o impedido sin remedio jurídico (por todas, STC 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6, o, entre las últimas, STC 10/2013, de 28 de enero, FJ 3). La circunstancia de que el cargo ostentado por los recurrentes no tenga la consideración de cargo público representativo impide hacer una traslación directa de la doctrina constitucional expuesta en relación con la eventual afectación que para el artículo 23.2 CE podría suponer el dictado de la resolución impugnada careciendo el órgano judicial de jurisdicción para ello. En principio, tal como ha sido defendido en la demanda de amparo y ha sido apoyado por el Ministerio Fiscal, no cabe excluir la existencia de argumentos constitucionales para la extensión de la garantía del ejercicio sin perturbaciones ilegítimas a los cargos públicos electivos no representativos, cuando aparezcan expresamente establecidos en la propia Constitución –como es el caso, entre otros, de los Magistrados del Tribunal Constitucional– y, por tanto, la eventual afectación del artículo 23.2 CE de los recurrentes. Ahora bien, tomando en consideración que la queja de los recurrentes se dirige a rebatir la interpretación y aplicación realizada por el órgano judicial sobre la no concurrencia de dos concretos óbices procesales –la imposibilidad de control y revisión de las resoluciones del Tribunal Constitucional por parte de ningún otro órgano del Estado y la inviolabilidad de los Magistrados del Tribunal Constitucional por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus cargos– el parámetro de control constitucional a proyectar en este caso es el del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. A esos efectos, debe incidirse en que si bien este Tribunal ha abordado los problemas constitucionales implicados en los supuestos de interpretación y aplicación de los óbices procesales normalmente desde la perspectiva de quien, por su concurrencia, ve obstaculizado su acceso a la jurisdicción, la inaplicación de dichos óbices procesales, cuando una parte procesal considere que concurren los presupuestos legales para ello, no puede quedar al margen de las mismas exigencias de motivación en relación con la interpretación y aplicación de cualquier otra institución jurídica. 5. Este Tribunal ha reiterado, desde temprana jurisprudencia, que la obligación de motivar las resoluciones judiciales no es sólo una obligación impuesta a los órganos judiciales por el artículo 120.3 CE, sino también, y principalmente, un derecho de los intervinientes en el proceso que forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva proclamado por el artículo 24.1 CE, que únicamente se satisface si la resolución judicial, de modo explícito o implícito, contiene los elementos de juicio suficientes para que el destinatario y, eventualmente, los órganos encargados de revisar sus decisiones puedan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión. De ese modo, se constituye en una garantía esencial para el justiciable mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no el fruto de la arbitrariedad (por todas, STC 13/1987, de 5 de febrero, FJ 3). Del mismo modo, también es doctrina constitucional reiterada que, desde la perspectiva del deber de motivación de las resoluciones judiciales, podrá considerarse que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que funda dicha resolución resulte arbitrario, irrazonable o incurso en error patente. Así, se señala que este Tribunal incurriría en exceso de formalismo si admitiese como decisiones motivadas y razonadas aquellas en que se compruebe que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o que siguen un desarrollo argumental incurso en quiebras lógicas de tal magnitud que conduzcan a la evidencia de no poder considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas (por todas, STC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4). En el presente caso, tal como se ha expuesto más ampliamente en los antecedentes, ha quedado acreditado que el único objeto del procedimiento de responsabilidad civil interpuesto contra los recurrentes era la eventual corrección de la interpretación de concretas previsiones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, efectuada en dos resoluciones jurisdiccionales del Pleno del Tribunal Constitucional del que formaban parte, por las que se inadmitía un recurso de amparo y un recurso de súplica contra la anterior inadmisión del recurso de amparo. Igualmente, también ha quedado acreditado que los ahora recurrentes en amparo formularon una declinatoria de jurisdicción, argumentando que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo carecía de jurisdicción para resolver sobre la cuestión planteada, toda vez que someter a juicio la corrección de las decisiones jurisdiccionales adoptadas por los Magistrados constitucionales, aunque fuera formalmente a través de un procedimiento de responsabilidad civil para apreciar si habían actuado con culpa o negligencia en el ejercicio de sus funciones, sería un modo de someter a revisión resoluciones frente a las que «no cabe recurso alguno» (art. 164.1 CE, arts. 93 y 50 LOTC), en un contexto normativo en que el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución (art. 1.1 LOTC), al que todos los poderes públicos le están funcionalmente subordinados cuando ejerce dicho cometido, en que existe la prohibición de promover cuestión de jurisdicción o competencia respecto del mismo (art. 4.1 LOTC) y se establece la inviolabilidad de los Magistrados del Tribunal Constitucional por las opiniones expresadas en el ejercicio de su función (art. 22.2 LOTC). Por último, también se pone de manifiesto que fue rechazada la declinatoria de jurisdicción, argumentando que la independencia de los Magistrados del Tribunal Constitucional (art. 159.5 CE) y su sujeción exclusiva a la Constitución y su Ley Orgánica (art. 1.1 LOTC) no puede llevar a una conclusión de la más rigurosa irresponsabilidad de los mismos por la violación de las normas a las que están subordinados. Igualmente, se destaca que la Constitución no proclama su inviolabilidad por el ejercicio de su función y que existe base legal para sustentar su responsabilidad al reconocerse como causa de cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional la declaración de responsabilidad civil por dolo (art. 23.1.7 LOTC) y la competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para conocer de las demandas de responsabilidad civil por hechos realizados en el ejercicio de sus cargos por el Presidente y demás Magistrados del Tribunal Constitucional (art. 56.2 LOPJ). Por último, también se pone de manifiesto, que a esta conclusión no cabe oponer el art. 22 LOTC, referido a que los Magistrados del Tribunal Constitucional no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones, «pues una cosa son las opiniones –concepto que se forma de un evento– y otra son las decisiones judiciales en las que a través de una constatación de hechos y de una ratio decidendi se llega a una decisión que puede afectar a terceros de una manera torticera y por la cual si se pueden exigir responsabilidades como tarea profesional y no como manifestación de una idea» (fundamento de Derecho segundo). 6. En atención a lo expuesto, dos son las cuestiones a abordar desde el prisma del deber de motivación de las resoluciones judiciales. La primera es la relativa al razonamiento desarrollado en las resoluciones impugnadas para sustentar la conclusión sobre la existencia de jurisdicción de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para conocer de la responsabilidad civil de los Magistrados del Tribunal Constitucional. La segunda es la relativa a la decisión de proyectar dicha jurisdicción al control, por la vía de la eventual responsabilidad civil de los Magistrados del Tribunal Constitucional, de la corrección del contenido de las resoluciones jurisdiccionales de este Tribunal. No es objetable, desde la perspectiva constitucional, la argumentación dirigida a concluir que no cabe apreciar una ausencia de responsabilidad de los Magistrados del Tribunal Constitucional y que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo tiene jurisdicción para conocer de la eventual responsabilidad civil en que pudieran aquéllos incurrir, habida cuenta de que dicha argumentación se justifica en el hecho de que la aludida irresponsabilidad no resulta necesaria para el ejercicio independiente de la jurisdicción constitucional; aparte de que la única irresponsabilidad que está reconocida constitucionalmente con ese alcance general queda reservada en el artículo 56.3 CE para la persona del Rey. Además, la posible existencia de la declaración de responsabilidad civil por dolo como causa de cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional incluso está prevista en la propia Ley reguladora del Tribunal (art. 23.1.7 LOTC); y la competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para conocer de las demandas al respecto se encuentra establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 56.2 LOPJ). Ahora bien, tal como también sostiene el Ministerio Fiscal, la decisión judicial de proseguir un enjuiciamiento contra los recurrentes para pronunciarse sobre la eventual responsabilidad civil en que habrían incurrido por una supuesta incorrección jurídica de la interpretación de concretas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, contenida en dos resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional dictadas en el ejercicio exclusivo de sus competencias, es una decisión irrazonable por no estar fundada en Derecho y, por tanto, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Y ello porque dicha decisión no ha aplicado ni valorado razonadamente la existencia de una prohibición constitucional y legal de revisar y controlar el contenido de las resoluciones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional por ningún otro órgano del Estado. En efecto, la normativa reguladora del Tribunal Constitucional determina que, como intérprete supremo de la Constitución, es único en su orden, independiente de los demás órganos constitucionales y sometido exclusivamente a la Constitución y a su Ley Orgánica (art. 1 LOTC), siendo sus Magistrados independientes en el ejercicio de su mandato (art. 159.5 CE). En relación con ello, en su función de supremo intérprete de la Constitución, es competente para conocer, entre otras cuestiones, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades públicas reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución [arts. 161.1.b) CE y 2.1.b) LOTC, en relación con el art. 53.2 CE]. Esta competencia en materia de recurso de amparo, si bien es compartida y subsidiaria con la tutela que se puede recabar ante los tribunales ordinarios (art. 53.2 CE), es una jurisdicción superior a la ejercida por cualquier otro órgano jurisdiccional del Estado, incluyendo al Tribunal Supremo (art. 123.1 CE), y con unos efectos vinculantes no sólo para el caso concreto por el valor de cosa juzgada (art. 164.1 CE) sino por la obligación de que los derechos susceptible de ser tutelados a través de la jurisdicción de amparo ante el Tribunal Constitucional sean reconocidos de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado (art. 7.2 LOPJ). Del mismo modo, con el fin de garantizar esa supremacía institucional como supremo intérprete de la Constitución, también en lo referido a la tutela de los derechos fundamentales, se establece el carácter irrecurrible de las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional ante cualquier otro órgano –jurisdiccional o no– del Estado (arts. 164.1 CE y 93 LOTC), incluyendo las providencias de inadmisión del recurso de amparo que solamente podrán ser recurridas en súplica por el Ministerio Fiscal (art. 50.2 LOTC, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio, vigente en el momento en que se dicta la resolución impugnada, y art. 50.3 LOTC, en la redacción actualmente vigente dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo). E, igualmente, en garantía de esa supremacía, se establecía ya en la redacción originaria del artículo 4 LOTC, vigente en el momento en que se dictan las providencias enjuiciadas, tanto la imposibilidad de que pudiera promoverse cuestión de jurisdicción o de competencia al Tribunal Constitucional como la posibilidad de que se aprecie de oficio o a instancia de parte su falta de competencia o jurisdicción. Esta normativa pone de manifiesto no sólo la irrecurribilidad de las decisiones jurisdiccionales del Tribunal Constitucional por ningún otro órgano del Estado sino la imposibilidad misma de que sea objeto de enjuiciamiento la corrección jurídica de la interpretación que realice de la Constitución o de su Ley Orgánica en sus resoluciones jurisdiccionales. Aspecto, este último, que si bien ha venido a ser recogido expresamente en la nueva redacción dada al artículo 4.2 LOTC por la Ley Orgánica 6/2007, ya estaba implícito en la regulación vigente en el momento en que se dictó la resolución ahora impugnada en amparo. Por tanto, la conclusión judicial de que cabía sustanciar un procedimiento de responsabilidad civil individual contra cada uno de los Magistrados del Tribunal Constitucional basado en una supuesta incorrección jurídica de la interpretación de concretos preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional realizada en dos resoluciones jurisdiccionales del Pleno del Tribunal Constitucional –resoluciones que estaban dictadas en el legítimo ejercicio de la función jurisdiccional de amparo que corresponde a dicho Tribunal–, no resulta compatible con la interdicción constitucional, ex artículo 24.1 CE, de incurrir en una argumentación irrazonable. En consecuencia, sin necesidad de entrar en la alegación referida a la inviolabilidad del artículo 22 LOTC, las resoluciones impugnadas deben ser anuladas, no siendo preciso que se acuerde la retroacción de actuaciones para que el órgano judicial dicte una nueva resolución con respeto al derecho fundamental vulnerado, ya que, al tener como objeto la interpretación de preceptos de contenido jurisdiccional de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de las que este Tribunal es supremo intérprete, no cabe una interpretación distinta a la proyectada en esta resolución. 7. Lo hasta ahora expuesto, haría también innecesario analizar la segunda de las quejas planteada por los recurrentes, relativa a la eventual vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en relación con la declaración de que los recurrentes habrían incurrido en responsabilidad civil por incumplimiento de su deber de resolución. Ahora bien, la mera existencia de esta declaración judicial exige, para una completa restauración del derecho invocado, que se entre también en el análisis de esta segunda invocación. Los recurrentes, como se ha expuesto más detalladamente en los antecedentes, alegan la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del deber de motivación de las resoluciones judiciales, destacando que la afirmación de que actuaron de forma antijurídica es manifiestamente irrazonable, pues no se les puede imputar haber incurrido en una non liquet cuando existieron dos resoluciones expresas poniendo de manifiesto las razones para el rechazo de las peticiones contenidas en los respectivos escritos, como era, en la primera, declarar que un determinado escrito era inadmisible a limine por estar dirigido a otro Tribunal, y la segunda en la que, además, se hacía referencia al incumplimiento del artículo 49 LOTC como motivo añadido y suficiente para justificar la inadmisión del escrito. La doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), desde la perspectiva del deber de motivación de las resoluciones judiciales, ha sido ya expuesta anteriormente en lo relativo a la inclusión y alcance del deber de motivación como una de las garantías inherentes al derecho a la tutela judicial efectiva, y en lo referido a la irrazonabilidad, como uno de los defectos constitucionales de motivación. De ese modo, sólo bastaría recordar ahora que, en relación con el defecto constitucional de motivación por error patente, este Tribunal ha reiterado que también se produce una vulneración del artículo 24.1 CE cuando la resolución judicial sea el resultado de un razonamiento que no se corresponde con la realidad por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, produciendo con ello efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, destacándose que los requisitos necesarios para dotar de relevancia constitucional a dicho error son que no sea imputable a la negligencia de la parte sino atribuible al órgano judicial, que pueda apreciarse inmediatamente de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales y que resulte determinante de la decisión adoptada por constituir el soporte único o básico –ratio decidendi– de la resolución. Igualmente, este Tribunal ha señalado que concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración (por todas, STC 211/2009, de 26 de noviembre, FJ 2). En el presente caso, tal como se ha detallado en los antecedentes, han quedado acreditados los siguientes extremos: en primer lugar, que fue presentado un escrito en el Tribunal Constitucional dirigido «Al Tribunal Constitucional. Sustituido por formación que garantice un examen imparcial», afirmando que se formulaba recurso de amparo, incluyendo entre sus pedimentos «La solicitud de una medida legislativa al Presidente del Gobierno para que solicite el [sic] Parlamento la aprobación de un proyecto de ley que garantice el derecho constitucional a un examen imparcial del presente recurso de amparo. 3. Por la formación que prevea la medida legislativa y respete el derecho al juez imparcial, la estimación del presente amparo con declaración de nulidad de la sentencia impugnada y estimación del contenido de la demanda». En segundo lugar, también queda acreditado que el Pleno del Tribunal Constitucional dictó providencia de 18 de julio de 2002 en la que en respuesta a dicho escrito se «acuerda por unanimidad la inadmisión del mismo, por cuanto el recurso no se dirige a este Tribunal Constitucional, sino a otro hipotético que le sustituya. En su consecuencia, procédase al archivo de las presentes actuaciones». Esta providencia fue notificada al Ministerio Fiscal que no interpuso recurso de súplica. En tercer lugar, se constata que, frente a la citada providencia de inadmisión, se formuló por el peticionario recurso de súplica, que fue resuelto por providencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 17 de septiembre de 2002, reiterando que, en atención del contenido del escrito, se desprende que la supuesta demanda de amparo no se hallaba dirigida a dicho Tribunal y, además, señalando «que carecía de la claridad y precisión que el artículo 49 LOTC exige como requisitos esenciales de la demanda de amparo». Por último, cabe apreciar que la resolución impugnada fundamenta la afirmación de que los ahora recurrentes en amparo mostraron una conducta antijurídica en sus resoluciones de 18 de julio y 17 de septiembre de 2002, por un lado, en que el artículo 1.7 del Código civil establece que «los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes establecido» y, por otro, en que si bien resulta posible dar cumplimiento a ese deber de resolución mediante una decisión de inadmisión, ésta debe estar fundada en la aplicación razonada de una causa legal, de modo tal que su incumplimiento puede producirse con una resolución motivada cuya base no tenga apoyo legal o sea ilógica o arbitraria, que sería lo acontecido en este caso en que los recurrentes, según la Sentencia impugnada, «se negaron lisa y llanamente a entrar a resolver una petición de amparo so pretexto de que iba dirigida a un hipotético tribunal», siendo ese extremo «absolutamente incierto». 8. En atención a lo expuesto, y teniendo en cuenta la doctrina constitucional que sobre el deber de motivación de las resoluciones judiciales ya ha sido detallada, hay que concluir, de conformidad con lo que también interesa el Ministerio Fiscal, que la resolución impugnada ha incurrido en defectos constitucionales de motivación del artículo 24.1 CE, al argumentar que los recurrentes han incumplido el deber inexcusable de resolver los asuntos de que conozcan ateniéndose al sistema de fuentes establecido. La regulación de la admisibilidad del recurso de amparo vigente en el momento que se dictaron las resoluciones de inadmisión que dieron lugar a la condena por responsabilidad civil era la establecida por la Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio. De conformidad con ella, la decisión de inadmisión de un recurso de amparo podría acordarse mediante providencia, entre otras razones, cuando la demanda incumpliera de manera manifiesta e insubsanable alguno de los requisitos contenidos en los artículos 41 a 46 o concurriera en la misma el caso al que se refiere el artículo 4.2 LOTC (art. 50.1 LOTC), bastando con que se indicaría la causa de inadmisión, y que dicha decisión sólo era recurrible en súplica por el Ministerio Fiscal (art. 50.2 LOTC). Pues bien, en este contexto normativo, la argumentación contenida en la resolución judicial para concluir que la respuesta aportada por los recurrentes no estaba fundada en la aplicación razonada de una causa legal de inadmisión, consistente en que los recurrentes se limitaron a señalar que el escrito iba dirigida a un hipotético Tribunal, siendo ese extremo absolutamente incierto, por un lado, incurre en error patente y, por otro, es también una decisión no fundada en Derecho. En efecto, tal como también ha destacado el Ministerio Fiscal, la resolución judicial impugnada incurre en un primer defecto constitucional de motivación, consistente en un error patente por haberse partido en el razonamiento de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no ha sido tomado en consideración. Ciertamente, la contestación aportada en la primera providencia de 18 de julio de 2002 quedaba limitada a señalar como causa de inadmisión que «el recurso no se dirige a este Tribunal Constitucional, sino a otro hipotético que le sustituya». No obstante, tal como se reconoce incluso en el fundamento de derecho primero de la resolución impugnada, calificándolo como dato absolutamente constatado, en la providencia de 17 de septiembre de 2002 también se señalaba, además de la claridad de que la supuesta demanda no estaba dirigida a ese Tribunal, que, en cualquier caso, «carecía de la claridad y precisión que el artículo 49 LOTC exige como requisitos esenciales de las demandas de amparo». Así pues, cabe apreciarse de manera incontrovertible en las actuaciones judiciales a partir de una simple lectura de la providencia de 17 de septiembre de 2002 que la razón para concluir la inadmisión del recurso no fue sólo la eventual indeterminación del órgano al que iba dirigido sino también que no se cumplía con las exigencias derivadas de la redacción entonces vigente del artículo 49 LOTC. En ese sentido, queda acreditado que la resolución judicial impugnada incurrió en un error fáctico. Este error fáctico cumple también con todos los requisitos para ser considerado un error con relevancia constitucional, toda vez que no es imputable a la negligencia de los recurrentes sino exclusivamente atribuible al órgano judicial y, además, ha sido determinante de la decisión adoptada. Respecto de este último requisito, debe recordarse que, en aplicación de la normativa entonces vigente sobre admisibilidad del recurso de amparo, este Tribunal tenía establecida una doctrina constitucional reiterada conforme a la cual una demanda de amparo también estaba incursa en causa legal de inadmisión cuando se incumplieran las exigencias derivadas del artículo 49 LOTC, conforme a las cuales en la demanda se expondrían con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, cita de los preceptos constitucionales que se estimaran infringidos y fijación con precisión del amparo que se solicitaba (por todos, AATC 290/2004, de 19 de julio, FJ 1; 39/2005, de 31 de enero, FJ 3, o 146/2005 de 18 de abril, FJ 2). Al margen de lo anterior, y tal como también señala el Ministerio Fiscal, todavía cabe apreciar un segundo defecto constitucional de motivación en la resolución impugnada, ya que no cabe afirmar, como se hace en ella, que la respuesta contenida en la providencia de inadmisión de que el recurso de amparo no se dirigía a este Tribunal Constitucional, sino a otro hipotético que le sustituya, no supuso la aplicación razonada de una causa legal de inadmisión del recurso de amparo. En los términos antes expuestos, la normativa entonces vigente sobre la admisibilidad del recurso de amparo establecía expresamente en el artículo 50.1.a) LOTC que también cabía apreciar la inadmisión por providencia de un recurso de amparo cuando concurriera en la misma el caso al que se refiere el artículo 4.2 LOTC. Dicho precepto, en la redacción originaria de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, tras la contundente afirmación del artículo 4.1 LOTC de que «[e]n ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia al Tribunal Constitucional», lo que establecía era que «[e]l Tribunal Constitucional apreciará, de oficio o a instancia de parte, su falta de jurisdicción o competencia». En aplicación de esta previsión existían reiterados pronunciamientos de inadmisión de recursos de amparo (así, AATC 359/1988, de 16 de marzo; 218/1996, de 22 de julio; 45/1997, de 12 de febrero; 17/1997, de 27 de enero, 65/1997, de 10 de marzo; 228/2005, de 1 de junio; o 85/2006, de 15 de marzo). En ese sentido, si los recurrentes, en tanto que miembros colegiados del máximo órgano del Tribunal Constitucional, que es el Pleno, conociendo de una competencia atribuida constitucionalmente, como es el recurso de amparo [art. 161.1.b) CE], y con la exclusiva sujeción a la Constitución y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que proclama el artículo 1.1 LOTC, decidieron, de conformidad con un concreto precepto de su Ley Orgánica que les habilitaba legalmente para ello, apreciar su falta de jurisdicción o competencia, es indubitado que tomaron una decisión que no sólo suponía la aplicación de una causa legal de inadmisión del recurso de amparo sino que, además, lo hicieron en el marco de una resolución judicial que revestía la forma de providencia que le imponía el artículo 50.1 LOTC y sin que el Ministerio Fiscal, como único legitimado para impugnarla, formulara recurso de súplica. Por tanto, más allá de las discrepancias que pudieran establecerse sobre si el escrito del entonces recurrente en amparo estaba o no dirigido al Tribunal Constitucional, con la conformación subjetiva que entonces tenía, o a un hipotético tribunal, por la forma en que se pretendía dotarlo de una nueva conformación subjetiva a través de un procedimiento que claramente quedaba al margen de la competencias constitucional y legalmente atribuidas al Tribunal Constitucional, la afirmación contenida en la resolución impugnada de que la respuesta aportada no implicaba la aplicación de una causa legal de inadmisión del recurso de amparo es una decisión no fundada en derecho a la vista del artículo 50.1.c), en relación con el artículo 4.2 LOTC, en la redacción entonces vigente. Ello es determinante de que también por este motivo se concluya que la resolución judicial impugnada vulneró el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el pronunciamiento relativo a que habían incurrido en responsabilidad civil por incumplimiento de su deber de resolver. Todo ello sin perjuicio de que haya de afirmarse, también como conclusión, que la eventual responsabilidad civil en que pudieran incurrir los Magistrados del Tribunal Constitucional en ningún caso podrá deducirse del enjuiciamiento de las resoluciones jurisdiccionales que el mismo dicte. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Otorgar el amparo solicitado por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás Salvador Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo y doña Silvia María García-Calvo Haya, y en su virtud: 1.º Declarar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). 2.º Restablecerlos en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 28 de abril de 2003 y de la Sentencia de 23 de enero de 2004, aclarada por Auto de 27 de enero de 2004, dictados en los autos sobre responsabilidad civil núm. 1-2003. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a cinco de junio de dos mil trece.–Pascual Sala Sánchez.–Ramón Rodríguez Arribas.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.

La sentencia en la que el Constitucional se absuelve a sí mismo llega al BOE

El Pleno del Tribunal, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 1091-2004, promovido por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás Salvador Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Eugeni Gay Montalvo y doña Silvia María García-Calvo Haya –que lo hace por sucesión procesal en su condición de heredera de don Roberto García-Calvo y Montiel–, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Juliá Corujo y bajo la dirección del Letrado don Luis Martí Mingarro, contra la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2004, aclarada por Auto de 27 de enero de 2004, dictada en los autos sobre responsabilidad civil núm. 1-2003. Ha comparecido don José Luis Mazón Costa, en su propio nombre y representación en su calidad de Licenciado en Derecho, bajo la dirección de la Letrada doña Encarnación Martínez Segado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Presidente don Pascual Sala Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de febrero de 2004, la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Juliá Corujo, en nombre y representación de don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Tomás Salvador Vives Antón, don Pablo García Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo Jiménez Sánchez, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, don Roberto García-Calvo y Montiel y don Eugeni Gay Montalvo, bajo la dirección del Letrado de don Luis Martí Mingarro, interpuso demanda de amparo contra la resolución judicial mencionada en el encabezamiento. 2. El recurso tiene su origen en los siguientes antecedentes: a) Don José Luis Mazón Costa interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sendas demandas, tramitadas con los núms. 1391-1999 y 2431-1999 por su Sección Séptima, en las que interesaba que se condenara al Tribunal Constitucional a convocar todas las plazas de Letrados de dicho Tribunal que estuvieran cubiertas por libre designación. Los recursos fueron acumulados y desestimados por Sentencia de 24 de junio de 2002. b) Don José Luis Mazón Costa presentó un escrito registrado el 10 de julio de 2002 en el Tribunal Constitucional con el núm. 4287-2002, dirigido «Al Tribunal Constitucional. Sustituido por formación que garantice un examen imparcial», formulando «recurso de amparo... contra el propio Tribunal Constitucional, litigante adversario en el proceso previo». La petición contenida en el escrito era «1. La abstención de todos los magistrados del Tribunal por tener interés directo, subsidiariamente, su recusación. 2. La solicitud de una medida legislativa al Presidente del Gobierno para que solicite el [sic] Parlamento la aprobación de un proyecto de ley que garantice el derecho constitucional a un examen imparcial del presente recurso de amparo. 3. Por la formación que prevea la medida legislativa y respete el derecho al juez imparcial, la estimación del presente amparo con declaración de nulidad de la sentencia impugnada y estimación del contenido de la demanda». c) El Pleno del Tribunal Constitucional dictó providencia de 18 de julio de 2002 con el siguiente contenido: «El Pleno, en su reunión del día de hoy y a propuesta de la Sala Segunda, visto el escrito de 10 de julio de 2002 presentado por don José Luis Mazón Costa, acuerda por unanimidad la inadmisión del mismo, por cuanto el recurso no se dirige a este Tribunal Constitucional, sino a otro hipotético que le sustituya. En su consecuencia, procédase al archivo de las presentes actuaciones». d) Don José Luis Mazón Costa dirigió al Pleno del Tribunal Constitucional un escrito formulando recurso de súplica, basado en la «infracción palmaria del deber de ejercer la jurisdicción y resolver los recursos de amparo que se presentan ante el Tribunal Constitucional». En dicho escrito se interesaba que «Se dicte auto dejando sin efecto la resolución impugnada y se resuelva sobre el contenido del recurso de amparo, sobre la recusación de los magistrados del TC y en relación a la solicitud de proposición de medida legislativa que garantice un examen imparcial del recurso de amparo». e) El Pleno del Tribunal Constitucional dictó providencia de 17 de septiembre de 2002 con el siguiente contenido: «Por recibido el escrito en que don José Luis Mazón Costa plantea Recurso de Súplica contra la providencia de archivo de las presentes actuaciones, de 18 de julio de 2002. Ha de destacarse, para resolver acerca de lo que en él se pide, que la presunta demanda de amparo iba dirigida “Al Tribunal Constitucional. Sustituido por formación que garantice un examen imparcial”, y en el suplico de la misma se contenían las siguientes peticiones: “1. La abstención de todos los magistrados del Tribunal por tener interés directo, subsidiariamente, su recusación. 2. La solicitud de una medida legislativa al Presidente del Gobierno para que solicite el [sic] Parlamento la aprobación de un proyecto de ley que garantice el derecho constitucional a un examen imparcial del presente recurso de amparo. 3. Por la formación que prevea la medida legislativa y respete el derecho al juez imparcial, la estimación del presente amparo con declaración de nulidad de la sentencia impugnada y estimación del contenido de la demanda”. De todo ello se desprende con claridad que la supuesta demanda de amparo no se hallaba dirigida a este Tribunal y, en cualquier caso, que carecía de la claridad y precisión que el artículo 49 LOTC exige como requisitos esenciales de la demand ### RESUMEN: La sentencia en la que el Constitucional se absuelve a sí mismo llega al BOE

El artículo 74 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, establece que la organización de la contabilidad pública es competencia del consejero o consejera del departamento competente en materia de finanzas. La proximidad del fin del ejercicio presupuestario del año 2017 hace necesario que se dicten normas sobre las operaciones de cierre del presupuesto, puesto que la normativa que regula la contabilidad no prevé con detalle estas operaciones y, por otro lado, también hay que establecer plazos para presentar y tramitar determinadas operaciones y documentos contables. Considerando lo expuesto, con el fin de regular con detalle estas operaciones contables de cierre del ejercicio y a propuesta de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña, ordeno: Artículo 1. Ámbito de aplicación. Las normas que contiene esta Orden son aplicables al sector público administrativo de la Generalitat de Cataluña, es decir, departamentos, entidades autónomas administrativas y al Servicio Catalán de la Salud. Artículo 2. Nóminas del mes de diciembre. 2.1 Las nóminas del mes de diciembre se pueden contabilizar hasta el día 18 de diciembre de 2017 (incluido). Los servicios correspondientes que gestionan la nómina las deben remitir, junto con sus documentos contables, a las intervenciones delegadas y territoriales (a partir de ahora intervenciones) hasta el 15 de diciembre de 2017 (incluido). 2.2 Una vez contabilizadas las nóminas se deben enviar para su pago a la Subdirección General de Tesorería antes del 22 de diciembre de 2017. 2.3 Los documentos de gastos derivados de indemnizaciones por razón de servicios se pueden contabilizar hasta el 11 de diciembre de 2017 (incluido). Artículo 3. Pagos a justificar. 3.1 Las órdenes de pago a justificar de carácter esporádico emitidos o que se emitan para atender actividades a realizar durante el 2017 se deben remitir a la Subdirección General de Tesorería con suficiente antelación para que se puedan satisfacer a tiempo en el año natural. Las cantidades entregadas para justificar que no se apliquen durante el 2017 no se pueden acumular para el 2018, y se deben reintegrar a la Tesorería de la Generalitat. 3.2 La última justificación de las órdenes de pago de carácter renovable se puede efectuar hasta el 29 de diciembre de 2017, siguiendo el procedimiento que establece la Orden del Departamento de Economía y Finanzas de 12 de diciembre de 2001, sobre órdenes de pago a justificar. 3.3 Los gastos derivados de indemnizaciones por razón de servicios, tramitadas mediante los documentos ADOP (FM) correspondientes, tienen que estar contabilizadas el día 11 de diciembre de 2017. Artículo 4. Tramitación de documentos contables. 4.1 Documentos de gestión presupuestaria de gasto del ejercicio corriente. A partir del 1 de diciembre las entidades del sector público administrativo no podrán adquirir nuevos compromisos de gastos con las excepciones previstas en este artículo. A estos efectos los gestores pueden remitir a las intervenciones hasta el 2 de diciembre (incluido) los expedientes de cualquier tipología de gastos que incluyan la fase de compromiso del gasto (documento AD, D, ADO), incluidos los encargos en entidades consideradas medio propio de la Generalitat. Se exceptúan los expedientes siguientes: – Los que se instruyan en cumplimiento de normas específicas, – los que deriven de modificaciones presupuestarias, – los que correspondan a gasto anticipado o a prorrogas contractuales, – los relativos a gastos de personal y los correspondientes a deuda pública, – los relativos a gastos afectados financiados, totalmente o parcialmente, con fondos finalistas de otras administraciones y los generados de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, – los de contratación en fase de licitación a la fecha de publicación de esta norma y – los de convocatorias de subvenciones y ayudas ya publicadas y en fase de evaluación de solicitudes. Las unidades gestoras pueden enviar a las intervenciones los documentos contables que incluyan la fase de reconocimiento de obligaciones hasta el 22 de diciembre (incluido). Este plazo también se aplica en el supuesto de que se envíen expedientes para fiscalizar, en los que en un único acto administrativo se incluya la aprobación, el compromiso de gasto y el reconocimiento de la obligación. Sin embargo, se pueden presentar a las intervenciones hasta el 12 de enero de 2018 (incluido) los documentos contables referidos a facturas o a otros gastos recibidos el mes de diciembre de 2017. Los documentos contables de reconocimiento de obligaciones y los documentos contables presupuestarios correspondientes a gastos a justificar de carácter renovable deben estar fiscalizados y contabilizados antes del 12 de enero de 2018. 4.2 Documentos de ingresos presupuestarios. Las unidades gestoras pueden enviar a las intervenciones los documentos contables de ingresos presupuestarios hasta el 12 de enero de 2018 (incluido), y el plazo para fiscalizar y contabilizar estos documentos finaliza el 16 de enero de 2018. 4.3 Documentos de contabilidad financiera. Las unidades gestoras del Servicio Catalán de la Salud y de las entidades autónomas administrativas deben realizar las cuentas y estados contables provisionales del ejercicio 2017 antes del 9 de febrero de 2018 y deben ser fiscalizadas por la Intervención antes del 16 de febrero de 2018. Artículo 5. Operaciones de apertura del presupuesto de 2018. 5.1 Una vez efectuada la apertura del ejercicio presupuestario 2018, el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda tiene que efectuar la contabilización de las fases correspondientes de retención de crédito, autorización o compromiso, mediante procesos informáticos y/o mediante la captura de los documentos contables correspondientes, relativos a expedientes de gasto de alcance plurianual y de tramitación anticipada. 5.2 En el supuesto de que en el presupuesto del ejercicio 2018 no haya crédito o sea insuficiente para efectuar algunas de las retenciones referidas, el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda tiene que llevar a cabo las actuaciones que considere necesarias para completarlas. 5.3 De acuerdo con el artículo 38.2.b) del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, se pueden aplicar en el presupuesto de 2018 las obligaciones con fecha del 2018 correspondientes a compromisos de gastos contabilizados el 2017, que por causas justificadas no se haya podido reconocer la obligación en el ejercicio. Con esta finalidad, al inicio del ejercicio presupuestario de 2018 se debe efectuar la oportuna contabilización de los correspondientes documentos contables D en el presupuesto de 2018. Artículo 6. Relaciones nominales de acreedores y deudores. A partir de la relación de saldos nominales de acreedores y deudores a 29 de diciembre de 2017, la Subdirección General de Tesorería debe efectuar las verificaciones oportunas, conjuntamente con los departamentos correspondientes, a fin de proceder, en su caso, a la anulación de saldos o a declarar la prescripción de derechos y obligaciones, en todo caso con la conformidad previa de la Intervención. Artículo 7. Modificaciones de créditos presupuestarios de gastos. A efectos de poder tramitar adecuadamente las últimas modificaciones presupuestarias correspondientes al presente ejercicio del 2017, todos los expedientes de propuesta de modificación de créditos previstos en los puntos 1 y 2 del artículo 11 de la Ley 4/2017, del 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2017, deben tener entrada en el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda antes del 21 de noviembre de 2017, salvo las generaciones de créditos basadas en un ingreso que se produzca posteriormente a la fecha señalada, que se deben tramitar tan pronto se tenga conocimiento del ingreso, así como las modificaciones que sean necesarias para a la contabilización de las nóminas y cotizaciones sociales que se han de abonar en el mes de diciembre, incluyendo las correspondientes al personal de los centros docentes concertados del Departamento de Educación. Artículo 8. Incorporación de remanentes de créditos. 8.1 La incorporación de remanentes de créditos del ejercicio 2017 al 2018 prevista en el artículo 37.2 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, se debe ajustar con carácter general en el 2018 a los supuestos establecidos en este artículo, sin perjuicio del que se establezca en la normativa presupuestaria de aplicación el 2018. 8.2 Se pueden incorporar créditos financiados a cargo de fondos finalistas efectivamente ingresados, si se justifica que no se ha podido reconocer la obligación en el año inicial. Los créditos incorporados el 2017 procedentes del ejercicio 2016 se pueden incorporar también al ejercicio 2018, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 10.3 de la Ley 4/2017, del 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2017. En todos los casos, se tiene que adjuntar al expediente de incorporación de remanentes el correspondiente documento de ingreso presupuestario (IP). Antes del día 19 de enero de 2018 los departamentos deben comunicar a las intervenciones la relación de remanentes de crédito con cargo a fondos finalistas susceptibles de ser incorporados, con el detalle correspondiente de los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas contabilizadas el 2018. Los créditos generados durante el ejercicio 2017 a partir de ingresos finalistas, en los cuales a 29 de diciembre de 2017 no se haya producido el ingreso ni reconocida la obligación, se deben anular, sin perjuicio que, si se justifica la efectividad del ingreso, se pueda volver a solicitar la generación en el ejercicio 2018. 8.3 Las incorporaciones de remanentes de crédito correspondientes a operaciones no financieras se deben compensar con retenciones de crédito o bien se han de financiar con cargo a una minoración de otros créditos correspondientes a operaciones no financieras. Con carácter excepcional y con la autorización previa de la Intervención General, también se pueden financiar con cargo a los remanentes de tesorería del ejercicio anterior que no hayan sido retenidos ni aplicados en el presupuesto del ejercicio. Lo referido en el parágrafo anterior no es aplicable a las incorporaciones de crédito financiadas a cargo de fondos finalistas, ni a las financiadas en base al artículo 8.1.h) de la Ley 4/2017 con relación a los fondos estructurales creados por las disposiciones adicionales cuarta, quinta y séptima de la mencionada Ley. 8.4 Las solicitudes de incorporación de remanentes de crédito se deben presentar a las intervenciones como máximo el 9 de febrero de 2018, y ante la Dirección general de Presupuestos, como máximo el 16 de febrero de 2018, con informe previo de la Intervención. Artículo 9. Entidades autónomas administrativas. Las entidades autónomas administrativas deben presentar a la Intervención General antes del día 30 de marzo de 2018, los estados contables de liquidación y la memoria del ejercicio 2017 debidamente aprobados, de acuerdo con las instrucciones que dicte la Intervención General. Artículo 10. Integración presupuestaria de los centros de autonomía de gestión económica. Antes del 31 de enero de 2018, las liquidaciones presupuestarias provisionales de ingresos y gastos de los centros de autonomía de gestión económica adscritos a los diferentes departamentos de la Generalitat, se integrarán debidamente consolidadas con los presupuestos de la Administración General de acuerdo con el procedimiento que la Intervención General y la Dirección general de Presupuestos establezcan mediante una instrucción conjunta. Antes del 30 de marzo de 2017, los centros de autonomía de gestión económica tendrán que aprobar los estados contables de liquidación, y se procederá a realizar los ajustes contables que correspondan en los estados contables de la Administración General. Se autoriza a la Intervención General y la Dirección general de Presupuestos a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cumplimiento al que se prevé en este apartado. Artículo 11. Remisión de información de las entidades que forman parte del sector público de la Generalitat de Cataluña de acuerdo con el sistema europeo de cuentas. Las entidades que figuran en los presupuestos de la Generalitat, las universidades públicas, y las entidades que, de acuerdo con las normas reguladoras del sistema europeo de cuentas están clasificadas dentro del sector administraciones públicas de la Generalitat, y que están obligadas a suministrar información en los términos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, deben enviar con carácter provisional la correspondiente al ejercicio 2017 antes del 19 de enero de 2018, y con carácter definitivo, antes del 30 de marzo de 2018. Artículo 12. Obligaciones pendientes de registro contable. 12.1 Los centros gestores de gasto en el ámbito de la Administración de la Generalitat, de las entidades autónomas administrativas y del Servicio Catalán de la Salud deben registrar, antes del 28 de febrero de 2018, todas las obligaciones correspondientes a adquisiciones de bienes y servicios efectivamente recibidos, prestaciones, subvenciones justificadas u otros gastos realizados en el ejercicio 2017 que no hayan sido imputadas en el presupuesto corriente, para que la Intervención efectúe el registro contable correspondiente en los estados financieros. Los centros gestores deben identificar la naturaleza del gasto realizado e indicar la aplicación presupuestaria en que debería haberse imputado cada obligación. 12.2 Las obligaciones pendientes de aplicar en presupuesto se tienen que registrar en la cuenta financiera 409 «Acreedores por obligaciones pendientes de imputar en presupuesto», y las obligaciones devengadas pero no vencidas ni exigibles a 31 de diciembre se tienen que registrar en la cuenta 411 «Acreedores por periodificación de gastos presupuestarios». 12.3 Las facturas o documentos asimilados del 2017 correspondientes a obligaciones pendientes de imputar en el presupuesto, deben quedar registradas en el registro único de facturas del GECAT hasta el 28 de febrero de 2018 (incluido). Antes de esta fecha, los órganos gestores deben revisar el registro de facturas de acuerdo con el que dispone la Orden ECO/306/2015, de 23 de septiembre, por la cual se regula el procedimiento de tramitación y anotación de las facturas en el Registro contable de facturas en el ámbito de la Administración de la Generalitat de Cataluña y el sector público dependiente. 12.4 El resto de obligaciones diferentes de las informadas en el registro único de facturas del sistema informático corporativo GECAT se deben anotar en el registro de otros gastos del GECAT hasta el 28 de febrero de 2018 (incluido). 12.5 El Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda debe llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para aplicar en el presupuesto 2018 las obligaciones de ejercicios anteriores que figuren en las cuentas contables de operaciones pendientes de aplicar en el presupuesto. Estas operaciones han de ser objeto del reconocimiento de deuda que establezca la normativa presupuestaria vigente. 12.6 Las unidades gestoras deben comunicar a la Intervención, antes del 28 de febrero de 2018, las obligaciones de cuantía indeterminada que puedan derivar de las responsabilidades por litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones derivadas de avales y otras garantías similares, susceptibles de ser contabilizadas como provisiones. 12.7 De acuerdo con lo que establece la disposición adicional tercera de la Ley orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial en el sector público, las intervenciones realizan periódicamente trabajos de control sobre las facturas registradas para verificar la existencia de obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos de los cuales todavía no se ha reconocido la obligación presupuestaria. El informe del resultado de los trabajos de control del ejercicio 2017 ha de emitirse antes del 30 de marzo de 2018. Si como consecuencia de las actuaciones de control financiero se pusiera de manifiesto la existencia de obligaciones no registradas, la Intervención Adjunta para la Contabilidad procederá a la expedición del correspondiente documento contable. Disposición derogatoria. Quedan derogadas las disposiciones siguientes: Orden VEH/277/2016, de 18 de octubre, sobre determinadas operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario 2016. Disposición final. Esta Orden entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Se publicará también en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña». Madrid, 16 de noviembre de 2017.–El Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro Romero.

Publicado las normas de cierre de ejercicio del Gobierno de Catalunya. Compromisos de gasto a partir del 1 de diciembre.

El artículo 74 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, establece que la organización de la contabilidad pública es competencia del consejero o consejera del departamento competente en materia de finanzas. La proximidad del fin del ejercicio presupuestario del año 2017 hace necesario que se dicten normas sobre las operaciones de cierre del presupuesto, puesto que la normativa que regula la contabilidad no prevé con detalle estas operaciones y, por otro lado, también hay que establecer plazos para presentar y tramitar determinadas operaciones y documentos contables. Considerando lo expuesto, con el fin de regular con detalle estas operaciones contables de cierre del ejercicio y a propuesta de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña, ordeno: Artículo 1. Ámbito de aplicación. Las normas que contiene esta Orden son aplicables al sector público administrativo de la Generalitat de Cataluña, es decir, departamentos, entidades autónomas administrativas y al Servicio Catalán de la Salud. Artículo 2. Nóminas del mes de diciembre. 2.1 Las nóminas del mes de diciembre se pueden contabilizar hasta el día 18 de diciembre de 2017 (incluido). Los servicios correspondientes que gestionan la nómina las deben remitir, junto con sus documentos contables, a las intervenciones delegadas y territoriales (a partir de ahora intervenciones) hasta el 15 de diciembre de 2017 (incluido). 2.2 Una vez contabilizadas las nóminas se deben enviar para su pago a la Subdirección General de Tesorería antes del 22 de diciembre de 2017. 2.3 Los documentos de gastos derivados de indemnizaciones por razón de servicios se pueden contabilizar hasta el 11 de diciembre de 2017 (incluido). Artículo 3. Pagos a justificar. 3.1 Las órdenes de pago a justificar de carácter esporádico emitidos o que se emitan para atender actividades a realizar durante el 2017 se deben remitir a la Subdirección General de Tesorería con suficiente antelación para que se puedan satisfacer a tiempo en el año natural. Las cantidades entregadas para justificar que no se apliquen durante el 2017 no se pueden acumular para el 2018, y se deben reintegrar a la Tesorería de la Generalitat. 3.2 La última justificación de las órdenes de pago de carácter renovable se puede efectuar hasta el 29 de diciembre de 2017, siguiendo el procedimiento que establece la Orden del Departamento de Economía y Finanzas de 12 de diciembre de 2001, sobre órdenes de pago a justificar. 3.3 Los gastos derivados de indemnizaciones por razón de servicios, tramitadas mediante los documentos ADOP (FM) correspondientes, tienen que estar contabilizadas el día 11 de diciembre de 2017. Artículo 4. Tramitación de documentos contables. 4.1 Documentos de gestión presupuestaria de gasto del ejercicio corriente. A partir del 1 de diciembre las entidades del sector público administrativo no podrán adquirir nuevos compromisos de gastos con las excepciones previstas en este artículo. A estos efectos los gestores pueden remitir a las intervenciones hasta el 2 de diciembre (incluido) los expedientes de cualquier tipología de gastos que incluyan la fase de compromiso del gasto (documento AD, D, ADO), incluidos los encargos en entidades consideradas medio propio de la Generalitat. Se exceptúan los expedientes siguientes: – Los que se instruyan en cumplimiento de normas específicas, – los que deriven de modificaciones presupuestarias, – los que correspondan a gasto anticipado o a prorrogas contractuales, – los relativos a gastos de personal y los correspondientes a deuda pública, – los relativos a gastos afectados financiados, totalmente o parcialmente, con fondos finalistas de otras administraciones y los generados de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña, – los de contratación en fase de licitación a la fecha de publicación de esta norma y – los de convocatorias de subvenciones y ayudas ya publicadas y en fase de evaluación de solicitudes. Las unidades gestoras pueden enviar a las intervenciones los documentos contables que incluyan la fase de reconocimiento de obligaciones hasta el 22 de diciembre (incluido). Este plazo también se aplica en el supuesto de que se envíen expedientes para fiscalizar, en los que en un único acto administrativo se incluya la aprobación, el compromiso de gasto y el reconocimiento de la obligación. Sin embargo, se pueden presentar a las intervenciones hasta el 12 de enero de 2018 (incluido) los documentos contables referidos a facturas o a otros gastos recibidos el mes de diciembre de 2017. Los documentos contables de reconocimiento de obligaciones y los documentos contables presupuestarios correspondientes a gastos a justificar de carácter renovable deben estar fiscalizados y contabilizados antes del 12 de enero de 2018. 4.2 Documentos de ingresos presupuestarios. Las unidades gestoras pueden enviar a las intervenciones los documentos contables de ingresos presupuestarios hasta el 12 de enero de 2018 (incluido), y el plazo para fiscalizar y contabilizar estos documentos finaliza el 16 de enero de 2018. 4.3 Documentos de contabilidad financiera. Las unidades gestoras del Servicio Catalán de la Salud y de las entidades autónomas administrativas deben realizar las cuentas y estados contables provisionales del ejercicio 2017 antes del 9 de febrero de 2018 y deben ser fiscalizadas por la Intervención antes del 16 de febrero de 2018. Artículo 5. Operaciones de apertura del presupuesto de 2018. 5.1 Una vez efectuada la apertura del ejercicio presupuestario 2018, el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda tiene que efectuar la contabilización de las fases correspondientes de retención de crédito, autorización o compromiso, mediante procesos informáticos y/o mediante la captura de los documentos contables correspondientes, relativos a expedientes de gasto de alcance plurianual y de tramitación anticipada. 5.2 En el supuesto de que en el presupuesto del ejercicio 2018 no haya crédito o sea insuficiente para efectuar algunas de las retenc ### RESUMEN: Publicado las normas de cierre de ejercicio del Gobierno de Catalunya. Compromisos de gasto a partir del 1 de diciembre.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, creó el concepto de «sede electrónica», justificado por «la necesidad de definir claramente la ‘‘sede’’ administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma ley define la sede electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas». Por otra parte, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, además de regular esta figura en sus artículos 3 al 9, determina específicamente en su artículo 3.2 que «las sedes electrónicas se crearán mediante orden del Ministro correspondiente o resolución del titular del organismo público, que deberá publicarse en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’», determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. Con ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad que sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento han venido canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos. Así pues, con la implantación de la sede se pretende, por una parte, reducir al máximo la dispersión actual de los servicios que ofrece el departamento, al objeto de facilitar el acceso a los mismos y, por otra, crear un espacio en el que la Administración y el administrado se relacionen en el marco de la gestión administrativa con las garantías necesarias diferenciando así el concepto de portal de comunicación del de sede electrónica. Dentro de su ámbito de competencias ya existían dos sedes electrónicas, las correspondientes al Ministerio de Sanidad y Política Social (Orden SAS/410/2010, de 15 de febrero) y la del Ministerio de Igualdad (Orden IGD/2263/2010, de 19 de agosto). Por el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se crea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuya estructura orgánica básica fue establecida por el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, que ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero. En aplicación de estas previsiones legales, la presente orden tiene por objeto la creación y regulación de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para todos los órganos del Ministerio y organismos públicos. Asimismo, mediante esta orden se habilita, en su disposición final primera, a la persona titular de la Subsecretaría para la adaptación de determinadas características de la sede cuando deban modificarse. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. El objeto de esta orden es la creación de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (SEMSSSI, en lo sucesivo), con el ámbito y características que se recogen en esta orden, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 2. Su ámbito de aplicación se extiende exclusivamente a los órganos pertenecientes al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quedando fuera del mismo los organismos públicos que, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, aprueben sus respectivas sedes electrónicas mediante resolución de su titular, que se publicará en la sede respectiva y en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, la SEMSSSI extenderá su ámbito a los organismos que se determinen en los convenios de colaboración que, en su caso, suscriba la persona titular de la Subsecretaría, por delegación, con los titulares de los organismos públicos del Departamento, al amparo de lo establecido en el último inciso del artículo 3.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. Estos acuerdos serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Artículo 2. Características de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La SEMSSSI se crea con las siguientes características: a) Se realizarán a través de la SEMSSSI todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos o de la Administración Pública en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, así como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusión en la sede por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. b) La dirección electrónica de referencia de la sede será https://sede.msssi.gob.es. c) La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Subsecretaría del Departamento. d) La gestión tecnológica de la sede será competencia de la Subsecretaría del Departamento, que la ejercerá a través de la Subdirección General de Tecnologías de la Información. e) Serán responsables de la gestión, de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la sede los titulares de los centros directivos del Departamento, y en su caso de los Organismos que se incorporen a la sede. La responsabilidad se corresponderá con las competencias que cada uno de los titulares tenga atribuidas por la legislación vigente. f) La gestión de los contenidos comunes de la sede y la coordinación con los centros directivos del Departamento y los Organismos incorporados a la sede corresponderá a la Subsecretaría del Departamento. g) La SEMSSSI incluirá como mínimo los contenidos relacionados en el artículo 3 de esta orden. h) Serán canales de acceso a los servicios disponibles en la sede: 1.º Para el acceso electrónico, a través de Internet. 2.º Para la atención presencial, las oficinas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, conforme a las competencias definidas en las normas reguladoras de la organización ministerial, sin perjuicio del acceso a través de los registros regulados en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 3.º Para la atención telefónica, los servicios de información departamental, en el teléfono 901 400 100. i) La información y los servicios incluidos en la SEMSSSI cumplirán los principios de accesibilidad y usabilidad, establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en los términos dictados por la normativa vigente en esta materia en cada momento. j) Los contenidos publicados en la SEMSSSI responderán a los criterios de seguridad e interoperabilidad que se derivan de la Ley 11/2007, de 22 de junio, y del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. Artículo 3. Contenidos de la sede electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 1. Los contenidos mínimos a incluir en la SEMSSSI son: a) Identificación de la sede, así como del órgano titular y de los responsables de la gestión de los contenidos puestos a disposición de la misma. b) Información necesaria para la correcta utilización de la sede incluyendo el mapa de la sede electrónica, así como la relacionada con la propiedad intelectual. c) Sistema de verificación del certificado de la SEMSSSI. d) Sistema de verificación de los certificados de sellos electrónicos empleados en la SEMSSSI. e) Servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la SEMSSSI. f) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados en la SEMSSSI. g) Catálogo de Trámites y Servicios disponibles en la SEMSSSI. h) Carta de Servicios Electrónicos de la SEMSSSI. i) Fecha y hora oficial, y días declarados oficialmente como inhábiles. j) Enlace al «Boletín Oficial del Estado». k) Buzón general de sugerencias y quejas. l) Informe de cumplimiento de las condiciones de confidencialidad, integridad y disponibilidad de las informaciones y comunicaciones que se realicen a través de la SEMSSSI. m) Información relacionada con la protección de datos de carácter personal. n) Enlace con la Agencia Española de Protección de Datos. o) Orden de Creación de la SEMSSSI. p) Orden de Creación del Registro Electrónico. q) Resolución de la Subsecretaría por la que se crean los sellos electrónicos. r) Enlace con el Punto de Acceso General de la Administración General del Estado. 2. Paulatinamente la SEMSSSI posibilitará el acceso a sus contenidos y servicios en las lenguas cooficiales en el Estado español. Artículo 4. Medios para la formulación de sugerencias y quejas. 1. Los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas en relación con el contenido, gestión y servicios ofrecidos en la sede que se crea en esta orden serán los siguientes: a) Presentación presencial o por correo postal ante los registros generales y las oficinas de atención al público de los servicios centrales y de las oficinas periféricas del Departamento, dirigidas a los órganos u organismos responsables, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 15 del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado. b) Presentación telemática a través del servicio de formulación de sugerencias y quejas de la SEMSSSI. 2. No se considerarán medios para la formulación de sugerencias y quejas los servicios de asesoramiento electrónico al usuario para la correcta utilización de la sede, sin perjuicio de su obligación, cuando existan, de atender los problemas que susciten los ciudadanos. Disposición adicional única. Puesta en funcionamiento de la sede. La sede electrónica que se crea en la presente orden estará operativa en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la misma. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a lo dispuesto en esta orden y, en particular, las que se indican a continuación: a) Orden SAS/410/2010, de 15 de febrero, por la que se crea la Sede Electrónica en el Ministerio de Sanidad y Política Social. b) Orden IGD/2263/2010, de 19 de agosto, por la que se crea la Sede Electrónica en el Ministerio de Igualdad. Disposición final primera. Adaptación de determinadas características de la sede. Podrán adaptarse, mediante Resolución de la Subsecretaría del Departamento, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»: a) La dirección electrónica que figura en la presente orden, cuando deba modificarse por cualquier causa. b) La denominación de los centros y organismos responsables, cuando deriven de reordenaciones organizativas. c) La relación y características de los canales de acceso a los servicios disponibles en la sede. d) Cualquier otra característica que no sea de consignación obligatoria conforme a lo previsto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. Disposición final segunda. Habilitación. La persona titular de la Subsecretaría del Departamento podrá adoptar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden. Disposición final tercera. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 28 de octubre de 2013.–La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato Adrover.

En 6 meses tendremos sede electrónica del Ministerio de Sanidad.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, creó el concepto de «sede electrónica», justificado por «la necesidad de definir claramente la ‘‘sede’’ administrativa electrónica con la que se establecen las relaciones, promoviendo un régimen de identificación, autenticación, contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad». El artículo 10.1 de la misma ley define la sede electrónica como «aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias». El apartado 3 del mismo artículo establece que «cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas». Por otra parte, el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, además de regular esta figura en sus artículos 3 al 9, determina específicamente en su artículo 3.2 que «las sedes electrónicas se crearán mediante orden del Ministro correspondiente o resolución del titular del organismo público, que deberá publicarse en el ‘‘Boletín Oficial del Estado’’», determinando el contenido mínimo de esta norma aprobatoria. Con ello se aportan a los ciudadanos garantías de plena certeza y seguridad que sólo alcanzaban parcialmente las oficinas virtuales que hasta el momento han venido canalizando las relaciones electrónicas con los ciudadanos. Así pues, con la implantación de la sede se pretende, por una parte, reducir al máximo la dispersión actual de los servicios que ofrece el departamento, al objeto de facilitar el acceso a los mismos y, por otra, crear un espacio en el que la Administración y el administrado se relacionen en el marco de la gestión administrativa con las garantías necesarias diferenciando así el concepto de portal de comunicación del de sede electrónica. Dentro de su ámbito de competencias ya existían dos sedes electrónicas, las correspondientes al Ministerio de Sanidad y Política Social (Orden SAS/410/2010, de 15 de febrero) y la del Ministerio de Igualdad (Orden IGD/2263/2010, de 19 de agosto). Por el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, se crea el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuya estructura orgánica básica fue establecida por el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, que ha sido desarrollada mediante el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero. En aplicación de estas previsiones legales, la presente orden tiene por objeto la creación y regulación de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para todos los órganos del Ministerio y organismos públicos. Asimismo, mediante esta orden se habilita, en su disposición final primera, a la persona titular de la Subsecretaría para la adaptación de determinadas características de la sede cuando deban modificarse. En su virtud, dispongo: Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 1. El objeto de esta orden es la creación de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (SEMSSSI, en lo sucesivo), con el ámbito y características que se recogen en esta orden, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 2. Su ámbito de aplicación se extiende exclusivamente a los órganos pertenecientes al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, quedando fuera del mismo los organismos públicos que, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, aprueben sus respectivas sedes electrónicas mediante resolución de su titular, que se publicará en la sede respectiva y en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, la SEMSSSI extenderá su ámbito a los organismos que se determinen en los convenios de colaboración que, en su caso, suscriba la persona titular de la Subsecretaría, por delegación, con los titulares de los organismos públicos del Departamento, al amparo de lo establecido en el último inciso del artículo 3.3 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre. Estos acuerdos serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Artículo 2. Características de la Sede Electrónica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La SEMSSSI se crea con las siguientes características: a) Se realizarán a través de la SEMSSSI todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de los ciudadanos o de la Administración Pública en sus relaciones con éstos por medios electrónicos, así como aquellos otros respecto a los que se decida su inclusión en la sede por razones de eficacia y calidad en la prestación de servicios a los ciudadanos. b) La dirección electrónica de referencia de la sede será https://sede.msssi.gob.es. c) La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Subsecretaría del Departamento. d) La gestión tecnológica de la sede será competencia de la Subsecretaría del Departamento, que la ejercerá a través de la Subdirección General de Tecnologías de la Información. e) Serán responsables de la gestión, de los contenidos y de los servicios puestos a disposición de los ciudadanos en la sede los titulares de los centros directivos del Departamento, y en su caso de los Organismos que se incorporen a la sede. La responsabilidad se corresponderá con las competencias que cada uno de los titulares tenga atribuidas por la legislación vigente. f) La gestión de los contenidos comunes de la sede y la coordinación con los centros direct ### RESUMEN: En 6 meses tendremos sede electrónica del Ministerio de Sanidad.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército. b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Mesa de Contratación del E.T., Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 7. 2) Domicilio: C/ Prim, 6-8. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 4) Teléfono: 917803496 5) Telefax: 917803508 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12:00 horas del dia 13 de junio de 2014. d) Número de expediente: 2094714004000 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación para la edición, redacción,impresión y distribución del boletín informativo Tierra, así como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército en intranet. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Ver pliego. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Ver pliego. 2) Localidad y código postal: Ver pliego. e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliego. f) Admisión de prórroga: Ver pliego. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22200000-2. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 277.500,00 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede. Definitiva (%): 5 %. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, Subgrupo 3, Categoría B. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del dia 16 de junio de 2014. b) Modalidad de presentación: Ver pliego. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Mesa de Contratación del E.T., Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 7. 2) Domicilio: C/ Prim, 6-8. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 4. b) Dirección: C/ Prim, 6-8. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: 24 de junio de 2014, a las 10:00 horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 5 de mayo de 2014. Madrid, 5 de mayo de 2014.- El General Presidente de la Mesa de Contratación del E.T.

Contratación para la edición, redacción,impresión y distribución del boletín informativo Tierra, así como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército en intranet para 18 meses por un importe total de 277.500,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor del Ejército. b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Mesa de Contratación del E.T., Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 7. 2) Domicilio: C/ Prim, 6-8. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 4) Teléfono: 917803496 5) Telefax: 917803508 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contrataciondelestado.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12:00 horas del dia 13 de junio de 2014. d) Número de expediente: 2094714004000 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Contratación para la edición, redacción,impresión y distribución del boletín informativo Tierra, así como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército en intranet. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Ver pliego. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Ver pliego. 2) Localidad y código postal: Ver pliego. e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliego. f) Admisión de prórroga: Ver pliego. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 22200000-2. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 277.500,00 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede. Definitiva (%): 5 %. 7. Requisitos específicos del contratista: a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T, Subgrupo 3, Categoría B. b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas del dia 16 de junio de 2014. b) Modalidad de presentación: Ver pliego. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Mesa de Contratación del E.T., Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 7. 2) Domicilio: C/ Prim, 6-8. 3) Localidad y código postal: Madrid 28071. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra, Cuartel General del Ejército, edificio Descalzas, planta 3.ª, despacho n.º 4. b) Dirección: C/ Prim, 6-8. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: 24 de junio de 2014, a las 10:00 horas. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 5 de mayo de 2014. Madrid, 5 de mayo de 2014.- El General Presidente de la Mesa de Contratación del E.T. ### RESUMEN: Contratación para la edición, redacción,impresión y distribución del boletín informativo Tierra, así como la edición, redacción y carga de noticias en la web del Ejército en intranet para 18 meses por un importe total de 277.500,00 euros.

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación MHW, resultan los siguientes Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Luis Cabanas Godino y las entidades: Subastaelite, S.L.; Oxer Sport, S.L., y Emiralia Horse Corporation, S.L., según consta en la escritura pública número 1.056, otorgada el 28 de abril de 2014, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Francisco Marcos Díaz. Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación. El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, paseo de la Habana, número 169, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español. Tercero. Dotación. Dotación inicial: En la escritura de constitución, se estableció como dotación dineraria de la Fundación la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación ha sido desembolsada en su totalidad en forma legal por los fundadores. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la Fundación. En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes: – Contribuir a la difusión y desarrollo del deporte de la hípica y del mundo ecuestre en sus más variadas vertientes deportivas, artísticas, científicas y culturales. Quinto. Patronato. Presidente: Subastaelite, S.L., representada por don Daniel Guillermo Entrecanales Domecq. Vicepresidente: Don Carles Vilarrubí Carrió. Vocales: Oxer Sport, S.L., representada por don Álvaro Arrieta Konyay, don Pablo Ollero Borrero, don José Sebastián Marsa Lafarge, don Luis Cabanas Godino y don Pablo García Piqueres; Hovercraft Dos, S.L., representada por don Antonio Miana Ortega. Secretario, no patrono: Don Antonio Miana Ortega. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura pública de constitución. Sexto. Poderes. Se confieren poderes a favor de la entidad Oxer Sport, S.L., representada por don Álvaro Arrieta Konyay, don Pablo Ollero Borrero, don José Luis González Guzmán y don Carlos David Figueras Arrese, en los términos que constan en la escritura pública número 1.056, autorizada el 28 de abril de 2014, por el Notario don Francisco Marcos Díaz. Esta inscripción se realiza sujeta a las limitaciones que imponen los artículos 16 y 21 de la Ley 50/2002, de Fundaciones. Fundamentos de derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto. Tercero. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación MHW, su Patronato y el otorgamiento de poderes. Madrid, 26 de mayo de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.

Solicitud de inscripción de la Fundación MHW para contribuir al desarrollo de la hípica.

Examinada la solicitud de inscripción de la Fundación MHW, resultan los siguientes Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por don Luis Cabanas Godino y las entidades: Subastaelite, S.L.; Oxer Sport, S.L., y Emiralia Horse Corporation, S.L., según consta en la escritura pública número 1.056, otorgada el 28 de abril de 2014, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Francisco Marcos Díaz. Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación. El domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, paseo de la Habana, número 169, y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio del Estado español. Tercero. Dotación. Dotación inicial: En la escritura de constitución, se estableció como dotación dineraria de la Fundación la cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación ha sido desembolsada en su totalidad en forma legal por los fundadores. Dicha dotación está sujeta al principio de subrogación real del patrimonio y, en caso de enajenación o gravamen, requerirá autorización del Protectorado en los términos previstos en la Ley. Cuarto. Fines de la Fundación. En los Estatutos que han de regir la Fundación, incorporados a la escritura pública a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los siguientes: – Contribuir a la difusión y desarrollo del deporte de la hípica y del mundo ecuestre en sus más variadas vertientes deportivas, artísticas, científicas y culturales. Quinto. Patronato. Presidente: Subastaelite, S.L., representada por don Daniel Guillermo Entrecanales Domecq. Vicepresidente: Don Carles Vilarrubí Carrió. Vocales: Oxer Sport, S.L., representada por don Álvaro Arrieta Konyay, don Pablo Ollero Borrero, don José Sebastián Marsa Lafarge, don Luis Cabanas Godino y don Pablo García Piqueres; Hovercraft Dos, S.L., representada por don Antonio Miana Ortega. Secretario, no patrono: Don Antonio Miana Ortega. Consta la aceptación de los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas en la escritura pública de constitución. Sexto. Poderes. Se confieren poderes a favor de la entidad Oxer Sport, S.L., representada por don Álvaro Arrieta Konyay, don Pablo Ollero Borrero, don José Luis González Guzmán y don Carlos David Figueras Arrese, en los términos que constan en la escritura pública número 1.056, autorizada el 28 de abril de 2014, por el Notario don Francisco Marcos Díaz. Esta inscripción se realiza sujeta a las limitaciones que imponen los artículos 16 y 21 de la Ley 50/2002, de Fundaciones. Fundamentos de derecho Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: El artículo 34 de la Constitución española, que reconoce el derecho de fundación para fines de interés general. La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de fundaciones de competencia estatal. El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal. La Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, sobre delegación de competencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en virtud de la cual se delegan en el Secretario General Técnico competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas al Ministro. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley de Fundaciones y 43 del Reglamento de fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia de la dotación, procediendo un pronunciamiento favorable al respecto. Tercero. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley de Fundaciones, hasta tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación en este Registro de Fundaciones. Por todo lo cual, resuelvo inscribir en el Registro de Fundaciones la Fundación MHW, su Patronato y el otorgamiento de poderes. Madrid, 26 de mayo de 2014.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario General Técnico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. ### RESUMEN: Solicitud de inscripción de la Fundación MHW para contribuir al desarrollo de la hípica.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó, en su reunión extraordinaria de 20 de marzo de 2020, el Acuerdo por el que se modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se publica como anexo a esta resolución. Madrid, 23 de marzo de 2020.–El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta. ANEXO Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para modificar, por razones de urgencia y de forma temporal, el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con el fin de flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios mientras persista la situación de crisis COVID-19 El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, tiene atribuida la fijación de criterios comunes de acreditación de centros, servicios y entidades, sin perjuicio de las competencias de cada una de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Ante la situación de pandemia derivada del COVID-19 y por razones de urgencia y de forma temporal, la modificación que ahora se propone pretende flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios de atención a la dependencia mientras persista la situación de crisis COVID-19. En su virtud, se acuerda modificar el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, incorporando al criterio tercero apartado b) un nuevo ordinal denominado 5 bis, que queda redactado en los siguientes términos: «5 bis. Régimen provisional y excepcional ante la situación de pandemia derivada del COVID-19. Cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones especificas necesarias en la zona donde esté ubicado, bien el centro o institución social o bien donde se preste el servicio de asistencia personal o las labores de auxiliar de ayuda a domicilio, podrán desempeñar estas funciones personas que tengan alguna de las titulaciones exigidas para cualquiera de ellas. Si tampoco hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las titulaciones antes señaladas, podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras de servicios garantizar la supervisión y formación práctica en el puesto de trabajo para mejorar sus competencias profesionales. Este régimen excepcional estará vigente por un plazo inicial de tres meses a partir de su publicación, pudiendo ser prorrogado por nuevo acuerdo del Consejo Territorial por sucesivos periodos de tres meses o inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales derivadas de la evolución de la situación sanitaria. Corresponde a las Administraciones públicas competentes en Servicios Sociales dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en su caso, sean necesarias para la aplicación de este régimen provisional excepcional.»

Durante tres meses, los centros y servicios de atención a la dependencia acreditados podrán contratar a personas con experiencia en el cuidado de personas pero sin titulación si no hay demandantes de empleo que sí la tengan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia aprobó, en su reunión extraordinaria de 20 de marzo de 2020, el Acuerdo por el que se modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se publica como anexo a esta resolución. Madrid, 23 de marzo de 2020.–El Secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez Peralta. ANEXO Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, por el que se autoriza a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para modificar, por razones de urgencia y de forma temporal, el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con el fin de flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios mientras persista la situación de crisis COVID-19 El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, tiene atribuida la fijación de criterios comunes de acreditación de centros, servicios y entidades, sin perjuicio de las competencias de cada una de las Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Ante la situación de pandemia derivada del COVID-19 y por razones de urgencia y de forma temporal, la modificación que ahora se propone pretende flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios de atención a la dependencia mientras persista la situación de crisis COVID-19. En su virtud, se acuerda modificar el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, incorporando al criterio tercero apartado b) un nuevo ordinal denominado 5 bis, que queda redactado en los siguientes términos: «5 bis. Régimen provisional y excepcional ante la situación de pandemia derivada del COVID-19. Cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo con las titulaciones especificas necesarias en la zona donde esté ubicado, bien el centro o institución social o bien donde se preste el servicio de asistencia personal o las labores de auxiliar de ayuda a domicilio, podrán desempeñar estas funciones personas que tengan alguna de las titulaciones exigidas para cualquiera de ellas. Si tampoco hubiera disponibilidad de demandantes de empleo con ninguna de las titulaciones antes señaladas, podrán desempeñar estas funciones personas que, careciendo de titulación, preferentemente, tengan experiencia en cuidado y atención de personas dependientes, debiendo las entidades prestadoras de servicios garantizar la supervisión y formación práctica en el puesto de trabajo para mejorar sus competencias profesionales. Este régimen excepcional estará vigente por un plazo inicial de tres meses a partir de su publicación, pudiendo ser prorrogado por nuevo acuerdo del Consejo Territorial por sucesivos periodos de tres meses o inferiores en función de las necesidades organizativas y asistenciales derivadas de la evolución de la situación sanitaria. Corresponde a las Administraciones públicas competentes en Servicios Sociales dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en su caso, sean necesarias para la aplicación de este régimen provisional excepcional.» ### RESUMEN: Durante tres meses, los centros y servicios de atención a la dependencia acreditados podrán contratar a personas con experiencia en el cuidado de personas pero sin titulación si no hay demandantes de empleo que sí la tengan.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don José Vicente de los Mozos Obispo, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de febrero de 2022, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Dado en Madrid, el 15 de febrero de 2022. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO

José Vicente de los Mozos recibe la Gran cruz de la orden de Isabel la Católica.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don José Vicente de los Mozos Obispo, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de febrero de 2022, Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Dado en Madrid, el 15 de febrero de 2022. FELIPE R. El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO ### RESUMEN: José Vicente de los Mozos recibe la Gran cruz de la orden de Isabel la Católica.

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha aprobado un Plan Estratégico para el periodo 2012-2015 que establece como misión de este Instituto la de crear conocimiento transformador en el sector público en beneficio de la sociedad, con el fin de propiciar la cohesión social y una democracia de alta calidad. El INAP quiere orientar su actividad al objetivo de promover una buena Administración orientada al bien común. Es este el criterio que guiará toda la actividad de este Instituto, especialmente la oferta formativa y de aprendizaje que dirige a los empleados públicos. En este sentido, el INAP, para cumplir con los fines anteriormente descritos y de acuerdo con las funciones de formación y perfeccionamiento de los funcionarios de Administración local que tiene asignadas, de acuerdo con el Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, pretende continuar atendiendo las principales demandas de los entes locales españoles y de los vecinos de los distintos municipios y provincias, mediante la ejecución descentralizada en diferentes circunscripciones provinciales de nuevas acciones formativas, de acuerdo con las necesidades detectadas por las comunidades autónomas uniprovinciales, diputaciones, cabildos y consejos insulares. En consecuencia, esta Dirección adopta la siguiente resolución: Primera. Objeto y destinatarios. Mediante esta resolución se convocan acciones formativas descentralizadas dirigidas al personal al servicio de las Administraciones públicas, preferentemente el de Administración local, que cumpla los requisitos exigidos en el apartado de destinatarios de cada uno de los cursos, según el programa que se describe en el anexo. Segunda. Presentación de solicitudes. Quienes deseen participar en los cursos convocados deberán presentar la correspondiente solicitud que será accesible tras la selección del curso al que se desea asistir en las siguientes direcciones: http://www.inap.es/cursos-de-administracion-local y http://www.inap.es/formacion-en-administracion-local. Podrá imprimirse en soporte papel, si así se desea, para conservarla como justificante de presentación. El consentimiento del superior jerárquico se entiende concedido desde el momento en que accede a participar en acciones formativas en las que haya resultado seleccionado. El envío de la solicitud telemática debidamente cumplimentada supone la aceptación expresa de las normas y procedimientos que rigen cada uno de los cursos. Tercera. Selección. 1. La Subdirección de Programas Formativos en Administración Local seleccionará a los asistentes de entre las solicitudes que cumplan los requisitos, atendiendo al perfil de los candidatos en relación con los objetivos del curso. La propuesta para la selección de alumnos, que se llevará a cabo por dicha Subdirección, se realizará por las entidades colaboradoras, basándose en los criterios de adaptación de los seleccionados a los objetivos del curso. 2. Los empleados públicos podrán participar en cursos de formación durante los permisos por parto, adopción o acogimiento, así como durante la situación de excedencia por cuidado de familiares, según lo dispuesto en los artículos 49 y 89.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 3. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se otorgará preferencia en la selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo, procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad, con objeto de actualizar los conocimientos de los empleados públicos y empleadas públicas. Asimismo, se reservará al menos un 40 por ciento de las plazas en los cursos de formación para su adjudicación a mujeres que reúnan los requisitos establecidos, salvo que el número de solicitudes de mujeres sea insuficiente para cubrir este porcentaje. 4. En aplicación del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, se valorará como criterio de selección a quienes se encuentren afectados por una discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Las personas con discapacidad que soliciten el curso podrán hacer constar tal circunstancia en la inscripción, y podrán indicar, asimismo, las adaptaciones necesarias en el curso formativo, siempre y cuando hayan sido seleccionadas. Cuarta. Régimen de asistencia. Los alumnos habrán de asistir con regularidad al curso. Una inasistencia superior al diez por ciento en el cómputo total de horas lectivas programadas imposibilitará la expedición de la certificación y dará lugar a la baja en el curso, con pérdida de todos los derechos. Quinta. Información adicional. La información detallada con los objetivos, contenidos, metodologías, calendario y valoración de cada curso descentralizado en colaboración será expuesta en la página web del Instituto, junto a su inscripción. Igualmente, se podrá solicitar información adicional en las sedes donde se celebren los cursos y a través del correo electrónico fl@inap.es Sexta. Valoración. La valoración prevista en el anexo para cada acción formativa lo es a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.D) de la Orden de 10 de agosto de 1994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal, en relación con lo establecido en la Resolución de 26 de octubre de 1994, del Instituto Nacional de Administración Pública («Boletín Oficial de Estado» de 8 de noviembre). Madrid, 18 de marzo de 2015.–El Director del Instituto Nacional de Administración Pública, Manuel Arenilla Sáez.

Cursos del INAP para administraciones locales.

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) ha aprobado un Plan Estratégico para el periodo 2012-2015 que establece como misión de este Instituto la de crear conocimiento transformador en el sector público en beneficio de la sociedad, con el fin de propiciar la cohesión social y una democracia de alta calidad. El INAP quiere orientar su actividad al objetivo de promover una buena Administración orientada al bien común. Es este el criterio que guiará toda la actividad de este Instituto, especialmente la oferta formativa y de aprendizaje que dirige a los empleados públicos. En este sentido, el INAP, para cumplir con los fines anteriormente descritos y de acuerdo con las funciones de formación y perfeccionamiento de los funcionarios de Administración local que tiene asignadas, de acuerdo con el Estatuto del INAP, aprobado por el Real Decreto 464/2011, de 1 de abril, pretende continuar atendiendo las principales demandas de los entes locales españoles y de los vecinos de los distintos municipios y provincias, mediante la ejecución descentralizada en diferentes circunscripciones provinciales de nuevas acciones formativas, de acuerdo con las necesidades detectadas por las comunidades autónomas uniprovinciales, diputaciones, cabildos y consejos insulares. En consecuencia, esta Dirección adopta la siguiente resolución: Primera. Objeto y destinatarios. Mediante esta resolución se convocan acciones formativas descentralizadas dirigidas al personal al servicio de las Administraciones públicas, preferentemente el de Administración local, que cumpla los requisitos exigidos en el apartado de destinatarios de cada uno de los cursos, según el programa que se describe en el anexo. Segunda. Presentación de solicitudes. Quienes deseen participar en los cursos convocados deberán presentar la correspondiente solicitud que será accesible tras la selección del curso al que se desea asistir en las siguientes direcciones: http://www.inap.es/cursos-de-administracion-local y http://www.inap.es/formacion-en-administracion-local. Podrá imprimirse en soporte papel, si así se desea, para conservarla como justificante de presentación. El consentimiento del superior jerárquico se entiende concedido desde el momento en que accede a participar en acciones formativas en las que haya resultado seleccionado. El envío de la solicitud telemática debidamente cumplimentada supone la aceptación expresa de las normas y procedimientos que rigen cada uno de los cursos. Tercera. Selección. 1. La Subdirección de Programas Formativos en Administración Local seleccionará a los asistentes de entre las solicitudes que cumplan los requisitos, atendiendo al perfil de los candidatos en relación con los objetivos del curso. La propuesta para la selección de alumnos, que se llevará a cabo por dicha Subdirección, se realizará por las entidades colaboradoras, basándose en los criterios de adaptación de los seleccionados a los objetivos del curso. 2. Los empleados públicos podrán participar en cursos de formación durante los permisos por parto, adopción o acogimiento, así como durante la situación de excedencia por cuidado de familiares, según lo dispuesto en los artículos 49 y 89.4 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 3. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se otorgará preferencia en la selección a quienes se hayan incorporado en el plazo de un año al servicio activo, procedentes del permiso de maternidad o paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad, con objeto de actualizar los conocimientos de los empleados públicos y empleadas públicas. Asimismo, se reservará al menos un 40 por ciento de las plazas en los cursos de formación para su adjudicación a mujeres que reúnan los requisitos establecidos, salvo que el número de solicitudes de mujeres sea insuficiente para cubrir este porcentaje. 4. En aplicación del Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, se valorará como criterio de selección a quienes se encuentren afectados por una discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento. Las personas con discapacidad que soliciten el curso podrán hacer constar tal circunstancia en la inscripción, y podrán indicar, asimismo, las adaptaciones necesarias en el curso formativo, siempre y cuando hayan sido seleccionadas. Cuarta. Régimen de asistencia. Los alumnos habrán de asistir con regularidad al curso. Una inasistencia superior al diez por ciento en el cómputo total de horas lectivas programadas imposibilitará la expedición de la certificación y dará lugar a la baja en el curso, con pérdida de todos los derechos. Quinta. Información adicional. La información detallada con los objetivos, contenidos, metodologías, calendario y valoración de cada curso descentralizado en colaboración será expuesta en la página web del Instituto, junto a su inscripción. Igualmente, se podrá solicitar información adicional en las sedes donde se celebren los cursos y a través del correo electrónico fl@inap.es Sexta. Valoración. La valoración prevista en el anexo para cada acción formativa lo es a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1.D) de la Orden de 10 de agosto de 1994, por la que se dictan normas sobre concursos de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter estatal, en relación con lo establecido en la Resolución de 26 de octubre de 1994, del Instituto Nacional de Administración Pública («Boletín Oficial de Estado» de 8 de noviembre). Madrid, 18 de marzo de 2015.–El Director del Instituto Nacional de Administración Pública, Manuel Arenilla Sáez. ### RESUMEN: Cursos del INAP para administraciones locales.

Mediante sentencias de 24 y 25 de octubre y de 2 de noviembre de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió estimar parcialmente los recursos contencioso-administrativos números 960/2014, 961/2014, 16/2015 y 11/2015, interpuestos por las entidades Eon España, S.L.U., Endesa, S.A., Iberdrola S.A. y Gas Natural SDG, S.A., respectivamente, contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. Las citadas sentencias declararon inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. Asimismo, las referidas sentencias resolvieron declarar inaplicables y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el citado artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y declarar el derecho de las empresas a ser indemnizadas por las cantidades abonadas en concepto de bono social, más los intereses legales correspondientes. Mediante escritos presentados con fechas 30 de enero de 2017, 16 de febrero de 2017, 6 de marzo de 2017 y 23 de junio de 2017, las entidades Gas Natural SDG, S.A., Iberdrola, S.A., Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. (antes Eon España, S.L.U.) y Endesa, S.A. promovieron incidentes de ejecución de las sentencias recaídas en los recursos 11/2015, 16/2015, 960/2014 y 961/2014, respectivamente. Mediante Autos de fechas 15 de septiembre de 2017, 18 de septiembre de 2017, y 21 de septiembre de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado estimar en parte los incidentes de ejecución así formulados, ordenando el reintegro, con cargo al sistema eléctrico, de todas las cantidades abonadas en concepto de bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro. En dichos autos, por lo demás, se afirma que los pronunciamientos contenidos en las referidas sentencias surten efectos no sólo para las entidades en cada caso recurrentes, sino también, en identidad de términos, para los restantes sujetos obligados a la financiación del bono social en virtud de las normas allí enjuiciadas. Por su parte, la disposición adicional centésima décima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, establece que, de forma excepcional para el año 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de resoluciones de litigios referidos a normativa del sector eléctrico que deban llevarse a cabo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo al sistema eléctrico, siempre que así se determine mediante Orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado la adopción de esta orden, mediante el oportuno acuerdo, en su reunión del día 28 de septiembre de 2017. De acuerdo con lo anterior, mediante esta orden se procede a ejecutar las citadas sentencias, ordenando la devolución de las cantidades abonadas en concepto de bono social por todos los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades designadas en la Orden IET/2182/2015, de 15 de octubre, y en la Orden IET/1451/2016, de 8 de septiembre, por las que se determinaron los sujetos obligados a financiar el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, respectivamente. En cumplimiento de las citadas sentencias, y de los Autos referidos, y de acuerdo con la competencia otorgada en la disposición adicional centésima décima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, resuelvo: Primero. Cantidades correspondientes al ejercicio 2015. Ordenar el pago de las cantidades abonadas en concepto de bono social en el ejercicio 2015 a los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades designadas en el apartado primero de la Orden IET/2182/2015, de 15 de octubre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2015. Segundo. Cantidades correspondientes al ejercicio 2016. Ordenar el pago de las cantidades abonadas en concepto de bono social en el ejercicio 2016 a los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades designadas en el apartado primero de la Orden IET/1451/2016, de 8 de septiembre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2016. Tercero. Intereses legales. A las cantidades a que se hace referencia en los apartados primero y segundo se les añadirán los intereses legales correspondientes computados desde fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro. Cuarto. Realización de los pagos. Los pagos que resulten de lo dispuesto en los apartados anteriores se realizarán con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones. Quinto. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por parte de la Secretaría de Estado de Energía se dará traslado de la presente orden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como órgano encargado de las liquidaciones, a fin de que proceda a realizar los reintegros a los que se refieren los apartados anteriores. Asimismo, dicha Comisión deberá enviar a este Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la información sobre las liquidaciones que se realicen. Sexto. Revisión judicial. Contra el presente acto, en tanto se limita a dar ejecución a lo resuelto por resolución judicial firme, no cabe la interposición de recurso alguno, sin perjuicio de que el interesado pueda, si considera que con él no se da íntegro cumplimiento al citado pronunciamiento judicial promover el incidente previsto en el artículo 109 la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Madrid, 28 de septiembre de 2017.–El Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal Belda.

Aquí la orden que aplica las sentencias del Supremo y devuelve el bono social de 2015 y 2016 a las eléctricas.

Mediante sentencias de 24 y 25 de octubre y de 2 de noviembre de 2016, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió estimar parcialmente los recursos contencioso-administrativos números 960/2014, 961/2014, 16/2015 y 11/2015, interpuestos por las entidades Eon España, S.L.U., Endesa, S.A., Iberdrola S.A. y Gas Natural SDG, S.A., respectivamente, contra el Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. Las citadas sentencias declararon inaplicable el régimen de financiación del bono social establecido en el artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por resultar incompatible con la Directiva 2009/72/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. Asimismo, las referidas sentencias resolvieron declarar inaplicables y nulos los artículos 2 y 3 del Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, que desarrollan lo dispuesto en el citado artículo 45.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y declarar el derecho de las empresas a ser indemnizadas por las cantidades abonadas en concepto de bono social, más los intereses legales correspondientes. Mediante escritos presentados con fechas 30 de enero de 2017, 16 de febrero de 2017, 6 de marzo de 2017 y 23 de junio de 2017, las entidades Gas Natural SDG, S.A., Iberdrola, S.A., Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. (antes Eon España, S.L.U.) y Endesa, S.A. promovieron incidentes de ejecución de las sentencias recaídas en los recursos 11/2015, 16/2015, 960/2014 y 961/2014, respectivamente. Mediante Autos de fechas 15 de septiembre de 2017, 18 de septiembre de 2017, y 21 de septiembre de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado estimar en parte los incidentes de ejecución así formulados, ordenando el reintegro, con cargo al sistema eléctrico, de todas las cantidades abonadas en concepto de bono social en los ejercicios 2015 y 2016, más los intereses legales correspondientes computados desde la fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro. En dichos autos, por lo demás, se afirma que los pronunciamientos contenidos en las referidas sentencias surten efectos no sólo para las entidades en cada caso recurrentes, sino también, en identidad de términos, para los restantes sujetos obligados a la financiación del bono social en virtud de las normas allí enjuiciadas. Por su parte, la disposición adicional centésima décima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, establece que, de forma excepcional para el año 2017, los superávits de ingresos del sistema eléctrico podrán destinarse al pago de indemnizaciones en ejecución de resoluciones de litigios referidos a normativa del sector eléctrico que deban llevarse a cabo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o con cargo al sistema eléctrico, siempre que así se determine mediante Orden del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha autorizado la adopción de esta orden, mediante el oportuno acuerdo, en su reunión del día 28 de septiembre de 2017. De acuerdo con lo anterior, mediante esta orden se procede a ejecutar las citadas sentencias, ordenando la devolución de las cantidades abonadas en concepto de bono social por todos los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades designadas en la Orden IET/2182/2015, de 15 de octubre, y en la Orden IET/1451/2016, de 8 de septiembre, por las que se determinaron los sujetos obligados a financiar el bono social en los ejercicios 2015 y 2016, respectivamente. En cumplimiento de las citadas sentencias, y de los Autos referidos, y de acuerdo con la competencia otorgada en la disposición adicional centésima décima novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, previo Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, resuelvo: Primero. Cantidades correspondientes al ejercicio 2015. Ordenar el pago de las cantidades abonadas en concepto de bono social en el ejercicio 2015 a los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades designadas en el apartado primero de la Orden IET/2182/2015, de 15 de octubre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2015. Segundo. Cantidades correspondientes al ejercicio 2016. Ordenar el pago de las cantidades abonadas en concepto de bono social en el ejercicio 2016 a los grupos de sociedades o, en su caso, sociedades designadas en el apartado primero de la Orden IET/1451/2016, de 8 de septiembre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social correspondientes a 2016. Tercero. Intereses legales. A las cantidades a que se hace referencia en los apartados primero y segundo se les añadirán los intereses legales correspondientes computados desde fecha en que se hizo el pago hasta la fecha de su reintegro. Cuarto. Realización de los pagos. Los pagos que resulten de lo dispuesto en los apartados anteriores se realizarán con cargo a los superávits de ingresos del sistema eléctrico que están depositados en la cuenta específica del órgano encargado de las liquidaciones. Quinto. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Por parte de la Secretaría de Estado de Energía se dará traslado de la presente orden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como órgano encargado de las liquidaciones, a fin de que proceda a realizar los reintegros a los que se refieren los apartados anteriores. Asimismo, dicha Comisión ### RESUMEN: Aquí la orden que aplica las sentencias del Supremo y devuelve el bono social de 2015 y 2016 a las eléctricas.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 11 de marzo de 2014, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la Exposición Internacional Zaragoza 2008, acuerda: I. Asumir el contenido del citado Informe. II. Instar a los responsables de la gestión estatal, autonómica y local a que en lo sucesivo, atendiendo a la actual coyuntura económica, con anterioridad a acometer actuaciones de tal envergadura valoren y concreten las necesidades a satisfacer, la viabilidad económica de los proyectos a ejecutar y la beneficiosa repercusión económica y social, no sólo en el periodo de duración del evento sino también con posterioridad, que en definitiva justifiquen su realización y el consecuente empleo de recursos públicos. III. Instar al Gobierno autonómico de Aragón a: 1. Adoptar las medidas oportunas en aras de solventar la situación económica actual de la empresa pública Expo Zaragoza Empresarial, heredada de Expoagua Zaragoza 2008. 2. Que se regule adecuadamente la aceptación de la deuda del Ayuntamiento para con Expoagua Zaragoza 2008 para evitar que se condicione el principio de estabilidad presupuestaria por parte del Ayuntamiento. IV. Instar al Ayuntamiento de Zaragoza a que, en relación con las concesiones administrativas vigentes y resultantes de la Exposición Internacional celebrada, proceda a analizar su viabilidad económica, y en su caso establecer las condiciones de financiación necesarias para el mantenimiento del servicio o proceder a la resolución de dichas concesiones. V. Instar al Tribunal de Cuentas a que analice, mediante la realización de una fiscalización específica de algunos contratos, la posibilidad de haber incurrido en duplicidades de pago por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en la gestión realizada, a la vista de la inconcreción manifestada en el Informe. Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2014.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.– La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez.

Informe del Tribunal de Cuentas de la Expo de Zaragoza.

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 11 de marzo de 2014, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de las actuaciones del Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la Exposición Internacional Zaragoza 2008, acuerda: I. Asumir el contenido del citado Informe. II. Instar a los responsables de la gestión estatal, autonómica y local a que en lo sucesivo, atendiendo a la actual coyuntura económica, con anterioridad a acometer actuaciones de tal envergadura valoren y concreten las necesidades a satisfacer, la viabilidad económica de los proyectos a ejecutar y la beneficiosa repercusión económica y social, no sólo en el periodo de duración del evento sino también con posterioridad, que en definitiva justifiquen su realización y el consecuente empleo de recursos públicos. III. Instar al Gobierno autonómico de Aragón a: 1. Adoptar las medidas oportunas en aras de solventar la situación económica actual de la empresa pública Expo Zaragoza Empresarial, heredada de Expoagua Zaragoza 2008. 2. Que se regule adecuadamente la aceptación de la deuda del Ayuntamiento para con Expoagua Zaragoza 2008 para evitar que se condicione el principio de estabilidad presupuestaria por parte del Ayuntamiento. IV. Instar al Ayuntamiento de Zaragoza a que, en relación con las concesiones administrativas vigentes y resultantes de la Exposición Internacional celebrada, proceda a analizar su viabilidad económica, y en su caso establecer las condiciones de financiación necesarias para el mantenimiento del servicio o proceder a la resolución de dichas concesiones. V. Instar al Tribunal de Cuentas a que analice, mediante la realización de una fiscalización específica de algunos contratos, la posibilidad de haber incurrido en duplicidades de pago por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en la gestión realizada, a la vista de la inconcreción manifestada en el Informe. Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2014.–El Presidente de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Ricardo Tarno Blanco.– La Secretaria Primera de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Celia Alberto Pérez. ### RESUMEN: Informe del Tribunal de Cuentas de la Expo de Zaragoza.

De conformidad con la Resolución de 23 de enero de 2017 («BOE» número 29, de 3 de febrero) del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), por la que se convocó el Premio «Francisco Tomás y Valiente» 2017 de ensayos sobre Constitución y Justicia Constitucional, instituido conjuntamente por el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el 22 de noviembre se constituyó un jurado presidido por D. Juan José González Rivas, Presidente del Tribunal Constitucional, y D. Benigno Pendás García, Director del CEPC, en calidad de vicepresidente, e integrado por los siguientes vocales: – D. Alfredo Montoya Melgar, Magistrado del Tribunal Constitucional. – D. Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Universidad y Magistrado Emérito. – D.ª Paloma Biglino Campos, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. – D. Andrés Gutiérrez Gil, Secretario General del Tribunal Constitucional, en calidad de Secretario. Dicho jurado acordó, por unanimidad, conceder el Premio «Francisco Tomás y Valiente» 2017 a la obra que lleva por título «Procesos constitucionales y garantías convencionales. La aplicación del artículo 6.1 CEDH a la jurisdicción constitucional». Tras este acuerdo, se procedió a la apertura de la Plica para conocer la autoría de la obra premiada, que resultó ser de D. Alejandro Saiz Arnaiz. De acuerdo con la base quinta de la convocatoria, el fallo del jurado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 9.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección del CEPC en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 15 de diciembre de 2017.–El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás García.

El Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2017 a Alejandro Saiz Arnaiz por la obra que lleva por título "Procesos constitucionales y garantías convencionales. La aplicación del artículo 6.1 CEDH a la jurisdicción constitucional".

De conformidad con la Resolución de 23 de enero de 2017 («BOE» número 29, de 3 de febrero) del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), por la que se convocó el Premio «Francisco Tomás y Valiente» 2017 de ensayos sobre Constitución y Justicia Constitucional, instituido conjuntamente por el Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el 22 de noviembre se constituyó un jurado presidido por D. Juan José González Rivas, Presidente del Tribunal Constitucional, y D. Benigno Pendás García, Director del CEPC, en calidad de vicepresidente, e integrado por los siguientes vocales: – D. Alfredo Montoya Melgar, Magistrado del Tribunal Constitucional. – D. Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Universidad y Magistrado Emérito. – D.ª Paloma Biglino Campos, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. – D. Andrés Gutiérrez Gil, Secretario General del Tribunal Constitucional, en calidad de Secretario. Dicho jurado acordó, por unanimidad, conceder el Premio «Francisco Tomás y Valiente» 2017 a la obra que lleva por título «Procesos constitucionales y garantías convencionales. La aplicación del artículo 6.1 CEDH a la jurisdicción constitucional». Tras este acuerdo, se procedió a la apertura de la Plica para conocer la autoría de la obra premiada, que resultó ser de D. Alejandro Saiz Arnaiz. De acuerdo con la base quinta de la convocatoria, el fallo del jurado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». La presente resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con los artículos 9.c) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición ante la Dirección del CEPC en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común. Madrid, 15 de diciembre de 2017.–El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás García. ### RESUMEN: El Premio "Francisco Tomás y Valiente" 2017 a Alejandro Saiz Arnaiz por la obra que lleva por título "Procesos constitucionales y garantías convencionales. La aplicación del artículo 6.1 CEDH a la jurisdicción constitucional".

Edicto Actuaciones Previas n.º 116/13, Ramo: CC.AA. (Consejería de Empleo - Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad), Lugar: Andalucía. Doña Mónica Corchón González, Secretaria de las Actuaciones Previas de referencia, hace saber: Que en dichas Actuaciones Previas se ha dictado por la Delegada Instructora la siguiente: 'PROVIDENCIA.- Delegada Instructora señora Carriedo Moreno.- En Madrid, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.- Habiéndose requerido al GRUPO PICKMAN (PICKMAN, LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A.), con CIF A-41002353, como presunta responsable del alcance declarado en estas actuaciones, por Providencia de fecha 24 de febrero de 2015, para que reintegrase, depositase o afianzase la cantidad de cinco millones ciento veintiocho mil quinientos treinta y un euros con seis céntimos (5.128.531,06 €) de los que corresponden 4.691.504,41 euros a principal y 437.026,65 euros a intereses, en las Actuaciones Previas a que se refieren estos autos, y no habiéndose atendido el mencionado requerimiento, se dictó Providencia de fecha 9 de septiembre de 2015 por la que se acordó el embargo de bienes y derechos de la citada Compañía que fue debidamente notificada al interesado.- En consecuencia, procede decretar, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 47.1.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, y demás preceptos concordantes sobre este particular, el embargo del inmueble propiedad del pleno dominio con carácter propio, de PICKMAN, LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A., con CIF A-41002353, que consta en la Nota Simple expedida por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, en cantidad suficiente para asegurar el derecho de la Hacienda Pública a reintegrarse de los posibles perjuicios irrogados objeto de las presentes actuaciones.- En base a esta Providencia, se librará comunicación al Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, para que proceda a la práctica del embargo preventivo, practicando la anotación correspondiente de la finca que seguidamente se indica:- Finca rústica de Salteras número 9749; inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, Tomo 2730, Libro 190, Folio 203, Alta 1, IDUFIR: 41010001145584; propiedad del pleno dominio de PICKMAN, LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A..- Dada la imposibilidad de practicar la notificación de la citada Providencia a PICKMAN, LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A. (habiéndose realizado la misma al resto de interesados) notifíquesele mediante Edicto, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios de este Tribunal.- Lo manda y firma la Sra. Delegada Instructora, de lo que doy fe. La Secretaria de las Actuaciones: Mónica Corchón González.- Firmado y rubricado.' Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este Edicto se incluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiera condena expresa en los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la ley 7/1988, de Funcionamiento de este Tribunal. Lo que se hace público para que sirva de notificación a PICKMAN, LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A. Madrid, 26 de octubre de 2016.- La Secretaria de Actuaciones Previas, Mónica Corchón González.

El Tribunal de Cuentas empieza a embargar a Pickman La Cartuja de Sevilla

Edicto Actuaciones Previas n.º 116/13, Ramo: CC.AA. (Consejería de Empleo - Ayudas destinadas a Empresas para la Financiación de Planes de Viabilidad), Lugar: Andalucía. Doña Mónica Corchón González, Secretaria de las Actuaciones Previas de referencia, hace saber: Que en dichas Actuaciones Previas se ha dictado por la Delegada Instructora la siguiente: 'PROVIDENCIA.- Delegada Instructora señora Carriedo Moreno.- En Madrid, a veintiséis de octubre de dos mil dieciséis.- Habiéndose requerido al GRUPO PICKMAN (PICKMAN, LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A.), con CIF A-41002353, como presunta responsable del alcance declarado en estas actuaciones, por Providencia de fecha 24 de febrero de 2015, para que reintegrase, depositase o afianzase la cantidad de cinco millones ciento veintiocho mil quinientos treinta y un euros con seis céntimos (5.128.531,06 €) de los que corresponden 4.691.504,41 euros a principal y 437.026,65 euros a intereses, en las Actuaciones Previas a que se refieren estos autos, y no habiéndose atendido el mencionado requerimiento, se dictó Providencia de fecha 9 de septiembre de 2015 por la que se acordó el embargo de bienes y derechos de la citada Compañía que fue debidamente notificada al interesado.- En consecuencia, procede decretar, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 47.1.g) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, y demás preceptos concordantes sobre este particular, el embargo del inmueble propiedad del pleno dominio con carácter propio, de PICKMAN, LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A., con CIF A-41002353, que consta en la Nota Simple expedida por el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, en cantidad suficiente para asegurar el derecho de la Hacienda Pública a reintegrarse de los posibles perjuicios irrogados objeto de las presentes actuaciones.- En base a esta Providencia, se librará comunicación al Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, para que proceda a la práctica del embargo preventivo, practicando la anotación correspondiente de la finca que seguidamente se indica:- Finca rústica de Salteras número 9749; inscrita en el Registro de la Propiedad de Sanlúcar la Mayor número 1, Tomo 2730, Libro 190, Folio 203, Alta 1, IDUFIR: 41010001145584; propiedad del pleno dominio de PICKMAN, LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A..- Dada la imposibilidad de practicar la notificación de la citada Providencia a PICKMAN, LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A. (habiéndose realizado la misma al resto de interesados) notifíquesele mediante Edicto, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el Tablón de Anuncios de este Tribunal.- Lo manda y firma la Sra. Delegada Instructora, de lo que doy fe. La Secretaria de las Actuaciones: Mónica Corchón González.- Firmado y rubricado.' Los derechos o exacciones a que dé lugar la publicación de este Edicto se incluirán en la correspondiente tasación de costas en el supuesto de que hubiera condena expresa en los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68, apartado 2, de la ley 7/1988, de Funcionamiento de este Tribunal. Lo que se hace público para que sirva de notificación a PICKMAN, LA CARTUJA DE SEVILLA, S.A. Madrid, 26 de octubre de 2016.- La Secretaria de Actuaciones Previas, Mónica Corchón González. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas empieza a embargar a Pickman La Cartuja de Sevilla

Visto el expediente incoado a instancia de doña María Blanca Martín Berrocal, en representación de la Fundación Pablo Martín Berrocal, solicitando la inscripción de la citada fundación en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Fomento, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre y en el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre. Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por doña Lucia Herrero Martín-Berrocal, don Ignacio Herrero Martín y doña Blanca Herrero Martín-Berrocal, en Madrid, el 27 de octubre de 2015, según consta en la escritura pública número 8.516 otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Antonio-Luis Reina Gutiérrez. Segundo. Domicilio y ámbito territorial de actuación. El domicilio se establece en Madrid, en la calle Alberto Aguilera, número 30, distrito postal 28043 y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional. Tercero. Dotación. La Fundación se constituye con una dotación inicial de treinta mil euros (30.000 euros), de la que se han desembolsado siete mil quinientos euros (7.500 euros) en metálico, que han sido ingresados en entidad bancaria del Banco Santander, S.A. El resto de la dotación se hará efectivo en un plazo no superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación. Cuarto. Fines de la Fundación. La Fundación, según el artículo 5 de sus Estatutos, tiene por objeto preferente su vinculación al sector del transporte, sin perjuicio de sus fines de interés general de carácter humanitario, social, medioambiental y científico, sociocultural, cultural, artes y letras, educativo y de fomento de la investigación médica dirigida a curar enfermedades comunes y raras, ayuda a otras fundaciones. Entre otros, la Fundación concreta sus fines fundamentalmente en: – Concesión de ayudas a personas sin recursos económicos que puedan precisar de los servicios de la Fundación, especialmente los relacionados con el sector del transporte. – Contribuir a la difusión y el conocimiento público de las necesidades de las personas que padecen enfermedades de larga duración y procurar la atención de las necesidades económicas extraordinarias de sus familiares. – Participar en proyectos y actividades concebidas para atender las necesidades de los menores enfermos y de sus familiares que les acompañan y cuyo tratamiento médico exige prolongados periodos de hospitalización. – Atender las necesidades de colectivos desprotegidos. – Cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, a discapacitados y a otras fundaciones. Quinto. Patronato. El gobierno, representación y administración de la Fundación se confía a un Patronato, cuyos miembros ejercerán sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de cuentas al Protectorado. Inicialmente, el Patronato queda constituido como sigue: Presidente: doña María Blanca Martín Berrocal Paradela; Vicepresidente: doña María Blanca Paradela Brianso; Vocales: doña Lucia Herrero Martín-Berrocal, don Ignacio Herrero Martín y doña Blanca Herrero Martín-Berrocal; Secretario (no patrono): don Carlos Hernández Martínez-Campello. En la escritura de constitución consta la aceptación expresa de su designación para los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas. Fundamentos jurídicos Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: – El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a fundar para fines de interés general. – La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. – El Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre. – El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre. – El Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, en virtud de cuyo artículo 10.2.c se delega en el Subsecretario del Departamento el desempeño de las atribuciones relativas al Protectorado de las fundaciones con fines vinculados con las competencias del citado Ministerio. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto. Tercero. Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fundaciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación Pablo Martín Berrocal en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Fomento. Por todo lo que antecede, y previo informe favorable de la Subsecretaría de fecha 17 de noviembre de 2015, resuelvo acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del Departamento de la denominada Fundación Pablo Martín Berrocal, cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional, con domicilio en Madrid, calle Alberto Aguilera, número 30, distrito postal 28043, así como el Patronato cuya composición figura en el quinto de los antecedentes de hecho. Madrid, 27 de noviembre de 2015.–La Ministra de Fomento, Ana Pastor Julián.

Solicitud de inscripción de la Fundación Pablo Martín Berrocal, cuyos fines son conceder de ayudas a personas sin recursos económicos, especialmente los relacionados con el sector del transporte.

Visto el expediente incoado a instancia de doña María Blanca Martín Berrocal, en representación de la Fundación Pablo Martín Berrocal, solicitando la inscripción de la citada fundación en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Fomento, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre y en el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre. Antecedentes de hecho Primero. Constitución de la Fundación. La Fundación anteriormente citada fue constituida por doña Lucia Herrero Martín-Berrocal, don Ignacio Herrero Martín y doña Blanca Herrero Martín-Berrocal, en Madrid, el 27 de octubre de 2015, según consta en la escritura pública número 8.516 otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Antonio-Luis Reina Gutiérrez. Segundo. Domicilio y ámbito territorial de actuación. El domicilio se establece en Madrid, en la calle Alberto Aguilera, número 30, distrito postal 28043 y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional. Tercero. Dotación. La Fundación se constituye con una dotación inicial de treinta mil euros (30.000 euros), de la que se han desembolsado siete mil quinientos euros (7.500 euros) en metálico, que han sido ingresados en entidad bancaria del Banco Santander, S.A. El resto de la dotación se hará efectivo en un plazo no superior a cinco años, contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución de la fundación. Cuarto. Fines de la Fundación. La Fundación, según el artículo 5 de sus Estatutos, tiene por objeto preferente su vinculación al sector del transporte, sin perjuicio de sus fines de interés general de carácter humanitario, social, medioambiental y científico, sociocultural, cultural, artes y letras, educativo y de fomento de la investigación médica dirigida a curar enfermedades comunes y raras, ayuda a otras fundaciones. Entre otros, la Fundación concreta sus fines fundamentalmente en: – Concesión de ayudas a personas sin recursos económicos que puedan precisar de los servicios de la Fundación, especialmente los relacionados con el sector del transporte. – Contribuir a la difusión y el conocimiento público de las necesidades de las personas que padecen enfermedades de larga duración y procurar la atención de las necesidades económicas extraordinarias de sus familiares. – Participar en proyectos y actividades concebidas para atender las necesidades de los menores enfermos y de sus familiares que les acompañan y cuyo tratamiento médico exige prolongados periodos de hospitalización. – Atender las necesidades de colectivos desprotegidos. – Cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, a discapacitados y a otras fundaciones. Quinto. Patronato. El gobierno, representación y administración de la Fundación se confía a un Patronato, cuyos miembros ejercerán sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de cuentas al Protectorado. Inicialmente, el Patronato queda constituido como sigue: Presidente: doña María Blanca Martín Berrocal Paradela; Vicepresidente: doña María Blanca Paradela Brianso; Vocales: doña Lucia Herrero Martín-Berrocal, don Ignacio Herrero Martín y doña Blanca Herrero Martín-Berrocal; Secretario (no patrono): don Carlos Hernández Martínez-Campello. En la escritura de constitución consta la aceptación expresa de su designación para los cargos indicados por parte de las personas anteriormente citadas. Fundamentos jurídicos Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente: – El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a fundar para fines de interés general. – La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. – El Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre. – El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal, aprobado por el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre. – El Real Decreto 452/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento, en virtud de cuyo artículo 10.2.c se delega en el Subsecretario del Departamento el desempeño de las atribuciones relativas al Protectorado de las fundaciones con fines vinculados con las competencias del citado Ministerio. Segundo. Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43 del Reglamento de Fundaciones de competencia estatal, la inscripción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto. Tercero. Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fundaciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro, subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la Fundación Pablo Martín Berrocal en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Fomento. Por todo lo que antecede, y previo informe favorable de la Subsecretaría de fecha 17 de noviembre de 2015, resuelvo acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del Departamento de la denominada Fundación Pablo Martín Berrocal, cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional, con domicilio en Madrid, calle Alberto Aguilera, número 30, distrito postal 28043, así como el Patronato cuya composición figura en el quinto de los antecedentes de hecho. Madrid, 27 de noviembre de 2015.–La Ministra de Fomento, Ana Pastor Julián. ### RESUMEN: Solicitud de inscripción de la Fundación Pablo Martín Berrocal, cuyos fines son conceder de ayudas a personas sin recursos económicos, especialmente los relacionados con el sector del transporte.

La Administración General del Estado (Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo) y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, han suscrito con fecha 4 de octubre de 2021 un Convenio en materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego de ámbito estatal. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 6 de octubre de 2021.–El Director General de Ordenación del Juego, Mikel Arana Echezarreta. CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO DEL MINISTERIO DE CONSUMO, Y LA ASOCIACIÓN PARA LA AUTORREGULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMERCIAL (AUTOCONTROL), EN MATERIA DE PUBLICIDAD, PATROCINIO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO DE ÁMBITO ESTATAL En Madrid, a la fecha de la firma. REUNIDOS De una parte, don Mikel Arana, Director General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, nombrado mediante Real Decreto 513/2020, de 5 de mayo, actuando en nombre y representación de la Dirección General de Ordenación del Juego (en adelante, DGOJ), del Ministerio de Consumo, en virtud de las competencias delegadas en él por el artículo séptimo.1, letra c), de la Orden CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de créditos para gastos y de delegación de competencias. De otra parte, don José Domingo Gómez Castallo, en representación de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), con CIF/NIF número G-81234247, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número nacional 147.584 y con domicilio en la calle Príncipe de Vergara, 109, 5.º, de Madrid; con poder suficiente para la firma de este Convenio, tal y como se desprende del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de AUTOCONTROL, de 4 de junio de 2019, y conforme se acredita mediante escritura pública de elevación a público de acuerdos y de otorgamiento de poderes, protocolizada ante el Notario de Madrid don Juan José de Palacio Rodríguez, con el número 1.819. INTERVIENEN Ambos en nombre y representación de los organismos señalados, reconociéndose competencia y capacidad jurídica suficiente respectivamente para suscribir el presente Convenio. EXPONEN 1. El artículo 24, apartado 5 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que lleva por título «Inspección y control» establece que «La Comisión Nacional del Juego podrá firmar acuerdos de corregulación que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en particular en lo referido a la publicidad, en los términos que se determinen reglamentariamente. En la medida en que dichos acuerdos afecten a la publicidad efectuada por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, deberá recabarse informe del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con carácter previo a la firma de los mismos. Los sistemas de autorregulación se dotarán de órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas. Sus códigos de conducta podrán incluir, entre otras, medidas individuales o colectivas de autocontrol previo de los contenidos publicitarios y deberán establecer sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean notificados a la Comisión Europea, de conformidad con lo previsto en la Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000 relativo a la red comunitaria de órganos nacionales de solución extrajudicial de litigios en materia de consumo o cualquier disposición equivalente». De forma similar el artículo 28 del Real Decreto 958/2020, de 30 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, bajo el título «Acuerdos de corregulación» dispone: «1. La autoridad encargada de la regulación del juego podrá suscribir acuerdos de corregulación que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, y en el presente Real Decreto sobre comunicaciones comerciales, con entidades de autorregulación que cumplan los requisitos establecidos en la normativa de la Unión Europea de aplicación. En la medida en que dichos acuerdos afecten a las comunicaciones comerciales efectuadas por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, deberá recabarse informe de la autoridad audiovisual competente de ámbito estatal con carácter previo a la firma de los mismos, la cual podrá, en su caso, suscribir igualmente dichos acuerdos (…) 4. La autoridad encargada de la regulación del juego publicará en su página web los acuerdos de corregulación y códigos de conducta que haya firmado, así como las entidades que se hayan adherido a los mismos». Además el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, con el título «Publicidad, patrocinio y promoción de las actividades del juego» dispone que «La autoridad encargada de la regulación del juego en el ejercicio de la potestad administrativa de requerir el cese de la publicidad de las actividades de juego, se dirigirá a la entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación, servicio de la sociedad de la información o red publicitaria correspondiente, indicándole motivadamente la infracción de la normativa aplicable. La entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación, servicio de la sociedad de la información o red publicitaria deberá, en los tres días naturales siguientes a su recepción, comunicar el cumplimiento del requerimiento. En caso de que el mensaje publicitario cuente con un informe de consulta previa positivo emitido por un sistema de autorregulación publicitaria con el que la autoridad encargada de la regulación del juego tenga un Convenio de colaboración de los previstos en el apartado 5 del artículo 24 de esta Ley, se entenderá que se actuó de buena fe si se hubiese sujetado a dicho informe de consulta previa positivo, para el supuesto de actuación administrativa realizada en el marco de un expediente sancionador». 2. Por su parte, la disposición transitoria primera de la citada Ley, bajo el epígrafe «Ejercicio de competencias administrativas antes del inicio de actividades de la Comisión Nacional del Juego», señala, en su párrafo primero: «Las competencias previstas para la Comisión Nacional del Juego serán ejercidas por la Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de Consumo, salvo las relacionadas con la gestión y recaudación de las tasas a las que se refiere el artículo 49 de esta Ley, que serán ejercidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria». 3. Tanto en las instituciones europeas como en las nacionales se viene observando una clara evolución hacia esquemas de decidido fomento de los mecanismos de autorregulación, concebida esta no como un sistema alternativo a la legislación y los controles públicos existentes, sino como un útil, eficaz y necesario complemento de los tradicionales instrumentos legales, administrativos y/o judiciales, existentes en los Estados miembros de la UE, sin que suponga merma alguna a las capacidad de intervención disciplinaria de las Autoridades competentes. En este contexto, los sistemas de autorregulación vienen gozando de un considerable y creciente reconocimiento por parte de las instancias comunitarias y de nuestro legislador nacional. 4. El fomento de la autorregulación ya se plasmaba en la antigua la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en los Estados Miembros en materia de publicidad engañosa, que afirma que, junto a los instrumentos administrativos y judiciales, «los controles voluntarios ejercidos por organismos autónomos para suprimir la publicidad engañosa pueden evitar el recurso a una acción administrativa o judicial y que por ello deberían fomentarse». Por su parte, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento 2006/2004 del Parlamento y del Consejo, prevé que los Estados miembros puedan fomentar el control de las prácticas comerciales desleales por parte de los responsables de códigos de conducta, adicionado dicho mecanismo de control a los procedimientos administrativos o judiciales que se habiliten para reprimir las prácticas desleales, haciéndolas cesar o prohibiéndolas. En lo que afecta específicamente al ámbito de la publicidad del Juego, la Directiva (UE) 2018/1808, de 14 de noviembre de 2018 conocida como «Directiva de servicios de comunicación audiovisual», señala en su considerando 30 que «Es importante que los menores estén eficazmente protegidos de la exposición a las comunicaciones comerciales audiovisuales relativas a la promoción de los juegos de azar. En este contexto, existen varios sistemas de autorregulación o corregulación a nivel nacional y de la Unión para la promoción del juego de azar responsable, también en las comunicaciones comerciales audiovisuales». Dentro del sistema jurídico español, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, señala que las normas procesales que rigen en materia de represión y sanción de la publicidad ilícita (actualmente recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil) se aplicarán «sin perjuicio del control voluntario de la publicidad que al efecto pueda existir, realizado por organismos de autodisciplina». Este reconocimiento de la autorregulación en España se consagró tras la modificación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. El capítulo V de la Ley 3/1991, de 10 de enero, reconoce y fomenta expresamente los sistemas de autorregulación y, en particular sus elementos característicos (códigos de conducta, sistemas extrajudiciales de resolución de controversias y sistemas de asesoramiento o control previo publicitario), estableciendo los requisitos que deben cumplir tales sistemas de autorregulación para su reconocimiento legal. Adicionalmente, la actual Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (en adelante, LGCA) reconoce en su artículo 12.1 el derecho de los prestadores del servicio de comunicación audiovisual a aprobar códigos en los que se regulen los contenidos de la comunicación audiovisual, y señala que estos códigos pueden dotarse de instrumentos de autocontrol previo colectivo. 5. Por otra parte, en España existe, desde 1996, una organización de autodisciplina publicitaria, denominada Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), miembro de la European Advertising Standards Alliance (EASA) y del International Council for Advertising Self Regulation (ICAS) –plataforma internacional que integra a 24 organismos de autorregulación publicitaria y a 6 asociaciones de la industria publicitaria–. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que se encarga de gestionar el sistema de autorregulación publicitaria en España y cuyo objetivo es contribuir a que la publicidad difundida por todos los medios, incluido Internet, constituya un instrumento particularmente útil en el proceso económico, velando por el respeto a la ética publicitaria, a los derechos de las personas consumidoras, así como a la normativa en materia de protección de datos y privacidad, con exclusión de la defensa de intereses profesionales. Para ello, AUTOCONTROL cuenta con diversas herramientas, entre otras: i) la elaboración de códigos de ética publicitaria; ii) la resolución de las reclamaciones planteadas contra la publicidad presuntamente ilícita o desleal; iii) la revisión previa de campañas publicitarias (Copy Advice®), con el objeto de que éstas se adecuen a la normativa vigente; iv) la colaboración activa con los poderes públicos para conseguir que la publicidad se ajuste a las normas por las que se rige. Para la resolución de las reclamaciones planteadas contra la publicidad presuntamente ilícita o desleal, AUTOCONTROL cuenta con un organismo independiente: el Jurado de la Publicidad, que ha obtenido el reconocimiento público como entidad de resolución alternativa de litigios (Alternative Dispute Resolution o ADR, en inglés), una vez acreditado el cumplimiento de los principios de independencia, imparcialidad, transparencia, eficacia, rapidez y equidad establecidos en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Con este reconocimiento, de fecha 31 de octubre de 2018, el Jurado de AUTOCONTROL se convirtió en la primera entidad privada acreditada por la Dirección General de Consumo, dependiente del extinto Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS); pasando a formar parte del Listado unificado de entidades de resolución de litigios en materia de consumo acreditadas y de la Plataforma de resolución de litigios en línea, establecida por la Unión Europea. 6. AUTOCONTROL tiene un firme compromiso de colaboración con las Administraciones Públicas para contribuir al desarrollo de una publicidad responsable. Este compromiso tiene reflejo también en el propio Reglamento del Jurado de la Publicidad de AUTOCONTROL, que recoge entre sus normas una disposición relativa a la colaboración con la administración. En particular, su Artículo 38 establece: «En el caso de que las Autoridades administrativas o jurisdiccionales solicitasen opinión sobre una determinada comunicación comercial, se pondrá a su disposición, de haberse emitido, la correspondiente resolución/dictamen del Jurado de la Publicidad y/o el informe elaborado por el Gabinete Técnico si aquella comunicación comercial hubiera superado el procedimiento de consulta previa. De no existir, o si es trasladada o comunicada una petición de intervención de AUTOCONTROL por las citadas Autoridades, será trasladada al Jurado de la Publicidad para que de oficio se inicie el procedimiento de tramitación de reclamación previsto en el artículo 13 y siguientes de este Reglamento a fin de obtener la correspondiente resolución o dictamen del Jurado». 7. En atención a lo expuesto, reconociendo que la corregulación publicitaria es una importante vía complementaria de la administrativa y la judicial para llevar a cabo un eficaz control de la publicidad –y en línea con el principio de corregulación desarrollado por la normativa europea, estatal y autonómica, y plasmado en el citado artículo 24, apartado 5 de la Ley 13/ 2011, de 27 de mayo, de regulación del Juego–, en 2011 se estableció un marco de colaboración entre la autoridad competente en materia regulatoria, de inspección y de control de la publicidad de las actividades de juego y el organismo español de autorregulación publicitaria, AUTOCONTROL. Se trata del denominado «Acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Economía y Hacienda, y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), en materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego». Conforme al citado Acuerdo, y sin menoscabo de las competencias de la autoridad competente se ha venido cooperando mutuamente de manera muy satisfactoria en el seguimiento de la publicidad de actividades de juego y en la detección, corrección y supresión de aquella publicidad que no se adecúa a las obligaciones legales que le sean de aplicación. 8. Las partes firmantes del presente Convenio consideran que mantener y reforzar la mutua colaboración entre las mismas, en relación con lo expuesto anteriormente, contribuirá a un mejor desarrollo de la actividad publicitaria de las actividades de juego en beneficio de los consumidores y usuarios, y del propio sector. 9. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 24, apartado 5 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, y en el artículo 28 del Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, y en la medida en que el presente Convenio afecta a la publicidad efectuada por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, se ha recabado con carácter previo a su firma, el Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismo administrativo competente en este ámbito, de conformidad con la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 10. Sin perjuicio ni menoscabo alguno de sus competencias legalmente atribuidas, la Dirección General de Ordenación del Juego sigue valorando positivamente la cooperación activa de AUTOCONTROL en el cumplimiento de la legislación vigente en materia de publicidad de actividades de juego y reconoce nuevamente su efectividad. 11. El presente Convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. En orden a todo lo anterior, y previo informe favorable de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Consumo, ante lo común de sus objetivos e intereses, las partes intervinientes, con el deseo de alcanzar las finalidades expuestas, convienen suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes ESTIPULACIONES Primera. Objeto del Convenio. El Convenio tiene por objeto establecer un marco de cooperación mutua entre la Dirección General de Ordenación del Juego y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL). La Dirección General de Ordenación del Juego, en los términos establecidos en el artículo 24.5 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, reconoce y apoya el sistema de autorregulación de AUTOCONTROL, que cumple los requisitos fijados en el citado precepto legal, sin que ello suponga menoscabo alguno de las competencias que tenga legalmente atribuidas. Segunda. Compromisos de las partes. 2.1 Actuaciones que asume la Dirección General de Ordenación del Juego: 2.1.1 Sin perjuicio de sus competencias, y tanto con carácter previo a la iniciación de cualquier procedimiento de control en materia de publicidad, como durante la tramitación del mismo, la Dirección General de Ordenación del Juego podrá solicitar a AUTOCONTROL información acerca de si una determinada publicidad ha obtenido informe positivo en el marco del procedimiento de consulta previa o Copy Advice®, así como si ha sido objeto de un procedimiento de resolución extrajudicial de controversias en el seno del Jurado de la Publicidad. En caso afirmativo de cualquiera de los dos supuestos reseñados, AUTOCONTROL procederá a trasladar a la Dirección General de Ordenación del Juego una copia de las correspondientes actuaciones. 2.1.2 Sin perjuicio o menoscabo de sus competencias, la Dirección General de Ordenación del Juego, con carácter previo a la iniciación de un procedimiento sancionador, podrá instar la actuación de AUTOCONTROL en relación con una concreta publicidad para que esta Asociación la tramite de oficio ante el Jurado de la Publicidad conforme a sus procedimientos de autorregulación. AUTOCONTROL dará traslado del resultado de sus actuaciones a la Dirección General de Ordenación del Juego. 2.1.3 En el supuesto de actuación administrativa realizada en el marco de un procedimiento sancionador se entenderá que el operador actuó de buena fe si se hubiese sujetado al informe de consulta previa positivo emitido por AUTOCONTROL, informe que será incorporado al correspondiente expediente administrativo. En tales casos, y cuando se manifieste la existencia de dicho Copy Advice ® por parte del operador, la DGOJ se dirigirá, a AUTOCONTROL a fin de que esta acredite la emisión y vigencia de dicho Copy Advice®, su correspondencia con la publicidad objeto del citado procedimiento sancionador y, en su caso, remita los comentarios que considere oportunos en relación al mismo. 2.1.4 La Dirección General de Ordenación del Juego podrá solicitar la colaboración de AUTOCONTROL en todas aquellas cuestiones relacionadas con la regulación de la actividad publicitaria y el control de la licitud de los mensajes publicitarios. 2.2 Actuaciones que asume AUTOCONTROL: 2.2.1 AUTOCONTROL mantendrá regularmente informada a la Dirección General de Ordenación del Juego de cuantas resoluciones, en materia de actividad del juego, adopte el Jurado de la Publicidad, facilitándole copia de las mismas. 2.2.2 AUTOCONTROL informará trimestralmente a la Dirección General de Ordenación Juego sobre su actividad de control previo voluntario (Copy Advice®) de la publicidad de las actividades de juego. 2.2.3 AUTOCONTROL atenderá las solicitudes que le realice la Dirección General de Ordenación de Juego en relación con la acreditación de la emisión y vigencia de Copy Advice® que hayan sido aportados a esta por operadores, en el marco de un procedimiento sancionador. Asimismo, AUTOCONTROL acreditará la correspondencia de dicho Copy Advice® con la publicidad objeto del citado procedimiento sancionador, pudiendo remitir, en su caso, los comentarios que considere oportunos. 2.2.4 AUTOCONTROL podrá solicitar la cooperación de la Dirección General de Ordenación del Juego para la emisión de dictámenes, estudios, proyectos y resoluciones relacionados con los objetivos de la Asociación y sobre cuestiones que afecten a la regulación, autorregulación y el control deontológico de la actividad publicitaria de actividades de juego. 2.2.5 AUTOCONTROL se compromete, con carácter previo a la emisión de las resoluciones del Jurado de Publicidad o de su actividad de control previo voluntario, a consultar de manera expresa los distintos pronunciamientos realizados por la Dirección General de Ordenación del Juego que afecten al contenido específico en materia publicitaria de las actividades de juego de ámbito estatal y que hayan sido publicados en su página web. 2.3 Obligaciones que asumen ambas partes: La Dirección General de Ordenación del Juego y AUTOCONTROL, al amparo del presente Convenio, podrán organizar y llevar a cabo cuantas acciones de divulgación, formación o estudio consideren convenientes, de común acuerdo. Entre otras acciones, se podrán promover o realizar análisis y estudios sobre el cumplimiento de la normativa legal y deontológica en materia de publicidad de las actividades del juego que contribuirían a evaluar el impacto o la incidencia de la publicidad de las actividades de juego en la sociedad. Tercera. Desarrollo del Convenio. En el caso de que se considere necesario por las partes firmantes se podrán elaborar modelos de actuación, normas técnicas o protocolos que desarrollen algún aspecto del Convenio, y que se incorporarán al mismo como anexo. Dichos anexos formarán parte integrante del Convenio, por lo que su incorporación o modificación requerirá la firma, por las partes, de una adenda modificativa como se establece en la cláusula octava de este Convenio. Cuarta. Comisión de Seguimiento del Convenio. 1. En el plazo de un mes desde la inscripción de este Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria integrada por dos representantes de cada una de las partes firmantes de este Convenio. Asimismo, a las reuniones de la Comisión de Seguimiento asistirá, con voz, pero sin voto, un o una funcionaria designada por la DGOJ, que ejercerá las funciones de Secretario/a. La presidencia de la Comisión de Seguimiento será ejercida por la DGOJ. 2. Serán funciones de la Comisión de Seguimiento: a) Velar por el correcto desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este Convenio. b) Impulsar la adopción de las medidas y acciones necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes. c) Proponer las modificaciones al Convenio que se consideren oportunas. 3. La Comisión de Seguimiento se reunirá trimestralmente con carácter ordinario, pudiéndose reunir, además, con carácter extraordinario a petición de cualquiera de las partes. Su funcionamiento se ajustará a lo dispuesto respecto de los órganos colegiados en la normativa relativa al régimen del Sector Público. Quinta. No asunción de obligaciones económicas. La firma de este Convenio no comporta por sí misma ningún tipo de contraprestación económica, ni produce incremento del gasto público. Sexta. Régimen jurídico y cuestiones litigiosas. El presente Convenio, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al amparo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, ejecución, resolución y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las partes de manera amistosa, en el seno de la Comisión de seguimiento. Una vez agotada esa vía, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción. Séptima. Vigencia y prórroga del Convenio. El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años a partir del día de su inscripción en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, y se podrá prorrogar por la misma duración una sola vez mediante adenda expresa con una antelación mínima de un mes a su vencimiento. El Convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Además, en el plazo de diez días hábiles desde su formalización, será publicado en el «Boletín Oficial del Estado». Octava. Modificación del Convenio. Las partes firmantes podrán modificar los términos del presente Convenio en cualquier momento, de mutuo acuerdo, mediante la firma de una adenda al mismo, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa la autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Novena. Causas de resolución. El presente Convenio se entenderá resuelto por alguna de las siguientes causas: 1. El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 2. El acuerdo de todos los firmantes. 3. El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a las demás partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte firmante la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. 4. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 5. Por imposibilidad sobrevenida del objeto del Convenio. 6. La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de ser comunicada a la otra parte. 7. La disolución o supresión de alguna de las partes. En el supuesto de resolución del Convenio y en el caso de existir actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de las mismas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización. Décima. Protección de datos de carácter personal. El tratamiento de datos personales que, como consecuencia de la ejecución del Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. Y, en prueba de conformidad, las partes otorgantes del presente acuerdo, en la representación que ostentan, lo firman en el lugar y fecha arriba indicados.–Por la Dirección General de Ordenación del Juego, el Director General, Mikel Arana.–Por AUTOCONTROL, el Director General, José Domingo Gómez Castallo.

Autocontrol y Consumo firman un convenio para colaborar en el control de la publicidad del juego. En un procedimiento sancionador oficial, se entenderá que quien ponga el anuncio actúa de buena fe si se somete a las evaluaciones de la asociación.

La Administración General del Estado (Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo) y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, han suscrito con fecha 4 de octubre de 2021 un Convenio en materia de publicidad, patrocinio y promoción de las actividades de juego de ámbito estatal. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 6 de octubre de 2021.–El Director General de Ordenación del Juego, Mikel Arana Echezarreta. CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL JUEGO DEL MINISTERIO DE CONSUMO, Y LA ASOCIACIÓN PARA LA AUTORREGULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMERCIAL (AUTOCONTROL), EN MATERIA DE PUBLICIDAD, PATROCINIO Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE JUEGO DE ÁMBITO ESTATAL En Madrid, a la fecha de la firma. REUNIDOS De una parte, don Mikel Arana, Director General de Ordenación del Juego del Ministerio de Consumo, nombrado mediante Real Decreto 513/2020, de 5 de mayo, actuando en nombre y representación de la Dirección General de Ordenación del Juego (en adelante, DGOJ), del Ministerio de Consumo, en virtud de las competencias delegadas en él por el artículo séptimo.1, letra c), de la Orden CSM/940/2020, de 6 de octubre, sobre fijación de límites para la administración de créditos para gastos y de delegación de competencias. De otra parte, don José Domingo Gómez Castallo, en representación de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), con CIF/NIF número G-81234247, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número nacional 147.584 y con domicilio en la calle Príncipe de Vergara, 109, 5.º, de Madrid; con poder suficiente para la firma de este Convenio, tal y como se desprende del acuerdo adoptado por la Junta Directiva de AUTOCONTROL, de 4 de junio de 2019, y conforme se acredita mediante escritura pública de elevación a público de acuerdos y de otorgamiento de poderes, protocolizada ante el Notario de Madrid don Juan José de Palacio Rodríguez, con el número 1.819. INTERVIENEN Ambos en nombre y representación de los organismos señalados, reconociéndose competencia y capacidad jurídica suficiente respectivamente para suscribir el presente Convenio. EXPONEN 1. El artículo 24, apartado 5 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, que lleva por título «Inspección y control» establece que «La Comisión Nacional del Juego podrá firmar acuerdos de corregulación que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, en particular en lo referido a la publicidad, en los términos que se determinen reglamentariamente. En la medida en que dichos acuerdos afecten a la publicidad efectuada por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, deberá recabarse informe del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales con carácter previo a la firma de los mismos. Los sistemas de autorregulación se dotarán de órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas. Sus códigos de conducta podrán incluir, entre otras, medidas individuales o colectivas de autocontrol previo de los contenidos publicitarios y deberán establecer sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean notificados a la Comisión Europea, de conformidad con lo previsto en la Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000 relativo a la red comunitaria de órganos nacionales de solución extrajudicial de litigios en materia de consumo o cualquier disposición equivalente». De forma similar el artículo 28 del Real Decreto 958/2020, de 30 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de juego, bajo el título «Acuerdos de corregulación» dispone: «1. La autoridad encargada de la regulación del juego podrá suscribir acuerdos de corregulación que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, y en el presente Real Decreto sobre comunicaciones comerciales, con entidades de autorregulación que cumplan los requisitos establecidos en la normativa de la Unión Europea de aplicación. En la medida en que dichos acuerdos afecten a las comunicaciones comerciales efectuadas por los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, deberá recabarse informe de la autoridad audiovisual competente de ámbito estatal con carácter previo a la firma de los mismos, la cual podrá, en su caso, suscribir igualmente dichos acuerdos (…) 4. La autoridad encargada de la regulación del juego publicará en su página web los acuerdos de corregulación y códigos de conducta que haya firmado, así como las entidades que se hayan adherido a los mismos». Además el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, con el título «Publicidad, patrocinio y promoción de las actividades del juego» dispone que «La autoridad encargada de la regulación del juego en el ejercicio de la potestad administrativa de requerir el cese de la publicidad de las actividades de juego, se dirigirá a la entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación audiovisual o electrónica, medio de comunicación, servicio de la sociedad de la información o red publicitaria correspondiente, indicándole motivadamente la infracción de la normativa aplicable. La entidad, red publicitaria, agencia de publicidad, prestador de servicios de comunicación audiovisual ### RESUMEN: Autocontrol y Consumo firman un convenio para colaborar en el control de la publicidad del juego. En un procedimiento sancionador oficial, se entenderá que quien ponga el anuncio actúa de buena fe si se somete a las evaluaciones de la asociación.

El artículo 64 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo reconoce el papel y la relevancia del movimiento asociativo y fundacional, en el que las administraciones públicas españolas se apoyan en la labor de tutela institucional y apoyo a las víctimas del terrorismo, a través de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, instrumento de relación, ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del terrorismo. Por su parte el artículo 65 obliga a conceder subvenciones a aquellas asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, teniendo en cuenta dos factores: el número de asociados que tengan la condición de víctima y la labor asistencial de estas entidades. La Ley establece que se priorizará a aquellas asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que cuenten con mayor número de víctimas, así como la labor asistencial a favor de las víctimas del terrorismo que se realice por parte de las organizaciones. El artículo 65 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, encuentra complemento en el Capítulo VI del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, que establece la normativa para la concesión de subvenciones a las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. Esta normativa específica se integra dentro del marco del sistema público de subvenciones, constituido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Dentro de este marco, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre, aprobó las Bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo. Por otro lado, teniendo en cuenta la amplia cobertura con que la Administración General del Estado atiende las necesidades de las víctimas del terrorismo, esta convocatoria, en línea con la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, tiene por objeto apoyar la labor que realizan las entidades dedicadas a la atención a las víctimas, mediante la financiación de programas de atención directa en las distintas líneas subvencionables que recoge, o bien mediante la financiación de programas destinados a la labor de defensa de sus intereses y la mejora de sus situaciones personales, familiares o colectivas. Esta Orden profundiza en principios esenciales de la actuación pública subvencional de transparencia, objetividad y calidad en la presentación y ejecución de los proyectos subvencionados, fomentando la mejor atención a las víctimas, la consecución de los resultados esperados y la evaluación sistemática y completa de los mismos. En su virtud, dispongo: Primero. Régimen jurídico. A la presente Orden le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, el Capítulo VI del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, así como la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre, por la que se establecen las Bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo. Segundo. Objeto y procedimiento de concesión. La presente Orden tiene por objeto hacer pública la convocatoria de subvenciones a asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro de atención a víctimas del terrorismo. El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título I del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre. Tercero. Objeto de las ayudas. 1. Las ayudas habrán de dirigirse al cumplimiento por las entidades relacionadas en el Quinto apartado de esta Orden, de alguna de las siguientes actividades: a) Programas de desarrollo del movimiento asociativo por las asociaciones cuyo objeto primordial sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo y de sus familias en los términos de los artículos 4.1 y 6 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, teniendo en cuenta el número de víctimas y familiares asociados y complementando la financiación propia de los gastos generales de funcionamiento y gestión de las entidades (personal y compra de bienes corrientes y servicios), así como aquellos derivados de actividades de sensibilización social. La presentación de varios proyectos dentro del programa de desarrollo del movimiento asociativo y de sensibilización social, conllevará el tratamiento como de un programa único, realizándose la media de las evaluaciones de los mismos. El reparto del crédito total asignado a esta convocatoria se realizará destinando el 35 por ciento a este tipo de programas. b) Programas de desarrollo del movimiento fundacional por las fundaciones cuyo objeto primordial sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo y de sus familias en los términos de los artículos 4.1 y 6 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, complementando la dotación fundacional, así como aquellos gastos derivados de actividades de sensibilización social. La presentación de varios proyectos dentro del programa de desarrollo del movimiento fundacional y de sensibilización social, conllevará el tratamiento como de un programa único, realizándose la media de las evaluaciones de los mismos. Se reserva un 10 por ciento del crédito total asignado a la convocatoria a este tipo de programas. c) Proyectos de asistencia a favor de las víctimas del terrorismo y sus familias en el campo de sus necesidades materiales, sanitarias, psicológicas, sociales, laborales o legales, individual o colectivamente consideradas, especialmente en aquellas situaciones que no pudieran atenderse con los tipos ordinarios de ayuda o con el apoyo prestado por el Ministerio del Interior, o que pudieran atenderse de manera más eficaz a través de los proyectos de actuación de las entidades. Se reserva un 55 por ciento del total del crédito asignado a la convocatoria para estos proyectos. 2. Las actividades subvencionadas serán las realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. Asimismo, deberán contar con algún sistema de evaluación de resultados y guardar coherencia con los planes estratégicos de subvenciones que apruebe el Ministerio del Interior. A estos efectos los programas de desarrollo del movimiento asociativo y fundacional y de sensibilización social tendrán una perspectiva preferentemente plurianual y tenderán al mantenimiento y consolidación del mismo, lo que no supone garantía alguna de percepción de ayudas en sucesivas convocatorias; los proyectos asistenciales no se extenderán en ningún caso más allá de lo previsto en la presente convocatoria de subvenciones. Cuarto. Financiación. El total de la cuantía prevista para las subvenciones de la presente Orden no podrá superar el límite de 880.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 16.01.131M.480 del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Interior, ejercicio presupuestario 2013, en régimen de pago anticipado del 100 % de los programas. Quinto. Entidades beneficiarias. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto exclusivo sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo y desarrollen algún tipo de programa a los que se refiere el Tercer apartado de esta convocatoria. Sexto. Requisitos de las entidades beneficiarias. Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán reunir los siguientes requisitos: a) Estar legalmente constituidas y gozar de personalidad jurídica. b) Tener como objetivo exclusivo la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. c) Acreditar el alcance de su representatividad dentro del colectivo de víctimas del terrorismo y la capacidad de desarrollo de la actividad para la que se demanda la subvención. d) Acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y sociales en el momento previo a dictarse la resolución de concesión, en los términos del artículo 24.7 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, esto es, mediante declaración responsable del beneficiario. e) Haber justificado suficientemente las ayudas recibidas con anterioridad del Ministerio del Interior, por este concepto, y no tener pendientes obligaciones de reintegro en los términos del artículo 21 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. f) Disponer de la estructura adecuada para garantizar el cumplimiento de sus objetivos, acreditando la experiencia operativa suficiente para ello. g) No estar incurso en las demás prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con el alcance y duración que se determina en los artículos 27 y 28 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Séptimo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación. 1. Las solicitudes de subvenciones (anexo I) se dirigirán a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, calle Amador de los Ríos, n.º 8, 28010 Madrid) vendrán acompañadas de la documentación que se detalla en el punto 2 de este apartado, así como en el apartado anterior, que acredite el cumplimiento de los requisitos del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Las solicitudes, al igual que la documentación acreditativa necesaria, podrán presentarse por medios electrónicos. Asimismo, la firma de la solicitud implica la autorización a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo para solicitar información a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de que las asociaciones y fundaciones que no tengan residencia fiscal en el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Tesorería de la Seguridad Social. En este último caso, la solicitud de información y la autorización se entiende concedida respecto a consultas a la administración tributaria de los territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya y de la Comunidad Foral de Navarra. 2. En todo caso, se habrá de acompañar: a) Una declaración responsable de la representatividad de la entidad (anexo II). b) Una memoria explicativa de las características principales de la entidad solicitante (anexo III). c) Una descripción de cada programa o proyecto para el que solicita la subvención (anexo IV). d) Una declaración responsable de que la entidad solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones y estar al corriente de las obligaciones tributarias y sociales (anexo V). e) Copia de los estatutos debidamente legalizados. f) Certificación en la que conste la identificación de los directivos de la entidad, miembros de su patronato u órgano directivo, así como la fecha de su nombramiento y modo de elección. En esta certificación deberá acreditarse la presentación de dichos datos en el registro administrativo correspondiente. 3. No será necesario acompañar los documentos exigidos cuando éstos no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder del Centro Directivo convocante, siempre que se haga constar por escrito la fecha en que fueron presentados y, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. 4. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en las Memorias o en la documentación aportada, que no obedezcan a errores materiales o aritméticos comportará la inadmisión de la solicitud y la exclusión del procedimiento para la adjudicación de la subvención, sin perjuicio de las restantes responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse. 5. Las solicitudes se presentarán, junto con la documentación mencionada en el plazo de un mes desde la publicación de la presente Orden de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», exigiéndose en todo caso la presentación de las declaraciones responsables de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de estar al corriente del pago de obligaciones de reintegro y del resto de circunstancias detalladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Octavo. Criterios de valoración. 1. En las propuestas de programas de desarrollo del movimiento asociativo a los que hace referencia el apartado Tercero de la presente convocatoria, se priorizará a las asociaciones que integren un mayor número de víctimas y familiares en los términos del artículo 4.1 y 6 de la Ley 29/2011, excluyendo a los que no ostenten al menos un 1 por 100 de representación. A tales efectos, el presidente de la asociación solicitante efectuará una declaración responsable del número de socios con que cuenta la asociación que cumplen con estas condiciones (víctimas y familiares en los términos del artículo 4.1 y 6 de la ley 29/2011). A estos efectos, la cantidad máxima subvencionada por este concepto a cada una de las asociaciones solicitantes no podrá exceder del resultado de aplicar el doble del porcentaje de participación de su número de asociados directos sobre la cuantía máxima fijada para dichos programas, en relación con el número total de asociados correspondientes al conjunto de entidades que concurran a cada convocatoria de subvenciones. A partir de esta cantidad máxima, se tendrían en cuenta los siguientes criterios: a) Actividades y experiencia desarrolladas por la asociación en función de su ámbito de actuación territorial 0-20 puntos. Se valorará hasta con 8 puntos el número de actividades realizadas por la entidad a lo largo de la convocatoria del año anterior. A su vez se valorará hasta con 12 puntos la repercusión territorial de dichas actividades, así como el grado de cumplimiento de las actividades de la convocatoria anterior concedidas por este Ministerio. b) Calidad técnica de los programas y coherencia entre los objetivos, los instrumentos y los resultados esperados 0-20 puntos. Se valorará hasta con 12 puntos la relación entre objetivos y actividades, así como la complementariedad con proyectos del Ministerio del Interior. Se valorará con un máximo de 8 puntos, la adecuación y coherencia entre el presupuesto solicitado y las actividades a realizar, así como el desglose que del mismo se realice. c) Relación porcentual entre la cuantía total presupuestada para el desarrollo del programa y la solicitud realizada con cargo a esta subvención, estableciendo el siguiente baremo 0-20 puntos: – Importe solicitado igual o inferior al 25 % del total del programa: 20 puntos. – Importe solicitado igual o inferior al 40 % del total del programa: 15 puntos. – Importe solicitado igual o inferior al 50 % del total del programa: 10 puntos. – Importe solicitado igual o inferior al 65 % del total del programa: 5 puntos. – Importe solicitado a partir del 65 % del total del programa: 0 puntos. d) Idoneidad para el programa del sistema de evaluación de resultados, en términos de posibilidad real de seguimiento y valoración de resultados, tanto en términos cuantitativos como, en su caso, cualitativos 0-15 puntos. Se valorará con un máximo de hasta 15 puntos la definición y realización tanto del sistema de evaluación de resultados como el establecimiento, enumeración y explicación de los indicadores de evaluación. Además, los indicadores definidos deberán hallarse en concordancia con los objetivos. Como posibles indicadores de evaluación para este Programa se pueden destacar los siguientes: – Número de socios. – Número de voluntarios. – Número de congresos, seminarios, jornadas. – Número de participantes en los mismos. – Número total de técnicos contratados. – Grado de satisfacción de participantes y ponentes (cuestionarios). – Relación de actos organizados por la entidad. e) Capacidad organizativa y técnica para el cumplimiento de los programas presentados 0-15 puntos. La capacidad organizativa y técnica se evaluará con un máximo de 10 puntos. La misma se medirá, entre otros, en función de los recursos humanos de la entidad, con hasta 4 puntos, evaluando positivamente que se incorpore personal técnico con experiencia y formación acerca del colectivo al que se dirige, así como de la programación y existencia de un cronograma de sus actividades, basadas en un estudio de necesidades (valorable hasta con 6 puntos). Por otro lado se tendrá en cuenta la suficiencia y adecuación de los recursos materiales que se empleen para el desarrollo del programa, valorándose con hasta 5 puntos. f) Desarrollo del programa por personal voluntario en el mayor grado posible 0-10 puntos. Se valorará la existencia de personal voluntario según la legislación vigente en dicha materia y, en menor medida, los colaboradores de la asociación; así como el número de voluntarios existentes y la existencia de coordinación técnica de los mismos. 2. En las propuestas de programas de desarrollo del movimiento fundacional a los que hace referencia el apartado Tercero de la presente convocatoria, se financiará a las fundaciones que actúen en favor de un mayor número de víctimas y familiares en los términos del artículo 4.1 y 6 de la Ley 29/2011, y se tendrá en cuenta la necesidad de promoción de la concienciación social contra el terrorismo y la preservación de la memoria. A estos efectos, se valorará: a) Actividades y experiencia desarrolladas por la fundación en función de su ámbito de actuación territorial 0-20 puntos. Se valorará hasta con 8 puntos el número de actividades realizadas por la entidad a lo largo de la convocatoria del año anterior. A su vez se valorará hasta con 12 puntos la repercusión territorial de dichas actividades, así como el grado de cumplimiento de las actividades de la convocatoria anterior concedidas por este Ministerio. b) Calidad técnica de los programas y coherencia entre los objetivos, los instrumentos y los resultados esperados 0-20 puntos. Se valorará hasta con 12 puntos la relación entre objetivos y actividades, la complementariedad con proyectos del Ministerio del Interior. Se valorará con un máximo de 8 puntos, la adecuación y coherencia entre el presupuesto solicitado y las actividades a realizar, así como el desglose que del mismo se realice. c) Relación porcentual entre la cuantía total presupuestada para el desarrollo del programa y la solicitud realizada con cargo a esta subvención, estableciendo el siguiente baremo: – Importe solicitado igual o inferior al 25 % del total del programa: 20 puntos. – Importe solicitado igual o inferior al 40 % del total del programa: 15 puntos. – Importe solicitado igual o inferior al 50 % del total del programa: 10 puntos. – Importe solicitado igual o inferior al 65 % del total del programa: 5 puntos. – Importe solicitado a partir del 65 % del total del programa: 0 puntos. d) Idoneidad para el programa del sistema de evaluación de resultados, en términos de posibilidad real de seguimiento y valoración de resultados, tanto en términos cuantitativos como, en su caso, cualitativos 0-15 puntos. Se valorará con un máximo de hasta 15 puntos la definición y realización tanto del sistema de evaluación de resultados como el establecimiento, enumeración y explicación de los indicadores de evaluación. Además, los indicadores definidos deberán hallarse en concordancia con los objetivos. Como posibles indicadores de evaluación para este Programa se pueden destacar los siguientes: – Número de beneficiarios. – Número de voluntarios. – Número de congresos, seminarios, jornadas. – Número de participantes en los mismos. – Número total de técnicos contratados. – Grado de satisfacción de participantes y ponentes (cuestionarios). – Relación de actos organizados por la entidad. e) Capacidad organizativa y técnica para el cumplimiento de los programas presentados 0-15 puntos. La capacidad organizativa y técnica se evaluará con un máximo de 10 puntos. La misma se medirá, entre otros, en función de los recursos humanos de la entidad, con hasta 4 puntos, evaluando positivamente que se incorpore personal técnico con experiencia y formación acerca del colectivo al que se dirige, así como de la programación y existencia de un cronograma de sus actividades, basadas en un estudio de necesidades (valorable hasta con 6 puntos). Por otro lado se tendrá en cuenta la suficiencia y adecuación de los recursos materiales que se empleen para el desarrollo del programa, valorándose con hasta 5 puntos. f) Desarrollo del programa por personal voluntario en el mayor grado posible 0-10 puntos. Se valorará la existencia de personal voluntario según la legislación vigente en dicha materia y, en menor medida, los colaboradores de la fundación; así como el número de voluntarios existentes y la existencia de coordinación técnica de los mismos. 3. En los proyectos de asistencia a favor de las víctimas del terrorismo y sus familias en el campo de sus necesidades materiales, sanitarias, psicológicas, sociales, laborales o legales, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación: a) El número de víctimas o familiares de víctimas a los que va dirigido el proyecto 0-20 puntos Especial valoración se realizará del número de beneficiarios directos del programa y del porcentaje que este número suponga sobre el total de heridos físicos o psíquicos reconocidos legalmente y familiares de fallecidos relacionados con la entidad, resultando la siguiente valoración: – Porcentaje del total de beneficiarios del programa sobre el total de heridos físicos o psíquicos reconocidos legalmente y familiares de fallecidos superior al 15%: 20 puntos. – Porcentaje del total de beneficiarios del programa sobre el total de heridos físicos o psíquicos reconocidos legalmente y familiares de fallecidos entre el 15% y el 5%: 10 puntos. – Porcentaje del total de beneficiarios del programa sobre el total de heridos físicos o psíquicos reconocidos legalmente y familiares de fallecidos inferior al 5%: 0 puntos. b) La capacidad organizativa y técnica para el cumplimiento de los proyectos presentados, así como el número de profesionales especializados específicos contratados para la realización del proyecto 0-20 puntos. La capacidad organizativa y técnica se evaluará con un máximo de 14 puntos. La misma se medirá, entre otros, en función de los recursos humanos de la entidad, con hasta 6 puntos, evaluando positivamente que se incorpore personal técnico con experiencia y formación acerca del colectivo al que se dirige, así como de la programación y existencia de un cronograma de sus actividades, basadas en un estudio de necesidades (valorable hasta con 8 puntos). Por otro lado se tendrá en cuenta la suficiencia y adecuación de los recursos materiales que se empleen para el desarrollo del programa, valorándose con hasta 6 puntos. c) Calidad técnica de los proyectos y coherencia entre los objetivos, los instrumentos y los resultados esperados 0-20 puntos. Se tendrá en cuenta la relación entre objetivos y actividades, la complementariedad con proyectos del Ministerio del Interior, el carácter innovador de las propuestas, así como su presentación, valorándose con un máximo de 10 puntos. Se valorará con un máximo de 10 puntos la presentación de los resultados previstos por la entidad, así como el grado de repercusión directa sobre las víctimas. d) Adecuación del presupuesto, considerando la relación entre las diferentes partidas de gasto y el número de beneficiarios del proyecto 0-20 puntos. Se tendrá en cuenta la justificación económica de subvenciones recibidas con anterioridad, la adecuación del presupuesto a los precios de mercado, a las actividades a desarrollar y a la repercusión directa que recaiga sobre las víctimas. e) Idoneidad para el programa del sistema de evaluación de resultados, en términos de posibilidad real de seguimiento y valoración de resultados, tanto en términos cuantitativos como, en su caso, cualitativos 0-15 puntos. Se establece como un elemento imprescindible la definición y realización tanto de un sistema de evaluación de resultados como el establecimiento, enumeración y explicación de los indicadores de evaluación. Además, los indicadores definidos deberán hallarse en concordancia con los objetivos. Como posibles indicadores para los distintos proyectos de asistencia directa se podrían señalar los siguientes: • Programa de asistencia jurídica: – Número de atenciones informativas solicitadas. – Número de casos iniciados. – Número de expedientes judiciales. – Número de acompañamientos judiciales realizados. – Número de expedientes cerrados/resultados. – Grado de satisfacción con el apoyo recibido. • Programa de asistencia social-material: – Número de víctimas atendidas. – Número de familiares de víctimas atendidos. – Número de expedientes sociales abiertos en seguimiento. – Número de visitas domiciliarias. – Grado de satisfacción por parte de los beneficiarios (cuestionarios). – Número y tipo de recursos sociales utilizados. – Número de voluntarios que han participado en las actividades. • Programa de atención psicológica: – Número de afectados directos/familiares de primer grado/familiares de segundo grado que solicitan inicio de sesión. – Número de afectados directos/familiares de primer grado/familiares de segundo grado que inician terapia. – Número de altas terapéuticas. – Número de abandonos de terapia. • Programa formación y orientación profesional: – Número de personas solicitantes de apoyo en temas relacionados con el empleo. – Número de solicitantes de temas relacionados con la formación para el empleo. – Número de acciones dirigidas a la formación y orientación laboral (grupos de búsqueda activa de empleo, orientaciones individuales, orientaciones para el autoempleo, prospección de empleo, etc.). – Número de inserciones laborales conseguidas. – Número de readaptaciones laborales conseguidas. – Número de personas insertadas laboralmente a partir de la formación recibida en la entidad y en relación con la misma. f) Desarrollo del proyecto por personal voluntario en el mayor grado posible 0-5 puntos. Se valorará la existencia de personal voluntario según la legislación vigente en dicha materia y, en menor medida, los colaboradores de la entidad; así como la existencia de coordinación técnica del mismo. Noveno. Obligaciones de las entidades beneficiarias. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a: a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones. b) Realizar la actividad subvencionada según los criterios y condiciones que hayan fundamentado su concesión, teniendo en cuenta, en las prestaciones de carácter asistencial, las necesidades de atención individual que puedan ser trasladadas desde la Administración. Podrán solicitar la modificación del plazo de ejecución del programa subvencionado por concurrencia de circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa, con arreglo al artículo 64 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. c) Justificar ante la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo la realización de la actividad para la que se haya concedido la subvención. d) Los beneficiarios harán constar expresamente y de forma visible en cualquiera de los medios materiales que utilicen para la difusión de las actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación del Ministerio del Interior, por alguno de los medios a los que hace referencia el artículo 31.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar tanto por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en relación a la ejecución de los programas, como por la Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas. f) Comunicar de forma inmediata, a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo la obtención de las subvenciones o ayudas concedidas para la misma finalidad que hayan tenido lugar una vez concedida la subvención, procedente de cualquier Administración Pública o ente público o privado, nacional o internacional, así como su importe y la aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. g) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en la forma establecida en el artículo 24 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la normativa vigente, con la finalidad de que quede garantizado el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control por los órganos competentes. i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos recogidos en el apartado 2 de la Base Decimotercera establecida en la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre. k) Ejecutar las actividades subvencionadas en el plazo contemplado en la presente convocatoria. l) Presentar, si el Centro Directivo lo solicita, una reformulación del contenido de la solicitud para adaptarla a la subvención otorgable, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Décimo. Justificación. 1. La justificación de los gastos subvencionables realizados se ajustará al modelo de cuenta justificativa adoptando alguna de las modalidades establecidas en el capítulo II del título II «Justificación de Subvenciones» del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. El contenido de la cuenta justificativa se ajustará a lo dispuesto en el artículo 72 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y se presentará en el plazo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2014, ante la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana). 2. Las entidades y organizaciones beneficiarias podrán optar por realizar la justificación de gastos mediante «cuenta justificativa con aportación de informe de auditor» regulada en el artículo 74 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Dicho auditor ha de estar sometido a la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. En este caso, la verificación a realizar por el auditor de cuentas contendrá, al menos, el siguiente alcance: a) El cumplimiento por parte de los beneficiarios de sus obligaciones en la gestión y aplicación de la subvención. b) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de los beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en las Bases reguladoras, de la Orden INT/2026/2012, de 21 septiembre, y en esta convocatoria y c) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por los beneficiarios, han sido financiadas con la subvención y d) La adecuada financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos en el apartado 3 del artículo 19 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Junto a la cuenta justificativa con aportación de informe de auditor se presentará una memoria económica abreviada, que contendrá un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas. 3. Para las subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 euros, tendrá carácter de documento con validez jurídica para la justificación de la subvención la cuenta justificativa simplificada regulada en el artículo 75 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, con el contenido previsto en el apartado 2 de dicho artículo. Por muestreo aleatorio simple, en los términos previstos legalmente, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo requerirá a los beneficiarios los justificantes que se estimen oportunos y que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención. 4. Si vencido el plazo de justificación la entidad no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte en el plazo de veinte días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de justificar con las consecuencias previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, su Reglamento de desarrollo y en las bases decimotercera y decimocuarta de la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre. 5. La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo elaborará anualmente un plan de actuación, al objeto de comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas, en el que se indicará si la comprobación alcanzará a la totalidad de las subvenciones o bien a una muestra de las concedidas y, en este caso, el procedimiento de selección, así como los principales aspectos a comprobar y el momento de su realización. 6. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteran esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa a su aprobación, se podrá aceptar la justificación presentada, siempre que no se dañen derechos de terceros. Esta aceptación no exime al beneficiario de las sanciones que se puedan aplicar según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Respecto a las circunstancias que darían lugar a la alteración de condiciones para la concesión de la subvención, podrían destacarse el cambio sustancial en el número de asociados a cada una de las asociaciones y la modificación del número de beneficiarios, así como cualesquiera otras circunstancias puestas de manifiesto por los beneficiarios y comprobadas por la Administración. Undécimo. Pago de las subvenciones. 1. Las subvenciones a que se refieren la presente convocatoria se concederán en régimen de pagos anticipados, con el límite establecido en el apartado Cuarto de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 88.2 de su Reglamento de desarrollo. 2. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a una cuenta abierta por la entidad exclusivamente para los ingresos y pagos referidos a la subvención concedida, con relación a la cual la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (Subdirección General Ayudas a Víctimas del Terrorismo y de Atención Ciudadana) podrá requerir la información que en su caso precise. Duodécimo. Comisión de valoración, instrucción, resolución y notificación, límites de las subvenciones, procedimiento de reintegro, responsabilidad y régimen sancionador. En cuanto a la Comisión de valoración, instrucción, resolución y notificación, límites de las subvenciones, procedimiento de reintegro, responsabilidad y régimen sancionador, se estará a lo dispuesto en las Bases establecidas al efecto en la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre. La notificación de la propuesta de resolución provisional a que se refiere el apartado 3 de la base octava se efectuará a los interesados en el domicilio que cada uno de ellos señale en la correspondiente solicitud. Decimotercero. Recursos. Contra esta Orden se podrá interponer, en el plazo de dos meses, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Decimocuarto. Eficacia. La presente Orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 6 de marzo de 2013.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

880.000 euros para asociaciones de apoyo a víctimas del terrorismo.

El artículo 64 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo reconoce el papel y la relevancia del movimiento asociativo y fundacional, en el que las administraciones públicas españolas se apoyan en la labor de tutela institucional y apoyo a las víctimas del terrorismo, a través de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, instrumento de relación, ayuda y orientación a las personas y familiares que sufran la acción del terrorismo. Por su parte el artículo 65 obliga a conceder subvenciones a aquellas asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, teniendo en cuenta dos factores: el número de asociados que tengan la condición de víctima y la labor asistencial de estas entidades. La Ley establece que se priorizará a aquellas asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que cuenten con mayor número de víctimas, así como la labor asistencial a favor de las víctimas del terrorismo que se realice por parte de las organizaciones. El artículo 65 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, encuentra complemento en el Capítulo VI del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, que establece la normativa para la concesión de subvenciones a las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. Esta normativa específica se integra dentro del marco del sistema público de subvenciones, constituido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Dentro de este marco, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre, aprobó las Bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo. Por otro lado, teniendo en cuenta la amplia cobertura con que la Administración General del Estado atiende las necesidades de las víctimas del terrorismo, esta convocatoria, en línea con la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, tiene por objeto apoyar la labor que realizan las entidades dedicadas a la atención a las víctimas, mediante la financiación de programas de atención directa en las distintas líneas subvencionables que recoge, o bien mediante la financiación de programas destinados a la labor de defensa de sus intereses y la mejora de sus situaciones personales, familiares o colectivas. Esta Orden profundiza en principios esenciales de la actuación pública subvencional de transparencia, objetividad y calidad en la presentación y ejecución de los proyectos subvencionados, fomentando la mejor atención a las víctimas, la consecución de los resultados esperados y la evaluación sistemática y completa de los mismos. En su virtud, dispongo: Primero. Régimen jurídico. A la presente Orden le será de aplicación lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, el Capítulo VI del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, así como la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre, por la que se establecen las Bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terrorismo. Segundo. Objeto y procedimiento de concesión. La presente Orden tiene por objeto hacer pública la convocatoria de subvenciones a asociaciones, fundaciones y demás entidades sin ánimo de lucro de atención a víctimas del terrorismo. El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del Título I del Reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre. Tercero. Objeto de las ayudas. 1. Las ayudas habrán de dirigirse al cumplimiento por las entidades relacionadas en el Quinto apartado de esta Orden, de alguna de las siguientes actividades: a) Programas de desarrollo del movimiento asociativo por las asociaciones cuyo objeto primordial sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo y de sus familias en los términos de los artículos 4.1 y 6 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, teniendo en cuenta el número de víctimas y familiares asociados y complementando la financiación propia de los gastos generales de funcionamiento y gestión de las entidades (personal y compra de bienes corrientes y servicios), así como aquellos derivados de actividades de sensibilización social. La presentación de varios proyectos dentro del programa de desarrollo del movimiento asociativo y de sensibilización social, conllevará el tratamiento como de un programa único, realizándose la media de las evaluaciones de los mismos. El reparto del crédito total asignado a esta convocatoria se realizará destinando el 35 por ciento a este tipo de programas. b) Programas de desarrollo del movimiento fundacional por las fundaciones cuyo objeto primordial sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo y de sus familias en los términos de los artículos 4.1 y 6 de ### RESUMEN: 880.000 euros para asociaciones de apoyo a víctimas del terrorismo.

La entidad Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija ha presentado en esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones solicitud de autorización administrativa de acceso a la actividad aseguradora para operar en el ramo de enfermedad, comprendida la asistencia sanitaria. De la documentación que se adjunta se desprende que la entidad Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija cumple los requisitos establecidos en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y en el artículo 4 del Reglamento que lo desarrolla, para la obtención de la autorización administrativa solicitada por la misma. En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones he resuelto: Primero. Autorizar a la entidad Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija el acceso a la actividad aseguradora en el ramo de enfermedad, comprendida la asistencia sanitaria, ramo número 2 de la clasificación de los riesgos por ramos establecida en el artículo 6.1a) del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, de conformidad con el artículo 5 de dicho texto refundido. Segundo. Inscribir a la entidad Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija en el Registro administrativo de entidades aseguradoras previsto en el artículo 74 del citado texto refundido. Contra la presente Orden Ministerial que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 14 de diciembre de 2012.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre.

El Gobierno autoriza las actividades de la nueva mutua sanitaria del colegio de abogados de Madrid

La entidad Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija ha presentado en esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones solicitud de autorización administrativa de acceso a la actividad aseguradora para operar en el ramo de enfermedad, comprendida la asistencia sanitaria. De la documentación que se adjunta se desprende que la entidad Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija cumple los requisitos establecidos en el artículo 5 del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y en el artículo 4 del Reglamento que lo desarrolla, para la obtención de la autorización administrativa solicitada por la misma. En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones he resuelto: Primero. Autorizar a la entidad Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija el acceso a la actividad aseguradora en el ramo de enfermedad, comprendida la asistencia sanitaria, ramo número 2 de la clasificación de los riesgos por ramos establecida en el artículo 6.1a) del texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, de conformidad con el artículo 5 de dicho texto refundido. Segundo. Inscribir a la entidad Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija en el Registro administrativo de entidades aseguradoras previsto en el artículo 74 del citado texto refundido. Contra la presente Orden Ministerial que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y disposición adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.1.a), 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Madrid, 14 de diciembre de 2012.–El Ministro de Economía y Competitividad, P.D. (Orden ECC/1695/2012, de 27 de julio), el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre. ### RESUMEN: El Gobierno autoriza las actividades de la nueva mutua sanitaria del colegio de abogados de Madrid

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ministerio del Interior. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Interior. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: En la web: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma (en el apartado licitaciones/número de expediente introducir AM/MATERIAL ELECTORAL/01/2013). 2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 4) Teléfono: 91 537 11 57. 5) Telefax: 91 537 14 63. 6) Correo electrónico: contratacion_elecciones@interior.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. d) Número de expediente: AM/MATERIAL ELECTORAL/01/2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: La celebración de un acuerdo marco con los licitadores que concurran y resulten adjudicatarios de conformidad con el procedimiento de adjudicación establecido en el mismo, para la posterior adquisición y distribución de diverso material electoral, distribuido en 4 lotes (urnas electorales, cabinas electorales y soportes señalizadores, sobres, manuales de miembros de mesas e impresos electorales) con motivo de la celebración de los procesos electorales o consultas populares que se convoquen durante el período de vigencia de dicho acuerdo marco. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 4 Lotes. e) Plazo de ejecución/entrega: Período de vigencia del acuerdo marco: 4 años. g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Lote número 1: 24530000, lote número 2: 39133000, lote número 3: 30199230, lote número 4: 22000000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No prevista. d) Criterios de adjudicación: Los que se especifican en el apartado 12 del cuadro de características. 4. Valor estimado del contrato: 9.485.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 11.476.850,00 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará mediante la presentación de los documentos y muestras que se indican en los apartados 7.1 y 7.2 del Cuadro de Características. c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; No prohibición para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias. d) Contratos reservados: No. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 30 de diciembre de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior. 2) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. En el Registro General. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Acto público de apertura del sobre número 2 (oferta económica). b) Dirección: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior. Calle Amador de los Ríos, 7. c) Localidad y código postal: Madrid, 28010. d) Fecha y hora: 16 de enero de 2014, a las diez horas y treinta minutos. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 27 de noviembre de 2013. Madrid, 2 de diciembre de 2013.- La Directora General de Política Interior.

Preparando las elecciones europeas. Abierto concurso acuerdo marco para el material electoral por importe total de 11.476.850,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ministerio del Interior. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Política Interior. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: En la web: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma (en el apartado licitaciones/número de expediente introducir AM/MATERIAL ELECTORAL/01/2013). 2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010. 4) Teléfono: 91 537 11 57. 5) Telefax: 91 537 14 63. 6) Correo electrónico: contratacion_elecciones@interior.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. d) Número de expediente: AM/MATERIAL ELECTORAL/01/2013. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Suministros. b) Descripción: La celebración de un acuerdo marco con los licitadores que concurran y resulten adjudicatarios de conformidad con el procedimiento de adjudicación establecido en el mismo, para la posterior adquisición y distribución de diverso material electoral, distribuido en 4 lotes (urnas electorales, cabinas electorales y soportes señalizadores, sobres, manuales de miembros de mesas e impresos electorales) con motivo de la celebración de los procesos electorales o consultas populares que se convoquen durante el período de vigencia de dicho acuerdo marco. c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 4 Lotes. e) Plazo de ejecución/entrega: Período de vigencia del acuerdo marco: 4 años. g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): Lote número 1: 24530000, lote número 2: 39133000, lote número 3: 30199230, lote número 4: 22000000. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. c) Subasta electrónica: No prevista. d) Criterios de adjudicación: Los que se especifican en el apartado 12 del cuadro de características. 4. Valor estimado del contrato: 9.485.000,00 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 11.476.850,00 euros. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se acreditará mediante la presentación de los documentos y muestras que se indican en los apartados 7.1 y 7.2 del Cuadro de Características. c) Otros requisitos específicos: Capacidad de obrar; No prohibición para contratar; No estar incurso en incompatibilidades; Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social; Cumplimiento con las obligaciones tributarias. d) Contratos reservados: No. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del día 30 de diciembre de 2013. b) Modalidad de presentación: Manual. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior. 2) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, 7. En el Registro General. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28010. e) Admisión de variantes: No. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Acto público de apertura del sobre número 2 (oferta económica). b) Dirección: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior. Calle Amador de los Ríos, 7. c) Localidad y código postal: Madrid, 28010. d) Fecha y hora: 16 de enero de 2014, a las diez horas y treinta minutos. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 27 de noviembre de 2013. Madrid, 2 de diciembre de 2013.- La Directora General de Política Interior. ### RESUMEN: Preparando las elecciones europeas. Abierto concurso acuerdo marco para el material electoral por importe total de 11.476.850,00 euros.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce en la anterior redacción de la norma importantes cambios, muchos de ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su exposición de motivos, de la conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030. Atendiendo a este enfoque, el título preliminar del nuevo texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluye, entre los principios y fines de la educación, el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Al mismo tiempo, la ley reformula, en primer lugar, la definición de currículo, enumerando los elementos que lo integran y señalando a continuación que su configuración deberá estar orientada a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, sin que en ningún caso esta configuración pueda suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. En consonancia con esta visión, la ley, manteniendo el enfoque competencial que aparecía ya en el texto original, hace hincapié en el hecho de que esta formación integral necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias. Asimismo, se modifica la anterior distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas. De este modo, corresponderá al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, fijar, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Las administraciones educativas, a su vez, serán las responsables de establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial, del que formarán parte los aspectos básicos antes mencionados. Finalmente, corresponderá a los centros educativos desarrollar y completar, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía, tal y como se recoge en la propia ley. Con relación a la Educación Infantil, el nuevo texto incorpora a la ordenación y a los principios pedagógicos de la etapa el respeto a la específica cultura de la infancia que definen la Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité. En desarrollo de lo anteriormente expuesto, el objeto de este real decreto es establecer las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, entendida como una etapa educativa única, con identidad propia y organizada en dos ciclos que responden ambos a una misma intencionalidad educativa. Partiendo de esta visión de conjunto, en uso de la competencia estatal para la ordenación general del sistema educativo y para la fijación de las enseñanzas mínimas recogida en el artículo 6 bis de la ley, y recogiendo al mismo tiempo el mandato del artículo 14.7, que por primera vez encomienda al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, la definición de los contenidos educativos del currículo del primer ciclo, este real decreto define los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, así como las competencias clave cuyo desarrollo deberá iniciarse desde el comienzo mismo de la escolarización. Además, para cada una de las áreas, se fijan las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los saberes básicos establecidos para cada ciclo. Por otra parte, con carácter meramente orientativo y con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica, se propone una definición de situación de aprendizaje y se establecen principios para su diseño. Por último, se incluyen en esta norma otras disposiciones referidas a aspectos esenciales de la ordenación de la etapa, como la evaluación, la atención a las diferencias individuales y la autonomía de los centros. El presente real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de las enseñanzas de Educación Infantil conforme a la nueva redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible de la estructura de estas enseñanzas al no existir ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. Conforme a los principios de seguridad jurídica y eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e información pública. El presente real decreto tiene carácter de norma básica y se dicta, al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, procede en este caso establecer la extensión del carácter básico a una norma reglamentaria, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal constitucional, es posible la intervención excepcional del reglamento en la delimitación de lo básico, entre otros supuestos, cuando la utilización del reglamento resulte justificada por el carácter marcadamente técnico de la materia. En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación y ha emitido informe el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Política Territorial. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educación y Formación Profesional, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de febrero de 2022, DISPONGO: Artículo 1. Objeto. El presente real decreto tiene por objeto establecer la ordenación y las enseñanzas mínimas de la etapa de Educación Infantil. Artículo 2. Definiciones. A efectos de este real decreto, se entenderá por: a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está vinculada a la adquisición de las competencias clave. b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente. c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de evaluación. d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos propios de un área y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las competencias específicas. f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas. Artículo 3. La etapa de Educación Infantil en el marco del sistema educativo. 1. La Educación Infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta los seis años de edad. 2. Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años y el segundo, desde los tres a los seis años de edad. Artículo 4. Fines. La finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo integral y armónico del alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística, potenciando la autonomía personal y la creación progresiva de una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, así como a la educación en valores cívicos para la convivencia. Artículo 5. Principios generales. 1. La Educación Infantil tiene carácter voluntario. 2. El segundo ciclo de esta etapa educativa será gratuito. En el marco del plan que, conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, deberá establecer el Gobierno en colaboración con las administraciones educativas, se tenderá a la progresiva implantación del primer ciclo mediante una oferta pública suficiente y a la extensión de su gratuidad, priorizando el acceso del alumnado en situación de riesgo de pobreza y exclusión social y la situación de baja tasa de escolarización. 3. Con el objetivo de garantizar los principios de equidad e inclusión, la programación, la gestión y el desarrollo de la Educación Infantil atenderán a la compensación de los efectos que las desigualdades de origen cultural, social y económico tienen en el aprendizaje y en la evolución infantil, así como a la detección precoz y atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo. 4. Con este mismo objetivo, las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten se regirán por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Artículo 6. Principios pedagógicos. 1. La práctica educativa en esta etapa buscará desarrollar y asentar progresivamente las bases que faciliten el máximo desarrollo de cada niño y de cada niña. 2. Dicha práctica se basará en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas y en la experimentación y el juego. Además, deberá llevarse a cabo en un ambiente de afecto y confianza para potenciar su autoestima e integración social y el establecimiento de un apego seguro. Así mismo, se velará por garantizar desde el primer contacto una transición positiva desde el entorno familiar al escolar, así como la continuidad entre ciclos y entre etapas. 3. En los dos ciclos de esta etapa, se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, a la gestión emocional, al movimiento y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, y a las pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento del entorno, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y sociales del medio en el que viven. También se incluirá la educación en valores. 4. Asimismo, se incluirán la educación para el consumo responsable y sostenible y la promoción y educación para la salud. 5. Además, se favorecerá que niños y niñas adquieran autonomía personal y elaboren una imagen de sí mismos positiva, equilibrada e igualitaria y libre de estereotipos discriminatorios. 6. Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de todos los lenguajes y modos de percepción específicos de estas edades para desarrollar el conjunto de sus potencialidades, respetando la específica cultura de la infancia que definen la Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité. 7. De igual modo, sin que resulte exigible para afrontar la Educación Primaria, se podrá favorecer una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación, en la expresión visual y musical y en cualesquiera otras que las administraciones educativas determinen. 8. Corresponde a las administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la Educación Infantil, especialmente en el último año. Artículo 7. Objetivos. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades que les permitan: a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas. e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia. f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en el movimiento, el gesto y el ritmo. h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. Artículo 8. Áreas. 1. Los contenidos educativos de la Educación Infantil se organizan en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se abordarán por medio de propuestas globalizadas de aprendizaje que tengan interés y significado para los niños y las niñas. 2. Las áreas de la Educación Infantil son las siguientes: – Crecimiento en Armonía. – Descubrimiento y Exploración del Entorno. – Comunicación y Representación de la Realidad. 3. Estas áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia intrínsecamente relacionados entre sí, por lo que se requerirá un planteamiento educativo que promueva la configuración de situaciones de aprendizaje globales, significativas y estimulantes que ayuden a establecer relaciones entre todos los elementos que las conforman. Artículo 9. Competencias, criterios de evaluación y saberes básicos. 1. En el anexo I de este real decreto se establecen las competencias clave de la etapa. 2. En el anexo II se fijan las competencias específicas de cada área, que serán comunes para los dos ciclos de la etapa, así como los criterios de evaluación y los contenidos, enunciados en forma de saberes básicos. Estos elementos curriculares se establecen con carácter orientativo para el primer ciclo y conforman, junto con los objetivos de la etapa, las enseñanzas mínimas del segundo ciclo. 3. Para la adquisición y desarrollo de las competencias a las que se refieren los apartados anteriores, el equipo educativo diseñará situaciones de aprendizaje, de acuerdo a los principios que, con carácter orientativo, se establecen en el anexo III y en los términos que dispongan las administraciones educativas. Artículo 10. Currículo. 1. Las administraciones educativas establecerán el currículo de toda la etapa de Educación Infantil, del que formarán parte, en todo caso, las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto para el segundo ciclo de la etapa. 2. Los centros, como parte de su propuesta pedagógica, desarrollarán y completarán el currículo establecido por las administraciones educativas, adaptándolo a las características personales de cada niño o niña, así como a su realidad socioeducativa. 3. El profesorado y el resto de profesionales que atienden a los niños y las niñas adaptarán a dichas concreciones su propia práctica educativa, basándose en el Diseño Universal para el Aprendizaje y de acuerdo con las características de esta etapa educativa y las necesidades colectivas e individuales de su alumnado. Artículo 11. Horario. 1. El horario en la etapa de Educación Infantil se entenderá como la distribución en secuencias temporales de las actividades que se realizan en los distintos días de la semana, teniendo en cuenta que todos los momentos de la jornada tienen carácter educativo. 2. El horario escolar se organizará desde un enfoque globalizador e incluirá propuestas de aprendizaje que permitan alternar diferentes tipos y ritmos de actividad con periodos de descanso en función de las necesidades del alumnado. Artículo 12. Evaluación. 1. La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de evaluación. 2. La evaluación en esta etapa estará orientada a identificar las condiciones iniciales individuales y el ritmo y características de la evolución de cada niño o niña. A estos efectos, se tomarán como referencia los criterios de evaluación establecidos para cada ciclo en cada una de las áreas. 3. El proceso de evaluación deberá contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje mediante la valoración de la pertinencia de las estrategias metodológicas y de los recursos utilizados. Con esta finalidad, todos los profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa. 4. Los padres, las madres, los tutores y las tutoras legales deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y colaborar en las medidas que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. Artículo 13. Atención a las diferencias individuales. 1. La atención individualizada constituirá la pauta ordinaria de la acción educativa del profesorado y demás profesionales de la educación. 2. La intervención educativa contemplará la diversidad del alumnado adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños y las niñas e identificando aquellas características que puedan tener incidencia en su evolución escolar con el objetivo de asegurar la plena inclusión de todo el alumnado. 3. Las administraciones educativas establecerán procedimientos que permitan la detección temprana de las dificultades que pueden darse en los procesos de enseñanza y aprendizaje y la prevención de las mismas a través de planes y programas que faciliten una intervención precoz. Asimismo, facilitarán la coordinación de cuantos sectores intervengan en la atención de este alumnado. 4. Los centros adoptarán las medidas adecuadas dirigidas al alumnado que presente necesidad específica de apoyo educativo. 5. Asimismo, adoptarán la respuesta educativa que mejor se adapte a las características y necesidades personales de los niños y niñas que presenten necesidades educativas especiales. 6. Las administraciones educativas podrán incorporar a su oferta educativa las lenguas de signos españolas. Artículo 14. Autonomía de los centros. 1. Las administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y su actividad investigadora a partir de la práctica educativa. 2. En el marco de lo que dispongan las administraciones educativas, todos los centros que impartan Educación Infantil deberán incluir en su proyecto educativo la propuesta pedagógica a la que se refiere el artículo 10.2, que recogerá el carácter educativo de uno y otro ciclo. 3. Para garantizar la continuidad del proceso de formación y una transición y evolución positivas de todo el alumnado, se reflejará en el desarrollo curricular la necesaria continuidad entre esta etapa y la Educación Primaria, lo que requerirá la estrecha coordinación entre el profesorado de ambas etapas. A tal fin, al finalizar la etapa, el tutor o la tutora emitirá un informe sobre el desarrollo y las necesidades de cada alumno o alumna. 4. Las administraciones educativas asegurarán la coordinación entre los equipos pedagógicos de los centros que actualmente imparten distintos ciclos, y de estos con los centros de Educación Primaria. 5. Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres, padres, tutoras o tutores legales, en esta etapa, los centros de Educación Infantil cooperarán estrechamente con ellos, para lo cual arbitrarán las medidas correspondientes. Disposición adicional primera. Enseñanzas de religión. 1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo ciclo de la Educación Infantil, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 2. Las administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, las madres, los tutores o las tutoras de los alumnos y las alumnas puedan manifestar su voluntad de que reciban o no enseñanzas de religión. 3. Las administraciones educativas velarán para que las enseñanzas de religión respeten los derechos de todo el alumnado y de sus padres, madres, tutores o tutoras legales y para que no suponga discriminación alguna el recibir o no dichas enseñanzas. 4. La determinación del currículo de las enseñanzas de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado ha suscrito acuerdos de cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas. Disposición adicional segunda. Enseñanzas del sistema educativo español impartidas en lenguas extranjeras. 1. Las administraciones educativas podrán establecer el uso de metodologías de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, sin que ello suponga modificación de los aspectos básicos regulados en el presente real decreto. En este caso, procurarán que a lo largo de la etapa el alumnado desarrolle de manera equilibrada su competencia en las distintas lenguas. 2. El hecho de que los centros impartan sus enseñanzas conforme a lo previsto en el apartado anterior en ningún caso podrá suponer modificación de los criterios para la admisión del alumnado establecidos en el artículo 86 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Disposición transitoria única. Aplicación del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, mantendrá sus efectos y será de aplicación hasta el fin del curso escolar 2021-2022. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 1. Queda derogado el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única de este real decreto. 2. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se opongan a lo establecido en este real decreto. Disposición final primera. Título competencial. El presente real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. Los criterios de evaluación y los saberes básicos del primer ciclo, recogidos en el anexo II, carecen de carácter de normativa básica y son orientativos para el logro de las competencias de la etapa. El anexo III carece del carácter de normativa básica. Disposición final segunda. Aplicación. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación y Formación Profesional dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean precisas para la ejecución y aplicación de lo establecido en este real decreto, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Disposición final tercera. Calendario de implantación. El contenido del presente real decreto se implantará en el curso escolar 2022-2023. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 1 de febrero de 2022. FELIPE R. La Ministra de Educación y Formación Profesional, MARÍA DEL PILAR ALEGRÍA CONTINENTE ANEXO I Competencias clave de la Educación Infantil La etapa de Educación Infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las competencias clave para el aprendizaje permanente que aparecen recogidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018. En este real decreto, estas competencias clave han sido adaptadas al contexto escolar, así como a los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dichas competencias son las siguientes: – Competencia en comunicación lingüística. – Competencia plurilingüe. – Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. – Competencia digital. – Competencia personal, social y de aprender a aprender. – Competencia ciudadana. – Competencia emprendedora. – Competencia en conciencia y expresión culturales. De acuerdo con lo expresado en la Recomendación, no existe jerarquía entre las distintas competencias, ya que se consideran todas igualmente importantes. Tampoco se establecen entre ellas límites diferenciados, sino que se solapan y entrelazan. Tienen, por tanto, carácter transversal: ninguna se corresponde directa y unívocamente con una única área; y todas se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en las distintas áreas. Este carácter transversal de las competencias favorece el enfoque globalizado propio de la etapa de Educación Infantil. Se espera que la adquisición de estas competencias a lo largo de su escolarización permita al alumnado prepararse para afrontar con éxito los principales retos del siglo XXI: planificar hábitos de vida saludables, proteger el medioambiente, resolver conflictos de forma pacífica, actuar como consumidores responsables, usar de manera ética y eficaz las tecnologías, promover la igualdad de género, manejar la ansiedad que genera la incertidumbre, identificar situaciones de inequidad y desarrollar sentimientos de empatía, cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, aceptar la discapacidad, apreciar el valor de la diversidad, formar parte de un proyecto colectivo y adquirir confianza en el conocimiento como motor del desarrollo. La respuesta a estos y otros desafíos –entre los que existe una absoluta interdependencia– necesita de los conocimientos, destrezas y actitudes que subyacen a las competencias clave y son abordados de manera global desde todas las áreas que conforman la etapa. Por esta razón, en la elaboración de las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, se ha adoptado una visión estructural y funcional de las competencias clave, en la que sus tres dimensiones –la cognitiva o conocimientos, la instrumental o destrezas y la actitudinal o actitudes– se integran en acciones concretas para resolver de manera eficaz una tarea significativa y contextualizada orientada al desarrollo integral de niños y niñas, respondiendo así al objetivo establecido para la etapa en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Con este mismo objetivo, entre las competencias se han incorporado destrezas esenciales, como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, las destrezas de comunicación y negociación, las destrezas analíticas, la creatividad y las destrezas interculturales. Estas facilitan a niños y niñas el descubrimiento, el conocimiento y la comprensión de su realidad, que abarca, entre otros, el entorno y los objetos, las organizaciones y relaciones sociales, los distintos lenguajes para comunicar de una manera respetuosa y creativa sus ideas, intenciones o vivencias. El desarrollo de las competencias viene condicionado por las distintas formas de comprender la realidad en cada momento de la etapa que, aunque tiene carácter global, se organiza en dos ciclos con intencionalidad educativa. Los elementos curriculares de ambos ciclos se adaptan a las características y particularidades del alumnado de cada uno de ellos. En el primer ciclo se da especial relevancia a los procesos de conocimiento y dominio del propio cuerpo y de individuación, a la construcción de una trama de relaciones e interacciones en el entorno físico y social, y al uso de los lenguajes que la hacen posible. Todo ello regido por el principio fundamental de respeto a los ritmos individuales de cada niño y cada niña, a sus cuidados esenciales en un entorno afectivo, participativo y de igualdad que le proporcione confianza, bienestar y seguridad. En el segundo ciclo, se amplían y refuerzan los aprendizajes adquiridos previamente, y se intensifica el protagonismo de la adquisición de destrezas que contribuyan a «aprender a ser» y «aprender a hacer», para avanzar así en el camino hacia el desarrollo de un cierto grado de autonomía, responsabilidad e iniciativa en la realización de tareas. En ambos ciclos, el proceso de desarrollo y aprendizaje viene marcado por la observación, la escucha activa y el aumento progresivo de la actividad a través de la experimentación y del juego. Las competencias clave se ven reflejadas tanto en los diferentes elementos curriculares como en los principios pedagógicos propios de la etapa. El primero de esos principios es el fomento del desarrollo integral de niños y niñas. Esta tarea exige conocer sus necesidades, intereses e inquietudes, e implica conocer también los factores y los procesos evolutivos que configuran sus posibilidades de experimentar, desarrollarse y aprender. Del mismo modo, dar respuesta a esas necesidades, intereses e inquietudes, en función de su madurez y del momento vital en el que se encuentran, permite proporcionarles las herramientas que les ayuden a desenvolverse con mayor autonomía y a afrontar con responsabilidad los retos que puedan presentarse a corto y largo plazo. Para ello, se tendrán en cuenta las necesidades y oportunidades individuales de cada niño o niña, así como las de su contexto familiar y se establecerán las medidas ordinarias y extraordinarias que garanticen su inclusión educativa. Otro de los principios pedagógicos basa la práctica educativa en la experimentación y el juego, así como en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente positivas. De esta manera, el aprendizaje se concibe como un proceso que realizan los niños y las niñas de forma activa, que implica su actuación sobre la realidad, su motivación, la elaboración de interpretaciones y la comprensión de significados progresivamente ajustados a los aspectos de su entorno y de sí mismos que quieran explorar, descubrir y aprender. En este sentido, y para facilitar la vinculación de las situaciones de aprendizaje con las necesidades, intereses e inquietudes de niños y niñas, se espera que estas sean formuladas desde la interacción entre el alumnado y la persona adulta, estableciendo conexiones entre lo nuevo, lo sabido, lo experimentado y lo vivido. Abordar desde este enfoque los aprendizajes de la etapa supone diseñar y desarrollar situaciones de aprendizaje funcionales, significativas y relevantes, que requieran la concurrencia simultánea o sucesiva de los conocimientos, las destrezas y las actitudes propios de las áreas que conforman la Educación Infantil. Con el fin de favorecer la inclusión de todo el alumnado, se prestará especial atención a la accesibilidad del material manipulativo en el aula. Asimismo, el diseño de las actividades diarias debe abordarse desde un enfoque que prevenga la discriminación; para asegurar el bienestar emocional y fomentar la inclusión social del alumnado con discapacidad, se garantizará la interacción con los iguales en el desarrollo de dichas actividades. De la misma manera, se tendrán en cuenta las posibles necesidades específicas en lo relativo a la comunicación y el lenguaje del alumnado con discapacidad. Se recogen, a continuación, algunos de los modos en los que, desde la etapa, se contribuye a la adquisición de las competencias clave: Competencia en comunicación lingüística En Educación Infantil se potencian intercambios comunicativos respetuosos con otros niños y niñas y con las personas adultas, a los que se dota de intencionalidad y contenidos progresivamente elaborados a partir de conocimientos, destrezas y actitudes que se vayan adquiriendo. Con ello se favorecerá la aparición de expresiones de creciente complejidad y corrección sobre necesidades, vivencias, emociones y sentimientos propios y de los demás. Además, la oralidad tiene un papel destacado en esta etapa no solo por ser el principal instrumento para la comunicación, la expresión y la regulación de la conducta, sino también porque es el vehículo principal que permite a niños y niñas disfrutar de un primer acercamiento a la cultura literaria a través de las rimas, retahílas, adivinanzas y cuentos, que enriquecerán su bagaje sociocultural y lingüístico desde el respeto de la diversidad. Competencia plurilingüe En esta etapa, se inicia el contacto con lenguas y culturas distintas de la familiar, fomentando en niños y niñas las actitudes de respeto y aprecio por la diversidad lingüística y cultural, así como el interés por el enriquecimiento de su repertorio lingüístico. Se promueven de este modo el diálogo y la convivencia democrática. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería Los niños y las niñas se inician en las destrezas lógico-matemáticas y dan los primeros pasos hacia el pensamiento científico a través del juego, la manipulación y la realización de experimentos sencillos. El proceso de enseñanza y aprendizaje en Educación Infantil se plantea en un contexto sugerente y divertido en el que se estimula, desde un enfoque coeducativo, la curiosidad de niños y niñas por entender aquello que configura su realidad, sobre todo lo que está al alcance de su percepción y experiencia, respetando sus ritmos de aprendizaje. Con esta finalidad, se invita a observar, clasificar, cuantificar, construir, hacerse preguntas, probar y comprobar, para entender y explicar algunos fenómenos del entorno natural próximo, iniciarse en el aprecio por el medioambiente y en la adquisición de hábitos saludables. Para el desarrollo de esta competencia clave, se presta una especial atención a la iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, la manipulación de objetos y la comprobación de fenómenos. Competencia digital Se inicia, en esta etapa, el proceso de alfabetización digital que conlleva, entre otros, el acceso a la información, la comunicación y la creación de contenidos a través de medios digitales, así como el uso saludable y responsable de herramientas digitales. Además, el uso y la integración de estas herramientas en las actividades, experiencias y materiales del aula pueden contribuir a aumentar la motivación, la comprensión y el progreso en la adquisición de aprendizajes de niños y niñas. Competencia personal, social y de aprender a aprender Resulta especialmente relevante que los niños y las niñas se inicien en el reconocimiento, la expresión y el control progresivo de sus propias emociones y sentimientos, y avancen en la identificación de las emociones y sentimientos de los demás, así como en el desarrollo de actitudes de comprensión y empatía. Por otro lado, la escolarización en esta etapa supone también el descubrimiento de un entorno diferente al familiar, en el que se experimenta la satisfacción de aprender en sociedad, mientras se comparte la experiencia propia con otras personas y se coopera con ellas de forma constructiva. Para ello, los niños y las niñas comienzan a poner en marcha, de manera cada vez más eficaz, recursos personales y estrategias que los ayudan a desenvolverse en el entorno social con progresiva autonomía y a resolver los conflictos a través del diálogo en un contexto integrador y de apoyo. Competencia ciudadana Con el objetivo de sentar las bases para el ejercicio de una ciudadanía democrática, se ofrecen, en esta etapa, modelos positivos que favorezcan el aprendizaje de actitudes basadas en los valores de respeto, equidad, igualdad, inclusión y convivencia, y que ofrezcan pautas para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Se invita también a la identificación de hechos sociales relativos a la propia identidad y cultura. Del mismo modo, se fomenta un compromiso activo con los valores y las prácticas de la sostenibilidad y del cuidado y protección de los animales. A tal fin, se promueve la adquisición de hábitos saludables y sostenibles a partir de rutinas que niños y niñas irán integrando en sus prácticas cotidianas. Además, se sientan las condiciones necesarias para crear comportamientos respetuosos con ellos mismos, con los demás y con el medio, que prevengan conductas discriminatorias de cualquier tipo. Competencia emprendedora La creación y la innovación son dos factores clave para el desarrollo personal, la inclusión social y la ciudadanía activa a lo largo de la vida. La Educación Infantil es una etapa en la que se estimulan la curiosidad, la iniciativa, la imaginación y la disposición a indagar y a crear mediante el juego, las actividades dirigidas o libres, los proyectos cooperativos y otras propuestas de aprendizaje, lo cual supone una oportunidad para potenciar la autonomía y materializar las ideas personales o colectivas. De esta manera, se asientan las bases tanto del pensamiento estratégico y creativo, como de la resolución de problemas, y se fomenta el análisis crítico y constructivo desde las primeras edades. Competencia en conciencia y expresión culturales Para que los niños y las niñas construyan y enriquezcan su identidad, se fomenta en esta etapa la expresión creativa de ideas, sentimientos y emociones a través de diversos lenguajes y distintas formas artísticas. Asimismo, se ayuda al desarrollo de la conciencia cultural y del sentido de pertenencia a la sociedad a través de un primer acercamiento a las manifestaciones culturales y artísticas. ANEXO II Áreas de la Educación Infantil La necesidad de sistematizar y planificar la actividad educativa aconseja la organización del currículo de la etapa en tres áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil: Crecimiento en Armonía; Descubrimiento y Exploración del Entorno, y Comunicación y Representación de la Realidad. Estas tres áreas participan en todos los aprendizajes y contribuyen al desarrollo de todas las competencias clave establecidas en el anexo I de este real decreto, así como a la consecución de los objetivos de la etapa. En cada área se proponen unas competencias específicas comunes para los dos ciclos de la etapa. Para la formulación de estas competencias específicas se han tenido en cuenta las competencias clave de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente en su vinculación con los retos y desafíos del siglo XXI, lo que conecta con el enfoque competencial del currículo: la meta no es la mera adquisición de saberes, sino el desarrollo integral de niños y niñas, que deben aprender a movilizar lo aprendido para solucionar necesidades reales. Para cada área y ciclo se establecen también los criterios de evaluación. Dado el propio carácter de la etapa, estos criterios de evaluación no tienen valor acreditativo, pero sirven como referentes para identificar el ritmo y las características del progreso que se va produciendo, y proporcionan una valiosa información para desarrollar la labor de prevención, detección e intervención, determinante en edades tempranas. Asimismo, en cada área se incluyen los saberes básicos que los niños y las niñas deben integrar y movilizar al finalizar cada ciclo, para poder desplegar las actuaciones a las que refieren las competencias específicas en el grado de adquisición esperado en los mencionados criterios de evaluación. La división en áreas no implica que la realidad se presente en el aula de manera parcelada. Las tres áreas deben entenderse como ámbitos de experiencia intrínsecamente relacionados entre sí, lo que requiere un planteamiento educativo que promueva la configuración de situaciones de aprendizaje globales, significativas y estimulantes que ayuden a establecer relaciones entre todos los elementos que conforman dicha realidad, desde el respeto a la cultura de la infancia. Estas situaciones deben promover la interacción entre iguales, para que, en cuanto el desarrollo del niño o la niña lo permita, se pueda responder en equipo al reto propuesto. Son, por tanto, excelentes oportunidades para desarrollar una actitud cooperativa y para aprender a resolver de manera adecuada los posibles conflictos que puedan surgir. En el anexo III se proporcionan sugerencias y orientaciones para el diseño de estas situaciones de aprendizaje. La inclusión en el aula de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo acerca a los niños y niñas a la diversidad de formas de ser y estar en el mundo y les ayuda a observar cómo actúan las personas que deben desenvolverse de un modo diferente al que ellos consideran habitual. Un aula inclusiva da cabida a diferentes posibilidades y limitaciones, a distintos modos de lenguaje y comunicación, a diversas formas de movilidad y a múltiples maneras de acercarse y comprender el entorno. La convivencia mutua enriquece a todas las personas, desarrolla una sociedad más justa y tolerante en la que las diferencias no se conciben como un impedimento, sino como una oportunidad de crecimiento personal y social para toda la comunidad educativa. Área 1. Crecimiento en Armonía El área Crecimiento en Armonía se centra en las dimensiones personal y social del niño o la niña, entendidas como inseparables y complementarias, que se desarrollan y regulan de manera progresiva, conjunta y armónica, aunque solo adquiere sentido desde la complementariedad con las otras dos, ya que se produce en un entorno físico y natural determinado y precisa de la utilización de distintos lenguajes y representaciones de la realidad. Desde el profundo respeto a los ritmos y estilos de maduración individuales, los procesos de enseñanza y aprendizaje deben adaptarse a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de cada niño o niña. Se atiende, por tanto, al desarrollo físico-motor, a la adquisición paulatina del autocontrol y al proceso gradual de construcción de la identidad personal, fruto de las interacciones consigo mismo o consigo misma, con el entorno y con los demás. En este proceso, se irá avanzando desde la dependencia total de la persona adulta hacia una progresiva autonomía, en la medida en que cada individuo va aprendiendo a integrar y a utilizar los recursos y estrategias que le facilitan un desenvolvimiento ajustado y adaptado. Las competencias específicas del área identifican las actuaciones que se espera que niños y niñas sean capaces de desplegar en relación con su propio desarrollo personal y social a lo largo de la etapa, como consecuencia de la intervención educativa. Las tres primeras competencias específicas se refieren a aspectos relacionados con su propio desarrollo personal: el progresivo control de sí mismos que van adquiriendo a medida que construyen su propia identidad, comienzan a establecer relaciones afectivas con los demás y utilizan los recursos personales para desenvolverse en el medio de una forma cada vez más ajustada e independiente, valorando y confiando en sus posibilidades y cualidades, y respetando las de los demás. La última competencia específica atiende a la necesaria correlación entre la construcción de la propia identidad y las interacciones en el entorno sociocultural donde aquella se produce, resaltando la importancia de propiciar y favorecer interacciones sanas, sostenibles, eficaces, igualitarias y respetuosas. Los saberes básicos del área se presentan en cuatro grandes bloques: los dos primeros se centran en el desarrollo de la propia identidad, en sus dimensiones física y afectiva; el tercero, en el autocuidado y el cuidado del entorno; y el cuarto atiende a la interacción con el medio cívico y social. En las primeras etapas del desarrollo, el propio cuerpo es fuente de aprendizaje, relación y expresión, así como base de la actividad autónoma. El entorno escolar debe proporcionar el contexto adecuado y el acompañamiento necesario, bajo una mirada atenta, paciente y respetuosa, para que los bebés puedan descubrir el placer que les proporciona la actividad por iniciativa propia, que es su principal necesidad en relación con su entorno, todo ello en un ambiente estimulante de seguridad, calma y tranquilidad. De ese modo, irán reconociendo su cuerpo tanto global como parcialmente, sus posibilidades perceptivas y de acción, expresión y movimiento, así como sus limitaciones, y serán capaces de identificar las sensaciones que experimenta, disfrutar con ellas y servirse de las posibilidades expresivas del cuerpo para manifestarlas. A lo largo de la etapa, se irá evolucionando desde una actividad refleja e involuntaria hacia una actividad motora cada vez más intencional, que se va desarrollando en paralelo al control progresivo de su cuerpo. La adquisición de destrezas cada vez más complejas será el resultado de responder a la necesidad de utilizar instrumentos y herramientas en las actividades cotidianas y en los juegos motores, sensoriales, simbólicos y con reglas. El desarrollo de la personalidad en esta etapa se corresponde con la construcción de la propia identidad diferenciada de la de los demás. La intervención educativa debe guiar y fomentar el logro de una autoimagen ajustada y positiva en todos los aspectos. Es la edad en la que se produce el descubrimiento de la sexualidad y se inicia la construcción de género. También en este aspecto, es el momento de acompañar a cada niño o niña en su propio desarrollo personal, respetando la diversidad afectivo-sexual y ayudándole a identificar y eliminar toda discriminación. En este sentido, es importante recordar que la interacción con la persona adulta orienta y modela en gran medida al niño y la niña, ya que tiende a imitar y reproducir sus estrategias relacionales; por ello es imprescindible identificar y erradicar, en su caso, los posibles mecanismos de discriminación oculta que puedan persistir en el entorno escolar. El desarrollo de la afectividad es especialmente relevante en esta etapa, ya que es la base de los aprendizajes y conforma la personalidad infantil. Por ello, se debe incidir desde el primer momento con el reconocimiento, la expresión y el control progresivo de emociones y sentimientos. La expresión instintiva de las primeras emociones, asociada sobre todo a la satisfacción de las necesidades básicas, irá evolucionando hacia formas progresivamente complejas y sofisticadas, conscientes de las normas y valores sociales. La interacción con el entorno proporciona una información de uno mismo que contribuye, en gran medida, a la construcción de la propia imagen, ligada a su vez al desarrollo de sentimientos de seguridad, autoconfianza y autoestima. Los cuidados deben responder a estándares de calidad y contribuir a la toma de conciencia de sí mismo y de sus posibilidades. Las necesidades deben atenderse en un clima acogedor y tranquilo, que proporcione los tiempos necesarios para que cada momento se viva como algo placentero. Solo a partir de esa sensación de bienestar, el resto de principios alcanza un valor significativo y global. En este marco, la vida escolar se organiza en torno a rutinas estables, planificadas a partir de los ritmos biológicos y vinculadas a la adquisición progresiva de hábitos saludables de alimentación, higiene y descanso. De forma paulatina, se incrementará su iniciativa para incorporar en sus prácticas cotidianas los hábitos que contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que transcurre su vida cotidiana, en paralelo al desarrollo de la autonomía personal y el despertar de la conciencia de la relación de interdependencia y ecodependencia entre las personas y el entorno. Así, se producirá el progreso desde la dependencia completa hacia una cierta autonomía en la satisfacción de sus necesidades y en la adquisición de hábitos sostenibles y ecosocialmente responsables. El establecimiento de vínculos afectivos de calidad con las personas significativas que le rodean potenciará la interacción y la curiosidad infantiles por conocer y comprender la realidad. Para que la escolarización se convierta en una primera experiencia vital emocionante y satisfactoria, debe producirse en un entorno rico, seguro y estimulante. Siendo los padres, madres o personas que ejercen la tutoría de los niños y las niñas los primeros responsables de su salud, bienestar y desarrollo, es imprescindible facilitar su participación en la creación de un apego seguro en el entorno educativo. Dicha participación puede incluir su presencia en el aula, especialmente en los periodos de adaptación. Con la incorporación al entorno escolar, irán descubriendo su pertenencia al medio social: se amplían de manera significativa las relaciones interpersonales, se generan nuevos vínculos y se desarrollan actitudes como la confianza, la empatía y el apego seguro, que constituyen la sólida base para su socialización. El aula se convierte en una pequeña comunidad de convivencia en la que se desarrollan las habilidades sociales y cada persona puede expresar sus necesidades respetando las de los demás, entendiendo que las pautas elementales de convivencia se derivan del respeto mutuo, aprendiendo a gestionar y resolver los conflictos de manera dialogada y evitando cualquier tipo de violencia y discriminación. La diversidad étnica y cultural posibilita el acceso de niños y niñas a los diversos usos y costumbres sociales desde una perspectiva abierta e integradora que les permite conocer las diversas manifestaciones culturales presentes en la sociedad y generar así actitudes de aceptación, respeto y aprecio. Competencias específicas. 1. Progresar en el conocimiento y control de su cuerpo y en la adquisición de distintas estrategias, adecuando sus acciones a la realidad del entorno de una manera segura, para construir una autoimagen ajustada y positiva. El conocimiento, valoración y control que los niños y las niñas van adquiriendo de sí mismos y del uso de los recursos de su propio cuerpo, junto a la utilización de los sentidos para desenvolverse en el medio de forma cada vez más ajustada e independiente, son aspectos fundamentales que van conformando su autonomía y su autodeterminación. Reconocerse como persona diferenciada de las demás, elaborar la noción del «yo» y formarse una autoimagen positiva son procesos relevantes que requieren la toma de conciencia sobre las posibilidades de uno mismo a partir de la identificación de las cualidades personales y de las diferencias con respecto a las otras personas, siempre desde la aceptación y el respeto. Dichos procesos se producen a partir de las interacciones espontáneas con el medio, de las sensaciones que experimentan y de la exploración de sí mismos, de los objetos y del entorno. A través del juego viven experiencias que contribuyen a su desarrollo armónico e integral, y demuestran un control creciente de su cuerpo, así como mayor autonomía e independencia con respecto a las personas adultas. Experimentar las posibilidades motrices y sensitivas del propio cuerpo servirá para avanzar en el control dinámico en desplazamientos y movimientos, superar retos y elaborar un esquema corporal cada vez más ajustado. También servirá para desarrollar destrezas necesarias en la exploración, manipulación y uso de utensilios comunes. 2. Reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, expresando necesidades y sentimientos para lograr bienestar emocional y seguridad afectiva. Conocer e iniciarse en el manejo de sus emociones constituye una herramienta fundamental para poder hacer frente, gradualmente, con seguridad y autonomía, a situaciones cambiantes e inciertas presentes en su vida cotidiana. En la satisfacción de sus propias necesidades y en las situaciones de juego es donde las emociones están más vinculadas al desarrollo del yo y al conocimiento de las normas y valores sociales, ya que, a través de las interacciones con las otras personas, se avanza en la identificación, comprensión y regulación de las emociones propias y en la apropiación de información muy valiosa sobre uno mismo. Todo ello irá contribuyendo de manera decisiva a la interiorización de sentimientos de seguridad y confianza personales, dos aspectos fundamentales para la construcción de la autoestima y la formación de una autoimagen positiva y ajustada, alejada de los estereotipos sexistas. También se desarrolla la confianza en los demás, lo que incide en la mejora de las relaciones sociales, de la automotivación con respecto a las actividades y juegos, y de la comprensión y expresión de lo que siente, piensa, prefiere y le interesa. Establecer relaciones armoniosas y de calidad supone potenciar que cada niño y cada niña puedan identificar y superar sus límites, reforzar sus fortalezas, regular sus necesidades personales, valorar el trabajo bien hecho, aprender de los errores de forma constructiva aceptando positivamente las correcciones, tomar iniciativas propias sobre su persona y sobre el entorno, y establecer metas realistas y ambiciosas con creatividad y responsabilidad, sintiéndose reconocidos dentro del grupo. 3. Adoptar modelos, normas y hábitos, desarrollando la confianza en sus posibilidades y sentimientos de logro, para promover un estilo de vida saludable y ecosocialmente responsable. La adquisición de hábitos saludables y sostenibles, así como su progresiva integración en la vida cotidiana, contribuye al cuidado del propio cuerpo y al logro de una creciente autonomía. En este proceso resulta imprescindible que conozcan y reflexionen sobre las normas que contribuyen a crear tendencias de actuación respetuosas con ellos mismos, con los demás y con el medio, desde una perspectiva interdependiente y ecorresponsable. Se espera también que se produzca un inicio en la reflexión sobre el consumo responsable de bienes y recursos, así como que se promueva la actividad física como conducta saludable. Todo ello se transfiere al aula a través de la realización de rutinas entendidas como prácticas secuenciadas que se repiten de manera estable e intencional para favorecer la regulación de los ritmos biológicos y el ajuste a los tiempos personales. Por ello, es preciso encontrar momentos de atención personal, a través de un trato individualizado a cada niño o niña, especialmente en lo referido a la satisfacción de sus necesidades, a partir de su ritmo biológico y procurando su bienestar y confortabilidad. Todo ello contribuye al desarrollo de una percepción más ajustada de sí mismo y al sentimiento de logro derivado de la percepción de la progresiva competencia adquirida en las actividades relacionadas con la alimentación, la higiene, el vestido o el descanso. Por último, se deben estimular iniciativas relativas a la importancia de prevenir los riesgos y evitar los accidentes. 4. Establecer interacciones sociales en condiciones de igualdad, valorando la importancia de la amistad, el respeto y la empatía, para construir su propia identidad basada en valores democráticos y de respeto a los derechos humanos. La construcción de la identidad es una de las resultantes del conjunto de interacciones con el entorno social próximo. En este proceso de reformulación de sus recursos cognitivos y afectivos necesario para establecer nuevas relaciones con los demás y con el mundo, es preciso proporcionarles sentimientos de seguridad y confianza mediante la creación de vínculos de apego sanos y estables que hagan que se sientan respetados, queridos y valorados, y adopten de manera natural los modelos sociales adecuados en un entorno de cooperación, respeto y empatía. En las primeras etapas, el niño o la niña comienza a percibirse como diferente a los demás; es capaz de percibir las expresiones emocionales de las otras personas, pero aún no puede adoptar su punto de vista. Mediante las distintas interacciones y la mediación de las personas adultas, irá asimilando de manera natural y progresiva modelos adecuados de relación social, basados en el respeto, la empatía, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la aceptación de la discapacidad y el respeto a los derechos humanos. El reconocimiento y aprecio hacia la pluralidad sociocultural del aula se debe fomentar mediante actividades y juegos que pongan en valor las distintas costumbres y tradiciones y favorezcan la comunicación asertiva de las necesidades propias y la escucha activa de las de los otros en procesos coeducativos y cooperativos. En la misma línea, la interacción con otros niños y niñas con necesidades sensoriales, físicas o cognitivas favorecerá el desarrollo de una perspectiva que les permita entender que la inclusión es enriquecedora De esta manera, el alumnado va integrando herramientas para ofrecer y pedir ayuda y resolver conflictos de manera dialogada, con el fin de alcanzar una meta común. Todo ello refuerza el sentido de pertenencia a un grupo, contribuye a aprender a vivir en armonía con las otras personas y favorece el trabajo en equipo. Primer ciclo Criterios de evaluación Competencia específica 1. 1.1 Adecuar sus acciones y reacciones a cada situación, en una interacción lúdica y espontánea con el entorno, explorando sus posibilidades motoras y perceptivas y progresando en precisión, seguridad, coordinación e intencionalidad. 1.2 Mostrar aceptación y respeto por el cuerpo propio y por el cuerpo de las demás personas, mejorando progresivamente en su conocimiento. 1.3 Manifestar aptitud emocional y sentimientos de seguridad y afecto en la realización de cada acción. 1.4 Adquirir nociones temporales básicas para ubicarse en el tiempo a través de las actividades y rutinas de la vida cotidiana, así como de otros acontecimientos. Competencia específica 2. 2.1 Expresar emociones y sentimientos desarrollando de manera progresiva la conciencia emocional y estrategias de regulación emocional. 2.2 Relacionarse con las otras personas aceptando y mostrando afecto de manera libre, segura, respetuosa y alejada de todo tipo de estereotipos. 2.3 Afrontar pequeñas adversidades manifestando actitudes de superación, así como solicitando y prestando ayuda. Competencia específica 3. 3.1 Incorporar estrategias y hábitos relacionados con el cuidado del entorno y el autocuidado, manifestando satisfacción por los beneficios que le aportan. 3.2 Reconocer y anticipar la sucesión temporal de actividades, ritmos biológicos y pautas socioculturales que estructuran la dinámica cotidiana, asociándola a elementos, procedimientos y actitudes concretas. Competencia específica 4. 4.1 Establecer vínculos y relaciones de apego saludables, demostrando actitudes de afecto y empatía hacia las demás personas y respetando los distintos ritmos individuales. 4.2 Reproducir conductas y situaciones previamente observadas en su entorno próximo, basadas en el respeto, la empatía, la igualdad de género, el trato no discriminatorio a las personas con discapacidad y el respeto a los derechos humanos, a través del juego de imitación. 4.3 Iniciarse en la resolución de conflictos con sus iguales, con la mediación de la persona adulta, experimentando los beneficios de llegar a acuerdos. Saberes básicos. A. El cuerpo y el control progresivo del mismo. – Descubrimiento y reconocimiento de la propia imagen y la de las personas de su entorno. Identificación y respeto de las diferencias. – Curiosidad e interés por la exploración sensomotriz. Integración sensorial del mundo a través de las posibilidades perceptivas. – Exploración y experiencias activas. El movimiento libre como fuente de aprendizaje y desarrollo. – El contacto con las otras personas y con los objetos. Iniciativa y curiosidad por aprender nuevas habilidades. – Experimentación manipulativa y dominio progresivo de la coordinación visomotriz en el contacto con objetos y materiales. – Adaptación y progresivo control del movimiento y de la postura en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. – Estrategias para identificar y evitar situaciones de riesgo o peligro. – El juego como actividad propia para el bienestar y el disfrute. Juego exploratorio, sensorial y motor. B. Desarrollo y equilibrio afectivos. – Identificación y adecuación de estados emocionales a las diferentes situaciones: tiempos de espera, pequeñas frustraciones asociadas a la satisfacción de necesidades básicas y cuidados. – Identificación progresiva de las causas y las consecuencias de las emociones básicas. – Aceptación y control progresivo de las emociones y de las manifestaciones propias más llamativas. – Aproximación a algunas estrategias para lograr seguridad afectiva: búsqueda de ayuda y demanda de contacto afectivo. C. Hábitos de vida saludable para el autocuidado y el cuidado del entorno. – Adaptación progresiva de los ritmos biológicos propios a las rutinas del grupo. – Cuidados y necesidades básicas. – Rutinas relacionadas con el compromiso y la autonomía: anticipación de acciones, normas de comportamiento social en la comida, el descanso, la higiene o los desplazamientos, etc. – Hábitos sostenibles y ecosocialmente responsables relacionados con la alimentación, la higiene, el aseo personal, el descanso o limpieza del espacio. – Acciones que favorecen la salud y generan bienestar. Interés por ofrecer un aspecto saludable y aseado. Actividad física estructurada. D. Interacción socioemocional en el entorno. La vida junto a los demás. – La diversidad familiar. – La transición del grupo familiar al grupo social de la escuela. – Los primeros vínculos afectivos. Apertura e interés hacia otras personas. Sentimientos de pertenencia y vinculación afectiva con las personas de referencia. – El aula y el centro como grupos sociales de pertenencia. – Relaciones afectuosas y respetuosas. – Acercamiento a la diversidad derivada de distintas formas de discapacidad y sus implicaciones en la vida cotidiana. – Hábitos y regulación del comportamiento en función de las necesidades de los demás: escucha, paciencia y ayuda. – Estrategias elementales para la gestión de conflictos. – Desarrollo de actitudes de espera y de participación activa. Asunción de pequeñas responsabilidades en actividades y juegos. – Celebraciones, costumbres y tradiciones étnico-culturales presentes en el entorno. Segundo ciclo Criterios de evaluación Competencia específica 1. 1.1 Progresar en el conocimiento de su cuerpo ajustando acciones y reacciones y desarrollando el equilibrio, la percepción sensorial y la coordinación en el movimiento. 1.2 Manifestar sentimientos de seguridad personal en la participación en juegos y en las diversas situaciones de la vida cotidiana, confiando en las propias posibilidades y mostrando iniciativa. 1.3 Manejar diferentes objetos, útiles y herramientas en situaciones de juego y en la realización de tareas cotidianas, mostrando un control progresivo y de coordinación de movimientos de carácter fino. 1.4 Participar en contextos de juego dirigido y espontáneo, ajustándose a sus posibilidades personales. Competencia específica 2. 2.1 Identificar y expresar sus necesidades y sentimientos, ajustando progresivamente el control de sus emociones. 2.2 Ofrecer y pedir ayuda en situaciones cotidianas, valorando los beneficios de la cooperación y la ayuda entre iguales. 2.3 Expresar inquietudes, gustos y preferencias, mostrando satisfacción y seguridad sobre los logros conseguidos. Competencia específica 3. 3.1 Realizar actividades relacionadas con el autocuidado y el cuidado del entorno con una actitud respetuosa, mostrando autoconfianza e iniciativa. 3.2 Respetar la secuencia temporal asociada a los acontecimientos y actividades cotidianas, adaptándose a las rutinas establecidas para el grupo y desarrollando comportamientos respetuosos hacia las demás personas. Competencia específica 4. 4.1 Participar con iniciativa en juegos y actividades colectivas relacionándose con otras personas con actitudes de afecto y de empatía, respetando los distintos ritmos individuales y evitando todo tipo de discriminación. 4.2 Reproducir conductas, acciones o situaciones a través del juego simbólico en interacción con sus iguales, identificando y rechazando todo tipo de estereotipos. 4.3 Participar activamente en actividades relacionadas con la reflexión sobre las normas sociales que regulan la convivencia y promueven valores como el respeto a la diversidad, el trato no discriminatorio hacia las personas con discapacidad y la igualdad de género. 4.4 Desarrollar destrezas y habilidades para la gestión de conflictos de forma positiva, proponiendo alternativas creativas y teniendo en cuenta el criterio de otras personas. 4.5 Participar, desde una actitud de respeto, en actividades relacionadas con costumbres y tradiciones étnicas y culturales presentes en su entorno, mostrando interés por conocerlas. Saberes básicos. A. El cuerpo y el control progresivo del mismo. – Imagen global y segmentaria del cuerpo: características individuales y percepción de los cambios físicos. – Autoimagen positiva y ajustada ante los demás. – Identificación y respeto de las diferencias. – Los sentidos y sus funciones. El cuerpo y el entorno. – El movimiento: control progresivo de la coordinación, el tono, el equilibrio y los desplazamientos. – Implicaciones de la discapacidad sensorial o física en la vida cotidiana. – Dominio activo del tono y la postura en función de las características de los objetos, acciones y situaciones. – El juego como actividad placentera y fuente de aprendizaje. Normas de juego. – Progresiva autonomía en la realización de tareas. B. Desarrollo y equilibrio afectivos. – Herramientas para la identificación, expresión, aceptación y control progresivo de las propias emociones, sentimientos, vivencias, preferencias e intereses. – Estrategias de ayuda y cooperación en contextos de juego y rutinas. – Estrategias para desarrollar la seguridad en sí mismo, el reconocimiento de sus posibilidades y la asertividad respetuosa hacia los demás. – Aceptación constructiva de los errores y las correcciones: manifestaciones de superación y logro. – Valoración del trabajo bien hecho: desarrollo inicial de hábitos y actitudes de esfuerzo, constancia, organización, atención e iniciativa. C. Hábitos de vida saludable para el autocuidado y el cuidado del entorno. – Necesidades básicas: manifestación, regulación y control en relación con el bienestar personal. – Hábitos y prácticas sostenibles y ecosocialmente responsables relacionados con la alimentación, la higiene, el descanso, el autocuidado y el cuidado del entorno. – Actividad física estructurada con diferentes grados de intensidad. – Rutinas: planificación secuenciada de las acciones para resolver una tarea; normas de comportamiento social en la comida, el descanso, la higiene y los desplazamientos, etc. – Identificación de situaciones peligrosas y prevención de accidentes. D. Interacción socioemocional en el entorno. La vida junto a los demás. – La diversidad familiar. – La familia y la incorporación a la escuela. – Habilidades socioafectivas y de convivencia: comunicación de sentimientos y emociones y pautas básicas de convivencia, que incluyan el respeto a la igualdad de género y el rechazo a cualquier tipo de discriminación. – Estrategias de autorregulación de la conducta. Empatía y respeto. – Resolución de conflictos surgidos en interacciones con los otros. – La amistad como elemento protector, de prevención de la violencia y de desarrollo de la cultura de la paz. – Fórmulas de cortesía e interacción social positiva. Actitud de ayuda y cooperación. – La respuesta empática a la diversidad debida a distintas formas de discapacidad y a sus implicaciones en la vida cotidiana. – Juego simbólico. Observación, imitación y representación de personas, personajes y situaciones. Estereotipos y prejuicios. – Otros grupos sociales de pertenencia: características, funciones y servicios. – Asentamientos y actividades del entorno. – Celebraciones, costumbres y tradiciones. Herramientas para el aprecio de las señas de identidad étnico-cultural presentes en su entorno. Área 2. Descubrimiento y Exploración del Entorno Con esta área se pretende favorecer el proceso de descubrimiento, observación y exploración de los elementos físicos y naturales del entorno, concibiendo este como un elemento provocador de emociones y sorpresas, y tratando de que, junto con su progresivo conocimiento, niños y niñas vayan adoptando y desarrollando actitudes de respeto y valoración sobre la necesidad de cuidarlo y protegerlo. El área adquiere sentido desde la complementariedad con las otras dos, y así habrán de interpretarse en las propuestas didácticas: desde la globalidad de la acción y de los aprendizajes. Las competencias específicas del área se orientan, por tanto, al desarrollo del pensamiento y de las estrategias cognitivas a través del proceso de descubrimiento del entorno físico y natural. Con ello se refuerza su disposición a indagar, se potencia una actitud progresivamente cuestionadora y se anima a proponer soluciones diversificadas. Se pretende, en conclusión, potenciar la curiosidad infantil hacia el entorno, así como estimular una disposición activa hacia su conocimiento, propiciando además la evolución desde el plano individual hacia el colectivo: por una parte, se avanzará, a través de un enfoque coeducativo, desde la satisfacción de los intereses personales hacia la toma en consideración de los intereses del grupo; por otra, desde el aprendizaje individual hacia el cooperativo. El área se organiza en torno a tres competencias específicas. La primera se orienta al desarrollo de las destrezas que ayudan a identificar y establecer relaciones lógicas entre los distintos elementos que forman parte del entorno; la segunda se centra en el fomento de una actitud crítica y creativa para identificar los retos y proponer posibles soluciones; y la tercera supone el acercamiento respetuoso hacia el mundo natural para despertar la conciencia de la necesidad de hacer un uso sostenible de él, que garantice su cuidado y conservación. Se concibe, pues, el medio físico y natural como la realidad en la que se aprende y sobre la que se aprende. Por tanto, los saberes básicos se establecen en función de la exploración cuestionadora y creativa de los elementos que forman parte del entorno a través de la interacción corporal con el mismo, las destrezas y procesos ligados a distintas formas de conocimiento y experimentación, así como de las actitudes de respeto y valoración que en todo caso deben acompañarlos. Desde edades muy tempranas, niños y niñas indagan sobre el comportamiento y algunas de las características y propiedades de los objetos y materias presentes en su entorno. Una vez incorporados al centro educativo, se favorecerá ese deseo de actuar para conocer y comprender su entorno. Primero, a través de sus actos y de la manipulación de los objetos a su alcance, van tomando conciencia de las sensaciones que producen y comienzan a constatar algunas de las consecuencias de sus actuaciones sobre ellos; se manifiesta entonces la intencionalidad, mediante la repetición de gestos y acciones para comprobar su relación con el efecto provocado. Más adelante, cuando se amplía y diversifica el espacio sobre el que pueden actuar como consecuencia de su mayor capacidad de desplazamiento, los procesos de experimentación se van enriqueciendo, ya que disponen de más oportunidades para ejercer acciones cada vez más variadas y complejas. Como resultado de la exploración y experimentación sobre objetos y materiales, y a partir de la discriminación de algunas de sus cualidades y atributos, los niños y las niñas pueden proponer agrupaciones o colecciones según un criterio elegido. También establecen relaciones entre algunos de los atributos de los objetos y materias y su comportamiento físico cuando se interviene sobre ellas, estableciendo correlaciones, a su vez, entre dichas intervenciones y los efectos que producen. Ello conlleva el desarrollo de estrategias como la anticipación y la previsión, la formulación de hipótesis y la observación de fenómenos para constatar si se cumple lo esperado, y la discriminación entre las características o atributos permanentes y los variables. En definitiva, se produce un acercamiento intuitivo a nociones y conceptos básicos pertenecientes al medio físico, siempre contrastados con la realidad, mediante los que comienzan a sentarse las bases del pensamiento científico. El medio natural y los seres y elementos que lo integran han sido siempre objeto preferente de la curiosidad e interés infantiles. Gracias a la reflexión sobre sus experiencias y relaciones con los elementos de la naturaleza, niños y niñas irán progresando hacia la observación y comprensión de las manifestaciones y las consecuencias de algunos fenómenos naturales e irán acercándose gradualmente al conocimiento y la valoración de los seres vivos, así como de algunas de sus características y de las relaciones que establecen entre ellos y con los seres humanos. Cobra ahora especial relevancia el fomento de la valoración y el aprecio hacia la diversidad y la riqueza del medio natural, a partir del descubrimiento de que las personas formamos parte también de ese medio y de la vinculación afectiva al mismo, dos factores básicos para iniciar desde la escuela actitudes de respeto, cuidado y protección del medioambiente y de los animales, así como de adquisición de hábitos ecosaludabes y sostenibles. El alumnado, alentado por el interés y la emoción, participará con iniciativa propia en situaciones de aprendizaje en las que interaccionará con objetos, espacios y materiales. Mientras manipula, observa, indaga, prueba, identifica, relaciona, analiza, comprueba, razona… descubrirá las cualidades y atributos de los elementos del entorno más cercano. Asimismo, experimentará y desplegará progresivamente destrezas sencillas propias del método científico y del pensamiento computacional y de diseño. Además, utilizará los diferentes lenguajes y formas de expresión para acompañar sus acciones, autorregularse, compartir su sorpresa y su emoción ante un hallazgo, formular ideas o preguntas y contar o representar sus interpretaciones o conclusiones. Todo ello en un contexto sugerente y divertido que estimulará, sin forzarla, su curiosidad por entender lo que le rodea y le animará a plantear soluciones creativas y originales para responder a los retos que se plantean. Competencias específicas. 1. Identificar las características de materiales, objetos y colecciones y establecer relaciones entre ellos, mediante la exploración, la manipulación sensorial, el manejo de herramientas sencillas y el desarrollo de destrezas lógico-matemáticas para descubrir y crear una idea cada vez más compleja del mundo. En esta etapa, la curiosidad de niños y niñas por descubrir el mundo que los rodea hace de la exploración a través de la manipulación sensorial el instrumento perfecto para identificar las características de los materiales y objetos de su entorno más cercano y para establecer relaciones entre ellos. La finalidad de este juego exploratorio en edades muy tempranas es disfrutar de las sensaciones físicas que produce. Sin embargo, a medida que el niño o la niña se desarrolla, la demanda exploratoria se amplía: al propósito de obtener placer por sentir y tocar se añade progresivamente el interés por indagar acerca de las diferentes características de los objetos. Al movimiento amplio y global se suma la capacidad para ejercer acciones más específicas y minuciosas sobre ellos. Todo ello les proporciona cada vez más información acerca de sus cualidades. La persona adulta debe proponer retos que hay que resolver, contextualizados en situaciones de aprendizaje y experiencias significativas, eligiendo el material y el tipo de actividad que responda a la intencionalidad que se pretenda conseguir y teniendo en cuenta que debe partir de los intereses y las inquietudes individuales y grupales, y que la interacción con los demás debe jugar un papel de primer orden. Así, los niños y las niñas continúan estableciendo relaciones entre sus aprendizajes, lo cual les permitirá desarrollar progresivamente sus habilidades lógicas y matemáticas de medida, relación, clasificación, ordenación y cuantificación; primero, ligadas a sus intereses particulares y, progresivamente, formando parte de situaciones de aprendizaje que atienden también a los intereses grupales y colectivos. 2. Desarrollar, de manera progresiva, los procedimientos del método científico y las destrezas del pensamiento computacional, a través de procesos de observación y manipulación de objetos, para iniciarse en la interpretación del entorno y responder de forma creativa a las situaciones y retos que se plantean. Sentar las bases del pensamiento científico, la iniciativa investigadora y la curiosidad por el conocimiento es inherente al desarrollo de la etapa Educación Infantil. A lo largo de la etapa, el alumnado deberá encontrar soluciones o alternativas originales y creativas a diferentes cuestiones, retos o situaciones. Y lo hará mediante la aplicación de procesos inicialmente sencillos y manipulativos, que progresivamente ganarán en complejidad y requerirán mayor capacidad de abstracción. Dichos procesos son propios tanto de las destrezas de pensamiento computacional y de diseño como del método científico, y se aplicarán descomponiendo una tarea en otras más simples, formulando y comprobando hipótesis, explorando e investigando, relacionando conocimientos y planteando ideas o soluciones originales. 3. Reconocer elementos y fenómenos de la naturaleza, mostrando interés por los hábitos que inciden sobre ella, para apreciar la importancia del uso sostenible, el cuidado y la conservación del entorno en la vida de las personas. El entorno próximo es el primer contexto con el que se relacionan niños y niñas desde su nacimiento. Los diferentes elementos y fenómenos naturales que en él se desarrollan atraerán su atención y supondrán una oportunidad ideal para alentar su curiosidad a medida que los va descubriendo. La actitud con la que se relacionen con el medio físico y natural condicionará en gran medida sus experiencias y aprendizajes. Así, desde el primer momento, debe propiciarse un acercamiento al medio natural y a los seres vivos e inertes que forman parte de él con todo el cuidado y el respeto que su edad y aptitudes les permitan. Este proceso de descubrimiento y conocimiento progresivo del entorno deberá orientarse hacia el desarrollo de una incipiente conciencia de conservación para que, desde estas primeras edades, se comprenda la implicación y la responsabilidad de todos en el respeto y el cuidado del medio. A lo largo de la etapa, irán adoptando e incorporando en sus rutinas diarias hábitos para el desarrollo sostenible, como el consumo responsable o el cuidado y protección de la naturaleza y los animales que la habitan. Ello contribuirá a que, de manera paulatina, aprendan a valorar las oportunidades que ofrece el medioambiente y todo aquello que hace posible la vida en el planeta. Primer ciclo Criterios de evaluación Competencia específica 1. 1.1 Relacionar objetos a partir de sus cualidades o atributos básicos, mostrando curiosidad e interés. 1.2 Emplear los cuantificadores básicos más significativos relacionados con su experiencia diaria, utilizándolos en el contexto del juego y la interacción con los demás. 1.3 Aplicar sus conocimientos acerca de las nociones espaciales básicas para ubicarse en los espacios, tanto en reposo como en movimiento, jugando con el propio cuerpo y con los objetos. Competencia específica 2. 2.1 Gestionar las dificultades, retos y problemas con interés e iniciativa, mediante su división en secuencias de actividades más sencillas. 2.2 Proponer soluciones y alternativas a través de distintas estrategias, escuchando y respetando las de los demás. Competencia específica 3. 3.1 Interesarse por las actividades en contacto con la naturaleza y las características de los elementos naturales del entorno, mostrando respeto hacia ellos y hacia los animales que lo habitan. 3.2 Identificar y nombrar los fenómenos atmosféricos habituales en su entorno, explicando sus consecuencias en la vida cotidiana. Saberes básicos. A. Diálogo corporal con el entorno. Exploración creativa de objetos, materiales y espacios. – Curiosidad e interés por la exploración del entorno y sus elementos. – Exploración de objetos y materiales a través de los sentidos. – Identificación de las cualidades o atributos de los objetos y materiales. Efectos que producen diferentes acciones sobre ellos. – Relaciones de orden, correspondencia, clasificación y comparación. – Cuantificadores básicos. – Nociones espaciales básicas en relación con el propio cuerpo y los objetos. – Nociones temporales básicas: cambio y permanencia, continuidad; sucesión y simultaneidad; pasado, presente y futuro. B. Experimentación en el entorno. Curiosidad, pensamiento científico, razonamiento lógico y creatividad. – Indagación en el entorno manifestando diversas actitudes: interés, curiosidad, imaginación, creatividad y sorpresa. – La construcción de nuevos conocimientos: relaciones y conexiones entre lo conocido y lo novedoso; andamiaje e interacciones de calidad con las personas adultas, con iguales y con el entorno. – Modelo de control de variables. Estrategias y técnicas de investigación: ensayo-error, observación, comprobación y realización de preguntas. C. Indagación en el medio físico y natural: cuidado, valoración y respeto. – Efectos de las propias acciones en el medio físico y en el patrimonio natural y cultural. – Experimentación con los elementos naturales. – Fenómenos naturales habituales: repercusión en su vida cotidiana. – Respeto hacia la naturaleza, los seres vivos y los derechos de los animales. – Respeto por el patrimonio cultural presente en el medio físico. Segundo ciclo Criterios de evaluación Competencia específica 1. 1.1 Establecer distintas relaciones entre los objetos a partir de sus cualidades o atributos, mostrando curiosidad e interés. 1.2 Emplear los cuantificadores básicos más significativos en el contexto del juego y en la interacción con los demás. 1.3 Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, tanto en reposo como en movimiento, aplicando sus conocimientos acerca de las nociones espaciales básicas y jugando con el propio cuerpo y con objetos. 1.4 Identificar las situaciones cotidianas en las que es preciso medir, utilizando el cuerpo u otros materiales y herramientas para efectuar las medidas. 1.5 Organizar su actividad, ordenando las secuencias y utilizando las nociones temporales básicas. Competencia específica 2. 2.1 Gestionar situaciones, dificultades, retos o problemas mediante la planificación de secuencias de actividades, la manifestación de interés e iniciativa y la cooperación con sus iguales. 2.2 Canalizar progresivamente la frustración ante las dificultades o problemas mediante la aplicación de diferentes estrategias. 2.3 Plantear hipótesis acerca del comportamiento de ciertos elementos o materiales, verificándolas a través de la manipulación y la actuación sobre ellos. 2.4 Utilizar diferentes estrategias para la toma de decisiones con progresiva autonomía, afrontando el proceso de creación de soluciones originales en respuesta a los retos que se le planteen. 2.5 Programar secuencias de acciones o instrucciones para la resolución de tareas analógicas y digitales, desarrollando habilidades básicas de pensamiento computacional. 2.6 Participar en proyectos utilizando dinámicas cooperativas, compartiendo y valorando opiniones propias y ajenas, y expresando conclusiones personales a partir de ellas. Competencia específica 3. 3.1 Mostrar una actitud de respeto, cuidado y protección hacia el medio natural y los animales, identificando el impacto positivo o negativo que algunas acciones humanas ejercen sobre ellos. 3.2 Identificar rasgos comunes y diferentes entre seres vivos e inertes. 3.3 Establecer relaciones entre el medio natural y el social a partir del conocimiento y la observación de algunos fenómenos naturales y de los elementos patrimoniales presentes en el medio físico. Saberes básicos. A. Diálogo corporal con el entorno. Exploración creativa de objetos, materiales y espacios. – Cualidades o atributos de objetos y materiales. Relaciones de orden, correspondencia, clasificación y comparación. – Cuantificadores básicos contextualizados. – Funcionalidad de los números en la vida cotidiana. – Situaciones en las que se hace necesario medir. – Nociones espaciales básicas en relación con el propio cuerpo, los objetos y las acciones, tanto en reposo como en movimiento. – El tiempo y su organización: día-noche, estaciones, ciclos, calendario... B. Experimentación en el entorno. Curiosidad, pensamiento científico y creatividad. – Pautas para la indagación en el entorno: interés, respeto, curiosidad, asombro, cuestionamiento y deseos de conocimiento. – Estrategias de construcción de nuevos conocimientos: relaciones y conexiones entre lo conocido y lo novedoso, y entre experiencias previas y nuevas; andamiaje e interacciones de calidad con las personas adultas, con iguales y con el entorno. – Modelo de control de variables. Estrategias y técnicas de investigación: ensayo-error, observación, experimentación, formulación y comprobación de hipótesis, realización de preguntas, manejo y búsqueda en distintas fuentes de información. – Estrategias de planificación, organización o autorregulación de tareas. Iniciativa en la búsqueda de acuerdos o consensos en la toma de decisiones. – Estrategias para proponer soluciones: creatividad, diálogo, imaginación y descubrimiento. – Procesos y resultados. Hallazgos, verificación y conclusiones. C. Indagación en el medio físico y natural. Cuidado, valoración y respeto. – Elementos naturales (agua, tierra y aire). Características y comportamiento (peso, capacidad, volumen, mezclas o trasvases). – Influencia de las acciones de las personas en el medio físico y en el patrimonio natural y cultural. El cambio climático. – Recursos naturales. Sostenibilidad, energías limpias y naturales. – Fenómenos naturales: identificación y repercusión en la vida de las personas. – Respeto y protección del medio natural. – Empatía, cuidado y protección de los animales. Respeto de sus derechos. – Respeto por el patrimonio cultural presente en el medio físico. Área 3. Comunicación y Representación de la Realidad Los diferentes lenguajes y formas de expresión que se recogen en esta área contribuyen al desarrollo integral y armónico de niños y niñas, y deben abordarse de manera global e integrada con las otras dos áreas, mediante el diseño de situaciones de aprendizaje en las que puedan utilizar diferentes formas de comunicación y representación en contextos significativos y funcionales. Se pretende desarrollar en niños y niñas las capacidades que les permitan comunicarse a través de diferentes lenguajes y formas de expresión como medio para construir su identidad, representar la realidad y relacionarse con las demás personas. Las competencias específicas del área se relacionan con la capacidad de comunicarse eficazmente con otras personas de manera respetuosa, ética, adecuada y creativa. Por un lado, se aborda una perspectiva comunicativa y, por el otro, se persigue un enfoque interactivo en un contexto plurilingüe e intercultural. Las competencias específicas en torno a las que se organizan los aprendizajes del área están orientadas hacia tres aspectos fundamentales de la comunicación: la expresión, la comprensión y la interacción para visibilizar las posibilidades comunicativas de los diferentes lenguajes y formas de expresión, aunque se concede un carácter prioritario al proceso de adquisición del lenguaje verbal. Por otra parte, la comunicación permite interpretar y representar el mundo en el que vivimos. Por ello, se incluye también una competencia específica relacionada con el acercamiento a las manifestaciones culturales asociadas a los diferentes lenguajes que se integran en el área, como un primer paso hacia el reconocimiento y la valoración de la realidad multicultural y plurilingüe desde la infancia. En el área se espera desarrollar las destrezas comunicativas, que irán evolucionando desde las primeras interacciones a través de la expresión corporal y gestual, ligadas básicamente a la satisfacción de sus necesidades primarias, hasta la adquisición de los códigos de diferentes lenguas y lenguajes, para producir, interpretar y comprender mensajes de creciente complejidad, de manera eficaz, personal y creativa. La oralidad es el instrumento por excelencia para la comunicación, la expresión de vivencias, sentimientos, ideas y emociones, así como el aprendizaje y la regulación de la conducta. Por ello, su adquisición y desarrollo ocupa un lugar de especial relevancia en esta etapa. La lengua oral se irá estimulando a través de la mediación con la persona adulta, quien proporcionará modelos y dará sentido a las diversas interacciones, favoreciendo el acceso progresivo a formas y usos cada vez más complejos, incluidos algunos elementos de la comunicación no verbal. Será preciso crear un ambiente multialfabetizador rico que comprenda todos los lenguajes posibles y que establezca relaciones entre ellos. Un contexto de interacción con iguales y personas adultas, que ejercen como modelos lectores y escritores, despertará la curiosidad, el interés y las ganas de explorar y descubrir el significado social y cultural del lenguaje escrito. Ese interés se incrementará si se dejan a su alcance libros y otros textos de uso social adecuados a su edad e intereses. Esta primera aproximación se debe producir en el quehacer cotidiano del aula, enmarcado en situaciones funcionales y significativas para los niños y niñas, teniendo claro que la adquisición del código escrito no es un objetivo que se deba alcanzar en esta etapa. En esta etapa educativa se inicia también el acercamiento a la literatura infantil como fuente de disfrute y se empieza a tejer, desde la escucha en el contexto cotidiano de las primeras nanas, canciones de arrullo y cuentos, un vínculo emocional y lúdico con los textos literarios. Es la etapa de la literatura oral por excelencia: rimas, retahílas, folclore… La creación en el aula de un espacio cálido y acogedor donde ubicar la biblioteca favorecerá también el acercamiento natural a la literatura infantil, para construir significados, despertar su imaginación y fantasía, acercarlos a realidades culturales propias y ajenas, y presentarles otros mundos. Asimismo, debe prestarse especial atención al desarrollo de actitudes positivas y de respeto tanto hacia el repertorio lingüístico personal, como al de los demás, despertando su sensibilidad y curiosidad por conocer otras lenguas e invitándolos a explorar otros lenguajes y formas de expresión. Los niños y las niñas se encuentran inmersos en una sociedad en la que lo digital afecta a nuestra forma de comunicarnos, obtener información, aprender y relacionarnos. Es, por tanto, responsabilidad del centro educativo establecer pautas para el desarrollo de hábitos de uso saludables de las herramientas y tecnologías digitales, iniciándose así un proceso de alfabetización digital desde las primeras etapas. Los lenguajes artísticos, en tanto que sistemas simbólicos, adquieren particular relevancia en esta etapa. Proporcionan un cauce diferente, variado y flexible para expresarse y relacionarse con el mundo exterior con mayor libertad. La primera infancia se asombra constantemente, porque nada se da por supuesto. La creatividad, tan presente en la etapa, tiene que ver con la curiosidad vital. La práctica educativa debe consistir en acompañarla y proporcionar las herramientas para consolidarla. El lenguaje musical es un medio que permite la comunicación con los demás y posibilita el desarrollo de aspectos como la escucha atenta y activa, la sensibilidad, la improvisación y el disfrute a través de la voz, el propio cuerpo o los juegos motores y sonoros. De la misma manera, también se aproximarán al conocimiento de distintas manifestaciones musicales, lo que irá despertando su conciencia cultural y favorecerá su desarrollo artístico. Con respecto al lenguaje plástico, en esta etapa se irán adquiriendo y desarrollando de forma progresiva diferentes destrezas, al tiempo que se experimentará con distintas técnicas y materiales para expresar ideas, emociones y sentimientos. A su vez, se pondrá a los niños y las niñas en contacto con diferentes modelos relacionados con diversas expresiones artísticas, para iniciar así el desarrollo del sentido estético y artístico. Por último, el lenguaje corporal permite el descubrimiento de nuevas posibilidades expresivas, que pueden utilizarse con una intención comunicativa, representativa o estética. La etapa se concibe como un continuo aprendizaje. Desde su nacimiento y a lo largo de toda la etapa, las experiencias vitales de niños y niñas se van ampliando y diversificando de manera progresiva. Paralelamente, se despertarán el interés y la curiosidad por descubrir y explorar las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes y formas de expresión para comunicarse de manera cada vez más eficaz, personal y creativa en los distintos contextos cotidianos. Competencias específicas. 1. Manifestar interés por interactuar en situaciones cotidianas a través de la exploración y el uso de su repertorio comunicativo, para expresar sus necesidades e intenciones y responder a las exigencias del entorno. El deseo o la necesidad de interactuar con el entorno es el motor que posibilita la evolución de las destrezas comunicativas. Para ello es imprescindible experimentar el placer de comunicarse mediante las primeras interacciones ligadas a la emoción, que se producen en situaciones globales cuyo contexto (gestos, silencios, prosodia…) facilitan la comprensión, la expresión y la integración de los significados de las palabras antes de que el niño o la niña sea capaz de usarlas. La persona adulta, como principal interlocutor en las fases iniciales, se convierte en el facilitador de la experiencia comunicativa de cada niño o niña a partir de experiencias compartidas. Estimular y promover la intención comunicativa favorece el despliegue de diferentes capacidades que le permitirán interpretar los mensajes de los demás e interactuar con el entorno para expresar sus necesidades, emociones, sentimientos o ideas en un clima de bienestar y seguridad emocional y afectiva. Participar en situaciones de comunicación significativas y funcionales, desde el respeto a las diferencias individuales, permitirá al alumnado conocer e integrar progresivamente a su repertorio comunicativo los diferentes lenguajes (verbal, no verbal, plástico, musical, digital…) y descubrir las posibilidades expresivas de cada uno de ellos, para utilizar de manera ajustada y eficaz el más adecuado en función de su intención comunicativa o de las exigencias del entorno. Estas interacciones comunicativas fomentarán también la adquisición progresiva de las convenciones sociales que rigen los intercambios comunicativos, así como la curiosidad y motivación hacia el aprendizaje de otras lenguas, acercándose progresivamente a los significados de distintos mensajes en contextos de comunicación conocidos. 2. Interpretar y comprender mensajes y representaciones apoyándose en conocimientos y recursos de su propia experiencia para responder a las demandas del entorno y construir nuevos aprendizajes. La comprensión supone recibir y procesar información en distintos ámbitos y formatos, expresada a través de mensajes variados (orales, escritos, multimodales…), representaciones y manifestaciones personales, sociales, culturales y artísticas próximas al interés o a la necesidad personal. La comprensión implica interpretar mensajes, analizarlos y dar respuesta a los estímulos percibidos. Para ello, el alumnado de esta etapa irá adquiriendo y activando distintas estrategias para desarrollar la capacidad de realizar anticipaciones, aproximaciones e inferencias de una manera cada vez más personal y creativa. De esta forma, podrá comprender los mensajes y las intenciones comunicativas de otras personas e irá construyendo nuevos significados y aprendizajes, progresando desde el acompañamiento y la mediación hacia un determinado grado de autonomía y conocimiento del mundo. 3. Producir mensajes de manera eficaz, personal y creativa, utilizando diferentes lenguajes, descubriendo los códigos de cada uno de ellos y explorando sus posibilidades expresivas, para responder a diferentes necesidades comunicativas. En las primeras etapas, la producción y emisión de mensajes tienen que ver con la necesidad de contacto y satisfacción de las necesidades más básicas; el lenguaje corporal y gestual es esencial en ese primer acto comunicativo. El lenguaje oral, gracias a la interacción con la persona adulta, se convierte en el vehículo principal de aprendizaje, regulación de la conducta y expresión de necesidades, ideas, emociones, sentimientos y vivencias. La prosodia y todos los aspectos no verbales que acompañan al lenguaje oral cobran ahora una importancia capital. Conforme se avanza en la etapa, la producción de mensajes permite también representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de una forma cada vez más personal y mejor ajustada a los distintos contextos y situaciones comunicativas, a través del uso de diferentes lenguajes. El alumnado utilizará diferentes formas de expresión de una manera libre y creativa a partir de su conocimiento e interpretación de la realidad y la conceptualización y el dominio de los sistemas de simbolización y de las técnicas requeridas en cada caso (verbales, no verbales, plásticas, musicales, digitales...). El alumnado irá descubriendo, mediante la experimentación y el uso, las posibilidades expresivas de cada uno de dichos lenguajes, en función del momento concreto de su proceso madurativo y de aprendizaje. 4. Participar por iniciativa propia en actividades relacionadas con textos escritos, mostrando interés y curiosidad, para comprender su funcionalidad y algunas de sus características. La etapa de Educación Infantil es el entorno privilegiado para realizar un acercamiento progresivo al lenguaje escrito como forma de comunicación, conocimiento y disfrute. A través del acercamiento a los textos escritos y su exploración mediante anticipaciones e inferencias, así como a través de la observación de modelos lectores y escritores de calidad, se irá despertando en niños y niñas la curiosidad por descubrir sus funcionalidades en tanto que herramienta de representación del lenguaje oral y sus sonidos. En la medida en que avanza en la comprensión de algunas de las características y convenciones del lenguaje escrito, se incrementa la necesidad de descubrir la información que contiene, con una actitud lúdica y de disfrute. Siempre desde el respeto a la evolución de los diferentes ritmos de desarrollo personal y del conocimiento del proceso a través del cual niños y niñas se apropian del sistema de escritura y las hipótesis que utilizan, se promoverá una aproximación al lenguaje escrito como actividad inserta en el quehacer cotidiano del aula, como inicio de un proceso que deberá consolidarse en la Educación Primaria. Las bibliotecas jugarán un papel relevante como espacios donde se pongan en juego las ideas infantiles sobre el porqué y el para qué del lenguaje escrito, así como lugar de acercamiento al disfrute de los primeros contactos con la literatura infantil. Del mismo modo, la presencia de soportes y útiles de escritura variados, en lugares accesibles, serán una invitación a producir mensajes por placer y a sentir la emoción de expresar sus pensamientos, vivencias o sentimientos de manera espontánea. 5. Valorar la diversidad lingüística presente en su entorno, así como otras manifestaciones culturales, para enriquecer sus estrategias comunicativas y su bagaje cultural. La riqueza plurilingüe del aula –y, en su caso, el aprendizaje de lenguas extranjeras– se convierte en un elemento de particular importancia, ya que favorece la exposición a lenguas distintas de la familiar de cada niño o niña, así como una aproximación a las mismas a través de interacciones y actividades lúdicas. A partir de ello, surge la necesidad de educar en el respeto y la valoración del bagaje lingüístico y sociocultural propio y ajeno, entendiendo la pluralidad lingüística y dialectal como un elemento enriquecedor que proporciona las claves para una mayor y mejor comprensión del mundo. También las manifestaciones y representaciones socioculturales constituyen un marco privilegiado para la comunicación. La pluralidad de sus lenguajes invita a promover el reconocimiento de las semejanzas y diferencias entre sus códigos y a desarrollar la sensibilidad hacia distintos referentes culturales, prestando una especial atención a la literatura infantil. De todo ello se espera que surja un diálogo lleno de matices entre las diferentes lenguas y manifestaciones culturales que generará un amplio abanico de conocimientos implícitos. En ese proceso, las palabras actuarán como nexo de unión desde el que enriquecer el bagaje cultural y desarrollar la sensibilidad y la creatividad, ofreciendo a la infancia, simultáneamente, la llave de acceso a una ciudadanía crítica, solidaria, igualitaria y comprometida con la sociedad. Primer ciclo Criterios de evaluación Competencia específica 1. 1.1 Participar con interés en interacciones cotidianas, utilizando diferentes sistemas comunicativos. 1.2 Participar de forma espontánea en situaciones comunicativas, adecuando la postura, los gestos y los movimientos a sus intenciones. 1.3 Manifestar necesidades, sentimientos y vivencias, utilizando estrategias comunicativas y aprovechando las posibilidades que ofrecen los diferentes lenguajes con curiosidad y disfrute. 1.4 Tomar la iniciativa en la interacción social, disfrutando de las situaciones comunicativas con una actitud respetuosa. 1.5 Participar en situaciones de uso de diferentes lenguas, manifestando interés y curiosidad hacia la diversidad de perfiles lingüísticos. Competencia específica 2. 2.1 Interpretar los estímulos y mensajes del entorno, reaccionando de manera adecuada. 2.2 Expresar sensaciones, sentimientos y emociones a partir de distintas representaciones y manifestaciones artísticas y culturales. Competencia específica 3. 3.1 Utilizar el lenguaje oral para expresar y compartir necesidades, sentimientos, deseos, emociones, vivencias, regulando las acciones e interactuando en diferentes situaciones y contextos. 3.2 Explorar las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes, utilizando los medios materiales propios de los mismos. 3.3 Producir mensajes, ampliando y enriqueciendo su repertorio comunicativo con seguridad y confianza. Competencia específica 4. 4.1 Participar en actividades lúdicas de aproximación al lenguaje escrito, mostrando una actitud activa. 4.2 Recurrir a escrituras indeterminadas, espontáneas y no convencionales, incorporándolas a sus producciones con intención comunicativa. Competencia específica 5. 5.1 Relacionarse con naturalidad en la realidad lingüística y cultural del aula. 5.2 Manifestar interés y disfrute hacia actividades individuales o colectivas relacionadas con la literatura infantil, las obras musicales, los audiovisuales, las danzas o las dramatizaciones, avanzando en una actitud participativa. Saberes básicos. A. Intención y elementos de la interacción comunicativa. – El deseo de comunicarse. La emoción y la proximidad como base del intercambio comunicativo. – La expresión facial y corporal: gestos de intención, necesidad y estado de ánimo, así como las sensaciones que los acompañan. – El contacto e intercambio visuales. – Las primeras interacciones tónico-emocionales y posturales. Expresiones faciales y gestuales. El diálogo corporal. – Nanas, canciones de arrullo y juegos de regazo. – Actitudes comunicativas significativas: atención conjunta, mirada referencial y comprensión de las expresiones emocionales de la persona adulta y reacción ante ellas. – Los objetos de uso compartido como mediadores en los primeros contextos de interacción. – Estrategias que facilitan los intercambios en situaciones comunicativas que potencian el respeto y la igualdad: el contacto visual con el interlocutor, la escucha atenta, el turno de diálogo y la alternancia. B. Las lenguas y sus hablantes. – Repertorio lingüístico individual. – Realidad lingüística del aula y el entorno. Palabras o expresiones que responden a sus necesidades o intereses. C. Comunicación verbal oral: expresión, comprensión, diálogo. – El lenguaje oral en situaciones cotidianas: primeras conversaciones con sonidos, vocalizaciones y juegos de interacción. – Expresión de necesidades, vivencias y emociones. – Lenguaje oral como regulador de la propia conducta. – Repertorio lingüístico: situaciones comunicativas, conversaciones colectivas, léxico y discurso. – La expresión sonora y la articulación de las palabras. Juegos de imitación, lingüísticos y de percepción auditiva. – Comprensión del mundo y de mensajes a través de la escucha activa. – Vocabulario. Denominación de la realidad. D. Aproximación al lenguaje escrito. – Formas escritas y otros símbolos presentes en el entorno. – Acercamiento a los usos del lenguaje escrito. – Lectura a través de modelos lectores de referencia. E. Aproximación a la educación literaria. – Textos literarios infantiles orales y escritos con contenido adecuado al desarrollo infantil que, preferentemente, desarrollen valores sobre la cultura de paz, los derechos de la infancia, la igualdad de género y la diversidad funcional y étnico-cultural. – Situaciones de lectura. Vínculos afectivos y lúdicos a través de modelos lectores de referencia. F. El lenguaje y la expresión musicales. – Reconocimiento, evocación y reproducción de canciones y otras manifestaciones musicales. Sentimientos y emociones que transmiten. – Posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los instrumentos. – La escucha como descubrimiento y disfrute del entorno. – Sonidos, entonación y ritmo. G. El lenguaje y la expresión plásticos y visuales. – Materiales, colores, volúmenes, texturas, técnicas y procedimientos plásticos. – Expresiones plásticas y visuales. Otras expresiones artísticas. H. El lenguaje y la expresión corporales. – Expresión libre a través del gesto y el movimiento. – Desplazamientos por el espacio. – Juegos de imitación a través de marionetas, muñecos u otros objetos de representación espontánea. Segundo ciclo Criterios de evaluación Competencia específica 1. 1.1 Participar de manera activa, espontánea y respetuosa con las diferencias individuales en situaciones comunicativas de progresiva complejidad, en función de su desarrollo individual. 1.2 Ajustar su repertorio comunicativo a las propuestas, a los interlocutores y al contexto, indagando en las posibilidades expresivas de los diferentes lenguajes. 1.3 Participar en situaciones de uso de diferentes lenguas, mostrando interés, curiosidad y respeto por la diversidad de perfiles lingüísticos. 1.4 Interactuar con distintos recursos digitales, familiarizándose con diferentes medios y herramientas digitales. Competencia específica 2. 2.1 Interpretar de forma eficaz los mensajes e intenciones comunicativas de los demás. 2.2 Interpretar los mensajes transmitidos mediante representaciones o manifestaciones artísticas, también en formato digital, reconociendo la intencionalidad del emisor y mostrando una actitud curiosa y responsable. Competencia específica 3. 3.1 Hacer un uso funcional del lenguaje oral, aumentando su repertorio lingüístico y construyendo progresivamente un discurso más eficaz, organizado y coherente en contextos formales e informales. 3.2 Utilizar el lenguaje oral como instrumento regulador de la acción en las interacciones con los demás con seguridad y confianza. 3.3 Evocar y expresar espontáneamente ideas a través del relato oral. 3.4 Elaborar creaciones plásticas, explorando y utilizando diferentes materiales y técnicas y participando activamente en el trabajo en grupo cuando se precise. 3.5 Interpretar propuestas dramáticas y musicales, utilizando y explorando diferentes instrumentos, recursos o técnicas. 3.6 Ajustar armónicamente su movimiento al de los demás y al espacio como forma de expresión corporal libre, manifestando interés e iniciativa. 3.7 Expresarse de manera creativa, utilizando diversas herramientas o aplicaciones digitales intuitivas y visuales. Competencia específica 4. 4.1 Mostrar interés por comunicarse a través de códigos escritos, convencionales o no, valorando su función comunicativa. 4.2 Identificar, de manera acompañada, alguna de las características textuales y paratextuales mediante la indagación en textos de uso social libres de prejuicios y estereotipos sexistas. 4.3 Recurrir a la biblioteca como fuente de información y disfrute, respetando sus normas de uso. Competencia específica 5. 5.1 Relacionarse de forma respetuosa en la pluralidad lingüística y cultural de su entorno, manifestando interés por otras lenguas, etnias y culturas. 5.2 Participar en interacciones comunicativas en lengua extranjera relacionadas con rutinas y situaciones cotidianas. 5.3 Participar en actividades de aproximación a la literatura infantil, tanto de carácter individual, como en contextos dialógicos y participativos, descubriendo, explorando y apreciando la belleza del lenguaje literario. 5.4 Expresar emociones, ideas y pensamientos a través de manifestaciones artísticas y culturales, disfrutando del proceso creativo. 5.5 Expresar gustos, preferencias y opiniones sobre distintas manifestaciones artísticas, explicando las emociones que produce su disfrute. Saberes básicos. A. Intención e interacción comunicativas. – Repertorio comunicativo y elementos de comunicación no verbal. – Comunicación interpersonal: empatía y asertividad. – Convenciones sociales del intercambio lingüístico en situaciones comunicativas que potencien el respeto y la igualdad: atención, escucha activa, turnos de diálogo y alternancia. B. Las lenguas y sus hablantes. – Repertorio lingüístico individual. – La realidad lingüística del entorno. Fórmulas o expresiones que responden a sus necesidades o intereses. – Aproximación a la lengua extranjera. Elementos para una comunicación funcional básica. C. Comunicación verbal oral: expresión, comprensión y diálogo. – El lenguaje oral en situaciones cotidianas: conversaciones, juegos de interacción social y expresión de vivencias. – Textos orales formales e informales. – Intención comunicativa de los mensajes. – Verbalización de la secuencia de acciones en una acción planificada. – Discriminación auditiva y conciencia fonológica. D. Aproximación al lenguaje escrito. – Los usos sociales de la lectura y la escritura. Funcionalidad y significatividad en situaciones comunicativas. – Textos escritos en diferentes soportes. – Intención comunicativa y acercamiento a las principales características textuales y paratextuales. Primeras hipótesis para la interpretación y compresión. – Las propiedades del sistema de escritura: hipótesis cuantitativas y cualitativas. – Aproximación al código escrito desde las escrituras indeterminadas. – Otros códigos de representación gráfica: imágenes, símbolos, números… – Iniciación a estrategias de búsqueda de información, reelaboración y comunicación. – Situaciones de lectura individual o a través de modelos lectores de referencia. E. Aproximación a la educación literaria. – Textos literarios infantiles orales y escritos adecuados al desarrollo infantil, que preferiblemente desarrollen valores sobre cultura de paz, derechos de la infancia, igualdad de género y diversidad funcional y étnico-cultural. – Vínculos afectivos y lúdicos con los textos literarios. – Conversaciones y diálogos en torno a textos literarios libres de todo tipo de prejuicios y estereotipos. F. El lenguaje y la expresión musicales. – Posibilidades sonoras, expresivas y creativas de la voz, el cuerpo, los objetos cotidianos de su entorno y los instrumentos. – Propuestas musicales en distintos formatos. – El sonido, el silencio y sus cualidades. El código musical. – Intención expresiva en las producciones musicales. – La escucha musical como disfrute. G. El lenguaje y la expresión plásticos y visuales. – Materiales específicos e inespecíficos, elementos, técnicas y procedimientos plásticos. – Intención expresiva de producciones plásticas y pictóricas.  – Manifestaciones plásticas variadas. Otras manifestaciones artísticas. H. El lenguaje y la expresión corporales. – Posibilidades expresivas y comunicativas del propio cuerpo en actividades individuales y grupales libres de prejuicios y estereotipos sexistas. – Juegos de expresión corporal y dramática. I. Alfabetización digital. – Aplicaciones y herramientas digitales con distintos fines: creación, comunicación, aprendizaje y disfrute. – Uso saludable y responsable de las tecnologías digitales. – Lectura e interpretación crítica de imágenes e información recibida a través de medios digitales. – Función educativa de los dispositivos y elementos tecnológicos de su entorno. ANEXO III Situaciones de aprendizaje La adquisición efectiva de las competencias clave descritas en el anexo I del presente real decreto se verá favorecida por el desarrollo de una metodología que reconozca a los niños y las niñas como agentes de su propio aprendizaje. Para ello se propone diseñar situaciones de aprendizaje estimulantes, significativas e integradoras, bien contextualizadas y respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones, que tengan en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades, así como las diferentes formas de comprender la realidad en cada momento de la etapa. Las situaciones de aprendizaje deben plantear un reto o problema de cierta complejidad en función de la edad y el desarrollo del niño o la niña, cuya resolución creativa implique la movilización de manera integrada de lo aprendido en las tres áreas en las que se organiza la etapa, a partir de la realización de distintas tareas y actividades. Asimismo, deben partir del planteamiento claro y preciso de los objetivos que se esperan conseguir y cuyo logro suponga la integración de un conjunto de saberes básicos. Además, deben proporcionarse escenarios en los que se favorezcan distintos tipos de agrupamiento, desde el individual al trabajo en grupos, para que el alumnado pueda asumir responsabilidades individuales, así como trabajar de manera cooperativa para afrontar la resolución del reto planteado. Estas situaciones favorecerán la transferencia de los aprendizajes adquiridos a la resolución de un problema de la realidad cotidiana del niño o la niña, en función de su progreso madurativo. En su diseño, se debe favorecer el desarrollo progresivo de un enfoque crítico y reflexivo, así como el abordaje de aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad, el respeto a la diferencia o la convivencia, iniciándose en la gestión de las posibles situaciones de conflicto mediante el diálogo y el consenso. De igual modo, se deben tener en cuenta las condiciones personales, sociales o culturales de niños y niñas, para detectar y dar respuesta a los elementos que pudieran generar exclusión.

El decreto de la educación infantil marca pautas (la mayoría voluntarias para las CCAA, con las competencias) en el primer ciclo (0-3 años) y dice que se promoverá ir consiguiendo que esa etapa también sea gratuita. En abierto, sin plazo para conseguirlo.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, introduce en la anterior redacción de la norma importantes cambios, muchos de ellos derivados, tal y como indica la propia ley en su exposición de motivos, de la conveniencia de revisar las medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030. Atendiendo a este enfoque, el título preliminar del nuevo texto de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluye, entre los principios y fines de la educación, el cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Al mismo tiempo, la ley reformula, en primer lugar, la definición de currículo, enumerando los elementos que lo integran y señalando a continuación que su configuración deberá estar orientada a facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y alumnas, garantizando su formación integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándolos para el ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la sociedad actual, sin que en ningún caso esta configuración pueda suponer una barrera que genere abandono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación. En consonancia con esta visión, la ley, manteniendo el enfoque competencial que aparecía ya en el texto original, hace hincapié en el hecho de que esta formación integral necesariamente debe centrarse en el desarrollo de las competencias. Asimismo, se modifica la anterior distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en lo relativo a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas. De este modo, corresponderá al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, fijar, en relación con los objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las enseñanzas mínimas. Las administraciones educativas, a su vez, serán las responsables de establecer el currículo correspondiente para su ámbito territorial, del que formarán parte los aspectos básicos antes mencionados. Finalmente, corresponderá a los centros educativos desarrollar y completar, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso de su autonomía, tal y como se recoge en la propia ley. Con relación a la Educación Infantil, el nuevo texto incorpora a la ordenación y a los principios pedagógicos de la etapa el respeto a la específica cultura de la infancia que definen la Convención sobre los Derechos del Niño y las Observaciones Generales de su Comité. En desarrollo de lo anteriormente expuesto, el objeto de este real decreto es establecer las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, entendida como una etapa educativa única, con identidad propia y organizada en dos ciclos que responden ambos a una misma intencionalidad educativa. Partiendo de esta visión de conjunto, en uso de la competencia estatal para la ordenación general del sistema educativo y para la fijación de las enseñanzas mínimas recogida en el artículo 6 bis de la ley, y recogiendo al mismo tiempo el mandato del artículo 14.7, que por primera vez encomienda al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, la definición de los contenidos educativos del currículo del primer ciclo, este real decreto define los objetivos, fines y principios generales y pedagógicos del conjunto de la etapa, así como las competencias clave cuyo desarrollo deberá iniciarse desde el comienzo mismo de la escolarización. Además, para cada una de las áreas, se fijan las competencias específicas previstas para la etapa, así como los criterios de evaluación y los saberes básicos establecidos para cada ciclo. Por otra parte, con carácter meramente orientativo y con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica, se propone una definición de situación de aprendizaje y se establecen principios para su diseño. Por último, se incluyen en esta norma otras disposiciones referidas a aspectos esenciales de la ordenación de la etapa, como la evaluación, la atención a las diferencias individuales y la autonomía de los centros. El presente real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En lo que se refiere a los principios de necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de las enseñanzas de Educación Infantil conforme a la nueva redacción de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene la regulación imprescindible de la estructura de estas enseñanzas al no existir ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos. Conforme a los principios de seguridad jurídica y eficiencia, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos. Cumple también con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su propósito y durante el procedimiento de elaboración de la norma se ha permitido la participación activa de los potenciales destinatarios a través del trámite de audiencia e información pública. El presente real decreto tiene carácter de norma básica y se dicta, al amparo de las competencias que atribuye al Estado el artícul ### RESUMEN: El decreto de la educación infantil marca pautas (la mayoría voluntarias para las CCAA, con las competencias) en el primer ciclo (0-3 años) y dice que se promoverá ir consiguiendo que esa etapa también sea gratuita. En abierto, sin plazo para conseguirlo.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el conflicto positivo de competencia núm. 6328-2003 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación preescolar. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 24 de octubre de 2003, la Letrada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia contra el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación preescolar. El conflicto se fundamenta en los motivos que, resumidamente, se exponen a continuación: La Letrada de la Generalitat de Cataluña, tras hacer referencia al cumplimiento de los trámites preceptivos para el planteamiento del conflicto, comienza señalando que la impugnación del Real Decreto 828/2003 se sustenta en los mismos criterios que determinaron el planteamiento de recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación. Señala que la educación preescolar no forma parte de las enseñanzas escolares, suponiendo la nueva orientación un cambio sustancial respecto del sistema de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo. Así, en la medida en que la propia Ley Orgánica de calidad de la educación no ha incluido la educación preescolar entre las enseñanzas escolares, dicha educación tiene un carácter asistencial que excluye la aplicación del art. 149.1.1 y 30 CE, debiendo incardinarse su normativa en la materia de «asistencia social», competencia exclusiva de la Generalitat, conforme al art. 9.25 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La demanda rechaza que el Real Decreto 828/2003 pueda sustentarse en el art. 149.1.1 y 30 CE. En cuanto al art. 149.1.1 CE, no puede configurarse como título aplicable en esta materia (con cita de la STC 188/2001, de 20 de septiembre). Por lo que respecta al art. 149.1.30 CE señala que este título competencial no permite al Estado adoptar una normativa como la impugnada en la medida que estas enseñanzas no forman parte del sistema educativo al tener un carácter principalmente asistencial, tal como resulta del preámbulo y del art. 7 de la Ley Orgánica de calidad de la educación. La Letrada de la Generalitat de Cataluña entiende justificada la referencia del art. 10 de esta Ley Orgánica a los componentes educativos de la etapa pero, más allá de dicha determinación, de la necesaria cualificación de los profesionales, del carácter voluntario y de la necesidad de que las administraciones educativas garanticen una oferta suficiente, entiende que no hay otros aspectos educativos que puedan ser establecidos como básicos por el Estado. Por ello, argumenta que la intervención estatal en esta etapa ha de limitarse a los principios ya previstos en la Ley Orgánica de calidad de la educación, correspondiendo a la Generalitat de Cataluña, en el ejercicio de sus competencias en materia de asistencia social, establecer los requisitos de los profesionales que presten atención a los niños así como los requisitos de los centros, en cuanto que tales cuestiones se inscriben también, en el ámbito competencial de la asistencia social. Recuerda al respecto los criterios de la doctrina constitucional en la materia para concluir que la regulación impugnada ha de encuadrarse en el conjunto de medidas promovidas por los poderes públicos para conciliar la vida familiar y laboral, quedando su carácter marcadamente asistencial confirmado por el Real Decreto 2217/1979, de 7 de septiembre, por el que se transfirieron a la Generalitat de Cataluña diversas competencias en materia de sanidad, y por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en relación con la transferencia de determinadas funciones y servicios en materia de educación preescolar. Finalmente, citando el art. 14 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, el escrito de interposición del conflicto reconoce la facultad del Gobierno para, en el ejercicio de sus competencias básicas, determinar, entre otras cuestiones, la titulación académica del profesorado y los requisitos mínimos de las instalaciones, si bien entiende que esa misma competencia no le habilita para fijar cual debe ser la titulación académica de las personas que vayan a atender a niños menores de tres años ni para establecer los requisitos de los centros, ya que estamos en el ámbito de la asistencia social. Concluye la Letrada de la Generalitat de Cataluña señalando que la impugnación se refiere a la norma en su totalidad, puesto que su objeto exclusivo es la determinación de los requisitos básicos de los profesionales y de los requisitos mínimos de los centros, por lo que carecería de sentido impugnar únicamente los arts. 3, 4 y 5 y las disposiciones transitoria única y finales primera y segunda, admitiendo la competencia estatal para regular los principios generales, art. 1 y los ámbitos, art. 2, puesto que estos se limitan a reproducir los apartados 1 y 4 del art. 10 de la Ley Orgánica de calidad de la educación. 2. Por providencia de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2003 se acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia en relación con el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación preescolar, dar traslado de la demanda y documentos presentados al Gobierno, por conducto de su Presidente, para que en el plazo de veinte días y, por medio de la representación procesal que determina el art. 82.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), aporte cuantos documentos y alegaciones considere convenientes. Igualmente se acordó comunicar la incoación del conflicto a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por si ante la misma estuvieran impugnados o se impugnaren los citados preceptos, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el art. 61.2 LOTC, así como publicar la incoación del conflicto en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña». 3. El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, se personó en el proceso por escrito registrado el día 30 de diciembre de 2003 instando la desestimación del conflicto conforme a los siguientes argumentos. El representante del Gobierno alude, en primer lugar, a que la educación preescolar tiene como finalidad primordial la atención educativa, sin excluir su carácter asistencial a la primera infancia, pues se vincula a factores y procesos evolutivos relacionados con las experiencias, el desarrollo y los aprendizajes propios de las edades a las que está dirigida. La segregación de la educación preescolar respecto de la división en dos ciclos del sistema anterior no supone en absoluto que se prescinda del aspecto educativo de esta etapa, como se pone de manifiesto de forma muy clara en la Ley Orgánica de calidad de la educación, en especial su art. 10.5 relativo a los fines de esta etapa, que conecta directamente con el art. 27.2 CE. Se refiere el Abogado del Estado en segundo lugar al concepto de asistencia social en la doctrina constitucional, señalando que cada una de las actividades, en el ámbito de la educación preescolar, que vengan anudadas a este concepto constitucional son materia objeto de competencia autonómica. Sin embargo, el establecimiento de las normas reguladoras de los fines pedagógicos de los centros, de los requisitos básicos de titulación o de la calificación profesional de los profesionales y de los requisitos mínimos que han de reunir los centros educativos, corresponden al Estado, en cuanto que forman parte del sistema educativo, sin que el carácter voluntario de esta educación pueda desnaturalizar esa conclusión. Defiende a continuación la representación procesal del Gobierno la competencia estatal para dictar la regulación de la ordenación general del sistema educativo y las normas básicas para el desarrollo del art. 27 CE. La norma impugnada responde a esta competencia en cuanto tiene un contenido sustancialmente normativo que le permite fijar propósitos, principios, objetivos y métodos preordenados al fin educativo y que permiten a las Comunidades Autónomas adoptar sus propias alternativas. Además, entiende que los contenidos regulados por la disposición impugnada son elementos conformadores del núcleo del derecho a la educación, siendo perfectamente constitucional el uso de la potestad reglamentaria para regular aspectos básicos de una materia que exige un tratamiento particularizado. 4. Por providencia de 26 de febrero de 2013 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. La presente resolución ha de resolver el conflicto positivo de competencia planteado por la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación preescolar. Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña considera que dicha norma resulta contraria al orden constitucional de distribución de competencias, pues estima que la educación preescolar no forma parte del sistema educativo, teniendo un carácter asistencial que excluye la posibilidad de dictar una norma como la impugnada, que no podría fundamentarse en las competencias estatales de los arts. 149.1.1 y 149.1.30 CE, debiendo incardinarse la atención a los niños de esta edad en las competencias exclusivas autonómicas en materia de asistencia social. Dicha queja, formulada en primera instancia contra la totalidad de la norma, se singulariza en relación con los preceptos de la misma relativos a los requisitos básicos de los profesionales (art. 3) así como los requisitos mínimos de los centros destinados a esta finalidad (art. 4 y disposición transitoria única). A los anteriores planteamientos se ha opuesto el Abogado del Estado señalando que la regulación objeto del presente conflicto tiene un claro componente educativo y se ampara en los arts. 149.1.1 y 149.1.30 CE. 2. Expuestas las posiciones de las partes en el proceso debemos previamente despejar dos órdenes de cuestiones. a) En primer lugar resulta preciso considerar la incidencia que pueda tener en el proceso el hecho de que el Real Decreto 828/2003, objeto del conflicto, no se encuentre en vigor en el momento de dictar la presente Sentencia, pues el mismo fue derogado expresamente por el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil. En este sentido, la disposición transitoria única del citado Real Decreto 1630/2006, establece que hasta la implantación de la nueva ordenación de la educación infantil de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, las enseñanzas mínimas de esta etapa se regirán por lo establecido, entre otros, por el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio. Dicha implantación estaba prevista en el art. 3 del citado Real Decreto 806/2006, conforme a los siguientes criterios: antes de la fecha de implantación del primer ciclo de la educación infantil y, en todo caso, antes del 31 de diciembre del año 2007, las Administraciones educativas debían determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.7 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, de manera que, en el año académico 2008-2009, las Administraciones educativas implantasen las enseñanzas correspondientes al primer y segundo ciclo de la educación infantil y dejaran de impartir, entre otras, las enseñanzas de preescolar definidas por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación. Constatado así tanto que la norma impugnada ha sido derogada como que sus previsiones ya no son aplicables, siquiera de forma transitoria, debemos plantearnos los efectos que dicha circunstancia tiene en relación con lo señalado por nuestra doctrina sobre la pérdida de objeto en los procesos constitucionales, en particular, en aquellos en los que, como en el presente, se ventilan discrepancias puramente competenciales. En ese sentido, como recuerda la STC 194/2012, de 31 de octubre, FJ 2, con cita de la STC 99/2012, de 8 de mayo, FJ 2 c): «Hay que tener en cuenta que en las controversias de alcance competencial como la que nos ocupa, es necesario apreciar los efectos que tiene sobre el conflicto la entrada en vigor de nueva normativa reguladora de algunos de los aspectos en discusión, aunque no se haya impugnado. Esta operación valorativa deberemos hacerla de acuerdo con lo que nuestra doctrina reitera, esto es, ‘hay que huir de todo automatismo, siendo necesario atender a las circunstancias concurrentes en cada caso, y, ante todo, a la pervivencia de la controversia competencial, esto es, si la disputa sobre la titularidad competencial sigue o no viva entre las partes’ (STC 147/1998, FJ 3, y jurisprudencia allí citada).» Asimismo, junto al criterio que se acaba de reproducir, procede recordar que, en este tipo de procesos promovidos por causa de vulneración del orden constitucional de competencias, tenemos establecido que si «la normativa en relación con la cual se trabó el conflicto no es simplemente derogada, sino parcialmente sustituida por otra que viene a plantear en esencia los mismos problemas competenciales, la doctrina de este Tribunal avala la conclusión de la no desaparición del objeto del conflicto» [STC 194/2012, FJ 2, con cita de la STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 2 b)]. Es decir, conforme a la doctrina que se acaba de exponer debemos ahora plantearnos las consecuencias que los cambios normativos acaecidos durante la pendencia del proceso tienen respecto a la pervivencia de su objeto (en el mismo sentido AATC 244/2012 y 245/2012, ambos de 18 de diciembre). En esa ponderación que, conforme a esta doctrina, exige la valoración sobre la pérdida de objeto puede, sin duda, deducirse que los cambios normativos antes mencionados han supuesto la desaparición sobrevenida de parte del objeto del proceso. En efecto, la Generalitat de Cataluña formula en realidad tres quejas respecto al Real Decreto 828/2003. La primera, que afecta al conjunto de la norma, se refiere a su encaje en el sistema constitucional de distribución de competencias, ya que, como se ha dejado constancia en los antecedentes, entiende que las cuestiones relacionadas con la atención a los niños de 0 a 3 años de edad a los que se refiere la norma impugnada encuentran su ámbito preferente de encuadramiento en la materia asistencia social de suerte que, una vez fijados los elementos educativos de esta etapa por la Ley Orgánica de calidad de la educación, el resto de las cuestiones a regular ha de corresponder a la Comunidad Autónoma en atención al carácter asistencial que se atribuye a esta etapa. Relacionada con esta primera queja, se han formulado otras dos, relativas, respectivamente, al establecimiento por el Estado de los requisitos de titulación de los profesionales encargados de la atención a los niños en esta etapa y a las condiciones que han de reunir los centros en los que se imparta. Pues bien, respecto a la primera de ellas, tacha genérica acerca del carácter asistencial y no educativo de la etapa, es de apreciar que la controversia subsiste, ya que la Ley Orgánica de educación se refiere en sus arts. 12 a 15 a la educación infantil, indicando que la misma «constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años de edad» (art. 12.1 Ley Orgánica de educación), estableciéndose en el art. 13 los objetivos perseguidos en esta etapa educativa y en el art. 14 lo relativo a su ordenación así como los principios pedagógicos a aplicar. También pervive la queja relativa a la competencia para determinar los requisitos del personal a cargo de los niños que se encuentren en esta etapa, pues el art. 92.1 de la Ley Orgánica de educación se refiere a dicha cuestión en unos términos muy similares a los del art. 3 del Real Decreto 828/2003. No sucede lo mismo, sin embargo, con lo relativo a los requisitos de los centros, pues, según el art. 14.7 de la Ley Orgánica de educación, las administraciones educativas «regularán los requisitos que hayan de cumplir los centros que impartan dicho ciclo, relativos, en todo caso, a la relación numérica alumnado-profesor, a las instalaciones y al número de puestos escolares». Procede entonces considerar que la controversia trabada en torno a este último aspecto ha desaparecido en la medida en que el Estado ya no mantiene su voluntad de determinar tales cuestiones (en el mismo sentido, STC 99/2012, 8 de mayo, FJ 8), lo que se traduce es que debamos apreciar la desaparición sobrevenida de la queja que, vinculada a la principal, se dirige a los preceptos del Real Decreto 828/2003 que hacen referencia a esta cuestión, esto es, al art. 4 y a la disposición transitoria única. Por tanto, ha de alcanzarse la conclusión de que, pese a su derogación, el conflicto de competencias promovido frente al Real Decreto 828/2003 mantiene vivo su objeto respecto del carácter asistencial y no educativo de la regulación que contiene, así como en relación con los requisitos básicos a cumplir por los profesionales encargados de la atención a los niños en esta etapa que se establecen en el art. 3. b) En segundo lugar, también deberemos tener en cuenta que la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, (en adelante, EAC) ha entrado en vigor con posterioridad a la admisión a trámite de este conflicto de competencia, por lo que, nuevamente de acuerdo con nuestra doctrina [por todas, STC 134/2011, de 20 de julio, FJ 2 d)], las cuestiones que se controvierten se decidirán teniendo en cuenta las prescripciones del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña que puedan ser de aplicación. 3. Entrando ya a examinar la primera de las quejas formuladas, la misma ha de reputarse resuelta por la doctrina que este Tribunal ha establecido en la STC 184/2012, de 17 de octubre, FJ 5 a), doctrina que permite ya descartar la pretensión que informa la demanda. En efecto, en dicha Sentencia y fundamento jurídico, al examinar el entonces impugnado art. 10.2 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, relativo a la educación preescolar, dejamos claramente establecido que «el cuestionado art. 10.2 se inserta en la competencia estatal de ordenación del sistema educativo, del que, indudablemente, forma parte esta etapa, y ha de atenerse a los principios pedagógicos que formula el art. 10.5 de la Ley Orgánica, precepto que concreta los aspectos a los que ha de prestarse atención en esta fase de educación. Extremos todos ellos que permiten descartar las alegaciones en las que se funda la tacha de inconstitucionalidad formulada», así como también «que la educación preescolar forma indudablemente parte del sistema educativo, tal como dispone el no impugnado art. 7 de la Ley Orgánica de calidad de la educación en sus apartados 1 y 2, norma que, por lo demás, deja claramente establecido que la escolarización en esta etapa educativa depende de la decisión de los padres, voluntariedad de la decisión paterna que, como es evidente, en nada afecta a las responsabilidades que las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, han de asumir como consecuencia de la inclusión de la educación preescolar en el sistema educativo y que se concretan, entre otras, en la necesidad de garantizar la existencia de un número de plazas suficientes para asegurar la escolarización de la población que la solicite.» Doctrina que se ha reiterado en las SSTC 212/2012, de fecha 13 de diciembre, FJ 5; 213/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; 214/2012, de 13 de diciembre, FJ 8 a); y, finalmente, 3/2013, de 17 de enero, FJ 3. Esta conclusión ésta que, en todo caso, ya se avanzaba en la STC 31/2010, de 28 de junio, en la que al examinar el art. 132.2 EAC, que consideraba competencia exclusiva autonómica, entre otras, «la determinación de los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil y la regulación de los centros en los que se imparte dicho ciclo, así como la definición de las plantillas del profesorado y las titulaciones y especializaciones del personal restante», afirmamos que «[s]e trata, en efecto, a diferencia de lo que sucede con el art. 131.1 EAC, de materias claramente encuadradas en el ámbito de la ‘educación’ y, por tanto, directamente afectadas por los arts. 27, 81.1 y 149.1.30 CE, determinantes de una serie de reservas a favor del Estado que, como tenemos repetido, no quedan desvirtuadas por la calificación estatutaria de determinadas competencias autonómicas como exclusivas, pues el sentido y alcance de esa expresión sólo puede ser el que, con carácter general, admite, en su interpretación constitucionalmente conforme, el art. 110 EAC (fundamentos jurídicos 59 y 64).» (FJ 77). En suma, por lo expuesto no queda sino desestimar la queja formulada, sin perjuicio de advertir que, en realidad, los arts. 1 y 2 del Real Decreto 828/2003 en los que la queja puede esencialmente residenciarse no son sino una mínima concreción de lo dispuesto en el art. 10.5 de la Ley Orgánica de calidad de la educación, guardando, además, evidentes similitudes con los objetivos de la educación infantil, y como tales dirigidos a niños de cero a seis años de edad, establecidos en la vigente de la Ley Orgánica de educación. 4. En cuanto al art. 3 del Real Decreto 828/2003, el mismo intitulado requisitos básicos de los profesionales, dispone que «[l]a Educación Preescolar será impartida por maestros con la especialidad de Educación Infantil, Técnicos Superiores en Educación Infantil o por otros profesionales con la debida cualificación para prestar una atención apropiada a los niños de esta edad.» El encuadramiento de la cuestión debatida en el ámbito educativo, conforme a la doctrina que ya ha quedado expuesta, conduce derechamente a la desestimación de la impugnación. El reconocimiento del carácter educativo de esta etapa es entonces motivo suficiente para que la queja no pueda prosperar, pues, como la propia demanda reconoce, el Estado está competencialmente habilitado para, en el ejercicio de sus competencias en materia de educación, determinar, entre otras cuestiones, la titulación académica que ha de reunir el profesorado encargado de impartir las enseñanzas propias de cada etapa educativa, tal como al respecto establece el art. 14 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación. Además, como su tenor literal pone de manifiesto, el Estado ha establecido dichos requisitos básicos de forma flexible, pues no excluye la intervención autonómica en la materia. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido 1.º Declarar extinguido, por desaparición sobrevenida de su objeto, el presente conflicto positivo de competencias en lo que respecta al art. 4 y a la disposición transitoria única del Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación preescolar. 2.º Desestimar el conflicto en todo lo demás. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintiocho de febrero de dos mil trece.–Pascual Sala Sánchez.–Ramón Rodríguez Arribas.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Francisco José Hernando Santiago.–Adela Asua Batarrita.–Luis Ignacio Ortega Álvarez.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.

Dice el Constitucional que el Estado sí tiene competencias en educación preescolar

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Pascual Sala Sánchez, Presidente, don Ramón Rodríguez Arribas, don Manuel Aragón Reyes, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré y don Juan José González Rivas, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el conflicto positivo de competencia núm. 6328-2003 interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación preescolar. Ha formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Ramón Rodríguez Arribas, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 24 de octubre de 2003, la Letrada de la Generalitat de Cataluña, en la representación que legalmente ostenta, promueve conflicto positivo de competencia contra el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos básicos de la educación preescolar. El conflicto se fundamenta en los motivos que, resumidamente, se exponen a continuación: La Letrada de la Generalitat de Cataluña, tras hacer referencia al cumplimiento de los trámites preceptivos para el planteamiento del conflicto, comienza señalando que la impugnación del Real Decreto 828/2003 se sustenta en los mismos criterios que determinaron el planteamiento de recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de calidad de la educación. Señala que la educación preescolar no forma parte de las enseñanzas escolares, suponiendo la nueva orientación un cambio sustancial respecto del sistema de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo. Así, en la medida en que la propia Ley Orgánica de calidad de la educación no ha incluido la educación preescolar entre las enseñanzas escolares, dicha educación tiene un carácter asistencial que excluye la aplicación del art. 149.1.1 y 30 CE, debiendo incardinarse su normativa en la materia de «asistencia social», competencia exclusiva de la Generalitat, conforme al art. 9.25 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. La demanda rechaza que el Real Decreto 828/2003 pueda sustentarse en el art. 149.1.1 y 30 CE. En cuanto al art. 149.1.1 CE, no puede configurarse como título aplicable en esta materia (con cita de la STC 188/2001, de 20 de septiembre). Por lo que respecta al art. 149.1.30 CE señala que este título competencial no permite al Estado adoptar una normativa como la impugnada en la medida que estas enseñanzas no forman parte del sistema educativo al tener un carácter principalmente asistencial, tal como resulta del preámbulo y del art. 7 de la Ley Orgánica de calidad de la educación. La Letrada de la Generalitat de Cataluña entiende justificada la referencia del art. 10 de esta Ley Orgánica a los componentes educativos de la etapa pero, más allá de dicha determinación, de la necesaria cualificación de los profesionales, del carácter voluntario y de la necesidad de que las administraciones educativas garanticen una oferta suficiente, entiende que no hay otros aspectos educativos que puedan ser establecidos como básicos por el Estado. Por ello, argumenta que la intervención estatal en esta etapa ha de limitarse a los principios ya previstos en la Ley Orgánica de calidad de la educación, correspondiendo a la Generalitat de Cataluña, en el ejercicio de sus competencias en materia de asistencia social, establecer los requisitos de los profesionales que presten atención a los niños así como los requisitos de los centros, en cuanto que tales cuestiones se inscriben también, en el ámbito competencial de la asistencia social. Recuerda al respecto los criterios de la doctrina constitucional en la materia para concluir que la regulación impugnada ha de encuadrarse en el conjunto de medidas promovidas por los poderes públicos para conciliar la vida familiar y laboral, quedando su carácter marcadamente asistencial confirmado por el Real Decreto 2217/1979, de 7 de septiembre, por el que se transfirieron a la Generalitat de Cataluña diversas competencias en materia de sanidad, y por el Real Decreto 2809/1980, de 3 de octubre, en relación con la transferencia de determinadas funciones y servicios en materia de educación preescolar. Finalmente, citando el art. 14 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, el escrito de interposición del conflicto reconoce la facultad del Gobierno para, en el ejercicio de sus competencias básicas, determinar, entre otras cuestiones, la titulación académica del profesorado y los requisitos mínimos de las instalaciones, si bien entiende que esa misma competencia no le habilita para fijar cual debe ser la titulación académica de las personas que vayan a atender a niños menores de tres años ni para establecer los requisitos de los centros, ya que estamos en el ámbito de la asistencia social. Concluye la Letrada de la Generalitat de Cataluña señalando que la impugnación se refiere a la norma en su totalidad, puesto que su objeto exclusivo es la determinación de los requisitos básicos de los profesionales y de los requisitos mínimos de los centros, por lo que carecería de sentido impugnar únicamente los arts. 3, 4 y 5 y las disposiciones transitoria única y finales primera y segunda, admitiendo la competencia estatal para regular los principios generales, art. 1 y los ámbitos, art. 2, puesto que estos se limitan a reproducir los apartados 1 y 4 del art. 10 de la Ley Orgánica de calidad de la educación. 2. Por providencia de la Sección Segunda del Tribunal Constitucional de 2 de diciembre de 2003 se acordó admitir a trámite el conflicto positivo de competencia en relación con el Real Decreto 828/2003, de 27 de junio, por el que se establecen los aspectos educativos b ### RESUMEN: Dice el Constitucional que el Estado sí tiene competencias en educación preescolar

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es. c) Número de expediente: 075/12-ED Lote 1 y Lote 2. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Prestación de un Servicio de Auditoría, Mejora Web y Marketing Online. c) Lote: Dos. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79961100; 92111210; 72413000; 72810000; 72220000; 72222100; 72316000; 72330000; 79413000; 79340000; 79140000; 79530000. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, Plataforma de Contratación del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/10/2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.415.255,74 euros. Importe total: 4.132.459,45 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 18/04/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 06/06/2013. c) Contratista: UTE Neoris España, S.L. Alcandora Publicidad, S.L. (Lote 1 y Lote 2). d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.415.255,74 euros. Importe total: 4.132.459,45 euros. Madrid, 11 de junio de 2013.- D. Luis Santa-María Pérez, Secretario General.

Red.es contrata a Neoris y Alcandora para mejoras web y marketing de hoteles y casas rurales por importe total de 4.132.459,45 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es. c) Número de expediente: 075/12-ED Lote 1 y Lote 2. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Prestación de un Servicio de Auditoría, Mejora Web y Marketing Online. c) Lote: Dos. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79961100; 92111210; 72413000; 72810000; 72220000; 72222100; 72316000; 72330000; 79413000; 79340000; 79140000; 79530000. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil del Contratante, Plataforma de Contratación del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/10/2012. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 3.415.255,74 euros. Importe total: 4.132.459,45 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 18/04/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 06/06/2013. c) Contratista: UTE Neoris España, S.L. Alcandora Publicidad, S.L. (Lote 1 y Lote 2). d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.415.255,74 euros. Importe total: 4.132.459,45 euros. Madrid, 11 de junio de 2013.- D. Luis Santa-María Pérez, Secretario General. ### RESUMEN: Red.es contrata a Neoris y Alcandora para mejoras web y marketing de hoteles y casas rurales por importe total de 4.132.459,45 euros.

De conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por el que se establece que las entidades que deban aplicar principios contables públicos, así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil publicarán anualmente en el «Boletín Oficial del Estado» el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Pasaia correspondientes al ejercicio 2012, que figura como anexo a esta resolución. Pasaia, 31 de octubre de 2013.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Ricardo Peña Quintela. ANEXO

Resumen de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Pasaia correspondientes al ejercicio 2012

De conformidad con lo establecido en el artículo 136.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por el que se establece que las entidades que deban aplicar principios contables públicos, así como las restantes que no tengan obligación de publicar sus cuentas en el Registro Mercantil publicarán anualmente en el «Boletín Oficial del Estado» el balance de situación y la cuenta del resultado económico-patrimonial y un resumen de los restantes estados que conforman las cuentas anuales, se hace pública la información contenida en el resumen de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Pasaia correspondientes al ejercicio 2012, que figura como anexo a esta resolución. Pasaia, 31 de octubre de 2013.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, Ricardo Peña Quintela. ANEXO ### RESUMEN: Resumen de las cuentas anuales de la Autoridad Portuaria de Pasaia correspondientes al ejercicio 2012

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía Mayor. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Oficialía Mayor. 2) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28012. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.maec.es. d) Número de expediente: 2014.12.001.C. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Administrativo Especial. b) Descripción: Servicio de cafetería-comedor en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el edificio de Torres Ágora. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 0,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 26/05/2014. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Palacio de Santa Cruz, Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 2) Domicilio: C/ El Salvador, 1. 3) Localidad y código postal: 28012 Madrid. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Palacio de Santa Cruz, edificio moderno, Plaza de la Provincia, 1. c) Localidad y código postal: Madrid, 28012. d) Fecha y hora: Sobre n.º 2, el 05/06/2014, a las 10:30 horas. Sobre n.º 3, el 12/06/2014. Madrid, 30 de abril de 2014.- El Director General del Servicio Exterior, don Enrique Ruiz Molero.

Hay cafeterías en edificios públicos que se licitan sin coste, el empresario saca lo que gane.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía Mayor. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Oficialía Mayor. 2) Domicilio: Plaza de la Provincia, 1. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28012. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.maec.es. d) Número de expediente: 2014.12.001.C. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Administrativo Especial. b) Descripción: Servicio de cafetería-comedor en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el edificio de Torres Ágora. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe total: 0,00 euros. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 26/05/2014. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Palacio de Santa Cruz, Registro General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 2) Domicilio: C/ El Salvador, 1. 3) Localidad y código postal: 28012 Madrid. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Palacio de Santa Cruz, edificio moderno, Plaza de la Provincia, 1. c) Localidad y código postal: Madrid, 28012. d) Fecha y hora: Sobre n.º 2, el 05/06/2014, a las 10:30 horas. Sobre n.º 3, el 12/06/2014. Madrid, 30 de abril de 2014.- El Director General del Servicio Exterior, don Enrique Ruiz Molero. ### RESUMEN: Hay cafeterías en edificios públicos que se licitan sin coste, el empresario saca lo que gane.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 6050-2012, promovido por Radio Castellón, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar y asistida por el Abogado don Eduardo Aznar Giner, contra la providencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 21 de septiembre de 2012, que inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones formulado frente a la Sentencia de la misma Sala, núm. 257/2012, de 22 de mayo, desestimatoria del recurso de apelación que impugnaba la Sentencia de 22 de junio de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Castellón, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1149-2009, así como frente a la vía de hecho del Ayuntamiento de Castellón de la Plana que originó el antedicho recurso para la protección de derechos fundamentales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha comparecido el Procurador don Adolfo Morales Hernández-Sanjuán, en nombre y representación del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de octubre de 2012, el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar, en nombre y representación de Radio Castellón, S.A., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales y la vía de hecho del Ayuntamiento de Castellón de la Plana mencionadas en el encabezamiento. 2. Los hechos de los que trae causa la demanda son, en síntesis, los siguientes: a) La sociedad demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo por los trámites del procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales denunciando la inactividad de la Administración local demandada frente al requerimiento formulado por medio de escrito de 10 de noviembre de 2009. En este escrito se manifestaba no haber sido receptora de ninguna campaña publicitaria institucional en cinco años y se requería el cese inmediato de la exclusión discriminatoria que por la vía de hecho estaba sufriendo, así como el reconocimiento de los daños patrimoniales derivados de esa circunstancia. En su demanda, presentada en el Decanato de los Juzgados de Castellón en fecha de 23 de febrero de 2010, la representación procesal de Radio Castellón, S.A., ponía de manifiesto lo siguiente: i) que era titular de las emisoras radiofónicas Radio Castellón SER, 40 Principales Castellón, cadena Dial Castellón y M80 Radio Castellón, con difusión en el ámbito de la provincia de Castellón y asociadas a la cadena SER; ii) que a la Administración demandada (Ayuntamiento de Castellón de la Plana) le constaba –dato que procedía a acreditar mediante certificado del «Estudio general de medios»– que la cadena SER y sus radio-fórmulas contaban con la condición de líderes de audiencia en el ámbito territorial de referencia; iii) que la demandante ofrece precios que son acordes a su posición de liderazgo y repercusión mediática, y en todo caso análogos a los de la competencia, cadena COPE y Onda Cero; iv) que la Administración demandada, pese a lo anterior, la excluyó por completo de toda asignación de campañas de publicidad institucional desde el día 2 de abril de 2008; v) que ese modo de proceder evidenciaba una arbitrariedad discriminatoria; una directriz sistemática y sostenida en el tiempo a través de una vía de hecho, en tanto que repetida en cada una de las campañas institucionales sucesivas; vi) que la línea editorial no puede ser nunca razón legítima para que el Ayuntamiento demandado prescinda de quien es líder de audiencia en su territorio, no atisbándose, sin embargo, otra razón que explicase la actuación administrativa; vii) que el Ayuntamiento no ha explicitado criterio objetivo justificativo de esos hechos, tampoco con ocasión del requerimiento fehaciente efectuado en noviembre de 2009; viii) que dicho comportamiento infringe la regulación de la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana, los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación (art. 14 CE), así como a la libertad de expresión y de opinión (art. 20 CE), y expresa una vulneración de principios jurídicos básicos en las actuación de las Administraciones públicas, como los de imparcialidad, arbitrariedad y legalidad; y ix) su demanda daba cuenta, asimismo, del contraste de cuantías percibidas por Radio Castellón, S.A., en los distintos ejercicios: 82.822,99 euros de media anual entre los años 2004 y 2007; 17.400 euros en 2008 y cero euros de asignación presupuestaria en 2009. Con base en todo lo expuesto, suplicaba la declaración de vulneración de aquellos derechos fundamentales, la nulidad de la vía de hecho en la asignación discriminatoria de publicidad institucional, el cese de la misma y una reparación económica (equivalente al 80 por 100 de las contrataciones de publicidad institucional en medio radiofónico que la demandada hubiera asignado al medio radiofónico que obtuvo la mayor distribución en el periodo 2008-2009). El Ministerio Fiscal solicitó que se dictara Sentencia conforme a lo que quedara acreditado tras la práctica de la prueba. El Ayuntamiento de Castellón de la Plana, por su parte, se opuso a la demanda aduciendo: i) que la contratación de la publicidad institucional en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana respondió a los principios de la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana, y a los de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional; ii) que se procuró optimizar los recursos públicos sin perder impacto mediático y obteniendo la difusión necesaria para mantener informada a la ciudadanía; iii) que la demandante presenta los precios tarifarios de publicidad más caros del mercado radiofónico de la ciudad por unidad de cuña publicitaria en los horarios en que la inserción de campañas llega a la máxima audiencia, de suerte que, para equiparar presupuestos, la única posibilidad era contratar anuncios en horarios de baja audiencia, perdiéndose el impacto perseguido; iv) que la actuación del Ayuntamiento revela un legítimo ejercicio de la discrecionalidad administrativa con el fin de obtener la mayor satisfacción de los intereses generales, a los que debe servirse con preferencia según el art. 103.1 CE, y con el de lograr la máxima eficacia; v) que la demandante pretende comparar circunstancias que no admiten contraste, puesto que, pese a tener más audiencia, ésta no se consigue en todas las franjas horarias y sus tarifas son mucho más elevadas que las del resto de medios de comunicación radiofónicos (casi el doble respecto de Onda Cero y el triple respecto de la cadena COPE), por lo que no habría identidad de los supuestos fácticos ni, por consiguiente, un problema de igualdad de trato ex art. 14 CE. La Sentencia de 22 de junio de 2011, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Castellón, razonando acerca de los plazos de impugnación de la vía de hecho, subrayaba que la recurrente no dedicó un solo fundamento a argumentar por qué motivo demoró hasta el año 2009 –en que efectuó su requerimiento de cesación de vía de hecho– la pretensión de que se pusiera fin a una situación que se inició el 10 de noviembre de 2004, como tampoco a aclarar su falta de conocimiento de la presunta situación de discriminación hasta el año 2009. Con base en esos elementos, para desembocar finalmente en la inadmisión del recurso contencioso-administrativo, concluía: «aun cuando se considerara, acudiendo a hipótesis, necesario el transcurso de un ejercicio presupuestario, en este caso 2004, para que la recurrente tuviera conocimiento de la falta de contratación de publicidad por parte del Ayuntamiento, desde el 1 de enero de 2005 hasta la fecha de requerimiento, resulta obvio el transcurso del plazo máximo previsto en el art. 46.3 in fine LRJCA [Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa], desde que se inició la vía de hecho, o se tuvo conocimiento de su inicio. Pero es más, examinado el expediente, repara la parte en que no es cierto lo sostenido por ella en su requerimiento, sino que efectivamente le ha sido distribuida publicidad institucional en el periodo, y modifica su pretensión para circunscribirla al periodo 2008-2009, incurriendo en desviación procesal. Es por ello que se ha operado la caducidad de la acción ejercitada, procediendo la inadmisión del recurso conforme al art. 69 c) en relación con 46.3 y 30 LRJCA». b) La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior resolución judicial, que fue admitido, dictándose la Sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de fecha 22 de mayo de 2012. A juicio de la Sala, no podía acogerse la causa de inadmisibilidad apreciada en la instancia, pues no es de recibo responder con una excepción formal a lo que podría reputarse una vía de hecho administrativa de carácter continuado, con posible discriminación de la parte apelante. Esto es, mientras dicho comportamiento administrativo continúa, la posible vulneración de derechos fundamentales, de haberse producido, se prolonga en el tiempo y puede denunciarse en cualquier momento. En consecuencia, considera tempestivo el recurso. Rechazada la causa de inadmisibilidad fundada en la extemporánea reclamación, hace lo propio con la objeción de desviación procesal apreciada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Castellón, pues ese vicio, a criterio de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, no se manifiesta por la sobrevenida reducción en la demanda rectora del proceso del periodo de discriminación denunciado. Entrando en el examen de la cuestión de fondo, suscitada al amparo del art. 14 CE, la Sentencia de apelación aborda el juicio desde el prisma del principio general de igualdad (primer inciso del art. 14 CE). Invocando la doctrina del Tribunal Supremo sobre el concepto de «publicidad institucional», afirma que es lo suficientemente amplio como para comprender todo acto de contratación publicitaria que sea satisfecho por un ente o institución pública, cuyo objeto sea dar conocimiento de sus actividades con una vocación de difusión general, manifestada generalmente en su inclusión en más de un medio de comunicación. Asimismo, argumenta que el volumen de audiencia en la radiodifusión no es un dato caprichoso, arbitrario o irrelevante para dirimir la asignación de contratos de publicidad institucional, sino que, antes al contrario, el mismo responde a criterios y juicios de valor generalmente aceptados y consagrados constitucionalmente. Llegados a ese punto, sin embargo, declara que la vulneración constitucional a la que se alude en el recurso no se ha producido, «en la medida que la recurrente no aporta un término de comparación válido, indicativo de que haya una diferencia de trato por parte de la Administración contraria al art. 14 CE. Así es porque, si bien en los años 2008 y 2009, periodo al que la actora concreta su reclamación, se ha producido una disminución apreciable en la contratación de publicidad en favor de la mercantil recurrente, sin embargo, aun cuando se ha ofrecido a este Tribunal datos sobre la existencia de una mayor audiencia de las emisoras de la actora en relación con otras emisoras en la Provincia de Castellón, no obstante, ha quedado acreditado en el presente proceso que sus tarifas son notablemente superiores a las del mercado, de tal manera que no concurren los presupuestos que la doctrina jurisprudencial más arriba expuesta exige para apreciar la existencia de discriminación». A tenor de esa motivación, según aclaró posteriormente en Auto de 17 de julio de 2012, la Sala estima parcialmente el recurso de apelación, revocando la Sentencia de 22 de junio de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Castellón «en cuanto a la causa de inadmisibilidad que declara», pero desestimando el recurso contencioso-administrativo por los motivos de fondo reseñados en su fundamentación jurídica, que vienen de reproducirse. La Sentencia cuenta con un Voto particular discrepante en el que se sostiene, ante la falta de justificación por la Administración de diversos extremos (señaladamente, que esa diferencia de precios evidencie que el nivel de impacto y/u otros criterios técnicos, de índole objetivo, habrían quedado dañados con la inserción de publicidad institucional en medios radiofónicos propiedad de Radio Castellón, S.A.), que debió revocarse la Sentencia de 22 de junio de 2011, declarándose que el Ayuntamiento de Castellón de la Plana transgredió el derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE), dentro del ámbito de la asignación de publicidad institucional, al tratar a Radio Castellón, S.A., de un modo discriminatorio durante la integridad del año 2009, frente al comportamiento desplegado por dicho ente público con otros medios de comunicación. c) La representación procesal de Radio Castellón, S.A., formuló incidente de nulidad de actuaciones contra la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 22 de mayo de 2012, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE). La lesión del primer derecho fundamental mencionado se fundamentaba (art. 24.1 CE), de una parte, por la irrazonabilidad del argumento nuclear de la Sentencia, ya que daba validez a que una misma emisora líder de audiencias, y que venía eligiéndose como destinataria ininterrumpida de la publicidad institucional al menos desde 2004 a 2008, con su mismo rango de precios, pasase a no ser destinataria de publicidad municipal en razón de sus costes de contratación; de otra parte, por no aplicar la Sala la doctrina constitucional en materia de distribución de la carga de la prueba cuando concurren indicios de discriminación, visto que el Ayuntamiento demandado nada adujo para desvirtuar los aportados por Radio Castellón, S.A., manteniendo silencio al respecto, asimismo, la resolución judicial; y, finalmente, por incoherencia interna de la Sentencia de apelación, toda vez que el fallo revocaba la decisión de inadmisibilidad de la sentencia de instancia pero, al mismo tiempo, decía confirmar la Sentencia apelada. Discrepaba, por lo demás, del juicio de fondo realizado por la Sala ex art. 14 CE. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por medio de providencia de 21 de septiembre de 2012, inadmitió a trámite el indicado remedio procesal al no darse, a su juicio, los requisitos legales para su sustanciación, por falta de correspondencia entre las alegaciones que formulaba la parte y el contenido de la Sentencia de instancia y los términos del debate procesal. De cualquier modo, como se dijo, por Auto de 17 de julio de 2012 se había procedido a aclarar el fallo, evitando la incoherencia indicada. 3. Según afirma la demanda de amparo, se somete a debate la arbitrariedad de los poderes públicos en la asignación de los fondos públicos de publicidad institucional a medios de comunicación, dado que existe un riesgo de que una aplicación laxa en la adjudicación publicitaria premie o castigue líneas editoriales, lo cual expresaría una vulneración del principio constitucional de igualdad y de los derechos a la libertad de expresión e información [arts. 14 y 20.1 a) y d) CE]. A su criterio, la asignación de decenas de miles de euros a otros medios de comunicación (Onda Cero y cadena COPE), con total exclusión de la cadena SER, debe contar con una justificación de la Administración otorgante a fin de evitar lo que supondría cualquier ciudadano mínimamente informado sobre las tendencias informativas de los grandes medios radiofónicos, máxime cuando la demandante es el líder de audiencias en la provincia de Castellón. Destaca asimismo otros elementos que están comprometidos en el caso, ligados a aquellos derechos fundamentales que invoca: la adecuada utilización del erario público, la independencia de los medios de comunicación y el derecho de todos los ciudadanos, sigan la tendencia ideológica que fuere, a recibir información de sus instituciones públicas, incluso si no piensan como quien ostente el poder en cada mandato. Vincula su demanda de amparo, por ello, con «el principio de igualdad en relación con el reparto de la publicidad institucional, y su derivación respecto del condicionamiento indirecto de los medios de comunicación», con cita de los arts. 14 y 20 CE. En relación con ello se opone el recurso al argumento ofrecido para desestimar la pretensión en el proceso a quo, circunscrito a las tarifas de contratación. Tal razonamiento, a juicio de la demandante, no es compatible con la Constitución porque supone que debería asignarse la publicidad institucional a las emisoras más baratas, con independencia de su repercusión social en función de audiencia y prestigio; porque las «tarifas de mercado» no pueden excluir a quien en el «mercado» es el líder de audiencias y prestigio informativo, situando fuera de mercado a quien más audiencia tiene, más cuñas comerciales emite y más factura; y porque, finalmente, la conformación jurídica del término válido de comparación a efectos de enjuiciar una discriminación constitucional en el ámbito de los medios de comunicación debe ponderarse con todos los factores relevantes, examinando a partir de ellos su proporcionalidad y razonabilidad, sin que pueda resultar preponderante y excluyente, en el ámbito de la publicidad institucional, el criterio del precio de contratación. El recurso invoca el art. 7 de la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana, que establece una valoración conjunta de todos los elementos relevantes en la asignación publicitaria, a saber: las características de los destinatarios de la publicidad, el ámbito e implantación territorial y social y el nivel de difusión o audiencia de los diversos medios y, no sólo, por tanto, el coste de las inserciones publicitarias. El único límite en relación con el precio, según esa normativa, es que éste sea abusivo, esto es, que no guarde proporción con la regulación normal del mercado. Y esa ponderación no ha sido efectuada, como demuestra que no exista prueba alguna de precio abusivo, ni de que los precios de Radio Castellón, S.A., sean desproporcionados al mercado. Dar importancia exclusivamente a que el precio sea superior, a mayor abundamiento, supondría excluir de la publicidad institucional cualquier evento deportivo, social, etc., de máxima audiencia, donde las reglas del mercado conducen a que se facturen tarifas superiores a las reclamadas en esa franja por otras cadenas, o a las de la misma cadena en distinto día u horario. De cualquier modo, añade más tarde, podría ser razonable reducir o modificar por razón del precio las cuñas publicitarias, pero no tiene explicación alguna la exclusión absoluta de toda asignación publicitaria, máxime cuando hasta entonces, en ejercicios anteriores, el medio de comunicación recurrente resultaba idóneo, sin haberse calificado –ni por la demandada ni por la Sentencia de apelación– como abusivas sus tarifas. En la demanda de amparo se reiteran, por otro lado, las denuncias de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) que se articularon en el incidente de nulidad de actuaciones. En primer lugar, la irrazonabilidad del argumento nuclear de la Sentencia, ya que da validez a que una misma emisora líder de audiencias, y que venía eligiéndose como destinataria ininterrumpida de la publicidad institucional al menos desde 2004 a 2008, con su mismo rango de precios, pase a no ser destinataria de publicidad municipal en razón de sus costes de contratación. Un cambio de criterio que no se ha dado con el resto de las emisoras, y que se produjo sin que la Administración siquiera acreditara un aumento del precio de la contratación de ese servicio. En consecuencia, o bien se estaba dañando ilícitamente al erario público hasta 2008, contratando publicidad con precios fuera de mercado, con las consiguientes responsabilidades de funcionarios y autoridades, o bien el fundamento del cambio de criterio no fue realmente el precio del servicio. En segundo lugar, por no aplicar la Sala de apelación la doctrina constitucional en materia de distribución de la carga de la prueba cuando se aportan indicios de discriminación. Según la demanda de amparo, se aportaron variados y muy diversos indicios: el incontrovertido liderazgo de audiencia de la cadena SER y sus radio-fórmulas; el incontrovertido descenso radical en la contratación con Radio Castellón, S.A.; la incontrovertida adjudicación publicitaria (1.348.286,19 euros) mediante contratos menores por parte del Ayuntamiento demandado; la incontrovertida falta de expediente o acto administrativo formal (vía de hecho) que justificase el indicado descenso en el encargo publicitario en contraste con el resto de cadenas radiofónicas; y, finalmente, que el Ayuntamiento declarase que en las últimas campañas contratadas de manera directa con la cadena SER se produjeron casos de difusión de información lesiva para las campañas municipales, ofreciéndose datos contrarios a la información difundida. Frente a todo ello, dice el recurso, el Ayuntamiento no ha probado descensos de audiencia ni de impacto social de la publicidad asignada a Radio Castellón, S.A.; aumentos de precios respecto de las anualidades donde sí procedía a su contratación; procedimientos administrativos o judiciales iniciados frente a la pretendida «información lesiva»; o precios abusivos y desproporcionados para el mercado, de conformidad con lo dispuesto en la legislación aplicable. El conjunto del acervo probatorio conducía, en definitiva, a la razonable sospecha de que la causa de la no contratación residía en elementos discriminatorios, relacionados con la tendencia informativa o política del medio, o incluso con factores de carácter estrictamente personal. A pesar de ello, concluye la demanda de amparo, la Sentencia de apelación no aplicó la doctrina constitucional de la prueba indiciaria, lesionando el art. 24.1 CE. Junto a todo la anterior, plasmado ya en el incidente de nulidad de actuaciones, la demanda de amparo aduce adicionalmente la vulneración del art. 24.1 CE desde otro prisma: por arbitrariedad de la resolución judicial, habida cuenta de que, suscitado el mismo debate con idénticos fundamentos y por el mismo recurrente en otro proceso judicial, aunque frente a otra Administración local, la misma Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó una Sentencia de diferente signo, sin explicitarse en el caso de autos la razones que motivarían el cambio de criterio mantenido en dicho precedente (cita la Sentencia núm. 166/2012). En atención a todo lo expuesto, la demanda de amparo solicita la nulidad de la actuación impugnada del Ayuntamiento de Castellón de la Plana en el reparto de su publicidad institucional, así como la de las resoluciones judiciales dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en los autos del rollo de apelación núm. 686-2011, declarándose vulnerados los derechos fundamentales que se invocan en el recurso, restableciéndose en los mismos a Radio Castellón, S.A., y ordenando retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de ser dictada la Sentencia de apelación. 4. La Sala Segunda de este Tribunal, por providencia de 4 de junio de 2013, acordó la admisión a trámite de la demanda de amparo, solicitando la certificación o fotocopia adverada de las actuaciones a los órganos judiciales que intervinieron en el proceso a quo, así como la práctica de los emplazamientos correspondientes. 5. El Procurador de los Tribunales, don Adolfo Morales Hernández-Sanjuán, se personó en el proceso de amparo en nombre y representación del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, mediante escrito registrado en este Tribunal el día 26 de junio de 2013. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, de 12 de julio de 2013, se acordó tener por personado al citado Procurador en la representación que ostenta, así como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, de conformidad con el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran pertinentes. 6. La representación procesal de la demandante de amparo se ratificó en la demanda por escrito de 13 de septiembre de 2013. 7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional evacuó el trámite el día 27 de septiembre de 2013. Subraya que Radio Castellón, S.A., articula un recurso de amparo de los denominados «mixtos», pues se dirige, por una parte, contra actuaciones de la Administración pública supuestamente vulneradoras de los arts. 14 y 20 CE, no reparadas en la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 43.1 LOTC), y denuncia, por otra, lesiones autónomas cometidas por las resoluciones judiciales recaídas en el proceso contencioso-administrativo (art. 44 LOTC). Todavía con carácter previo al examen del fondo de las pretensiones, postula la inadmisión del motivo de amparo relativo a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente del derecho a obtener una resolución no arbitraria, ya que tal lesión no fue esgrimida en el incidente de nulidad de actuaciones, por lo que es traída a esta jurisdicción constitucional per saltum, sin haber ofrecido al Tribunal sentenciador la posibilidad de reparar la infracción de orden constitucional denunciada en tal motivo, resultando de aplicación el art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a), de nuestra Ley Orgánica. En cuanto al fondo advierte que la representación procesal de la recurrente ha puesto más énfasis en la vulneración del principio general de igualdad que en la lesión del principio de no discriminación, aunque haya expresado también elementos relevantes de un trato discriminatorio, sobremanera al aludir a que la falta de contratación de publicidad institucional a partir de 2008 es debida a la línea editorial de la cadena SER. A su juicio, sin embargo, desde la perspectiva de la prohibición de discriminación (segundo inciso del art. 14 CE), se echa de menos una justificación administrativa de los siguientes hechos fundamentales: i) la ruptura del criterio manifestado por el precedente administrativo, esto es, que el mismo Ayuntamiento, con tarifas de la recurrente también más elevadas que las de las emisoras de la competencia, venía contratando ininterrumpidamente publicidad con aquélla hasta el mes de abril de 2008, por unos importes, por lo demás, en absoluto irrelevantes, y ii) la falta de ponderación de que las tarifas publicitarias de Radio Castellón, S.A., podían ser más elevadas que las del resto de emisoras de Castellón precisamente porque su difusión se extendía a un número considerablemente mayor de oyentes. Si frente a la tesis de la existencia de una conducta discriminatoria por razones de opinión, prosigue su escrito, se optara por examinar la queja de la sociedad demandante de amparo desde el prisma de la vulneración del principio general de igualdad (art. 14 CE, primer inciso), la conclusión no podría, a su parecer, variar. En efecto, ha quedado acreditado que el Ayuntamiento de Castellón de la Plana contrataba con la recurrente publicidad institucional hasta el mes de abril del año 2008 en cuantías relevantes; que desde ese momento no ha ingresado cantidad alguna por ese concepto; y que al menos otras dos emisoras de radio (la cadena COPE y Onda Cero de Castellón) han concertado publicidad institucional desde el mes de abril de 2008 con ese mismo Ayuntamiento. Esto así la diferencia de trato resulta evidente, mientras que el argumento que ofrece el ente público para justificarlo (que la demandante de amparo tiene unas tarifas más elevadas que las demás emisoras) se revela manifiestamente insuficiente, pues no explica la radicalidad del cambio de criterio municipal, ni considera un hecho tan incuestionable como que no puede tener las mismas tarifas publicitarias una emisora que llega a mayor número de oyentes que otra u otras emisoras que tienen una audiencia menor. Por lo tanto, en su opinión, desde ese prisma de aproximación (principio general de igualdad) el recurso debería también ser estimado. Junto a ello, añade, el municipio ha incumplido las directrices marcadas por la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana, especialmente los arts. 4 («[l]a publicidad institucional de las instituciones y Administraciones públicas debe servir con objetividad los intereses generales y se somete a los principios de eficacia, eficiencia y veracidad»); 7.1 («[l]a distribución de la publicidad institucional respetará los principios de eficacia, eficiencia y objetividad»); 7.2 («[e]n orden a la realización de los principios señalados en el apartado anterior, para la determinación de los medios de difusión se tendrán en cuenta, en particular, las características de los destinatarios de la publicidad; el ámbito e implantación territorial y social y el nivel de difusión o audiencia de los diversos medios, el coste de las inserciones publicitarias, y otros criterios análogos que contribuyan a la óptima consecución de los fines contemplados en el artículo 2, apartado 1, de esta Ley»), y art. 10 («[l]a contratación de la publicidad institucional se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación, de acuerdo con las normas del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio»). En cuanto a los motivos formulados al amparo del art. 24.1 CE, los encuentra accesorios de la alegación sustantiva articulada al amparo del art. 14 CE, derecho fundamental materialmente infringido. Esa relación de subordinación, unida a la insuficiencia de la motivación judicial en las resoluciones dictadas en el rollo de apelación, debería conducir a la misma conclusión estimatoria del recurso. Por lo expuesto, interesa la inadmisión del recurso de amparo en lo referente a la queja por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente del derecho a obtener una resolución no arbitraria, por falta de agotamiento de la vía judicial previa, y, en lo restante, la declaración de la lesión del derecho fundamental a la no discriminación (art. 14 CE) por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, o subsidiariamente la del derecho fundamental a la igualdad de trato (art. 14 CE) por la misma corporación local, o la del derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, retrotrayéndose en tal caso las actuaciones al momento procesal inmediatamente anterior al dictado de esa resolución judicial. 8. No formuló alegaciones el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, según deja constancia la diligencia de 30 de septiembre de 2013. 9. Por providencia de 18 de junio de 2014, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 23 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. Entabla el presente recurso de amparo Radio Castellón, S.A., contra la providencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 21 de septiembre de 2012, que inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones formulado frente a la Sentencia de la misma Sala, núm. 257/2012, de 22 de mayo, desestimatoria del recurso de apelación en el que se impugnaba la Sentencia de 22 de junio de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Castellón, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1149-2009, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Asimismo, se dirige la demanda de amparo contra la vía de hecho del Ayuntamiento de Castellón de la Plana que originó el antedicho recurso contencioso-administrativo para la protección de derechos fundamentales, por lesión de los principios constitucionales de igualdad y no discriminación en relación con los derechos a la libertad de expresión e información [arts. 14, primer y segundo inciso, y 20.1 a) y d) CE]. En lo relativo a esta última queja, a su juicio, la asignación de decenas de miles de euros de publicidad institucional a otros medios de comunicación (Onda Cero y cadena COPE), con total exclusión de la cadena SER desde principios de 2008, debió contar con una justificación de la Administración otorgante a fin de descartar el riesgo y la sospecha de que una aplicación laxa en la adjudicación publicitaria persiguiera premiar o castigar líneas editoriales, máxime teniendo en cuenta que la demandante es líder de audiencias en la provincia de Castellón y que están implicados en ese tipo de prácticas principios como la adecuada utilización del erario público, la independencia de los medios de comunicación y el derecho de todos los ciudadanos, sigan la tendencia ideológica que fuere, a recibir la información de sus instituciones públicas. Por consiguiente, considera lesiva del art. 14 CE, en relación con los alegados derechos consagrados en el art. 20 CE, la exclusión de contratación de publicidad institucional a la que fue sometida Radio Castellón, S.A., por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana, a partir de los primeros meses de 2008, así como insuficiente el argumento empleado para desestimar sus pretensiones, alusivo exclusivamente a las tarifas de la contratación. Antes al contrario, debió ponderarse aquel parámetro tarifario pero en su confluencia con otros factores igualmente relevantes para asegurar el respeto por la acción administrativa de los parámetros la proporcionalidad y razonabilidad constitucionalmente exigibles. Del mismo modo, prosigue el recurso, como se desprende de la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana, el único límite económico a la inserción de publicidad institucional en un medio de comunicación reside en que sus precios sean abusivos, esto es, que no guarden proporción alguna con la regulación normal del mercado; ponderación que no ha sido efectuada, dando como resultado, sin justificación objetiva de ningún tipo, la exclusión absoluta de toda asignación publicitaria a un medio líder en audiencia y que hasta el año 2008 resultaba idóneo para la propia corporación municipal, según acreditan sus propios actos. Invoca, adicionalmente, diversas lesiones del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que imputa a las resoluciones judiciales impugnadas, todas ellas conectadas con el deber de motivación que integra aquel derecho fundamental y constituye una de sus vertientes. En concreto, por irrazonabilidad del argumento nuclear de la Sentencia de apelación, que supone admitir que la misma emisora líder de audiencias, con su mismo rango de precios, que venía eligiéndose como destinataria ininterrumpida al menos desde 2004 a 2008, pase a no tener asignación publicitaria alguna con el único y desnudo argumento de que sus precios son superiores a los del mercado; en segundo lugar, por no aplicar la Sala de apelación la doctrina constitucional en materia de distribución de la carga de la prueba pese a que se aportaron indicios de discriminación; y, para concluir, por arbitrariedad de la resolución judicial, habida cuenta que, suscitado el mismo debate con idénticos fundamentos y por el mismo recurrente en otro proceso judicial, aunque frente a otra Administración local, la misma Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó una Sentencia de diferente signo, sin haber explicitado en estos autos las razones del cambio de criterio jurídico. El Ministerio Fiscal, además de postular la inadmisión del motivo de amparo relativo a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente del derecho a obtener una resolución no arbitraria, ya que tal lesión no fue esgrimida en el incidente de nulidad de actuaciones que cerró el proceso [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 a) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)], interesa el otorgamiento del amparo por vulneración del derecho fundamental a la no discriminación por razón de opinión (art. 14 CE) por parte del Ayuntamiento de Castellón de la Plana; subsidiariamente, la del derecho fundamental a la igualdad de trato (art. 14 CE) por dicha Corporación local, o, aún en su defecto, la del derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE) y a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) por la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 22 de mayo de 2012, retrotrayéndose en este último caso las actuaciones para el dictado de una nueva resolución judicial acorde con los derechos fundamentales que protagonizan el presente debate de constitucionalidad. 2. Delimitado en los términos expuestos el objeto del presente proceso de amparo, se advierte con nitidez que el recurso posee naturaleza mixta, al dirigirse contra la vía de hecho de la Administración, condensada en la exclusión de Radio Castellón, S.A., de la publicidad institucional en el periodo precisado en el proceso judicial [art. 14, primer y segundo incisos, en relación con arts. 20.1 a) y d) CE], y, asimismo, por lesiones autónomas diferenciadas de las que se imputan a la Corporación municipal, cometidas pretendidamente por las resoluciones judiciales dictadas en el rollo de apelación núm. 686-2011. Esto así, tal como alega el Fiscal y como indicara la STC 5/2008, de 21 de enero, FJ 2, será pertinente recordar que nuestro criterio general consiste en que en los amparos mixtos la pretensión deducida por la vía del art. 43 LOTC es autónoma de la propia del art. 44 LOTC, y que su examen resulta, en principio, preeminente. De otro modo la previsión del art. 43 LOTC no pasaría de ser una especificación redundante del art. 44 LOTC, puesto que toda lesión de un derecho constitucional susceptible de amparo atribuida a una actuación administrativa tendría que denunciarse por el cauce del art. 44 LOTC en la medida en que no hubiera obtenido reparación en la jurisdicción ordinaria, confundiéndose con ello las cauces de impugnación previstos en nuestra Ley Orgánica y el objeto de los mismos. Por su parte, la preeminencia de la pretensión impugnatoria del art. 43 LOTC no se refiere sólo ni primordialmente al orden en el que normalmente deban ser examinadas las quejas formuladas en la demanda de amparo sino, sobre todo, a la incidencia que el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la actuación administrativa pueda tener sobre la queja encauzada por la vía del art. 44 LOTC, ya que puede hacer innecesario el examen de esta última o dotar de efectos meramente declarativos al otorgamiento del amparo. En suma, esta preeminencia tiene su fundamento en que la comisión de una lesión constitucional en el transcurso del proceso judicial no impide que el acto administrativo sea autónomo, potencialmente lesivo y, adicionalmente, el verdadero objeto sustantivo del proceso de amparo. Consiguientemente, analizaremos en primer lugar las lesiones constitucionales que se precisan contra la vía de hecho del Ayuntamiento de Castellón de la Plana: la vulneración de los derechos reconocidos en el art. 14 CE, primer y segundo incisos, en relación con los arts. 20.1 a) y d) CE; lesiones presuntamente causadas por la preterición del medio de comunicación recurrente de las campañas publicitarias del período 2008-2009, conforme a la determinación temporal fijada en el proceso judicial, contratadas por el mencionado ente público. 3. La publicidad institucional es una concreción de la comunicación pública que pone en relación a los poderes públicos con los ciudadanos a través de los medios de comunicación social. Desde la perspectiva constitucional, en el presente recurso de amparo poseen relevancia dos vertientes: a) el derecho de los ciudadanos a recibir la información de interés general que emane de los poderes públicos en condiciones de igualdad y no discriminación; b) los derechos de los medios de comunicación social con ocasión de la contratación y difusión de esa información pública. Empezando por la primera vertiente citada diremos que, en tanto que facilita la difusión y recepción de información objetiva y veraz sobre asuntos de interés general, la publicidad institucional puede contribuir a concretar el derecho de los ciudadanos a recibir información (STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 8), que queda comprendido en el art. 20.1 d) CE, toda vez que no estamos ante una publicidad que procure intereses particulares, sino, antes al contrario, otros propósitos, institucionales, inscritos en el interés general. Adicionalmente, el derecho de acceso a esas informaciones queda atravesado por el art. 14 CE, pues no cabe concebir que la comunicación con los ciudadanos que emane de los poderes públicos, de interés también público, no se canalice a los miembros de la comunidad en términos de igualdad y no discriminación. Las distintas partes del proceso judicial previo, así como la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, han hecho referencia a tales fines de la publicidad institucional y a los aludidos derechos de los destinatarios. Se refieren todos ellos, para subrayarlo, a la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana, y a la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional. Como prueban esas normas y en todo caso la Constitución garantiza, quedan vinculados el derecho de los ciudadanos a recibir información neutral, objetiva y veraz, y el deber de los poderes públicos de proporcionarla en materias de interés general. La comunicación pública, también la de carácter publicitario informativo, por tanto, enlaza con el art. 20.1 d) CE, ya que debe asegurar la relación de la Administración con los ciudadanos a través de políticas de comunicación que fomenten su información sobre la esfera pública, el debate social, su participación crítica en la res publica, la corresponsabilidad ciudadana y el control de la acción administrativa, evitando lo que se han denominado asentimientos pasivos y comportamientos aclamativos, impulsando la transparencia frente a las zonas de secreto, mejorando la imagen de las instituciones y fortaleciendo su identidad, así como la eficacia de los servicios públicos. En suma, en tanto que la función de aquella publicidad alcanza a intereses de la colectividad y de las instituciones comunes, los ciudadanos tienen derecho a recibir una información neutral, objetiva y veraz [art. 20.1 d) CE] y no pueden sufrir una discriminación o trato desigual en el acceso a la misma (art. 14 CE), lo que, como es obvio, no excluye campañas publicitarias sectoriales, articuladas, por poner un ejemplo, en función de los perfiles de los destinatarios (jóvenes o colectivos en riesgo de discriminación, por ilustrar la idea con sencillos ejemplos). 4. Como se dijo, también están comprometidos en esta tipología de controversias los derechos de los medios de comunicación social con los que la Administración contrata la difusión de esa información pública. Estos derechos se concretan en el respeto a un trato igualitario y no discriminatorio en la asignación publicitaria y en la necesidad de evitar incidencias negativas en el ejercicio de su función informativa [arts. 14 y 20.1 a) y d) CE]. Desde ese prisma, deberá recordarse que los medios de comunicación operan en concurrencia competitiva y que la Administración debe afianzarla, factor que, como veremos a continuación, no es en absoluto ajeno ni indiferente a las decisiones de gasto público adoptadas en la asignación de recursos económicos de publicidad institucional entre los medios de comunicación. En efecto, los derechos fundamentales concernidos imponen un reparto equitativo de la publicidad conforme a la legalidad vigente, con criterios de transparencia e igualdad, evitando conductas discriminatorias y asegurando de ese modo una eficaz garantía de la libertad y de la independencia de los medios, afianzando a tal fin los principios de objetividad, publicidad y libre concurrencia. No son extraños esos parámetros a la garantía del pluralismo, ni puede desconectarse éste de las necesidades de financiación de los medios de comunicación, pues un trato público peyorativo en la contratación, injustificado, voluntarista o selectivo (art. 14 CE, primer inciso), o discriminatorio por razón ideológica, de tendencia u opinión (segundo inciso del precepto), podría condicionar su independencia o incluso su propia supervivencia. Los efectos asociados o derivados para la financiación de los medios de comunicación, garantizados con dichos principios de legalidad, transparencia e igualdad y no discriminación, tienen entonces una consecuencia (siquiera mediata) en el contenido primario del art. 20 CE, habida cuenta que este Tribunal ha declarado constante e invariablemente que las libertades allí consagradas entrañan «el reconocimiento y garantía de la posibilidad de existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático» (por todas, entre otras muchas, recientemente, STC 19/2014, de 10 de febrero, FJ 6). 5. Debe armonizarse con lo señalado en los fundamentos jurídicos anteriores la significación de otros mandatos constitucionales. Como es sabido, la Administración pública ha de actuar con objetividad y plena sumisión a la legalidad (arts. 103.1 y 106.1 CE) y sin asomo alguno de arbitrariedad (art. 9.3 CE). Como decíamos en la STC 114/2002, de 20 de mayo, y hemos reiterado en Sentencias posteriores (por ejemplo, STC 92/2009, de 20 de abril, FJ 3), la discrecionalidad característica de ciertas decisiones administrativas no excusa la exigencia a la Administración de demostrar que los hechos motivadores de sus decisiones son legítimos o, aún sin justificar su licitud, que no tienen una naturaleza contraria a los derechos fundamentales. De ello se infiere que aquellos principios constitucionales rectores de la actuación administrativa quedarán definidos conforme a sus propios parámetros pero resultarán también delimitados ad casum por la cobertura propia de los derechos fundamentales concernidos, al punto que no podrá hablarse de una legítima decisión de la Administración cuando en ella sean desatendidos o sufran una merma que carezca de justificación constitucionalmente admisible. No rebate esa conclusión que existan márgenes legales para una actuación discrecional en el ámbito material de que se trate, pues de nuestra jurisprudencia se desprende la ineludible limitación de dicha discrecionalidad, incluso si la ley confiere espacios de libre decisión, en atención a los derechos constitucionales concurrentes (por ejemplo, SSTC 103/1989, de 8 de junio, FJ 6, y 145/2013, de 11 de julio, FJ 8, entre otras). 6. Tras el anterior enunciado de premisas doctrinales, estamos en condiciones de examinar los perfiles del caso enjuiciado. La denunciante discute, en esencia, una diferencia de trato injustificada, apuntando adicionalmente razones de tendencia editorial latentes en la vía de hecho impugnada. Como dijéramos ya en la STC 8/1981, de 30 de marzo, FJ 6, en la aplicación de la ley puede existir violación del principio de igualdad cuando un mismo precepto se aplique en casos iguales con notoria desigualdad por motivaciones arbitrarias (esto es, no fundadas en razones jurídicamente atendibles) o con fundamento en alguna de las causas de discriminación explícita o genéricamente incluidas en el art. 14 de la Constitución. Las lesiones, ya intencionales ya objetivas (por todas, STC 225/2001, de 26 de noviembre, FJ 4), pueden darse, por tanto, en ambos derechos: en la cláusula general de igualdad y en la prohibición de discriminación (primer y segundo incisos, respectivamente, del art. 14 CE). En función de ello, numerosos pronunciamientos de este Tribunal han diferenciado el doble derecho consagrado en el art. 14 CE (entre tantos otros, STC 200/2001, de 4 de octubre, FJ 4, del Pleno de este Tribunal). Así, hemos establecido que el art. 14 CE contiene en su primer inciso una cláusula general de igualdad de todos los españoles ante la ley, configurándose como un derecho subjetivo de los ciudadanos a obtener un trato igual, que obliga y limita a los poderes públicos a respetarlo y que exige que los supuestos de hecho iguales sean tratados idénticamente en sus consecuencias jurídicas, de modo que, para introducir diferencias entre ellos, tenga que existir una suficiente justificación de tal diferencia, que aparezca al mismo tiempo como fundada y razonable, de acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados, y cuyas consecuencias no resulten, en todo caso, desproporcionadas. La virtualidad del art. 14 CE –prosigue como tantas otras aquella Sentencia del Pleno– no se agota en esa cláusula general de igualdad con la que se inicia su contenido, sino que, a continuación, el precepto constitucional se refiere a la prohibición de una serie de motivos concretos de discriminación. Esta referencia expresa a singulares razones de discriminación representa una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente muy arraigadas y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10.1 CE. En este sentido, este Tribunal Constitucional, bien con carácter general en relación con el listado de los motivos o razones de discriminación expresamente prohibidos por el art. 14 CE, bien en relación con alguno de ellos en particular, ha venido declarando la ilegitimidad constitucional de los tratamientos diferenciados (o los perjuicios causados, al margen de cualquier contraste entre situaciones) respecto de los que operan como factores determinantes o no aparecen fundados más que en los concretos motivos o razones de discriminación que dicho precepto prohíbe. Así, por tanto, la prohibición de discriminación es más que un precepto de igualdad y no requiere necesariamente un término de comparación, por más que la discriminación pueda concretarse en desigualdades de trato que pueden ser objeto de contraste o necesitar de éste para ser apreciadas (por todas, STC 171/2012, de 4 de octubre, FJ 5). 7. Apunta la demanda –que se centrará más tarde de modo principal, como expondremos más adelante, en la lesión del principio general de igualdad– que la asignación de decenas de miles de euros a otros medios de comunicación (Onda Cero y cadena COPE), con total exclusión de la cadena SER, podría ser expresión de un premio y castigo a líneas editoriales, como podría suponer cualquier ciudadano mínimamente informado sobre las tendencias informativas de los grandes medios radiofónicos. Se alude con ello a una posible vulneración de la prohibición de discriminación por razones ideológicas, de tendencia o de opinión (art. 14 CE, segundo inciso). Bajo esas circunstancias, planteándose un supuesto de discriminación por razón de opinión que se encuadra en la prohibición del segundo inciso del art. 14 CE, opera un canon distinto al propio del principio general de igualdad; a saber: el imperativo o mandato constitucional de parificación, que implica la interdicción de cualquier perjuicio asociado objetivamente o intencionalmente motivado por el factor protegido (la tendencia del medio de comunicación, en este caso). Como es obvio, esa circunstancia fue negada por el Ayuntamiento de Castellón de la Plana. La necesidad de garantizar que los derechos fundamentales no sean desconocidos bajo la cobertura formal del ejercicio de derechos y facultades reconocidos por las normas, pasa por considerar la especial dificultad que en no pocas ocasiones ofrece la operación de desvelar la lesión constitucional, encubierta tras la legalidad sólo aparente del acto litigioso. Dificultad de prueba que tomó en consideración nuestra jurisprudencia desde sus primeros pronunciamientos; que ha tenido concreciones en nuestra legislación procesal y que viene recibiendo atención en los más diversos ámbitos de creación normativa. Una premisa que se acentúa si cabe en un ámbito como el de las relaciones entre los administrados y la Administración, de conformidad con los principios y criterios enunciados en los fundamentos jurídicos anteriores. Dificultades de acreditación como las indicadas, decíamos, han llevado a este Tribunal a elaborar su doctrina sobre la prueba indiciaria, dirigida a favorecer que se desvelen las razones latentes de actos que puedan enmascarar una lesión de derechos fundamentales. Así, desde la STC 38/1981, de 23 de noviembre, hemos establecido que incumbe a la parte demandada en el proceso judicial acreditar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho fundamental de que se trate. A tal objeto, la prueba indiciaria se articula en un doble plano (por todas, SSTC 90/1997, de 6 de mayo, y 66/2002, de 21 de marzo). El primero, la necesidad por parte del demandante de aportar un indicio razonable de que el acto cuestionado lesiona su derecho fundamental, principio de prueba o prueba verosímil dirigido a poner de manifiesto el motivo oculto que se denuncia (STC 207/2001, de 22 de octubre). No constituye un indicio, sin embargo, la mera alegación de la vulneración constitucional, ni una retórica invocación del factor protegido, sino un hecho o conjunto de hechos que permita deducir la posibilidad de la lesión. Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración, indiciariamente probada, así como que tenían entidad suficiente para justificar la decisión adoptada al margen del derecho fundamental alegado. En otro caso, el incumplimiento de ese deber probatorio de la parte demandada –que como se ha expuesto no supone una inversión de la carga de la prueba, pues nace sólo una vez que la parte demandante ha aportado indicios de la vulneración que denuncia– trasciende el ámbito puramente procesal y determina, en última instancia, que los indicios aportados desplieguen toda su operatividad para declarar la lesión del derecho fundamental sustantivo que haya sido invocado. Conforme a esta doctrina, en lo que al presente caso interesa, nos corresponde analizar si la parte actora acreditó la existencia de indicios de una actuación discriminatoria por razón de su tendencia editorial. Y procede decir a tal fin, en cuanto al tipo de conexión necesaria para apreciar la concurrencia del indicio, según apuntaba nuestro ATC 89/2000, de 21 de marzo, y después consolidara nuestra STC 17/2003, de 30 de enero, que tendrán aptitud probatoria tanto los hechos que sean claramente indicativos de la probabilidad de la lesión del derecho sustantivo, como aquéllos que, pese a no generar una conexión tan patente y resultar por tanto más fácilmente neutralizables, sean sin embargo de entidad suficiente para abrir razonablemente la hipótesis de la vulneración del derecho fundamental. En definitiva, son admisibles diversos resultados de intensidad en la aportación de la prueba que concierne a la parte actora, pero deberá superarse inexcusablemente, en todo caso, el umbral mínimo de aquella conexión necesaria, pues de otro modo, si se funda la demanda en alegaciones meramente retóricas o falta la acreditación de elementos cardinales para que la conexión misma pueda distinguirse, haciendo verosímil la inferencia, no podrá prosperar la queja. De ahí que, en situaciones como la de autos, el hecho de que la sociedad recurrente, según alega, siga una determinada tendencia editorial (presupuesto para concebir la hipótesis de la lesión denunciada), y la circunstancia acreditada del diferente trato en la asignación de publicidad institucional (vía de hecho potencialmente lesiva), deben ir acompañados de otros elementos que pongan indiciariamente en conexión lo uno (el factor protegido, la opinión) con lo otro (el resultado de perjuicio que se denuncia), por cuanto que la existencia misma de una línea editorial constituye únicamente, en principio y a los efectos de la discriminación por ese factor, un presupuesto de la eventual vulneración del art. 14 CE, pero no un indicio que por sí solo desplace al demandado la obligación de probar la regularidad constitucional de su acto. En palabras de nuestra STC 41/2002, de 25 de febrero, en un caso de embarazo que trasladamos aquí mutatis mutandis: «no basta con que la trabajadora esté embarazada y demuestre tal dato objetivo, sino que, a partir de tal constatación, es preciso alegar circunstancias concretas en las que fundamentar la existencia de un presumible trato discriminatorio. En la medida en que no basta la mera alegación, sino la muestra de un panorama indiciario, no puede apreciarse una valoración incorrecta de la carga de la prueba por parte de los órganos judiciales por el hecho de que la empresa no haya probado la existencia de una causa real suficiente y seria de extinción que acredite que el despido es ajeno a un motivo discriminatorio.» Igual conclusión se alcanza en esta ocasión respecto de la alegada vulneración de la prohibición de discriminación por opinión. La parte demandante de amparo no centra el recurso de amparo, ni tampoco lo hizo en el proceso judicial, en hechos que permitan hacer aflorar posibles razones ideológicas, de tendencia u opinión latentes en la actuación administrativa. Primeramente porque apunta una discrepancia de posiciones con la Administración demandada que no especifica ni prueba, y que no podemos dar por acreditada con base en presunciones o pretendidas convicciones generales de la ciudadanía, menos aún en el ámbito de los medios de información que tienen a gala revestir su proceder de imparcialidad. Por lo demás, la constatación de la retirada de la publicidad institucional, lo mismo que aquella auto-calificación de la tendencia del medio, como se dijo, no serían sino el otro parámetro en presencia en el esquema de enjuiciamiento, que los hechos indiciarios deberían haber puesto en conexión. La queja, desde ese prisma, por tanto, carece de la debida fundamentación, por lo que no puede prosperar. 8. La demanda de amparo se articula realmente, superadas las mencionadas alusiones, por referencia al principio general de igualdad (primer inciso del art. 14 CE). Sobre tal derecho fundamental debemos añadir a lo anteriormente dicho que, según reiterada doctrina de este Tribunal, no implica en todos los casos un tratamiento igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. Esto es, no toda desigualdad de trato supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable. En suma, como recordara nuestra STC 141/2011, de 26 de septiembre, FJ 3, y las en ella citadas, en su vertiente de igualdad ante la ley, el art. 14 CE prohíbe «las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables, según juicios de valor generalmente aceptados». Por lo demás, también es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos. En resumen, el principio de igualdad no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad (por todas, SSTC 214/2006, de 3 de julio, FJ 2, y 9/2010, de 27 de abril, FJ 3). En este complejo supuesto, según adelantamos más atrás, deberán integrarse en el juicio de igualdad los principios constitucionales y legales de la actuación administrativa, que tienen sin duda protagonismo en el ámbito concernido, pero que no pueden soslayar el contenido del derecho consagrado en el primer inciso del art. 14 CE, como tampoco sortear la conexión, siquiera mediata, que la actuación enjuiciada posee con la función institucional de los medios de comunicación, y su incidencia en la efectividad de los derechos del art. 20 CE, a tenor de lo que también anticipábamos más atrás. Todo ello repercutirá en el examen del derecho de igual trato a los medios de comunicación en la contratación de publicidad institucional; ya se hizo constar. Enunciado el canon de constitucionalidad, en la medida en que el argumento administrativo para desestimar la pretensión de Radio Castellón, S.A., reside en un término de comparación económico (tarifas superiores al mercado), debe examinarse si tal motivación resulta respetuosa con los derechos fundamentales invocados; esto es, si ese elemento de diferenciación en la asignación de publicidad institucional es constitucionalmente admisible. Ha quedado constatada una serie de hechos relevantes: que la actora cuenta con la máxima audiencia radiofónica en el territorio de referencia y que durante años se dieron relaciones de contratación entre la recurrente y la Administración demandada en el proceso, hasta que en 2008 cesó la atribución de campañas publicitarias. No hay prueba ni motivación alguna, en cambio, sobre otros elementos, señaladamente: que la decisión adoptada a partir del año 2008 estuviera fundada en una variación desmedida de las tarifas de la cadena SER; que la ratio comparativa tarifaria con las otras cadenas radiofónicas se hubiera alterado en esa fecha de manera significativa; que un estudio de impacto, en función de costes por ratio de oyentes o factores similares, o por franjas horarias, explicara un exceso inasumible en el gasto. Nada se dice, en efecto, de la ruptura del criterio manifestado por el precedente administrativo, ni hay consideración sobre el hecho de que las más altas tarifas pudieran eventualmente estar motivadas por la mayor difusión del medio líder en audiencia. Ni se aporta tampoco objeción fundada en la incompatibilidad de Radio Castellón, S.A., con la dignidad de la corporación local; menos aún de que por su titularidad, ideario o contenido pudiera quedar vinculado con posiciones o actividades que lesionen o apoyen la violación de los valores constitucionales o los derechos humanos o promuevan o induzcan a la violencia, el racismo u otros comportamientos contrarios a la dignidad humana, como apunta el art. 6 de la Ley autonómica 7/2003 antes citada; ni argumentos fundados en las características de las campañas publicitarias, en los destinatarios de la publicidad, el ámbito e implantación territorial y social del medio, la lengua empleada por éste o la rentabilidad económica de la inversión en función del impacto. Tampoco ha sido razonado por qué el precio superior excluye por completo la inserción de publicidad, en lugar de simplemente limitar o reducir la contratación con esa cadena. Y, por lo demás, la Administración ni siquiera intenta justificar el carácter abusivo de los precios de Radio Castellón, S.A.; concepto aquél, por indeterminado que sea, al que se refiere la normativa autonómica citada, y que sin duda, tras la debida especificación por la corporación local, podría condicionar su actuación y decisiones de gasto. A falta de ello sólo se ofrece una motivación apodíctica, careciendo de razonable fundamentación calificar un precio como superior sin efectuar una medición económica ligada a la audiencia y repercusión social o al índice de impacto del medio. Que un precio sea superior en términos de gasto por cuña no significa que lo sea en términos de proporcionalidad del gasto, como tampoco implica que sea abusivo, cuando no existe una unificación de los costes. Falta, en definitiva, una justificación que objetive la decisión y permita someterla a un juicio de razonabilidad y proporcionalidad. Y en ausencia de ello no está justificada la eliminación de Radio Castellón, S.A., del reparto equitativo de la publicidad institucional. Con ese trato desigual, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, sin razones aptas conocidas, limita a una parte muy representativa de ciudadanos la información que aquel ente público considera necesario transmitir, y a la recurrente sus fuentes previsibles de financiación, con los efectos aparejados ya descritos ex art. 20 CE. Tan inadmisible resulta despreciar el elemento económico, pues los entes públicos deben velar por un adecuado gasto público, como excluir de partida a cualquier medio, más cuando lo es de relevancia en función de sus niveles de audiencia, por el hecho de su mayor precio de tarifa, ya que los poderes públicos no pueden desatender otros factores en juego, ni despreciar la necesaria igualdad de los medios, la función de pluralismo que despliegan en relación con su viabilidad económica y el objetivo de la publicidad institucional misma. La garantía de la opinión pública libre, que de manera mediata queda con estas prácticas potencialmente comprometida, siquiera en algún modo incidida, obligaba a un examen diferente, integrador de todas las variables en juego, no solamente la económica, medida por lo demás en función del precio formal, sin proyección proporcional de costes en función del impacto mediático de la cuña publicitaria. Y el resultado apreciable no es sino la carencia de soporte y respaldo en Derecho de la vía de hecho impugnada, resultado que se daría exactamente igual si se perjudicara sin razones objetivas y sin criterios de proporcionalidad a medios de menor audiencia o de cualquier tendencia editorial. En ese escenario, con independencia de que puedan sembrarse dudas sobre la concurrencia de factores solapados, ideológicos o de otro tipo, de lo que queda constancia es de un desigual trato que no cumple los mandatos constitucionales de objetividad y proporcionalidad. Cabe concluir, por consiguiente, que es contrario al art. 14 CE la exclusión absoluta de la inserción de publicidad institucional en un medio de comunicación, particularmente relevante en función de su implantación y audiencia, sin justificación administrativa alguna que objetive la decisión de conformidad con la pluralidad de elementos concurrentes. La vía de hecho del Ayuntamiento, por tanto, resulta contraria al principio de igualdad (art. 14 CE). 9. Los razonamientos expuestos conducen a otorgar el amparo, una vez constatada la existencia de una desigualdad de trato en la vía de hecho administrativa impugnada, sin necesidad de entrar a conocer los motivos articulados por el cauce del art. 44 LOTC, habida cuenta que, conforme advertíamos al principio, sólo mediata e indirectamente entra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en la medida en que los órganos judiciales no repararon la lesión constitucional cometida por la Administración. El otorgamiento del amparo y la nulidad por este motivo de la vía de hecho que supuso la exclusión de Radio Castellón, S.A., de las campañas publicitarias en el período temporal reclamado implica forzosamente la declaración de nulidad de las resoluciones judiciales que la confirmaron, con la finalidad de restablecer el derecho fundamental vulnerado (SSTC 291/1993, de 18 de octubre, FJ 2, y 98/2003, de 2 de junio, FJ 5), a cuyo fin, al tratarse de un conjunto de campañas publicitarias referidas a un periodo de tiempo ya consumado, procederá la retroacción de las actuaciones a la vía judicial para que se disponga la reparación pertinente en congruencia con las peticiones del recurso contencioso-administrativo. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido Estimar el recurso de amparo interpuesto por don Radio Castellón, S.A., y, en su virtud: 1.º Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de la sociedad demandante de amparo a la igualdad ante la ley (art. 14 CE), en relación con la libertad de información [art. 20.1 d) CE]. 2.º Restablecerle en su derecho y, en consecuencia, declarar nula la exclusión de la recurrente de las campañas de publicidad institucional del Ayuntamiento de Castellón de la Plana en el período temporal precisado en el proceso contencioso-administrativo, así como, en tanto que confirmaron ese proceder, de la providencia de la Sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 21 de septiembre de 2012, la Sentencia de la misma Sala, núm. 257/2012, de 22 de mayo de 2012, y la Sentencia de 22 de junio de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Castellón, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1149-2009. 3.º Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al pronunciamiento de la primera de las citadas resoluciones judiciales para que el órgano judicial dicte una resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a veintitrés de junio de dos mil catorce.–Adela Asua Batarrita.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Firmado y rubricado. Voto particular que formula el Magistrado don Juan José González Rivas, respecto de la Sentencia dictada en el recurso de amparo 6050-2012 En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con el mayor respeto a la opinión mayoritaria, expreso mi discrepancia con el fallo de la Sentencia en cuanto que declara vulnerado el derecho fundamental de la libertad de información [art. 20.1 d) CE], así como con la fundamentación jurídica, y formulo Voto particular basado en los siguientes razonamientos: 1. Lo primero que hay que significar es que la demanda sólo invoca la lesión del art. 20 CE (pág. 18 y 22 de la demanda) al instrumentalizarse la vía de hecho como medio de represalia a la línea informativa seguida por el medio, girando la argumentación exclusivamente sobre la lesión en el marco del principio de igualdad (art. 14). La lesión se concreta en la demanda en la infracción del principio de igualdad que en este caso se pone en relación con las normas de publicidad institucional contenidas en la Ley valenciana 7/2003, sin que se haga referencia a que dichas normas puedan encuadrarse en el art. 20 CE. Por tanto, la invocación que se hace del art. 20 CE (pág. 22 de la demanda) en modo alguno es para incardinar la publicidad institucional en el derecho de los ciudadanos a recibir información del art. 20.1 d). Lo que dice la parte demandante de amparo es que se vulnera el art. 20 CE porque la no contratación de publicidad se hace en represalia a la línea informativa seguida por el medio; esto es, la vulneración del art. 20 CE es origen (motivación arbitraria) de la actividad administrativa, lo cual se ubica en el análisis del art. 14 CE (discriminación por razón de opinión). Esta denuncia es desestimada en el fundamento jurídico 7 de la Sentencia, por lo que la doctrina que desarrolla la Sentencia sobre el derecho de los ciudadanos a recibir información del art. 20.1 d) CE en los fundamentos jurídicos 3 a 5 queda extramuros del debate procesal planteado en la demanda de amparo. 2. En mi opinión, en los fundamentos jurídicos 3 a 5 se desenfoca el objeto del amparo y se elabora una doctrina sobre la publicidad institucional y su inserción en el art. 20.1 d) CE, que ni se plantea por las partes ni tan siquiera tiene relevancia para resolver el recurso que se formula desde el estricto prisma de la igualdad, cuando la esencia de la cuestión planteada es el análisis de la falta de prueba de la discriminación por razón de opinión, así como del panorama indiciario que permite identificar la vulneración del art. 14 CE. 3. Por lo demás, el desarrollo argumental de los fundamentos jurídicos 3 a 5 aparece además contrario a la propia doctrina constitucional en que se apoya. Así, la STC 14/2003, de 28 de enero, dejó claro que la información vertida por las instituciones públicas o sus órganos en el ejercicio de sus atribuciones –en el cual se inserta claramente la publicidad institucional– queda fuera del ámbito protegido por esta libertad reconocida en el art. 20.1 d) CE, con cita del ATC 19/1993, de 21 de enero y señala en el fundamento jurídico 8 lo siguiente, al final del mismo «ha de señalarse, en lo que aquí interesa y como se infiere del Auto 19/1993, de 21 de enero, respecto a la titularidad por los instituciones públicas o sus órganos de libertad de información, que la información vertida por las instituciones públicas o sus órganos en el ejercicio de sus atribuciones queda fuera del ámbito protegido por esta libertad reconocida en el art. 20.1.d CE». 4. Por otra parte, tanto la Ley estatal 29/2005, de 14 de febrero, como la Ley valenciana 7/2003, de 20 de marzo, incluyen diferentes objetivos de la publicidad institucional muy alejados del derecho fundamental a recibir información del art. 20.1 d) CE como «promover la comercialización de productos españoles», «atraer inversiones extranjeras», «promoción de específicos sectores económicos», «promoción de los propios valores o señas de identidad del territorio o de la población de la administración anunciante», «mejora de la imagen», etc. Y es que la publicidad tiene una finalidad eminentemente divulgativa, sin perjuicio de que pueda servir a otros fines, en tanto que la información es un vehículo comunicativo. En el presente recurso no se han debatido los contenidos de la publicidad institucional contratada, por lo que no puede aseverarse que los mismos tuvieran un contenido informativo o de comunicación institucional. 5. En consecuencia, los fundamentos del reparto equitativo de los fondos destinados a publicidad institucional no deriva, en mi opinión, de su conexión con el art. 20.1 d) CE, sino de los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos contenido en el art. 9 CE, del principio de igualdad proclamado por el art. 14 CE, o de la declaración del art. 103 CE, párrafo primero, que ordena a la Administración pública servir con objetividad los intereses generales, principios que informan la regulación legal, a la que debe someterse la Administración conforme al mandato constitucional del art. 106.1 CE. En este sentido emito mi Voto particular. Madrid, a veintitrés de junio de dos mil catorce.–Juan José González Rivas.–Firmado y rubricado.

TC obliga al ayuntamiento de Castellón a incluir a Radio Castellón, expulsada desde 2008, en el reparto de publicidad institucional.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña Adela Asua Batarrita, Presidenta; don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Pedro José González-Trevijano Sánchez y don Ricardo Enríquez Sancho, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de amparo núm. 6050-2012, promovido por Radio Castellón, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz-Cuéllar y asistida por el Abogado don Eduardo Aznar Giner, contra la providencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 21 de septiembre de 2012, que inadmitió a trámite el incidente de nulidad de actuaciones formulado frente a la Sentencia de la misma Sala, núm. 257/2012, de 22 de mayo, desestimatoria del recurso de apelación que impugnaba la Sentencia de 22 de junio de 2011 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Castellón, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 1149-2009, así como frente a la vía de hecho del Ayuntamiento de Castellón de la Plana que originó el antedicho recurso para la protección de derechos fundamentales. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha comparecido el Procurador don Adolfo Morales Hernández-Sanjuán, en nombre y representación del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Ha sido Ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 26 de octubre de 2012, el Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar, en nombre y representación de Radio Castellón, S.A., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales y la vía de hecho del Ayuntamiento de Castellón de la Plana mencionadas en el encabezamiento. 2. Los hechos de los que trae causa la demanda son, en síntesis, los siguientes: a) La sociedad demandante de amparo interpuso recurso contencioso-administrativo por los trámites del procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales denunciando la inactividad de la Administración local demandada frente al requerimiento formulado por medio de escrito de 10 de noviembre de 2009. En este escrito se manifestaba no haber sido receptora de ninguna campaña publicitaria institucional en cinco años y se requería el cese inmediato de la exclusión discriminatoria que por la vía de hecho estaba sufriendo, así como el reconocimiento de los daños patrimoniales derivados de esa circunstancia. En su demanda, presentada en el Decanato de los Juzgados de Castellón en fecha de 23 de febrero de 2010, la representación procesal de Radio Castellón, S.A., ponía de manifiesto lo siguiente: i) que era titular de las emisoras radiofónicas Radio Castellón SER, 40 Principales Castellón, cadena Dial Castellón y M80 Radio Castellón, con difusión en el ámbito de la provincia de Castellón y asociadas a la cadena SER; ii) que a la Administración demandada (Ayuntamiento de Castellón de la Plana) le constaba –dato que procedía a acreditar mediante certificado del «Estudio general de medios»– que la cadena SER y sus radio-fórmulas contaban con la condición de líderes de audiencia en el ámbito territorial de referencia; iii) que la demandante ofrece precios que son acordes a su posición de liderazgo y repercusión mediática, y en todo caso análogos a los de la competencia, cadena COPE y Onda Cero; iv) que la Administración demandada, pese a lo anterior, la excluyó por completo de toda asignación de campañas de publicidad institucional desde el día 2 de abril de 2008; v) que ese modo de proceder evidenciaba una arbitrariedad discriminatoria; una directriz sistemática y sostenida en el tiempo a través de una vía de hecho, en tanto que repetida en cada una de las campañas institucionales sucesivas; vi) que la línea editorial no puede ser nunca razón legítima para que el Ayuntamiento demandado prescinda de quien es líder de audiencia en su territorio, no atisbándose, sin embargo, otra razón que explicase la actuación administrativa; vii) que el Ayuntamiento no ha explicitado criterio objetivo justificativo de esos hechos, tampoco con ocasión del requerimiento fehaciente efectuado en noviembre de 2009; viii) que dicho comportamiento infringe la regulación de la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana, los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación (art. 14 CE), así como a la libertad de expresión y de opinión (art. 20 CE), y expresa una vulneración de principios jurídicos básicos en las actuación de las Administraciones públicas, como los de imparcialidad, arbitrariedad y legalidad; y ix) su demanda daba cuenta, asimismo, del contraste de cuantías percibidas por Radio Castellón, S.A., en los distintos ejercicios: 82.822,99 euros de media anual entre los años 2004 y 2007; 17.400 euros en 2008 y cero euros de asignación presupuestaria en 2009. Con base en todo lo expuesto, suplicaba la declaración de vulneración de aquellos derechos fundamentales, la nulidad de la vía de hecho en la asignación discriminatoria de publicidad institucional, el cese de la misma y una reparación económica (equivalente al 80 por 100 de las contrataciones de publicidad institucional en medio radiofónico que la demandada hubiera asignado al medio radiofónico que obtuvo la mayor distribución en el periodo 2008-2009). El Ministerio Fiscal solicitó que se dictara Sentencia conforme a lo que quedara acreditado tras la práctica de la prueba. El Ayuntamiento de Castellón de la Plana, por su parte, se opuso a la demanda aduciendo: i) que la contratación de la publicidad institucional en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana respondió a los principios de la Ley 7/2003, de 20 de marzo, de publicidad institucional de la Comunidad Valenciana, y a los de la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de publicidad y comunicación institucional; ii) que se procuró optimizar los recursos públicos sin perder impacto mediático y obteniendo ### RESUMEN: TC obliga al ayuntamiento de Castellón a incluir a Radio Castellón, expulsada desde 2008, en el reparto de publicidad institucional.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 26 de septiembre de 2012, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 21 y 34 de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo, contenida en el anexo a la presente Resolución. Madrid, 3 de diciembre de 2012.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ANEXO Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo Artículo 21. De las disposiciones comunes a los diferentes Estamentos (ciclistas, clubes, Directores deportivos/entrenadores, Jueces árbitros y cronometradores y otros colectivos). 1. Todos los miembros de los diferentes Estamentos (ciclistas, clubes, jueces árbitros y cronometradores, Técnicos (Directores Deportivos/Entrenadores) y otros colectivos, que forman la Asamblea General deberán disponer de la correspondiente licencia emitida por la RFEC. 2. La licencia es el vínculo de integración de cada uno de los miembros de los diferentes Estamentos, en esta RFEC. Dicha vinculación se efectúa a petición propia a través de la Federación Autonómica que le corresponda por la situación geográfica y su domicilio legal –lugar de empadronamiento–, a excepción de las licencias correspondientes al ciclismo profesional, que se tramitan directamente por la RFEC. 3. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos proporcionados por los Estamentos físicos federativos, serán incorporados y tratados en los diversos ficheros de los que es titular la RFEC, que reúnen las medidas de seguridad de nivel básico y que se encuentran inscritos en el Registro General de Datos Personales dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos. El responsable de dicho fichero es la RFEC. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de tramitar y gestionar licencias deportivas. Dichos datos únicamente serán cedidos y transferidos a terceros en el ámbito de las competiciones deportivas, para cumplir los fines que exclusivamente se deriven del ejercicio de las funciones y obligaciones de la RFEC, así como en su caso, a patrocinadores de la RFEC, con el fin de realizar acciones publicitarias sobre descuentos en material deportivo u otros, previa aceptación por parte de los afiliados en su solicitud de licencia. Así mismo la RFEC podrá realizar envíos publicitarios, bien por la propia RFEC, bien a través de una empresa que la Federación designe para los mismos, con el fin de informar a los federados sobre promociones interesantes para el mismo, previa aceptación del federado en su solicitud de licencia. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la RFEC, sita en la calle Ferraz, n.º 16, 5.ª planta de Madrid, CP 28008. 4. La adscripción e integración en la RFEC a través de la suscripción y renovación de la licencia federativa, implica la aceptación expresa y libre asunción por parte de los federados, de los siguientes efectos: a) Su consentimiento para que en la relación de inscripciones de competiciones y en la publicación de los resultados de ésta, aparezcan publicados sus datos referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia y club de pertenencia, así como en su caso el código UCI. b) Su autorización y consentimiento para la comunicación de sus datos referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia y club de pertenencia o sociales, a países sedes de competiciones internacionales de ciclismo, que en algunos casos pueden no contar con una legislación de protección de datos equiparable a la española. La finalidad de esta comunicación es la de cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora para participar en esta competición. c) Su autorización y consentimiento, para comunicar y ceder a la UCI y a la Agencia Estatal Antidopaje, los datos relativos a los controles de dopaje en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes asumidos por España, así como el contenido de la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores incoados, en su caso, como consecuencia de dichos controles. d) Su autorización y consentimiento, para que en caso de que cualquier federado sea sancionado con la prohibición de competir, la RFEC publique en su página Web (Intranet), a efectos de que dicha sanción sea conocida por todos los afiliados a la RFEC, los datos siguientes: Nombre y apellidos, precepto normativo infringido y período de duración de la sanción. A estos efectos, la RFEC, de acuerdo con lo establecido en la Convención internacional contra el Dopaje de la UNESCO, en la normativa antidopaje de la UCI, así como el Código Mundial Antidopaje, de obligado cumplimiento para la misma, procederá a notificar a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Deporte las sanciones impuestas por el CNCDD de la RFEC, en materia de dopaje previstas en la Ley Orgánica 7/2006 de 22 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, para su publicación a través de la página Web del Consejo Superior de Deportes, al ser éste el órgano titular de la potestad disciplinaria en materia de dopaje, siendo contrario a la Ley Orgánica 15/1999 el tratamiento posterior de los datos publicados por cualquier sujeto distinto del Consejo Superior de Deportes. La publicación únicamente contendrá los datos relativos al infractor, la especialidad deportiva, el precepto vulnerado, la sanción impuesta y, únicamente cuando ello resulte imprescindible, la sustancia consumida o el método utilizado. Sólo será posible la publicación de las sanciones que sean firmes en vía administrativa, no pudiendo producirse dicha publicación con anterioridad. El plazo máximo durante el que los datos podrán ser objeto de publicación no deberá nunca exceder del tiempo por el que se produzca la suspensión o privación de licencia federativa. Las resoluciones adoptadas en los procedimientos de sanciones disciplinarias por dopaje tramitados por el Comité de Competición y Disciplina Deportiva de esta Federación, en el ámbito de sus competencias, deberán incluir la notificación al interesado de que, en caso de haberse impuesto una sanción disciplinaria, ésta será objeto de publicación en Internet, en los términos indicados en este precepto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999. Artículo 34. Régimen de las sesiones y convocatoria. 1. La Asamblea General se reunirá, en sesión plenaria y con carácter ordinario, una vez al año para los fines de su competencia, siendo convocada en la fecha y lugar propuesta por la Junta Directiva y aprobada por el Presidente. 2. Las demás reuniones tendrán carácter extraordinario y se celebrarán, cuantas veces sea convocada, a instancia del Presidente, por acuerdo de la Comisión Delegada, adoptado por mayoría, o a solicitud del veinte por ciento, al menos, de los miembros de la propia Asamblea. Toda convocatoria deberá efectuarse mediante comunicación escrita a todos sus miembros con expresa mención al lugar, día y hora de celebración en primera y segunda convocatoria, así como el orden del día de los asuntos a tratar. El orden del día de las sesiones se establecerá por la Comisión Delegada. 3. La convocatoria, así como la documentación que sea concerniente a los asuntos que vayan a tratarse en el orden del día, podrán remitirse a los Asambleístas a la dirección de correo electrónico recabada para tal fin mediante formulario elaborado cumpliendo con las exigencias previstas por la LOPD. Los datos facilitados por los Asambleístas en este formulario serán incluidos en un fichero responsabilidad de la RFEC, inscrito en el Registro General de Protección de Datos. 4. Sin perjuicio de lo anterior, igualmente se enviará esta documentación por correo postal, a todos aquellos miembros de la Asamblea que así lo soliciten. 5. Del mismo modo, la documentación relativa a los asuntos que compongan el orden del día, podrá remitirse dentro de los diez días anteriores previstos a la fecha de su celebración o, incluso, presentarse el propio día de la sesión, en los supuestos de urgencia que prevé el punto 3 del artículo anterior. 6. Las convocatorias se realizarán con un preaviso no inferior a 15 días naturales, excepto en el supuesto contemplado para la moción de censura al Presidente. 7. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar una diferencia de 30 minutos. 8. Los miembros de la Asamblea General deberán obtener su acreditación, que será necesaria para participar en la misma, y que le será facilitada por los servicios administrativos de la RFEC el mismo día de la sesión, a partir de una hora antes de su inicio, en la propia sala de aquélla. 9. Llegada la hora señalada para la celebración de la Asamblea General, no se autorizará el acceso a la sala de más representantes y se comprobará si concurre la mayoría exigida para la primera convocatoria; una vez cumplido el anterior requisito, se declara abierta la sesión, permitiéndose la entrada a cuantos asambleístas lo deseen. 10. La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando concurran en primera convocatoria, la mayoría de sus miembros o en segunda convocatoria, la tercera parte de los mismos. 11. No obstante lo anterior, la Asamblea General quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto cuando se encuentren reunidos todos sus miembros y así lo acuerden por unanimidad. 12. Podrá asistir a las sesiones de la Asamblea, con voz pero sin voto, el Presidente saliente del último mandato, así como los miembros de la Comisión Ejecutiva de la RFEC, que no lo sean de la Asamblea General, y el Presidente del Consejo de Ciclismo Profesional. 13. Al inicio de cada sesión se designarán por la Mesa tres miembros de aquélla con la misión de verificar el acta que, con el visto bueno del Presidente, levantará el Secretario. En su ausencia, actuará como Secretario quien designe la Asamblea. 14. Es función del Secretario asistir al Presidente en la verificación del recuento de asistentes y la confección del Acta de la reunión. 15. El Secretario de la RFEC, actuará como Secretario de la Asamblea General. En su ausencia, actuará como Secretario quien designe la Asamblea. 16. El Acta de cada reunión recogerá los nombres de los asistentes, especificará el nombre de las personas que intervengan y demás circunstancias que se estimen oportunas, así como el texto de los acuerdos que se adopten y el resultado de las votaciones y, en su caso, los votos particulares contrarios a los acuerdos adoptados. 17. Los votos contrarios a los acuerdos adoptados o las abstenciones motivadas eximirán de las responsabilidades que pudieran derivarse, en su caso, de los acuerdos de los órganos colegiados. 18. El Acta de la reunión podrá ser aprobada al finalizar la sesión del Pleno correspondiente, sin perjuicio de su posterior remisión a los miembros del mismo. 19. En caso de no aprobarse el Acta al término de la reunión, será remitida a todos los miembros de la Asamblea en un término máximo de treinta días. 20. El Acta se considerará aprobada si, transcurridos treinta días naturales, desde su remisión, no se hubiere formulado observación alguna sobre su contenido. 21. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de los miembros de la Asamblea y/o demás personas físicas o jurídicas afiliadas a la RFEC, a impugnar los acuerdos adoptados según los trámites previstos en la legislación vigente. La impugnación de los acuerdos adoptados no suspenderá la eficacia de los mismos. 22. El Presidente de la RFEC, presidirá la Asamblea General, abrirá, suspenderá y en su caso, cerrará las sesiones de la Asamblea. Conducirá los debates, regulando el uso de la palabra y sometiendo a votación las proposiciones o medidas que deban adoptarse. A tal fin, podrá dividir cada ponencia en diversas secciones, para proceder a su debate por separado. Resolverá las cuestiones de orden y procedimiento que puedan plantearse. Podrá ampliar o limitar las intervenciones cuando así lo exija la materia o el tiempo, y está facultado para amonestar e, incluso, retirar la palabra a los miembros de la Asamblea que se dirijan de forma irrespetuosa a la Presidencia o a otros miembros de la misma. 23. Los debates se iniciarán con una exposición relativa a la ponencia que corresponda, a cargo del Presidente o de la persona a quien éste designe. 24. Sólo serán objeto de debate particularizado, aquéllas cuestiones o preceptos que hayan sido objeto de enmienda y lo que el Presidente o la mayoría de la Asamblea considerasen preciso. Las cuestiones o preceptos no enmendados se entenderán aprobados, salvo que resulten afectados por enmiendas aceptadas en relación con otros temas o preceptos. 25. Todo miembro de la Asamblea podrá presentar enmiendas a las ponencias que sean sometidas a la consideración del órgano correspondiente. 26. Las enmiendas deberán ser recibidas en la RFEC con siete días de antelación a la celebración de la sesión correspondiente. 27. El Presidente, oída la Comisión Delegada, podrá admitir con carácter excepcional, enmiendas presentadas fuera de plazo. 28. Durante la sesión sólo podrán presentarse enmiendas transaccionales que pretendan aproximar el contenido de las enmiendas presentadas y el texto de la ponencia. Las enmiendas transaccionales deberán presentarse por escrito antes de iniciarse la votación del texto o precepto correspondiente. La calificación y admisión de tales enmiendas corresponderá al Presidente. 29. Por cada enmienda podrán producirse dos turnos a favor y dos en contra por tiempo no superior a tres minutos cada uno. En caso de enmiendas que se formulen en el mismo sentido, el Presidente podrá dividir los turnos a favor entre los enmendantes. 30. Finalizado el debate de todas las enmiendas relativas a un mismo tema o precepto, se someterá a votación el texto que, en ese momento, proponga el Presidente. Si fuera rechazado, se someterán a votación, por el orden de su debate, las enmiendas presentadas hasta que alguna resulte aprobada. 31. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos en el Orden del Día se procederá a verificar el recuento de asistentes, resolviendo el Presidente las impugnaciones o reclamaciones que pudieran formularse en cuanto a la inclusión o exclusión del algún asistente. 32. El Presidente, a iniciativa propia o a petición de un veinte por ciento de los miembros de la Asamblea General, podrá convocar a las sesiones de la misma a personas que no sean miembros de ella, para informar de los temas que se soliciten. 33. Los acuerdos deberán ser adoptados expresamente, previa redacción de los mismos y tras la consiguiente votación. La votación será secreta en la elección de Presidente y miembros de la Comisión Delegada y en la moción de censura. Será pública en los casos restantes, salvo que la tercera parte de los asistentes solicite votación secreta. La votación pública se efectuará a mano alzada. El voto de los miembros de la Asamblea General es personal e indelegable. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes, salvo en los supuestos en que los presentes estatutos exijan mayoría cualificada para su adopción. El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. 34. La sesión extraordinaria de la Asamblea que conozca de una moción de censura se iniciará con una exposición de la misma por uno de sus signatarios, por tiempo máximo de veinte minutos. El Presidente de la Federación, o el asambleísta que éste designe, podrán hacer uso de la palabra a continuación por un tiempo máximo de veinte minutos. Ambos intervinientes podrán hacer uso de la palabra en sendos turnos de réplica y dúplica por tiempo no superior a cinco minutos cada uno. 35. A continuación podrá intervenir el candidato incluido en la moción de censura por tiempo no superior a veinte minutos. El Presidente podrá contestar en un tiempo máximo de veinte minutos. Ambos intervinientes podrán hacer uso de los turnos de réplica y dúplica por tiempo no superior a cinco minutos cada uno. 36. En caso de que se hayan presentado mociones alternativas, se procederá a su debate, siguiendo los criterios establecidos en el artículo anterior y por su orden de presentación. 37. Finalizado el debate, la moción o mociones serán sometidas a votación por el orden de su presentación. La votación será secreta y se efectuará con llamamiento nominal y por papeletas, en las que se consignará sí o no, según se apruebe o rechace la moción. La aprobación de la moción de censura, requerirá mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de la asamblea.

Modificación de los estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo.

En ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre del Deporte, la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, en su sesión de 26 de septiembre de 2012, ha aprobado definitivamente la modificación de los artículos 21 y 34 de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo, autorizando su inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas. En cumplimiento de lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley del Deporte y artículo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, dispongo la publicación de la modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo, contenida en el anexo a la presente Resolución. Madrid, 3 de diciembre de 2012.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal Carro. ANEXO Modificación de los Estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo Artículo 21. De las disposiciones comunes a los diferentes Estamentos (ciclistas, clubes, Directores deportivos/entrenadores, Jueces árbitros y cronometradores y otros colectivos). 1. Todos los miembros de los diferentes Estamentos (ciclistas, clubes, jueces árbitros y cronometradores, Técnicos (Directores Deportivos/Entrenadores) y otros colectivos, que forman la Asamblea General deberán disponer de la correspondiente licencia emitida por la RFEC. 2. La licencia es el vínculo de integración de cada uno de los miembros de los diferentes Estamentos, en esta RFEC. Dicha vinculación se efectúa a petición propia a través de la Federación Autonómica que le corresponda por la situación geográfica y su domicilio legal –lugar de empadronamiento–, a excepción de las licencias correspondientes al ciclismo profesional, que se tramitan directamente por la RFEC. 3. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos proporcionados por los Estamentos físicos federativos, serán incorporados y tratados en los diversos ficheros de los que es titular la RFEC, que reúnen las medidas de seguridad de nivel básico y que se encuentran inscritos en el Registro General de Datos Personales dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos. El responsable de dicho fichero es la RFEC. La finalidad de la recogida y tratamiento de los datos es la de tramitar y gestionar licencias deportivas. Dichos datos únicamente serán cedidos y transferidos a terceros en el ámbito de las competiciones deportivas, para cumplir los fines que exclusivamente se deriven del ejercicio de las funciones y obligaciones de la RFEC, así como en su caso, a patrocinadores de la RFEC, con el fin de realizar acciones publicitarias sobre descuentos en material deportivo u otros, previa aceptación por parte de los afiliados en su solicitud de licencia. Así mismo la RFEC podrá realizar envíos publicitarios, bien por la propia RFEC, bien a través de una empresa que la Federación designe para los mismos, con el fin de informar a los federados sobre promociones interesantes para el mismo, previa aceptación del federado en su solicitud de licencia. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la sede de la RFEC, sita en la calle Ferraz, n.º 16, 5.ª planta de Madrid, CP 28008. 4. La adscripción e integración en la RFEC a través de la suscripción y renovación de la licencia federativa, implica la aceptación expresa y libre asunción por parte de los federados, de los siguientes efectos: a) Su consentimiento para que en la relación de inscripciones de competiciones y en la publicación de los resultados de ésta, aparezcan publicados sus datos referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia y club de pertenencia, así como en su caso el código UCI. b) Su autorización y consentimiento para la comunicación de sus datos referidos al nombre, dos apellidos, número de licencia y club de pertenencia o sociales, a países sedes de competiciones internacionales de ciclismo, que en algunos casos pueden no contar con una legislación de protección de datos equiparable a la española. La finalidad de esta comunicación es la de cumplir con los requisitos exigidos por la entidad organizadora para participar en esta competición. c) Su autorización y consentimiento, para comunicar y ceder a la UCI y a la Agencia Estatal Antidopaje, los datos relativos a los controles de dopaje en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en el marco de lo que dispongan los compromisos internacionales legalmente vinculantes asumidos por España, así como el contenido de la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores incoados, en su caso, como consecuencia de dichos controles. d) Su autorización y consentimiento, para que en caso de que cualquier federado sea sancionado con la prohibición de competir, la RFEC publique en su página Web (Intranet), a efectos de que dicha sanción sea conocida por todos los afiliados a la RFEC, los datos siguientes: Nombre y apellidos, precepto normativo infringido y período de duración de la sanción. A estos efectos, la RFEC, de acuerdo con lo establecido en la Convención internacional contra el Dopaje de la UNESCO, en la normativa antidopaje de la UCI, así como el Código Mundial Antidopaje, de obligado cumplimiento para la misma, procederá a notificar a la Comisión de Control y Seguimiento de la Salud y el Deporte las sanciones impuestas por el CNCDD de la RFEC, en materia de dopaje previstas en la Ley Orgánica 7/2006 de 22 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, para su publicación a través de la página Web del Consejo Superior de Deportes, al ser éste el órgano titular de la potestad disciplinaria en materia de dopaje, siendo contrario a la Ley Orgánica ### RESUMEN: Modificación de los estatutos de la Real Federación Española de Ciclismo.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 6 del Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, por el que se regula la organización de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a las Comunidades Autónomas y se establecen las peculiaridades del régimen estatutario de su personal, modificado por el Real Decreto 1089/2000, de 9 de junio; de conformidad con las previsiones contenidas en el Acuerdo de Colaboración en materia policial suscrito entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia de 22 de octubre de 1990, prorrogado por otro de 16 de octubre de 2002, y en la Orden del Ministerio del Interior de 19 de junio de 1991, por la que se constituye una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a dicha Comunidad Autónoma, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de la Junta de Galicia, he acordado el nombramiento del Comisario don Silverio Blanco Fernández, como Jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia. Madrid, 2 de marzo de 2015.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Nombran Jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía en Galicia a Silverio Blanco Fernández.

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 6 del Real Decreto 221/1991, de 22 de febrero, por el que se regula la organización de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a las Comunidades Autónomas y se establecen las peculiaridades del régimen estatutario de su personal, modificado por el Real Decreto 1089/2000, de 9 de junio; de conformidad con las previsiones contenidas en el Acuerdo de Colaboración en materia policial suscrito entre la Administración del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia de 22 de octubre de 1990, prorrogado por otro de 16 de octubre de 2002, y en la Orden del Ministerio del Interior de 19 de junio de 1991, por la que se constituye una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a dicha Comunidad Autónoma, a propuesta del Vicepresidente y Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, de la Junta de Galicia, he acordado el nombramiento del Comisario don Silverio Blanco Fernández, como Jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia. Madrid, 2 de marzo de 2015.–El Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. ### RESUMEN: Nombran Jefe de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía en Galicia a Silverio Blanco Fernández.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ministerio de Justicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Contratación y Servicios. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección General de Contratación y Servicios. 2) Domicilio: Calle San Bernardo, 45. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28015. 4) Teléfono: 91 390 22 22. 5) Telefax: 91 390 23 10. 6) Correo electrónico: mesacontratación@mjusticia.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 1-13ASE. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Asistencia técnica para la migración a Windows 7 de los puestos de usuarios informáticos del Ministerio de Justicia. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 250.375,54 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 208.646,28 euros. Importe total: 252.462,00 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.259,39 euros. Definitiva (%): 5 % precio adjudicación. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Justicia. 2) Domicilio: Calle de la Bolsa, 8. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28012. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Minsiterio de Justicia. b) Dirección: Calle San Bernardo, 45. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: Oferta técnica (sobre 2) 25 de marzo de 2013. Oferta económica (sobre 3) 8 de abril de 2013. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 1 de febrero de 2013. Madrid, 1 de febrero de 2013.- La Jefa Servicio Contratación.

252.462,00 euros para la migración a Windows 7 en puestos de usuarios informáticos del Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Ministerio de Justicia. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Contratación y Servicios. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección General de Contratación y Servicios. 2) Domicilio: Calle San Bernardo, 45. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28015. 4) Teléfono: 91 390 22 22. 5) Telefax: 91 390 23 10. 6) Correo electrónico: mesacontratación@mjusticia.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.contrataciondelestado.es. d) Número de expediente: 1-13ASE. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Asistencia técnica para la migración a Windows 7 de los puestos de usuarios informáticos del Ministerio de Justicia. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 250.375,54 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 208.646,28 euros. Importe total: 252.462,00 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.259,39 euros. Definitiva (%): 5 % precio adjudicación. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 12 de marzo de 2013. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Justicia. 2) Domicilio: Calle de la Bolsa, 8. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28012. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Minsiterio de Justicia. b) Dirección: Calle San Bernardo, 45. c) Localidad y código postal: Madrid. d) Fecha y hora: Oferta técnica (sobre 2) 25 de marzo de 2013. Oferta económica (sobre 3) 8 de abril de 2013. 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': 1 de febrero de 2013. Madrid, 1 de febrero de 2013.- La Jefa Servicio Contratación. ### RESUMEN: 252.462,00 euros para la migración a Windows 7 en puestos de usuarios informáticos del Ministerio de Justicia.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Tribunal de Cuentas. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Tribunal de Cuentas (Registro General). 2) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28004. 4) Teléfono: 91 447 87 01. 5) Telefax: 91 446 76 00. 6) Correo electrónico: contratacion.gerencia@tcu.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.tcu.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta ocho días antes a la expiración del plazo de presentación de las ofertas. d) Número de expediente: 50/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Desarrollo del portal web y la sede electrónica del Tribunal de Cuentas. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81. 2) Localidad y código postal: Madrid 28004. e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72413000-8. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Valor estimado del contrato: 75.000 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 75.000 euros. Importe total: 90.750 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.250 euros. Definitiva (%): El 5 % del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la fecha de publicación de este anuncio. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Tribunal de Cuentas (Registro General). 2) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28004. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde desde la apertura de las proposiciones. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Acto Público. b) Dirección: Calle Fuencarral, número 81. c) Localidad y código postal: Madrid 28004. d) Fecha y hora: 21 de junio a las 10 horas (sobre B) y 25 de junio a las 10 horas (sobre C). 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Madrid, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García.

Desarrollo de portal web del Tribunal de Cuentas por importe total de 90.750 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Tribunal de Cuentas. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Tribunal de Cuentas (Registro General). 2) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28004. 4) Teléfono: 91 447 87 01. 5) Telefax: 91 446 76 00. 6) Correo electrónico: contratacion.gerencia@tcu.es. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.tcu.es. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta ocho días antes a la expiración del plazo de presentación de las ofertas. d) Número de expediente: 50/13. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Desarrollo del portal web y la sede electrónica del Tribunal de Cuentas. d) Lugar de ejecución/entrega: 1) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81. 2) Localidad y código postal: Madrid 28004. e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72413000-8. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Los criterios establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 4. Valor estimado del contrato: 75.000 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 75.000 euros. Importe total: 90.750 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2.250 euros. Definitiva (%): El 5 % del importe de adjudicación. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la fecha de publicación de este anuncio. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Tribunal de Cuentas (Registro General). 2) Domicilio: Calle Fuencarral, número 81. 3) Localidad y código postal: Madrid, 28004. f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos meses desde desde la apertura de las proposiciones. 9. Apertura de Ofertas: a) Descripción: Acto Público. b) Dirección: Calle Fuencarral, número 81. c) Localidad y código postal: Madrid 28004. d) Fecha y hora: 21 de junio a las 10 horas (sobre B) y 25 de junio a las 10 horas (sobre C). 10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Madrid, 27 de mayo de 2013.- El Presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García. ### RESUMEN: Desarrollo de portal web del Tribunal de Cuentas por importe total de 90.750 euros.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Renault España, S.A. (código de convenio n.º 90002092011981), que fue suscrito con fecha 18 de mayo de 2021, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma, y de otra por los comités de empresa en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, Esta Dirección General de Trabajo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo, en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria del Convenio. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 19 de agosto de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero. ANEXO Convenio Colectivo Interprovincial de Renault España 2021-2024 Declaración de objetivos Se declara objetivo fundamental para la continuidad de la Empresa el del aumento de su competitividad, que depende, entre otros factores, de la obtención de la calidad total basada en la mejora permanente y en el progreso continuo; para ello se declara igualmente objetivo fundamental la formación de los trabajadores. Asimismo, se manifiesta el propósito de aprovechar al máximo sus posibilidades en relación con el mercado nacional y de exportación. CAPÍTULO I Objeto y ámbito Artículo 1. Objeto y ámbito funcional. El presente Convenio regula las relaciones entre la Empresa Renault España, S.A. y los trabajadores incluidos en su ámbito personal, y se aplicará con preferencia a lo dispuesto en las demás normas laborales. Artículo 2. Convenio único. Este Convenio será único para toda la Empresa de Renault España, S.A. Artículo 3. Ámbito territorial. El presente Convenio afectará a todos los centros de trabajo (incluidas las delegaciones) de la Empresa Renault España, S.A., existentes en la actualidad o que se puedan crear durante su vigencia. Artículo 4. Ámbito personal. 1. El Convenio afectará a la totalidad del personal que presta sus servicios en la Empresa, con las excepciones siguientes: a) El personal directivo y de alta gestión excluido del ámbito regulado por la legislación laboral o cuya relación laboral tenga carácter especial. b) Al personal nombrado por la gerencia para desempeñar cargos de categoría de mando superior, atendida la clasificación profesional específica de la Empresa, le será aplicable el presente Convenio salvo en aquellas materias (tales como salarios, seguros, etc.) reguladas en el régimen más favorable vigente en la Empresa para el colectivo de mandos superiores. La Empresa suministrará a la Representación de los Trabajadores una relación del personal directivo en el momento de la entrada en vigor del Convenio, así como las alteraciones que se produzcan durante la vigencia del mismo. 2. No obstante, al personal contratado en cualquiera de las modalidades de duración determinada que regula el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores así como los contratados a jornada o tiempo parcial de nuevo ingreso, aprendices y contratados en prácticas, les será aplicable lo dispuesto en el presente Convenio en materia de jornada y vacaciones, licencias, conceptos y retribución salariales, y rendimientos, en lo compatible con la naturaleza del contrato y, en su caso, proporcionalmente a la duración y jornada en éste establecidas. En los contratos formativos, se estará a lo previsto en la normativa legal específica en cuanto a la combinación de trabajo efectivo y formación, y en cuanto a la retribución. Artículo 5. Ámbito temporal. El Convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2021 y su duración será de cuatro años a contar desde dicha fecha, es decir hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, se entenderá automáticamente prorrogado por la tácita de año en año hasta que cualquiera de las partes lo denuncie en debida forma y por escrito con la antelación mínima de tres meses al término del plazo de vigencia inicial o de la prórroga anual en curso. Asimismo, se entenderá prorrogado a todos los efectos durante el tiempo que medie entre la fecha de su expiración y la entrada en vigor del nuevo Convenio que lo sustituya, cuyos efectos retributivos se retrotraerán a la mencionada fecha de expiración. No obstante, lo antecedentemente expuesto, se incorpora al presente Convenio Colectivo una nueva redacción del anexo IX que sustituye y deja sin efecto la anteriormente pactada hasta 31.12.2020, con duración, independiente del ámbito temporal del resto del Convenio, hasta 31 de diciembre del año 2024, sin que sea susceptible de prórroga automática. Se incorpora también con duración independiente del ámbito temporal del resto del Convenio, hasta 31 de diciembre del año 2024, sin que sea susceptible de prórroga automática, el nuevo anexo VI «Reglamento para la promoción de la iniciativa y la creatividad». Artículo 6. Absorción y compensación. Las mejoras resultantes del presente Convenio serán absorbibles y compensables con aquéllas que pudieran establecerse por disposición legal, salvo cuando expresamente se pacte lo contrario. Artículo 7. Sustitución de condiciones. La entrada en vigor de este Convenio entraña la sustitución de las condiciones laborales vigentes por las que se establecen en el presente pacto colectivo, por estimar que en conjunto y globalmente consideradas suponen condiciones más beneficiosas para los trabajadores. Quedan a salvo las garantías personales establecidas en el artículo octavo del presente Convenio. Todos los casos no contemplados en el presente Convenio se regularán por la legislación vigente. Artículo 8. Garantías personales. Se respetarán las garantías económicas de carácter personal ya establecidas en convenios anteriores, que se incluyen en el artículo 54 del presente Convenio. Artículo 9. Tramitación del Convenio. El presente Convenio se presentará ante el organismo competente al objeto de su oportuno registro y demás efectos que procedan, de conformidad con la vigente legislación al respecto. Artículo 10. Comisión de Vigilancia e Interpretación y solución extrajudicial de conflictos. A) Comisión de Vigilancia e Interpretación. 1. Para vigilar el cumplimiento del Convenio, y con el fin de interpretarlo cuando proceda, se constituirá una Comisión Mixta de Vigilancia e Interpretación en el plazo de quince días, a partir de su entrada en vigor. 2. Esta Comisión estará formada por siete miembros como máximo de la representación de las centrales sindicales firmantes del presente Convenio y otros tantos de la representación de la Empresa, todos ellos con sus respectivos suplentes. Se nombrarán dos Secretarios de la plantilla de la Empresa, con sus respectivos suplentes, uno por cada representación, que pueden ser o no vocales de esta Comisión, y serán designados por la Empresa y las centrales sindicales firmantes del Convenio respectivamente. Los Secretarios, cuando reúnan las condiciones de vocales, tendrán voz y voto. Con el exclusivo objeto de dirigir las reuniones, sin poder decisorio alguno ni voto de calidad, se designará en cada reunión un presidente moderador. Este cargo será desempeñado alternativamente por un vocal de la Representación de los Trabajadores, y otro de la empresarial, designados por sus propias representaciones de entre sus componentes. Ambas representaciones podrán asistir a las reuniones acompañadas de tres asesores, como máximo, que podrán ser ajenos a la Empresa, que serán designados libremente por cada una de ellas, los cuales tendrán voz pero no voto. 3. Las reuniones se celebrarán cada tres meses, y con carácter extraordinario a petición de cualquiera de las dos partes, cuando la importancia del tema así lo requiera. Las convocatorias las cursarán los Secretarios comunicando el orden del día. El domicilio de la Comisión Mixta será el de la razón social de la Empresa. 4. La Comisión por medio de sus secretarios, publicará los acuerdos interpretativos del Convenio, facilitando copia a la Empresa y a la representación de las centrales sindicales firmantes, en el plazo que en cada caso se determine. La Comisión Mixta recibirá cuantas consultas sobre la interpretación del Convenio se le formulen a través de la Empresa o de la Representación de los Trabajadores. 5. Las decisiones se tomarán considerando que cada una de las dos representaciones, cualquiera que sea el número de los vocales presentes, tiene un voto. 6. Será de la competencia de la Comisión regular su propio funcionamiento en lo que no esté previsto en las presentes normas. B) Solución extrajudicial de conflictos. Las discrepancias producidas en el ámbito de las relaciones laborales colectivas se someterán a los procedimientos de mediación y conciliación regulados en el ámbito de la controversia (Castilla y León, Andalucía, Madrid y/o Estatal –SERLA, SERCLA, SMAC, SIMA–). Si en dicho procedimiento no se alcanzara acuerdo, las partes, previa manifestación por escrito, podrán igualmente someterse a un arbitraje. El árbitro será designado con la aprobación de ambas partes. CAPÍTULO II Jornada y descanso Artículo 11. Jornada de trabajo. 1. El número de horas de trabajo real para cada uno de los años 2021, 2022, 2023 y 2024 será de 1.681,75 horas (mil seiscientas ochenta y uno con setenta y cinco horas), que es el resultado de reducir en 144 horas con 70 centésimas las 1.826 horas con 45 centésimas de trabajo real, cómputo anual de la jornada de 40 horas semanales establecida por el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores. Esta jornada del Convenio 2021-2024 se acuerda sin perjuicio de que, por disposición legal posterior, pueda resultar de obligado cumplimiento, durante el periodo de vigencia del presente Convenio, la aplicación de una jornada inferior, en cuyo caso se aplicará esta última. A las horas de trabajo real acordadas para cada uno de los años del periodo 2021-2024, hay que añadir el tiempo de descanso, en el caso de jornada continuada, para determinar la jornada de presencia. Dadas las circunstancias y organización del trabajo y de la producción en Renault España, S.A., la jornada a todos los efectos seguirá estableciéndose en cómputo anual, sin que sea exigible a efectos de control ni a ningún otro efecto, el cómputo por períodos o unidades de tiempo inferiores (semanal, mensual, trimestral, etc.). 2. Toda reducción de jornada establecida por cualquier tipo de disposición legal obligatoria sobre la señalada en el párrafo anterior, no implicará merma alguna en el descanso reglamentario concedido para la jornada continuada. 3. Si efectuado, por un lado, el cómputo anual de horas de trabajo real con la jornada máxima diaria y período de vacaciones aplicables, según las normas legales vigentes, en la fecha de la firma de este Convenio, y por otro, según lo que en éste se pacta, existiera una diferencia favorable a los trabajadores, esta diferencia podrá ser absorbida, parcial o totalmente, a criterio de la Empresa, con cualquier disminución de la jornada o cualquier aumento del período de vacaciones que pudieran ser dispuestos por norma legal obligatoria. Artículo 12. Calendarios y horarios. 1. Para cada año, y sin necesidad de esperar a la publicación de los calendarios oficiales, la Dirección de la Empresa confeccionará los calendarios y horarios generales por cada centro de trabajo o dependencia, incluyendo los denominados «días de mejora de la competitividad» que se especifican en el Anexo X del presente convenio y con las excepciones que las necesidades de organización aconsejen. Estos calendarios y horarios se negociarán entre la representación de la Dirección y el Comité Intercentros. 2. De no llegarse a un acuerdo entre las partes al término de dos reuniones específicas, como máximo en un plazo de 15 días laborables, sobre este tema, la Dirección de la Empresa aplicará provisionalmente los calendarios y horarios confeccionados por ella, hasta que el organismo competente, en su caso, se pronuncie sobre los calendarios y horarios definitivos, los cuales surtirán efectos únicamente a partir de la fecha de la resolución en primera instancia, no teniendo por tanto efecto retroactivo alguno. Entre las dos reuniones a que se refiere el párrafo anterior, habrán de transcurrir, como mínimo, tres días laborables; la convocatoria para la primera reunión, que realizará la Dirección de la Empresa, deberá ir acompañada de los calendarios y horarios, confeccionados por la misma. La aplicación de los calendarios y horarios confeccionados y decididos por la Empresa a que se refieren los dos párrafos anteriores, en caso de no llegarse a un acuerdo y hasta que decida el organismo competente, estará supeditada a que los horarios diarios fijados no superen un tiempo de trabajo real de 7'75 horas diarias en jornada ordinaria, en el régimen de trabajo a turnos. En todo caso, cada trabajador habrá de cumplir la jornada anual de trabajo real fijada en este Convenio. 3. Entretanto, mientras se fijan los calendarios y horarios provisionales o definitivos, se prorrogarán la jornada y la secuencia de rotación de los turnos que venían aplicándose. 4. Cada trabajador cumplirá en cada momento el calendario y horarios vigentes y sin llevarse cuentas individuales, salvo en los casos de cambio de turno o de puestos de trabajo, dispuestos por la Empresa, y vacaciones no colectivas. En estos casos se hará el balance del crédito o débito de horas de cada trabajador cada trimestre. Se procurará, cuando sea posible, que los trabajadores que no hagan normalmente turno de mañana, noche y tarde, roten entrando una semana de noche cuando les corresponda de mañana, y la siguiente cuando les corresponda de tarde. La regularización de los saldos se efectuará de mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador. De no haber acuerdo, si hay saldo de horas favorable al trabajador, disfrutará días completos, para lo cual la Empresa señalará las fechas de disfrute con una antelación mínima de treinta días, a fin de que el trabajador pueda ejercer sus derechos. Las fracciones de jornadas que resten, podrán ser abonadas o acumuladas para el período siguiente, dando opción en este caso al trabajador. Si el saldo es contrario al trabajador, se fijarán las fechas de recuperación de la misma forma. La Representación de los Trabajadores podrá solicitar los datos referentes a saldos individuales de los trabajadores. 5. Podrá acordarse el traslado de disfrute de fiestas oficiales a otras fechas, siempre que expresamente autorice este traslado la Autoridad Laboral. Artículo 13. Tipos de jornada y turnos. 1. El trabajo en las factorías de las provincias de Valladolid, Sevilla y Palencia continuará realizándose en jornada normal, partida o continuada. En el centro de Madrid seguirá trabajándose en jornada normal partida, descansando sábados y domingos. En los demás centros, salvo que se acuerde otra cosa, los sábados se trabajará cuatro horas. Se exceptúan de estos regímenes de trabajo los servicios especiales legalmente autorizados. 2. La duración de la jornada diaria y semanal será la que resulte de distribuir las horas de la jornada anual entre los días laborables, al confeccionarse el calendario. 3. Durante la vigencia del Convenio o cualquiera de sus prórrogas, la Empresa podrá establecer, de acuerdo con las disposiciones vigentes en esta materia y por necesidades del servicio, dos o más turnos de trabajo y adscribir al personal necesario. La Empresa comunicará a la Representación de los Trabajadores cualquier modificación permanente y prevista con una antelación de quince días. 4. Para los servicios y grupos de trabajadores que habitualmente se excluyen del calendario general (tales como Vigilancia, Servicios Médicos, Mantenimiento, Instalaciones, Servicios contra Incendios), los cuadros de distribución de descansos se elaborarán por períodos de 4 semanas, como mínimo, computados de acuerdo con los criterios legalmente establecidos. Igualmente la Dirección de la Empresa, con la antelación y el procedimiento señalados en el número anterior, comunicará a la Representación de los Trabajadores y a los trabajadores afectados las modificaciones que puntualmente sea preciso introducir por necesidades justificadas de organización del trabajo en estos servicios. Los trabajadores que, como consecuencia de la aplicación de los citados cuadros de distribución, les corresponda trabajar en sábados, domingos o festivos, percibirán los pluses que pudieran corresponderles. En la distribución de los descansos se aplicarán criterios de rotación equitativa entre todos los trabajadores afectados en cada servicio, garantizándose como mínimo un descanso de un sábado y domingo consecutivos en cada período de 4 semanas. Artículo 14. Jornada reducida de turno de noche. 1. Los operarios que trabajan en horario de ocho horas nocturnas reducirán su horario en las noches de sábado a domingo o de domingo a lunes, en cuatro horas, que se computarán a efectos salariales como trabajadas. 2. El disfrute de esta reducción podrá hacerse, bien dentro de la semana en que se realice el turno de noche, preferentemente en la noche de sábado a domingo o de domingo a lunes, o, si esto no es posible, se acumularán las horas de reducción hasta completar jornadas completas. 3. El derecho al disfrute y correspondiente devengo de las cuatro horas dejadas de trabajar en virtud de lo anterior, será proporcional al tiempo normal de trabajo nocturno efectuado durante el resto de los días de la semana a la que corresponden las cuatro horas en cuestión. 4. El descanso o disminución de jornada derivado de los trabajos nocturnos, será disfrutado en tiempo. No obstante, previo acuerdo entre Empresa y trabajadores afectados, podrá trabajarse este tiempo de disminución de jornada, siempre que exista el número de trabajadores necesarios para la prestación del servicio, en cuyo caso se abonará con un valor equivalente, aun cuando no tenga esta naturaleza, al de las horas extraordinarias, además de lo que viene percibiendo actualmente. 5. Cada tres meses los Departamentos o Servicios procederán a efectuar una regularización al personal que efectúa turnos de noche. Si de esta regularización resultara fracción de tiempo de disfrute superior o inferior a las cuatro horas de reducción (según el acuerdo establecido) el trabajador tendrá opción a elegir entre acumular este tiempo para la siguiente regularización (trimestral) o cobrar la parte proporcional correspondiente. Si por el contrario, el saldo fuera desfavorable al trabajador, se fijarán las fechas de recuperación dentro del año natural y si esto no fuera posible, en el primer trimestre del año siguiente, para completar así el número total de horas/año, procediendo en su defecto, al descuento en nómina del tiempo no trabajado. 6. Los trabajadores que, a fecha a 31 de diciembre de 2020, tengan saldos pendientes de horas de reducción por jornadas trabajadas en turno de noche (RJTN), podrán proceder a su regularización a lo largo de la vigencia del presente convenio mediante alguna de las siguientes opciones: – Solicitar el abono de las jornadas pendientes, con el límite máximo del 25 % de su valor por año. – Compensar con jornadas de descanso, fijando los días de descanso de común acuerdo con la línea jerárquica. – Mantener las jornadas pendientes de regularización. Artículo 15. Jornada reducida de verano. 1. Por haber sido suprimida legalmente, no existe ya la Jornada Reducida de Verano, ni compensación económica que la sustituya. 2. Sin embargo, los trabajadores que antes del día 1 de enero de 1978 la tengan concedida, seguirán disfrutándola, a título personal, o cobrando la compensación correspondiente. 3. Este beneficio se mantendrá de la siguiente forma: a) Lo seguirán disfrutando estos trabajadores, sólo mientras continúen en las categorías y situaciones profesionales por las que se concedió. Quienes teniendo concedida la Jornada Reducida de Verano, cambiaran a otra categoría, seguirán disfrutando este beneficio si la nueva categoría es de aquéllas por las que se concedió. Los que cambien a otras categorías, perderán definitivamente el derecho. b) Para los trabajadores afectados, el período de jornada reducida de verano será de 21 de junio a 21 de septiembre, ambos inclusive. c) Los trabajadores afectados que presten sus servicios en Madrid, disfrutarán la reducción. Los trabajadores afectados que presten sus servicios en Valladolid, Sevilla y Palencia, trabajarán la jornada normal percibiendo como compensación el valor de la hora que figura en el anexo IV del presente Convenio. Esta compensación se devengará diariamente y proporcionalmente al tiempo diario trabajado en el período referido y se abonará en las licencias que lleven aparejado el abono de la Prima de producción. Artículo 16. Vacaciones. A) Generales. 1. Junto con la jornada anual de horas de trabajo real, se acuerda un período anual de vacaciones de veinticinco días laborables. 2. Para aplicar los veinticinco días laborables se contarán como tales todos los que no sean domingos y fiestas oficiales. 3. Las vacaciones, normalmente, serán colectivas salvo para lo establecido en el apartado 7 de esta letra A). 4. El total de días de vacaciones se distribuirá, a efectos de su disfrute con carácter general, de la siguiente forma: a) Dieciocho días laborables, a disfrutar ininterrumpidamente y preferentemente en verano. b) Cinco días laborables, a disfrutar preferentemente en Navidad. c) Los dos días restantes, a disfrutar en las fechas que se determinen al confeccionarse el calendario. 5. La expresión «preferentemente» que antecede, supone que normalmente las vacaciones colectivas se disfrutarán por los períodos señalados, en verano y Navidad respectivamente, pero que, por excepcionales circunstancias que afecten a la comercialización o fabricación de los vehículos, u otras causas graves, la Empresa comunicará con una antelación mínima de treinta días (salvo imposibilidad manifiesta) a la Representación de los Trabajadores el cambio de fechas de disfrute que proceda, con objeto de llegar a un acuerdo; en caso de que no se produzca este acuerdo, decidirá la Jurisdicción Laboral. 6. Derecho y disfrute: cómputos. 6.1 El derecho al disfrute de estos períodos de vacación se adquirirá proporcionalmente al tiempo de permanencia en la plantilla. 6.2 Este criterio de proporcionalidad se aplicará tanto en los casos de nuevo ingreso como en los de excedencia y baja en la plantilla. 6.3 La adquisición del derecho a las vacaciones se computará independientemente para cada uno de los períodos a) y b) de disfrute. La proporcionalidad se computará para cada uno de ellos desde el último día de cada período a) o b) hasta el primer día del mismo período del año siguiente. Las vacaciones del apartado c) tendrán el mismo cómputo de proporcionalidad que el período de vacación colectiva al cual precedan en el calendario anual. En todo caso, sea cualquiera la fecha de disfrute, tendrá el carácter de vacación. 6.4 El cómputo se hará por períodos de treinta días, desde la fecha de comienzo de la adquisición del derecho a los mismos; la fracción de este período se considerará a estos efectos como período completo. 6.5 Computado así el derecho a las vacaciones, el período de disfrute, para los casos de disfrute no colectivo y regularizaciones, terminará en todo caso cuando se cumplan doce meses a partir del día en que se inició el disfrute colectivo del período correspondiente. Las fechas de disfrute individual en estos casos se fijarán de mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador; a falta de acuerdo, la Empresa señalará las fechas del disfrute con una antelación mínima de treinta días, a fin de que el trabajador pueda ejercer sus derechos. 6.6 Los cambios individuales no supondrán variación en la forma de computar el derecho a las vacaciones. 7. Desplazamiento de vacaciones. Cuando por necesidades organizativas, económicas, técnicas o productivas de la Empresa, o aquellas otras derivadas de las necesidades del mercado, el disfrute de las vacaciones estivales no pueda coincidir con el período señalado en el calendario general aplicable, la Dirección de la Empresa podrá desplazar las vacaciones por grupos de trabajadores, turnos, líneas de producción, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, respetando el período ininterrumpido de 18 días señalado en el presente artículo. La Dirección de la Empresa comunicará dicho desplazamiento antes del día 15 de mayo de cada año y tendrá en cuenta, en la medida en que la organización del trabajo lo permita, las preferencias personales de los trabajadores. En este sistema de desplazamiento de vacaciones, la Dirección de la Empresa podrá hacer uso del sistema de Bolsa de Horas establecido en el anexo X sin que necesariamente deba implicar a un turno completo de trabajadores como es habitual en las aplicaciones normales de bolsa. B) Complementaria individual en razón a la antigüedad. 1. Todo trabajador tendrá derecho, independientemente del período de vacaciones establecido con carácter general, a un día laborable de vacación anual por cada cinco años de trabajo efectivo en la Empresa, según los calendarios correspondientes. 2. El máximo de días de vacaciones por este concepto no podrá exceder de cuatro anuales. 3. A los solos efectos de aplicación, se anticipará la fecha de nacimiento del derecho al día 1 de enero para todos los casos en que se cumplan los cinco años de trabajo efectivo en la Empresa durante el resto del año. El absentismo del año en curso se tendrá en cuenta para el siguiente cómputo de cinco años y así sucesivamente. 4. El período de disfrute coincidirá con el año natural a partir del nacimiento del derecho, transcurrido el cual sin haberse disfrutado estas vacaciones, caducará el derecho a las mismas. Aquellos trabajadores que por razones de enfermedad o accidente no hayan podido disfrutar estas vacaciones a lo largo del año natural a que se refiere el párrafo anterior, dispondrán de un plazo de tres meses a partir del momento de su reincorporación al trabajo, para el disfrute de las mismas, que en todo caso deberá tener lugar dentro del año natural siguiente como máximo. Este disfrute excepcional no podrá acumularse con ningún otro período de vacación. 5. Las fechas de disfrute se procurarán fijar de común acuerdo entre Empresa y trabajador. 6. Los trabajadores a partir del nacimiento de su derecho deberán solicitar con la mayor antelación posible las fechas en que desean disfrutar estas vacaciones, siendo aconsejable indicar varias fechas por orden de preferencia. 7. En la medida de lo posible, se concederán las fechas de disfrute solicitadas por orden cronológico de presentación de peticiones. A estos efectos, se considerarán presentadas simultáneamente las que tengan entrada dentro del mismo mes. En segundo lugar, y en caso de coincidencia de fechas de disfrute, se tendrá en cuenta la antigüedad en la Empresa. 8. Sin perjuicio de las medidas instrumentales antedichas, la fijación de las fechas de disfrute de estas vacaciones será determinada en todo caso por la Empresa según las necesidades de organización del trabajo. 9. Con carácter general se establece que estas vacaciones no podrán disfrutarse inmediatamente antes o después de las vacaciones colectivas. No obstante, podrán unirse los días correspondientes a estas vacaciones complementarias por antigüedad a las colectivas siempre y cuando no existan dificultades por parte de los Departamentos o Servicios afectados de los trabajadores que lo soliciten. 10. El disfrute de estas vacaciones se hará en todo caso sin merma alguna de la productividad, para lo cual la Empresa hará en cada caso las modificaciones en la organización del trabajo que considere necesarias. Artículo 17. Horas extraordinarias y trabajos extraordinarios. En materia de horas extraordinarias y trabajos extraordinarios se estará a lo dispuesto en las normas legales aplicables en cada momento. La Empresa se compromete a facilitar el número de horas extraordinarias que se efectúen, a la Representación de los Trabajadores. Estos datos serán facilitados por períodos mensuales a nivel de Centro de Gastos. En casos extraordinarios, que deberán justificarse, podrán ser solicitados datos numéricos referentes a otros períodos. La Dirección de la Empresa mantendrá su política de mínima realización de horas extraordinarias. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, no se considerarán como tales, aquéllas respecto a las que el trabajador opte en lugar de su cobro, por el disfrute de un descanso compensatorio equivalente a las horas realizadas dentro de los cuatro meses siguientes a su realización. En tanto subsista como obligación legal el resumen de horas extraordinarias a que se refiere el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, se considerará como tal el que resulte del habitual control de fichajes de entradas y salidas, y del recibo mensual de salarios correspondiente en lo que se refiere a las horas extraordinarias realizadas por cada trabajador. Se considerarán como horas extraordinarias tanto las efectuadas en períodos punta de producción, como las de mantenimiento y seguridad, las necesarias para la preparación y lanzamiento de nuevos productos, realización de inventarios y las producidas por averías. CAPÍTULO III Condiciones de trabajo Artículo 18. Asignación de tareas. Es facultad de la Empresa, de acuerdo con las Leyes, la distribución del personal en los distintos puestos de trabajo, la asignación de las tareas correspondientes a cada puesto, así como realizar los cambios o modificaciones que estime conveniente para la organización de los trabajos. Artículo 19. Ascensos. 1. El sistema de ascensos que se establece en el presente Convenio descansa en el principio fundamental de la aptitud y capacidad del trabajador para el desempeño de las funciones propias de cada categoría profesional. 2. Se establece como único sistema de ascenso el de este Convenio, como más adecuado a las necesidades y peculiaridades de la Empresa Renault España, S.A. 3. Para mayor garantía de que el ascendido a una categoría profesional desempeñará las funciones encomendadas con la máxima eficacia, se establece un plazo de prueba en la nueva categoría igual al que le correspondería a un trabajador de nuevo ingreso. 4. La remuneración correspondiente a la nueva categoría profesional se comenzará a devengar por el trabajador desde el momento en que empiece a desempeñar dichas funciones. En el caso de que no empiece a desempeñar las funciones inmediatamente de la nueva categoría, el trabajador comenzará a devengar íntegramente la remuneración correspondiente a esta categoría y nivel o clave que a título informativo figure en la convocatoria, a partir de la fecha del acta del concurso en que conste su aprobación en el concurso examen. En el supuesto de que el trabajador no supere el período de prueba señalado en los párrafos anteriores, quedará con su anterior categoría profesional y remuneración, volviendo a su antiguo puesto de trabajo si no estuviese ocupado; en otro caso, la Empresa procurará adscribirle a un puesto lo más afín posible al que venía desempeñando con anterioridad. 5. En orden al ascenso se considerarán las siguientes situaciones: a) Personal con categoría de mando. b) Personal de secretaría. c) Personal de funciones especiales. d) Resto del personal. 6. Las normas que completan y desarrollan lo dispuesto en este artículo figuran en el anexo III de este Convenio. 7. En el caso de que la Empresa precise convocar la cobertura de una plaza que no corresponda a una categoría específica de las recogidas en el presente Convenio, señalará las funciones de dicha plaza y la categoría a la que se asimila; los programas y las pruebas del concurso serán los de la plaza en cuestión, y el sistema de cobertura el que corresponda a la categoría asimilada. 8. Cuando un trabajador se presente a un concurso, se entiende que en caso de obtener plaza, renuncia libremente a la categoría, al nivel o clave, y situación profesional derivada de su anterior categoría. 9. El acceso a cada una de las categorías de entrada de los diversos grupos, subgrupos y especialidades, así como aquellas categorías que no tienen grados de promoción, se hará por el procedimiento que estime la Empresa más adecuado, bien sea con personal del interior o del exterior. Estas categorías de entrada serán las siguientes: a) Grupo Obrero: Especialista de base, Especialista A, Especialista A especial, Especialista B, Especialista C y Oficial de 3.ª (desde Especialista de base, transcurridos cinco años y medio), peón, especialista, mozo especializado de almacén. b) Grupo Subalterno: todas las categorías profesionales salvo dependiente principal y almacenero. c) Grupos Técnico y Administrativo: Auxiliar Técnico-Administrativo de base, Auxiliar Técnico-Administrativo A, Auxiliar Técnico-Administrativo A especial, Auxiliar Técnico-Administrativo B, Auxiliar Técnico-Administrativo C y Oficial de 3.ª Técnico-Administrativo (desde Auxiliar Técnico-Administrativo de base, transcurridos cinco años y medio), auxiliar, calcador, reproductor de planos, archivero-bibliotecario, aspirante. Para acceder a las categorías de Auxiliar Administrativo y Técnico, bien sean cubiertas con personal del interior o del exterior, será preceptivo superar las pruebas de aptitud requeridas por el Departamento de Selección-Promoción. En relación con las nuevas categorías de entrada (Especialista de base y Auxiliar Técnico-Administrativo de base), se respetarán las condiciones más beneficiosas del personal en plantilla a fecha 31 de diciembre de 2020, incluidos los derechos de promoción devengados y en proceso de consolidación. 10. El acceso al resto de las categorías se efectuará por los procedimientos que se citan en el Anexo III. Artículo 20. Consecuencias promocionales de los cambios de puesto. 1. A los efectos legales sólo se considerarán ascensos, aquellos cambios de puesto de trabajo que impliquen variación de categoría profesional. 2. Los cambios de puesto que no supongan ascensos, pero sí aumento de nivel, serán libremente cubiertos por la Empresa, teniendo en cuenta para su provisión los siguientes puntos: a) Aptitud del trabajador para el desempeño del puesto. b) Antigüedad en la categoría, en el Servicio o Departamento y en la Empresa. c) Conducta observada durante el tiempo de servicio prestado en Renault España, S.A. d) Estos puntos serán considerados conjuntamente y no aisladamente en el momento de hacer la cobertura del puesto. Artículo 21. Cambio de puesto de trabajo. Se reconocen como causas para el cambio de un trabajador de un puesto de trabajo a otro: a) Mutuo acuerdo entre Empresa y trabajador. b) Necesidad derivada de la organización de los trabajos o del mejor aprovechamiento de las aptitudes. c) Disminución de la aptitud para el desempeño de un puesto de trabajo. d) Sanción reglamentaria. e) Cambios de puestos de trabajo en circunstancias especiales. En el caso a) se estará a lo que ambas partes acuerden. En el caso b) la categoría y nivel dependerá del nuevo puesto ocupado, respetándose la situación consolidada que el trabajador tuviera con anterioridad. Siempre que el cambio de puesto no suponga traslado de residencia del trabajador, el puesto a que se le destine podrá pertenecer a cualquier factoría. En este caso, el trabajador no sufrirá merma alguna de la situación que pudiera tener consolidada ni en su antigüedad, respetándose todos los demás derechos laborales de tipo legal de los trabajadores y dándose conocimiento a la Representación de los Trabajadores de estos traslados. En el caso de que el traslado sea obligatorio y suponga cambio de residencia, se le abonará al trabajador un plus para ayuda de vivienda, que será, como mínimo de 81,14 euros mensuales, mientras dure esta situación. En el caso c) la nueva situación del trabajador se regulará por lo que se dispone en el anexo II sobre disminución de aptitud. En el caso d) se estará a lo dispuesto legalmente. En el caso e) la situación del trabajador se regulará por lo que se dispone en el anexo VII sobre este tipo de cambios. Artículo 22. Opción a puesto más favorable. Se establece un sistema que permita al personal preferentemente de cadena o que ocupe puestos de condiciones de trabajo más desfavorables, tener opción a la cobertura de plazas que se produzcan fuera de cadena (en la misma o en otras factorías de la misma provincia), en las condiciones y circunstancias que se estudiarán para hacer esto compatible con la organización y producción normales, concurriendo igualdad de categoría y nivel. Se constituirán una o más Comisiones, en las cuales participará la Representación de los Trabajadores, que propondrán las correspondientes normas de funcionamiento y aplicación. Artículo 23. Prendas de trabajo. 1. A cada trabajador de nuevo ingreso se le entregarán por la Empresa dos toallas y dos prendas de trabajo. Tales prendas, en caso de cambio de puesto a otro que tenga asignado distinto tipo de prendas de trabajo, serán sustituidas por otras dos de estas últimas. 2. Anualmente se entregará una prenda de trabajo y una toalla a cada trabajador, a partir de la fecha de ingreso, excepto en los casos en que por condiciones determinadas y de mutuo acuerdo entre la Representación de los Trabajadores y la Dirección de la Empresa se acorte este período. 3. El cómputo del período para la entrega de una prenda de trabajo se hará a partir de la fecha en que se entregó la anterior o debió haberse entregado. 4. La entrega de la prenda o prendas implica la utilización de tal manera que, de no ser utilizada, pudiendo hacerlo, no se facilitará una nueva prenda. Artículo 24. Prendas de seguridad. 1. Los trabajadores que por su puesto de trabajo hayan de utilizar prendas de seguridad, firmarán un vale con el recibí correspondiente a la entrega material de aquéllas. 2. La Representación de los Trabajadores colaborará en materia de prendas de seguridad, para lo cual: a) Colaborará con los Departamentos responsables sobre la calidad de las prendas especificadas. b) Comunicará a éstos las incidencias más sobresalientes que den lugar a una ineficaz utilización para el fin previsto o a notorio incremento de los costes. c) Colaborará en la utilización, por parte de los trabajadores, de las prendas de protección especificadas, sugiriendo cuanto redunde en el mejor cumplimiento de este objetivo. Artículo 25. Salud laboral. 1. Se constituirá la Comisión Central Paritaria de Salud Laboral para tratar estos temas. Esta Comisión ha sustituido a las antiguas Comisión Central Paritaria del artículo 22 y Comisión Central de Seguridad e Higiene, asumiendo, además, las competencias de ambas. El objetivo de esta Comisión es, con la inexcusable participación de todos, mejorar las condiciones y ambientes de trabajo y, en consecuencia, contribuir al bienestar laboral y a un progreso constante de la salud laboral. Por tal motivo, es necesario marcar los objetivos específicos para el desarrollo de esta Comisión que se pactarán en el seno de la misma. La Comisión Central Paritaria de Salud Laboral estará compuesta por 8 miembros, 4 por parte de la Empresa y otros 4 por parte de la Representación de los Trabajadores, a designar por cada representación. Esta Comisión recibirá información de la actuación de los diferentes Comités de seguridad y salud, especialmente en el seguimiento y análisis de los accidentes de trabajo y de las medidas adoptadas para su mejora. Deberá aportar, con su superior criterio y experiencia, políticas educativas, campañas y otras sugerencias para la mejora de las condiciones de trabajo, proponiendo cursos, seminarios, etc., que ayuden a los objetivos de los Comités de seguridad y salud. 2. Del seno del Comité de seguridad y salud de cada centro de trabajo se nombrará una Comisión integrada por miembros de la Representación de los Trabajadores y del Servicio Médico, para que procedan a estudio y discusión de temas planteados por los trabajadores, referentes a problemas relacionados con la medicina laboral. Artículo 26. Ejecución de acuerdos. Con independencia de lo tratado en el seno de la Comisión de Salud Laboral, la realización de los acuerdos adoptados en los Comités de seguridad y salud de centro de trabajo, o por la Dirección, en estas materias, se llevarán a cabo por los órganos de la Empresa designados al efecto; no obstante, cada Comité de seguridad y salud podrá crear equipos o brigadas de trabajo que puedan llevar a cabo, de una manera rápida determinados acuerdos de los aludidos Comités. En la planificación y distribución prioritaria de los trabajos de estas brigadas, participarán los representantes de los trabajadores. Todo ello con independencia de las funciones especificadas en la normativa legal sobre Comités de seguridad y salud en el trabajo. CAPÍTULO IV Régimen de personal Artículo 27. Ingreso de personal. 1. El ingreso de nuevo personal se efectuará de acuerdo con la normativa legal aplicable en esta materia, respetando no obstante lo que sobre ello se disponga en el régimen de concursos que forma parte de este Convenio. La Empresa procurará que los trabajadores de nuevo ingreso ocupen puestos de los niveles más bajos. 2. Cuando se produzcan vacantes que hayan de cubrirse temporalmente (de forma no indefinida), la Dirección de la Empresa, a su elección podrá contratar a personal del exterior o bien cubrir las plazas con trabajadores voluntarios que pertenezcan a la plantilla. En este último caso, se considerará suspendido el contrato de estos trabajadores, durante el tiempo de la interinidad, temporalidad, o eventualidad, regulándose las condiciones de trabajo por el contrato que se suscriba a estos efectos, computándose, no obstante, la antigüedad durante el tiempo que permanezca el trabajador de Renault España, S.A. en dichas situaciones. Artículo 28. Períodos de prueba. 1. Los períodos de prueba para el personal de nuevo ingreso serán los que señalen las normas legales vigentes en cada momento. El tiempo señalado para el período de prueba se entenderá siempre como tiempo efectivamente trabajado, no computándose, por tanto, los días que por cualquier circunstancia el trabajador no haya prestado servicios en la Empresa, si tales días constituyen suspensión del contrato de trabajo y las partes suscriben un acuerdo en este sentido. 2. Durante el período de prueba, tanto el trabajador como la Empresa, podrán desistir, respectivamente, de la prueba, o proceder a la rescisión del contrato, sin necesidad de preaviso, y si esta decisión fuera adoptada por la Empresa, se abonará al trabajador una indemnización equivalente a diez veces la Retribución Primaria correspondiente a un día. Artículo 29. Excedencias. Ausencias por cumplimiento del servicio militar y prestación social sustitutoria. A) Excedencias. I. Modalidades. Además de las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, que se aplicarán en sus propios términos, será obligatoria la concesión de excedencia por una sola vez, a los trabajadores con al menos dos años de antigüedad, en las siguientes condiciones: 1. Por tiempo de hasta un año, prorrogable por otro año más, cuando medien razones justificadas de orden familiar, estudios o salud, apreciadas por la Empresa. 2. Por otras razones, se concederá excedencia de seis meses. Podrá concederse una prórroga por otros seis meses en casos justificados. 3. Se concederá excedencia a los trabajadores que ejerzan funciones sindicales de ámbito provincial o superior, a petición propia, y por el tiempo que dure el ejercicio de su cargo representativo. 4. En casos muy excepcionales, por razones de salud del trabajador o de su cónyuge, si fuera necesario para la atención y cuidados de los hijos, podrá dispensarse el requisito de antigüedad expuesto anteriormente. 5. Se podrá conceder una segunda opción de excedencia cuando hayan transcurrido cuatro años desde la primera. 6. En todo caso, el número de trabajadores en excedencia no podrá ser superior al 2 por 100 de la plantilla de la factoría. 7. No obstante, por acuerdo entre la Dirección de la Empresa y el trabajador podrán concederse excedencias en condiciones distintas a las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores y en el presente Convenio. II. Situación del trabajador que contraiga matrimonio y excedencia especial para atender al cuidado de los hijos. La situación del trabajador que contraiga matrimonio y la excedencia del mismo, para atender al cuidado de los hijos, se regirán por las disposiciones legales vigentes, computando conforme a las mismas el período de excedencia a efectos de antigüedad. III. Procedimiento y condiciones de las modalidades de excedencia no contempladas en el Estatuto de los Trabajadores. La petición de excedencia se efectuará siempre por escrito dirigido a la Dirección, que el trabajador entregará a su jefe inmediato, el cual lo hará llegar al jefe de personal respectivo. Deberá ser efectuada al menos con un mes de antelación a la fecha para la que se solicita el comienzo de la excedencia. La excedencia se entenderá siempre concedida sin derecho a percibir el sueldo ni retribución alguna, y no podrá utilizarse para prestar servicio en otra Empresa similar o que implique competencia, salvo autorización expresa de aquélla que la concedió. El tiempo que dure la excedencia no será computable a ningún efecto. La petición de reingreso al término de la excedencia deberá ser hecha por escrito. Recibida la petición de reingreso por la Empresa antes de que transcurra el período de excedencia, dispondrá de un plazo no superior a un mes al término de dicha excedencia, durante el cual se entiende prorrogada la misma a todos los efectos para readmitir al trabajador en un puesto de iguales o similares características y en las mismas condiciones económicas. Si transcurriera el tiempo de excedencia sin que la Empresa recibiera la petición de reingreso, se entiende que el trabajador renuncia a todos sus derechos. B) Ausencias por cumplimiento del Servicio Militar y Prestación Social Sustitutoria. El trabajador que se incorporase a filas con carácter oficial o voluntario (o efectúe la prestación social sustitutoria), por el tiempo mínimo de duración de éste, tendrá reservado su puesto de trabajo durante el tiempo en que permanezca cumpliendo el Servicio Militar y dos meses más, computándose todo este tiempo a efectos de antigüedad en la Empresa. Durante el tiempo de su permanencia en el Servicio Militar (o prestación social sustitutoria), el trabajador tendrá derecho a percibir las gratificaciones extraordinarias señaladas en el presente Convenio. Podrán reintegrarse al trabajo los licenciados del Servicio Militar (o prestación social sustitutoria) con permiso temporal superior a un mes, siendo potestativo de la Empresa el hacerlo con los que disfrutan permiso con duración inferior al señalado, siempre que en ambos casos medie la oportuna autorización militar (o del Organismo competente en el caso de prestación social sustitutoria) para poder trabajar. el tiempo así trabajado será computable a efectos del derecho a la vacación complementaria individual en razón de la antigüedad, a que se refiere el artículo 16 de este Convenio. El trabajador fijo que ocupe la vacante temporal de un compañero en Servicio Militar (o prestación social sustitutoria), al regreso de éste volverá a su antiguo puesto en la Empresa. Si la sustitución hubiese sido efectuada por un trabajador ajeno a la Empresa en el momento de retorno del fijo cesará sin derecho a indemnización alguna si se le hubiese notificado con el plazo de ocho días de antelación, abonándosele ésta si no se le hubiese comunicado. La no reincorporación del trabajador fijo en Servicio Militar (o prestación social sustitutoria) dentro del plazo de reserva de su puesto, dará lugar a la rescisión de su contrato de trabajo. Artículo 30. Permisos, licencias y facilidades para estudios. A) Licencias y ausencias retribuidas. 1. La Empresa concederá las licencias recogidas en los cuadros que se incluyen en este artículo, de acuerdo con lo establecido en la vigente normativa laboral. 2. El trabajador deberá avisar con la posible antelación a su mando inmediato, al objeto de adoptar las medidas necesarias y facilitarle la oportuna licencia o permiso. Para la obtención de licencia por matrimonio es preciso que el trabajador la solicite al menos con diez días de antelación a la fecha del comienzo de su disfrute, a fin de no producir entorpecimientos en la buena marcha de los servicios y determinación del sustituto, si procede. 3. El trabajador deberá presentar justificación suficiente del motivo alegado para el disfrute de la licencia o permiso concedidos o a conceder. Si de la oportuna comprobación que al efecto se practique, resultara la falsedad o inexactitud del motivo alegado, el interesado deberá reintegrar el importe de las remuneraciones percibidas correspondientes a la licencia indebidamente disfrutada, y sin perjuicio de exigírsele las responsabilidades en que hubiese incurrido. 4. Las licencias comenzarán a disfrutarse en el primer día laborable siguiente al del hecho causante. Se adjuntan a continuación los cuadros debidamente documentados de licencias y ausencias retribuidas. Cuadro de licencias, ausencias y facilidades concedidas a los trabajadores Notas: – Retribución: La retribución de estas licencias siempre que el tiempo empleado no supere el máximo estipulado, será con el 100% de los conceptos del salario indicado afirmativamente, excepto el apartado 9c) «Enfermedad justificada», que se retribuirá al 50% no descontándose en este caso la parte proporcional correspondiente al descanso semanal. – Vacaciones: Las licencias reglamentarias interrumpen las vacaciones por el tiempo de duración de aquéllas. Se acordará con los interesados la fecha de disfrute de las vacaciones pendientes por estas causas. – Puentes: El disfrute de los días denominados «puente» no se trasladará a otro día cuando el trabajador haya estado enfermo o accidentado. – Operación anginas de hijos e hijastros: La licencia por este motivo será de un día laborable, salvo complicaciones que deberán ser justificadas. – Donación de sangre y consultas médicas: En casos debidamente justificados, podría concederse un tiempo superior al máximo de horas especificado: 4 h. – La licencia por deber inexcusable de carácter público se recoge sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores sobre excedencias por esta causa. – Las licencias especificadas en el cuadro serán de aplicación en las mismas condiciones a las parejas de hecho que acrediten su situación con el certificado de registro público en que conste la relación de pareja y reconocimiento por la Seguridad Social de la condición de beneficiario del acogido.  Cuadro especificativo de la ampliación de licencias por desplazamiento 5. En casos muy excepcionales apreciados por la Empresa, podrán concederse licencias o permisos por tiempo superior al señalado, determinándose las condiciones con que se concede cada uno de ellos. 6. Cuando el motivo por el que se haya concedido la licencia o permiso lleve consigo el percibo por el trabajador de dietas, salarios o cualquier otra retribución, la Empresa podrá acordar descontar éstas del importe total a percibir. B) Permisos para exámenes. La Empresa concederá los permisos necesarios, por el tiempo máximo de diez días al año, a los trabajadores que se inscriban en cursos organizados en centros oficiales o reconocidos por el Ministerio de Educación y Ciencia para la obtención de un título académico a tenor de la Ley General de Educación, así como a los que concurran a oposiciones para ingresar en Cuerpos de funcionarios públicos. Los permisos anteriormente indicados tendrán por finalidad la concurrencia a exámenes parciales o finales. El cómputo de los días, a los efectos indicados en los artículos anteriores, se hará por horas, considerando cada día a estos efectos de ocho horas. La fracción de hora inferior a treinta minutos se despreciará, y la superior a los indicados treinta minutos se computará como hora completa. En el cómputo de las horas se incluirá el tiempo destinado a los desplazamientos de ida y vuelta al centro de trabajo. La Empresa, en todo caso, exigirá los oportunos justificantes acreditativos del disfrute efectivo por el trabajador del derecho a que se refieren los párrafos anteriores. El disfrute del indicado derecho no comportará para el trabajador alteración ni disminución alguna en sus derechos laborales. No obstante, si éste hiciere uso indebido del permiso concedido o no justificase debidamente su disfrute, le será descontada de sus haberes la cantidad equivalente al tiempo de ausencia de su Centro de Trabajo, sin perjuicio de que por las responsabilidades en que hubiera incurrido se sigan otras acciones. C) Turno más favorable. a) Para estudios: la adscripción al turno que mejor facilite el cumplimiento de las obligaciones escolares, de acuerdo con las disposiciones legales de carácter general, se efectuará con arreglo a las siguientes condiciones y procedimiento: 1. Que el trabajador trabaje a dos o más turnos (o en turno fijo con posibilidad de ser adscrito a un turno distinto de acuerdo con las necesidades del servicio). 2. Que esté inscrito en un curso de un centro oficial o reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para la obtención de un título académico, a tenor de la Ley General de Educación, o que concurra a oposiciones para ingresar en cuerpo de funcionarios públicos. 3. Que el horario de clases exija trabajar a un solo turno. 4. Que no exista otro curso igual al que pueda acudir compatibilizando las clases con el trabajo, previa consulta al trabajador. 5. En el caso de que el curso a realizar pueda efectuarse en horarios de mañana, tarde o noche, la elección del turno a adscribir al trabajador corresponderá a la Empresa, con intervención de la Representación de los Trabajadores, atendiendo a las necesidades de la producción. 6. Que asista efectivamente al curso. 7. No tiene derecho a percibir el plus de turnicidad. 8. La adscripción al turno fijo será únicamente precisa para el período que dure el curso. 9. Las anteriores condiciones serán apreciadas y exigidas por la Empresa (con intervención de la Representación de los Trabajadores) que procurará acoplar al trabajador que reúna las condiciones exigidas en aquel turno que mejor facilite el cumplimiento de sus obligaciones escolares. Los trabajadores que habiendo solicitado trabajar a un solo turno no hayan sido adscritos a él, figurarán en las relaciones que al efecto se confeccionen y que se publicarán en los tablones de anuncios de todas las factorías. A tenor de estas listas, los trabajadores que lo deseen podrán pedir cambio de turno con aquéllos que lo solicitaron por razones de estudio y ostenten la misma categoría y nivel, conservando en este caso el plus de turnicidad que viniesen percibiendo, siempre que no tengan derecho por su parte a solicitar turno más favorable para estudios. Cuando concurran varios trabajadores de igual categoría y especialidad solicitando el cambio de turno, se concederá preferencia al de mayor antigüedad en la Empresa. Si de la aplicación de las presentes normas alguno de los peticionarios no hubiese sido adscrito a un solo turno, su solicitud quedará en suspenso hasta tanto pueda resolverse. b) Para asuntos particulares la Empresa procurará conceder la permuta de turnos entre dos trabajadores, siempre que avisen al mando correspondiente, con una antelación mínima de veinticuatro horas. D) Reducción de jornada para el perfeccionamiento profesional. La reducción de jornada para asistencia a cursos de formación profesional específicos de acuerdo con las disposiciones legales de carácter general, se efectuará con arreglo a las siguientes condiciones y procedimiento: 1. Que el trabajador tenga como mínimo una antigüedad de dos años en la Empresa. 2. Que no haya disfrutado de este beneficio (o asistido a cursos similares organizados por la Empresa en horas de trabajo) en los últimos cuatro años. 3. Que esté inscrito en un curso de formación profesional de un centro oficial, sindical o registrado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 4. Que el curso sea específico para la actualización o perfeccionamiento de los conocimientos de la profesión que ejerce en la Empresa, de acuerdo con la titulación obtenida (pero no para obtener una profesionalidad o un título nuevo, lo que daría derecho a turno fijo en las condiciones legales). 5. Que la asistencia a clases requiera la reducción de jornada, por coincidir ésta en parte o en todo con el horario de clases. 6. Que siga prestando sus servicios sin modificación del régimen de turnos al que esté adscrito. 7. La reducción de jornada se aplicará en los propios términos establecidos en la Ley. 8. Si las clases coincidieran uno o más días con la jornada de trabajo en más de cuatro horas, tendrá derecho a asistir a las clases, pero no a percibir el salario correspondiente al tiempo de ausencia que exceda de las cuatro horas cada día y del máximo legal establecido en todo el curso. E) Reducción de jornada especial. Quien por razones de enfermedad oncológica precise de un periodo de recuperación, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Igualmente, las personas en esta situación no se verán afectadas por el límite de horas de visita al médico de atención primaria previstas en el artículo 30 de este convenio durante el tiempo de recuperación de la enfermedad. F) Donación de sangre. Las licencias por este concepto se concederán normalmente para la segunda mitad de la jornada, en las condiciones que se establecen en el cuadro de licencias. Las donaciones que hayan de realizarse en otro momento de la jornada, por aviso médico urgente, darán lugar a licencia por el resto de la jornada, debiendo acreditar el donante posteriormente la urgencia por justificante expedido por el centro sanitario correspondiente. G) Licencias o permisos no retribuidos. En caso extraordinario, debidamente acreditado, se concederán licencias por el tiempo que sea preciso, sin percibo de haberes e incluso con el descuento del tiempo de licencia a efectos de antigüedad. H) Autorización de salidas. En casos previamente justificados ante el jefe inmediato por el trabajador peticionario, podrá concederse una autorización de salida de factoría o centro, anotándose tiempo de ausencia. En caso de reintegrarse al trabajo dentro de la misma jornada, se le anotará la hora de reincorporación al mismo. Dichas autorizaciones estarán sujetas tanto a los requisitos como a los controles establecidos por la Empresa, a los oportunos efectos. I) Solicitud de permisos o licencias. Con la posible antelación y previsión se solicitarán los permisos o licencias en el impreso correspondiente, por duplicado, que firmará el trabajador peticionario y lo presentará a su jefe inmediato, el cual le devolverá la copia con el recibí firmado y hará llegar el original por conducto jerárquico, con los oportunos informes, al jefe de personal correspondiente, quien por delegación de la Dirección concederá o denegará el permiso o licencia solicitados, contestando a la solicitud en el plazo más breve posible y como máximo de tres días laborables (según el calendario de Empresa en el servicio correspondiente). De no contestar en tal plazo, se considerará concedida la licencia o permiso solicitado. En los casos en que proceda, la justificación de la licencia podrá hacerse con posterioridad a su disfrute. J) Finalidad de la concesión de permisos o licencias. Las licencias y permisos retribuidos se concederán únicamente para el cumplimiento de los fines que los motiven, de suerte que si dichos fines fueran cumplidos dentro de un período de inactividad laboral, cualquiera que sea su causa, no podrá solicitarse la expresada concesión una vez reintegrado el trabajador al trabajo ni tendrá derecho a reclamar compensación alguna por tal concepto. Se exceptúa de la norma antecedentemente indicada el caso en que coincida el motivo que asigna la licencia con el período de vacaciones. Reintegrado el trabajador al trabajo, una vez finalizado el período de vacaciones, se fijarán de mutuo acuerdo, entre Empresa y trabajador, las fechas de disfrute de los días en que las vacaciones han quedado interrumpidas con motivo de la licencia reglamentaria y siempre que el trabajador lo notifique a la Empresa en el plazo de tres días laborables desde la conclusión del período de vacaciones o de su incorporación al trabajo. A falta de acuerdo, la Empresa señalará las fechas de disfrute con una antelación mínima de treinta días, a fin de que el trabajador pueda ejercer sus derechos. Los permisos y reducciones de jornada concedidos en razón de estudios, promoción y formación profesional, podrán ser anulados en caso de falta de aprovechamiento por el interesado e inasistencia a las clases. Artículo 31. Vía de reclamación. Todos los trabajadores podrán hacer uso del derecho a elevar sus quejas o reclamaciones a la superioridad. Las reclamaciones podrán ser: individuales o colectivas. El procedimiento será el siguiente: A) La queja o reclamación será hecha en primer lugar ante el jefe inmediato, de forma escrita. B) Si por el jefe inmediato no fuera resuelta en plazo de dos días laborables, se podrá recurrir en alzada, por escrito, ante el Jefe del Departamento. C) Si el Jefe del Departamento, en el plazo de cuatro días laborables, no contesta o su contestación no fuera satisfactoria, se podrá recurrir a la Dirección, presentando recurso por escrito en el Departamento de Personal respectivo. D) Las reclamaciones no susceptibles de espera por la urgencia o gravedad podrán hacerse directamente al jefe del servicio o jefe del Departamento, previo permiso del jefe inmediato, el cual no lo denegará siempre que éste no la resuelva favorablemente. La Dirección dispondrá de un plazo de siete días laborables para contestar al trabajador. Durante la tramitación de la reclamación, el trabajador podrá, de acuerdo con sus facultades legales, recurrir a sus representantes, y en los casos en que hubiera lugar, a los Organismos competentes. E) Todas las reclamaciones serán contestadas por la Empresa por escrito. F) Las reclamaciones relativas a valoración de puestos de trabajo, rendimientos, etc., que tengan establecido un procedimiento de reclamación, o petición específica ante alguna de las Comisiones establecidas en el presente Convenio, se tramitarán con arreglo a las normas específicas que se regulan en tales casos. G) La tramitación de cualquier queja o reclamación no deberá interrumpir la marcha del trabajo, que habrá de continuar durante la sustanciación de aquélla en la forma y ritmo ordinarios. Artículo 32. Plantillas y registro de personal. La Empresa suministrará a la Representación de los Trabajadores la plantilla de personal actualizada al 1 de enero de cada año. Se mantiene la obligatoriedad de llevar registro general del personal dentro de la Empresa; como mínimo deberán figurar en el mismo los datos correspondientes a todos y cada uno de sus trabajadores que a continuación se detallan: 1.º Nombre y apellidos. 2.º Fecha de nacimiento del trabajador. 3.º Fecha de ingreso en la Empresa. 4.º Cargo o puesto que ocupa. 5.º Categoría profesional a que es adscrito. 6.º Fecha de nombramiento o promoción a esta categoría. 7.º Número de orden derivado de la fecha de ingreso. La Empresa, todos los años, publicará, figurando en los sitios de costumbre, la lista, con expresión de los datos anteriormente señalados, para conocimiento y examen del personal de plantilla que integra los respectivos grupos profesionales dentro de los tres primeros meses del año. Contra estas clasificaciones cabrá reclamación fundamentada por parte del personal a través de los Representantes de los Trabajadores, en su caso, en el plazo de un mes ante la Dirección de la Empresa, que resolverá dichas reclamaciones en el plazo de quince días. Artículo 33. Reconocimiento de antigüedad. A los efectos propios de la antigüedad, se reconocerá como computable, para el personal incluido en el ámbito de este Convenio, el tiempo que los trabajadores hubieran permanecido en las categorías de aprendiz, pinche, aspirante, botones y en la situación de numerario. Los periodos de suspensión de contrato por nacimiento o permiso por nacimiento y cuidado del menor y lactancia desde el inicio de la relación laboral serán considerados como tiempo efectivo de trabajo para la generación de la antigüedad, a todos los efectos derivados de dicho reconocimiento. La aplicación de estos efectos (económicos o de otro tipo) sólo tendrá lugar a partir del 1.1.80. Artículo 34. Revisión médica por reclamación sobre capacidad de un trabajador para desempeñar su puesto de trabajo. En el caso de que un trabajador esté disconforme con el diagnóstico médico efectuado por un Servicio Médico de la Empresa sobre su capacidad para desempeñar correctamente su puesto de trabajo, podrá recurrir ante un órgano médico de funcionamiento colegiado formado por varios médicos pertenecientes a otros Servicios Médicos de la propia Empresa, distinto del que formuló el diagnóstico recurrido. CAPÍTULO V Servicios sociales Artículo 35. Comisiones de asuntos asistenciales. 1. En cada uno de los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla, Palencia y Madrid, se constituirá una Comisión Paritaria de Asuntos Asistenciales, formada por dos vocales miembros de la Representación de los Trabajadores, nombrados por la misma, y otros dos nombrados por la Dirección de la Empresa (con los respectivos suplentes por ambas partes). 2. Se constituirá también una Comisión Central Paritaria de Asuntos Asistenciales, formada por siete vocales de la Representación de los Trabajadores de las comisiones locales (uno por cada una de ellas) y otros siete nombrados por la Empresa (y sus respectivos suplentes, que en el caso de los trabajadores serán el resto de los miembros de cada Comisión local respectiva). 3. En cada una de las Comisiones cada una de las partes nombrará, de entre los respectivos vocales, un Secretario; ambos Secretarios actuarán conjuntamente. 4. En cada reunión actuará de Presidente-Moderador, sin voto de calidad y con la única facultad de dirigir la reunión alternativamente, un vocal de cada representación. 5. Son facultades y fines de las Comisiones locales y de la Central (cada una en su ámbito) únicamente los estudios y propuestas a la Empresa relacionados con casos concretos y aspectos generales referentes a temas que se consideran como de asistencia social y que no sean objeto de tratamiento por ninguna Comisión Mixta específica del tema que se considere, salvo que la Representación de los Trabajadores y la Empresa lleguen al acuerdo de supresión de alguna Comisión específica para traspasar sus facultades a la de asuntos asistenciales correspondiente o a la colaboración entre ambas. 6. Las Comisiones de Asistenciales podrán estudiar y hacer propuestas a la Empresa sobre los siguientes temas: – Becas y bolsas para estudios. – Premios. – Venta de vehículos a trabajadores. – Venta de piezas sobrantes de vehículos. – Otros temas, previo acuerdo de la Representación de los Trabajadores y de la Empresa. 7. Los vocales de la Representación de los Trabajadores pertenecientes a las Comisiones de asistenciales, podrán organizarse funcionalmente en subcomités especializados en los diversos temas, previo acuerdo tomado en la Comisión Asistencial Local o Central correspondiente al ámbito del subcomité. 8. Cada una de las Representaciones (de los Trabajadores y de la Empresa), en cada Comisión Paritaria, tendrá un voto, cualquiera que sea el número de miembros asistentes a la reunión en que haya de procederse a votación. 9. Reuniones: las reuniones ordinarias se celebrarán con una periodicidad mensual, en el caso de las Comisiones locales, y trimestral, en el de la Comisión Central. Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por cualquiera de las partes, a través del respectivo secretario, cuando la importancia y urgencia de los asuntos a tratar lo justifiquen, avisando con una antelación mínima de dos días laborables en las reuniones de las Comisiones locales y de cinco días laborables en las de la Comisión Central. 10. Las normas de funcionamiento de la Comisión Central, serán elaboradas mediante acuerdo por la propia Comisión. Las correspondientes a las Comisiones locales serán elaboradas por ellas mismas y propuestas para su aprobación a la Comisión Central. Artículo 36. Venta de piezas sobrantes. La Empresa, como viene haciéndolo a través del denominado «Almacenillo», normalmente ofrecerá en venta a sus trabajadores, antes de ofrecerlas a otras personas (y salvo en casos especiales), aquellas piezas del automóvil almacenadas como material inmovilizado que decida poner en venta por no tener prevista su utilización por parte de la propia Empresa, ni su destino a la red comercial, ni proceda su devolución a proveedores. Para ello, la Empresa suministrará a la Representación de los Trabajadores la lista de las piezas que haya decidido vender, y la mencionada representación acordará con la Empresa el sistema de venta a los trabajadores que considere más apropiado. Artículo 37. Comedores. Con objeto de facilitar la comida en los recintos de los Centros de Trabajo a precio económico, Renault España, S.A. mantendrá los comedores y servicios correspondientes actualmente en funcionamiento e implantará otros nuevos, siempre que sea obligatorio o la Empresa lo considere conveniente. En los centros donde exista comedor se formará una comisión paritaria que vigilará su funcionamiento y efectuará propuestas a la Empresa para ayudarle en la Dirección de los asuntos referentes al servicio y organización del mismo. Artículo 38. Fundación Renault España. La Empresa continuará a través de la Fundación Renault España su política actual de asistencia social (de la que podrán ser beneficiarios también los trabajadores relevistas), becarios y actividades deportivas y culturales. El vocal-patrono representante de los trabajadores en la Fundación, será elegido por la Representación de los Trabajadores. Instalaciones deportivas: La Dirección de la Empresa, a través de la Fundación Renault España, proseguirá con su política actual de mantenimiento y desarrollo de las instalaciones deportivas, siempre que las circunstancias lo permitan. La Empresa procederá a realizar las gestiones oportunas a fin de que los distintos Comités Directivos de los Grupos de Empresa permitan el acceso de los relevistas. Artículo 39. Aportación de la Empresa a la mutua del personal de Renault España, S.A. La Empresa subvencionará a la Mutua del Personal de Renault España, S.A. con una aportación mensual en función al número de trabajadores afiliados a la misma y a la cuantía de las cuotas. La ayuda empresarial se fija en la cantidad mensual de 34 euros por afiliado para el año 2021, y evolucionará de manera paralela a la aportación mínima del trabajador que fije la Mutua del personal Renault España, S.A. Artículo 40. Créditos. La Empresa seguirá su política de créditos, dando la suficiente publicidad a las normas que los regulan. Artículo 41. Premios. Premio de Antigüedad. Los trabajadores percibirán un pago único de 500 euros brutos al alcanzar una antigüedad en la empresa de 25 años. Además, se les obsequiará con la insignia de la empresa. El resto de los premios se regularán por las normas establecidas en el Anexo VI del presente Convenio. Artículo 42. Formación. Durante la vigencia del presente Convenio las partes se comprometen a mantener el siguiente acuerdo sobre formación continua en Renault España, S.A.: Declaración de principios: 1. Las partes firmantes consideran que la formación profesional es un factor decisivo para la adecuada aptitud profesional de los trabajadores y para aumentar la competitividad de la Empresa. 2. Los trabajadores tienen derecho a la formación en los términos previstos en la legislación vigente, por ello todos los trabajadores podrán tener acceso y beneficiarse de la formación durante su vida activa. 3. Las partes firmantes asumen los contenidos del Acuerdo Nacional de Formación Continua y se comprometen a desarrollar conjuntamente sus contenidos en la Empresa. Objetivos: 1. Se potenciarán planes de formación dentro de la Empresa para un mejor desarrollo personal y profesional, adecuando los criterios formativos a los trabajadores y a los puestos de trabajo. 2. Los citados planes identificarán las necesidades formativas de la Empresa y su contenido será adecuado a los objetivos de gestión, teniendo en cuenta los criterios siguientes: a) Promover el desarrollo personal y profesional y la prosperidad de la Empresa y de los trabajadores en beneficio de todos. b) Contribuir a la eficacia económica mejorando la competitividad de la Empresa y con ello, al mantenimiento del empleo. c) Adaptarse a los cambios motivados tanto por procesos de innovación tecnológica como por nuevas formas de organización de trabajo. d) Contribuir con la formación profesional continua a propiciar el desarrollo de nuevas actividades económicas. Para cumplir estos objetivos es necesario aprovechar al máximo los recursos disponibles, e incluso incrementarlos y gestionarlos de forma razonable sobre la base de las necesidades de la Empresa. 3. Se adecuará la formación a la evolución de las nuevas profesiones, del empleo y de los cambios tecnológicos internos. 4. Se actualizará y potenciará la capacidad de gestión de los mandos intermedios y cuadros. 5. La Empresa promocionará de manera regular cursos de informática y formación profesional, en todos los Centros de Trabajo, en materias aplicables en el entorno de la misma, para todos los trabajadores, siempre que se demuestre el aprovechamiento académico adecuado. La adscripción a dichos cursos que tendrán lugar fuera de las horas de trabajo, es totalmente voluntaria y sin derecho a retribución alguna. Asimismo, la Empresa se compromete a facilitar la posibilidad de conceder los «Permisos Individuales de Formación» contemplados en el Acuerdo Nacional para la Formación Continua, siempre que lo permitan sus necesidades organizativas y productivas y de acuerdo con las disposiciones contenidas en el citado Acuerdo. Los supuestos de denegación serán informados a la Comisión Paritaria para su estudio, si procede. Escuelas de reciclaje. Se creará una escuela de reciclaje para los trabajadores mayores de 50 años que prestan sus servicios en las cadenas de montaje a fin de capacitarles para el desempeño de otro tipo de tareas. Participación de la representación sindical. 1. La Representación de los Trabajadores dispondrá de conocimiento previo a la aprobación de planes de formación, tanto a nivel de criterios de elaboración, objetivos, necesidades y prioridad de los mismos, así como de presupuestos, y será informada de su desarrollo, sin menoscabo de las demás competencias que establece, para estos asuntos, el Artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. 2. Comisión Paritaria de Formación. Para facilitar el trámite previsto en el Artículo 11 a) del Acuerdo Nacional de Formación Continua, a efectos de petición de ayudas para los planes de formación de la Empresa, y dar contenido a los derechos establecidos en los Artículos 23.3 y 64 del Estatuto de los Trabajadores, se faculta a la actual Comisión Central de Formación y Clasificación Profesional ya existente en el Convenio de Renault España, S.A., para que se constituya como tal Comisión Paritaria de Formación y cuyas funciones serán: a) Analizar el balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio anterior. b) Recibir información sobre las orientaciones generales del contenido del plan formativo (objetivos, especialidades, denominación de cursos, etc.) y presentar las sugerencias que considere oportunas. c) Recibir información sobre los calendarios de ejecución. d) Analizar los colectivos afectados en las distintas categorías y grupos profesionales. e) Conocer los medios pedagógicos y lugares de impartición. f) Conocer los presupuestos de formación de la Empresa, especificando las partidas económicas que soportan las acciones formativas que se realizan al amparo del Acuerdo sobre Formación Continua. g) Tener a su disposición la información para realizar el seguimiento y evolución del desarrollo de los Planes de Formación. h) Emitir informe de los resultados de los planes de formación realizados por la Empresa. i) La Comisión será previamente informada cuando se considere necesaria la formación obligada de alguna persona para el adecuado y seguro desarrollo de su puesto de trabajo. j) La Comisión podrá proponer a la Empresa las acciones formativas que crea procedentes. 3. En caso de desacuerdo, las partes se someterán a la normativa vigente en cada momento. Ambas partes se comprometen a agotar la vía del diálogo y la negociación como mejor sistema para resolver las diferencias que puedan surgir. 4. La Empresa presentará a la Representación de los Trabajadores la lista de participantes previstos en las acciones formativas con la suficiente antelación al inicio de los cursos correspondientes. 5. Los secretarios de esta Comisión se reunirán mensualmente para analizar el seguimiento del plan aprobado. La Comisión en pleno se reunirá trimestralmente. Con independencia de las reuniones establecidas, la Comisión podrá ser convocada, a instancias de uno de los secretarios, si se considera necesario. Dentro de las competencias de esta Comisión se encuentran las de recibir información, efectuar el seguimiento del plan y evaluar el plan ejecutado. 6. En los casos en que la Empresa funcione como entidad colaboradora del INEM o del MEC para estos fines (impartición de módulos de formación y/o prácticas en alternancia en la Empresa), la Representación de los Trabajadores recibirá, al menos semestralmente, un informe sobre su gestión, incluyendo acciones formativas dirigidas a personas que no formen parte de la plantilla de la Empresa, así como un informe económico sobre dichas actividades. 7. En el caso que Renault España, S.A. participe en planes de formación agrupados que, para el desarrollo de los mismos facilite el uso de sus instalaciones, medios humanos y técnicos, la Comisión central de formación tendrá que ser informada y participará, en la medida de lo posible, sin colisionar con los derechos de representación de otros organismos competentes. Asistencia a los cursos de formación: 1. La asistencia a cursos de formación fuera de horas de trabajo es de carácter voluntario. La Comisión paritaria participará en la difusión de las acciones formativas que se promuevan. 2. Siempre que sea posible se sufragarán los gastos que comporten los cursos de formación, mediante el aprovechamiento de las subvenciones que, a tal efecto, haya establecidas en los organismos oficiales. 3. A través de la Comisión central se canalizará la participación de la Representación de los Trabajadores en las distintas acciones formativas a efectos de la formación continua de los integrantes de la mencionada representación. Aplicación: Este acuerdo sólo será aplicable a las materias contenidas en el Acuerdo Nacional sobre Formación Continua y siempre que los planes de formación hayan sido refrendados por la Comisión de Formación. En todo caso se mantendrá la información habitual que viene facilitándose en la Comisión de Formación. Artículo 43. Economato laboral. Sin contenido por acuerdo del Comité Intercentros de fecha 26 de julio de 2000. Artículo 44. Cheque guardería, ayuda escolar y ayuda a hijos con discapacidad. La Empresa realizará una aportación mensual por cada trabajador e hijo que esté utilizando el denominado sistema de Cheques Guardería. Dicha aportación se fija 60 euros/mes. Además, se establece un plus de ayuda escolar, cuya cuantía será, para los años 2021, 2022, 2023 y 2024, la siguiente: – 16 euros/mes durante el curso escolar (diez meses por cada hijo de edad comprendida entre tres y dieciséis años, ambos inclusive). El abono acumulado de todo el curso escolar, es decir, 160 euros, se abonará en la nómina del mes de agosto, sin perjuicio de su devengo proporcional en función del tiempo. En el caso de hijo con discapacidad con grado del 33% o superior, la ayuda escolar será siempre la cuantía anteriormente citada y comenzará a percibirse desde la edad en que tal discapacidad sea conocida hasta los dieciocho años inclusive. Independientemente de la ayuda anterior, se concede una ayuda específica de 100 euros mensuales, para los hijos con discapacidad del antedicho grado del 33% durante los 12 meses del año, desde el momento en que sea declarada tal discapacidad hasta los 40 años de edad inclusive. A estos efectos, el diagnóstico de discapacidad habrá de ser establecido por la Seguridad Social u otro organismo competente. Esta ayuda tendrá efectos retroactivos desde la misma fecha en que la Seguridad Social u otro organismo competente haya fijado el comienzo del devengo de su propia prestación. Para el cálculo de la cuantía de los atrasos, se utilizará la cuantía de la ayuda vigente en el momento del abono de dichos atrasos. En caso de que el padre y la madre presten sus servicios en Renault España, S.A., solamente uno de ellos percibirá la ayuda. En todo caso, las ayudas referidas serán abonadas a quien legalmente ostente la guarda y custodia del hijo o hijos con derecho a ayuda, extremo éste que debe ser justificado fehacientemente, ante la respectiva jefatura de personal. También se concederá una ayuda mensual de 100 euros a quien tenga familiares a su cargo en situación de dependencia y asuma la condición de cuidador del mismo. Los trabajadores deberán acreditar anualmente que el familiar se encuentra en situación de dependencia declarada en resolución administrativa y que es cuidador del mismo y lo tiene a su cargo. A esto efectos se entiende por familiar del trabajador: su cónyuge y sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco y personas asimiladas a la situación familiar, como parejas de hecho, tutores y personas designadas con funciones de acogimiento. En caso de que existan varios trabajadores prestando servicios en Renault España, S.A., y que declaren la situación de dependencia de la misma persona/familiar solamente uno de ellos percibirá la ayuda. Igualmente, cuando a un trabajador le corresponda la ayuda de familiar a cargo en situación de dependencia y la ayuda por hijo con discapacidad por la misma persona o familiar, únicamente tendrá derecho a una de las dos ayudas. Artículo 45. Seguros complementarios de la Seguridad Social. A) De accidente de trabajo y enfermedad profesional. 1. Como mejora de las prestaciones de la Seguridad Social, se establece un seguro que cubre los riesgos de muerte, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo e incapacidad permanente total para la profesión habitual en caso de baja en la plantilla de la Empresa, cuando se deriven de accidente de trabajo o enfermedad profesional. 2. Tal seguro consistirá en el abono de la suma de 13.000 euros durante los cuatro años de vigencia del presente Convenio Colectivo. B) De accidente no laboral y enfermedad común. Con independencia del seguro complementario de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, prescrito en el apartado A) de este artículo, e incompatible con el mismo, se establece un seguro de vida e invalidez, consistente en el abono del mismo importe expresado en el apartado A de este artículo, por una sola vez, en caso de muerte natural, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, e incapacidad permanente total para la profesión habitual en caso de baja en la plantilla de la Empresa, derivados de enfermedad común o accidente no laboral. C) Normas comunes para ambos seguros. 1. Tendrán derecho, en su caso, a estos seguros, los trabajadores incluidos en el ámbito personal de este Convenio que pertenezcan a la plantilla de la Empresa en el momento de producirse el hecho causante. 2. A estos efectos, se entenderá por fecha del hecho causante el día del óbito para los casos de muerte y para los restantes la fecha de la resolución o sentencia en la que se haya realizado, por órganos competentes, la primera declaración de gran invalidez, incapacidad permanente absoluta para todo trabajo, o incapacidad permanente total para la profesión habitual. El capital garantizado será en todo caso el asegurado en el momento del hecho causante. 3. Los trabajadores que por el transcurso de los plazos de IT hayan sido dados de baja en la Seguridad Social, conforme a la normativa de aplicación, aun no perteneciendo a la plantilla de la Empresa, atendiendo a que su contrato se encuentra temporalmente suspendido, excepcionalmente y a estos exclusivos efectos, se entenderán incluidos en la misma. 4. En caso de fallecimiento del trabajador asegurado, la aseguradora abonará el capital garantizado en función del siguiente orden de prelación, en forma excluyente a: 1.º Cónyuge y descendientes, por partes iguales entre todos ellos. 2.º Ascendientes, por partes iguales entre ellos. 3.º En defecto de los anteriores, los demás herederos legales en la misma proporción que los anteriores. Dichos beneficiarios y orden de prelación no serán tenidos en cuenta si el trabajador asegurado hubiera realizado, en tiempo y forma, designación expresa de beneficiarios, mediante comunicación por carta certificada a la Aseguradora. Respecto a los beneficiarios antes detallados, se entiende por ascendientes los de primer grado y por descendientes, tanto los de primer grado como los descendientes de los mismos, y en su parte, cuando éstos últimos hubieran fallecido. Respecto del cónyuge, en los supuestos de divorcio, se aplicará lo dispuesto sobre percibo de pensión de viudedad en la legislación vigente en el momento de producirse el hecho causante. 5. La percepción de la prestación que se establece en estos seguros por cualquiera de los riesgos que cubren es excluyente de la de los demás, de tal manera que, un accidente o una enfermedad únicamente pueden dar lugar a la percepción por una sola vez, de la cantidad a tanto alzado que en uno y otro caso se establece, cualquiera que sea la consecuencia, invalidez o muerte, que haya originado, y, aunque una y otra se produzcan sucesivamente. 6. El importe de uno u otro seguro se abonará a partir del momento en que, en su caso, recaiga decisión firme del organismo competente de la Seguridad Social sobre la calificación de las contingencias referidas. En cualquier caso habrá de acreditarse fehacientemente ante la Empresa, la contingencia originadora de la percepción y el resultado que de ella se haya derivado. Artículo 46. Prestaciones complementarias por enfermedad común o accidente no laboral y por accidente de trabajo o enfermedad profesional. A) A partir del primer día de baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional y a partir del día primero del segundo mes consecutivo de baja por enfermedad común o accidente no laboral, y siempre que, en su caso, esté cubierto el correspondiente período de cotización y carencia a la Seguridad Social, la Empresa abonará, por meses vencidos, una prestación complementaria que, sumada a la correspondiente de la Seguridad Social y demás prestaciones de cualquier origen y naturaleza, complete hasta el 100 por 100 de los salarios brutos del trabajador en baja. B) El abono se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente: 1.º Los conceptos de retribución primaria, prima de productividad o percepción suplementaria, antigüedad y turnicidad, en su caso, tendrán los importes mes por categoría y nivel o clave en el momento de la baja que figuren en las tablas de retribución y que se confeccionen como desarrollo del presente Convenio. En el caso de que el trabajador perciba compensación por jornada reducida de verano en los meses en que la misma se devenga, se incluirá el valor correspondiente en la compensación complementaria. 2.º Por el resto de los conceptos, tales como pluses de nocturnidad, festivo, guardería y otros, se abonará una cantidad que será siempre la misma durante el período en que se perciba el complemento objeto de esta regulación, y cuyo importe será equivalente al promedio correspondiente por estos conceptos, durante los tres meses de calendario inmediatamente anteriores a la baja, excluyendo para este cálculo los devengos correspondientes a los meses en los que el trabajador haya disfrutado sus vacaciones colectivas (de verano y de navidad). 3.º Solamente se incluyen para este cálculo las jornadas normales y no las horas extraordinarias ni los trabajos extraordinarios. Tampoco se incluyen los importes salariales debidos a regularizaciones, atrasos, retroactividades o diferencias de nivel, así como cualquier otro abono de vencimiento periódico superior a un mes. No serán objeto de compensación económica los períodos de descanso o reducciones de jornada a que el trabajador en activo tuviera derecho, tales como reducción de jornada por trabajo nocturno, descanso para el bocadillo, o cualquier otro. C) La prestación complementaria será, en consecuencia, la resultante del cálculo previsto en el apartado A) teniendo en cuenta la suma de conceptos integrados en los puntos 1.º y 2.º del apartado B), que tendrá la condición de complemento fijo (salvo los meses de jornada reducida de verano) y se percibirá mientras persista la situación de baja médica y como límite, hasta que se agote el período de incapacidad temporal, incluidas sus correspondientes prórrogas, o proceda la baja del trabajador en la Seguridad Social por agotamiento de los plazos de I.T., conforme a la normativa de aplicación. Expresamente se hace constar que en caso de producirse nuevas bajas por enfermedad o accidente, el período para tener, o en su caso, volver a tener derecho a la prestación a que se refiere este artículo, se computará desde la fecha de la nueva baja, salvo que se trate de recaídas de la misma enfermedad o accidente, en cuyo caso la Empresa lo considerará y decidirá sobre la concesión o no del complemento, siempre que la nueva baja se produzca en un plazo inferior a seis meses desde la última alta. Para la efectividad mes a mes del complemento expresado, será condición indispensable que el índice promedio mensual de absentismo de los últimos doce meses de los Centros de Trabajo de la Empresa en su conjunto, no supere un índice medio de absentismo a nivel complejo Renault España, S.A. del 3,45 por 100 para las prestaciones complementarias derivadas de enfermedad común o accidente no laboral y del 0,45 por 100 para las devenidas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. De superarse el índice que corresponda, decaerá el derecho a percibir el complemento en el mes de que se trate. La Empresa informará a la Representación de los Trabajadores sobre la evolución mensual de dichos índices de absentismo. En el caso de que el índice medio de absentismo regulado en el párrafo anterior supere cualquiera de los porcentajes igualmente especificados, se aplicará automáticamente el régimen establecido en Convenios anteriores al de 1989, esto es, abonando exclusivamente el complemento a partir del día primero del tercer mes consecutivo de baja y en tanto el índice promedio mensual de absentismo, computado como determina el párrafo anterior, no supere el 4,55 por 100 para las prestaciones complementarias derivadas de enfermedad común o accidente no laboral y del 0,72 por 100 para las derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Esta aplicación afectará automáticamente a quienes fueran ya a iniciar el devengo de la prestación complementaria en el mes en que se produzca la superación del índice de absentismo en el cómputo promedio acordado. D) El abono del complemento y su percepción por parte del trabajador supone que en todo momento la Empresa estará facultada para efectuar el seguimiento y comprobación tanto del estado patológico del trabajador como del cumplimiento por el mismo del tratamiento que le haya sido impuesto, y de una conducta normal correspondiente a su estado. Este seguimiento y comprobación podrán ser efectuados por la Empresa: 1. Por visita domiciliaria de personas idóneas autorizadas por la Empresa. En este caso, el trabajador autorizará la entrada en su domicilio, previa identificación de las personas idóneas con autorización escrita de la Empresa. 2. Por reconocimientos médicos efectuados en consultorios médicos o instituciones sanitarias. El trabajador, a requerimiento de la Empresa, deberá acudir, si su estado se lo permite, a reconocimiento médico en instalaciones adecuadas (consultorios o instituciones sanitarias) para ser objeto de reconocimiento, en relación con la enfermedad o accidente causa de su baja. Para ello, si fuera preciso, la Empresa le facilitará el medio de transporte adecuado (ambulancia u otro medio, según los casos). 3. Facilitar al personal sanitario encargado por la Empresa el conocimiento del tratamiento que le haya sido prescrito, a los efectos de que por aquél pueda comprobarse su cumplimiento. E) Cesará el trabajador de devengar el complemento desde la fecha en que se produzca alguno de los siguientes hechos o causas: 1. Parte médico de alta. 2. No presentación de los partes de baja y de confirmación o continuación correspondientes según obligación legal. 3. Diagnóstico resultante de reconocimiento médico efectuado por encargo de la Empresa, según lo que se dice anteriormente, de acuerdo con el cual no exista, o haya cesado, el estado de enfermedad, o el derivado de accidente, que constituía motivo suficiente para la baja, con independencia de que a los efectos de la Seguridad Social el trabajador no haya sido dado de alta. 4. Que de acuerdo con las informaciones debidamente comprobadas de la Empresa, el trabajador en baja no esté cumpliendo el tratamiento prescrito, así como la ejecución de actos o actividades contraindicadas para su curación, en relación a la enfermedad específica o accidente que haya dado lugar a la baja. 5. Negativa o entorpecimiento al ejercicio por parte de la Empresa de los medios de seguimiento y comprobación citados anteriormente. 6. Ejercer durante el período de baja cualquier tipo de trabajo, aun cuando no sea remunerado. F) La decisión de la Empresa de no satisfacer al trabajador en baja la correspondiente prestación complementaria como consecuencia del ejercicio de su facultad de seguimiento y comprobación anteriormente expuesta, será ejecutiva y firme. G) La retirada del complemento por parte de la Empresa no tendrá carácter de sanción disciplinaria. H) El cálculo del índice de absentismo se obtiene mediante la siguiente fórmula: En dicha fórmula el número de horas perdidas viene referido al concepto de enfermedad común o accidente no laboral en los casos del índice que afecta a la prestación complementaria derivada de tales causas y al concepto de accidente de trabajo o enfermedad profesional en los relativos al índice que condiciona el complemento devenido de estas últimas contingencias. I) Serán tenidos en cuenta los procesos de accidente de trabajo o enfermedad profesional iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2021, si bien el complemento, reuniendo las condiciones necesarias, comenzará a percibirse a partir del 1 de enero 2021. CAPÍTULO VI Trabajo y retribución Artículo 47. Rendimientos. El cumplimiento de los programas establecidos por la Dirección en cada momento, en calidad y cantidad, supone unos rendimientos para el personal, que serán exigibles tanto individual como colectivamente a todos los trabajadores. Servirá de base para determinar el rendimiento exigible el desarrollado por los trabajadores de los puestos tradicionalmente computables para la determinación del índice de productividad de acuerdo con el estatuto de la prima de incentivo a la productividad al que se refiere el Anexo V del Convenio. La Empresa establecerá cuantos controles estime necesarios para lograr los tiempos y rendimientos exigidos. Puesto que en Renault España, S.A. se trabaja por unidades de tiempo y no a tarea fija ni a destajo: a) La saturación o carga de trabajo de un puesto, medida a la actividad media exigida y con calidad aceptable, no superará en el período computable de un mes los minutos de jornada acordada por el número de días trabajados en el mes. b) La falta de saturación, en caso de que exista, queda a libre disposición de la Empresa para realizar los trabajos que en cada caso sean necesarios. En cada puesto de trabajo se colocará la hoja de operaciones a realizar con sus tiempos. Los tiempos se determinarán por los procedimientos de cronometraje y valoración empleados hasta la fecha por los servicios técnicos de la Empresa, pudiendo ser: definitivos, provisionales y estimados. Al ponerse en marcha una nueva operación o una modificación del puesto, y hasta que sea posible realizar el primer cronometraje, se emplearán tiempos estimados, que serán obtenidos por apreciación. Se considerarán como tiempos provisionales los obtenidos en el primer cronometraje de un trabajo nuevo o modificado, que se producirá inmediatamente que los servicios técnicos consideren de una garantía mínima la estabilización del método y la práctica del operario. Se considerarán tiempos definitivos los asignados a cada trabajo en el segundo cronometraje que se realizará en cuanto las condiciones mecánicas y operatorias se encuentren totalmente estabilizadas, no debiendo normalmente producirse después de nueve meses del primer cronometraje para los puestos individuales, ni de quince meses para las cadenas y trabajos colectivos. Se podrá realizar un tercer cronometraje antes de transcurridos cuatro años desde el lanzamiento de los trabajos nuevos o modificados. Los tiempos definitivos no podrán ser modificados excepto en los casos siguientes: a) Por modificación de los medios: máquinas, equipos, herramientas. b) Por mejoras del proceso operatorio o del proyecto del vehículo, cualquiera que sea el origen del cambio o la mejora. c) Por variación de las frecuencias de los trabajos o fases irregulares que consten en la hoja de análisis del puesto. d) Por errores de cálculo comprobables en las gamas y hojas de análisis, errores de cronometraje, de factor de actuación o trascripción. e) En los puestos considerados como de tiempos variables por circunstancias ajenas a ellos, como de retoques de chapa, por transporte, recuperación de piezas porosas, etc. En estos puestos los tiempos serán revisados periódica y sistemáticamente sin alcanzar nunca la consideración de definitivos. La Comisión Paritaria entenderá sobre las reclamaciones individuales nacidas de la aplicación del sistema de rendimientos establecidos, así como las discrepancias que puedan surgir respecto a los períodos de adaptación del trabajador al rendimiento establecido. Las reclamaciones se interpondrán mediante escrito individual en un plazo de quince días a partir del hecho que las motive y transcurrido aquél se notificará el acuerdo al reclamante y a la Empresa en un plazo de diez días. Con independencia de dichas Comisiones paritarias, se constituirá una Comisión Central de Ritmos cuyas funciones se concretarán de mutuo acuerdo. Artículo 48. Clasificación profesional. En función de la sucesiva formación, conocimiento, mejor aprovechamiento de las aptitudes y adaptación a distintos puestos de trabajo, así como adecuado desenvolvimiento en el medio, que sólo se adquieren al cabo de los primeros años, se establecen las siguientes categorías y agrupaciones económicas a efectos de retribución (de las recogidas en el Anexo IV): Durante el primer año y seis meses: «Especialista de Base» en la agrupación 37. Desde el primer año y seis meses y durante un año: «Especialista A» en la agrupación 40. Desde el segundo año y seis meses y durante un año: «Especialista A especial» en la agrupación 43. Desde el tercer año y seis meses y durante un año: «Especialista B» en la agrupación 45. Desde el cuarto año y seis meses y durante un año: «Especialista C» en la agrupación 50. Durante el primer año y seis meses: «Auxiliar técnico-administrativo de Base» en la agrupación 01. Desde el primer año y seis meses y durante un año: «Auxiliar técnico-administrativo A» en la agrupación 02. Desde el segundo año y seis meses y durante un año: «Auxiliar técnico-administrativo A especial» en la agrupación 2A. Desde el tercer año y seis meses y durante un año: «Auxiliar técnico-administrativo B» en la agrupación 03. Desde el cuarto año y seis meses y durante un año: «Auxiliar técnico-administrativo C» en la agrupación 04. En el Grupo Obrero, los Especialistas C, transcurridos cinco años y medio, ostentarán la categoría de Oficial de 3.ª del mismo Grupo Obrero, y en el Grupo Técnico Administrativo, los Auxiliares Técnico-Administrativos C, transcurridos cinco años y medio, la nueva categoría de Oficial de 3.ª Técnico-Administrativo; en ambos casos con la retribución correspondiente a tal cualificación. Al propio tiempo, y en congruencia con lo anterior, desaparecidas, conforme al Convenio 2000-2003, en el Grupo Obrero la categoría genérica de Especialista, y la de Peón; y en el Grupo Técnico Administrativo las de Botones y Aspirantes, se creó en el referido Convenio, la de Oficial de 3.ª Técnico-Administrativo en la Agrupación 07 en sustitución de la genérica de Auxiliar Administrativo. 1. Grupo Obrero. Jefe de Equipo (como se define en el artículo 52 K). Oficial Especial. Oficial de Primera. Oficial de Segunda. Oficial de Tercera. Especialista de Base. Especialista A. Especialista A especial. Especialista B. Especialista C. En el Grupo Obrero las categorías de Oficial Especial, Oficial de Primera, Segunda y Tercera, incluyen las especialidades ya reconocidas y desempeñadas en la Empresa, y las de Mecánico-Probador, Probador, Verificador Grupo Obrero, Carretillero, Producción y Prevención-Protección, así como aquéllas específicas de la industria del automóvil que puedan crearse en el futuro. 2. Grupo Subalterno. Cocinero. Ordenanza. Dependiente. Telefonista. Chófer de turismo. Almacenero. Dependiente principal. Conductor de vehículos pesados. 3. Grupo Técnico Administrativo. Auxiliar técnico-administrativo de Base. Auxiliar técnico-administrativo A. Auxiliar técnico-administrativo A especial. Auxiliar técnico-administrativo B. Auxiliar técnico-administrativo C. Oficial técnico-administrativo de tercera. Capataz. Verificador de tercera. Oficial técnico-administrativo de segunda. Oficial técnico-administrativo de primera. Agente técnico-administrativo de tercera. Jefe técnico-administrativo de tercera. Delineante proyectista A. Encargado. Agente técnico-administrativo de segunda. Jefe de Unidad. Contramaestre. Delineante proyectista B. Jefe técnico-administrativo de segunda. Agente técnico-administrativo de primera. Jefe de Unidad de primera. Jefe técnico-administrativo de primera. Jefe de Taller. Ayudante Técnico Sanitario. Perito e Ingeniero técnico. Asistente y Graduado social. Ingeniero y Licenciado. Médico de Empresa. Se extingue la especialidad Jefe de Unidad dentro de la categoría de Encargado, creándose como nuevas categorías profesionales Jefe de Unidad y Jefe de Unidad de Primera, ambas dentro del grupo técnico administrativo y encuadradas en las Agrupaciones 17 y 19 respectivamente. Las partes procederán a introducir las modificaciones necesarias en los distintos artículos y anexos del Convenio Colectivo, derivadas de la creación de estas categorías. La clasificación del personal que precede es meramente enunciativa, no limitativa, y en modo alguno presupone la obligación de tener provistas las plazas enumeradas cuando la organización del trabajo y las necesidades de la Empresa no lo requieran. La Empresa entregará a la Representación de los Trabajadores la definición de funciones de todas las categorías profesionales existentes. Artículo 49. Valoración de puestos de trabajo. En las factorías donde se establezca el régimen de valoración de puestos de trabajo, se efectuará por la Empresa mediante el Manual Único de Valoración de Renault España, S.A. Como normas de valoración, se seguirán las contenidas en el Anexo I, «Reglamento para la aplicación de la valoración de puestos de trabajo», cuyo texto forma parte de este Convenio. Artículo 50. Conceptos retributivos para los centros de Valladolid, Sevilla y Palencia. 1. Retribución por jornada ordinaria. Estará formada por: a) Retribución primaria: es la que corresponde a la categoría profesional del trabajador y nivel asignado al puesto, con carácter provisional o definitivo. Su cuantía vendrá determinada por los valores que para cada categoría y nivel figuran en el Anexo n.º IV de este Convenio. b) Prima de incentivo a la productividad: se aplicará una Prima de incentivo a la productividad colectiva del personal (antigua «percepción variable»), cuyo abono se efectuará según las tablas núms. 19 y 20 del anexo IV. 2. Retribuciones especiales: a) Gratificaciones extraordinarias: las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad, se satisfarán cada una de ellas a razón de treinta días de Retribución Primaria. b) Gratificaciones de Marzo y Septiembre: estas gratificaciones se satisfarán con arreglo a lo dispuesto en el Anexo IV de forma que su importe bruto suponga el 50% de las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad. La gratificación de Marzo se abonará con la paga correspondiente a Febrero y la de Septiembre en la primera quincena de este mes. c) Pluses: 1. Plus de turnicidad: para compensar el mayor esfuerzo que supone la implantación del régimen de trabajo a turnos, se abonará al personal que de forma habitual lo realice un plus de turnicidad, en la cuantía que se expresa en el Anexo IV. Tablas de retribuciones, del presente Convenio. Tablas núms. 21 y 22. El personal a turnos será el que señalen los programas de fabricación que en cada momento establezca la Empresa, atendiendo a las necesidades de la producción. 2. Plus de trabajo en domingo y festivo: se abonará para el trabajo en tales días un plus, cuya cuantía se cifra en el 140 por 100 de la retribución primaria correspondiente al tiempo de jornada normal trabajado en dichos días. 3. Plus de Guardería: se abonará para el trabajo realizado con la denominación de «trabajo de guardería», un plus cuya cuantía se cifra en el 140 por 100 de la Retribución Primaria correspondiente al tiempo de jornada normal trabajado en los períodos que se determinen para el derecho a este plus. 4. Plus de nocturnidad: se abonará en las condiciones y circunstancias reglamentarias establecidas, salvo su importe que será del 40 por 100 de la Retribución Primaria. 5. Plus especial de nocturnidad por jornada fija de noche: con independencia del plus ordinario de nocturnidad establecido en el número anterior y del beneficio de reducción de la jornada del turno de noche, se establece este plus, cuyo importe seguirá las evoluciones salariales pactadas en el presente convenio respecto a los años siguientes. Para tener derecho a la percepción de este plus, se requerirá que el trabajador preste sus servicios en horario fijo de noche durante al menos un mes, contado de fecha a fecha. La percepción de este plus es incompatible con el de turnicidad. 6. Pluses Turno Fijo de Noche Normal y Festivo. Los trabajadores en turno fijo de noche percibirán estos pluses con los valores de las tablas que en el Anexo IV se incluyen, y que son incompatibles con los Pluses ordinario de Nocturnidad, Especial de Nocturnidad por jornada fija de noche y cualquier otro. 7. Plus Aprovechamiento Instalaciones. Los trabajadores que presten servicio con este sistema, percibirán los pluses con los valores de las tablas que en el Anexo IV se incluyen, bien por cada sábado de trabajo en turno de mañana o en el de tarde (incompatible con cualquier compensación por trabajo en días de descanso), bien por cada noche del domingo al lunes (incompatible con cualquier compensación por trabajo en horario nocturno o días de descanso). 8. Plus Trabajo de Modificación de la Demanda. Los trabajadores que presten servicio en los sábados (o domingos noche) con el sistema previsto en el Anexo X.7, percibirán este plus cuyo valor se unifica al del Plus por Aprovechamiento de Instalaciones tal y como figura en las tablas que en el Anexo IV se incluyen (abonándose, cuando el trabajo se realice en la noche del domingo al lunes, además de dicho Plus, lo que se hubiera percibido por el trabajo en noche no festiva) que será incompatible con cualquier compensación por trabajo en días de descanso. 9. Plus Primer Tramo Modificación de la Demanda. No obstante lo señalado en el punto 8 anterior, únicamente para los cinco primeros sábados de trabajo por bolsa, de cada trabajador y año, la Empresa, en lugar de abonar el Plus de Modificación de la Demanda anteriormente citado abonará este plus Primer Tramo Modificación de la Demanda de nueva creación equivalente al importe de la hora de Retribución Primaria por ocho horas, que corresponda a cada trabajador según su categoría y nivel, y asimismo, el trabajador generará dos horas de disfrute individual proporcional a las horas de presencia, que se incluirán en el contador de prolongación de jornada. 10. Plus adscripción turno voluntario fijo de tarde. Los trabajadores que, a partir de la entrada en vigor del presente convenio, voluntariamente presten servicios en dicho turno, percibirán mensualmente la cantidad que se establece en la tabla 35 y 36 del convenio (1.200 € anuales para 2021). Dicha cantidad es incompatible con el percibo del plus de turnicidad recogido en el presente artículo, teniendo que estar adscrito el trabajador al menos dos semanas al mes al turno voluntario fijo de tarde. 11. El resto de los pluses se devengará en las condiciones y circunstancias que establece la legislación al respecto, salvo que por su naturaleza puedan absorberse legalmente, o cuando las contraprestaciones a que obedezcan tales devengos se hayan tenido en cuenta en el Régimen de Valoración y Retribución de este Convenio. d) Licencias y ausencias retribuidas: Las licencias y ausencias retribuidas legalmente establecidas serán abonadas de conformidad a lo establecido en el cuadro-resumen que se incluye en el presente Convenio en el artículo 30. Artículo 51. Conceptos retributivos para el centro de trabajo de Madrid. 1. Retribución por jornada ordinaria. Estará formada por: a) Retribución primaria: corresponderá a la categoría profesional y clave del trabajador. Su cuantía viene determinada en tabla que figura en el Anexo número IV de este Convenio. b) Percepción suplementaria: Establecida en su momento en sustitución del incentivo a la productividad por ser las tareas que se realizan en este Centro de Trabajo poco adecuadas para la implantación de incentivos que respondieran a una medida científica de la productividad, se mantiene en las condiciones tradicionales esta percepción suplementaria, cuya cuantía vendrá determinada por claves dentro de cada categoría, según se indica en las tablas que se insertan en el Anexo número IV (Tablas 11 y 12). 2. Retribuciones especiales: a) Gratificaciones extraordinarias: las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad se satisfarán, cada una de ellas, a razón de treinta días de Retribución Primaria. b) Gratificaciones de Marzo y Septiembre: estas gratificaciones se satisfarán con arreglo a lo dispuesto en el Anexo IV de forma que su importe bruto suponga el 50% de las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad. La gratificación de Marzo se abonará con la paga correspondiente a Febrero y la de Septiembre en la primera quincena de este mes. c) Pluses. 1. Se devengarán en las condiciones y circunstancias que establece la legislación al respecto, salvo que por su naturaleza puedan absorberse legalmente por las mejoras que se establecen en este Convenio. 2. A los pluses de nocturnidad, de trabajo en domingo y festivo, de guardería y especial de nocturnidad por jornada fija de noche, se aplicarán las normas establecidas en el artículo 50, apartado c), números 2, 3, 4 y 5. 3. Licencias y ausencias retribuidas. Serán abonadas como se dispone en el artículo anterior. Artículo 52. Aplicación de los conceptos retributivos. A) Retribución primaria: corresponde abonarla en los siguientes casos: 1. Por el tiempo ordinario de presencia y proporcionalmente al mismo. 2. Licencias reglamentarias: permisos para exámenes cuando hayan de ser retribuidos. 3. Vacaciones. 4. Domingos y festivos. Los devengos correspondientes a los domingos y festivos se abonarán en proporción a los días trabajados. Licencias reglamentarias: el trabajador, avisando con la posible antelación, tendrá derecho a la licencia en los casos que se recogen en el cuadro que figura en el presente Convenio. B) Gratificaciones extraordinarias: las gratificaciones extraordinarias se devengarán proporcionalmente al tiempo de permanencia en la Empresa. Los trabajadores que no lleven seis meses en la Empresa en las fechas de abono de las gratificaciones extraordinarias de Julio y Navidad, percibirán éstas en cuantía proporcional al tiempo de permanencia hasta las citadas fechas. Al causar baja en la Empresa se percibirá asimismo la parte proporcional que corresponda. El cómputo se hará por meses completos; la fracción de mes se considerará como un mes completo, distribuyéndose el cálculo haciendo corresponder el primer semestre a la de julio y el segundo semestre a la de Navidad. Con respecto a las gratificaciones de marzo y Septiembre, se mantendrá el mismo criterio, salvo en lo referente a los períodos de devengo, que se computarán, respectivamente, de Septiembre a febrero y de febrero a Septiembre. C) Prima de incentivo a la productividad (Valladolid, Sevilla y Palencia) o percepción suplementaria (Madrid): Se devengará en los mismos casos que la retribución primaria excepto las licencias reglamentarias que se regirán por el cuadro del artículo 30. D) Plus de turnicidad: se devengará en los siguientes casos: 1. Por el tiempo ordinario de presencia y proporcionalmente al mismo. 2. Domingos y festivos en proporción a los días trabajados. 3. Durante las vacaciones proporcionalmente a lo devengado por este concepto durante el periodo anterior, computado de vacación a vacación. A los efectos del abono del plus de turnicidad se distinguen las siguientes situaciones: 1. Personal que trabaja en turnos preestablecidos por la Dirección (personal en régimen de trabajo a turnos), de mañana, tarde y noche, o dos cualesquiera de éstos: a) Los turnos habituales vendrán preestablecidos en alguna de las siguientes modalidades: cambios de turnos semanales, quincenales, mensuales o de una semana como mínimo dentro de un mes. Los trabajadores incluidos en estos turnos tendrán derecho al abono de la turnicidad durante todo el tiempo que en el mes trabajen a prima, como se dispone en este Convenio, mientras vengan efectuando los cambios de turno. b) Casos especiales en que la rotación (cambio de turno) se produce en un período superior al mes (una semana cada dos meses, dos semanas cada dos meses, etc.). Los trabajadores incluidos en régimen de turnos de estas características, tendrán derecho al abono de la turnicidad durante el tiempo del turno que dentro del periodo total tiene un menor número de días y asimismo durante otro número de días consecutivos igual al anterior, es decir, que la turnicidad se abonará por un número de días doble de aquéllos en que se haya cambiado de turno. c) No se considerará en régimen de trabajo a turnos el trabajador que aun teniendo un horario coincidente con uno cualquiera de los turnos, por haberlo solicitado voluntariamente o por cualquier otra causa, no efectúe rotación normal de horario. d) En el caso de que un trabajador comience o cese en el régimen de trabajo a turnos, comenzará o cesará, respectivamente, su devengo del plus de turnicidad, coincidiendo con el primero o el último día de su inclusión en este régimen de trabajo. 2. Trabajadores con horario fijo que, por necesidades del servicio, hayan de ser cambiados de turno de forma temporal. Se devengará el plus de turnicidad correspondiente en los días que dure el cambio de horario. E) Plus de Nocturnidad: se devengará en las condiciones y circunstancias reglamentarias establecidas. F) Plus de Trabajo en Domingo y Festivo: los trabajadores que, con desplazamiento de su descanso semanal reglamentario, trabajen en domingo, y los que trabajen en festivos, sin que reúnan conjuntamente las circunstancias de obligatoriedad y habitualidad o periodicidad requeridas para el derecho al «Plus de Guardería», percibirán independientemente de los demás conceptos salariales a que tuviere derecho, un «Plus de Festivos» de cuantía señalada en el artículo 50 por el tiempo de presencia del trabajador, que esté comprendido en los horarios que rijan en cada momento, correspondientes: – Para el domingo: al horario del turno de mañana, tarde y noche del sábado y los turnos de mañana, tarde y noche del domingo. – Para el festivo: al horario del turno de noche de la víspera, y los turnos de mañana, tarde y noche del festivo. En el momento actual, las horas que determinan los períodos anteriores son: – Para el domingo: En Valladolid y Palencia: desde las seis horas del sábado hasta las seis horas del lunes. En Sevilla: desde las siete horas del sábado hasta las siete horas del lunes. – Para el festivo: En Valladolid y Palencia: desde las veintidós horas del día inmediato anterior al festivo hasta las seis horas del día siguiente al festivo. En Sevilla: desde las veintitrés horas del día inmediato anterior al festivo hasta las siete horas del día siguiente al festivo. El plus de trabajo en domingo se abonará también en el horario de mañana de aquellos sábados en que, por aplicación de los calendarios generales, no trabaje ningún turno, sin que ello suponga el reconocimiento como festivos de los citados sábados. El «Plus de Festivos» es incompatible con el «Plus de Guardería». G) Plus de Guardería: los trabajadores que por desempeñar puesto de trabajo de especiales características, tales como de actividad continuada, vigilancia, guardería médica, etc., tengan obligación de trabajar de forma habitual o periódica en domingo o festivo y, en consecuencia, tengan su descanso semanal o festivo en otro día, percibirán como compensación de esta exigencia especial un «Plus de Guardería» de cuantía señalada en el artículo 50 de este Convenio. Este plus se abonará por el tiempo trabajado dentro de los límites horarios señalados para el «Plus de Domingos y Festivos». Se amplían estos límites en cuanto al plus de guardería, para el personal que viene percibiéndolo, a las veintidós horas (veintitrés en Sevilla) del viernes, a quienes lo perciban el sábado o el domingo de la misma semana y en ella descansen o vaquen todos los turnos desde las seis horas (siete en Sevilla) del sábado, según calendario general de cada centro de trabajo. No se extenderá, por el contrario, el referido límite a los viernes de aquellas semanas que, aun trabajando aquéllos un día festivo, no trabajen el sábado o domingo de las mismas. A los solos efectos del devengo del Plus de Guardería se entenderá por «semana» la comprendida entre las seis horas del lunes (siete en Sevilla), hasta la misma hora del lunes siguiente. No obstante, cuando por necesidades del servicio la Empresa establezca el comienzo de la semana de trabajo antes o después de las seis horas del lunes, se entenderá como semana la de los siete días naturales contados desde el nuevo inicio del turno de trabajo. Este «Plus de Guardería» es incompatible con el de domingos y festivos. A efectos del reconocimiento del derecho y percepción del plus, se requerirá: 1.º Que el trabajador tenga obligación de trabajar en dicho puesto domingos o festivos. Se considera obligatorio cuando su falta al trabajo en dichos días, sin causa justificada, pueda ser constitutivo de falta laboral y ser sancionado como ausencia injustificada al trabajo. 2.º Que la obligación de trabajar en domingo o festivo tenga carácter habitual o periódico. Se entiende por habitual el trabajo que respondiendo a los planes de organización previstos por la Empresa, para el puesto en cuestión, se realice de forma continua o periódica. Se entiende por trabajo periódico aquél que se realiza obedeciendo a unos ciclos concretos marcados por la Empresa, dentro de los planes de organización del puesto y descartando todos aquéllos ejecutados de forma esporádica o aislada. 3.º Que los requisitos de obligatoriedad, habitualidad o periodicidad se den conjuntamente. La falta de cualquiera de estos requisitos supondrá la inexistencia del derecho al plus, y, por tanto, la no percepción del mismo. 4.º Que el trabajo en domingo o festivo comporte un descanso semanal compensatorio. La Empresa deberá declarar, expresamente, los puestos con derecho al Plus de Guardería, cuando reúnan los requisitos anteriormente indicados. H) Vacaciones: se concreta que los conceptos retributivos a abonar en vacaciones son: Retribución Primaria, Prima o Percepción Suplementaria, Turnicidad, Plus Turno Fijo de Noche Normal y Plus Turno Fijo de Noche Festivo, Plus Aprovechamiento Instalaciones, y Plus Especial de Nocturnidad por Jornada Fija de Noche, Plus de Disminución de Aptitud, Plus Jefe de Equipo y los Pluses de Nocturnidad, Festivo y Guardería. I) Reducción del tiempo de trabajo real al año: las reducciones en el tiempo de trabajo real anual, tanto las concedidas en anteriores convenios como las producidas por otras causas, hasta llegar a la jornada que figura en este Convenio, no implicarán merma de retribución alguna. J) Plus especial de nocturnidad, por jornada fija de noche: se aplicarán, como normas complementarias, las que rijan para el plus ordinario de nocturnidad. K) Es Jefe de Equipo el trabajador procedente de la categoría de profesionales o de oficio que, efectuando trabajo manual, asume el control de trabajo de un grupo de oficiales, especialistas, etc., en número no inferior a tres ni superior a ocho. El Jefe de Equipo no podrá tener bajo sus órdenes a personal de superior categoría que la suya. Cuando el Jefe de Equipo desempeñe sus funciones durante un período de un año consecutivo o de tres años en periodos alternos, si luego cesa en su función, se le mantendrá su retribución específica hasta que por su ascenso o superior categoría quede aquélla superada. El Plus que percibirá el Jefe de Equipo consistirá en un 20 por 100 sobre el salario base de su categoría, a no ser que haya sido tenido en cuenta dentro del factor mando, en la valoración del puesto de trabajo. Artículo 53. Conceptos retributivos a efectos legales. I. Clasificación. Por aplicación de la normativa de ordenación del salario, el régimen retributivo pactado en el presente Convenio queda estructurado de la siguiente forma: Salario base: se fija como salario base el importe de la retribución primaria. Complementos salariales: los diferentes complementos salariales pactados quedan distribuidos atendiendo a su naturaleza, del siguiente modo: – Personales: Plus de disminución de aptitud. Compensación por jornada reducida de verano. Garantías económicas (artículo 54): plus de percepciones consolidadas (PPC); Régimen especial de ayuda fiscal (REPAF). Premios por título; pluses creados antes de 1966 (a que se refería el apartado 2.º del artículo 8 de convenios anteriores); y antigüedad. – De puesto de trabajo: Turnicidad. Nocturnidad. Plus especial de nocturnidad por jornada fija de noche. Plus de trabajo en domingos y festivos. Plus de jefe de equipo. Ayuda para vivienda en caso de traslado. Plus de guardería. Plus de Modificación de la Demanda. Plus de Aprovechamiento de Instalaciones. Plus Primer Tramo Modificación de la Demanda. – Por calidad y cantidad de trabajo: Prima de incentivo a la productividad para Valladolid, Sevilla y Palencia y percepción suplementaria para Madrid. Prima ligada a los resultados de las fábricas, para Valladolid, Sevilla, Palencia y Madrid. Horas extraordinarias. – Vencimiento periódico superior al mes: Gratificación de julio. Gratificación de Navidad. Gratificación de marzo. Gratificación de septiembre. II. Principios generales sobre retribución: A) Los impuestos, cargas sociales y cualquier deducción de tipo obligatorio que gravan en la actualidad o graven en el futuro las percepciones del personal, serán satisfechos por quien corresponda conforme a la Ley. B) Los salarios y sueldos de cotización a efectos de seguros sociales obligatorios y mutualismo laboral, serán, en cada caso, los legalmente establecidos. Las percepciones que correspondan según este Convenio en la parte que superen las mencionadas bases legales de cotización, únicamente se computarán para el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y hasta los límites establecidos para este seguro. Los importes de las percepciones que figuran en este Convenio son en todos los casos cantidades brutas. Artículo 54. Garantías personales. 1. Se respetarán las siguientes garantías económicas de carácter personal ya establecidas en convenios anteriores (los pluses que tenían carácter personal se han consolidado para las personas que el 1 de enero de 1972 los venían percibiendo): – Plus de percepciones consolidadas (PPC). Se respetará a título personal en su misma cuantía actual, siendo únicamente absorbible por aumento de categoría, nivel o clave. – Régimen especial de ayuda fiscal (REPAF). – Plus de premio por título. También se mantendrán con carácter excepcional, en las mismas condiciones de devengo y sujetos a las mismas normas que vienen aplicándose, los pluses creados antes de 1966, no recogidos en Convenio ni establecidos por norma legal alguna; es decir, los correspondientes a determinados puestos del personal obrero (gratificación de pintura, gratificación de chapa y gratificación de servicios de incendios) y la gratificación especial de ayudantes técnicos sanitarios. 2. Como garantía a título personal, quienes el 4 de junio de 1997 pertenecían a la plantilla de la Empresa, seguirán percibiendo el complemento personal de antigüedad, y devengando premios superiores, conforme a la normativa de convenios anteriores, y con los importes que figuran en la tabla núm. 3 del anexo IV de este Convenio. CAPÍTULO VII Régimen disciplinario Artículo 55. Faltas y sanciones. 1. A efectos laborales se entiende por falta toda acción u omisión que suponga quebranto de los deberes de cualquier índole impuestos por las disposiciones laborales vigentes y, en particular, las que figuran en el presente Convenio Colectivo. Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su importancia, trascendencia o malicia en leve, grave o muy grave. La enumeración de las faltas, que se hace en los tres apartados siguientes es meramente enunciativa. A) Faltas leves. 1.º De una a tres faltas de puntualidad en asistencia al trabajo, sin la debida justificación, cometidas durante el periodo de un mes. 2.º No notificar con carácter previo o, en su caso, dentro de las 24 horas siguientes a la falta, la razón de la ausencia al trabajo, a no ser que se pruebe la imposibilidad de haberlo hecho. 3.º El abandono del trabajo sin causa justificada que sea por breve tiempo. Si como consecuencia del mismo se causase perjuicio de alguna consideración a la Empresa o a los compañeros de trabajo o fuera causa de accidente, esta falta podrá ser considerada como grave o muy grave, según los casos. 4.º Pequeños descuidos en la conservación del material. 5.º Falta de aseo o limpieza personal. 6.º No atender al público con la corrección y diligencia debidas. 7.º No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o de domicilio. 8.º Discutir con los compañeros dentro de la jornada de trabajo. 9.º Faltar al trabajo un día sin causa justificada. B) Faltas graves. Se califican como faltas graves las siguientes: 1.º Más de tres faltas no justificadas de puntualidad en la asistencia al trabajo, cometidas durante un periodo de 30 días. 2.º Faltar de uno a tres días al trabajo durante un periodo de 30 días sin causa que lo justifique. Bastará una sola falta cuando tuviera que relevar a un compañero o cuando como consecuencia de la misma se causase perjuicio de alguna consideración a la Empresa. 3.º No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a la Seguridad Social y, en su caso, a las prestaciones de protección a la familia. La falsedad u omisión maliciosa en cuanto a la aportación de estos datos se considerará como falta muy grave. 4.º Entregarse a juegos, cualesquiera que sean, dentro de la jornada de trabajo. 5.º La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, incluida la resistencia y obstrucción a nuevos métodos de racionalización de trabajo o modernización de maquinaria que pretenda introducir la Empresa, así como negarse a rellenar las hojas de trabajo, control de asistencia, etc. Si implicase quebranto manifiesto de la disciplina o de ello se derivase perjuicio notorio para la Empresa o compañeros de trabajo, se considerará falta muy grave. 6.º Simular la presencia de otro al trabajo, firmando o fichando por él. 7.º La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del mismo. 8.º La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente para sí o para sus compañeros o peligro de averías para las instalaciones, podrá ser considerada como falta muy grave. En todo caso, se considerará imprudencia en acto de servicio el no uso de las prendas y aparatos de seguridad de carácter obligatorio. 9.º Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada, así como el empleo para usos propios de herramientas de la Empresa. 10.º La reiteración o reincidencia en falta leve (excluida la de puntualidad), aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción que no sea la de amonestación verbal. C) Faltas muy graves. Se califican como faltas muy graves las siguientes: 1.º Más de diez faltas no justificadas de puntualidad cometidas en un periodo de seis meses o veinte en un año. 2.º Las faltas injustificadas al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos en un mismo mes. 3.º El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomendadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la Empresa o a cualquier persona, realizado dentro de las dependencias de la misma o durante acto de servicio en cualquier lugar. 4.º Los delitos de robo, estafa o malversación cometidos fuera de la Empresa o cualquier otra clase de delito común que pueda implicar para esta desconfianza hacia su autor. 5.º La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá siempre que existe falta cuando un trabajador en baja por uno de tales motivos realice trabajos de cualquier clase por cuenta propia o ajena. También se comprenderá en este apartado toda manipulación hecha para prolongar la baja por accidente o enfermedad. 6.º La continuada y habitual falta de aseo y limpieza de tal índole que produzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo. 7.º La embriaguez habitual si repercute negativamente en el trabajo. 8.º Violar el secreto de la correspondencia o de documentos reservados de la Empresa. 9.º Revelar a elementos extraños datos de reserva obligada. 10.º Dedicarse a actividades que impliquen competencia hacia la misma. 11.º Los malos tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los jefes o sus familiares, así como a los compañeros y subordinados. 12.º El acoso sexual. 13.º Causar accidentes graves por negligencia o imprudencia inexcusable. 14.º Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 15.º La disminución continuada y voluntaria no justificada en el rendimiento del trabajo. 16.º Originar riñas y pendencias con sus compañeros de trabajo. 17.º Las derivadas de lo previsto en los números 3, 5 y 8 del apartado B). 18.º La reincidencia en faltas graves, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido sancionadas. 2. No se considerará injustificada la falta al trabajo que derive de detención del trabajador, si éste, posteriormente, es absuelto de los cargos que se le hubieren imputado. 3. Sanciones. Las sanciones máximas que podrán imponerse a los que incurran en falta serán las siguientes: a) Por faltas leves: Amonestación verbal. Amonestación por escrito. b) Por faltas graves: Traslado de puesto dentro de la misma fábrica. Suspensión de empleo y sueldo de dos a veinte días. c) Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo de veintiuno a sesenta días. Inhabilitación por un período no superior a cinco años para ascender de categoría. Traslado forzoso a otra localidad sin derecho a indemnización alguna. Despido. Las sanciones que en el orden laboral puedan imponerse se entienden sin perjuicio de pasar el tanto de culpa a los tribunales. 4. Abuso de autoridad. La Empresa considerará como faltas muy graves y sancionará, en consecuencia los abusos de autoridad que se pudieran cometer por sus directivos, jefes o mandos intermedios. Se considerará abuso de autoridad siempre que un superior cometa un hecho arbitrario con infracción manifiesta y deliberada de un precepto legal y con perjuicio notorio para un inferior: en este caso, el trabajador perjudicado lo pondrá en conocimiento del Comité de Empresa y lo comunicará por escrito a su jefe inmediato, quien tendrá la obligación de tramitar la queja hasta la Dirección de la Empresa. Si cualquiera de ellos no lo hiciera o, a pesar de hacerlo, insistiera en la ilegalidad cometida, el así perjudicado dará cuenta por escrito, en el plazo no superior a quince días, a la Autoridad Laboral, la que, si estima infracción, ordenará a la Dirección de la Empresa el envío de los antecedentes del asunto, y si, previos los asesoramientos que estime oportunos, resultara probado el hecho, resolverá lo que proceda. 5. Normas de procedimiento. a) Corresponde a la Dirección de la Empresa la facultad, con conocimiento del Comité de Empresa en los casos legalmente previstos, de corregir disciplinariamente a todos los trabajadores que se hicieran acreedores de ello. b) Se acuerda como plazo máximo para comenzar el cumplimiento de una sanción el de treinta días hábiles, a partir de la fecha en que la sanción sea firme. A estos efectos no se computarán como días hábiles los de disfrute de vacaciones colectivas. Este plazo no es aplicable al caso en que la sanción consista en despido. Artículo 56. Anulación de notas desfavorables. Prescripción de las faltas. La anulación de notas desfavorables en los expedientes personales de las faltas leves, graves o muy graves, tendrá lugar a los seis meses, al año y a los dos años, respectivamente, de la notificación de la sanción al interesado. La prescripción de faltas se regirá por las normas legales vigentes en la materia. Con el fin de garantizar el adecuado análisis de las faltas graves, los periodos de vacaciones colectivas no se computarán a efectos de prescripción. Artículo 57. Sistema de penalización por faltas de asistencia o de puntualidad. Los días de ausencia al trabajo y los retrasos en la hora de entrada que no sean debidamente justificados se penalizarán con un importe igual al de la percepción primaria correspondiente al tiempo de ausencia o de retraso. Artículo 58. Régimen de sanciones por falta de asistencia al trabajo y por faltas de puntualidad. Cuando por la importancia, trascendencia o número de ausencias o de retrasos estas faltas puedan ser consideradas como graves o muy graves, la Empresa podrá dejar sin efecto el sistema de penalización establecido en el artículo anterior, aplicando automáticamente el régimen de sanciones. La suspensión para lo sucesivo del sistema de penalización será comunicada por escrito al trabajador afectado, manteniéndose vigente hasta que la Dirección acuerde reintegrarle al mismo, o cuando transcurran sin comisión de ulteriores faltas de esta naturaleza, los plazos establecidos en el artículo de este Convenio sobre «anulación de notas desfavorables». CAPÍTULO VIII Representación de los trabajadores y aspectos sindicales Artículo 59. Facilidades para la Representación de los Trabajadores. Se reconocen las facilidades que para el desempeño de su misión representativa se pactaron entre las representaciones centrales de la Empresa y de los trabajadores en las reuniones del Comité Intercentros de fechas 29 de julio de 1980, 4 de septiembre de 1980 y 25 de septiembre de 1980 (Actas n.º 3, 4 y 5 respectivamente) en sus propios términos. Artículo 60. Comité Intercentros. Las características especiales de Renault España, S.A. (unidad de Dirección, existencia de un solo Convenio Colectivo interprovincial, centros de trabajo en distintas provincias, concurrencia de 4 Comités de Empresa, imprescindible concatenación del proceso productivo, etc.), hacen necesario la existencia de un interlocutor que, por una parte, aglutine y represente al colectivo general de los trabajadores, y, por otra parte, pueda asumir la negociación con la Dirección de la Empresa en temas generales o que puedan afectar a varios centros de trabajo, excepto en la negociación del Convenio Colectivo que se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores. Por ello, y para una mayor eficacia y transparencia en las relaciones laborales, se constituye, de acuerdo con el artículo 63.3 del Estatuto de los Trabajadores, un Comité Intercentros, que asume la representación del conjunto de los trabajadores de Renault España, S.A. En consecuencia: 1.º Se acuerda la constitución de un Comité Intercentros en la forma y condiciones establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, que tendrá como funciones las de ser informado, informar, tratar y negociar con la representación de la Dirección de la Empresa las cuestiones incluidas en las competencias que se señalan en este Convenio. 2.º El número total de miembros del Comité Intercentros será de trece. 2.1 Los puestos del Comité Intercentros serán repartidos proporcionalmente dentro de la Empresa, al número de trabajadores que integran cada uno de los dos Colegios de Especialistas y No Cualificados por un lado, y Técnicos y Administrativos por otro. Si en la división resultasen cocientes con fracciones, se adjudicará la unidad fraccionaria al grupo al que corresponda la fracción más alta; si fuesen iguales, la adjudicación será por sorteo. 2.2 Del número de puestos correspondientes a cada Colegio, según el apartado anterior, se atribuirá a cada candidatura de las presentadas en cada Colegio en las últimas elecciones a miembros de los Comités de Empresa, mediante el sistema de representación proporcional, el que resulte del cociente de dividir el número de sus votos por el de puestos a cubrir. Si hubiese puestos sobrantes, se atribuirán a la candidatura o candidaturas que tengan un mayor resto de votos. 2.3 Reparto de los puestos del Comité Intercentros entre los centros de trabajo. Los puestos se distribuirán procurando que estén representados proporcionalmente todos los centros de trabajo. 2.4 El reparto proporcional a que aluden las normas anteriores se efectuará, ante una eventual incompatibilidad, aplicando rigurosamente la norma 2.2. 2.5 Respetando lo establecido por la aplicación del apartado 2.1., en el caso del Colegio de Técnicos y Administrativos podrá haber un mayor número de representantes de dicho colegio, que el resultante de la aplicación del mencionado apartado 2.1., con la reducción correspondiente en el del colegio de especialistas y no cualificados, todo ello dentro de la misma candidatura. 3.º El Comité Intercentros ostentará por propio derecho reconocido en el presente Convenio la representación del conjunto de los trabajadores. Son de la competencia exclusiva del Comité Intercentros aquellas cuestiones que afecten a más de un centro de trabajo, y por razón de la materia, entre otras, ostentar la Representación de los Trabajadores en: 1. Calendarios laborales, vacaciones colectivas y horarios generales. 2. Modificación de las condiciones de trabajo que afecten a más de un centro de trabajo. 3. Cualquier tema que afecte a personal de más de un centro de trabajo. 4. Aquellos temas que por su trascendencia se estime conveniente abordar y negociar en este Comité Intercentros. Artículo 61. Secciones sindicales. 1. Secciones sindicales. La Dirección de la Empresa, junto con la Representación de los Trabajadores, acuerdan estar a lo que la normativa legal en cada momento vigente establece para las secciones sindicales y delegados de las mismas. 2. Delegados sindicales para toda la Empresa. El nombramiento por parte de cada organización sindical de un delegado sindical para toda la Empresa, tendrá como requisito imprescindible que aquélla haya obtenido en las últimas elecciones sindicales celebradas, como mínimo, el 15 por 100 de los votos válidos de cada colegio electoral en toda la Empresa. CAPÍTULO IX Condiciones económicas para los años 2021-2024 Artículo 62. Condiciones económicas para los años 2021, 2022, 2023 y 2024. I. Condiciones económicas para 2021 y 2022. Para el año 2021 y el año 2022, las tablas salariales no sufrirán incremento en cuantía alguna, excepto en los conceptos que expresamente se indiquen en este convenio. II. Condiciones económicas para 2023. Para el año 2023, se actualizarán las tablas salariales con un incremento del 0,5% sobre el IPC y en otro 0,5% adicional si el Grupo Renault cumple con los objetivos renaulution que sean fijados por la Dirección para el año 2022, y debidamente comunicados. Durante el primer trimestre del año 2023, la Dirección de la empresa comunicará si se han cumplido los objetivos. III. Cláusula de revisión salarial para 2023. En el caso de que el índice de precios al consumo (IPC) del mes de diciembre 2023, respecto del referido al mes de diciembre de 2022, registrara un aumento superior a la previsión hecha por el Gobierno y que sirvió de base para la actualización salarial aplicada al 1 de enero de 2023, se efectuará, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, una revisión salarial referida únicamente a los meses concretos en los que efectivamente se supere la previsión del Gobierno, por la diferencia entre la previsión oficial y el IPC real. El incremento a que pudiera dar origen esta revisión se abonará referido únicamente a los meses del año 2023 en que el IPC acumulado de dicho año haya sobrepasado la previsión oficial del Gobierno y para llevarla a cabo se tomarán como referencia las tablas salariales de 2022 que resultaran una vez realizadas las revisiones salariales a que hubiera habido lugar. Esta revisión se abonará de una sola vez durante el primer trimestre de 2024. IV. Condiciones económicas para 2024. Para el año 2024, se actualizarán las tablas salariales con un incremento del 1% sobre el IPC. V. Cláusula de revisión salarial para 2024. En el caso de que el índice de precios al consumo (IPC) del mes de diciembre 2024, respecto del referido al mes de diciembre de 2023 registrara un aumento superior a la previsión hecha por el Gobierno y que sirvió de base para la actualización salarial aplicada al 1 de enero de 2024 se efectuará, tan pronto se constate oficialmente dicha circunstancia, una revisión salarial referida únicamente a los meses concretos en los que efectivamente se supere la previsión del Gobierno, por la diferencia entre la previsión oficial y el IPC real. El incremento a que pudiera dar origen esta revisión se abonará referido únicamente a los meses del año 2024 en que el IPC acumulado de dicho año haya sobrepasado la previsión oficial del Gobierno y para llevarla a cabo se tomarán como referencia las tablas salariales de 2023 que resultaran una vez realizadas las revisiones salariales a que hubiera habido lugar. Esta revisión se abonará de una sola vez durante el primer trimestre de 2025. CAPÍTULO X Artículo 63. Las partes manifiestan expresamente someterse íntegramente al presente Convenio y que, por tanto, no se verá afectado por ningún otro acuerdo o convenio vigente o que pueda pactarse en el futuro, de ámbito estatal o sectorial, durante su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. ANEXO I Reglamento para la aplicación de la valoración de puestos de trabajo 1. Ámbito del reglamento. El presente reglamento completa lo dispuesto en los artículos 49 y otros de este Convenio, en relación con la valoración de puestos de trabajo y su aplicación. 2. Puesto de trabajo. Se entiende por puesto de trabajo el conjunto de tareas asignadas y realmente efectuadas de forma habitual por un trabajador. 3. Valoración de los puestos: 3.1 Será realizada por la Empresa en los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia, de acuerdo con el artículo 49 de este Convenio y las normas contenidas en este reglamento. 3.2 Servirá de base para hacer la valoración el contenido del puesto de trabajo. El contenido a valorar será el realmente desarrollado por el trabajador dentro del que le haya sido asignado al puesto. 3.3 Al efectuar la valoración de un puesto, la consideración de los riesgos y condiciones ambientales se hará, en todo caso, teniendo en cuenta que el trabajador y la Empresa están obligados a cumplir las normas de seguridad y emplear los medios de protección existentes en el momento de efectuar su valoración. 3.4 A efectos informativos, en la sede de cada Representación de los Trabajadores de cada centro de trabajo, existirá un ejemplar del manual de valoración, a disposición de los trabajadores, para su consulta. 4. Asignación de niveles. La Empresa asignará un nivel definitivo a cada puesto de trabajo, que será el resultado de la valoración de los mismos. La Empresa tendrá la facultad de asignar un nivel provisional, que podrá ser distinto del definitivo, en los casos siguientes: 4.1 A los puestos ocupados por trabajadores de nuevo ingreso durante el período de prueba en la Empresa. 4.2 A los puestos ocupados por primera vez por trabajadores que hayan superado el período de prueba, siempre que sea necesario un período de formación y hasta un máximo de cuarenta días de trabajo real en dicho puesto. 4.3 A los puestos de nueva creación y a los que resulten de la modificación de otros existentes con anterioridad, mientras se efectúa su valoración, que se llevará a cabo por el procedimiento previsto para las revisiones por iniciativa de la Empresa, salvo lo previsto para las reclamaciones por iniciativa del trabajador. 4.4 A los puestos a que den lugar las modificaciones en los métodos o en los medios de producción (instalaciones, máquinas, útiles, herramientas, etc.), mientras se supera el período de puesta a punto. 4.5 A los puestos ocupados por trabajadores que, de común acuerdo con la Dirección de la Empresa, hayan sido destinados a los mismos con carácter de interinos o eventuales del interior. 5. Consolidación de niveles. Se producirá la consolidación de un nivel por parte de un trabajador cuando haya desarrollado correctamente el contenido de un puesto de trabajo durante setenta días de trabajo real en el período de un año contado de fecha a fecha. La fracción de jornada superior a tres horas, tendrá a estos efectos, la consideración de jornada completa. Es condición indispensable para la consolidación, el que el nivel del puesto que la origina haya sido previamente comunicado al interesado. Si como consecuencia de la revisión o reclamación de la valoración efectuada resultara un nivel superior al comunicado anteriormente que pudiera dar lugar a consolidación, ésta sólo podrá producirse una vez transcurrido el período establecido a partir de la comunicación del nuevo nivel. En ningún caso serán consolidables los niveles provisionales. 6. Comunicación de niveles. La comunicación de niveles será hecha siempre por la Empresa. Cuando un trabajador sea designado para ocupar un puesto de forma definitiva, le será comunicado por escrito el nivel que a dicho puesto corresponda en un plazo no superior a quince días laborables. Se comunicará por escrito: a) El nivel provisional en los casos en que proceda, haciendo constar de forma expresa este carácter de 'provisional'. b) El nivel resultante de una revisión efectuada, tanto por iniciativa de la Empresa como por reclamación del titular del puesto. c) La ocupación de un puesto con carácter temporal cuando éste sea de superior nivel. Se considerará comunicado al trabajador, a efectos de consolidación, el nivel que haya servido de base para el cálculo del recibo mensual de salarios percibido por el trabajador, distinguiéndose en este recibo si el nivel es provisional o definitivo. 7. Nivel y retribución. La retribución de un trabajador será la que corresponda por su categoría y por el nivel comunicado del puesto de trabajo que ocupe en cada momento, según lo dispuesto en otras partes de este Convenio, sin que en ningún caso el nivel utilizado para su cálculo pueda ser inferior al que tuviera consolidado, salvo lo dispuesto para el caso de disminución de la aptitud para el desempeño de un puesto, cambio de puesto por acuerdo entre la Empresa y el trabajador o por cambio de puesto debido a sanción reglamentaria. El cómputo de la retribución devengada se hará siempre por jornadas completas; la fracción de jornada superior a tres horas será contabilizada a estos efectos como completa en el caso de trabajo en puesto de distinto nivel durante la misma jornada, en el superior de los que correspondiese a los que hubiera ocupado. El cálculo y abono de licencias reglamentarias, gratificaciones extraordinarias de julio, navidad, marzo y septiembre, y domingos y festivos, se hará de acuerdo con el último nivel definitivo o provisional comunicado al trabajador. 8. Revisiones de la valoración: 8.1 La Empresa podrá efectuar por propia iniciativa la revisión de la valoración de los puestos en cualquier momento. Para ello: a) El Departamento peticionario remitirá al Departamento de Valoración y Estudio de Puestos el cuestionario debidamente diligenciado. b) El Departamento de Valoración y Estudio de Puestos efectuará el estudio del mismo y comunicará el nivel resultante al Departamento peticionario. c) La Empresa comunicará el resultado al trabajador cuando éste sea favorable. 8.2 Los efectos económicos de una revisión tendrán retroactividad desde la fecha de recepción, por parte del jefe inmediato, del cuestionario debidamente diligenciado por el titular del puesto. 8.3 Cuando el titular de un puesto se niegue a cumplimentar el cuestionario para la valoración del mismo, pese a haber sido requerido para ello por su jefe inmediato, no tendrá derecho a la retroactividad a la que hace referencia el párrafo 8.2. 9. Reclamaciones. El trabajador disconforme con el nivel definitivo del puesto de trabajo que ocupe, podrá efectuar reclamación cuyo trámite y tratamiento serán los siguientes: a) Preparación de la reclamación. El trabajador formalizará su reclamación por escrito, en impreso normalizado por cuadruplicado, en el que expondrá las razones de su disconformidad con el nivel asignado al puesto. También efectuará la descripción del puesto de trabajo utilizando un ejemplar del cuestionario destinado al efecto. Los impresos de reclamación y cuestionario de descripción de funciones serán solicitados por el trabajador a su jefe inmediato, el cual se los facilitará. b) Presentación de la reclamación. La hará el trabajador reclamante ante su jefe inmediato, al que entregará los cuatro ejemplares diligenciados del impreso de reclamación y el cuestionario conteniendo la descripción del puesto de trabajo. El jefe inmediato admitirá siempre la reclamación y devolverá al reclamante uno de los ejemplares de la reclamación diligenciado con su firma y la fecha de entrega de la misma para que le sirva de justificante, procediendo a dar al resto de la documentación el curso que se establece en los apartados siguientes. c) Tramitación por parte del Departamento. El jefe receptor de la reclamación enviará los tres ejemplares restantes y el cuestionario al jefe del Departamento, que se quedará con un ejemplar y tramitará en un plazo de quince días naturales, contados desde la fecha de entrega por el trabajador del cuestionario al jefe inmediato, los dos ejemplares restantes: Al Departamento de Valoración y Estudio de Puestos, un ejemplar de la reclamación y el cuestionario revisado y firmado por el jefe del Departamento. De no estar conforme el Departamento con la descripción efectuada por el reclamante, hará constar las observaciones y puntualizaciones que estime oportunas en el lugar del cuestionario reservado con este objeto. Al Comité Mixto de Valoración del centro de trabajo correspondiente (secretaría de la Representación de los Trabajadores), un ejemplar de la reclamación y copia de las observaciones anteriores, si las hubiera. d) El Departamento de Valoración y Estudio de Puestos efectuará su estudio en un plazo de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha de recepción de la documentación correspondiente. e) Contestación de la Empresa. La Empresa dispondrá de un plazo de quince días naturales para contestar por escrito al reclamante, contados desde la fecha de la comunicación del Departamento de Valoración y Estudio de Puestos al Departamento a que pertenezca el titular. f) En el caso de que la acumulación de reclamaciones hiciera muy difícil o prácticamente imposible el cumplimiento de estos plazos, la Empresa comunicará a la Representación de los Trabajadores del Comité Mixto de Valoración tal circunstancia. g) En todo caso se considerará comunicado al trabajador el nivel resultante, transcurridos setenta y cinco días naturales desde que éste entregó las hojas de reclamación y el cuestionario a su jefe inmediato. h) A estos efectos no serán computables los períodos de vacaciones que se establezcan. i) Disconformidad del reclamante con la contestación de la Empresa. Recibida por el reclamante la contestación de la Empresa, podrá expresar por escrito su «disconformidad» con el resultado en impreso establecido al efecto, del que se remitirá copia al Departamento de Valoración y Estudio de Puestos y a la Representación de los Trabajadores del Comité Mixto de Valoración; en este caso, la reclamación pasará a disposición del comité mixto del centro de trabajo para su estudio. La decisión de dicho Comité será aplicable con carácter retroactivo desde la fecha de reclamación. j) Tramitación por el Comité Mixto de Valoración. Las reclamaciones cuya contestación hayan dado lugar a disconformidad, según lo anterior, quedarán a disposición de las representaciones de los trabajadores y empresarial del Comité Mixto para su decisión en reunión oficial. k) Retroactividad de las reclamaciones. Los efectos económicos de una reclamación tendrán retroactividad a partir de la fecha de presentación de la reclamación y del cuestionario por el trabajador al jefe inmediato. l) A los trabajadores reclamantes que expresamente lo soliciten a través de su línea jerárquica, se les facilitará por el mismo conducto copia del cuestionario que se ha utilizado para la valoración de las funciones del puesto objeto de la reclamación. Tal facultad habrá de ejercerse en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de reclamación. El plazo anterior no es de aplicación a la Representación de los Trabajadores del Comité Mixto de Valoración que podrá solicitar tales cuestionarios siempre que lo estime necesario. 10. Constitución del Comité Mixto de Valoración y sus atribuciones: a) En los centros de trabajo donde se establezca el régimen de valoración de puestos de trabajo existirá un Comité Mixto de valoración integrado por ocho vocales, cuatro de ellos elegidos por la Empresa y los otros cuatro por la Representación de los Trabajadores, con sus correspondientes suplentes. b) Cada una de las Representaciones, Empresarial y de los Trabajadores, nombrará un Delegado; los Delegados actuarán como Secretarios del Comité, debiendo asistir a todas sus reuniones donde tendrán voz, pero no voto. El Delegado de la Representación Empresarial será la persona designada por el Departamento de Valoración y Estudio de Puestos. c) Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría simple; en caso de ausencia de algún miembro, su voto podrá ser emitido por otro miembro en el cual haya delegado su facultad, o, si no lo hubiera hecho, por el miembro de su Representación de más edad. d) La presidencia de las reuniones corresponderá alternativamente a un miembro de la representación empresarial y otro de la Representación de los Trabajadores. A petición de cualquiera de las Representaciones, podrán asistir, con voz, pero sin voto, los asesores cuya presencia estimen conveniente. e) Será competencia del Comité decidir sobre el nivel de los puestos que hayan dado lugar a reclamaciones sobre las que se haya expresado disconformidad por parte del reclamante y comunicar el nivel decidido al Departamento de Personal, al Jefe de la Unidad Orgánica a que pertenezca el puesto, así como al reclamante. También lo será el vigilar la aplicación por parte de la Empresa de los niveles sobre los que hubiera decidido el Comité. f) El estudio de los puestos sobre los que haya mediado reclamación, será hecho independientemente por las Representaciones Empresarial y de los Trabajadores, y sus criterios, contrastados en reuniones formales del Comité o en reuniones previas. g) Trámite en el Comité Mixto de Valoración. Cuando el nivel de un puesto de trabajo haya sido objeto de votación en dos reuniones de Comité sin llegar a un acuerdo, podrá continuarse su estudio, o bien, a petición de una de las dos Representaciones, estando de acuerdo la otra, remitir la reclamación para su decisión definitiva al Director de la Factoría correspondiente, quien recibirá de ambas representaciones los informes respectivos. El Director de la Factoría transmitirá por escrito su contestación al Comité mixto en un plazo de un mes, a contar desde la fecha en que aquél le remitió el caso. El Comité mixto trasladará la decisión al Departamento de Personal, al Jefe de la Unidad Orgánica a que pertenezca el puesto, así como al reclamante. Contra las decisiones del Comité Mixto de Valoración, y en su defecto del Director de la Factoría, no cabrá reclamación posterior referida al mismo puesto de trabajo. h) El nivel de un puesto de trabajo decidido en Comité se considerará comunicado a partir de la fecha del acta en la que quede recogido el acuerdo. En las decisiones del director de factoría se considerará comunicado desde la fecha de contestación de éste al Comité Mixto de Valoración. i) Otras atribuciones del Comité Mixto de Valoración. Cada una de las representaciones podrá solicitar en el seno del Comité mixto la revisión de cualquier puesto de trabajo cuando consideren que existe causa suficiente para ello. El acuerdo, en su caso, establecerá también el plazo para su realización. También será atribución del Comité Mixto de Valoración del centro de trabajo, vigilar la aplicación por parte de la Empresa de los niveles obtenidos, como consecuencia de estudios realizados por el Departamento de Valoración y Estudio de Puestos derivados de reclamaciones de sus titulares. Para ello el Departamento de Valoración y Estudio de Puestos remitirá al secretario de la Representación de los Trabajadores del Comité Mixto de Valoración correspondiente, copia de las comunicaciones de nivel que emita por estudio de reclamaciones, con una demora de quince días naturales. Los envíos se realizarán dos veces al mes. j) Caducidad. Todas aquellas reclamaciones que estando, según lo anterior, a disposición del Comité Mixto de Valoración de cada centro de trabajo no hubieran sido resueltas en el plazo de un año, a contar desde la fecha en que fue expresada la «disconformidad» del reclamante con el resultado comunicado, se considerarán definitivamente resueltas a todos los efectos. Este plazo quedará interrumpido cuando una de las Representaciones inicie el estudio o cuando comunique fehacientemente su intención de iniciar dicho estudio. En este último caso el estudio deberá iniciarse en el plazo improrrogable de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo antes expresado, en caso contrario, la reclamación se considerará definitivamente resuelta. 11. Aplicación de las garantías económicas personales. 1.º La entrada en vigor del presente Convenio entraña la confirmación de los niveles ya asignados y comunicados a cada trabajador, bien definitivos o provisionales, sin que esta confirmación presuponga la consolidación en plazo distinto del previsto en el apartado cinco del presente anexo. Esta confirmación se entiende sin perjuicio de la reclamación que pueden formular con arreglo al procedimiento establecido en este Reglamento. No obstante, se garantizarán las condiciones económicas consolidadas a título personal cuando fueran superiores a las que pudieran corresponder por el nivel asignado a su puesto de trabajo. 2.º Siempre deberá entenderse que la garantía a que se refiere la norma anterior, sólo se disfrutará mientras la Empresa no ofrezca al trabajador un puesto de nivel acorde con su situación económica y profesional consolidada. La no aceptación a ocupar un puesto de trabajo ofrecido por la Empresa supone la pérdida de esta garantía. 3.º No se considerará caso de aplicación de garantía cuando un trabajador ocupe, a petición propia, un puesto de nivel inferior al del que desempeñaba con anterioridad, salvo acuerdo entre Empresa y trabajador. 4.º La Empresa, por necesidades de servicio, en uso de sus atribuciones, podrá destinar un trabajador a un puesto de trabajo de nivel inferior, siempre que le garantice su situación económica consolidada durante la permanencia en dicho puesto, mientras la Empresa no le ofrezca nuevamente un puesto de otro nivel igual o superior. 5.º El personal de nuevo ingreso, durante los primeros seis meses, no consolidará el nivel atribuido a ningún puesto de trabajo, considerándose los cambios que se efectúen durante dicho período como necesarios para su aprendizaje y adaptación a la labor a efectuar dentro de la Empresa. ANEXO II Reglamento sobre disminución de la aptitud para el desempeño de un puesto de trabajo I 1. Causas. Por causas fisiológicas o psíquicas un trabajador podrá ser declarado en situación de disminución de aptitud. 2. Órgano definidor de la situación. El Servicio Médico de Empresa, con el asesoramiento de los Representantes de los Trabajadores, del Comité de Seguridad y Salud y de la propia Empresa (Departamento de Condiciones de Trabajo y otros), será el único órgano encargado de definir esta situación, fijando el grado de inaptitud del trabajador, puestos que puede desempeñar y asesorar sobre el tratamiento que debe seguir para lograr su rehabilitación. El Servicio Médico notificará las personas que se encuentran en dicha situación a los representantes de Empresa y trabajadores en la Comisión de Disminución de Aptitud. 3. Trámite. El Servicio Médico de Empresa sólo estudiará aquellas peticiones de declaración de situación de disminución de aptitud tramitadas a través: a) De los jefes componentes de la línea jerárquica del Departamento. b) De los miembros de la Comisión de Disminución de Aptitud representantes de los trabajadores. c) Por el propio Servicio Médico, bien de oficio, bien a instancia del interesado. d) Por el Comité de Seguridad y Salud. 4. Régimen de aplicación. Definida por el Servicio Médico la situación de disminución de aptitud, al trabajador afectado se le aplicará el siguiente régimen: a) Le será encomendado el desempeño de un puesto de trabajo compatible con sus facultades dentro de las posibilidades de la Empresa y siguiendo las recomendaciones formuladas por el Servicio Médico. A estos efectos, y en igualdad de condiciones, se dará preferencia a la antigüedad en la Empresa. b) Le será atribuida la categoría y nivel real correspondiente al puesto que vaya a desempeñar, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. c) Su retribución será la correspondiente a la categoría y nivel del nuevo puesto de trabajo incrementado con un plus de garantía (PDA), que será la diferencia entre las percepciones correspondientes a la categoría y nivel consolidados anteriores a la disminución y las percepciones de la situación profesional correspondiente al nuevo puesto de trabajo, que ocupe en cada momento. El importe de este plus de garantía, se calculará y fijará en el momento de ocupar el nuevo puesto, siendo absorbible el citado plus por los incrementos retributivos que puedan corresponder por cambio de categoría o de nivel, y con excepción de los debidos a variaciones en el valor de la Prima. No se considerará incluida en la garantía señalada anteriormente la situación del trabajador que haya sido declarado disminuido de aptitud, cuando esta disminución se deba a causas ajenas al trabajo que haya desempeñado en la Empresa, salvo aquellos casos especiales que estudiará y decidirá la misma, oídos los representantes de los trabajadores. 5. Pérdida de la garantía económica. La garantía económica a que se refiere el apartado 4.º, letra c), se perderá por alguna de estas causas: a) Por no seguir el trabajador tratamiento médico adecuado, que será vigilado por el Servicio Médico de Empresa. b) Por no aceptar los puestos ofrecidos por la Empresa, adecuados a sus condiciones físicas y/o psíquicas. c) Por no seguir los cursos o métodos de readaptación fijados por la Empresa. d) A partir de la vigencia de este Convenio, antes de la declaración definitiva de «disminución de aptitud» por el Servicio Médico de Empresa, el trabajador en cuestión deberá solicitar la declaración de persona con discapacidad ante la unidad provincial de valoración de discapacidades, sometiéndose a las pruebas y demás requisitos que por dicho organismo le fueran exigidos. La negativa del trabajador a someterse a estos trámites dará lugar a la interrupción del expediente de declaración de «disminuido de aptitud». El diagnóstico y decisión de la unidad provincial de valoración de persona con discapacidad tendrá carácter orientativo, pero no vinculante para el Servicio Médico de Empresa, que es el único órgano definidor de la situación de «disminuido de aptitud» a los efectos de la presente normativa. 6. Reintegro del trabajador a la situación normal de trabajo. Cuando el Servicio Médico dictamine que han desaparecido las causas o circunstancias que determinaron el establecimiento de la situación de disminución de aptitud, el trabajador se someterá al régimen normal de trabajo, continuando percibiendo el plus de garantía, en la cuantía que en cada momento corresponda, hasta que éste sea totalmente absorbido cuando sea posible asignarle un puesto de la misma agrupación económica y nivel que el que ocupaba cuando se declaró su disminución o pase a otra cualquier situación de ingresos iguales o superiores. II. Regulación y funciones de la comisión de disminución de aptitud 1. Definición de disminuidos de aptitud. Serán considerados disminuidos de aptitud aquellos trabajadores que tengan una reducción o limitación funcional, física o psíquica grave, que les impida desarrollar de forma correcta y completa los cometidos de los puestos de trabajo usuales de la Empresa. Esta disminución de aptitud habrá de ser equivalente a la contemplada en las normas legales que el 1 de enero de 1978 regulaban el régimen de las personas con discapacidad. Si por cualquier circunstancia se modificara este criterio legal, prevalecería el que aquí se establece. El órgano encargado de definir esta situación es el Servicio Médico de Empresa en la forma establecida en estas normas. La Jefatura de Personal correspondiente, asesorada por el Servicio Médico, efectuará los trámites administrativos pertinentes para que el trabajador pueda obtener de la unidad provincial de valoración de discapacidad la declaración oficial de persona con discapacidad, con un doble objeto: a) Adquirir los derechos establecidos legalmente para las personas con discapacidad. b) Registrar oficialmente dicho caso en la plantilla de la Empresa, a efectos legales. 2. Funciones de la Comisión de Disminución de Aptitud. a) Decidir si un trabajador declarado «disminuido de aptitud» ha de considerarse o no incluido en la garantía a que se refiere el apartado cuarto, letra c), y por tanto, le corresponde o no percibir el plus de disminución de aptitud (PDA), atendiendo al origen de las causas que hayan producido la disminución, apreciadas por la Comisión. b) Asesorar sobre puesto o puestos de trabajo que puede ocupar el disminuido de aptitud, en función de sus limitaciones físicas o psíquicas. Este asesoramiento se realizará procurando la menor pérdida profesional para el disminuido, para lo cual se establece que de entre los puestos de trabajo que por sus características puedan ser perfectamente desarrollados por el disminuido se elija, y precisamente por el orden aquí establecido: 2.1 Un puesto de trabajo de igual o superior nivel de valoración de los desarrollados por categorías iguales a las del trabajador disminuido. 2.2 Un puesto de trabajo de inferior nivel y categoría similar. 2.3 Un puesto de trabajo de inferior nivel y distinta categoría profesional. c) Todo lo anterior, y para cumplir con el deseo antes expresado, en las siguientes unidades orgánicas: c.1 Dentro de la propia sección. c.2 Dentro del Servicio. c.3 Dentro del Departamento. c.4 Dentro de su Centro de Trabajo. c.5 En otro centro de trabajo de la misma localidad. Los cambios de puesto a centros de trabajo de distinta provincia, se tramitarán por peticiones de traslado. d) Vigilar el correcto cumplimiento de las decisiones adoptadas por la Comisión, así como llevar a la práctica las diligencias que a los miembros se les encomienden para cumplir con los asesoramientos realizados. e) Vigilar y denunciar, en su caso, las modificaciones introducidas en un puesto de trabajo con posterioridad a la designación de un disminuido para ocuparlo, sobre todo si las nuevas exigencias del puesto impiden de modo manifiesto la realización normal de las tareas por el disminuido. f) La Empresa decidirá, una vez oídos los miembros de la Comisión, la adscripción de un disminuido a un determinado puesto de trabajo. 3. Comisión de Disminución de Aptitud. Su composición. Se crea una Comisión de Disminución de Aptitud en cada localidad que estará constituida por los siguientes miembros: Presidente: la persona que Dirección Industrial designe en los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia y la que designe el Director de Asuntos Sociales para el centro de trabajo de Madrid. Vocales: – Jefe de los Servicios Médicos de Empresa y Médico de Empresa respectivo. – Jefe de Condiciones de Trabajo. – Jefe de Personal. – Jefe de Selección. – Jefe de Formación. Estos vocales podrán delegar en personas de su unidad orgánica. Vocales de los Representantes de los Trabajadores: Para la Comisión de Valladolid: – Dos representantes por cada una de las factorías de Montaje Valladolid, Carrocerías y Motores. Para los restantes centros de trabajo: – Dos miembros representantes de los trabajadores. En caso de ausencia de vocales, su voto podrá ser emitido por cualquier otro vocal de su representación. Asesores: – Jefes de los Departamentos relacionados con los disminuidos (de donde procede y adonde podrá ir destinado). Esta Comisión se reunirá una vez al mes en las fechas indicadas por el Presidente. 4. Vía de reclamación: Los trabajadores disconformes podrán reclamar: a) Contra su calificación de no ser disminuido de aptitud. Será necesario en este caso, que haya sido declarado persona con discapacidad por la Unidad Provincial de Valoración para poder presentar su reclamación ante la Comisión, la cual la trasladará al Servicio Médico para que dictamine. b) Contra la denegación del plus de disminución de aptitud (PDA). La presentará ante la Comisión, la cual resolverá lo que, a su criterio, proceda. 5. Orden de prelación para la solución de los casos: Excepto en aquellos casos en que por razones de urgencia el Servicio Médico determina la solución prioritaria del problema de algún trabajador, se tendrá como orden de prelación el que determine la Comisión por el tipo de dolencia, enfermedad o limitación, conjugada con la mayor antigüedad en la Empresa. III. Actualización del importe del plus de disminución de aptitud (pda) 1. Actualización a la fecha de entrada en vigor de este Convenio: Se efectuará para aquellos trabajadores que en la fecha citada estuvieran declarados con «disminución de aptitud» por la Empresa. La actualización se efectuará tomando como situaciones profesionales, cuyas percepciones han de compararse: – Por un lado, la categoría y el nivel consolidados que tenía el trabajador, cuando pasó al régimen de disminuido de aptitud. – Por otro lado, la categoría y el nivel que por el puesto ocupado tuviera en la fecha de entrada en vigor de este Convenio. El cálculo se efectuará hallando la diferencia que, con las tablas salariales de la citada fecha de entrada en vigor exista entre la retribución primaria y prima correspondientes a la primera situación y los importes de los mismos conceptos retributivos correspondientes a la segunda situación, de las dos citadas. 2. Actualizaciones futuras: Cada vez que, en virtud de convenio Colectivo o pacto, se actualice el valor de las tablas salariales de los conceptos salariales de retribución primaria y prima, se actualizará también el importe del plus de disminución de aptitud (PDA), aplicando análogo criterio al establecido en el apartado anterior. 3. Requisitos para la actualización: Para que a los trabajadores declarados 'disminuidos de aptitud' les sean aplicables las actualizaciones señaladas en los dos apartados anteriores, es indispensable que el trabajador haya solicitado la declaración de persona con discapacidad ante la Unidad Provincial de Personas con Discapacidad (si antes no lo hubiera hecho) y seguir la tramitación necesaria de dicho procedimiento hasta que por la mencionada unidad provincial se emita la decisión que proceda. Habiendo cumplido estos trámites, se procederá a la correspondiente actualización. ANEXO III Reglamento de ascensos Parte primera 1. Órganos que intervienen en la promoción. 1.1 Introducción: Considerando por una parte, tanto el aspecto general del contenido de una categoría, como el específico de un puesto de trabajo encuadrado en un Departamento y, por otra, las características puramente técnicas y de relaciones sociales y laborales, intervendrán en la promoción los siguientes estamentos con las correspondientes funciones generales: – La Dirección de Recursos Humanos como titular de la función general de la promoción en el ámbito de la Empresa. – La Dirección afectada a través del Departamento donde esté encuadrado el puesto o vacante a cubrir y de acuerdo con la normativa que regulan las presentes normas. – El Comité de Promoción, en Representación de los Trabajadores, que tiene la intervención pactada en el presente Convenio Colectivo. La participación e intervención de estos tres estamentos se estructura en los siguientes órganos funcionales: – Comisión de ascensos. – Tribunales. – Departamento Formación y Promoción (D. Servicios Centrales DF). – Departamento afectado. – Comité de Promoción (en Representación de los Trabajadores). 1.2 Comisión de ascensos: Es un órgano que, a nivel general de Empresa, tiene asignados los siguientes cometidos: 1.2.1 Cometidos: – Establecimiento de normas aclaratorias y de desarrollo de los concursos. – Realización de las acciones necesarias que tiendan a la adecuación de los programas específicos a las necesidades de las plazas convocadas. – Mantener un nivel uniforme de exigencia en las pruebas. – Comprobación y control trimestral, a nivel general de Empresa del cumplimiento del porcentaje de ascenso por libre designación en la categoría de no mando a mando, según lo establecido en el presente reglamento. – Disponer de información trimestral a nivel general de Empresa de los datos relacionados con los ascensos por libre designación, tanto de mando a mando como de secretaría, los ascensos efectuados por concurso de méritos y concurso examen. – Realizar estudios y analizar los factores que deben considerarse en la valoración por el mérito, estableciendo a su vez los criterios adecuados que permitan garantizar la mayor objetividad posible. – Y, en general, realizar estudios y análisis del actual sistema que conduzcan a la posible introducción de aquellas mejoras o innovaciones que la experiencia vaya aconsejando. 1.2.2 Composición: La composición de la Comisión de ascensos será paritaria y estará constituida de la siguiente forma: Coordinador: En cada reunión actuará como coordinador, en forma rotatoria, uno de los vocales, tanto de la representación de la Empresa como del Comité de Promoción. Vocales: El número total de vocales será de catorce, repartidos del siguiente modo: – Siete por parte de la representación de la Empresa. – Siete por parte de la Representación de los Trabajadores: • Cuatro Valladolid. • Uno Sevilla. • Uno Palencia. • Uno Madrid. Secretarios: Actuarán dos secretarios, designados, uno por la Dirección de la Empresa y otro por la Representación de los Trabajadores. 1.2.3 Funcionamiento: Las decisiones se tomarán por mayoría simple: cada miembro de la Comisión tendrá derecho a un voto, si bien en caso de ausencia de alguno de ellos, ejercerá su voto otro de los miembros de su grupo. En caso de desacuerdo entre los miembros de esta Comisión, decidirá el director de recursos humanos. Esta Comisión se reunirá a instancias de cualquiera de ambas partes (representación de la Empresa y Representación de los Trabajadores). 1.3 Tribunales. 1.3.1 Cometidos: Los tribunales se constituirán para cada concurso en particular y tienen como misión la resolución del concurso de que se trate, siguiendo las normas que explícitamente figuran en este convenio. 1.3.2 Composición: La composición de los tribunales será paritaria e idéntica para el concurso-examen y el concurso de méritos. Vocales: el número total de vocales será de cuatro, distribuidos del siguiente modo: – Dos miembros por parte de la representación de la Empresa y pertenecientes al Departamento al que corresponda(n) la(s) plaza(s) a cubrir. – Dos miembros por parte de la Representación de los Trabajadores designados por el Comité de Promoción. Secretario: actuará como Secretario, con voz pero sin voto, el Jefe del Departamento de Formación y Promoción o persona en quien delegue. Cuando el concurso sea para cubrir plazas en algunos de los Departamentos Centrales de Valladolid, el Comité de Promoción podrá nombrar un vocal más, y en este caso también lo hará la representación de la Empresa, nombrando otro vocal. El Comité de Promoción, en aquellos casos en que lo estime oportuno, podrá designar un técnico de entre el personal de la provincia correspondiente, que asistirá a las reuniones, con voz, pero sin voto. Durante la jornada normal de trabajo no se hará al asesor técnico deducción alguna del tiempo empleado durante la misma a tal labor de asesoramiento. Fuera de la jornada normal de trabajo, el tiempo empleado como asesor técnico de los tribunales le será abonado a prorrata de su salario. 1.3.3 Funcionamiento: Cada vocal tendrá derecho a un voto; en caso de desacuerdo entre los miembros del tribunal, decidirá el director correspondiente, oyendo previamente al tribunal. El secretario, a petición del Departamento afectado, convocará al tribunal para fijar las fechas y definir las condiciones del concurso. 1.4 Departamento formación y promoción. 1.4.1 Cometidos. Al tratarse de un órgano una de cuyas misiones técnicas es la promoción con carácter general para toda la Empresa, tiene cometidos concretos, referentes a: – Pruebas básicas. – Pruebas teórico-prácticas. – Pruebas psicotécnicas. – Secretaría de Comisión de ascensos. – Secretaría de los tribunales. 1.5 Departamento afectado. 1.5.1 Cometidos. El Departamento en el que esté encuadrada inicialmente la(s) plaza(s) a cubrir tendrá la facultad de comprobar la aptitud específica para desempeñar dicha(s) plaza(s) de la persona que ha de ocuparla, de acuerdo con la normativa que regula el presente Convenio. 1.6 Comité de Promoción, en Representación de los Trabajadores. 1.6.1 Cometidos. – Formar parte como miembros en la Comisión de ascensos de composición paritaria. – Formar parte como miembros del tribunal paritario para la resolución de los concursos, de acuerdo con la normativa que regula el presente Convenio. 2. Unidad promocional. 2.1 Definición. Se denomina unidad promocional de un concurso al campo al que se extenderá la convocatoria y que podrá comprender uno o varios departamentos, uno o varios servicios o secciones y referirse, cuando así se crea conveniente, a una o varias categorías, profesiones y especialidades. 2.1.1 La unidad promocional será fijada por el tribunal del concurso. 3. Pruebas. Se establecen los siguientes tipos de pruebas, cuya aplicación y valoración en los diferentes concursos se especificará más adelante al referirse a cada uno de los casos: – Pruebas básicas. – Pruebas psicotécnicas. – Pruebas teórico-prácticas. – Pruebas específicas. – Pruebas prácticas. En los concursos de méritos no se aplicarán estas pruebas sino el Apartado 6. Baremo de Calificación. 3.1 Pruebas básicas. Tienen por finalidad el comprobar en los aspirantes el nivel de formación básica estimada conveniente para ocupar una categoría determinada. 3.1.1 Ámbito de aplicación. Estas pruebas se aplicarán exclusivamente para las plazas correspondientes al grupo técnico-administrativo. Estas pruebas son convalidadas por el sistema previsto en el apartado I.–4.1.1 para quienes estén en posesión de los títulos o realizado los cursos incluidos en la «Escala de Convalidaciones» (Ver I.–4.1.4 y I.–4.1.5). 3.1.2 Convocatorias. A la convocatoria para la prueba básica podrán presentarse todos los trabajadores de la localidad que determine la unidad promocional. Se convocarán conjuntamente con las demás pruebas del concurso convocado. 3.1.3 Calificación. La calificación de estas pruebas será únicamente de «apto» o «no apto», siendo precisa la calificación de «apto» para participar en los concursos-examen. 3.1.4 Validez. La validez de la calificación de apto será sólo para el concurso convocado. 3.1.5 Responsabilidad. La responsabilidad de la programación, convocatorias, resolución y calificación de estas pruebas será competencia del Departamento de Formación y Promoción. 3.2 Pruebas psicotécnicas. Tienen por finalidad analizar aspectos de aptitudes, personalidad y otras características profesiográficas requeridas por el perfil del puesto, utilizando las técnicas adecuadas en cada caso (test, cuestionarios, entrevistas, etc.). 3.2.1 Ámbito de aplicación. Serán obligatorias en todos los concursos para categorías de no mando a mando. En el resto de los concursos se limitarán a aquellas plazas en las que el tribunal correspondiente y el Departamento de Reclutamiento y G. Empleo, de mutuo acuerdo, consideren necesaria su aplicación. 3.2.2 Calificación. El dictamen tendrá carácter decisorio en aquellos casos en que no se superen los niveles críticos marcados previamente, y consultivo en el resto. 3.2.3 Responsabilidad. La definición, realización y dictamen final de estas pruebas, por su carácter técnico, será competencia del personal cualificado del Departamento de Reclutamiento y G. Empleo. El tribunal tendrá participación, con voz y voto, en las reuniones de grupo. 3.3 Pruebas teórico-prácticas. Este examen consistirá en la teoría aplicada y en el grado de conocimientos que fuera necesario para desempeñar la plaza convocada. 3.3.1 Ámbito de aplicación. Estas pruebas se aplicarán exclusivamente para las plazas correspondientes al Grupo Obrero. Estas pruebas son convalidadas por el sistema previsto en el apartado I.–4.1.4. para quienes estén en posesión de los títulos o realizado los cursos incluidos en la «Escala de Convalidaciones» (Ver I.–4.1.1). 3.3.2 Calificación. La calificación de estas pruebas será únicamente de «apto» o «no apto», siendo precisa la calificación de «apto» para participar en los concursos-examen. 3.3.3 Validez. Su validez se limitará al concurso para el que se realiza. 3.3.4 Responsabilidad. La responsabilidad de estas pruebas será del Departamento de Formación y Promoción y se realizarán con la colaboración de la Línea Jerárquica del dpto. que solicita el concurso. 3.4 Pruebas específicas. Estas pruebas evaluarán los conocimientos para el puesto concreto a desempeñar inicialmente y serán pruebas profesionales o del oficio en las que el tribunal fijará una puntuación eliminatoria. 3.4.1 Ámbito de aplicación. Serán realizadas como parte de cada concurso - examen concreto, con excepción de las plazas correspondientes al Grupo Obrero. 3.4.2 Calificación. La calificación se expresará en puntos, teniendo en cuenta el baremo que figura en el apartado 6, Baremo de calificación. Tendrá carácter eliminatorio. 3.4.3 Validez. Su validez se limitará al concurso para el que se realizara. 3.4.4 Responsabilidad. Estas pruebas serán realizadas por el Departamento correspondiente, el cual propondrá varios exámenes, entre los que se elegirá uno de ellos por sorteo. 3.5 Pruebas prácticas. Estas pruebas evaluarán la realización práctica de una tarea de características similares a la de la plaza convocada, valorando los factores de: dimensionalidad, terminación, calidad, rapidez, seguridad, etc. Las pruebas prácticas, que podrán ser escritas, serán casos prácticos de la plaza a concursar. 3.5.1 Ámbito de aplicación. – Grupo Obrero: se realizará en todos los casos, salvo que el tribunal no lo considere necesario. – Resto de personal: se realizará en aquellos casos que el tribunal lo considere necesario. 3.5.2 Calificación. La calificación se expresará en puntos, teniendo en cuenta el baremo que figura en el apartado 6, Baremo de Calificación. Tendrán carácter eliminatorio. 3.5.3 Validez. Su validez se limitará al concurso para el que se realizara. 3.5.4 Responsabilidad. Estas pruebas serán realizadas por el Departamento correspondiente, el cual propondrá varios exámenes, entre los que se elegirá uno de ellos por sorteo. 4. Programas. Los programas para los exámenes de los concursos serán de las siguientes clases: 4.1 Programas para pruebas básicas y teórico prácticas. Publicados para cada uno de los grupos especificados en el apartado siguiente, con detalle de las asignaturas y grado que se exigirá para cada uno de ellos. 4.1.1 Escalas de convalidaciones: Relación de escalas de convalidaciones por categorías profesionales, a efecto de convalidar los conocimientos básicos y teórico-prácticos, en los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Escala I. – Jefe técnico-administrativo 1.ª – Jefe de taller. Escala II. – Agente técnico-administrativo 1.ª – Jefe técnico-administrativo 2.ª – Delineante proyectista «B». – Contramaestre. Escala III. – Agente técnico-administrativo 2.ª – Jefe técnico-administrativo 3.ª – Delineante proyectista «A». – Encargado. Escala IV. – Agente técnico-administrativo 3.ª – Oficial especial (GO). Escala V. – Oficial técnico-administrativo 1.ª – Oficial 1.ª (GO). Escala VI. – Oficial técnico-administrativo 2.ª – Oficial técnico-administrativo 3.ª – Oficial 2.ª (G.O.). – Capataz. – Verificador 3.ª Para el caso de Madrid, por ser esencialmente distinto el tipo de trabajo que en general allí se realiza, se han establecido las agrupaciones y programas adaptados a las características y necesidades de este centro. 4.1.2 Convalidaciones. El haber sido declarado apto para determinadas escalas de convalidación lleva implícita la aptitud en otras, de acuerdo con la siguiente tabla: Aptitud en la escala de convalidación Implica aptitud igualmente en las escalas de convalidaciones I II, III, IV, V y VI II III, IV, V y VI III IV, V y VI IV V y VI V VI VI – 4.1.3 Excepciones. Las características especiales de determinadas categorías, aconsejan no incluirlas en ninguna de las seis escalas de convalidación expuestas, por lo cual, al convocarse alguna de estas plazas, el tribunal designado determinará las condiciones del concurso. 4.1.4 Se convalida la aptitud en determinadas escalas de convalidación, a efectos de exámenes de conocimientos básicos y teórico prácticos con la presentación de los títulos oficiales que en el presente cuadro se detallan: Escalas Convalidadas Titulaciones necesarias I – De grado superior e ingeniería técnica. II – Diplomaturas: técnicas, administrativas y empresariales. – Enfermería y relaciones laborales. – Maestro. III – Ciclos formativos de grado superior y FP2, especialidades: técnicas, administrativas y mando. – Maestría industrial. IV – COU y bachillerato LOGSE. V – Ciclos formativos de grado medio y FP1, oficialía industrial, especialidades: técnicas y administrativas. VI – BUP y ESO. Para hacer efectivas estas convalidaciones, los trabajadores que tengan las titulaciones indicadas deberán presentar en el Departamento de Formación y Promoción, original, bien del título, bien del certificado expedido por el centro en el que ha cursado los estudios, el cual será devuelto, una vez compulsado en este Departamento. 4.1.5 Se convalidarán también, presentando la documentación correspondiente, los cursos de formación impartidos por la Empresa y excepcionalmente otros cursos, en los casos y condiciones que acuerde la Comisión de ascensos, que especificará el número de horas realizadas exigible y la escala de convalidación. 4.2 Programas para pruebas específicas. Serán referentes a una o varias plazas cuyas funciones corresponden a una o determinada categoría y especialidad. El Departamento afectado al concurso elaborará los programas correspondientes a estas pruebas y serán difundidos en los anuncios al convocarse el concurso. 4.3 Programas para pruebas teórico-prácticas. Referentes a una o varias plazas cuyas funciones corresponden a una determinada categoría y especialidad. Estos programas serán difundidos en el tablón de anuncios en el momento de convocarse la(s) plaza(s) concreta(s). 5. Plazos. Los programas para las pruebas específicas y profesionales especiales de cada concurso serán publicados con una antelación mínima de un mes a la fecha de celebración de las mismas. No será de aplicación este plazo cuando los exámenes se refieren a descubrimientos en los aspirantes de aptitudes profesionales o naturales que no exijan preparación específica alguna para la realización de pruebas de selección correspondientes, o, en su caso, de urgente necesidad estimado por la Dirección por razones de organización del trabajo, sin que el plazo en este caso sea inferior a siete días naturales. La Empresa, una vez conocido el trabajador que haya obtenido plaza de una nueva categoría, dispondrá de quince días hábiles para amortizar o convocar su cobertura por el procedimiento que corresponda. 6. Baremo de calificación. Para la calificación de los concursos - examen y los concursos de méritos se utilizará el siguiente baremo:   Puntuación   Máxima total Concreta asignable 1.º Méritos:     1) Antigüedad. 20 – Por cada año en la Empresa. Por cada año en el grupo profesional. Por cada año en la categoría inmediata inferior y en la misma o superior. –  –  –  1 1 3 2) Experiencia en funciones idénticas o análogas. 10   –  3) Calificación por el Mérito. 20 – 2.º Examen. 50 – Los méritos serán aplicados por el tribunal a partir del informe del jefe del Departamento. En los concursos-examen se utilizará el baremo en su totalidad. En los concursos de méritos, solamente la parte referente a éstos. Los méritos serán aplicados de acuerdo con las siguientes normas: a) Antigüedad: de acuerdo con el baremo. La puntuación de antigüedad se hará por trimestres vencidos en los tres conceptos que se especifican. – Por cada año en la Empresa, 0,25 puntos/trimestre vencido. – Por cada año en el grupo profesional, 0,25 puntos/trimestre vencido. – Por cada año en la categoría inmediata inferior y en la misma o superior, 0,75 puntos/trimestre vencido. No se contabilizará a estos efectos la antigüedad que los trabajadores hayan podido tener en la situación de excedencia. b) Experiencia en funciones idénticas o análogas: Se aplicará la puntuación correspondiente en el caso de identidad o analogía, proporcionalmente al tiempo en que se hayan desarrollado correctamente las funciones idénticas o análogas, de la siguiente forma: Tiempo Identidad Analogía Hasta tres meses. 0 Puntos 0 De tres a seis meses. 2 Puntos. 1 De seis meses a un año. 5 Puntos. 3 Más de un año. 10 Puntos. 5 El cómputo del tiempo se hará hasta la fecha de la convocatoria. Las puntuaciones de la escala anterior no son sumables verticalmente, pero sí horizontalmente, hasta el límite de la calificación indicada en el baremo, es decir, en el caso más favorable, la puntuación máxima sería de 10 puntos. 7. Convocatorias. Para hacer posible la promoción del personal, que podría estar muy limitada de no producirse nuevos ingresos se establece este sistema de ascensos, que se aplicará conforme a las siguientes modalidades: 7.1 Concurso de méritos: esta clase de ascenso únicamente podrá realizarse entre los grupos y categorías que se detallan a continuación: – De oficial de 2.ª a oficial de 1.ª en los grupos obrero y téc-adtvos. Los ascensos por concurso de méritos se realizarán dentro de la especialidad y la unidad promocional que se determine. El dpto. afectado podrá solicitar se realice concurso-examen en lugar de concurso de méritos, pero al menos deberán realizarse por concurso de méritos, anualmente, el 50 % de los concursos para el acceso a estas categorías. 7.2 Concurso-examen: Para las categorías especificadas en el apartado anterior, si el dpto. afectado decide no solicitar el concurso de méritos, y en todo caso para el resto de categorías, los ascensos se realizarán por concurso-examen. 7.2.1 Pruebas básicas o teórico-prácticas: podrán optar al concurso aquellos trabajadores que designe la unidad promocional, tengan o no aprobada la correspondiente escala de convalidaciones. Para aquellos trabajadores que no la tuvieran aprobada, se realizará esta prueba previamente a la de conocimientos específicos o prácticos, siendo la calificación de apto o no apto y su aprobación tendrá validez únicamente para la plaza convocada en ese momento. 7.2.2 Convocatorias. Será convocatoria única con el ámbito y condiciones establecidas en la unidad promocional fijada. Si ésta se declara desierta, no podrá realizarse nueva convocatoria en un plazo inferior a cuatro meses, salvo que se amplíe la unidad promocional. 7.3 Ingresos del exterior. Excepto para cubrir plazas de las categorías de entrada, la Dirección de la Empresa, antes de proceder a la contratación del exterior, procurará cubrir las plazas necesarias con personal del interior, por los procedimientos establecidos en el presente reglamento. Si quedara desierto el concurso u OTV, en el proceso de selección del exterior se exigirá cuantas condiciones, pruebas y exámenes se consideren oportunos para garantizar que la persona admitida tenga al menos, igual nivel profesional que el exigido en la selección del interior, teniéndose en cuenta todo lo dispuesto en otras partes de este Convenio sobre ingresos del personal. En estos casos, al declararse desierto un concurso, se informará de esta extremo al personal mediante anuncio puesto en el tablón, con objeto de que puedan presentarse otras personas a las pruebas de selección del exterior, junto con otros candidatos. El Departamento de Reclutamiento y Gestión de Empleo informará al Comité de Promoción de forma que éstos tengan la garantía de que a la persona admitida se le ha exigido como mínimo, igual nivel profesional que en las anteriores convocatorias. La Empresa, antes de admitir personal del exterior en las categorías de ingeniero, licenciado y otros titulados, dará conocimiento al personal, anunciando las vacantes de estas características, al objeto de dar oportunidad a las personas del interior que, estando en posesión del título requerido, demuestren poseer las aptitudes necesarias para desempeñar la plaza a que aspiran, con objeto de que puedan entrar en el proceso de selección conjuntamente con el resto de los aspirantes. 8. Personal de libre designación. 8.1 Mandos. En ascensos de mando a mando, con carácter general todos por libre designación. En ascensos de resto de personal a mando, el 25% por concurso examen y el resto por libre designación. 8.2 Personal de secretaría. 8.2.1 Definición. Se entiende por personal de secretaría, al técnico o administrativo que poseyendo conocimiento de procesos administrativos, técnicos o contables, realiza en despachos no generales, a nivel de Departamento, Servicio o Dirección, funciones de auxilio y colaboración en diferentes materias no normalizadas, en las que la iniciativa propia, la experiencia y conocimientos deben conjugarse con las orientaciones y directrices del mando de quien dependa. 8.2.2 Nombramiento. Será siempre por libre designación, procurando que esta designación recaiga sobre el personal de la Empresa. 8.2.3 Los ascensos de personal de secretaría no se contabilizarán con los del resto de su correspondiente grupo profesional. 8.3 Puestos de carácter especial. La condición de algunos puestos de trabajo, por sus características de discreción o de exigencias especiales, aconsejan considerar este tipo de plazas. 8.3.1 Nombramiento. El nombramiento del personal que ocupará las vacantes de carácter especial será siempre de libre designación de la Empresa, la cual entregará al Comité de Promoción lista cerrada de los casos a que afecte esta norma. Su aplicación se hará de manera restrictiva, no superando en ningún caso el uno por cien de la plantilla de la Empresa. Parte segunda Proceso de concurso-examen por categorías y grupos profesionales 1. Categorías de mando. Se considerarán categorías de mando las siguientes: – Jefe técnico-administrativo 1.ª – Jefe técnico-administrativo 2.ª – Jefe de taller. – Agente técnico-administrativo 1.ª – Delineante proyectista «A». – Delineante proyectista «B». – Contramaestre. – Agente técnico-administrativo 2.ª – Jefe técnico-administrativo 3.ª – Encargado. – Ayudante técnico sanitario. – Perito e ingeniero técnico. – Asistente y graduado social. – Ingeniero y licenciado. – Médico de Empresa. El ascenso a las categorías de mando y dentro de ellas, se efectuará de acuerdo con los porcentajes siguientes: De mando a mando, con carácter general todas por libre designación de la Empresa. El ascenso de resto de personal a mando: El 25 % por concurso examen y el resto por libre designación. 1.1 Convocatoria. Se efectuarán siguiendo los mismos trámites y con idéntico proceso al descrito en el apartado 3.1. para los restantes grupos profesionales. 1.2 Pruebas: Las pruebas que deberán superarse serán las siguientes: – Básicas. – Específicas. – Psicotécnicas. En los casos que el tribunal lo considere conveniente, será necesario, superar un proceso formativo de adecuación a tareas de mando. 2. Grupo obrero. 2.1 Convocatorias: Única. Podrán presentarse todos los trabajadores que determine la Unidad Promocional. 2.2 Pruebas: Para este grupo profesional deberán superarse las siguientes pruebas: Teórico-prácticas. Caso de tener aprobada la escala de convalidación la calificación será de apto. Prácticas. En aquellas plazas en que por exigencias profesiográficas y por razones de seguridad sea necesario, se realizarán además, con carácter obligatorio pruebas de destreza, coordinación viso-manual y aptitud física. 3. Restantes grupos profesionales. 3.1 Convocatorias: Única Podrán presentarse todos los trabajadores que determine la unidad promocional. 3.2 Pruebas: – De conocimientos básicos. Caso de tener aprobada la escala de convalidación la calificación será de apto. – Específicas. – Prácticas. – Psicotécnicas. Parte tercera 1. Notas aclaratorias. 1.1 Plazas en otros centros de trabajo. Los casos en que un trabajador obtenga una plaza en centro de trabajo distinto al de su destino, serán considerados como traslado voluntario a todos los efectos. En ningún caso, salvo que la Empresa lo autorice expresamente, se admitirá el desplazamiento para optar a un concurso; a fin de evitarlo, el Departamento de Formación y Promoción organizará los concursos de tal forma que aquél no sea necesario. 1.2 Categoría de los concursantes. Se entiende que los concursantes de la misma o superior categoría a la de la plaza convocada, de obtenerla, renuncian libremente a su anterior categoría, respetando el nivel que tuvieran anteriormente consolidado si al valorar el nuevo puesto de trabajo éste fuera de un nivel inferior y no figurara en la convocatoria. 1.3 En aquellas cuestiones no contempladas en las presentes normas será el tribunal del concurso el que resolverá en cada caso. 1.4 Disposición transitoria. En los talleres o centros en período de instalación se aplicará este reglamento plenamente, una vez se supere la puesta a punto y se alcance el régimen normal de trabajo y producción. Entre tanto, la Dirección de la Empresa, con intervención de los representantes de los trabajadores, determinará, a través de la Comisión de ascensos, el régimen a aplicar que se publicará en los tablones de anuncios en cada momento. Cláusula de excepción. A fin de favorecer, antes de acudir a la contratación del exterior, los cambios de puesto de trabajo internos con carácter voluntario que permita, por una parte, optar a los trabajadores a las distintas vacantes que vayan surgiendo en la Empresa, y por otra parte, procurar paliar en la medida de lo posible la incidencia de estos cambios con carácter forzoso, se acuerda que: Aquellas plazas con vacante, a cubrir en la misma o distinta provincia de la que necesita la plaza, podrán ser cubiertas a través del sistema de «Opción de traslado voluntario», no siendo de aplicación en estos casos las normas establecidas en el reglamento de ascensos. El sistema de reclutamiento, proceso de selección, convocatoria, etc., serán establecidos y realizados por el Departamento Reclutamiento y Gestión de Empleo, informando a la Representación de los Trabajadores antes de iniciar los correspondientes trámites. A estos solos efectos se entiende que existe vacante cuando se trate de un puesto de nueva creación que suponga aumento de plantilla o el titular de un puesto cesa en el mismo sin que la Empresa decida amortizarlo. ANEXO IV Tablas de retribuciones Contiene este anexo. – Cuadros números 1 y 2: Agrupaciones de categorías a efectos de retribución. Las tablas de retribución corresponden a los siguientes conceptos: – Retribución primaria. – Antigüedad. – Gratificaciones extraordinarias de julio y Navidad. – Gratificaciones de marzo y septiembre. – Compensación por jornada reducida de verano. – Horas extraordinarias. – Remuneración anual. – Plus de trabajo de modificación de la demanda (anexo X). Cuadro número 1 Agrupaciones de categorías a efectos de retribución Obreros Agrupación Categorías 37 Especialista de Base. 40 Especialista A. 43 Especialista A especial. 45 Especialista B. 50 Especialista C. 55 Oficial de tercera. 60 Oficial de segunda. 65 Oficial de primera. 70 Oficial especial.  Cuadro número 2 Agrupaciones de categorías a efectos de retribución Empleados Agrupación Categorías 01 Auxiliar técnico administrativo de Base. 02 Auxiliar técnico administrativo A. 2A Auxiliar técnico administrativo A especial. 03 Auxiliar técnico administrativo B. 04 Auxiliar técnico administrativo C. 05 Cocinero. Ordenanza. 07 Oficial de tercera técnico administrativo. Dependiente. Telefonista. 09 Capataz. Verificador de tercera. Chofer de turismo. Almacenero. 11 Oficial técnico-administrativo de segunda. Dependiente principal. 13 Oficial técnico-administrativo de primera. Conductor de vehículos pesados. 15 Agente técnico-administrativo de tercera. 17 Agente técnico-administrativo de segunda. Jefe técnico-administrativo de tercera. Delineante proyectista A. Encargado. 19 Agente técnico-administrativo de primera. Jefe técnico-administrativo de segunda. Delineante proyectista B. Contramaestre. 21 Jefe técnico-administrativo de primera. Jefe de taller. Ayudante técnico sanitario. Asistente y graduado social. Perito e ingeniero técnico. 23 Ingeniero y licenciado. Médico de Empresa. Tablas de retribución Nota: Las presentes tablas retributivas tienen valores de Enero de 2021. Por tanto, los importes recogidos en el presente Anexo IV se actualizarán/revalorizarán aplicando lo pactado en el artículo 62 del Convenio Colectivo 2021-2024 para lo cual se notificarán al Secretario de la COMVI. Tabla número 1. Retribución primaria para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. (Obreros). Tabla número 2. Retribución primaria para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. (Empleados). Tabla número 3. Premios por antigüedad para todos los centros de trabajo. Tabla número 3 bis. Plus asistencial para los trabajadores en plantilla a fecha 26.7.2000. Tabla número 4. Gratificaciones de marzo y septiembre para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. (Obreros). Tabla número 5. Gratificaciones de marzo y septiembre para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. (Empleados). Tabla número 6. Retribución por horas extraordinarias para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. (Obreros). Tabla número 7. Retribución por horas extraordinarias para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. (Empleados). Tabla número 8. Compensación por jornada reducida de verano para las los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Tabla número 9. Retribución primaria para el centro de trabajo de Madrid. (Obreros). Tabla número 10. Retribución primaria para el centro de trabajo de Madrid. (Empleados). Tabla número 11. Retribución suplementaria para el centro de trabajo de Madrid. (Obreros). Tabla número 12. Retribución suplementaria para el centro de trabajo de Madrid. (Empleados). Tabla número 13. Gratificación Marzo y Septiembre para el centro de trabajo de Madrid. (Obreros). Tabla número 14. Gratificación Marzo y Septiembre para el centro de trabajo de Madrid. (Empleados). Tabla número 15. Retribución por horas extraordinarias para el centro de trabajo de Madrid. (Obreros). Tabla número 16. Retribución por horas extraordinarias para el centro de trabajo de Madrid. (Empleados). Tabla número 17. Remuneración anual bruta para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. (Obreros y Empleados). Tabla número 18. Remuneración anual bruta para el centro de trabajo de Madrid. (Obreros y Empleados). Tabla número 19. Retribución por prima para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. (Obreros). Tabla número 20. Retribución por prima para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia (Empleados). Tabla número 21. Turnicidad para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia (Obreros). Tabla número 22. Turnicidad para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia (Empleados). Tabla número 23. Plus de trabajo de modificación de la demanda (Obreros y Empleados). Tabla número 24. Valor por punto prima de resultados para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. (Obreros y Empleados). Tabla número 25. Valor por punto prima de resultados para el centro de trabajo de Madrid (Obreros y Empleados). Tabla número 26. Valor máximo prima de resultados para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia (Obreros y Empleados). Tabla número 27. Valor máximo prima de resultados para el centro de trabajo de Madrid (Obreros y Empleados). Tabla número 28. Valor mínimo prima de resultados para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia (Obreros y Empleados). Tabla número 29. Valor mínimo prima de resultados para el centro de trabajo de Madrid (Obreros y Empleados). Tabla número 30. Compensación por cambio de régimen de turnos a turno especial de fin de semana y festivos. Tablas. Plus Turno fijo de noche normal (Obreros y Empleados). Tablas. Plus Turno fijo de noche festivo (Obreros y Empleados). Tablas. 6x3x8 Plus Aprovechamiento Instalaciones (sábados mañana-tarde) (Obreros y Empleados). Tablas. 6x3x8 Plus Aprovechamiento Instalaciones (domingo noche) (Obreros y Empleados). Tabla número 35. Plus turno fijo tarde para los Centros de Trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia (OBREROS). Tabla número 36.  Plus turno fijo tarde para los Centros de Trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia (empleados) . AÑO 2021 Tabla número 1 Retribución Primaria para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Obreros (Euros por jornada de ocho horas. Importes Brutos) Niveles Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 28.15 29.31 30.53 33.19 33.19 33.19 33.56 33.91 34.57 35.43 36.58 37.43 38.16 38.68 39.06 39.29 40 29.13 30.33 31.58 34.31 34.31 34.31 34.70 35.08 35.78 36.67 37.84 38.74 39.46 39.99 40.42 40.61 43 30.08 31.33 32.64 35.46 35.46 35.46 35.86 36.26 36.95 37.90 39.11 40.04 40.80 41.33 41.74 41.99 45 31.06 32.36 33.69 36.61 36.61 36.61 37.01 37.41 38.16 39.11 40.37 41.33 42.08 42.65 43.09 43.30 50 32.99 34.36 35.79 38.92 38.92 38.92 39.35 39.77 40.55 41.56 42.90 43.87 44.70 45.31 45.78 46.05 55 38.83 40.43 42.10 45.76 45.76 45.76 46.28 46.79 47.69 48.88 50.45 51.64 52.62 53.32 53.84 54.18 60 39.91 41.71 43.29 45.76 45.76 47.00 47.60 48.22 49.30 50.45 51.82 53.09 53.89 54.69 55.14 55.54 65 41.43 43.38 45.14 46.19 47.97 49.58 50.14 50.70 51.64 52.72 54.05 55.15 56.01 56.68 57.18 57.48 70 43.33 45.45 47.37 48.55 50.37 52.10 52.59 53.11 54.05 55.18 56.51 57.65 58.49 59.18 59.44 59.96 Tabla número 2 Retribución Primaria para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Empleados Niveles Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 853.88 889.07 926.08 1,006.76 1,006.76 1,006.76 1,017.99 1,028.60 1,048.62 1,074.71 1,109.59 1,135.38 1,157.52 1,173.29 1,184.82 1,191.80 02 883.61 920.01 957.93 1,040.74 1,040.74 1,040.74 1,052.57 1,064.09 1,085.33 1,112.32 1,147.81 1,175.11 1,196.95 1,213.03 1,226.07 1,231.84 2A 912.43 950.34 990.08 1,075.62 1,075.62 1,075.62 1,087.75 1,099.89 1,120.82 1,149.63 1,186.34 1,214.55 1,237.60 1,253.68 1,266.11 1,273.70 03 942.15 981.59 1,021.93 1,110.50 1,110.50 1,110.50 1,122.64 1,134.77 1,157.52 1,186.34 1,224.56 1,253.68 1,276.43 1,293.72 1,307.06 1,313.43 04 1,000.70 1,042.25 1,085.63 1,180.57 1,180.57 1,180.57 1,193.62 1,206.36 1,230.02 1,260.65 1,301.30 1,330.72 1,355.90 1,374.40 1,388.66 1,396.85 05 1,135.30 1,186.45 1,231.43 1,275.29 1,314.58 1,330.27 1,342.06 1,353.82 1,374.70 1,407.32 1,447.85 1,481.95 1,507.31 1,527.65 1,542.71 1,552.03 07 1,177.84 1,226.38 1,277.03 1,388.05 1,388.05 1,388.05 1,403.83 1,419.30 1,446.60 1,482.69 1,530.32 1,566.41 1,596.14 1,617.37 1,633.15 1,643.46 09 1,201.06 1,251.00 1,293.40 1,339.69 1,359.15 1,394.91 1,409.19 1,423.47 1,452.92 1,484.70 1,525.22 1,559.20 1,583.93 1,604.98 1,619.95 1,629.31 11 1,210.60 1,265.20 1,313.13 1,388.05 1,388.05 1,425.67 1,443.87 1,462.67 1,495.43 1,530.32 1,571.87 1,610.40 1,634.66 1,658.93 1,672.58 1,684.71 13 1,256.81 1,315.71 1,369.13 1,401.23 1,455.22 1,504.00 1,520.91 1,537.84 1,566.30 1,599.07 1,639.45 1,672.97 1,699.04 1,719.24 1,734.39 1,743.63 15 1,301.01 1,363.82 1,421.15 1,456.84 1,510.79 1,562.86 1,578.27 1,593.65 1,622.21 1,655.01 1,695.42 1,728.82 1,754.83 1,775.18 1,783.54 1,799.19 17 1,345.19 1,411.86 1,453.27 1,512.38 1,566.30 1,621.70 1,635.61 1,649.51 1,678.09 1,710.72 1,751.36 1,784.72 1,810.62 1,831.03 1,845.57 1,854.81 19 1,431.52 1,478.37 1,539.41 1,598.62 1,652.50 1,701.47 1,718.64 1,735.81 1,764.29 1,796.93 1,836.95 1,870.95 1,896.43 1,917.20 1,931.73 1,941.02 21 1,550.14 1,616.35 1,677.49 1,737.30 1,791.12 1,840.13 1,856.98 1,873.84 1,902.36 1,934.90 1,976.32 2,009.50 2,035.01 2,055.30 2,070.35 2,079.65 23 1,629.48 1,695.42 1,756.62 1,816.62 1,870.37 1,919.21 1,935.78 1,952.32 1,981.59 2,014.32 2,054.75 2,088.83 2,114.23 2,134.52 2,149.56 2,158.81 Tabla número 3 Premios por antigüedad para todos los centros de trabajo (Euros anuales. Importes brutos)   Importes Unitario Acumulado 1.º Trienios:    1.º 224.63 224.63  2.º 224.63 449.26  3.º 371.89 821.15  4.º 519.09 1.340.24 2.º Premio especial. Más de dieciocho años. 2.272.62 Tabla numero 3 bis Plus asistencial para los trabajadores en plantilla a fecha 26.7.2000 Acuerdo de modificación del artículo 43 del Convenio Colectivo de fecha 26.7.2000, suscrito entre la Dirección de la Empresa y el Comité Intercentros. Valor año 2021: 68,48 Euros.   Tabla número 4 Gratificaciones de marzo y septiembre para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Obreros (Euros por cada gratificación. Importes Brutos) Niveles Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 422.25 439.65 457.95 497.85 497.85 497.85 503.40 508.65 518.55 531.45 548.70 561.45 572.40 580.20 585.90 589.35 40 436.95 454.95 473.70 514.65 514.65 514.65 520.50 526.20 536.70 550.05 567.60 581.10 591.90 599.85 606.30 609.15 43 451.20 469.95 489.60 531.90 531.90 531.90 537.90 543.90 554.25 568.50 586.65 600.60 612.00 619.95 626.10 629.85 45 465.90 485.40 505.35 549.15 549.15 549.15 555.15 561.15 572.40 586.65 605.55 619.95 631.20 639.75 646.35 649.50 50 494.85 515.40 536.85 583.80 583.80 583.80 590.25 596.55 608.25 623.40 643.50 658.05 670.50 679.65 686.70 690.75 55 582.45 606.45 631.50 686.40 686.40 686.40 694.20 701.85 715.35 733.20 756.75 774.60 789.30 799.80 807.60 812.70 60 598.65 625.65 649.35 686.40 686.40 705.00 714.00 723.30 739.50 756.75 777.30 796.35 808.35 820.35 827.10 833.10 65 621.45 650.70 677.10 692.85 719.55 743.70 752.10 760.50 774.60 790.80 810.75 827.25 840.15 850.20 857.70 862.20 70 649.95 681.75 710.55 728.25 755.55 781.50 788.85 796.65 810.75 827.70 847.65 864.75 877.35 887.70 891.60 899.40 Tabla número 5 Gratificaciones de marzo y septiembre para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Empleados (Euros por cada gratificación. Importes Brutos) Niveles Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 426.94 444.54 463.04 503.38 503.38 503.38 509.00 514.30 524.31 537.36 554.80 567.69 578.76 586.65 592.41 595.90 02 441.81 460.01 478.97 520.37 520.37 520.37 526.29 532.05 542.67 556.16 573.91 587.56 598.48 606.52 613.04 615.92 2A 456.22 475.17 495.04 537.81 537.81 537.81 543.88 549.95 560.41 574.82 593.17 607.28 618.80 626.84 633.06 636.85 03 471.08 490.80 510.97 555.25 555.25 555.25 561.32 567.39 578.76 593.17 612.28 626.84 638.22 646.86 653.53 656.72 04 500.35 521.13 542.82 590.29 590.29 590.29 596.81 603.18 615.01 630.33 650.65 665.36 677.95 687.20 694.33 698.43 05 567.65 593.23 615.72 637.65 657.29 665.14 671.03 676.91 687.35 703.66 723.93 740.98 753.66 763.83 771.36 776.02 07 588.92 613.19 638.52 694.03 694.03 694.03 701.92 709.65 723.30 741.35 765.16 783.21 798.07 808.69 816.58 821.73 09 600.53 625.50 646.70 669.85 679.58 697.46 704.60 711.74 726.46 742.35 762.61 779.60 791.97 802.49 809.98 814.66 11 605.30 632.60 656.57 694.03 694.03 712.84 721.94 731.34 747.72 765.16 785.94 805.20 817.33 829.47 836.29 842.36 13 628.41 657.86 684.57 700.62 727.61 752.00 760.46 768.92 783.15 799.54 819.73 836.49 849.52 859.62 867.20 871.82 15 650.51 681.91 710.58 728.42 755.40 781.43 789.14 796.83 811.11 827.51 847.71 864.41 877.42 887.59 891.77 899.60 17 672.60 705.93 726.64 756.19 783.15 810.85 817.81 824.76 839.05 855.36 875.68 892.36 905.31 915.52 922.79 927.41 19 715.76 739.19 769.71 799.31 826.25 850.74 859.32 867.91 882.15 898.47 918.48 935.48 948.22 958.60 965.87 970.51 21 775.07 808.18 838.75 868.65 895.56 920.07 928.49 936.92 951.18 967.45 988.16 1.004.75 1.017.51 1.027.65 1.035.18 1.039.83 23 814.74 847.71 878.31 908.31 935.19 959.61 967.89 976.16 990.80 1.007.16 1.027.38 1.044.42 1.057.12 1.067.26 1.074.78 1.079.41 Tabla número 6 Retribución por horas extraordinarias para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Obreros (Importes brutos por hora) Niveles Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 7.17 7.68 8.15 9.33 9.33 9.33 9.48 9.64 9.92 10.22 10.62 10.93 11.18 11.37 11.53 11.62 40 7.42 7.95 8.43 9.66 9.66 9.66 9.82 9.97 10.26 10.57 10.99 11.31 11.57 11.76 11.92 12.02 43 7.66 8.21 8.71 9.97 9.97 9.97 10.14 10.30 10.60 10.92 11.35 11.68 11.95 12.15 12.32 12.42 45 7.92 8.47 9.00 10.30 10.30 10.30 10.47 10.64 10.94 11.27 11.72 12.06 12.34 12.54 12.72 12.83 50 8.41 9.00 9.56 10.94 10.94 10.94 11.12 11.30 11.63 11.98 12.45 12.81 13.11 13.33 13.51 13.62 55 9.89 10.59 11.24 12.87 12.87 12.87 13.08 13.29 13.68 14.09 14.65 15.07 15.42 15.68 15.90 16.03 60 10.13 10.88 11.50 12.87 12.87 13.16 13.40 13.64 14.04 14.45 14.95 15.42 15.72 16.00 16.18 16.34 65 10.46 11.13 11.83 12.87 12.91 13.49 13.73 13.96 14.39 14.80 15.31 15.76 16.08 16.34 16.57 16.70 70 10.84 11.66 12.34 12.99 13.61 14.20 14.41 14.62 15.00 15.39 15.90 16.32 16.63 16.88 17.03 17.21 Tabla número 7 Retribución por horas extraordinarias para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Empleados (Importes brutos por hora) Niveles Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 7.13 7.68 8.1 8.5 8.89 9.23 9.37 9.5 9.78 10.06 10.43 10.73 10.95 11.14 11.27 11.38 02 7.39 7.95 8.38 8.80 9.20 9.55 9.69 9.83 10.12 10.42 10.79 11.10 11.33 11.52 11.67 11.77 2A 7.63 8.21 8.66 9.09 9.50 9.87 10.01 10.15 10.45 10.76 11.15 11.47 11.70 11.90 12.05 12.16 03 7.87 8.47 8.94 9.39 9.81 10.18 10.33 10.48 10.79 11.11 11.51 11.84 12.08 12.29 12.44 12.56 04 8.37 9.00 9.50 9.97 10.42 10.82 10.98 11.14 11.46 11.80 12.23 12.59 12.84 13.06 13.22 13.34 05 9.57 10.28 10.88 11.45 11.97 12.43 12.62 12.80 13.13 13.53 14.04 14.45 14.77 14.93 15.21 15.34 07 9.84 10.59 11.17 11.73 12.26 12.73 12.92 13.10 13.49 13.88 14.39 14.80 15.10 15.36 15.55 15.69 09 10.07 10.78 11.37 11.94 12.46 12.93 13.13 13.33 13.73 14.11 14.62 15.04 15.34 15.59 15.78 15.92 11 10.34 11.02 11.62 12.19 12.65 13.19 13.42 13.64 14.02 14.40 14.89 15.32 15.63 15.89 16.09 16.23 13 10.51 11.29 11.94 12.57 13.19 13.76 13.98 14.20 14.58 14.97 15.48 15.90 16.21 16.46 16.65 16.79 15 10.84 11.66 12.34 12.99 13.61 14.20 14.41 14.62 15.00 15.39 15.90 16.32 16.63 16.88 17.03 17.21 17 11.17 12.02 12.73 13.40 14.03 14.64 14.84 15.04 15.42 15.80 16.32 16.74 17.05 17.31 17.50 17.62 19 11.83 12.66 13.38 14.06 14.68 15.24 15.47 15.69 16.08 16.47 16.97 17.39 17.69 17.95 18.13 18.28 21 12.87 13.70 14.41 15.10 15.73 16.29 16.51 16.73 17.11 17.51 18.01 18.44 18.74 18.99 19.24 19.32 23 13.47 14.30 15.01 15.70 16.32 16.88 17.11 17.33 17.72 18.10 18.61 19.03 19.33 19.59 19.79 19.92  Tabla número 8 Compensación por jornada reducida para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia (Euros por hora. Importes brutos) Niveles Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 05 3,74 4,35 4,80 5,20 5,64 5,91 6,08 6,24 6,55 6,92 7,05 7,34 7,53 7,55 7,80 7,81 07 4,10 4,80 5,12 5,59 5,91 6,24 6,40 6,55 7,01 7,15 7,37 7,55 7,81 7,96 7,96 8,26 09 4,35 4,80 5,44 5,82 6,12 6,55 6,80 7,01 7,05 7,37 7,55 7,81 7,96 8,30 8,38 8,52 11 4,75 5,20 5,64 6,05 6,41 6,92 7,04 7,15 7,37 7,55 7,96 8,26 8,38 8,52 8,53 8,83 13 5,20 5,82 6,12 6,55 7,01 7,37 7,46 7,55 7,96 8,26 8,52 8,83 8,98 9,04 9,04 9,08 15 5,59 6,23 6,55 7,01 7,38 7,80 7,92 8,04 8,35 8,65 8,97 9,15 9,45 9,49 9,49 9,63 17 5,93 6,55 7,01 7,37 7,81 8,26 8,39 8,52 8,83 9,04 9,35 9,45 9,91 9,96 10,01 10,11 19 6,79 7,15 7,55 7,96 8,52 8,88 8,96 9,04 9,40 9,71 10,01 10,11 10,20 10,49 10,52 10,73 21 7,54 8,26 8,83 9,04 9,40 9,96 10,04 10,11 10,41 10,52 10,94 11,28 11,35 11,57 11,71 11,74 23 8,30 8,83 9,08 9,71 10,11 10,41 10,56 10,73 11,14 11,28 11,57 11,95 11,96 12,13 12,25 12,31 Tabla número 9 Retribución Primaria para el centro de trabajo de Madrid. Obreros (Euros por jornada de ocho horas. Importes Brutos) Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 37 30,53 31,29 32,14 32,54 33,53 34,76 40 31,58 32,37 33,24 33,67 34,68 35,96 43 32,64 33,44 34,35 34,79 35,84 37,15 45 33,69 34,53 35,46 35,91 36,99 38,35 50 35,79 36,67 37,68 38,16 39,31 40,75 55 42,10 43,15 44,33 44,89 46,24 47,94 60 45,87 46,91 48,36 49,79 51,23 52,67 65 49,59 50,87 52,16 53,45 54,74 56,01 70 52,54 53,79 55,09 56,37 57,60 58,83 Tabla número 10 Retribución Primaria para el centro de trabajo de Madrid. Empleados (Euros mensuales. Importes brutos) Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 01 926,08 949,13 974,8 987,19 1016,96 1054,29 02 957,93 981,89 1.008,42 1.021,25 1.052,05 1.090,65 2A 990,08 1.014,35 1.042,02 1.055,27 1.087,09 1.127,01 03 1.021,93 1.047,41 1.075,61 1.089,32 1.122,16 1.163,35 04 1.085,63 1.112,32 1.142,87 1.157,41 1.192,31 1.236,08 05 1.187,06 1.224,37 1.261,82 1.299,33 1.336,45 1.353,89 07 1.277,03 1.308,88 1.344,55 1.361,66 1.402,71 1.454,20 09 1.340,10 1.354,04 1.388,06 1.430,16 1.477,71 1.525,32 11 1.391,25 1.423,08 1.466,77 1.510,43 1.554,00 1.597,75 13 1.504,09 1.543,19 1.582,33 1.621,34 1.660,44 1.699,08 15 1.576,88 1.614,64 1.652,40 1.690,01 1.727,66 1.765,11 17 1.649,62 1.685,98 1.722,45 1.758,59 1.794,92 1.831,21 19 1.764,52 1.797,98 1.831,40 1.865,05 1.898,52 1.931,95 21 1.935,16 1.964,04 1.993,07 2.022,02 2.050,86 2.079,88 23 2.113,70 2.123,25 2.132,34 2.141,21 2.150,02 2.159,00 Tabla número 11 Retribución Suplementaria para el centro de trabajo de Madrid. Obreros (Euros por jornada de ocho horas. Importes Brutos) Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 37 6.59 7.27 7.97 8.74 9.51 10.28 40 6.84 7.50 8.24 9.04 9.84 10.64 43 7.05 7.77 8.52 9.34 10.17 10.99 45 7.28 8.01 8.79 9.64 10.50 11.35 50 7.76 8.50 9.34 10.24 11.15 12.06 55 9.09 10.02 10.99 12.05 13.12 14.18 60 10.94 11.93 12.92 13.90 14.89 15.88 65 11.86 12.78 13.69 14.60 15.51 16.42 70 12.46 13.34 14.22 15.13 16.00 16.86 Tabla número 12 Retribución Suplementaria para el centro de trabajo de Madrid. Empleados (Euros mensuales. Importes Brutos) Claves Agrupacion 1 2 3 4 5 6 01 200.45 221.13 242.34 265.75 289.31 312.80 02 208.05 228.13 250.66 274.93 299.30 323.56 2A 214.44 236.34 259.03 284.10 309.25 334.36 03 221.43 243.64 267.40 293.23 319.25 345.16 04 236.03 258.54 284.13 311.56 339.20 366.70 05 234.33 264.95 295.46 325.88 356.47 386.91 07 276.49 304.78 334.25 366.56 399.05 431.42 09 302.53 333.75 365.16 396.45 428.08 459.34 11 332.82 362.85 392.97 422.90 452.99 483.04 13 360.86 388.62 416.30 444.12 471.77 499.51 15 373.76 400.31 426.82 453.35 479.83 506.41 17 386.69 412.03 437.35 462.60 487.91 513.25 19 410.20 433.19 456.12 479.07 501.95 525.04 21 431.27 452.01 472.61 493.14 513.73 534.53 23 499.31 506.17 513.25 520.23 527.27 541.72 Tabla número 13 Gratificaciones de marzo y septiembre para el centro de trabajo de Madrid. Obreros (Euros por cada gratificación. Importes Brutos) Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 37 457.95 469.35 482.10 488.10 502.95 521.40 40 473.70 485.55 498.60 505.05 520.20 539.40 43 489.60 501.60 515.25 521.85 537.60 557.25 45 505.35 517.95 531.90 538.65 554.85 575.25 50 536.85 550.05 565.20 572.40 589.65 611.25 55 631.50 647.25 664.95 673.35 693.60 719.10 60 688.05 703.65 725.40 746.85 768.45 790.05 65 743.85 763.05 782.40 801.75 821.10 840.15 70 788.10 806.85 826.35 845.55 864.00 882.45 Tabla número 14 Gratificaciones de marzo y septiembre para el centro de trabajo de Madrid. Empleados (Euros por cada gratificación. Importes Brutos) Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 01 463.04 474.57 487.40 493.60 508.48 527.15 02 478.97 490.95 504.21 510.63 526.03 545.33 2A 495.04 507.18 521.01 527.64 543.55 563.51 03 510.97 523.71 537.81 544.66 561.08 581.68 04 542.82 556.16 571.44 578.71 596.16 618.04 05 593.53 612.19 630.91 649.67 668.23 676.95 07 638.52 654.44 672.28 680.83 701.36 727.10 09 670.05 677.02 694.03 715.08 738.86 762.66 11 695.63 711.54 733.39 755.22 777.00 798.88 13 752.05 771.60 791.17 810.67 830.22 849.54 15 788.44 807.32 826.20 845.01 863.83 882.56 17 824.81 842.99 861.23 879.30 897.46 915.61 19 882.26 898.99 915.70 932.53 949.26 965.98 21 967.58 982.02 996.54 1.011.01 1.025.43 1.039.94 23 1.056.85 1.061.63 1.066.17 1.070.61 1.075.01 1.079.50 Tabla número 15 Retribución por horas extraordinarias para el centro de trabajo de Madrid. Obreros (Importes brutos por hora) Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 37 8.22 8.53 8.77 9.09 9.43 9.67 40 8.50 8.82 9.08 9.41 9.75 10.00 43 8.79 9.11 9.38 9.72 10.08 10.34 45 9.07 9.41 9.68 10.03 10.40 10.67 50 9.63 9.99 10.29 10.66 11.05 11.34 55 11.34 11.76 12.10 12.54 13.00 13.34 60 12.17 12.56 12.96 13.29 13.76 14.12 65 13.65 13.90 14.15 14.41 14.68 14.94 70 14.45 14.93 15.39 15.87 16.35 16.83 Tabla número 16 Retribución por horas extraordinarias para el centro de trabajo de Madrid. Empleados (Importes brutos por hora) Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 01 8.14 8.50 8.88 9.26 9.66 10.11 02 8.42 8.79 9.19 9.58 9.99 10.45 2A 8.70 9.09 9.49 9.90 10.32 10.80 03 8.98 9.38 9.80 10.22 10.66 11.15 04 9.54 9.96 10.42 10.85 11.32 11.85 05 10.33 10.84 11.35 11.85 12.36 12.86 07 11.23 11.73 12.25 12.77 13.32 13.94 09 11.99 12.47 12.95 13.52 14.09 14.68 11 12.75 13.20 13.76 14.30 14.84 15.39 13 13.81 14.29 14.80 15.30 15.77 16.28 15 14.45 14.93 15.39 15.87 16.35 16.83 17 15.09 15.54 16.01 16.46 16.92 17.37 19 16.14 16.56 16.97 17.38 17.79 18.21 21 17.56 17.93 18.30 18.68 19.03 19.40 23 19.41 19.53 19.64 19.76 19.88 20.06 Tabla número 17 Remuneración anual bruta para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia (Obreros y Empleados) (Devengos generales fijos) Se incluye la «Prima de Incentivo a la Productividad», por ser concepto retributivo de cuantía fija.     Retribución primaria Prima Gratificaciones extraordinarias Gratificaciones   Agrupación Nivel Periodo de vacaciones Resto del año Periodo de vacaciones Resto del año Julio Navidad Marzo Septiembre Total año 37 1 703.75 9,571.00 108.50 1,475.60 844.50 844.50 422.25 422.25 14,392.35   2 732.75 9,965.40 135.50 1,842.80 879.30 879.30 439.65 439.65 15,314.35 3 763.25 10,380.20 155.50 2,114.80 915.90 915.90 457.95 457.95 16,161.45 4 829.75 11,284.60 208.25 2,832.20 995.70 995.70 497.85 497.85 18,141.90 5 829.75 11,284.60 208.25 2,832.20 995.70 995.70 497.85 497.85 18,141.90 6 829.75 11,284.60 208.25 2,832.20 995.70 995.70 497.85 497.85 18,141.90 6S 839.00 11,410.40 215.75 2,934.20 1,006.80 1,006.80 503.40 503.40 18,419.75 7 847.75 11,529.40 223.25 3,036.20 1,017.30 1,017.30 508.65 508.65 18,688.50 8 864.25 11,753.80 236.50 3,216.40 1,037.10 1,037.10 518.55 518.55 19,182.25 9 885.75 12,046.20 249.50 3,393.20 1,062.90 1,062.90 531.45 531.45 19,763.35 10 914.50 12,437.20 265.25 3,607.40 1,097.40 1,097.40 548.70 548.70 20,516.55 11 935.75 12,726.20 279.00 3,794.40 1,122.90 1,122.90 561.45 561.45 21,104.05 12 954.00 12,974.40 289.00 3,930.40 1,144.80 1,144.80 572.40 572.40 21,582.20 13 967.00 13,151.20 297.00 4,039.20 1,160.40 1,160.40 580.20 580.20 21,935.60 14 976.50 13,280.40 303.50 4,127.60 1,171.80 1,171.80 585.90 585.90 22,203.40 15 982.25 13,358.60 308.75 4,199.00 1,178.70 1,178.70 589.35 589.35 22,384.70 40 1 728.25 9,904.20 111.75 1,519.80 873.90 873.90 436.95 436.95 14,885.70   2 758.25 10,312.20 140.00 1,904.00 909.90 909.90 454.95 454.95 15,844.15 3 789.50 10,737.20 161.00 2,189.60 947.40 947.40 473.70 473.70 16,719.50 4 857.75 11,665.40 216.00 2,937.60 1,029.30 1,029.30 514.65 514.65 18,764.65 5 857.75 11,665.40 216.00 2,937.60 1,029.30 1,029.30 514.65 514.65 18,764.65 6 857.75 11,665.40 216.00 2,937.60 1,029.30 1,029.30 514.65 514.65 18,764.65 6S 867.50 11,798.00 223.75 3,043.00 1,041.00 1,041.00 520.50 520.50 19,055.25 7 877.00 11,927.20 231.25 3,145.00 1,052.40 1,052.40 526.20 526.20 19,337.65 8 894.50 12,165.20 245.50 3,338.80 1,073.40 1,073.40 536.70 536.70 19,864.20 9 916.75 12,467.80 257.25 3,498.60 1,100.10 1,100.10 550.05 550.05 20,440.70 10 946.00 12,865.60 274.00 3,726.40 1,135.20 1,135.20 567.60 567.60 21,217.60 11 968.50 13,171.60 288.50 3,923.60 1,162.20 1,162.20 581.10 581.10 21,838.80 12 986.50 13,416.40 299.00 4,066.40 1,183.80 1,183.80 591.90 591.90 22,319.70 13 999.75 13,596.60 306.75 4,171.80 1,199.70 1,199.70 599.85 599.85 22,674.00 14 1,010.50 13,742.80 313.50 4,263.60 1,212.60 1,212.60 606.30 606.30 22,968.20 15 1,015.25 13,807.40 319.25 4,341.80 1,218.30 1,218.30 609.15 609.15 23,138.60 43 1 752.00 10,227.20 116.75 1,587.80 902.40 902.40 451.20 451.20 15,390.95   2 783.25 10,652.20 145.25 1,975.40 939.90 939.90 469.95 469.95 16,375.80 3 816.00 11,097.60 166.25 2,261.00 979.20 979.20 489.60 489.60 17,278.45 4 886.50 12,056.40 223.00 3,032.80 1,063.80 1,063.80 531.90 531.90 19,390.10 5 886.50 12,056.40 223.00 3,032.80 1,063.80 1,063.80 531.90 531.90 19,390.10 6 886.50 12,056.40 223.00 3,032.80 1,063.80 1,063.80 531.90 531.90 19,390.10 6S 896.50 12,192.40 230.75 3,138.20 1,075.80 1,075.80 537.90 537.90 19,685.25 7 906.50 12,328.40 238.25 3,240.20 1,087.80 1,087.80 543.90 543.90 19,976.75 8 923.75 12,563.00 253.00 3,440.80 1,108.50 1,108.50 554.25 554.25 20,506.05 9 947.50 12,886.00 266.00 3,617.60 1,137.00 1,137.00 568.50 568.50 21,128.10 10 977.75 13,297.40 284.00 3,862.40 1,173.30 1,173.30 586.65 586.65 21,941.45 11 1,001.00 13,613.60 299.00 4,066.40 1,201.20 1,201.20 600.60 600.60 22,583.60 12 1,020.00 13,872.00 308.50 4,195.60 1,224.00 1,224.00 612.00 612.00 23,068.10 13 1,033.25 14,052.20 317.00 4,311.20 1,239.90 1,239.90 619.95 619.95 23,433.35 14 1,043.50 14,191.60 324.50 4,413.20 1,252.20 1,252.20 626.10 626.10 23,729.40 15 1,049.75 14,276.60 330.25 4,491.40 1,259.70 1,259.70 629.85 629.85 23,927.10 45 1 776.50 10,560.40 120.00 1,632.00 931.80 931.80 465.90 465.90 15,884.30   2 809.00 11,002.40 150.00 2,040.00 970.80 970.80 485.40 485.40 16,913.80 3 842.25 11,454.60 172.00 2,339.20 1,010.70 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839.05 839.05 29,940.88 9 1,425.60 19,103.04 348.24 4,666.44 1,710.72 1,710.72 855.36 855.36 30,675.48 10 1,459.47 19,556.85 370.93 4,970.51 1,751.36 1,751.36 875.68 875.68 31,611.84 11 1,487.27 19,929.37 389.86 5,224.10 1,784.72 1,784.72 892.36 892.36 32,384.76 12 1,508.85 20,218.59 403.12 5,401.76 1,810.62 1,810.62 905.31 905.31 32,964.18 13 1,525.86 20,446.50 414.46 5,553.74 1,831.03 1,831.03 915.52 915.52 33,433.66 14 1,537.98 20,608.87 423.94 5,680.82 1,845.57 1,845.57 922.79 922.79 33,788.32 15 1,545.68 20,712.05 431.50 5,782.10 1,854.81 1,854.81 927.41 927.41 34,035.76 19 1 1,192.93 15,985.31 151.39 2,028.65 1,431.52 1,431.52 715.76 715.76 23,652.84   2 1,231.98 16,508.47 189.26 2,536.06 1,478.37 1,478.37 739.19 739.19 24,900.88 3 1,282.84 17,190.08 217.64 2,916.40 1,539.41 1,539.41 769.71 769.71 26,225.20 4 1,332.18 17,851.26 244.13 3,271.28 1,598.62 1,598.62 799.31 799.31 27,494.70 5 1,377.08 18,452.92 268.74 3,601.14 1,652.50 1,652.50 826.25 826.25 28,657.38 6 1,417.89 18,999.75 291.44 3,905.32 1,701.47 1,701.47 850.74 850.74 29,718.82 6S 1,432.20 19,191.48 301.85 4,044.79 1,718.64 1,718.64 859.32 859.32 30,126.24 7 1,446.51 19,383.21 312.26 4,184.26 1,735.81 1,735.81 867.91 867.91 30,533.68 8 1,470.24 19,701.24 331.22 4,438.30 1,764.29 1,764.29 882.15 882.15 31,233.88 9 1,497.44 20,065.72 348.24 4,666.44 1,796.93 1,796.93 898.47 898.47 31,968.64 10 1,530.79 20,512.61 370.93 4,970.51 1,836.95 1,836.95 918.48 918.48 32,895.70 11 1,559.13 20,892.28 389.86 5,224.10 1,870.95 1,870.95 935.48 935.48 33,678.22 12 1,580.36 21,176.80 403.12 5,401.76 1,896.43 1,896.43 948.22 948.22 34,251.34 13 1,597.67 21,408.73 414.46 5,553.74 1,917.20 1,917.20 958.60 958.60 34,726.20 14 1,609.78 21,570.99 423.94 5,680.82 1,931.73 1,931.73 965.87 965.87 35,080.72 15 1,617.52 21,674.72 431.50 5,782.10 1,941.02 1,941.02 970.51 970.51 35,328.90 21 1 1,291.78 17,309.90 151.39 2,028.65 1,550.14 1,550.14 775.07 775.07 25,432.14   2 1,346.96 18,049.24 189.26 2,536.06 1,616.35 1,616.35 808.18 808.18 26,970.58 3 1,397.91 18,731.97 217.64 2,916.40 1,677.49 1,677.49 838.75 838.75 28,296.40 4 1,447.75 19,399.85 244.13 3,271.28 1,737.30 1,737.30 868.65 868.65 29,574.90 5 1,492.60 20,000.84 268.74 3,601.14 1,791.12 1,791.12 895.56 895.56 30,736.68 6 1,533.44 20,548.12 291.44 3,905.32 1,840.13 1,840.13 920.07 920.07 31,798.72 6S 1,547.48 20,736.28 301.85 4,044.79 1,856.98 1,856.98 928.49 928.49 32,201.34 7 1,561.53 20,924.55 312.26 4,184.26 1,873.84 1,873.84 936.92 936.92 32,604.12 8 1,585.30 21,243.02 331.22 4,438.30 1,902.36 1,902.36 951.18 951.18 33,304.92 9 1,612.42 21,606.38 348.24 4,666.44 1,934.90 1,934.90 967.45 967.45 34,038.18 10 1,646.93 22,068.91 370.93 4,970.51 1,976.32 1,976.32 988.16 988.16 34,986.24 11 1,674.58 22,439.42 389.86 5,224.10 2,009.50 2,009.50 1,004.75 1,004.75 35,756.46 12 1,695.84 22,724.28 403.12 5,401.76 2,035.01 2,035.01 1,017.51 1,017.51 36,330.04 13 1,712.75 22,950.85 414.46 5,553.74 2,055.30 2,055.30 1,027.65 1,027.65 36,797.70 14 1,725.29 23,118.91 423.94 5,680.82 2,070.35 2,070.35 1,035.18 1,035.18 37,160.02 15 1,733.04 23,222.76 431.50 5,782.10 2,079.65 2,079.65 1,039.83 1,039.83 37,408.36 23 1 1,357.90 18,195.86 151.39 2,028.65 1,629.48 1,629.48 814.74 814.74 26,622.24   2 1,412.85 18,932.19 189.26 2,536.06 1,695.42 1,695.42 847.71 847.71 28,156.62 3 1,463.85 19,615.59 217.64 2,916.40 1,756.62 1,756.62 878.31 878.31 29,483.34 4 1,513.85 20,285.59 244.13 3,271.28 1,816.62 1,816.62 908.31 908.31 30,764.70 5 1,558.64 20,885.80 268.74 3,601.14 1,870.37 1,870.37 935.19 935.19 31,925.44 6 1,599.34 21,431.18 291.44 3,905.32 1,919.21 1,919.21 959.61 959.61 32,984.92 6S 1,613.15 21,616.21 301.85 4,044.79 1,935.78 1,935.78 967.89 967.89 33,383.34 7 1,626.93 21,800.91 312.26 4,184.26 1,952.32 1,952.32 976.16 976.16 33,781.32 8 1,651.33 22,127.76 331.22 4,438.30 1,981.59 1,981.59 990.80 990.80 34,493.38 9 1,678.60 22,493.24 348.24 4,666.44 2,014.32 2,014.32 1,007.16 1,007.16 35,229.48 10 1,712.29 22,944.71 370.93 4,970.51 2,054.75 2,054.75 1,027.38 1,027.38 36,162.70 11 1,740.69 23,325.27 389.86 5,224.10 2,088.83 2,088.83 1,044.42 1,044.42 36,946.42 12 1,761.86 23,608.90 403.12 5,401.76 2,114.23 2,114.23 1,057.12 1,057.12 37,518.34 13 1,778.77 23,835.47 414.46 5,553.74 2,134.52 2,134.52 1,067.26 1,067.26 37,986.00 14 1,791.30 24,003.42 423.94 5,680.82 2,149.56 2,149.56 1,074.78 1,074.78 38,348.16 15 1,799.01 24,106.71 431.50 5,782.10 2,158.81 2,158.81 1,079.41 1,079.41 38,595.76 Tabla número 18 Remuneración anual bruta para el centro de trabajo de Madrid (Obreros y Empleados) (Devengos generales fijos) Se incluye la «Retribución Suplementaria», por ser concepto retributivo de cuantía fija.     Retribución primaria Retribución suplementaria Gratificaciones extraordinarias Gratificaciones   Agrupación Claves Periodo de vacaciones Resto del año Periodo de vacaciones Resto del año Julio Navidad Marzo Septiembre Total año 37 1 763.25 10,380.20 164.75 2,240.60 915.90 915.90 457.95 457.95 16,296.50   2 782.25 10,638.60 181.75 2,471.80 938.70 938.70 469.35 469.35 16,890.50 3 803.50 10,927.60 199.25 2,709.80 964.20 964.20 482.10 482.10 17,532.75 4 813.50 11,063.60 218.50 2,971.60 976.20 976.20 488.10 488.10 17,995.80 5 838.25 11,400.20 237.75 3,233.40 1,005.90 1,005.90 502.95 502.95 18,727.30 6 869.00 11,818.40 257.00 3,495.20 1,042.80 1,042.80 521.40 521.40 19,568.00 40 1 789.50 10,737.20 171.00 2,325.60 947.40 947.40 473.70 473.70 16,865.50   2 809.25 11,005.80 187.50 2,550.00 971.10 971.10 485.55 485.55 17,465.85 3 831.00 11,301.60 206.00 2,801.60 997.20 997.20 498.60 498.60 18,131.80 4 841.75 11,447.80 226.00 3,073.60 1,010.10 1,010.10 505.05 505.05 18,619.45 5 867.00 11,791.20 246.00 3,345.60 1,040.40 1,040.40 520.20 520.20 19,371.00 6 899.00 12,226.40 266.00 3,617.60 1,078.80 1,078.80 539.40 539.40 20,245.40 43 1 816.00 11,097.60 176.25 2,397.00 979.20 979.20 489.60 489.60 17,424.45   2 836.00 11,369.60 194.25 2,641.80 1,003.20 1,003.20 501.60 501.60 18,051.25 3 858.75 11,679.00 213.00 2,896.80 1,030.50 1,030.50 515.25 515.25 18,739.05 4 869.75 11,828.60 233.50 3,175.60 1,043.70 1,043.70 521.85 521.85 19,238.55 5 896.00 12,185.60 254.25 3,457.80 1,075.20 1,075.20 537.60 537.60 20,019.25 6 928.75 12,631.00 274.75 3,736.60 1,114.50 1,114.50 557.25 557.25 20,914.60 45 1 842.25 11,454.60 182.00 2,475.20 1,010.70 1,010.70 505.35 505.35 17,986.15   2 863.25 11,740.20 200.25 2,723.40 1,035.90 1,035.90 517.95 517.95 18,634.80 3 886.50 12,056.40 219.75 2,988.60 1,063.80 1,063.80 531.90 531.90 19,342.65 4 897.75 12,209.40 241.00 3,277.60 1,077.30 1,077.30 538.65 538.65 19,857.65 5 924.75 12,576.60 262.50 3,570.00 1,109.70 1,109.70 554.85 554.85 20,662.95 6 958.75 13,039.00 283.75 3,859.00 1,150.50 1,150.50 575.25 575.25 21,592.00 50 1 894.75 12,168.60 194.00 2,638.40 1,073.70 1,073.70 536.85 536.85 19,116.85   2 916.75 12,467.80 212.50 2,890.00 1,100.10 1,100.10 550.05 550.05 19,787.35 3 942.00 12,811.20 233.50 3,175.60 1,130.40 1,130.40 565.20 565.20 20,553.50 4 954.00 12,974.40 256.00 3,481.60 1,144.80 1,144.80 572.40 572.40 21,100.40 5 982.75 13,365.40 278.75 3,791.00 1,179.30 1,179.30 589.65 589.65 21,955.80 6 1,018.75 13,855.00 301.50 4,100.40 1,222.50 1,222.50 611.25 611.25 22,943.15 55 1 1,052.50 14,314.00 227.25 3,090.60 1,263.00 1,263.00 631.50 631.50 22,473.35   2 1,078.75 14,671.00 250.50 3,406.80 1,294.50 1,294.50 647.25 647.25 23,290.55 3 1,108.25 15,072.20 274.75 3,736.60 1,329.90 1,329.90 664.95 664.95 24,181.50 4 1,122.25 15,262.60 301.25 4,097.00 1,346.70 1,346.70 673.35 673.35 24,823.20 5 1,156.00 15,721.60 328.00 4,460.80 1,387.20 1,387.20 693.60 693.60 25,828.00 6 1,198.50 16,299.60 354.50 4,821.20 1,438.20 1,438.20 719.10 719.10 26,988.40 60 1 1,146.75 15,595.80 273.50 3,719.60 1,376.10 1,376.10 688.05 688.05 24,863.95   2 1,172.75 15,949.40 298.25 4,056.20 1,407.30 1,407.30 703.65 703.65 25,698.50 3 1,209.00 16,442.40 323.00 4,392.80 1,450.80 1,450.80 725.40 725.40 26,719.60 4 1,244.75 16,928.60 347.50 4,726.00 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638.52 638.52 22,473.34   2 1,090.73 14,615.83 253.98 3,403.38 1,308.88 1,308.88 654.44 654.44 23,290.56 3 1,120.46 15,014.14 278.54 3,732.46 1,344.55 1,344.55 672.28 672.28 24,179.26 4 1,134.72 15,205.20 305.47 4,093.25 1,361.66 1,361.66 680.83 680.83 24,823.62 5 1,168.93 15,663.60 332.54 4,456.06 1,402.71 1,402.71 701.36 701.36 25,829.26 6 1,211.83 16,238.57 359.52 4,817.52 1,454.20 1,454.20 727.10 727.10 26,990.04 9 1 1,116.75 14,964.45 252.11 3,378.25 1,340.10 1,340.10 670.05 670.05 23,731.86   2 1,128.37 15,120.11 278.13 3,726.88 1,354.04 1,354.04 677.02 677.02 24,315.60 3 1,156.72 15,500.00 304.30 4,077.62 1,388.06 1,388.06 694.03 694.03 25,202.82 4 1,191.80 15,970.12 330.38 4,427.03 1,430.16 1,430.16 715.08 715.08 26,209.80 5 1,231.43 16,501.10 356.73 4,780.23 1,477.71 1,477.71 738.86 738.86 27,302.62 6 1,271.10 17,032.74 382.78 5,129.30 1,525.32 1,525.32 762.66 762.66 28,391.88 11 1 1,159.38 15,535.63 277.35 3,716.49 1,391.25 1,391.25 695.63 695.63 21,376.52   2 1,185.90 15,891.06 302.38 4,051.83 1,423.08 1,423.08 711.54 711.54 25,700.40 3 1,222.31 16,378.93 327.48 4,388.17 1,466.77 1,466.77 733.39 733.39 26,717.20 4 1,258.69 16,866.47 352.42 4,722.38 1,510.43 1,510.43 755.22 755.22 27,731.26 5 1,295.00 17,353.00 377.49 5,058.39 1,554.00 1,554.00 777.00 777.00 28,745.88 6 1,331.46 17,841.54 402.53 5,393.95 1,597.75 1,597.75 798.88 798.88 29,762.74 13 1 1,253.41 16,795.67 300.72 4,029.60 1,504.09 1,504.09 752.05 752.05 26,891.68   2 1,285.99 17,232.29 323.85 4,339.59 1,543.19 1,543.19 771.60 771.60 27,811.30 3 1,318.61 17,669.35 346.92 4,648.68 1,582.33 1,582.33 791.17 791.17 28,730.56 4 1,351.12 18,104.96 370.10 4,959.34 1,621.34 1,621.34 810.67 810.67 29,649.54 5 1,383.70 18,541.58 393.14 5,268.10 1,660.44 1,660.44 830.22 830.22 30,567.84 6 1,415.90 18,973.06 416.26 5,577.86 1,699.08 1,699.08 849.54 849.54 31,480.32 15 1 1,314.07 17,608.49 311.47 4,173.65 1,576.88 1,576.88 788.44 788.44 28,138.32   2 1,345.53 18,030.15 333.59 4,470.13 1,614.64 1,614.64 807.32 807.32 29,023.32 3 1,377.00 18,451.80 355.68 4,766.16 1,652.40 1,652.40 826.20 826.20 29,907.84 4 1,408.34 18,871.78 377.79 5,062.41 1,690.01 1,690.01 845.01 845.01 30,790.36 5 1,439.72 19,292.20 399.86 5,358.10 1,727.66 1,727.66 863.83 863.83 31,672.86 6 1,470.93 19,710.40 422.01 5,654.91 1,765.11 1,765.11 882.56 882.56 32,553.58 17 1 1,374.68 18,420.76 322.24 4,318.04 1,649.62 1,649.62 824.81 824.81 29,384.58   2 1,404.98 18,826.78 343.36 4,601.00 1,685.98 1,685.98 842.99 842.99 30,234.06 3 1,435.38 19,234.03 364.46 4,883.74 1,722.45 1,722.45 861.23 861.23 31,084.96 4 1,465.49 19,637.59 385.50 5,165.70 1,758.59 1,758.59 879.30 879.30 31,930.06 5 1,495.77 20,043.27 406.59 5,448.33 1,794.92 1,794.92 897.46 897.46 32,778.72 6 1,526.01 20,448.51 427.71 5,731.29 1,831.21 1,831.21 915.61 915.61 33,627.16 19 1 1,470.43 19,703.81 341.83 4,580.57 1,764.52 1,764.52 882.26 882.26 31,390.20   2 1,498.32 20,077.44 360.99 4,837.29 1,797.98 1,797.98 898.99 898.99 32,167.98 3 1,526.17 20,450.63 380.10 5,093.34 1,831.40 1,831.40 915.70 915.70 32,944.44 4 1,554.21 20,826.39 399.23 5,349.62 1,865.05 1,865.05 932.53 932.53 33,724.60 5 1,582.10 21,200.14 418.29 5,605.11 1,898.52 1,898.52 949.26 949.26 34,501.20 6 1,609.96 21,573.44 437.53 5,862.95 1,931.95 1,931.95 965.98 965.98 35,279.74 21 1 1,612.63 21,609.29 359.39 4,815.85 1,935.16 1,935.16 967.58 967.58 34,202.64   2 1,636.70 21,931.78 376.68 5,047.45 1,964.04 1,964.04 982.02 982.02 34,884.72 3 1,660.89 22,255.95 393.84 5,277.48 1,993.07 1,993.07 996.54 996.54 35,567.38 4 1,685.02 22,579.22 410.95 5,506.73 2,022.02 2,022.02 1,011.01 1,011.01 36,247.98 5 1,709.05 22,901.27 428.11 5,736.65 2,050.86 2,050.86 1,025.43 1,025.43 36,927.66 6 1,733.23 23,225.33 445.44 5,968.92 2,079.88 2,079.88 1,039.94 1,039.94 37,612.56 23 1 1,761.42 23,602.98 416.09 5,575.63 2,113.70 2,113.70 1,056.85 1,056.85 37,697.22   2 1,769.38 23,709.63 421.81 5,652.23 2,123.25 2,123.25 1,061.63 1,061.63 37,922.80 3 1,776.95 23,811.13 427.71 5,731.29 2,132.34 2,132.34 1,066.17 1,066.17 38,144.10 Tabla número 19 Retribución por Prima para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Obreros [Euros por día natural (ocho horas). Importes Brutos] Niveles Agrupaciones 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 4,34 5,42 6,22 8,33 8,33 8,33 8,63 8,93 9,46 9,98 10,61 11,16 11,56 11,88 12,14 12,35 40 4,47 5,60 6,44 8,64 8,64 8,64 8,95 9,25 9,82 10,29 10,96 11,54 11,96 12,27 12,54 12,77 43 4,67 5,81 6,65 8,92 8,92 8,92 9,23 9,53 10,12 10,64 11,36 11,96 12,34 12,68 12,98 13,21 45 4,80 6,00 6,88 9,18 9,18 9,18 9,53 9,88 10,46 10,97 11,72 12,31 12,73 13,09 13,37 13,61 50 5,08 6,34 7,29 9,76 9,76 9,76 10,12 10,47 11,10 11,68 12,45 13,09 13,52 13,93 14,24 14,47 65 5,97 7,47 8,59 9,63 10,60 11,50 11,91 12,32 13,07 13,74 14,63 15,38 15,90 16,35 16,73 17,02 Resto agrupaciones 6,00 7,47 8,57 11,51 11,51 11,51 11,92 12,32 13,08 13,76 14,65 15,40 15,93 16,35 16,73 17,04 Tabla número 20 Retribución por Prima para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia.Empleados (Euros mes. Importes Brutos) Niveles Agrupaciones 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 132,01 164,86 189,19 253,37 253,37 253,37 262,50 271,62 287,74 303,56 322,72 339,45 351,62 361,35 369,26 375,65 02 135,96 170,33 195,88 262,80 262,80 262,80 272,23 281,35 298,69 312,99 333,37 351,01 363,78 373,21 381,43 388,42 2A 142,05 176,72 202,27 271,32 271,32 271,32 280,75 289,87 307,82 323,63 345,53 363,78 375,34 385,68 394,81 401,80 03 146,00 182,50 209,27 279,23 279,23 279,23 289,87 300,52 318,16 333,67 356,48 374,43 387,20 398,15 406,67 413,97 04 154,52 192,84 221,74 296,87 296,87 296,87 307,82 318,46 337,63 355,27 378,69 398,15 411,23 423,70 433,13 440,13 07 182,50 227,21 260,67 350,10 350,10 350,10 362,57 374,73 397,85 418,53 445,60 468,42 484,54 497,31 508,87 518,30 11 182,50 227,21 260,67 350,10 350,10 350,10 362,57 374,73 397,85 418,53 445,60 468,42 484,54 497,31 508,87 518,30 Resto agrupaciones 181,67 227,11 261,17 292,95 322,49 349,73 362,22 374,71 397,46 417,89 445,12 467,83 483,74 497,35 508,73 517,80 Tabla número 21 Turnicidad para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Obreros Euros por día natural (ocho horas). Importes Brutos Agrupaciones Todos los niveles 37 1,52 40 1,58 43 1,63 45 1,67 50 1,77 Resto agrupaciones 2,10 Tabla número 22 Turnicidad para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Empleados Euros mes. Importes Brutos Agrupaciones Todos los niveles 01 46,23 02 48,06 2A 49,58 03 50,80 04 53,72 07-11-13 63,88 Resto agrupaciones 63,22 Tabla número 23 Plus de trabajo de modificación de la demanda. Obreros (Euros por hora. Importes Brutos) Agr. 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 5,81 6,04 6,54 6,54 6,54 6,61 6,68 6,83 7,00 7,21 7,38 7,53 7,63 7,71 7,76 40 5,98 6,24 6,78 6,78 6,78 6,86 6,93 7,05 7,25 7,47 7,67 7,78 7,90 8,00 8,03 43 6,20 6,44 7,00 7,00 7,00 7,07 7,14 7,30 7,48 7,72 7,90 8,05 8,15 8,23 8,28 45 6,38 6,67 7,22 7,22 7,22 7,31 7,38 7,53 7,72 7,98 8,15 8,31 8,38 8,49 8,55 50 6,78 7,08 7,70 7,70 7,70 7,79 7,86 8,01 8,19 8,44 8,65 8,83 8,95 9,04 9,10 55 8,00 8,31 9,04 9,04 9,04 9,12 9,20 9,41 9,65 9,96 10,18 10,38 10,50 10,61 10,67 60 8,43 8,74 9,00 9,12 9,39 9,51 9,63 9,81 10,02 10,30 10,49 10,66 10,80 10,90 10,98 65 8,65 9,00 9,19 9,56 9,91 10,01 10,11 10,32 10,50 10,78 11,01 11,17 11,30 11,39 11,45 70 8,97 9,35 9,56 9,95 10,30 10,39 10,47 10,66 10,89 11,14 11,35 11,53 11,68 11,72 11,83 Plus de trabajo de modificación de la demanda. Empleados (Euros por hora. Importes Brutos) Agr. 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 5,81 6,04 6,54 6,54 6,54 6,61 6,68 6,83 7,00 7,21 7,38 7,53 7,63 7,71 7,76 02 5,98 6,24 6,78 6,78 6,78 6,86 6,93 7,05 7,25 7,47 7,67 7,78 7,90 8,00 8,03 2A 6,20 6,44 7,00 7,00 7,00 7,07 7,14 7,30 7,48 7,72 7,90 8,05 8,15 8,23 8,28 03 6,38 6,67 7,22 7,22 7,22 7,31 7,38 7,53 7,72 7,98 8,15 8,31 8,38 8,49 8,55 04 6,78 7,08 7,70 7,70 7,70 7,79 7,86 8,01 8,19 8,44 8,65 8,83 8,95 9,04 9,10 05 7,80 8,09 8,37 8,64 8,78 8,85 8,91 9,04 9,25 9,50 9,74 9,92 10,06 10,13 10,19 07 8,00 8,31 9,04 9,04 9,04 9,12 9,20 9,41 9,65 9,96 10,18 10,38 10,50 10,61 10,67 09 8,24 8,51 8,82 8,94 9,17 9,27 9,38 9,52 9,76 10,03 10,27 10,40 10,52 10,64 10,73 11 8,43 8,74 9,00 9,12 9,39 9,51 9,63 9,81 10,02 10,30 10,49 10,66 10,80 10,90 10,98 13 8,65 9,00 9,19 9,56 9,91 10,01 10,11 10,32 10,50 10,78 11,01 11,17 11,30 11,39 11,45 15 8,97 9,35 9,56 9,95 10,30 10,39 10,48 10,66 10,89 11,14 11,35 11,53 11,68 11,72 11,87 17 9,27 9,52 9,96 10,32 10,65 10,75 10,85 11,05 11,27 11,52 11,72 11,92 12,03 12,13 12,18 19 9,72 10,12 10,49 10,86 11,18 11,29 11,40 11,58 11,83 12,07 12,29 12,47 12,59 12,72 12,79 21 10,61 11,03 11,41 11,76 12,10 12,21 12,31 12,50 12,77 13,02 13,23 13,37 13,53 13,60 13,68 23 11,14 11,55 11,96 12,29 12,63 12,73 12,84 13,07 13,26 13,53 13,74 13,93 14,08 14,15 14,19 Plus de trabajo de modificación de la demanda noche. Obreros (Euros por hora. Importes Brutos)  Niveles Agr. 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 6,18 6,39 6,62 6,81 6,90 6,96 7,01 7,18 7,31 7,53 7,71 7,84 7,94 8,02 8,04 40 6,41 6,61 6,86 7,04 7,13 7,19 7,25 7,40 7,58 7,79 7,99 8,09 8,19 8,29 8,32 43 6,59 6,84 7,08 7,28 7,37 7,44 7,50 7,67 7,83 8,08 8,21 8,36 8,48 8,56 8,61 45 6,83 7,05 7,31 7,54 7,61 7,67 7,72 7,91 8,09 8,31 8,51 8,63 8,78 8,84 8,88 50 7,23 7,53 7,75 8,02 8,10 8,15 8,20 8,40 8,55 8,82 9,01 9,18 9,30 9,39 9,44 55 8,51 8,83 9,14 9,38 9,50 9,58 9,66 9,91 10,09 10,39 10,62 10,80 10,94 11,05 11,08 60 8,93 9,23 9,52 9,63 9,93 10,06 10,18 10,36 10,57 10,89 11,07 11,29 11,42 11,51 11,60 65 9,15 9,51 9,72 10,13 10,44 10,55 10,66 10,90 11,08 11,41 11,65 11,79 11,95 12,07 12,10 70 9,25 9,63 9,90 10,22 10,62 10,70 10,79 10,99 11,22 11,48 11,71 11,91 12,06 12,09 12,20 Empleados Niveles Agr. 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 6,18 6,39 6,62 6,81 6,90 6,96 7,01 7,18 7,31 7,53 7,71 7,84 7,94 8,02 8,04 02 6,41 6,61 6,86 7,04 7,13 7,19 7,25 7,40 7,58 7,79 7,99 8,09 8,19 8,29 8,32 2A 6,59 6,84 7,08 7,28 7,37 7,44 7,50 7,67 7,83 8,08 8,21 8,36 8,48 8,56 8,61 03 6,83 7,05 7,31 7,54 7,61 7,67 7,72 7,91 8,09 8,31 8,51 8,63 8,78 8,84 8,88 04 7,23 7,53 7,75 8,02 8,10 8,15 8,20 8,40 8,55 8,82 9,01 9,18 9,30 9,39 9,44 05 8,22 8,54 8,85 9,14 9,26 9,33 9,39 9,56 9,81 10,07 10,27 10,46 10,62 10,69 10,78 07 8,51 8,83 9,14 9,38 9,50 9,58 9,66 9,91 10,09 10,39 10,62 10,80 10,94 11,05 11,08 09 8,71 8,99 9,29 9,43 9,68 9,81 9,92 10,09 10,31 10,58 10,88 11,00 11,11 11,28 11,34 11 8,93 9,23 9,52 9,63 9,93 10,06 10,18 10,36 10,57 10,89 11,07 11,29 11,42 11,51 11,60 13 9,15 9,51 9,72 10,13 10,44 10,55 10,66 10,90 11,08 11,41 11,65 11,79 11,95 12,07 12,10 15 9,47 9,91 10,13 10,47 10,89 10,98 11,07 11,28 11,49 11,79 12,02 12,20 12,34 12,37 12,55 17 9,83 10,09 10,51 10,90 11,28 11,25 11,23 11,44 11,64 11,95 12,11 12,31 12,43 12,57 12,61 19 10,26 10,68 11,07 11,46 11,81 11,81 11,81 11,98 12,23 12,48 12,70 12,95 13,02 13,15 13,22 21 11,23 11,66 12,09 12,42 12,80 12,77 12,72 12,97 13,19 13,43 13,67 13,83 14,00 14,06 14,13 23 11,79 12,22 12,65 13,02 13,32 13,29 13,28 13,44 13,64 13,95 14,13 14,31 14,45 14,55 14,59 Tabla número 24 Valor por punto Prima de Resultados para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia Importes Brutos Niveles Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37/01 6,29 6,48 6,63 7,01 7,01 7,01 7,06 7,12 7,21 7,30 7,42 7,52 7,59 7,64 7,69 7,73 40 / 02 6,31 6,52 6,67 7,07 7,07 7,07 7,12 7,18 7,28 7,37 7,49 7,59 7,66 7,73 7,77 7,81 43 / 2A 6,34 6,55 6,71 7,11 7,11 7,11 7,17 7,23 7,33 7,43 7,55 7,66 7,73 7,79 7,84 7,89 45 / 03 6,37 6,59 6,75 7,17 7,17 7,17 7,23 7,29 7,40 7,49 7,62 7,73 7,81 7,87 7,92 7,97 50 / 04 6,42 6,65 6,82 7,27 7,27 7,27 7,34 7,40 7,51 7,62 7,75 7,87 7,95 8,02 8,08 8,12 Resto agrupaciones 6,59 6,86 7,06 7,59 7,59 7,59 7,66 7,73 7,87 7,99 8,15 8,29 8,39 8,46 8,53 8,59 Tabla número 25 Valor por punto Prima de Resultados para el centro de trabajo de Madrid. Obreros Importes Brutos Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 37 6,69 6,81 6,87 6,99 7,11 7,16 40 6,74 6,86 6,92 7,04 7,17 7,22 43 6,78 6,90 6,96 7,09 7,22 7,28 45 6,82 6,95 7,01 7,14 7,28 7,34 50 6,90 7,04 7,10 7,25 7,39 7,46 55 7,15 7,31 7,39 7,55 7,73 7,80 60 7,31 7,48 7,65 7,73 7,89 7,97 65 7,73 7,80 7,89 7,97 8,06 8,13 70 7,76 7,92 8,08 8,24 8,40 8,56 Valor por punto Prima de Resultados para el centro de trabajo de Madrid. Empleados Importes Brutos Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 01 6,66 6,80 6,94 7,08 7,22 7,36 02 6,71 6,85 7,00 7,14 7,28 7,43 2A 6,74 6,89 7,04 7,19 7,34 7,49 03 6,79 6,94 7,09 7,25 7,40 7,56 04 6,87 7,03 7,19 7,36 7,52 7,69 05 6,90 7,08 7,26 7,44 7,62 7,81 07 7,11 7,30 7,49 7,68 7,88 8,07 09 7,30 7,49 7,68 7,86 8,05 8,24 11 7,48 7,66 7,84 8,02 8,20 8,38 13 7,65 7,82 7,98 8,15 8,31 8,47 15 7,73 7,88 8,04 8,20 8,36 8,52 17 7,80 7,95 8,11 8,26 8,41 8,56 19 7,94 8,08 8,22 8,35 8,49 8,63 21 8,07 8,19 8,31 8,44 8,56 8,68 23 8,47 8,51 8,56 8,60 8,64 8,73  Tabla número 26 Valor máximo Prima de Resultados para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia Importes Brutos Niveles Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37/01 1.207,68 1.244,16 1.272,96 1.345,92 1.345,92 1.345,92 1.355,52 1.367,04 1.384,32 1.401,60 1.424,64 1.443,84 1.457,28 1.466,88 1.476,48 1.484,16 40 / 02 1.211,52 1.251,84 1.280,64 1.357,44 1.357,44 1.357,44 1.367,04 1.378,56 1.397,76 1.415,04 1.438,08 1.457,28 1.470,72 1.484,16 1.491,84 1.499,52 43 / 2A 1.217,28 1.257,60 1.288,32 1.365,12 1.365,12 1.365,12 1.376,64 1.388,16 1.407,36 1.426,56 1.449,60 1.470,72 1.484,16 1.495,68 1.505,28 1.514,88 45 / 03 1.223,04 1.265,28 1.296,00 1.376,64 1.376,64 1.376,64 1.388,16 1.399,68 1.420,80 1.438,08 1.463,04 1.484,16 1.499,52 1.511,04 1.520,64 1.530,24 50 / 04 1.232,64 1.276,80 1.309,44 1.395,84 1.395,84 1.395,84 1.409,28 1.420,80 1.441,92 1.463,04 1.488,00 1.511,04 1.526,40 1.539,84 1.551,36 1.559,04 Resto agrupaciones 1.265,28 1.317,12 1.355,52 1.457,28 1.457,28 1.457,28 1.470,72 1.484,16 1.511,04 1.534,08 1.564,80 1.591,68 1.610,88 1.624,32 1.637,76 1.649,28 Tabla número 27 Valor máximo Prima de Resultados para el centro de Madrid. Obreros Importes Brutos Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 37 1.284,48 1.307,52 1.319,04 1.342,08 1.365,12 1.374,72 40 1.294,08 1.317,12 1.328,64 1.351,68 1.376,64 1.386,24 43 1.301,76 1.324,80 1.336,32 1.361,28 1.386,24 1.397,76 45 1.309,44 1.334,40 1.345,92 1.370,88 1.397,76 1.409,28 50 1.324,80 1.351,68 1.363,20 1.392,00 1.418,88 1.432,32 55 1.372,80 1.403,52 1.418,88 1.449,60 1.484,16 1.497,60 60 1.403,52 1.436,16 1.468,80 1.484,16 1.514,88 1.530,24 65 1.484,16 1.497,60 1.514,88 1.530,24 1.547,52 1.560,96 70 1.489,92 1.520,64 1.551,36 1.582,08 1.612,80 1.643,52 Valor máximo Prima de Resultados para el centro de trabajo de Madrid. Empleados Importes Brutos Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 01 1.278,72 1.305,60 1.332,48 1.359,36 1.386,24 1.413,12 02 1.288,32 1.315,20 1.344,00 1.370,88 1.397,76 1.426,56 2A 1.294,08 1.322,88 1.351,68 1.380,48 1.409,28 1.438,08 03 1.303,68 1.332,48 1.361,28 1.392,00 1.420,80 1.451,52 04 1.319,04 1.349,76 1.380,48 1.413,12 1.443,84 1.476,48 05 1.324,80 1.359,36 1.393,92 1.428,48 1.463,04 1.499,52 07 1.365,12 1.401,60 1.438,08 1.474,56 1.512,96 1.549,44 09 1.401,60 1.438,08 1.474,56 1.509,12 1.545,60 1.582,08 11 1.436,16 1.470,72 1.505,28 1.539,84 1.574,40 1.608,96 13 1.468,80 1.501,44 1.532,16 1.564,80 1.595,52 1.626,24 15 1.484,16 1.512,96 1.543,68 1.574,40 1.605,12 1.635,84 17 1.497,60 1.526,40 1.557,12 1.585,92 1.614,72 1.643,52 19 1.524,48 1.551,36 1.578,24 1.603,20 1.630,08 1.656,96 21 1.549,44 1.572,48 1.595,52 1.620,48 1.643,52 1.666,56 23 1.626,24 1.633,92 1.643,52 1.651,20 1.658,88 1.676,16 Tabla número 28 Valor mínimo Prima de Resultados para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia Importes Brutos Niveles Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37/01 292,45 313,99 330,05 372,06 372,06 372,06 377,91 383,76 394,43 404,23 417,21 428,07 435,59 441,86 447,30 451,68 40 / 02 295,15 317,73 334,23 377,92 377,92 377,92 383,97 390,05 401,11 411,14 424,31 435,60 443,34 450,22 455,43 459,84 43 / 2A 298,53 321,06 338,64 383,36 383,36 383,36 389,84 396,08 407,37 418,05 431,63 443,34 451,49 458,18 463,79 468,62 45 / 03 301,20 325,26 342,81 388,79 388,79 388,79 395,67 402,36 414,28 424,52 438,95 451,07 459,23 466,10 471,96 476,98 50 / 04 307,07 332,36 351,18 400,27 400,27 400,27 407,37 414,48 427,02 438,11 453,35 466,10 475,09 482,42 489,10 493,68 Resto agrupaciones 325,26 354,71 376,86 434,96 434,96 434,96 443,12 451,26 465,91 479,27 497,23 512,28 522,73 531,32 538,82 544,90 Tabla número 29 Valor mínimo Prima de Resultados para el centro de trabajo de Madrid. Obreros Importes Brutos Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 37 337,16 350,33 356,39 369,55 383,36 388,99 40 341,97 355,35 361,81 375,20 389,20 395,05 43 346,35 360,16 366,84 380,63 395,67 401,75 45 350,73 365,17 372,08 386,49 401,94 408,02 50 359,93 375,41 382,52 397,58 413,88 420,53 55 387,13 405,07 413,42 431,23 450,64 458,37 60 405,07 423,27 441,44 450,64 468,41 476,77 65 450,64 458,37 468,41 476,77 486,79 494,54 70 453,57 471,54 488,67 506,68 524,02 541,57 Valor mínimo Prima de Resultados para el centro de trabajo de Madrid. Empleados Importes Brutos Claves Agrupación 1 2 3 4 5 6 01 333,88 349,23 364,52 379,81 395,21 410,55 02 338,27 354,12 369,97 385,81 401,74 417,60 2A 342,70 359,08 375,43 391,79 408,26 424,67 03 347,10 364,00 380,91 397,79 414,80 431,71 04 355,91 373,89 391,81 409,78 427,83 445,80 05 359,28 379,29 399,24 419,13 439,13 459,01 07 382,36 403,48 424,59 445,71 466,95 488,09 09 403,84 424,27 444,79 465,25 485,90 506,31 11 423,65 443,30 462,97 482,54 502,19 521,83 13 441,98 460,13 478,22 496,40 514,45 532,59 15 450,41 467,79 485,10 502,45 519,72 537,12 17 458,87 475,42 491,99 508,49 525,04 541,60 19 474,24 489,24 504,22 519,24 534,19 549,28 21 487,99 501,57 515,03 528,44 541,89 555,49 23 532,48 536,96 541,60 546,15 550,75 560,20 Tabla número 30 Compensación por cambio de régimen de turnos a turno especial de fin de semana y festivos (Euros por Sábado y Domingo trabajado. Importes Brutos) Obreros  Agr. Niveles 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 82,46 82,46 86,63 93,93 93,93 93,93 94,98 96,02 97,06 100,19 103,32 105,41 107,49 108,53 109,59 110,63 40 85,59 85,59 88,72 97,06 97,06 97,06 98,10 99,15 101,24 103,32 106,45 109,59 110,63 112,71 113,77 114,81 43 88,72 88,72 91,84 100,19 100,19 100,19 101,24 102,27 104,36 106,45 110,63 112,71 114,81 115,86 117,94 117,94 45 90,81 90,81 94,98 103,32 103,32 103,32 104,36 105,41 107,49 110,63 113,77 115,86 118,98 120,04 121,08 122,13 50 97,06 97,06 101,24 109,59 109,59 109,59 110,63 111,68 113,77 116,90 121,08 123,16 126,30 127,34 128,38 129,42 55 113,77 113,77 118,98 128,38 128,38 128,38 130,47 131,52 134,64 137,78 141,96 145,08 148,22 150,30 151,34 152,39 60 120,04 120,04 124,21 128,38 129,42 133,60 135,69 136,73 139,86 143,00 146,13 150,30 152,39 154,47 155,51 156,56 65 123,16 123,16 128,38 131,52 136,73 140,91 143,00 144,04 147,17 150,30 153,43 156,56 159,69 160,74 162,83 163,87 70 128,38 128,38 133,60 136,73 141,96 146,13 148,22 149,25 152,39 155,51 158,66 161,78 164,91 165,95 167,00 169,09 Empleados   N i v e l e s Agr. 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 82,46 82,46 86,63 93,93 93,93 93,93 94,98 96,02 97,06 100,19 103,32 105,41 107,49 108,53 109,59 110,63 02 85,59 85,59 88,72 97,06 97,06 97,06 98,10 99,15 101,24 103,32 106,45 109,59 110,63 112,71 113,77 114,81 2A 88,72 88,72 91,84 100,19 100,19 100,19 101,24 102,27 104,36 106,45 110,63 112,71 114,81 115,86 117,94 117,94 03 90,81 90,81 94,98 103,32 103,32 103,32 104,36 105,41 107,49 110,63 113,77 115,86 118,98 120,04 121,08 122,13 04 97,06 97,06 101,24 109,59 109,59 109,59 110,63 111,68 113,77 116,90 121,08 123,16 126,30 127,34 128,38 129,42 07 113,77 113,77 118,98 128,38 128,38 128,38 130,47 131,52 134,64 137,78 141,96 145,08 148,22 150,30 151,34 152,39 11 120,04 120,04 124,21 128,38 129,42 133,60 135,69 136,73 139,86 143,00 146,13 150,30 152,39 154,47 155,51 156,56 13 123,16 123,16 128,38 131,52 136,73 140,91 143,00 144,04 147,17 150,30 153,43 156,56 159,69 160,74 162,83 163,87 15 128,38 128,38 133,60 136,73 141,96 146,13 148,22 149,25 152,39 155,51 158,66 161,78 164,91 165,95 167,00 169,09 17 132,56 132,56 136,73 141,96 147,17 152,39 153,43 154,47 157,61 160,74 163,87 167,00 170,12 171,17 173,27 174,31 19 138,81 138,81 144,04 150,30 154,47 159,69 160,74 162,83 164,91 168,04 172,22 175,35 177,44 179,53 180,56 181,61 Plus turno fijo de noche normal (Euros por hora. Importes Brutos) Obreros Agr. N i v e l e s 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 1.56 1.61 1.68 1.81 1.81 1.81 1.82 1.83 1.86 1.91 1.98 2.00 2.05 2.06 2.10 2.11 40 1.61 1.69 1.75 1.89 1.89 1.89 1.91 1.92 1.93 2.00 2.03 2.07 2.11 2.12 2.14 2.15 43 1.66 1.73 1.80 1.93 1.93 1.93 1.94 1.95 1.99 2.05 2.12 2.13 2.18 2.20 2.24 2.25 45 1.72 1.78 1.86 2.00 2.00 2.00 2.02 2.03 2.05 2.11 2.15 2.19 2.28 2.29 2.30 2.31 50 1.84 1.90 1.98 2.11 2.11 2.11 2.12 2.14 2.17 2.25 2.30 2.36 2.41 2.43 2.45 2.46 55 2.13 2.20 2.30 2.48 2.48 2.48 2.49 2.51 2.57 2.65 2.73 2.76 2.82 2.84 2.89 2.91 60 2.28 2.36 2.42 2.48 2.48 2.57 2.61 2.65 2.69 2.74 2.81 2.84 2.91 2.93 2.95 2.96 65 2.30 2.41 2.47 2.51 2.64 2.72 2.74 2.75 2.81 2.84 2.92 2.96 3.01 3.04 3.07 3.08 70 2.39 2.47 2.54 2.64 2.72 2.81 2.83 2.84 2.89 2.94 3.01 3.07 3.09 3.15 3.15 3.18 Empleados Agr. N i v e l e s 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 1.56 1.61 1.68 1.81 1.81 1.81 1.82 1.83 1.86 1.91 1.98 2.00 2.05 2.06 2.10 2.11 02 1.61 1.69 1.75 1.89 1.89 1.89 1.91 1.92 1.93 2.00 2.03 2.07 2.11 2.12 2.14 2.15 2A 1.66 1.73 1.80 1.93 1.93 1.93 1.94 1.95 1.99 2.05 2.12 2.13 2.18 2.20 2.24 2.25 03 1.72 1.78 1.86 2.00 2.00 2.00 2.02 2.03 2.05 2.11 2.15 2.19 2.28 2.29 2.30 2.31 04 1.84 1.90 1.98 2.11 2.11 2.11 2.12 2.14 2.17 2.25 2.30 2.36 2.41 2.43 2.45 2.46 05 2.10 2.16 2.25 2.32 2.40 2.42 2.44 2.45 2.48 2.53 2.61 2.68 2.72 2.74 2.76 2.78 07 2.13 2.20 2.30 2.48 2.48 2.48 2.49 2.51 2.57 2.65 2.73 2.76 2.82 2.84 2.89 2.91 09 2.19 2.30 2.39 2.44 2.46 2.50 2.53 2.54 2.64 2.68 2.74 2.79 2.83 2.85 2.89 2.91 11 2.28 2.36 2.42 2.48 2.48 2.57 2.61 2.65 2.69 2.74 2.81 2.84 2.91 2.93 2.95 2.96 13 2.30 2.41 2.47 2.51 2.64 2.72 2.74 2.75 2.81 2.84 2.92 2.96 3.01 3.04 3.07 3.08 15 2.39 2.47 2.54 2.64 2.72 2.81 2.83 2.84 2.89 2.94 3.01 3.07 3.09 3.15 3.15 3.18 17 2.45 2.53 2.64 2.73 2.81 2.89 2.91 2.93 2.96 3.03 3.09 3.15 3.19 3.24 3.25 3.28 19 2.57 2.68 2.76 2.84 2.94 3.02 3.05 3.07 3.11 3.18 3.24 3.30 3.34 3.35 3.36 3.40 21 2.78 2.89 2.96 3.07 3.15 3.24 3.28 3.30 3.34 3.36 3.45 3.52 3.56 3.60 3.62 3.63 23 2.91 3.01 3.09 3.21 3.30 3.35 3.38 3.41 3.45 3.54 3.60 3.64 3.70 3.73 3.75 3.77 Plus turno fijo de noche festivo (Euros por hora. Importes Brutos) Obreros Agr. Niveles 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 4.89 5.05 5.26 5.72 5.72 5.72 5.78 5.84 5.96 6.08 6.27 6.41 6.52 6.60 6.66 6.72 40 5.05 5.24 5.45 5.91 5.91 5.91 5.98 6.04 6.13 6.28 6.47 6.64 6.75 6.86 6.91 6.93 43 5.22 5.39 5.63 6.11 6.11 6.11 6.18 6.23 6.35 6.48 6.72 6.87 6.98 7.06 7.11 7.16 45 5.37 5.57 5.83 6.28 6.28 6.28 6.36 6.43 6.54 6.73 6.93 7.07 7.21 7.29 7.37 7.39 50 5.74 5.94 6.16 6.68 6.68 6.68 6.77 6.85 6.95 7.11 7.35 7.51 7.64 7.77 7.84 7.87 55 6.74 6.96 7.26 7.88 7.88 7.88 7.97 8.05 8.19 8.36 8.64 8.86 9.00 9.10 9.18 9.25 60 7.11 7.37 7.62 7.87 7.93 8.18 8.26 8.34 8.51 8.72 8.92 9.09 9.25 9.37 9.44 9.47 65 7.22 7.53 7.87 8.04 8.30 8.56 8.68 8.78 8.94 9.10 9.34 9.51 9.66 9.76 9.87 9.94 70 7.47 7.84 8.14 8.33 8.62 8.92 9.00 9.08 9.24 9.42 9.65 9.86 9.99 10.07 10.15 10.22 Empleados Agr. Niveles 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 4.89 5.05 5.26 5.72 5.72 5.72 5.78 5.84 5.96 6.08 6.27 6.41 6.52 6.60 6.66 6.72 02 5.05 5.24 5.45 5.91 5.91 5.91 5.98 6.04 6.13 6.28 6.47 6.64 6.75 6.86 6.91 6.93 2A 5.22 5.39 5.63 6.11 6.11 6.11 6.18 6.23 6.35 6.48 6.72 6.87 6.98 7.06 7.11 7.16 03 5.37 5.57 5.83 6.28 6.28 6.28 6.36 6.43 6.54 6.73 6.93 7.07 7.21 7.29 7.37 7.39 04 5.74 5.94 6.16 6.68 6.68 6.68 6.77 6.85 6.95 7.11 7.35 7.51 7.64 7.77 7.84 7.87 05 6.54 6.84 7.08 7.34 7.53 7.62 7.69 7.77 7.88 8.06 8.25 8.46 8.57 8.72 8.80 8.87 07 6.74 6.96 7.26 7.88 7.88 7.88 7.97 8.05 8.19 8.36 8.64 8.86 9.00 9.10 9.18 9.25 09 6.93 7.21 7.44 7.69 7.80 7.99 8.06 8.14 8.28 8.49 8.72 8.91 9.02 9.12 9.20 9.29 11 7.11 7.37 7.62 7.87 7.93 8.18 8.26 8.34 8.51 8.72 8.92 9.09 9.25 9.37 9.44 9.47 13 7.22 7.53 7.87 8.04 8.30 8.56 8.68 8.78 8.94 9.10 9.34 9.51 9.66 9.76 9.87 9.94 15 7.47 7.84 8.14 8.33 8.62 8.92 9.00 9.08 9.24 9.42 9.65 9.86 9.99 10.07 10.15 10.22 17 7.71 8.07 8.28 8.64 8.94 9.24 9.30 9.37 9.54 9.73 9.97 10.16 10.27 10.38 10.47 10.51 19 8.19 8.44 8.78 9.09 9.41 9.66 9.77 9.88 10.03 10.21 10.41 10.59 10.75 10.87 10.94 10.99 21 8.86 9.18 9.53 9.90 10.18 10.42 10.53 10.64 10.78 10.96 11.20 11.35 11.51 11.59 11.71 11.77 23 9.29 9.65 10.00 10.31 10.58 10.88 10.97 11.06 11.23 11.42 11.59 11.82 11.97 12.05 12,15 12,20 6 x 3 x 8 - Plus aprovechamiento instalaciones (sábados mañana - tarde) (Euros por hora. Importes Brutos) Obreros Agr. Niveles 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 5.56 5.81 6.04 6.54 6.54 6.54 6.61 6.68 6.84 7.00 7.21 7.38 7.53 7.63 7.71 7.76 40 5.76 5.98 6.24 6.78 6.78 6.78 6.86 6.93 7.05 7.25 7.47 7.67 7.78 7.90 8.00 8.03 43 5.96 6.20 6.44 7.00 7.00 7.00 7.07 7.14 7.30 7.48 7.72 7.90 8.05 8.15 8.23 8.28 45 6.13 6.38 6.67 7.22 7.22 7.22 7.31 7.38 7.53 7.72 7.98 8.15 8.31 8.38 8.49 8.55 50 6.50 6.78 7.08 7.70 7.70 7.70 7.79 7.86 8.01 8.19 8.44 8.65 8.83 8.95 9.04 9.10 55 7.68 8.00 8.31 9.04 9.04 9.04 9.12 9.20 9.41 9.65 9.96 10.18 10.38 10.50 10.61 10.67 60 8.13 8.43 8.74 9.00 9.12 9.39 9.51 9.63 9.81 10.02 10.30 10.49 10.66 10.80 10.90 10.98 65 8.28 8.65 9.00 9.19 9.56 9.91 10.01 10.11 10.32 10.50 10.78 11.01 11.17 11.30 11.39 11.45 70 8.55 8.97 9.35 9.56 9.95 10.30 10.39 10.47 10.66 10.89 11.14 11.35 11.53 11.68 11.72 11.83 Empleados Agr. Niveles 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 5.56 5.81 6.04 6.54 6.54 6.54 6.61 6.68 6.84 7.00 7.21 7.38 7.53 7.63 7.71 7.76 02 5.76 5.98 6.24 6.78 6.78 6.78 6.86 6.93 7.05 7.25 7.47 7.67 7.78 7.90 8.00 8.03 2A 5.96 6.20 6.44 7.00 7.00 7.00 7.07 7.14 7.30 7.48 7.72 7.90 8.05 8.15 8.23 8.28 03 6.13 6.38 6.67 7.22 7.22 7.22 7.31 7.38 7.53 7.72 7.98 8.15 8.31 8.38 8.49 8.55 04 6.50 6.78 7.08 7.70 7.70 7.70 7.79 7.86 8.01 8.19 8.44 8.65 8.83 8.95 9.04 9.10 05 7.48 7.80 8.09 8.37 8.64 8.78 8.85 8.91 9.04 9.25 9.50 9.74 9.92 10.06 10.13 10.19 07 7.68 8.00 8.31 9.04 9.04 9.04 9.12 9.20 9.41 9.65 9.96 10.18 10.38 10.50 10.61 10.67 09 7.92 8.24 8.51 8.82 8.94 9.17 9.27 9.38 9.52 9.76 10.03 10.27 10.40 10.52 10.64 10.73 11 8.13 8.43 8.74 9.00 9.12 9.39 9.51 9.63 9.81 10.02 10.30 10.49 10.66 10.80 10.90 10.98 13 8.28 8.65 9.00 9.19 9.56 9.91 10.01 10.11 10.32 10.50 10.78 11.01 11.17 11.30 11.39 11.45 15 8.55 8.97 9.35 9.56 9.95 10.30 10.39 10.48 10.66 10.89 11.14 11.35 11.53 11.68 11.72 11.87 17 8.85 9.27 9.52 9.96 10.32 10.65 10.75 10.85 11.05 11.27 11.52 11.72 11.92 12.03 12.13 12.18 19 9.41 9.72 10.12 10.49 10.86 11.18 11.29 11.40 11.58 11.83 12.07 12.29 12.47 12.59 12.72 12.79 21 10.19 10.61 11.03 11.41 11.76 12.10 12.21 12.31 12.50 12.77 13.02 13.23 13.37 13.53 13.60 13.68 23 10.73 11.14 11.55 11.96 12.29 12.63 12.73 12.84 13.07 13.26 13.53 13.74 13.93 14.08 14.15 14.19 6 x 3 x 8 - Plus aprovechamiento instalaciones (domingo noche) (Euros por hora. Importes Brutos) Obreros Agr. Niveles 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 37 7.59 7.89 8.44 8.94 8.94 8.94 9.03 9.11 9.29 9.53 9.85 10.09 10.25 10.39 10.49 10.53 40 7.85 8.16 8.74 9.22 9.22 9.22 9.34 9.44 9.63 9.88 10.17 10.41 10.59 10.77 10.85 10.94 43 8.11 8.40 9.04 9.55 9.55 9.55 9.65 9.74 9.95 10.19 10.51 10.77 10.96 11.12 11.22 11.26 45 8.34 8.71 9.33 9.87 9.87 9.87 9.98 10.08 10.28 10.50 10.85 11.11 11.31 11.45 11.58 11.65 50 8.88 9.22 9.92 10.46 10.46 10.46 10.56 10.67 10.90 11.17 11.53 11.83 12.01 12.17 12.31 12.38 55 10.45 10.86 11.65 12.31 12.31 12.31 12.44 12.58 12.84 13.17 13.57 13.93 14.16 14.35 14.49 14.55 60 11.08 11.51 11.93 12.29 12.41 12.82 12.99 13.14 13.36 13.67 14.06 14.34 14.55 14.74 14.90 14.98 65 11.28 11.79 12.28 12.56 13.08 13.50 13.65 13.81 14.10 14.35 14.71 15.02 15.25 15.42 15.55 15.63 70 11.68 12.21 12.78 13.09 13.56 14.06 14.18 14.30 14.54 14.83 15.21 15.51 15.74 15.91 16.01 16.13 Empleados Agr. Niveles 1 2 3 4 5 6 6S 7 8 9 10 11 12 13 14 15 01 7.59 7.89 8.44 8.94 8.94 8.94 9.03 9.11 9.29 9.53 9.85 10.09 10.25 10.39 10.49 10.53 02 7.85 8.16 8.74 9.22 9.22 9.22 9.34 9.44 9.63 9.88 10.17 10.41 10.59 10.77 10.85 10.94 2A 8.11 8.40 9.04 9.55 9.55 9.55 9.65 9.74 9.95 10.19 10.51 10.77 10.96 11.12 11.22 11.26 03 8.34 8.71 9.33 9.87 9.87 9.87 9.98 10.08 10.28 10.50 10.85 11.11 11.31 11.45 11.58 11.65 04 8.88 9.22 9.92 10.46 10.46 10.46 10.56 10.67 10.90 11.17 11.53 11.83 12.01 12.17 12.31 12.38 05 10.17 10.63 11.05 11.43 11.76 11.93 12.03 12.13 12.31 12.63 13.00 13.30 13.53 13.69 13.85 13.94 07 10.45 10.86 11.65 12.31 12.31 12.31 12.44 12.58 12.84 13.17 13.57 13.93 14.16 14.35 14.49 14.55 09 10.77 11.21 11.58 12.00 12.17 12.50 12.66 12.79 13.04 13.32 13.68 14.02 14.19 14.40 14.52 14.61 11 11.08 11.51 11.93 12.29 12.41 12.82 12.99 13.14 13.36 13.67 14.06 14.34 14.55 14.74 14.90 14.98 13 11.28 11.79 12.28 12.56 13.08 13.50 13.65 13.81 14.10 14.35 14.71 15.02 15.25 15.42 15.55 15.63 15 11.68 12.21 12.78 13.09 13.56 14.06 14.19 14.31 14.54 14.83 15.20 15.51 15.74 15.91 16.03 16.14 17 12.05 12.69 13.04 13.57 14.10 14.53 14.66 14.78 15.06 15.35 15.70 16.04 16.26 16.42 16.53 16.67 19 12.84 13.27 13.83 14.35 14.82 15.28 15.42 15.56 15.83 16.12 16.47 16.79 17.01 17.19 17.31 17.41 21 13.93 14.49 15.06 15.57 16.08 16.49 16.65 16.82 17.06 17.35 17.74 18.04 18.25 18.42 18.54 18.65 23 14.61 15.20 15.75 16.30 16.79 17.21 17.35 17.49 17.77 18.09 18.42 18.71 18.97 19.15 19.25 19.35 Tabla número 35 Plus turno fijo tarde para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Obreros Euros por día natural (ocho horas). Importes Brutos Agrupaciones Todos los niveles Grupo obrero. 3,2877 Tabla número 36   Plus turno fijo tarde para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia. Empleados Euros mes. Importes Brutos Agrupaciones Todos los niveles Grupo técnico/administrativo 100,00 ANEXO V Prima de incentivo a la productividad Establecimiento de prima fija. Se acuerda establecer un importe fijo de la prima, en la cuantía y condiciones que figuran a continuación. Este acuerdo supone la inoperatividad, en buena parte, del estatuto de la prima regulado en el presente anexo V de los Convenios precedentes, por lo que no se incluirá su contenido en lo sucesivo, si bien se aplicará supletoriamente, estando, en todo caso, a los principios que lo informaron en cuanto se refiere a la naturaleza de la prima, su carácter colectivo pero percibo ligado al trabajo real, la actividad media en la Empresa, etc. La tabla correspondiente figura en el anexo IV, tablas de retribución. (Tablas números 19 y 20). ANEXO VI Reglamento para la promoción de la iniciativa y la creatividad Artículo 1. Definición. Se entiende por sugerencia toda idea de progreso emitida en el marco del presente reglamento, que mejore los productos, los servicios y los procesos de trabajo, en las materias no excluidas en el artículo 3 del presente reglamento. Artículo 2. Autor. Se considera autor al individuo o colectivo que figure como emisor de la idea original y que sea debidamente registrada. Pueden acogerse a este sistema todos los trabajadores de Renault España, S.A., incluidos en el ámbito personal del Convenio Colectivo, con excepción del personal que desempeñe cargo de categoría de mando superior. Las sugerencias presentadas por Unidades Elementales de Trabajo, Grupos de Producción y otros grupos formalmente establecidos que sean expresamente reconocidos a tal efecto por la Empresa, serán valoradas según los criterios que más delante se exponen. Artículo 3. Materias. Pueden aportarse ideas sobre cualquier materia, que a título descriptivo pero no limitativo puede ser: calidad, productividad, plazos, costes, energía, mejora administrativa, mantenimiento, condiciones de trabajo, etc. No se aceptarán, sin embargo, sugerencias relativas a contratos de trabajo, (salarios, categorías y niveles profesionales, y demás materias propias de la negociación colectiva), contratación de la Empresa con terceros o interpretación y aplicación de disposiciones legales, así como la corrección de simples errores o del incumplimiento de normas o criterios ya vigentes. Las sugerencias relacionadas con las atribuciones normales del autor se evaluarán de acuerdo con el coeficiente de relación que se establece en el artículo 12 del presente reglamento. Cuando un trabajo, que potencialmente pueda producir sugerencias, sea asignado a una persona o colectivo, las innovaciones o modificaciones que éstos originen podrán no ser consideradas sugerencias, si así lo declara su línea jerárquica. Artículo 4. Requisitos y condiciones. Para la aceptación de una sugerencia es necesario, además de lo establecido en los artículos anteriores, que: – Sea original, es decir, que aporte una novedad respecto a las soluciones existentes en su lugar de aplicación. No se considerarán originales las sugerencias que versen sobre materias en estudio, procedimientos en curso de aplicación, ni cuando se haya decidido ya su no aplicación. – Contenga explícitamente la manera de poder aplicarla y reúna las condiciones siguientes: a) Garantía de ser rentable su aplicación. b) Incremento de la eficacia productiva y competitiva. c) Aplicable sin riesgo para el personal. d) Sin efecto negativo sobre la calidad, presentación y características de los productos e imagen de Empresa. e) Presentada con posterioridad al acuerdo de comercialización. Artículo 5. Propiedad de la sugerencia. Todas las sugerencias presentadas quedarán en propiedad de la Empresa. Artículo 6. Sugerencias transferibles. El Servicio Técnico de Sugerencias de Factoría (o unidad equivalente) identificará las mejores sugerencias transferibles, con la ayuda del Comité de Sugerencias respectivo y las remitirá al servicio técnico central. Artículo 7. Campañas. La Dirección de la factoría (o unidad equivalente) podrá lanzar campañas, sobre los ejes de progreso, que inviten a participar a todo el personal con sus ideas de mejora. CAPÍTULO II Organización y tratamiento Artículo 8. Presentación. El autor entregará la sugerencia, en el impreso establecido para ello, a su primer nivel jerárquico que acusará su recepción indicando la fecha y hora en que le ha sido presentada la idea. Si el autor tuviese alguna dificultad en cumplimentar el impreso podrá dirigirse a su mando o al responsable de sugerencias del Departamento o Área, que le prestarán la ayuda necesaria. El mando inmediato es determinante de los objetivos obtenidos por el sistema de sugerencias en el sector de su responsabilidad. Debe hacer progresar constantemente la calidad de las sugerencias, realizando una función permanente de información, animación, asistencia a la formulación y a la aplicación de las sugerencias, así como las observaciones que se precisen para su mejor comprensión. El mando inmediato efectuará un primer análisis de la sugerencia y enviará la documentación al Servicio Técnico de Sugerencias, entregando una copia al autor. Artículo 9. Comités de Departamento o Área. Una vez registrada en el Servicio Técnico de Sugerencias, se analizará en los Comités de Departamento o área para el estudio de las sugerencias, que estarán constituidos, como mínimo por: ‒ Un representante del Departamento o Área (responsable de sugerencias). ‒ Un representante de los Servicios de Métodos, (en los Comités de Departamento o área de factoría). ‒ Un representante del Servicio Técnico de Sugerencias que actuará como secretario de las reuniones. ‒ Los colaboradores o expertos que se precisen en cada caso. Estos Comités deciden: a) Aceptar las sugerencias. b) Rechazar la sugerencia, informando al autor de los aspectos por los que no ha sido aceptada su idea. c) Proponer la realización de un estudio complementario. d) Fijar las recompensas que correspondan. Cuando la sugerencia precise de un análisis complementario se remitirá al servicio competente (métodos, estudios, calidad, personal, etc.). Este servicio la estudiará y propondrá a los Comités de Departamento o área su aceptación o rechazo. En todo momento el autor será informado por su línea jerárquica de los trámites que sigue su sugerencia. Las decisiones o acuerdos de estos Comités son ejecutivos e inapelables. Artículo 10. Comité de Sugerencias de la factoría o unidad equivalente. El Comité de Sugerencias estará compuesto por: ‒ El Responsable del Servicio de Recursos Humanos en representación de la Dirección, que actuará como presidente. ‒ Un representante de cada Departamento de la Factoría (o unidad equivalente). ‒ Un representante del Servicio Técnico de Sugerencias, que realizará las funciones de secretario. ‒ Tres representantes de los trabajadores. Se reunirá una vez al mes, con las siguientes funciones: ‒ Informar sobre el reparto del fondo de sugerencias. ‒ Conocer las sugerencias más significativas y las más importantes que puedan ser transferidas a otras factorías (o unidades equivalentes). ‒ Asegurar el seguimiento regular de las sugerencias a partir del tablero de bordo. ‒ Vigilar el buen funcionamiento del sistema y la adecuación de los medios al desarrollo de las sugerencias. ‒ Formular todo tipo de propuestas que tiendan a favorecer la animación y mejora del sistema. ‒ Opinar sobre las campañas de sugerencias que se establezcan. En el caso del Comité de Factoría del centro de Valladolid se organizará de tal modo que, con las mismas funciones recogidas anteriormente, puedan tratarse de manera diferenciada los temas correspondientes a: Carrocería-Montaje, Motores y Direcciones Centrales, como integrantes del referido centro de trabajo. CAPÍTULO III Reconocimientos Artículo 11. Reconocimiento personal. La participación del personal en el sistema de sugerencias se tendrá en cuenta para su desarrollo profesional y su plan de formación. La Dirección visitará el lugar de aplicación de las mejores sugerencias y podrá establecer anualmente viajes profesionales a exposiciones, salones, ferias, etc., tanto nacionales como internacionales. Las mejores aportaciones se difundirán a través de los medios de comunicación internos. Sugerencias del mes. Cada mes la factoría (o unidad equivalente) seleccionará y reconocerá, a través de los medios de comunicación internos, la sugerencia o sugerencias que, por el esfuerzo creativo o por el carácter innovador de las ideas, se hagan acreedoras de dicho reconocimiento. Mejores sugerencias del año. Cada año la factoría (o unidad equivalente) seleccionará y reconocerá sus «mejores sugerencias» según los criterios de: calidad, costos, plazos y condiciones de trabajo. Artículo 12. Reconocimiento económico. El Comité de Departamento o área analizará la sugerencia y decidirá sobre su aceptación. Las ideas aplicadas de un autor, cada año, le permitirán tener derecho a la prima de participación del Fondo de Sugerencias, según el nivel de participación. Después de aplicada la sugerencia y comprobados los resultados, cada autor recibe un premio cuyo valor se determinará según las modalidades siguientes: a) Sugerencias cifrables. Al autor se le destinará como premio el importe correspondiente a un cuarto del ahorro neto anual producido para las sugerencias cuyo periodo de aplicación es superior a un año. Para las sugerencias que tengan un periodo de aplicación igual o inferior a un año, el premio para el autor y para el fondo se calcularán sobre el 50 por ciento del ahorro neto generado, para el autor la cuarta parte y para el fondo bruto las tres cuartas partes. No obstante, si por aplicación de los criterios anteriores se superase la cantidad de 3.700 euros, se aplicará esta cantidad como tope máximo. Se entiende por ahorro neto, la cuantía resultante una vez descontados los gastos que se realicen para la aplicación de la sugerencia. En caso de necesitarse una inversión se descontará la parte correspondiente, de acuerdo con el sistema de amortización de inversiones de la Empresa. Las sugerencias transferibles a otras factorías (o unidades equivalentes) de Renault España, S.A., si son aplicadas en las mismas, serán valoradas en ellas y premiado su autor de acuerdo con el presente reglamento. La suma total de todos los premios a percibir por una misma sugerencia no podrá sobrepasar el límite establecido en los párrafos anteriores. b) Sugerencias no cifrables. El premio al autor se evalúa mediante un baremo específico que contempla los criterios de: mejora de la calidad, ahorro, facilidad de aplicación, relación gasto/beneficio, facilidad que introduce en el trabajo, originalidad y nivel de presentación, etc. El valor máximo del premio no podrá exceder de 601,01 euros, incluso si la sugerencia es transferible. Las sugerencias cuyo ahorro económico no sea cifrable, no engrosarán el fondo de sugerencias. c) Disposiciones comunes a las sugerencias cifrables y no cifrables. Tanto para las sugerencias cifrables como para las no cifrables, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 1) El premio, calculado de acuerdo con los anteriores apartados, se multiplicará por el coeficiente de relación existente entre la sugerencia y las funciones o trabajo específico asignado al sugerente, según la siguiente escala: La sugerencia es la propia función. Coeficiente. 0,00 Relación muy importante con sus funciones. '' 0,05 Relación importante con sus funciones. '' 0,25 Relación media con sus funciones. '' 0,50 Relación parcial con sus funciones. '' 0,75 Ligera relación con sus funciones. '' 0,95 Ninguna relación con sus funciones. '' 1,00 El premio definitivo a percibir por el autor, será el resultado de la aplicación del coeficiente correspondiente. La aplicación del coeficiente se efectuará por el Comité de Departamento o Área, previa consulta con la línea jerárquica del autor. 2) Para el abono de los premios se precisará del V° B° de la línea jerárquica. 3) En las sugerencias presentadas por un grupo de base formalmente constituido, a los que hace referencia el artículo 2 del presente Reglamento, y siempre que las mismas supongan una acción de progreso importante, dimanante del propio grupo y con aplicación directa en su área de trabajo, el importe correspondiente se multiplicará por dos y el premio resultante se repartirá entre los miembros del grupo. La decisión de este incremento corresponde al Comité de Departamento o área, previa consulta con la línea jerárquica de los autores. Artículo 13. Modalidades de pago. El premio de las sugerencias cifrables y no cifrables será ingresado en la nómina del mes que corresponda. Circuito de tratamiento rápido En el supuesto de pequeñas ideas de progreso relativas a su área de trabajo, el mando inmediato puede decidir su aplicación y otorgar premios con el límite máximo de 12,02 euros. CAPÍTULO IV Fondo de sugerencias Artículo 14. Distribución del fondo de sugerencias. El reparto del fondo de sugerencias se efectuará por la Empresa en el primer trimestre del año siguiente. Sobre la base de un año de la economía producida por las sugerencias cifrables (ahorro bruto anual), se deducirán los gastos de aplicación de estas sugerencias obteniendo el ahorro neto anual, que sirve de base para calcular el premio para el sugerente y el fondo bruto. Se incluirá en este fondo bruto el importe correspondiente: a) En las sugerencias cifrables cuyo periodo de aplicación sea superior a un año, tres cuartas partes del ahorro neto producido por cada sugerencia en el plazo de un año, siempre que dicho importe no supere 30.100 euros, si se supera se aplicará esta cifra como tope máximo. b) De las sugerencias cifrables cuyo periodo de aplicación sea igual o inferior a un año, tres cuartas partes del 50% del ahorro neto producido por cada sugerencia, siempre que dicho importe no supere 30.100 euros, si se supera se aplicará esta cifra como tope máximo. El fondo neto anual a repartir será el resultado de deducir del fondo bruto anual los gastos de aplicación y los premios a los autores de las sugerencias «no cifrables», así como los gastos generales de animación y funcionamiento. El fondo neto será repartido en su totalidad entre los sugerentes que tengan sugerencias aplicadas. La prima máxima a percibir por autor será de 180,30 euros, la distribución y reparto del fondo se realizará según el nivel de participación. Artículo 15. En la Comisión Central de Asuntos Asistenciales que tiene como misiones específicas, entre otras, las de estudiar y hacer propuestas sobre temas de becas, bolsas para estudios, premios, etc., se incluirán dentro de sus competencias los temas de sugerencias para discutir, analizar y acordar adaptaciones al presente reglamento e interpretar y dar soluciones a problemas derivados de la aplicación del mismo, bien entendido que en ningún caso se convertirá en una 2.ª instancia o comisión de apelación. Disposiciones finales Artículo 16. Deducciones. Todas las partidas económicas se verán afectadas por las deducciones fiscales y de Seguridad Social correspondientes. Artículo 17. Vigencia. El presente Reglamento estará vigente desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024, aplicándose el mismo a las sugerencias presentadas con anterioridad a su entrada en vigor y aún no resueltas. Artículo 18. Antiguo fondo social. El antiguo fondo social será gestionado por la junta de portavoces de la Representación de los Trabajadores en el Comité Intercentros, dándole el destino de interés social que estime conveniente, siempre que no perjudique los intereses de la Empresa e informando a esta; todo ello de conformidad con las normas de utilización que se incluyen en el artículo 19 de este reglamento. La cuantía definitiva de tal fondo es la existente a la fecha de la firma del Convenio del año 1993, y a partir de dicha fecha comenzará a devengar intereses. Artículo 19. Normas de utilización del antiguo fondo social. El fondo social será gestionado por la junta de portavoces de la Representación de los Trabajadores en el Comité Intercentros de forma que los recursos económicos del mismo sean destinados a fines de interés social, tales como: a) Créditos excepcionales de «interés cero» y plazo a definir para paliar situaciones de emergencia, tales como enfermedades graves de familiares dependientes de trabajadores (cónyuges e hijos), situaciones de súbito quebranto económico derivadas de causas tales como incendio, robo, etc. y supuestos asimilables a los mencionados y estimados así por la junta de portavoces. b) Créditos de interés reducido (mínimo legal) y plazo a definir para situaciones de necesidad económica acuciante de un trabajador entendidas así por la junta de portavoces con carácter unánime. c) Becas extraordinarias para trabajadores, cónyuges o hijos de los mismos en situaciones especiales. d) Aportaciones económicas para casos de catástrofes naturales o conflictos bélicos. Estas aportaciones excepcionales serán acordadas con carácter necesariamente unánime de la junta de portavoces y en ningún caso podrán tener carácter de apoyo político o ideológico de ningún tipo, salvo la solidaridad de carácter humanitario exclusivamente. e) Aportaciones de interés social (limitadas al territorio español) en las mismas condiciones mencionadas en el párrafo d). Consideraciones generales Las aportaciones económicas del fondo social recogidas en los supuestos anteriores gozan del carácter de aprobación automática por parte de la Dirección de la Empresa. Para cualquier otra aportación no recogida en los supuestos antes citados será precisa la previa autorización de la Dirección. ANEXO VII Movilidad CAPÍTULO I Cambios de puesto de trabajo por movilidad temporal I. Consideraciones previas Las modificaciones en la legislación del automóvil y la implantación de nuevas marcas en nuestro país en un aumento de crisis económica general, están incidiendo en la tecnología, estructuras y demás aspectos organizativos de la Empresa, originando problemas de productividad y competitividad y creando desequilibrios entre los medios de producción y la mano de obra. En algunos Departamentos o Secciones se pueden producir alteraciones temporales o permanentes donde la ocupación puede bajar en ocasiones a niveles no rentables. Estas circunstancias aconsejan dar una solución racional de mutuo acuerdo entre Empresa y trabajadores a la rigidez que presenta el sistema actual con sus múltiples categorías y especialidades, siendo necesario desarrollar una normativa que regule los cambios de puesto de trabajo. Este ordenamiento, en base a lo anteriormente expuesto, entiende la Dirección de la Empresa que es, ahora, una de las soluciones para mantener e incrementar nuestro nivel de eficacia, favoreciendo así la continuidad y competitividad de nuestra Empresa. II. Consideraciones generales a) Voluntariedad. Antes de adoptar los criterios de cambio forzoso que en las presentes normas se contemplan, se agotarán las vías de la voluntariedad en los cambios y la de concursos en los casos que procedan estas modalidades, de acuerdo con las normas contenidas en la parte dispositiva. Para los cambios temporales de Valladolid a Palencia o viceversa, la Dirección de la Empresa convocará dichas plazas, a través del sistema del cambio voluntario con la mayor antelación posible. b) Antigüedad. Se considera de una forma especial la importancia de la antigüedad en los cambios forzosos entre funciones de distintas categorías de forma que estos cambios, necesariamente deben ser realizados respetando este criterio objetivo de antigüedad, según se establece en la parte dispositiva de estas normas. c) Profesionalidad. La Dirección de la Empresa declara la importancia y valoración positiva que concede a la profesionalidad. En este sentido esta normativa específica cuándo los cambios deben ser realizados dentro de la misma especialidad o especialidades análogas. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, ambas partes acuerdan las siguientes normas sobre cambios de puesto de trabajo en circunstancias especiales. III. Parte dispositiva A. Declaración inicial. Se acuerda que la Empresa en cada momento podrá realizar cambios de puesto con carácter forzoso según lo que a continuación se dispone. Igualmente se pacta la posibilidad de que los trabajadores soliciten un cambio entre los centros de trabajo de Palencia y Valladolid en las condiciones que se fija en el apartado H. B. Ámbito. El del vigente Convenio. Queda excluido de este ámbito el personal que ejerce las funciones de jefe comercial y análogas. C. Cambios de puestos de trabajo en circunstancias especiales y régimen de garantías para los trabajadores afectados. C.1 Cambios dentro del mismo grupo profesional. C.1.1 Cambios temporales de una duración considerable dentro de la misma provincia para desempeño de funciones de distinta categoría (de menor a mayor y de mayor a menor) y dentro del mismo grupo de especialidades iguales o análogas. C.1.1.1 Dentro de la misma factoría o centro de trabajo. a) Ámbito. Se designará el más moderno dentro del c. de gastos donde se dé el sobrante. b) Reclutamiento. b.1 Categorías de mando. Para los casos en que no haya sobrante en la categoría solicitada, se procederá de menor a mayor categoría a partir de la categoría de entrada y dentro de la misma especialidad o entre especialidades análogas detalladas en el cuadro I, siempre que en ellos hubiere sobrante. b.2 Resto personal. Para los casos en que no haya sobrante en la categoría solicitada, se procederá de menor a mayor categoría a partir de la categoría de entrada y dentro de la misma especialidad o entre especialidades análogas detalladas en los cuadros I y II, siempre que en ellos hubiere sobrante. Se entienden por categorías de entrada en las de: Mando. – Jefe de tercera administrativo. – Jefe de tercera técnico. – Jefe de tercera de organización. – Delineante proyectista A. – Encargado de economato. – Encargado. – Encargado de vigilancia. – Jefe de sección de tercera. – Jefe técnico de formación y perfeccionamiento de tercera. – Agente de estudios de segunda. – Agente de métodos de segunda. – Agente técnico de segunda. – Maestro segunda. Resto personal. Grupo Obrero: peón, especialista, mozo especializado de almacén. Grupo subalterno: Todas las categorías profesionales, salvo dependiente principal. Grupos técnico y administrativo: auxiliar, calcador, reproductor de planos, archivero-bibliotecario. c) Participación R.T. Información a la Representación de los Trabajadores, al mismo tiempo que al trabajador afectado, salvo casos excepcionales. C.1.1.2 De una factoría o Dirección a otra. a) Ámbito. Se designará el más moderno del Departamento donde se dé el sobrante. b) Reclutamiento. b.1 Categorías de mando. Para los casos en que no haya sobrante en la categoría solicitada se procederá de menor a mayor categoría a partir de la categoría de entrada y dentro de la misma especialidad o entre especialidades análogas detalladas en el cuadro I siempre que en ellos hubiere sobrante. b.2 Resto de personal. Para los casos en que no haya sobrante en la categoría solicitada se procederá de menor a mayor categoría a partir de la categoría de entrada y dentro de la misma especialidad o entre especialidades análogas detalladas en los cuadros I y II, siempre que en ellos hubiere sobrante. c) Participación R.T. Información con 3 días laborables de antelación a la realización del cambio a la Representación de los Trabajadores (receptora y emisora) y al trabajador afectado. C.1.2. Cambios temporales de Valladolid a Palencia y viceversa. a) Ámbito Se designará el más moderno en la Empresa del centro de gastos donde se dé el sobrante. En cada envío no podrá verse afectado más del 10 por 100 del personal de cada U.E.T., salvo que las necesidades de organización lo permitan. b) Reclutamiento. b.1 Categorías de mando. Si hay sobrante en la categoría solicitada, el más moderno de ella, del centro de gastos donde se dé el sobrante. Si no lo hubiera, se procederá de menor a mayor categoría y dentro de la misma especialidad o entre especialidades análogas detalladas en el cuadro I, siempre que en las mismas hubiera sobrante. b.2 Resto de personal. Si hay sobrante en la categoría solicitada, el más moderno de ella, del centro de gastos donde se dé el sobrante; si la categoría solicitada es especialista, tanto de ésta como de oficial de tercera, dada la movilidad entre ambas. Si no lo hubiera, se procederá de menor a mayor categoría y dentro de la misma especialidad o entre especialidades análogas detalladas en cuadros I y II, siempre que en las mismas hubiera sobrante. c) Participación R.T. Información con 5 días laborables de antelación a la realización del cambio a la Representación de los Trabajadores (receptora y emisora) y al trabajador afectado. D. Comité paritario D.1 Se constituirá un Comité paritario de representación de la Empresa y Representación de los Trabajadores, cuyas funciones serán las siguientes: a) Acuerdo y decisión sobre los cambios que impliquen cambio de grupo profesional. b) Acuerdo y decisión sobre los cambios que impliquen cambio de especialidades no consideradas como análogas en las presentes normas. c) Vigilar el cumplimiento de las presentes normas. d) Recibir información mensual numérica de personal sobrante por factorías y categorías. e) Establecer conjuntamente una tabla que contemple los distintos períodos de formación a aplicar en aquellos casos de cambios entre categorías y/o especialidades análogas que requieran un determinado plazo de formación. Ambas representaciones podrán nombrar respectivamente 2 asesores del interior de la Empresa. f) Elaborar y aprobar, a lo largo de la vigencia del presente Convenio, una normativa que regule los traslados definitivos entre provincias, en el caso de que sea necesario realizar este tipo de traslados. Si durante la vigencia del presente Convenio se planteara la necesidad de realizar traslados definitivos, este Comité tendrá la misión de informar acerca de la realización de estos cambios. D.2 En el caso de no existir acuerdo, ambas partes podrán hacer uso de sus facultades legales. E. Garantías. E.1 Garantías generales. a) El trabajador afectado por los cambios reseñados anteriormente, continuará con la categoría y nivel que tuviere consolidados en el momento del cambio, así como con la retribución correspondiente; no obstante, si el nuevo puesto fuera de categoría o nivel superiores, percibirá la retribución correspondiente a esta situación mientras dure la misma. Asimismo, seguirá percibiendo los complementos personales que tuviere y por supuesto, los pluses que en el nuevo puesto pudieran corresponderle. b) En los cambios realizados para el desempeño de funciones de distinta categoría, si ésta fuera inferior a la que ostenta el trabajador se descenderá únicamente a las de la inmediata inferior o a funciones análogas de una categoría incluida en la agrupación económica inmediatamente inferior, complementada con el cuadro III. En cuanto a la situación profesional y económica, se estará a lo dispuesto en el apartado anterior. c) El cambio de una categoría al desempeño de funciones de otra superior no podrá exceder de doce meses, transcurridos los cuales se entenderá existe una plaza de la categoría superior considerada, la cual se cubrirá por el procedimiento que corresponda. El cambio de un trabajador de una categoría determinada al desempeño de funciones de otra inferior dentro de la misma provincia, no podrá tener una duración superior a doce meses. E.2 Garantías para los cambios temporales entre Valladolid y Palencia. Además de las garantías establecidas con carácter general en estas normas, se acuerdan las siguientes: E.2.1 El tiempo máximo del cambio temporal, no rebasará los quince meses de trabajo real, según el calendario vigente en cada momento. E.2.2 El transporte del trabajador será por cuenta de la Empresa. E.2.3 Se abonará un plus de transporte proporcional a los días efectivamente trabajados en el centro de trabajo distinto del que se pertenece, de 45,08 euros mes, con independencia de cuál sea la categoría profesional del trabajador y las funciones que realice. Para aplicar la proporcionalidad se calculará cada mes el importe diario dividiendo los 45,08 euros por el número de días laborables de ese mes; en los meses de vacaciones colectivas, para dicho cálculo se considerarán éstas como laborables, excepto los sábados, aun cuando no habrá de abonarse el plus de transporte en los días de disfrute de vacaciones. Asimismo, el trabajador desplazado devengará, en función del tiempo de desplazamiento, 3 días laborables de vacaciones, al margen de las establecidas en el artículo 16 de nuestro Convenio Colectivo. Por cada período consecutivo de desplazamiento de cinco meses se devengará un día laborable de vacaciones. Estos días laborables de vacaciones se disfrutarán conforme establece el artículo 16.A).6.6.5 para los días de vacaciones de disfrute individual, debiendo disfrutarse en la Factoría de destino antes del retorno del trabajador a su Factoría de origen. Se reducirá en quince minutos (de promedio), el tiempo actual de salida de Valladolid de los autobuses. La Empresa posibilitará que los trabajadores desplazados puedan presentarse a los distintos concursos de promoción en el lugar de destino. E.2.4 Todos aquellos trabajadores que hayan agotado el plazo máximo reglamentario del cambio temporal, de una sola vez, con carácter voluntario o forzoso, no podrán verse afectados de nuevo por este tipo de cambios hasta que no haya sido afectado todo el personal de la misma categoría o análoga no incluido en la lista de inamovibles. Esta misma garantía se aplicará también a aquellos trabajadores que hayan permanecido en esta situación durante un período mínimo de ocho meses de trabajo real, según el calendario vigente en cada momento, bien de una sola vez o en sucesivas. Aquellos trabajadores que hayan sido cambiados temporalmente entre las factorías de Valladolid y Palencia y por cualquier causa se produzca suspensión del contrato de trabajo (enfermedad o accidente y excedencias), la Empresa podrá retornarles a la factoría a que se ha producido el cambio hasta cumplir el plazo máximo reglamentario de quince meses de trabajo real, según el calendario vigente en cada momento. E.2.5 La indemnización para los trabajadores del centro de trabajo de Valladolid, que acepten, con carácter definitivo la prestación del servicio en el centro de trabajo de Palencia, será de 13.222,27 euros brutos, que se abonarán de una sola vez después de suscribir el compromiso. El transporte será por cuenta de la Empresa, utilizando el medio que ésta determine. El plazo de aceptación de solicitudes, que podrán ser de todo el Complejo, se cerró el 1.8.95; la Empresa se reserva, en el caso de volver a abrirse, la no aceptación de algunos candidatos con carácter excepcional. Tales indemnizaciones se percibirán en los términos y condiciones que se regularán en el contrato que se suscriba al efecto. F. Excepciones. Están exentos de este régimen pactado de cambios y desplazamientos los siguientes casos: – Trabajadores incluidos en la lista de inamovibles. Esta lista será revisada semestralmente al objeto no sólo de evitar incrementos de la misma, sino de disminuirla en lo posible. La Comisión de Movilidad estudiará soluciones alternativas hasta su total desaparición. – Trabajadores que desempeñen puestos de carácter especial (cuadro IV). – Estarán exentos de movilidad los trabajadores que tengan 57 años o más a partir de la fecha de su cumpleaños. – Trabajadores oficialmente declarados como disminuidos de aptitud (anexo II del Convenio). – Se incluyen también como excepción los trabajadores con dictamen de los servicios médicos de Empresa que desaconseje esta movilidad. – Trabajadores legalmente excluidos de estos cambios. – Traslados disciplinarios. G. Aplicación inicial de la nueva normativa de cambios a palencia introducida desde el convenio de 1995. Las normas que anteceden sobre cambio a Palencia, introducidas desde el Convenio de 1995, se aplicarán desde la fecha de la firma de dicho Convenio, 7.6.95, sin efecto retroactivo, y únicamente a los cambios iniciados desde esa fecha. No obstante, se benefician de la reducción del tiempo de transporte, manteniendo la compensación que venían percibiendo hasta la finalización del cambio, quienes estaban en dicha fecha afectados por el mismo. A efectos de la aplicación inicial de la garantía de no retorno, se aplicará la garantía de cuatro años prevista en la regulación anterior a quienes se hayan visto afectados por cambios forzosos (o voluntarios con el régimen de incentivos de los forzosos) conforme a aquella regulación. Quienes a la firma del Convenio de 1995 tenían vigente contrato de cambio por tres o cinco años, tendrán preferencia para suscribir el compromiso de cambio definitivo, y percibir la indemnización de 13.222,27 euros, descontado de ésta la parte proporcional de la indemnización correspondiente al cambio temporal no cumplido. H. Solicitud de cambio de centro de trabajo por parte de los trabajadores. Los trabajadores podrán solicitar anualmente un cambio de centro de trabajo entre los de Valladolid y Palencia. Este cambio de centro tendrá carácter definitivo, salvo que por necesidades del servicio se aplique la movilidad forzosa fijada en este anexo. El número de trabajadores que se podrán beneficiar de esta solicitud de cambio será en torno a 60 al año durante cada uno de los años de vigencia del Convenio (240 durante toda la vigencia). Para que la solicitud de cambio de centro pueda ser atendida, será necesario que se haya producido una vacante similar en el centro de destino (cambios unidireccionales), o que haya un intercambio de trabajadores de un perfil similar entre ambos centros de trabajo (permutas). Estas movilidades deberán ser validadas por el Departamento de Recursos Humanos de ambos centros de trabajo. IV. Disposiciones aclaratorias 1. El concepto de antigüedad y modernidad se refiere a la fecha de ingreso en la Empresa. 2. Se entiende a los efectos de estas normas que en relación con la categoría de oficial de 3.ª del Grupo Obrero, la categoría de entrada es la de especialista. El paso de oficiales de 3.ª de los talleres de construcción y reparación de utillaje, mantenimiento industrial e instalaciones y mantenimiento útiles y afilado a funciones de especialista, se efectuará encuadrándoles en un trabajo análogo a su especialidad y, si fuera factible, dentro de su taller. V. Disposición final Todos los casos no contemplados en las presentes normas se regularán por la legislación aplicable. Cuadro I. Relación de especialidades del grupo empleados, según el grado de afinidad profesional, a efectos de cambio de puestos de trabajo en circunstancias especiales Especialidad solicitada Especialidades por grado de afinidad con la solicitada Grado I Grado II Agentes estudios eléctricos. Agentes estudios electrónicos. Técnicos y verificadores eléctricos. Agentes estudios electrónicos. Agentes estudios eléctricos. Técnicos y verificadores eléctricos. Resto agentes estudios. Agentes métodos. Resto de técnicos y verificadores. Agentes métodos. Resto agentes estudios. Resto verificadores. Técnicos y verificadores eléctricos. Agentes estudios eléctricos. Agentes estudios electrónicos. Resto técnicos y verificadores. Agentes métodos. Resto agentes estudios. Técnicos mantenimiento y prep. trabajo.     Técnicos organizac. y cronometraje.     Técnicos valoración.     Técnicos formación.     Técnicos seguridad.     Técnicos informática.     Técnicos laboratorio.     Resto técnicos.     Administrativos.     Chofer de camión. Chofer de autocar.   Chofer turismo. Chofer de autocar. Chofer de camión. Listero. Almacenero.   Almacenero. Listero.   Conserje. Ordenanza.   Ordenanza. Conserje.   Telefonista. Vigilantes (todos).   Vigilante. Vigilante jurado. Vigilante conductor. Vigilante jurado. Vigilante. Vigilante conductor. Vigilante conductor. Vigilante jurado (con carnet). Vigilante (con carnet). Cuadro II. Relación de especialidades del grupo obrero, según el grado de afinidad profesional, a efectos de cambio de puestos de trabajo en circunstancias especiales Especialidad solicitada Especialidades por grado de afinidad con la solicitada Grado I Grado II Afilador. Rectificador. Tornero. Ajustador. Matricero.   Albañil.     Calefactor. Fontanero.   Carpintero.     Carretillero.     Cerrajero.     Costurero.     Chapistas del automóvil. Calderero.   Eléctricos del automóvil. Eléctrico mto. métodos. Eléctrico mto. instalaciones. Eléctrico mto. instalaciones. Eléctrico mto. métodos.   Eléctrico mto. métodos. Eléctrico mto. instalaciones.   Electrónicos.     Empalmadores teléfonos. Eléctrico mto. instalaciones.   Fluidos. Mecánico mto. métodos. Mecánico mto. instalaciones. Fontanero. Tubero. Calefactor. Fresador. Punteador. Mandrinador. Gruísta.     Guarnecedor.     Mandrinador. Punteador. Fresador. Maquinista central térmica.     Matricero. Ajustador.   Mecánico del automóvil. Montaje motor. Montaje órganos. Mecánico mto. instalaciones. Mecánico mto. métodos.   Mecánico mto. maquinas de coser. Mecánico mto. métodos. Mecánico mto. instalaciones. Mecánico mto. métodos. Mecánico mto. instalaciones.   Montador útiles asientos. Montador útiles ensambles.   Montador útiles asientos-ensambles. Montador útiles pequeñas Prensas.   Montador útiles ensambles. Montador útiles asientos.   Montador útiles prensas grandes. Montador útiles prensas Pequeñas.   Montador útiles prensas pequeñas. Montador útiles prensas Grandes.   Modelista.     Oficial montaje motor. Montaje órganos.   Oficial montaje órganos. Montaje motor.   Oficial motor preparador.     Oficiales rec. maquinas. Mecánico mto. métodos.   Pintor industrial.     Pintores del automóvil.     Preparador de armario.     Punteador. Fresador. Mandrinador. Rectificador. Tornero. Fresador. Soldador. Chapista. Calderero. Tapicero.     Tornero.     Tubero. Fontanero. Calefactor. Verificador G.O. chapa. Verificador ensambles-asientos. Verificador montaje-mecánico. Verificador G.O. ensambles-asientos. Verificador ago. chapa.   Verificador G.O. guarnecido. Verificador ago. montaje-mecánico.   Verificador G.O. montaje-mecánico. Verificador ago. ensambles-asientos.   Verificador G.O. pintura. Verificador ago. chapa.   Cuadro III. Relación de categorías consideradas como inmediata inferior de aquellas que no la tienen Categoría Categoría considerada inmediata inferior  Grupo Obrero:   Agente producción 3.ª. Especialista. Mozo especializado almacén. Peón.  Grupo subalterno:   Chofer autocar. Chofer turismo. Chofer camión. Chofer turismo. Dependiente principal. Dependiente auxiliar. Listero. Auxiliar administrativo.  Grupo técnico:   Agente estudios 3.ª. Técnico 1.ª y analista 1.ª, técnico organización 1.ª, delineante 1.ª, agente seguridad 1.ª, verificador 1.ª. Agente métodos 3.ª. Técnico 1.ª y analista 1.ª, técnico organización 1.ª, delineante 1.ª, agente seguridad 1.ª, verificador 1.ª. Agente seguridad 2.ª. Auxiliar técnico producción, organización, laboratorio, calcador y verificador 3.ª. Agente técnico 3.ª. Técnico 1.ª y analista 1.ª, técnico organización 1.ª, delineante 1.ª, agente seguridad 1.ª, verificador 1.ª. Verificador 3.ª (G.T.). Auxiliar Técnico producción, Organización, Laboratorio, Calcador. Cuadro IV. Puestos a excluir de los cambios forzosos por circunstancias especiales (puestos de carácter especial) 1. Común a todas las direcciones. – Personal staff de los directores y del consejo de administración. – Secretarios/as de los Departamentos – Responsables de oficina: Un jefe técnico o administrativo por Departamento y, en casos excepcionales, 1 en algunos servicios (ejemplo de personal). 2. Dirección general-secretaria general técnica. – Personal de asesoría fiscal. – Personal de asesoría jurídica. 3. Dirección de estudios y planificación. – Personal que realiza encuestas de mercado. – Personal relacionado con Renault-Francia. 4. Dirección de asuntos sociales. – Dirección de estudios y estrategia. – Personal que elabora informes confidenciales. – Economato: compradores. – Vigilancia: Personal de oficina. – Reprografía: Personal técnico de artes gráficas (guillotina, offset y encuadernación). Personal de relaciones exteriores Equipo de estudio sistemas sociales 5. Dirección de comunicación. – Soportes Internos. 6. Dirección de compras. – Gestores de compras (jefes de sección de Valladolid). – Inspectores proveedores. 7. Dirección industrial. Motores. ‒ Jefe sección metalografía (laboratorio central). Carrocerías. ‒ Ninguno. Dirección producto. ‒ Ninguno. Factoría Palencia. ‒ Jefe laboratorio pintura. ‒ Producción: Jefe sec. Responsable de modificaciones y lanzamientos. Factoría Sevilla. ‒ Ninguno. Dirección ingeniería. ‒ Instalaciones: Personal de explotación y mantenimiento de centrales. Personal de mantenimiento de las instalaciones generales y de medios de manutención y transporte. Personal de proyectos, facturación y control de obras e instalaciones. Personal cualificado de taller central. ‒ Métodos centrales: Personal para adquisición de bienes de equipo. Personal especializado en medios de manutención, transporte y utillaje. Agente de métodos. Montaje-1. Producción. ‒ Jefes de sección programadores almacén contable. ‒ Jefe sección responsable de modificaciones y lanzamientos. ‒ Responsable unidad control recepción administrativa. Montaje-2 ‒ Jefe laboratorio. ‒ Producción. ‒ Jefes de sección programadores almacén contable. ‒ Jefe sección responsable de modificaciones y lanzamientos. ‒ Responsable unidad control recepción administrativa. CAPÍTULO II Cambios de puesto de trabajo por movilidad funcional I. Exposición de motivos Las circunstancias actuales de la Empresa con sus continuos cambios tecnológicos y estructurales van a originar un desequilibrio en las diferentes categorías y/o especialidades, lo que hace necesario arbitrar un sistema que regule los cambios definitivos que deberán realizarse cuando exista sobrante de una categoría y/o especialidad y necesidad de otra diferente favoreciendo de esta forma la continuidad y competitividad en nuestra Empresa, así como el mantenimiento del empleo. II. Consideración general Antes de adoptar los criterios de cambio definitivo forzoso, se agotará la vía de la voluntariedad en los casos en que proceda esta movilidad; asimismo, se intentarán respetar la antigüedad y profesionalidad a las cuales la Dirección de la Empresa considera como aspectos fundamentales a tener en cuenta siempre que se realicen cambios de puesto de trabajo. III. Tipos de movilidad funcional Existen tres tipos de movilidad funcional: a) Movilidad entre categorías de la misma agrupación económica. b) Movilidad de categorías de inferior a superior agrupación económica. c) Movilidad de categorías de superior a inferior agrupación económica. La Dirección de la Empresa, a través del Departamento de selección-promoción-formación, podrá efectuar los cambios de puesto que exija la organización del trabajo, entre las categorías de igual, inferior o superior nivel económico, con el período de formación necesario para la adaptación a las nuevas funciones. Este período de formación necesario para adaptarse a la nueva categoría será fijado en cada caso, según el grado de afinidad existente entre los puestos de trabajo de la anterior y actual categoría y/o especialidad, así como las características personales y profesionales de los trabajadores afectados. La duración de este período será determinada por el Departamento de selección-promoción-formación con el asesoramiento del de valoración y estudio de puestos. Para la cobertura de estas plazas se realizará una opción de traslado voluntario que abarque a los trabajadores sobrantes en la categoría de una agrupación económica. En esta O.T.V. se realizarán las pruebas o proceso selectivo que el Departamento de selección estime necesarias para la cobertura de la plaza. Si esta O.T.V. se declarara desierta, el Departamento de selección con el asesoramiento de los Departamentos de origen y destino, seleccionará al trabajador que cubra la plaza en función de las condiciones objetivas del puesto y de las características de los trabajadores. En los cambios de categorías de superior a inferior agrupación económica, se respetará al trabajador la retribución correspondiente a la categoría y nivel que tuviera consolidados. IV. Órganos que intervienen ‒ El Departamento de selección-promoción-formación. ‒ El Departamento de Valoración y Estudio de Puestos. ‒ Las jefaturas de personal correspondientes. ‒ Los Departamentos afectados por el cambio. ‒ Asesores. V. Competencias El Departamento de Selección-Promoción-Formación con el asesoramiento del de valoración y estudio de puestos será el encargado de determinar el período de formación de los trabajadores que se pretenden cambiar de categoría y/o especialidad. El primero de estos, además, organizará y coordinará las acciones de formación y reclutamiento necesarias para desarrollar satisfactoriamente las nuevas funciones encomendadas. El Departamento de origen informará sobre las condiciones e historial profesional de los candidatos. El Departamento de destino indicará los conocimientos necesarios para el desarrollo de los puestos que pretende cubrir. Los Departamentos de Personal comunicarán las plazas a cubrir, amparadas en la autorización pertinente y realizarán una vez seleccionado el candidato el cambio de situación profesional correspondiente. Asesores: Los que en cada momento considere necesarios el Departamento de Selección-Promoción-Formación en función de la categoría y/o especialidad a cubrir. VI. Límites de la movilidad funcional A. La movilidad funcional será aplicada, con carácter obligatorio, una sola vez al mismo trabajador. B. Asimismo, este tipo de movilidad de carácter obligatorio solo podrá darse dentro del mismo grupo profesional. VII. Garantías A. Salario. A.1 Mantenimiento del nivel y la categoría consolidados, en el supuesto de cambio a agrupación inferior. A.2 Percibir el salario del nuevo puesto si es superior al que se venía percibiendo. A.3 Consolidación de la retribución de la categoría y nivel del nuevo puesto, si son superiores a los que se tenían anteriormente. B. Puesto de trabajo. En el caso de no ser satisfactorio el desempeño de las tareas del nuevo puesto, tras un plazo de formación adecuado, el trabajador retornará a un puesto similar al que desempeñaba anteriormente. C. Voluntariedad. Antes de aplicar la movilidad funcional con carácter obligatorio, se agotarán las vías de voluntariedad (entre ellas la información a todos los posibles interesados). D. Formación. En todos los casos la movilidad funcional implicará una formación previa al desempeño de las funciones inherentes al nuevo puesto. Esta formación, en la medida de lo posible se impartirá dentro de las horas de trabajo. Los plazos de formación se establecerán por el Departamento de Selección-Promoción-Formación informando a la Representación de los Trabajadores. E. En ningún caso la movilidad funcional obligatoria podrá implicar una movilidad geográfica. VIII. Participación de la representación de los trabajadores Para el mejor seguimiento y control de todos los casos que impliquen este tipo de movilidad, se tratarán estos temas en la Comisión de Movilidad. ANEXO VIII Medidas para afrontar situaciones especiales de producción Como medidas especiales de producción y competitividad se acuerdan las siguientes: Para completar los programas de producción la Dirección de la Empresa podrá programar turnos de producción en la mañana de los sábados previstos en el calendario general como de descanso, hasta un máximo de seis sábados turno/año. Para las factorías de transformación, en caso de necesitar un número superior a los seis pactados, será necesario informar al Comité de Empresa, acordando con el mismo su distribución y las condiciones de realización de los mismos. Con al menos siete días de antelación se informará al Comité Intercentros sobre la realización de este tipo de sábados, incluyendo: ‒ Causas de la necesidad de estos trabajos. ‒ Número y distribución de los trabajadores afectados. ‒ Fechas en las que se ha de trabajar. Al objeto de constituir los equipos necesarios para realizar dicho trabajo, se agotarán los cauces de voluntariedad, completándose los puestos no cubiertos con otros efectivos de la plantilla, designados por la Empresa en función de las necesidades de organización del trabajo. No obstante se atenderán las circunstancias personales que justifiquen la ausencia. Las fechas se señalarán y comunicarán con al menos siete días de antelación, sin perjuicio de las variaciones en la adscripción de trabajadores concretos que puedan motivar las bajas por enfermedad o el cumplimiento de las licencias acordadas en este Convenio, que serán respetadas. El trabajo en dichos sábados será retribuido con el valor que en cada momento tengan las tablas que sobre horas extraordinarias se incluyen en el anexo IV de este Convenio. Las horas extraordinarias realizadas por este sistema no entrarán en el cómputo de las extraordinarias a los solos efectos de los topes máximos legales establecidos para las mismas, conforme a las previsiones legales generales. ANEXO IX Plan social A) Consideraciones generales. 1. El Plan Social se acuerda para el periodo 2021-2024. 2. No podrán acogerse al Plan Social quienes tengan incoado expediente disciplinario por falta muy grave salvo que sea sobreseído o concluya con comunicación de sanción inferior a la de despido. 3. Las solicitudes a este Plan Social se presentarán en el servicio de recursos humanos correspondiente. B) Ámbito personal. Este Plan Social será aplicable con carácter general a todos los trabajadores de Renault España, S.A. que cumplan las condiciones establecidas en el mismo. C) Modalidades. 1. Reconversión de excedentes de estructura. 2. Excedencias. 3. Trabajo a tiempo parcial. 4. Incapacidad Permanente. Podrán acogerse a cualquiera de las tres primeras modalidades del Plan Social los trabajadores fijos en plantilla, que cumpliendo el ámbito personal mencionado en el párrafo anterior, no estén en situación de excedencia, ni incapacidad temporal, o hayan agotado el período máximo de dieciocho meses en la situación de incapacidad temporal, o situación similar. Los reincorporados de excedencia podrán acogerse al plan transcurridos seis meses. 1. Reconversión de excedentes de estructura Trasvase de plantilla mensual al Grupo Obrero, con carácter voluntario. Existirán dos modalidades para llevar a cabo dicho trasvase. a) El trabajador dispondrá de un periodo máximo de dos años, trabajando a mitad de tiempo, para la realización de estudios de formación profesional (coste de la formación a cargo de la Empresa). Transcurrido este periodo, el trabajador desempeñará funciones directas o indirectas en la categoría y nivel determinados por necesidades de Empresa. Durante un periodo de tres años, en el que se incluye el tiempo dedicado parcialmente a la formación, se garantiza el nivel salarial de partida. b) El trabajador pasa directamente al Grupo Obrero. En este caso, percibirá una indemnización igual a la capitalización de la diferencia salarial de ocho años. Además, recibirá una cantidad equivalente a seis meses de salario. (En caso de permanecer menos de seis años en esta modalidad, dichas cantidades serían prorrateadas en función del tiempo de permanencia). 2. Excedencias Se concederá a quienes lo soliciten la baja temporal en la Empresa, con reserva del puesto de trabajo, por un periodo mínimo de dos años con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cuatro años y con una indemnización de 0,20 años de salario bruto por cada año de excedencia. 3. Trabajo a tiempo parcial Se podrá optar por una jornada diaria, semanal, mensual o anual (negociada con la línea jerárquica) de trabajo del 50 %, mientras que los salarios se situarán en un 60 %. La vigencia de este contrato será de un mínimo de dos años, con posibilidad de prórroga y garantía de vuelta a la jornada completa en función de las posibilidades de la organización. 4.  Plan de incapacidad permanente Los trabajadores de la plantilla activa que, como consecuencia de expedientes de incapacidad obtengan una pensión de incapacidad permanente total o absoluta derivada de enfermedad común o accidente no laboral y por accidente de trabajo o enfermedad profesional, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones que tienen en cuenta el tipo de incapacidad conseguida y la situación personal del trabajador: Invalidez permanente absoluta: 50 % del salario bruto de dieciocho meses, menos el tiempo transcurrido en la situación de baja por incapacidad temporal. Incapacidad permanente total: 50 % del salario bruto de dieciocho meses menos el tiempo transcurrido en la situación de baja por incapacidad temporal. Además, y exclusivamente, para los supuestos de incapacidad z permanente total: – Para los trabajadores con 55 o más años de edad: seis meses de salario bruto. – Para los trabajadores menores de 55 años: seis meses de salario bruto y además la diferencia entre el 55 % y el 75 % de su base reguladora mes de la pensión de incapacidad desde la fecha de declaración de la incapacidad y el cumplimiento de los 55 años. Ayuda familiar: En ambos casos, 3.005,06 euros por cada hijo a cargo < 26 años o con discapacidad, sin tope de edad. Seguros: En todos los casos, el trabajador percibe el seguro del artículo 45 del Convenio Colectivo y todos los demás seguros a que puedan tener derecho. El salario considerado en el plan de incapacidad será el mismo al fijado en el Convenio 2017-2020 para el plan anterior. En ningún caso el importe total (indemnización + seguros) podrá superar 3,5 años de los devengos generales. De producirse esta circunstancia el exceso será descontado de la indemnización a pagar por la Empresa. D) Consideraciones finales. 1. Las presentes normas tienen un carácter meramente divulgativo sin que, por ello, pueda interpretarse su contenido en sentido literal, debiendo atenderse, más bien, a la finalidad global que las mismas contemplan. 2. En el caso de ser necesario cambiar el presente Plan Social, la Dirección de la Empresa se compromete a tratar previamente el asunto en la Comisión de seguimiento, todo ello sin perjuicio del mantenimiento de los compromisos individuales adquiridos. 3. La Dirección de la Empresa conserva la facultad de veto salvo en los casos de renuncia expresa. 4. Los estudios y criterios de cálculo señalados en el plan de social responden a supuestos teóricos y a la aplicación de la legislación en vigor en la fecha presente, por lo que las indemnizaciones resultantes en cada caso se verán afectadas por las condiciones personales de cada trabajador y por la legislación vigente en la fecha de la baja. En definitiva, la responsabilidad de la Empresa alcanza únicamente a las indemnizaciones totales que figuren en los respectivos recibos de finiquito. Seguimiento del plan social: El seguimiento del presente Plan Social se llevará a cabo en la denominada Comisión del Plan de Empleo, establecida en el apartado 1.1 del anexo X del presente Convenio. Dicha Comisión proporcionará a las partes firmantes de esta norma convencional la información suficiente sobre la marcha del Plan Social, al tiempo que tratará de resolver cuantas dudas de interpretación se susciten, así como un seguimiento y evolución del mismo. ANEXO X El presente anexo se incorpora en el Convenio 2021-2024, con la duración general de este, salvo en lo previsto en el apartado 1.2. de este anexo en lo referente a la vigencia del Programa de Jubilación Parcial y Contrato de Relevo. Queda sin efecto el anexo X pactado en el Convenio 2017-2020. 1. Empleo. PREÁMBULO El mercado del automóvil se desenvuelve en un contexto en el que, la ampliación de la Unión Europea, las exigencias de una garantía de calidad en los productos, la introducción de tecnologías cada vez más sofisticadas y la necesidad de una renovación de las competencias de los trabajadores, hacen necesario garantizar a medio y largo plazo la competitividad de nuestra Empresa para asegurar los puestos de trabajo actuales y generar nuevos empleos de calidad en los que la formación seguirá siendo un pilar fundamental en la profesionalización de los operarios, así como en las nuevas competencias de todo el personal. Esta formación siempre se desarrollará conforme a la política formativa del grupo Renault, orientada a la mejora profesional continua de todos sus empleados. En este marco, las representaciones de la Dirección de la Empresa y la de los trabajadores quieren hacer frente conjuntamente a los retos que nos plantea la evolución del mercado, con importantes oscilaciones, que pueden llegar hasta un 40 %, durante el período de vida de nuestros productos, con ciclos de producción, por tanto, que impactan fuertemente en nuestras fábricas, tanto en el número de trabajadores necesarios como en el número de equipos de trabajo. Por ello, ambas representaciones se dotan de los medios necesarios para continuar la política de renovación de plantilla emprendida en años anteriores, y desarrollada con indudable éxito en nuestra Empresa. A fin de contribuir a garantizar la necesaria competitividad y excelencia de la Empresa y atender a las demandas de los trabajadores, las dos representaciones promoverán y asegurarán un Programa de Jubilación Parcial y Contrato de Relevo en el Grupo Obrero y en el Grupo Técnico-administrativo, cuyas normas de aplicación se desarrollan en los siguientes apartados. Cuestiones generales previas 1. Niveles profesionales: Los nuevos ingresos estarán comprendidos entre los niveles de E.G.B. o titulación equivalente y los titulados superiores, en función de las necesidades de la Empresa. 2. En los nuevos ingresos se consolida la supresión de la antigüedad pactada en el anterior Convenio Colectivo. Sin vigencia desde el 4 de Junio de 1997 este antiguo complemento salarial, lo mantienen, como garantía a título personal, quienes en aquella fecha pertenecían a la plantilla de la Empresa, que lo seguirán percibiendo, y devengando premios superiores conforme a la normativa del Convenio hasta entonces vigente actualizándose la cuantía que figura en su tablas con el mismo porcentaje de incremento que se acuerde para la generalidad de los conceptos retributivos, salvo que se acuerde otro incremento. 1.1 Comisión de empleo. Estará formada por las partes firmantes del presente Convenio en la que se proporcionará información suficiente sobre la marcha del plan de empleo (Plan Social y Programa de Jubilación Parcial y Contrato de Relevo), al tiempo que tratará de resolver cuantas dudas de interpretación se susciten, así como un seguimiento y evolución del mismo. Esta comisión se reunirá al menos una vez cada año. 1.2 Programa de jubilación parcial y contrato de relevo. La Ley 12/2001 de 9 de julio, la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, RD Ley 5/2013 de 15 de marzo, y demás disposiciones concordantes, han regulado las distintas modalidades de contratación, y en concreto, del Contrato a Tiempo Parcial y el Contrato de Relevo, introduciendo posibilidades de acceso y salida del mercado de trabajo, orientadas a favorecer la creación de empleo y el rejuvenecimiento de la plantilla. La Empresa y la Representación de los Trabajadores convienen en su deseo de realizar una política activa de mantenimiento del empleo que permita el rejuvenecimiento de la plantilla, así como, el acceso anticipado a la jubilación de una forma segura para los trabajadores. Ambas partes consideran que dicho objetivo debe ser totalmente compatible con la finalidad de profundizar y mejorar la eficiencia, calidad y competitividad de Renault España, S.A., y por ello acuerdan los siguientes extremos. La vigencia del presente Programa de Jubilación Parcial y Contrato de Relevo será en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2024. Si con posterioridad a la firma del presente Convenio se constatasen variaciones sustanciales o circunstancias de orden legislativo que desaconsejen continuar con su ejecución, la Representación de los Trabajadores y la Empresa negociarán las medidas a adoptar, siendo necesario el acuerdo de las partes. 1.2.1 Los trabajadores tanto del Grupo Obrero como del Grupo Técnico-administrativo, que cumplan la edad establecida en la normativa para el acceso a la jubilación parcial en el período comprendido entre el 01-01-2021 y el 31-12-2024 y reúnan las condiciones generales exigidas para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación, podrán acogerse a la jubilación parcial, a partir del 1 de enero de 2021, en la forma y condiciones previstas en el art. 12.6 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y legislación concordante, y en las condiciones y estipulaciones previstas en este anexo. 1.2.2 Por cada trabajador perteneciente al Grupo Obrero y/o Grupo Técnico-administrativo que acceda a la jubilación parcial, la Empresa contratará bajo la modalidad de contrato de relevo a otro trabajador (relevista). 1.2.3 El contrato de duración determinada por jubilación parcial se formalizará en modelo oficial y desplegará efectos hasta que el trabajador cumpla la edad ordinaria de jubilación, en cuya fecha la relación laboral se extinguirá, o bien hasta que el mismo acceda a la jubilación anticipada total. El trabajador acogido a la jubilación parcial lo hará en las condiciones de tiempo de trabajo más beneficiosas que marca la ley (25% de tiempo de trabajo). El contrato de relevo se celebrará por el 100% de la jornada con adscripción a cualquiera de los regímenes de turnos existentes en la Empresa. 1.2.4 La jornada laboral y retribución del trabajador que acceda a la jubilación parcial se reducirán en el límite máximo en cada uno de los años de vigencia del Convenio Colectivo (un 75 % en los años 2021, 2022, 2023 y 2024) con respecto a la jornada laboral anual pactada en nuestro Convenio Colectivo, así como la retribución que le correspondiera a tiempo completo al trabajador por devengos generales y la que le correspondiera por la media de los pluses correspondientes a los doce meses anteriores a la fecha de jubilación parcial (Ver cuadro de relevo en el presente Anexo). La jornada laboral que corresponda (25% en los años 2021, 2022, 2023 y 2024), se acumulará, con carácter general, de forma ininterrumpida en días a jornada completa. No obstante, la Empresa se reserva la facultad de distribuir dicha jornada de forma irregular atendiendo a las necesidades organizativas y productivas existentes en cada momento. 1.2.5 La integración en la Empresa de los empleados relevistas se realizará en el área que sea necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la organización del trabajo y evitar desequilibrios en la producción y productividad de la Empresa. 1.2.6 Los jubilados parciales disfrutarán de los siguientes beneficios sociales acordados en el Convenio Colectivo de aplicación en la siguiente proporción: a. Venta de vehículos y piezas sobrantes, becas para estudio, instalaciones deportivas, política de créditos, ayuda escolar, ayuda a hijos con discapacidad y mutua de personal: se les aplicarán las mismas condiciones recogidas en Convenio para los trabajadores a jornada completa. b. Comedores: tendrán derecho al uso de los comedores existentes en los centros de trabajo donde presten servicios, exclusivamente durante el tiempo en que realicen la referida prestación. c. Seguros: c.1 De accidente de trabajo y enfermedad profesional: los trabajadores relevados mantienen toda la cobertura prevista en el art. 45.A) del Convenio Colectivo. c.2 De accidente no laboral y enfermedad común: los trabajadores relevados percibirán el porcentaje que corresponda según el año de adscripción al programa de jubilación parcial y contrato de relevo (25 % en los años 2021, 2022, 2023 y 2024) de los importes establecidos en el Convenio Colectivo. d. Prestaciones complementarias por baja: Se mantiene a favor de los trabajadores relevados las prestaciones complementarias por enfermedad común o accidente no laboral y por accidente de trabajo o enfermedad profesional previstas en el artículo 46 del Convenio Colectivo de aplicación, conforme al porcentaje de salario bruto proporcional a su reducción de jornada, así como a las condiciones y prescripciones establecidas en el citado artículo 46. 1.2.7 La vigencia del presente Programa de Jubilación Parcial y Contrato de Relevo será en todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2024. Si con posterioridad a la firma del presente Convenio se constatasen variaciones sustanciales o circunstancias de orden legislativo que desaconsejen continuar con su ejecución, la Representación de los Trabajadores y la Empresa negociarán las medidas a adoptar, siendo necesario el acuerdo de las partes. 1.2.8 La contratación temporal bajo la modalidad de contrato de relevo será compatible con las restantes modalidades de contratación temporal previstas legalmente. Igualmente, la aplicación del presente Programa de Jubilación Parcial y Contrato de Relevo será compatible con otras medidas de rejuvenecimiento de la plantilla que se puedan adoptar. 1.2.9 La Empresa se compromete a formalizar, desde la entrada en vigor del presente convenio y hasta el 31 de diciembre 2024, un mínimo de 1.000 contratos indefinidos. 1.3 contratos en prácticas y eventuales. 1.3.1 Convalidaciones. En el tiempo de permanencia en las categorías de entrada, se computarán, en su caso, los períodos temporales (prácticas/eventuales) de los que estén o hayan estado en Renault España, S.A. Igualmente se tendrán en cuenta como trabajados a efectos de cumplimiento del período de prueba. 1.3.2 Contrataciones en prácticas. La Dirección de la Empresa se compromete, continuando con el compromiso asumido en el Convenio 2000-2003 anterior, a no utilizar la modalidad de contrato en prácticas hasta 31.12.2024, excepto con titulados superiores, medios y asimilados. 1.3.3 Contrataciones eventuales. Las partes firmantes de este Convenio reconocen que, el comportamiento del mercado dentro de nuestro sector no permite anticipar con precisión la demanda de nuestros productos, y ello hace necesario que, para evitar ajustes drásticos y en la medida que sea posible, la plantilla se adecúe a las necesidades de fabricación para responder a tales fluctuaciones. Estas necesidades de fabricación, que con carácter general y sin perjuicio de otras que pudieran establecerse, podrán traer causa en los desequilibrios y reajustes producidos en las fases de la producción de los distintos proyectos o lanzamientos así como por la demanda comercial de nuestros productos, se afrontarán con contratos eventuales; respecto a la duración máxima de estos contratos se estará a la prevista en el respectivo Convenio Colectivo sectorial (sector siderometalúrgico), en los centros de trabajo de aquellas provincias en las que el aplicable haya ampliado, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, la duración de los contratos eventuales y el período dentro del cual se puedan realizar. 1.3.4 Colaboración en la mejora de la formación de los trabajadores eventuales. En la realidad actual del mercado laboral se plantea la necesidad de adecuar la formación recibida por los trabajadores a las necesidades de las Empresas. Y más allá de esa realidad constatada, la representación de la Empresa y la de los trabajadores, siempre han entendido que un elemento importante para garantizar nuestra competitividad es la formación práctica que los empleados reciben cuando se incorporan a la plantilla de Renault. En un paso más hacia adelante, y conscientes de la cualificación y profesionalización que nuestros operarios adquieren en nuestras fábricas, surge la necesidad de la coordinación con las administraciones públicas para la gestión de ese potencial. Con este fin, la Empresa potenciará las acciones necesarias que incentiven sistemas de gestión apropiados con las administraciones públicas para el conjunto de los trabajadores temporales a los efectos de facilitar su reinserción laboral y su contratación futura, bien en Renault España, S.A. o bien en otras Empresas. 2. Expedientes de regulación. La Dirección de la Empresa se compromete a no aplicar expedientes de regulación de empleo (suspensión de contratos), sin antes haber hecho uso de la Bolsa de Horas Colectiva y/o Individual. No obstante, si por causas excepcionales (económicas, técnicas, organizativas o de producción) fuera necesario la aplicación de los E.R.E., se reunirá el Comité Intercentros para agotar previamente todas las posibilidades en la búsqueda consensuada de alternativas que eviten la aplicación final de los mismos. 3. Turno especial fijo de noche. Cuando sea necesario introducir terceros turnos, la Dirección de la Empresa podrá establecer turnos fijos de noche en cualquier factoría, unidad o dependencia, informando de ello con quince días de antelación a la Representación de los Trabajadores. Esto no es de aplicación en las organizaciones que, tradicionalmente, realizan los turnos 5 x 3 x 8, con la excepción de aquellas líneas que estén concatenadas con los sistemas productivos de los turnos fijos de noche en funcionamiento. Trabajadores afectados: Para constituir los terceros turnos se harán con trabajadores voluntarios. En su defecto, se aplicará la rotación a tres turnos, adscribiendo al personal necesario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del vigente Convenio colectivo. Jornada del turno de noche: El horario general comprenderá siete horas de lunes a jueves (de 22 a 5 horas), y ocho horas el viernes (de 22 a 6 horas): treinta y seis horas semanales. Como consecuencia, de ser necesario el turno de producción en sábado que prevé el anexo VIII del Convenio, se efectuará en la noche del domingo al lunes en horario de 22 a 6 horas. Las pausas se adecuarán oportunamente. Retribución: Los trabajadores en turno fijo de noche percibirán un plus con los valores de las tablas que en el anexo IV se adjuntan, que es incompatible con los actuales Plus ordinario de Nocturnidad, Especial de Nocturnidad por jornada fija de noche y cualquier otro. 4. Aprovechamiento de instalaciones. Asimismo, cuando las necesidades productivas lo requieran, la Dirección de la Empresa podrá aplicar en las distintas factorías el presente sistema de aprovechamiento de instalaciones, con carácter voluntario. Con la nueva estrategia de Renault, las capacidades máximas de las nuevas líneas a implantar, especialmente en las factorías de transformación, estarán calculadas siempre con un aprovechamiento de los medios industriales superior al habitual, para situarse en un promedio de ciento cuarenta y cuatro horas/semana. Las líneas ya existentes deben irse acomodando a esta nueva estrategia, y de inmediato las que ya son deficitarias. Con este objetivo y con el de la reducción de las horas extraordinarias, la Dirección de la Empresa y la Representación de los Trabajadores incorporan las experiencias de los acuerdos alcanzados respecto a la factoría de Motores, con el sistema de organización dirigido a un mejor aprovechamiento de las instalaciones de la Empresa. A) Principios. Dicha organización estará fundamentada en los siguientes principios: 1. Ambas partes están de acuerdo en la necesidad de una apertura de fábrica con un promedio de ciento cuarenta y cuatro horas semanales para un mejor aprovechamiento de las instalaciones. 2. En esta organización ningún trabajador realizará, con carácter habitual, más de cuarenta horas semanales. B) Organización industrial. Los turnos se organizarán, informando de ello con quince días de antelación a la Representación de los Trabajadores, en las áreas en que sea necesario para su efectiva producción de seis días por semana. La organización será, pues, la siguiente:   L M M J V S D Turno de mañana. X X X X X X   Turno de tarde. X X X X X X   Turno de noche. X X X X X   X C) Encuadramiento de los trabajadores. El encuadramiento de los trabajadores en este sistema de organización se hará con carácter voluntario. Ambas partes comparten el objetivo de lograr que los encuadramientos en estos sistemas de trabajo se hagan con carácter voluntario, buscando soluciones para aquellos trabajadores que no quieran integrarse en este sistema. D) Jornada. Los trabajadores afectados trabajarán el número de horas establecidas en el Convenio Colectivo como cualquier otro trabajador de Renault España, S.A. La jornada de trabajo real en cómputo anual se aplicará con el calendario general correspondiente excepto los sábados y domingos [ver apartado b) Organización Industrial]. Se confeccionarán los cuadros de descanso correspondientes, con descanso de dos días a la semana y rotando en ciclos de seis semanas. De esta forma en dos de ellas se descansará dos días seguidos (sábado y domingo; domingo y lunes o viernes y sábado). E) Retribución. Será, desde 1 de enero de 1999, la establecida en el Convenio Colectivo, con los conceptos correspondientes (nocturnidad, turnicidad, reducción jornada turno de noche), excepto el Plus Festivo, que se abonará incrementando su importe actual en un 10 %. Dicha retribución se recoge en las tablas que se incorporan en el anexo IV, cuyo importe en el caso de la noche del domingo al lunes, incluye los conceptos de Nocturnidad y Jornada Reducida de Turno de Noche. El régimen previsto en el anexo VIII para completar programas de producción, se aplicará únicamente a los turnos que puntualmente puedan programarse en la mañana de los domingos o festivos. La Dirección de la Empresa estudiará la posibilidad de que los trabajadores afectados por el presente acuerdo no trabajen los sábados por la tarde durante los meses de julio y agosto. 5. Sistema de organización de trabajo turno antiestrés. Trasladando la experiencia acumulada en la Factoría de Motores de Valladolid, la cual ya viene implantando esta organización de trabajo a turnos, la Dirección de la Empresa y la Representación de los Trabajadores incorporan el presente sistema de organización de trabajo turno antiestrés, con carácter voluntario para los trabajadores. El citado sistema de trabajo turno antiestrés incorpora una rotación de los turnos de trabajo que contribuye a una óptima planificación de los recursos, tanto de organización industrial, como de planificación y distribución de los descansos y reducción de horas extraordinarias, en búsqueda de la máxima competitividad de las instalaciones de la Empresa. Por tanto, cuando las necesidades productivas lo requieran, la Dirección de la Empresa podrá aplicar en las distintas Factorías el presente sistema de organización de trabajo turno antiestrés. a) Principios. Dicha organización estará fundamentada en los siguientes principios: 1. Ambas partes están de acuerdo en la necesidad de optimizar la apertura de las fábricas y de los equipos de trabajo de forma que se permita la mejor aplicación de los descansos y turnos de trabajos. 2. En esta organización ningún trabajador superará la jornada máxima anual establecida en el convenio colectivo, ni la semanal, teniendo en cuenta los descansos a que tuviere derecho según la normativa en vigor. b) Organización básica de rotación. El sistema de rotación básico de los trabajadores incluirá, de forma consecutiva, dos días en turno de mañana, dos días en el turno de tarde y dos días en el turno de noche y dos días, como mínimo, de descanso consecutivo, fijándose los cuadros de descansos y trabajo de forma anual. La Dirección de la Empresa, en las áreas en que sea necesario, organizará los turnos antiestrés, informando con treinta días de antelación a la Representación de los Trabajadores, lo que permitirá implantar una organización industrial de siete días de trabajo por semana, en el equivalente a 20 o 21 turnos de trabajo. En función de las necesidades de producción se dimensionarán los equipos, manteniendo el sistema de rotación antiestrés y fijando los turnos sin actividad, para 20 turnos el domingo tarde y para 19 turnos, el domingo mañana y tarde. En el supuesto de modificar la organización de trabajo por necesidades de producción se informará a la representación de los trabajadores con quince días de antelación y, en caso de suprimir la organización de trabajo, se informará con treinta días de antelación. c) Encuadramiento de los trabajadores en el sistema de trabajo turno antiestrés. El encuadramiento de los trabajadores en este sistema de organización se realizará con carácter voluntario. Ambas partes comparten el objetivo de lograr que los encuadramientos en estos sistemas de trabajo se hagan con carácter voluntario y sean formalizados por escrito, buscando soluciones para aquellos trabajadores que no quieran integrarse en este sistema. Los planning de trabajo se configurarán de forma anual y, una vez confeccionados, se estará al cumplimiento de este régimen de trabajo y descansos fijados, siéndole de aplicación los términos recogidos en el convenio colectivo para las licencias y permisos de trabajo, para lo cual la empresa pondrá en marcha la organización necesaria que lo garantice. Los aspectos relativos al encuadramiento de los trabajadores en el sistema de trabajo Antiestrés serán clarificados, en su caso, en la COMVI. d) Jornada. Durante la vigencia de este sistema de organización de trabajo turno antiestrés se consideran días de trabajo todos los días del año, con excepción de lo establecido en nuestro convenio colectivo respecto a las vacaciones colectivas de verano y navidad, que se disfrutarán en las fechas establecidas en el calendario laboral aplicable a cada centro de trabajo al que pertenezca el trabajador y los días festivos 1 de enero, 1 de mayo, 15 de agosto y 25 de diciembre, o, en su caso, los días en que, por aplicación de la normativa vigente, se pudieran trasladar los citados festivos. Asimismo, serán de descanso el turno de noche del 5 de enero, los turnos de mañana y tarde del 6 de enero y los turnos de tarde y noche del 24 de diciembre, siempre que no coincidan con vacaciones. Una vez decidida por la Dirección de la Empresa la implantación de este sistema, se confeccionará el cuadro de descansos y trabajo (planning de trabajo), incorporando un ciclo de dos días en turno de mañana, dos días en el turno de tarde y dos días en el turno de noche y dos días, como mínimo de descanso consecutivo. Al personal sujeto a este sistema de trabajo le será de aplicación el régimen de bolsa de horas establecido en el convenio colectivo, pudiendo fijar días de no trabajo en cualquiera de los turnos fijados como trabajo. e) Retribución. El trabajador percibirá mensualmente, únicamente durante el tiempo de permanencia en el sistema de rotación a turnos, la siguiente retribución: –  La retribución establecida en el Convenio Colectivo con los complementos establecidos en el mismo (turnicidad, nocturnidad y reducción de jornada turno de noche). –  Como compensación al trabajo en sábados, domingos o festivos según el planning de trabajo aplicable a cada trabajador, percibirán por jornada completa trabajada el plus de aprovechamiento de instalaciones, cuyo importe se establece en el Convenio Colectivo de, S.A. vigente. Dicha retribución se recoge en las tablas que se incorporan en el Convenio Colectivo, cuyo importe en el caso de la noche del domingo al lunes, incluye los conceptos de nocturnidad y jornada reducida de turno de noche. 6. Sistema especial de trabajo en fines de semana y festivos. Trasladando la experiencia acumulada en las distintas Factorías se podrá organizar el trabajo en fines de semana y festivos, incorporando el presente sistema especial de trabajo en fin de semana y festivos, con carácter voluntario, para los trabajadores que se incorporen a este sistema de trabajo. El citado sistema especial de trabajo contribuye en las áreas de aplicación a una óptima planificación de los recursos, tanto de organización industrial, como de planificación y distribución de los descansos y reducción de horas extraordinarias, en búsqueda de la máxima competitividad de las instalaciones de la Empresa. Por tanto, cuando las necesidades productivas lo requieran, y una vez funcionando a tres turnos de trabajo de lunes a viernes el Departamento en el que se formalizará este sistema especial de trabajo, la Dirección de la Empresa podrá aplicar en las distintas Factorías, el presente sistema especial de trabajo en fin de semana y festivos. a) Principios. Dicha organización estará fundamentada en los siguientes principios: 1. Derivado de la mayor carga que supone el trabajo en fines de semana (sábados y domingos) y festivos, los trabajadores que formen parte de este sistema especial de trabajo tendrán una reducción de jornada de doscientas horas anuales, tomando como referencia la jornada anual establecida en Convenio Colectivo. 2. El presente sistema de trabajo se aplicará por unidades organizativas completas (Departamentos). b) Organización básica del trabajo en fin de semana y festivos. Los equipos de trabajo de fin de semana y festivos trabajarán los sábados, domingos y días festivos señalados en los calendarios laborales. En todo caso se descansarán los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 15 de agosto y 25 de diciembre. Los trabajadores que, estando adscritos a otros turnos de trabajo distintos al turno especial aquí pactado, accedan a este sistema de trabajo en fines de semana y festivos, complementarán su jornada en las horas y turnos necesarios, de lunes a viernes, integrados en los turnos ordinarios de trabajo, a razón de un día por semana (jornada de siete horas y cuarenta y cinco minutos de trabajo efectivo diario) hasta cumplir la jornada anual, minorada en 200 horas, y de forma excepcional, a razón de un máximo de dos días a la semana, si fuese necesario para alcanzar la citada jornada anual, minorada en 200 horas. El anteriormente referido trabajo de lunes a viernes no será de aplicación en aquellas semanas en las que exista al menos un día festivo. Con carácter general la jornada diaria de los sábados, domingos y festivos será de doce horas de trabajo efectivo, y doce horas y quince minutos de trabajo remunerado, incluidas pausas, descansos y, en su caso, horas complementarias, y con las especiales características particulares que a continuación se indican para el trabajo por bolsa de horas colectiva en sábado mañana o domingo noche y la coincidencia de festivo en viernes y/o lunes. Para el fin de semana el horario de trabajo del sábado será de 6:00 horas a 19:00 horas y el domingo de 7:00 a 20:00 horas. En los supuestos de aplicación de bolsa de horas de trabajo en sábado mañana o domingo noche, los horarios de trabajo serán: – Si se convoca sólo bolsa de trabajo el sábado mañana, el horario de trabajo del sábado será de 14:00 a 22:00 horas (siete horas y cuarenta y cinco minutos de trabajo efectivo y ocho horas de trabajo remunerado) y el domingo de 10:00 a 23:00 horas, incluidas las pausas y descansos (doce de trabajo efectivo y doce horas y quince minutos de trabajo remunerado). – Si se convoca bolsa de horas el sábado mañana y el domingo noche, los horarios de trabajo del sábado serán de 14:00 a 22:00 horas (siete horas y cuarenta y cinco minutos de trabajo efectivo y ocho horas de trabajo remunerado) y el domingo de 10:00 a 22:00 horas, incluidas las pausas y descansos (once horas de trabajo efectivo y once horas y quince minutos de trabajo remunerado). – Si solo se convoca bolsa de horas el domingo noche los horarios de trabajo del sábado será de 6:00 a 19:00 horas, incluidas las pausas y descansos (doce horas de trabajo efectivo y doce horas y quince minutos de trabajo remunerado) y el domingo de 7:00 horas a 20:00 horas, incluidas las pausas y descansos (doce horas de trabajo efectivo y doce horas y quince minutos de trabajo remunerado). El horario de trabajo de los días festivos será de 6:00 a 19:00 horas (doce horas de trabajo efectivo y doce horas y quince minutos de trabajo remunerado), respetando siempre los descansos reglamentarios. Si se trabajase un viernes festivo, previo al trabajo en fin de semana, el horario sería de 6:00 a 18:00 horas (once horas de trabajo efectivo y once horas y quince minutos de trabajo remunerado) y sí se trabajase un lunes festivo, después de haber trabajado sábado y domingo, el turno comenzaría doce horas después de la finalización del turno del domingo. Los anteriores horarios de trabajo son de aplicación a los Centros de Trabajo de Valladolid y Palencia, comenzando una hora más tarde en el Centro de Trabajo de Sevilla. En todo caso los cuadros de trabajo y descanso se confeccionarán respetando, en cada caso, lo que establece la normativa en cuanto a descansos mínimos reglamentarios y la aplicación de bolsa de horas colectivas. En cuanto al régimen de preavisos para la aplicación de bolsa de trabajo en sábado y domingo se seguirán los preavisos establecidos en el convenio colectivo y para la información de los horarios de fin de semana se comunicarán a los trabajadores el domingo anterior. La Dirección de la Empresa organizará el trabajo especial de fin de semana en los departamentos que sea necesario, informando con 30 días de antelación a la Representación de los Trabajadores a través de la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio. c) Encuadramiento de los trabajadores en el sistema especial de trabajo de fin de semana y festivos. El encuadramiento de los trabajadores que, estando adscritos a otros turnos de trabajo, se adscriban a este sistema especial de trabajo, se realizará con carácter voluntario, siempre que, a criterio de la Dirección de la Empresa, cumplan los perfiles requeridos para los puestos a ocupar. En los Departamentos de Embutición Valladolid y Áreas de Mecanizado de Motores y Sevilla, se considerará necesario contar al inicio de este turno con, al menos, un 30% de la plantilla requerida para la constitución del turno especial. d) Retribución. El trabajador que, estando adscritos a otros turnos de trabajo en el momento de la creación de este sistema especial de trabajo y acceda al mismo, percibirá mensualmente, únicamente durante el tiempo de permanencia en el sistema especial de trabajo en fin de semana y festivos, la siguiente retribución: – La retribución establecida en el Convenio Colectivo, sin minoración de la misma por la reducción de jornada de doscientas horas respecto de la jornada anual. – Como consecuencia del traslado del descanso del fin de semana al periodo de lunes a viernes y se trabajen los fines de semana y festivos, recibirán en concepto de compensación al trabajo en sábados y domingos, la retribución establecida en la tabla 30 del anexo IV por sábado y domingo trabajado (50 % en caso de trabajo por cada festivo). e) Otros. Los trabajadores con contrato eventual de circunstancias de la producción a tiempo parcial que se contraten para incorporarse a este sistema de trabajo: – Podrán realizar horas complementarias con el límite legal que establece el Estatuto de los Trabajadores y sus características asociadas a razón de un máximo de cuatro horas por cada sábado y una hora por cada domingo o festivo. – Incorporarán en el devengo y abono mensual de la nómina las pagas extraordinarias. – El salario mensual se calculará en función de las horas trabajadas, tomando como referencia el salario anual por categoría y nivel. Para el cálculo del precio hora se dividirán los importes anuales entre la jornada anual, minorada en doscientas horas menos. – En cuanto al régimen de pausas y descansos (cadenas de montaje/áreas donde están establecidas), además de quince minutos de descanso para bocadillo, dos pausas de diez minutos, una adicional de quince minutos, todas ellas remuneradas, y cuarenta y cinco minutos para la comida, distribuidas de la siguiente manera: – Turno de 6:00 a 19:00 horas (sábado/festivo): • De 8:00 a 8:10. • De 10:00 a 10:15. • De 12:00 a 12:10. • De 14:00 a 14:45. • De 16:45 a 17:00. – Turno de 7:00 a 20:00 horas (domingo): • De 9:00 a 9:10. • De 11:00 a 11:15. • De 13:00 a 13:10. • De 15:00 a 15:45. • De 17:45 a 18:00. – Turno de 10:00 a 22:00/23:00 horas (domingo, si bolsa domingo noche / sábado mañana): • De 12:00 a 12:10. • De 14:00 a 14:45. • De 16:45 a 17:00. • De 18:50 a 19:00. • De 20:45 a 21:00. – Turno de 6:00 a 18:00 horas (viernes festivo): • De 8:00 a 8:10. • De 10:00 a 10:15. • De 12:00 a 12:10. • De 14:00 a 14:45. • De 16:15 a 16:30. – En las jornadas de 7,75 horas de trabajo se establecerán las pausas habituales. En las jornadas de once horas o más de trabajo efectivo los trabajadores percibirán una compensación por gastos de comida de al menos 13 euros. La empresa proveerá de los servicios de transporte colectivo. Las partes acuerdan que, en todo lo no recogido en este apartado, se estará a lo establecido en el convenio colectivo. 7. Bolsa de horas colectiva. La Bolsa de Horas Colectiva se creó con el objetivo de optimizar la utilización de las fábricas mejorando su competitividad. Además, su existencia es, en los periodos de baja actividad, el elemento alternativo a la utilización de los Expedientes de Regulación en los términos que más adelante se indican. Es de aplicación al conjunto de trabajadores de producción que trabajan a turnos y al equipo fijo de noche. Para los trabajadores no afectados por la Bolsa de Horas, el Calendario anual inicial será el mismo que para los sí afectados, si bien se entenderá como de disfrute individual un número de jornadas equivalente a los «días de descanso iniciales». Se constituirá una bolsa por cada factoría; dentro de cada factoría, la Dirección de la Empresa podrá constituir bolsas independientes de la principal para unidades diferenciadas o cuya producción esté ligada a la de otras factorías. Para regular los nuevos ingresos y la movilidad de los trabajadores se tomará como referencia el saldo que presente la Bolsa de Horas propia de la factoría o unidad a la que se incorporan, estableciéndose el correspondiente sistema de compensación, que no utilizará las vacaciones colectivas para este saldo. Esta bolsa se alimenta de futuro, con las siguientes entradas: ‒ Los días de descanso iniciales de cada año (en cada uno de los años 2021, 2022, 2023 y 2024 se detraerán tres días iniciales no integrándose, por tanto, la totalidad de los días que para esos años correspondan según calendario, sino el número de días resultantes una vez restados los referidos tres días anuales). ‒ Las reducciones de jornada actuales y futuras. ‒ El descanso del trabajo en los veinte sábados mañana (o domingos noche en caso del turno fijo de noche) por trabajador que la Empresa por razones de demanda puede señalar. Este descanso se incorporará de la siguiente manera: 1. Cuando la bolsa considerada tenga un saldo entre + 30 y –25, por cada sábado/ domingo noche de trabajo se incluirá un (1) día de descanso en la bolsa colectiva y se abonará el plus de Modificación de la Demanda según las tablas del anexo IV de este Convenio. 2. A partir de un saldo de –26, por cada sábado/domingo noche de trabajo se incluirá en la bolsa colectiva un día y seis horas (1,75 días) y no se abonará plus alguno. Estos saldos de Bolsa de Horas –a partir de (–26)– son consecuencia de los diferentes acuerdos de ampliación de Bolsa de Horas alcanzados en el seno del Comité Intercentros a partir del año 2006. El plus de trabajo de estos sábados figura en el anexo IV, tablas de retribuciones, con la denominación «Plus Trabajo de Modificación de la Demanda» abonándose cuando el trabajo se realice en la noche del domingo al lunes, además de dicho plus, lo que se hubiera percibido por el trabajo en noche no festiva, que será incompatible con cualquier compensación por trabajo en días de descanso. En su importe se incluye la parte proporcional de vacaciones, que se paga en el momento de la realización del sábado. Únicamente para los cinco primeros sábados de trabajo por bolsa, de cada trabajador y año, la Empresa, en lugar de abonar el Plus de Modificación de la Demanda anteriormente citado abonará un plus «Primer Tramo Modificación de la Demanda» creado en el Convenio Colectivo 2014-2016 equivalente al importe de la hora de Retribución Primaria por ocho horas, que corresponderá a cada trabajador según su categoría y nivel, y asimismo, el trabajador generará dos horas de disfrute individual proporcional a las horas de presencia, que se incluirán en el contador de prolongación de jornada. Una vez integrados en la bolsa, dichos descansos pierden la condición que los motivó y su evolución en la misma será la general prevista para esta, que acumulará descansos hasta un saldo máximo de treinta días. Cuando el saldo sea superior a treinta días, el exceso se transformará en días de descanso individual. La aplicación normal del tiempo acumulado en la bolsa –aparte lo dicho en el párrafo anterior– será la de situar días de descanso colectivo en los previstos como JNT, lo que evitará la aplicación de expedientes de regulación de empleo. Además, para compensar el total de JNT necesarios, se utilizarán, llegado el caso, no solo todos los descansos acumulados en la bolsa según el criterio desarrollado más arriba sino también, por la aceptación por la Dirección de la Empresa, de un saldo negativo de hasta veinticinco días con cargo a las entradas de la bolsa del año siguiente. La existencia de saldos negativos –es decir, anticipos de tiempo de descanso que concede la Dirección de la Empresa para evitar los expedientes de regulación–, obliga al establecimiento de un procedimiento extraordinario para su cancelación. Este procedimiento consistirá en la utilización como días de trabajo en el calendario del año siguiente, de las entradas de días que, de manera automática, se producirían en la Bolsa de Horas. El funcionamiento previsto utilizaría, por este orden y hasta donde sea preciso: ‒ Los días de descanso iniciales de cada año (en cada uno de los años 2021, 2022, 2023 y 2024 se detraerán tres días iniciales no integrándose, por tanto, la totalidad de los días que para esos años correspondan según calendario sino el número de días resultantes una vez restados los referidos tres días anuales). En caso de que no se consuman alguno de los referidos días iniciales detraídos (tres días para cada uno de los años 2021, 2022, 2023 y 2024), los mismos revertirán a la Bolsa de Horas Colectiva a 31 de diciembre de cada uno de los años citados, esto es, no se consolidan). ‒ Las reducciones de jornada. ‒ Los sábados de trabajo mañana/domingos en noche que pudieran señalarse. En ningún caso la deuda posible con la Empresa, si la hubiere, se saldará con devolución de dinero por parte de los trabajadores a la Empresa. El plazo para informar a la Representación de los Trabajadores sobre la utilización de la bolsa será de tres días (v.g. martes para descansar el viernes) en caso de establecer días de no trabajo y de cuatro días en caso contrario (v.g. lunes para trabajar el sábado), circunstancias extraordinarias que justifiquen un plazo más corto, que no será inferior a veinticuatro horas en caso de establecer días de no trabajo y a cuarenta y ocho horas en caso contrario. En el supuesto de trabajo en domingo noche, el plazo para informar a la Representación de los Trabajadores en circunstancias extraordinarias incluirá al menos un día laborable. La remuneración anual de cada trabajador será la correspondiente a la jornada anual establecida por el Convenio Colectivo con independencia de la evolución del saldo de la Bolsa de Horas. La remuneración mensual será la correspondiente a treinta o treinta y un días naturales según los criterios actuales. A esta remuneración se le añadirán los pluses específicos que correspondan a los días realmente trabajados. Independientemente de ser una Bolsa de Horas Colectiva, la Dirección de la Empresa entregará a cada trabajador trimestralmente y al final de cada año un balance individual y personalizado de su situación en dicha bolsa. Las siguientes normas se aplicarán con carácter general. En el caso de que se den situaciones de carácter grave que obliguen a trabajar o descansar en plazo extraordinario, o anular una bolsa dentro del plazo ordinario, la Dirección de la Empresa y la Representación de los Trabajadores se reunirán para abordar el problema y las medidas de flexibilidad a adoptar. ‒ Previsión mensual de bolsas: la empresa notificará al comité intercentros y publicará una previsión mensual por factoría de la aplicación de bolsas de horas, que tendrá que ser o no confirmada en los plazos previstos a través del correspondiente anuncio con notificación al comité intercentros. ‒ Se podrán producir anulaciones de horas de las bolsas en las siguientes circunstancias: • Los errores de código de bolsa, ortográficos o tipográficos se podrán anular o modificar por la empresa durante las dos horas siguientes a la comunicación a los representantes de los trabajadores, dentro de plazo. • Con carácter previo a la anulación de la bolsa de horas por causas extraordinarias, la Dirección de la empresa se comunicará con la Representación de los Trabajadores para abordar conjuntamente el problema, respetando el plazo ordinario. • No serán posibles las anulaciones de las bolsas de horas debidas a una mala planificación. ‒ Las personas que están a turno fijo en centros de trabajo de rotación semanal no trabajarán dos sábados o dos domingos consecutivos por bolsa de horas. ‒ La empresa no podrá determinar trabajo y descanso en una misma semana y línea o perímetro equivalente, aunque sea en turnos de trabajo diferentes. ‒ La empresa solo podrá realizar cambios individuales de bolsa con vocación de permanencia, para lo que será necesario la aprobación del Departamento de RRHH. Mensualmente se informará al Comité Intercentros de los cambios realizados. ‒ Un turno no podrá trabajar colectivamente, con prolongaciones de jornada ni con trabajo ordinario, si el turno siguiente ha aplicado bolsa de descanso. Si de manera excepcional fuera necesario realizar trabajos que necesiten prolongaciones de jornada en un área en la que está publicada bolsa de descanso, se informará y justificará la necesidad a RRHH, que, a su vez, informará a la Representación de los Trabajadores. Posteriormente a la firma del Convenio Colectivo, ambas partes se comprometen a actualizar conjuntamente, en la Comisión Mixta de Vigilancia e Interpretación del Convenio Colectivo el vigente reglamento que desarrolla los mecanismos de funcionamiento de la citada Bolsa de Horas. 8. Bolsa individual para el personal no adscrito a la bolsa de horas colectiva. Con el fin de que los trabajadores no adscritos a la Bolsa de Horas Colectiva puedan disponer de un sistema que les proteja de la aplicación de expedientes de regulación de empleo, se acuerda la constitución de un fondo de horas con los días del calendario oficial que exceden de la jornada individual establecida en el Convenio Colectivo, en las condiciones que se indican a continuación. 1. Calendario. Para los trabajadores no afectados por la Bolsa de Horas Colectiva, el calendario anual inicial será el mismo que para los afectados, si bien se entenderá como de disfrute individual un número de jornadas equivalentes a los «días de descanso iniciales». De este modo, únicamente en cada uno de los años 2021, 2022, 2023 y 2024 se detraerán tres de los días iniciales a incluir en la bolsa, no integrándose, por tanto, la totalidad de los días que para esos años correspondan según calendario, sino el número de días resultantes una vez restados los referidos tres días anuales. 2. Constitución y alimentación de una bolsa individual. Cada año, se destinará una parte de los días de descanso iniciales por la elaboración del calendario anual a la constitución de una bolsa individual. Anualmente el número máximo de días a incluir en la bolsa individual será de cuatro (4), hasta alcanzar un saldo de treinta días, saldo a partir del cual los días restantes siempre tendrán la misma consideración que el resto de días de descanso iniciales. Los días no incluidos en dicho fondo se regularán según se indica en el punto siguiente. 3. Resto de días de descanso iniciales. El disfrute de estos días se efectuará en las fechas que cada trabajador, previa petición personal, acuerde con su línea jerárquica. A falta de acuerdo, la Empresa señalará las fechas de descanso conforme a lo establecido en el artículo 16.B, apartados 5 al 9 ambos inclusive, del presente Convenio Colectivo. La Dirección de la Empresa podrá, si las necesidades de organización del trabajo lo permiten, autorizar por servicios, direcciones, etc., el uso colectivo de estos descansos individuales en este personal. El periodo de disfrute coincidirá con el año natural, transcurrido el cual sin haberlos disfrutado, automáticamente pasarán a nutrir la Bolsa de Horas Individual del trabajador. 4. Remuneración y absentismo. Para el tratamiento de la remuneración y del absentismo de los trabajadores no integrados en la Bolsa de Horas Colectiva se seguirán las mismas reglas que para el personal adscrito a ésta en aquellos aspectos que sean compatibles, con las especialidades siguientes: – Enfermos de larga duración. El tope máximo de horas de descuento será el derivado de la jornada anual pactada en el Convenio Colectivo más las vacaciones generales y los días incluidos en la Bolsa Individual. – Caso de que al finalizar el año el trabajador se encontrara en baja por I.T. y no hubiera disfrutado del total de los días de descanso iniciales no incluidas en la bolsa individual correspondientes a dicho año, se incluirán en éstas. 5. Utilización de la bolsa individual. Para evitar la aplicación de EREs de suspensión de contratos, se utilizará la salida, llegado el caso, de todos los descansos acumulados en la bolsa individual y, además, la Dirección de la Empresa acepta la existencia de un saldo negativo de hasta veinticinco días. La cancelación de este saldo negativo se efectuará, hasta donde sea preciso, en la forma siguiente: – Con todos los días de descanso iniciales por la elaboración del calendario del año o años siguientes, es decir tanto la parte destinada a nutrir la bolsa individual como el resto. Cada año 2021, 2022, 2023 y 2024 que no se consuman alguno de los referidos días iniciales detraídos (tres días para cada uno de los años 2021, 2022, 2023 y 2024), los mismos revertirán a la Bolsa de Horas Individual a 31 de diciembre de cada uno de los años citados, esto es, no se consolidan). – Con las reducciones de jornada, si las hubiera. En ningún caso la deuda posible con la Empresa, si la hubiere, se saldará con la devolución de dinero por parte de los trabajadores a la Empresa, salvo cese en la misma. Asimismo, en el caso de cese en la Empresa, el trabajador que disponga de saldo favorable tendrá la opción entre el disfrute o el cobro de los correspondientes días de dicho saldo. 6. El personal no adscrito a la Bolsa de Horas Colectiva recuperará los tres días de competitividad, regulados en el artículo 11 del presente convenio, de la siguiente manera: – El personal adscrito a bolsa individual recuperará la media de la factoría a la que pertenece. – El personal de Direcciones Centrales y Madrid recuperará la media del conjunto de todas las factorías. Relevo Devengos generales Grupo I = Años 2021, 2022, 2023 y 2024 = 25 %. Código Denominación 9100 Retribución primaria. 9101 Retribución supl. (MA). 9122 Extra julio/navidad. 9123 Extra marzo/septiembre. 9140 Prima. 9153 Jornada reducida de verano o turnicidad. 9106 9108 9109 9368 9107 Antigüedad. 9102 C.M.I. 9103 Jefe de equipo. 9134 Dif. jefe equipo. 9117 Compt.º A cat. cualifi. 9118 Compt.º B cat. cualif. 9120 Ret. mens. pos. A y B. 9515 Compensación salarial. 9352 Compensación nocturnidad rep. de los trabajadores. 9371 Incendios. 9110 Prima de resultados. Relevo Pluses especiales Grupo II = Años 2021, 2022, 2023 y 2024 = 25% de la media de los doce últimos meses anteriores a la fecha del contrato a tiempo parcial. Código Denominación 9105 Plus de disminución de aptitud. 9144-9444 Plus de guardería. 9152-9452 Plus de nocturnidad. 9552 Plus de nocturnidad posiciones A y B. 9154-9454 Plus de festivo. 9554 Plus de festivo posiciones A y B. 9127 Plus de clasificación de grupo. 9137 9146 9147 9148 9344 Plus de vacaciones (para cálculo sí, para pago no). 9365 Plus modif. de la demanda. 9366 Plus Primer Tramo Modificación de la Demanda. 9136 Plus punta de producción. 9368 Plus turno fijo de noche. 9437 Plus aprovechamiento instalaciones. 9438 Plus aprovechamiento instalaciones noche. Relevo Pluses asistenciales Grupo III = 100 %. Código Denominación 9374 Ayuda discapacidad (>18 años). 9164 Ayuda discapacidad (< 18 años). 9165 Ayuda escolar. 9135 Plus asistencial economato. ANEXO XI Sistema de profesionalización Se propone la aplicación de un sistema de profesionalización que permite mejorar la carrera de los operarios con la creación de niveles intermedios, consolidados, entre los niveles 6 y 11, adecuando el Reglamento de Valoración con las nuevas competencias alcanzables a través de la formación y la práctica profesional. Todos los trabajadores que cumplan los criterios de destreza y polivalencia que se fijarán, accederán a los referidos niveles intermedios. Asimismo, aquellos trabajadores con más de quince años de antigüedad en el nivel 6, pasarán al nivel intermedio (6S) con el incremento salarial correspondiente. Este mismo tratamiento será de aplicación igualmente, para los trabajadores con nivel 5. La Comisión Central de Formación acordará los cambios necesarios para implantar y desarrollar las novedades y avances que implica la adopción del nuevo sistema de gestión por competencias. Esta Comisión creará niveles retributivos intermedios entre el nivel 6 y el nivel 11 de los actualmente existentes; adecuará el «Reglamento para la Aplicación de la Valoración de los Puestos de Trabajo», recogido en el anexo I del Convenio Colectivo, mediante los bloques de competencias alcanzables a través de la formación, la práctica profesional efectiva y su validación; y llevará a cabo la revisión del articulado del Convenio Colectivo (para esas materias), así como aquellas otras medidas necesarias, para la adecuada y efectiva implantación del sistema de gestión por competencias. Las partes se fijan el 31 de mayo de 2007 como fecha orientativa para la finalización de los trabajos de la Comisión central de Formación. Los trabajos de esta Comisión serán ratificados y modificados, en su caso, por la Comisión Negociadora para su posterior inclusión y publicación en el Convenio Colectivo. ANEXO XII Prima ligada a resultados de las fábricas En cada uno de los años de vigencia del Convenio se abonará una Prima ligada al cumplimiento de los objetivos establecidos por la Dirección de la Empresa de acuerdo con 3 criterios: a) Respeto del programa de fabricación; b) Calidad y c) Accidentabilidad. Los objetivos establecidos con respecto a los dos primeros criterios se calcularán con base en los resultados conjuntamente obtenidos a nivel de la Empresa, mientras que los objetivos alcanzados correspondientes al tercero de los criterios se determinarán atendiendo exclusivamente a los resultados obtenidos individualmente por cada fábrica. A los efectos de esta prima, se integrarán en las fábricas de Renault España, S.A. las correspondientes Áreas de Ingeniería Descentralizadas, en su caso. El importe de la Prima se determinará atendiendo a los resultados en cada criterio. Por cada uno de los dos criterios, Respeto del programa de fabricación y Accidentabilidad, se puede obtener un máximo de 4 puntos mensuales (48 puntos anuales) para cada uno de ellos, que se acumulan a lo largo del año natural hasta alcanzar la puntuación anual. Por el criterio Calidad se puede obtener un máximo de 8 puntos mensuales (96 puntos anuales). El valor de cada punto queda determinado en función de la agrupación económica y del nivel profesional, siendo fijado en la tabla de retribuciones número 24 (anexo IV), para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia y en la tabla número 25 para el centro de trabajo de Madrid. Los importes máximos quedan fijados en las tablas números 26 y 27, para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia, y para el centro de trabajo de Madrid, respectivamente, y los importes mínimos quedan fijados en las tablas números 28 y 29, para los centros de trabajo de Valladolid, Sevilla y Palencia, y para el centro de trabajo de Madrid, respectivamente. Con respecto al criterio Accidentabilidad, los trabajadores adscritos a las Direcciones Centrales y a la plantilla de los centros de trabajo de Madrid, obtendrán los puntos que se deriven de la media de los resultados de todas las fábricas. El seguimiento del cumplimiento de los objetivos de cada uno de los criterios se realizará mensualmente por la Empresa, e informará a la Representación de los Trabajadores. El importe a percibir por cada trabajador en concepto de Prima ligada a los resultados de las fábricas será el correspondiente a los puntos que haya obtenido por el total de criterios, que podrá alcanzar un máximo de 192 puntos al año. La Prima se abonará el mes de abril del año siguiente al de generación de la misma, salvo las excepciones previstas más adelante (ejemplo: bajas en plantilla). No obstante, lo anterior, cada mes de octubre se abonará a los trabajadores un anticipo consistente en una cantidad a tanto alzado redondeada y pactada entre las partes teniendo en consideración los puntos devengados entre los meses de enero y septiembre. Asimismo, las partes convienen en que los pilares sobre los que se articula la presente Prima son la simplicidad en su planteamiento y la incorporación de objetivos que respondan a la realidad industrial y social, y que, por tanto, sean a su vez alcanzables y transparentes. Y, en consecuencia, acuerdan las siguientes ESTIPULACIONES Primera. El cálculo de los resultados de cada criterio se realizará conforme se detalla a continuación: a) Respeto del programa de fabricación: El valor del criterio será la suma mensual de los puntos obtenidos por el conjunto de las fábricas. Mensualmente se obtendrá un punto por cada Fábrica que cumpla al menos en un 98% su programa de fabricación. b) Accidentabilidad: se atenderá al objetivo configurado mediante el índice de frecuencia mensual (en adelante, I.F.M.) y del índice de frecuencia acumulado (en adelante I.F.A.) establecido por cada fábrica, la cual podrá obtener un máximo mensual de hasta cuatro puntos. Se obtienen dos puntos si el I.F.M. de la fábrica es menor o igual al objetivo que tiene establecido y otros dos puntos si el I.F.A. es también menor o igual. No obstante, si al final del año el I.F.A. de la fábrica correspondiente cumple el objetivo establecido, con independencia de los resultados obtenidos mes a mes en el I.F.A., se concederán todos los puntos mensuales correspondientes a este I.F.A. A efectos de estos criterios, el objetivo será fijado por la Dirección de fabricaciones para cada uno de los años. Para el año 2021 se fija un objetivo del 1,20 para la Factoría de Carrocería Montaje, del 1,00 para la Factoría de Palencia, del 1,00 para la Factoría de Motores y del 1,00 para la Factoría de Sevilla. c) Calidad. Se configurará el objetivo mediante la medición de las variables «compromiso» y «cible» de los indicadores S.A.V.E.S. V1 (Sort Aliance Evaluation Vehicle Standard, tipo de defectos V1) y P.P.M. (Número de piezas defectuosas por millón), según se trate de las fábricas de montaje de Vehículos (Carrocería/Montaje en Valladolid y Palencia), o bien se trate de las fabricas mecánicas (Motores y Sevilla), respectivamente. Se obtiene 1 punto si el resultado mensual del indicador SAVES V1 o del indicador PPM, según se trate de las fábricas de montaje de vehículos o de las fábricas mecánicas, respectivamente, es menor o igual al «compromiso» adquirido para el año en curso de los citados indicadores. Igualmente, se obtiene 1 punto si el resultado mensual del indicador SAVES V1 o del indicador PPM, es menor o igual a la «cible» fijada para el año en curso de los citados indicadores. Cada fábrica podrá obtener un máximo de 2 puntos por mes, con lo cual se podrá obtener un máximo de 8 puntos mensuales para el conjunto de las mismas. No obstante, si al final del año el promedio de los resultados de los últimos 12 meses de los indicadores SAVES V1 o PPM, según se trate de las fábricas de montaje de vehículos o de las fábricas mecánicas, respectivamente, es inferior al objetivo fijado para el «compromiso» de los indicadores anteriormente reseñados, se concederán los puntos dejados de percibir correspondientes a dicho objetivo. Igualmente, si al final del año el promedio de los resultados de los últimos 12 meses de los indicadores SAVES V1 o PPM, según se trate de las fábricas de montaje de vehículos o de las fábricas mecánicas, respectivamente, es inferior al objetivo fijado para la «cible» de los indicadores anteriormente reseñados, se concederán los puntos dejados de percibir correspondientes a dicho objetivo. A efectos de este criterio, los objetivos son fijados por la Dirección de fabricaciones para cada uno de los años. Para el año 2021, se fijan los siguientes:   Enero a Junio 2021 Julio a Diciembre 2021 Compromiso Cible Compromiso Cible SAVES V1         Carrocería / Montaje – Valladolid. 30 25 25 20 Palencia. 30 25 25 20 PPM     Motores. 15 10 10 5 Sevilla. 5 3 5 3 Segunda. Los trabajadores que, a lo largo del año de generación de la Prima, hayan prestado servicios en diferentes fábricas, percibirán los puntos que correspondan en proporción al tiempo de prestación de servicios en cada una de ellas. En el mes del cambio, el trabajador obtendrá los puntos correspondientes a la fábrica en la que haya prestado servicios durante más tiempo. Igualmente los trabajadores que, a lo largo del año de generación de la Prima, vean modificado su nivel percibirán, a partir de ese momento, los importes de la Prima referidos al nuevo nivel superior incluida la posible recuperación a la que tuvieran derecho. Tercera. Los trabajadores que causen baja durante el año de generación de la Prima, percibirán el importe que corresponda conforme a los resultados obtenidos hasta el mes anterior a la fecha de su baja, abonándoles en ese momento el importe que les corresponda. Para los nuevos ingresos se computará integro a efectos de la Prima el mes de su incorporación a la Empresa. Cuarta. Los trabajadores con contrato a tiempo parcial o con jornada reducida por cualquiera de los motivos que legalmente lo permiten, percibirán el importe proporcional a su jornada anual de trabajo. ANEXO XIII Prima de contribución individual (PCI) Todos los trabajadores de Renault España podrán devengar un máximo de 4 puntos mensuales (48 anuales), con el mismo valor del punto que la Prima de Resultados (tablas 24-29), en atención a su nivel de absentismo (días de absentismo individual por enfermedad y días de absentismo no justificado), de acuerdo con la siguiente escala: – Cero días de ausencia en el mes: 4 puntos. – Un día de ausencia en el mes: 3 puntos. – Dos días de ausencia en el mes: 2 puntos. – Tres días de ausencia en el mes: 1 puntos. – Cuatro o más días de ausencia en el mes: 0 puntos. El pago de la prima de contribución individual se hará en la misma forma y plazos que se abona la actual prima de resultados, es decir, con un anticipo en la nómina de octubre y una regularización final en abril. En cuanto al resto de aspectos relativos al funcionamiento y abono de la presente prima se estará a lo establecido en el anexo XII. Las enfermedades graves que se relacionan a continuación no computarán como ausencia a los efectos del devengo de la presente prima, siempre que hayan sido debidamente justificadas ante el servicio médico. Asimismo, existirá un plazo de un mes para la gestión de las incidencias que pudieran suceder. I. Oncología 1. Leucemia linfoblástica aguda. 2. Leucemia aguda no linfoblástica. 3. Linfoma no Hodgkin. 4. Enfermedad de Hodgkin. 5. Tumores del Sistema Nervioso Central. 6. Retinoblastomas. 7. Tumores renales. 8. Tumores hepáticos. 9. Tumores óseos. 10. Sarcomas de tejidos blandos. 11. Tumores de células germinales. 12. Cualquier otra enfermedad oncológica bien definida, a valorar por el Servicio Médico. II. Hematología 13. Aplasia medular grave (constitucional o adquirida). 14. Neutropenias constitucionales graves. 15. Hemoglobinopatías constitucionales graves. 16. Cualquier enfermedad grave relacionada con la Hematología, bien definida, a valorar por el Servicio Médico. III. Errores innatos del metabolismo 17. Desórdenes de aminoácidos (fenilcetonuria, tirosinemia, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, homocistinuria y otros desórdenes graves). 18. Desórdenes del ciclo de la urea (OTC). 19. Desórdenes de los ácidos orgánicos. 20. Desórdenes de carbohidratos (glucogenosis, galactosemia, intolerancia hereditaria a la fructosa y otros desórdenes graves). 21. Alteraciones glicosilación proteica. 22. Enfermedades lisosomiales (mucopolisacaridosis, oligosacaridosis, esfingolipidosis y otras enfermedades graves). 23. Enfermedades de los peroxisomas (síndrome de Zellweger, condrodisplasia punctata, adenoleucodistrofia ligada a X, enfermedad de Refsum y otros desórdenes graves). 24. Enfermedades mitocondriales: por defecto de oxidación de los ácidos grasos y de transporte de carnitina, por alteración del DNA mitocondrial, por mutación del DNA nuclear. 25. Cualquier otra enfermedad del metabolismo bien definida, a valorar por el Servicio Médico. IV. Alergia e inmunología 26. Inmunodeficiencias primarias por defecto de producción de anticuerpos. 27. Inmunodeficiencias primarias por defecto de linfocitos T. 28. Inmunodeficiencias por defecto de fagocitos. 29. Cualquier otra enfermedad alérgica e inmunológica graves que esté bien definida, a valorar por el Servicio Médico. V. Psiquiatría 30. Trastorno depresivo mayor. 31. Trastorno psicótico. 32. Trastorno esquizoafectivo. 33. Cualquier otra enfermedad psiquiátrica grave que esté bien definida, a valorar por el Servicio Médico. VI. Neurología 34. Malformaciones congénitas del Sistema Nervioso Central 35. Traumatismo craneoencefálico severo. 36. Lesión medular severa. 37. Enfermedades autoinmunes: a) Encefalomielitis aguda diseminada. b) Polineuropatía crónica desmielinizante. c) Encefalitis límbica. d) Otras enfermedades autoinmunes bien definidas, a valorar por el Servicio Médico. 38. Enfermedades neuromusculares: a) Atrofia muscular espinal. b) Otras enfermedades neuromusculares bien definidas, a valorar por el Servicio Médico. 39. Infecciones y parasitosis del Sistema Nervioso Central (meningitis, encefalitis, parásitos y otras infecciones), a valorar por el Servicio Médico. 40. Parálisis cerebral. 41. Cualquier otra enfermedad neurológica y/o neuromuscular grave que esté bien definida, a valorar por el Servicio Médico. VII. Cardiología 42. Cardiopatías congénitas con disfunción ventricular. 43. Cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar. 44. Otras cardiopatías congénitas graves, a valorar por el Servicio Médico. 45. Miocardiopatías con disfunción ventricular o arritmias graves, a valorar por el Servicio Médico. 46. Cardiopatías con disfunción cardiaca y clase funcional III-IV, a valorar por el Servicio Médico. 47. Trasplante cardiaco. 48. Cualquier otra enfermedad cardiológica grave bien definida, a valorar por el Servicio Médico. VIII. Aparato respiratorio 49. Trasplante de pulmón. 50. Cualquier otra enfermedad del aparato respiratorio grave que esté bien definida, a valorar por el Servicio Médico. IX. Aparato digestivo 51. Hepatopatía grave, a valorar por el Servicio Médico. 52. Trasplante intestinal. 53. Trasplante hepático. 54. Cualquier otra enfermedad del aparato digestivo grave que esté bien definida, a valorar por el Servicio Médico. X. Nefrología 55. Enfermedad renal crónica terminal en tratamiento sustitutivo. 56. Trasplante renal, a valorar por el Servicio Médico. 57. Tubulopatías de evolución grave. 58. Síndrome de Bartter, a valorar por el Servicio Médico. 59. Cistinosis, a valorar por el Servicio Médico. 60. Acidosis tubular renal, a valorar por el Servicio Médico. 61. Malformaciones nefrourológicas complejas, a valorar por el Servicio Médico. 62. Síndromes polimalformativos con afectación renal. 63. Defectos congénitos del tubo neural. 64. Cualquier otra enfermedad nefrológica grave que esté bien definida, a valorar por el Servicio Médico. XI. Reumatología 65. Cualquier enfermedad reumatológica grave que esté bien definida, a valorar por el Servicio Médico. XII. Enfermedades infecciosas 66. Sepsis, a valorar por el Servicio Médico. 67. Enfermedades por Covid-19. 68. Enfermedades secuelares y transtornos derivados del Covid-19, como pueden ser respitratorios, neuromusculares y/o neurológicos, o aquellos que puedan detectarse en el futuro, a valorar por el Servicio Médico. 69. Cualquier otra enfermedad infecciosa grave que esté bien definida, a valorar por el Servicio Médico. XIII. Endocrinología 70. Cualquier enfermedad endocrinológica grave que esté bien definida, a valorar por el Servicio Médico. XIV. Trastornos de base genética 71. Epidermólisis bullosa. 72. Cualquier otro trastorno de base genética grave que esté bien definida, a valorar por el Servicio Médico. XV. Trastornos de columna vertebral 73. Hernias discales. 74. Otras lesiones de la columna incapacitantes bien definidas, a valorar por el Servicio Médico. XVI. Grandes traumatismos 75. Los traumatismos de larga duración que impliquen una larga rehabilitación. ANEXO XIV Plan de igualdad de Renault España S.A. Objetivos del Plan de Igualdad de Renault España Este Plan de Igualdad nace con el objetivo de buscar la igualdad real y efectiva de oportunidades de todos los trabajadores, y está dirigido a todas las mujeres y hombres que forman parte de Renault España. Para ello, el Plan de Igualdad contempla y desarrolla una serie de medidas y acciones, agrupadas y estructuradas por áreas temáticas de actuación, teniendo como objetivos principales los siguientes: – Promover la defensa y aplicación efectiva del principio de igualdad entre hombres y mujeres garantizando, en el ámbito laboral, las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo profesional a todos los niveles y evaluando sus posibles efectos. – Conseguir una mayor representación de la mujer en todos los ámbitos de la empresa. – Promover y mejorar las posibilidades de acceso de la mujer a puestos de responsabilidad, contribuyendo a reducir desigualdades que, aun siendo de origen cultural, social o familiar, pudieran darse en el seno de la Empresa. – Establecer medidas que garanticen la dignidad personal y profesional de mujeres y hombres. – Establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida laboral con la vida familiar y personal de las trabajadoras y los trabajadores de Renault. – Favorecer la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de género. 1. Materias de actuación Selección de personal y desarrollo profesional Objetivo: Fomentar una composición equilibrada de la plantilla en cuanto a la presencia de hombres y mujeres, garantizando en los procesos de selección la igualdad de oportunidades. Medidas: La Dirección de la Empresa se compromete a mantener en todo momento, en sus procesos de selección, contratación, promoción y desarrollo profesional, procedimientos y políticas de carácter objetivo y basadas en principios de mérito y capacitación, y de adecuación persona-puesto, cuidando el lenguaje de las ofertas y el diseño de formularios y entrevistas, no incluyendo aspectos personales irrelevantes, sino limitándolo a las cuestiones de experiencia y cualificación demandadas para el puesto en cuestión, ajustando las exigencias formativas al requerimiento del desempeño del puesto, asegurando en todo momento que los puestos de trabajo en los diferentes ámbitos de responsabilidad son ocupados por las personas más adecuadas, en un marco de igualdad de trato con ausencia de toda discriminación basada en el sexo. Con este fin, se involucrará a cualquier proveedor que participe del proceso de selección en las políticas y criterios de Igualdad marcados por Renault. Se facilitará la participación de personas con contrato de trabajo suspendido por excedencia basada en motivos familiares, en cursos de formación adecuados para su reciclaje profesional. En situación de excedencia por cuidado de familiares directos, se podrá participar en convocatorias de traslados y ascensos, así como concurrir a exámenes de capacitación como si se estuviera en activo. Se solicitarán candidatos a los Servicios Públicos de Empleo en caso de necesidades de contratación en aquellas especialidades donde exista una menor representación de mujeres. Renault seguirá colaborando con escuelas de formación técnica o profesional, en el fomento de la presencia de mujeres en aquellas especialidades donde ésta se encuentre menos representada. Planificación: En vigor desde el 1 de septiembre de 2010. Promoción y clasificación profesional Objetivo: Garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación en la promoción y la clasificación profesional. Medidas: Se establecerá una revisión periódica del reparto por sexos de la plantilla, de manera general y discriminando por bloques profesionales (grupo técnico administrativo, grupo obrero, etc…). Esta información se entregará al menos una vez al año a la Comisión Central de Salud laboral. Planificación: Seguimiento de los datos: Entrega con periodicidad anual, en el seno de la Comisión Central de Salud Laboral. Formación Objetivo: Facilitar la formación del personal garantizando la igualdad de oportunidades, así como propiciar la actualización de conocimientos y la formación de reciclaje de aquellas personas que se reincorporan a la empresa tras un periodo de descanso por maternidad, bajas de larga duración por enfermedad o accidente, o excedencias. Medidas: Renault promoverá la realización de acciones formativas que faciliten por igual de desarrollo de habilidades y competencias, sin distinción de género. Se incluirán en la oferta de formación de la organización cursos sobre la LOIEHM, el sexismo en el lenguaje o la igualdad de oportunidades. Se reforzará desde la Línea Jerárquica la asistencia de las mujeres a cursos de formación para el desarrollo de su carrera profesional (recordatorios de convocatorias de formación). Planificación: En vigor desde el 1 de septiembre de 2010. Conciliación de la vida familiar y laboral Objetivo: Facilitar la adopción de medidas que faciliten la conciliación laboral, personal y familiar difundiendo, a estos efectos, las diferentes medidas contempladas tanto en la legislación vigente como en el Convenio Colectivo de aplicación y las normas o prácticas internas de Renault. Medidas: Se adaptará el próximo Convenio Colectivo a los permisos, excedencias y reducciones de jornada recogidos en la LOIEHM, a través de la comisión para la modernización y actualización del Convenio Colectivo. Se mantendrá la adhesión de la empresa al programa Cheque Servicio de la Junta de Castilla y León, mientras este programa tenga continuidad, uniéndose a los programas similares que puedan aparecer en el futuro en las comunidades de Madrid o Andalucía en su caso. Licencia para acompañamiento a servicios de asistencia sanitaria, incluidas las urgencias, de padres, suegros, hijos, nietos, cónyuge, hermanos, abuelos y pareja de hecho, por el tiempo necesario y con un máximo de 8 horas al año, debiendo el trabajador presentar el documento justificativo correspondiente. Las partes se comprometen a trabajar conjuntamente con las Administraciones Públicas para analizar la posible viabilidad de una guardería en el entorno de la empresa con acceso prioritario para los hijos de los trabajadores. Los trabajadores que lo soliciten podrán acumular en jornadas completas la hora de reducción de jornada por lactancia que prevé el Estatuto de los Trabajadores, a la finalización del periodo de baja maternal. En caso de parto múltiple, esta acumulación se disfrutará proporcionalmente al número de hijos, según establece la ley. En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, ambos progenitores tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante dos horas diarias, sin merma en su retribución, mientras dure esta circunstancia. Se equiparará la figura del «hijastro» (hijo de uno solo de los cónyuges, respecto del otro), a la de «hijo» a los efectos de las licencias por fallecimiento, enfermedad grave y hospitalización. Se incluye el teletrabajo como herramienta que posibilita la conciliación de la vida familiar y laboral, puesto que permite la conexión del trabajador con la empresa sin necesidad de estar presente y cuando la organización del trabajo lo permita. Para el caso de una adopción internacional, los trabajadores con más de un año de trabajo efectivo en la empresa tendrán derecho a solicitar un permiso especial no retribuido, de uno a seis meses, con reingreso automático en el puesto anterior o en uno similar, siempre que lo solicite con un mes de antelación. Este periodo se tramitará administrativamente como una excedencia. Las trabajadoras embarazadas estarán exentas de la movilidad entre Valladolid y Palencia, durante el transcurso de su embarazo y hasta un año después de su reincorporación al trabajo. En caso de que el embarazo se produzca durante el periodo de movilidad, ésta se podrá suspender hasta un año después de la reincorporación de la trabajadora tras la baja maternal, que podrá cumplir entonces el periodo que le reste en movilidad, en caso de que ésta siga siendo necesaria. Se realizará un plan para reservar las plazas más cercanas a las factorías en los aparcamientos colectivos para su uso por trabajadoras embarazadas, personas de movilidad reducida o discapacitados. Planificación: Puesta en marcha desde el 1 de septiembre de 2010. En cuanto al plan para adaptar los aparcamientos, deberá estar listo antes del 31 de diciembre de 2010. Violencia de género Se considera víctima de violencia de género a aquel trabajador que, a través del procedimiento judicial oportuno, obtenga una sentencia firme en la que se declare la existencia de este tipo de violencia hacia su persona. La empresa no computará a efectos sancionadores las ausencias no retribuidas al trabajo que se acrediten debidamente, derivadas de la realización de las gestiones judiciales y médicas pertinentes en situaciones de violencia de género. Además, estas víctimas dispondrán de un permiso retribuido de un máximo de ocho horas al año para la realización de estas gestiones, siempre que acrediten su situación por medio de una sentencia firme que confirme la existencia de violencia de género. Los trabajadores víctimas de este tipo de violencia tendrán la posibilidad de solicitar una reducción de su jornada de hasta el 50% de la misma, con idéntico porcentaje de remuneración por un periodo de seis a doce meses. Los trabajadores víctimas de violencia de género podrán solicitar por este motivo una excedencia de uno a doce meses, con derecho a reserva de puesto de trabajo a la fecha de reincorporación. Ante la necesidad de cambio de domicilio por este motivo, la Dirección de la Empresa se compromete a ofrecer al trabajador, siempre que este lo solicite, la recolocación en otra factoría de Renault. La Dirección de la Empresa facilitará a las víctimas de violencia de género medicina asistencial en el horario de trabajo a través del Servicio Médico. Planificación: En vigor desde el 1 de septiembre de 2010. Prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo Objetivo: Mantener y proteger un entorno laboral donde se respete la dignidad y la no discriminación por razón de sexo u orientación sexual del conjunto de personas que trabajan en la empresa, no permitiendo ni consintiendo, en consecuencia, conductas de esta naturaleza. Medidas: Se incluye en este Plan de Igualdad una declaración de principios que muestren el compromiso de la empresa para la prevención y eliminación del acoso sexual y acoso por razón de sexo. Igualmente, se incluye un protocolo de actuación que regule el acoso incluyendo su definición, prevención, actuación y medidas sancionadoras. Se garantiza la máxima confidencialidad y eficacia que vele por la intimidad de la víctima desde el momento en que la empresa tenga conocimiento de esta situación. El acoso sexual y por razón de sexo dará lugar a imposición de sanción por falta muy grave, de acuerdo con lo establecido en el Convenio Colectivo. Planificación: En vigor desde el 1 de septiembre de 2010. Comunicación y seguimiento Objetivo: Informar a todos los empleados sobre el contenido del Plan de Igualdad, así como sensibilizar a la plantilla sobre las políticas de igualdad de oportunidades. Medidas: Difusión del Plan de igualdad en soporte escrito a toda la plantilla, y en la formación que se imparte a las nuevas incorporaciones. Muestreo de forma sistemática, dos veces al año, del lenguaje y las imágenes utilizados en las comunicaciones internas y externas para comprobar que cumplen los principios de comunicación no sexista. Se revisará el texto del convenio colectivo (comisión de modernización y revisión del articulado) para asegurar lenguaje no sexista, denominaciones neutras, etc.. El seguimiento de los temas relativos al Plan de Igualdad se canalizará a través de la Comisión Central de Salud Laboral. Planificación: Difusión del Plan de Igualdad a la plantilla: antes del 30 de septiembre de 2010. Revisión del texto: Durante el periodo de vigencia del Convenio. Seguimiento Plan de Igualdad: Anual, en la Comisión central de Salud Laboral. Ámbito de aplicación del Plan: El presente Plan de Igualdad extiende su aplicación y vincula, con ello, a todos los trabajadores adscritos en cualquiera de los centros de RESA. No obstante lo anterior, será facultad de las partes firmantes la adaptación del presente Plan de Igualdad a las exigencias del Convenio Colectivo y a la normativa sobre la materia vigente en cada momento. Vigencia: Este Plan de Igualdad entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2010, habiendo sido firmado por la Dirección de la Empresa y la Representación de los Trabajadores en el seno de la Comisión Central de Salud laboral, que será el órgano encargado de su seguimiento anual. Cualquier revisión del mismo o adaptación a futura normativa se deberá canalizar a través de la citada Comisión. Procedimiento de vigilancia de la salud durante el periodo de embarazo y lactancia 1. Objeto. El presente procedimiento tiene como objeto definir la metodología a seguir para la protección de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz, o en período de lactancia. 2. Ámbito de aplicación. El presente procedimiento será de aplicación a las trabajadoras pertenecientes a la plantilla de Renault España, en todos los centros de trabajo existentes en la actualidad o que se pudieran crear. 3. Definiciones y abreviaturas: S.M.E. Servicio Médico de Empresa. C. de T. Condiciones de Trabajo. D. de P. Delegados de Prevención. S.S. Seguridad Social. R. de los T. Representación de los Trabajadores. 4. Referencias normativas. Ley 31/1995, de 8 de noviembre. Prevención de Riesgos Laborales. R.D. Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Ley 39/1999, de 5 de noviembre. Conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 298/2009, de 6 de marzo, que modifica el R.D. 39/1997, en relación con las medidas para mejorar la seguridad y la salud de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 5. Procedimiento detallado por etapas. 5.1 Conocimiento de la situación de embarazo. La trabajadora debe comunicar su estado de embarazo al S.M.E., aportando la documentación que lo acredite, facilitada por su médico ginecólogo de la S.S. o aquél que asista a la trabajadora embarazada desde el inicio del proceso. Este procedimiento de Vigilancia de la Salud se pone en marcha una vez la documentación anterior haya sido aportada. Durante todo el proceso se guardará el debido respeto a la intimidad y dignidad de la persona y se mantendrá la confidencialidad de los datos. 5.2 Establecimiento del informe médico de seguimiento de embarazo. Confirmada por la trabajadora la situación de embarazo, el S.M.E. establecerá el correspondiente informe de seguimiento de embarazo sobre la base del informe del médico ginecólogo de la S. S. o aquél que asista a la trabajadora embarazada desde el inicio del proceso. 5.3 Difusión del informe médico de seguimiento de embarazo. El informe de seguimiento de embarazo generado en el S.M.E. se difunde al Jefe de Dpto. de la trabajadora, a la trabajadora y al portavoz de la R. de los T. en el Comité de Seguridad y Salud correspondiente. 5.4 Comprobación de la adaptación al puesto. La línea jerárquica de la trabajadora embarazada, con el asesoramiento de los S.M.E. y de C. de T., sobre la base de la evaluación de riesgos del puesto, procederá a comprobar si el puesto asignado a la trabajadora responde a las condiciones indicadas en el informe médico de seguimiento de embarazo. Si el resultado de esta comprobación lo hiciera necesario, se procederá a modificar el puesto para adaptarlo a los requerimientos del informe médico de seguimiento de embarazo y si ello no fuera posible, se buscará un nuevo puesto compatible con su estado, el cual ocupará, de manera transitoria, mientras dure la situación que motivó el cambio, y una vez finalizada ésta retornará al puesto anterior u otro similar, si éste no existiera. Se mantendrá informados a los Delegados de Prevención, quienes podrán realizar las comprobaciones y aportaciones que estimen oportunas. 5.5 Actualización del informe médico de seguimiento de embarazo. El servicio médico de Empresa realizará, según el informe del médico ginecólogo de la S. S. o aquél que asista a la trabajadora embarazada desde el inicio del proceso, un seguimiento del estado de la trabajadora durante todo el período de embarazo a fin de coordinar la evolución de su estado y las condiciones necesarias en su puesto de trabajo. La actualización del informe médico de seguimiento de embarazo supone realizar de nuevo el proceso de comprobación de la adaptación al puesto indicado en el punto 5.4. 5.6 Situación de lactancia. En el caso de que la trabajadora optara por la lactancia natural y así lo comunicara al S.M.E. mediante informe de su médico de la S.S. o aquél que asista a la trabajadora embarazada desde el inicio del proceso, se aplicará el procedimiento definido anteriormente en la parte que sea compatible con esta situación. 6. Relación de actividades con riesgo potencial para trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia. Los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores en general se encuentran controlados mediante las evaluaciones de riesgos, los sistemas de protección colectiva e individual, la información y formación de los trabajadores, la vigilancia médica de la salud y el sistema implantado de gestión de la prevención. No obstante, siendo la mujer embarazada o en periodo de lactancia una trabajadora especialmente sensible a determinados riesgos se hace necesario establecer una relación de actividades cuya realización pudiera suponer un potencial riesgo para la salud de la trabajadora embarazada o en período de lactancia natural, del feto o del niño lactante y por tanto que no deben ser desempeñadas por la trabajadora. Esta relación se actualizará en función de la evolución organizativa o tecnológica de la Empresa, y de la normativa vigente en cada momento. Durante el período de embarazo: ‒ Conducción de carretillas, birlochos y maquinaria y ensayos de vehículos. ‒ Trabajos en líneas de prensas sin insonorizar. ‒ Trabajos en líneas transfert de mecanización. ‒ Trabajos de chapistería y control destructivo de soldaduras en los que se producen golpes en la chapa. ‒ Trabajos en salas de máquinas (TTS-KTL, central térmica, central de aguas, central de taladrina, …). ‒ Trabajos de radiología en los Servicios Médicos. ‒ Controles de paquetería y correo por Rx. ‒ Trabajos de soldadura SxR con pinzas H de gran tamaño. ‒ Trabajos de soldadura con prensas SxR. ‒ Trabajos en subestaciones eléctricas y líneas de AT y MT. ‒ Trabajos en lugares de frío extremo (cámaras frigoríficas, …). ‒ Trabajos en lugares con alta temperatura (hornos, estufas, …). ‒ Trabajos con fluidos biológicos sanitarios. ‒ Trabajos de aplicación, retoques y preparación de pinturas. ‒ Trabajos en baños de cataforesis. ‒ Realización de ensayos de laboratorio con reactivos clasificados CMR. ‒ Trabajos con gasolina ‒ Trabajos con exposición a humos de escape, de motores (bancos de ensayo motor, bancos de reglaje de dirección) y hornos de tratamientos térmicos. ‒ Trabajos donde se manipulen cargas de más de 3 kg, o que por su volumen sea preciso apoyarlas en el abdomen. ‒ Trabajos que requieren apoyo del abdomen para alcanzar los objetos, o en espacios reducidos. ‒ Puestos identificados ergonómicamente como rojos o amarillos. ‒ Trabajos en altura o que requieran la utilización de escaleras, escalas o plataformas. Durante el periodo de lactancia: ‒ Trabajos de aplicación, retoques y preparación de pinturas. ‒ Realización de ensayos de laboratorio con reactivos clasificados CMR. ‒ Puestos identificados como rojos o amarillos en la evaluación de carga mental. 7. Revisión del procedimiento. Cualquier evolución de este procedimiento será acordada en el seno de la Comisión Central de Salud Laboral. Protocolo ante situaciones de acoso sexual y por razón de sexo I. Declaración de principios Renault España considera: Que la dignidad es un derecho fundamental de cualquier persona, y debe ser respetado ante todo y por todos los trabajadores de la empresa y que el acoso en el trabajo es un comportamiento indebido y dañino, por lo que la empresa en su conjunto debe actuar frente al mismo; y que incumbe a toda la plantilla la responsabilidad de cumplir con las disposiciones del presente protocolo. Renault España declara: Que la empresa está expresamente en contra y no permitirá situaciones de acoso en el trabajo, con independencia de quién sea la persona afectada o la persona acosadora; y que cualquier miembro de la plantilla tiene derecho a poner estos hechos en conocimiento de la empresa. Renault España apuesta: Por que toda la línea jerárquica y en general cualquier persona con colaboradores a cargo, aplique estos principios y emprenda las acciones necesarias para garantizar su cumplimiento, velando asimismo para que las personas a su cargo no sean víctimas de acoso en el trabajo; y por que todos los trabajadores de Renault España S.A., observen el presente código de conducta, velen por que todas las personas sean tratadas con respeto y dignidad y utilicen este protocolo de manera responsable. Renault España se compromete a: ‒ Informar a toda la plantilla sobre el contenido del presente protocolo y sensibilizar en los valores de respeto a la dignidad sobre los que se inspira. ‒ Integrar en la gestión de recursos humanos las actuaciones para la prevención y resolución de situaciones de acoso, estableciendo cauces y disponiendo de los procedimientos adecuados para su tratamiento. ‒ Investigar con total confidencialidad las situaciones de acoso que se puedan producir, tramitándolas con la debida consideración, seriedad y prontitud. ‒ Proteger a las personas de las posibles represalias por haber puesto en conocimiento de la empresa estos hechos, o por haber testificado. ‒ Adoptar medidas disciplinarias contra la persona acosadora y contra quien presente falsas denuncias. II. Definiciones ¿Qué se entiende por acoso sexual y acoso por razón de sexo? El acoso sexual es cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. El acoso por razón de sexo es cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Denuncia falsa, se considerará como tal aquella que, tras haber sido investigada conforme a este procedimiento, carezca de justificación y fundamento y su presentación se haya producido con mala fe por parte de la persona denunciante o con el único fin de dañar a la persona denunciada en los mismos términos descritos en las definiciones anteriores. III. Procedimiento de actuación ante una situación de acoso A) Iniciación, actuaciones preliminares y mediación: Cualquier persona que considere que está siendo objeto de acoso o que conozca una situación de acoso, lo podrá poner en conocimiento del Servicio de Recursos Humanos de su Factoría o Dirección personalmente, o mediante una comunicación al siguiente correo electrónico: ley.igualdad@renault.com. Asimismo, podrá ponerlo en conocimiento de cualquier miembro de la representación legal de los trabajadores, quien inmediatamente lo pondrá en conocimiento del SRH correspondiente. El Servicio de Recursos Humanos realizará un primer contacto con la persona que ha iniciado el procedimiento para realizar un análisis conjunto sobre los hechos manifestados, momento en el que podrá tramitar la separación física en el trabajo de las personas implicadas en el supuesto acoso, así como ofrecerá a la persona afectada la posibilidad de tratar de resolver el problema a través de la mediación. En caso de que las circunstancias permitan dicha mediación, se llevaría a cabo una entrevista con las personas implicadas, con la finalidad de mediar en el proceso, a través de propuestas prácticas de solución a ambas partes. Las actuaciones preliminares y mediación tendrán una duración de diez días laborables, desde la fecha de la realización de la primera entrevista con la persona afectada. B) Intervención formal: La intervención formal se iniciará, cuando no se haya considerado adecuado realizar el proceso de mediación o cuando la mediación se haya producido, pero no se haya solventado el problema. El Servicio de Recursos Humanos de la Factoría o Dirección, determinará las personas que van a ser entrevistadas, atendiendo fundamentalmente a las propuestas de la persona afectada y de la persona a la que se ha indicado como autora del acoso y llevará a cabo las entrevistas. Una vez finalizada la investigación y las entrevistas con los posibles testigos, en un plazo de cinco días laborables, redactará un informe final de conclusiones que será presentado al Responsable de Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo, así como a la Dirección de Recursos Humanos, en el que se propondrán las medidas a adoptar. De las conclusiones se dará traslado a la representación legal de los trabajadores cuando esta haya conocido del proceso, así como a las personas implicadas. La empresa adoptará las medidas que estime oportunas, que consistirán en: – Medidas disciplinarias a la persona acosadora o a la persona que haya presentado falsa denuncia, según establece el convenio colectivo; archivo del caso; o cualquier otra que se considere conveniente. ACUERDO CONVENIO 2021-2024 Acuerdo 2021-2024. La vigencia temporal será desde el 1 de enero 2021 hasta el 31 de diciembre 2024. Cláusula de adjudicación efectiva: La validez del acuerdo está condicionada a la efectiva adjudicación de los productos siguientes: ‒ La asignación de un vehículo nuevo a Carrocería Montaje de Valladolid, adicional al actual CAPTUR. ‒ La adjudicación de la familia de motores HR12 para la Factoría de Motores. ‒ La asignación de un total de tres carrocerías de la familia XHN para la Factoría de Palencia. ‒ La adjudicación de una nueva caja de velocidades híbrida para la Factoría de Sevilla. ‒ La continuidad de la sede de Madrid. ‒ La continuidad de la actividad de Ingeniería en España, tanto de producto como de proceso. Jornada anual: 1.681,75 horas anuales (217 días), +3 jornadas de competitividad para cada uno de los años. Respecto a la recuperación de los días de competitividad, el personal adscrito a bolsa individual recuperará la media de la factoría a la que pertenece. Para el personal de Direcciones Centrales y Madrid, se recuperará la media de todas las factorías. Flexibilidad y turnos: ‒ Regularización de saldos pendientes de RJTN. A la firma del Convenio, el trabajador decidirá si quiere regularizar los saldos pendientes a fecha 31 de diciembre de 2020, cobrándolos (con un máximo de un 25% anual), disfrutándolos (de común acuerdo con su línea jerárquica) o manteniéndolos. ‒ Se establece un plus para aquellos trabajadores que voluntariamente se adscriban al turno fijo de tarde (voluntario) por importe de 1.200 euros brutos anuales (100 euros brutos mensuales). Bolsa de horas: Las siguientes normas se aplicarán con carácter general. En el caso de que se den situaciones de carácter grave que obliguen a trabajar o descansar en plazo extraordinario, o a anular una bolsa dentro del plazo ordinario, la Dirección de la Empresa y la Representación de los Trabajadores se reunirán para abordar el problema y las medidas de flexibilidad a adoptar. ‒ Plazos: Se mantienen los plazos actuales de comunicación de la bolsa, tanto ordinarios como extraordinarios. ‒ Previsión mensual de bolsas: la empresa notificará al comité intercentros y publicará una previsión mensual por factoría de la aplicación de bolsas de horas, que tendrá que ser o no confirmada en los plazos previstos a través del correspondiente anuncio con notificación al comité intercentros. ‒ Anulaciones de bolsas: • Errores de código de bolsa, ortográficos o tipográficos: Se podrán anular o modificar en un plazo en torno a dos horas desde la comunicación a RT (siempre que esté dentro de plazo) • Anulaciones por causas extraordinarias: la Dirección se comunicará con la RT para abordar conjuntamente el problema, respetando el plazo ordinario. • Anulaciones por mala planificación: no serán posibles. ‒ Trabajo en dos sábados o domingos consecutivos: Las personas que están a turno fijo en centros de trabajo de rotación semanal, no trabajarán dos sábados o dos domingos consecutivos por bolsa de horas. ‒ Desregularización de la jornada: No estará permitido señalar trabajo y descanso en la misma semana y línea o perímetro equivalente, aunque sean turnos diferentes. ‒ Movimientos de personas entre bolsas: los cambios individuales de bolsa sólo se podrán realizar con vocación de permanencia, con validación del Departamento de RRHH. Se notificarán al Comité Intercentros mensualmente los cambios realizados. ‒ Prolongaciones de jornada y descansos: Un turno no podrá trabajar colectivamente, con prolongaciones de jornada ni con trabajo ordinario, si el turno siguiente ha aplicado bolsa de descanso. Si de manera excepcional fuera necesario realizar trabajos que necesiten prolongaciones de jornada en un área en la que está publicada bolsa de descanso, se informará y justificará la necesidad a RRHH, que, a su vez, informará a la RT. Empleo: ‒ Se realizarán un mínimo de 1.000 contratos indefinidos durante el periodo de vigencia del convenio colectivo. ‒ Adicionalmente, aquellos trabajadores que cumplan las condiciones para ello podrán suscribir un contrato de relevo en el período 2021-2024, en los términos establecidos en la legislación vigente. ‒ El Plan de Invalidez se mantiene en los términos y condiciones del Convenio 2017-2020. ‒ La comisión de seguimiento del Plan de Empleo se reunirá al menos una vez al año. Conceptos salariales: ‒ 2021 y 2022: No aplicación de incrementos salariales. ‒ 2023: Incremento de IPC +0,5% y otro 0,5% adicional si el Grupo Renault cumple sus objetivos RENAULUTION, que serán fijados por la dirección y serán oportunamente comunicados. Ambas partes se reunirán al inicio de 2023 para evaluar si se han cumplido estos objetivos. Cláusula de revisión salarial consolidable sobre el IPC al alza. ‒ 2024: Incremento de IPC +1%. Cláusula de revisión salarial consolidable sobre el IPC al alza. ‒ Incrementar las medias pagas para que su importe sea el de la mitad de una paga extra (junio/diciembre) ‒ A los veinticinco años de antigüedad en la empresa, los trabajadores recibirán un pago único de 500 euros brutos y la insignia actual. ‒ Se igualarán al alza las tablas salariales de las categorías equivalentes en grupo técnico y grupo obrero. ‒ Creación de una nueva Prima de Contribución Individual, de la que se podrán beneficiar todos los trabajadores en activo de RENAULT España, para la que se devengarán un máximo de 4 puntos mensuales (48 puntos anuales), con el mismo valor del punto que la Prima de Resultados, en función de los días de absentismo individual por enfermedad y días de absentismo no justificado. • Cero días de ausencia en el mes: 4 puntos. • Un día de ausencia en el mes: 3 puntos. • Dos días de ausencia en el mes: 2 puntos. • Tres días de ausencia en el mes: 1 punto. • Cuatro o más días de ausencia en el mes: 0 puntos. Existirá un listado de enfermedades graves (en anexo) que no computarán como ausencia. Asimismo, existirá un plazo de un mes para la gestión de incidencias. El plazo de pago se hará de forma paralela a la actual prima de resultados, es decir un anticipo en la nómina de octubre y una regularización final en abril. Movilidad: ‒ Se establece la posibilidad de solicitar anualmente un cambio entre los Centros de Trabajo de Palencia y Valladolid con carácter definitivo. El número de personas que se podrán beneficiar de esta movilidad será de en torno a 60 al año (240 en la vigencia del convenio). ‒ Los movimientos serán unidireccionales o bidireccionales (permutas) ‒ Los movimientos unidireccionales están condicionados a que existan vacantes en el centro de destino. Mejoras en aspectos sociales: ‒ Los periodos de paternidad, maternidad y lactancia, serán considerados desde el inicio de la relación laboral, como tiempo efectivo de trabajo para la generación de antigüedad y categorías profesionales. ‒ Se crearán escuelas de formación y reciclaje con el objetivo de cualificar a trabajadores mayores de 50 años de las Cadenas de Montaje para desempeñar otras tareas. ‒ Se ampliará el servicio de Fisioterapia actualmente existente en las Factorías (Valladolid, Palencia y Sevilla) para que los trabajadores puedan utilizarlo como medida preventiva y bajo petición a demanda, fuera de horas de trabajo. • Valladolid: ampliará de seis a nueve horas diarias. • Palencia: ampliará de cuatro a seis horas diarias. • Sevilla: ampliará de tres a cinco horas diarias. ‒ Las licencias comenzarán en día laborable, es decir, en el caso de que el hecho causante se produjera en día no laborable, la licencia comenzará el primer día laborable. ‒ Se establece la posibilidad de solicitar una reducción de jornada con reducción proporcional de salario para personas que hayan padecido enfermedades oncológicas durante el periodo de recuperación de dicha enfermedad. Asimismo, se elimina el límite de horas de médico de cabecera para estos trabajadores durante la recuperación. ‒ La aportación mensual de la Empresa a la Mutua de Convenio se fijará en 34 euros mensuales por trabajador, igualando las aportaciones mínimas que realiza actualmente el trabajador, con el compromiso y objetivo de que evolucionen de manera paralela. Otros asuntos para abordar en 2021: ‒ Primer semestre: Plan de igualdad, teletrabajo, desconexión digital, registro horario, descuento en compra de vehículos. ‒ Segundo semestre: Acuerdo Calidad de Vida en el Trabajo (QVT). ACTA DE ACUERDOS COMPLEMENTARIOS DEL CONVENIO COLECTIVO INTERPROVINCIAL DE RENAULT ESPAÑA, S.A. 2021-2024 Acta de los acuerdos complementarios pactados entre las representaciones de los trabajadores y de la empresa en las deliberaciones del Convenio colectivo Se reúnen, de una parte, los representantes de los trabajadores, en su doble calidad de Delegados Generales de las organizaciones sindicales UGT, CCOO y SCP y de miembros de la Comisión Negociadora del Convenio 2021-2024, y de la otra, la Representación de la Empresa Renault España, S.A., y llegan a los siguientes acuerdos que, sin incorporarse al texto del Convenio, y con su mismo ámbito lo complementan. Agrupaciones de categorías a efectos de exámenes. La Empresa acepta tratar en la Comisión de Ascensos, durante la vigencia del Convenio, la petición de revisión del plazo de validez de la aprobación de Agrupaciones en los concursos. Puestos de carácter especial. Los puestos de carácter especial a que se alude en el anexo número 3 del título III del presente Convenio, se enuncian a continuación, y se aplicará de manera restrictiva, no significando que todas las plazas de los Departamentos o Servicios indicados tengan la condición de carácter especial. La vigencia de este Acuerdo será la misma que la del presente Convenio, finalizando el 31 de diciembre de 2024. Personal técnico o administrativo de: Dirección Industrial: – Jefatura de Personal: a) Personal de nóminas. b) Personal que mueve fondos. – Servicio de Vigilancia Personal de oficina. – Departamento de Estudios (personal de prototipos). Dirección de Asuntos Sociales: – Jefatura de Personal: a) Personal de nóminas. b) Personal que mueve fondos. – Jurídico-Laboral. – Selección Promoción Puestos especiales. – Valoración. – Servicios Médicos. – Dirección de Relaciones Laborales y Sindicales. – Dirección de Estudios y Estrategia Personal de elaboración de datos confidenciales. Dirección de Comunicación: – Soportes Internos. Dirección General Secretaria General Técnica: – Asesoría Fiscal. – Asesoría Jurídica. Dirección de Compras: – Puestos especiales. Dirección Financiera: a) Personal de contabilidad de la cuenta de explotación. b) Personal que mueve fondos. Dirección de Estudios y Planificación: a) Personal que realiza encuestas de mercado. b) Personal relacionado con Renault-Francia. Común a todas las direcciones: – Personal staff de los Directores. Cobertura de vacantes: Independientemente de que se esté realizando, en un gran porcentaje, la cobertura con personal de interior, la Empresa se ratifica en su política actual de dar preferencia a personal del interior en la cobertura de categorías de entrada mediante selecciones del interior, pruebas de aptitud, traslados voluntarios, concursos, etc., informando previamente a la Representación de los Trabajadores del sistema de cobertura. Regulación de plazas por Convenio: Se dará al Comité de Promoción información trimestral de promociones efectuadas por Centros de Trabajo y Departamentos. Vehículos a crédito: Durante la vigencia de este Convenio, la Empresa adjudicará por el sistema de crédito de Empresa 130 vehículos en total al mes durante los años 2021-2024. El crédito de Empresa comprenderá la financiación del precio del vehículo que figura en la factura, y serán a cargo del trabajador en su totalidad los impuestos y otros abonos que procedan, figuren o no en factura. El trabajador, en el momento de la compra, podrá optar entre pagar el vehículo a tres años por el sistema actual, o hacerlo en cuatro años, sin mayor coste para la Empresa, para lo que habrá de abonar el EURIBOR vigente en cada momento (aunque sólo se revisará trimestralmente) más 3,75%, gastos incluidos. Se acuerda el aumento del descuento en la tasación de vehículos procedentes del Parque hasta el 20 por 100. De forma complementaria, la Dirección de la Empresa pondrá en marcha diferentes iniciativas que permitirán la adquisición de vehículos a los trabajadores en óptimas condiciones, aunando así intereses sociales y comerciales. Préstamos para adquisición de viviendas: Su cuantía será hasta los 9.000 euros durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024. La distribución y tratamiento administrativo de los préstamos se efectuará independientemente para Valladolid, Sevilla, Palencia y Madrid. Se concederán, en peticiones de segundo crédito de vivienda, 20 al mes, de la misma cuantía que el primero, a aquellos trabajadores que hubieran disfrutado ya de un préstamo anterior, cuando hayan transcurrido por lo menos cinco años desde su concesión y se haya amortizado totalmente el préstamo anterior. La distribución y el tratamiento serán análogos a los del primer crédito. Se aplicará como interés, el euribor vigente en cada momento (aunque solo se revisará trimestralmente) + 1 punto. Los relevistas accederán a los préstamos para adquisición de viviendas en las mismas condiciones que el resto de la plantilla salvo en lo referido al período de amortización del préstamo, cuya fecha deberá ser siempre previa al vencimiento de su contrato de trabajo y en lo referido a la cuantía, que nunca podrá superar el salario neto mensual del trabajador menos los límites legales establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás leyes concordantes. Cambio temporal a la Factoría de Villamuriel de Cerrato: Independientemente de lo contenido en el anexo VII, la Dirección de la Empresa, a través del Departamento de Selección, designará los Oficiales del Grupo Obrero y Mandos Intermedios que, por necesidades de organización, deben ir en régimen de cambio temporal a la Factoría de Villamuriel de Cerrato. El tiempo máximo del cambio temporal de estos trabajadores no será superior a dieciocho meses. El número de trabajadores afectados por este cambio durante los años 2021-2024 será el siguiente: – Mandos Intermedios: 10. – Oficiales de Fabricación: 40/85. – Oficiales de control: 35. – Oficiales de mantenimiento: 30. A estos trabajadores se les aplicarán las normas establecidas en el anexo VII, salvo las que se refieren en el apartado «E» a plazos de permanencia. Nuevas Tecnologías: Para mantener la indispensable capacidad competitiva, hay que emplear, como lo hacen las demás empresas del sector de automoción las nuevas tecnologías de simplificación del diseño, automatización de las instalaciones, robotización de las mismas, digitalización y racionalización y optimización del proceso productivo (con un denominador común de máxima calidad del producto). La Comisión de Nuevas Tecnologías integrada, en cuanto a la Representación de los Trabajadores, por siete miembros elegidos por ella, tendrá como funciones las de informar, sugerir y proponer a la Dirección de la Empresa. Igualmente, la Dirección de la Empresa, a través de la Comisión de Ascensos, podrá atender determinadas solicitudes de la Representación de los Trabajadores para asistencia de algunos miembros de la misma a cursos sobre nuevas tecnologías. La Dirección de la Empresa se compromete a facilitar en el seno de esta Comisión Paritaria información previa sobre nuevas tecnologías, suficientemente amplia, a la Representación de los Trabajadores, así como su repercusión en el empleo y condiciones de trabajo. Comisión de Clasificación Profesional y Formación: 1. La Comisión Paritaria de Clasificación Profesional y Formación estará formada por 14 miembros, 7 pertenecientes a la Representación de los Trabajadores y 7 por parte de la Dirección de la Empresa. Las normas de funcionamiento de esta Comisión se pactarán en el seno de la misma. 2. En el Acta de Acuerdos Complementarios del Convenio 1995 se recogía: «En el Acuerdo de Plan Social 89-93 (apartado D.4), las partes se comprometieron a negociar una nueva Clasificación Profesional, como elemento básico de la optimización y gestión de los recursos humanos de la empresa, contando con la formación continua que permita la evolución de los trabajadores y evite su marginación fomentando su mejor adecuación a los puestos de trabajo. Cara a esta nueva Clasificación Profesional, es obviamente necesario la formación continua en nuestra Empresa. Los compromisos relativos a formación quedan incorporados al artículo 42 del Convenio. Incorporados al Convenio Colectivo los textos previstos en los acuerdos alcanzados en el seno de las comisiones de Clasificación y Formación, cuya interpretación habrá de efectuarse en los términos de dichos acuerdos, en las Comisiones Centrales correspondientes se adoptarán los criterios complementarios que se consideren necesarios para la aplicación de la nueva clasificación y de las modificaciones que se introducen en valoración. Transcurridos diez meses de vigencia, la Comisión de Clasificación Profesional y Formación analizará los resultados obtenidos, de cara a realizar las propuestas que estime oportuno. Dada la novedad que supone, las partes firmantes del Convenio, a la vista de estas propuestas, podrán acordar los ajustes que, excepcionalmente, fueran convenientes. En la nueva clasificación, que se acuerda como progresivo acercamiento a la clasificación por niveles de conocimientos, más adecuada a la realidad actual que la de los oficios tradicionales, se relacionan (tanto en el artículo 48 como en las Agrupaciones de categorías a efectos de retribución que figuran en el anexo IV) las categorías profesionales que permanecen como tales, quedando las anteriores categorías incluidas en estas. Siguiendo tal distribución, las anteriores definiciones de categorías se entenderán como funciones de las nuevas categorías, hasta tanto sea posible su actualización, con la experiencia obtenida más allá del año de aplicación. Expresamente se reconoce que la agrupación de categorías que implica la nueva clasificación no supone modificación de categoría o situación profesional a efectos de lo previsto en el número 3.a) del artículo 15, Jornada Reducida de Verano, del vigente Convenio Colectivo. Desde la entrada en vigor, con la firma del Convenio Colectivo, de las nuevas categorías, quedan sin efecto las hasta ese momento vigentes, sin perjuicio del respeto de los derechos adquiridos de quienes las han obtenido conforme a Convenios anteriores. Las referencias a las denominaciones anteriores que en el Convenio Colectivo u otros acuerdos puedan permanecer, se entenderán hechas a la categoría en la que quedan incluidas. Dentro de las categorías de Oficial de 1.ª, 2.ª y 3.ª del Grupo Obrero, se reconoce la especialidad de Prevención-Protección. Se crea la especialidad de Jefe de Unidad dentro de la categoría profesional de Encargado, referida a un sector de la producción con especiales responsabilidades. Se considerarán integrados en la misma a los Encargados que, a la fecha de la firma del Convenio, hayan superado el curso específico y estén prestando servicio en las áreas a que se refiere la definición de la nueva especialidad. Dentro del Grupo Obrero y de una nueva Agrupación de las categorías a efectos de retribución, concretamente por encima de la actual de Oficiales de 1.ª, se crea la categoría de Oficial Especial. El acceso a tal categoría se efectuará por concurso examen. El plus voluntario de Oficiales 1.ª A y B quedará absorbido por la retribución de la nueva categoría, cuando quienes lo perciben obtengan esta categoría, salvo que aquél fuera superior, en cuyo caso se mantendría la diferencia mientras ésta existiera.» 3. De conformidad con la creación de categorías de entrada y demás acuerdos del Convenio 2000-2003, el Pacto por el Empleo y la Competitividad de Renault España, S.A. de fecha 30 de septiembre 2009 y Acuerdo Social 2014-2016 de Renault España, S.A. de fecha 13 de noviembre 2012, las definiciones de las categorías de Oficial de 3.ª y Especialista de Base, Especialista A, Especialista A especial, Especialista B y Especialista C, todos ellos del Grupo Obrero, y de Oficial de 3.ª del Grupo Técnico-Administrativo son las siguientes: 3.1 Oficial de 3.ª (Grupo Obrero). Es el operario que con la preparación y conocimiento a nivel de los que se pueden adquirir con la Formación Profesional (FP-1, FP-2, y grado medio o superior), o con el desempeño durante al menos cuatro años, de diversas tareas o labores de las constitutivas de un oficio, o de las propias de un proceso de producción que implique responsabilidad en su ejecución, cuentan con la capacidad suficiente para realizar, con la formación adecuada en la función específica, que será siempre a cargo de la Empresa, la mayoría de las tareas de su Grupo Profesional en el sector de la Automoción, con un acabado y un rendimiento adecuado y correcto. 3.2 Especialista de Base, Especialista A, Especialista A especial, Especialista B y Especialista C (Grupo Obrero). Son los operarios mayores de dieciocho años que, mediante la práctica de diversas tareas o labores de las constitutivas de un oficio, o de las propias de un proceso de producción que implique responsabilidad en su ejecución, han adquirido la capacidad suficiente para realizar dicha labor o labores con un acabado y un rendimiento adecuado y correcto. En función de la sucesiva formación, conocimiento, mejor aprovechamiento de las aptitudes y adaptación a distintos puestos de trabajo, así como adecuado desenvolvimiento en el medio, que sólo se adquieren al cabo de los primeros años serán «Especialista de Base, durante el primer año y seis meses, «Especialista A» desde el primer año y seis meses y durante un año, «Especialista A especial» desde el segundo año y seis meses y durante un año, «Especialista B» desde el tercer año y seis meses y durante un año y «Especialista C» desde el cuarto año y seis meses y durante un año; transcurrido este último, ostentarán la categoría de Oficial de 3.ª 3.3 Oficial de 3.ª (Grupo Técnico-Administrativo). Realiza similares funciones al Oficial de 2.ª Técnico-Administrativo, en un grado inferior de iniciativa, conocimiento, experiencia y responsabilidad, sin perjuicio de que, siendo la categoría inferior de su Grupo Profesional, le puedan ser encomendadas las tareas elementales del mismo. Los Oficiales de 3.ª Técnico-Administrativos con más de cinco años de servicio tendrán la remuneración de Oficiales de 2.ª en tanto no les corresponda ascender. 3.4 Habiendo desaparecido en el Grupo Obrero la categoría genérica de Especialista, y en el Grupo Técnico-Administrativo la de Auxiliar, quienes hasta ahora las ostentaban pasan a las categorías de Oficiales de 3.ª del respectivo Grupo Profesional, computándose, en el caso de los Oficiales de 3.ª Técnico-Administrativos, el tiempo trabajado como Auxiliares Técnico-Administrativos, a efectos del cumplimiento de los cinco años para obtener la remuneración de Oficiales de 2.ª 4. De conformidad con la creación de las categorías Jefe de Unidad y Jefe de Unidad de 1.ª y demás acuerdos del Convenio 2004-2006, las definiciones de las categorías de Jefe de Unidad y Jefe de Unidad de 1.ª, todas ellas del Grupo Técnico-Administrativo, se entregan por la Dirección de la Empresa a esta Representación de los Trabajadores para su firma en este mismo acto. Asimismo, quienes a la entrada en vigor del Convenio 2004-2006, ostentan la especialidad de Jefe de Unidad, que se extingue, pasan automáticamente a ostentar la categoría de Jefe de Unidad. Becas de Formación: La Empresa se compromete a estudiar en el seno de la Comisión de Formación las alternativas y sugerencias que la Representación de los Trabajadores dé a la aplicación de las llamadas Becas de Formación. Comisión Paritaria de Ritmos: La Dirección de la Empresa, en el marco establecido en la Comisión Paritaria del art. 47 del Convenio, informará previamente a la Representación de los Trabajadores, de las modificaciones más importantes que se produzcan o se deriven de la puesta en marcha de una nueva organización del trabajo. Con independencia de lo anterior, en el acta de Acuerdos Complementarios del Convenio de 1989 se recogía: «Conforme a lo previsto en el Plan Social, la Dirección de la Empresa se compromete a estudiar, conjuntamente con la Representación de los Trabajadores, a lo largo de 1989, la conveniencia o no del establecimiento de pausas en las cadenas de Montaje de Fasa-Renault; si por cualquier causa no se hubiese alcanzado un acuerdo con la Representación de los Trabajadores el 3181989, se pagará un plus a partir del 191989, a los trabajadores que, exclusivamente, ocupen puestos de cadena rígida, consistente en 10 pesetas/hora por el tiempo de trabajo a prima». Comisiones centrales: Se dota a las Comisiones Centrales de mayor capacidad, de tal forma que puedan realizar estudios y posibles acuerdos que posteriormente serán trasladados a los Órganos Centrales correspondientes. Horario flexible: La Empresa potenciará, teniendo en cuenta las experiencias realizadas hasta el momento en la implantación del horario flexible en áreas funcionales concretas, los acuerdos a este respecto con la Representación de los Trabajadores para la aplicación del horario flexible en las zonas en que la organización del trabajo lo permita (oficinas técnicas, de administración, etc.), de forma autónoma en cada una y por períodos prorrogables, sin que este régimen suponga derecho adquirido para quienes lo disfruten. Seguro de accidentes: Con independencia del seguro regulado en el artículo 45, se contratará una póliza de accidentes profesionales para todo el personal que no tiene otra cobertura, que asegure los siguientes riesgos: – Muerte por accidente: su cuantía será 26.400 Euros, durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024. – Incapacidad permanente por accidente: Las mismas cantidades, en modalidad progresiva B350. Este seguro se aplicará a los accidentes ocurridos desde el 1 de enero de 1991. El régimen de devengo y abono de este seguro es el dispuesto en el artículo 45 del Convenio para el seguro básico, excepto en lo que se refiere a contingencias cubiertas e importe del seguro. Prendas de trabajo: La Representación de la Dirección de la Empresa acepta la propuesta de la Representación de los Trabajadores para los Centros de Trabajo de Valladolid y Palencia, dando opción entre camisa de verano o chaquetilla en la próxima entrega. Salud Laboral: La Comisión Central Paritaria de Salud Laboral estudiará la adecuación del articulado del Convenio Colectivo a los nuevos criterios de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, y disposiciones que la desarrollen. Habiéndose firmado el 9 de julio de 2010 el Plan de Igualdad de Renault España, que se incluye en el Convenio Colectivo como anexo XIV, se establece su seguimiento anual por parte de la Comisión Central de Salud Laboral. Las partes acuerdan que se regule en la Comisión Central de Salud Laboral la aplicación de las normas contenidas en disposiciones legales relativas a la adopción, acogida y reducción de jornada por enfermedad grave de hijos, así como de sus modificaciones, en su caso. Conforme al necesario cumplimiento de lo establecido en la ley, la Empresa se compromete a que los planes de inversiones de las factorías contemplarán líneas de acción para la mejora de las condiciones climáticas de las instalaciones industriales en el periodo de vigencia de este Acuerdo. Asimismo, las partes se comprometen a trabajar conjuntamente con las Administraciones Públicas para analizar la posible viabilidad de una guardería en el entorno de la Empresa con acceso prioritario para los hijos de los trabajadores. Servicio de fisioterapia: Se ampliará el servicio de fisioterapia existente actualmente en los centros de trabajo de Valladolid, Palencia y Sevilla, para que los trabajadores puedan utilizarlo como medida preventiva y previa petición, fuera de las horas de trabajo, quedando de la siguiente manera: – Valladolid: nueve horas diarias. – Palencia: seis horas diarias. – Sevilla: cinco horas diarias. Unidades elementales de trabajo: La Dirección de la Empresa, durante la vigencia del Convenio, potenciará la participación e información a la Representación de los Trabajadores sobre las U.E.T.’s., complementándola con una adecuada formación. Contratación temporal: Mantener los contratos mínimos para adaptar la plantilla a las necesidades de fabricación. La Empresa estima que necesita dotarse de una flexibilidad de alrededor de 1.100 personas, con este fin. De existir necesidades suplementarias de producción, se utilizarán las mínimas contrataciones temporales imprescindibles y por el tiempo indispensable. Actividad de la Empresa: En el marco del Acuerdo de Competitividad y Empleo 2021-2024, la Empresa se compromete a la consecución de inversiones y un Plan Industrial, que comprende: ‒ La asignación de un vehículo nuevo a Carrocería Montaje de Valladolid, adicional al actual CAPTUR. ‒ La adjudicación de la familia de motores HR12 para la Factoría de Motores. ‒ La asignación de un total de tres carrocerías de la familia XHN para la Factoría de Palencia. ‒ La adjudicación de una nueva caja de velocidades híbrida para la Factoría de Sevilla. ‒ La continuidad de la sede de Madrid. ‒ La continuidad de la actividad de Ingeniería en España, tanto de producto como de proceso. Comisión de revisión y actualización del articulado del Convenio Colectivo: La Dirección de la Empresa acepta la creación durante el periodo 2021-2024 de una comisión que estudie la actualización y modernización del articulado del Convenio. Los trabajos de esta Comisión serán ratificados y modificados, en su caso, por la Comisión Negociadora para su posterior inclusión y publicación en el Convenio Colectivo. Plus asistencial para los trabajadores en plantilla a fecha 26 de julio de 2000: Las partes firmantes de la presente norma convencional, de conformidad con el Acuerdo de modificación del art. 43 del Convenio Colectivo 2000-2003, de 26 de julio de 2000, suscrito por la Dirección de la Empresa y el Comité Intercentros de Renault España, S.A., acuerdan la aplicación al plus asistencial de las actualizaciones salariales para los años 2021 a 2024 pactadas en el Convenio Colectivo para el mismo periodo. Grupos profesionales: Las partes estudiarán la adaptación de nuestro sistema de clasificación profesional a través de grupos profesionales al artículo 22.1 del ET. Supresión de horas extraordinarias: La Dirección de la Empresa se compromete a incrementar su política de mínima realización de Horas Extraordinarias. Con el objetivo de reducción de las horas extras se congela su valor en el Convenio 2021-2024.

Convenio colectivo de Renault

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Renault España, S.A. (código de convenio n.º 90002092011981), que fue suscrito con fecha 18 de mayo de 2021, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma, y de otra por los comités de empresa en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, Esta Dirección General de Trabajo resuelve: Primero. Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo, en el correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Paritaria del Convenio. Segundo. Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 19 de agosto de 2021.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez Barbero. ANEXO Convenio Colectivo Interprovincial de Renault España 2021-2024 Declaración de objetivos Se declara objetivo fundamental para la continuidad de la Empresa el del aumento de su competitividad, que depende, entre otros factores, de la obtención de la calidad total basada en la mejora permanente y en el progreso continuo; para ello se declara igualmente objetivo fundamental la formación de los trabajadores. Asimismo, se manifiesta el propósito de aprovechar al máximo sus posibilidades en relación con el mercado nacional y de exportación. CAPÍTULO I Objeto y ámbito Artículo 1. Objeto y ámbito funcional. El presente Convenio regula las relaciones entre la Empresa Renault España, S.A. y los trabajadores incluidos en su ámbito personal, y se aplicará con preferencia a lo dispuesto en las demás normas laborales. Artículo 2. Convenio único. Este Convenio será único para toda la Empresa de Renault España, S.A. Artículo 3. Ámbito territorial. El presente Convenio afectará a todos los centros de trabajo (incluidas las delegaciones) de la Empresa Renault España, S.A., existentes en la actualidad o que se puedan crear durante su vigencia. Artículo 4. Ámbito personal. 1. El Convenio afectará a la totalidad del personal que presta sus servicios en la Empresa, con las excepciones siguientes: a) El personal directivo y de alta gestión excluido del ámbito regulado por la legislación laboral o cuya relación laboral tenga carácter especial. b) Al personal nombrado por la gerencia para desempeñar cargos de categoría de mando superior, atendida la clasificación profesional específica de la Empresa, le será aplicable el presente Convenio salvo en aquellas materias (tales como salarios, seguros, etc.) reguladas en el régimen más favorable vigente en la Empresa para el colectivo de mandos superiores. La Empresa suministrará a la Representación de los Trabajadores una relación del personal directivo en el momento de la entrada en vigor del Convenio, así como las alteraciones que se produzcan durante la vigencia del mismo. 2. No obstante, al personal contratado en cualquiera de las modalidades de duración determinada que regula el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores así como los contratados a jornada o tiempo parcial de nuevo ingreso, aprendices y contratados en prácticas, les será aplicable lo dispuesto en el presente Convenio en materia de jornada y vacaciones, licencias, conceptos y retribución salariales, y rendimientos, en lo compatible con la naturaleza del contrato y, en su caso, proporcionalmente a la duración y jornada en éste establecidas. En los contratos formativos, se estará a lo previsto en la normativa legal específica en cuanto a la combinación de trabajo efectivo y formación, y en cuanto a la retribución. Artículo 5. Ámbito temporal. El Convenio entrará en vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2021 y su duración será de cuatro años a contar desde dicha fecha, es decir hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, se entenderá automáticamente prorrogado por la tácita de año en año hasta que cualquiera de las partes lo denuncie en debida forma y por escrito con la antelación mínima de tres meses al término del plazo de vigencia inicial o de la prórroga anual en curso. Asimismo, se entenderá prorrogado a todos los efectos durante el tiempo que medie entre la fecha de su expiración y la entrada en vigor del nuevo Convenio que lo sustituya, cuyos efectos retributivos se retrotraerán a la mencionada fecha de expiración. No obstante, lo antecedentemente expuesto, se incorpora al presente Convenio Colectivo una nueva redacción del anexo IX que sustituye y deja sin efecto la anteriormente pactada hasta 31.12.2020, con duración, independiente del ámbito temporal del resto del Convenio, hasta 31 de diciembre del año 2024, sin que sea susceptible de prórroga automática. Se incorpora también con duración independiente del ámbito temporal del resto del Convenio, hasta 31 de diciembre del año 2024, sin que sea susceptible de prórroga automática, el nuevo anexo VI «Reglamento para la promoción de la iniciativa y la creatividad». Artículo 6. Absorción y compensación. Las mejoras resultantes del presente Convenio serán absorbibles y compensables con aquéllas que pudieran establecerse por disposición legal, salvo cuando expresamente se pacte lo contrario. Artículo 7. Sustitución de condiciones. La entrada en vigor de este Convenio entraña la sustitución de las condiciones laborales vigentes por las que se establecen en el presente pacto colectivo, por estimar que en conjunto y globalmente consideradas suponen condiciones más beneficiosas para los ### RESUMEN: Convenio colectivo de Renault

Con fecha 30 de julio de 2018 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/LDI-3/2017, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 15 de noviembre de 2017 a, entre otros, D. Vincenzo Carpanzano y D. Mario Emmrich, administradores de Marvin Management, S.L. durante el período de las infracciones. Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establece que las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa. Siendo firmes en vía administrativa, procede, al amparo de lo establecido en el citado artículo 115.5, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las siguientes sanciones impuestas en dicha Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España a: Don Vincenzo Carpanzano: «– Una sanción de multa por importe de cincuenta mil euros (50.000 euros), por la comisión en los años 2016 y 2017 de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.a) de la citada Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito. – Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo de administración o dirección que ocupe en la entidad, por plazo de 5 años, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.a) de dicha Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito. – Una sanción de multa por importe de cincuenta mil euros (50.000 euros), por la comisión en los años 2016 y 2017 de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, en relación con el artículo 92.a) de la citada Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de pago. – Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración o dirección que ocupe en la entidad, por plazo de 5 años, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.a) de dicha Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de pago.» Don Mario Emmrich: «– Una sanción de multa por importe de cincuenta mil euros (50.000 euros), por la comisión en los años 2016 y 2017 de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.a) de la citada Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito. – Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo de administración o dirección que ocupe en la entidad, por plazo de 5 años, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.a) de dicha Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito. – Una sanción de multa por importe de cincuenta mil euros (50.000 euros), por la comisión en los años 2016 y 2017 de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, en relación con el artículo 92.a) de la citada Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de pago. – Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración o dirección que ocupe en la entidad, por plazo de 5 años, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.a) de dicha Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de pago.» Madrid, 26 de septiembre de 2018.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez.

Sanción del Banco de España a Marvin Management por hacer cosas que exclusivas de entidades de crédito. 1,1M para la firma y escarnio público. Más de 100.000 e inhabilitación por 5 años para cada uno de sus administradores.

Con fecha 30 de julio de 2018 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/LDI-3/2017, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 15 de noviembre de 2017 a, entre otros, D. Vincenzo Carpanzano y D. Mario Emmrich, administradores de Marvin Management, S.L. durante el período de las infracciones. Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establece que las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa. Siendo firmes en vía administrativa, procede, al amparo de lo establecido en el citado artículo 115.5, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» de las siguientes sanciones impuestas en dicha Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España a: Don Vincenzo Carpanzano: «– Una sanción de multa por importe de cincuenta mil euros (50.000 euros), por la comisión en los años 2016 y 2017 de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.a) de la citada Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito. – Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo de administración o dirección que ocupe en la entidad, por plazo de 5 años, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.a) de dicha Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito. – Una sanción de multa por importe de cincuenta mil euros (50.000 euros), por la comisión en los años 2016 y 2017 de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, en relación con el artículo 92.a) de la citada Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de pago. – Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración o dirección que ocupe en la entidad, por plazo de 5 años, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.a) de dicha Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de pago.» Don Mario Emmrich: «– Una sanción de multa por importe de cincuenta mil euros (50.000 euros), por la comisión en los años 2016 y 2017 de una infracción muy grave tipificada en el artículo 92.a) de la citada Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito. – Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de crédito o del sector financiero, con separación del cargo de administración o dirección que ocupe en la entidad, por plazo de 5 años, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.a) de dicha Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de crédito. – Una sanción de multa por importe de cincuenta mil euros (50.000 euros), por la comisión en los años 2016 y 2017 de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.4 de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, en relación con el artículo 92.a) de la citada Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de pago. – Una sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero, con separación del cargo de administración o dirección que ocupe en la entidad, por plazo de 5 años, prevista en el artículo 100.1.d) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, por la comisión de una infracción muy grave, tipificada en el artículo 92.a) de dicha Ley 10/2014, consistente en ejercer sin autorización actividades legalmente reservadas a las entidades de pago.» Madrid, 26 de septiembre de 2018.–El Secretario General del Banco de España, Francisco Javier Priego Pérez. ### RESUMEN: Sanción del Banco de España a Marvin Management por hacer cosas que exclusivas de entidades de crédito. 1,1M para la firma y escarnio público. Más de 100.000 e inhabilitación por 5 años para cada uno de sus administradores.

Con fecha 26 de octubre de 2018 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/BP-6/2017, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 19 de diciembre de 2017 a la entidad Banco Popular Español, S.A. (actualmente, Banco Santander, S.A., sucesor universal de dicho Banco). Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establece que las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa. Toda vez que la citada Resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa, procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 115.5, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a la siguiente sanción, impuesta en dicha Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España a Banco Santander, S.A., en su condición de sucesor universal de Banco Popular Español, S.A.: Sanción de multa impuesta a Banco Santander, S.A., en su condición de sucesor universal de Banco Popular Español, S.A., por importe de tres millones de euros (3.000.000 euros) prevista en el artículo 9.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.e) de la citada Ley 26/1988, consistente en la realización de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado. Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos de las Leyes 41/2007 y 44/2002, en materia, respectivamente, de: compensaciones y comisiones en supuestos de amortización anticipada y aplicación de cláusulas de redondeo del tipo de interés. Madrid, 12 de junio de 2019.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez.

Sanción por cobro de comisiones indebidas de Banco Popular que hereda el Santander. Esta vez de 3.000.000 euros.

Con fecha 26 de octubre de 2018 el Consejo de Gobierno del Banco de España dictó la Resolución por la que finalizó el expediente de referencia IE/BP-6/2017, incoado por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España de fecha 19 de diciembre de 2017 a la entidad Banco Popular Español, S.A. (actualmente, Banco Santander, S.A., sucesor universal de dicho Banco). Por otra parte, el artículo 115.5 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, establece que las sanciones por infracciones muy graves serán publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que sean firmes en vía administrativa. Toda vez que la citada Resolución ha adquirido firmeza en vía administrativa, procede, al amparo de lo establecido en el mencionado artículo 115.5, dar publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» a la siguiente sanción, impuesta en dicha Resolución sancionadora del Consejo de Gobierno del Banco de España a Banco Santander, S.A., en su condición de sucesor universal de Banco Popular Español, S.A.: Sanción de multa impuesta a Banco Santander, S.A., en su condición de sucesor universal de Banco Popular Español, S.A., por importe de tres millones de euros (3.000.000 euros) prevista en el artículo 9.a) de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, norma sancionadora sustantiva que resulta de aplicación atendiendo al tiempo de comisión de los hechos, por la comisión de una infracción muy grave tipificada en el artículo 4.e) de la citada Ley 26/1988, consistente en la realización de actos u operaciones prohibidas por normas de ordenación y disciplina con rango de Ley o con incumplimiento de los requisitos establecidos en las mismas, salvo que tenga un carácter meramente ocasional o aislado. Tal infracción se ha producido al haberse detectado incumplimientos de las Leyes 41/2007 y 44/2002, en materia, respectivamente, de: compensaciones y comisiones en supuestos de amortización anticipada y aplicación de cláusulas de redondeo del tipo de interés. Madrid, 12 de junio de 2019.–El Secretario General del Banco de España, Francisco-Javier Priego Pérez. ### RESUMEN: Sanción por cobro de comisiones indebidas de Banco Popular que hereda el Santander. Esta vez de 3.000.000 euros.

La adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986 produjo un cambio fundamental en el ordenamiento jurídico español, toda vez que las normas del Derecho comunitario pasan a integrarse en nuestro sistema de fuentes del Derecho. Desde ese momento, España, como Estado miembro, queda obligada a aplicar el Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con los principios de primacía y efecto directo del derecho europeo y el de colaboración leal, entre otros. Como Estado territorialmente descentralizado, estos principios vinculan al conjunto de las Administraciones Públicas. No obstante, es el Reino de España, tal y como establecen los Tratados europeos, el responsable ante dichas instituciones por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. En todo caso, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias, cada Administración es responsable de cumplir internamente con las obligaciones europeas, tal y como ha reiterado ampliamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que conlleva que la Administración General del Estado pueda repercutir a la Administración que corresponda la responsabilidad derivada del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. En efecto, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en desarrollo del artículo 135 de la Constitución española, ha desarrollado el principio de responsabilidad tanto en su artículo 8 como en su disposición adicional segunda, que específicamente se refiere a la responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho de la Unión Europea. En este sentido, el citado artículo 8, a imagen de lo previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que las Administraciones Públicas que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen. Asimismo la disposición adicional segunda dispone que cuando las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público incumplieran obligaciones derivadas de normas del Derecho de la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que se devenguen. De este modo, el citado principio permite repercutir a la Administración incumplidora las responsabilidades derivadas de cualquier acción u omisión contraria al ordenamiento europeo que haya realizado en el ejercicio de sus competencias. En ejercicio de la habilitación contenida en el apartado tres de la mencionada disposición adicional segunda, se dicta este real decreto que desarrolla un procedimiento general de determinación y repercusión de las responsabilidades derivadas de los incumplimientos del Derecho de la Unión Europea. La existencia del citado procedimiento general, supone una gran novedad en el ordenamiento jurídico español, ya que hasta la fecha sólo existían regulaciones dispersas y de carácter sectorial en determinadas materias, como son la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea, los compromisos adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria, en materia de aguas o los servicios del mercado interior. A este respecto, es importante señalar que el procedimiento aquí regulado no tiene naturaleza sancionadora, sino que se limita a derivar responsabilidades y para ello se establecen los criterios y procedimiento a seguir para determinar y repercutir las mencionadas responsabilidades. Para su redacción se han tenido en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Estado en su Informe de 15 de diciembre de 2010 acerca de los mecanismos existentes en el ordenamiento español para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea y, en su caso, repercutir la responsabilidad a los sujetos incumplidores. El real decreto se estructura en cuatro capítulos y consta de dieciocho artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única, y cuatro disposiciones finales. El capítulo I determina el objeto, el ámbito de aplicación subjetivo y objetivo del real decreto, los criterios para la determinación de las responsabilidades derivadas del incumplimiento y el procedimiento a seguir en el caso que se produzca una responsabilidad concurrente de alguno de los sujetos de aplicación. Cabe destacar que se ha considerado un ámbito de aplicación objetivo amplio. No obstante, este procedimiento no será de aplicación en el caso de la liberación automática de compromisos y los procedimientos de suspensión de los pagos regulados en la normativa de la Unión Europea, aunque sí lo será a las correcciones financieras que se deriven de los mismos. El capítulo II regula los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver el procedimiento, su forma de inicio, que será siempre de oficio, el contenido mínimo que debe tener el acuerdo de iniciación y las posibles medidas provisionales a adoptar. A este respecto, cabe señalar que el artículo 9 al definir el contenido mínimo que debe contener el acuerdo de iniciación, regula los conceptos que conformarán el importe total de la deuda y en el que se encuentran comprendidos tanto los posibles intereses de demora que se generen como el interés compensatorio de los costes financieros, siendo ambos conceptos acumulativos entre sí. El capítulo III desarrolla las actuaciones y alegaciones que pueden realizar los interesados en el procedimiento, los informes preceptivos que deben acompañar al expediente y la existencia del trámite de audiencia. Finalmente, el capítulo IV regula las formas de terminación del procedimiento, que podrán ser bien mediante acuerdo de Consejo de Ministros o bien a través del pago voluntario anticipado de la deuda. Asimismo, se dispone el plazo general de dos meses para efectuar el pago total de la deuda y se desarrollan los posibles mecanismos de exacción a los que puede recurrir el Estado en el caso en que no se lleve a cabo un pago voluntario de la deuda. Por último, se establece en cuatro años el plazo de prescripción de la deuda. Entre las disposiciones adicionales destaca la regulación del procedimiento a seguir cuando la responsabilidad por incumplimiento sea atribuible a las entidades del sector público estatal, así como el establecimiento de especialidades para la determinación de la responsabilidad en el ámbito del fondo social europeo y los fondos europeos agrícolas. Por lo que se refiere a la disposición transitoria única, el real decreto establece que, sin perjuicio de lo dispuesto en materia de fondos, este procedimiento será de aplicación para la determinación y repercusión de las responsabilidades derivadas de los pronunciamientos de las instituciones europeas anteriores a su entrada en vigor, con independencia de si el Estado ha abonado ya la sanción impuesta por la Unión Europea. La disposición derogatoria única deroga expresamente los artículos 12, 13 y 14, así como la disposición adicional segunda del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía y el apartado 8.2 de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre en lo referente a las correcciones financieras derivadas de la gestión por las comunidades autónomas de acciones y medidas de políticas activas. Por último, entre las disposiciones finales, se establece el carácter supletorio de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo del presente real decreto. Para la tramitación de este real decreto se ha consultado a las Entidades Locales, a través de la Comisión Nacional de Administración Local, y a las Comunidades Autónomas. En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de julio de 2013, DISPONGO: CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 1. Objeto. El presente real decreto tiene por objeto desarrollar lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A estos efectos, se regulan el procedimiento y los criterios para la determinación y repercusión de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, determinando su ámbito subjetivo y objetivo de aplicación, así como los mecanismos para hacer efectiva la repercusión. Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación. Este real decreto resulta de aplicación a todos los sujetos previstos en el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Artículo 3. Ámbito objetivo de aplicación. 1. Las Administraciones o entidades a las que hace referencia el artículo 2 que, en el ejercicio de sus competencias o funciones, incumplieran por acción u omisión el Derecho de la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado con carácter ejecutivo por las instituciones europeas, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se deriven de tal incumplimiento. Cuando sea una entidad, a las que hace referencia el artículo 2, la que por acción u omisión dé lugar, directa o indirectamente, a que el Reino de España sea sancionado, en los términos previstos en el apartado anterior, la Administración pública de la que la entidad dependa o esté vinculada asumirá subsidiariamente la responsabilidad que se derive de tal incumplimiento. 2. A efectos de lo establecido en el apartado anterior, tendrá la consideración de sanción para el Reino de España la imposición, mediante sentencia, acto o decisión ejecutiva de las instituciones europeas, de una multa a tanto alzado o una multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, las correcciones financieras adoptadas mediante decisión de la Comisión Europea, la minoración de las cuantías de las transferencias o fondos que a España le puedan corresponder del presupuesto de la Unión Europea o cualquier otro acto adoptado por una institución, órgano u organismo de la Unión Europea que implique responsabilidades financieras para el Estado o la merma de cualquier cantidad que le hubiera sido reconocida. 3. Se entenderá que existe un incumplimiento cuando se realicen actuaciones u omisiones contrarias al Derecho de la Unión Europea y en particular, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Transposición tardía de directivas europeas al ordenamiento jurídico. b) Transposición incorrecta de directivas europeas al ordenamiento jurídico. c) Adecuación tardía o incorrecta de la normativa autonómica a la legislación básica estatal dictada en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. d) Mantenimiento en vigor o aprobación de normas contrarias al Derecho de la Unión Europea. e) Falta de ejecución o ejecución incorrecta de sentencias, actos o decisiones dictados por las instituciones europeas. Artículo 4. Determinación de la responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. 1. Se repercutirán las responsabilidades derivadas de sanciones ejecutivas por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea a aquellas Administraciones Públicas o entidades previstas en el artículo 2, que sean competentes de conformidad con el ordenamiento jurídico español y que realicen una acción u omisión que dé lugar a un incumplimiento en los términos establecidos en el artículo 3. Para el caso de los fondos europeos agrícolas, el criterio de competencia se determinará de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta. 2. Sin perjuicio de que puedan tenerse en cuenta otros hechos y fundamentos jurídicos, serán vinculantes para el Consejo de Ministros los contenidos en las sentencias, actos o decisiones ejecutivas que las instituciones europeas hayan dictado al efecto, con respecto al acuerdo que ponga fin al procedimiento para la determinación, imputación y repercusión de las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Artículo 5. Responsabilidad concurrente. 1. Cuando se produzca una actuación u omisión conjunta de alguno o algunos de los sujetos establecidos en el artículo 2 y de la misma se derive un incumplimiento del Derecho de la Unión Europea en los términos previstos en el artículo 3, los sujetos intervinientes en dicha acción u omisión responderán de manera mancomunada, debiendo cuantificarse el grado de responsabilidad que corresponde a cada una de ellos y expresándose mediante porcentaje. Para la determinación de la correspondiente responsabilidad se atenderá a las sentencias, actos o decisiones ejecutivas de las instituciones europeas que declaren el incumplimiento, y se ponderará en cada caso, entre otros, los criterios de competencia, intensidad de la intervención, participación en la financiación asignada y la reiteración. En aquellos casos en que no sea posible la aplicación de estos criterios, la distribución se realizará por partes iguales entre cada uno de los sujetos incumplidores. 2. En los supuestos de gestión de fondos procedentes de la Unión Europea, cuando se aplique una corrección financiera a tanto alzado o por extrapolación que afecte a la totalidad o parte de un programa operativo, la determinación de la responsabilidad se realizará en función de la financiación asignada a cada uno de los sujetos establecidos en el artículo 2, en el programa operativo o parte del mismo afectado, salvo lo previsto para el fondo social europeo en la disposición adicional cuarta. 3. En los casos de los fondos europeos agrícolas, la Administración General del Estado y los organismos pagadores que de acuerdo con sus respectivas competencias realicen actuaciones de gestión y control de las ayudas financiadas por estos fondos, instrumentadas o no en programas operativos, asumirán las responsabilidades que se deriven de sus actuaciones de acuerdo con el criterio de competencia de conformidad con lo previsto en la disposición adicional quinta. 4. En aquellos supuestos en los que exista un convenio, un contrato o un acuerdo específico que regule la actuación conjunta y fije la distribución de responsabilidades ante un posible incumplimiento del Derecho de la Unión Europea para cada uno de los sujetos intervinientes, éste será tenido en cuenta como criterio para la determinación de las correspondientes responsabilidades. Artículo 6. Reconocimiento de la responsabilidad previo al inicio del procedimiento. No procederá la adopción del acuerdo de iniciación por el órgano competente, cuando el sujeto que se considere responsable pague previamente al Estado, el importe derivado de la mencionada sanción en los términos previstos en el artículo 16. En este caso no se repercutirá el interés compensatorio de los costes financieros al que alude el artículo 9.1. CAPÍTULO II Iniciación del procedimiento y medidas de carácter provisional Artículo 7. Órganos competentes. 1. La Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es el órgano encargado de iniciar e instruir el procedimiento, correspondiendo al Consejo de Ministros, mediante acuerdo, la resolución del procedimiento. 2. En los casos de fondos procedentes de la Unión Europea, la competencia para iniciar e instruir el procedimiento corresponderá a los órganos de la Administración General del Estado y a las entidades dependientes o vinculadas a la misma que sean competentes para la coordinación de cada uno de los fondos o instrumentos europeos, o en su defecto, para proponer o coordinar los pagos de las ayudas de cada fondo o instrumento. La resolución del procedimiento corresponderá al Consejo de Ministros, mediante acuerdo. Artículo 8. Forma de iniciación. 1. El procedimiento se iniciará de oficio mediante acuerdo del órgano competente, de conformidad con el artículo anterior, y deberá notificarse a los interesados. Para adoptar el mencionado acuerdo, el órgano competente dispondrá del plazo de dos meses, a contar desde que reciba la notificación de la Secretaría de Estado para la Unión Europea u otro órgano competente de que es ejecutiva la sentencia, acto o decisión de las instituciones europeas por la que se impone una sanción al Reino de España. Dicha notificación, deberá ser remitida por la Secretaría de Estado para la Unión Europea o el órgano competente en el plazo de 10 días naturales desde que se tenga constancia de la sentencia, acto o decisión. Asimismo, el acuerdo de inicio será comunicado a los órganos competentes en materia de hacienda pública de la posible Administración responsable y la posible Administración responsable subsidiaria. 2. Cabrá la acumulación de procedimientos en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Artículo 9. Contenido del Acuerdo de iniciación. 1. El acuerdo de iniciación incluirá el contenido de una propuesta de resolución que al menos concretará los siguientes elementos: a) Determinación del posible sujeto incumplidor y, en su caso, la Administración Pública responsable subsidiaria. b) Determinación de los hechos sucintamente expuestos que motivaron la incoación del procedimiento, en donde, entre otros aspectos, se indicará la sentencia, acto o decisión firme de las instituciones europeas que ha dado lugar a una sanción al Reino de España. c) Criterios de imputación y, en su caso, de distribución de la responsabilidad tenidos en cuenta. d) Importe total de la deuda, que incluirá el de las multas a tanto alzado y, en su caso, el de las multas coercitivas que ya se hayan devengado. Igualmente se hará constar expresamente, cuando así proceda, que el importe de la responsabilidad será comprensivo de las multas coercitivas que pudieran devengarse con posterioridad y traigan causa del mismo incumplimiento y, en su caso, el interés de demora que se pueda generar por no haberse producido el pago voluntario en el plazo previsto en el artículo 16. Asimismo, formará parte del importe total de la deuda, el interés compensatorio de los costes financieros que se hayan generado, que será el interés previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. El mencionado interés compensatorio se devengará a partir de la fecha en que el Estado haya hecho efectiva la cancelación de la deuda, hasta que se haya procedido al pago voluntario o venza el plazo de pago previsto en el artículo 16. e) Mecanismos para hacer efectiva la deuda en caso de que no se haya producido el pago voluntario. f) Indicación de la declaración de extinción de la deuda una vez que se haga efectiva la repercusión y el pago. 2. El acuerdo de iniciación del procedimiento informará sobre: la posibilidad de pago voluntario anticipado de la deuda en cualquier momento del procedimiento, el derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento, así como los plazos para su ejercicio y las medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente. Artículo 10. Medidas provisionales. El Consejo de Ministros podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. Estas medidas respetarán las competencias que tengan atribuidas los posibles sujetos responsables. CAPÍTULO III Instrucción del procedimiento Artículo 11. Actuaciones y alegaciones. 1. Los interesados dispondrán de un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, a contar a partir del día siguiente al de la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento, para formular alegaciones, aportar cuantos documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse. En la notificación de la iniciación del procedimiento se indicará a los interesados dicho plazo. 2. El órgano instructor, mediante resolución motivada, podrá rechazar las pruebas propuestas por la Administración o entidad interesada cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias. Artículo 12. Informes. 1. El órgano instructor realizará de oficio cuantos actos de instrucción resulten necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de datos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, y solicitará los informes que se juzguen necesarios para resolver. En todo caso, se incorporará al expediente el informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio competente por razón de la materia y, en los casos de la imposición de una multa a tanto alzado o una multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, también se incluirá el informe de la Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 2. En los supuestos en los que pudiera existir un incumplimiento atribuible, en todo o en parte, a la Administración General del Estado o a sus entidades, se solicitará informe preceptivo al departamento ministerial o entidad presuntamente responsable. 3. Los informes serán emitidos en el plazo de diez días, salvo que el órgano instructor, atendiendo a las características del informe solicitado o del propio procedimiento, solicite su emisión en un plazo menor o mayor, sin que en este último caso pueda exceder de un mes. Artículo 13. Audiencia y propuesta de resolución. 1. Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de dictar la propuesta de resolución que ponga fin al procedimiento, se pondrá de manifiesto a los interesados quienes, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán realizar las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. 2. Concluido el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que ponga fin al procedimiento que se elevará al Consejo de Ministros. En todo caso, la propuesta de resolución que ponga fin al procedimiento incluirá la cuantía actualizada del interés compensatorio de los costes financieros que se haya devengado hasta la fecha. CAPÍTULO IV Finalización del procedimiento Artículo 14. Terminación. 1. La finalización del procedimiento tendrá lugar, en el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de iniciación, por acuerdo del Consejo de Ministros que tendrá en cuenta los hechos y fundamentos contenidos en las sentencias, actos o decisiones ejecutivos de las instituciones europeas de las que se derive el incumplimiento de la normativa europea y recogerá los criterios de imputación tenidos en cuenta para declarar la responsabilidad. 2. El Acuerdo del Consejo de Ministros que ponga fin al procedimiento se notificará a los interesados y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». 3. Efectuado el pago se producirá la extinción total o parcial de la deuda, según corresponda. Artículo 15. Reconocimiento de la responsabilidad. 1. En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución que ponga fin al procedimiento, las Administraciones o entidades interesadas podrán manifestar su conformidad y proceder al pago voluntario anticipado de la deuda, dando así lugar a la terminación del procedimiento. A estos efectos, se admitirá como medio de pago voluntario anticipado de la deuda tanto el abono de su importe al Estado como la solicitud del sujeto responsable para que se proceda a su compensación, deducción o retención. 2. En los casos en los que se produzca el pago voluntario anticipado de la deuda, tras la notificación del acuerdo de iniciación, no se repercutirá el interés compensatorio de los costes financieros al que alude el artículo 9.1. 3. El acuerdo que, en su caso, alcancen las partes se notificará a las mismas, y tendrá por sí mismo la consideración de acto finalizador del procedimiento, si bien requerirá que el Consejo de Ministros manifieste su aprobación expresa mediante acuerdo y que éste se publique en el «Boletín Oficial del Estado». Artículo 16. Pago de la deuda. 1. En los dos meses siguientes a la recepción de la notificación del Acuerdo del Consejo de Ministros que ponga fin al procedimiento, las Administraciones y entidades declaradas responsables del incumplimiento en el Acuerdo deberán efectuar el pago del importe total de la deuda en los términos indicados. A estos efectos, se admitirá como medio de pago voluntario de la deuda tanto el abono de su importe al Estado como la solicitud del sujeto responsable para que se proceda a su compensación, deducción o retención. 2. En los supuestos en los que con posterioridad a la fecha de aprobación del acuerdo de Consejo de Ministros, se devenguen nuevas multas coercitivas que traigan causa del mismo incumplimiento, el órgano instructor dirigirá comunicación a las Administraciones y entidades interesadas requiriéndoles que efectúen el pago en los dos meses siguientes y haciendo constar que de no realizarlo en el plazo indicado se hará uso de los mecanismos de exacción previstos en este real decreto. Artículo 17. Mecanismos de repercusión de las responsabilidades. 1. En aquellos supuestos en los que no se produzca el pago voluntario de la deuda en los términos y plazos señalados en el artículo anterior, el órgano competente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hará uso de los mecanismos de exacción sin necesidad de requerimiento ulterior. Tales mecanismos implicarán la compensación, deducción o retención de la deuda con las cantidades que deba satisfacer el Estado a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto presupuestario y no presupuestario. Esta repercusión incluirá los intereses de demora devengados desde los dos meses posteriores a la fecha de notificación del acuerdo de Consejo de Ministros y calculados de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación. 2. El Estado podrá compensar, deducir o retener de los importes satisfechos en cumplimiento de los regímenes de financiación que les resulten aplicables a las Comunidades Autónomas, Comunidad foral, Entidades Locales, incluidas las Diputaciones forales, y Ciudades con Estatuto de Autonomía, las cantidades necesarias para hacer efectivo el pago de la deuda. Para ello, el Estado efectuará la compensación, deducción o retención con cargo a los importes satisfechos directamente por el Estado al declarado responsable, y subsidiariamente con cargo a los importes en los cuales otra Administración Pública actúa como intermediario siendo el destinatario final el declarado responsable. En este último caso, será preciso dar audiencia previa por un plazo de diez días a la Administración Pública que actúa como intermediaria. 3. Con carácter general, la compensación, deducción o retención se llevará a cabo, en primer lugar, con cargo a los recursos o flujos satisfechos por el Estado en aplicación de los regímenes de financiación que les resulten aplicables a las Comunidades Autónomas, Comunidad foral, Entidades Locales, incluidas las Diputaciones forales y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Con carácter subsidiario, la compensación, deducción o retención se llevará a cabo con cargo a las transferencias, subvenciones y otras asignaciones de carácter finalista contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado o en mecanismos extrapresupuestarios. Asimismo, la compensación, deducción o retención podrá efectuarse con cargo a los fondos e instrumentos financieros de la Unión Europea siempre y cuando sea posible de acuerdo con la normativa que regula cada uno de los Fondos Europeos. 4. En el caso de responsabilidad de una entidad dependiente o vinculada a una Administración Pública, el Estado efectuará la compensación, deducción o retención con cargo a los importes satisfechos directamente por el Estado al declarado responsable. Subsidiariamente, podrá efectuarse la compensación, deducción o retención con cargo a: a) Los importes en los cuales otra Administración Pública actúa como intermediario siendo el destinatario final la Administración o entidad responsable. b) Los importes que el Estado satisfaga a la Administración Pública que haya sido declarada responsable subsidiaria y de la que la entidad responsable dependa o esté vinculada. En los casos previstos en las letras a) y b) anteriores será preciso dar audiencia previa por un plazo de diez días a la Administración Pública que actúa como intermediaria o a la declarada responsable subsidiaria. La administración autonómica o local de la que depende o a la que esté vinculada la entidad incumplidora, será la competente para decidir la forma en la que repercutirá, a su vez, a la citada entidad su responsabilidad. 5. Cuando de conformidad con el artículo 16 no se produzca el pago voluntario, en los supuestos relativos a la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea, la compensación, deducción o retención se realizará en primer lugar con cargo a los libramientos que se realicen por cuenta de los citados fondos e instrumentos financieros de la Unión Europea, de acuerdo con la respectiva naturaleza de cada uno de ellos y su normativa reguladora. En defecto de lo anterior, la exacción de la deuda se llevará a cabo con las cantidades que deba satisfacer el Estado a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario o no presupuestario, en los términos establecidos en los apartados anteriores. Artículo 18. Plazo de prescripción. De acuerdo con lo previsto en el artículo 15.1.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, transcurridos cuatro años desde que el Estado haya satisfecho la sanción impuesta por las instituciones europeas, se entenderá que el derecho del Estado a determinar y repercutir las correspondientes responsabilidades por este incumplimiento ha prescrito. Disposición adicional primera. Normativa aplicable a los procedimientos de déficit excesivo. En el caso en que el Reino de España resulte incurso en un Procedimiento de Déficit Excesivo de la Unión Europea, para lo no dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, se aplicará lo previsto en este real decreto. Disposición adicional segunda. Responsabilidad por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea atribuible a las entidades del sector público estatal. 1. Cuando se determine, tras seguir el procedimiento regulado en este real decreto, que la responsabilidad por incumplimiento es imputable, en todo o en parte, a una entidad del sector público estatal, no será de aplicación lo previsto en el artículo 17 de este real decreto relativo a los mecanismos de repercusión de las responsabilidades. 2. En dichos casos, el Consejo de Ministros acordará la extinción de la deuda a través de la deducción de sus importes en futuros libramientos o mediante su compensación con deudas de la Administración General del Estado siempre que sean vencidas, líquidas y exigibles. Asimismo, el departamento ministerial interesado, podrá solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que la citada deducción se prorratee hasta un máximo de dos ejercicios presupuestarios. Disposición adicional tercera. Informe anual al Consejo de Ministros. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevará anualmente al Consejo de Ministros un informe, que será público, sobre las comunicaciones recibidas de actos, sentencias, o decisiones de las instituciones europeas por las que se sancione al Reino de España por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea, los procedimientos iniciados, los resueltos y el estado de ejecución de las resoluciones dictadas al amparo del presente real decreto. A estos efectos, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación informará al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre las comunicaciones recibidas relativas a los actos, sentencias, o decisiones de las instituciones europeas por las que se sancione al Reino de España por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. Disposición adicional cuarta. Especialidades para la determinación de la responsabilidad por incumplimientos de obligaciones derivadas del derecho de la Unión Europea en el ámbito del Fondo Social Europeo. En los casos de responsabilidad concurrente previstos en el artículo 5 que se refieran a incumplimientos en el ámbito del fondo social europeo cuando, siendo Organismo Intermedio un ente de la Administración General del Estado, la gestión de las operaciones objeto de cofinanciación corresponda a las Comunidades Autónomas, la responsabilidad financiera entre los distintos entes implicados se atribuirá de la siguiente forma: a) Será atribuible la responsabilidad financiera al Organismo Intermedio, cuando no hubiera informado adecuadamente a las Comunidades Autónomas de criterios establecidos por la Unión Europea en la gestión del Fondo Social Europeo de los que hubiera tenido conocimiento por cualquier causa, o bien cuando la corrección se impusiera por la no realización de actuaciones que el citado Organismo Intermedio hubiera debido realizar de acuerdo al sistema de gestión y control del respectivo Programa Operativo aprobado. b) Será atribuible la responsabilidad financiera a la respectiva Comunidad Autónoma cuando la corrección financiera se derive de defectos en su gestión de las operaciones que han sido objeto de cofinanciación, cuando se deba a deficiencias en los controles realizados por los organismos de la Comunidad Autónoma con competencias para ello, y cuando la corrección se imponga por la falta de realización de actuaciones que la citada Comunidad Autónoma hubiera debido realizar de acuerdo al sistema de gestión y control del respectivo Programa Operativo aprobado por la Unión Europea. Disposición adicional quinta. Especialidades para la determinación de la responsabilidad por incumplimiento del derecho de la Unión Europea en el ámbito de los fondos europeos agrícolas. En los casos de responsabilidad concurrente previstos en el artículo 5 que se refieran a incumplimientos en el ámbito de los fondos europeos agrícolas se aplicará el criterio de competencia de acuerdo con las siguientes reglas: 1. Los organismos pagadores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía, asumirán el pago de las correcciones financieras, en los siguientes casos y materias: a) Por causas derivadas de la gestión, resolución, pago, control y régimen sancionador de ayudas en las que tenga atribuidas competencias. b) Por las actuaciones derivadas de la gestión por la comunidad autónoma de las ayudas cuyas competencias de resolución y pago correspondan a la Administración General del Estado y la corrección no resulte de las actuaciones de dicha Administración. c) Por causas derivadas del incumplimiento de la obligación de informar en plazo y forma prevista en el artículo 5 del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo. 2. Será atribuible a la Administración General del Estado la responsabilidad de las correcciones financieras impuestas por la Unión Europea en los siguientes casos y materias: a) Aquellos supuestos en que las actuaciones del organismo pagador que dieron lugar a la corrección financiera sean resultado directo de la mera aplicación de la normativa básica estatal. b) El incumplimiento por el Fondo Español de Garantía Agraria de las obligaciones establecidas en el artículo 3.1. del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo. c) El incumplimiento de la obligación de establecer las medidas de coordinación de los controles de las ayudas, en el ámbito del Sistema Integrado de Gestión y Control, así como la demora en comunicar a los organismos pagadores las informaciones o instrucciones comunitarias cuando dé lugar a pagos indebidos o fuera de plazo. d) El incumplimiento de los plazos previstos en los convenios de prefinanciación para remisión de los fondos a los organismos pagadores cuando se originen por este motivo pagos fuera de plazo. e) El incumplimiento injustificado de las obligaciones de cofinanciación cuando éstos originen pagos fuera de plazo. f) El incumplimiento o demora de la obligación de dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico necesarios para la realización por la comunidad autónoma de las actuaciones de gestión de operaciones de intervención y regulación de los mercados que le hayan sido encomendadas. g) El incumplimiento de la obligación de remitir a la Unión Europea la información reglamentariamente establecida cuando dicho incumplimiento no sea imputable a una comunidad autónoma. Disposición adicional sexta. Procedimiento a seguir cuando la sentencia, acto o decisión europea ha devenido firme dando lugar a un cambio de criterio. Cuando la sentencia, acto o decisión que las instituciones europeas hayan dictado devengan firmes y hayan dado lugar a un cambio de criterio que afecte a los hechos que dieron lugar a la determinación de la responsabilidad, en todo o en parte, respecto de la que era ejecutiva, el sujeto declarado responsable, de acuerdo con lo previsto en este real decreto, podrá instar la iniciación de un nuevo procedimiento en el plazo de un mes desde que el sujeto responsable reciba la notificación en la que se le comunique el carácter firme de la sentencia, acto o disposición. Asimismo, el citado procedimiento podrá iniciarse de oficio por el órgano competente al que se refiere el artículo 7. Disposición adicional séptima. Cooperación interadministrativa. Cuando en los términos previstos en el artículo 3 se imponga una sanción al Reino de España para cuyo cumplimiento sean necesarias acciones que competan a Administraciones Públicas distintas de la Administración General del Estado, corresponderá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con la asistencia, en su caso, de la Abogacía General del Estado, coordinar la cooperación y relaciones con las Administraciones implicadas. Disposición transitoria única. Responsabilidades derivadas de sentencias, actos o decisiones anteriores a este real decreto. 1. El procedimiento previsto en este real decreto resultará de aplicación a la determinación y repercusión de las responsabilidades derivadas de sentencias, actos o decisiones dictados por las instituciones europeas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo con independencia de que haya sido satisfecha la sanción o no. En estos supuestos, los plazos previstos en este Real Decreto comenzarán a computarse a partir de su entrada en vigor. 2. No obstante, los procedimientos de determinación y repercusión de responsabilidad en materia de fondos de la Unión Europea iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto se regirán por la normativa vigente en el momento de su iniciación. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones incluidas en normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto. En particular, quedan derogados los artículos 12, 13, 14 y la disposición adicional segunda del Real Decreto 327/2003, de 14 de marzo, por el que se regula el régimen de los organismos pagadores y de coordinación con el FEOGA-Garantía y el apartado 8.2 de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 aprobada por el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre en lo referente a las correcciones financieras derivadas de la gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas, quedando vigente en lo que exceda el ámbito objetivo de aplicación del presente real decreto. Disposición final primera. Título competencial. Este real decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en los apartados 13, 14 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuyen al Estado, respectivamente, la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, Hacienda general y Deuda del Estado y sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas. Disposición final segunda. Aplicación supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En lo no previsto en materia de procedimiento en este real decreto, se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en su normativa de desarrollo. Disposición final tercera. Habilitación normativa. Se habilita al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones y adoptar las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, el 5 de julio de 2013. JUAN CARLOS R. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, CRISTÓBAL MONTORO ROMERO

Decreto por el que, si las comunidades autónomas incumplen normativa europea, paguen ellas

La adhesión de España a las Comunidades Europeas en 1986 produjo un cambio fundamental en el ordenamiento jurídico español, toda vez que las normas del Derecho comunitario pasan a integrarse en nuestro sistema de fuentes del Derecho. Desde ese momento, España, como Estado miembro, queda obligada a aplicar el Derecho de la Unión Europea, de acuerdo con los principios de primacía y efecto directo del derecho europeo y el de colaboración leal, entre otros. Como Estado territorialmente descentralizado, estos principios vinculan al conjunto de las Administraciones Públicas. No obstante, es el Reino de España, tal y como establecen los Tratados europeos, el responsable ante dichas instituciones por el incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. En todo caso, de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias, cada Administración es responsable de cumplir internamente con las obligaciones europeas, tal y como ha reiterado ampliamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que conlleva que la Administración General del Estado pueda repercutir a la Administración que corresponda la responsabilidad derivada del incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. En efecto, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en desarrollo del artículo 135 de la Constitución española, ha desarrollado el principio de responsabilidad tanto en su artículo 8 como en su disposición adicional segunda, que específicamente se refiere a la responsabilidad por incumplimiento de normas de Derecho de la Unión Europea. En este sentido, el citado artículo 8, a imagen de lo previsto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que las Administraciones Públicas que provoquen o contribuyan a producir el incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que se devenguen. Asimismo la disposición adicional segunda dispone que cuando las Administraciones Públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público incumplieran obligaciones derivadas de normas del Derecho de la Unión Europea, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado, asumirán en la parte que les sea imputable las responsabilidades que se devenguen. De este modo, el citado principio permite repercutir a la Administración incumplidora las responsabilidades derivadas de cualquier acción u omisión contraria al ordenamiento europeo que haya realizado en el ejercicio de sus competencias. En ejercicio de la habilitación contenida en el apartado tres de la mencionada disposición adicional segunda, se dicta este real decreto que desarrolla un procedimiento general de determinación y repercusión de las responsabilidades derivadas de los incumplimientos del Derecho de la Unión Europea. La existencia del citado procedimiento general, supone una gran novedad en el ordenamiento jurídico español, ya que hasta la fecha sólo existían regulaciones dispersas y de carácter sectorial en determinadas materias, como son la gestión de fondos procedentes de la Unión Europea, los compromisos adquiridos en materia de estabilidad presupuestaria, en materia de aguas o los servicios del mercado interior. A este respecto, es importante señalar que el procedimiento aquí regulado no tiene naturaleza sancionadora, sino que se limita a derivar responsabilidades y para ello se establecen los criterios y procedimiento a seguir para determinar y repercutir las mencionadas responsabilidades. Para su redacción se han tenido en cuenta las recomendaciones efectuadas por el Consejo de Estado en su Informe de 15 de diciembre de 2010 acerca de los mecanismos existentes en el ordenamiento español para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea y, en su caso, repercutir la responsabilidad a los sujetos incumplidores. El real decreto se estructura en cuatro capítulos y consta de dieciocho artículos, siete disposiciones adicionales, una disposición transitoria única, una disposición derogatoria única, y cuatro disposiciones finales. El capítulo I determina el objeto, el ámbito de aplicación subjetivo y objetivo del real decreto, los criterios para la determinación de las responsabilidades derivadas del incumplimiento y el procedimiento a seguir en el caso que se produzca una responsabilidad concurrente de alguno de los sujetos de aplicación. Cabe destacar que se ha considerado un ámbito de aplicación objetivo amplio. No obstante, este procedimiento no será de aplicación en el caso de la liberación automática de compromisos y los procedimientos de suspensión de los pagos regulados en la normativa de la Unión Europea, aunque sí lo será a las correcciones financieras que se deriven de los mismos. El capítulo II regula los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver el procedimiento, su forma de inicio, que será siempre de oficio, el contenido mínimo que debe tener el acuerdo de iniciación y las posibles medidas provisionales a adoptar. A este respecto, cabe señalar que el artículo 9 al definir el contenido mínimo que debe contener el acuerdo de iniciación, regula los conceptos que conformarán el importe total de la deuda y en el que se encuentran comprendidos tanto los posibles intereses de demora que se generen como el interés compensatorio de los costes financieros, siendo ambos conceptos acumulativos entre sí. El capítulo III desarrolla las actuaciones y alegaciones que pueden realizar los interesados en el procedimiento, los informes preceptivos que deben acompañar al expediente y la existencia del trámite de audiencia. Finalmente, el capítulo IV regula las formas de terminación del procedimiento, que podrán ser bien mediante acuerdo de Consejo de Ministros o bien a través del pago voluntario anticipado de la deuda. Asimismo, se dispone el plazo general de dos meses para efectuar el pago total de la deuda y se desarrollan los posibles mecanismos de exacción a los que puede recurrir el Estado en el caso en que no se lleve a cabo un pago voluntario de la deuda. Por último, se establece en cuatro año ### RESUMEN: Decreto por el que, si las comunidades autónomas incumplen normativa europea, paguen ellas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 356.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 14 de octubre de 2014, Vengo en declarar en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial, por interés particular, a don Juan Carlos Moreno Gordillo, Magistrado, con efectos del día 23 de octubre de 2014, situación en la que no podrá permanecer menos de dos años continuados. Madrid, 14 de octubre de 2014.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano.

El juez Juan Carlos Moreno Gordillo pide la excedencia voluntaria en la Carrera Judicial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 356.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 14 de octubre de 2014, Vengo en declarar en la situación administrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial, por interés particular, a don Juan Carlos Moreno Gordillo, Magistrado, con efectos del día 23 de octubre de 2014, situación en la que no podrá permanecer menos de dos años continuados. Madrid, 14 de octubre de 2014.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano. ### RESUMEN: El juez Juan Carlos Moreno Gordillo pide la excedencia voluntaria en la Carrera Judicial.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. c) Número de expediente: M-13-161. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obra de reforma consistente en la adecuación de las instalaciones del Puesto Fronterizo de Beni Enzar, en la ciudad autónoma de Melilla. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000 (Trabajos de construcción) y 45200000 (Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.854.504,33 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.854.504,33 euros. Importe total: 2.002.864,68 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 19 de febrero de 2014. c) Contratista: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.055.027,51 euros. Importe total: 1.139.429,71 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser considerada la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, de conformidad con lo establecido en el art. 151 del TRLCSP. Madrid, 26 de febrero de 2014.- Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial.

Acciona se encargará de la reforma prometida del puesto fronterizo de Beni Enzar, en Melilla, por importe total de 1.139.429,71 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. c) Número de expediente: M-13-161. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondel estado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Obras. b) Descripción: Obra de reforma consistente en la adecuación de las instalaciones del Puesto Fronterizo de Beni Enzar, en la ciudad autónoma de Melilla. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000 (Trabajos de construcción) y 45200000 (Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 1.854.504,33 euros. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.854.504,33 euros. Importe total: 2.002.864,68 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 30 de enero de 2014. b) Fecha de formalización del contrato: 19 de febrero de 2014. c) Contratista: ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.055.027,51 euros. Importe total: 1.139.429,71 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser considerada la oferta económicamente más ventajosa para la Administración, de conformidad con lo establecido en el art. 151 del TRLCSP. Madrid, 26 de febrero de 2014.- Subdirector General de Gestión Económica y Patrimonial. ### RESUMEN: Acciona se encargará de la reforma prometida del puesto fronterizo de Beni Enzar, en Melilla, por importe total de 1.139.429,71 euros.

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C- 101/13-0, en méritos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 29 de abril de 2013, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-101/13, del ramo EE. LL. (Ayuntamiento de Moiá), Barcelona, como consecuencia de un presunto alcance en los fondos del Ayuntamiento de Moiá (Barcelona) y de la Sociedad Pública Municipal Moiàfutur, S.A. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 6 de mayo de 2013.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento: Fernando de la Cueva Iranzo, firmado y rubricado.

El Tribunal de Cuentas sigue investigando al ayuntamiento de Moià.

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C- 101/13-0, en méritos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 29 de abril de 2013, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-101/13, del ramo EE. LL. (Ayuntamiento de Moiá), Barcelona, como consecuencia de un presunto alcance en los fondos del Ayuntamiento de Moiá (Barcelona) y de la Sociedad Pública Municipal Moiàfutur, S.A. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 6 de mayo de 2013.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento: Fernando de la Cueva Iranzo, firmado y rubricado. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas sigue investigando al ayuntamiento de Moià.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Cientficas. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura. c) Número de expediente: 833/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación de la colección de bonsais, propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ubicada en el Real Jardín Botánico. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 177.786,00. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 84.660,00 euros. Importe total: 99.898,80 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 13 de noviembre de 2013. c) Contratista: Aema Hispánica, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 67.643,34 euros. Importe total: 81.848,44 euros. Madrid, 19 de noviembre de 2012.- Por delegación de competencias del Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Científicas (Resolución 12 -07-2012. BOE 19-07-2012). El Secretario General Alberto Sereno Álvarez.

Cuidar los bonsáis de Felipe en el Botánico cuesta 81.848,44 euros por dos años. A cargo del presupuesto del CSIC

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Cientficas. b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras e Infraestructura. c) Número de expediente: 833/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación de la colección de bonsais, propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ubicada en el Real Jardín Botánico. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 77311000-3. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 177.786,00. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 84.660,00 euros. Importe total: 99.898,80 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 25 de octubre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 13 de noviembre de 2013. c) Contratista: Aema Hispánica, S.L. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 67.643,34 euros. Importe total: 81.848,44 euros. Madrid, 19 de noviembre de 2012.- Por delegación de competencias del Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior Investigaciones Científicas (Resolución 12 -07-2012. BOE 19-07-2012). El Secretario General Alberto Sereno Álvarez. ### RESUMEN: Cuidar los bonsáis de Felipe en el Botánico cuesta 81.848,44 euros por dos años. A cargo del presupuesto del CSIC

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta. b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda y Recursos Humanos, Negociado de Contratación. c) Número de expediente: 8/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ceuta.es/contratacion. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio y mantenimiento de telecomunicaciones de voz fijo, móviles y datos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000 y 64210000. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/04/2013 y 08/05/2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 3545454.54. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2363636.36 euros. Importe total: 2600000 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 31/07/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 13/08/2013. c) Contratista: UTE Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2282229 euros. Importe total: 2510452 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica y mejor puntuacion en cuanto a mejoras. Ceuta, 14 de noviembre de 2013.- La Secretaria General, P.D., el Técnico Admón. Gral. Rodolfo Croce Clavero.

Telefónica se encargará de las telecomunicaciones en Ceuta por importe total de 2.510.452,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Ciudad Autónoma de Ceuta. b) Dependencia que tramita el expediente: Consejería de Hacienda y Recursos Humanos, Negociado de Contratación. c) Número de expediente: 8/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ceuta.es/contratacion. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicio. b) Descripción: Servicio y mantenimiento de telecomunicaciones de voz fijo, móviles y datos de la Ciudad Autónoma de Ceuta. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 64200000 y 64210000. g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE. h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/04/2013 y 08/05/2013. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. 4. Valor estimado del contrato: 3545454.54. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2363636.36 euros. Importe total: 2600000 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 31/07/2013. b) Fecha de formalización del contrato: 13/08/2013. c) Contratista: UTE Telefónica de España, S.A.U. - Telefónica Móviles España, S.A.U. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2282229 euros. Importe total: 2510452 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta económica y mejor puntuacion en cuanto a mejoras. Ceuta, 14 de noviembre de 2013.- La Secretaria General, P.D., el Técnico Admón. Gral. Rodolfo Croce Clavero. ### RESUMEN: Telefónica se encargará de las telecomunicaciones en Ceuta por importe total de 2.510.452,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Compras y Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y Contratación. 2) Domicilio: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. 4) Teléfono: 91 774 48 04; 91 774 48 38. 5) Telefax: 91 767 44 90. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día 20 de noviembre de 2017. d) Número de expediente: 3.17/31561.0029 (P 013/17). 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios para la redacción del estudio informativo y de los proyectos básico y constructivo del soterramiento de la Línea R2 de Cercanías de Barcelona. e) Plazo de ejecución/entrega: 21 meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 713112302 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios criterios. 4. Valor estimado del contrato: 3.566.436,14 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 2.859.186,14 euros. Importe total: 3.459.615,23 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 85.775,58 euros. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del día 21 de noviembre de 2017. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Subdirección de Contratación. 2) Domicilio: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23. c) Localidad y código postal: Madrid 28036. d) Fecha y hora: Día 5 de diciembre de 2017, a las diez y media (10:30) horas. 10. Gastos de publicidad: Serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': Día 10 de octubre de 2017. 12. Otras informaciones: Adicionalmente, puede disponer de toda la documentación relativa al procedimiento en la siguiente dirección electrónica:https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. Madrid, 11 de octubre de 2017.- El Director de Compras y Contratación.

Fomento licita el proyecto para el soterramiento del Rodalies en Montcada (Barcelona) por importe total de 3.459.615,23 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Compras y Contratación. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y Contratación. 2) Domicilio: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. 4) Teléfono: 91 774 48 04; 91 774 48 38. 5) Telefax: 91 767 44 90. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.adif.es/es_ES/empresas_servicios/licitaciones/licitaciones.shtml. 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día 20 de noviembre de 2017. d) Número de expediente: 3.17/31561.0029 (P 013/17). 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicios para la redacción del estudio informativo y de los proyectos básico y constructivo del soterramiento de la Línea R2 de Cercanías de Barcelona. e) Plazo de ejecución/entrega: 21 meses. i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 713112302 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Varios criterios. 4. Valor estimado del contrato: 3.566.436,14 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 2.859.186,14 euros. Importe total: 3.459.615,23 euros. 6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 85.775,58 euros. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del día 21 de noviembre de 2017. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Subdirección de Contratación. 2) Domicilio: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23. 3) Localidad y código postal: Madrid 28036. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23. c) Localidad y código postal: Madrid 28036. d) Fecha y hora: Día 5 de diciembre de 2017, a las diez y media (10:30) horas. 10. Gastos de publicidad: Serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s. 11. Fecha de envío del anuncio al 'Diario Oficial de la Unión Europea': Día 10 de octubre de 2017. 12. Otras informaciones: Adicionalmente, puede disponer de toda la documentación relativa al procedimiento en la siguiente dirección electrónica:https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma. Madrid, 11 de octubre de 2017.- El Director de Compras y Contratación. ### RESUMEN: Fomento licita el proyecto para el soterramiento del Rodalies en Montcada (Barcelona) por importe total de 3.459.615,23 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223. 4) Teléfono: 91 452 27 60 - 91 452 27 09. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pozuelodealarcon.org. d) Número de expediente: 2014/PA/000006. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de mantenimiento, alojamiento y seguridad del portal web del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. e) Plazo de ejecución/entrega: Un año. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Precio. 4. Valor estimado del contrato: 115.702,48 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 115.702,48 euros. Importe total: 140.000,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado 14, Anexo I, pliego cláusulas administrativas. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el BOE, de L a V, de 9 a 13 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 28223. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Plaza Mayor, 1. c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil de contratante. 10. Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario, máximo 555,00 euros. Pozuelo de Alarcón, 17 de febrero de 2014.- La Concejal-Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio, doña Isabel Pita Cañas.

Mantenimiento, alojamiento y seguridad portal web Pozuelo de Alarcón durante un año por importe total de 140.000,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información: a) Organismo: Junta de Gobierno Local. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. c) Obtención de documentación e información: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: Plaza Mayor, n.º 1. 3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, Madrid, 28223. 4) Teléfono: 91 452 27 60 - 91 452 27 09. 7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.pozuelodealarcon.org. d) Número de expediente: 2014/PA/000006. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de mantenimiento, alojamiento y seguridad del portal web del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. e) Plazo de ejecución/entrega: Un año. 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Abierto. d) Criterios de adjudicación: Precio. 4. Valor estimado del contrato: 115.702,48 euros. 5. Presupuesto base de licitación: a) Importe neto: 115.702,48 euros. Importe total: 140.000,00 euros. 6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% importe adjudicación, IVA excluido. 7. Requisitos específicos del contratista: b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado 14, Anexo I, pliego cláusulas administrativas. 8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el BOE, de L a V, de 9 a 13 horas. c) Lugar de presentación: 1) Dependencia: Unidad de Contratación. 2) Domicilio: Plaza Mayor, 1. 3) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón, 28223. 9. Apertura de Ofertas: b) Dirección: Plaza Mayor, 1. c) Localidad y código postal: Pozuelo de Alarcón. d) Fecha y hora: Se anunciará en el perfil de contratante. 10. Gastos de publicidad: De cuenta del adjudicatario, máximo 555,00 euros. Pozuelo de Alarcón, 17 de febrero de 2014.- La Concejal-Delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio, doña Isabel Pita Cañas. ### RESUMEN: Mantenimiento, alojamiento y seguridad portal web Pozuelo de Alarcón durante un año por importe total de 140.000,00 euros.

Dentro de las medidas adoptadas para la contención de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del sector público se encuentra la de limitar a lo imprescindible las prestaciones de servicios presenciales, optando siempre que resulte posible por la modalidad de trabajo no presencial. De conformidad con la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 10 marzo, por la que se adoptan las Medidas de Prevención y Protección de los Trabajadores y Continuidad de la Actividad del Ministerio, «En la medida de lo posible se evitarán las reuniones de trabajo, disponiéndose en todo caso la suspensión de aquellas que impliquen desplazamientos a otra localidad. Asimismo, se fomentará el uso de la videoconferencia». Con el fin de colaborar en el mejor funcionamiento de los servicios en esta situación excepcional, resulta procedente adecuar al máximo los procedimientos de control de manera que, sin dejar de garantizar los objetivos que este persigue, se interfiera mínimamente en la gestión ordinaria sometida ya a importantes tensiones por la excepcionalidad de la situación. En este mismo contexto, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha establecido un conjunto de medidas orientadas a asegurar las recomendaciones de aislamiento social previstas, así como el aseguramiento de una adecuada prestación de los servicios básicos esenciales. Entre ellas, limitaciones a la libertad de circulación de personas. Todo ello lleva a la necesidad de contemplar medidas excepcionales, tal y como se está haciendo en otros ámbitos, también en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado y, de modo particular, en la modalidad de control correspondiente a la función interventora en el ámbito concreto de la comprobación material de la inversión. El artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, regula la comprobación material de la inversión y faculta al Interventor General de la Administración del Estado a dictar las resoluciones, circulares e instrucciones que estime oportunas en desarrollo de lo dispuesto en el mismo. De conformidad con lo señalado en el apartado Decimotercero de la Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión, «1. Una vez recibida la comunicación de la correspondiente designación y, en su caso, los datos del asesor técnico designado, los representantes designados planificarán y coordinarán con el órgano gestor correspondiente el desarrollo de los trabajos de comprobación material, entre ellos, la determinación de la fecha en que tendrá lugar el acto formal de recepción. La fecha que se fije para la recepción ha de permitir un adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la normativa contractual en cuanto al plazo para efectuar aquélla: así, la realización del acto formal y positivo de recepción o conformidad ha de producirse dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. Asimismo, en las encomiendas de gestión deberán respetarse los plazos previstos en la normativa aplicable al correspondiente medio propio y/o en la documentación del encargo o encomienda». Por su parte, la Disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo señala: «Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo (…) No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. (…) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios». En virtud de lo anterior, esta Intervención General, dispone: Primero. En los casos en que el Interventor General de la Administración del Estado haya designado o designe un representante de la Intervención General y, en su caso, un asesor, para intervenir la comprobación material de la inversión, en uso de las facultades que corresponden a esta Intervención General, se autoriza a que los actos de recepción correspondientes a las entregas que se produzcan durante el periodo de duración del estado de alarma, se puedan realizar sin la asistencia de los representantes designados por la Intervención General. Segundo. Cuando la fecha en la que vaya a tener lugar el acto formal de recepción de dichas entregas, fijada de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado Decimotercero de la de la Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión, esté comprendida en el periodo de duración del estado de alarma, los representantes designados por la Intervención General comunicarán al gestor si, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior de esta Resolución, asistirán o no a dicho acto. Tercero. En los supuestos indicados en el apartado primero, cuando la comprobación de la inversión se realice sin la asistencia de los representantes designados por la Intervención General, se justificará con un acta o con un certificado suscrito en los términos indicados en el apartado 8 del artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de acuerdo con el que «la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por el Jefe del centro directivo, dependencia u organismo a que corresponda recibir o aceptar la prestación o servicio, en la que se expresará, con el detalle necesario, la circunstancia de haberse ejecutado la prestación o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que hubieran sido previamente establecidas». Para dar cumplimiento a lo establecido en el apartado decimonoveno de la citada Resolución de 14 de julio de 2015, relativo a la tramitación del resultado de la comprobación material de inversión, el órgano gestor deberá remitir al Interventor designado en el menor plazo posible el acta de recepción o el certificado suscritos en los términos indicados en el párrafo anterior. El representante de la Intervención designado deberá incorporar en la aplicación COREnet, por el procedimiento establecido, un ejemplar de dicho documento a los efectos del seguimiento de las designaciones efectuadas. Cuarto. La presente Resolución mantendrá su vigencia y efectos a lo largo de todo el periodo de duración del estado de alarma, restableciéndose el régimen ordinario de control en el ámbito concreto de la comprobación material de la inversión una vez finalizado el mismo. Quinto. La presente Resolución surtirá efectos desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Madrid, 20 de marzo de 2020.–El Interventor General de la Administración del Estado, Pablo Arellano Pardo.

Estado de alarma: se permite que las comprobaciones de los materiales de las inversiones públicas (a ver esta obra si se ha hecho y cómo) se puedan hacer sin asistir al lugar, a través de un certificado que acredite que todo está OK.

Dentro de las medidas adoptadas para la contención de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del sector público se encuentra la de limitar a lo imprescindible las prestaciones de servicios presenciales, optando siempre que resulte posible por la modalidad de trabajo no presencial. De conformidad con la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, de 10 marzo, por la que se adoptan las Medidas de Prevención y Protección de los Trabajadores y Continuidad de la Actividad del Ministerio, «En la medida de lo posible se evitarán las reuniones de trabajo, disponiéndose en todo caso la suspensión de aquellas que impliquen desplazamientos a otra localidad. Asimismo, se fomentará el uso de la videoconferencia». Con el fin de colaborar en el mejor funcionamiento de los servicios en esta situación excepcional, resulta procedente adecuar al máximo los procedimientos de control de manera que, sin dejar de garantizar los objetivos que este persigue, se interfiera mínimamente en la gestión ordinaria sometida ya a importantes tensiones por la excepcionalidad de la situación. En este mismo contexto, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha establecido un conjunto de medidas orientadas a asegurar las recomendaciones de aislamiento social previstas, así como el aseguramiento de una adecuada prestación de los servicios básicos esenciales. Entre ellas, limitaciones a la libertad de circulación de personas. Todo ello lleva a la necesidad de contemplar medidas excepcionales, tal y como se está haciendo en otros ámbitos, también en el ámbito del control de la gestión económico-financiera efectuado por la Intervención General de la Administración del Estado y, de modo particular, en la modalidad de control correspondiente a la función interventora en el ámbito concreto de la comprobación material de la inversión. El artículo 28 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen del control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, regula la comprobación material de la inversión y faculta al Interventor General de la Administración del Estado a dictar las resoluciones, circulares e instrucciones que estime oportunas en desarrollo de lo dispuesto en el mismo. De conformidad con lo señalado en el apartado Decimotercero de la Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión, «1. Una vez recibida la comunicación de la correspondiente designación y, en su caso, los datos del asesor técnico designado, los representantes designados planificarán y coordinarán con el órgano gestor correspondiente el desarrollo de los trabajos de comprobación material, entre ellos, la determinación de la fecha en que tendrá lugar el acto formal de recepción. La fecha que se fije para la recepción ha de permitir un adecuado cumplimiento de lo dispuesto en la normativa contractual en cuanto al plazo para efectuar aquélla: así, la realización del acto formal y positivo de recepción o conformidad ha de producirse dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus características. Asimismo, en las encomiendas de gestión deberán respetarse los plazos previstos en la normativa aplicable al correspondiente medio propio y/o en la documentación del encargo o encomienda». Por su parte, la Disposición adicional tercera del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo señala: «Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo (…) No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. (…) Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios». En virtud de lo anterior, esta Intervención General, dispone: Primero. En los casos en que el Interventor General de la Administración del Estado haya designado o designe un representante de la Intervención General y, en su caso, un asesor, para intervenir la comprobación material de la inversión, en uso de las facultades que corresponden a esta Intervención General, se autoriza a que los actos de recepción correspondientes a las entregas que se produzcan durante el periodo de duración del estado de alarma, se puedan realizar sin la asistencia de los representantes designados por la Intervención General. Segundo. Cuando la fecha en la que vaya a tener lugar el acto formal de recepción de dichas entregas, fijada de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado Decimotercero de la de la Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión, esté comprendida en el periodo de duración del estado de alarma, los representantes designados por la Intervención General ### RESUMEN: Estado de alarma: se permite que las comprobaciones de los materiales de las inversiones públicas (a ver esta obra si se ha hecho y cómo) se puedan hacer sin asistir al lugar, a través de un certificado que acredite que todo está OK.

El artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, dispone que las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas para poder acceder al Consejo de Personal deberán contar, en relación a los efectivos de las Fuerzas Armadas en las situaciones a las que se refiere el artículo 34.1 de la mencionada Ley Orgánica, con un determinado porcentaje de afiliados en función de las categorías militares a las que estén abiertos sus Estatutos. El objeto de esta resolución es dar cumplimiento al mandato contenido en el citado artículo 48.2, haciendo públicos los datos sobre los efectivos que en el mismo se indican. En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el artículo 4.2 del Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, dispongo: Apartado único. Efectivos. A los efectos de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y a fecha 31 de diciembre de 2012, los efectivos de las Fuerzas Armadas en las situaciones a que se refiere el artículo 34.1 de la mencionada Ley Orgánica, son: Categoría militar Número de efectivos indicados en el art. 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio Oficiales 26.158 Suboficiales 29.153 Tropa y Marinería 79.006 Total 134.317 Madrid, 2 de enero de 2013.–La Directora General de Personal del Ministerio de Defensa, Adoración Mateos Tejada.

El ejército español cuenta, a 31/12/12, con 134.317 efectivos. 79.000 de tropa, el resto oficiales y suboficiales.

El artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, dispone que las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas para poder acceder al Consejo de Personal deberán contar, en relación a los efectivos de las Fuerzas Armadas en las situaciones a las que se refiere el artículo 34.1 de la mencionada Ley Orgánica, con un determinado porcentaje de afiliados en función de las categorías militares a las que estén abiertos sus Estatutos. El objeto de esta resolución es dar cumplimiento al mandato contenido en el citado artículo 48.2, haciendo públicos los datos sobre los efectivos que en el mismo se indican. En su virtud, en uso de las facultades que me confiere el artículo 4.2 del Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, aprobado por Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, dispongo: Apartado único. Efectivos. A los efectos de lo previsto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, y a fecha 31 de diciembre de 2012, los efectivos de las Fuerzas Armadas en las situaciones a que se refiere el artículo 34.1 de la mencionada Ley Orgánica, son: Categoría militar Número de efectivos indicados en el art. 48.2 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio Oficiales 26.158 Suboficiales 29.153 Tropa y Marinería 79.006 Total 134.317 Madrid, 2 de enero de 2013.–La Directora General de Personal del Ministerio de Defensa, Adoración Mateos Tejada. ### RESUMEN: El ejército español cuenta, a 31/12/12, con 134.317 efectivos. 79.000 de tropa, el resto oficiales y suboficiales.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 630-2013, promovido por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1.2, letras a) a e); 2.1, letras b), c), d), f), i) y l); 2.2 y 5 del Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción. Han comparecido y formulado alegaciones los Letrados del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 1 de febrero de 2013 el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 1.2, letras a) a e); 2.1, letras b), c), d), f), i) y l); 2.2 y 5 del Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción. El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE, a fin de que se acordarse la suspensión de los preceptos impugnados. El recurso se fundamenta en los motivos que se exponen a continuación. El Abogado del Estado señala que el Decreto-ley 4/2012 viene a adaptar la normativa reguladora de la actividad comercial en Cataluña a las modificaciones normativas introducidas por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, tanto en materia de horarios comerciales como en determinados aspectos de la regulación de las ventas promocionales. Los motivos de inconstitucionalidad son dos: la falta de concurrencia del presupuesto habilitante que justifique el dictado del Decreto-ley 4/2012 y la extralimitación competencial de la norma con la consiguiente vulneración de las competencias estatales ex arts. 149.1.6 y 149.1.13 CE. En cuanto a la falta de presupuesto habilitante de la norma impugnada, el Abogado del Estado precisa la identidad a este respecto entre el art. 86.1 CE y 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Recuerda la doctrina constitucional sobre el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, aludiendo a la justificación que el Decreto-ley 4/2012 aporta en su exposición de motivos: la situación generada por la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 que obliga «al Gobierno de la Generalidad, por razones de urgencia y sobre todo de seguridad jurídica, detallar de una manera clara en una disposición, que por los motivos expuestos tiene que utilizar la figura del decreto ley, cuál es la normativa aplicable en Cataluña en materia de horarios comerciales y en materia de actividades comerciales promocionales, visto el conjunto de modificaciones normativas mencionadas, y en virtud de los títulos competenciales en juego, en defensa de las competencias exclusivas de la Generalidad en materia de comercio. Además, teniendo en cuenta que las medidas adoptadas en relación al conflicto planteado pueden conducir previsiblemente a la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad y considerando la demora inherente a los procedimientos que se sustancian ante el Tribunal Constitucional, se hace necesario aprobar, de manera urgente y como medida cautelar, este Decreto ley con la finalidad de evitar daños irreparables derivados del impacto de la nueva regulación que ha sido impulsada por el Gobierno del Estado». A juicio del Abogado del Estado esa motivación resulta inadmisible en tanto que se incardina en un ámbito meramente especulativo sobre previsiones futuras y se presenta como respuesta a una modificación del marco normativo estatal del que se deduce la necesidad de que la Comunidad Autónoma ocupe un determinado espacio normativo con el fin de excluir del mismo a la norma estatal. No justificaría la urgencia la necesidad de adaptación a las concretas medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 20/2012 sobre horarios comerciales y ventas promocionales, pues la norma estatal permite una aplicación diferida y fija plazos para la citada adaptación, de manera que, al igual que en el caso resuelto en la STC 31/2011, de 17 de marzo, tampoco desde esta segunda perspectiva se justifica el recurso a la legislación de urgencia. Sobre la extralimitación competencial en la que incurrirían los preceptos impugnados al vulnerar el art. 149.1.13 CE, el Abogado del Estado indica que se trata de una inconstitucionalidad mediata o indirecta, en cuanto que la legislación básica sería desconocida por la norma autonómica. Recuerda que para que pueda prosperar una pretensión de inconstitucionalidad de preceptos autonómicos por infracción de la legislación básica, han de concurrir dos exigencias: (i) que se justifique una contradicción frontal e insalvable por vía interpretativa entre el precepto autonómico y el básico estatal y (ii) que la normativa estatal tenga efectivamente el carácter de básica. A continuación examina la doctrina constitucional sobre la extensión de las bases en materia de horarios comerciales, el carácter de básico del art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012 y la infracción del mismo por parte de los preceptos impugnados del Decreto-ley 4/2012. El Abogado del Estado alude a la doctrina constitucional sobre la extensión de las bases en materia de horarios comerciales. Doctrina en la que se han examinado diversas normativas estatales que establecían muy diversos grados de liberalización y, por tanto, permitían un correlativo mayor o menor espacio de desarrollo autonómico. Las SSTC 225/1993, FJ 4; 264/1993, FJ 3 c), y 284/1993, FJ 4 examinan una legislación estatal completamente liberalizadora estableciendo una doctrina que se reitera en la STC 140/2011, según la cual «cuando la normativa estatal básica desregule, por liberalizar, un sector, resulta lógico que no permita normativa autonómica de desarrollo, salvo que ésta se limitase a reproducir la liberalización ya efectuada desde la norma básica. Pero es que además, una norma básica que afecte sólo a una submateria –horarios comerciales– de un título competencial autonómico más amplio –comercio interior–, nunca puede producir un vaciamiento, por sí sola, de esta competencia, dado que ésta siempre tendría un ámbito material más extenso sobre el que podría seguir desplegándose, y que no quedaría afectado por el ejercicio por el Estado de la competencia liberalizadora en materia económica». Respecto al art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, el Abogado del Estado recuerda su carácter formalmente básico y señala que, desde su dimensión material, no es una norma que imponga una liberalización total sino que admite el desarrollo autonómico en la propia submateria que integran los horarios comerciales. El artículo 27 da nueva redacción a los arts. 3.1, 4 y 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales. La nueva redacción del art. 3.1 de la Ley de horarios comerciales fija el número de horas mínimas en que los comercios podrán estar abiertos semanalmente en 90, frente a las 72 que establecía la redacción anterior. En cualquier caso, se trata de una formulación típicamente básica en la que se opta por fijar un mínimo nacional de liberalización por razones económicas, que las Comunidades Autónomas pueden aumentar, gozando, por tanto, de margen de desarrollo. En cuanto al art. 4.2 de la Ley de horarios comerciales fija en diez el límite mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada de establecimientos comerciales. Límite éste que en todo caso debe ser respetado por las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que puedan aumentarlo, en atención a sus necesidades comerciales. Nuevamente el precepto se mantiene en un plano típicamente básico de fijar un mínimo de liberalización que puede incrementarse por las Comunidades Autónomas, en ejercicio de su facultad de desarrollo autonómico. Sobre el artículo 4.5, que fija criterios para que las Comunidades Autónomas concreten los festivos y domingos de apertura en función a «su atractivo comercial», afirma que son «criterios flexibles que otorgan un amplio margen de concreción a las Comunidades Autónomas, resultando claramente constitucionales» y lo mismo sucede respecto al art. 5 de la Ley de horarios comerciales, respecto a las zonas de gran afluencia turística. Por todo ello, concluye que ha quedado justificado el carácter formal y materialmente básico del art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012. Por último, los apartados 4 y 5 del artículo 27 se limitan a establecer un régimen supletorio de plena libertad de horarios, para el caso de que las Comunidades Autónomas opten por no concretar el horario global de apertura o por no determinar los domingos y festivos en que podrán abrir los comercios. Es un precepto, por tanto, que se limita a dar seguridad jurídica a los establecimientos comerciales para el supuesto en que los poderes públicos autonómicos no concreten el marco básico mínimo. En conclusión, el Abogado del Estado defiende que se trata de una regulación que sólo incide parcialmente en un subsector de un título competencial autonómico más amplio, sin que las bases establecidas sean agotadoras sino que permiten, dentro de ellas, que las Comunidades Autónomas opten por establecer grados superiores de libertad de horarios comerciales. Sentado lo anterior, el Abogado del Estado examina la vulneración en la que incurrirían los preceptos impugnados agrupándolos en función de la materia de la que tratan. A partir de la premisa de que las Comunidades Autónomas pueden optar por grados superiores de liberalización, comienza por el artículo 1.2 del cual afirma que contradice la Ley de horarios comerciales en los extremos siguientes: la obligación de clausura de los establecimientos comerciales entre las 22:00 horas y las 7:00 horas con carácter general, adelantándose a las 20:00 horas los días 24 y 31 de diciembre [artículo 1.2 a)] y la limitación a 12 y 72, respectivamente, del número máximo de horas diarias y semanales de apertura de los establecimientos comerciales [artículo 1.2 b) y c)] y la limitación de 10 a 8 del número de domingos y festivos anuales de apertura de los establecimientos comerciales [artículo 1.2 d)]; la previsión de cierre obligatorio de los establecimientos comerciales el domingo y el lunes de pascua y los días 25 y 26 de diciembre [artículo 1.2 e)]. Afirma que el artículo 2 contradice la norma básica (art. 5 de la Ley de horarios comerciales) en lo siguiente: la limitación de la exclusión del horario comercial general solo en el supuesto de establecimientos comerciales situados en lugares accesibles únicamente desde el interior de las estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo [artículo 2.l b)]; la limitación de la exclusión del horario comercial general únicamente en el supuesto de establecimientos comerciales anexos a las gasolineras que se dediquen esencialmente a la venta de recambios y otros productos complementarios de la automoción [artículo 2.l c)]; la inclusión entre los supuestos de exclusión del horario comercial general de los establecimientos situados en municipios turísticos, de acuerdo con la definición que de los mismos hace el artículo 3 de la Ley 8/2004, «municipios en los que, por afluencia estacional, la media ponderada anual de población es superior al número de residentes y en los que el número de alojamientos turísticos y segundas residencias es superior al número dc viviendas de residencia primaria, o que son lugares con gran afluencia de visitantes por motivos turísticos», ya que no se recogen los criterios establecidos en la norma estatal para la determinación de las zonas de gran afluencia turística; la limitación de la exclusión del horario comercial general únicamente en el supuesto de las farmacias, olvidando incluir a los estancos [artículo 2.1 f)]; la limitación de la exclusión del horario comercial general únicamente en el supuesto de establecimientos comerciales de venta personalizada o en régimen de autoservicio cuyos titulares son pymes, que no pertenezcan a grupos o cadenas de distribución ni operen bajo el mismo nombre comercial, siempre que la superficie de venta no supere los 150 metros cuadrados y tengan una oferta orientada esencialmente a productos de compra cotidiana de alimentación o que, con la misma limitación de superficie de venta, estén situados en municipios de menos de 5.000 habitantes, previa autorización en este último caso del Pleno municipal y comunicación del Ayuntamiento a la Dirección General de Comercio [arts. 2.1 i) y 1)] y, finalmente, la restricción a la libertad horaria impuesta por el artículo 2.2 a los establecimientos situados en municipios turísticos, a las tiendas de conveniencia y a los establecimientos comerciales de venta personalizada o en régimen de autoservicio recogidos en las letras i) y 1) del artículo 2.1, adelantando su horario de cierre a las 20:00 horas los días 24 y 31 de diciembre y obligando a que permanezcan cerrados los día 1 de enero y 25 de diciembre. Por último, sostiene que el art. 5 del Decreto-ley 4/2012 colisiona con el art. 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista (LOCM) –dictado al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular el derecho mercantil, ex artículo 149.1.6 CE, como expresa la disposición final única de la Ley 7/1996–, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto-ley 20/2012, que dispone que las ventas en rebajas podrán tener lugar en los períodos estacionales de mayor interés comercial según el criterio de cada comerciante (apartado 1) y que la duración de cada periodo de rebajas será decidida libremente por cada comerciante (apartado 2). 2. Por providencia de 26 de febrero de 2013 el Pleno, a propuesta de la Sección Tercera, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno y, en su representación y defensa, por el Abogado del Estado, contra los arts. 1.2, letras a) a e) de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el art. 1 del Decreto-ley 4/2012; los arts. 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la misma Ley 8/2004, en la redacción dada por el art. 2 del Decreto-ley 4/2012 y el art. 5 del Decreto-ley 4/2012; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso –1 de febrero de 2013– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros y publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña». 3. Mediante escrito registrado con fecha 6 de marzo de 2013 el Presidente del Senado comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara de personarse en el procedimiento y ofrecer su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Congreso de los Diputados por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el día 8 de marzo de 2013. 4. Las alegaciones presentadas por la Abogada de la Generalitat de Cataluña interesando la desestimación del recurso fueron registradas en este Tribunal el día 22 de marzo de 2013. Menciona en primer lugar el objeto del recurso así como los motivos de impugnación para, en segundo término, referirse a los antecedentes y circunstancias que han determinado la aprobación del Decreto-ley 4/2012. La norma pretende ofrecer una ordenación del comercio minorista capaz de compatibilizar los distintos intereses públicos y privados que convergen en el desarrollo de la actividad comercial y de atender, asimismo, los requerimientos derivados del Derecho de la Unión Europea. Igualmente considera que el consenso existente sobre el modelo comercial ha sido roto por el Estado tras la aprobación del Real Decreto-ley 20/2012, en la medida en que esta norma ha declarado básicas determinaciones a las que la legislación estatal precedente no atribuía dicho carácter, lo que ha reducido a la nada el espacio normativo a disposición de las Comunidades Autónomas, privándolas por ello de su derecho a desarrollar una política comercial propia e implantar un modelo comercial acorde con sus propias especificidades. El modelo comercial del Real Decreto-ley 20/2012 es, según la Letrada de la Generalitat de Cataluña, opuesto al desarrollado por la Comunidad Autónoma, lo que motivó que se iniciase el procedimiento conducente a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por vulneración tanto del art. 86.1 CE como de las competencias autonómicas en materia de comercio interior. Junto a lo anterior, puesto que el Real Decreto-ley 20/2012 contenía diversas remisiones al legislador autonómico para que, dentro de unos plazos perentorios, complementara la regulación estatal, a riesgo de la aplicación de la libertad de horarios y de apertura de domingos y festivos prevista supletoriamente por la norma estatal, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, optó por aprobar, al amparo del art. 64 EAC, el Decreto-ley 4/2012, mediante el que llevar a cabo el referido complemento normativo y precisar a su vez, el marco regulador del comercio en Cataluña. La Letrada de la Generalitat de Cataluña reconoce que la norma no se ha ceñido al escaso marco regulador que otorgaba el Real Decreto-ley 20/2012, sino que ha establecido una ordenación de los horarios comerciales, de la apertura de domingos y festivos y de las temporadas de rebajas que se aparta de las modificaciones introducidas en la legislación básica en aquellos aspectos en que el Gobierno de Cataluña ha estimado que exceden del ámbito de las competencias estatales. El siguiente apartado del escrito de la Letrada de la Generalitat de Cataluña se dedica a justificar la existencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad para la aprobación del Decreto-ley 4/2012. En tal sentido señala que concurría el presupuesto de hecho habilitante de la legislación de urgencia, habida cuenta de que se dictó para hacer frente a la extraordinaria y urgente necesidad de eliminar la inseguridad jurídica respecto de los horarios comerciales que generó el Real Decreto-ley 20/2012 que no establecía plazo para que, a falta de regulación autonómica, rigiera supletoriamente la libertad de horarios en él prevista, así como también para resolver la urgente y extraordinaria necesidad de fijar los domingos y festivos de apertura y las temporadas de ventas en rebajas, dentro de los reducidos plazos otorgados por la norma estatal, para evitar la aplicación supletoria de la libertad absoluta de apertura de domingos y festivos y de la libertad de venta en rebajas, que la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas impedía establecer mediante una norma parlamentaria. Destaca al respecto que la norma básica no cerraba la regulación sobre los horarios comerciales y domingos y festivos de apertura, sino que incluía una remisión a la legislación autonómica para que determinara, dentro de los límites fijados por el propio Real Decreto-ley 20/2012, el horario global semanal, sin fijar plazo alguno para que la norma autonómica realizara tal tarea, y el calendario de domingos y festivos de apertura para el año 2013, estableciendo supletoriamente, en caso de ausencia de regulación autonómica, la plena libertad de los comerciantes para la fijación de los horarios comerciales y de los domingos y festivos de apertura. Del mismo modo se podía deducir del art. 25 LOCM, en la redacción otorgada por el art. 28.3 del Real Decreto-ley 20/2012, puesto en relación con el art. 4.5 b) de la Ley de horarios comerciales, en la redacción otorgada por el art. 27.2 de dicho Real Decreto-ley 20/2012, que correspondía a las Comunidades Autónomas establecer las temporadas de ventas en rebajas. De lo anterior se deduce que la norma autonómica se aprobó para resolver la situación de inseguridad jurídica respecto de los horarios comerciales creada por Real Decreto-ley 20/2012 y el riesgo de aplicación supletoria de la libertad de horarios y de apertura de domingos y festivos allí fijada, ante la ausencia de una norma autonómica dentro de unos plazos perentorios, que no podían cumplirse mediante una norma parlamentaria, dada la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas. Inseguridad jurídica que también alcanzaba a la regulación de las temporadas de rebajas, ya que la disposición transitoria decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2012 se limitó a respetar el periodo de rebajas estival correspondiente al año 2012, siendo precisa una regulación autonómica que estableciera las temporadas de rebajas aplicables al año 2013. Estima también que es indudable la conexión de sentido entre la situación de hecho y las medidas aprobadas, lo que se constata también a la vista de la existencia de legislación de urgencia al respecto en otras cinco Comunidades Autónomas. Por último, frente a la finalidad meramente preventiva de futuras lesiones competenciales que el Abogado del Estado atribuye al Decreto-ley 4/2012, rechaza que su aprobación tuviera esa finalidad, aun cuando el preámbulo pueda haber inducido a semejante conclusión, pues el verdadero propósito de la norma de urgencia fue, en ejercicio de la competencia autonómica en materia de comercio interior, la anteriormente expresada de evitar la aplicación supletoria de las normas estatales sobre horarios, apertura en domingos y festivos y venta en rebajas. Seguidamente la Letrada de la Generalitat de Cataluña argumenta que los arts. 3, 4 y 5 de la Ley de horarios comerciales y 25 LOCM, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2012, son inconstitucionales y no pueden operar como canon de constitucionalidad de los preceptos autonómicos. Así, considera que los artículos 27 y 28 y disposiciones adicional undécima, transitoria decimocuarta y finales segunda y tercera del mencionado Real Decreto-ley 20/2012 vulneran el art. 86.1 CE ya que, ni en la exposición de motivos de la norma, ni en el debate de convalidación se ha acreditado la existencia de una necesidad urgente y extraordinaria, ni tampoco se ha justificado la conexión de sentido entre las medidas y la situación de urgencia. Por otra parte las reformas propuestas exceden del ámbito competencial estatal por cuanto carecen de la incidencia directa, inmediata y significativa en la marcha general de la economía que conforme a la doctrina constitucional se requiere para que las medidas tengan amparo en el art. 149.1.13 CE y, en cualquier caso, exceden del ámbito funcional atribuido al Estado por dicho precepto, lo que se traduce en una invasión de la competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña en materia de comercio (art. 121 EAC). Para justificar la existencia de dichas infracciones recuerda la doctrina constitucional en materia de comercio y, en especial, el alcance de la competencia estatal ex art. 149.1.13 CE cuando concurre con competencias autonómicas exclusivas y su proyección específica sobre la materia comercio, lo que se traduce en la aplicación restrictiva del título competencial estatal, que ha de ir acompañado, además, de una interpretación finalista conforme a la cual únicamente pueden considerarse amparadas en dicho título horizontal aquellas medidas que guarden una relación directa e inmediata con la dirección y planificación de la actividad económica y tengan una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general. Dicha doctrina es puesta en relación con las competencias de la Generalitat de Cataluña en materia de comercio atribuidas por el art. 121.1 EAC y su conformidad constitucional según la STC 31/2010, FJ 68, pronunciamiento del que deduce que corresponde a la Generalitat de Cataluña la regulación de todas las modalidades de venta, incluida la venta en rebajas, y que asimismo es competente para establecer los horarios comerciales, si bien en este caso, la fijación de los horarios y días de apertura debe cohonestarse con las determinaciones que legítimamente pueda establecer el Estado al amparo del art. 149.1.13 CE. De acuerdo con lo anterior, se alega que los preceptos impugnados no tienen cobertura en el art. 149.1.13 CE e invaden la competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña en materia de comercio y su competencia compartida en materia de planificación de la actividad económica. La nueva regulación presenta una densidad normativa que no se compadece con la finalidad de constituir un denominador normativo común que es propio de la normativa básica. En cuanto a la determinación de los horarios comerciales de los arts. 27.1 y 4 del Real Decreto-ley 20/2012, la demanda señala que las 90 horas de apertura mínima para los seis días laborables de la semana es en realidad un máximo normativo que encubre una modalidad de libertad horaria, de modo que la opción que se deja a las Comunidades Autónomas, se contrae a que acepten el horario de 90 horas semanales, a razón de 15 horas diarias de apertura o bien a que declaren la plena liberalización horaria. Vaciamiento del espacio normativo autonómico que no tiene cobertura en el art. 149.1.13 CE y resulta inconstitucional. En cuanto a los domingos y festivos de apertura, a los que se refiere el artículo 27.2 y 5 y disposiciones transitoria decimocuarta, párrafo primero, y final tercera, señala que el primero de ellos no se limita a establecer una horquilla anual de los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales pueden permanecer abiertos, remitiendo a las Comunidades Autónomas la determinación del número de domingos y festivos de apertura comercial en cada Comunidad Autónoma, sino que, además, fija los criterios que se deben respetar en la confección de los respectivos calendarios de apertura. Criterios que tampoco tienen amparo en el art. 149.1.13 CE, pues se trata de prescripciones que no tienen una incidencia directa, inmediata y significativa, en la marcha general de la economía, y predeterminan la elección autonómica de los domingos y festivos de apertura, convirtiéndola en una potestad reglada, sin dejar espacio normativo para la competencia autonómica. En cuanto a los horarios especiales del artículo 27.3 y disposiciones adicional undécima y anexo y final segunda, señala que de los mismos se infiere una importantísima ampliación de los establecimientos a los que se otorga plena libertad de horarios y días de apertura respecto de la regulación precedente, lo que supone de hecho la desregulación de la práctica totalidad del sector minorista en Cataluña, lo que entraña el vaciamiento de la competencia autonómica. En cuanto al art. 25 LOCM indica que si se admite la interpretación de que las Comunidades Autónomas pueden predeterminar las temporadas de rebajas, nada habría que reprochar a la norma estatal, pero si se interpreta en el sentido de que atribuye a los comerciantes libertad absoluta para determinar los períodos de rebajas, debería necesariamente concluirse que dicho art. 25 LOCM es inconstitucional, por vulneración de la competencia exclusiva en materia de comercio. La parte final del escrito de la Letrada de la Generalitat de Cataluña se dedica a justificar la conformidad competencial de los preceptos impugnados que entiende dictados al amparo de la competencia exclusiva en materia de comercio del art. 121.1 EAC. Estima que existe una contradicción entre las 90 horas de apertura semanal previstas en la norma estatal y las 72 horas de la regulación autonómica, divergencia que no comporta la inconstitucionalidad de la regulación autonómica, pues la norma estatal no puede operar como canon de constitucionalidad. Ese mismo exceso competencial se le reprocha a la libertad de cierre y apertura diaria que el art. 3.2 de la Ley de horarios comerciales otorga a los comerciantes y a la regulación de la apertura en domingos y festivos del art. 4.2 y 4.5 de la Ley de horarios comerciales. Respecto a los establecimientos con régimen especial de horarios la Letrada de la Generalitat niega que los artículos 2.1 b) y c) infrinjan las bases, pues lo único que hacen es introducir modulaciones permitidas por la norma estatal. En cuanto al artículo 2.1 e), que otorga libertad horaria y de días de apertura a los establecimientos situados en municipios turísticos, conforme a la definición de municipio turístico recogida en el art. 3, no aprecia la existencia de contradicción pues existe una concurrencia de criterios entre la regulación autonómica que prevé, con carácter general la libertad de horarios para los establecimientos instalados en municipios que, conforme a la normativa autonómica, merezcan la calificación de turísticos y la previsión estatal de que en las zonas de gran afluencia turística rija la libertad de horarios y días de apertura. Sobre el artículo 2.1 f) indica que la omisión de los estancos no convierte, sin más en inconstitucional la norma autonómica, ni afecta a la norma estatal, que mantendrá su eficacia en la medida en que se trate de una norma constitucionalmente legitima. En cuanto a los arts. 2.1 i) y l) reconoce que la contradicción con la norma estatal es evidente, pero que dicha contradicción no puede saldarse con la inconstitucionalidad del precepto autonómico, dado el exceso competencial en el que habría incurrido la norma estatal. Igualmente respecto al artículo 2.2 considera que las limitaciones derivadas de la norma autonómica son de índole menor. Finalmente señala que el artículo 5 se ampara en la competencia que el art. 121.1 b) EAC atribuye a la Generalidad de Cataluña sobre la regulación administrativa de las modalidades de ventas y no infringe el orden constitucional de competencias. La Letrada de la Generalitat de Cataluña solicita mediante otrosí, el levantamiento anticipado de la suspensión, por las razones que ya quedaron expuestas en el antecedente 4 del ATC 146/2013, de 5 de junio. 5. La Letrada del Parlamento de Cataluña formuló sus alegaciones mediante escrito registrado el día 25 de marzo de 2013. En cuanto a la concurrencia del presupuesto habilitante, alude en primer lugar la regulación estatutaria del decreto-ley así como a la doctrina constitucional acerca de la concurrencia de una necesidad extraordinaria y urgente y los elementos a tener en cuenta para valorarla. La Letrada del Parlamento de Cataluña argumenta que la norma impugnada cumple el presupuesto habilitante de la «necesidad extraordinaria y urgente», establecido en el art. 64 EAC y las circunstancias que exigen la adopción de la legislación de urgencia han quedado suficientemente explicitadas y razonadas. Menciona la regulación en materia de horarios comerciales en Cataluña y la situación provocada por la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, que, a su entender, ha comportado una ampliación considerable del nivel de regulación y de detalle de las bases en virtud del art. 149.1.13 CE toda vez que el grado o nivel de detalle de los preceptos declarados básicos ha sido tal que es imposible que tenga cabida el ejercicio de competencias estatutariamente asumidas por la Generalitat de Cataluña ex art. 121.1 EAC. De ahí que frente a la situación producida con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, una vez disuelta la IX Legislatura y convocadas las elecciones del Parlamento de Cataluña y ante la imposibilidad de iniciar el correspondiente trámite parlamentario, se aprobó la norma cuestionada, a los efectos de configurar de forma inmediata las normas regulatorias referidas al ejercicio de la actividad comercial en Cataluña, clarificar su aplicación y contenido y con el fin de minimizar al máximo los efectos negativos y la inseguridad jurídica que comportaba la doble regulación hacia un sector tan vulnerable como es el del comercio, restableciendo una situación similar a la existente con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012, tal como se deduce de la exposición de motivos de la norma, de su memoria justificativa y del propio debate de convalidación. La urgencia en la adopción de las medidas cuestionadas vendría dada por la imposibilidad de tramitar un proyecto de ley mediante el procedimiento legislativo ordinario al estar disuelta la IX Legislatura, junto con la necesidad de «resolver la situación imprevisible que conllevó el cambio del régimen jurídico en materia de horarios comerciales producido unilateralmente por parte del Gobierno estatal, lo que produjo una desconcertante situación de inseguridad jurídica». Alude a la doctrina constitucional en torno al reconocimiento de una situación de extraordinaria y urgente necesidad y los supuestos en lo que ha sido así apreciado, para concluir que el Decreto-ley 4/2012 no adolece de inconstitucionalidad por ser respetuoso con lo previsto en el apartado primero del art. 64 EAC, toda vez que concurre el presupuesto habilitante de la necesidad extraordinaria y urgente, por estar ésta explicitada y razonada, y por existir la necesaria conexión de sentido entre la situación de urgencia y excepcionalidad definida y la medida adoptada para hacerle frente. Seguidamente indica que el Decreto-ley 4/2012 es plenamente acorde con el orden constitucional de distribución de competencias por cuanto responde al ejercicio de una competencia autonómica reconocida en el art. 121.1 EAC. Expone también que la regulación en materia de comercio interior, objeto de la impugnación por la parte recurrente, cuyos aspectos regula también el Real Decreto-ley 20/2012, no ha sido una cuestión pacífica, toda vez que desde el Parlamento de Cataluña y desde el Gobierno de la Generalitat ya se ha manifestado explícitamente, aunque sea por distintos cauces, la disconformidad desde el punto de vista de la constitucionalidad del referido Real Decreto-ley. Entrando ya en el examen de los concretos preceptos impugnados señala que el recurso se basa en que la legislación básica de referencia para invocar la inconstitucionalidad mediata o indirecta del precepto autonómico impugnado respeta el bloque constitucional de reparto de competencias en materia de comercio interior. Por dicha razón, pasa a analizar el régimen constitucional y estatutario de distribución de competencias en materia de comercio interior, con la finalidad de justificar que los preceptos impugnados responden a un adecuado ejercicio de la competencia autonómica en materia de comercio del art. 121.1 EAC. Sostiene que la competencia autonómica sobre comercio interior debe interpretarse en el sentido de que no debe obstaculizar, ni directa ni indirectamente, la libertad de circulación de bienes, capitales y servicios y de mano de obra y además debe respetar la igualdad de las condiciones básicas de la actividad económica establecida en el art. 139.2 CE, sin que este último precepto pueda entenderse en términos absolutos. Con cita de decisiones de este Tribunal concluye que su posición consiste en ser respetuosa con la existencia de un claro equilibrio entre la necesidad del Estado de implementar unos principios básicos del orden económico en todo el territorio del Estado, y el efectivo ejercicio de las competencias autonómicas reconocidas estatutariamente en materia de comercio interior, con el fin de complementar y completar el referido orden competencial. En definitiva, de lo que se trata es de no postergar la capacidad de normación del legislador autonómico por el sólo hecho de aducir la competencia estatal sobre las bases de la planificación general de la actividad económica. Aplicando los anteriores criterios al régimen de distribución de competencias en materia de horarios comerciales y ventas promocionales, señala que el art. 149.1.13 CE, es un título que se define por la finalidad que persigue y no por las materias sobre las que actúa. Indica que, a su juicio, se ha llevado a cabo una interpretación excesivamente expansiva del referido título competencial, de modo que se ha aprobado una regulación que vulnera el bloque de la constitucionalidad, toda vez que se ha vetado cualquier posible opción al legislador autonómico en el ejercicio de las competencias estatutariamente reconocidas en materia de horarios comerciales y ventas promocionales. En definitiva, sostiene que al analizar la normativa impugnada se debe efectuar una valoración sobre la adecuación del Real Decreto-ley 20/2012 al art. 149.1.13 CE para determinar su verdadera incidencia, tanto en la actividad económica general como en la particular, siempre que atienda a fines generales y, una vez analizada dicha incidencia, se deberá dilucidar cuál es el margen que la legislación estatal básica deja a la Generalitat para regular la materia de comercio interior. Con arreglo a lo anterior la Letrada del Parlamento de Cataluña sostiene que la regulación contenida en los arts. 27 y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, es formalmente básica pero desde el punto de vista material, excede de lo que debe entenderse como básico. El grado de desarrollo y detalle de la regulación estatal de urgencia es tan extensa que ocasiona un vaciamiento de las competencias de la Generalitat en materia de horarios comerciales y modalidades de venta ex art. 121.1 b) y c) EAC hasta el punto de desplazar o anular la potestad legislativa autonómica en materia de comercio interior, en la medida en que, una vez establecido el núcleo esencial sobre la materia de horarios comerciales y actividad promocional de venta para determinar la regulación común o uniforme para todo el territorio, se procede a descender a regulaciones de detalle que impiden el desarrollo normativo por parte de las Comunidades Autónomas en desarrollo de las competencias estatutariamente previstas. La consecuencia de lo anterior es que el Real Decreto-ley 20/2012 infringe el orden constitucional de distribución de competencias al descender a la regulación de cuestiones de detalle que no tienen incidencia sobre la ordenación general de la economía. Con arreglo a las anteriores premisas se examinan cada uno de los preceptos impugnados. En cuanto al apartado 2 del art. 1, letras a) b) e) d) y e) de la Ley catalana 8/2004, de horarios comerciales, en la redacción dada por el art. 1 del Decreto-ley 4/2012, establece una serie de normas a los efectos de poder modular el horario general. Indica que las normas de los horarios contenidas en las letras a) hasta la letra d) no suponen ningún cambio respecto a la establecida en su día. Y respecto a los motivos de la impugnación, añade que el límite de mínimos de la norma estatal impide cualquier opción propia de la Generalitat, de modo que el hecho que se establezca un número de horas máximas de apertura a las semana, la regulación del máximo de apertura de horas diarias o los días festivos en los que los establecimientos deban permanecer cerrados, no encuentra acomodo a los efectos de establecer una regulación general al amparo de la competencia en materia de ordenación y coordinación de la planificación general de la economía, sino que se relaciona con la competencia autonómica de ordenación administrativa de la actividad comercial. Respecto a las letras b), e), d), f), i), y j) del art. 2 de la Ley catalana 8/2004, en la redacción dada por el art. 2 del Decreto-ley 4/2012, afirma que establecen los criterios que deben tener en cuenta los establecimientos comerciales en materia de régimen de flexibilización horaria. Niega, asimismo, que se vulnere el art. 5 de la Ley de horarios comerciales, tal como se sostiene en la demanda, ya que ese precepto contiene una regulación tan detallada que no deja margen a la Generalitat para decidir su propia política de comercio en materia de horarios comerciales, así como para decidir qué tipo de establecimientos podrían disfrutar de un régimen de flexibilización horaria. Una argumentación similar se plantea respecto al artículo 2.2. Finalmente, la constitucionalidad del artículo 5 se defiende señalando que la submateria de ventas promocionales se incluye dentro del concepto o título competencial «comercio interior», por lo que debe rechazarse el título competencial del Estado en materia de legislación mercantil invocado en el recurso de inconstitucionalidad. Por último, la Letrada del Parlamento de Cataluña solicita mediante otrosí, el levantamiento anticipado de la suspensión, por las razones que ya quedaron expuestas en el antecedente 5 del ATC 146/2013, de 5 de junio. 6. El Pleno, por providencia de 1 de abril de 2013, acordó incorporar a los autos los escritos de alegaciones que formulan los Letrados del Gobierno y del Parlamento de Cataluña, en representación de dicho Gobierno y Parlamento, y en cuanto a las solicitudes que formulan en los otrosíes acerca del levantamiento anticipado de la suspensión, oír al Abogado del Estado para que, en el plazo de cinco días, exponga lo que estime procedente al respecto. Evacuado dicho trámite por el Abogado del Estado el 9 de abril de 2013, el Pleno por ATC 146/2013, de 5 de junio, acordó mantener la suspensión de los preceptos impugnados en el presente recurso. 7. Por providencia de 13 de diciembre de 2016, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 15 del mismo mes y año. II. Fundamentos jurídicos 1. La presente resolución ha de resolver el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1.2, letras a) a e); 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales, y 5 del mismo Decreto-ley 4/2012. Los motivos de inconstitucionalidad alegados son dos: la falta de concurrencia del presupuesto habilitante que justifique su inclusión en el Decreto-ley 4/2012 y la extralimitación competencial en la que incurrirían con la consiguiente vulneración de las competencias estatales ex arts. 149.1.6 y 149.1.13 CE, tal como las mismas se han ejercido en los arts. 27 y 28 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Tal como consta en los antecedentes, las representaciones procesales de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña han negado las vulneraciones denunciadas. 2. Pendiente el presente proceso la disposición derogatoria.1 de la Ley 3/2014, de 19 de febrero, de horarios comerciales y de medidas para determinadas actividades de promoción de Cataluña, ha derogado la norma impugnada, lo que nos obliga a plantearnos los efectos que dicha derogación tiene sobre este recurso de inconstitucionalidad. Por tanto, es preciso recordar los criterios de la doctrina de este Tribunal respecto a la pérdida de objeto en los recursos de inconstitucionalidad, en relación con los dos motivos alegados por el Abogado del Estado. a) En primer lugar, la derogación de normas aprobadas en virtud de facultades legislativas de urgencia que tiene lugar durante la pendencia del recurso de inconstitucionalidad no excluye el control de este Tribunal sobre si al dictarlas se desbordaron los límites constitucionales ex art. 86.1 CE y, en lo que aquí interesa, sobre si concurría el presupuesto habilitante de la norma de urgencia (SSTC 155/2005, de 9 de junio, FJ 2; 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 4, y 68/2007, de 28 de marzo, FJ 4). De este modo, este Tribunal puede velar por el recto ejercicio de la potestad de dictar decretos-leyes, dentro del marco constitucional, decidiendo la validez o invalidez de las normas impugnadas, sin atender a su vigencia o derogación en el momento en que se pronuncia el fallo [por todas, STC 183/2014, de 6 de noviembre, FJ 2 c)]. Esta doctrina supone que la denuncia de vulneración de los arts. 86.1 CE y 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) no se ve afectada por la regla general de la pérdida de objeto. La derogación de la norma no impedirá, por tanto, que podamos controlar si el ejercicio de la potestad reconocida al Gobierno de la Generalitat de Cataluña se realizó siguiendo las condiciones que le imponen la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña [en un sentido similar, STC 230/2015, de 5 de noviembre, FJ 3 a)]. b) La STC 82/2016, de 28 de abril, sintetiza la doctrina de este Tribunal acerca de la pérdida de objeto de los recursos de inconstitucionalidad con contenido competencial del modo siguiente: «a) en primer lugar, no pierden objeto cuando la norma impugnada es derogada y sustituida por otra que plantea esencialmente los mismos problemas competenciales, para lo cual resulta necesario realizar un contraste entre la Ley impugnada y la Ley vigente (así, SSTC 168/1993, de 27 de mayo, FJ 7; 61/1997, de 20 de marzo, FJ 3; 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 2; 147/1998, de 2 de julio, FJ 5; 233/1999, de 12 de diciembre, FJ 3; 148/2000, de 1 de junio, FJ 3; 72/2003, de 10 de abril, FJ 2, y 18/2011, de 3 de marzo, FJ 3, por todas); b) lo mismo se ha afirmado cuando la norma impugnada no ha sido derogada, sino simplemente modificada, siempre y cuando el resultado de esa modificación permita concluir que el nuevo texto legal continúa suscitando, en esencia, los mismos problemas competenciales (así, SSTC 111/2012, de 24 de mayo, FJ 2, y 133/2012, de 19 de junio, FJ 2), pues en caso contrario habrá de concluirse que el recurso de inconstitucionalidad ha perdido su objeto [por todas, STC 143/2012, de 5 de julio, FJ 2 c)] de acuerdo con ese mismo criterio objetivo, si la norma impugnada es lisa y llanamente derogada sin que otra venga a sustituirla, o si la que la sustituye ya no plantea el mismo problema competencial, o si estamos ante una modificación en la que el nuevo texto legal resultante altera la controversia competencial planteada, la conclusión habrá de ser la aplicación de la regla general, según la cual el recurso de inconstitucionalidad se extingue en caso de derogación o modificación normativa, por desaparición sobrevenida del objeto del proceso constitucional». c) El análisis debe realizarse, por tanto, precepto por precepto. La aplicación de los anteriores criterios al caso que examinamos produce el siguiente resultado. Por lo que respecta al art. 1.2, letras a) a e), de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el art. 1 del Decreto-ley 4/2012, resulta: i) que la letra c) del artículo 1.2 establecía en la redacción impugnada que «El tiempo semanal de apertura de estos establecimientos los días laborables es de setenta y dos horas, como máximo», norma que no aparece en el vigente art. 1 de la Ley 3/2014, por lo que forzoso será concluir que el recurso ha perdido objeto en este punto, por cuanto la nueva norma ya no plantea esa controversia competencial relacionada con la limitación expresa del tiempo semanal de apertura autorizada; ii) la letra d) del mismo artículo 1.2 disponía en la redacción impugnada que «el número de domingos y festivos en que pueden permanecer abiertos los establecimientos es de ocho al año en total», mientras que el vigente art. 1.2 c) de la Ley 3/2014 prescribe ahora que «el número de domingos y festivos en que pueden permanecer abiertos los establecimientos comerciales es de ocho al año. Cada ayuntamiento debe fijar dos festivos más para su ámbito territorial municipal, que deben comunicarse de acuerdo con lo que establezca una orden del departamento competente en materia de comercio». La impugnación del Abogado del Estado se basaba en la contradicción con el art. 4.2 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, contradicción que no es posible apreciar ahora en la medida que la norma estatal fija un mínimo de diez domingos o festivos de apertura autorizada, número que coincide con el fijado ahora por la norma autonómica vigente. Por tanto, debemos considerar que no subsiste la controversia competencial trabada respecto a este precepto; iii) la controversia subsiste en los términos en los que fue planteada respecto a las letras a), b) y e) del art. 1.2 de la Ley 8/2004, en la redacción impugnada, que es la del Decreto-ley 4/2012, pues las tres previsiones se mantienen en la ya mencionada Ley 3/2014. En cuanto al art. 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la misma Ley 8/2004, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012, y 5 del Decreto-ley 4/2012 hemos de considerar que el recurso subsiste, pues dichas normas han sido sustituidas por otras de redacción similar (arts. 2 y 16.10 de la Ley 3/2014, respectivamente) con lo que continúan suscitándose los mismos problemas competenciales. d) En suma, en el presente proceso analizaremos la vulneración de los arts. 86.1 CE y 64 EAC que se imputa a todos los preceptos impugnados y las tachas de extralimitación competencial que se formulan a las letras a), b) y e) del art. 1.2, así como al art. 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la Ley 8/2004, en la redacción del Decreto-ley 4/2012, y 5 del mismo Decreto-ley 4/2012. 3. Es también doctrina de este Tribunal –doctrina que se ha establecido en relación con los Decretos-leyes estatales pero que resulta igualmente de aplicación a los Decretos-leyes autonómicos (STC 104/2015, de 28 de mayo, FJ 4)– que «el examen de las infracciones que se refieren al art. 86 CE ha de ser prioritario en el orden de nuestro enjuiciamiento, toda vez que en este caso las infracciones denunciadas inciden directamente sobre la validez de los preceptos impugnados y se cuestiona la legitimidad constitucional de su inclusión en una norma de urgencia … de modo que, si se estimaran las alegaciones relativas al art. 86 CE, resultaría innecesario el examen de las restantes alegaciones» (entre otras, SSTC 1/2012, de 13 de enero, FJ 3; 182/2013, de 23 de octubre, FJ 3, y 104/2015,de 28 de mayo, FJ 4). De ahí que proceda examinar en primer lugar este motivo del recurso. Este Tribunal ha considerado que aunque la Constitución no prevea el Decreto-ley autonómico nada impide que el legislador estatutario pueda atribuir al Gobierno de las Comunidades Autónomas la potestad de dictar normas provisionales con rango de ley que adopten la forma de Decreto-ley siempre que los límites formales y materiales a los que se encuentren sometidos sean, como mínimo, los mismos que la Constitución impone al Decreto-ley estatal (SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FFJJ 3 a 6; 104/2015 de 28 de mayo, FJ 4, y 38/2016, de 3 marzo, FJ 2, entre otras). Esto es, el Estatuto puede sólo añadir «cautelas o exclusiones adicionales» con el fin de «preservar más intensamente la posición del parlamento autonómico». Ello implica que, para resolver la impugnación planteada frente al Decreto-ley catalán 4/2012, debamos tomar en consideración tanto la doctrina constitucional relativa al art. 86.1 CE, como los límites que haya podido concretar o añadir el legislador estatutario para el decreto-ley autonómico. En lo que resulta relevante para este proceso, el art. 64.1 EAC se refiere también a la «necesidad extraordinaria y urgente» como presupuesto habilitante para que el Gobierno pueda dictar «disposiciones legislativas provisionales bajo las forma de Decreto-ley». En el examen de esta cuestión hemos de partir de la doctrina de la STC 93/2015, de 14 de mayo, recogida en la STC 230/2015, de 5 de noviembre. Allí señalamos que «un Estatuto de Autonomía no puede atribuir al Consejo de Gobierno autonómico poderes de legislación de urgencia que no estén sujetos, en lo que corresponda, a los límites consignados en el art. 86.1 CE como garantía del principio democrático. En todo caso el Tribunal Constitucional podrá, aplicando directamente el parámetro constitucional ínsito en dicho principio, controlar la constitucionalidad de la legislación de urgencia que pueda adoptar el citado Consejo de Gobierno», y se añade que «a la hora de enjuiciar la concurrencia del presupuesto habilitante del art. 86.1 CE, esto es, la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley autonómico, este Tribunal deberá ponderar la competencia autonómica ejercida al efecto, pues la naturaleza y alcance de las competencias autonómicas hacen, en principio, menos necesario el recurso a la aprobación de normas legales de urgencia» (STC 93/2015, FJ 5). La doctrina de este Tribunal ha sostenido también que, al efectuar «la valoración conjunta de factores que implica el control externo del presupuesto que habilita a acudir al Decreto-ley, un factor importante a tomar en cuenta es el menor tiempo que requiere tramitar un proyecto de ley en una Cámara autonómica (dado su carácter unicameral, así como su más reducido tamaño y menor actividad parlamentaria, en comparación con la que se lleva a cabo en las Cortes Generales), pues puede hacer posible que las situaciones de necesidad sean atendidas tempestivamente mediante la aprobación de leyes, decayendo así la necesidad de intervención extraordinaria del ejecutivo, con lo que dejaría de concurrir el presupuesto habilitante» (STC 157/2016, de 22 de septiembre, FJ 5, con cita de otras). Lo anterior supone que el Gobierno autonómico debe describir, como se le exige al ejecutivo estatal, «la situación de necesidad de modo explícito y razonado», sin necesidad de que «se refiera expresamente a todos y cada uno de los elementos determinantes de la misma, lo que no sería coherente con que la citada doctrina constitucional califique la decisión gubernativa de dictar un decreto-ley de ”juicio político o de oportunidad’ y defina la verificación de esta decisión que atañe al Tribunal como ”control externo’ a realizar mediante una ”valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional’» (STC 93/2015, FJ 5). Finalmente nuestra doctrina recuerda que, es potestad del Tribunal valorar, de acuerdo al control externo referido, la concurrencia del presupuesto habilitante en términos más exigentes que los expresados en relación con los decretos-leyes estatales, a la hora de valorar la necesidad de «una acción legislativa que se materialice ”en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes’ (por todas, STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 6)» y a la hora de encuadrar el ejercicio de la potestad normativa autonómica dentro del haz de competencias que son propias de la Comunidad Autónoma. 4. Conforme a lo anterior, cumple ahora valorar si, siempre dentro del «control externo» que nos compete, concurría el presupuesto habilitante de extraordinaria y urgente necesidad en el momento de ser aprobado el Decreto-ley 4/2012. Esa valoración exige acudir a un doble canon aplicable también en el caso de los decretos-leyes autonómicos, es decir, i) la identificación, por el Gobierno autonómico, de manera explícita y razonada de la concurrencia de esa singular situación, la extraordinaria y urgente necesidad, determinante de la aparición del presupuesto que le habilita para dictar con carácter excepcional una norma con rango de ley formal, y ii) la verificación de la existencia de una conexión de sentido o relación de adecuación entre ese presupuesto habilitante y las medidas contenidas en la norma de urgencia, de modo que éstas han de guardar una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar. En cuanto al primero de estos aspectos, la definición de la situación de urgencia se razona en la exposición de motivos del Decreto-ley 4/2012 en los términos siguientes. Tras exponer la evolución del régimen de la actividad comercial en Cataluña, señala que la publicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, introduce modificaciones normativas significativas en la regulación de los horarios comerciales y en la regulación de las actividades promocionales de ventas, que, a juicio de la exposición de motivos, «introducen nuevos elementos de ambigüedad en relación al marco normativo aplicable a partir de las competencias que el Estatuto de autonomía de Cataluña reconoce como exclusivas». Indica además que «este Real Decreto-ley establece una serie de preceptos en materia de horarios comerciales con unos plazos que finalizan bien a los seis meses de su entrada en vigor o bien el 31 de diciembre de este año», mientras que respecto a la venta en rebajas explica que la regulación estatal señala por un lado que «las rebajas se podrán realizar en los períodos estacionales de mayor interés comercial, según el criterio de cada comerciante; asimismo se establece que la duración de cada período de rebajas será decidido libremente por cada comerciante» y también fija «en cuanto a los criterios a tener en cuenta a la hora de determinar los días festivos de apertura comercial autorizada –«la apertura en domingos y festivos correspondientes a los períodos de rebajas», lo que «obliga a establecer cuáles son estos períodos en los que el comerciante libremente podrá realizar, o no, venta en rebajas sin las limitaciones, que desaparecen, que hasta la entrada en vigor del Real decreto ley 20/2012, se establecían en el punto 2 del artículo 25 de la Ley 7/1996 –duraciones mínimas y máximas de la venta en rebajas». En otro orden de cuestiones, se señala que la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 «ha comportado la ruptura del equilibrio competencial existente hasta este momento entre Estado y Generalidad, tanto en materia de horarios comerciales como en determinados aspectos de la regulación de las ventas promocionales, y en todo caso este nuevo marco normativo obliga a adoptar con carácter de urgencia medidas que clarifiquen cuáles son las disposiciones aplicables en Cataluña en estos ámbitos, especialmente teniendo en cuenta los efectos que prevén los puntos 4 y 5 del artículo 27 del Real decreto ley 20/2012, de 13 de julio –de manera inmediata: libertad de horarios, 24 horas al día 365 días al año, excepto los días festivos, y de manera diferida (a partir del 1 de enero de 2013) apertura durante todos los días festivos del año–, en caso de que la Generalidad no apruebe una regulación específica». Esta situación requiere «detallar de una manera clara en una disposición, que por los motivos expuestos tiene que utilizar la figura del decreto ley, cuál es la normativa aplicable en Cataluña en materia de horarios comerciales y en materia de actividades comerciales promocionales, visto el conjunto de modificaciones normativas mencionadas, y en virtud de los títulos competenciales en juego, en defensa de las competencias exclusivas de la Generalidad en materia de comercio». Se alude finalmente al previsible surgimiento de controversias competenciales respecto a la norma estatal y a la necesidad de «preservar y clarificar el marco jurídico aplicable en Cataluña hasta el momento en que se produce el pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional competente por lo que respecta a los títulos competenciales respectivamente invocados». Estas mismas razones se reiteran, en sede parlamentaria, por el Consejero de Empresa y Ocupación de la Generalitat, con ocasión del debate parlamentario de validación del Decreto-ley 4/2012 que tuvo lugar en la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña el día 3 de diciembre de 2012. Así, alude a lo que considera una invasión competencial estatal en materia de horarios comerciales y actividades de promoción de ventas, señalando que la norma pretende restaurar la seguridad jurídica y defender las competencias exclusivas. En concreto, justifica la necesidad extraordinaria y urgente indicando que la norma estatal contiene disposiciones de aplicación directa a los operadores u obligaciones con plazos que finalizan el 31 de diciembre de 2012. 5. De acuerdo con lo expuesto y en el ámbito del control externo que corresponde realizar a este Tribunal, «que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno» (STC 182/1997, de 30 de octubre, FJ 3), el Tribunal aprecia, en primer lugar, que el Gobierno de la Generalitat cumple con la exigencia de exponer explícita y razonadamente la situación de extraordinaria y urgente necesidad que le habilita, según el art. 64 EAC, a dictar disposiciones legislativas provisionales con la forma de decretos-leyes, aportando una justificación suficiente que permite apreciar la existencia de dicho presupuesto habilitante. Dicha justificación alude a dos aspectos. La discrepancia competencial planteada en torno a la regulación del Real Decreto-ley 20/2012, que se entiende invasiva de las competencias autonómicas. Y la decisión de desarrollar aquellos aspectos en materia de horarios, apertura en festivos y venta en rebajas que, a juicio del Gobierno catalán, era posible efectuar conforme al propio marco normativo derivado del Real Decreto-ley 20/2012. Tal y como ha apreciado este Tribunal [STC 18/2016, de 4 de febrero, FFJJ 9 a) y b)], el Real Decreto-ley 20/2012 contenía diversas remisiones al legislador autonómico para que, dentro de unos plazos perentorios, complementara la regulación estatal, estableciendo, en su defecto, la aplicación de un régimen de libertad de horarios y de apertura en domingos y festivos. Ciertamente la norma que examinamos ha fijado una ordenación de los horarios comerciales, de la apertura de domingos y festivos y de las temporadas de rebajas que no ha resultado pacífica en cuanto que también ha sido impugnada por motivos competenciales, pero eso no resulta relevante en este momento del enjuiciamiento, centrado en la existencia del presupuesto habilitante de la norma de urgencia. Lo que sí es relevante es que, como también ha señalado el Abogado del Estado en sus alegaciones, la regulación en la norma estatal de los horarios comerciales y de los domingos y festivos de apertura autorizada no era cerrada, sino que incluía una remisión a la legislación autonómica para que determinara, dentro de los límites fijados por el propio Real Decreto-ley 20/2012, el horario global semanal y el calendario de domingos y festivos de apertura para el año 2013. También dispuso, en ausencia de regulación autonómica, la plena libertad de los comerciantes para la fijación de los horarios comerciales y de los domingos y festivos de apertura autorizada. Es decir, que era la propia norma estatal la que reclamaba la intervención normativa autonómica estableciendo, en su defecto, un régimen de plena libertad horaria. Junto a ello, también ha quedado justificada, desde la perspectiva de la extraordinaria y urgente necesidad que estamos examinando, la necesidad de regular los períodos de venta en rebajas, pues la exposición de motivos argumenta que puede deducirse de un determinado entendimiento de las normas estatales [art. 25 de la Ley de ordenación del comercio minorista en relación con el art. 4.5 b) de la Ley de horarios comerciales], que correspondía a las Comunidades Autónomas determinar las temporadas de ventas en rebajas, sin que nos corresponda ahora hacer juicio alguno sobre dicha interpretación desde la perspectiva de la distribución de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma. Es decir, la urgente y extraordinaria necesidad se encuentra en el ejercicio de la potestad autonómica de determinación del régimen de horarios comerciales, domingos y festivos de apertura y de temporadas de rebajas con el fin de evitar que la ausencia de regulación territorial comportase la aplicación del régimen de libertad absoluta establecido en los arts. 27 y 28 y las disposiciones adicional undécima, transitoria decimocuarta y finales segunda y tercera del Real Decreto-ley 20/2012. Recurso a la norma de urgencia que, por lo demás, se ha producido en otras Comunidades Autónomas, por las mismas razones de adaptación urgente al marco normativo estatal que aquí apreciamos, sin que dicha actuación del legislador de urgencia haya resultado controvertida. Es el caso de Castilla y León (artículo 8 del Decreto-ley 1/2012, de 16 de agosto, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria); Andalucía (artículo único del Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, que el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, que aprueba el texto refundido de la Ley del comercio interior de Andalucía y establece otras medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico); Aragón (artículo 2 del Decreto-ley 1/2013, de 9 de enero, que modifica la Ley 9/1989, de 5 de octubre, de ordenación de la actividad comercial y la Ley 7/2005, de 4 de octubre, de horarios comerciales y apertura de festivos); Extremadura (artículos 1 a 4 del Decreto-ley 3/2012, de 19 de octubre, de estímulo de la actividad comercial), o Illes Balears (artículos 1 a 4 del Decreto-ley 11/2012, de 19 de octubre, de modificación de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad comercial en las Illes Balears). A ello se une, que, en el caso de Cataluña, ese recurso al decreto-ley viene también justificado por la disolución del Parlamento debido a la convocatoria de elecciones autonómicas (Decreto 104/2012, de 1 de octubre, de convocatoria de elecciones al Parlamento de Cataluña y de su disolución, que dispone la celebración de elecciones el 25 de noviembre de 2012), lo que, ya de por sí, imposibilitaba la intervención de la Cámara para aprobar las normas reclamadas o permitidas por la regulación estatal en el plazo por ella prevista. Esta conclusión no se ve enervada por la referencia a la primera de las razones alegadas –la discrepancia competencial con la norma estatal– que, a juicio del Abogado del Estado, se presenta como respuesta a una modificación del marco normativo estatal del que se deduce la necesidad de que la Comunidad Autónoma ocupe un determinado espacio con el fin de excluir del mismo a la norma estatal, en tanto se sustancia por el Tribunal Constitucional la controversia competencial en esta materia. En efecto, de las afirmaciones de la exposición de motivos acerca del debate competencial trabado entre la norma estatal y la autonómica no cabe deducir, como hace el Abogado del Estado, que el Decreto-ley se dicte con la finalidad de no cumplir la norma estatal, sino únicamente su voluntad de establecer la ordenación del comercio en Cataluña, específicamente en los tres aspectos que ya se han mencionado que, en el ejercicio de sus competencias, se considere mejor para los intereses de la Comunidad Autónoma. La circunstancia de que esta regulación se dicte con la finalidad de fijar de manera clara las normas aplicables no es, en sí misma, merecedora de reproche alguno, pues de la misma solo cabe presumir el legítimo ejercicio de sus competencias, sin perjuicio de advertir que, en el momento en que esta norma de urgencia se aprueba, el carácter básico de las previsiones del Real Decreto-ley 20/2012 no había sido confirmado por este Tribunal (en un sentido similar, STC 157/2016, FJ 6). Por último, ha de apreciarse también que existe la necesaria conexión de sentido entre la situación de urgencia apreciada y las medidas adoptadas, pues es evidente que desarrollan la regulación estatal en la materia, sin perjuicio del juicio de fondo que merezcan en el examen desde la perspectiva competencial que el proceso nos reclama. Consecuentemente, no cabe apreciar que el Decreto-ley impugnado haya vulnerado los arts. 86.1 CE y 64.1 EAC. 6. En segundo lugar el Abogado del Estado alega la extralimitación competencial en la que incurrirían los preceptos impugnados al regular los horarios comerciales, que se entienden contrarios a las competencias estatales del art. 149.1.13 CE. Las normas autonómicas estarían desconociendo la legislación básica dictada al amparo de dicho título competencial, en particular el art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012 en materia de horarios comerciales. El artículo 27 modificó los arts. 3.1 (horario global), 4 (domingos y festivos), 5 (establecimientos con régimen especial de horarios), así como las disposiciones adicionales primera (régimen de libertad de horarios) y segunda (libertad de elección de domingos y festivos), de la de la Ley de horarios comerciales. Tales reproches se formulan a la nueva redacción que los arts. 1 y 2 del Decreto-ley 4/2012 han dado a los arts. 1.2, letras a) y e); 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales. Dicha vulneración competencial es negada por las representaciones procesales de la Generalitat y del Parlamento de Cataluña que argumentan que las normas impugnadas responden a un adecuado ejercicio de la competencia autonómica en materia de comercio interior y niegan el carácter básico de la Ley de horarios comerciales, en la redacción dada a la misma por el art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, de manera que no podría operar como parámetro de control de los preceptos autonómicos. Las partes no discuten el encuadramiento competencial de la cuestión discutida que es el del comercio interior, competencia en la que, conforme a nuestra doctrina, se integran los horarios comerciales (por todas, STC 88/2010, de 15 de noviembre, FJ 2). El debate se centra en determinar si la norma autonómica vulnera la normativa básica en materia de horarios comerciales constituida, en el momento de interponerse el recurso, por la Ley 1/2004, en la redacción dada por el art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, o si, por el contrario, la regulación estatal que se propone como parámetro indirecto o mediato de constitucionalidad no tiene realmente carácter básico. Se plantea así un problema que la doctrina de este Tribunal ha calificado de inconstitucionalidad mediata o indirecta, de manera que lo primero que hay que analizar es «si la norma estatal infringida por la ley autonómica [es], en el doble sentido material y formal, una norma básica y, por tanto, dictada legítimamente al amparo del correspondiente título competencial que la Constitución haya reservado al Estado. Y, en segundo lugar, [si] la contradicción entre ambas normas, estatal y autonómica, [es] efectiva e insalvable por vía interpretativa» (SSTC 219/2013, de 19 de diciembre, FJ 4, y 210/2014, de 18 de diciembre, FJ 4, citada en STC 200/2015, de 24 de septiembre, FJ 4). Puesto que en el enjuiciamiento competencial que se nos demanda hemos de atender al parámetro vigente en el momento de dictar Sentencia, cumple también advertir que los apartados 1 y 2 del art. 7 del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, y, después, por los apartados 1 y 2 del art. 7 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, también de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificaron los apartados 4 y 5 del art. 5 de aquella Ley 1/2004, si bien tales modificaciones no resultan ahora relevantes a efectos de este proceso, tal y como se verá a continuación. El artículo 27 del Real Decreto-ley 20/2012 es un precepto formalmente básico, pues con tal carácter se proclama en su disposición final cuarta. Su carácter materialmente básico se desprende de la doctrina que este Tribunal ha establecido en las SSTC 156/2015, de 9 de julio, FJ 10, y 18/2016, de 4 de febrero, FJ 9. En ambas se señaló que el Estado al dictar las reglas impugnadas contenidas en el art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012, con el carácter de norma básica ex art. 149.1.13 CE, se había atenido a un ejercicio adecuado de sus competencias, sin incurrir en un exceso competencial vulnerador de las competencias autonómicas en materia de comercio interior, criterio ratificado en decisiones posteriores, como las SSTC 37/2016, de 3 de marzo, FJ 4, y 55/2016, de 17 de marzo, FJ 4. Por tanto, sentado el carácter básico de las normas estatales que se proponen como parámetro de las autonómicas objeto del recurso, la solución al debate trabado respecto a éstos últimos requiere analizar si los mismos incurren en una contradicción insalvable con la norma básica, lo que deberá hacerse examinando cada uno de los preceptos que han sido impugnados por este motivo. Como ya se ha señalado en el fundamento jurídico 2, eso implica que debemos examinar las tachas de extralimitación competencial que se formulan a las letras a), b) y e) del art. 1.2 de la Ley 8/2004, en la redacción impugnada, que es la del Decreto-ley 4/2012, así como al art. 2.1, letras b), c), d), f), i) y l) y 2.2 de la misma Ley 8/2004, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012. 7. Abordaremos en primer lugar las impugnaciones relativas al art. 1.2 de la Ley 8/2004. a) El artículo 1.2 a) dispone que «los establecimientos comerciales no pueden permanecer abiertos, ni realizar ninguna actividad de venta entre las 22 h y las 7 h. Los días 24 y 31 de diciembre han de adelantar su horario de cierre a las 20 h». Este precepto contradice la norma básica, el art. 3 de la Ley de horarios comerciales, en dos aspectos. Por un lado es básica la norma que atribuye al propietario, dentro del respeto al límite semanal, determinar el horario diario de apertura y cierre del establecimiento (STC 26/2012, FJ 7). Con respecto al horario diario de apertura, la Ley de horarios comerciales establece el principio básico de libertad de decisión por parte de cada comerciante, libertad que, en todo caso, puede ser limitada por la norma autonómica en el horario global semanal al que han de ajustarse los establecimientos comerciales de su territorio y dentro del cual corresponderá a cada comerciante determinar el horario diario de apertura y cierre de su establecimiento. Resulta entonces que la base estatal establece, con los límites del respeto al horario global semanal antes aludidos, un régimen de libertad de horarios respecto de los días laborables de la semana que, al igual que los examinados en otras ocasiones por este Tribunal (STC 140/2011, FJ 4, y las allí citadas), excluye la intervención autonómica en este concreto aspecto. En este caso, no se respeta dicha regla por cuanto, frente a la libertad otorgada por la base estatal, la norma autonómica impone límites al horario diario de apertura de los establecimientos comerciales. Por esa razón es contraria al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nula. Conclusión igualmente predicable de la letra b) del mismo artículo 1.2, en cuanto que también introduce limitaciones al horario diario de apertura de los establecimientos comerciales al prescribir que «el número máximo de horas diarias en que los establecimientos comerciales pueden permanecer abiertos es de doce». b) La letra e) del artículo 1.2 prescribe que «los establecimientos comerciales tienen que permanecer cerrados con carácter general los días 1 y 6 de enero, Domingo y Lunes de Pascua, 1 de mayo, 24 de junio, 11 de septiembre y 25 y 26 de diciembre». El Abogado del Estado alega la contravención de dos de los criterios del art. 4.5 de la Ley de horarios comerciales, los de las letras a) «La apertura en al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más días festivos continuados» y d) «La apertura en los domingos o festivos de la campaña de Navidad». La STC 156/2015, FJ 10, afirmó el carácter básico de ambos, pues sostuvo que la regulación de criterios para la determinación de los domingos y festivos de apertura en función del atractivo comercial para los consumidores «no supone sino el establecimiento de unas directrices o criterios globales que cumplen, dado su carácter de condiciones mínimas y comunes, los parámetros constitucionales para su consideración material de norma básica, en tanto que la misma encierra una serie de objetivos de política económica aplicables a un sector de gran trascendencia en nuestra economía como es el de la distribución comercial». La STC 18/2016, FJ 9 b) consideró que «la nueva redacción del art. 4.5 de la Ley 1/2004, establece un régimen mínimo de regulación en materia de apertura de comercios en domingos y festivos, mínimo que, una vez respetado, permite a las Comunidades Autónomas determinar el número y los concretos días de apertura, respondiendo así, en cuanto tiene por finalidad fijar las bases de la regulación en la ordenación de la actividad comercial, a un adecuado ejercicio de las competencias estatales del art. 149.1.13 CE, tal como hemos dejado sentado en la STC 156/2015, FJ 10». Afirmado el carácter materialmente básico de las normas estatales, la conclusión no puede ser otra que la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos «domingo y lunes de pascua» y «25 y 26 de diciembre» del art. 1.2 e) de la Ley 8/2004, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012, en los que, atendiendo a los criterios establecidos por las bases (STC 59/2016, de 17 de marzo, FJ 4), se residencia la contradicción entre el precepto autonómico y las normas estatales antes señaladas. 8. Del art. 2 de la Ley 8/2004 se han impugnado su apartado 1, letras b), c), d), f), i) y l) y su apartado 2, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012. Examinaremos cada uno de los preceptos por separado. a) El primer precepto impugnado es el art. 2.1 b) que, entre los supuestos de exclusión del horario comercial general, contempla «Los establecimientos instalados en puntos fronterizos y los que solo son accesibles desde el interior de las estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo». El parámetro de contraste que se entiende vulnerado es el art. 5.1 de la Ley de horarios comerciales que reconoce libertad horaria a, entre otros, los establecimientos situados «en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo». El artículo 5 es un precepto básico, conforme a la STC 18/2016, FJ 9 c), que afirma lo siguiente: «En cuanto al primero de los aspectos discutidos la Generalitat de Cataluña cuestiona que la nueva regulación del artículo 5 en lo relativo a los establecimientos que gozan de libertad horaria supone el vaciamiento de la competencia autonómica en la materia. Tacha que no puede ser apreciada, pues, en la medida en que se establece una desregulación para determinados tipos de establecimientos es aplicable la doctrina de la STC 140/2011, de 14 de septiembre, FJ 4, en la que consideramos, en relación a determinados establecimientos que resultaba ”legítimo que el Estado, por consecuencia, establezca un régimen homogéneo de libertad para todo el territorio nacional, de modo que el empresario decida el régimen de horarios que en cada caso resulta más conveniente para la atención de dicha demanda; legitimidad que no resulta enervada porque en este caso, a diferencia de otras regulaciones de la misma ley, no quepa intervención normativa de las Comunidades Autónomas”». La norma impugnada se aparta de la base estatal en cuanto supone la introducción de una restricción no contemplada por ella que produce el efecto de reducir el ámbito de los establecimientos que, situados en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo, gozan de plena libertad para determinar su horario de apertura al público. Se incurre así en una contradicción insalvable por vía interpretativa determinante de la inconstitucionalidad y nulidad del inciso «los que solo son accesibles desde el interior de» del art. 2.1 b). b) El artículo 2.1 c) incluye entre los supuestos de exclusión del horario comercial general a los establecimientos dedicados a «la venta de combustibles y carburantes, sin que esta excepción abarque los establecimientos comerciales anexos a las gasolineras a menos que se limiten, esencialmente, a la venta de recambios y otros productos complementarios de la automoción.». Lo controvertido es la exclusión de la libertad horaria de los establecimientos comerciales anexos a las gasolineras que el Abogado del Estado entiende contrario al art. 5.3 de la Ley de horarios comerciales, en la medida en que este precepto reconoce libertad horaria a las denominadas tiendas de conveniencia. Sin embargo, el precepto no incurre en la vulneración competencial que se denuncia en cuanto que admite una interpretación conforme con el orden constitucional y estatutario de distribución de competencias. Así, debe ser entendido en el sentido de que no excluye de la libertad horaria a aquellos establecimientos anexos a las gasolineras incluidos en supuestos en las que las normas estatales o autonómicas han reconocido dicha libertad para fijar su propio horario de apertura, sin vincularlas a que se encuentren ubicadas en un lugar concreto. Es lo que sucede, entre otros supuestos, con las tiendas de conveniencia en las que el Abogado del Estado ha centrado su queja [así, arts. 5.1 y 5.3 de la Ley de horarios comerciales y 2.1 a) de la Ley catalana 8/2004]. c) El siguiente precepto impugnado es el artículo 2.1 d) según el cual «los establecimientos situados en municipios turísticos de acuerdo con lo que establece el artículo 3» están excluidos del horario comercial general. Respecto a este precepto el Abogado del Estado entiende que la remisión al artículo 3 vulnera el art. 5 de la Ley de horarios comerciales al no recoger los criterios establecidos en este último. La queja que se plantea no se refiere al horario de determinados establecimientos comerciales, sino a los criterios en virtud de los que se determina cuando un municipio puede ser considerado turístico a efectos comerciales. Ahora bien, la demanda se limita a señalar que el art. 3.1 de la Ley 8/2004, precepto al que se remite el que ahora impugna, vulnera los apartados 4 y 5 del art. 5 de la Ley de horarios comerciales, sin que tal alegación venga acompañada de un mínimo de argumentación acerca del reproche de inconstitucionalidad que se formula. Por ello, en relación con esta supuesta infracción de la normativa básica y de la vulneración mediata de la Constitución que podría conllevar, el Abogado del Estado ha incumplido la carga alegatoria que le incumbe, por lo que no procede entrar a examinarla (en un sentido similar, STC 157/2016, FJ 8). d) Se impugna el art. 2.1 f) que dispone que están excluidos del horario general «las farmacias, que se rigen por su normativa específica», en razón de que la norma no ha incluido a los estancos en el precepto, lo que sí hace el art. 5.6 de la Ley de horarios comerciales. La impugnación ha de ser desestimada pues la base que se reputa vulnerada, el art. 5.6 de la Ley de horarios comerciales, no hace sino remitirse a la legislación específica que regula los estancos con lo cual carece de contenido regulador propio. El art. 29 g) del Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, que desarrolla la Ley 13/1998, de ordenación del mercado de tabacos y normativa tributaria y regula el estatuto concesional de la red de expendedurías de tabaco y timbre, dispone un mínimo de apertura de ocho horas diarias de lunes a viernes, y cuatro horas los sábados por la mañana, excepto festivos. Previsiones sobre las que no puede decirse que hayan quedado contradichas por la norma autonómica. Al contrario, pues su silencio en nada obsta a la aplicación de esta previsión, que, por otra parte, es lo único que reclama la norma estatal de horarios comerciales. e) El artículo 2.1 i) prescribe la exclusión del horario general de «los establecimientos comerciales, de venta personalizada o en régimen de autoservicio, cuyos titulares son pequeñas o medianas empresas, que no pertenezcan a grupos o cadenas de distribución ni operen bajo el mismo nombre comercial, siempre que la superficie de venta no supere los 150 m2 y tengan una oferta orientada esencialmente a productos de compra cotidiana de alimentación». Se ha señalado ya que la regulación del artículo 5 de la Ley de horarios comerciales en lo relativo a los establecimientos que gozan de libertad horaria, ha de ser considerada básica [STC 18/2016, FJ 9 c), con remisión a la STC 140/2011, de 14 de septiembre, FJ 4]. Del contraste de la norma básica con la regulación autonómica se deduce que esta última introduce tres restricciones incompatibles con la libertad horaria reconocida a los establecimientos comerciales que dispongan de una superficie útil para la exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados en los términos del art. 5.2 de la Ley de horarios comerciales. Exige una superficie menor, 150 metros cuadrados; una limitación en la oferta de productos, esencialmente productos de compra cotidiana de alimentación, y que se trate de establecimientos de titularidad de pequeñas o medianas empresas. Por tanto, al incurrir en dicha contradicción con la norma básica, este precepto es contrario al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucional y nulo. f) Sobre el artículo 2.1 l) no hay argumentación específica en la demanda pues la que se formula, bien que vinculada al artículo 2.1 i), se refiere en realidad a la letra j). Dicha letra j) no ha sido formalmente impugnada, dado que no aparece en el acuerdo del Presidente del Gobierno por el que se decide interponer el presente recurso, el cual sí incluye la mencionada letra l). Procede, por tanto, su desestimación. g) Resta por examinar el artículo 2.2 según el cual «los establecimientos situados en municipios turísticos, las tiendas de conveniencia y los establecimientos a los que hacen referencia las letras i) y l) del punto 1 de este artículo han de adelantar también su horario de cierre a las 20:00 horas los días 24 y 31 de diciembre, y tienen que permanecer cerrados los días 1 de enero y 25 de diciembre». La STC 26/2012, FJ 7, ya declaró que las normas estatales establecían «el principio básico de libertad de decisión por parte de cada comerciante, libertad que, en todo caso, puede ser limitada por la decisión autonómica en torno al horario global semanal al que han de ajustarse los establecimientos comerciales de su territorio y dentro del cual corresponderá a cada comerciante determinar el horario diario de apertura y cierre de su establecimiento, aspecto este último integrado en el margen de decisión otorgado a cada comerciante por la base estatal». Ese principio básico se encuentra en el art. 3.2 de la Ley de horarios comerciales. A ello se añade que el carácter básico del reconocimiento de los supuestos de establecimientos comerciales que gozan de libertad horaria en el art. 5 de la Ley de horarios comerciales ha sido confirmado por la STC 18/2016, FJ 9.c). Ambas circunstancias determinan que el precepto, en cuanto limita el horario de apertura de establecimientos que gozan de libertad horaria conforme a la propia norma autonómica, incurra en una contradicción con las bases que resulta insalvable por vía interpretativa. En consecuencia el artículo 2.2 es contrario al orden constitucional de distribución de competencias y por ello, inconstitucional y nulo. 9. El último precepto impugnado es el artículo 5 que intitulado «Períodos para realizar ventas en rebajas» dispone lo siguiente: «La venta en rebajas se puede llevar a cabo, a criterio de cada comerciante y durante el plazo que este considere adecuado, dentro de los siguientes períodos estacionales: a) Período estacional de invierno: desde el día 7 de enero hasta el día 6 de marzo, ambos incluidos. b) Período estacional de verano: desde el día 1 de julio hasta el día 31 de agosto, ambos incluidos.» A este precepto se le reprocha que colisiona con el art. 28 del Real Decreto-ley 20/2012, cuyo apartado 3 modifica el art. 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista, que fijaba las temporadas de rebajas y su duración, para establecer que cada comerciante podrá decidirlos libremente. Las Letradas de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña han negado la contradicción con las normas estatales entendiendo que se trata de un desarrollo compatible con ellas en el sentido de que correspondería a las Comunidades Autónomas la definición de las temporadas de rebajas dentro de las que lo comerciantes pueden ejercer su libertad. Para el caso de que no se acepte esa interpretación sostienen que el precepto estatal no supone un ejercicio legítimo de las competencias estatales, de suerte que no puede ser utilizado como parámetro de constitucionalidad de la norma autonómica. Esta queja ha de ser estimada. La ya citada STC 59/2016, FJ 4, se pronunció sobre un precepto materialmente muy similar incluido en la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra. Allí se señaló que: «El art. 28.3 del Real Decreto-ley 20/2012 es un precepto básico en el doble sentido material y formal. En el sentido formal, porque así se declara en la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 20/2012. También lo es en sentido material, pues “le es aplicable nuestra doctrina según la cual las normas que regulan un marco temporal para el desarrollo de específicas modalidades de ventas, deben considerarse integradas en las normas que velan por la defensa de la competencia (por todas, STC 106/2009, de 4 de mayo, FJ 2), siendo, por tanto, competencia del Estado ex art. 149.1.13 CE” (STC 18/2016, FJ 10)». Además consideramos que «la norma básica no circunscribe la temporada de rebajas a uno o varios periodos estacionales concretos, como tampoco otorga a este tipo de figura promocional una duración determinada, permitiendo así que sea el comerciante quien libremente adopte las correspondientes decisiones al respecto». Al igual que en el caso resuelto en la STC 59/2016, el contraste entre el tenor del precepto estatal y el contenido del precepto autonómico es evidente, resulta indudable ya que este último limita el número de períodos de ventas en rebajas a dos únicas temporadas al año, acotando las épocas en que cada una de ellas podrá tener lugar, e impone, además, para cada uno de tales períodos una duración máxima de dos meses. De este modo en el régimen aplicable a las ventas en rebajas, se introducen unas medidas restrictivas de la libertad del comerciante que no tienen cabida en el régimen liberalizador que configura el legislador estatal con carácter básico en este ámbito. Consecuentemente, el inciso «dentro de los siguientes períodos estacionales» y las letras a) y b) del art. 5 del Decreto-ley 4/2012, en los que se residencia la contradicción con la norma estatal, son contrarios al orden constitucional de distribución de competencias y, por tanto, inconstitucionales y nulos. FALLO En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, Ha decidido 1.º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación de los arts. 1.2 c) y 1.2 d) de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción. 2.º Declarar que son inconstitucionales y nulos los arts. 1.2 a) y b); los incisos «domingo y lunes de pascua» y «25 y 26 de diciembre» del art. 1.2 e); el inciso «los que solo son accesibles desde el interior de» del art. 2.1 b); el art. 2.1 i) y el art. 2.2, todos ellos de la Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comerciales, en la redacción dada por el Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción, así como el inciso «dentro de los siguientes períodos estacionales» y las letras a) y b) del art. 5 del Decreto-ley 4/2012, de 30 de octubre. 3.º Desestimar el recurso en todo lo demás. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». Dada en Madrid, a quince de diciembre de dos mil dieciséis.–Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.–Adela Asua Batarrita.–Encarnación Roca Trías.–Andrés Ollero Tassara.–Fernando Valdés Dal-Ré.–Juan José González Rivas.–Santiago Martínez-Vares García.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Pedro José González-Trevijano Sánchez.–Ricardo Enríquez Sancho.–Antonio Narváez Rodríguez.–Firmado y rubricado.

Sentencia en la que el TC anula los límites de Catalunya a la libertad de horarios comerciales

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José González Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Antonio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente SENTENCIA En el recurso de inconstitucionalidad núm. 630-2013, promovido por el Presidente del Gobierno contra los arts. 1.2, letras a) a e); 2.1, letras b), c), d), f), i) y l); 2.2 y 5 del Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción. Han comparecido y formulado alegaciones los Letrados del Gobierno de la Generalitat de Cataluña y del Parlamento de Cataluña. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal. I. Antecedentes 1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal Constitucional el día 1 de febrero de 2013 el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 1.2, letras a) a e); 2.1, letras b), c), d), f), i) y l); 2.2 y 5 del Decreto-ley de Cataluña 4/2012, de 30 de octubre, de medidas en materia de horarios comerciales y determinadas actividades de promoción. El Abogado del Estado invocó el art. 161.2 CE, a fin de que se acordarse la suspensión de los preceptos impugnados. El recurso se fundamenta en los motivos que se exponen a continuación. El Abogado del Estado señala que el Decreto-ley 4/2012 viene a adaptar la normativa reguladora de la actividad comercial en Cataluña a las modificaciones normativas introducidas por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, tanto en materia de horarios comerciales como en determinados aspectos de la regulación de las ventas promocionales. Los motivos de inconstitucionalidad son dos: la falta de concurrencia del presupuesto habilitante que justifique el dictado del Decreto-ley 4/2012 y la extralimitación competencial de la norma con la consiguiente vulneración de las competencias estatales ex arts. 149.1.6 y 149.1.13 CE. En cuanto a la falta de presupuesto habilitante de la norma impugnada, el Abogado del Estado precisa la identidad a este respecto entre el art. 86.1 CE y 64 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC). Recuerda la doctrina constitucional sobre el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad, aludiendo a la justificación que el Decreto-ley 4/2012 aporta en su exposición de motivos: la situación generada por la entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2012 que obliga «al Gobierno de la Generalidad, por razones de urgencia y sobre todo de seguridad jurídica, detallar de una manera clara en una disposición, que por los motivos expuestos tiene que utilizar la figura del decreto ley, cuál es la normativa aplicable en Cataluña en materia de horarios comerciales y en materia de actividades comerciales promocionales, visto el conjunto de modificaciones normativas mencionadas, y en virtud de los títulos competenciales en juego, en defensa de las competencias exclusivas de la Generalidad en materia de comercio. Además, teniendo en cuenta que las medidas adoptadas en relación al conflicto planteado pueden conducir previsiblemente a la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad y considerando la demora inherente a los procedimientos que se sustancian ante el Tribunal Constitucional, se hace necesario aprobar, de manera urgente y como medida cautelar, este Decreto ley con la finalidad de evitar daños irreparables derivados del impacto de la nueva regulación que ha sido impulsada por el Gobierno del Estado». A juicio del Abogado del Estado esa motivación resulta inadmisible en tanto que se incardina en un ámbito meramente especulativo sobre previsiones futuras y se presenta como respuesta a una modificación del marco normativo estatal del que se deduce la necesidad de que la Comunidad Autónoma ocupe un determinado espacio normativo con el fin de excluir del mismo a la norma estatal. No justificaría la urgencia la necesidad de adaptación a las concretas medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 20/2012 sobre horarios comerciales y ventas promocionales, pues la norma estatal permite una aplicación diferida y fija plazos para la citada adaptación, de manera que, al igual que en el caso resuelto en la STC 31/2011, de 17 de marzo, tampoco desde esta segunda perspectiva se justifica el recurso a la legislación de urgencia. Sobre la extralimitación competencial en la que incurrirían los preceptos impugnados al vulnerar el art. 149.1.13 CE, el Abogado del Estado indica que se trata de una inconstitucionalidad mediata o indirecta, en cuanto que la legislación básica sería desconocida por la norma autonómica. Recuerda que para que pueda prosperar una pretensión de inconstitucionalidad de preceptos autonómicos por infracción de la legislación básica, han de concurrir dos exigencias: (i) que se justifique una contradicción frontal e insalvable por vía interpretativa entre el precepto autonómico y el básico estatal y (ii) que la normativa estatal tenga efectivamente el carácter de básica. A continuación examina la doctrina constitucional sobre la extensión de las bases en materia de horarios comerciales, el carácter de básico del art. 27 del Real Decreto-ley 20/2012 y la infracción del mismo por parte de los preceptos impugnados del Decreto-ley 4/2012. El Abogado del Estado alude a la doctrina constitucional sobre la extensión de las bases en materia de horarios comerciales. Doctrina en la que se han examinado diversas normativas estatales que establecían muy diversos grados de liberalización y, por tanto, permitían un correlativo mayor o menor espacio de desarrollo autonómico. Las SSTC 225/1993, FJ 4; 264/1993, ### RESUMEN: Sentencia en la que el TC anula los límites de Catalunya a la libertad de horarios comerciales

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en las personas y entidades relacionadas, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2021, Vengo en conceder la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, correspondiente al año 2021, a: Doña María Isabel Gallardo Gómez (Maribel Gallardo). Bailaora y maestra repetidora. Doña Julia Uceda Valiente. Poeta. Semana Negra de Gijón. Festival Literario y Cultural de novela negra. Don Agustí Villaronga Riutort. Director de cine. Fundación Max Aub. Don Francisco Martínez Roca (Paco Roca). Autor de novela gráfica. Don Javier Ángel Encinas Bardem (Javier Bardem). Actor. Fundación de Arte y pensamiento Martín Chirino. Amaral (Doña Eva María Amaral Lallana y Don Juan Vicente García Aguirre). Grupo musical. Don Daniel Martínez de Obregón. Empresario y productor teatral. Don Jaume Plensa Suñé. Artista plástico. Doña Isabel Steva Hernández (Colita). Fotógrafa. Doña Ana González Rodríguez (Ana Locking). Diseñadora de moda. Fundación Cerezales Antonino y Cinia. Don Genis Matabosch Giménez. Gestor cultural, investigador y coleccionista de las artes circenses. Doña Carme Solé Vendrell. Ilustradora y escritora. Drac Mágic. Cooperativa y distribuidora de cultura audiovisual. Don José Pablo Guerrero Cabanillas (Pablo Guerrero). Cantautor y poeta. Don José María García Conesa (Chema Conesa). Fotógrafo. Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico. Doña María Teresa Martín Cadierno (Mayte Martín). Compositora y cantaora de flamenco. Doña Icíar Bollaín Pérez-Mínguez. Directora de cine. Doña Teresa Catalán Sánchez. Compositora. Don Ramón Casas Vallés (a título póstumo). Profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona especialista en propiedad intelectual. Don Ian Keith Gibson Ritchie (Ian Gibson). Historiador e hispanista. Don Ignacio Javier Gurruchaga Iriarte (Javier Gurruchaga). Cantante, actor y presentador. Doña Saioa Hernández del Río. Cantante lírica. Don Juan Muñoz Martín. Escritor. Don Francisco Portalo Calero y Don Francisco Suárez García. Desarrolladores de videojuegos. Don Antonio Javier Eulogio Rodríguez Reija (Anton Reixa). Artista multidisciplinar. Doña Paloma Cecilia San Basilio Martínez (Paloma San Basilio). Cantante. Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2021. FELIPE R. El Ministro de Cultura y Deporte, MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS

Medalla al mérito en las Bellas Artes a un muchas personas, entre ellas Paco Roca, Mayte Martín, Icíar Bollaín, Ian Gibson, Amaral... Y la semana negra de Gijón

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en las personas y entidades relacionadas, a propuesta del Ministro de Cultura y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2021, Vengo en conceder la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, correspondiente al año 2021, a: Doña María Isabel Gallardo Gómez (Maribel Gallardo). Bailaora y maestra repetidora. Doña Julia Uceda Valiente. Poeta. Semana Negra de Gijón. Festival Literario y Cultural de novela negra. Don Agustí Villaronga Riutort. Director de cine. Fundación Max Aub. Don Francisco Martínez Roca (Paco Roca). Autor de novela gráfica. Don Javier Ángel Encinas Bardem (Javier Bardem). Actor. Fundación de Arte y pensamiento Martín Chirino. Amaral (Doña Eva María Amaral Lallana y Don Juan Vicente García Aguirre). Grupo musical. Don Daniel Martínez de Obregón. Empresario y productor teatral. Don Jaume Plensa Suñé. Artista plástico. Doña Isabel Steva Hernández (Colita). Fotógrafa. Doña Ana González Rodríguez (Ana Locking). Diseñadora de moda. Fundación Cerezales Antonino y Cinia. Don Genis Matabosch Giménez. Gestor cultural, investigador y coleccionista de las artes circenses. Doña Carme Solé Vendrell. Ilustradora y escritora. Drac Mágic. Cooperativa y distribuidora de cultura audiovisual. Don José Pablo Guerrero Cabanillas (Pablo Guerrero). Cantautor y poeta. Don José María García Conesa (Chema Conesa). Fotógrafo. Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico. Doña María Teresa Martín Cadierno (Mayte Martín). Compositora y cantaora de flamenco. Doña Icíar Bollaín Pérez-Mínguez. Directora de cine. Doña Teresa Catalán Sánchez. Compositora. Don Ramón Casas Vallés (a título póstumo). Profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona especialista en propiedad intelectual. Don Ian Keith Gibson Ritchie (Ian Gibson). Historiador e hispanista. Don Ignacio Javier Gurruchaga Iriarte (Javier Gurruchaga). Cantante, actor y presentador. Doña Saioa Hernández del Río. Cantante lírica. Don Juan Muñoz Martín. Escritor. Don Francisco Portalo Calero y Don Francisco Suárez García. Desarrolladores de videojuegos. Don Antonio Javier Eulogio Rodríguez Reija (Anton Reixa). Artista multidisciplinar. Doña Paloma Cecilia San Basilio Martínez (Paloma San Basilio). Cantante. Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2021. FELIPE R. El Ministro de Cultura y Deporte, MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS ### RESUMEN: Medalla al mérito en las Bellas Artes a un muchas personas, entre ellas Paco Roca, Mayte Martín, Icíar Bollaín, Ian Gibson, Amaral... Y la semana negra de Gijón

Intentada la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, correspondiente a la instalación con número de expediente FTV-002863-2009-E, en el domicilio que obra a sus efectos en el citado expediente, y no habiéndose podido practicar la misma por causas no imputables a la Administración, se comunica al interesado Alter Enersun, S.A., con CIF/NIF: A06560627, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que puede comparecer, en el plazo de quince días naturales siguientes a la publicación de este anuncio, ante la Subdirección General de Energía Eléctrica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Paseo de la Castellana, 160, 28071 Madrid), para conocimiento, y constancia de tal conocimiento, del contenido íntegro del mencionado acto. Transcurrido el plazo antes mencionado sin que el interesado hubiera comparecido, la notificación se tendrá por practicada a todos los efectos, en los términos establecidos en los artículos anteriormente citados de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se concede el plazo de diez días a contar desde la notificación del citado acuerdo para que pueda formular las alegaciones y aportar los documentos que estime convenientes ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con domicilio en c/ Alcalá 47, 28014 de Madrid, preferiblemente a través de los trámites en línea de la sede electrónica de la CNMC (www.cnmc.es), indicando el número de expediente de la instalación, así como el código CIL y el código del Registro administrativo de instalaciones de régimen especial de la instalación. Dicho acuerdo no agota la vía administrativa y contra él no cabe la interposición de recurso alguno. Madrid, 2 de diciembre de 2013.- El Subdirector General de Energía Eléctrica.

Las placas solares en campo del Espanyol se registraron mal y dice Industria que no les puede notificar en domicilio

Intentada la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, correspondiente a la instalación con número de expediente FTV-002863-2009-E, en el domicilio que obra a sus efectos en el citado expediente, y no habiéndose podido practicar la misma por causas no imputables a la Administración, se comunica al interesado Alter Enersun, S.A., con CIF/NIF: A06560627, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que puede comparecer, en el plazo de quince días naturales siguientes a la publicación de este anuncio, ante la Subdirección General de Energía Eléctrica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Paseo de la Castellana, 160, 28071 Madrid), para conocimiento, y constancia de tal conocimiento, del contenido íntegro del mencionado acto. Transcurrido el plazo antes mencionado sin que el interesado hubiera comparecido, la notificación se tendrá por practicada a todos los efectos, en los términos establecidos en los artículos anteriormente citados de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Asimismo, se concede el plazo de diez días a contar desde la notificación del citado acuerdo para que pueda formular las alegaciones y aportar los documentos que estime convenientes ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, con domicilio en c/ Alcalá 47, 28014 de Madrid, preferiblemente a través de los trámites en línea de la sede electrónica de la CNMC (www.cnmc.es), indicando el número de expediente de la instalación, así como el código CIL y el código del Registro administrativo de instalaciones de régimen especial de la instalación. Dicho acuerdo no agota la vía administrativa y contra él no cabe la interposición de recurso alguno. Madrid, 2 de diciembre de 2013.- El Subdirector General de Energía Eléctrica. ### RESUMEN: Las placas solares en campo del Espanyol se registraron mal y dice Industria que no les puede notificar en domicilio

El objeto del presente Convenio es articular la colaboración entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación BBVA para el apoyo del siguiente proyecto: Patrocinio anual de una de las exposiciones temporales incluidas en el Programa de Grandes Exposiciones del Museo del Prado y proyectos audiovisuales asociados, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución. Madrid, 21 de enero de 2021.–El Director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir Faus. ANEXO Convenio entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación BBVA para el apoyo del Programa Grandes exposiciones del Museo del Prado y proyectos audiovisuales asociados (benefactor por cuatro años) En Madrid, a 2 de enero de 2021. REUNIDOS De una parte, el Museo Nacional del Prado, con domicilio en Madrid, Paseo del Prado s/n y CIF Q-2828018-H, representado por don Miguel Falomir Faus, Director del Organismo Público Museo Nacional del Prado, nombrado por Real Decreto 278/2017, de 17 de marzo, y en virtud de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 433/2004 de 12 de marzo, en su artículo 7.2, letra l). Y, de otra, la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (en adelante, la Fundación BBVA), con domicilio Bilbao, Plaza San Nicolás 4 y con C.I.F. G-78668555, representada por don Rafael Pardo Avellaneda en calidad de Director. Reconociéndose mutuamente la capacidad necesaria y suficiente para ello, MANIFIESTAN I. Que el Museo Nacional del Prado es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplimiento de sus fines establecidos en la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado. II. Que el Museo Nacional del Prado tiene por objetivo la consecución de los siguientes fines, en virtud del artículo 3 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre: a) Garantizar la protección y conservación, así como promover el enriquecimiento y mejora de los bienes del Patrimonio Histórico Español adscrito al mismo. b) Exhibir ordenadamente las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio. c) Fomentar y garantizar el acceso a las mismas del público y facilitar su estudio a los investigadores. d) Impulsar el conocimiento y difusión de las obras y de la identidad del patrimonio histórico adscrito al Museo, favoreciendo el desarrollo de programas de educación y actividades de divulgación cultural. e) Desarrollar programas de investigación y formación de personal especializado y establecer relaciones de colaboración con otros museos, universidades o instituciones culturales, organizando exposiciones temporales y desarrollando acciones conjuntas para el cumplimiento de sus fines. f) Prestar servicio de asesoramiento, estudio, información o dictamen de carácter científico o técnico que le sean requeridos por los organismos competentes de la Administración General del Estado o que se deriven de los convenios o contratos otorgados con entidades públicas o privadas. III. Que en virtud de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo el Museo Nacional del Prado tienen la consideración de entidad beneficiaria del mecenazgo. IV. La Fundación BBVA es la expresión de la vocación de responsabilidad social corporativa del Grupo BBVA y, en particular, de su compromiso con la mejora de las sociedades en las que desarrolla su actividad empresarial, centrando una parte muy importante de su actividad en el campo de la cultura. V. Que ambas partes han manifestado su voluntad de suscribir un Convenio al amparo del artículo 25 de Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo de acuerdo con las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto. 1. El objeto del presente Convenio es articular la colaboración entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación BBVA para el apoyo del siguiente proyecto: Patrocinio anual de una de las exposiciones temporales incluidas en el Programa de Grandes Exposiciones del Museo del Prado y proyectos audiovisuales asociados. La actividad o actividades determinadas en que se concrete el proyecto serán establecidas de mutuo acuerdo por las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento, conforme a lo establecido en la Cláusula quinta. 2. La colaboración del Museo Nacional del Prado y la Fundación BBVA formalizada a través del presente Convenio se entiende, y así se reconoce y declara, efectuada en consonancia con los fines de interés general a que se refiere el Título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, de desarrollo reglamentario de la anterior. Segunda. Vigencia. El presente Convenio tendrá efectos a partir de que, una vez firmado, se inscriba en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y se publique en el «Boletín Oficial del Estado», según se establece en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Museo Nacional del Prado se compromete a informar al colaborador de estos hechos tan pronto ocurran. El plazo de vigencia del Convenio será de 4 años. Las partes podrán acordar expresamente y por escrito su prórroga, en cualquier momento antes de su finalización, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.h) 2.º de la citada Ley 40/2015, por un máximo de cuatro años adicionales, manteniendo las mismas obligaciones de las partes. Tercera. Obligaciones del colaborador. La Fundación BBVA, por el presente Convenio, en su calidad de Benefactor del Museo aportará la cantidad de 625.000 € (seiscientos veinticinco mil euros) al año. Dicha aportación se destinará a sufragar el objeto establecido en la Cláusula primera. El ingreso se realizará antes del 31 de diciembre de cada anualidad en la siguiente cuenta corriente abierta a nombre del Museo: Número de cuenta: 2100 5731 78 0200031882. Divisa: euros. IBAN en formato electrónico: ES9221005731780200031882. IBAN en formato papel: ES92 2100 5731 7802 0003 1882. Cuarta. Obligaciones del Museo Nacional del Prado. El Museo Nacional del Prado se compromete a aplicar la cantidad aportada a la actividad o actividades establecidas en la cláusula primera. Además asume con respecto al colaborador el compromiso de difundir por cualquier medio la colaboración prestada por aquél en las actividades que desarrolle en cumplimiento de su finalidad y que motivan este Convenio. En concreto la Fundación BBVA, en su calidad de Benefactor dispondrá de los beneficios establecidos en el Anexo. La difusión de esta colaboración por parte del Museo Nacional del Prado no constituirá una prestación de servicios. Quinta. Comisión de Seguimiento. Se constituye una Comisión mixta de seguimiento del Convenio a la que corresponderá velar por el correcto desarrollo de lo dispuesto en el mismo así como la resolución de los eventuales problemas de interpretación y ejecución que de éste pudieran derivarse. Igualmente determinará las actividades específicas en que se concrete el proyecto objeto de colaboración, entre las que se recogen, concretamente, en este caso: Organización, promoción y patrocinio exclusivo de exposiciones temporales incluidas en el Programa de Grandes Exposiciones del Museo del Prado y proyectos audiovisuales asociados. A estos efectos, el Museo Nacional del Prado presentará a la Fundación BBVA un avance de las principales exposiciones temporales incluidas en el Programa de Grandes Exposiciones del Museo del Prado a desarrollarse en las dos temporadas siguientes. La Comisión, de composición paritaria, se reunirá tantas veces como sus miembros estimen conveniente y estará integrada por dos representantes del Museo del Prado y dos representantes de la Fundación BBVA, designados al efecto por cada parte. Se regirá por lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. De las reuniones se levantará acta con los acuerdos adoptados. Sexta. Resolución del Convenio. El presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causa de resolución: – El transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. – El acuerdo unánime de todos los firmantes. – El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. • En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a los responsables del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio y a la otra parte firmante. • Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el Convenio. La resolución del Convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, conforme a lo previsto en las leyes. – Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. – Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en la legislación vigente. Séptima. Jurisdicción. Las posibles cuestiones que pudieran plantearse sobre la interpretación, desarrollo, resolución y efectos de la aplicación del presente Convenio deberán solventarse inicialmente en el seno de la Comisión de Seguimiento. En el supuesto de no llegar a un acuerdo, las cuestiones de litigio serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo de Madrid Capital. Octava. Modificación y ampliación del Convenio. El presente Convenio podrá ser modificado por voluntad expresa de las partes durante su vigencia, previo acuerdo por escrito, que seguirá los mismos trámites de autorización y publicidad que los establecidos para el Convenio original. Conforme a lo dispuesto en el apartado 49 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la modificación del contenido del Convenio requerirá el acuerdo unánime de las partes. Novena. Naturaleza administrativa y transparencia. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se rige por los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Ambas partes declaran que el presente Convenio tiene la naturaleza de los previstos en el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y que, en ningún caso, debe considerarse que persigue los fines de los contratos de patrocinio publicitario recogidos en el artículo 24 de la Ley 34/1998, de 11 de noviembre, General de Publicidad. El presente Convenio podrá ser puesto a disposición de los ciudadanos en el portal de Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso y Buen Gobierno (artículo 8.1 b). Y en prueba de conformidad las partes firman el presente Convenio por duplicado ejemplar, uno para cada parte, en la ciudad y fecha indicadas en el encabezamiento.–Por el Museo Nacional del Prado, el Director, Miguel Falomir Faus.–Por la Fundación BBVA, el Director, Rafael Pardo Avellaneda. El presente Convenio normalizado ha sido informado por la Abogacía del Estado con fecha 25 de julio de 2019 y ha sido autorizado por la SGT del Ministerio de Hacienda de acuerdo con los preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con fecha 2 de agosto de 2019. ANEXO Relación de beneficios a la colaboración con el Museo Nacional del Prado por cada año de vigencia de un Convenio Benefactor del Museo Nacional del Prado La Fundación BBVA se compromete a realizar, en el conjunto de la colaboración, una aportación de 2.500.000 € (dos millones quinientos mil euros). Abonará anualmente un importe de 625.000€ (seiscientos veinticinco mil euros), al objeto de disponer de los siguientes beneficios en las actividades e instalaciones del Museo Nacional del Prado: Visibilidad: – Participación en los actos de presentación que se celebren en torno a la actividad objeto de la colaboración, junto a los representantes del Museo, de acuerdo a sus características y protocolo exigido. – Asistencia en otros actos institucionales del Museo, de acuerdo a sus características y el protocolo exigido. – Inclusión del nombre o logotipo del colaborador en cualquier soporte empleado para la comunicación, promoción, difusión y publicidad relacionada con la actividad objeto de la colaboración: • Convocatorias de prensa, notas de prensa, así como entrevistas, artículos, etc., en los que se pida su colaboración. • Materiales de difusión y publicidad. • Web del Museo, con enlace a la página web del colaborador. • Publicación (si hubiera), situado en el interior y exterior de la misma. • Memoria anual de actividades del Museo. – Uso de la denominación Benefactor del Museo del Prado, previa aprobación del Museo: • En la comunicación corporativa del colaborador, de mutuo acuerdo con el Museo. Ello podrá llevar aparejada la cesión de una o varias imágenes del Museo. Visita: – 100 pases de Benefactor, nominativos y reutilizables, que dan acceso preferente y gratuito al museo, al poseedor del mismo y a un acompañante, tanto a la colección permanente como a las exposiciones temporales, en horario de apertura al público. – 200 pases de invitado, que dan acceso preferente y gratuito al Museo, una sola vez, al poseedor del mismo y a un acompañante, tanto a la colección permanente como a las exposiciones temporales en horario de apertura al público. – 25 invitaciones dobles a las inauguraciones que organice el Museo. Eventos: – 6 visitas exclusivas, en horario de cierre al público del Museo, a la colección permanente o a las exposiciones temporales que se organicen en el Museo, para un máximo de 50 invitados cada una de ellas, a petición del colaborador. – Uso de un espacio para eventos y aplicación del descuento correspondiente a la normativa vigente en los eventos sucesivos. – El Museo del Prado convocará al Benefactor al evento anual de agradecimiento dedicado a los colaboradores. Otros beneficios: – Envío de ejemplares de los catálogos de las exposiciones temporales celebradas en el Museo y de las publicaciones que edite el Museo Nacional del Prado. – Envío de un balance final con información de la actividad objeto de la colaboración.

Convenio de BBVA con El Prado: el banco patrocinará una expo al año por 625.000 euros. A cambio: reconocimiento, logo, pases especiales, uso espacios...

El objeto del presente Convenio es articular la colaboración entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación BBVA para el apoyo del siguiente proyecto: Patrocinio anual de una de las exposiciones temporales incluidas en el Programa de Grandes Exposiciones del Museo del Prado y proyectos audiovisuales asociados, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resolución. Madrid, 21 de enero de 2021.–El Director del Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir Faus. ANEXO Convenio entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación BBVA para el apoyo del Programa Grandes exposiciones del Museo del Prado y proyectos audiovisuales asociados (benefactor por cuatro años) En Madrid, a 2 de enero de 2021. REUNIDOS De una parte, el Museo Nacional del Prado, con domicilio en Madrid, Paseo del Prado s/n y CIF Q-2828018-H, representado por don Miguel Falomir Faus, Director del Organismo Público Museo Nacional del Prado, nombrado por Real Decreto 278/2017, de 17 de marzo, y en virtud de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 433/2004 de 12 de marzo, en su artículo 7.2, letra l). Y, de otra, la Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (en adelante, la Fundación BBVA), con domicilio Bilbao, Plaza San Nicolás 4 y con C.I.F. G-78668555, representada por don Rafael Pardo Avellaneda en calidad de Director. Reconociéndose mutuamente la capacidad necesaria y suficiente para ello, MANIFIESTAN I. Que el Museo Nacional del Prado es un organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pública y privada, para el cumplimiento de sus fines establecidos en la Ley 46/2003, de 25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado. II. Que el Museo Nacional del Prado tiene por objetivo la consecución de los siguientes fines, en virtud del artículo 3 de la Ley 46/2003, de 25 de noviembre: a) Garantizar la protección y conservación, así como promover el enriquecimiento y mejora de los bienes del Patrimonio Histórico Español adscrito al mismo. b) Exhibir ordenadamente las colecciones en condiciones adecuadas para su contemplación y estudio. c) Fomentar y garantizar el acceso a las mismas del público y facilitar su estudio a los investigadores. d) Impulsar el conocimiento y difusión de las obras y de la identidad del patrimonio histórico adscrito al Museo, favoreciendo el desarrollo de programas de educación y actividades de divulgación cultural. e) Desarrollar programas de investigación y formación de personal especializado y establecer relaciones de colaboración con otros museos, universidades o instituciones culturales, organizando exposiciones temporales y desarrollando acciones conjuntas para el cumplimiento de sus fines. f) Prestar servicio de asesoramiento, estudio, información o dictamen de carácter científico o técnico que le sean requeridos por los organismos competentes de la Administración General del Estado o que se deriven de los convenios o contratos otorgados con entidades públicas o privadas. III. Que en virtud de la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo el Museo Nacional del Prado tienen la consideración de entidad beneficiaria del mecenazgo. IV. La Fundación BBVA es la expresión de la vocación de responsabilidad social corporativa del Grupo BBVA y, en particular, de su compromiso con la mejora de las sociedades en las que desarrolla su actividad empresarial, centrando una parte muy importante de su actividad en el campo de la cultura. V. Que ambas partes han manifestado su voluntad de suscribir un Convenio al amparo del artículo 25 de Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo de acuerdo con las siguientes CLÁUSULAS Primera. Objeto. 1. El objeto del presente Convenio es articular la colaboración entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación BBVA para el apoyo del siguiente proyecto: Patrocinio anual de una de las exposiciones temporales incluidas en el Programa de Grandes Exposiciones del Museo del Prado y proyectos audiovisuales asociados. La actividad o actividades determinadas en que se concrete el proyecto serán establecidas de mutuo acuerdo por las partes en el seno de la Comisión de Seguimiento, conforme a lo establecido en la Cláusula quinta. 2. La colaboración del Museo Nacional del Prado y la Fundación BBVA formalizada a través del presente Convenio se entiende, y así se reconoce y declara, efectuada en consonancia con los fines de interés general a que se refiere el Título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y del Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, de desarrollo reglamentario de la anterior. Segunda. Vigencia. El presente Convenio tendrá efectos a partir de que, una vez firmado, se inscriba en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y se publique en el «Boletín Oficial del Estado», según se establece en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El Museo Nacional del Prado se compromete a informar al colaborador de estos hechos tan pronto ocurran. El plazo de vigencia del Convenio será de 4 a ### RESUMEN: Convenio de BBVA con El Prado: el banco patrocinará una expo al año por 625.000 euros. A cambio: reconocimiento, logo, pases especiales, uso espacios...

Vista la sentencia 37/16, de 4 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Barcelona. Por Resolución de 23 de enero de 2017, la Consejera de Enseñanza del Departamento de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Blai Sotos Franco, con DNI 39152747P y número de Registro de Personal 3915274746 A0597, con efectos de 1 de febrero de 2017. El artículo 63.e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señala que es causa de pérdida de la condición de funcionario, entre otras, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviera carácter firme. Vista la propuesta del Departamento de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Este Ministerio ha dispuesto: Dar publicidad a la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Blai Sotos Franco, con DNI 39152747P y número de Registro de Personal 3915274746 A0597, con efectos de 1 de febrero de 2017, acordada por el Departamento de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Madrid, 13 de marzo de 2017.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz.

Pierde su plaza de maestro el director Blai Sotos Franco.

Vista la sentencia 37/16, de 4 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Barcelona. Por Resolución de 23 de enero de 2017, la Consejera de Enseñanza del Departamento de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña declara la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Blai Sotos Franco, con DNI 39152747P y número de Registro de Personal 3915274746 A0597, con efectos de 1 de febrero de 2017. El artículo 63.e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señala que es causa de pérdida de la condición de funcionario, entre otras, la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviera carácter firme. Vista la propuesta del Departamento de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Este Ministerio ha dispuesto: Dar publicidad a la pérdida de la condición de funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros de don Blai Sotos Franco, con DNI 39152747P y número de Registro de Personal 3915274746 A0597, con efectos de 1 de febrero de 2017, acordada por el Departamento de Enseñanza de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Madrid, 13 de marzo de 2017.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, José Canal Muñoz. ### RESUMEN: Pierde su plaza de maestro el director Blai Sotos Franco.

En la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura celebrada el pasado 15 de diciembre de 2017, se adoptó acuerdo relativo al punto 4º del Orden del Día: 'Someter a consideración de la Junta de Gobierno la actualización de las medidas de reducción de dotaciones adoptadas conforme al Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, y al Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía', por ello y según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con el artículo 2.2.a del Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos, se adopta y publica el siguiente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado que a continuación se transcribe: «Primero: Mantener para el año hidrológico 2017-2018 una reducción del 48,9% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que no tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 (aprovechamientos 'no tradicionales'). Segundo: Mantener para el año hidrológico 2017-2018 una reducción del 39,9% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 (aprovechamientos 'tradicionales'). Tercero: Con la excepción de los abastecimientos a población, la derivación de recursos del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar desde el día 15 de diciembre de 2017 hasta el día 28 de febrero de 2018, requerirá de la previa fijación por la Comisaría de Aguas de las condiciones específicas necesarias. Cuarto: La derivación se autorizará siempre que la garantía del régimen de caudales medioambientales o el abastecimiento a población lo permita, estableciéndose las condiciones necesarias en caudal instantáneo, tiempo de duración u otras necesarias. Las autorizaciones ya otorgadas por este motivo se entenderán prorrogadas automáticamente hasta el 28 de febrero de 2018. Se faculta a la Dirección Técnica para derivar, en caso de necesidades de gestión, mantenimiento, o en situación de lluvias intensas, los caudales que sean necesarios para un mejor aprovechamiento integral de los recursos hídricos disponibles.» Murcia, 16 de enero de 2018.- El Secretario General, José María Bernabé Tomás.

La Confederación Hidrográfica del Segura prorroga las medidas de ahorro de agua ante la situación de sequía.

En la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura celebrada el pasado 15 de diciembre de 2017, se adoptó acuerdo relativo al punto 4º del Orden del Día: 'Someter a consideración de la Junta de Gobierno la actualización de las medidas de reducción de dotaciones adoptadas conforme al Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, y al Plan Especial de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía', por ello y según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas, y de conformidad con el artículo 2.2.a del Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos, se adopta y publica el siguiente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado que a continuación se transcribe: «Primero: Mantener para el año hidrológico 2017-2018 una reducción del 48,9% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que no tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 (aprovechamientos 'no tradicionales'). Segundo: Mantener para el año hidrológico 2017-2018 una reducción del 39,9% de los derechos concesionales a todos los aprovechamientos de aguas del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar que tengan la consideración de regadíos tradicionales anteriores al año 1933 (aprovechamientos 'tradicionales'). Tercero: Con la excepción de los abastecimientos a población, la derivación de recursos del sistema de los ríos Segura, Mundo y Quípar desde el día 15 de diciembre de 2017 hasta el día 28 de febrero de 2018, requerirá de la previa fijación por la Comisaría de Aguas de las condiciones específicas necesarias. Cuarto: La derivación se autorizará siempre que la garantía del régimen de caudales medioambientales o el abastecimiento a población lo permita, estableciéndose las condiciones necesarias en caudal instantáneo, tiempo de duración u otras necesarias. Las autorizaciones ya otorgadas por este motivo se entenderán prorrogadas automáticamente hasta el 28 de febrero de 2018. Se faculta a la Dirección Técnica para derivar, en caso de necesidades de gestión, mantenimiento, o en situación de lluvias intensas, los caudales que sean necesarios para un mejor aprovechamiento integral de los recursos hídricos disponibles.» Murcia, 16 de enero de 2018.- El Secretario General, José María Bernabé Tomás. ### RESUMEN: La Confederación Hidrográfica del Segura prorroga las medidas de ahorro de agua ante la situación de sequía.

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C- 233/13, en méritos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 22 de noviembre de 2013, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-233/13, del ramo EE.LL. (Diputaciones), Córdoba, como consecuencia de presuntas irregularidades en los pagos de las obras realizadas en el Parque Comarcal de Bomberos de La Carlota, con cargo al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios en la Diputación Provincial de Córdoba. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 26 de noviembre de 2013.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento, F. de la Cueva Iranzo.

El Tribunal de Cuentas reclama el dinero desaparecido en las obras del parque de bomberos de Córdoba

El Director Técnico del Departamento 3.º y Secretario en el procedimiento de reintegro por alcance n.º C- 233/13, en méritos a lo acordado en providencia del Excmo. Sr. Consejero de Cuentas, de fecha 22 de noviembre de 2013, y para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 68.1, en relación con el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Hace saber: Que en este Tribunal, se sigue procedimiento de reintegro por alcance n.º C-233/13, del ramo EE.LL. (Diputaciones), Córdoba, como consecuencia de presuntas irregularidades en los pagos de las obras realizadas en el Parque Comarcal de Bomberos de La Carlota, con cargo al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios en la Diputación Provincial de Córdoba. Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguientes a la publicación de este edicto. Madrid, 26 de noviembre de 2013.- El Director Técnico, Secretario del procedimiento, F. de la Cueva Iranzo. ### RESUMEN: El Tribunal de Cuentas reclama el dinero desaparecido en las obras del parque de bomberos de Córdoba

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 22 de marzo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2016, acuerda: 1. Instar al Gobierno a adoptar las medidas que le correspondan para: – Regular, ante el progresivo aumento de las coaliciones electorales que han concurrido a los procesos electorales celebrados en los últimos años, que la legislación aplicable en este ámbito pudiera prever la inclusión de las coaliciones electorales en una sección específica del Registro de Partidos Políticos, en la medida en que continúen en funcionamiento durante la correspondiente legislatura. Habida cuenta de que las coaliciones que hayan obtenido representación pueden ser perceptoras directas de las subvenciones públicas reguladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, se considera que habría que aplicarse a dichas coaliciones la obligación de presentar cuentas anuales a que se refiere el artículo 13.tres de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. – Seguir manteniendo las condiciones actuales de la subvención estatal para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional, a la que se refiere el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, y cuyo desarrollo reglamentario se regula en el Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos. – Definir con mayor claridad lo que haya de entenderse por los conceptos de aportaciones y de donaciones, a fin de evitar dudas interpretativas sobre qué ingresos deben recibirse a través de las cuentas bancarias específicas reguladas en el artículo 4.2.b) y cuáles en las reguladas en el artículo 8.3 de dicha Ley Orgánica. – Regular, en relación con la prohibición de la condonación total o parcial de la deuda contraída por las formaciones políticas con las entidades de crédito, a la que se refiere el artículo 4.4 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de tal manera que la misma no pueda eludirse mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, de forma que, en la práctica, no se liquide. Asimismo, se considera conveniente que, ante la aparición de nuevas fórmulas de financiación, como los microcréditos, se extienda dicha prohibición de condonación a las deudas contraídas con prestamistas que no sean entidades de crédito y con los acreedores comerciales. – Regular, entre los supuestos de la infracción que se recoge en el artículo 17.tres.c) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la presentación de cuentas anuales correspondientes a un ejercicio económico con posterioridad a la remisión del anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas para el trámite de alegaciones de la formación —circunstancia que ha tenido lugar en la presente fiscalización— lo que implica una presentación efectiva de las cuentas pero impide a aquel llevar a cabo su cometido fiscalizador. Asimismo, considerar como una infracción sancionable la inexistencia del informe resultante del sistema de control interno a que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por cuanto que debe reflejar los principales resultados y conclusiones de dicho sistema y ser remitido al Tribunal de Cuentas junto con las cuentas anuales. 2. Instar al Ministerio del Interior, dado que la legislación actual contempla la obligatoriedad de todas las formaciones políticas de remitir al Tribunal de Cuentas sus cuentas anuales consolidadas y que el incumplimiento de dicha obligación conlleva una posible infracción tipificada en el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, a adoptar las medidas necesarias para que continúe actualizando el Registro de Partidos Políticos, a fin de estar en disposición de obtener una relación de las formaciones políticas que hayan de presentar al Tribunal de Cuentas las cuentas anuales de cada ejercicio económico, y que dicha relación se facilite a esta institución con anterioridad a la finalización de cada año natural. A este respecto, se estima preciso establecer un procedimiento administrativo para la declaración de la extinción de un partido político, a que se refiere la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que posibilitara, con las garantías legales necesarias, proceder a una actualización más ágil y efectiva del mencionado. 3. Instar a las formaciones políticas a: – A los efectos de contribuir al cumplimiento en plazo y a la verificación posterior de las obligaciones de publicidad activa de los partidos políticos a las que se refieren los artículos 14.8 y 14.9 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que el responsable económico-financiero remita anualmente una certificación en la que se dé traslado al Tribunal de Cuentas de la fecha de publicación en la página web de las informaciones referidas en los citados preceptos. – Incluir una descripción en detalle acerca del alcance de la revisión efectuada de los procedimientos de control interno, así como, las principales conclusiones y recomendaciones que, en su caso, se deriven de la misma en el informe preceptivo al que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, relativo a los resultados de la revisión del sistema de control interno que cada formación política debe tener establecido para garantizar la adecuada intervención y contabilización de los actos y documentos de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico. – Ajustar sus actividades económicas, si presentan durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa, con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaborar un plan de saneamiento, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados. Todo ello con el fin de prevenir casos en los que la caída de estos por la pérdida de representación institucional y la elevada deuda financiera puedan llevar a la insolvencia del partido político y que este se encuentre en la necesidad de solicitar la declaración de un concurso de acreedores. 4. Instar a los grupos parlamentarios a: – Estudiar las necesarias reformas en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, y en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, para dar cumplimiento a lo indicado por el Tribunal de Cuentas y que permitan: a) Promover que la rendición de cuentas de los grupos institucionales de los partidos políticos se consolide, para que refleje la imagen fiel. b) Promover que se eviten las actuaciones arbitrarias y contrarias a lo establecido en el artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por parte de las Intervenciones de Fondos Municipales, con relación a las aportaciones de los grupos institucionales a los partidos políticos. c) Que la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos defina claramente lo que haya de entenderse por los conceptos de aportaciones y de donaciones, a fin de evitar dudas interpretativas sobre qué ingresos deben recibirse a través de las cuentas bancarias específicas reguladas en el artículo 4.2.b) y cuáles en las reguladas en el artículo 8.3 de dicha Ley Orgánica. d) Reforzar la norma que prohíbe la condonación total o parcial de las deudas contraídas con las entidades financieras de manera que no pueda ser eludida mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, de manera que, en la práctica, no se liquide. e) Incluir entre los supuestos de la infracción que se recoge en el artículo 17.tres.c) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la presentación de cuentas anuales correspondientes a un ejercicio económico con posterioridad a la remisión del anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas para el trámite de alegaciones de la formación. f) La necesaria armonización de lo dispuesto en el artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, con el art. 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local regulando, por seguridad jurídica, la posibilidad expresa de aportaciones de los grupos a los partidos políticos. Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2022.–El Presidente de la Comisión, Santos Cerdán León.–El Secretario Primero de la Comisión, Jesús Manuel Alonso Jiménez.

Conclusiones de la comisión Congreso-Tribunal de Cuentas sobre partidos políticos: Hablan de las cuentas de 2016. Hace años que los bancos tienen prohibido perdonar deudas a partidos. ¿Qué hacen? Les permiten dejarlas sin pagar y listo

La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 22 de marzo de 2022, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos y de los gastos de programas y actividades de estas financiados con cargo a subvenciones públicas, ejercicio 2016, acuerda: 1. Instar al Gobierno a adoptar las medidas que le correspondan para: – Regular, ante el progresivo aumento de las coaliciones electorales que han concurrido a los procesos electorales celebrados en los últimos años, que la legislación aplicable en este ámbito pudiera prever la inclusión de las coaliciones electorales en una sección específica del Registro de Partidos Políticos, en la medida en que continúen en funcionamiento durante la correspondiente legislatura. Habida cuenta de que las coaliciones que hayan obtenido representación pueden ser perceptoras directas de las subvenciones públicas reguladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, se considera que habría que aplicarse a dichas coaliciones la obligación de presentar cuentas anuales a que se refiere el artículo 13.tres de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. – Seguir manteniendo las condiciones actuales de la subvención estatal para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos para mantener su actividad política e institucional, a la que se refiere el artículo 3.1 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, y cuyo desarrollo reglamentario se regula en el Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, por el que se regula la tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos. – Definir con mayor claridad lo que haya de entenderse por los conceptos de aportaciones y de donaciones, a fin de evitar dudas interpretativas sobre qué ingresos deben recibirse a través de las cuentas bancarias específicas reguladas en el artículo 4.2.b) y cuáles en las reguladas en el artículo 8.3 de dicha Ley Orgánica. – Regular, en relación con la prohibición de la condonación total o parcial de la deuda contraída por las formaciones políticas con las entidades de crédito, a la que se refiere el artículo 4.4 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, de tal manera que la misma no pueda eludirse mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, de forma que, en la práctica, no se liquide. Asimismo, se considera conveniente que, ante la aparición de nuevas fórmulas de financiación, como los microcréditos, se extienda dicha prohibición de condonación a las deudas contraídas con prestamistas que no sean entidades de crédito y con los acreedores comerciales. – Regular, entre los supuestos de la infracción que se recoge en el artículo 17.tres.c) de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la presentación de cuentas anuales correspondientes a un ejercicio económico con posterioridad a la remisión del anteproyecto de informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas para el trámite de alegaciones de la formación —circunstancia que ha tenido lugar en la presente fiscalización— lo que implica una presentación efectiva de las cuentas pero impide a aquel llevar a cabo su cometido fiscalizador. Asimismo, considerar como una infracción sancionable la inexistencia del informe resultante del sistema de control interno a que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, por cuanto que debe reflejar los principales resultados y conclusiones de dicho sistema y ser remitido al Tribunal de Cuentas junto con las cuentas anuales. 2. Instar al Ministerio del Interior, dado que la legislación actual contempla la obligatoriedad de todas las formaciones políticas de remitir al Tribunal de Cuentas sus cuentas anuales consolidadas y que el incumplimiento de dicha obligación conlleva una posible infracción tipificada en el artículo 17 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, a adoptar las medidas necesarias para que continúe actualizando el Registro de Partidos Políticos, a fin de estar en disposición de obtener una relación de las formaciones políticas que hayan de presentar al Tribunal de Cuentas las cuentas anuales de cada ejercicio económico, y que dicha relación se facilite a esta institución con anterioridad a la finalización de cada año natural. A este respecto, se estima preciso establecer un procedimiento administrativo para la declaración de la extinción de un partido político, a que se refiere la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, que posibilitara, con las garantías legales necesarias, proceder a una actualización más ágil y efectiva del mencionado. 3. Instar a las formaciones políticas a: – A los efectos de contribuir al cumplimiento en plazo y a la verificación posterior de las obligaciones de publicidad activa de los partidos políticos a las que se refieren los artículos 14.8 y 14.9 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, que el responsable económico-financiero remita anualmente una certificación en la que se dé traslado al Tribunal de Cuentas de la fecha de publicación en la página web de las informaciones referidas en los citados preceptos. – Incluir una descripción en detalle acerca del alcance de la revisi ### RESUMEN: Conclusiones de la comisión Congreso-Tribunal de Cuentas sobre partidos políticos: Hablan de las cuentas de 2016. Hace años que los bancos tienen prohibido perdonar deudas a partidos. ¿Qué hacen? Les permiten dejarlas sin pagar y listo

Conforme a lo ordenado por la Sección 6.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el procedimiento ordinario 377/2016, seguido en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Real Madrid Club de Fútbol contra el Acuerdo de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, de 18 de julio de 2016, por el que se aprueba definitivamente el Reglamento de Retransmisiones Televisivas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y se autoriza la inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, se procede, por medio de la presente, al cumplimiento del trámite de notificación de emplazamiento a todos aquellos que aparezcan interesados en el mismo, si a su derecho conviniera, disponiendo para ello de un plazo de nueve días, desde el día siguiente a la publicación oficial de la presente Resolución, ante el Órgano Jurisdiccional que lo ordenó. Madrid, 18 de agosto de 2016.–El Director General de Deportes, P.S. (Real Decreto 460/2015, de 5 de junio), el Subdirector General de Promoción e Innovación Deportiva, Jesús Mardaras Arrúe.

El Real Madrid recurre ante la Audiencia Nacional el reglamento de retransmisiones TV de la Liga

Conforme a lo ordenado por la Sección 6.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el procedimiento ordinario 377/2016, seguido en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Real Madrid Club de Fútbol contra el Acuerdo de la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes, de 18 de julio de 2016, por el que se aprueba definitivamente el Reglamento de Retransmisiones Televisivas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, y se autoriza la inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, se procede, por medio de la presente, al cumplimiento del trámite de notificación de emplazamiento a todos aquellos que aparezcan interesados en el mismo, si a su derecho conviniera, disponiendo para ello de un plazo de nueve días, desde el día siguiente a la publicación oficial de la presente Resolución, ante el Órgano Jurisdiccional que lo ordenó. Madrid, 18 de agosto de 2016.–El Director General de Deportes, P.S. (Real Decreto 460/2015, de 5 de junio), el Subdirector General de Promoción e Innovación Deportiva, Jesús Mardaras Arrúe. ### RESUMEN: El Real Madrid recurre ante la Audiencia Nacional el reglamento de retransmisiones TV de la Liga

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. c) Número de expediente: 13/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público para el año 2013. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92400000 (Servicios de agencias de noticias). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 35.450.338,84 euros. Importe total: 42.894.910,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 5 de diciembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 27 de diciembre de 2012. c) Contratista: 'Agencia EFE, S.A.'. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 35.450.338,84 euros. Importe total: 42.894.910,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170. d) del TRLCSP. Madrid, 28 de diciembre de 2012.- Subsecretario de la Presidencia.

Contrato público de la agencia Efe para 2013 por importe total de 42.894.910,00 euros.

1. Entidad adjudicadora: a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia. c) Número de expediente: 13/13. d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es. 2. Objeto del contrato: a) Tipo: Servicios. b) Descripción: Servicio de cobertura informativa nacional e internacional de interés público para el año 2013. d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92400000 (Servicios de agencias de noticias). 3. Tramitación y procedimiento: a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. 5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 35.450.338,84 euros. Importe total: 42.894.910,00 euros. 6. Formalización del contrato: a) Fecha de adjudicación: 5 de diciembre de 2012. b) Fecha de formalización del contrato: 27 de diciembre de 2012. c) Contratista: 'Agencia EFE, S.A.'. d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 35.450.338,84 euros. Importe total: 42.894.910,00 euros. e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Adjudicado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170. d) del TRLCSP. Madrid, 28 de diciembre de 2012.- Subsecretario de la Presidencia. ### RESUMEN: Contrato público de la agencia Efe para 2013 por importe total de 42.894.910,00 euros.

En uso a las atribuciones que me confiere el artículo 5 del Real Decreto 561/2010, de 7 de mayo, por el que se crean la Medalla y la Placa al Mérito en el Comercio, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en su persona, vengo en conceder la Medalla al Mérito en el Comercio a don Francisco Cabrillo Rodríguez. Madrid, 8 de marzo de 2017.–El Ministro de Economía, Industria y Competitividad, P.D. (Orden EIC/188/2017, de 27 de febrero), la Secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela García.

Medalla al Mérito en el Comercio a Francisco Cabrillo Rodríguez.

En uso a las atribuciones que me confiere el artículo 5 del Real Decreto 561/2010, de 7 de mayo, por el que se crean la Medalla y la Placa al Mérito en el Comercio, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que concurren en su persona, vengo en conceder la Medalla al Mérito en el Comercio a don Francisco Cabrillo Rodríguez. Madrid, 8 de marzo de 2017.–El Ministro de Economía, Industria y Competitividad, P.D. (Orden EIC/188/2017, de 27 de febrero), la Secretaria de Estado de Comercio, María Luisa Poncela García. ### RESUMEN: Medalla al Mérito en el Comercio a Francisco Cabrillo Rodríguez.

La experiencia acumulada tras la entrada en vigor del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar una serie de modificaciones en el articulado, en lo que respecta al procedimiento de autorización de medicamentos de uso humano de fabricación industrial. En concreto, se requiere precisar ciertos aspectos relativos a la obligación que tienen los titulares de las autorizaciones de comercialización de medicamentos de notificar la comercialización efectiva de los mismos, así como de actualizar el estado de su comercialización. Igualmente, se hace necesario ampliar el plazo de antelación con el que han de notificarse los problemas de suministro de medicamentos. Además, se precisa eliminar la categoría de medicamentos de especial control médico, ya que los procedimientos de control a los que eran sometidos han quedado superados por la actual legislación de farmacovigilancia. Asimismo, es conveniente clarificar aspectos relacionados con los medicamentos homeopáticos y la comercialización efectiva y la puesta en el mercado de vacunas bacterianas. Por otro lado, se hace preciso introducir en el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, las modificaciones precisas para la regulación de determinados aspectos del marco normativo de la verificación y autenticación de medicamentos, que la normativa europea deja a la decisión de los Estados miembros. Así, una de las iniciativas adoptadas por la Comisión Europea en relación con la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal es el establecimiento de un mecanismo de verificación y autenticación de los medicamentos de extremo a extremo de la cadena de suministro, cuya fecha de entrada en funcionamiento ha sido fijada en el día 9 de febrero de 2019. El marco normativo europeo en materia de verificación y autenticación de medicamentos viene constituido por la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, que vino a exigir la presencia de dispositivos de seguridad en el envase de determinados medicamentos de uso humano, consistentes en un identificador único y un dispositivo contra manipulaciones, que permitan su identificación y verificación de su autenticidad, así como la comprobación de que el envase no ha sido manipulado. Además, se habilitó a la Comisión Europea para adoptar, mediante actos delegados, las medidas destinadas a complementar dicha incorporación de dispositivos de seguridad en los medicamentos con riesgo de ser falsificados. En cumplimiento de dicha potestad, la Comisión Europea ha dictado el Reglamento Delegado (UE) 2016/161, de 2 de octubre de 2015, que completa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano, que regula, entre otros aspectos, las características y especificaciones técnicas del identificador único, las modalidades de verificación de los dispositivos de seguridad y la creación y gestión del sistema de repositorios que contenga información sobre dichos dispositivos de seguridad. Este sistema de repositorios debe crearse y gestionarse por los titulares de la autorización de comercialización de medicamentos y los fabricantes de los mismos a través de una entidad jurídica sin ánimo de lucro, si bien los mayoristas y las personas autorizadas o facultadas para dispensar medicamentos han de poder participar, si así lo desean, tal y como prevé el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015. En el caso de España, se ha constituido la sociedad limitada denominada Sistema Español de Verificación de Medicamentos para la creación y gestión del repositorio español. Sin perjuicio de la eficacia y aplicabilidad directas del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, es necesario concretar a nivel nacional determinados aspectos cuya forma de regulación queda a la voluntad de los Estados miembros, así como identificar a las autoridades competentes en los diferentes aspectos recogidos en el mismo. Con este fin, se introduce un nuevo capítulo IX en el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, referente al sistema de verificación y autenticación de los medicamentos, que se divide en dos secciones. La primera de dichas secciones tiene por objeto regular los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano. En primer lugar, se establece que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social proporcionará la información sobre los medicamentos que deban llevar los dispositivos de seguridad. En relación con la posibilidad que tienen los Estados miembros de ampliar el ámbito de aplicación de los dispositivos de seguridad, el real decreto articula dicha ampliación por motivos de farmacovigilancia, seguridad y reembolso. Igualmente se refleja la posibilidad de requerir que se efectúen verificaciones adicionales de los dispositivos de seguridad por las entidades de distribución cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mediante resolución motivada así lo determine. Por otro lado, se regulan otras operaciones a realizar a nivel de la distribución antes de suministrar los medicamentos a determinadas personas o entidades, como la verificación y desactivación previas al suministro cuando los medicamentos vayan destinados a programas de salud pública desarrollados por las autoridades sanitarias, incluyendo las unidades del Ministerio de Defensa responsables de tales programas. También se prevén las operaciones a realizar en el caso de medicamentos no autorizados en España que sean importados de conformidad con el artículo 24.4 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, para su utilización en situaciones especiales. Asimismo, se contemplan aspectos relativos al repositorio nacional utilizado para verificar la autenticidad de los identificadores únicos de los medicamentos comercializados en España. La segunda sección que conforma el nuevo capítulo IX del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, se dirige a establecer la regulación precisa para adaptar la gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud al marco normativo europeo en materia de prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal y con tal fin, el establecimiento de un nodo específico para el Sistema Nacional de Salud, denominado Nodo SNSFarma, como un instrumento de integración tecnológica e intercambio de la información con el repositorio nacional, del que formará parte, y que será de aplicación a todos los medicamentos que incluyan un identificador único y sean dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud. Este nodo debe posibilitar a las autoridades u órganos competentes el ejercicio de sus atribuciones en materia de supervisión y control de la información relacionada con la gestión de la prestación farmacéutica. Como prevé el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, los Estados miembros podrán tener acceso a la información del repositorio nacional con fines de reembolso. Dicho acceso habrá de permitir, atendiendo a las competencias y funciones de los diferentes agentes y autoridades implicados en las distintas fases del sistema español de verificación de medicamentos, y en relación a la gestión de la prestación farmacéutica, implantar medidas que faciliten el reembolso de la prestación farmacéutica. Este real decreto se ajusta a los principios de buena regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Y así, este real decreto persigue un interés general al regular aspectos importantes del procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, así como al concretar determinados aspectos nacionales del sistema de verificación y autenticación de los medicamentos que la normativa europea somete a la decisión de los Estados miembros. Además, supone la regulación imprescindible para atender la citada situación, pues no existen otras medidas menos restrictivas de derechos para ello. Asimismo, la norma es respetuosa con el ordenamiento jurídico nacional e internacional, siendo las cargas administrativas que se introducen las mínimas e indispensables para la adecuada consecución de los fines del real decreto. Igualmente, en cumplimiento del principio de transparencia, durante su procedimiento de elaboración se ha favorecido la participación activa de los potenciales destinatarios de la norma. En el proceso de elaboración de esta norma han sido consultadas las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, y se ha recabado el informe previo del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud y del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También se ha sometido a informe del Consejo de Consumidores y Usuarios y de la Agencia Española de Protección de Datos, y se ha realizado el trámite de información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución Española, este real decreto se dicta de acuerdo con la competencia exclusiva que ostenta el Estado en materia de legislación sobre productos farmacéuticos. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con la aprobación previa de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de diciembre de 2019, DISPONGO: Artículo único. Modificación del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. El Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, queda modificado como sigue: Uno. Se añade un nuevo párrafo h) en el artículo 1, con la siguiente redacción: «h) El sistema de verificación y autenticación de medicamentos.» Dos. El artículo 22 pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 22. Transparencia y publicidad. 1. Para cada medicamento que haya autorizado y registrado, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pondrá a disposición del público, sin dilación, la decisión sobre la autorización de comercialización del medicamento, el prospecto, la ficha técnica y todas las condiciones establecidas con arreglo a los artículos 17.4, 20 bis y 26, junto con todos los plazos para el cumplimiento de dichas condiciones, de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, y, en concreto, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), completado por las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y previa disociación de datos de carácter personal. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios elaborará un informe de evaluación y realizará comentarios sobre el expediente en lo referente a los resultados de las pruebas farmacéuticas y preclínicas, los ensayos clínicos, el sistema de gestión de riesgos y el sistema de farmacovigilancia del medicamento de que se trate. El informe de evaluación se actualizará cuando se disponga de nuevos datos que sean importantes para la evaluación de la calidad, la seguridad o la eficacia del medicamento. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios pondrá a disposición del público sin dilación el informe de evaluación y los motivos del dictamen, previa supresión de cualquier información comercial de carácter confidencial, y disociación de datos de carácter personal. Asimismo, se facilitará una justificación por separado para cada una de las indicaciones solicitadas. El informe público de evaluación contendrá un resumen redactado de forma comprensible para el público. El resumen incluirá, en particular, una sección relativa a las condiciones de utilización del medicamento. 2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios creará un portal web con información de los medicamentos autorizados en España que tendrá el carácter de compendio de referencia de los medicamentos autorizados y registrados. Asimismo, dicho portal enlazará con el portal web creado con arreglo al artículo 26 del Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos. En el portal web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios estará disponible la siguiente información: a) Informes públicos de evaluación, junto con un resumen. b) Fichas técnicas y prospectos de los medicamentos autorizados. c) Resúmenes de los planes de gestión de riesgos de los medicamentos autorizados. d) Lista de los medicamentos contemplados en el artículo 23 del Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004. e) Información sobre los distintos medios para que los profesionales sanitarios y los pacientes puedan notificar al Sistema Español de Farmacovigilancia las sospechas de reacciones adversas a los medicamentos, incluidos los formularios web estructurados contemplados en el artículo 25 del Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004.» Tres. Se elimina el párrafo c) del apartado 3 del artículo 24. Cuatro. El artículo 28 pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 28. Comercialización efectiva. 1. El titular de la autorización comunicará de forma expresa a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la fecha de comercialización efectiva de cada medicamento y mantendrá actualizado el estado de comercialización de sus medicamentos en el Registro de Medicamentos. La comunicación se realizará por cada una de las autorizaciones de comercialización, como mínimo quince días antes de efectuarse esa comercialización. 2. El titular de la autorización efectuará anualmente una declaración de intención de comercialización del medicamento de forma expresa. Esta comunicación se efectuará ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios durante el mes de octubre del año anterior, acompañando justificación del pago de la correspondiente tasa anual de mantenimiento del medicamento en el mercado. En el caso de no presentar esta declaración, se entenderá que se solicita la suspensión de la autorización de comercialización de acuerdo con el artículo 69.1, iniciándose el correspondiente procedimiento. 3. Cada autorización de comercialización de un medicamento perderá su validez si, en un plazo de tres años, el titular no procede a la comercialización efectiva del mismo. El periodo de los tres años empezará a contarse a partir del día siguiente de la fecha de la notificación de la resolución de autorización emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 4. La autorización de comercialización de un medicamento perderá también su validez, si una vez autorizado y comercializado deja de encontrarse de forma efectiva en el mercado durante tres años consecutivos. 5. Cuando un titular de una autorización de comercialización manifieste a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios su intención de no continuar la comercialización de un medicamento, esta hará pública dicha situación, y podrá instar a otros laboratorios interesados a solicitar una autorización de comercialización de ese medicamento, con base en los artículos 7, 8, 10 y 12, según proceda. 6. No obstante, cuando concurran razones de salud o de interés sanitario, como en el supuesto de originarse laguna terapéutica, ya sea en el mercado en general o en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mantendrá la validez de la autorización y exigirá la comercialización efectiva del medicamento. 7. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios procederá a anotar las anteriores circunstancias en el Registro de Medicamentos.» Cinco. El artículo 41 queda redactado de la siguiente manera: «Artículo 41. Autorización previa de lotes de fabricación de medicamentos hemoderivados. 1. Por motivos de salud pública, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de acuerdo con el artículo 45.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, someterá a autorización previa cada lote de fabricación de producto terminado de medicamentos hemoderivados y condicionará la comercialización a su conformidad. 2. Se exceptúan de lo anterior los derivados del plasma que intervengan como excipiente o como reactivo en la producción de otro medicamento o producto sanitario, los productos en fase de ensayos clínicos y los medicamentos señalados en el artículo 24.2 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 3. La autorización previa del lote de fabricación implicará la revisión de los protocolos de producción y control y, en su caso, la realización de los ensayos analíticos que se consideren oportunos. 4. Cuando se acredite documentalmente ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que el lote ha sido certificado por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, se otorgará la mencionada autorización sin realizar nuevos análisis. Tampoco se requerirá la realización de análisis en los casos en los que la Agencia así lo determine, con base en un análisis de riesgos. 5. Cuando no se precise realizar análisis, se entenderá autorizado el lote de fabricación si en el plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud de autorización en la Agencia Española de Medicamentos y Producto Sanitarios esta no requiere al solicitante que subsane o mejore la solicitud. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios determinará el medio electrónico para efectuar dicha solicitud. 6. En el caso de que la solicitud implique la realización de análisis del lote, dicha solicitud se resolverá en el plazo máximo de sesenta días desde su presentación.» Seis. El artículo 43 queda redactado como sigue: «Artículo 43. Autorización previa de lotes de fabricación de vacunas. 1. Por motivos de salud pública, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de acuerdo con el artículo 45.3 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, someterá a autorización previa cada lote de fabricación de producto terminado de vacunas y condicionará la comercialización a su conformidad. 2. La referida autorización previa implicará la revisión de los protocolos de producción y control y, en su caso, la realización de los ensayos analíticos que se consideren oportunos. 3. Cuando se acredite documentalmente ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que el lote ha sido certificado por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión Europea, se otorgará la mencionada autorización sin realizar nuevos análisis. Tampoco se requerirá la realización de análisis en los casos en los que la Agencia así lo determine, con base en un análisis de riesgos. 4. Cuando no se precise realizar análisis se entenderá autorizado el lote de fabricación si en el plazo de cinco días desde la recepción de la solicitud de autorización en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, esta no requiere al solicitante que subsane o mejore la solicitud. En el caso de la vacuna de la gripe estacional el plazo será de dos días. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios determinará el medio electrónico para efectuar dicha solicitud. 5. En caso que la solicitud implique la realización de análisis del lote, dicha solicitud se resolverá en el plazo máximo de sesenta días desde su presentación. En el caso de la vacuna de gripe estacional este plazo será de treinta días.» Siete. El artículo 55 pasa a tener la siguiente redacción: «Artículo 55. Clases de medicamentos homeopáticos. Los medicamentos homeopáticos podrán ser: a) Con indicación terapéutica aprobada, cuyo procedimiento de autorización y registro, seguirá el establecido en el capítulo II. b) Sin indicaciones terapéuticas aprobadas, cuyo procedimiento de autorización y registro será un procedimiento simplificado especial de medicamentos homeopáticos creado a tal efecto por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para ese procedimiento. En caso contrario, deberán seguir el procedimiento establecido en el capítulo II.» Ocho. El artículo 62 queda redactado como sigue: «Artículo 62. Obligaciones del titular de la autorización. El titular de la autorización de un medicamento está obligado a respetar las normas sobre farmacovigilancia y, durante la vigencia de la autorización de comercialización, a: 1. Observar las condiciones en las que se concedió la autorización de comercialización, además de las obligaciones generales que señala la legislación vigente, así como las de cualquier modificación de las condiciones de la autorización establecidas en el capítulo siguiente, incluidas las de los procedimientos de fabricación y de control. 2. Respetar la continuidad en el servicio. El titular de la autorización de comercialización tiene la obligación de tener abastecido el mercado de los medicamentos autorizados y de informar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sobre las restricciones anormales de suministro de cualquier medicamento tan pronto como se detecten. Además, en los casos de problemas de suministro de medicamentos cuya falta tenga impacto asistencial, el titular de la autorización de comercialización de dicho medicamento deberá colaborar con la Agencia en la puesta en marcha de las medidas que sean precisas para paliarlo. 3. Mantener permanentemente actualizado el expediente. El titular de la autorización deberá presentar los informes periódicos de seguridad establecidos reglamentariamente, con el fin de mantener actualizado el expediente en materia de seguridad y en particular la información dirigida a los profesionales incluida en la ficha técnica del medicamento y la información del prospecto garantizando la adecuada comprensión del mismo. 4. Contribuir al adecuado conocimiento del medicamento y promover su uso racional. El titular de la autorización está obligado a poner a disposición pública, en particular de los profesionales sanitarios, la información actualizada de la ficha técnica del medicamento con la información legalmente establecida, así como a hacer públicos los resultados de los ensayos clínicos, independientemente del resultado favorable o no de sus conclusiones. 5. Colaborar en los programas de control, garantizar la adecuación de los productos en el mercado e informar de cualquier posible retirada de lotes del mercado. El titular de la autorización de un medicamento deberá comunicar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a las comunidades autónomas y a las autoridades de todos los países donde se haya distribuido, con la rapidez adecuada a cada caso y exponiendo los motivos, toda acción emprendida para retirar un lote del mercado. 6. Participar en sistemas que garanticen la recogida de los residuos de medicamentos que se generen en los domicilios. 7. Cualquier otra obligación legal o reglamentariamente establecida.» Nueve. El apartado 2 del artículo 69 pasa a tener la siguiente redacción: «2. El procedimiento se incoará mediante acuerdo de iniciación y audiencia al interesado, trámite tras el que se dictará resolución que se notificará al interesado en el plazo máximo de seis meses, indicando los recursos procedentes. En el caso de que los motivos de la suspensión o revocación sean los señalados en el artículo 68, apartados 3, 5 o 7, y conciernan a la seguridad del medicamento, se seguirán los procedimientos establecidos en la normativa de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.» Diez. El apartado 1 del artículo 70 pasa a tener la siguiente redacción: «1. Cuando el titular de una autorización de un medicamento pretenda suspender o cesar la comercialización del mismo, deberá notificar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, al menos seis meses antes de la fecha en la que tenga previsto cesar en la comercialización del medicamento, motivando esa solicitud. En el supuesto de la suspensión de la autorización de comercialización, esta no interrumpirá el plazo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 28.» Once. Se incorpora un nuevo capítulo IX con la siguiente redacción: «CAPÍTULO IX Sistema de verificación y autenticación de medicamentos Sección 1.ª Dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano Artículo 77. Información de los medicamentos que deberán llevar los dispositivos de seguridad. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social publicará en su página web, así como en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios información actualizada sobre los medicamentos comercializados en España que deben llevar los dispositivos de seguridad exigidos por la normativa europea: un identificador único y un dispositivo contra manipulaciones. Artículo 78. Ampliación del ámbito de aplicación del identificador único o de los dispositivos contra las manipulaciones. 1. Mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y de conformidad con el artículo 54 bis.5, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, se podrán establecer: a) Los medicamentos sujetos a receta médica para los cuales se amplía, con fines de farmacovigilancia, el ámbito de aplicación del identificador único. b) Los medicamentos para los cuales se amplía, con el fin de reforzar las garantías de seguridad de los pacientes, el ámbito de aplicación del dispositivo contra las manipulaciones. c) Los medicamentos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud para los cuales se amplía, con fines de reembolso, el ámbito de aplicación del identificador único. Dichas resoluciones establecerán el plazo para la adaptación de los medicamentos afectados y serán publicadas en la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 2. Los titulares de una autorización de comercialización podrán incorporar, y en su caso mantener, un dispositivo contra las manipulaciones en aquellos medicamentos que están fuera del ámbito de aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, que completa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano, con base en un análisis de riesgo, siguiendo el procedimiento de modificación establecido en el capítulo VI. Artículo 79. Notificaciones a la Comisión sobre el riesgo de falsificación de medicamentos. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios será la encargada de evaluar y notificar a la Comisión Europea la información que reciba correspondiente a los medicamentos no sujetos a receta médica que corran riesgo de falsificación tan pronto como tenga conocimiento de tal riesgo, así como a los medicamentos libres de riesgo de falsificación, según los criterios establecidos en el artículo 54 bis.2.b) de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001. El titular de la autorización de comercialización, o cualquier persona física o jurídica que disponga de información al respecto, deberá remitirla a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, aportando la información incluida en los modelos de formulario que figuran en los anexos VI y VII. Artículo 80. Verificaciones adicionales de los dispositivos de seguridad por las entidades de distribución. 1. Las entidades de distribución verificarán la autenticidad del identificador único de los medicamentos referidos en el artículo 20 del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015. Igualmente, las entidades de distribución verificarán la autenticidad e integridad de cualquiera de los dos tipos de dispositivos de seguridad de aquellos medicamentos para los que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios establezca verificaciones adicionales mediante resolución motivada con base en un potencial riesgo para la salud. La Agencia publicará dicha resolución en su página web y la trasladará a las autoridades de las comunidades autónomas para su remisión a las entidades de distribución, dentro de su ámbito de competencias. 2. Sin perjuicio de lo anterior, y con base en un riesgo grave e inminente, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios podrá ordenar a las entidades de distribución la verificación de la autenticidad e integridad de ambos tipos de dispositivos de seguridad para determinados medicamentos o lotes de los mismos, y trasladará esta decisión a las autoridades de las comunidades autónomas. Artículo 81. Otros casos de operaciones de los dispositivos de seguridad. 1. En relación con las características de la cadena de suministro en España y de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, las entidades de distribución, o el laboratorio titular de la autorización de comercialización, en su caso, verificarán la autenticidad e integridad de los dispositivos de seguridad y desactivarán el identificador único de los medicamentos cuando: a) Se vendan directamente a profesionales de la medicina, odontología, veterinaria y podología para el ejercicio de su actividad profesional, conforme al supuesto regulado en el apartado 2 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre, sobre distribución de medicamentos de uso humano. b) Vayan destinados a programas de salud pública desarrollados por las autoridades sanitarias. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios identificará en la información descrita en el artículo 77 aquellas presentaciones destinadas a estos programas. c) Sean suministrados a los centros de almacenamiento y distribución del Ministerio de Defensa para programas de salud pública en el marco de misiones. d) Cuando se suministren al promotor de un ensayo clínico, según lo dispuesto en el artículo 2.8 del Real Decreto 782/2013, de 11 de octubre. 2. Para aquellos medicamentos no autorizados en España que sean importados de conformidad con el artículo 24.4 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, para su utilización en situaciones especiales, y que lleven dispositivos de seguridad, la entidad que los importe de otro Estado miembro deberá verificar dichos dispositivos en los casos establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015. Asimismo, la entidad que los suministre deberá verificar los dispositivos de seguridad y desactivar el identificador único antes de su dispensación. 3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25.2 del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, la verificación de los dispositivos de seguridad y la desactivación del identificador único en los servicios de farmacia se podrá realizar en el momento de la recepción del pedido, sin perjuicio de que posteriormente se pueda realizar un seguimiento a nivel de paciente, con fines de trazabilidad o farmacovigilancia, entre otros. Con objeto de facilitar la lectura y verificación de los identificadores únicos de medicamentos adquiridos por servicios de farmacia, los laboratorios, si así lo establece el correspondiente contrato de suministros, remitirán a estos servicios de farmacia, junto con cada pedido, una relación agrupada que contenga los identificadores únicos de los medicamentos contenidos en el mismo, de forma que se puedan capturar de una sola vez, mediante sistemas informáticos, el conjunto de identificadores únicos de los medicamentos que componen el pedido. Artículo 82. Notificación y medidas a adoptar en caso de manipulación o presunta falsificación. 1. A efectos de lo dispuesto en los artículos 18, 24 y 30 del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, en caso de sospecha de que un medicamento ha sido manipulado o pueda no ser auténtico: a) Los laboratorios fabricantes de medicamentos, o bien los titulares de la autorización de comercialización, deberán notificarlo inmediatamente a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mediante el sistema de notificación electrónica establecido por la misma, aportando toda la información disponible. Asimismo, los laboratorios fabricantes informarán inmediatamente al titular de la autorización de comercialización sobre cualquier medicamento del que se sospeche que ha sido manipulado o pueda no ser auténtico. b) Las entidades de distribución deberán informar, inmediatamente, a la autoridad competente que otorgó su autorización. Asimismo, informarán inmediatamente al titular de la autorización de comercialización del medicamento del que se sospeche que ha sido manipulado o pueda no ser auténtico. c) Los servicios y oficinas de farmacia informarán, inmediatamente, a la autoridad competente de la comunidad autónoma donde estén ubicados. 2. En relación con los párrafos b) y c) del apartado anterior, las comunidades autónomas cuando reciban estas notificaciones realizarán las investigaciones necesarias, adoptarán las medidas oportunas y trasladarán el resultado de las mismas a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a la mayor brevedad. 3. Tras recibir dichas notificaciones la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios procederá a adoptar las medidas que se estimen pertinentes. Artículo 83. El repositorio nacional. 1. El repositorio contendrá toda la información sobre los identificadores únicos de aquellos medicamentos comercializados en España que estén obligados a incluirlos, así como de todas las operaciones de los distintos agentes realizadas sobre estos, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015. Este repositorio estará ubicado en España. 2. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios supervisará el funcionamiento del repositorio nacional para verificar, en caso necesario mediante inspecciones, que el repositorio nacional y la entidad jurídica responsable de su creación y gestión cumplen con lo establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en relación con la coordinación con las comunidades autónomas de las medidas y actuaciones relacionadas con la prestación farmacéutica. 3. Tendrán acceso a la información del repositorio nacional, en los términos establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y las autoridades competentes de las comunidades autónomas, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencia. Sección 2.ª Adecuación de la gestión de la prestación farmacéutica del sistema nacional de salud al marco normativo de la verificación y autenticación de medicamentos Artículo 84. Establecimiento de Nodo SNSFarma y su integración en el repositorio nacional. 1. Se establece el Nodo SNSFarma como instrumento de integración tecnológica e intercambio de información con el repositorio nacional, del que formará parte, y que será de aplicación a todos los medicamentos que incluyan el identificador único y sean dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud. 2. La integración del Nodo SNSFarma en el repositorio nacional se realizará mediante un convenio de los previstos en el artículo 47.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la entidad gestora del sistema español de verificación de medicamentos, en el que se concretarán las obligaciones de las partes, los requerimientos técnicos y la necesidad de cumplir las especificaciones de interoperabilidad y cualesquiera otras que requiera el cumplimiento del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015. 3. El Nodo SNSFarma se alojará en servidores de las Administraciones Públicas Sanitarias, en base a lo previsto en los artículos 7 y 11 del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación, tanto para garantizar la seguridad en el acceso y transmisión de la información, como por confidencialidad de datos. Artículo 85. Funcionamiento del NodoSNSFarma. 1. El Nodo SNSFarma permitirá a las comunidades autónomas y al resto de entidades gestoras del Sistema Nacional de Salud el envío de los datos de verificación de medicamentos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud por las oficinas de farmacia o por los servicios de farmacia que gestionan, para su anonimización previa a la verificación en el repositorio nacional, dando asimismo soporte a las tareas de supervisión y control por parte de las autoridades u órganos competentes, tanto en materia de verificación como de gestión de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. 2. Tras las correspondientes validaciones internas y el proceso de anonimización en el Nodo SNSFarma, se enviarán desde este las correspondientes operaciones anonimizadas al repositorio nacional para la desactivación u operación asociada. El Nodo SNSFarma recogerá el resultado de dicha operación y se lo comunicará a la entidad de origen de la misma. Como resultado de estas operaciones, el Nodo SNSFarma realizará el registro de los correspondientes eventos de auditoría, así como, en su caso, las alertas a nivel interno y externo, para su transmisión a los agentes competentes que interactúan con el repositorio nacional de verificación de medicamentos. 3. La conexión del Nodo SNSFarma al repositorio nacional se realizará con una única credencial común al Sistema Nacional de Salud. Artículo 86. Gestión del Nodo SNSFarma. 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 44.5 del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, el Nodo SNSFarma será gestionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, que coordinará con los órganos competentes en materia de gestión de la prestación farmacéutica de las comunidades autónomas y el resto de entidades gestoras del Sistema Nacional de Salud, las medidas y actuaciones que corresponda adoptar en relación con la gestión de la prestación farmacéutica. 2. Los órganos competentes en la gestión de la prestación farmacéutica de las comunidades autónomas y el resto de entidades gestoras del Sistema Nacional de Salud, adoptarán las medidas necesarias para que la información de los identificadores únicos de los medicamentos dispensados con cargo al Sistema Nacional de Salud, por las oficinas de farmacia o por los servicios de farmacia, se remitan al Nodo SNSFarma. Artículo 87. Funciones de seguimiento del Nodo SNSFarma. En aplicación de lo previsto en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, el Nodo SNSFarma se utilizará también como sistema de seguimiento de las adquisiciones a través de servicios de farmacia en el Sistema Nacional de Salud, de forma complementaria a las bases de datos existentes, para facilitar la gestión de las condiciones especiales de financiación. Artículo 88. Otras funciones de información de la entidad gestora del repositorio nacional. 1. La información identificativa de los medicamentos autenticados permitirá dar cumplimiento a las obligaciones de información necesarias para realizar: a) El reembolso en el ámbito de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el artículo 54 bis.5 de la Directiva 2001/83/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, y con el artículo 39 del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015. b) El reembolso debido por las oficinas de farmacia a laboratorios farmacéuticos y entidades de distribución en aquellos medicamentos que hayan sido dispensados fuera del Sistema Nacional de Salud a un precio distinto del precio de financiación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94.7 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. 2. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social será debidamente informado por la entidad gestora del repositorio nacional de los procedimientos relativos al reembolso debido entre los agentes de la cadena de medicamentos previsto en el artículo 94.7 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, a los efectos del ejercicio de sus funciones de control en materia de los precios de los medicamentos.» Doce. Se añade una disposición adicional cuarta con la redacción que sigue: «Disposición adicional cuarta. Supervisión de repositorios de otros Estados miembros de la Unión Europea que se encuentren ubicados en España. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios supervisará e inspeccionará, en los mismos términos y con el alcance establecido en el artículo 83, el funcionamiento de cualquier otro repositorio que se ubique en territorio español y dé servicio a un sistema de verificación de otro Estado miembro de la Unión Europea, conforme a lo establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015.» Trece. Se añade una disposición adicional quinta con la siguiente redacción: «Disposición adicional quinta. Actualización de la utilización del cupón precinto de los medicamentos. 1. El cupón precinto coexistirá con el identificador único hasta la total implantación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, el 9 de febrero de 2024, para los medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia con cargo al Sistema Nacional de Salud. Posteriormente, podrá mantenerse el cupón precinto hasta que se establezca por orden ministerial su supresión. 2. De conformidad con el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, la persona titular del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social determinará mediante la citada orden qué información de la contenida en el cupón precinto de dichas presentaciones se incorporará en el embalaje exterior del medicamento, así como el nuevo procedimiento de verificación de la factura, que se realizará a partir de la información que proporcione el Nodo SNSFarma.» Catorce. Se añade una disposición adicional sexta con la siguiente redacción: «Disposición adicional sexta. Funcionalidades y operativa de Nodo SNSFarma. En el supuesto de que no se logre alcanzar un acuerdo para la integración del Nodo SNSFarma en el repositorio nacional en los términos previstos en el artículo 84.2, y con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa europea sobre verificación y autenticación de los medicamentos de uso humano, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social podrá establecer las funcionalidades y operativa para la puesta en marcha del Nodo SNSFarma mediante orden ministerial.» Quince. Se añade un apartado 22 en la parte primera del anexo III con la siguiente redacción: «22. Para los medicamentos que deban llevar dispositivos de seguridad, código de barras bidimensional, y el código de producto y número de serie en caracteres visibles.» Dieciséis. Se suprimen el párrafo c) del apartado 2 y el párrafo e) del apartado 3 del anexo IV. Diecisiete. Se añade un anexo VI con la redacción que sigue: «ANEXO VI Notificación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de los medicamentos no sujetos a receta médica de los que se considera que corren riesgo de falsificación Identificación del notificante (nombre, NIF, datos de contacto): Principio activo (denominación común) Forma farmacéutica Dosis Código ATC (clasificación anatómico-químico- terapéutica) Datos probatorios (Relación de pruebas de casos de falsificación en la cadena de suministro legal y especifíquese la fuente de la información) Se pueden incluir líneas adicionales si fuera preciso. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos personales que facilite serán tratados con la finalidad descrita en el artículo 79 de este real decreto. El Responsable del Tratamiento es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Los interesados podrán dirigirse, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en este ámbito, al Delegado de Protección de Datos de dicha Agencia, enviando sus solicitudes a la siguiente dirección: c/ Campezo 1, Edificio 8, 28022, Madrid. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad descrita. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo en aquellos casos obligados por ley. □ Al marcar esta casilla, usted acepta expresamente el tratamiento de los datos facilitados a los fines del ejercicio de las competencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en relación con la comunicación que realiza. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y rectificación, en la medida que sean aplicables, a través de la comunicación escrita al Responsable del Tratamiento, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud. Le informamos también de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.» Dieciocho. Se añade un anexo VII con la redacción que sigue: «ANEXO VII Notificación a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de los medicamentos de los que se considera que no corren riesgo de falsificación Identificación del notificante (nombre, NIF, datos de contacto): Principio activo (denominación común) Forma farmacéutica Dosis Código ATC (clasificación anatómico-químico- terapéutica) Observaciones/Información complementaria Se pueden incluir líneas adicionales si fuera preciso. En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que los datos personales que facilite serán tratados con la finalidad descrita en el artículo 79 de este real decreto. El Responsable del Tratamiento es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Los interesados podrán dirigirse, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en este ámbito, al Delegado de Protección de Datos de dicha Agencia, enviando sus solicitudes a la siguiente dirección: c/ Campezo 1, Edificio 8, 28022, Madrid. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad descrita. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo en aquellos casos obligados por ley. □ Al marcar esta casilla, usted acepta expresamente el tratamiento de los datos facilitados a los fines del ejercicio de las competencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios en relación con la comunicación que realiza. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación y rectificación, en la medida que sean aplicables, a través de la comunicación escrita al Responsable del Tratamiento, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y concretando su solicitud. Le informamos también de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.» Disposición transitoria primera. Mantenimiento de las siglas y leyendas relativas a los Medicamentos de Especial Control Médico. 1. Los medicamentos considerados de especial control médico hasta la entrada en vigor del presente real decreto y que sean liberados con posterioridad a la misma podrán incluir en su envase las siglas ECM hasta el agotamiento de las existencias. Dichas presentaciones serán dispensadas por las oficinas de farmacia sin necesidad de las anotaciones en el registro derivadas de lo dispuesto en el artículo 5.º de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 13 de mayo de 1985 sobre medicamentos sometidos a especial control médico en su prescripción y utilización. 2. Una vez agotadas las existencias, estos medicamentos no incluirán las siglas ECM en su envase, sin que sea necesaria la aprobación previa de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para su supresión. No obstante, el titular de la autorización de comercialización del medicamento hará constar la eliminación de dichas siglas en la primera solicitud de modificación que afecte al cartonaje o en la solicitud de renovación quinquenal de la autorización de comercialización, si esta ocurriera antes. Disposición transitoria segunda. Cumplimiento por las mutualidades de funcionarios de sus obligaciones en materia de verificación y autenticación de los medicamentos. En tanto no se produzca la completa integración en el Nodo SNSFarma de las mutualidades de funcionarios, estas seguirán dando cumplimiento a sus obligaciones de remisión de la información de los medicamentos a las que se refiere la sección 2.ª del capítulo IX del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, a través de los canales existentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas todas las disposiciones, de igual o de inferior rango, que se opongan a lo dispuesto en este real decreto y, específicamente, el artículo 2.1.a).3.º del Real Decreto 618/2007, de 11 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el establecimiento, mediante visado, de reservas singulares a las condiciones de prescripción y dispensación de los medicamentos, y la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo de 13 de mayo de 1985 sobre medicamentos sometidos a especial control médico en su prescripción y utilización. Disposición final primera. Remisiones normativas. Las referencias normativas efectuadas en el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, a la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. Disposición final segunda. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción de las disposiciones contenidas en la sección segunda del capítulo IX del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, relativas a la integración de las mutualidades de funcionarios en el Nodo SNSFarma, que entrarán en vigor en el plazo máximo de un año por cada entidad gestora, una vez se haya completado el proceso de implantación de la prescripción electrónica en cada una de las entidades gestoras. Dado en Madrid, el 5 de diciembre de 2019. FELIPE R. La Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, MARÍA LUISA CARCEDO ROCES

Hoy tenemos decreto sobre medicamentos. Lo resumo en dos tuits: incluye sistemas de identificación únicos (Europa manda) para evitar falsificaciones, alarga a seis meses el plazo para avisar que se retira un fármaco...

La experiencia acumulada tras la entrada en vigor del Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente, ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar una serie de modificaciones en el articulado, en lo que respecta al procedimiento de autorización de medicamentos de uso humano de fabricación industrial. En concreto, se requiere precisar ciertos aspectos relativos a la obligación que tienen los titulares de las autorizaciones de comercialización de medicamentos de notificar la comercialización efectiva de los mismos, así como de actualizar el estado de su comercialización. Igualmente, se hace necesario ampliar el plazo de antelación con el que han de notificarse los problemas de suministro de medicamentos. Además, se precisa eliminar la categoría de medicamentos de especial control médico, ya que los procedimientos de control a los que eran sometidos han quedado superados por la actual legislación de farmacovigilancia. Asimismo, es conveniente clarificar aspectos relacionados con los medicamentos homeopáticos y la comercialización efectiva y la puesta en el mercado de vacunas bacterianas. Por otro lado, se hace preciso introducir en el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, las modificaciones precisas para la regulación de determinados aspectos del marco normativo de la verificación y autenticación de medicamentos, que la normativa europea deja a la decisión de los Estados miembros. Así, una de las iniciativas adoptadas por la Comisión Europea en relación con la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal es el establecimiento de un mecanismo de verificación y autenticación de los medicamentos de extremo a extremo de la cadena de suministro, cuya fecha de entrada en funcionamiento ha sido fijada en el día 9 de febrero de 2019. El marco normativo europeo en materia de verificación y autenticación de medicamentos viene constituido por la Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en lo relativo a la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, que vino a exigir la presencia de dispositivos de seguridad en el envase de determinados medicamentos de uso humano, consistentes en un identificador único y un dispositivo contra manipulaciones, que permitan su identificación y verificación de su autenticidad, así como la comprobación de que el envase no ha sido manipulado. Además, se habilitó a la Comisión Europea para adoptar, mediante actos delegados, las medidas destinadas a complementar dicha incorporación de dispositivos de seguridad en los medicamentos con riesgo de ser falsificados. En cumplimiento de dicha potestad, la Comisión Europea ha dictado el Reglamento Delegado (UE) 2016/161, de 2 de octubre de 2015, que completa la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo disposiciones detalladas relativas a los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano, que regula, entre otros aspectos, las características y especificaciones técnicas del identificador único, las modalidades de verificación de los dispositivos de seguridad y la creación y gestión del sistema de repositorios que contenga información sobre dichos dispositivos de seguridad. Este sistema de repositorios debe crearse y gestionarse por los titulares de la autorización de comercialización de medicamentos y los fabricantes de los mismos a través de una entidad jurídica sin ánimo de lucro, si bien los mayoristas y las personas autorizadas o facultadas para dispensar medicamentos han de poder participar, si así lo desean, tal y como prevé el Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015. En el caso de España, se ha constituido la sociedad limitada denominada Sistema Español de Verificación de Medicamentos para la creación y gestión del repositorio español. Sin perjuicio de la eficacia y aplicabilidad directas del Reglamento Delegado (UE) 2016/161 de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, es necesario concretar a nivel nacional determinados aspectos cuya forma de regulación queda a la voluntad de los Estados miembros, así como identificar a las autoridades competentes en los diferentes aspectos recogidos en el mismo. Con este fin, se introduce un nuevo capítulo IX en el Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, referente al sistema de verificación y autenticación de los medicamentos, que se divide en dos secciones. La primera de dichas secciones tiene por objeto regular los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano. En primer lugar, se establece que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social proporcionará la información sobre los medicamentos que deban llevar los dispositivos de seguridad. En relación con la posibilidad que tienen los Estados miembros de ampliar el ámbito de aplicación de los dispositivos de seguridad, el real decreto articula dicha ampliación por motivos de farmacovigilancia, seguridad y reembolso. Igualmente se refleja la posibilidad de requerir que se efectúen verificaciones adicionales de los dispositivos de seguridad por las entidades de distribución cuando la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios mediante resolución motivada así lo determine. Por otro lado, se regulan otras operaciones a realizar a nivel de la distribución antes de suministrar los medicamentos a determinadas personas o entidades, como la verificación y desactivación previas al suministro cuando los medicamentos vayan destinados a programas de salud pública desarrollados por las autoridades sanitarias, incluyendo las unidades del Ministerio de Defensa responsables de tales programas. También se prevén las operaciones a realizar en el caso de medicamentos no autorizados en España que sean importados de conformidad con el artículo 24.4 del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional ### RESUMEN: Hoy tenemos decreto sobre medicamentos. Lo resumo en dos tuits: incluye sistemas de identificación únicos (Europa manda) para evitar falsificaciones, alarga a seis meses el plazo para avisar que se retira un fármaco...