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258Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Las Veinte directrices sobre el retorno forzoso del CdE abordan también el respeto de los datos personales y las restricciones impuestas para su tratamiento, así como la prohibición de compartir información relacionada con las solicitudes de asilo (directriz 12). 8.3. Daños graves causados por medidas de contención Con arreglo al Derecho nacional, los agentes estatales, tales como el personal de vigilancia y escolta, pueden estar autorizados al uso de la fuerza en el ejercicio de sus funciones. Tanto el Derecho de la UE como el CEDH estipulan que esa fuerza ha de ser razonable, necesaria y proporcionada. El Derecho de la UE y el CEDH establecen unas normas comunes aplicables al fallecimiento en los casos de detención. El derecho a la vida está garantizado por el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y por el mismo artículo del CEDH. El artículo 2 recoge uno de los derechos más importantes, para el cual no se prevén excepciones en el artículo 15 del CEDH. Sin embargo, el CEDH establece que el uso de la fuerza, y especialmente de una fuerza letal, no consti - tuye una vulneración del artículo 2 si es absolutamente necesario y estrictamente proporcionado (480). En el marco del Derecho de la UE , la Directiva sobre retorno establece normas sobre las medidas coercitivas. Tales medidas se han de usar como último recurso y deben ser proporcionadas y no exceder la fuerza razonable. Además, se han de aplicar con el debido respeto de la dignidad y la integridad física de la persona de que se trate (artículo 8.4).

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En el marco del CEDH , el deber primordial de los Estados en virtud del artículo 2 del CEDH en el contexto del uso de la fuerza por parte de agentes estatales entraña el establecimiento de un marco jurídico apropiado que defina las circunstancias limi - tadas en que las fuerzas del orden pueden hacer uso de la fuerza. La jurispruden - cia relativa a su artículo 2 exige un marco legislativo, reglamentario y administra - tivo que rija el uso de la fuerza por los agentes estatales a fin de proteger contra la (480) TEDH, McCann y otros contra el Reino Unido , n.º 18984/91, 27 de septiembre de 1995, párrs. 148 y 149; TEDH, Yüksel Erdoğan y otros contra Turquía , n.º 57049/00, 15 de mayo de 2007, párr. 86; TEDH, Ramsahai y otros contra los Países Bajos [GS], n.º 52391/99, 15 de mayo de 2007, párr. 286; TEDH, Giuliani y Gaggio contra Italia [GS], n.º 23458/02, 24 de marzo de 2011, párrs. 175 y 176.

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259Retornos forzosos y modalidades de expulsión arbitrariedad, el abuso y la pérdida de vidas, incluidos los accidentes evitables. La estructura del personal, los canales de comunicación y las directrices sobre el uso de la fuerza han de quedar clara y adecuadamente recogidos en dicho marco (481). Si los agentes estatales utilizan más fuerza de la que están razonablemente autori - zados a utilizar y a consecuencia de ello se producen daños, o incluso la muerte, el Estado miembro puede ser considerado responsable. Llegado el caso, será necesario realizar una investigación eficaz de lo sucedido que pueda desembocar en un pro - cedimiento penal (482), y las autoridades competentes deben aplicar un escrutinio riguroso a la investigación (483). El TEDH ha sostenido que los Estados miembros no solo tienen obligaciones «nega - tivas» de no causar daño a los individuos, sino también obligaciones «positivas» de protegerlos contra la pérdida de la vida o contra heridas graves, tanto infligidas por ellos mismos como por terceras personas, así como de facilitarles el acceso a los ser - vicios médicos. La obligación del Estado miembro de proteger comprende asimismo el deber de establecer disposiciones legales y procedimientos apropiados, incluidas las disposiciones penales necesarias para evitar delitos contra una persona, junto con sanciones disuasorias para evitar que tales delitos se cometan (484). La cuestión es si las autoridades han hecho todo lo que razonablemente cabe esperar de ellas para evitar un riesgo real e inmediato para la vida que ellas conociesen o debiesen haber conocido (485).

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Al examinar la legalidad del uso de la fuerza, el TEDH ha tenido en cuenta diversos factores, incluida la naturaleza del objetivo perseguido y el riesgo físico y para la vida inherente a la situación. El Tribunal analiza las circunstancias de un determinado uso de la fuerza, incluido si fue deliberado o intencionado y si la operación se plani - ficó y controló adecuadamente. (481) TEDH, Makaratzis contra Grecia [GS], n.º 50385/99, 20 de diciembre de 2004, párr. 58; TEDH, Nachova y otros contra Bulgaria [GS], nos 43577/98 y 43579/98, 6 de julio de 2005, párr. 96. TEDH, Giuliani y Gaggio contra Italia , n.º 23458/02, 24 de marzo de 2011, párr. 209. (482) TEDH, McCann y otros contra el Reino Unido , n.º 18984/91, 27 de septiembre de 1995, párr. 161; TEDH, Velikova contra Bulgaria , n.º 41488/98, 18 de mayo de 2000, párr. 80. (483) TEDH, Enukidze y Girgvliani contra Georgia , n.º 25091/07, 26 de julio de 2011, párr. 277; TEDH, Armani Da Silva contra el Reino Unido [GS], n.º 5878/08, 30 de marzo de 2016, párr. 229. (484) TEDH, Osman contra el Reino Unido , n.º 23452/94, 28 de octubre de 1998; TEDH, Mastromatteo contra Italia [GS], n.º 37703/97, 24 de octubre de 2002, párrs.

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72 y 73; TEDH, Finogenov y otros contra Rusia , nos 18299/03 y 27311/03, 20 de diciembre de 2011, párr. 209. (485) TEDH, Branko Tomašić y otros contra Croacia , n.º 46598/06, 15 de enero de 2009, párr. 51.

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260Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el caso Kaya contra Turquía  (486), el TEDH reiteró que el Estado debe evaluar la fuerza empleada y el grado de riesgo que podría dar lugar a la pér - dida de una vida. El uso de técnicas coercitivas no solo puede plantear problemas con arreglo al artí - culo 2, en caso de muerte o de situación próxima a la muerte, como un intento de suicidio que cause daños duraderos, sino también con arreglo a los artículos 3 y 8 del CEDH, en situaciones en las que el individuo sufre heridas o daños de otros tipos por el uso de técnicas coercitivas que no llegan a suponer la muerte. El Tribunal sostuvo que hay una violación del artículo 3 del CEDH cuando una per - sona sufre daño cerebral como resultado del uso de fuerza excesiva en el momento del arresto (487), así como cuando los detenidos son abofeteados por agentes del Estado durante su detención en una comisaría de Policía (488) o cuando las autorida - des no investigan efectivamente las denuncias de los solicitantes sobre los presun - tos malos tratos durante la deportación (489). El TEDH ha expresado su preocupación por incidentes con intervención policial o de otros agentes contra individuos en el contexto del artículo 8 del CEDH. Las personas deben ser protegidas del riesgo de intrusiones indebidas de la Policía en sus hoga - res (490). Deben existir salvaguardias para evitar cualquier posible abuso y proteger la dignidad humana. Entre ellas podría figurar la exigencia al Estado de que lleve a cabo una investigación eficaz si ese es el único medio legal para examinar las denuncias de registros domiciliarios ilegales (491).

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La muerte y las heridas pueden estar causadas por técnicas coercitivas de conten - ción o por el hecho de que el Estado miembro no haya impedido la muerte, lo que incluye los casos de autolesiones y los que obedecen a razones médicas (492). En este sentido, las Veinte directrices sobre el retorno forzoso del CdE prohíben las (486) TEDH, Kaya contra Turquía , n.º 22729/93, 19 de febrero de 1998. (487) TEDH, İlhan contra Turquía [GS], n.º 22277/93, 27 de junio de 2000, párrs. 77 a 87. (488) TEDH, Bouyid contra Bélgica [GS], n.º 23380/09, 28 de septiembre de 2015. (489) TEDH, Thuo contra Chipre , n.º 3869/07, 4 de abril de 2017. (490) TEDH, Kučera contra Eslovaquia , n.º 48666/99, 17 de julio de 2007, párrs. 119 y 122 a 124; TEDH, Rachwalski y Ferenc contra Polonia , n.º 47709/99, 28 de julio de 2009, párrs. 58 a 63. (491) TEDH, Vasylchuk contra Ucrania , n.º 24402/07, 13 de junio de 2013, párr. 84. (492) Véase un ejemplo en el asunto del Reino Unido FGP contra Serco Plc & Anor [2012] EWHC 1804 (Admin), 5 de julio de 2012.

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261Retornos forzosos y modalidades de expulsión medidas coercitivas que pueden obstruir las vías respiratorias parcial o totalmente y las que obligan a la persona expulsada a adoptar posturas en las que corre riesgo de asfixia (directriz 19). 8.4. La investigación En el marco del CEDH , en determinadas circunstancias los principios generales desa - rrollados principalmente en virtud de sus artículos 2, 3 y 8 pueden ser aplicables en el contexto de los retornos forzosos. Cuando un individuo pierde la vida o sufre heridas graves mientras se encuentra en manos de un Estado miembro o cuando estos hechos se producen en circunstancias en las que el Estado miembro puede ser considerado responsable, como ocurre cuando el individuo se encuentra en deten - ción, debe haber algún tipo de investigación efectiva y oficial. Las autoridades com - petentes deben aplicar un escrutinio especialmente riguroso a la investigación subsi - guiente (493). El Estado miembro puede ser considerado responsable aunque delegue a empresas privadas parte de las tareas propias de las situaciones de expulsión. Se debe alcanzar un nivel mínimo de efectividad que depende de las circunstancias del caso (494). Son necesarias una responsabilidad y una transparencia efectivas para garantizar el respeto del Estado de derecho y mantener la confianza de la opinión pública (495). Cuando es encontrado muerto o herido un individuo que está o ha estado en deten - ción o sometido al control de un Estado miembro, dicho Estado miembro es el res - ponsable de dar una explicación satisfactoria y convincente de lo que ha sucedido.

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Por ejemplo, el Tribunal determinó que se había producido una vulneración del artículo 2 en un asunto en que el Gobierno declaró una muerte por causas natura - les sin dar ninguna explicación satisfactoria de la muerte ni de la autopsia, que fue incompleta (496). Del mismo modo, se consideró que se habían producido infraccio - nes del artículo 2 en casos de asistencia médica insuficiente en el hospital de una prisión (497) y en el reconocimiento médico insuficiente de un solicitante mientras se encontraba detenido (498). (493) TEDH, Armani Da Silva contra el Reino Unido [GS], n.º 5878/08, 30 de marzo de 2016. (494) TEDH, McCann y otros contra el Reino Unido , n.º 18984/91, 27 de septiembre de 1995, párr. 161; TEDH, Velikova contra Bulgaria , n.º 41488/98, 18 de mayo de 2000, párr. 80. (495) TEDH, Ramsahai y otros contra los Países Bajos [GS], n.º 52391/99, 15 de mayo de 2007, párr. 325. (496) TEDH, Tanlı contra Turquía , n.º 26129/95, 10 de abril de 2001, párrs. 143 a 147. (497) TEDH, Tarariyeva contra Rusia , n.º 4353/03, 14 de diciembre de 2006, párr. 88. (498) TEDH, Taïs contra Francia , n.º 39922/03, 1 de junio de 2006.

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262Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Para que una investigación sea conforme a lo previsto en el artículo 2, los criterios esenciales son que ha de ser independiente, adecuada y eficaz, rápida y sin dila - ciones indebidas, ha de implicar a la familia de la víctima y estar abierta al escruti - nio (499). Los resultados de la investigación han de ser públicos. Las autoridades han de llevar a cabo la investigación por iniciativa propia y sin esperar a que se presente una queja. La investigación ha de estar a cargo de un agente u organismo indepen - diente de los implicados en los hechos. Ello no solo implica la ausencia de conexión jerárquica e institucional, sino también independencia práctica (500). Puntos clave • Las expulsiones se han de llevar a cabo de manera segura y humana y deben proteger la dignidad del individuo (véase el  apartado 8.1 ). • Los individuos han de ser aptos para viajar, teniendo en cuenta su estado físico y su salud mental (véase el  apartado 8.1 ). • Se ha de tener un cuidado especial con las personas vulnerables, incluidos los niños y también las personas que presentan riesgo de suicidio o autolesión (véase el apartado 8.1 ). • En el marco del Derecho de la UE, los Estados miembros de la UE han de crear sistemas eficaces de control de retornos forzosos (véase el  apartado 8.1 ). • La Directiva sobre retorno exige que los niños no acompañados solo sean devueltos a miembros de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida adecua - dos (véase el  apartado 8.1 ). • La confidencialidad de la información obtenida en el proceso de asilo ha de estar garantizada (véase el apartado 8.2 ).

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• Tanto el Derecho de la UE como el CEDH estipulan que las medidas coercitivas utiliza - das han de ser razonables, necesarias y proporcionadas (véase el  apartado 8.3 ). • En virtud del CEDH, las autoridades deben investigar las declaraciones plausibles de uso de la fuerza excesivo durante la devolución (véase el  apartado 8.4 ). (499) TEDH, Armani Da Silva contra el Reino Unido [GS], n.º 5878/08, 30 de marzo de 2016, párrs. 232 a 237. (500) TEDH, Finucane contra el Reino Unido , n.º 29178/95, 1 de julio de 2003, párr. 68.

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263Retornos forzosos y modalidades de expulsión Jurisprudencia y bibliografía recomendada: Se puede encontrar jurisprudencia complementaria consultando las directrices Cómo consultar la jurisprudencia de los tribunales europeos , en la página 359 de este manual. Se puede encontrar más material relacionado con las cuestiones tratadas en este capítulo en el apartado « Bibliografía recomendada », en la página  325.

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2659 Derechos económicos y sociales UE Temas tratados CdE Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículos 12 (libertad de reunión y de asociación), 15.1 (libertad de elegir una profesión y derecho a trabajar), 16 (libertad de empresa), 28 (derecho de negociación y de acción colectiva), 29 (derecho de acceso a los servicios de colocación), 30 (protección en caso de despido injustificado), 31 (condiciones de trabajo justas y equitativas) y 32 (prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo) El acceso al mercado laboral está regulado por el Derecho derivado de la UE de cada categoría específicaDerechos económicosCEDH , artículo 4 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado) CEDH , artículo 11 (libertad de asociación) CSE, artículo 1.2 (no discriminación y trabajo forzoso u obligatorio) CSE, artículo 5 (libertad de asociación) CSE, artículo 6 (negociación y acción colectiva) TEDH, Bigaeva contra Grecia , n.º 26713/05, 2009 (extranjera autorizada a realizar una formación profesional, pero no a presentarse al examen correspondiente) CEDS, LO/TCO contra Suecia , Denuncia n.º 85/2012, 2013 (restricciones a la igualdad de trato de los trabajadores desplazados en materia de empleo y derechos sindicales)

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266Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración UE Temas tratados CdE Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 14 (derecho a la educación) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 14.1 (migrantes en situación irregular) Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida , artículo 14 (solicitantes de asilo )Educación CEDH , artículo 2 del Protocolo n.º 1 (derecho a la educación) CSE, artículos 17 (derecho de los niños a protección social, jurídica y económica), 18 (derecho a ejercer una actividad lucrativa) y 19 (derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a protección y asistencia) TEDH, Ponomaryovi contra Bulgaria , n.º 5335/05, 2011 (matrícula más cara en la educación secundaria para los migrantes en situación irregular) Comisión Europea de Derechos Humanos, Karus contra Italia (dec.), n.º 29043/95, 1998 (matrícula más cara en la educación superior para los extranjeros) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 34.3 (seguridad social y asistencia social) Para los nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del EEE, residentes de larga duración, solicitantes de asilo, refugiados, beneficiarios de la protección subsidiaria y víctimas de trata de seres humanos, las normas de alojamiento están recogidas en el Derecho derivado Alojamiento TEDH, Gillow contra el Reino Unido , n.º 9063/80, 1986 (derecho al respeto del domicilio) TEDH, M.S.S.

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contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 2011 (vulneración del artículo 3 del CEDH por no ofrecer un alojamiento) CSE, artículo 31 (derecho a la vivienda) CEDS, FEANTSA contra los Países Bajos , Denuncia n.º 86/2012, 2014 (derecho a refugio de emergencia) CEDS, DCI contra los Países Bajos , Denuncia n.º 47/2008, 2009 (alojamiento para niños en situación irregular) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 35 (protección de la salud) El cuidado de la salud está regulado por el Derecho derivado de la UE de cada categoría específicaAsistencia sanitaria CSE, artículo 11 (derecho a la salud) CSE, artículo 13 (derecho a la asistencia social y médica) CEDS, FIDH contra Francia , Denuncia n.º 14/2003, 2004 CEDS, EUROCEF contra Francia , Denuncia n.º 114/2015, 2018 (alojamiento y cuidado de niños no acompañados)

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267Derechos económicos y sociales UE Temas tratados CdE Para los nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del EEE: Directiva 2004/38/CE sobre libre circulación , artículos 24 y 14 Reglamento (CE) n.º 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, modificado por el Reglamento (UE) n.º 465/2012 Para los nacionales de un tercer país que se desplazan por la UE: Reglamento (CE) n.º 859/2003 y Reglamento (UE) n.º 1231/2010 Otras categorías: El Derecho derivado de la UE prevé derechos específicos para los solicitantes de asilo, refugiados, personas a las que se ha concedido protección subsidiaria, víctimas de trata de seres humanos y residentes de larga duración TJUE, asuntos acumulados C-443/14 y C -444/14, Alo y Osso [GS], 2016 (condiciones de residencia impuestas a un beneficiario de protección subsidiaria) TJUE, C -713/17, Ayubi , 2018 (refugiado con permiso de residencia temporal)Seguridad social y asistencia TEDH, Gaygusuz contra Austria , n.º 17371/90, 1996 (discriminación de extranjeros en las prestaciones por desempleo) TEDH, Koua Poirrez contra Francia , n.º 40892/98, 2003 (discriminación de los extranjeros en las prestaciones por discapacidad) TEDH, Dhahbi contra Italia , n.º 17120/09, 2014 (discriminación de los extranjeros en materia de prestaciones familiares) TEDH, Andrejeva contra Letonia [GS], n.

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º 55707/00, 2009 (discriminación de los extranjeros en las pensiones) CSE, artículos 12 (derecho a la seguridad social), 13 (derecho a la asistencia social y médica), 14 (derecho a los beneficios de los servicios sociales), 15 (derechos de las personas minusválidas), 17 (derecho de los niños y adolescentes a protección social, jurídica y económica), 23 (derechos de las personas de edad avanzada a la protección social) y 30 (protección contra la pobreza y la exclusión social) CEDS, EUROCEF contra Francia , Denuncia n.º 114/2015, 2018 (alojamiento y cuidado de niños no acompañados) Introducción Para la mayor parte de los inmigrantes, el acceso al empleo, la educación, el aloja - miento, la sanidad, la seguridad social, la asistencia social y otras prestaciones socia - les puede ser una tarea agotadora. Normalmente, para acceder a todos los derechos sociales es necesario un derecho de permanencia reconocido.

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268Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Por lo general se permite que los Estados establezcan diferencias entre nacionali - dades cuando ejercen su derecho de soberanía a permitir o denegar el acceso a su territorio. En principio, no es ilegal celebrar acuerdos o adoptar legislación nacio - nal que confiera a determinadas nacionalidades derechos privilegiados de acceso o permanencia en el territorio del Estado. Normalmente también se permite que los Estados impongan condiciones diferenciadas para la entrada o la residencia, como la prohibición de acceso al empleo o de recurso a fondos públicos. No obstante, los Estados han de tener presente que los instrumentos internacionales y europeos de derechos humanos prohíben la discriminación, incluso por motivos de nacionalidad, en los diferentes ámbitos que regulan (501). Cuanto más se puede considerar que una situación particular corresponde al Dere - cho soberano de un Estado a admitir o excluir extranjeros, mayor margen tiene el Estado para imponer condiciones diferenciadas (502). El trato diferenciado resulta menos aceptable cuanto más se asemeja la situación de inmigración del extranjero a la situación de los ciudadanos del Estado de que se trate (503). Cuando se ven afec - tados derechos fundamentales esenciales, como el derecho a la vida o la prohibi - ción de trato degradante, el trato diferenciado equivale a una discriminación pro - hibida (504). Estos principios presentan una importancia particular en la cuestión del acceso a los derechos sociales. En este capítulo se presenta un breve panorama de las normas de la UE y del CdE relativas al acceso a derechos económicos y sociales, a saber, el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la sanidad y a la protección social. 9.1.

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Principales fuentes de Derecho En el marco del Derecho de la UE , las disposiciones relativas a la libre circula - ción tienen un impacto considerable en la situación de los nacionales de un tercer país que son miembros de la familia de ciudadanos de la UE que están ejerciendo su derecho de libre circulación por Europa. La Directiva sobre libre circu - lación (2004/38/CE) regula la situación de los miembros de su familia de cualquier (501) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, artículo 21; CEDH, artículo 14 y protocolo n.º 12, artículo 1; CSE, parte V, artículo E. (502) TEDH, Bah contra el Reino Unido , n.º 56328/07, 27 de septiembre de 2011. (503) TEDH, Gaygusuz contra Austria , n.º 17371/90, 16 de septiembre de 1996. (504) CEDS, Defence for Children International (DCI) contra los Países Bajos , Denuncia n.º 47/2008, méritos, 20 de octubre de 2009.

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269Derechos económicos y sociales nacionalidad. El artículo 2.2 de la Directiva define qué miembros de la familia que - dan cubiertos por esta (véase el apartado 6.2 ). La Directiva se aplica también a los miembros de la familia de ciudadanos de Islandia, Liechtenstein y Noruega que son nacionales de un tercer país (505). Los miembros de la familia de ciudadanos suizos gozan de una condición similar (506). Los miembros de la familia cubiertos por estas disposiciones no solo tienen derecho a acceder al mercado laboral, sino que también tienen derecho a prestaciones sociales. Pese a no ser nacionales del EEE, los nacionales turcos y los miembros de su familia disfrutan, en el marco del Derecho de la UE, de una situación privilegiada en los Esta - dos miembros de la UE. Ello deriva del Acuerdo de Ankara de 1963 y su Protocolo adicional de 1970, en los que se supuso que en 1985 Turquía sería miembro de la UE. El grado de acceso al mercado laboral de otras categorías de nacionales de terceros países, como solicitantes de asilo, refugiados o residentes de larga duración, está regulado por directivas específicas. En diciembre de 2011, la UE adoptó la Directiva sobre el permiso único (2011/98/UE), que introduce un procedimiento único de soli - citud para que los nacionales de terceros países residan y trabajen en el territorio de un Estado miembro de la UE, así como un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro.

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Ejemplo: el caso de Martínez Silva  (507) se refería a la denegación a un nacional de un tercer país de una prestación familiar sobre la base de que la legislación italiana no permite que se conceda esa prestación a los nacionales de países no pertenecientes a la UE que tengan un permiso de trabajo único. El TJUE sostuvo que la legislación nacional no puede excluir a un titular de un permiso único de recibir una prestación familiar, debido a la cláusula de igualdad de trato incluida en la Directiva sobre el permiso único. Además, la Directiva sobre igualdad racial (2000/43/CE) prohíbe la discriminación basada en el origen racial o étnico en el contexto del empleo y de la oferta de bienes y servicios, así como en el acceso al sistema de asistencia y a la seguridad social (508). (505) Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , 2 de mayo de 1992, parte III, Libre circulación de personas, servicios y capitales, DO L 1 de 3 de marzo de 1994. (506) Acuerdo sobre libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra , 21 de junio de 1999, artículo 7, DO 2002 L 114/6. (507) TJUE, C -449/16, Kerly del Rosario Martínez Silva contra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) y Comune di Genova , 21 de junio de 2017. (508) Directiva 2000/43/CE , DO 2000 L 180/22.

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270Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración También se aplica a los nacionales de terceros países; sin embargo, de conformidad con el artículo 3.2 de la Directiva, «no afecta a la diferencia de trato por motivos de nacionalidad y se entiende sin perjuicio de […] cualquier tratamiento derivado de la situación jurídica de los nacionales de terceros países y de los apátridas». La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores fue adoptada el  9 de diciembre de 1989, mediante declaración de todos los Esta - dos miembros. La Carta enunció los grandes principios en los que se basa el modelo europeo de derecho laboral y desarrolló el modelo social europeo en la siguiente década. Los derechos sociales fundamentales declarados en la Carta comunitaria siguen desarrollándose y ampliándose en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La aplicación de la Carta se limita a los asuntos que corresponden al ámbito de aplicación del Derecho de la UE, que sus disposiciones no pueden ampliar. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantiza muy pocos derechos socia - les a todos los individuos, como el derecho a la educación del artículo 14.1 y 14.2, pues la mayor parte de los derechos se limitan a los ciudadanos o a los residentes legales. En cuanto al derecho del CdE , el CEDH garantiza principalmente derechos civiles y políticos, mientras que la orientación que aporta en materia de derechos económi - cos y sociales es limitada. En cambio, la CSE (adoptada en 1961 y revisada en 1996), completa el CEDH y cons - tituye una referencia clave para la legislación europea en materia de derechos humanos en el ámbito de los derechos económicos y sociales.

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La CSE recoge los derechos y libertades fundamentales y establece un mecanismo de supervisión basado en un procedimiento de presentación de informes y un mecanismo de recla - mación colectiva que garantiza el respeto de los derechos previstos en la CSE por los Estados partes. La CSE consagra un conjunto de derechos que abarca la vivienda, la sanidad, la educación, el empleo, la protección social, la libre circulación de los indivi - duos y la no discriminación. Aunque la protección que la CSE brinda a los migrantes no se basa en el principio de reciprocidad, por lo general sus disposiciones solo se aplican a los nacionales de Estados que han ratificado la CSE y que son migrantes en otros Estados que tam - bién la han ratificado. De conformidad con el apéndice de la CSE, aunque los artí - culos 1 a 17 y 20 a 31 de esta no se refieren explícitamente a los extranjeros, se aplican a ellos siempre que sean nacionales de Estados partes de la CSE que residan legalmente o trabajen regularmente en el territorio de un Estado parte en la CSE.

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271Derechos económicos y sociales Estos artículos se han de interpretar a la luz de los artículos 18 y 19, relativos a los trabajadores migrantes y sus familias. El artículo 18 garantiza el derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otros Estados que son partes en la CSE, y el artículo 19 garantiza el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a pro - tección y asistencia. Así pues, el ámbito de aplicación de la CSE es algo limitado, pero el CEDS ha desa - rrollado una jurisprudencia considerable. Cuando se trata de ciertos derechos fun - damentales, la jurisprudencia del CEDS ha ampliado el ámbito de aplicación de la CSE hasta cubrir a todas las personas que se encuentran en el territorio, incluidos los migrantes en situación irregular (509). La CSE tiene una importante relación complementaria con el CEDH, lo que aporta un valor considerable a la jurisprudencia del CEDS. Aunque no todos los Estados miem - bros de la UE y del CdE han ratificado la CSE o aceptado todas sus disposiciones, el TEDH ha sostenido que la ratificación no es esencial para la interpretación por el Tri - bunal de determinadas cuestiones planteadas en virtud del CEDH que también están reguladas por la CSE (510). 9.2. Derechos económicos En este apartado se analizan los derechos económicos, incluidos el acceso al mer - cado laboral y el derecho de igualdad de trato en el trabajo. Por lo general, el acceso al mercado laboral depende del estatuto jurídico de la persona. Sin embargo, desde que una persona empieza a trabajar, ya sea legalmente o no, sus derechos laborales esenciales se han de respetar.

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Del mismo modo, independientemente de cuál sea su estatuto jurídico, los trabajadores tienen derecho a cobrar por el trabajo que han realizado. (509) CEDS, International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) contra Francia , Denuncia n.º 14/2003, méritos, 8 de septiembre de 2004; CEDS, Conference of European Churches (CEC) contra los Países Bajos , Denuncia n.º 90/2013, méritos, 1 de julio de 2014; y CEDS, European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) contra los Países Bajos , Denuncia n.º 86/2012, méritos, 2 de julio de 2014. Además, el CEDS emitió una declaración de interpretación de los dereechos de los refugiados en el marco del CED en 2015. (510) TEDH, Demir y Baykara contra Turquía [GS], n.º 34503/97, 12 de noviembre de 2008, párrs. 85 y 86. Otros ejemplos de instrumentos internacionales pertinentes aplicables en este ámbito son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de las Naciones Unidas y el Convenio de la OIT n.º 143.

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272Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración En el CEDH , los derechos económicos y sociales no se garantizan explícitamente, salvo la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (artículo 4) y el derecho a fundar sindicatos (artículo 11). Entre los ámbitos relacionados con las cuestiones económicas, el TEDH ha exami - nado el asunto relativo a la situación de una extranjera a la que se permitió comen - zar una formación profesional, pero se le denegó el derecho a ejercerla. Ejemplo: en el caso Bigaeva contra Grecia  (511), se había permitido a una ciuda - dana rusa comenzar una formación de dieciocho meses para poder ser admi - tida en el Colegio de Abogados. Cuando la completó, el Colegio no le permi - tió presentarse a los exámenes por no ser nacional griega. El TEDH señaló que el Colegio de Abogados había permitido a la solicitante empezar la formación pese a estar claro que, una vez la hubiese finalizado, no podría presentarse a los exámenes correspondientes. El Tribunal consideró que la conducta de las autoridades había sido incoherente e irrespetuosa con la solicitante, tanto desde el punto de vista personal como desde el profesional, y había constituido una injerencia ilegal en su vida privada en el sentido del artículo 8 del CEDH. Sin embargo, el TEDH no consideró que excluir a los extranjeros de la abogacía fuera, por sí mismo, un hecho discriminatorio. En cuanto a la CSE , el artículo 1 garantiza el derecho al trabajo y prohíbe la discrimi - nación en el empleo y el trabajo forzoso.

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Esto implica que los únicos empleos que se pueden prohibir a los extranjeros son los que están intrínsecamente relacionados con la protección del interés público o la seguridad nacional y que implican el ejerci - cio de la autoridad pública (de alto nivel) (512). El artículo 18 de la CSE prevé el derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otros Estados que sean partes de la CSE. Esta disposición no regula la entrada en el territorio con fines profesionales y en algunos aspectos es más exhor - tatoria que obligatoria. No obstante, exige que la tasa de denegación de permisos de trabajo no sea demasiado alta (513), que los permisos de trabajo y de residencia se puedan obtener mediante una solicitud única y sin tener que pagar tasas exce - sivas (514), que los permisos de trabajo concedidos no sean demasiado restrictivos (511) TEDH, Bigaeva contra Grecia , n.º 26713/05, 28 de mayo de 2009. (512) CEDS, Conclusiones 2012, Albania, artículo 1.2 . (513) CEDS, Conclusiones XVII-2, España, artículo 18.1 . (514) CEDS, Conclusiones XVII-2, Alemania, artículo 18.2 .

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273Derechos económicos y sociales desde el punto de vista geográfico ni desde el ocupacional (515) y que la pérdida del empleo no suponga la pérdida automática e inmediata del permiso de residencia, de modo que la persona afectada tenga tiempo de buscar otro empleo (516). El artículo 19 de la CSE incluye un amplio catálogo de disposiciones de protección y apoyo a los trabajadores migrantes en el territorio de otros Estados partes, si bien solo son aplicables en caso de que su situación sea legal (no obstante, conviene con - sultar en el capítulo 4 los detalles del artículo 19.8). La CSE también cubre las condiciones de trabajo, como el derecho a un horario razo - nable, el derecho a vacaciones anuales retribuidas, el derecho a la salud y la seguri - dad en el lugar de trabajo y el derecho a una remuneración justa, así como derechos colectivos (517). En cuanto al Derecho de la UE , una de las libertades consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales es el derecho a trabajar y a ejercer una profesión libre - mente elegida o aceptada (artículo 15.1 de la Carta). Sin embargo, este derecho está circunscrito al Derecho nacional, incluidas las leyes nacionales que regulan el dere - cho de los extranjeros al trabajo. La Carta reconoce el derecho de negociación colec - tiva (artículo 28) y la libertad para fundar sindicatos (artículo 12). También concede a todas las personas el derecho a acceder a servicios gratuitos de colocación (artí - culo 29).

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Todo trabajador, incluidos los que no son nacionales de la UE, tiene derecho a protección en caso de despido injustificado (artículo 30), derecho a unas condicio - nes de trabajo justas y equitativas y derecho a periodos de descanso y a un periodo de vacaciones anuales retribuidas (artículo 31). El artículo 16 garantiza la libertad de empresa. La Carta prevé asimismo la protección de la salud y la seguridad en el tra - bajo (artículo 31) y prohíbe el trabajo infantil (artículo 32). El Derecho derivado de la UE relativo a una categoría concreta de personas suele regular el acceso al mercado laboral. Los nacionales de terceros países tienen dife - rentes grados de acceso al mercado laboral que dependen de la categoría a la que pertenezcan. Los apartados 9.2.1 a 9.2.8 presentan brevemente la situación de las principales categorías de nacionales de terceros países. (515) CEDS, Conclusiones V, Alemania, artículo 18.3 . (516) CEDS, Conclusiones XVII-2, Finlandia, artículo 18.3 . (517) CEDS, Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) contra Grecia , Denuncia n.º 30/2005, méritos, 6 de diciembre de 2006, referente a los trabajadores de las industrias extractivas.

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274Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración 9.2. 1. Miembros de la familia de nacionales del EEE y de nacionales suizos En el marco del Derecho de la UE , los miembros de la familia designados, sea cual sea su nacionalidad, de ciudadanos de la UE que estén ejerciendo sus derechos de libre circulación, así como otros ciudadanos del EEE y ciudadanos suizos tienen dere - cho a circular libremente por Europa con fines de trabajo por cuenta ajena y propia y gozan de igualdad de trato respecto de los nacionales del propio Estado miembro de la UE (artículo 24 de la Directiva sobre libre circulación de los ciudadanos de la UE). Los miembros de la familia de nacionales suizos no tienen derecho a la plena igual - dad de trato a este respecto (518). En el contexto de la libre circulación de los ciudadanos de la UE y los miembros de su familia de cualquier nacionalidad, el artículo 45.4 del TFUE autoriza a los Estados miembros a reservar el empleo en la función pública a sus propios nacionales. El TJUE ha interpretado esta disposición estrictamente y no ha permitido a los Estados miembros de la UE reservar el acceso a ciertos puestos a los nacionales, por ejemplo, para trabajar como profesores en prácticas (519) o como lectores universitarios de lenguas extranjeras (520). Para facilitar la verdadera libre circulación de los trabajadores, la UE ha adoptado también una legislación compleja relativa al reconocimiento mutuo de cualificacio - nes, tanto en general como por sectores, que se aplica a los miembros de la familia que son nacionales de un tercer país, así como a los nacionales del EEE.

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La última versión consolidada de la Directiva 2005/36/CE sobre el reconocimiento de cualifi - caciones profesionales se adoptó en mayo de 2013 (última versión consolidada de abril de 2020). Hay disposiciones complejas relativas a quienes han obtenido sus cualificaciones total o parcialmente fuera de la UE, aunque esas cualificaciones ya hayan sido reconocidas en un Estado miembro de la Unión. El TJUE ha dictado un número considerable de sentencias en este ámbito (521). (518) TJUE, C -70/09, Alexander Hengartner y Rudolf Gasser contra Landesregierung Vorarlberg , 15 de julio de 2010, párrs. 39 a 43. (519) TJCE, C -66/85, Deborah Lawrie-Blum contra Land Baden-Württemberg , 3 de julio de 1986, párrs. 26 y 27. (520) TJCE, asuntos acumulados C -259/91, C -331/91 y C -332/91, Pilar Allué y Carmel Mary Coonan y otros contra Università degli studi di Venezia and Università degli studi di Parma , 2 de agosto de 1993, párrs. 15 a 21. (521) Para una descripción general de la jurisprudencia relacionada con la Directiva 2005/36/CE, consulte la entrada eur-lex.europa.eu de la Directiva en «información del documento» .

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275Derechos económicos y sociales 9.2.2. Trabajadores desplazados En el marco del Derecho de la UE , los nacionales de terceros países que no gozan de los derechos de libre circulación, pero están trabajando legalmente en un Estado miembro de la UE para un empresario que los envía temporalmente a llevar a cabo una tarea en su nombre en otro Estado miembro, están cubiertos por la Direc - tiva sobre trabajadores desplazados (96/71/CE) modificada por la Directiva (UE) 2018/957 . El propósito de esta Directiva es garantizar que se protejan los derechos y las condiciones de trabajo de los trabajadores en toda la Unión Europea, a fin de evitar el dumping social. Dicho de una manera más explícita, la Directiva tiene por objetivo reconciliar la libertad de prestación de servicios transfronterizos en el marco del artículo 56 del TFUE con la protección apropiada de los derechos de los trabaja - dores enviados temporalmente al extranjero a este fin (522). Sin embargo, tal como destacó el TJCE, ello no puede dar lugar a una situación en la que la Directiva obligue a un empresario a respetar la legislación laboral pertinente tanto del Estado donde la empresa tiene su sede como del país al que se envía al trabajador, pues el nivel de protección garantizado en los dos Estados miembros de la UE se puede considerar equivalente (523). En este sentido, la Directiva establece unos niveles mínimos que se deben aplicar a los empleados de un Estado miembro de la UE enviados a trabajar en otro.

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Concre - tamente, de conformidad con el artículo 3 de la Directiva, las condiciones de trabajo y empleo establecidas por la legislación del país de acogida o por convenios colecti - vos de aplicación general son de aplicación a los trabajadores desplazados, especial - mente en lo referente a los periodos máximos de trabajo, los periodos mínimos de descanso, las vacaciones anuales y las cuantías de salario mínimo. Bajo la CSE , CEDS mantuvo que la ley sueca conllevaba restricciones a la negocia - ción y acción colectiva de trabajadores desplazados, lo cual vulneraba el artículo 6.2 y 6.4 de la CSE (524). (522) TJCE, C -346/06, Dirk Rüffert contra Land Niedersachsen , 3 de abril de 2008. (523) TJCE, C -341/05, Laval un Partneri Ltd contra Svenska Byggnadsarbetareförbundet , Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1 Byggettan y Svenska Elektrikerförbundet , 18 de diciembre de 2007. (524) CEDS, Swedish Trade Union Confederation (LO) y Swedish Confederation of Professional Employees (TCO) contra Suecia , Denuncia n.º 85/2012, méritos, 3 de julio de 2013. Véase también CEDS, Conclusiones 2018, Suecia, artículo 6.4 .

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276Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración 9.2.3. Titulares de la tarjeta azul, investigadores y estudiantes Bajo el Derecho de la UE , tras dos años de empleo legal, los nacionales de terceros países que son titulares de una tarjeta azul UE tienen derecho al mismo trato que los nacionales en cuanto al acceso a cualquier empleo altamente cualificado en el Estado miembro de la UE de acogida. Tras dieciocho meses de residencia legal en un Estado miembro de la UE, los titulares de una tarjeta azul de la UE se pueden despla - zar a otro Estado miembro de la UE para aceptar un empleo altamente cualificado, siempre que se respeten los límites impuestos por el Estado miembro en cuanto al número de no nacionales aceptado y se cumplan las mismas condiciones aplicables en el momento de admisión al Estado miembro de la UE en cuestión. De conformidad con el artículo 15.6 de la Directiva sobre la tarjeta azul (2009/50/CE), los miembros de la familia de titulares de la tarjeta azul, independien - temente de cuál sea su nacionalidad, adquieren un derecho general automático de acceso al mercado laboral. A diferencia de la Directiva sobre reagrupación familiar (2003/86/CE), la Directiva sobre la tarjeta azul no impone plazos para la adquisición de este derecho. La Directiva sobre estudiantes e investigadores [Directiva (UE) 2016/801] regula la admisión de nacionales de terceros países en la UE con fines de investigación, estu - dios, formación, servicio voluntario, planes de intercambio de alumnos o proyectos educativos y de au pair .

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Una vez finalizadas las investigaciones o los estudios, los investigadores y los estudiantes deben tener la posibilidad de permanecer en el territorio del Estado miembro de la UE durante un periodo mínimo de nueve meses para buscar empleo o crear una empresa. Ejemplo: en Ali Ben Alaya  (525), el TJUE dictaminó que los Estados miembros de la UE están obligados a admitir en su territorio a un nacional de un tercer país que cumpla los requisitos de admisión, siempre que el Estado miembro de la UE no invoque contra ese solicitante uno de los motivos enumerados en la Direc - tiva como justificación para denegar un permiso de residencia. Las condiciones de admisión se enumeran exhaustivamente en los artículos 6 y 7 de la Directiva sobre estudiantes e investigadores. (525) TJUE, C -491/13, Mohamed Ali Ben Alaya contra Bundesrepublik Deutschland , 10 de septiembre de 2014.

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277Derechos económicos y sociales 9.2.4. Nacionales turcos En el marco del Derecho de la UE , los nacionales turcos gozan de una situación espe - cialmente privilegiada en virtud del Acuerdo de Ankara de 1963 y su Protocolo adi - cional de 1970, así como de las decisiones adoptadas por el Consejo de Asociación CEE-Turquía establecido en el marco de estos instrumentos. No obstante, los nacio - nales turcos no tienen un derecho directo de entrada en ningún Estado miembro de la UE con el fin de aceptar un empleo. No obstante, si el derecho nacional de un Estado miembro de la UE les permite aceptar un empleo, pueden seguir en el mismo empleo transcurrido un año (526). Transcurridos tres años, en determinadas condi - ciones, pueden también buscar otro empleo en virtud del artículo 6.1 de la Deci- sión n.º 1/80 del Consejo de Asociación CEE-Turquía . Como los trabajadores del EEE, los trabajadores turcos están definidos de manera amplia. Ejemplo: en el asunto Tetik (527), las autoridades alemanas no quisieron conceder al Sr. Tetik un permiso de residencia cuando, transcurridos los tres años previs - tos, empezó a buscar otro empleo. El TJCE consideró que se le había de permitir un periodo razonable de residencia legal para que pudiera buscar el trabajo que tenía derecho a aceptar, en caso de que lo encontrara.

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Ejemplo: en el asunto Genc  (528), el TJUE consideró que una nacional turca que solo trabaja un número especialmente reducido de horas (a saber, 5,5 horas por semana) para un empresario a cambio de una retribución que solo cubre parcialmente el mínimo necesario para su subsistencia es una trabajadora en el sentido del artículo 6.1 de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación, a con - dición de que su empleo sea real y efectivo. De conformidad con el artículo 7 de la Decisión n.º 1/80, los miembros de la fami - lia de un trabajador turco, aunque ellos no sean nacionales turcos, pueden acceder al mercado laboral tras haber residido legalmente durante tres años en el Estado miembro de la UE en cuestión. Razones objetivas pueden justificar que el miembro de la familia en cuestión viva separado del trabajador turco migrante. La legislación (526) TJCE, C -386/95, Süleyman Eker contra Land Baden-Wüttemberg , 29 de mayo de 1997, párrs. 20 a 22. (527) TJCE, C -171/95, Recep Tetik contra Land Berlin , 23 de enero de 1997, párr. 30. (528) TJUE, C -14/09, Hava Genc contra Land Berlin , 4 de febrero de 2010, párrs. 27 y 28.

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278Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración nacional que dificulta o imposibilita la reunificación familiar llevaría a una restricción del establecimiento de un trabajador autónomo, lo cual está prohibido en virtud del Protocolo adicional de 1970 (529). El hijo de un nacional turco que haya efectuado una formación profesional en el país de acogida puede responder a ofertas de empleo siempre y cuando uno de los progenitores haya estado legalmente empleado en el país de acogida durante un mínimo de tres años. Ejemplo: en el asunto Derin  (530), el TJCE sostuvo que un nacional turco que había llegado de niño a Alemania para reunirse con sus padres, quienes trabajaban legalmente en el país, solo podía perder el derecho de residencia en Alemania, derivado de su derecho de libre acceso al empleo, por motivos de orden público, seguridad pública o salud pública, o por abandonar el territorio del Estado miembro de la UE durante un periodo considerable sin una buena razón. En cuanto al derecho de establecimiento y la prestación de servicios, los naciona - les turcos se pueden acoger a la cláusula suspensiva prevista en el artículo 41 del Protocolo adicional del Acuerdo de Ankara. Si en el momento en que el artículo 41 del Protocolo entró en vigor en un Estado miembro determinado a los nacionales turcos no se les había impuesto ningún requisito de visado o permiso de trabajo, ese Estado miembro de la UE no puede imponer ningún requisito de visado o permiso de trabajo (véase también el apartado 4.4.3 ). 9.2.5.

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Residentes de larga duración y beneficiarios de la Directiva sobre reagrupación familiar En el marco del Derecho de la UE , en virtud del artículo 11.1 de la Directiva sobre residentes de larga duración (2003/109/CE), las personas que han adquirido la con - dición de residente de larga duración gozan del mismo trato que los nacionales en lo que respecta al acceso al trabajo remunerado y no remunerado, a las condiciones de empleo y trabajo (el horario de trabajo, las normas de salud y seguridad, el derecho a vacaciones, la remuneración y el despido), a la libertad de asociación y afiliación y a la participación en organizaciones de trabajadores o patronos. (529) TJUE, C -138/13, Naime Dogan contra Bundesrepublik Deutschland , 10 de julio de 2014. (530) TJCE, C -325/05, Ismail Derin contra Landkreis Darmstadt-Dieburg , 18 de julio de 2007, párrs. 74 y 75.

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279Derechos económicos y sociales Para los beneficiarios de la Directiva sobre reagrupación familiar (véase también el capítulo 6 ), los miembros de la familia de un nacional de un tercer país reagru - pante que sea residente legal tienen derecho a acceder a un empleo por cuenta ajena o por cuenta propia (artículo 14). El acceso al mercado laboral está sujeto a un límite de tiempo tras la llegada al Estado de acogida que no puede exceder los doce meses. Durante ese tiempo, el Estado de acogida puede considerar si su mercado laboral está o no en condiciones de aceptarlo. 9.2.6. Nacionales de otros países que han celebrado acuerdos de asociación o cooperación En el marco del Derecho de la UE , el artículo 216 del TFUE prevé la celebración de acuerdos entre terceros países y la UE, mientras que el artículo 217 prevé concre - tamente la posibilidad de celebrar acuerdos de asociación. Los ciudadanos de cier - tos Estados que han celebrado acuerdos de asociación, estabilización, cooperación o de otros tipos (531) gozan de igualdad de trato en muchos aspectos, pero no tie - nen derecho a una igualdad de trato plena como los ciudadanos de la UE. A finales de julio de 2020, la UE había celebrado acuerdos con más de cien Estados (532). Estos acuerdos de asociación y cooperación no confieren a los nacionales de los paí - ses correspondientes un derecho directo a entrar y trabajar en la UE. Sin embargo, los nacionales de esos países que trabajan legalmente en un determinado Estado miembro de la UE tienen derecho al mismo trato y las mismas condiciones de tra - bajo que los nacionales de ese Estado miembro de la UE.

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Este es, por ejemplo, el caso del artículo 64.1 de los Acuerdos euromediterráneos con Marruecos y Túnez, que establece que «[c]ada uno de los Estados miembros concederá a los trabaja - dores de nacionalidad marroquí [o tunecina] empleados en su territorio un régimen caracterizado por la ausencia de cualquier discriminación basada en la nacionalidad (531) Existen acuerdos de estabilización y asociación en vigor con Albania, la República de Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Kosovo (Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con la Opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo), Montenegro y Serbia. Existen acuerdos de colaboración y cooperación con trece países de Europa Oriental y Asia Central; los acuerdos originales con Marruecos, Túnez y Argelia han sido sustituidos por los acuerdos euromediterráneos (que incluyen a siete Estados). Se han firmado acuerdos con los setenta y nueve Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Acuerdo de Cotonú) y con Chile. El Acuerdo de Cotonú dejó de estar vigente en febrero de 2020 y, actualmente, la segunda ronda de negociaciones sobre el futuro de la UE y los países ACP se ha concluido. Para más información, véase Consejo Europeo (2020), Acuerdo de Cotonú . (532) Servicio Europeo de Acción Exterior, base de datos de la Oficina de Tratados Europeos (solo disponible en inglés).

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280Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración con respecto a sus propios nacionales, en lo que se refiere a las condiciones de tra - bajo, remuneración y despido» (533). En el empleo temporal, la no discriminación se limita a las condiciones de trabajo y remuneración (artículo 64.2). El artículo 65.1 del mismo acuerdo introdujo también la no discriminación en el ámbito de la seguridad social (534). El TJCE ha tratado diferentes casos relativos a esos acuerdos (535). Algunos de ellos se referían a la posibilidad de renovar, con fines profesionales, el permiso de residencia de un nacional de un tercer país que había perdido sus derechos de residencia como dependiente por la ruptura de una relación. Ejemplo: el asunto El Yassini  (536) trataba de un nacional marroquí al que le fue denegada la renovación del permiso de residencia porque había perdido la razón inicial de su estancia, sin tener en cuenta que seguía teniendo un empleo remunerado. El TJCE tuvo que determinar si el enfoque adoptado en su juris - prudencia sobre los nacionales turcos (537) se podía aplicar también, por ana - logía, a los nacionales marroquíes y, por lo tanto, si el artículo 40 del Acuerdo CEE-Marruecos (sustituido más adelante por el Acuerdo euromediterráneo con Marruecos) concedía el beneficio de la seguridad de empleo mientras durase el contrato entre el empresario y el empleado. El TJCE consideró que el Acuerdo CEE-Marruecos era directamente aplicable, pues establecía unos principios cla - ros, incondicionales y suficientemente prácticos en el ámbito de las condiciones de trabajo y la retribución.

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No obstante, el Tribunal excluyó la posibilidad de que la jurisprudencia relativa al Acuerdo de Ankara pudiera aplicarse al asunto en (533) El Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra entró en vigor el 1 de marzo de 2000, DO 2000 L70, y el Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez , por otra entró en vigor el 1 de marzo de 1998, DO 1998 L97. (534) TJCE, C -18/90, Office national de l’emploi contra Bahia Kziber , 31 de enero de 1991. (535) Algunos asuntos relacionados con los acuerdos son: TJCE, C -18/90, Office national de l’emploi contra Bahia Kziber , 31 de enero de 1991; (Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos, artículo 41.1, allocation d’atteinte , DO 1978 L 264, pp. 2-118, sustituido por el Acuerdo euromediterráneo de asociación UE-Marruecos); TJCE, C -416/96, El Yassini contra Secretary of State for the Home Department , 2 de marzo de 1999 (Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Marruecos); TJCE, C -438/00, Deutscher Handballbund eV contra Kolpak , 8 de mayo de 2003 (República Eslovaca).

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(536) TJCE, C -416/96, El Yassini contra Secretary of State for the Home Department , 2 de marzo de 1999, párrs. 64, 65 y 67. (537) TJCE, C -237/91, Kazim Kus contra Landeshauptstadt Wiesbaden , 16 de diciembre de 1992, párrs. 21 a 23 y 29.

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281Derechos económicos y sociales cuestión. Entre el Acuerdo de Ankara y el Acuerdo CEE-Marruecos existían dife - rencias sustanciales, pues el Acuerdo CEE-Marruecos no preveía la posibilidad de que Marruecos se adhiriera a la Comunidad y no tenía por objetivo garanti - zar la libre circulación de los trabajadores. Por consiguiente, el Tribunal sostuvo que nada impedía al Reino Unido negarse a prorrogar el permiso de residencia del solicitante, aunque ello implicara la terminación de su empleo antes de que concluyera el contrato. Por otra parte, el Tribunal señaló incluso que la situación habría sido distinta si el Estado miembro de la UE hubiera concedido al nacio - nal marroquí «unos derechos concretos en el ámbito del ejercicio de un empleo más amplios que los que le habían sido conferidos por ese mismo Estado en el ámbito de la residencia». Ejemplo: en el asunto Gattoussi  (538), se pidió al Tribunal que se pronunciara sobre un caso similar, pero relativo a la prohibición de discriminación reco - gida en el artículo 64.1 del Acuerdo euromediterráneo entre la UE y Túnez. Sin embargo, en este caso al demandante se le había concedido explícitamente un permiso de trabajo indefinido. En estas circunstancias, el Tribunal consideró que el artículo 64.1 del Acuerdo euromediterráneo entre la UE y Túnez «puede pro - ducir efectos sobre el derecho de residencia de un nacional tunecino en el terri - torio de un Estado miembro cuando este le haya autorizado legalmente a ejer - cer una actividad profesional en su territorio durante un periodo que supera la duración de la autorización de residencia de dicho nacional».

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En esencia, el Tri - bunal señaló que en principio el Acuerdo euromediterráneo entre la UE y Túnez no impedía a un Estado miembro reducir el derecho del nacional tunecino cuando anteriormente le había permitido entrar en su territorio y ejercer una actividad profesional. No obstante, en la medida en que se habían concedido al nacional tunecino derechos de empleo específicos más amplios que los dere - chos de residencia, la negativa a prorrogar su permiso de residencia se tenía que justificar basándose en la protección de un interés nacional legítimo, como el orden público, la seguridad pública o la salud pública. De forma más restrictiva, el artículo 23 del Acuerdo de colaboración y cooperación con Rusia (539) relativo a las condiciones de trabajo establece que «[s]alvo lo dis - puesto en la legislación, las condiciones y los procedimientos aplicables en cada Estado miembro, la Comunidad y sus Estados miembros velarán por que el trato (538) TJCE, C -97/05, Mohamed Gattoussi contra Stadt Rüsselsheim , 14 de diciembre de 2006, párr. 39. (539) Acuerdo de colaboración y cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra (que entró en vigor el 1 de diciembre de 1997; última versión consolidada de 1 de abril de 2016), DO 1997 L327.

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282Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración que se conceda a los nacionales rusos, legalmente empleados en el territorio de un Estado miembro, no implique ninguna discriminación por motivos de nacionalidad, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, la remuneración o el despido, en comparación con los nacionales de ese mismo Estado». Ejemplo: el asunto Simutenkov  (540) trataba de un nacional ruso empleado como jugador de fútbol profesional en un club español y cuya participación en compe - ticiones estaba limitada por la normativa española a causa de su nacionalidad. El TJCE interpretó la disposición de no discriminación establecida en el artículo 23 del Acuerdo de colaboración y cooperación con Rusia al evaluar una norma dic - tada por una federación deportiva de un Estado miembro de la UE que prevé que, en las competiciones organizadas a escala nacional, los clubs solo pue - den alinear un número limitado de jugadores de países que no son partes en el Acuerdo EEE. El Tribunal sostuvo que la norma no se ajustaba al propósito del artículo 23.1 del Acuerdo de colaboración y cooperación. 9.2.7 . Solicitantes de asilo y refugiados En el marco del Derecho de la UE , el artículo 15 de la Directiva sobre condiciones de acogida (2013/33/UE) requiere a los Estados miembros que permitan que los solicitantes de asilo accedan al mercado de trabajo si, transcurridos nueve meses, o un año en el caso de Irlanda, desde la presentación de una solicitud de asilo, no se hubiera adoptado una decisión en primera instancia. Lo mismo se aplica para quie - nes aún se ven afectados por el artículo 11 de la versión de 2003 de la Directiva (2003/9/CE ), siempre que este retraso no se pueda imputar al solicitante.

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Las con - diciones para el acceso al mercado de trabajo pueden decidirse de acuerdo con el Derecho nacional, pero deben permitir que los solicitantes de asilo tengan acceso efectivo al mercado de trabajo. Se puede dar prioridad a los nacionales del EEE y a otros nacionales de terceros países que sean residentes legales. El artículo 26.1 y 26.3 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento (2011/95/CE) reconoce el derecho de los refugiados y de las personas a las que se les ha concedido protección subsidiaria a aceptar un empleo y a trabajar por cuenta propia. Se ha de conceder el mismo acceso que a los nacionales a los procedimien - tos de reconocimiento de cualificaciones. Además, el artículo 28 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento prevé el acceso a medidas para certificar la (540) TJCE, C -265/03, Igor Simutenkov contra Ministerio de Educación y Cultura y Real Federación Española de Fútbol , 12 de abril de 2005, párr. 41.

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283Derechos económicos y sociales formación anterior del individuo, en caso de que no pueda aportar documentos jus - tificativos de sus cualificaciones. Estas disposiciones reflejan los artículos 17, 18, 19 y 22.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados. Por otra parte, la Directiva obliga al Estado miembro de la UE a garantizar el acceso a la for - mación profesional en las mismas condiciones que los nacionales. 9.2.8. Migrantes en situación irregular En el marco del Derecho de la UE , el acceso a numerosos derechos sociales depende de que la presencia o la residencia del interesado en el Estado de acogida sea legal. La UE pretende eliminar la llegada y la presencia de los inmigrantes económicos no autorizados. La medida clave es la Directiva sobre las sanciones aplicables a los empleadores (2009/52/CE), que prohíbe el empleo de inmigrantes de terceros paí - ses en situación irregular multando a los empresarios o incluso, en los casos más graves, imponiéndoles sanciones penales. Todos los Estados miembros de la UE, excepto Dinamarca e Irlanda, han de aplicar la Directiva, uno de cuyos objetivos es ofrecer a los trabajadores migrantes en situación irregular cierto grado de protección frente a los abusos de algunos empresarios. De conformidad con la Directiva, antes de contratar a un nacional de un tercer país, los empresarios deben comprobar si su estancia está autorizada y, en caso de que no lo esté, notificarlo a la autoridad nacional pertinente (artículo 4). Los empresa - rios que puedan demostrar haber cumplido estas obligaciones y haber actuado de buena fe no están sujetos a sanciones.

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Dado que muchos migrantes en situación irregular trabajan en hogares particulares, la Directiva se aplica también a los parti - culares como empresarios. Si un empresario no ha realizado estas comprobaciones y se descubre que da empleo a inmigrantes en situación irregular, se le impondrán sanciones pecuniarias que incluirán los costes del retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular a sus países de origen (artículo 5). También tendrán que pagar los salarios atrasados, los impuestos debidos y las cotizaciones a la seguridad social. En los casos más graves, como infracciones reiteradas, empleo ilegal de niños o empleo simultá - neo de un número considerable de migrantes en situación irregular, los empresarios también pueden ser castigados con sanciones penales. La Directiva protege a los migrantes al garantizarles el cobro de los atrasos en sus retribuciones y darles acceso al apoyo de terceros, como sindicatos u ONG (artículo 13). La Directiva hace especial hincapié en las medidas dirigidas al respeto de las

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284Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración normas (por ejemplo, artículos 9, 10 y 14) (véase el apartado 3.3 , relativo a la emi - sión de permisos de residencia para las víctimas de condiciones laborales especial - mente abusivas que colaboran con el sistema judicial). 9.3. Educación El derecho a la educación de los niños está protegido por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos y por los comités encargados de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Estos comités siempre han conside - rado que los requisitos de no discriminación de estos instrumentos también son apli - cables a los refugiados, los solicitantes de asilo y los migrantes en situación regular e irregular. En cuanto al CEDH , el artículo 2 de su Protocolo n.º 1 prevé el derecho a la educación, y el artículo 14 de su Protocolo n.º 12 prohíbe la discriminación por motivos de «ori - gen nacional». El artículo 2 del Protocolo n.º 1 garantiza, en principio, el derecho a la educación primaria y secundaria, mientras que la diferencia de trato en la educación superior podría ser mucho más fácil de justificar. Ejemplo: el caso Timishev contra Rusia  (541) trataba de unos migrantes cheche - nos que, aun sin ser técnicamente extranjeros, tendrían que haberse inscrito en el registro de migración local para que sus hijos pudieran asistir a la escuela.

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El TEDH consideró que el derecho de los niños a recibir educación era uno de los valores más fundamentales de las sociedades democráticas que confor - man el Consejo de Europa, y sostuvo que Rusia había vulnerado el artículo 2 del Protocolo n.º 1. Ejemplo: en el caso Ponomaryovi contra Bulgaria  (542), el TEDH consideró injusti - ficada la obligación de pagar la matrícula de educación secundaria sobre la base de la condición de inmigrantes y la nacionalidad de los solicitantes. El Tribunal señaló que no se trataba de inmigrantes llegados al país de manera ilegal y que quisieran hacer uso de sus servicios públicos, incluida la escolarización gratuita. Por otra parte, cuando los solicitantes se encontraron, por una negligencia, sin (541) TEDH, Timishev contra Rusia , nos 55762/00 y 55974/00, 13 de diciembre de 2005, párr. 64. (542) TEDH, Ponomaryovi contra Bulgaria , n.º 5335/05, 21 de junio de 2011, párrs. 59 a 63.

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285Derechos económicos y sociales permiso de residencia permanente, las autoridades no formularon ninguna objeción sustantiva a que permanecieran en Bulgaria y, al parecer, nunca se plantearon seriamente expulsarlos. Estaba claro que las consideraciones rela - tivas a la necesidad de bloquear o invertir el flujo de inmigración ilegal no eran aplicables a los solicitantes. Ejemplo: en el caso Karus contra Italia  (543), la Comisión Europea de Derechos Humanos consideró que cobrar tasas más elevadas a los estudiantes universi - tarios extranjeros no vulneraba su derecho a la educación, pues la diferencia de trato estaba razonablemente justificada por la voluntad del Gobierno italiano de que los efectos positivos de la enseñanza superior permaneciesen en la econo - mía nacional. En cuanto a la CSE , su artículo 17 rige el derecho a la educación y está sujeto a las disposiciones de los artículos 18 y 19 en relación con los migrantes. El CEDS ha reali - zado la siguiente declaración interpretativa en relación con el artículo 17.2: «En cuanto a la inclusión de los niños en situación ilegal en el Estado parte en el ámbito de aplicación personal de la Carta en el sentido de su apéndice, el Comité se remite al razonamiento que ha aplicado en su Decisión sobre el fondo de 20 de octubre en la queja n.º 47/2008, Defence for Children International (DCI) contra los Países Bajos (véanse, entre otros, los párrafos 47 y 48) y sostiene que el acceso a la educación es crucial para la vida y el desarrollo de todos los niños. La denegación de acceso a la educación aumentará la vulnerabilidad de los niños en situación irregular.

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Por lo tanto, independientemente de cuál sea su condi - ción de residencia, los niños están incluidos en el ámbito de aplicación perso - nal del artículo 17.2. Por otra parte, el Comité considera que la denegación del acceso a la educación tendría efectos negativos en la vida de un niño. Así pues, el Comité estima que, en virtud del artículo 17.2 de la Carta, los Estados partes deben garantizar que los niños que se encuentren en situación irregular en su territorio tengan acceso efectivo a la educación, como cualquier otro niño.» (544). En cuanto al Derecho de la UE , la Carta de los Derechos Fundamentales establece en su artículo 14 que toda persona tiene derecho a la educación y prevé la posibilidad de recibir gratuitamente la educación secundaria obligatoria. Con arreglo al Derecho derivado de la UE, todos los niños nacionales de un tercer país que se encuentran en (543) Comisión Europea de Derechos Humanos, Karus contra Italia (dec.), n.º 29043/95, 20 de mayo de 1998. (544) CEDS, Conclusiones 2011, declaración de interpretación del artículo 17.2 .

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286Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración la UE, salvo aquellos que solo estén presentes durante un periodo de tiempo breve, tienen derecho a la educación básica. Esto incluye también a los niños migrantes en situación irregular cuya expulsión se haya aplazado (545). Para otras categorías, como los miembros de la familia de nacionales del EEE, los refugiados y los residentes de larga duración, se han codificado derechos más amplios. En determinadas condiciones, los nacionales de un tercer país que son hijos de nacionales del EEE tienen derecho de permanencia para continuar o completar su educación, incluso tras el fallecimiento o la partida del nacional del EEE (artí - culo 12.3 de la Directiva sobre libre circulación ). Estos niños tienen también derecho a estar acompañados por el progenitor que tenga su custodia (artículo 12.3) (546). Además, los hijos de trabajadores del EEE que estén o hayan estado empleados en un Estado miembro de la UE diferente de aquel del cual son ciudadanos se benefi - cian de la disposición contenida en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 492/2011 [antiguo Reglamento (CEE) n.º 1612/68 ], que sigue siendo de aplicación indepen - dientemente de las disposiciones de la Directiva sobre libre circulación (547). El artículo 22.1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y el acervo de la UE en materia de asilo prevén el derecho a la educación de los niños solicitantes de asilo y de aquellos a quienes se les ha concedido la condición de refugiado o protec - ción subsidiaria (548).

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De conformidad con el artículo 26 de la Directiva sobre requisitos para el reconoci - miento , los Estados miembros de la Unión Europea deben velar por que se ofrezcan a los beneficiarios de la protección internacional oportunidades de educación rela - cionadas con el empleo para adultos, como la formación profesional, en condiciones equivalentes a las de los nacionales. También debe permitirse el acceso al sistema (545) Directiva 2008/115/CE , DO L 348/98, artículo 14.1. (546) Artículo 12.3 de la Directiva sobre libre circulación , que se basa en la jurisprudencia del TJCE relativa al artículo 12 del Reglamento (CEE) n.º 1612/68 , DO 1968 L 257/2 (actualmente, artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 492/2011 , DO L 141/1, 5 de abril de 2011) y, en especial, en los asuntos acumulados del TJCE C -389/87 y C -390/87, G. B. C. Echternach y A. Moritz contra Minister van Onderwijs en Wetenschappen , 15 de marzo de 1989, y TJCE, C -413/99, Baumbast y R contra Secretary of State for the Home Department , 17 de septiembre de 2002. (547) TJCE, C -480/08, Maria Teixeira contra London Borough of Lambeth y Secretary of State for the Home Department , 23 de febrero de 2010. (548) Para información sobre los solicitantes de protección internacional, véase la Directiva sobre condiciones de acogida , DO 2013 L 180/96, artículo 14. Para información sobre los beneficiarios de la condición de refugiados y de protección subsidiaria, véase la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento , DO 2011 L 337/9, artículos 26 y 27.

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287Derechos económicos y sociales de educación o formación general a los adultos a los que se haya concedido protec - ción internacional, en las mismas condiciones que a los nacionales de terceros países que residen legalmente (artículo 27). Los nacionales de terceros países reconocidos como residentes de larga duración en virtud de la Directiva sobre residentes de larga duración (véase el apartado 3.7 ) gozan del mismo trato que los ciudadanos del Estado miembro de la UE en cuanto a acceso a la educación y a la formación profesional, incluidas las becas de estudios, así como al reconocimiento de cualificaciones (artículo 11). También tienen derecho a desplazarse a otros Estados miembros de la UE para realizar estudios o formación profesional (artículo 14). 9.4. Alojamiento El derecho a un alojamiento adecuado forma parte del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Dere - chos Económicos, Sociales y Culturales. El CEDH no prevé el derecho a adquirir una vivienda, pero sí el derecho al respeto del domicilio existente (549). Los controles de inmigración que limitan el acceso de un individuo a su propia vivienda han sido tratados por el TEDH en diversos asuntos. Ejemplo: en el caso Gillow contra el Reino Unido  (550), el TEDH consideró que se había producido una vulneración del artículo 8 del CEDH cuando a una pareja británica que había trabajado durante muchos años en el extranjero se le denegó un permiso de residencia que les habría permitido volver a vivir en la casa que poseían en Guernsey y que habían construido veinte años antes.

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Aunque el derecho a la vivienda no está previsto como tal, el TEDH ha estudiado la falta de preocupación de los Estados miembros por proporcionar un techo cuando la ley les obliga a hacerlo. En situaciones extremas, el Tribunal ha considerado que esta omisión era tan grave como para constituir una vulneración del artículo 3 del CEDH, que prohíbe el trato inhumano y degradante. Por el contrario, el TEDH no con - sideró que se hubiera producido una violación del artículo 3 del CEDH cuando los demandantes no se encontraban en una situación de privación material que pudiera (549) TEDH, Chapman contra el Reino Unido [GS], n.º 27238/95, 18 de enero de 2001. (550) TEDH, Gillow contra el Reino Unido , n.º 9063/80, 24 de noviembre de 1986, párrs. 55 a 58.

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288Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración alcanzar la gravedad necesaria para entrar en el ámbito de aplicación del artículo 3 y las autoridades no habían mostrado indiferencia hacia los demandantes, habién - doles ofrecido la posibilidad de mejorar su situación (551). Ejemplo: en el caso M.S.S. contra Bélgica y Grecia  (552), el TEDH consideró que Grecia había vulnerado el artículo 3 del CEDH al no respetar las normas mínimas que le impone el Derecho de la UE en relación con los solicitantes de asilo, lo que había abocado al solicitante a la indigencia. El Tribunal ha estado atento a no interferir con el derecho de los Estados miembros a imponer condiciones de admisión, incluyendo cuando los migrantes recién llega - dos quedan excluidos de las ayudas públicas al alojamiento. Ejemplo: el caso Bah contra el Reino Unido  (553) trataba de la negativa a conside - rar a una madre y su hijo de catorce años en situación de necesidad imperiosa de alojamiento porque hacía poco tiempo que el hijo había sido admitido por motivos de reagrupación familiar y, por lo tanto, no podía optar al recurso a fon - dos públicos. La solicitante declaró que la consiguiente negativa de acceso a alo - jamiento había sido discriminatoria. El TEDH rechazó la solicitud. No encontró arbitrariedad alguna en que no se satisficiera una necesidad imperiosa basada únicamente en la presencia del hijo de la solicitante, cuyo permiso para entrar en el Reino Unido estaba expresamente condicionado a no recurrir a los fon - dos públicos. Al llevar a su hijo al Reino Unido siendo plenamente consciente de sus condiciones de entrada, la solicitante había aceptado esta condición y había accedido a no recurrir a los fondos públicos para mantenerlo.

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La legislación aplicable en este asunto perseguía un objetivo legítimo, a saber, distribuir de manera equitativa un recurso escaso entre diferentes categorías de solicitantes. Cabe destacar que los solicitantes del asunto Bah no fueron abandonados a la indigencia y que se les ofreció un alojamiento alternativo. (551) TEDH, N.T.P . y otros contra Francia , n.º 68862/13, 24 de agosto de 2018, párrs. 46 a 49. (552) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011. Véase también TEDH, N.H. y otros contra Francia , nos 28820/13, 75547/13 y 13114/15, 2 de julio de 2020. (553) TEDH, Bah contra el Reino Unido , n.º 56328/07, 27 de septiembre de 2011.

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289Derechos económicos y sociales Conviene señalar que, en ciertos casos excepcionales, el TEDH ha ordenado medi - das provisionales con arreglo a su artículo 39 del Reglamento del Tribunal para ase - gurarse de que las familias solicitantes de asilo disponen de un techo mientras sus quejas ante el TEDH siguen pendientes (véase también el apartado 3.4 ) (554). En cuanto a la CSE , su artículo 19.4 c) establece que los Estados deben garantizar un alojamiento adecuado a los trabajadores migrantes, si bien este derecho está limi - tado a aquellos que se desplazan entre Estados que son partes de la Carta. El derecho a la vivienda (artículo 31 de la CSE) está estrechamente relacionado con una serie de derechos adicionales de la CSE (revisada): el artículo 11, sobre el dere - cho a la protección de la salud; el artículo 13, sobre el derecho a la asistencia social y médica; el artículo 16, sobre el derecho de la familia a protección social, jurídica y económica; el artículo 17, sobre el derecho de los niños y adolescentes a protec - ción social, jurídica y económica; y el artículo 30, sobre el derecho a protección con - tra la pobreza y la exclusión social, que se puede considerar por separado o conjun - tamente con el artículo E, sobre la no discriminación. Ejemplo: en el caso FEANTSA contra los Países Bajos  (555), el CEDS sostuvo que el derecho a un refugio de emergencia y a la asistencia social de emergencia no se limita a los que pertenecen a determinados grupos vulnerables, sino que se extiende a todas las personas en situación precaria, de conformidad con el principio de la defensa de su dignidad humana y la protección de sus derechos fundamentales.

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El CEDS consideró que ciertos derechos sociales directamente relacionados con el derecho a la vida y la dignidad humana forman parte de un «núcleo inderogable» de derechos que protegen la dignidad de todas las personas. Por consiguiente, esos derechos deben garantizarse a los refugiados y deben asegurarse a todas las personas desplazadas. Ejemplo: en el caso COHRE contra Francia  (556), el CEDS consideró que los des - alojos de gitanos de sus viviendas y sus expulsiones de Francia constituían una vulneración del artículo E en relación con el artículo 19.8 de la CSE. Del mismo (554) TEDH, Afif contra los Países Bajos (dec.), n.º 60915/09, 24 de mayo de 2011; TEDH, Abdilahi Abdulwahidi contra los Países Bajos (dec.), n.º 21741/07, 12 de noviembre de 2013. (555) CEDS, European Federation of National Organisations working with the Homeless (FEANTSA) contra los Países Bajos , Denuncia n.º 86/2012, méritos, 2 de julio de 2014. (556) CEDS, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) contra Francia , Denuncia n.º 63/2010, méritos, 28 de junio de 2011.

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290Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración modo, en COHRE contra Italia , el CEDS consideró que el trato que Italia daba a los gitanos constituía una vulneración del artículo E en relación con otros artículos de la CSE (557). Aunque el apéndice de la CSE limita la aplicación de esta a los residentes legales nacionales de Estados partes, el CEDS también ha aplicado disposiciones específicas de la CSE a niños en situación irregular, insistiendo en que la CSE se ha de interpretar a la luz de la legislación internacional sobre derechos humanos. Ejemplo: en el caso DCI contra los Países Bajos  (558), esta organización afirmó que la legislación neerlandesa privaba a los niños que residían ilegalmente en los Países Bajos del derecho a la vivienda y, por ende, de otros derechos contemplados en la CSE. El CEDS sostuvo que la CSE no se podía interpretar de manera aislada sino, en la medida de lo posible, en armonía con otras normas del derecho internacional del que formaba parte, incluidas en este caso las relativas a la necesidad de procurar un techo a toda persona que lo necesite, independientemente de si su presencia en el territorio del Estado miembro es legal o no. Con arreglo al artículo 31.2, los Estados parte de la CSE deben tomar medidas para evitar la situación de carencia de hogar. Esto los obliga a propor - cionar un techo a los niños mientras se encuentran bajo su jurisdicción, sea cual sea su condición de residencia. Por otra parte, el desalojo de las personas cuya presencia es ilegal se debe prohibir, pues colocaría a las personas afectadas, y en especial a los niños, en una situación de desamparo extremo contraria al respeto de la dignidad humana.

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El CEDS consideró que también constituía una vulneración del artículo 17.1 c), que protege a los niños que están privados del apoyo de su familia. En el marco del Derecho de la UE , el artículo 1 de la Carta de los Derechos Funda - mentales prevé el derecho a la dignidad, y el artículo 34 prevé el derecho a la asis - tencia social en lo referente a alojamiento. También se pueden encontrar disposicio - nes relativas al alojamiento en el Derecho derivado de la UE sobre los miembros de la familia que son nacionales de un tercer país del EEE o nacionales suizos, los resi - dentes de larga duración, las personas que necesitan protección internacional y las víctimas de trata de seres humanos. En cuanto a otras categorías de nacionales de (557) CEDS, Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) contra Italia , Denuncia n.º 58/2009, méritos, 25 de junio de 2010. (558) CEDS, Defence for Children International (DCI) contra los Países Bajos , Denuncia n.º 47/2008, méritos, 20 de octubre de 2009.

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291Derechos económicos y sociales terceros países, el Derecho de la UE intenta asegurarse de que no constituirán una carga para los sistemas de asistencia social de los Estados miembros. Por lo tanto, antes de que se permita entrar en la UE a los investigadores, becarios, voluntarios, estudiantes y  au pairs [Directiva sobre estudiantes e investigadores , artículo 7.1 e)], han de presentar pruebas de que tienen suficientes recursos para no convertirse en una carga excesiva para el Estado miembro de acogida. Los Estados miembros pue - den establecer requisitos similares para los miembros de la familia de reagrupan - tes nacionales de un tercer país [artículo 7.1 a) de la Directiva sobre reagrupación familiar ]. Ejemplo: en el asunto Kamberaj  (559), el TJUE consideró que una ley nacional que trataba a los nacionales de terceros países de manera diferente que a los ciudadanos de la UE en cuestión de ayudas al alojamiento vulneraba el artí - culo 11.1 d) de la Directiva sobre residentes de larga duración. Concretamente, el Tribunal sostuvo que, en virtud del artículo 11.4, los Estados miembros de la UE pueden limitar la asistencia social y la protección, pero que la lista de bene - ficios esenciales mínimos incluida en el considerando 13 no es exhaustiva. El TJUE amplió los beneficios esenciales de manera que incluyesen las ayudas al alojamiento. Al hacerlo, el Tribunal se remitió al artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, que, con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, «reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dis - pongan de recursos suficientes».

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De conformidad con el artículo 24 de la Directiva sobre libre circulación , los nacio - nales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del EEE han de tener el mismo acceso que los nacionales del Estado de acogida a los beneficios sociales y fiscales. Los miembros de la familia de nacionales del EEE y de nacionales suizos no pueden estar sujetos a restricciones del derecho de acceso al alojamiento, lo que incluye el alojamiento de protección social (560). Esto no es de aplicación a los nacionales de un tercer país que son miembros de la familia de ciudadanos de la UE que no están ejerciendo sus derechos de libre circulación, pues su situación no queda regulada por el Derecho de la UE: a ellos se les aplican las normas del Derecho (559) TJUE, C -571/10, Servet Kamberaj contra Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES) y otros , 24 de abril de 2012. (560) El Acuerdo sobre libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra , firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, entró en vigor el 1 de junio de 2002, DO 2002 L 114/6.

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292Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración interno. Los nacionales del EEE económicamente inactivos y los miembros de su familia, que han de demostrar su autosuficiencia económica, pueden ser excluidos de la asistencia financiera para cubrir sus necesidades de alojamiento [artículo 7.1 b) de la Directiva sobre libre circulación ]. Los residentes de larga duración tienen derecho a recibir el mismo trato que los nacionales en los procedimientos de acceso al alojamiento [artículo 11.1 f) de la Directiva sobre residentes de larga duración ]. Las víctimas de trata de seres humanos tienen derecho a una asistencia especial y medidas de apoyo que incluyen «al menos un nivel de vida capaz de asegurar su subsistencia mediante medidas como, por ejemplo, la prestación de un alojamiento apropiado y seguro» (artículo 11.5 de la Directiva sobre trata de seres humanos ). Con arreglo a la Directiva sobre condiciones de acogida , los solicitantes de asilo tie - nen derecho a recibir ayudas cuando presenten su solicitud de protección interna - cional. De conformidad con el artículo 17 de la Directiva, los Estados miembros han de proporcionar a los solicitantes de protección internacional condiciones materiales de acogida que les garanticen «un nivel de vida adecuado que les permita subsistir y aseguren su salud física y mental». Según el artículo 18, los Estados deben adoptar medidas para evitar daños y violencia basada en el género en el alojamiento pro - porcionado. Lo anterior también se aplica a las personas sometidas a procedimien - tos bajo el régimen del Reglamento de Dublín [Reglamento (UE) n.º 604/2013].

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Las prestaciones correspondientes se pueden proporcionar en forma de asignaciones financieras o en especie, facilitándoles un alojamiento apropiado. Ejemplo: en el asunto CIMADE  (561), el TJUE precisó cómo aplicar la Directiva sobre condiciones de acogida en el caso de traslados requeridos con arreglo al Reglamento de Dublín . El TJUE sostuvo que un Estado miembro que desee tras - ladar a un solicitante de asilo en el marco del Reglamento de Dublín es respon - sable, incluso en el aspecto financiero, de garantizar que el solicitante de asilo se beneficia plenamente de la Directiva sobre condiciones de acogida hasta haber sido trasladado físicamente. La Directiva tiene por objetivo garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y promover la aplicación de los artículos 1 (561) TJUE, C -179/11, Cimade y Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) contra Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration , 27 de septiembre de 2012; TJUE, asuntos acumulados C -411/10 y C -493/10, N.S. contra Secretary of State for the Home Department y M.E. y otros contra Refugee Applications Commissioner and Minister for Justice, Equality and Law Reform [GS], 21 de diciembre de 2011.

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293Derechos económicos y sociales y 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Por lo tanto, también se han de ofrecer unas condiciones de acogida mínimas a los solicitantes de asilo que están a la espera de una decisión con arreglo al Reglamento de Dublín . Con arreglo al artículo 32 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento (para Irlanda y el Reino Unido, artículo 31 de la versión 2004/83/CE de la misma Directiva), los Estados miembros han de garantizar el derecho de los beneficiarios de la condición de refugiado o de protección subsidiaria a una vivienda en condiciones equivalentes a las impuestas a otros nacionales de terceros países que residen legal - mente en el territorio del Estado miembro. 9.5. Asistencia sanitaria El CEDH no prevé explícitamente un derecho a la asistencia sanitaria, si bien implí - citamente se trata de un aspecto de la integridad moral y física que podría corres - ponder al ámbito de aplicación del artículo 8 del CEDH, que garantiza el derecho al respeto de la vida privada (562). No obstante, en determinadas circunstancias, la res - ponsabilidad de un Estado miembro se puede ver comprometida en virtud del CEDH si se demuestra que sus autoridades ponen en situación de riesgo la vida de un indi - viduo mediante actos u omisiones que le niegan la asistencia sanitaria ofrecida a la población en general (563). Sin embargo, en caso de «mera» negligencia médica, las obligaciones de los Estados se limitan al establecimiento de un marco reglamenta - rio adecuado que obligue a los hospitales, ya sean privados o públicos, a adoptar medidas apropiadas para la protección de la vida de los pacientes (564).

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En el ámbito de la migración, las cuestiones relacionadas con la asistencia sanitaria han surgido en el ámbito del CEDH en el contexto de las necesidades sanitarias invocadas como protección contra la expulsión. En casos extremos, se puede invocar el artículo 3 del CEDH (véase el capítulo 4 ). (562) TEDH, Bensaid contra el Reino Unido , n.º 44599/98, 6 de febrero de 2001. (563) TEDH, Powell contra el Reino Unido (dec.), n.º 45305/99, 4 de mayo de 2000. (564) TEDH, Lopes de Sousa Fernandes contra Portugal [GS], n.º 56080/13, 19 de diciembre de 2017, párr. 186.

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294Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración En cuanto a la CSE , su artículo 11 prevé el derecho a la salud y el artículo 13 prevé el derecho a la asistencia médica (565). El CEDS considera que estos derechos son apli - cables a los migrantes en situación irregular. Ejemplo: en el caso FIDH contra Francia  (566), la FIDH afirmó que Francia había vulnerado el derecho a la asistencia médica (artículo 13 de la CSE revisada) al dar por finalizada la gratuidad del tratamiento médico y hospitalario para los migrantes en situación irregular y con ingresos muy reducidos. Por otra parte, la denunciante afirmaba que la reforma legislativa de 2002 que restringía el acceso a los servicios médicos a los niños migrantes en situación irregular iba en contra del derecho de los niños a la protección (artículo 17). En principio, los derechos de la CSE solo se amplían a los extranjeros que son nacionales de otros Estados miembros partes en la CSE y los residentes legales o que trabajan de manera regular en el Estado. Sin embargo, el CEDS insistió en que la CSE se debe interpretar de una manera teleológica y coherente con los principios de la dignidad humana del individuo y en que, por lo tanto, cualquier restricción se debe interpretar de manera estricta. Sostuvo que toda legislación o práctica que denegara a los nacionales extranjeros el derecho a la asistencia médica mien - tras están en el territorio de un Estado parte, aunque se encuentren en él ilegal - mente, es contraria a la CSE, si bien no todos los derechos de la CSE se pueden extender a los migrantes en situación irregular.

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Por mayoría de 9 contra 4, el CEDS no consideró que se hubiese producido una vulneración del artículo 13, relativo al derecho a la asistencia médica, pues los migrantes adultos en situa - ción irregular podían acceder en cualquier momento a algunas formas de asis - tencia médica tras tres meses de residencia, mientras que todos los nacionales extranjeros podían acceder a tratamiento en caso de emergencia o de peligro para la vida. Aunque los niños afectados tenían un acceso a la asistencia sanita - ria similar al de los adultos, el CEDS consideró que se había producido una vulne - ración del artículo 17, relativo al derecho de los niños a la protección, pues esta disposición era más amplia que el artículo 13, relativo al derecho a la asistencia (565) Véase también la Convención Europea de Asistencia Social y Médica ( European Convention on Social and Medical Assistance ) (CETS n.º 14), que igualmente prevé la prestación mutua de asistencia social y médica a los nacionales de los Estados partes en el territorio de otros Estados partes. Esta Convención del Consejo de Europa solo tiene dieciocho partes, todas las cuales, excepto Turquía, son miembros de la UE. Se abrió para la firma el 11 de diciembre de 1953 y entró en vigor el 1 de julio de 1954. (566) CEDS, International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) contra Francia , Denuncia n.º 14/2003, méritos, 8 de septiembre de 2004. Véase también CEDS, European Committee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family (EUROCEF) contra Francia , Denuncia n.º 114/2015, méritos, 24 de enero de 2018.

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295Derechos económicos y sociales médica. Esta decisión corresponde al enfoque adoptado más adelante respecto de los niños en el asunto Defensa de Niñas y Niños Internacional (véase el apartado 9.4 ). En cuanto al Derecho de la UE , la Carta de los Derechos Fundamentales no incluye el derecho a la salud, pero reconoce derechos relacionados como el derecho a la pro - tección de la dignidad humana (artículo 1) y el derecho a la integridad de la persona (artículo 3). La Carta incluye también en su artículo 35 el derecho a la «protección de la salud»: «Toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales». La aplicación de la Carta se limita a aquellos asuntos que corresponden al ámbito de aplicación del Derecho de la UE. La Carta no hace ninguna distinción por motivos de nacionalidad; en cambio, somete el ejercicio del derecho a la protección de la salud a las leyes y prácticas nacionales. El Derecho derivado de la UE regula el acceso a la asistencia sanitaria para diver - sas categorías de nacionales de terceros países y exige a algunas de ellas estar en posesión de un seguro de enfermedad antes de que se les conceda una condición determinada o la admisión en el territorio del Estado miembro. Mencionaremos bre - vemente las categorías más comunes de nacionales de un tercer país. Independientemente de su nacionalidad, los trabajadores por cuenta propia o ajena que sean miembros de la familia de nacionales del EEE o de nacionales suizos que hayan ejercido sus derechos de libre circulación tienen derecho al mismo trato que los nacionales (artículo 24 de la Directiva sobre libre circulación para los nacionales de la UE) (567).

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Quienes deseen residir en otro Estado miembro basándose en que disponen de recursos económicos suficientes deberán demostrar que disponen tam - bién de un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos, tanto para sí mismos como para los miembros de su familia [artículo 7.1 b)]. Ya se trate de un nacional del EEE o de un nacional de un tercer país, cualquier indi - viduo que esté afiliado a un sistema nacional de salud en su Estado de residencia del EEE tiene derecho a recibir el tratamiento que necesite (568) cuando visite otros (567) Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo , 2 de mayo de 1992, Parte III, Libre circulación de personas, servicios y capitales; Acuerdo sobre libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra , firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, que entró en vigor el 1 de junio de 2002, DO 2002 L 114/6. (568) Reglamento (CE) n.º 883/2004 , 29 de abril de 2004, DO 2004 L 166/1, artículo 19.1; TJUE, C -211/08, Comisión Europea contra Reino de España , 15 de junio de 2010, párrs. 58 y 61.

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296Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Estados miembros del EEE o Suiza (569). La posibilidad de viajar a otro Estado miem - bro con el fin de recibir un tratamiento médico del sistema público está sujeta a nor - mas complejas (570). En el marco de la Directiva sobre reagrupación familiar , se puede exigir que el rea - grupante demuestre que posee, en particular, «un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos normalmente asegurados para los propios nacionales en el Estado miembro de que se trate, para sí mismo y los miembros de su familia», así como «recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miem - bros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate» [artículo 7.1 b) y c)]. Del mismo modo, antes de que se les conceda la condición de residentes de larga duración, los nacionales de terceros países y los miembros de sus familias han de presentar pruebas de que disponen de un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos normalmente asegurados para los propios nacionales del Estado miem - bro de acogida [artículo 5.1 b) de la Directiva sobre residentes de larga duración ]. También han de demostrar que disponen de recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro [artículo 5.1 a)]. Las personas a las que se les ha concedido la condición de residente de larga duración tienen derecho al mismo trato que los nacionales del Estado miembro de acogida en cuanto a «las prestacio - nes de la seguridad social, de la asistencia social y de la protección social tal como se definen en la legislación nacional» [artículo 11.1 d)].

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El considerando 13 de la Directiva establece que, respecto de la asistencia social, «la posibilidad de limi - tar los beneficios para los residentes de larga duración a los beneficios esenciales debe entenderse en el sentido de que el concepto comprende al menos la presta - ción de ingresos mínimos, la asistencia en caso de enfermedad y embarazo, la ayuda a los padres y los cuidados de larga duración. Las modalidades para la concesión de dichas prestaciones deben ser definidas por la legislación nacional». (569) Decisión 2012/195/UE del Comité mixto establecido en virtud del Acuerdo sobre libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra , de 31 de marzo de 2012, por la que se sustituye el anexo II de dicho Acuerdo relativo a la coordinación de los regímenes de seguridad social, DO 2012 L 103/51. (570) Véase el artículo 22.1 c) del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 y, respecto de esta disposición, TJCE, C-368/98, Abdon Vanbraekel y otros contra Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC) , 12 de julio de 2011, y TJCE, C -372/04, The Queen, a instancia de Yvonne Watts contra Bedford Primary Care Trust y Secretary of State for Health [GS], 16 de mayo de 2006.

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297Derechos económicos y sociales De conformidad con el artículo 19 de la Directiva sobre condiciones de acogida , los solicitantes de asilo tienen derecho a cuidados de urgencia y al tratamiento básico de las enfermedades, así como a la atención que precisen, médica o de otro tipo, si tienen necesidades particulares. Del mismo modo, la Directiva sobre retorno (2008/115/CE) establece que «se dará asistencia sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades» a aquellas personas cuya expulsión se haya suspendido o a quienes se les haya concedido un plazo para abandonar el territorio voluntaria - mente (artículo 14). Lo mismo se aplica durante la detención en espera de expulsión (artículo 16). En virtud del artículo 30 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento , los refugiados reconocidos y aquellos que gozan de protección subsidiaria tienen dere - cho al mismo acceso a la asistencia sanitaria que los propios nacionales del Estado miembro. Hasta diciembre de 2013, en el caso de los titulares de la condición de protección subsidiaria este derecho se puede limitar a los «beneficios esenciales». También hay disposiciones especiales para quienes tienen necesidades especiales. Las medidas de asistencia y apoyo a las víctimas de trata de seres humanos abar - can el tratamiento médico necesario, incluidos asistencia psicológica, asesoramiento e información (artículo 11.5 de la Directiva sobre trata de seres humanos ). 9.6. Seguridad social y asistencia social La seguridad social y la asistencia social comprenden, respectivamente, los bene - ficios que se basan en las cotizaciones abonadas previamente a un sistema nacio - nal de seguridad social, como las pensiones de jubilación, y las prestaciones que el Estado proporciona a quienes las necesitan, como las personas con discapacidad.

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Estas prestaciones incluyen una amplia gama de beneficios, en su mayoría de tipo financiero. El CEDH no prevé expresamente el derecho a la seguridad social ni a la asistencia social.En determinadas circunstancias, se puede plantear un problema de discrimi - nación en el ámbito de la seguridad social y la asistencia social, independientemente de si el interesado ha cotizado o no al sistema de que se trate. El TEDH ha sido crítico con los Estados que han denegado beneficios a los residentes legales sobre la base discriminatoria de que no cumplían un requisito de nacionalidad (571). (571) TEDH, Luczak contra Polonia , n.º 77782/01, 27 de noviembre de 2007; TEDH, Fawsie contra Grecia , n.º 40080/07, 28 de octubre de 2010.

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298Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: el caso Koua Poirrez contra Francia  (572) trataba de la denegación de las prestaciones de invalidez a un migrante que era residente legal por no ser francés ni nacional de un país que hubiera firmado un acuerdo de reciprocidad con Francia. El TEDH consideró que habría que aducir razones de peso para que el Tribunal pudiera considerar compatible con el CEDH una diferencia de trato basada exclusivamente en la nacionalidad. El TEDH dictaminó que el solicitante había sido objeto de discriminación, lo que constituía una violación del artículo 14 del CEDH, en relación con el artículo 1 del Protocolo n.º 1, sobre el derecho al respeto de los bienes (véase el apartado 10.3). Ejemplo: el caso Dhahbi contra Italia  (573) se refería a la denegación del subsidio familiar a un nacional tunecino que residía y trabajaba legalmente en Italia por no ser nacional de un Estado miembro de la UE. El TEDH determinó que el soli - citante había sido discriminado en violación del artículo 14 en relación con el artículo 8 del CEDH (574). Ejemplo: el caso Andrejeva contra Letonia  (575) trataba de prestaciones contri - butivas. La solicitante había trabajado durante la mayor parte de su vida en el territorio de Letonia cuando este país formaba parte de la Unión Soviética. Se le denegó una parte de la pensión porque había estado trabajando fuera de Letonia y no era ciudadana letona. El TEDH no podía aceptar el argumento del Gobierno, según el cual bastaría con que la solicitante se naturalizase letona para poder recibir toda la pensión reclamada.

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La prohibición de discriminación consagrada en el artículo 14 del CEDH solo tenía sentido si, en cada caso parti - cular, se tenía en cuenta la situación personal del solicitante tal cual y sin modi - ficarla a la luz de los criterios enumerados en la disposición. Proceder de otra forma, desestimando las quejas de la víctima basándose en que podía haber evitado la discriminación alterando uno de los factores en cuestión (por ejem - plo, adquiriendo una nacionalidad), privaría al artículo 14 de sentido. El TEDH consideró que se había producido una vulneración del artículo 14 del Convenio en relación con el artículo 1 del Protocolo n.º 1. (572) TEDH, Koua Poirrez contra Francia , n.º 40892/98, 30 de septiembre de 2003, párr. 41. (573) TEDH, Dhahbi contra Italia , n.º 17120/09, 8 de abril de 2014. (574) Véanse también TEDH, Gaygusuz contra Austria , n.º 17371/90, 16 de septiembre de 1996, párrs. 46 a 50; TEDH, Koua Poirrez contra Francia , n.º 40892/98, 30 de septiembre de 2003, párr. 41. (575) TEDH, Andrejeva contra Letonia [GS], n.º 55707/00, 18 de febrero de 2009, párr. 91.

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299Derechos económicos y sociales En estos ejemplos, los solicitantes eran, en cualquier otro aspecto, iguales a los nacionales del propio Estado: ninguno de los solicitantes se encontraba en una situación de inmigración precaria ni sujeto a restricciones sobre el recurso a fondos públicos. Ejemplo: el caso Weller contra Hungría  (576) trataba de un padre húngaro y una madre rumana. Cuando presentaron la solicitud, antes de la adhesión de Ruma - nía a la UE, la madre tenía permiso de residencia, pero no permiso de estableci - miento en Hungría. La legislación húngara solo permite que soliciten las presta - ciones por maternidad las madres que tienen la ciudadanía húngara o permiso de establecimiento. El solicitante se quejó de que los hombres casados con mujeres extranjeras recibieran un trato menos favorable en el disfrute de la prestación que los que estaban casados con mujeres húngaras. El Tribunal con - sideró que se había producido una vulneración del artículo 8 del CEDH en rela - ción con el artículo 14. La CSE prevé el derecho a la seguridad social (artículo 12), el derecho a la asistencia social y médica (artículo 13) y el derecho a los beneficios de los servicios sociales (artículo 14). Además, incluye disposiciones específicas para las personas con disca - pacidad (artículo 15), los niños y adolescentes (artículo 17) y las personas de edad avanzada (artículo 23). El artículo 30 garantiza el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social. En cuanto a la asistencia social, el artículo 13 de la CSE es aplicable a los migrantes en situación irregular, como se ha confirmado en distin - tas decisiones del CEDS (577).

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En el marco del Derecho de la UE , cabe distinguir dos situaciones relativas a los nacionales de terceros países. En primer lugar, existe un sistema de coordinación de las prestaciones entre los Estados miembros para los nacionales de terceros países que se desplazan por la UE. En segundo lugar, con arreglo al Derecho derivado de la UE, determinadas categorías de nacionales de terceros países pueden acceder a ciertos beneficios independientemente de si se han desplazado por la UE. (576) TEDH, Weller contra Hungría , n.º 44399/05, 31 de marzo de 2009, párrs. 36 a 39. (577) CEDS, Conference of European Churches (CEC) contra los Países Bajos , Denuncia n.º 90/2013, méritos, 1 de julio de 2014.

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300Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración a. Coordinación de las prestaciones en la UE Los nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del EEE que se han desplazado a un Estado miembro de la UE tienen derecho, con arreglo al artículo 24 de la Directiva sobre libre circulación (y los que no son ciu - dadanos de la UE, con arreglo al Acuerdo UE/EEE) a las mismas ventajas sociales y fiscales que los nacionales del propio Estado miembro de acogida. No obstante, de conformidad con el artículo 14.1 de la misma Directiva, los ciudadanos que están ejerciendo su derecho de libre circulación sin trabajar, por ejemplo, los que son auto - suficientes, no deben convertirse en una carga excesiva para el sistema de asisten - cia social del Estado miembro de acogida. A lo largo de los años se ha desarrollado un complejo corpus legislativo para coordinar la seguridad social y la asistencia social de las personas que están ejerciendo su derecho a la libre circulación. Este corpus legislativo se ha codificado en el Reglamento (CE) n.º 883/2004 (modificado) (578), siguiendo el principio básico de que el sistema de la UE está coordinado, no armo - nizado (579). El Reglamento está orientado a minimizar los efectos negativos de la migración entre Estados miembros simplificando los procedimientos administrativos y garantizando la igualdad de trato entre quienes se desplazan entre Estados miem - bros y los nacionales de un Estado miembro. Algunos derechos se pueden exportar, pero otros no. El Reglamento (CE) n.º 987/2009 (modificado ) (580) establece las nor - mas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 883/2004.

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Los trabajadores por cuenta ajena nacionales de terceros países que se despla - zan entre Estados miembros de la UE , así como los miembros de su familia y aque - llos que les sobrevivan, pueden acogerse a la legislación transfronteriza relativa a la acumulación y coordinación de las prestaciones de la seguridad social [ Regla - mento (CE) n.º 859/2003 y Reglamento (UE) n.º 1231/2010 ]. Ello es así siempre que los trabajadores por cuenta ajena nacionales de terceros países estén residiendo legalmente en el territorio de un Estado miembro de la UE y sus vínculos no se (578) El Reglamento ha sido modificado por el Reglamento (CE) n.º 988/2009 , DO 2009 L 284/43;el Reglamento (UE) n.º 1231/2010 , DO 2010 L 344/1; el Reglamento n.º 1244/2010 , DO 2010 L338/35; el Reglamento (UE) n.º 465/2012 , DO 2012 L 149/4; el Reglamento (UE) n.º 1224/2012 , DO 2012 L 349/45; el Reglamento (UE) n.º 517/2013, DO 2013 L 158/1 ; el Reglamento (UE) n.º 1372/2013, DO 2013 L 346/27 ; el Reglamento (UE) 492/2017, DO 2017 L 76/13; y, más recientemente, el Reglamento (UE) 1149/2019, DO 2019 L 186/21 . (579) TJCE, C -21/87, Borowitz contra Bundesversicherungsanstalt für Angestellte , 5 de julio de 1988, párr.

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23; TJCE, C -331/06, Chuck contra Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank , 3 de abril de 2008, párr. 27. (580) El Reglamento se ha modificado por los reglamentos siguientes: Reglamento (UE) n.º 465/2012 , DO 2012 L 149/4; Reglamento (UE) n.º 1224/2012 , DO 2012 L 349/45; y  Reglamento (UE) n.º 1372/2013 , DO 2013 L 346/27.

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301Derechos económicos y sociales limiten al tercer país y a un único Estado miembro de la UE. Estos reglamentos no son de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena nacionales de terceros países que solo tengan vínculos con un tercer país y un único Estado miembro. b. Derechos reconocidos a determinadas categorías de nacionales de terceros países Los solicitantes de asilo no tienen un derecho específico de acceso a la asistencia social en virtud de la Directiva sobre condiciones de acogida . Sin embargo, el artí - culo 17 de esta Directiva establece unas normas generales en materia de condicio - nes de acogida, y el artículo 17.5, que no se aplica en Irlanda, establece cómo se determinan las asignaciones financieras o los vales. Ejemplo: el 18 de julio de 2012, el Tribunal Constitucional Federal Alemán ( Bun- desverfassungsgericht ) determinó que Alemania debía aumentar la ayuda que prestaba a los solicitantes de asilo, que no se había incrementado en los últimos diecinueve años y no cubría el mínimo necesario para garantizar una existencia digna, tal como está previsto en el artículo 1 de la Constitución alemana (581). De conformidad con el artículo 29 de la Directiva revisada sobre requisitos para el reconocimiento , los Estados miembros de la UE han de velar por que los refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria reciban «la asistencia social necesaria» en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro de acogida. En cam - bio, en el caso de los titulares de la condición de protección subsidiaria, la asistencia se puede limitar a las «prestaciones básicas». El artículo 23.2 amplía las prestaciones a los miembros de la familia de los beneficiarios de protección subsidiaria.

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Ejemplo: en Ayubi contra Bezirkshauptmannshaft Linz-Land  (582), el TJUE consi - deró que la legislación nacional es contraria al derecho de la UE si otorga a los refugiados con derecho de residencia temporal en un Estado miembro de la UE menos prestaciones de seguridad social que las que reciben los nacionales de ese Estado miembro de la UE y los refugiados con derecho de residencia perma - nente en él. (581) Alemania, Bundesverfassungsgericht , 1 BvL 10/10 y 1 BvL 2/11, 18 de julio de 2012. (582) TJUE, C -713/17, Ahmad Shah Ayubi contra Bezirkshauptmannshaft Linz-Land , 21 de noviembre de 2018.

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302Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en Alo y Osso  (583), el TJUE dictaminó que una condición de residen - cia impuesta a un beneficiario de protección subsidiaria equivale a una restric - ción de su acceso a la asistencia social protegida en virtud del artículo 29 de la Directiva sobre reconocimiento, cuando no se impone esa medida a los refugia - dos, a los nacionales de terceros países que residen legalmente en ese Estado miembro de la UE o a los propios nacionales. Sin embargo, el TJUE aceptó que las restricciones de residencia impuestas con el objetivo de facilitar la integración de los beneficiarios de la protección subsidiaria podrían permitirse en virtud del artículo 33 de la Directiva sobre reconocimiento (libertad de circulación). Corres - ponde al tribunal nacional decidir si los titulares del estatuto de protección sub - sidiaria y otros nacionales de terceros países que residen legalmente, sin estar sujetos a esa condición de residencia, se encuentran en una situación objetiva - mente comparable. Con arreglo al artículo 11.7 de la Directiva sobre trata de seres humanos , los Estados miembros han de asistir a las víctimas de trata de seres humanos que tengan nece - sidades especiales, y en el artículo 13 se establecen medidas específicas para los niños víctimas de trata de seres humanos. De acuerdo con el artículo 11.1 d) de la Directiva sobre residentes de larga duración , quienes han obtenido la condición de residente de larga duración tienen derecho a recibir el mismo trato que los nacionales del país de acogida en cuanto a pres - taciones de seguridad social, asistencia social y protección social. Sin embargo, los derechos a la asistencia social y la protección social pueden verse limitados a las prestaciones básicas.

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La Directiva sobre reagrupación familiar no prevé el acceso a la asistencia social para los miembros de la familia de reagrupantes nacionales de un tercer país. Los rea - grupantes han de demostrar que tienen recursos fijos y regulares suficientes para su propia manutención y la de los miembros de su familia, sin recurrir al sistema de asistencia social del Estado miembro de que se trate [artículo 7.1 c) de la Directiva]. De conformidad con el artículo 12.1 e) de la Directiva sobre el permiso único y el artí - culo 14.1 e) de la Directiva sobre la tarjeta azul , los trabajadores de terceros países titulares de un permiso único o de una tarjeta azul de la UE deben gozar de la igual - dad de trato con los nacionales en materia de seguridad social. (583) TJUE, asuntos acumulados C -443/14 y C -444/14, Kreis Warendorf contra Ibrahim Alo & Amira Osso contra Región de Hannover [GS], 1 de marzo de 2016.

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303Derechos económicos y sociales Puntos clave Puntos generales del Derecho de la UE y la CSE • Normalmente, para acceder a los derechos económicos y sociales es necesario un derecho de entrada o de permanencia reconocido (véase la introducción al capítulo 9). • Se han de proporcionar los elementos básicos de los derechos sociales a todos los indi - viduos presentes en el territorio (véanse las referencias a los migrantes en situación irregular en los apartados 9.2 a 9.6). • Cuanto más se parece la situación de un migrante a la de los ciudadanos del propio Estado, mayor justificación precisará la discriminación por motivos de nacionalidad (véase la introducción al capítulo 9 ). • Muchos de los derechos contemplados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE están limitados exclusivamente a los ciudadanos y los residentes legales en un Estado miembro de la UE (véase el apartado 9.1 ). • La CSE consagra un conjunto de derechos sociales y económicos cuyo disfrute se limita, en principio, a los nacionales de un Estado parte en la CSE que se encuentran en el territorio de otro Estado parte en la CSE. Sin embargo, el CEDS ha establecido algunas excepciones en asuntos relativos al alojamiento de niños (véase el apartado 9.4 ) y la asistencia sanitaria (véase el apartado 9.5 ). • Habría que exponer razones de peso para que el TEDH considere compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos una diferencia de trato basada exclusiva - mente en la nacionalidad (véase el apartado 9.6 ) Derechos económicos en el Derecho de la UE • El acceso al mercado laboral se puede restringir: el grado en que los nacionales de ter - ceros países tienen acceso al mercado laboral difiere según la categoría a la que perte - nezcan (véase el apartado 9.1 ).

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• Desde el momento en que una persona empieza a trabajar, legalmente o no, los dere - chos laborales fundamentales deben respetarse (véase el apartado 9.2 ). • Los miembros reconocidos de la familia de nacionales del EEE tienen el mismo dere - cho de acceso al mercado laboral que los ciudadanos de un Estado miembro de la UE (véase el apartado 9.2.1 ). • Los nacionales turcos se benefician de la cláusula suspensiva del artículo 41 del Proto - colo adicional del Acuerdo de Ankara, que impide que los Estados les impongan nue - vas cargas (véase el apartado 9.2.4 ).

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304Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración • A los solicitantes de asilo cuyas solicitudes no se han decidido en primera instancia se les ha de conceder acceso al mercado laboral en el plazo máximo de nueve meses (un año en Irlanda) a partir de su presentación de la solicitud de protección internacio - nal (véase el apartado 9.2.7 ). • La Directiva sobre las sanciones aplicables a los empleadores penaliza a quienes dan empleo a migrantes en situación irregular y confiere a los migrantes que son víctimas de una situación abusiva derecho a reclamar los salarios pendientes, así como otras protecciones (véase el apartado 9.2.8 ). Educación (véase el apartado 9.3 ) • De acuerdo con el artículo 2 del Protocolo n.º 1 del CEDH, el derecho a la educación no se le puede negar a nadie. No obstante, los Estados miembros gozan de un amplio margen de decisión para imponer ciertas limitaciones en relación con los niveles supe - riores de educación. • Todos los niños nacionales de un tercer país que vivan en la UE, incluidos los migrantes en situación irregular cuya expulsión se haya aplazado, tienen acceso, en virtud del Derecho derivado de la UE, a la educación básica. Alojamiento (véase el apartado 9.4 ) • La Carta de los Derechos Fundamentales reconoce y respeta el derecho a la asistencia social y a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que carecen de recursos suficientes. El Derecho de la UE también incluye disposiciones específicas para los nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del EEE, los residentes de larga duración, las personas que necesitan protección inter - nacional y las víctimas de trata de seres humanos.

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• Los Estados miembros de la UE han de proporcionar a los solicitantes de asilo un nivel de vida adecuado para su salud y capaz de asegurar su subsistencia. • El hecho de que las autoridades no respeten el domicilio de alguien puede plantear un problema en virtud del artículo 8 del CEDH. En situaciones extremas, el hecho de no proporcionar un techo puede plantear un problema con arreglo al artículo 3 del CEDH. • La CSE garantiza el derecho a la vivienda, que constituye el primer paso hacia una serie de derechos adicionales. Asistencia sanitaria (véase el apartado 9.5 ) • Las personas inscritas en un sistema nacional de salud en su Estado de residencia del EEE pueden beneficiarse de las disposiciones locales sobre asistencia sanitaria cuando visitan otros Estados miembros del EEE y Suiza.

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305Derechos económicos y sociales • El Derecho de la UE garantiza a los refugiados el mismo acceso a la asistencia sanitaria que los nacionales, mientras que los solicitantes de asilo y los migrantes en situación irregular cuya expulsión se ha aplazado tienen derecho a asistencia sanitaria de urgen - cia y tratamiento básico de las enfermedades. • El CEDH no contiene disposiciones específicas relativas a la asistencia sanitaria, pero el TEDH puede examinar las quejas de este tipo en virtud de los artículos 2, 3 u 8 del CEDH. • La CSE garantiza asistencia médica a los migrantes en situación irregular. Seguridad social y asistencia social (véase el apartado 9.6 ) • En el marco del Derecho de la UE, a lo largo de los años se ha desarrollado un complejo corpus legislativo relativo al derecho a la seguridad social y la asistencia social de los nacionales de terceros países que se desplazan entre Estados miembros con arreglo a las disposiciones sobre libre circulación. • En virtud del CEDH, la denegación de la asistencia social u otras prestaciones a un extranjero puede plantear un problema de discriminación independientemente de si ha cotizado al sistema del que cobrará la prestación. • La CSE obliga a que se garantice asistencia social a las personas que la necesiten, incluidas las que se encuentran en situación irregular. Jurisprudencia y bibliografía recomendada: Se puede encontrar jurisprudencia complementaria consultando las directrices Cómo consultar la jurisprudencia de los tribunales europeos , en la página 359 de este manual. Se puede encontrar más material relacionado con las cuestiones tratadas en este capítulo en el apartado « Bibliografía recomendada », en la página  325.

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30710 Personas con necesidades específicas UE Temas tratados CdE Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 24 (derechos del niño)Niños no acompañadosCSE, artículo 17 (derecho de los niños y adolescentes a protección social, jurídica y económica) TEDH, Rahimi contra Grecia , n.º 8687/08, 2011 (niño no acompañado solicitante de asilo detenido en un centro de detención de adultos) Reglamento de Dublín [Reglamento (UE) 604/2013], artículo 8 TJUE, C -648/11, MA, BT y DA , 2013 (traslados de Dublín) Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida , artículo 24 Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo , artículo 25 Directiva 2011/95/UE sobre los requisitos de reconocimiento , artículo 31 Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 10Acogida y trato Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo , artículo 25Evaluación de la edadConvenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos , 2005, artículo 10.3 CEDS, EUROCEF contra Francia , Denuncia n.º 114/2015, 2018

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308Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración UE Temas tratados CdE Directiva 2011/36/UE sobre la trata de seres humanos Directiva sobre los permisos de residencia para las víctimas de la trata de personas (2004/81/CE) Directiva sobre los derechos de las víctimas (2012/29/UE)Víctimas de trata de seres humanosCEDH , artículo 4 (prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado) TEDH, Rantsev contra Chipre y Rusia , n.º 25965/04, 2010 (autoridades obligadas a llevar a cabo una investigación por iniciativa propia) Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos , 2005 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ratificado por la UE) Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida , artículos 19, 21 y 22 Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo , artículo 14Personas con discapacidadCSE, artículo 15 (derechos de las personas con discapacidad a la independencia, la integración social y la participación en la vida de la comunidad) Directiva 2013/33/UE sobre las condiciones de acogida , artículo 25 Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo , artículo 24Víctimas de tortura Directiva 2004/38/CE sobre libre circulación , artículo 13.2 c) Directiva 2003/86/CE sobre reagrupación familiar , artículo 15.3Víctimas de violencia de géneroTEDH, Opuz contra Turquía , n.º 33401/02, 2009 (violencia doméstica) TEDH, R.D.

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contra Francia , n.º 34648/14, 2016 (riesgo de malos tratos en caso de expulsión) Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), 2011 Introducción Este capítulo se centrará en ciertos grupos de individuos que se podrían clasificar como personas especialmente vulnerables que requieren atención específica. Ade - más de lo ya expuesto de manera general en los capítulos anteriores, tanto el Dere - cho de la UE como el CEDH pueden conceder protección adicional a las personas con necesidades específicas.

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309Personas con necesidades específicas En el Derecho de la UE, la situación específica de las personas vulnerables debe ser tenida en cuenta, por ejemplo, en las condiciones de acogida y cuando se les prive de libertad. Las personas vulnerables se definen en el artículo 21 de la Directiva sobre condiciones de acogida (2013/33/UE) y en el artículo 3.9 de la Directiva sobre retorno (2008/115/CE). Ambas definiciones incluyen a los «niños, niños no acompa - ñados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embara - zadas, familias monoparentales con hijos menores y personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual», pero la lista de la Directiva sobre condiciones de acogida es más larga y no exhaus - tiva. Según el artículo 22 de la Directiva sobre condiciones de acogida, los Estados miembros de la UE deben evaluar si las personas vulnerables tienen necesidades específicas de acogida. La Directiva sobre procedimientos de asilo (2013/32/UE) obliga a los Estados miembros de la UE a evaluar si un solicitante de asilo necesita garantías especiales de procedimiento y, en caso afirmativo, el Estado debe propor - cionarle asistencia adecuada durante el procedimiento de asilo (artículo 24). 10.1. Niños no acompañados La expresión «niños no acompañados» se refiere a los individuos de edad inferior a dieciocho años que entran en territorio europeo sin que en el Estado de acogida haya un adulto responsable de ellos [véase la Directiva sobre condiciones de reco - nocimiento (2011/95/UE) , artículo 2.1]. En el Derecho de la UE existen disposiciones clave sobre el asilo y la inmigración que abordan la situación de estos niños.