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59Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad y bajo condiciones estrictas. Este acceso se puso en vigor a partir de septiembre de 2013 (63). En el cuadro 2 se indica en qué Estados miembros de la UE se aplica el VIS. 2.1.3. Sistema de Información Schengen (SIS) El SIS almacena alertas sobre ciertas categorías de personas reclamadas o desapare - cidas (tanto ciudadanos de la UE como nacionales de terceros países) y objetos des - aparecidos. También contiene descripciones de nacionales de terceros países sujetos a una denegación de entrada o a una decisión de retorno. La base de datos incluye instrucciones para los agentes de Policía y los guardias fronterizos sobre las medidas específicas que deben adoptarse cuando se localiza a una persona o un objeto (por ejemplo, para detener a una persona sospechosa, proteger a una persona desapare - cida vulnerable o incautar un pasaporte inválido). Las autoridades nacionales judicia - les, policiales, de control de fronteras, de aduanas y de visados pueden tener acceso a los datos almacenados en el SIS, en el marco estricto de sus mandatos. El sistema ha estado en funcionamiento desde marzo de 1995; su segunda gene - ración más avanzada (64) se lanzó en abril de 2013.

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En diciembre de 2018 entró en vigor una revisión del marco jurídico del SIS que abarca tres actos jurídicos diferen - tes, a saber, el Reglamento SIS [Reglamento (UE) n.º 2018/1862], el Reglamento SIS sobre controles fronterizos [Reglamento (UE) n.º 2018/1861] y el Reglamento SIS sobre devoluciones [Reglamento (UE) n.º 2018/1860]. Introdujo importantes mejo - ras técnicas y operativas, entre ellas nuevas categorías de alertas (por ejemplo, decisiones de retorno), y creó un intercambio de información más eficiente entre las autoridades policiales de los Estados miembros de la UE y con agencias de la UE como Europol, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y Frontex. En 2018, el SIS incluyó un total de más de 82 millones de aler - tas, de las cuales solo unas 930 000 eran sobre personas y el resto, sobre objetos.

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(63) Véase la Decisión 2013/392/UE del Consejo, de 22 de julio de 2013, por la que se fija la fecha de entrada en vigor de la Decisión 2008/633/JAI sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves , DO 2013 L 198/45, que fue sustituida posteriormente, como resultado del éxito de un recurso de anulación ante el TJUE, por la Decisión de aplicación (UE) 2015/1956 del Consejo, de 26 de octubre de 2015, por la que se fija la fecha de entrada en vigor de la Decisión 2008/633/JAI sobre el acceso para consultar el VIS , DO 2015 L 284/146. (64) Véanse el Reglamento (UE) n.º 1987/2006 , DO 2006 L 381/4; y la Decisión 2007/533/JAI , DO 2007 L 205/63.

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60Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Comprobado más de 6 100 millones de veces en 2018, el SIS fue el sistema informá - tico de la UE más utilizado en el ámbito de la migración y la seguridad (65). El anexo 2 muestra en qué Estados miembros de la UE se aplica el SIS. 2. 1.4. Sistema de Entradas y Salidas (SES) El SES fue creado por el Reglamento SES [Reglamento (UE) n.º 2017/2226, modi - ficado por el Reglamento (UE) n.º 2019/817 ] para registrar los ,movimientos de entrada y salida del espacio Schengen de todos los nacionales de terceros países que sean admitidos para una estancia corta (tanto los viajeros que requieren visado como los que están exentos de él), lo que implica una o varias visitas siempre que no sobrepasen un máximo de 90 días en un periodo de 180 días. El sistema calcula y controla la duración de la estancia de los nacionales de terceros países admitidos con miras a facilitar el cruce de la frontera de los viajeros de buena fe y a identificar a los que sobrepasan la estancia y a los que cometen suplantación de identidad. El SES sustituirá la obligación actual de sellar manualmente los pasaportes por el regis - tro electrónico de cuándo y dónde la persona entró y salió del espacio Schengen y un cálculo automatizado de cuántos días puede permanecer todavía la persona con base en el corto plazo. El SES también registra las denegaciones de entrada. Los objetivos del SES también incluyen la prevención de la inmigración irregular y la facilitación de la gestión de las corrientes migratorias.

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Como propósito adicional, el sistema debería contribuir a la prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y otros delitos graves. En consecuencia, junto a las autoridades fronte - rizas, de visados e inmigración, las autoridades policiales nacionales y Europol ten - drán acceso a los datos almacenados en él, pero solo para los fines relacionados con la seguridad nacional antes descritos y en condiciones estrictas. Se espera que el sistema entre en funcionamiento en 2022. El SES se aplicará a todos los Estados que forman parte del espacio Schengen (véase el cuadro 2). (65) eu-LISA (2019), SIS II – 2018 Annual Statistics: Factsheet , marzo de 2019.

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61Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad 2. 1.5. Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) El Reglamento SEIAV [Reglamento (UE) n.º 2018/1240, modificado por el Regla - mento (UE) n.º 2019/817 ], estableció un sistema de controles previos a la frontera para los viajeros sin visado. El sistema automatizado examina a los nacionales de terceros países exentos de visado para determinar si se les debe permitir la entrada en la UE para visitas de un máximo 90 días en un periodo de 180 días. Mediante un instrumento de solicitud en línea, reúne datos personales sobre los viajeros exentos de visado antes de su llegada a las fronteras exteriores de la UE. Frontex y las autori - dades de control fronterizo de los Estados miembros pertinentes cotejan esos datos con todas las bases de datos oportunas. Si las comprobaciones concluyen que la per - sona no plantea un riesgo para la seguridad, la migración irregular o la salud pública, la persona recibirá una autorización automática para viajar a la UE. En caso contrario, la aplicación se cotejará manualmente por parte de las autoridades competentes. De este modo, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) facilita el viaje al anticipar a los viajeros una indicación sobre la probabilidad de su admisión en el espacio Schengen. Antes de que una persona se embarque en el viaje, los transportistas, como las compañías aéreas, tienen un acceso limitado a los datos del SEIAV y del SES solo para verificar si el viajero posee una autorización del SEIAV y no ha agotado aún los 90 días en un periodo de 180 días. Se espera que el sistema entre en funcionamiento a finales de 2022.

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El SEIAV se apli - cará a todos los Estados que forman parte del espacio Schengen (véase el Cuadro 2 ). 2.1.6. Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales - nacionales de terceros países (ECRIS-TCN) El Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales - nacionales de terce - ros países (ECRIS-TCN) es una base de datos centralizada que permite a los Estados miembros de la UE el intercambio de información sobre los antecedentes penales de los nacionales de terceros países, condenados en la UE. Funciona sobre la base de «respuesta positiva/negativa» ( hit/no hit ). El sistema fue creado por el Reglamento

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62Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración ECRIS-TCN [Reglamento (UE) n.º 2019/816] y complementa la base de datos descen - tralizada de antecedentes penales de la UE (El Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales, ECRIS) establecida por la Decisión 2009/316/JAI del Consejo . El ECRIS-TCN ayuda a identificar sobre la base de «respuesta positiva o negativa» (hit/no hit ) qué Estado(s) miembro(s) tiene(n) antecedentes penales de un nacional de un tercer país que está siendo controlado. Las consultas pueden hacerse utili - zando datos biométricos, como las huellas dactilares. En caso de respuesta positiva (hit), las autoridades judiciales nacionales pueden dirigirse bilateralmente al Estado miembro correspondiente para obtener más detalles utilizando el sistema ECRIS. Las autoridades nacionales estarán facultadas para consultar el ECRIS-TCN en los procedimientos penales, pero también en los no penales (por ejemplo, al tramitar las solicitudes de permiso de residencia). Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea también tienen acceso directo a ECRIS-TCN, en el marco de sus respectivos mandatos. Se espera que el ECRIS-TCN esté en funcionamiento a finales de 2022. Todos los Estados miembros de la UE, excepto Dinamarca e Irlanda, participan en el sistema (véase el cuadro 2 ). 2. 1.7 . Sistema de Información de Europol (SIE) El SIEes la base de datos central de información e inteligencia sobre criminalidad de Europol. Está regulada en el reglamento fundacional de Europol, el Reglamento (UE) n.º 2016/794 , y entró en funcionamiento en 2005.

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Abarca todos los ámbitos delicti - vos del mandato de Europol y contiene información sobre delitos graves de carácter transnacional, sobre personas sospechosas y condenadas, sobre estructuras delic - tivas y sobre los medios utilizados para cometer delitos. La versión mejorada del SIE, que se puso en marcha en 2013, puede almacenar y cotejar datos biométricos y relacionados con la ciberdelincuencia. El SIE es un sistema de referencia que puede utilizarse para comprobar si la información sobre una persona o un objeto de interés está disponible fuera de las jurisdicciones nacionales. El personal de la Europol y los oficiales designados de las autoridades policiales de los Estados miembros de la UE tienen acceso al SIE. Las autoridades nacionales pue - den realizar búsquedas en el sistema y, en caso de que se produzca una coinciden - cia, pueden solicitar información adicional a través de la Aplicación de la Red Segura

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63Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad de Intercambio de Información de Europol (SIENA). Además, los asociados en la coo - peración de Europol pueden tener acceso indirecto a almacenar y consultar datos a través del Centro de Operaciones de Europol. En el cuadro 2 se enumeran los sistemas informáticos de gran magnitud existentes, indicando cuál es su objetivo principal, los nacionales de terceros países comprendi - dos, los identificadores biométricos procesados y su aplicabilidad geográfica.

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Para más información sobre estas bases de datos de la UE, en particular desde el punto de vista de la protección de datos, véase el apartado 8.3.2 del Manual sobre la Legis - lación Europea de Protección de Datos.66 Cuadro 2: Sistemas informáticos (IT) de gran magnitud de la UE en el ámbito de la migración y la seguridad Sistema IT Objetivo principalPersonas cubiertasIdentifi - cadores biométricosAplicabilidad Eurodac Determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de protección internacional Propósito adicional: policial y judicialSolicitantes y beneficiarios de la protección internacional Migrantes que cruzaron las fronteras exteriores de manera irregular27 Estados miembros de la UE + SAC VIS Facilitar el intercambio de datos entre los Estados miembros de Schengen sobre las solicitudes de visado Propósito adicional: policial y judicialSolicitantes de visados y la persona que ha cursado una invitación o que puede sufragar los gastos de mantenimiento del solicitante durante la estancia 24 Estados miembros de la UE (menos CY, HR, IE) + SAC (66) Agencia de los Derechos Fundamentales y Consejo de Europa (2018), Manual sobre la legislación europea de protección de datos , Oficina de Publicaciones, Luxemburgo.

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64Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Sistema IT Objetivo principalPersonas cubiertasIdentifi - cadores biométricosAplicabilidad SIS Facilitar la cooperación entre autoridades policiales para salvaguardar la seguridad en la UE y en los Estados miembros de SchengenPersonas desaparecidas, vulnerables o buscadas25 Estados miembros de la UE (menos CY, IE) + SAC SIS - controles fronterizosIntroducir y procesar descripciones con el fin de denegar la entrada o la estancia en los Estados miembros de SchengenNacionales de terceros países condenados o sospechosos de haber cometido un delito sujeto a una pena privativa de libertad de al menos un año Migrantes en situación irregular25 Estados miembros de la UE (menos CY, IE) + SAC SIS - devolu - cionesIntroducir y procesar alertas sobre nacionales de terceros países sujetos a una decisión de retornoMigrantes en situación irregular sujetos a una orden de retorno25 Estados miembros de la UE (menos CY, IE) + SAC SES Calcular y vigilar la duración de la estancia autorizada de los nacionales de terceros países e identificar los que superan la estanciaViajeros nacionales de terceros países que vienen para una estancia de corta duración24 Estados miembros de la UE (menos CY, HR, IE,) + SAC SEIAV Evaluar antes del viaje si un nacional de un tercer país exento de visado plantea un riesgo para la seguridad,

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la migración irregular o la salud públicaViajeros procedentes de terceros países sin visadoNinguno 26 Estados miembros de la UE (menos IE) + SAC ECRIS-TCN Compartir información sobre condenas anteriores de nacionales de terceros paísesNacionales de terceros países con antecedentes penales25 Estados miembros de la UE (menos DK, IE)

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65Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad Sistema IT Objetivo principalPersonas cubiertasIdentifi - cadores biométricosAplicabilidad SIE Almacenar y consultar datos sobre delitos internacionales graves y terrorismoSospechosos y condenados por delitos graves de delincuencia organizada y terrorismo 27 Estados miembros de la UE Notas: La coloración azul de un sistema informático significa que comenzará a funcionar (plenamente) más tarde, en la fecha concreta que determinará la Comisión Europea. Para encontrar información actualizada sobre las fechas de puesta en marcha, consulte https://www.eulisa.europa.eu/ (para todos los sistemas informáticos excepto para Europol) y  https://www.europol.europa.eu/ (para Europol).  : Huellas dactilares;  : Huellas de la palma de la mano;  : Imagen facial;  : Perfil de ADN. SAC: Países asociados a Schengen, es decir, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Para más detalles sobre la aplicabilidad, véanse las notas del anexo 1. Fuente: FRA, sobre la base de instrumentos jurídicos (2020). 2.2. Interoperabilidad La interoperabilidad es la capacidad de los diferentes sistemas informáticos para comunicarse e intercambiar datos entre sí. En la práctica, esto significa que los usua - rios autorizados podrán realizar búsquedas específicas de una persona en los dife - rentes sistemas informáticos mediante una sola búsqueda y ver los datos personales a que están autorizados a acceder, en lugar de tener que realizar múltiples búsque - das en diferentes sistemas. Ello se llevará a cabo de conformidad con los derechos de acceso y los requisitos de protección de datos de los sistemas subyacentes.

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En otras palabras, los sistemas informáticos de la UE, que actualmente no están inter - conectados y funcionan en silos, podrán «hablar entre sí» una vez que sean intero - perables. La interoperabilidad tiene por objeto ayudar a las autoridades a verificar la identidad de las personas cuyos datos están almacenados en al menos uno de los sistemas informáticos subyacentes y a detectar a las personas que utilizan múltiples identidades.

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66Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración La interoperabilidad puede mejorar la protección —por ejemplo, apoyando la detec - ción de personas desaparecidas, incluidos los niños—, pero también supone desafíos para los derechos fundamentales. Estos se derivan de la posición vulnerable de las personas cuyos datos se almacenan en los sistemas de tecnología de la información y que a menudo desconocen sus derechos. Los componentes básicos de la interoperabilidad de los sistemas informáticos de gran magnitud de la UE, establecidos por los reglamentos de interoperabilidad [Reglamento (UE) n.º 2019/817 y Reglamento (UE) n.º 2019/818 ], se explican en los apartados 2.2.1 a 2.2.4 . Se espera que estos componentes entren en funciona - miento a finales de 2023. 2.2. 1. Registro común de datos de identidad (RCDI) El RCDI almacena los datos básicos de identidad de todas las personas de los siste - mas informáticos de gran magnitud de la UE en una base de datos común y central (capítulo IV de los Reglamentos de Interoperabilidad). Este registro de datos de iden - tidad será común y será utilizado por todos los sistemas (IT), excepto por el SIS, para el que se aplica una solución técnica separada. Los datos biométricos y biográficos específicos de las personas se trasladan desde sistemas existentes (p. ej., Eurodac, VIS y SES) y se almacenan en una plataforma común, como se ilustra en la figura 2. Los nuevos sistemas informáticos (IT) (SEIAV y ECRIS-TCN) construirán este com - ponente en su arquitectura existente. Los datos almacenados en el registro común siguen «perteneciendo» a los sistemas informáticos subyacentes.

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Figura 2: Registro común de datos de identidad Name. Age. . . . Eurodac VIS SES ECRIS- TCN SEIAVDatos biométricos y biográficosDatos biométricos y biográficosDatos biométricos y biográficosDatos biométricos y biográficosDatos biométricos y biográficosRCDI Fuente: FRA, 2020.

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67Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad 2.2.2. Portal europeo de búsqueda (PEB) El PEB actúa como una ventanilla única para buscar simultáneamente en varios sistemas informáticos y en el RCDI. A través del Portal, los usuarios podrán ver los datos de un individuo almacenados en aquellos sistemas informáticos a los que ten - gan acceso autorizado, incluyendo el SIS, así como el SIE y las dos bases de datos de Interpol, utilizando tanto datos biográficos como biométricos. Una única pantalla mostrará los resultados combinados. 2.2.3. Detector de identidades múltiples (DIM) El DIM es un mecanismo para detectar si los datos sobre la misma persona se almacenan en varios sistemas informáticos bajo nombres e identidades diferentes (capítulo V de los Reglamentos de Interoperabilidad). Se detectarán y vincularán diferentes identidades utilizadas por la misma persona, lo que ayudará a comba - tir la suplantación de identidad. Cuando las autoridades nacionales con derechos de acceso busquen en los sistemas, podrán ver todas las identidades relacionadas con la persona, independientemente de que se hayan almacenado con un nombre diferente. El detector de identidades múltiples tiene por objeto garantizar la correcta identificación de una persona mediante un proceso de verificación tanto automati - zado como manual. 2.2.4. Servicio de correspondencia biométrica compartido (SCB) Mediante la comparación de plantillas a partir de datos biométricos almacenados en los sistemas informáticos, el SCB permite buscar y comparar datos biométricos, esencialmente huellas dactilares e imágenes faciales, entre diferentes sistemas informáticos (capítulo III de los Reglamentos de Interoperabilidad). Es un instrumento para facilitar las búsquedas a través de los distintos sistemas utilizando datos biomé - tricos.

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Sin él, los datos biométricos no podrían utilizarse para la búsqueda en el RCDI. En la figura 3 se ilustran los componentes técnicos de la interoperabilidad de los sis - temas informáticos de gran magnitud y los sistemas informáticos individuales sub - yacentes que quedan afectados.

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68Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Figura 3: Componentes técnicos de la interoperabilidad Sistemas Interpol Repositorio Central Para la Presentación de Informes y Estadísticas Detector de Identidades Múltiples Sistema de Información de SchengenSistema de Entradas y SalidasSistema de Información de VisadosEurodac ECRIS-TCNSistema Europeo de Información y Autorización de ViajesDatos Europol Servicio de Correspondencia Biométrica CompartidoRegistro Común de Datos de IdentidadPortal Europeo de Búsqueda Fuente: Comisión Europea, 2018. 2.3. Supervisión En virtud de la legislación de la Unión Europea , para garantizar un nivel elevado y coherente de protección de datos, los organismos nacionales y de la Unión Europea tienen el mandato de supervisar el cumplimiento de las normas de protección de datos de la Unión Europea por parte de los sistemas informáticos. La supervisión se comparte entre las Autoridades de Protección de Datos (APD) de los Estados miem - bros de la UE y el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). Cada uno de los sistemas (IT), así como los reglamentos de interoperabilidad, establecen sus funcio - nes y competencias específicas. El SEPD es responsable de supervisar y garantizar la protección de los derechos fun - damentales de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las agencias y organismos de la UE, incluidos los datos almacenados en los sistemas informáticos de gran magnitud de la UE. Para ello, el SEPD actúa como un organismo de investigación y reclamaciones. Trabaja en estrecha colaboración con las autoridades nacionales de supervisión.

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Si bien existen ligeras diferencias entre los fundamentos jurídicos de los sistemas informáticos de la UE, en general establecen que las APD nacionales y el SEPD deben cooperar, cada uno actuando en el ámbito de sus propios poderes. Forman grupos de coordinación de la supervisión para cada sistema informático de gran magnitud de la UE para garantizar una supervisión coordinada y eficaz de su funcionamiento.

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69Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad Los representantes de las APD nacionales y del SEPD se reúnen periódicamente — generalmente dos veces al año, en el marco del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)— para debatir cuestiones comunes relativas a la supervisión. Las acti - vidades incluyen, entre otras cuestiones, inspecciones e investigaciones conjuntas y el trabajo sobre una metodología compartida. Las mismas obligaciones se derivan igualmente del artículo 62 del Reglamento de protección de datos de las institucio - nes de la UE [Reglamento (UE) n.º 2018/1725]. Además, toda persona tiene derecho a presentar una denuncia ante la APD nacional, que debe investigar e informar al denunciante sobre el progreso y el resultado de la denuncia en un plazo de tres meses (67). En el caso de presuntas infracciones de la protección de datos cometidas por eu-LISA al gestionar los sistemas informáticos de la UE, los particulares pueden dirigirse al SEPD, que debe informar al reclamante del progreso y el resultado de la reclamación en un plazo de tres meses [artículo 57.1 e) y artículo 63 del Reglamento de protección de datos de las instituciones de la UE]. En caso de no tener éxito, ambos procedimientos de reclamación pueden someterse a revisión ante los tribunales nacionales competentes o ante el TJCE, respectiva - mente (véase también el apartado 2.8) (68). En virtud de la legislación del CdE , el Convenio modernizado n.º 108 exige a los Estados que designen una o más autoridades de supervisión plenamente indepen - dientes e imparciales para garantizar el cumplimiento del Convenio (artículo 15).

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Dichas autoridades deben tener facultades para investigar, intervenir y emitir deci - siones sobre las infracciones de las normas de protección de datos de la Convención e imponer sanciones administrativas, junto con la facultad de iniciar procedimientos judiciales en caso de presuntas violaciones de las salvaguardias de la Convención. Las autoridades de supervisión también deben tener competencia sobre las denun - cias individuales relativas a los derechos de protección de datos. 2.4. Principios de limitación de finalidad, minimización y exactitud de los datos En virtud de la legislación de la Unión Europea , el principio de limitación de la finali - dad exige que los datos personales se recopilen únicamente para fines específicos, que deben definirse explícitamente. El principio se deriva del párrafo 2 del artículo (67) Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), arts. 13.2 d), 14.2 e) y 52-53. (68) RGPD, art. 52; Reglamento de protección de datos de las instituciones de la UE, art. 64.

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70Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y se refleja en la legislación de la UE sobre protección de datos, concretamente en el artículo 5.1 b) del RGPD , así como en el artículo 4.1 b) de la Directiva sobre protección de datos para las auto - ridades policiales y de justicia penal y del Reglamento de protección de datos de las instituciones de la UE . La limitación de la finalidad también implica que los datos personales no deben seguir procesándose de manera incompatible con esos fines. El interesado debe poder prever la finalidad para la que se procesarán los datos (69). Todos los instrumentos jurídicos por los que se establecen los sistemas informáticos de la UE especifican la finalidad con la que procesan los datos personales. Los siste - mas informáticos de la UE también pueden tener otros fines, como ayudar a detener y devolver a los migrantes en situación irregular, así como a luchar contra el terro - rismo y otros delitos graves (véase el cuadro 3 infra) (70). La optimización del uso de los sistemas informáticos (IT) y su interoperabilidad para servir también a fines adicionales no debe dar lugar a que los datos se utilicen para fines no previstos ini - cialmente, lo cual podría resultar una desviación de poder.

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Cuadro 3: Fines principales y adicionales de los instrumentos jurídicos sobre los sistemas informáticos (IT) de la UE Sistema IT Finalidad principalFines adicionales Detención y devoluciónLucha contra los delitos graves y el terrorismo EurodacAplicación del Reglamento de DublínSí (parcialmente - aprensión)Sí VISApoyar el proceso de solicitud de visado y los controles fronterizosSí Sí SIS Salvaguardar la seguridad interna en los Estados miembrosNo – SIS - controles fronterizos Procesar alertas sobre denegaciones de entrada y estancia – No SIS - devolucionesProcesar alertas sobre decisiones de retorno– No (69) TJUE, C -275/06, Productores de Música de España (Promusicae) contra Telefónica de España SAU , Conclusiones del Abogado General Kokott presentadas el 18 de julio de 2007 , párr. 53. (70) Véase también TJUE, C -482/08, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Consejo de la Unión Europea , 26 de octubre de 2010.

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71Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad Sistema IT Finalidad principalFines adicionales Detención y devoluciónLucha contra los delitos graves y el terrorismo SES Registrar entradas y salidas de todos los nacionales de terceros países Sí Sí SEIAV Controles previos a la frontera para los nacionales de terceros países exentos de visadoNo Sí ECRIS-TCN Intercambio de información sobre condenas anteriores de nacionales de terceros países en otros Estados miembros de la UE en el contexto de la cooperación judicialNo – Inter- operabilidad Asegurar la correcta identificación de la persona– – Nota: El uso del símbolo «–» significa que el fin en cuestión ya es parte del propósito principal. Fuente: FRA, sobre la base de los instrumentos jurídicos existentes (2020). La tendencia actual de los sistemas informáticos de la UE, así como de los sistemas nacionales, es procesar una mayor cantidad de datos biométricos y alfanuméri - cos. Estrechamente ligado al principio de limitación de la finalidad está el principio de minimización de los datos. Se explica en el artículo 5.1 c) del RGPD ; en el artí - culo 4.1 c) de la Directiva sobre protección de datos para las autoridades policiales y de justicia penal; y en artículo 4.1 c) del Reglamento de protección de datos de las instituciones de la UE. La minimización de los datos requiere que los datos per - sonales sean adecuados y pertinentes y que se limiten a lo necesario en relación con los fines para los que se procesan.

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Siguiendo el principio de minimización de datos, en el VIS, por ejemplo, los datos biométricos recogidos previamente deben reutilizarse si el solicitante vuelve a solicitar un visado de Schengen en un plazo de cincuenta y nueve meses [artículo 13.3 del Código de Visados (Reglamento n.º (CE) 810/2009)].

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72Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en Digital Rights Ireland  (71), el TJUE criticó la forma generalizada en que la Directiva sobre la conservación de datos (2006/24/CE) abarcaba a todas las personas y todos los medios de comunicación electrónica, así como todos los datos de tráfico sin ninguna diferenciación, limitación o excepción. En virtud del principio de la exactitud de los datos, el controlador no debe utilizar la información sin tomar medidas para garantizar con razonable certeza que los datos son exactos y están actualizados. Este principio se refleja en el artículo 5.1 d) del RGPD ; en el artículo 4.1 d) de la Directiva sobre protección de datos para las autoridades policiales y de justicia penal; y en el artículo 4.1 d) del Reglamento de protección de datos de las instituciones de la UE. El responsable del tratamiento debe tomar todas las medidas razonables para garantizar que los datos persona - les inexactos se borren o rectifiquen sin demora. El principio de la exactitud de los datos también se refleja en todos los instrumentos jurídicos que regulan los sistemas informáticos de la UE (72). El Reglamento eu-LISA también encomienda al organismo que trabaje para establecer, para todos los sistemas informáticos (IT), mecanismos automatizados de control de calidad de los datos e indicadores comunes de calidad de los datos (artículo 12). En el marco jurídico del CdE , el derecho al respeto de la familia y la vida privada del artículo 8 del CEDH abarca la vida privada y familiar, el hogar y la correspondencia. Este derecho se complementa con el Convenio modernizado n.º 108 , cuyo artículo 5.4 b) establece el principio de limitación de la finalidad.

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El tratamiento de los datos personales debe hacerse con fines legítimos, y los datos personales no pueden tra - tarse de manera incompatible con dichos fines. A continuación se aplica el princi - pio de minimización de datos en virtud del artículo 5.4 c) del Convenio modernizado n.º 108, que establece que el tratamiento de datos personales debe ser «adecuado, pertinente y no excesivo en relación con los fines para los que se procesan». El Con - venio modernizado n.º 108 también exige que los datos se mantengan exactos [artículo 5.4 d)]. (71) TJUE, asuntos acumulados C -293/12 y C -594/12, Digital Rights Ireland Ltd contra Minister for Communications, Marine and Natural Resources y otros y Kärntner Landesregierung y otros [GS], 8 de abril de 2014, párr. 57. (72) Véanse el Reglamento VIS, art. 29.1 c); el Reglamento Eurodac, art. 23.1 c); el Reglamento SIS, art. 59.1; el Reglamento SIS sobre controles fronterizos, art. 44.1; el Reglamento SIS sobre devoluciones, art. 19 (que contiene una referencia cruzada a la anterior); el Reglamento SES, art. 39.1 c); el Reglamento SEIAV, arts. 7.2 a) y 8.2 a); y el Reglamento ECRIS-TCN, art. 13.1 d).

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73Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad Ejemplo: el TEDH sostuvo que el acceso de las autoridades nacionales a los datos personales almacenados en sistemas centralizados constituye una inje - rencia en el derecho a la vida privada (artículo 8 del CEDH). En particular, en el caso Leander contra Suecia  (73), el TEDH determinó que esa injerencia se pro - ducía en relación con un fichero policial secreto. En S. y Marper contra el Reino Unido  (74), el TEDH determinó que la conservación de huellas dactilares en los ficheros de las autoridades puede considerarse una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada. En Weber y Saravia contra Alemania  (75), el TEDH sostuvo, además, que la transmisión de datos a otras autoridades y su posterior utilización por estas amplían el grupo de personas que tienen conocimiento de los datos personales interceptados y, por consiguiente, puede dar lugar a que se inicien investigaciones contra las personas afectadas. A juicio del Tribunal, este peligro constituye una injerencia en el derecho a la vida privada, indepen - diente de la que entraña la recopilación y el almacenamiento iniciales de datos personales. Para más información sobre la limitación de la finalidad, la minimización de los datos y la exactitud, véase el Manual de legislación europea en materia de protección de datos , capítulo 3 y sección 8.3.2. 2.5. Derecho a la información En el marco de la legislación de la UE , la legislación de protección de datos de la UE incluye disposiciones que garantizan el derecho a la información y el principio de transparencia (76).

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En virtud de los artículos 13 y 14 del RGPD y del artículo 14 de la Directiva sobre protección de datos para las autoridades policiales y de justicia penal , se debe informar a las personas sobre la identidad y los datos de contacto del res - ponsable del tratamiento, la finalidad del tratamiento de los datos, los periodos de conservación, el derecho a solicitar el acceso a los datos almacenados y su elimina - ción o rectificación, así como el derecho a presentar una denuncia ante una autori - dad de supervisión. El artículo 79 del Reglamento de protección de datos de las insti - tuciones de la UE establece requisitos similares . Sin embargo, el párrafo 3 del artículo 13 de la Directiva sobre protección de datos para las autoridades policiales y de (73) TEDH, Leander contra Suecia , n.º 9248/81, 26 de marzo de 1987. (74) TEDH, S. y Marper contra el Reino Unido [GS], n.º 30562/04, 4 de diciembre de 2008, párr. 73. (75) TEDH, Weber y Saravia contra Alemania , n.º 54934/00, 29 de junio de 2006. (76) RGPD, art. 5.2; Directiva de protección de datos para las autoridades policiales y de justicia penal, considerando 26; y Reglamento de protección de datos de las instituciones de la UE, art. 4.1.

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74Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración justicia penal y el párrafo 3 del artículo 79 del Reglamento de protección de datos de las instituciones de la UE establecen algunas posibles excepciones a esta obligación, para evitar la obstrucción o el perjuicio de las investigaciones en curso o para prote - ger la seguridad pública y la seguridad nacional. El suministro de información no solo es un requisito de transparencia en virtud de la legislación de protección de datos de la UE, sino que también promueve el respeto de la dignidad de la persona protegida en el artículo 1 de la Carta . El derecho a la información está incluido en los instrumentos jurídicos de Eurodac, VIS, SIS, SES, y SEIAV, así como en los Reglamentos de Interoperabilidad (77). En el marco del SIS, se aplica plenamente en caso de descripciones sobre la denegación de entrada o estancia y sobre las decisiones de retorno. En el contexto de la coo - peración policial o judicial en materia penal, el derecho a la información puede res - tringirse cuando las leyes nacionales lo permitan, en particular para salvaguardar la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública y la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos (párrafo 2 del artículo 52 del Reglamento SIS de controles fronterizos ). En el caso del ECRIS-TCN, las personas tienen derecho a obtener información por escrito sobre sus propios antecedentes penales de con - formidad con la legislación del Estado miembro en que soliciten dicha información (considerando 21 del Reglamento ECRIS-TCN ). Aunque normalmente se debe informar a las personas de cuándo se recolectan sus datos, esa información no abarca necesariamente todos los fines para los que se pueden utilizar los datos.

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En el cuadro 4 se ilustran los principales aspectos del dere - cho a la información garantizado por los diferentes instrumentos que establecen los sistemas informáticos de gran magnitud en la UE. (77) Reglamento Eurodac, art. 29; Reglamento VIS, art. 37; Reglamento SIS de controles fronterizos, art. 52; Reglamento SIS sobre devoluciones, art. 19 (que contiene una referencia cruzada a la primera); Reglamento SES, art. 50; Reglamento SEIAV, art. 64; y Reglamentos de Interoperabilidad, art. 47.

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75Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad Cuadro 4: El derecho a la información cuando se recogen datos en los sistemas informáticos de la UE Eurodac VIS SIS SIS - controles fronterizos SIS - devolucionesSES SEIAV ECRIS-TCN Inter- operabilidad El instrumento contiene una disposición sobre el derecho a la informaciónsí sí no sí, con restriccionessí sí no sí La información debe ser proporcionada de manera comprensiblesí no n/a no sí no n/a síLa información debe incluir que los datos se pueden utilizar para:determinar el Estado miembro responsable del procedimiento de asilosí sí n/a n/a n/a n/a n/a sí fines de detención y devoluciónparcial - mente: detenciónsí n/a sí, con restriccionessí n/a n/a sí prevención, detección e investigación de delitos graves y terrorismosí sí n/a sí, con restriccionessí no n/a sí El interesado debe ser informado sobre el posible intercambio de datos con terceros paísesno sí n/a n/a sí n/a n/a n/a Nota: n/a = no aplicable. Fuente: FRA, sobre la base de los instrumentos jurídicos existentes (2020).

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76Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración En virtud de la legislación del CdE, de conformidad con el artículo 8 del Convenio modernizado n.º 108 , los Estados Partes deben disponer que los responsables del tratamiento informen a los interesados sobre su identidad y residencia habitual, la legitimación y la finalidad del tratamiento, las categorías de datos personales tra - tados, los destinatarios de sus datos personales (si los hubiere) y la forma en que pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación y recurso. También deberá comunicarse cualquier otra información que se considere necesaria para garantizar un tratamiento de datos personales justo y transparente. Para más información sobre el derecho a la información, véase el Manual de legisla - ción europea en materia de protección de datos, apartados 6.1. y 8.3.2. 2.6. Acceso a los datos En el marco de la legislación de la UE , los instrumentos jurídicos que establecen los sistemas informáticos de gran magnitud de la UE definen claramente el tipo de auto - ridades que pueden realizar búsquedas en los sistemas informáticos, incluyendo búsquedas en la interoperabilidad de dichos sistemas. Los Estados miembros de la UE están obligados a notificar a la Comisión Europea el nombre de las autoridades con derecho a acceder al sistema informático. Esta información se pone a disposi - ción del público en el Diario Oficial de la Unión Europea y en eu-LISA (78). El cuadro 5 ofrece una visión general del tipo de autoridad que puede buscar en los sistemas informáticos individuales de la UE. Cuanto mayor sea el número de actores con acceso, mayor será el riesgo de uso ilegal.

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Todos los sistemas informáticos de la UE, excepto el ECRIS-TCN, permiten el acceso de las autoridades policiales nacionales y de la Europol para luchar contra el terro - rismo y otros delitos graves. Este acceso está cubierto por el objetivo principal de los reglamentos del SIS sobre cooperación policial y controles fronterizos (79) y, como objetivo accesorio, en Eurodac, VIS, SES y SEIAV (80). (78) Sobre el SIS, véase el DO 2019 C 222/1; sobre Eurodac, véase eu-LISA, , List of designated authorities which have access to data recorded in the Central System of Eurodac pursuant to Article 27(2) of the Regulation (EU) No. 603/2013, for the purpose laid down in Article 1(1) of the same Regulation , 2019; y sobre el VIS, véase el DO 2016 C 187/4. (79) Reglamento SIS, art. 1; Reglamento de controles fronterizos del SIS, art. 1. (80) Reglamento Eurodac, art. 1.2; Decisión del Consejo 2008/633/JAI, art. 1; Reglamento SES, art. 6.2; y Reglamento SEIAV, art. 1.2.

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77Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad Cuadro 5: Autoridades autorizadas a registrar los sistemas informáticos, por finalidad Sistema IT Emisión de visadosControles fronterizosLucha contra los delitos graves y el terrorismoLucha contra la migración irregularProcedimiento de devoluciónProcedimiento de Dublín Eurodac n/a n/a Policía y Europol Policía Autoridades de inmigraciónAutoridades de asilo VIS Autoridades de visados y fronterasAutoridades fronterizasPolicía y Europol Policía Autoridades de inmigraciónAutoridades de asilo SIS SIS - controles fronterizos SIS - devoluciones Autoridades de visados y fronterasAutoridades fronterizasPolicía y Europol Policía Autoridades de inmigraciónn/a SES Autoridades de visados y fronterasAutoridades fronterizasPolicía y Europol Policía Autoridades de inmigraciónn/a SEIAV n/a Autoridades fronterizasPolicía y Europol Autoridades de inmigraciónn/a n/a ECRIS-TCN n/a n/a Policía, Europol, autoridades judiciales, Eurojust y la Fiscalía European/a n/a n/a Interoperabilidad Autoridades de visados y fronterasAutoridades fronterizasPolicía y Europol Policía Autoridades de inmigraciónAutoridades de asilo Nota: n/a = no aplicable. Fuente: FRA, sobre la base de los instrumentos jurídicos existentes (2020).

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78Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración La legislación de la UE sobre protección de datos prohíbe el acceso no autorizado a los datos personales en el artículo 5.1 f) del RGPD y en el artículo 4.1 f) de la Direc - tiva sobre protección de datos para las autoridades policiales y de justicia penal . Ambos establecen que los datos personales deben ser «procesados de manera que se garantice la seguridad adecuada de los datos personales, incluida la protección contra el procesamiento no autorizado o ilegal». En virtud de los artículos 28 y 32 del RGPD, el encargado del tratamiento y el responsable del tratamiento deben adoptar las medidas necesarias para evitar que se revelen los datos a terceros no autoriza - dos o que estos tengan acceso a ellos. Ejemplo: en el caso de Digital Rights Ireland  (81), el TJUE ha aclarado que la legis - lación de la UE que prevé la recopilación y retención de datos personales debe imponer garantías suficientes para proteger eficazmente los datos personales contra el riesgo de abuso y contra todo acceso y uso ilegal de esos datos. Debe tenerse en cuenta la cantidad y la naturaleza sensible de los datos. La necesi - dad de esas garantías es tanto mayor cuando los datos personales se procesan de forma automatizada y cuando existe un riesgo significativo de acceso ilícito a esos datos. A este respecto, el TJUE destacó la necesidad de contar con «reglas que tendrían por objeto, en particular, regular de manera clara y estricta la pro - tección y la seguridad de los datos en cuestión, con el fin de garantizar su plena integridad y confidencialidad » (82).

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En virtud de la legislación del CdE , el Convenio modernizado n.º 108 exige que el responsable del tratamiento y, cuando proceda, el encargado del tratamiento, adopten las medidas de seguridad adecuadas contra riesgos tales como el acceso no autorizado, la destrucción, la pérdida o la divulgación de datos personales (artí - culo 7). En virtud del artículo 15 del Convenio, los Estados deben garantizar que las autoridades supervisoras estén obligadas a cumplir con las obligaciones de reserva respecto de la información confidencial a la que tengan acceso o a la que hayan tenido acceso en el desempeño de sus funciones. Para más información sobre el uso de los datos almacenados y la protección contra el acceso no autorizado, véase el capítulo 4 y el apartado 8.3.2 del Manual de Legis - lación Europea en Materia de Protección de Datos. (81) TJUE, asuntos acumulados C -293/12 y C -594/12, Digital Rights Ireland Ltd contra Minister for Communications, Marine and Natural Resources y otros y Kärntner Landesregierung y otros [GS], 8 de abril de 2014, párr. 54 (con referencias adicionales). (82) Ibid., párr. 66.

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79Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad 2.7. Transferencia de datos a terceras partes En la legislación de la UE , el marco de protección de datos de la UE, así como los ins - trumentos jurídicos individuales que establecen los diversos sistemas informáticos de la UE, regulan estrictamente la transmisión de datos personales a terceros países y organizaciones internacionales. El capítulo V del RGPD y de la Directiva sobre pro - tección de datos para las autoridades policiales y de justicia penal obliga al respon - sable y al encargado del tratamiento de los datos a garantizar que los datos procesa - dos después de su transferencia a un tercer país o a una organización internacional cumplan las normas de protección de datos. En virtud del artículo 44 del RGPD, el responsable y el encargado del tratamiento también serán garantes de las transfe - rencias ulteriores, por ejemplo, de un tercer país a otro. Debido a los diferentes tipos de datos almacenados en los distintos sistemas infor - máticos de la UE, el intercambio de datos con terceros países y organizaciones inter - nacionales se regula de forma diferente en cada uno de los sistemas de información, como se ilustra en el cuadro 6. El Reglamento Eurodac establece una prohibición total de envío de datos a terceros países (artículo 35). El Reglamento SEIAV (artí - culo 65) contiene una prohibición explícita de compartir la información contenida en él con terceros países y organizaciones internacionales, con la excepción de Interpol y algunos casos estrictamente circunscritos para facilitar el retorno. Otras bases de datos de la UE permiten compartir datos personales con terceros países para iden - tificar a un nacional de un tercer país a efectos del retorno, aunque con algunas excepciones (83).

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Para facilitar la cooperación policial, en determinadas condiciones, un Estado miembro también puede compartir los datos del SIS con terceros países a través de los mecanismos utilizados por Europol (artículo 48) y Eurojust (artículo 49), de conformidad con el Reglamento de Policía del SIS . El Reglamento ECRIS-TCN no permite compartir datos con terceros países; las solicitudes de los Estados sobre condenas anteriores contenidas en ECRIS-TCN deben dirigirse a Eurojust, que se pon - drá en contacto con el Estado miembro de la UE que tenga información sobre la con - dena (artículo 17). Por lo general, la información se comparte para obtener la asistencia del país de ori - gen a fin de identificar a un nacional de un tercer país con miras a una futura expul - sión. Ello también es de aplicación a los solicitantes de asilo rechazados. (83) Véanse el Reglamento del EEE, art. 41.2; el Reglamento de devoluciones del SIS, art. 15; y el Reglamento del VIS, art. 31.

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80Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Cuadro 6: Fines que permiten compartir datos con terceros países u organizaciones internacionales en los sistemas informáticos de la UE Sistemas InformáticosFines que permiten compartir datos con terceros países VIS A los efectos de la devolución SIS No se compartirá, excepto por Europol y Eurojust con el consentimiento del Estado miembro que haya emitido la alerta, bajo ciertas condiciones SIS - controles fronterizosNo se compartirá, excepto por la Europol con el consentimiento del Estado miembro que haya emitido la alerta SIS - devoluciones A los efectos de la devolución SES A los efectos de la devolución SEIAV A los efectos de la devolución Para las comprobaciones en las bases de datos de la Interpol ECRIS-TCN No se compartirá, excepto dirigiéndose a Eurojust, que se pondrá en contacto con el Estado miembro que tenga la información Interoperabilidad No compartir Fuente: FRA, sobre la base de los instrumentos legislativos existentes y previstos (2020). En virtud de la legislación del CdE , el Convenio modernizado n.º 108 regula los flujos transfronterizos de datos personales. Las partes contratantes no pueden prohibir la transferencia de esos datos a un destinatario que se encuentre bajo la jurisdicción de otra parte contratante del Convenio. La transferencia de esos datos está prohi - bida si existe un riesgo real y grave de que la transferencia de datos dé lugar a que se eludan las disposiciones del Convenio. El párrafo 2 del artículo 14 del Convenio prescribe que los flujos de datos transfronterizos a un receptor que no esté sujeto a la jurisdicción de una parte contratante solo se permiten si existe un nivel de pro - tección adecuado.

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Un nivel adecuado de protección puede garantizarse mediante la legislación de ese Estado u organización internacional o mediante salvaguardias normalizadas ad hoc o aprobadas, adoptadas y aplicadas por las personas que parti - cipan en la transferencia y el tratamiento ulterior de los datos. Para más información sobre las transferencias internacionales de datos, véase el capítulo 7 del Manual de Legislación Europea en Materia de Protección de Datos .

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81Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad 2.8. Derechos de los interesados En el marco de la legislación de la Unión Europea , el párrafo 2 del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE establece, como parte del derecho a la protección de los datos personales, que «[t]oda persona tiene derecho a acceder a los datos que se hayan recogido sobre ella y a que se rectifiquen». La posibilidad de ejercer el derecho de acceso forma parte del derecho a un recurso efectivo, pro - tegido por el artículo 47 de la Carta. El TJUE declaró que las características de un recurso deben determinarse de manera compatible con el principio de la protección judicial efectiva (84). Los derechos de acceso, rectificación y supresión de los propios datos almacenados también están incluidos en la legislación de protección de datos de la UE, a saber, en los artículos 15 a 17 del RGPD, en los artículos 1 a 17 de la Directiva sobre protec - ción de datos para las autoridades policiales y de justicia penal y en los artículos 80 a 83 del Reglamento de protección de datos de las instituciones de la UE . El derecho de acceso, garantizado en el artículo 15 del RGPD y en los artículos 14 y 15 de la Directiva sobre protección de datos para las autoridades policiales y de justicia penal, puede restringirse, siempre que la medida sea necesaria y proporcionada por razo - nes específicas. Por ejemplo, esa razón puede entrañar la necesidad de proteger la seguridad nacional o prevenir delitos penales.

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Por regla general, las personas interesadas deben ser informadas de los derechos de acceso, rectificación y supresión en el momento en que los datos se incluyan en los sistemas informáticos (véase el apartado 2.5 ). Ejemplo: en el caso Tele2 Sverige  (85), el TJUE sostuvo que, en el contexto de las medidas de seguridad que afectan al derecho a la vida privada y al derecho a la protección de los datos personales, las autoridades nacionales encargadas de hacer cumplir la ley deben notificar a las personas afectadas, con arreglo a los (84) TJUE, C -432/05, Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd contra Justitiekanslern [GS], 13 de marzo de 2007, párr. 37; C -93/12, ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov contra Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond ‘Zemedelie’-Razplashtatelna agentsia , 27 de junio de 2013, párr. 59; y C -562/13, Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve contra Moussa Abdida [GS], 18 de diciembre de 2014, párr. 45. (85) TJUE, asuntos acumulados C -203/15 y C -698/15, Tele2 Sverige AB contra Post- och telestyrelsen y Secretary of State for the Home Department contra Tom Watson y otros [GS], 21 de diciembre de 2016, párr. 12. Véanse también, mutatis mutandis, C -555/07, Seda Kücükdeveci contra Swedex GmbH & Co. KG [GS], 19 de enero de 2010, párr.

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52; y C -362/14, Maximillian Schrems contra Comisionado de Protección de Datos [GS], 6 de octubre de 2015, párr. 95.

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82Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración procedimientos nacionales aplicables, tan pronto como esa notificación ya no pueda poner en peligro las investigaciones realizadas por esas autoridades. El TJUE ha considerado que la notificación es, de hecho, necesaria para que las per - sonas afectadas por estas medidas puedan ejercer, entre otras cosas, su dere - cho a un recurso jurídico efectivo garantizado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. El derecho de acceso, rectificación y supresión de datos se refleja en todos los siste - mas informáticos de la UE (incluidos los componentes de interoperabilidad) (86), pero está limitado en lo que respecta al SIS. En virtud del artículo 19 del Reglamento SIS sobre devoluciones , el párrafo 3 del artículo 53 del Reglamento SIS sobre controles fronterizos y el párrafo 3 del artículo 67 del Reglamento SIS , las autoridades pueden denegar el acceso al SIS si ello es indispensable para el cumplimiento de una tarea legal en relación con una descripción o para la protección de los derechos y liberta - des de terceros. En el contexto de la interoperabilidad, el artículo 49 de los Regla - mentos (UE) n.º 2019/817 y (UE) n.º 2019/818 dispone que eu-LISA gestione un portal web para facilitar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supre - sión o restricción del tratamiento de datos personales. El portal web incluirá una interfaz de usuario que permitirá a las personas recibir la información de contacto de las autoridades del Estado miembro, que se encarga de la verificación manual de las diferentes identidades.

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Todos los sistemas informáticos de la UE, incluso en el contexto de la interopera - bilidad, garantizan el derecho de recurso ante un tribunal o una autoridad compe - tente (87). Además, los artículos 78 y 79 del RGPD, los artículo 53 y 54 de la Directiva sobre protección de datos para las autoridades policiales y de justicia penal y el artí - culo 64 del Reglamento de protección de datos de las instituciones de la UE tam - bién confirman que debe preverse el derecho a un recurso judicial efectivo para toda decisión del responsable o del encargado del tratamiento, así como de la autoridad de supervisión. La posibilidad de presentar una denuncia administrativa ante una autoridad de supervisión no se considera un recurso efectivo en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. (86) Véanse el Reglamento VIS, art. 38; el Reglamento Eurodac, art. 29.4; el Reglamento SES, art. 52; el Reglamento SEIAV, art. 64; el Reglamento ECRIS-TCN, art. 25; y los Reglamentos de Interoperabilidad, art. 48. (87) Reglamento VIS, art. 40.1; Reglamento Eurodac, art. 29.14; Reglamento SES, art. 54.1; Reglamento SEIAV, art. 64; Reglamento SIS sobre devoluciones, art. 19; Reglamento SIS de controles fronterizos, art. 54; Reglamento SIS, art. 68; Reglamento ECRIS-TCN, art. 27; y Reglamentos de Interoperabilidad, art. 48.8.

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83Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad Bajo la legislación del CdE , los derechos de los interesados se regulan en el artículo 9 del Convenio modernizado n.º 108 . Toda persona tiene derecho a obtener confir - mación del tratamiento de los datos personales que le conciernen, a oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos personales y a obtener la rectifica - ción o la supresión de los datos si se han tratado de forma contraria al Convenio. Los recursos están previstos en el Convenio. Ejemplo: en el caso Segerstedt-Wiberg y otros contra Suecia  (88), relativo al acceso a la información personal en poder de los servicios de seguridad, el TEDH sostuvo que los intereses de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo prevalecen sobre el interés del solicitante en tener acceso a la información sobre ellos en los archivos de la Policía. En el caso Yonchev contra Bulgaria  (89), el TEDH consideró que la legislación debía prever un procedimiento eficaz y accesible que permitiera a los solicitantes tener acceso a cualquier informa - ción importante que les concerniera. Para más información sobre los derechos de los interesados, véase el capítulo 6 del Manual de legislación europea en materia de protección de datos. Puntos clave • Las autoridades de visados, fronteras, asilo e inmigración de los Estados miembros de la UE se basan en la tecnología para tomar decisiones que afectan a una persona (véase la introducción de este capítulo). • Eurodac ayuda a los Estados miembros a determinar dónde entraron por primera vez en la UE los solicitantes de protección internacional, y por lo tanto dónde deben exami - narse dichas solicitudes (véase el apartado 2.1.1 ).

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• El VIS contiene huellas dactilares, fotografías y decisiones sobre las solicitudes de visa - dos Schengen y facilita el procedimiento de solicitud de visados Schengen (véase el apartado 2.1.2 ). (88) TEDH, Segerstedt-Wiberg y otros contra Suecia , n.º 62332/00, 6 de junio de 2006, párr. 91. (89) TEDH, Yonchev contra Bulgaria , n.º 12504/09, 7 de diciembre de 2017, párrs. 49 a 53.

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84Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración • El SIS contiene descripciones de ciertas categorías de personas buscadas o desapareci - das, de objetos desaparecidos y de nacionales de terceros países sujetos a una dene - gación de entrada o a una decisión de retorno. El SIS presta asistencia a las autoridades policiales, a las autoridades de control fronterizo y de visados, a las autoridades adua - neras y a las autoridades judiciales (véase el apartado 2.1.3 ). • Cuando esté operativo, el SES registrará los viajes de todos los nacionales de terceros países que entren y salgan del espacio Schengen y controlará su duración. Facilitará la identificación de los nacionales de terceros países que superen la duración de su estancia en el espacio Schengen (véase el apartado 2.1.4 ). • Cuando esté operativo, el SEIAV examinará a los nacionales de terceros países exentos de visado para determinar si representan un riesgo para la seguridad, la migración irre - gular o la salud pública (véase el apartado 2.1.5 ). • Cuando esté operativo, el ECRIS-TCN permitirá el intercambio de información sobre los antecedentes penales de los nacionales de terceros países que hayan sido condenados en la UE (véase el apartado 2.1.6 ). • Estos diferentes sistemas informáticos de gran magnitud de la UE se harán interopera - bles, permitiendo a las autoridades buscar a un individuo en todos los sistemas, inclu - yendo la utilización de datos biométricos, de conformidad con sus derechos de acceso (véase el apartado 2.2 ). • Las Autoridades Nacionales de Protección de Datos y el SEPD supervisan que el pro - cesamiento de datos respete la legislación europea de protección de datos (véase el apartado 2.3 ).

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• La legislación de la Unión Europea y del CdE exige que los datos personales se utilicen únicamente para el fin o los fines para los que se recogieron (véase el apartado 2.4 ). • En virtud de la legislación de la Unión Europea y del CdE, las personas tienen derecho a conocer el tratamiento de sus datos personales, pero ese derecho puede limitarse en algunos casos (véase el apartado 2.5 ). • La legislación de la Unión Europea define claramente a qué datos personales puede acceder cada autoridad y con qué propósito (véase el apartado 2.6 ). • La legislación de la UE y del CdE limita estrictamente el intercambio de datos persona - les con terceros países y organizaciones internacionales (véase el apartado 2.7 ). • En virtud de la legislación de la Unión Europea y del CdE, las personas tienen derecho a acceder a los datos almacenados sobre ellas y a solicitar que se corrijan o supriman los datos inexactos o procesados ilegalmente (véase el apartado 2.8 ).

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85Sistemas informáticos de gran magnitud de la UE e interoperabilidad Jurisprudencia y bibliografía recomendada: Se puede encontrar jurisprudencia complementaria consultando las directrices Cómo consultar la jurisprudencia de los tribunales europeos , en la página 359 de este manual. Se puede encontrar más material relacionado con las cuestiones tratadas en este capítulo en el apartado « Bibliografía recomendada », en la página  325.

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873 Estatuto y documentación correspondiente UE Temas tratados CdE Directiva sobre procedimientos de asilo (2013/32/UE), artículo 9 (derecho de permanencia) Directiva sobre las condiciones de recepción (2013/33/UE), artículo 6 (documentación)Solicitantes de asiloTEDH, Saadi contra el Reino Unido [GS], n.º 13229/03, 2008; y  Suso Musa contra Malta , n.º 42337/12, 2013 (entrada considerada no autorizada hasta que se autorice formalmente) Directiva sobre requisitos para el reconocimiento (2011/95/UE)Refugiados reconocidos y personas a las que se ha concedido protección subsidiariaCEDH , artículo 3 (prohibición de la tortura) Directiva sobre los permisos de residencia para las víctimas de la trata de personas (2004/81/CE) Directiva sobre sanciones a los empleadores (2009/52/CE) Víctimas de la trata de personas y de condiciones de trabajo especialmente abusivasConvenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos , 2005, artículo 14 (permiso de residencia debido también a la situación personal de la víctima) TEDH, Chowdury y otros contra Grecia , n.º 21884/15, 2017 (víctimas bangladeshíes de la trata en Grecia) TEDH, Rantsev contra Chipre y Rusia , n.º 25965/04, 2010 (víctima rusa de la trata en Chipre)

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88Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración UE Temas tratados CdE Personas afectadas por las medidas provisionales del artículo 39 del Reglamento del TEDHTEDH, Mamatkulov y Askarov contra Turquía [GS], nos 46827/99 y 46951/99, 2005; y  Savriddin Dzhurayev contra Rusia , n.º 71386/10, 2013 (extradición a pesar de la indicación del artículo 39 por el TEDH) Directiva de retorno (2008/115/EC) TJCE, C -357/09, Kadzoev [GS], 2009Migrantes en situación irregularTEDH, Ibrogimov contra Rusia , n.º 32248/12, 2018 (víctima de discriminación y retirada del permiso de residencia) Directiva de residentes a largo plazo (2003/109/CE) TJUE, C -302/18, X. contra Belgische Staat , 2019 (el criterio de «recursos » no se refiere al origen de los recursos)Residentes a largo plazoConvención Europea de Establecimiento , 1955 TEDH, Kurić contra Eslovenia [GS], n.º 26828/06, 2012 (privación ilegal de permisos de residencia) Protocolo adicional de 1970 al Acuerdo de Ankara , artículo 41 (cláusula de suspensión) Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía (privilegios para los familiares)Nacionales turcos Directiva sobre la libre circulación (2004/38/CE)Nacionales de terceros países miembros de la familia de nacionales del EEE TJUE, C -135/08, Rottmann [GS], 2010;

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y C -221/17, Tjebbes [GS], 2019 (pérdida de la ciudadanía de la Unión)Apátridas y pérdida de la ciudadaníaTEDH, Hoti contra Croacia , n.º 63311/14, 2018 (residentes apátridas de larga duración) Introducción Este capítulo se ocupa del estatuto y la documentación de diferentes tipos de migrantes. Para muchos migrantes, el estar privado de un estatuto o de documentación que demuestre su estatuto jurídico puede causar diversos problemas, como la denega - ción de acceso a servicios públicos o privados o al mercado de trabajo. El Derecho de la UE incluye disposiciones obligatorias detalladas relativas tanto al estatuto como

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89Estatuto y documentación correspondiente a la documentación, cuyo incumplimiento constituye una vulneración del Derecho de la UE. Se puede pedir al TEDH que determine si la falta de estatuto o documenta - ción constituye una injerencia en el disfrute, por parte del individuo afectado, de un derecho previsto en el CEDH y, en caso de que así sea, si la injerencia está justificada. Si el Estado de acogida no le ha concedido una autorización formal, dicho Estado puede considerar que la presencia de un nacional de un tercer país es irregular. Sin embargo, tanto el Derecho de la UE como el CEDH establecen circunstancias en las que la presencia de un nacional de un tercer país se debe considerar legal, aunque el Estado miembro de que se trate no la haya autorizado (véanse los apartados 3.2 y 3.5). Algunos derechos reconocidos en la UE, el CEDH, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la CSE solo se conceden a las personas cuya presencia en un determinado país es legal (véase el capítulo 9 ). El Derecho de la UE puede prever expresamente el reconocimiento o la concesión de un determinado tipo de estatuto. Puede hacer que la emisión de documentación específica sea obligatoria (véanse los apartados 3.1 , 3.2 y 3.8). Si el Derecho de la UE o el nacional dan a un individuo derecho a cierto estatuto o a cierta documentación, el hecho de no conceder esa condición o de no expedir esa documentación consti - tuirá una infracción del Derecho de la UE. El CEDH no exige explícitamente a los Estados que concedan a los migrantes deter - minado estatuto o les faciliten una documentación concreta.

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En algunas circunstan - cias, el derecho al respeto de la vida privada y familiar (artículo 8) puede obligar a los Estados a reconocer un estatuto, autorizar la residencia o expedir la documentación a un migrante. No obstante, no se puede interpretar que el artículo 8 garantice como tal el derecho a un determinado tipo de permiso de residencia. Si la legislación nacional prevé varios tipos diferentes de permisos de residencia, normalmente se pedirá al TEDH que analice las implicaciones legales y prácticas de la expedición de un permiso determinado (90). 3.1. Solicitantes de asilo Los solicitantes de asilo piden protección internacional porque no pueden volver ni ser devueltos a su país de origen por temor justificado de persecución o riesgo de sufrir malos tratos u otros daños graves (véase el capítulo 4 ). (90) TEDH, Hoti contra Croacia , n.º 63311/14, 26 de abril de 2018, párrs. 121 y 122; TEDH, Liu contra Rusia , n.º 42086/05, 6 de diciembre de 2007, párr. 50.

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90Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración En el marco del Derecho de la UE , los solicitantes de asilo se definen como «soli - citantes de protección internacional». Su situación está regulada por el acervo de la UE en materia de asilo (en el anexo 1 se enumeran todos los textos pertinentes del acervo en materia de asilo y los Estados en que se aplican). La obtención de acceso al procedimiento de asilo se trata en el capítulo 1 . En este apartado se aborda la cuestión de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes están pendientes y que se encuentran a la espera de una decisión definitiva. El Derecho de la UE prohíbe la expulsión de un solicitante de asilo hasta que se haya tomado una decisión sobre su solicitud. El artículo 9.1 de la Directiva sobre procedimientos de asilo  (2013/32/UE) establece que la presencia del solicitante de asilo en el territorio de un Estado miem - bro de la UE es legal. Indica que los solicitantes de asilo estarán «autorizados a per - manecer en el Estado miembro» a efectos del procedimiento hasta que la autoridad responsable haya tomado una decisión, aunque existen algunas excepciones, en concreto, para el caso de solicitudes posteriores. El derecho de los solicitantes de asilo a documentación que concede el Derecho de la UE está recogido en la Directiva sobre condiciones de acogida  (2013/33/UE; véase en el anexo 1 qué Estados miembros de la UE han de aplicarla). De conformidad con el artículo 6 de esta Directiva, todas las personas que presentan una solicitud de asilo han de recibir, en un plazo de tres días, un documento que certifique su estatus de solicitantes de asilo o que están autorizados a permanecer mientras la solicitud de asilo esté pendiente de examen.

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En virtud del artículo 6.2, los Estados pueden abstenerse de ello cuando el solicitante se encuentre detenido o en frontera. En el CEDH no existe disposición alguna en este sentido que regule el estatuto de los solicitantes de asilo durante la tramitación de sus solicitudes de protección. Por lo tanto, se ha de examinar si la legislación nacional autoriza a los solicitantes de asilo a permanecer en el territorio mientras se tramitan sus solicitudes. El artículo 5.1 f) del CEDH permite la detención de los solicitantes de asilo para impe - dir su «entrada ilegal» en el territorio de un Estado. De conformidad con el TEDH, una entrada es ilegal hasta que las autoridades nacionales la autoricen formalmente. Ejemplo: en el caso Saadi contra el Reino Unido  (91), el TEDH sostuvo que una entrada era ilegal hasta que las autoridades nacionales la autorizaran for - malmente. En ese asunto, el Tribunal consideró que no se había vulnerado el (91) TEDH, Saadi contra el Reino Unido [GS], n.º 13229/03, 29 de enero de 2008, párr. 65.

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91Estatuto y documentación correspondiente artículo 5.1 cuando un solicitante de asilo había sido detenido legalmente durante siete días en condiciones adecuadas mientras se tramitaba su solicitud de asilo. Ejemplo: en el caso Suso Musa contra Malta  (92), sin embargo, el TEDH consi - deró que, cuando un Estado va más allá de sus obligaciones legales y adopta una legislación que autoriza de forma explícita la entrada o la permanencia de migrantes durante el examen de una solicitud de asilo, ya sea de forma inde - pendiente o en cumplimiento del Derecho de la UE, cualquier detención ulterior con el fin de evitar una entrada no autorizada puede plantear la cuestión de la legalidad de la detención con arreglo al artículo 5.1. El artículo 2 del Protocolo n.º 4 del CEDH se refiere a la libertad de circulación de las personas que se encuentran «legalmente» en un Estado, mientras que el artículo 1 del Protocolo n.º 7 del CEDH prevé ciertas garantías procesales contra la expulsión de quienes se encuentren «residiendo legalmente en el territorio de un Estado». Sin embargo, una persona puede perder su condición de «legal». Ejemplo: en el caso Omwenyeke contra Alemania  (93), el Gobierno alemán había reconocido ante el CDH que los solicitantes de asilo eran residentes legales durante su procedimiento de asilo (94). No obstante, en el caso del solicitante, el TEDH aceptó el argumento del Gobierno de que, al vulnerar las condiciones que el Estado había impuesto a su residencia temporal, es decir, la obligación de per - manecer en el territorio de una determinada ciudad, el solicitante había perdido su condición de «legal» y, por lo tanto, no entraba en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Protocolo n.º 4 del CEDH.

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(92) TEDH, Suso Musa contra Malta , n.º 42337/12, 23 de julio de 2013. (93) TEDH, Omwenyeke contra Alemania (dec.), n.º 44294/04, 20 de noviembre de 2007. (94) CCPR/C/DEU/2002/5, 4 de diciembre de 2002.

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92Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración 3.2. Refugiados reconocidos y personas a las que se les reconoce la necesidad de protección subsidiaria En el marco del Derecho de la UE , la Carta de los Derechos Fundamentales garantiza el derecho de asilo (artículo 18), que va más allá del derecho a pedir asilo. Las per - sonas que pueden obtener el asilo tienen derecho a que se les reconozca este esta - tuto. Los artículos 13 (estatuto de refugiado) y 18 (estatuto de protección subsidiaria para quienes necesitan protección internacional, pero no pueden acceder al esta - tuto de refugiado) de la Directiva sobre requisitos de reconocimiento  (2011/95/CE) otorgan un derecho expreso a la concesión del estatuto de refugiado o de protec - ción subsidiaria. Las personas que gozan de protección internacional pueden perder su estatuto si en su país de origen se produce una mejora genuina de la situación (véase el apartado 4.1.8 ). El artículo 24 de la misma Directiva regula el derecho a documentación. Las perso - nas a las que se les reconoce la necesidad de protección internacional tienen dere - cho a permisos de residencia: tres años para los refugiados y un año para los bene - ficiarios de la protección subsidiaria. El artículo 25 da derecho a los refugiados y, en ciertos casos, a los beneficiarios de protección subsidiaria a documentos de viaje. En el CEDH no se prevé un derecho de asilo como el reconocido en el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

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Por otra parte, el TEDH no puede examinar si la denegación o retirada del estatuto de refugiado en virtud de la Con - vención de Ginebra de 1951 (95) o el no reconocimiento de protección subsidiaria en virtud de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento (96) son contrarios al CEDH. El TEDH puede examinar, sin embargo, si la expulsión de un extranjero lo pon - drá en una situación de riesgo real de trato contrario al artículo 3 del CEDH o a otras disposiciones del CEDH (véase el capítulo 4 ) (97). (95) TEDH, Ahmed contra Austria , n.º 25964/94, 17 de diciembre de 1996, párr. 38. (96) TEDH, Sufi y Elmi contra el Reino Unido , nos 8319/07 y 11449/07, 28 de junio de 2011, párr. 226 (relacionado con el artículo 15 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento ). (97) TEDH, N.A. contra el Reino Unido , n.º25904/07, 17 de julio de 2008, párrs. 106 y 107.

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93Estatuto y documentación correspondiente 3.3. Víctimas de trata de seres humanos y de condiciones laborales especialmente abusivas En el ámbito del Derecho de la UE , la Directiva sobre las sanciones aplicables a los empleadores  (2009/52/CE) penaliza algunas formas de empleo ilegal de los migran - tes en situación irregular. Cuando se trata de trabajadores que son niños o de tra - bajadores sujetos a condiciones laborales especialmente abusivas, se les pueden expedir permisos de residencia temporales para facilitarles la presentación de denuncias contra sus empleadores (artículo 13). La Directiva 2004/81/CE del Consejo , relativa a la expedición de un permiso de resi - dencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres huma - nos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, prevé un periodo de reflexión durante el cual la víctima no puede ser expulsada. Además, obliga a los Estados miembros de la UE a expedir un permiso de residencia a las víctimas de trata de seres humanos que cooperan con las autoridades (artículos 6 y 8, respectivamente). El permiso ha de ser válido durante un mínimo de seis meses y renovable. Aunque no trata directamente de los permisos de residencia para vícti - mas, la Directiva sobre la trata de seres humanos  (2011/36/UE) exige que se preste asistencia y apoyo antes de que empiece el proceso penal, en el transcurso de este y una vez finalizado (artículo 11). Sin embargo, si no se han contemplado procedi - mientos contra los traficantes o la víctima no ha cooperado en ninguna investiga - ción, no existe una exigencia clara de que un Estado miembro de la UE conceda un permiso de residencia.

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En virtud del CEDH , en ciertas condiciones la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado prevista en el artículo 4 del CEDH puede obligar a los Estados a investigar sospechas de trata y a adoptar medidas para proteger a las víctimas o a víctimas potenciales. Ejemplo: el caso del TEDH de Chowdury y otros contra Grecia  (98) se refería a cuarenta y dos nacionales indocumentados de Bangladesh que habían tra - bajado como trabajadores agrícolas de temporada en Grecia. Los demandan - tes se quejaron de que habían sido objeto de trata de seres humanos y de que Grecia no había cumplido su obligación positiva en virtud del artículo 4 del (98) TEDH, Chowdury y otros contra Grecia , n.º 21884/15, 20 de marzo de 2017.

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94Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración CEDH. Aunque Grecia había establecido en principio un marco legislativo para luchar contra la trata de seres humanos, las medidas operacionales eran ad hoc, a pesar de que las autoridades nacionales eran conscientes de la situación de los trabajadores migratorios y de los abusos a los que se habían visto expues - tos. Además, el TEDH llegó a la conclusión de que, al absolver a los acusados de los cargos de trata de seres humanos interpretados de manera muy estricta, conmutando sus sentencias y concediendo a las víctimas una indemnización muy baja, las autoridades no habían cumplido su obligación procesal de garan - tizar una investigación y un procedimiento judicial eficaces con respecto a las situaciones de trata de seres humanos y trabajo forzoso. Ejemplo: el caso Rantsev contra Chipre y Rusia  (99) trataba de una víctima rusa de la trata de seres humanos en Chipre. El TEDH sostuvo que Chipre no había cumplido las obligaciones positivas que le imponía el artículo 4 del CEDH en dos aspectos: en primer lugar, no había establecido un marco jurídico y administra - tivo apropiado para combatir la trata de seres humanos, y en segundo lugar, la Policía no había adoptado medidas operativas adecuadas para proteger a la víc - tima de trata. El TEDH consideró asimismo que las autoridades rusas no habían llevado a cabo una investigación eficaz de la captación de la víctima por los tra - ficantes, que había tenido lugar en territorio ruso. Esta omisión tuvo consecuen - cias muy graves a la luz de las circunstancias de su salida de Rusia y su posterior muerte en Chipre.

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Según el derecho del CdE , las autoridades de los Estados que son parte en el Con- venio sobre la lucha contra la trata de seres humanos (CETS n.º 197) deben conce - der a la presunta víctima un periodo de recuperación y reflexión durante el cual no puede ser expulsada (artículo 14). Si las autoridades competentes tienen «motivos razonables para creer que esa persona ha sido víctima de la trata de seres huma - nos», la persona no podrá ser expulsada del país hasta que se haya determinado si ha sido o no víctima de un delito de trata de seres humanos (artículo 10.2). La auto - ridad competente puede expedir permisos de residencia renovables a las víctimas si cree que su presencia es necesaria por su situación personal o a los fines de las investigaciones penales (artículo 14.1). Con estas disposiciones se pretende eliminar el riesgo de que las víctimas de trata de seres humanos sean devueltas a sus países sin habérseles prestado la ayuda apropiada (véanse también el capítulo 10 , sobre los grupos vulnerables, y la lista de ratificaciones incluida en el anexo 2 ). (99) TEDH, Rantsev contra Chipre y Rusia , n.º 25965/04, 7 de enero de 2010, párr. 284.

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95Estatuto y documentación correspondiente 3.4. Personas afectadas por las medidas provisionales en virtud del artículo 39 Cuando el TEDH recibe una demanda, puede decidir, basándose en la solicitud de una de las partes o de cualquier interesado en el caso, o  motu proprio , que un Estado adopte ciertas medidas provisionales mientras el asunto se examina (100). En el con - texto de asuntos migratorios, las medidas provisionales se adoptan en virtud del artículo 39 del Reglamento del Tribunal (101) y suelen consistir en pedir a un Estado que se abstenga de devolver a los individuos afectados a países donde podrían tener que enfrentarse a la muerte, a torturas o a otros malos tratos (102). En muchos casos, esto afecta a solicitantes de asilo cuyas peticiones han sido objeto de una denegación definitiva y que han agotado todos los derechos de recurso previstos en el derecho nacional con un efecto suspensivo en virtud del derecho interno. Cual - quiera que sea la situación de una persona en el Estado de que se trate, una vez que el TEDH ha aplicado una medida provisional con arreglo al artículo 39 para impedir la expulsión de la persona mientras examina el caso, el Estado que la expulsa tiene la obligación de cumplir cualquier medida prevista en el artículo 39 (103). Ejemplo: en el caso Mamatkulov y Askarov contra Turquía  (104), el Estado demandado extraditó a los solicitantes a Uzbekistán pese a una medida provi - sional dictada por el TEDH en virtud del artículo 39 del Reglamento. Las circuns - tancias del asunto mostraron claramente que, a resultas de su extradición, el Tribunal no había podido llevar a cabo un examen adecuado de las quejas de los solicitantes con arreglo a su práctica habitual en asuntos similares.

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Ello impidió que en última instancia el Tribunal los protegiera de vulneraciones potenciales del CEDH. En virtud del artículo 34 del Convenio, los Estados se han de abste - ner de cualquier acto u omisión que pueda obstaculizar el ejercicio eficaz del derecho de recurso individual. Se consideró que la falta de cumplimiento de las medidas provisionales por un Estado miembro impedía al Tribunal examinar de manera eficaz la queja del solicitante y obstaculizaba el ejercicio eficaz de su derecho, lo que constituía una vulneración del artículo 34 del Convenio. (100) TEDH, Reglamento del Tribunal , que entró en vigor el 3 junio de 2019, artículo 39. (101) Para consultar las instrucciones detalladas sobre la presentación de solicitudes en virtud del artículo 39, véase TEDH, Medidas provisionales . (102) TEDH, F.G. contra Suecia [GS], n.º 43611/11, 23 de marzo de 2016. (103) TEDH, Azimov contra Rusia , n.º 67474/11, 18 de abril de 2013. (104) TEDH, Mamatkulov y Askarov contra Turquía [GS], nos 46827/99 y 46951/99, 4 de febrero de 2005.

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96Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el caso Savriddin Dzhurayev contra Rusia  (105), el solicitante fue tras - ladado forzosamente a Tayikistán en una operación especial en la que partici - paron agentes estatales rusos, a pesar de estar en vigor una medida provisional dictada por el TEDH. Debido a que el Estado demandado ignoró la medida pro - visional, el solicitante corrió riesgo de maltrato en Tayikistán, y el Tribunal no pudo garantizarle el beneficio práctico y efectivo de sus derechos con arreglo al artículo 3 del CEDH. Se infringieron así los artículos 34 y 3 del Convenio. El Tribunal ordenó al Estado demandado que adoptara medidas correctivas tangi - bles para proteger al solicitante de cualquier riesgo para su vida y su salud bajo jurisdicción extranjera. Además, dados los reiterados incidentes de este tipo, el Tribunal ordenó al Estado demandado que resolviera sin demora este problema recurrente adoptando medidas enérgicas de carácter general a fin de garantizar la protección efectiva de las víctimas potenciales, en consonancia con las medi - das provisionales dictadas por el Tribunal. 3.5. Migrantes en situación irregular La presencia de personas que han entrado o permanecido en un Estado sin autori - zación o justificación legal se considera irregular o ilegal. La presencia irregular o ile - gal puede producirse de diferentes maneras, que van desde la entrada clandestina o la fuga de un domicilio obligatorio a la imposibilidad de renovar un permiso de residencia previamente legal por cambio de alguna circunstancia personal.

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La falta de un estatuto legal suele afectar a la posibilidad de beneficiarse de otros derechos procesales y sustantivos (véase el apartado 9.5 , sobre el acceso a la seguridad social y la asistencia social). En el marco del Derecho de la UE , con arreglo a la Directiva sobre retorno (2008/115/CE; véase en el anexo 1 qué Estados miembros de la UE han de aplicarla), los nacionales de terceros países en situación irregular no pueden permanecer en una situación ambigua: los Estados miembros de la UE que han de aplicar la Direc - tiva deben regularizar su estancia o bien dictar las correspondientes decisiones de retorno. Todas las personas que carecen de autorización de estancia entran en el ámbito de aplicación de la Directiva. El artículo 6 obliga a los Estados miembros de la UE a adoptar una «decisión de retorno». Sin embargo, el artículo 6.4 establece las circunstancias que eximen a los Estados de esta obligación. Además de las de tipo humanitario y otras, para regularizar la estancia se han de tomar en consideración (105) TEDH, Savriddin Dzhurayev contra Rusia , n.º 71386/10, 25 de abril de 2013.

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97Estatuto y documentación correspondiente las razones imperiosas de vida familiar o privada previstas en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en el artículo 8 del CEDH (véase el capí- tulo 6 , sobre la vida familiar). Ejemplo: en el asunto M. Ghevondyan (106), de 4 de junio de 2012, el Consejo de Estado francés ( Conseil d’État ) sostuvo que el artículo 6 de la Directiva sobre retorno no imponía a las autoridades competentes de los Estados miembros la obligación de adoptar sistemáticamente una decisión de retorno contra nacio - nales de terceros países en situación irregular. El artículo 6.4 menciona una serie de exenciones y excepciones al artículo 6.1. Por lo tanto, las decisiones de retorno no se pueden adoptar automáticamente. La Administración tiene la obligación de considerar la situación personal y familiar del extranjero y las cir - cunstancias que puedan impedir una orden de expulsión. Entre estas circuns - tancias se encuentran los intereses del niño, la situación de la familia y la salud del extranjero, tal como se recoge en el artículo 5 de la Directiva. Por consi - guiente, si el extranjero aduce esta razón, los tribunales deberán revisar la lega - lidad de la decisión a la luz de sus consecuencias en la situación personal del extranjero. Es posible permitir la permanencia a la espera del resultado del procedimiento de obtención de la autorización de estancia (artículo 6.5), pero no es obligatorio, al contrario de lo que ocurre con los solicitantes de asilo. La disposición no aborda el estatuto de los solicitantes.

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El considerando 12 de la Directiva sobre retorno toma nota de la situación común en la que se encuentran ciertos extranjeros en situa - ción irregular que no pueden ser expulsados. También señala que los Estados deben confirmar a esas personas su situación por escrito. Esta confirmación escrita es de obligado cumplimiento en casos en los que la salida voluntaria haya sido extendida o la expulsión haya sido pospuesta (artículo 14.2). La situación es más grave para quienes han de ser liberados por haber transcurrido el tiempo máximo de deten - ción (véase el capítulo 7 , sobre la detención), pero que aún no tienen permiso de estancia (107). (106) Francia, Consejo de Estado ( Conseil d’État ), M. Ghevondyan , n.º 356505, 4 de junio de 2012. (107) En relación con la situación de las personas no expulsadas, véase FRA (2011), Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union [Derechos fundamentales de los migrantes en situación irregular en la Unión Europea], Luxemburgo, Oficina de Publicaciones, capítulo 2.

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98Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el asunto Kadzoev  (108), un solicitante de asilo checheno rechazado en Bulgaria que no podía ser expulsado fue puesto en libertad tras una deten - ción cuando una sentencia del TJUE mantuvo que el Derecho aplicable de la UE no podía autorizar bajo ninguna circunstancia que se excediera el periodo máximo de detención. Una vez puesto en libertad, el solicitante se encontró pri - vado de estatuto y documentos y en la indigencia, pues la legislación búlgara no le concedía estatuto alguno aunque no pudiera ser expulsado. En cuanto al CEDH , el Convenio no prevé la concesión de un estatuto específico o la documentación asociada en un país de acogida; no obstante, en ciertas cir - cunstancias la denegación puede vulnerar el CEDH si se ha basado en razones discriminatorias. Ejemplo: el caso de Novruk y otros contra Rusia  (109) se refería a varios demandantes que solicitaron un permiso de residencia temporal en Rusia; sin embargo, los permisos fueron denegados porque los solicitantes dieron positivo en las pruebas de VIH. El TEDH subrayó la especial vulnerabilidad de las per - sonas infectadas por el VIH y señaló que las restricciones de entrada, estancia y residencia de las personas que viven con el VIH no podían justificarse obje - tivamente por referencia a preocupaciones de salud pública. La disposición general de la legislación nacional que exige la deportación de los no nacionales VIH-positivos no dejaba margen para una evaluación individualizada basada en los hechos del caso particular, y se consideró que no estaba objetivamente justi - ficada.

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El Tribunal dictaminó que se había producido una violación del artículo 14 del CEDH en conjunción con el artículo 8, ya que los demandantes habían sido víctimas de discriminación a causa de su estado de salud. En el marco de la CSE , en principio el ámbito de aplicación personal de la Direc - tiva se limita a los nacionales de otros Estados partes que son residentes legales o están trabajando legalmente en el territorio. Sin embargo, el CEDS ha sostenido que, dados su carácter fundamental y su relación con la dignidad humana, ciertos derechos se aplican a todas las personas que se encuentran en el territorio, incluidos los inmigrantes en situación irregular. Entre ellos cabe citar el derecho a asistencia (108) TJCE, C -357/09, Kadzoev (Huchbarov) [GS], 30 de noviembre de 2009. (109) TEDH, Novruk y otros contra Rusia , nos 31039/11 y 4 otros, 15 de marzo de 2016. Véase también TEDH, Kiyutin contra Rusia , n.º 2700/10, 10 de marzo de 2011.

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99Estatuto y documentación correspondiente médica (110), el derecho a alojamiento (111) y el derecho a la educación (112). El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también afirmó la obligación positiva de los Estados de garantizar que toda persona tenga acceso a la atención sanitaria esencial que sea necesaria para prevenir los riesgos previsibles para la vida, inde - pendientemente de su situación migratoria (113). 3.6. Residentes de larga duración En el marco del Derecho de la UE , la Directiva sobre residentes de larga dura - ción (2003/109/CE, modificada por la  Directiva 2011/51/UE ; véase en el anexo 1 qué Estados miembros de la UE han de aplicarla) prevé el derecho a la condición privile - giada de «residente de larga duración» para los nacionales de terceros países que han residido en un Estado miembro de la UE de manera legal y continua durante cinco años (114). Este derecho está sujeto a condiciones relacionadas con la existencia de recursos económicos, fijos y regulares, y seguro de enfermedad. Para adquirir el estatuto de residente de larga duración, en virtud del artículo 5.1 a) de la Directiva sobre residentes de larga duración, los nacionales de terceros países deben demostrar que disponen de recursos estables, regulares y suficientes. Ejemplo: en el caso X. contra Bélgica  (115), el TJUE aclaró que el origen de los recursos no es un criterio decisivo para determinar si estos son estables, regu - lares y suficientes. La persona no tiene que disponer necesariamente de esos recursos por sí misma, sino que estos recursos también pueden proceder de un tercero.

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El TJUE utilizó requisitos comparables en virtud de los apartados b) y c) del artículo 7.1 de la Directiva sobre residentes de larga duración (2004/38/CE). (110) CEDS, International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) contra Francia , Denuncia n.º 14/2003, méritos, 8 de septiembre de 2004; CEDS, Defence for Children (DCI) contra Bélgica , Denuncia n.º 69/2011, méritos, 23 de octubre de 2012. (111) CEDS, Defence for Children International (DCI) contra los Países Bajos , Denuncia n.º 47/2008, méritos, 20 de octubre de 2009. (112) CEDS, Conclusiones 2011, declaración de interpretación del artículo 17.2 . (113) Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Toussaint contra el Canadá , comunicación n.º 2348/2014, dictamen de 24 de julio de 2018. (114) Véase también TJUE, C -502/10, Staatssecretaris van Justitie contra Mangat Singh , 18 de octubre de 2012. (115) TJUE, C -302/18, X. contra Belgische Staat , 3 de octubre de 2019.

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100Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Los requisitos de la Directiva sobre residentes de larga duración se encuentran, de manera similar, en la Directiva sobre reagrupación familiar  (2003/86/CE; véase el capítulo 6 , relativo a las familias). Cuando el TJUE se pronunció sobre dichos requisi - tos, se inclinó por una interpretación estricta de estas condiciones. El Tribunal man - tuvo que el margen de maniobra de los Estados miembros de la UE no se debería usar de una manera que socavase el objetivo de la Directiva (116). En virtud del artículo 11 de la Directiva sobre residentes de larga duración, la con - cesión de la condición de residente de larga duración conlleva la igualdad de trato con los nacionales en diversos ámbitos importantes (véase el capítulo 9 , sobre los derechos económicos y sociales). Según el TJUE, los Estados miembros de la UE no pueden imponer tasas excesivas y desproporcionadas para la concesión de permisos de residencia a los nacionales de terceros países que son residentes de larga duración ni a los miembros de su familia. Tales tasas pondrían en peligro el logro del objetivo perseguido por la Directiva y lo privarían de su eficacia. Ejemplo: en la CGIL y la INCA  (117), el TJUE consideró la imposición de una tasa de entre 80 y 200 euros por la expedición o renovación de un permiso de residen - cia, en función de la duración del mismo, además de una tasa preexistente de 73,50 euros.

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El Tribunal señaló que los Estados miembros de la Unión Europea no gozan de una discreción ilimitada en la imposición de tasas a los nacionales de terceros países cuando expiden un permiso de residencia y que no se per - mite a los Estados miembros de la Unión Europea fijar tasas que puedan crear un obstáculo al ejercicio de los derechos consagrados en la Directiva sobre resi - dentes de larga duración. El TJUE llegó a la conclusión de que las tasas son des - proporcionadas con el objetivo perseguido por la Directiva y pueden crear un obstáculo al ejercicio de los derechos consagrados en la Directiva. Ejemplo: en el asunto Comisión Europea contra los Países Bajos  (118), el TJUE sostuvo que los Países Bajos no habían cumplido la obligación impuesta por la Directiva sobre residentes de larga duración, pues cobraban tasas excesivas y desproporcionadas (de entre 188 y 830 euros) a i) los nacionales de terceros (116) TJUE, C -578/08, Chakroun contra Minister van Buitenlandse Zaken , 4 de marzo de 2010, párr. 52. (117) TJUE, C -309/14, Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Istituto Nazionale Confederale Assistenza (INCA) contra Presidenza del Consiglio dei Ministeri, Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e delle Finanze , 2 de septiembre de 2015. (118) TJUE, C -508/10, Comisión Europea contra Reino de los Países Bajos , 26 de abril de 2012.

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101Estatuto y documentación correspondiente países que solicitaban la condición de residente de larga duración, ii) los nacio - nales de terceros países que habían adquirido la condición de residente de larga duración en otro Estado miembro de la UE y deseaban ejercer su derecho a la residencia en los Países Bajos, y iii) los miembros de la familia de nacionales de terceros países que solicitaban la reagrupación. Más concretamente, el Tri - bunal señaló que los Estados miembros de la UE no disponen de un margen de apreciación ilimitado en el cobro de tasas a los nacionales de terceros países cuando expiden un permiso de residencia y que los Estados miembros no están autorizados a fijar tarifas que podrían suponer un obstáculo al ejercicio de los derechos consagrados en la Directiva sobre residentes de larga duración. Según el TJUE, los Estados miembros de la Unión Europea pueden imponer requisitos de integración a los nacionales de terceros países que hayan adquirido el estatuto de residente de larga duración, siempre que esos requisitos no pongan en peligro la consecución de los objetivos perseguidos por la Directiva (119). El TJUE también ha aclarado el significado del artículo 13 de la Directiva sobre los residentes de larga duración, que no ofrece a los Estados miembros de la UE la posi - bilidad de conceder el estatuto de residente de larga duración en condiciones más favorables, sino que permite la coexistencia de los regímenes nacionales (120). En virtud del CEDH , la residencia de larga duración se ha reconocido generalmente como un factor que se ha de tomar en consideración en caso de que se proponga la expulsión (véase el apartado 4.4 ).

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Ejemplo: en el caso Kurić y otros contra Eslovenia  (121), el TEDH analizó el regis - tro esloveno de residentes permanentes y la supresión en este de los antiguos ciudadanos de la República Federativa Socialista de Yugoslavia (RFSY) que seguían siendo residentes permanentes, pero que no habían solicitado la ciuda - danía eslovena en un plazo de seis meses. Las consecuencias de esta supresión eran o bien la apatridia o bien la pérdida de los derechos de residencia (122). Los extranjeros que no eran ciudadanos de otras repúblicas de la RFSY no se veían (119) TJUE, C -579/13, P . y S. contra Commissie Sociale Zekerheid Breda y College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen , 3 de julio de 2015. (120) TJUE, C -469/13, Shamim Tahir contra Ministerio del Interior, Questura di Verona , 17 de julio de 2014, párrs. 39 a 44. (121) TEDH, Kurić y otros contra Eslovenia [GS], n.º 26828/06, 26 de junio de 2012. (122) Eslovenia no es parte del Convenio del Consejo de Europa de 2006, Convention on the avoidance of statelessness in relation to State succession (CETS n.º 200).

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102Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración afectados de la misma manera. El TEDH reiteró que podía haber obligaciones positivas inherentes al respeto eficaz de la vida privada o familiar, en particular en el caso de los migrantes de larga duración, como los solicitantes, que habían sido suprimidos ilegalmente del registro de residencia permanente, en vulnera - ción del artículo 8 del CEDH. También consideró que la diferencia de trato entre los extranjeros que no procedían de la RFSY y aquellos que habían sido pre - viamente ciudadanos de la RFSY constituía una discriminación que infringía el artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 8. La Convención Europea de Establecimiento del Consejo de Europa de 1955 (CETS n.º 019) prevé para los residentes de larga duración una condición privilegiada en todos los Estados miembros, pero solo si son nacionales de Estados partes de la Convención. 3.7. Nacionales turcos Bajo el Derecho de la UE , el Acuerdo de Ankara , firmado en 1963, y el Protocolo adicional del Acuerdo de Ankara , añadido en 1970, reforzaron las relaciones comer - ciales y económicas entre lo que en aquella época era la (CEE) y Turquía a la luz de la posible adhesión de esta última a la CEE. El Acuerdo ha sido objeto de más de sesenta sentencias del TJUE. También ha sido completado por diferentes decisio - nes del Consejo de Asociación, algunas de las cuales hacen referencia a la condición de muchos nacionales turcos en el territorio de los Estados miembros de la UE.

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El párrafo 1 del artículo 6 de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación dispone que los nacionales turcos que trabajen legalmente en un Estado miembro de la UE tienen derecho a permanecer en ese Estado miembro. El Acuerdo de Ankara no concede a los nacionales turcos un derecho sustancial de entrada o residencia en un Estado miembro de la UE; sin embargo, los trabajado - res por cuenta propia y los proveedores de servicios se benefician de una cláusula suspensiva (artículo 41 del Protocolo adicional). Esta cláusula impide que los Esta - dos les impongan nuevas exigencias procesales o económicas más estrictas, aparte de las ya vigentes cuando entró en vigor el Acuerdo (123). La jurisprudencia europea ha establecido que tales derechos no se aplican a los nacionales turcos que desean hacer uso de esos servicios (en lugar de prestarlos) (124). (123) TJCE, C -37/98, The Queen contra Secretary of State for the Home Department, ex parte Abdulnasir Savas , 11 de mayo de 2000; TJCE, C -16/05, The Queen, a instancia de: Veli Tum y Mehmet Dari contra Secretary of State for the Home Department , 20 de septiembre de 2007; TJUE, C -186/10, Tural Oguz contra Secretary of State for the Home Department , 21 de julio de 2011. (124) TJUE, C -221/11, Leyla Ecem Demirkan contra Bundesrepublik Deutschland , 24 de septiembre de 2013.

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103Estatuto y documentación correspondiente Ejemplo: diversos asuntos han abordado los requisitos impuestos a los conduc - tores de camiones turcos empleados por empresas turcas en Turquía para con - ducir camiones a Alemania. Estos asuntos estaban relacionados con el derecho de las empresas turcas de libre prestación de servicios en los Estados miembros de la UE. En el asunto Abatay  (125), el TJCE sostuvo que Alemania no debía exigir un permiso de trabajo a los nacionales turcos que deseaban prestar servicios en su territorio si tal permiso no se requería ya cuando entró en vigor la cláusula suspensiva. En Essent Energie Productie BV  (126),nacionales turcos que residían y trabajaban legalmente en Alemania fueron destinados a los Países Bajos para prestar ser - vicios. El TJUE llegó a la conclusión de que no está permitido solicitar un permiso de trabajo para que esos trabajadores puedan ser puestos a disposición de otra empresa, porque esos nacionales turcos no buscaban acceso al mercado laboral de los Países Bajos. La exigencia de un permiso de trabajo equivaldría a una nueva restricción de la libertad de prestación de servicios. El asunto Soysal  (127) trataba sobre una obligación de visado. El TJCE sostuvo que el artículo 41 del Protocolo adicional del Acuerdo de Ankara descartaba la introducción de una obligación de visado para que entrasen en Alemania nacionales turcos que deseaban prestar servicios por cuenta de una empresa turca si no se exigía visado cuando el Protocolo entró en vigor. De acuerdo con el Tribunal, está conclusión no se veía afectada por el hecho de que la legisla - ción nacional que introduce el visado lo haga en aplicación del Reglamento (CE) n.º 539/2001  de la UE (véase el capítulo 1 ).

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El Derecho derivado de la UE se ha de interpretar de manera que sea coherente con el acuerdo internacional que contiene la cláusula suspensiva. En Oguz  (128), el TJUE mantuvo que la cláusula suspensiva no impide a los Esta - dos miembros de la UE utilizar la legislación nacional para penalizar los abusos relacionados con la inmigración. Sin embargo, el TJUE no consideró que el hecho (125) TJCE, asuntos acumulados C -317/01 y C -369/01, Eran Abatay y otros y Nadi Sahin contra Bundesanstalt für Arbeit , 21 de octubre de 2003. (126) TJUE, C -91/13, Essent Energie Productie BV contra el Ministro de Asuntos Sociales y Empleo , 11 de septiembre de 2014. (127) TJCE, C -228/06, Mehmet Soysal e Ibrahim Savatli contra Bundesrepublik Deutschland , 19 de febrero de 2009. (128) TJUE, C -186/10, Tural Oguz contra Secretary of State for the Home Department , 21 de Julio de 2011, párr. 46; TJCE, C -16/05, The Queen, a instancia de: Veli Tum y Mehmet Dari contra Secretary of State for the Home Department , 20 de septiembre de 2007.

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104Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración de que el Sr. Oguz hubiera empezado a trabajar por cuenta propia, infringiendo la legislación nacional en materia de inmigración, ocho años después de que se le permitiera entrar y permanecer en el país constituyera un abuso. El caso de A, B, P  (129) se refería a dos nacionales turcos que solicitaron un per - miso de residencia después de haber empezado a trabajar en los Países Bajos y a un tercer solicitante casado con una nacional turco-neerlandesa que solicitó un permiso de residencia para la reunificación familiar. El TJUE llegó a la conclu - sión de que la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países, incluidos los turcos, que está condicionada a la recopilación y conser - vación de sus datos biométricos, no constituye una «nueva restricción» en el sentido de las decisiones n.º 2/76 y n.º 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Tur - quía. El Tribunal consideró que el objetivo de prevenir y combatir el fraude de identidad y de documentos era una razón imperiosa de interés público que lo justificaba. En los Estados miembros de la UE de adhesión más reciente, la fecha de aplica - ción de la cláusula turca suspensiva es la fecha de su adhesión a la Unión. El Protocolo adicional del Acuerdo de Ankara de 1970 prevé diversos derechos que se tratan en el capítulo 9 , que versa sobre el acceso a los derechos económicos y sociales. En cuanto a su estatuto, los nacionales turcos tienen derecho de perma - nencia en el territorio mientras ejercen sus derechos sociales y los relacionados con el mercado de trabajo (130).

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Los miembros de la familia, incluidos los que no son nacionales turcos, gozan de un trato privilegiado en virtud de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación esta - blecido por el Acuerdo de Ankara («Consejo de Asociación CEE-Turquía», véase el capítulo 6, relativo a la vida familiar) (131). Tales derechos no están sujetos a las (129) TJUE, C -70/18, Secretario de Estado de Justicia y Seguridad contra A y otros , 3 de octubre de 2019. (130) TJCE, C -337/07, Altun contra Stadt Böblingen , 18 de diciembre de 2008, párr. 21; TJCE, C -171/95, Recep Tetik contra Land Berlin , 23 de enero de 1997, párr. 48; Convención Europea de Establecimiento del Consejo de Europa de 1955, artículo 2: « […] each Contracting Party [which includes Turkey and many other EU countries] shall, to the extent permitted by its economic and social conditions, facilitate the prolonged or permanent residence in its territory of nationals of the other Parties» [[…] en la medida en que lo permitan sus condiciones económicas y sociales, cada parte contratante [lo que incluye a Turquía y a otros muchos países de la UE] facilitará la residencia prolongada o permanente en su territorio a los nacionales de las otras partes]. (131) TJUE, C -451/11, Natthaya Dülger contra Wetteraukreis , 19 de julio de 2012.

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105Estatuto y documentación correspondiente condiciones relacionadas con el motivo por el que en un principio se concedió al ciu - dadano turco el derecho de entrada y residencia en el Estado miembro de la UE de acogida. Ejemplo: en el asunto Altun  (132), el TJCE sostuvo que el hecho de que un nacio - nal turco hubiera obtenido el derecho de residencia en un Estado miembro de la UE y, por lo tanto, el derecho de acceso al mercado laboral de ese Estado como refugiado no impedía a un miembro de su familia gozar de los derechos que emanan de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación. Por otra parte, en el asunto Kahveci  (133), el TJUE aclaró que los miembros de la familia de un trabaja - dor turco podían seguir invocando los derechos que se les habían conferido en virtud de tal decisión cuando el trabajador adquirió la nacionalidad del Estado miembro de acogida y manteniendo la nacionalidad turca. 3.8. Nacionales británicos En el marco del Derecho de la UE , con la retirada del Reino Unido de la Unión Euro - pea, desde el 1 de febrero de 2020, los nacionales británicos son nacionales de terceros países. El Acuerdo de Retirada establece un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 (sujeto a prórroga) durante el cual el Reino Unido sigue estando obligado por la legislación de la UE (134). Esto significa que los nacionales bri - tánicos son tratados de la misma manera que los ciudadanos de la UE. Una vez que expire el periodo de transición, sus derechos y obligaciones dependerán de cual - quier acuerdo que la UE pueda celebrar con el Reino Unido.

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(132) TJCE, C -337/07, Altun contra Stadt Böblingen , 18 de diciembre de 2008, párr. 50. (133) TJUE, asuntos acumulados C -7/10 y C -9/10, Staatssecretaris van Justitie contra Tayfun Kahveci and Osman Inan , 29 de marzo de 2012. (134) Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, DO L 29, arts. 126-127.

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106Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración 3.9 Nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del EEE o suizos En el marco del Derecho de la UE , los miembros de la familia de nacionales del EEE o suizos, sea cual sea su nacionalidad, así como los nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales de la UE que están ejerciendo su derecho de libre circulación, gozan, en ciertas condiciones, del derecho a entrar y residir en el territorio de un Estado miembro de la UE con el fin de acompañar al ciudadano del EEE, suizo o de la UE o de reunirse con él (135). Este derecho solo se puede denegar por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. Este derecho conlleva un derecho a documentos de residencia que demuestren el estatuto de que goza el titular. De conformidad con el artículo 10.1 de la Directiva sobre libre circulación  (2004/38/CE), las tarjetas de residencia de los miembros de la familia de nacionales de un tercer país se expedirán, a más tardar, en los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, y se entregará inmediatamente un res - guardo de la presentación de la solicitud de una tarjeta de residencia. En el marco del CEDH , no expedir a un nacional de un tercer país un permiso de resi - dencia impuesto por el Derecho de la UE puede plantear un problema con arreglo al artículo 8 del Convenio.

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Ejemplo: en el caso Aristimuño Mendizabal contra Francia  (136), el TEDH consi - deró que se habían vulnerado los derechos de la solicitante previstos en el artí - culo 8 del CEDH, debido a una demora excesiva de las autoridades francesas —de más de catorce años— en la expedición de su permiso de residencia. El TEDH señaló que la solicitante tenía derecho a ese permiso tanto en virtud del Derecho de la UE como con arreglo a la legislación francesa. (135) Véanse el acuerdo celebrado entre el EEE y Suiza ( notas al pie 5 y 6) y la Directiva sobre libre circulación (Directiva 2004/38/CE, DO 2004 L 158/77). (136) TEDH, Aristimuño Mendizabal contra Francia , n.º 51431/99, 17 de enero de 2006.

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107Estatuto y documentación correspondiente 3.10. Apátridas y pérdida de la ciudadanía o documentación Ni el Derecho de la UE ni el CEDH abordan la cuestión de la adquisición de la naciona - lidad. Esta responsabilidad corresponde a las autoridades nacionales. No obstante, existen ciertos límites a la acción estatal en relación con la pérdida de la ciudadanía. En virtud del Derecho de la UE , los Estados miembros son competentes para deter - minar las reglas sobre la adquisición y pérdida de la nacionalidad, lo que también incluye la ciudadanía de la UE, así como los derechos adicionales que confiere la ciu - dadanía. El artículo 20 del TFUE consagra el concepto de ciudadanía de la Unión, pero los beneficios de la ciudadanía de la UE se limitan a quienes poseen la ciudadanía nacional de uno de los Estados miembros de la UE (137). No obstante, en caso de pérdida de la ciudadanía que conlleve también la pérdida de los derechos de la UE, se puede apelar al Derecho de la UE. El párrafo 2 del artículo 67 del TFUE establece que los apátridas deben ser tratados como nacionales de ter - ceros países. Ejemplo: en el asunto Rottmann  (138), el Dr. Rottmann, cuya nacionalidad de nacimiento era la austriaca, tuvo que desplazarse a Alemania tras ser acu - sado en Austria de fraude grave en el ejercicio de su profesión. En Alemania solicitó la naturalización. Al adquirir la nacionalidad alemana perdió la austriaca por imperativo legal. Atendiendo a la información que les facilitaron las autori - dades austriacas de que el Sr.

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Rottmann estaba sujeto a una orden de deten - ción en su país, las autoridades alemanas intentaron anular la adquisición de la nacionalidad alemana aduciendo que la había obtenido de manera fraudulenta. Sin embargo, esta decisión tenía por efecto la apatridia. El órgano remitente deseaba saber si la cuestión recaía en el ámbito del Derecho de la UE, pues la apatridia del Sr. Rottmann implicaba también la pérdida de la ciudadanía de la Unión. El TJUE estableció que la decisión de un Estado miembro de la UE de pri - var a un individuo de la nacionalidad, al conllevar la pérdida de la condición de ciudadano de la UE y la privación de los derechos asociados, recae en el ámbito del Derecho de la UE y, por lo tanto, ha de ser compatible con sus principios. El (137) En virtud del artículo 20.1 del TFUE, « [l]a ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla» ; TJCE, C -369/90, Micheletti y otros contra Delegación del Gobierno en Cantabria , 7 de julio de 1992; TJCE, C -192/99, The Queen contra Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit Kaur , 20 de febrero de 2001. (138) TJUE, C -135/08, Rottmann contra Freistaat Bayern [GS], 2 de marzo de 2010, párrs. 41 a 45.

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108Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración TJUE consideró que es legítimo que un Estado revoque la naturalización a causa de maniobras fraudulentas, incluso si a consecuencia de ello esa persona pierde la ciudadanía de la Unión, además de la nacionalidad de ese Estado miembro. Sin embargo, tal decisión ha de cumplir el principio de proporcionalidad, que, entre otras cosas, exige que se conceda un periodo de tiempo razonable para que esa persona recupere la nacionalidad de su Estado miembro de origen. Ejemplo: el caso Tjebbes  (139) se refería a una ley neerlandesa que preveía la pérdida automática de la nacionalidad para los nacionales neerlandeses que residieran fuera de los Países Bajos durante diez años o más. Los hijos de perso - nas desnaturalizadas también perderían la nacionalidad neerlandesa en virtud de la norma de los diez años. A raíz del caso Rottmann , el TJUE determinó que la decisión de retirar la nacionalidad debía respetar el principio de proporciona - lidad. El TJUE sostuvo que las autoridades nacionales deben realizar un examen individual para determinar si la consecuencia de la pérdida de la nacionalidad de un Estado miembro de la UE, que conlleva la pérdida de la ciudadanía de la UE, podría afectar desproporcionadamente al desarrollo normal de la vida familiar y profesional de la persona en cuestión. Además, debe existir un recurso para restablecer la nacionalidad si se considera que la medida es desproporcionada. El CEDH no prevé el derecho de adquisición de la nacionalidad de un Estado (140).

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Sin embargo, el TEDH ha establecido que una denegación arbitraria de esta, así como la pérdida de la nacionalidad, podría plantear un problema con arreglo al artí - culo 8 del Convenio, a causa del impacto que puede causar en la vida privada del individuo (141). Ejemplo: en el caso Genovese contra Malta  (142), el TEDH consideró la dene - gación de la nacionalidad maltesa a un hijo extramatrimonial nacido fuera de Malta, de madre no maltesa y padre maltés reconocido judicialmente. Aunque la denegación de la nacionalidad no suponga por sí misma una vulneración del artículo 8, el TEDH consideró que el impacto de la denegación en la identidad (139) TJUE, C -221/17, Tjebbes y otros contra el Ministro de Relaciones Exteriores , 12 de marzo de 2019. (140) Comisión Europea de Derechos Humanos, Familia K. y W. contra los Países Bajos (dec.), n.º 11278/84, 1 de julio de 1985. (141) TEDH, Karassev contra Finlandia (dec.), n.º 31414/96, 12 de enero de 1999; TEDH, Slivenko contra Letonia [GS], n.º 48321/99, 9 de octubre de 2003; TEDH, Kuduzović contra Eslovenia (dec.), n.º 60723/00, 17 de marzo de 2005; TEDH, Ramadan contra Malta , n.º 76136/12, 21 de junio de 2016, párr. 85; TEDH, K2 contra el Reino Unido , n.º 42387/13, 7 de febrero de 2017.

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(142) TEDH, Genovese contra Malta , n.º 53124/09, 11 de octubre de 2011.

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109Estatuto y documentación correspondiente social del solicitante correspondía al ámbito y la esfera general del artículo 8 y que se había producido una vulneración del artículo 8 del CEDH en relación con el artículo 14, debido al carácter arbitrario y discriminatorio de la denegación. Ejemplo: En el caso Hoti contra Croacia  (143), el solicitante era un apátrida nacido en Kosovo que vivía y trabajaba en Croacia desde 1979. En 2014, Croacia se negó a prorrogar su permiso de residencia temporal por no haber presentado un documento de viaje válido. El TEDH determinó que los apátridas, como el solicitante, debían cumplir requisitos que, debido a su condición, no podían cum - plir, en el sentido de que necesitaban tener un documento de viaje válido para solicitar la residencia permanente en Croacia. El Tribunal también observó la insistencia de las autoridades croatas en que el solicitante obtuviera un docu - mento de viaje de las autoridades de Kosovo, mientras que su apatridia era evidente en sus certificados de nacimiento. En consecuencia, Croacia no cum - plió con su obligación positiva de proporcionar un procedimiento eficaz y acce - sible que permitiera al solicitante que se determinara su condición en Croacia teniendo debidamente en cuenta su derecho a la vida privada en virtud del artí - culo 8 del CEDH. Puntos clave • A menudo el estatuto y la documentación permiten a los no ciudadanos acceder al mercado laboral y a los servicios públicos y privados. (véase la introducción a este capítulo). • La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantiza explícitamente el derecho de asilo.

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Aunque el CEDH no garantiza el derecho a obtener asilo, se puede obligar al Estado expulsante a abstenerse de expulsar a un individuo que corre riesgo de muerte o malos tratos en el Estado de destino (véase el apartado 3.2 ). • En el marco del Derecho de la UE, los solicitantes de asilo tienen derecho de perma - nencia en el territorio del Estado de acogida mientras se encuentran a la espera de una decisión definitiva sobre su solicitud de asilo, y se les debe facilitar un documento que autorice su permanencia en el Estado miembro mientras se evalúa la solicitud de asilo (véase el apartado 3.1 ). • A los refugiados y a los beneficiarios de protección subsidiaria reconocidos se les debe dar un permiso de residencia, así como documentos de viaje, en virtud del Derecho de la UE (véase el apartado 3.2 ). (143) TEDH, Hoti contra Croacia , n.º 63311/14, 26 de abril de 2018. Véase también TEDH, Sudita Keita contra Hungría , n.º 42321/15, 12 de mayo de 2020.