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158Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Cuando existan indicios razonables de que un solicitante ha retirado implícitamente su solicitud o ha desistido implícitamente de ella, las solicitudes se pueden tratar considerando que se han retirado o que se ha desistido de ellas. Sin embargo, el Estado ha de tomar la decisión respecto de la suspensión del examen, registrando la acción adoptada, o rechazar la solicitud (artículos 27 y 28 de la Directiva sobre procedimientos de asilo). Las decisiones sobre las solicitudes de asilo serán adoptadas por la autoridad res - ponsable lo más rápidamente posible y en un plazo máximo de seis meses desde el momento de la solicitud, salvo en las circunstancias enumeradas en el artículo 31.3 y 31.4 de la Directiva sobre procedimientos de asilo, en las que el examen podrá pro - longarse hasta un máximo de veintiún meses. Si no fuera posible tomar la deci - sión dentro del plazo de seis meses, se informará al solicitante del plazo o, si así lo solicita, se le indicará cuando podrá recaer la decisión (artículo 31.6). Las garantías básicas establecidas en el capítulo II de la Directiva deben ser respetadas durante el examen de la petición. La decisión será escrita y deberá informar sobre las vías de recurso posibles (artículo 11 de la Directiva). En virtud del artículo 33 de la Directiva sobre procedimientos de asilo, los Estados miembros de la UE pueden declarar las solicitudes inadmisibles , como por ejemplo, las solicitudes repetidas en las que no hay nuevos elementos o cuando un Estado no miembro de la UE se considere un tercer país seguro para el solicitante. Se deberá llevar a cabo una entrevista personal, excepto en los casos de solicitudes repetidas inadmisibles (artículo 34).

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En cuanto al CEDH , el Tribunal ha sostenido que los individuos han de tener acceso al procedimiento de asilo, así como a información adecuada relativa al procedi - miento. Por otra parte, las autoridades han de evitar demoras excesivamente pro - longadas al decidir sobre las solicitudes de asilo (252). Al evaluar la efectividad del examen de las solicitudes de asilo en primera instancia, el Tribunal ha considerado también otros factores, como la disponibilidad de intérpretes, el acceso a la asisten - cia jurídica y la existencia de un sistema de comunicación fiable entre las autorida - des y los solicitantes de asilo (253). Para el examen del riesgo, el artículo 13 exige que una instancia nacional realice un análisis independiente y riguroso de cualquier (252) TEDH, B.A.C. contra Grecia , n.º 11981/15, 13 de octubre de 2016; TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011; TEDH, Abdolkhani y Karimnia contra Turquía , n.º 30471/08, 22 de septiembre de 2009. (253) Para más información, véase TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011, párr. 301.

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159Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno solicitud presentada por una persona que tenga motivos fundados para temer un riesgo real de ser tratada de forma contraria al artículo 3 (o al artículo 2) en caso de expulsión (254). 5. 1.2. Derecho a un recurso efectivo Los solicitantes han de tener acceso a un recurso efectivo y práctico contra la dene - gación de asilo, de un permiso de residencia o de cualquier otra queja de posible vulneración de sus derechos humanos. En este contexto, tanto el Derecho de la UE como el CEDH reconocen que las garantías procesales se han de cumplir para que el examen de los casos individuales sea efectivo y rápido. A este fin se han desarro - llado requisitos detallados de procedimiento tanto en el marco del Derecho de la UE como por el TEDH. En el marco del Derecho de la UE , el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fun - damentales de la UE establece el derecho a un recurso efectivo y a un juicio justo. El primer párrafo del artículo 47 de la Carta se basa en el artículo 13 del CEDH, que garantiza el derecho a un «recurso efectivo ante una autoridad nacional». Sin embargo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE exige que el recurso sea ante un tribunal, mientras que el artículo 13 del CEDH solo requiere un recurso ante una instancia nacional (255). El segundo párrafo del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE se basa en el artículo 6 del CEDH, que garantiza el derecho a un juicio justo, pero solo para determinar derechos u obligaciones civiles o el fundamento de una acu - sación en materia penal.

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Ello ha impedido la aplicación del artículo 6 del CEDH a los asuntos de inmigración y asilo, pues no implican la determinación de un derecho u obligación civil (256). El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE no establece tal distinción. El artículo 46 de la Directiva sobre procedimientos de asilo prevé el derecho a un recurso efectivo frente a una decisión sobre protección internacional, la nega - tiva a reabrir una solicitud previamente interrumpida y una decisión para retirar la (254) Ibid., párr. 293. (255) Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE ( 2007/C 303/02 ), DO 2007 C 303/17. (256) TEDH, Maaouia contra Francia [GS], n.º 39652/98, 5 de octubre de 2000, párrs. 38 y 39.

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160Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración protección internacional. Debe contener un completo examen ex nunc , tanto de hechos como de derecho. Los plazos no deben impedir o dificultar excesivamente la presentación del recurso. En cuanto al CEDH , su artículo 13, que garantiza el derecho a un recurso efectivo ante una instancia nacional, es de aplicación a casos de inmigración. Otros derechos pre - vistos en el Convenio, incluido el artículo 3 del CEDH, se pueden leer conjuntamente con el artículo 13. Por otra parte, se ha considerado que el derecho a la vida privada y familiar, garantizado por el artículo 8 del CEDH, incluye las garantías procesales inherentes (brevemente descritas en el apartado 5.4 ). Además, a menudo se uti - liza la prohibición de arbitrariedad inherente a todos los derechos del Convenio para proporcionar importantes salvaguardias en asuntos de asilo o inmigración (257). No obstante, el artículo 6 del CEDH, que garantiza el derecho a una audiencia justa ante un tribunal, no se aplica a los casos de asilo e inmigración (véase el apartado 5.5 ). En relación con la tutela judicial contra la prohibición arbitraria o ilegal de la libertad, véase el apartado 7 .10 ). El TEDH ha sentado los principios generales sobre qué constituye un recurso efectivo en los asuntos relativos a la expulsión de solicitantes de asilo. Los solicitantes han de contar con una vía de recurso nacional que pueda abordar el fondo de cualquier «queja defendible» en virtud del CEDH y, en caso necesario, adoptar las medidas de subsanación adecuadas (258).

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Dado que un recurso ha de ser «efectivo» tanto de facto como de iure , es posible que el TEDH haya de plantearse, entre otras cosas, si el solicitante de asilo dispuso de tiempo suficiente para presentar el recurso. Ejemplo: en el caso Abdolkhani y Karimnia contra Turquía  (259), tanto las auto - ridades administrativas como las judiciales se mostraron pasivas ante las gra - ves declaraciones formuladas por los solicitantes sobre el riesgo de malos tratos que corrían si volvían a Irak o Irán. Además, las autoridades nacionales no tuvieron en cuenta sus peticiones de asilo temporal, no les notificaron sus razones a ese respecto y no los autorizaron a tener asistencia jurídica, pese a su petición explícita de ponerse en contacto con un abogado mientras se encon - traban detenidos por la Policía. Estas omisiones de las autoridades nacionales (257) TEDH, C.G. y otros contra Bulgaria , n.º 1365/07, 24 de abril de 2008, párr. 49. (258) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011, párr. 288; TEDH, Kudła contra Polonia [GS], n.º 30210/96, 26 de octubre de 2000, párr. 157. (259) TEDH, Abdolkhani and Karimnia contra Turquía , n.º 30471/08, 22 de septiembre de 2009, párrs. 111 a 117.

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161Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno impidieron a los solicitantes presentar sus alegaciones con arreglo al artículo 3 del CEDH en el marco legislativo pertinente. Por otra parte, los solicitantes no pudieron pedir a las autoridades que anulasen la decisión de expulsarlos por no habérseles entregado las órdenes de expulsión correspondientes ni habérse - les notificado las razones de su expulsión. El examen judicial de los asuntos de expulsión en Turquía no se podía considerar un recurso efectivo, pues una solici - tud de anulación de una orden de expulsión no tenía efecto suspensivo a menos que el tribunal administrativo ordenara explícitamente la suspensión. Así pues, no se facilitó a los solicitantes un recurso efectivo y accesible en relación con sus quejas basadas en el artículo 3 del CEDH. Ejemplo: los tribunales constitucionales de Austria y la República Checa han con - siderado que los plazos de dos y siete días son demasiado breves (260). En cam - bio, en Diouf  (261), el TJUE consideró que un plazo de quince días en un procedi - miento acelerado «no parece, en principio, materialmente insuficiente para la preparación e interposición de un recurso judicial efectivo, sino que parece razo - nable y proporcionado en relación con los derechos e intereses de que se trata». Otra acción estatal que puede mermar la eficacia de las garantías consiste en no notificar a los individuos una decisión o sus derechos de recurso, o en impedir el con - tacto de un solicitante de asilo detenido con el mundo exterior. En algunos aspectos, existen elementos comunes entre los requisitos elaborados por el TEDH y las garan - tías procesales previstas en la Directiva sobre procedimientos de asilo.

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Ejemplo: en el caso Čonka contra Bélgica  (262), relativo a la expulsión colectiva de unos solicitantes de asilo gitanos con arreglo al artículo 4 del Protocolo n.º 4 del Convenio, los obstáculos administrativos y prácticos entorpecieron la trami - tación de las solicitudes de asilo en Bélgica. En los procedimientos en primera instancia, los solicitantes no tuvieron acceso a su expediente y no pudieron consultar el registro de las notas tomadas durante la audiencia ni pedir que se levantara acta de sus observaciones. Los medios de recurso disponibles ante (260) Austria, Tribunal Constitucional austriaco ( Österreichische Verfassungsgerichtshof ), Decisión G31/98, G79/98, G82/98, G108/98  de 24 de junio de 1998; República Checa, Tribunal Constitucional Checo (Ústavní soud Ceské republiky ), Decisión n.º 9/2010, Coll., que entró en vigor en enero de 2010. (261) TJUE, C -69/10, Samba Diouf contra Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration , 28 de julio de 2011, párr. 67. (262) TEDH, Čonka contra Bélgica , n.º 51564/99, 5 de febrero de 2002.

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162Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración la instancia superior no tuvieron efecto de suspensión automática. El Tribunal concluyó que se había vulnerado el artículo 13 en relación con el artículo 4 del Protocolo n.º 4. Aunque un único recurso no satisfaga completamente por sí solo los requisitos del artículo 13 del CEDH, es posible que el conjunto de los medios de recurso previstos en el Derecho nacional sí lo haga (263). 5.1.3. Recursos con efecto de suspensión automática En el Derecho de la UE , el artículo 46 de la Directiva sobre procedimientos de asilo establece el derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional. Está redac - tado en los mismos términos que el artículo 47 de la Carta de los Derechos Funda - mentales de la UE . La Directiva establece que los Estados miembros de la UE han de permitir que los solicitantes permanezcan en el territorio hasta que haya expirado el plazo dentro del cual pueden presentar un recurso, así como en espera del resul - tado de dicho recurso. Con arreglo al artículo 46.6, no existe un derecho automático a permanecer en el territorio para determinados tipos de solicitudes mal fundadas o inadmisibles, en cuyo caso el órgano que resuelva el recurso debe ser competente para decidir si el solicitante puede o no permanecer en el territorio durante el tiempo necesario para examinar la solicitud. Se prevé una excepción similar para las decisio - nes de traslado adoptadas en el marco del Reglamento de Dublín [Reglamento (UE) n.º 604/2013, artículo 27.2].

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En cuanto al CEDH , el Tribunal ha sostenido que, cuando un individuo recurre una decisión de denegación de su solicitud de asilo y cabe la posibilidad de que la apli - cación de una medida de retorno contra el solicitante tenga efectos potencialmente irreversibles contrarios al artículo 3, el recurso ha de tener un efecto de suspensión automática. Ejemplo: en el caso Gebremedhin [Gaberamadhien] contra Francia  (264), el TEDH consideró que las alegaciones del solicitante en relación con el riesgo de malos tratos en Eritrea habían sido suficientemente creíbles como para que la queja presentada en virtud del artículo 3 del CEDH fuera «defendible». Por lo tanto, el solicitante podía invocar el artículo 13 en relación con el artículo 3. Esta última disposición exige que los nacionales extranjeros tengan acceso a un recurso (263) TEDH, Kudła contra Polonia [GS], n.º 30210/96, 26 de octubre de 2000. (264) TEDH, Gebremedhin [Gaberamadhien] contra Francia , n.º 25389/05, 26 de abril de 2007.

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163Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno con efecto suspensivo contra las decisiones de expulsión a un país donde haya una razón real para creer que corren el riesgo de ser sometidos a malos tra - tos contrarios al artículo 3. En el caso de los solicitantes de asilo que declara - ban correr tal riesgo y a los que ya se les había autorizado a entrar en territorio francés, la legislación francesa preveía un procedimiento que cumplía algunos de estos requisitos. Sin embargo, el procedimiento no se aplica a las personas que alegan este riesgo al presentarse en la frontera en un aeropuerto. Para pre - sentar una solicitud de asilo, los nacionales extranjeros tienen que encontrarse en territorio francés. Si están en la frontera, no pueden presentar la solicitud a menos que previamente se les haya autorizado a entrar en el país. Si carecen de los documentos necesarios para ello, tienen que solicitar la autorización de entrada por motivos de asilo. Entonces se les conduce a una «zona de espera» mientras las autoridades estudian si la solicitud de asilo es «manifiestamente infundada». Si estiman que lo es, no autorizan a la persona afectada a entrar en el país. Aunque el interesado puede solicitar a los tribunales administrati - vos la anulación de la decisión ministerial que le impide entrar en el país, esa solicitud no tiene efecto suspensivo y no está sujeta a plazos. Es cierto que el interesado hizo uso de su derecho a dirigirse al juez de medidas provisionales, pero no tuvo éxito. Sin embargo, este recurso tampoco tuvo efecto de suspen - sión automática, por lo que el interesado podía ser expulsado antes de que el juez dictara su decisión.

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Dada la importancia del artículo 3 del CEDH y teniendo en cuenta el carácter irreversible del daño causado por tortura o malos tratos, el artículo 13 obliga a que, cuando un Estado parte ha decidido expulsar a un extranjero a un país donde existe una razón real para creer que puede correr riesgo de tortura o malos tratos, el interesado tenga acceso a un recurso con efecto de suspensión automática. «En la práctica», ese efecto no era suficiente. Dado que el solicitante no tuvo acceso a tal recurso cuando se encontraba en la «zona de espera», el artículo 13 del CEDH, en relación con el artículo 3, había sido vulnerado. Ejemplo: en el caso M.S.S. contra Bélgica y Grecia  (265), el Tribunal consideró que Grecia había vulnerado el artículo 13 del CEDH en relación con el artículo 3, dados los errores cometidos por sus autoridades al examinar la petición de asilo del solicitante y el riesgo a que este se enfrentó de ser devuelto directa o indi - rectamente a su país de origen sin un examen serio de su solicitud de asilo y sin haber tenido acceso a un recurso efectivo. (265) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011, párr. 293.

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164Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el caso Hirsi Jamaa y otros contra Italia  (266), un barco italiano había interceptado en el mar a unos solicitantes de asilo potenciales. Las autoridades italianas los habían dejado creer que los llevaban a Italia y no les habían infor - mado de los procedimientos que debían seguir para evitar que los devolvieran a Libia. Por lo tanto, los solicitantes no pudieron presentar sus quejas en vir - tud del artículo 3 del CEDH o del artículo 4 del Protocolo n.º 4 a una autoridad competente y conseguir un examen minucioso y riguroso de sus peticiones antes de que se ejecutara la medida de expulsión. El Tribunal concluyó que se había producido una vulneración del artículo 13 del CEDH en relación con el artí - culo 3 de este y con el artículo 4 de su Protocolo n.º 4. El TEDH ha concluido que una queja presentada en virtud del artículo 13 del CEDH, en relación con el artículo 8 del CEDH y el artículo 4 del Protocolo n.º 4 del CEDH, no requiere que el recurso nacional tenga un efecto de suspensión automática. Ejemplo: en el caso De Souza Ribeiro contra Francia  (267), el solicitante, un nacional brasileño, había residido en la Guayana Francesa (territorio francés de ultramar) con su familia desde la edad de siete años. Tras una detención administrativa por no presentar un permiso de residencia válido, las autorida - des ordenaron su expulsión. Fue expulsado al día siguiente, aproximadamente cincuenta minutos después de presentar su recurso contra la orden de expul - sión.

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La Gran Sala del TEDH consideró que, cuando las expulsiones se recurren con base en que estas pueden suponer una interferencia en la vida privada y familiar, no es imperativo prever un efecto suspensivo automático para que el recurso sea eficaz. La Gran Sala del TEDH consideró que la premura con que se había ejecutado la orden de expulsión había tenido el efecto de que los recursos disponibles no fuesen efectivos en la práctica y, por lo tanto, resultasen inacce - sibles. En la práctica, el solicitante no había tenido acceso a un recurso efectivo en relación con la queja que había presentado en virtud del artículo 8 del Con - venio cuando estaba a punto de ser expulsado. El Tribunal declaró que se había producido una vulneración del artículo 13 en relación con el artículo 8. Ejemplo: el caso de Khlaifia y otros contra Italia  (268) se refería a la devolución de nacionales tunecinos desde Italia. Los demandantes no habían solicitado asilo, pero impugnaron el carácter colectivo de su devolución alegando que constituía (266) TEDH, Hirsi Jamaa y otros contra Italia [GS], n.º 27765/09, 23 de febrero de 2012, párrs. 197 a 207. (267) TEDH, De Souza Ribeiro contra Francia [GS], n.º 22689/07, 13 de diciembre de 2012, párr. 83. (268) TEDH, Khlaifia y otros contra Italia [GS], n.º 16483/12, 15 de diciembre de 2016, párrs. 272 a 281.

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165Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno una expulsión colectiva, prohibida por el artículo 4 del Protocolo n.º 4 del CEDH. En virtud de la legislación italiana, los solicitantes podían apelar la decisión de devolución, pero ese recurso no suspendería automáticamente la expulsión. El TEDH concluyó que no es necesario que los recursos contra las presuntas vio - laciones del artículo 4 del Protocolo n.º 4 suspendan la expulsión auromática - mente, siempre que exista una posibilidad efectiva de impugnar la decisión de retorno. El recurso debe tener un efecto suspensivo automático solo cuando exista un riesgo de daño irreversible en forma de violación de los artículos 2 o 3 del CEDH,. Por consiguiente, el Tribunal no constató una violación del artículo 13 en relación con el artículo 4 del Protocolo n.º 4. 5.1.4. Procedimientos acelerados de asilo En el marco del Derecho de la UE , el artículo 31.8 de la Directiva sobre procedimien - tos de asilo enumera diez circunstancias en que se pueden aplicar procedimientos acelerados, como cuando la solicitud se considera infundada porque el solicitante procede de un país de origen seguro o cuando los solicitantes rechazan tomarse las huellas dactilares. Aunque los principios y garantías básicos de la Directiva se apli - can, un recurso puede no tener un efecto de suspensión automática, por lo que el derecho de estancia durante el procedimiento de recurso debe ser solicitado o con - cedido explícitamente caso por caso (véase también el apartado 5.1.3 ). En la prác - tica, los plazos de recurso frente a una decisión desfavorable en los procedimientos acelerados son más breves.

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En cuanto al CEDH , el Tribunal ha sostenido que era necesario realizar un análi - sis independiente y riguroso de cada solicitud de asilo. Cuando no ha sido el caso, el Tribunal ha detectado vulneraciones del artículo 13 del CEDH en relación con el artículo 3. Ejemplo: en el caso I.M. contra Francia  (269), el solicitante, que afirmaba correr riesgo de malos tratos en caso de ser expulsado a Sudán, intentó solicitar asilo en Francia. Las autoridades estimaron que su solicitud de asilo se basaba en un «fraude deliberado» o constituía un «abuso del procedimiento de asilo», pues la había presentado después de emitida la orden de expulsión. Por lo tanto, el primer y único examen de la solicitud de asilo se realizó automáticamente por procedimiento acelerado, sin salvaguardias suficientes. Por ejemplo, el plazo de presentación de la solicitud se redujo de veintiún días a cinco. Este brevísimo (269) TEDH, I.M. contra Francia , n.º 9152/09, 2 de febrero de 2012, párrs. 136 a 160.

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166Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración periodo de solicitud impuso limitaciones particulares, pues se esperaba que el solicitante presentase una solicitud completa en francés, acompañada de jus - tificantes, sujeta a los mismos requisitos que las presentadas por el procedi - miento ordinario por personas no detenidas. Aunque el solicitante podía haber impugnado ante el tribunal administrativo su orden de expulsión, solo dispuso de cuarenta y ocho horas para hacerlo, frente a los dos meses propios del pro - cedimiento ordinario. Así pues, la solicitud de asilo del interesado fue rechazada sin que el sistema nacional, en conjunto, le ofreciera un recurso efectivo en la práctica. Por consiguiente, no pudo hacer valer su queja en el sentido del artí - culo 3 del CEDH, por lo que el Tribunal constató una violación del artículo 13 en relación con el artículo 3 del CEDH. 5.2. Procedimientos de Dublín El Reglamento de Dublín [Reglamento (UE) 604/2013] exige que los Estados miem - bros de la UE examinen toda solicitud de protección internacional presentada por un nacional de un tercer país o un apátrida y que dicha solicitud sea examinada por un solo Estado miembro (artículo 3.1). El Reglamento determina cuál es el Estado responsable de examinar una solicitud de asilo. A partir de los criterios en él estable - cidos, si el Estado responsable de examinar la solicitud es otro, el Reglamento prevé un procedimiento de traslado a ese Estado.

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En el marco del Derecho de la UE , el Reglamento de Dublín establece plazos para que los Estados cumplan, rechacen o acepten a los solicitantes de asilo (artículos 21, 22, 25 y 29) y estipula la necesidad de que el Estado reúna ciertas pruebas antes de trasladar a un solicitante (artículo 22), de que se garantice la confidencialidad de la información personal (artículo 39) y de que se informe al individuo sobre el Regla - mento de Dublín en general (artículo 4) así como sobre el traslado previsto conforme a dicho Reglamento y los recursos disponibles (artículo 26). Se imponen ciertos requisitos en cuanto a las pruebas de cooperación administrativa (artículo 34) y sal - vaguardias relativas al cese de la responsabilidad (artículo 19). Ejemplo: los casos de Ghezelbash y Karim  (270) se refieren al alcance de los recursos efectivos en el Reglamento de Dublín. En el caso Ghezelbash , el TJUE dictaminó que el solicitante tenía derecho, en un recurso contra una decisión de (270) TJUE, C -63/15, Mehrdad Ghezelbash contra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [GS], 7 de junio de 2016; TJUE, C -155/15, George Karim contra Migrationsverket [GS], 7 de junio de 2016.

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167Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno traslado, a alegar la aplicación incorrecta de uno de los criterios que determinan la responsabilidad con arreglo al Reglamento de Dublín, en particular los crite - rios relativos a la concesión de un visado con arreglo al artículo 12. En el asunto Karim , el TJCE llegó a la conclusión de que un solicitante que impugna la decisión de traslado puede invocar una infracción de la norma según la cual un Estado miembro ya no es responsable de la solicitud de protección internacional si el solicitante ha abandonado su territorio durante al menos tres meses (párrafo 2 del artículo 19 del Reglamento de Dublín). El Reglamento de Dublín garantiza la aplicación de las normas de Dublín incluso después de que la persona haya retirado una solicitud de asilo [artículos 20.5 y 18.1 c)] (271). El artículo 5 del Reglamento de Dublín requiere normalmente la realización de una entrevista personal a cada solicitante. Los solicitantes tienen derecho a un recurso efectivo: se les debe autorizar a permanecer en el territorio durante el examen de la decisión de traslado por el órgano competente, o bien se debe dar a dicho órgano la posibilidad de suspender el traslado por iniciativa propia o previa petición (artículo 27.3). El Reglamento de Dublín también contiene garantías para los niños no acompañados (véase el apartado 10. 1 para más detalles) y disposiciones para mantener la unidad familiar. Los artículos 8 a 11 y 16 del Reglamento recogen los criterios para determi - nar el Estado miembro responsable del examen de la solicitud en los casos en que intervienen varios miembros de una familia [tal como se definen en el artículo 2 g) del Reglamento].

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Además, el Estado miembro puede solicitar a otro Estado miembro de la UE que examine una solicitud a fin de agrupar a otros miembros de la familia (artículo 17.2, «cláusula humanitaria»). El artículo 7.3 impone a los Estados miem - bros de la UE tomar en consideración cualquier elemento de prueba disponible rela - tivo a la presencia en el territorio de un Estado miembro de miembros de la familia y parientes del solicitante, siempre que dicha prueba se haya presentado antes de que otro Estado miembro acepte la responsabilidad de examinar la solicitud de asilo y la solicitud anterior del solicitante no haya sido objeto de una primera decisión en cuanto al fondo. (271) Véase también TJUE, C -620/10, Migrationsverket contra Nurije Kastrati y otros , 3 de mayo de 2012, párr. 49.

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168Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración En caso de problemas humanitarios graves, en determinadas circunstancias un Estado miembro de la UE puede pasar a ser responsable del examen de una solicitud de asilo, siempre y cuando una persona dependa de la otra y existan lazos familiares entre ambas. Ejemplo: el asunto K (272) trataba del traslado de Austria a Polonia de una mujer cuya nuera, que tenía un hijo recién nacido, estaba aquejada de una grave enfermedad y una discapacidad a raíz de una experiencia traumática en un ter - cer país. Si lo que le había sucedido llegaba a conocerse, la nuera podía correr el riesgo de tratos violentos por los miembros masculinos de su familia por razón de tradiciones culturales orientadas a restablecer el honor familiar. En estas cir - cunstancias, el TJUE sostuvo que, cuando se reúnen las condiciones previstas en el artículo 15.2 de la versión de 2003 del Reglamento , revisado en el artí - culo 16.1 de la versión de 2013, el Estado miembro que en virtud de las razones humanitarias expuestas en dicha disposición deba ocuparse del solicitante de asilo se convierte en el Estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo. Aunque el Estado miembro de la UE no sea responsable con arreglo a los criterios del Reglamento de Dublín, un Estado miembro de la UE puede optar por examinar una solicitud («cláusula de soberanía» del artículo 17 .1 del Reglamento) (273).

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Según el artículo 3.2 del Reglamento, si el traslado a un Estado miembro de la UE considerado responsable de conformidad con los criterios de Dublín expusiera al solicitante a un riesgo de malos tratos prohibidos por el artículo 4 de la Carta, el Estado que pretenda trasladar al solicitante deberá seguir examinando el resto de los criterios del Regla - mento y, en un plazo razonable, determinar si dichos criterios permiten identificar al otro Estado miembro como responsable del examen de la solicitud de asilo. Esto podría llevar al primer Estado a asumir la responsabilidad de la solicitud (artículo 3.2) para poner fin a la vulneración de los derechos fundamentales del solicitante. (272) TJUE, C -245/11, K contra Bundesasylamt , 6 de noviembre de 2012. (273) Véanse también TJUE, C -528/11, Zuheyr Frayeh Halaf contra Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet , 30 de mayo de 2013; TJUE, C -661/17, M.A. y otros contra The International Protection Appeals Tribunal y otros , 23 de enero de 2019.

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169Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno Ejemplo: en los asuntos acumulados de N.S. y M.E.  (274), el TJUE analizó si el tras - lado de los individuos a Grecia con arreglo al Reglamento de Dublín supondría una vulneración del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que corresponde al artículo 3 del CEDH. Cuando el TJUE examinó los asuntos, el TEDH ya había afirmado que la acogida y otras condiciones de los solicitantes de asilo en Grecia infringían el artículo 3 del CEDH (véase también M.S.S. contra Bélgica y Grecia ) (275). El TJUE sostuvo que los Estados miembros de la UE no podían ignorar las deficiencias sistémicas del procedimiento de asilo y las con - diciones de acogida en Grecia, que constituyen un riesgo real de que los solici - tantes de asilo sean objeto de tratos inhumanos o degradantes. Insistió en que el Reglamento de Dublín tenía que ejecutarse de acuerdo con los derechos de la Carta, lo que significaba (si no hubiera otro Estado miembro de la UE responsa - ble) que el Reino Unido e Irlanda tenían la obligación de examinar las solicitudes de asilo, pese a que los solicitantes las habían presentado en Grecia. Ejemplo: en el caso C. K. y otros contra Eslovenia  (276), el TJUE dictaminó que el traslado de Dublín debe suspenderse si el estado de salud del solicitante es tan grave que existen razones fundadas para creer que el traslado supondría un riesgo real de trato inhumano o degradante, de conformidad con el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

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El Tribunal dictaminó que no solo los riesgos derivados de defectos sistémicos, sino también las circuns - tancias que afectan a la situación individual de un solicitante, pueden, en cir - cunstancias excepcionales, impedir un traslado de Dublín. El TJUE declaró que el artículo 17.1 del Reglamento de Dublín, leído a la luz del artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , no obliga a los Estados miembros de la UE a hacer uso de la cláusula discrecional. Sin embargo, la cláusula discrecional puede activarse si no se espera que el estado de salud de la persona «mejore a corto plazo» o si una nueva suspensión «corre el riesgo de empeorar el estado de la persona en cuestión». Según la jurisprudencia del TJUE, un solicitante de protección internacional puede ser trasladado al Estado miembro que normalmente se encarga de tramitar la solicitud o que ha concedido previamente a la persona la protección subsidiaria, a menos que (274) TJUE, asuntos acumulados C -411/10 y C -493/10, N.S. contra Secretary of State for the Home Department y M.E. y otros contra Refugee Applications Commissioner y Minister for Justice, Equality and Law Reform [GS], 21 de diciembre de 2011. Véase también TJUE, C -4/11, Bundesrepublik Deutschland contra Kaveh Puid , 14 de noviembre de 2013. (275) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011. (276) TJUE, 578/16, C.K. y otros contra Republika Slovenija , 16 de febrero de 2017.

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170Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración las condiciones de vida previstas en ese Estado miembro para las personas a las que se ha concedido la protección internacional expongan a la persona a una situación de extrema pobreza material, contraria a la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes. Ejemplo: el caso Jawo  (277) se refería a la cuestión de si la Carta de los Dere - chos Fundamentales de la UE prohíbe el traslado de un solicitante en virtud del Reglamento de Dublín al Estado miembro responsable si existe un riesgo grave de que el solicitante sea sometido a un trato inhumano o degradante. El solici - tante, un nacional de Gambia que había presentado inicialmente una solicitud de asilo en Italia, continuó su viaje mientras la solicitud estaba pendiente y pre - sentó otra en Alemania. Las autoridades alemanas rechazaron la solicitud por inadmisible y ordenaron el traslado del solicitante a Italia. El solicitante sostuvo que Alemania era el Estado miembro responsable debido a la expiración del plazo de seis meses previsto en el Reglamento de Dublín y que el traslado a Ita - lia sería ilegal debido a las deficiencias sistémicas y las condiciones de vida en ese país. El TJUE llegó a la conclusión de que el traslado de Dublín de un solici - tante a otro Estado miembro es inhumano y degradante si expone a la persona a una situación de extrema pobreza material que «no le permite satisfacer sus necesidades más básicas». Ejemplo: los casos Ibrahim, Sharqawi y Magamadov  (278) se referían a bene - ficiarios de protección subsidiaria en un Estado miembro que solicitaban asilo en otro Estado miembro.

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El TJUE llegó a la conclusión de que un solicitante de asilo puede ser trasladado al Estado miembro que es responsable de la trami - tación de la solicitud o que ha concedido anteriormente al solicitante la protec - ción subsidiaria, a menos que las condiciones de vida previstas en ese Estado miembro lo expongan a una situación de extrema pobreza material, contraria a la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes. El Tribunal aclaró que las insuficiencias del sistema social del Estado miembro en cuestión no justifican la conclusión de que exista un riesgo de ese trato. (277) TJUE, C -163/17, Abubacarr Jawo contra Bundesrepublik Deutschland [GS], 19 de marzo de 2019. (278) TJUE, asuntos acumulados C -297/17, C -318/17, C -319/17 y C -438/17, Bashar Ibrahim (C -297/17), Mahmud Ibrahim y otros (C -318/17), Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, Hosam Fattayrji (C -319/17) contra Bundesrepublik Deutschland, Bundesrepublik Deutschland contra Taus Magamadov (C -438/17) [GS], 19 de marzo de 2019.

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171Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno Ejemplo: en los casos Jafari y A.S. contra Eslovenia  (279), los tribunales austría - cos y eslovenos pidieron que se aclarara si la facilitación de cruces fronterizos en masa durante una situación excepcional podía considerarse como la expe - dición de un visado o constituía un «cruce irregular» con arreglo al Reglamento de Dublín. El TJUE dictaminó que un Estado miembro sigue siendo responsable de una reclamación de protección internacional cuando autoriza a personas — que no tienen visado— a entrar por motivos humanitarios. Debe considerarse que una persona cruza de manera irregular el territorio de un Estado miembro incluso cuando un número inusualmente elevado de personas cruza la frontera. El TJUE confirmó que en esa situación sigue siendo aplicable el Reglamento de Dublín. De conformidad con el CEDH , no corresponde al TEDH interpretar el Reglamento de Dublín. Sin embargo, como se puede observar en la jurisprudencia del Tribunal, los artículos 3 y 13 también pueden ser de aplicación en el contexto de los traslados realizados en aplicación del Reglamento de Dublín (280). Ejemplo: en el caso M.S.S. contra Bélgica y Grecia  (281), el TEDH consideró que ambos países habían vulnerado el derecho del solicitante a un recurso efectivo en virtud del artículo 13 del CEDH en relación con su artículo 3.

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El Tribunal con - sideró que, dado que Grecia no aplicaba correctamente el Derecho en materia de asilo y teniendo en cuenta los importantes fallos estructurales existentes en el acceso al procedimiento de asilo y a los recursos, no existían garantías efectivas que protegieran al solicitante de una expulsión arbitraria a Afganis - tán, donde corría riesgo de malos tratos. En el caso de Bélgica, el procedimiento para recurrir un traslado en virtud del Reglamento de Dublín no se ajustaba a las exigencias de la jurisprudencia del TEDH en cuanto al análisis atento y riguroso de las quejas en los casos en los que la expulsión a otro país podía exponer a un individuo a tratos prohibidos por el artículo 3. (279) TJUE, C -646/16, Khadija Jafari y Zainab Jafari contra Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl [GS], 26 de julio de 2017; y TJUE, C -490/16, A.S. contra Republika Slovenija [GS], 26 de julio de 2017. (280) TEDH, Mohammed Hussein y otros contra los Países Bajos e Italia (dec.), n.º 27725/10, 2 de abril de 2013; TEDH, Mohammed contra Austria , n.º 2283/12, 6 de junio de 2013. (281) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011.

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172Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el caso Tarakhel contra Suiza  (282), el TEDH dictaminó que, incluso en ausencia de «deficiencias sistemáticas» de las disposiciones de acogida italia - nas, se produciría una violación del artículo 3 del CEDH si los solicitantes fueran devueltos a Italia sin que las autoridades suizas hubieran obtenido previamente garantías individuales de las autoridades italianas de que se harían cargo de los solicitantes de una manera adaptada a la edad de los niños y de que la familia se mantendría unida. 5.3. Procedimientos relacionados con las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo En el marco del Derecho de la UE , los solicitantes de asilo han de ser informados en un plazo de quince días desde que presentan la solicitud de los beneficios a los que tienen derecho y de las obligaciones que han de cumplir en relación con las condiciones de acogida (artículo 5 de la Directiva sobre condiciones de acogida , 2013/33/UE). También se les ha de proporcionar información sobre la asistencia jurídica o ayuda disponible. La información se debe proporcionar en un idioma que el individuo entienda o que se presuma que puede entender razonablemente. Los solicitantes de asilo tienen derecho a recurrir las decisiones negativas de las autori - dades relativas a la concesión de beneficios (artículo 26 de la Directiva sobre condi - ciones de acogida). El incumplimiento de las obligaciones previstas en la Directiva sobre condiciones de acogida se puede perseguir como una vulneración del Derecho de la UE y dar lugar a daños en virtud del asunto Francovich (véase la introducción del presente manual), o que puede resultar en una vulneración del artículo 3 del CEDH (283).

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(282) TEDH, Tarakhel contra Suiza [GS], n.º 29217/12, 4 de noviembre de 2014. (283) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011; TEDH, N.H. y otros contra Francia , nos 28820/13, 75547/13 y 13114/15, 2 de julio de 2020.

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173Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno Ejemplo: tanto el TEDH como el TJUE han sostenido, en M.S.S. y N.S. respectiva - mente, que los defectos sistémicos del procedimiento de asilo y las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo en el Estado miembro responsable con - llevaron un trato inhumano y degradante contrario al artículo 3 del CEDH o al artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE  (284). 5.4. Procedimientos de retorno En el Derecho de la UE , la Directiva sobre retorno  (2008/115/CE) establece cier - tas salvaguardias a la hora de dictar decisiones sobre retorno (artículos 6, 12 y 13) y prioriza el uso de salidas voluntarias frente al retorno forzoso (artículo 7). Con arreglo al artículo 12 de la Directiva, las decisiones de retorno y las decisiones de prohibición de reingreso se deben dictar por escrito en una lengua que el indivi - duo comprenda o que se pueda suponer que comprenda, incluyendo la información relativa a los recursos jurídicos disponibles. A este fin, los Estados miembros de la UE están obligados a publicar documentos informativos traducidos, como mínimo, a las cinco lenguas más comunes de los grupos de migrantes específicos del Estado miembro. El artículo 13 de la Directiva sobre retorno establece que se debe conceder a los nacionales de terceros países el derecho a interponer recurso contra la decisión de expulsión o a pedir que esta se revise ante una autoridad judicial o administrativa u otro órgano independiente competente para suspender temporalmente la expul - sión mientras la revisión está pendiente.

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Los nacionales de terceros países deberán tener la posibilidad de obtener gratuitamente asesoramiento jurídico, representación y, en caso necesario, asistencia lingüística gratuitos, de acuerdo con las normas reco - gidas en la legislación nacional. Ejemplo: el caso FMS y otros  (285) se refería a solicitantes de protección inter - nacional afganos e iraníes rechazados e internados en una zona de tránsito en Hungría, ubicada en la frontera sur con Serbia. Después de que sus solicitudes de protección internacional fueron desestimadas por inadmisibles de conformi - dad con la ley húngara, se les emitió una decisión de retorno, que les exigía (284) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011; TJUE, asuntos acumulados C -411/10 y C -493/10, N.S. contra Secretary of State for the Home Department y M.E. y otros contra Refugee Applications Commissioner y Minister for Justice, Equality and Law Reform [GS], 21 de diciembre de 2011, párr. 86. (285) TJUE, asuntos acumulados, C -924/19 PPU y C -925/19 PPU, FMS y otros contra Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság [GS], 14 de mayo de 2020, párrs. 110 a 123 y 124 a 130.

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174Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración regresar a Serbia. Sin embargo, Serbia se negó a readmitirlos porque no se cum - plían las condiciones establecidas en el acuerdo de readmisión UE-Serbia (los solicitantes, a través de las zonas de tránsito, no ingresaron a Hungría de forma irregular desde Serbia). Después de eso, las autoridades húngaras modificaron el país de destino en las decisiones de retorno, reemplazándolo por el país de origen respectivo de las personas. El TJUE aclaró que modificar el país de des - tino en la decisión de retorno anterior es tan sustancial que debe considerarse como una nueva decisión de retorno. Un recurso judicial efectivo debe estar disponible contra tal decisión. En términos más generales, el TJUE también sos - tuvo que, aunque los Estados miembros pueden establecer que las decisiones de retorno hayan de ser impugnadas ante autoridades que no sean judiciales (artículo 13.1 de la Directiva sobre retorno), el destinatario de una decisión de retorno debe, en algún punto del procedimiento, poder impugnar su legalidad ante al menos un órgano jurisdiccional, de conformidad con el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales. En ausencia de normas nacionales que prevean dicha revisión judicial, el tribunal nacional tiene derecho a declararse competente para conocer del recurso sobre la impugnación de la decisión de retorno. El artículo 9 de la Directiva prevé el aplazamiento de la expulsión cuando las deci - siones correspondientes vulneren el principio de no devolución y si se está interpo - niendo algún recurso con efecto suspensivo. Por otra parte, la expulsión se puede aplazar por circunstancias específicas del interesado, como su estado de salud, y por razones técnicas.

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Si la expulsión se aplaza, los Estados miembros de la UE tendrán que proporcionar al interesado la correspondiente confirmación escrita (artículo 14). La Directiva sobre retorno no se aplica a los nacionales de terceros países que sean miembros de la familia de nacionales de la UE desplazados a otro Estado miembro de la UE, ni tampoco a otros nacionales del EEE o suizos cuya situación esté regulada por la Directiva sobre libre circulación (2004/38/CE). La Directiva sobre libre circula - ción establece garantías procesales en el contexto de las limitaciones de la entrada y la residencia por motivos de orden público, seguridad pública o salud pública. Cuando se adopten estas decisiones se deberá dar acceso a procedimientos judi - ciales y, si procede, administrativos (artículos 27, 28 y 31). Los individuos deberán recibir notificaciones por escrito de las decisiones en condiciones que les permitan entender su contenido e implicaciones. En la notificación se indicarán los aspectos

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175Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno procedimentales relativos a la interposición de recursos, así como los plazos esta - blecidos para ello (artículo 30). Los nacionales turcos gozan del mismo nivel de protección (286). En cuanto al CEDH , además de las consideraciones relativas a su artículo 13, en el artículo 1 de su Protocolo n.º 7 se establecen garantías específicas que se han de respetar en caso de expulsión de extranjeros que residen legalmente . Por otra parte, el TEDH ha sostenido que el artículo 8 contiene garantías procesales para impedir la injerencia en el derecho a la vida privada y familiar. Esto puede afectar a las per - sonas que han pasado un tiempo en un determinado país donde han desarrollado una vida privada y familiar o que están implicadas en un procedimiento judicial en ese Estado. Los defectos en los aspectos procesales de la toma de decisiones en el marco del artículo 8 pueden dar lugar a una vulneración del artículo 8.2, por no haberse adoptado la decisión de conformidad con la ley. Ejemplo: el caso C.G. y otros contra Bulgaria  (287) trataba de un residente de larga duración que fue expulsado por razones de seguridad nacional basándose en un informe de inteligencia clasificado como «secreto». El TEDH sostuvo que un procedimiento no transparente como el aplicado en el caso del solicitante no equivalía al examen completo y pertinente exigido en virtud del artículo 8 del CEDH. Además, los tribunales búlgaros se habían negado a reunir pruebas que confirmaran o disiparan las acusaciones contra el solicitante, y sus decisiones habían sido formalistas.

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Por lo tanto, el asunto del solicitante no había sido ade - cuadamente examinado ni revisado, como se establece en el artículo 1 b) del Protocolo n.º 7. Ejemplo: los casos Anayo y Saleck Bardi  (288) trataban de retornos de naciona - les de terceros países en los que había niños implicados. El TEDH consideró que se había vulnerado el artículo 8 del CEDH, pues el proceso de adopción de la decisión presentaba defectos, como el no haber tenido en cuenta los intereses superiores del niño o la falta de coordinación entre las autoridades a la hora de determinar tales intereses. (286) Decisión n.º 1/80 del Consejo de asociación CEE-Turquía (solo disponible en inglés). (287) TEDH, C.G. y otros contra Bulgaria , n.º 1365/07, 24 de abril de 2008. (288) TEDH, Anayo contra Alemania , n.º 20578/07, 21 de diciembre de 2010; TEDH, Saleck Bardi contra España , n.º 66167/09, 24 de mayo de 2011.

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176Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Una devolución ejecutada apresuradamente que esencialmente impida el examen judicial de la legalidad de una medida de devolución debido a un plazo excesiva - mente corto haría que los recursos existentes fueran ineficaces e inaccesibles, vio - lando así el artículo 13 del CEDH (289). 5.5. Asistencia jurídica en los procedimientos de asilo y retorno El acceso a la asistencia jurídica es la piedra angular del acceso a la justicia. Sin acceso a la justicia, los derechos de los individuos no se pueden proteger de manera efectiva (290). La asistencia jurídica es especialmente importante en los procedimien - tos de asilo y retorno en los que las barreras lingüísticas dificultan la comprensión de procedimientos que suelen ser complejos o rápidos. En el marco del CEDH , el derecho de acceso a un tribunal deriva del derecho a un juicio justo, garantizado por el artículo 6 del CEDH, que ocupa un lugar destacado en cualquier democracia (291). Como ya se ha indicado, el artículo 6 se ha considerado no aplicable a los procedimientos de asilo e inmigración, porque estos no están rela - cionados con la determinación del derecho u obligación civil de cada uno o del fun - damento de una acusación en materia penal (292). Sin embargo, de ello no se deduce que los principios de acceso a la justicia desarrollados por el TEDH, de conformidad con el artículo 6 del CEDH, no sean pertinentes a los fines del artículo 13. En térmi - nos de garantías procesales, las obligaciones impuestas por el artículo 13 son menos estrictas que las del artículo 6, pero la propia esencia de un «recurso» a los fines del artículo 13 debe conllevar un procedimiento accesible. Ejemplo: en el caso G.R.

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contra los Países Bajos  (293), el TEDH determinó que se había producido una vulneración del artículo 13 del CEDH en cuanto al acceso efectivo al procedimiento administrativo para obtener un permiso de residencia. El Tribunal señaló que, si bien este procedimiento administrativo y la exención (289) TEDH, Moustahi contra Francia , n.º 9347/14, 25 de junio de 2020, párrs. 156 a 164. (290) Para más información, véase:. FRA (2010), Access to Effective Remedies: The asylum-seeker perspective [El acceso a la Tutela Judicial Efectiva: La perspectiva del solicitante de asilo], Luxemburgo, Oficina de Publicaciones. (291) TEDH, Airey contra Irlanda , n.º 6289/73, 9 de octubre de 1979. (292) TEDH, Maaouia contra Francia [GS], n.º 39652/98, 5 de octubre de 2000, párr. 38. (293) TEDH. G.R. contra los Países Bajos , n.º 22251/07, 10 de enero de 2012, párrs. 49 y 50.

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177Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno del pago de las tasas estaban previstos por la ley, no eran posibles en la prác - tica, pues la carga administrativa resultaba desproporcionada en relación con la renta real de la familia del solicitante. El Tribunal insistió también en la actitud formalista del ministro competente, que no examinó plenamente el estado de indigencia del solicitante. El TEDH reiteró que los principios del acceso a la jus - ticia desarrollados de conformidad con el artículo 6 también eran pertinentes para el artículo 13. Así pues, se debería haber interpretado que esta superposi - ción exigía un procedimiento accesible. En su jurisprudencia, el TEDH se ha referido a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre asistencia jurídica para facilitar el acceso a la justicia, en particular para los muy pobres (294). Ejemplo: en el caso M.S.S. contra Bélgica y Grecia  (295), el TEDH sostuvo que el solicitante carecía de los medios prácticos necesarios para pagar a un abogado en Grecia, país al que había sido repatriado, y que no había recibido informa - ción acerca del acceso a las organizaciones que ofrecían asesoramiento jurídico y orientación. En esta situación, agravada por la falta de abogados que pres - tasen asistencia jurídica gratuita, el sistema griego de asistencia jurídica había resultado no ser eficaz en la práctica. El TEDH determinó que se había producido una vulneración del artículo 13 del CEDH en relación con el artículo 3. En el marco del Derecho de la UE , la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE marca una etapa fundamental en el desarrollo del derecho a la asistencia jurídica en virtud del Derecho de la UE.

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De conformidad con su artículo 51, la Carta solo es de aplicación cuando los Estados miembros de la UE implementan el Derecho de la UE. El artículo 47 de la Carta establece que «[t]oda persona podrá hacerse acon - sejar, defender y representar […]» y que «[s]e prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia […]». El derecho a un juicio justo previsto por el Derecho de la UE es de aplicación a los asuntos de asilo e inmigración, a diferencia de lo que sucede en virtud del CEDH. La inclusión de la asistencia jurídica en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fun - damentales de la UE refleja su importancia histórica y constitucional. La Explicación (294) Consejo de Europa, Comité de Ministros, Recommendation No. R (81) 7 on measures facilitating access to justice , 14 de mayo de 1981; TEDH, Siałkowska contra Polonia , n.º 8932/05, 22 de marzo de 2007. (295) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011, párr. 319.

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178Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración sobre el artículo 47 en relación con su disposición relativa a la asistencia jurídica menciona la jurisprudencia de Estrasburgo, y concretamente el asunto Airey  (296). La asistencia jurídica en los asuntos de asilo e inmigración es una parte esencial de la necesidad de un recurso efectivo y de la necesidad de un juicio justo. 5.5.1. Asistencia jurídica en los procedimientos de asilo En el marco del Derecho de la UE , el artículo 22.1 de la Directiva sobre procedimien - tos de asilo confiere a los solicitantes el derecho a consultar con un asesor jurídico en las cuestiones relacionadas con su solicitud. En virtud del artículo 20 de la Directiva, en caso de que la decisión adoptada por la Administración sea negativa, los Estados miembros de la UE se asegurarán de que se ofrece asistencia jurídica o representa - ción gratuitas a los solicitantes, a fin de que puedan presentar un recurso y durante la vista. La asistencia jurídica o representación gratuitas pueden no otorgarse en aquellos recursos que tengan pocas posibilidades de prosperar (artículo 20.3). Los Estados miembros de la UE pueden exigir que se cumplan ciertas condiciones en cuestiones monetarias o de plazos, por ejemplo (artículo 21). El artículo 23 de la Directiva prevé igualmente disposiciones relativas al alcance de la asistencia jurídica y la representación, incluida la posibilidad de que el asesor jurí - dico acceda a la información contenida en el expediente del solicitante, así como el acceso práctico al cliente en caso de que se encuentre o esté detenido en zonas reservadas tales como lugares de detención o zonas de tránsito.

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Los solicitantes pueden acudir a la entrevista personal de protección internacional con un asesor jurí - dico u otro asesor admitido como tal en el Derecho nacional. Las Directrices sobre protección de los derechos humanos en el contexto de los pro - cedimientos acelerados de protección internacional del CdE (297) también reconocen el derecho a asistencia jurídica gratuita. (296) TEDH, Airey contra Irlanda , n.º 6289/73, 9 de octubre de 1979. (297) Consejo de Europa, Comité de Ministros, Guidelines on human rights protection in the context of accelerated asylum procedures , 1 de julio de 2009.

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179Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno 5.5.2. Asistencia jurídica en los procedimientos de retorno En el marco del Derecho de la UE , la asistencia jurídica no se limita a los procedi - mientos de asilo, sino que incluye también los procedimientos referentes al retorno. Esta disposición es importante, pues permite a los individuos pedir la revisión judi - cial de una decisión de expulsión. Algunas personas que son objeto de una decisión de retorno con arreglo a la Directiva sobre retorno nunca han podido presentar un recurso ni solicitar una revisión de sus solicitudes. En algunos casos, esas personas han formado familias durante el tiempo que han pasado en el Estado miembro de la UE y necesitarán acceder a un tribunal para determinar la compatibilidad de la deci - sión de retorno con los derechos humanos. Por lo tanto, el artículo 13.4 de la Direc - tiva sobre retorno establece que los Estados miembros de la UE «velarán por que la asistencia jurídica y/o la representación legal necesaria se conceda, previa solicitud, de forma gratuita» con arreglo a la legislación nacional pertinente y en las condi - ciones establecidas en el artículo 15.3 a 15.6 de la Directiva 2005/85/CE (véase el apartado 5.5.1 ). Estas disposiciones prevén la concesión de asistencia jurídica previa solicitud. Por lo tanto, se ha de informar a los interesados de la oferta de asistencia jurídica en un lenguaje claro y sencillo que ellos entiendan, pues en caso contrario las normas carecerían de sentido y obstaculizarían el acceso efectivo a la justicia. La asistencia jurídica está prevista en las Veinte directrices sobre el retorno forzoso del CdE (directriz 9) (298). 5.5.3.

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Asistencia jurídica para impugnar las condiciones de acogida En virtud del Derecho de la UE , una decisión relativa a los beneficios previstos en la Directiva sobre condiciones de acogida (2013/33/UE) adoptada con arreglo a la misma puede ser impugnada por el individuo afectado (artículo 26 de la Directiva). En caso de recurso o revisión, los Estados miembros de la UE deben garantizar el derecho a la asistencia jurídica y representación gratuitas cuando dicha asistencia se solicite y sea precisa para garantizar el acceso efectivo a la justicia. En virtud de la Directiva sobre condiciones de acogida, los Estados miembros pueden, no obstante, imponer limitaciones a la asistencia jurídica, tal como prevé la Directiva sobre proce - dimientos de asilo para la revisión de las decisiones de asilo. (298) Consejo de Europa, Comité de Ministros, Twenty guidelines on forced return , 4 de mayo de 2005.

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180Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Puntos clave • El Derecho de la UE exige procedimientos de asilo justos y eficientes en el contexto del examen de las solicitudes de asilo y de los retornos (véanse los apartados 5.1.1 y 5.4). • El artículo 13 del CEDH exige que se conceda un recurso efectivo ante una instancia nacional en relación con cualquier queja defendible con arreglo a cualquier disposición del CEDH o de sus protocolos. En el contexto de inmigración, exige un examen inde - pendiente y riguroso de cualquier alegación de que existen motivos fundados para temer un riesgo real de trato contrario al artículo 2 o al artículo 3 del CEDH en caso de expulsión o extradición de un individuo (véase el apartado 5.1.2 ). • El artículo 13 del CEDH exige un recurso con efecto de suspensión automática en los casos en los que el individuo alegue que la ejecución de una medida de retorno pueda exponerle a un riesgo real de la vulneración de los artículos 2 o 3 del CEDH, debido al carácter irreversible del daño que podría producirse. En los casos en los que no exista riesgo de dicho perjuicio, el CEDH exige que el individuo tenga una posibilidad efectiva de impugnar la decisión de expulsión haciendo que un tribunal nacional independiente e imparcial lleve a cabo un examen suficientemente exhaustivo de sus quejas (véase el apartado 5.1.3 ). • El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE impone un recurso judicial y contiene mayores exigencias que el artículo 13 del CEDH (véase el apartado 5.1.2 ).

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• El Derecho de la UE establece garantías procesales en relación con la concesión y la retirada del apoyo y los beneficios a los solicitantes de asilo (véase el apartado 5.3 ). • La falta de asistencia jurídica puede plantear un problema con arreglo al artículo 13 del CEDH y al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (véase el apartado 5.5 ). Jurisprudencia y bibliografía recomendada: Se puede encontrar jurisprudencia complementaria consultando las directrices Cómo consultar la jurisprudencia de los tribunales europeos , en la página 359 de este manual. Se puede encontrar más material relacionado con las cuestiones tratadas en este capítulo en el apartado « Bibliografía recomendada », en la página  325.

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1816 Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio UE Temas tratados CdE Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 9 (derecho a contraer matrimonio y derecho a fundar una familia) Resolución (1997) del Consejo sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos Derecho a contraer matrimonio y a fundar una familiaCEDH , artículo 12 (derecho a contraer matrimonio) TEDH, O’Donoghue contra el Reino Unido , n.º 34848/07, 2010 (obstáculos al derecho a contraer matrimonio) TEDH, Schembri contra Malta (dec.

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), n.º 66297/13, 2017 (matrimonio considerado no genuino) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 7 (respeto de la vida privada y familiar) Miembros de la familia de nacionales del EEE que ejercen su derecho a la libre circulación: Directiva 2004/38/CE sobre libre circulación TJUE, C-673/16, Coman [GS], 2018 (matrimonios del mismo sexo) TJCE, C -127/08, Metock , 2008 (estancia legal previa de un miembro de la familia de un nacional de un tercer país en los Estados miembros de la UE no obligatoria)Regularización familiarCEDH , artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar) TEDH, Rodrigues da Silva y Hoogkamer contra los Países Bajos , n.º 50435/99, 2006 (interés superior del niño) TEDH, Darren Omoregie y otros contra Noruega , n.º 265/07, 2008 (fuertes lazos del cónyuge nigeriano con su país de origen) TEDH, Núñez contra Noruega , n.º 55597/09, 2011 (vida familiar en Noruega)

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182Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración UE Temas tratados CdE TJCE, C -60/00, Carpenter , 2002 (permanencia del cónyuge de un nacional de un tercer país con los hijos en el país hogar de dicho cónyuge cuando su esposo se desplaza a otro Estado miembro de la UE) TJCE, C -59/85, Estado neerlandés contra Reed , 1986 (parejas de hecho registradas) TJUE, C -34/09, Zambrano [GS], 2011 (hijos que corren el riesgo de perder los beneficios de la ciudadanía de la UE) TJUE, C -256/11, Dereci [GS], 2011 (cónyuge e hijos) Miembros de la familia de reagrupantes nacionales de un tercer país: Directiva 2003/86/CE sobre reagrupación familiar (normalmente, el miembro de la familia ha de presentar la solicitud desde fuera del país) Miembros de la familia de nacionales del EEE que están ejerciendo su derecho de libre circulación: Directiva 2004/38/CE sobre libre circulación TJUE, C-338/13, Noorzia , 2014 (edad mínima para presentar una solicitud de reagrupación familiar) TJUE, C -578/08, Chakroun , 2010 (creación de la familia antes o después de que llegase el nacional de un tercer país) Miembros de la familia de reagrupantes nacionales de un tercer país: Directiva 2003/86/CE sobre reagrupación familiarReagrupación familiarCEDH , artículo 14 (protección contra la discriminación) en combinación con el artículo 8 (derecho de respeto a la vida privada y familiar) TEDH, Biao contra Dinamarca [GS], n.º 38590/10,

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2016 (discriminación indirecta) TEDH, Tuquabo-Tekle y otros contra los Países Bajos , n.º 60665/00, 2006 (niños abandonados) CSE, artículo 19.6 (reagrupación familiar de trabajadores extranjeros) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 7 (respeto de la vida privada y familiar)Protección contra la expulsiónCEDH , artículo 8 (derecho al respeto a la vida privada y familiar)

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183Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio UE Temas tratados CdE Miembros de la familia de nacionales del EEE que están ejerciendo su derecho de libre circulación: Directiva 2004/38/CE sobre libre circulación , artículo 13 Miembros de la familia de reagrupantes nacionales de un tercer país: Directiva 2003/86/CE sobre reagrupación familiar , artículo 15Asuntos relacionados con la ruptura de relacionesTEDH, Berrehab contra los Países Bajos , n.º 10730/84, 1988 (mantenimiento del contacto con los hijos) Miembros de la familia de nacionales del EEE que están ejerciendo su derecho de libre circulación: Directiva 2004/38/CE sobre libre circulación , artículos 27-33 Miembros de la familia de reagrupantes nacionales de un tercer país: Directiva 2003/86/CE sobre reagrupación familiar , artículo 6.2Asuntos relacionados con condenas penalesTEDH, Boultif contra Suiza , n.º 54273/00, 2001 (criterios para evaluar la proporcionalidad de la expulsión) TEDH, Üner contra los Países Bajos [GS], n.º 46410/99, 2006 (criterios para evaluar los obstáculos derivados del derecho a la vida familiar y privada) TEDH, Assem Hassan Ali contra Dinamarca , n.º 25593/14, 2018 (criterios sobre el interés superior del niño y la prevención de desórdenes o delitos) Introducción En este capítulo se analizará el derecho al respeto a la vida privada y familiar, así como el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia.

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También se examina - rán las cuestiones relativas a la regularización y la reagrupación familiar y las salva - guardias dirigidas a preservar la unidad familiar. En el marco del CEDH , el derecho al respeto de la «vida privada y familiar» está garantizado por el artículo 8 del Convenio. La noción de «vida privada» es amplia, y cuesta encontrar una definición exhaustiva. Cubre la identidad física y psicoló - gica de una persona, el derecho al desarrollo personal y el derecho a establecerse y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior (299). La expulsión de un migrante establecido en un país puede constituir una injerencia no (299) TEDH, Pretty contra el Reino Unido , n.º 2346/02, 29 de abril de 2002, párr. 61.

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184Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración solo en el derecho a su posible «vida familiar», sino también en el derecho al respeto de su «vida privada», que puede estar o no justificada, dependiendo de las circuns - tancias particulares. La conveniencia de que el Tribunal se centre más en el aspecto de la «vida familiar» que en el de la «vida privada» dependerá de cada situación concreta (300). Ejemplo: en el caso Omojudi contra el Reino Unido  (301), el TEDH confirmó que el artículo 8 del CEDH también protegía el derecho a establecerse y desarro - llar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior, y que podía incluso abarcar aspectos de una identidad social individual. Se ha de aceptar que la totalidad de los lazos sociales entre los migrantes establecidos y la comuni - dad en la que estaban viviendo formaba parte del concepto de «vida privada» en el sentido del artículo 8, independientemente de la existencia de una «vida familiar». En el marco del Derecho de la UE , la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE consagra el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia (artículo 9) y el derecho al respeto de la vida familiar (artículo 7). Además, protege los derechos del niño (artículo 24), y en especial el derecho a mantener relaciones tanto con su padre como con su madre (artículo 24.3).

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En cuanto a la migración, la primera medida relativa a la libre circulación de las per - sonas, adoptada hace más de cincuenta años [ Reglamento (CEE) n.º 1612/68 , dero- gado por el Reglamento (UE) n.º 492/2011 ], incluía explícitamente el derecho a que los trabajadores migrantes europeos fuesen acompañados no solo de su cónyuge e hijos menores de veintiún años, sino también de los hijos que tuvieran a su cargo que superasen esa edad y los progenitores y abuelos a cargo. En la actualidad tam - bién se incluyen las parejas de hecho registradas, y la admisión y autorización de otros miembros de la familia se debe facilitar. La nacionalidad de los miembros de la familia era, y sigue siendo, irrelevante en este sentido. Dado que la mayor parte de las políticas nacionales de inmigración procuran limitar el movimiento de los nacio - nales de terceros países, los procedimientos judiciales de la UE han estado más rela - cionados con los derechos de los miembros de la familia que son nacionales de un tercer país que con la de los propios nacionales del EEE. (300) TEDH, A.A. contra el Reino Unido , n.º 8000/08, 20 de septiembre de 2011; TEDH, Maslov contra Austria [GS], n.º 1638/03, 23 de junio de 2008;TEDH, Üner contra los Países Bajos [GS], n.º 46410/99, 18 de octubre de 2006. (301) TEDH, Omojudi contra el Reino Unido , n.º 1820/08, 24 de noviembre de 2009, párr. 37.

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185Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio El TJUE ha tenido que determinar si las limitaciones a la migración familiar podrían disuadir a los ciudadanos de la UE de ejercer sus derechos de libre circulación u obs - taculizar su disfrute de la ciudadanía de la Unión. De manera paradójica, en muchos Estados miembros de la UE los nacionales de la Unión que están ejerciendo su dere - cho a la libre circulación gozan de mayores derechos de reagrupación familiar que los nacionales del propio Estado. La reagrupación familiar de los nacionales de la UE que no han hecho uso de sus derechos de libre circulación está regulada por el Dere - cho nacional, que en algunos Estados miembros de la UE es más restrictivo. Existen también disposiciones especiales para los miembros de la familia de nacio - nales turcos, en virtud del artículo 7 de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asocia - ción establecido por el Acuerdo de Ankara. La adopción en el ámbito de la UE de la Directiva sobre residentes de larga duración  (2003/109/CE) y de la Directiva sobre reagrupación familiar  (2003/86/CE relativa a los miembros de la familia de reagru - pantes nacionales de un tercer país, en el sentido de miembro de la familia que se encuentra en la UE y solicita la reagrupación familiar) ha ampliado las actividades de la UE en este ámbito. Por último, los refugiados gozan desde hace tiempo de privilegios especiales de rea - grupación familiar en los Estados europeos, dada la imposibilidad de volver a su país de origen para reanudar su vida familiar. El capítulo V de la Directiva sobre reagrupa - ción familiar contiene disposiciones especiales en este sentido. 6.1.

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Derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia El derecho a contraer matrimonio está consagrado en el artículo 12 del CEDH y en el Derecho de la UE, en el artículo 9 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Se refiere al derecho a desarrollar una relación conyugal y formar una familia, lo que requiere la existencia de una relación familiar a la hora de solicitar una autorización de inmigración. Los Estados europeos han establecido restricciones al derecho a contraer matrimo - nio, pues los matrimonios de conveniencia se consideran un instrumento para eludir los controles de inmigración.

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186Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Un matrimonio de conveniencia (o matrimonio ficticio) es un matrimonio contraído únicamente con el fin exclusivo de permitir que la persona interesada entre o resida en un Estado miembro de la UE (302) y sin intención de cohabitar ni compartir las otras características sociales del matrimonio. Facilitar conscientemente un matrimo - nio de conveniencia es un delito penal en muchas jurisdicciones. Los matrimonios forzados son aquellos en que una o las dos partes se casan en con - tra de su voluntad. El matrimonio forzado es reconocido internacionalmente como una violación de los derechos humanos y una forma de violencia de género (303). En muchas jurisdicciones, obligar a alguien a un matrimonio forzado es también un delito. En la práctica, puede resultar difícil distinguir un matrimonio forzado de un matrimonio de conveniencia, especialmente cuando se trata de « matrimonios con - certados », expresión que puede cubrir diversas situaciones, desde los casos próxi - mos al matrimonio forzado a un sistema en el que un cónyuge elige libre y volun - tariamente al otro de una lista reducida de candidatos propuestos por sus familias tras estudiar cuidadosamente su idoneidad (304). También existe un estrecho vínculo entre el matrimonio forzado y  el matrimonio infantil . En el Derecho de la UE , la incidencia percibida de los matrimonios de conveniencia con propósitos de inmigración condujo a la adopción de la Resolución 97/C 382/01 del Consejo a escala de la Unión. Esta Resolución reflejaba la preocupación que los matrimonios de conveniencia suscitaban en los Estados europeos y enumeraba los factores que podían llevar a suponer que un matrimonio era de conveniencia.

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La legislación sobre libre circulación de las personas no aborda las posibilidades de autorización de la inmigración de una persona prometida en matrimonio, sino que se centra en la regularización o reagrupación familiar. Solo el principio de no discri - minación sería de aplicación en caso de solicitud de admisión de futuros cónyuges procedentes del extranjero. (302) Artículo 1 de la Resolución del Consejo de 4 de diciembre de 1997 sobre las medidas que deberán adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos , DO C 382 de 16 de diciembre de 1997, p. 1-3. Directiva sobre reagrupación familiar, art. 16.2 b). (303) Consejo de Europa, Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), 2011, CETS n.º 210. (304) Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, Resolution 1468 (2005) on forced marriages and child marriages , 5 de octubre de 2005, y  Resolution 2233 (2018) on forced marriages , 28 de junio de 2018.

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187Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio En cuanto al CEDH , de la jurisprudencia del TEDH se desprende que un Estado puede imponer debidamente condiciones razonables sobre el derecho de un nacional de un tercer país a casarse con el fin de averiguar si el matrimonio propuesto es de conveniencia y evitarlo. Por consiguiente, un Estado no está necesariamente vulne - rando el artículo 12 del CEDH si somete los matrimonios de nacionales extranjeros a un análisis, a fin de determinar si se celebran por conveniencia. Para ello puede ser necesario pedir a los nacionales extranjeros que notifiquen a las autoridades el matrimonio previsto y, en caso necesario, que presenten información referente a su condición de inmigrantes y a la autenticidad del matrimonio. Sin embargo, el TEDH ha considerado que, pese a no ser intrínsecamente censurable, la obligación de que las personas sujetas a control de inmigración presentaran una solicitud de certificado de aprobación antes de que se les permitiera casarse en el Reino Unido suscitaba graves preocupaciones. Ejemplo: el caso O’Donoghue contra el Reino Unido  (305) trataba los obstácu - los a la celebración de un matrimonio impuestos por el Reino Unido. Se obligó a unas personas sujetas a control de inmigración a obtener el permiso de las autoridades de inmigración antes de poder contraer un matrimonio con validez civil, a menos que optasen por casarse por el rito anglicano. El TEDH consideró que el sistema no tenía una relación racional con el objetivo declarado de redu - cir la incidencia de los matrimonios ficticios, pues, al decidir sobre la expedi - ción del certificado exigido, solo se tuvo en cuenta la condición de inmigrante del solicitante individual y no se investigó la autenticidad del matrimonio.

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El Tribunal determinó que el sistema vulneraba el artículo 12 del CEDH. Además, se consideró discriminatorio por razones de religión, pues solo los matrimonios celebrados por el rito anglicano quedaban exentos del requisito de obtener un certificado de aprobación. El Tribunal consideró asimismo que las tasas cobradas por tales certificados eran excesivamente elevadas y que no se preveían exen - ciones ni reducciones para las personas necesitadas. Ejemplo: el caso Schembri contra Malta  (306) se refería a una nacional maltesa que se reunió con un ciudadano paquistaní de origen afgano después de que este fuera liberado de la detención de inmigrantes, donde se le mantenía por entrada irregular. Se trasladó ilegalmente a Italia. Los dos mantuvieron el con - tacto y se casaron. El marido solicitó un visado en la Embajada de Malta en Roma. Malta rechazó su solicitud porque había mentido sobre la situación de (305) TEDH, O’Donoghue y otros contra el Reino Unido , n.º 34848/07, 14 de diciembre de 2010. (306) TEDH, Schembri contra Malta (dec.), n.º 66297/13, 19 de septiembre de 2017.

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188Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración su estancia en Italia. Más tarde se supo que las autoridades sospechaban de un matrimonio de conveniencia. El TEDH rechazó el argumento del demandante de que se había infringido el artículo 8 del CEDH, ya que esta disposición no pro - tege los matrimonios de conveniencia. El Tribunal llegó a la conclusión de que el matrimonio no era auténtico y que no había una relación comprometida a los efectos de la aplicabilidad del artículo 8. 6.2. Regularización familiar La regularización familiar comprende las situaciones en las que el reagrupante resi - dente desea regularizar, como miembro de una familia, la situación de otro miembro de esta que se encuentra en el territorio a otro título o en situación irregular. En el Derecho de la UE , las normas establecidas en la Directiva sobre libre circula - ción (2004/38/CE) se aplican a los nacionales de terceros países que son miem - bros de la familia de nacionales de la UE y que ejercieron su derecho a la libertad de movimiento. Los miembros reconocidos de la familia son los cónyuges, los hijos menores de veintiún años, los hijos a cargo mayores de veintiún años, los parien - tes directos a cargo en línea ascendente y los del cónyuge o pareja (artículo 2.2), y también, bajo circunstancias específicas, «cualquier otro miembro de la familia» (artículo 3.2). De conformidad con el Acuerdo EEE y el Acuerdo entre la UE y Suiza, el derecho de la Unión a la libre circulación se extiende a toda el área geográfica cubierta por los dos acuerdos.

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Sin embargo, la categoría de miembros reconocidos de la familia de los nacionales suizos es algo más restrictiva, como se ilustra en el cuadro 7. Cuadro 7: Miembros de la familia de nacionales de terceros países del EEE y nacionales suizos Directiva sobre libre circulación (Artículo 2)Cónyuge (incluyendo del mismo sexo); Uniones de hecho inscritas, si la legislación del Estado Miembro de acogida trata las parejas registradas como equivalentes al matrimonio; Descendientes directos de los nacionales de la UE menores de veintiún años o que estén a cargo y los del cónyuge o pareja registrada; Parientes directos dependientes en línea ascendente y los del cónyuge o pareja registrada.

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189Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio Acuerdo EEE (Anexo V)*Cónyuge o pareja civil; Descendientes directos del nacional del EEE o de su cónyuge o pareja civil que sean menores de veintiún años, o dependientes del nacional del EEE o de su cónyuge o pareja civil; Parientes directos dependientes en línea ascendente del nacional del EEE o de su cónyuge o pareja civil. Acuerdo entre la UE y Suiza (Anexo I, artículo 34)El cónyuge o pareja de hecho inscrita de un ciudadano de la UE o de la AELC; Un descendiente directo menor de veintiún años de un ciudadano de la UE o de la AELC y su cónyuge o pareja de hecho inscrita; Un pariente en línea ascendente de un ciudadano de la UE o de la AELC y su cónyuge o pareja de hecho inscrita. Nota: * La Decisión n.º 158/2007 (7 de diciembre de 2007) del Comité Mixto del EEE incorporó la Directiva sobre la libre circulación en el marco del Acuerdo EEE. El TJUE ha aclarado el concepto de «cónyuge» y «cualquier otro miembro de la familia». Ejemplo: el asunto Coman  (307) se refería al Sr. Coman, de nacionalidad rumana, y al Sr. Hamilton, de nacionalidad estadounidense, que cohabitaron durante cua - tro años en los Estados Unidos antes de casarse en Bélgica. Sobre la base de la Directiva sobre libre circulación, solicitaron a las autoridades rumanas que les expidieran los documentos necesarios para que la pareja pudiera trabajar y resi - dir permanentemente en Rumania.

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Sin embargo, las autoridades rumanas se negaron a conceder al Sr. Hamilton ese derecho de residencia alegando que en Rumania —que no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo— no se le consideraba «cónyuge» de un ciudadano de la UE. El TJCE llegó a la conclu - sión de que, si bien los Estados miembros de la UE tienen la libertad de autorizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la UE negándose a conceder a su cón - yuge del mismo sexo (en este caso, un nacional de un tercer país) un derecho de residencia derivado en su territorio. El Tribunal reconoció que los matrimo - nios entre personas del mismo sexo deben recibir el mismo trato que los matri - monios entre personas del sexo opuesto para un fin jurídico específico, es decir, los derechos de reagrupación familiar de los ciudadanos de la UE que ejercen los derechos de libre circulación de la UE. (307) TJUE, C -673/16, Relu elu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept contra Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne [GS], 5 de junio de 2018.

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190Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el asunto Rahman  (308), el TJUE aclaró que el artículo 3.2 de la Direc - tiva sobre libre circulación no solo permite, sino que también obliga a los Esta - dos miembros de la UE a conceder cierta ventaja a las solicitudes de entrada y residencia presentadas por los otros miembros de la familia de un ciudadano de la UE que son dependientes y pueden demostrar que ya lo eran cuando pre - sentaron la solicitud. Para cumplir esta obligación, los Estados miembros de la UE deben asegurarse de que su legislación contiene medidas que prevean que las solicitudes de entrada y residencia se sometan a un examen adecuado y minucioso y, en caso de ser desestimadas, las razones de la denegación se comuniquen a los interesados, quienes tendrán derecho a solicitar la revisión de la decisión ante una autoridad judicial. Los nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del EEE que hayan ejercido sus derechos de libre circulación suelen disfrutar de una situación privilegiada en comparación con los nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del país de que se trate que no hayan ejer - cido el derecho a libre circulación, pues su estatuto solo está regulado por el Dere - cho nacional. El derecho de entrada y de residencia de los miembros de la familia que son nacionales de un tercer país existe independientemente de cuándo y cómo entraron en el país de acogida. También se aplica a las personas que entraron de manera irregular. Ejemplo: el asunto Metock  (309) trataba sobre el cónyuge, nacional de un tercer país, de un ciudadano no irlandés residente en Irlanda.

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Las autoridades irlan - desas sostenían que, para poder beneficiarse de la Directiva sobre libre circu - lación, los cónyuges nacionales de un tercer país tenían que haber sido previa - mente residentes legales en otro Estado miembro de la UE y que no se debían garantizar los derechos de entrada y de residencia a quienes hubieran entrado en el Estado miembro de acogida antes de contraer matrimonio con ciudada - nos de la UE. El Tribunal sostuvo que los Estados miembros de la UE no podían supeditar el derecho a vivir juntos previsto en la Directiva sobre libre circulación (308) TJUE, C -83/11, Secretary of State for the Home Department contra Rahman y otros [GS], 5 de septiembre de 2012. (309) TJCE, C -127/08, Metock y otros contra Minister for Justice Equality and Law Reform , 25 de julio de 2008, párrs. 53, 54 y 58. El Tribunal Supremo suizo aplicó la jurisprudencia Metock en su Decisión BGE 136 II 5 , 29 de septiembre de 2009.

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191Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio a cuestiones como dónde y cuándo se había celebrado el matrimonio o al hecho de que los nacionales de un tercer país hubiesen sido previamente residentes legales en otro Estado miembro de la UE. Ejemplo: en el asunto MRAX  (310), el TJCE determinó que sería ilegal denegar la residencia cuando nacionales de terceros países casados con ciudadanos de la UE hubieran entrado en el país ilegalmente una vez expirado su visado. Con el tiempo, el TJUE ha ampliado el ámbito de aplicación de los derechos y liber - tades derivados de los tratados de la UE a los nacionales de la Unión, concediendo, en ciertas condiciones, derechos derivados a los miembros de su familia que son nacionales de un tercer país. Ejemplo: el asunto Carpenter  (311) trataba de la esposa, nacional de un tercer país, de un nacional del Reino Unido cuyos negocios consistían en la prestación de servicios remunerados en otros Estados miembros. El Tribunal aceptó que, si no se permitía que la esposa del solicitante permaneciese con él en el Reino Unido y cuidase de sus hijos mientras él no estaba, se vería limitado en el ejer - cicio de su libertad de prestar servicios en toda la UE. En este asunto, el Tribunal utilizó la libertad de prestar servicios prevista en el artículo 56 del TFUE para reconocer los derechos familiares a un ciudadano de la Unión que nunca había vivido en el extranjero, pero quería desarrollar una actividad económica trans - fronteriza. El TJCE mencionó también el derecho fundamental al respeto de la vida familiar, consagrado en el artículo 8 del CEDH.

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El TJUE ha reconocido que, en ciertas circunstancias, los derechos de residencia pue - den estar directamente relacionados con la condición de ciudadano de la Unión en virtud del artículo 20 del TFUE, aplicado en los casos en que el nacional de la UE nunca haya ejercido los derechos de libre circulación. (310) TJCE, C -459/99, Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) contra État belge , 25 de julio de 2002, párr. 80. (311) TJCE, C -60/00, Mary Carpenter contra Secretary of State for the Home Department , 11 de julio de 2002, párrs. 36 a 46; TJCE, C -370/90, The Queen contra Immigration Appeal Tribunal and Surinder Singh, ex parte Secretary of State for the Home Department , 7 de julio de 1992, relativo a la posibilidad de aplicar estos derechos a los nacionales de la UE que vuelven a su país de origen.

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192Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el asunto Zambrano  (312), el TJUE sostuvo que a los padres nacio - nales de terceros países de dos niños belgas —nacidos y criados en Bélgica y que nunca habían ejercido los derechos de libre circulación (por lo tanto, el artículo 3.1 de la Directiva sobre libre circulación no era aplicable)— no se les podía negar el permiso de residencia y de trabajo, ya que ello tendría el efecto de privar a los niños ciudadanos de la UE del verdadero disfrute de la sustancia de los derechos que les confiere su condición de ciudadanos de la UE (artículo 20 del TFUE). En casos posteriores, el Tribunal subrayó que el movimiento transfronterizo dentro de la UE seguía siendo un requisito previo. En el caso McCarthy  (313), el TJUE dictaminó que la denegación de un permiso de residencia en el Reino Unido al marido nacional de un tercer país de una mujer con doble nacionalidad irlandesa/británica no la privaba de la esencia de sus derechos de ciudadanía de la UE. En Dereci  (314), el TJUE sostuvo que los Estados miembros de la Unión Europea pueden denegar un permiso de residencia a un miembro de la familia nacional de un tercer país a menos que esa denegación conduzca, para el ciu - dadano de la Unión Europea de que se trate, a la denegación del goce genuino de la sustancia de los derechos derivados de su ciudadanía de la Unión Europea, lo que corresponde verificar al tribunal nacional remitente.

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Para orientar esa evaluación, el TJCE señaló que la conveniencia, por motivos económicos o fami - liares, de mantener unida a la familia no basta por sí sola para concluir que el ciudadano de la UE se verá obligado a abandonar la Unión (315). Sin embargo, estas sentencias obedecieron a las circunstancias específicas del asunto y no son extrapolables a todos los casos. Por ejemplo, un niño que sea ciu - dadano de la UE debe ser legal, económica y emocionalmente dependiente de un nacional de un tercer país a quien se deniega el derecho de residencia, pues es tal (312) TJUE, C -34/09, Ruiz Zambrano contra Office national de l’emploi (ONEm) [GS], 8 de marzo de 2011; TJCE, C -200/02, Kunqian Catherine Zhu y Man Lavette Chen contra Secretary of State for the Home Department , 19 de octubre de 2004, párrs. 42 a 47. (313) TJUE, C -434/09, Shirley McCarthy contra Secretary of State for the Home Department , 5 de mayo de 2011, párrs. 49 y 54 a 56. (314) TJUE, C -256/11, Murat Dereci y otros contra Bundesministerium für Inneres [GS], 15 de noviembre de 2011, párr. 68. (315) Véase también TJUE, C -165/16, Toufik Lounes contra Secretary of State for the Home Department [GS], 14 de noviembre de 2017.

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193Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio dependencia la que haría que el ciudadano de la UE estuviera obligado a dejar no solo el territorio del Estado miembro del que es nacional, sino también el de la UE como tal (316). Ejemplo: en el asunto Iida contra Ulm  (317), un ciudadano japonés se desplazó a Alemania con su esposa alemana y una hija menor. Posteriormente, su esposa y su hija se desplazaron a Austria, mientras que él permaneció en Alemania. El Sr. Iida y su esposa estuvieron separados permanentemente desde 2008, si bien no se divorciaron. En 2008, el Sr. Iida solicitó una tarjeta de residencia de miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, que le fue denegada por las autoridades alemanas. En estas circunstancias, se pidió al TJUE que determinara si se puede permitir que un nacional de un tercer país resida en el Estado de origen de los miembros de su familia, aunque estos se hayan desplazado del Estado miembro de origen y hayan estado residiendo principalmente en otro Estado miembro de la UE. El TJUE, al que se remitió el asunto, señaló que un miembro de la familia de un ciudadano de la UE que esté ejerciendo el derecho a la libre circulación y sea nacional de un tercer país solo puede ser beneficiario de la Directiva sobre libre circulación si él mismo se instala en el Estado miem - bro de acogida donde reside su miembro de la familia de la UE. El TJUE señaló asimismo que la hija del Sr.

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Iida no podía reclamar un derecho de residencia para su padre, pues el artículo 2.2 d) de la Directiva se aplica solamente a los fami - liares directos en línea ascendente que son dependientes del hijo y no en las situaciones en las que el hijo es dependiente del padre. El TJUE analizó también el asunto desde la perspectiva de los artículos 20 y 21 del TFUE. El Tribunal descartó que se privara a la esposa y la hija del Sr. Iida del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por su con - dición de ciudadanas de la Unión. Al hacerlo, el TJUE tomó en consideración el hecho de que el solicitante pedía un derecho de residencia en un Estado miem - bro diferente de aquel en el que estaban residiendo su hija y su esposa, así como el hecho de que en principio el Sr. Iida podía optar a una prórroga de su derecho de residencia en virtud de la legislación nacional y la condición de resi - dente de larga duración en el sentido de la Directiva 2003/109/CE . (316) TJUE, asuntos acumulados C -356/11 y C -357/11, O. y S. contra Maahanmuuttovirasto y Maahanmuuttovirasto contra L. , 6 de diciembre de 2012, párr. 56. (317) TJUE, C -40/11, Iida contra Stadt Ulm , 8 de noviembre de 2012.

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194Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Las solicitudes de reagrupación familiar deben examinarse incluso si el nacional de un tercer país, que es miembro de la familia de un ciudadano de la UE que nunca ha ejercido su derecho a la libertad de circulación, está sujeto a una prohibición de entrada. Ejemplo: en K.A. y otros  (318), se ordenó a varios nacionales de terceros países que se encontraban en situación irregular que regresaran a sus países y se les prohibió la entrada a Bélgica, algunos de ellos por motivos de amenaza al orden público. Mientras se encontraban todavía en Bélgica, presentaron solicitudes de permiso de residencia sobre la base de la reagrupación familiar con naciona - les belgas. Las autoridades belgas se negaron a examinar sus solicitudes por el único motivo de que el nacional de un tercer país estaba sujeto a una prohibi - ción de entrada. El TJUE observó la existencia de una relación de dependencia, que obligaría al ciudadano de la UE, en la práctica, a acompañar al miembro de la familia nacional del tercer país y, por consiguiente, a abandonar la UE hasta que las autoridades decidieran si levantaban la prohibición de entrada y expe - dían un permiso de residencia al nacional del tercer país. El TJUE llegó a la con - clusión de que el artículo 20 del TFUE exige que se examinen las solicitudes de reagrupación familiar incluso si un nacional de un tercer país, que es miembro de la familia de un ciudadano de la UE que nunca ha ejercido su derecho a la libertad de circulación, está sujeto a una prohibición de entrada. Debe eva - luarse caso por caso si existe dependencia entre el nacional de un tercer país y el ciudadano de la UE y si razones de orden público justifican la prohibición de entrada.

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El artículo 2.2 de la Directiva sobre libre circulación incluye a las «parejas de hecho registradas» en la categoría de miembros de la familia, si ello es coherente con la legislación del Estado miembro de la UE de acogida. En determinadas circunstancias, las parejas de hecho no registradas también pueden tener derecho a la reagrupación con un ciudadano o migrante establecido. Ejemplo: en el asunto Estado neerlandés contra Reed  (319), el TJCE determinó que, dado que la legislación neerlandesa permitía a las parejas estables de ciu - dadanos neerlandeses residir con ellos en los Países Bajos, la misma ventaja se debía conceder a la Srta. Reed, que mantenía una relación estable con un (318) TJUE, C -82/16, K.A. y otros contra Belgische Staat [GS], 8 de mayo de 2018. (319) TJCE, C -59/85, Estado neerlandés contra Ann Florence Reed , 17 de abril de 1986, párrs. 28 a 30.

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195Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio trabajador del Reino Unido que estaba ejerciendo los derechos previstos en el Tratado en los Países Bajos. El Tribunal sostuvo que concediendo el permiso de residencia a su compañera sin estar casados se podía contribuir a la integración en el Estado de acogida y, por consiguiente, a la realización del objetivo de la libre circulación de trabajadores. Denegarlo equivalía a una discriminación. La Directiva sobre reagrupación familiar regula la situación del cónyuge y los hijos menores solteros de los nacionales de un tercer país que tienen derecho a la rea - grupación. El artículo 5.3 de la Directiva exige que la solicitud de reagrupación fami - liar se presente y examine mientras el miembro de la familia permanece fuera del territorio del Estado miembro de la UE donde reside el reagrupante. Los Estados miembros de la UE pueden derogar esta disposición. Sin embargo, los miembros de la familia de nacionales del EEE no pueden quedar sujetos a este requisito (320). Las normas nacionales que exigen que el progenitor reagrupante de un tercer país esté en posesión de recursos suficientes (sobre la base de las pautas de ingresos anteriores) antes de conceder la reagrupación familiar son compatibles con el artí - culo 7.1 c) de la Directiva sobre la reagrupación familiar (321). La Directiva sobre la reagrupación familiar permite a los Estados miembros de la Unión Europea «exigir a los nacionales de terceros países que cumplan las medi - das de integración, de conformidad con la legislación nacional» (artículo 7 .2). Cuando existen medidas de integración antes de la admisión para la reagrupación fami - liar, los Estados miembros de la UE suelen exigir a los miembros de la familia que demuestren un conocimiento básico del idioma.

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Ejemplo: el caso de K. y A . (322) se refería a dos esposas que trataban de reu - nirse con sus maridos, que eran nacionales de terceros países con residencia legal. En sus solicitudes de reagrupación familiar, las esposas habían tratado de que se las eximiera de tener que aprobar el examen de integración cívica debido a las dificultades físicas y mentales a las que se enfrentaban cada una de ellas. Sus solicitudes fueron rechazadas porque esos impedimentos no eran suficientemente graves. El TJUE sostuvo que el artículo 7.2 de la Directiva sobre (320) TJCE, C -459/99, Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie ASBL (MRAX) contra État belge , 25 de julio de 2002; TJCE, C -503/03, Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España , 31 de enero de 2006. (321) TJUE, C -558/14, Mimoun Khachab contra Subdelegación del Gobierno en Álava , 21 de abril de 2016. (322) TJUE, C -153/14, Minister van Buitenlandse Zaken contra K. y  A., 9 de julio de 2015.

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196Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración la reagrupación familiar permite imponer medidas de integración a los naciona - les de terceros países. Sin embargo, el principio de proporcionalidad exige que las medidas de integración cumplan el objetivo de integrarlos y no delimiten la posibilidad de la reagrupación familiar. El Tribunal dictaminó que los Estados miembros de la Unión Europea deben tener en cuenta las circunstancias indi - viduales del solicitante (como la edad, el analfabetismo, el nivel de educación, la situación económica o la salud de los miembros de la familia pertinentes del reagrupante) que pueden llevar a dispensar el examen de integración cívica cuando, de otro modo, la reunificación familiar sería excesivamente difícil. En el marco del CEDH , el TEDH ha examinado un número considerable de asuntos que plantean problemas relativos a la negativa a admitir a los cónyuges u otros miembros de la familia de ciudadanos de los Estados miembros o migrantes estable - cidos o a regularizar su situación. Una de las cuestiones clave relativas a la justifica - ción del Estado miembro consiste en determinar si existen obstáculos para desarro - llar la vida familiar en el extranjero. Ello puede implicar que el ciudadano abandone su propio Estado, pero si esta consecuencia no se estima abusiva, normalmente el TEDH considerará que la decisión del Estado miembro es razonable y proporcio - nada (323). La jurisprudencia del Tribunal en este ámbito está estrechamente rela - cionada con las peculiaridades y hechos particulares de cada asunto (véanse más ejemplos en el apartado 6.4 ).

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Ejemplo: en el caso Darren Omoregie y otros contra Noruega  (324), el Tribunal consideró que la esposa noruega de un ciudadano nigeriano no debería haber contado con que a este se le fuera a permitir vivir con ella y el hijo de ambos en Noruega, pese a que cuando se casaron él residía legalmente en el país. El TEDH tuvo especialmente en cuenta los lazos que el esposo mantenía con su país de origen. (323) TEDH, Darren Omoregie y otros contra Noruega , n.º 265/07, 31 de julio de 2008, párr. 68; TEDH, Bajsultanov contra Austria , n.º 54131/10, 12 de junio de 2012, párr. 91; TEDH, Onur contra el Reino Unido , n.º 27319/07, 17 de febrero de 2009, párrs. 60 y 61. (324) TEDH, Darren Omoregie y otros contra Noruega , n.º 265/07, 31 de julio de 2008.

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197Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio Ejemplo: en el caso Núñez contra Noruega  (325), el solicitante entró con docu - mentación ilegal en Noruega, donde anteriormente había cometido un delito penal bajo otro nombre. El solicitante mantuvo una relación en Noruega y tuvo dos hijas. El Tribunal consideró que Noruega vulneraría el artículo 8 si expulsaba al solicitante. El Tribunal ha confirmado la negativa a regularizar la situación de un cónyuge extran - jero tras una ruptura matrimonial, incluso cuando esta situación puede dar lugar al exilio de hecho de los niños de la familia que son ciudadanos del Estado de acogida (véase también el apartado 6.4.1 ). Ejemplo: en el caso Sorabjee contra el Reino Unido  (326), la Comisión Europea de Derechos Humanos declaró inadmisible la queja de la solicitante en virtud del artículo 8, relativa a la expulsión de su madre a Kenia. Consideró que, dado que la solicitante tenía tres años de edad, podía desplazarse con su madre y era de esperar que se adaptara al cambio de ambiente. Su ciudadanía británica era irrelevante. Cabe contrastar este enfoque con la decisión del TJUE en el asunto Zambrano (véase el ejemplo más arriba, en este mismo apartado). Sin embargo, en aquellos asuntos en los que los tribunales nacionales han consi - derado que un niño ha de permanecer en el Estado de residencia, el TEDH puede ser reacio a aceptar la separación de la familia propuesta por las autoridades de inmigración.

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Ejemplo: en el caso Rodrigues da Silva y Hoogkamer contra los Países Bajos  (327), el TEDH consideró que, aunque los tribunales nacionales habían declarado explí - citamente que el interés superior de la niña era permanecer en los Países Bajos con su padre, neerlandés, resultaba desproporcionado negarse a regularizar la situación de su madre, brasileña, con la que mantenía un contacto regular. También se producen situaciones en las que puede haber una injerencia indirecta en el derecho al respeto de la vida familiar, aunque no haya una negativa rotunda a autorizar una estancia. (325) TEDH, Núñez contra Noruega , n.º 55597/09, 28 de junio de 2011. (326) Comisión Europea de Derechos Humanos, Sorabjee contra el Reino Unido (dec.), n.º 23938/94, 23 de octubre de 1995. (327) TEDH, Rodrigues da Silva y Hoogkamer contra los Países Bajos , n.º 50435/99, 31 de enero de 2006.

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198Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el caso G.R. contra los Países Bajos  (328) se examinó la injerencia causada por el cobro de tasas excesivamente elevadas por la regularización de la situación de inmigración de un cónyuge extranjero. El TEDH decidió considerar la cuestión a la luz del artículo 13 del CEDH, pues la queja se refería a la incapa - cidad del solicitante de impugnar la denegación de su permiso de residencia, ya que su solicitud había sido rechazada simplemente porque no había abonado las tasas correspondientes (329). 6.3. Reagrupación familiar La reagrupación familiar comprende las situaciones en las que la persona que es residente en un Estado miembro de la UE o del CdE desea que se reúnan con ella los miembros de la familia dejados en el país de origen cuando migró. En el Derecho de la UE , las disposiciones de la Directiva sobre libre circulación rela- tivas a los miembros de la familia de nacionales del EEE que están ejerciendo los derechos que les confieren los tratados no distinguen entre regularización y reagru - pación familiar, sino que la diferenciación viene dada por la relación entre el miem - bro de la familia y el reagrupante ciudadano de la UE (véase también el cuadro 7 ). En relación con los miembros de la familia que no forman parte del núcleo fami - liar, el TJUE ha sostenido que los Estados miembros disponen de un amplio mar - gen de apreciación para decidir qué factores tendrán en cuenta cuando examinen las solicitudes de entrada y de residencia de las personas mencionadas en el artí - culo 3.2 de la Directiva sobre libre circulación.

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Por lo tanto, los Estados miembros de la UE pueden establecer en su legislación requisitos particulares en lo que se refiere a la naturaleza y la duración de la dependencia. No obstante, el TJUE ha especificado también que esos requisitos han de ser coherentes con el significado normal de los términos relativos a la dependencia empleados en el artículo 3.2 de la Directiva y no pueden despojar a esta disposición de su eficacia (330). De conformidad con el artículo 4 de la Directiva sobre reagrupación familiar , los cón - yuges y los hijos menores solteros pueden reunirse con un nacional de un tercer país que tenga derecho de reagrupación, pero los Estados miembros de la UE pueden (328) TEDH, G.R. contra los Países Bajos , n.º 22251/07, 10 de enero de 2012. (329) TEDH, Anakomba Yula contra Bélgica , n.º 45413/07, 10 de marzo de 2009. (330) TJUE, C -83/11, Secretary of State for the Home Department contra Rahman y otros [GS], 5 de septiembre de 2012, párrs. 36 a 40.

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199Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio imponer condiciones relativas a los recursos que el reagrupante ha de tener a su dis - posición. La Directiva establece que cuando un hijo tenga más de doce años y llegue independientemente del resto de su familia, el Estado miembro, antes de autorizar su entrada y su residencia de conformidad con la Directiva, podrá verificar si cumple algún criterio de integración previsto por la legislación nacional existente en la fecha de la implementación de la Directiva. El TJUE desestimó un recurso del Parlamento Europeo según el cual estas disposiciones restrictivas de la Directiva vulneraban los derechos fundamentales. Sin embargo, el TJCE hizo hincapié en que hay una serie de requisitos que los Estados miembros de la UE han de respetar al implementar la Directiva (331). El artículo 4.5 de la Directiva sobre reagrupación familiar permite a los Estados miembros de la UE exigir que el reagrupante y su cónyuge hayan alcanzado una edad mínima, que no puede fijarse por encima de los veintiún años, antes de que el cónyuge pueda reunirse con el reagrupante. Algunos Estados miembros de la UE han aplicado esta interpretación argumentando que puede ayudar a prevenir casos de matrimonios forzados. Ejemplo: en Noorzia  (332), el TJUE observó que el hecho de exigir a los solici - tantes que hayan cumplido los veintiún años de edad antes de permitirles pre - sentar una solicitud de reagrupación familiar no impide el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar ni lo hace excesivamente difícil. Esa norma impide el matrimonio forzado y es compatible con los principios de igualdad de trato y seguridad jurídica.

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El Derecho de la UE no establece una distinción entre los casos en que la relación familiar es previa a la entrada del reagrupante en el territorio y aquellos en que es posterior (333). En relación con los miembros de la familia de nacionales de terceros países que viven en la UE, la Directiva sobre reagrupación familiar de la UE establece explícita - mente, en su artículo 2 d), que es de aplicación independientemente de si la familia se formó antes o después de la llegada del migrante al país de acogida, si bien en (331) TJCE, C -540/03, Parlamento Europeo contra Consejo de la Unión Europea [GS], 27 de junio de 2006, párrs. 62 a 65. (332) TJUE, C -338/13, Marjan Noorzia contra Bundesministerin für Inneres , 7 de julio de 2014. (333) TJCE, C -127/08, Metock y otros contra Minister for Justice, Equality and Law Reform , 25 de Julio de 2008.

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200Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración algunos Estados miembros de la UE la legislación plantea una distinción clara. Tal distinción también es irrelevante para los miembros reconocidos de la familia de ciu - dadanos del EEE que son nacionales de un tercer país. Ejemplo: en el asunto Chakroun  (334), el TJUE examinó la legislación neerlandesa que distinguía entre «formación» familiar y «reagrupación» familiar, cada una de las cuales tenía su propio régimen de residencia con sus propios requisitos financieros. Tal distinción dependía exclusivamente de si la relación se inició antes o después de la llegada del reagrupante para establecerse en el Estado de acogida. Dado que en este caso concreto la pareja se había casado dos años después de la llegada del reagrupante a los Países Bajos, su situación se trató como formación familiar, y no como reagrupación familiar, aunque la pareja llevaba más de treinta años casada cuando se impugnó la decisión. El Tribunal confirmó que el derecho de un reagrupante que cumple las condiciones de la Directiva sobre reagrupación familiar a que se reúnan con él los miembros reco - nocidos de su familia que son nacionales de un tercer país existía tanto si la relación comenzó antes de la entrada del reagrupante como si comenzó des - pués. El Tribunal tuvo en cuenta que en el Derecho de la UE no se establecía tal distinción [artículo 2 d) y considerando 6 de la Directiva, y artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE], así como la necesidad de no privar las disposiciones de la Directiva de su eficacia.

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La Directiva sobre libre circulación y, antes de que esta fuera adoptada, el Regla - mento (CEE) n.º 1612/68 establecen claramente que los cónyuges de nacionales del EEE tienen derecho a residir con ellos, pero los nacionales del EEE que están ejer - ciendo su derecho de libre circulación también han de disfrutar de las mismas «ven - tajas sociales y fiscales» que los ciudadanos de sus Estados de acogida, incluido el beneficio de cualquier norma de inmigración aplicable a situaciones no cubiertas por los términos expresos de la Directiva (335). Los niños no acompañados a los que se ha concedido el estatuto de refugiados tie - nen derecho, en virtud de la Directiva sobre la reunificación familiar, a que se reú - nan con sus parientes de primer grado en línea ascendente directa. La fecha aplica - ble para determinar si un refugiado es un niño no acompañado a los efectos de la (334) TJUE, C -578/08, Chakroun contra Minister van Buitenlandse Zaken , 4 de marzo de 2010. (335) Tribunal de la AELC, Arnulf Clauder , n.º E-4/11, 26 de julio de 2011, párr. 44.

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201Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio Directiva sobre la reagrupación familiar es la fecha en que entró en el Estado miem - bro de la UE y presentó la solicitud de asilo, y no la fecha de la solicitud de reagrupa - ción familiar (336). En el marco del CEDH , el TEDH ha examinado diferentes asuntos relativos a la dene - gación de visados para cónyuges, hijos o familiares ancianos dejados en el país de origen y con los que el solicitante había mantenido previamente una vida familiar en el extranjero. Por principio, cuando la vida familiar se ha creado en un momento en que las per - sonas interesadas eran conscientes de que su situación de inmigración era tal que la persistencia de esa vida familiar en el Estado de acogida sería, desde el principio, precaria, la expulsión del miembro de la familia no nacional constituiría una violación del artículo 8 del CEDH solo en circunstancias excepcionales (337). Respecto de los cónyuges dejados en el país de origen, una gran parte de los argu - mentos citados por los Estados miembros del CdE (y aceptados por el TEDH) en los asuntos de regularización familiar también son aplicables en los asuntos de reagru - pación. Cabe esperar que los cónyuges residentes en Estados miembros del CdE que hayan contraído matrimonio con una persona que se encontraba en el extranjero se instalen en el extranjero, salvo que puedan demostrar que existen impedimentos graves, en particular el conocimiento previo de normas de inmigración restrictivas. Los Estados miembros no están obligados a respetar la elección de las parejas casa - das de vivir en determinado país ni a aceptar que se establezcan en su territorio los cónyuges no nacionales.

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Sin embargo, si un Estado miembro decide promulgar una legislación que confiere a ciertas categorías de inmigrantes un derecho de reunión con los cónyuges, debe hacerlo de forma compatible con el principio de no discrimi - nación consagrado en el artículo 14 del CEDH (338). Ejemplo: el caso ante el TEDH Biao contra Dinamarca  (339) se refería a un danés naturalizado de origen togolés (el primer solicitante) que se casó con una ciu - dadana de Ghana (el segundo solicitante). Los solicitantes vivían en Suecia (336) TJUE, C -550/16, A y S contra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie , 12 de abril de 2018, párrs. 55 a 60 y 64. (337) TEDH, Rodrigues da Silva y Hoogkamer contra los Países Bajos , n.º 50435/99, 31 de enero de 2006, párr. 39; TEDH, Darren Omoregie y otros contra Noruega , n.º 265/07, 31 de julio de 2008, párr. 57. (338) TEDH, Biao contra Dinamarca [GS], n.º 38590/10, 24 de mayo de 2016, párr. 138; TEDH, Hode y Abdi contra el Reino Unido , n.º 22341/09, 6 de noviembre de 2012, párrs. 43 a 55. (339) TEDH, Biao contra Dinamarca [GS], n.º 38590/10, 24 de mayo de 2016.

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202Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración y tenían un hijo que obtuvo la ciudadanía danesa por la nacionalidad de su padre. Cuando el segundo solicitante demandó el permiso de reagrupación familiar en Dinamarca, su solicitud fue rechazada porque los solicitantes no cumplían con el «requisito de raigambre» en virtud de la Ley de extranjería, por la que una pareja que solicita la reagrupación familiar no debe tener vínculos más fuertes con otro país —Ghana en el caso de los solicitantes— que con Dina - marca. El «requisito de raigambre» se suprimió para las personas que habían tenido la ciudadanía danesa por lo menos durante veintiocho años, así como para los no nacionales daneses que habían nacido en Dinamarca y habían resi - dido legalmente en ese país por lo menos durante veintiocho años. Los soli - citantes afirmaron haber sido objeto de discriminación indirecta debido a los «requisitos de raigambre». El TEDH sostuvo que el Gobierno «no había demos - trado que existieran razones imperiosas o de gran peso no relacionadas con el origen étnico para justificar el efecto discriminatorio indirecto de la norma de los veintiocho años». Así pues, el Tribunal determinó que se había violado el artí - culo 14 del CEDH en relación con el artículo 8. Ejemplo: en el caso Jeunesse contra los Países Bajos  (340), las autoridades neer - landesas denegaron el permiso de residencia a una madre surinamesa de tres hijos nacidos en los Países Bajos. El TEDH estableció la existencia de circunstan - cias excepcionales que le llevaron a constatar una violación del artículo 8 de la Convención.

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El Tribunal observó que la demandante había nacido como nacional neerlandesa, pero había perdido esa nacionalidad involuntariamente cuando Surinam se independizó; que las autoridades toleraron su presencia en el país durante dieciséis años, lo que le permitió establecer y desarrollar fuertes lazos familiares, sociales y culturales en los Países Bajos; y que no tuvieron en cuenta ni evaluaron las pruebas en cuanto a la viabilidad, factibilidad y proporcionalidad de la denegación de su residencia en los Países Bajos. Es habitual que cuando los migrantes se desplazan para establecerse en el país de acogida dejen hijos en el país de origen, a menudo a cargo de los abuelos u otros parientes, hasta que consiguen una situación legal, social y económica adecuada y la estabilidad necesaria para llevar a sus hijos con ellos. El enfoque del TEDH en este tipo de asuntos depende en gran medida de las circunstancias concretas de cada caso. (340) TEDH, Jeunesse contra los Países Bajos [GS], n.º 12738/10, 3 de octubre de 2014, párrs. 121 y 122.

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203Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio Ejemplo: El caso ante el TEDH Tuquabo-Tekle y otros contra los Países Bajos  (341) se refería a una demanda de reunificación familiar de una madre, su esposo y tres de sus hijos que vivían en los Países Bajos para que se les uniera una hija residente en Eritrea. La madre había obtenido primero el derecho a residir en Noreuga y a traer a sus hijos por razones humanitarias. Solo su hijo mayor vino a reunirse con ella en Noruega un año más tarde, mientras que sus otros dos hijos seguían viviendo en Eritrea y se reunirían con ella en una etapa posterior. Su matrimonio con un refugiado que vivía en los Países Bajos llevó a toda la familia a establecerse en ese país, donde nacieron otros dos hijos. Posterior - mente, la Sra. Tekle y su esposo adquirieron la nacionalidad neerlandesa. Soli - citaron un visado de residencia provisional para su hija de catorce años, que seguía residiendo en Eritrea. Las autoridades neerlandesas rechazaron la soli - citud sobre la base de que los estrechos lazos familiares entre la madre y su hija habían dejado entretanto de existir. Teniendo en cuenta que los solicitantes habían establecido fuertes lazos en los Países Bajos y solo mantenían vínculos débiles con su país de origen, la mejor manera de desarrollar la vida familiar, según el Tribunal, era conceder a la hija el derecho a establecerse (342). En cuanto a la CSE , su artículo 19.6 garantiza el derecho a la reagrupación familiar.

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El CEDS ha afirmado lo siguiente en relación con las condiciones y restricciones de la reagrupación familiar: • la denegación por razones de salud solo se puede admitir en el caso de deter - minadas enfermedades cuya gravedad pondría en peligro la salud pública (343); • el requisito de un alojamiento adecuado no debe ser tan restrictivo como para impedir la reagrupación familiar (344); • el requisito de un periodo de residencia superior a un año para los trabajadores migrantes que deseen que se reúnan con ellos miembros de su familia es exce - sivo y, por consiguiente, constituye una vulneración de la CSE; (341) TEDH, Tuquabo-Tekle y otros contra los Países Bajos , n.º 60665/00, 1 de marzo de 2006. (342) TEDH, El Ghatet contra Suiza , n.º 56971/10, 8 de noviembre de 2016. (343) CEDS, Conclusiones XVIII-1, Turquía, declaración de interpretación del artículo 19.6 . (344) CEDS, Conclusiones 2011, Bélgica, declaración de interpretación del artículo 19.6 .

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204Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración • a los trabajadores migrantes que disponen de ingresos suficientes para mante - ner a los miembros de su familia no se les debería denegar automáticamente el derecho a la reagrupación familiar en razón del origen de tales ingresos, en la medida en que legalmente tengan derecho a los beneficios que puedan recibir; • el requisito de que los miembros de la familia de un trabajador migrante pasen las pruebas de lengua o de integración para poder entrar en el país, o el requi - sito de que las pasen (y superen) una vez estén en el país para que se les auto - rice a permanecer, constituye una restricción que podría privar de su contenido a la obligación recogida en el artículo 19.6 y, por lo tanto, no es conforme a la CSE (345). Según el CEDS, los refugiados deben disfrutar plenamente del derecho a la reunifica - ción familiar en virtud de la CSE. Al tiempo que facilitan la reunificación familiar, los Estados tienen que responder a las necesidades específicas de los refugiados y los solicitantes de asilo (346). 6.4. Mantenimiento de la unidad familiar - protección contra la expulsión Existen numerosos casos de expulsión o de amenazas de expulsión al cónyuge o a los padres de un nacional de un tercer país en situaciones en las que ello puede tener graves repercusiones en la vida familiar existente. Estas situaciones se suelen producir en los dos casos, a saber, la ruptura de relaciones y las condenas penales, que a su vez pueden estar interrelacionados. También se puede tratar simplemente de que las autoridades decidan que el miem - bro de la familia ya no cumple los requisitos que en un principio le autorizaban a per - manecer.

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En estos casos, es necesario analizar la situación concreta de la persona afectada. (345) Sobre estos principios véase CEDS, Conclusiones 2011, declaración de interpretación del artículo 19.6 . (346) CEDS, Conclusiones 2015, declaración de interpretación de los dereechos de los refugiados en el marco del CED .

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205Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio 6.4.1. Ruptura de relaciones Si un nacional de un tercer país aún no ha obtenido el permiso de residencia a título personal y la relación en la que se basa su derecho de residencia se rompe, el miem - bro extranjero de la pareja puede perder tal derecho, porque solo tiene un derecho derivado a través del miembro de la familia que ha estado acompañado o se ha reunido con el que se reagrupa. Con arreglo al Derecho de la UE , la relación sigue justificando la residencia de un nacional de un tercer país hasta que el matrimonio en que se basa se disuelve legalmente ( Directiva sobre libre circulación ) (347). La ruptura de la relación no es suficiente para justificar la pérdida de la residencia. El artículo 13 de la Directiva sobre libre circulación prevé el mantenimiento del derecho de residencia para los miembros de la familia nacionales de un tercer país en caso de divorcio o anulación cuando el matrimonio haya durado tres años, uno de los cuales en el Estado de acogida, o cuando la pareja tenga hijos que necesiten la presencia de los padres. La Directiva sobre libre circulación contiene una disposición específica dirigida a prote - ger el estatuto de residencia de los nacionales de un tercer país víctimas de violencia doméstica cuyas parejas sean nacionales del EEE [artículo 13.2 c)]. La Directiva sobre reagrupación familiar contempla también la posibilidad de conce - der un permiso de residencia al miembro extranjero de la pareja en caso de ruptura de la relación con el reagrupante por fallecimiento, divorcio o separación. La obli - gación de conceder un permiso autónomo solo existe tras cinco años de residencia (artículo 15).

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De conformidad con el artículo 15.3 de la Directiva, los Estados miem - bros de la UE deben establecer disposiciones que garanticen la concesión de un per - miso de residencia autónomo en caso de que, tras un divorcio o una separación, concurran circunstancias especialmente difíciles. Como con el artículo 13.2 c) de la Directiva sobre libre circulación, con ello se pretende incluir las situaciones de violen - cia doméstica, si bien los Estados miembros son libres de introducir las disposiciones que deseen. En el marco del CEDH , el TEDH examina si la vida familiar y la necesidad de mante - ner contacto con los hijos exigen que los nacionales de un tercer país sean autoriza - dos a permanecer en el territorio. El enfoque difiere del que se adopta en virtud de la legislación nacional de muchos Estados miembros, en los que la ruptura de una relación puede dar lugar a la pérdida de los derechos de residencia de los cónyuges (347) TJCE, C -267/83, Aissatou Diatta contra Land Berlin , 13 de febrero de 1985.

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206Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración o padres nacionales de un tercer país. A menudo, el Tribunal no ve razones para que no se mantenga contacto por medio de visitas (348), si bien en algunas situacio - nes considera necesario permitir que el nacional de un tercer país permanezca en el territorio. Ejemplo: en el caso Berrehab contra los Países Bajos  (349), el TEDH sostuvo que el artículo 8 del CEDH impedía a los Países Bajos expulsar a un padre que, pese al divorcio, mantenía contacto con sus hijos cuatro veces a la semana. 6.4.2. Condenas penales En ocasiones, un Estado miembro de la UE desea expulsar a un nacional de un tercer país residente legal que ha cometido un delito penal. En el Derecho de la UE , los artículos 27 a 33 de la Directiva sobre libre circulación confieren a los miembros de la familia reconocidos como tal la misma protección reforzada (derivada) contra la expulsión que tienen los nacionales del EEE. Por ejem - plo, cualquier intento de limitar la libre circulación y la residencia de los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias por razones de orden público o seguridad pública deberá basarse en el hecho de que la conducta personal del individuo afec - tado constituya una amenaza real, actual y suficientemente grave. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá por sí sola una razón para adoptar dichas medidas. En virtud del artículo 28.3 b) de la Directiva, los niños solo podrán ser expulsados por motivos imperiosos de seguridad pública, salvo si la expulsión es necesaria en el interés superior del niño.

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Los miembros de la familia de nacionales turcos que hayan conseguido una situación de residencia estable gozan de una protección similar, independientemente de su nacionalidad (350). El artículo 6.2 de la Directiva sobre reagrupación familiar autoriza a los Estados miembros a retirar el permiso de residencia de un miembro de la familia o denegar su renovación por motivos de orden público, seguridad pública o salud pública. Al (348) TEDH, Rodrigues da Silva y Hoogkamer contra los Países Bajos , n.º 50435/99, 31 de enero de 2006. (349) TEDH, Berrehab contra los Países Bajos , n.º 10730/84, 21 de junio de 1988. (350) TJUE, C -451/11, Natthaya Dülger contra Wetteraukreis , 19 de julio de 2012.

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207Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio adoptar la resolución correspondiente, el Estado miembro deberá tener en cuenta la gravedad o el tipo de infracción contra el orden público o la seguridad pública come - tida por el miembro de la familia, o el peligro que implique dicha persona. En cuanto al CEDH , el TEDH decidirá, en primer lugar, si es razonable esperar que la familia acompañe al delincuente al extranjero y, en caso de que no sea así, si la conducta delictiva sigue justificando la expulsión una vez que ya esté claro que esta causará la total separación de la familia. En estas situaciones, la conclusión alcan - zada por el TEDH depende en gran medida de los detalles de cada asunto. El TEDH ha adoptado diferentes criterios para evaluar la proporcionalidad de una orden de expulsión. Estos criterios incluyen: • el carácter y la gravedad del delito cometido por el solicitante en el Estado res - ponsable de la expulsión; • la duración de la estancia del solicitante en el país del que va a ser expulsado; • el tiempo transcurrido desde que se cometió el delito y la conducta del solici - tante durante ese periodo; • las nacionalidades del solicitante y de todos los miembros de la familia afectados; • la situación familiar, como la duración del matrimonio, y otros factores que expresan la eficacia de la vida familiar de una pareja; • si el cónyuge tenía conocimiento del delito en el momento en que entró en una relación familiar; • si hay hijos del matrimonio y, si es así, su edad; • la gravedad de las dificultades que el cónyuge puede encontrar en el país al que se va a expulsar al solicitante; • La solidez de sus lazos sociales, culturales y familiares con el país de acogida y con el país de destino;

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208Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración • el interés superior y el bienestar de los niños implicados, y en particular cual - quier dificultad con que se puedan encontrar si han de seguir al solicitante al país a que se le expulsa (351). Ejemplo: el caso A.A. contra el Reino Unido  (352) trataba de un nacional nigeriano que fue al Reino Unido de niño para reunirse con su madre y sus hermanos y al que se concedió un permiso de residencia permanente. Cometió un delito grave de niño y cumplió la pena correspondiente. Después se convirtió en un modelo de rehabilitación, no cometió más delitos, obtuvo una licenciatura universita - ria y encontró un empleo estable. Cuando se encontraba en esta situación se ordenó su expulsión en razón del delito que había cometido cuando era menor de edad. El TEDH se fijó en la condena que se había impuesto al solicitante y su conducta ejemplar e insistió en el tiempo transcurrido desde que cometió el delito y en su conducta a lo largo de ese periodo. Llegó a la conclusión de que, en esas circunstancias particulares, la expulsión del solicitante habría constituido una vulneración del artículo 8 del CEDH. Ejemplo: en el caso Antwi y otros contra Noruega  (353), los solicitantes eran un nacional ghanés y su esposa y su hija, que eran nacionales noruegas. El TEDH sostuvo que la decisión de expulsar al Sr. Antwi y no volverlo a admitir en Noruega, adoptada por las autoridades al descubrir que su pasaporte era falso, no constituía una vulneración del artículo 8 del CEDH.