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El Tribunal sostuvo que, dado que tanto el padre como la madre habían nacido en Ghana (la esposa había abandonado el país a la edad de diecisiete años) y habían visitado el país en diversas ocasiones con su hija, no había obstáculos insuperables a que se estableciesen juntos allí o, al menos, a que mantuviesen un contacto regular. Ejemplo: en el caso Amrollahi contra Dinamarca  (354), el solicitante era un iraní con residencia permanente en Dinamarca. Tenía dos hijos con su pareja danesa y otro, de una relación anterior, que vivía en Dinamarca. Tras salir de la prisión, (351) TEDH, Boultif contra Suiza , n.º 54273/00, 2 de agosto de 2001; TEDH, Üner contra los Países Bajos [GS], n.º 46410/99, 18 de octubre de 2006, párrs. 57 y 58; TEDH, Balogun contra el Reino Unido , n.º 60286/09, 10 de abril de 2012, párrs. 43 a 53; TEDH, Udeh contra Suiza , n.º 12020/09, 16 de abril de 2013, párr. 52; TEDH, Jeunesse contra los Países Bajos [GS], n.º 12738/10, 3 de octubre de 2014, párrs. 117 y 118; TEDH, Salem contra Dinamarca , n.º 77036/11, 1 de diciembre de 2016, párrs. 75 y 78; TEDH, Assem Hassan Ali contra Dinamarca , n.º 25593/14, 23 de octubre de 2018, párrs. 54,55 y 61. (352) TEDH, A.A.

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contra el Reino Unido , n.º 8000/08, 20 de septiembre de 2011. (353) TEDH, Antwi y otros contra Noruega , n.º 26940/10, 14 de febrero de 2012. (354) TEDH, Amrollahi contra Dinamarca , n.º 56811/00, 11 de julio de 2002.

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209Vida privada y familiar y derecho a contraer matrimonio donde había cumplido una condena por tráfico de drogas, las autoridades qui - sieron expulsarlo a Irán. El TEDH sostuvo que la expulsión habría constituido una vulneración del artículo 8 del CEDH, pues la expulsión permanente de Dina - marca separaría a la familia. Resultaba imposible que la vida familiar siguiese fuera de Dinamarca, pues la esposa del solicitante nunca había estado en Irán, no entendía el persa y no era musulmana. Aparte de estar casada con un iraní, no tenía ningún lazo con el país (355). Ejemplo: En el caso Hasanbasic contra Suiza  (356), el solicitante había sido conde - nado por faltas leves en varias ocasiones, pero la decisión de expulsión parecía deberse más a sus importantes deudas y los cuantiosos subsidios sociales reci - bidos por él y su familia que a esas condenas. Aplicando el criterio anterior, el TEDH consideró que el Convenio preveía expresamente el bienestar económico del país como un objetivo legítimo que justificaba la interferencia en el derecho a la intimidad y a la vida familiar. Por tanto, justificó que las autoridades suizas tuvieran en cuenta las deudas del solicitante y la dependencia de su familia del sistema social, en la medida en que dicha dependencia afectaba al bienestar económico del país. No obstante, fue solo uno de los factores examinados por el TEDH, que concluyó que en este caso la expulsión infringiría el artículo 8 del CEDH, dado el largo tiempo que los solicitantes habían vivido en Suiza y su inte - gración en la sociedad suiza.

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Ejemplo: el caso Assem Hassan Ali contra Dinamarca  (357) se refería a la expul - sión de Dinamarca de un ciudadano jordano con seis hijos de nacionalidad danesa. Fue deportado tras varias condenas por delitos de drogas. El TEDH no estaba convencido de que el interés superior de los seis hijos del solicitante se hubiera visto tan afectado por su deportación como para que prevaleciera sobre los demás criterios, a saber, la prevención de desórdenes o de la delincuencia. (355) Para otras sentencias similares, véanse TEDH, Beldjoudi contra Francia , n.º 12083/86, 26 de marzo de 1992; TEDH, Boultif contra Suiza , n.º 54273/00, 2 de agosto de 2001; TEDH, Udeh contra Suiza , n.º 12020/09, 16 de abril de 2013. (356) TEDH, Hasanbasic contra Suiza , n.º 52166/09, 11 de junio de 2013. (357) TEDH, Assem Hassan Ali contra Dinamarca , n.º 25593/14, 23 de octubre de 2018.

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210Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Puntos clave • En principio, la reagrupación familiar de nacionales de la UE que no han ejercido sus derechos de libre circulación no está cubierta por el Derecho de la UE. En algunos Esta - dos miembros de la UE, los nacionales de la UE que están ejerciendo su derecho de libre circulación gozan de unos derechos de reagrupación familiar mucho más amplios que los nacionales del propio Estado (véase la introducción a este capítulo). • La Directiva sobre libre circulación se aplica a los miembros reconocidos de la familia de ciudadanos del EEE y ciudadanos suizos, en la medida en que hayan ejercido sus dere - chos de libre circulación, independientemente de cuál sea su nacionalidad. La Directiva confiere a los miembros reconocidos de la familia la misma protección reforzada (deri - vada) contra la expulsión que a los ciudadanos de la UE (véase el apartado 6.2 ). • La reagrupación familiar de reagrupantes nacionales de un tercer país está regulada por la Directiva sobre reagrupación familiar . En principio, el miembro de la familia ha de estar fuera del Estado miembro, aunque los Estados miembros de la UE pueden dero - gar ese requisito (véase el apartado 6.3 ). • A los fines de la reagrupación familiar, el Derecho de la UE no establece una distinción entre relación familiar previa y relación posterior a la entrada del reagrupante en el territorio del Estado de acogida (véase el apartado 6.3 ). • El TEDH ha elaborado unos criterios para evaluar la proporcionalidad de una decisión de expulsión, teniendo en cuenta el derecho al respeto a la vida privada y familiar garanti - zado por el artículo 8 del CEDH.

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El enfoque adoptado por el TEDH en cuanto a la expul - sión de miembros de la familia o la reagrupación familiar depende de las circunstancias concretas de cada caso (véanse los apartados 6.2 y 6.4.1). • La CSE establece el derecho de reagrupación familiar y la jurisprudencia del CEDS cir - cunscribe las condiciones y restricciones que se podrían aplicar a esta reagrupación (véase el apartado 6.3 ). • En virtud del CEDH, puede no ser aceptable una prohibición general de matrimonio basada en la condición de inmigrante del afectado (véase el apartado 6.1 ). Jurisprudencia y bibliografía recomendada: Se puede encontrar jurisprudencia complementaria consultando las directrices Cómo consultar la jurisprudencia de los tribunales europeos , en la página 359 de este manual. Se puede encontrar más material relacionado con las cuestiones tratadas en este capítulo en el apartado « Bibliografía recomendada », en la página  325.

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2117 Detención y restricciones a la libre circulación UE Temas tratados CdE Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 2 h)Definiciones: detención o restricción de la libre circulaciónCEDH , artículo 5 (derecho a la libertad y a la seguridad) CEDH , artículo 2 del Protocolo n.º 4 (libre circulación) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 15.1 Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 8.2Alternativas a la detenciónTEDH, Mikolenko contra Estonia , n.º 10664/05, 2010 (examen necesario de las alternativas a la detención) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 15.1 Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 8Lista exhaustiva de excepciones al derecho a la libertadCEDH , artículo 5.1 a) a 5.1 f) (derecho a la libertad y a la seguridad) Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 8.3 c).Detención a fin de evitar una entrada en el país no autorizada CEDH , artículo 5.1 f), primera parte (derecho a la libertad y a la seguridad) TEDH, Saadi contra el Reino Unido [GS], n.º 13229/03, 2008; y  Suso Musa contra Malta , n.º 42337/12, 2013 (personas aún no autorizadas por el Estado a entrar) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 15 TJUE, C -61/11 PPU, El Dridi , 2011; C-329/11, Achughbabian [GS],

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2011; y C-47/15, Affum [GS], 2016 (relación entre la preparación del proceso de expulsión y la detención en virtud del Derecho penal)Detención pendiente de expulsión o extradición CEDH , artículo 5.1 f), segunda parte (derecho a la libertad y a la seguridad)

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212Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración UE Temas tratados CdE Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 20 Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 8.3Casos prescritos por la leyCEDH , artículo 5.1 (derecho a la libertad y a la seguridad) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículos 15 y 3.7 Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 8.2 TJUE, C -601/15 PPU, J.N. [GS], 2016 (proporcionalidad de la detención de asilo; validez de los motivos de detención relacionados con la seguridad pública y la seguridad nacional)Necesidad y proporcionalidad Arbitrariedad TEDH, Rusu contra Austria , n.º 34082/02, 2008 (razonamiento inadecuado y arbitrariedad de la detención) Buena fe TEDH, Longa Yonkeu contra Letonia , n.º 57229/09, 2011 (guardacostas que ocultan su conocimiento de una solicitud de asilo) TEDH, Ozdil y otros contra Moldova , n.º 42305/18, 2019 (detenciones de mala fe) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 15.1 Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 9.1Diligencia debida TEDH, Singh contra la República Checa , n.º 60538/00, 2005 (dos años y medio de detención a la espera de un procedimiento de expulsión) TEDH, H.A.

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contra Grecia , n.º 58424/11, 2016 (falta de diligencia debida - no hay acción para expulsar durante cinco meses) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 15 TJCE, C -357/09, Kadzoev [GS], 2009 (perspectiva razonable de expulsión)Perspectiva razonable de expulsiónTEDH, Al Husin contra Bosnia y Herzegovina (n.º 2) , n.º 10112/16, 2019 (detención a pesar de que no hay perspectivas realistas de expulsión) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 15.5 y 15.6 TJCE, C -357/09, Kadzoev [GS], 2009 (no detención más allá del periodo máximo)Duración máxima de la detenciónTEDH, Auad contra Bulgaria , n.º 46390/10, 2011 (evaluación de duración razonable de la detención según las circunstancias particulares de cada caso)

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213Detención y restricciones a la libre circulación UE Temas tratados CdE Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículos 3.9, 16.3 y 17 Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 11 Directiva 2011/36/UE sobre la trata de seres humanos , artículo 11Detención de individuos con necesidades específicasTEDH, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga contra Bélgica , n.º 13178/03, 2006 (niño no acompañado) TEDH, Muskhadzhiyeva y otros contra Bélgica , n.º 41442/07, 2010; y  S.F.

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y otros contra Bulgaria , n.º 8138/16, 2017 (niños detenidos en instalaciones inadecuadas) TEDH, Bistieva y otros contra Polonia , n.º 75157/14, 2018 (el interés superior del niño limita la detención de las familias con hijos) TEDH, Rantsev contra Chipre y Rusia , n.º 25965/04, 2010 (víctima de trata de personas) Garantías procesales Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 15.2 Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 9.2Derecho a ser informado de los motivos de la detenciónCEDH , artículo 5.2 (derecho a la libertad y a la seguridad) TEDH, Saadi contra el Reino Unido [GS], n.º 13229/03, 2008 (plazo de dos días considerado demasiado largo) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 47 (derecho a un recurso efectivo y a un juicio justo) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículos 13.4 y 15.3 Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 9.3Derecho a que se revise la detenciónCEDH , artículo 5.4 (derecho a la libertad y a la seguridad) TEDH, Abdolkhani y Karimnia contra Turquía , n.º 30471/08, 2009; y S.D.

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contra Grecia , n.º 53541/07, 2009 (falta de procedimiento de revisión) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículos 16 y 17 Directiva 2013/33/UE sobre condiciones de acogida , artículo 10Condiciones o regímenes de detención TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 2011 (condiciones de detención) Compensación por detención ilegalCEDH , artículo 5.5 (derecho a la libertad y a la seguridad)

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214Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Introducción La detención es una excepción al derecho fundamental a la libertad. Por consi - guiente, la privación de libertad debe ajustarse a importantes salvaguardias: debe estar prevista por la ley y no ser arbitraria (358). La detención de solicitantes de asilo durante el procedimiento de asilo y migrantes sujetos a procedimientos de retorno debe ser una medida de última instancia, que solo se ha de aplicar cuando se hayan agotado otras alternativas. A pesar de estos principios, en Europa se detiene a muchas personas a su entrada o para impedir su fuga durante los procedimien - tos de expulsión. Cuando un individuo es privado de libertad, se le debe tratar de manera humana y digna. El Derecho internacional limita la posibilidad de detener a solicitantes de asilo y refu - giados. De conformidad con el artículo 31 de la Convención de Ginebra de 1951, no se pueden imponer sanciones penales, por causa de su entrada o presencia irregu - lares, a «los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada […], hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales» (359). El artículo 12 del PIDCP establece el derecho a la libertad de movimiento sin discri - minación entre ciudadanos y extranjeros. Se permiten restricciones a este derecho cuando estén previstas en la ley y sean necesarias para proteger la seguridad nacio - nal, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

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El CEDH contiene una lista exhaustiva de motivos de detención, uno de los cuales es evitar la entrada no autorizada o facilitar la expulsión de una persona. En el Derecho de la UE, el principio fundamental es que la detención de personas en busca de pro - tección internacional y personas sujetas a procedimientos de retorno ha de ser nece - saria. Para que la detención no sea arbitraria, se deberán cumplir ciertos requisitos adicionales, como dar razones que justifiquen la detención y permitir el acceso del detenido a un control judicial rápido. (358) Para más información sobre las prácticas de los Estados miembros de la UE relativas a la privación de libertad de personas sujetas a un procedimiento de retorno, véase FRA (2010), Detention of Third- Country Nationals in Return Procedures [Detención de nacionales de terceros países en procedimientos de retorno], Luxemburgo, Oficina de Publicaciones. . (359) ACNUR (2012), Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum- Seekers and Alternatives to Detention ; Consejo de Europa, CPT (2009), 20 years of combatting torture: 19th general report , 1 de agosto de 2008-31 de julio de 2009 , Estrasburgo, Consejo de Europa.

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215Detención y restricciones a la libre circulación 7.1. ¿Privación de libertad o restricción de la libre circulación? En el marco del Derecho de la UE , la Directiva sobre condiciones de acogida (2013/33/UE) define la «detención» (o «internamiento») como «el confinamiento de un solicitante de asilo por un Estado miembro [de la UE] en un lugar determi - nado donde se priva al solicitante de la libertad de circulación» [artículo 2 h)]. El TJUE confirmó que el significado del término «detención» en virtud de la Directiva sobre retorno (2008/115/CE) es el mismo (360). En el marco del CEDH , el artículo 5 regula las cuestiones relativas a la privación de libertad y el artículo 2 del Protocolo n.º 4 se ocupa de las restricciones a la libre cir - culación. Aunque se dan algunos ejemplos evidentes de detención, como el confina - miento en una celda, otras situaciones son más difíciles de definir y pueden equiva - ler más a una restricción de la circulación que a una privación de la libertad. Al determinar si la situación de un individuo está protegida por el artículo 5 del CEDH o el artículo 2 del Protocolo n.º 4, el TEDH ha sostenido que se ha de partir de una evaluación de la situación del individuo que tenga en cuenta una serie de criterios, como el tipo, la duración, los efectos y la modalidad de ejecución de la medida de que se trate (361). La diferencia entre privación de libertad y restricción de la libre cir - culación es de grado o intensidad, y no de naturaleza o contenido (362). La evaluación dependerá de los hechos concretos del asunto.

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La privación de libertad no se puede basar en la importancia de ningún factor tomado individualmente, sino en el examen acumulativo de todos los elementos. Ni siquiera una restricción breve, de unas horas, por ejemplo, significará necesa - riamente que la situación constituía una restricción de la libre circulación, y no una privación de la libertad (363). Este es el caso, en particular, si están presentes otros (360) TJUE, asuntos acumulados C -924/19 PPU y C -925/19 PPU, FMS y otros contra Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság [GS], 14 de mayo de 2020, párrs. 224 y 225. (361) TEDH, De Tommaso contra Italia [GS], n.º 43395/09, 23 de febrero de 2017, párr. 80. (362) Ibid. (363) Véanse TEDH, Nolan y K. contra Rusia , n.º 2512/04, 12 de febrero de 2009 (el artículo 5 era aplicable, ya que el solicitante estuvo detenido durante unas horas); y TEDH, Mahdid y Haddar contra Austria (dec.), n.º 74762/01, 8 de diciembre de 2005 (el artículo 5 no era aplicable, ya que la estancia del solicitante en una zona de tránsito no equivalía a una detención).

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216Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración factores, como que la instalación esté cerrada (364), que haya elementos de coer - ción (365) o que la situación tenga efectos particulares en el individuo, incluyendo cualquier violencia física o psíquica (366). Cualquier motivo subyacente de interés público para la detención, como la protec - ción o la intención de proteger a la comunidad de un riesgo o una amenaza cau - sados por el individuo, resulta irrelevante a la hora de determinar si la persona ha sido privada de la libertad. Tales intenciones podrían ser pertinentes al considerar la justificación de la detención con arreglo al artículo 5.1 a) a 5.1 f) del CEDH (367). Sin embargo, el artículo 5.1 se debe interpretar siempre de manera que tenga en cuenta el contexto concreto en que se toman las medidas. También se han de tomar en consideración la responsabilidad y el deber de la Policía de mantener el orden y pro - teger al público, en virtud tanto del Derecho nacional como del CEDH (368). Ejemplo: en los casos Amuur contra Francia y Riad e Idiab contra Bélgica , ambos relativos a solicitantes de asilo (369), y Nolan y K. contra Rusia  (370), relativo a un nacional de un tercer país, se sostuvo que una detención en la zona de tránsito de un aeropuerto era ilegal en virtud del artículo 5.1 del CEDH. El TEDH no aceptó el argumento de las autoridades, según las cuales no se había producido priva - ción de la libertad, pues la persona afectada en cada caso podía haber evitado la detención en el aeropuerto tomando un vuelo que saliese del país.

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En cambio, en Ilias y Ahmed contra Hungría  (371), el TEDH determinó que la estancia de dos solicitantes de asilo bangladeshíes durante veintitrés días en la zona de tránsito de Hungría en la frontera con Serbia no constituía una privación de libertad en el sentido del artículo 5 del CEDH (derecho a la libertad). El TEDH sostuvo que los solicitantes no cruzaron a la zona de tránsito debido a un peligro inmediato para su vida en Serbia, sino que entraron por iniciativa propia para solicitar asilo. El (364) TEDH, J.R. y otros contra Grecia , n.º 22696/16, 25 de enero de 2018, párr. 86. (365) TEDH, Foka contra Turquía , n.º 28940/95, 24 de junio de 2008; TEDH, Nolan y K. contra Rusia , n.º 2512/04, 12 de febrero de 2009. (366) TEDH, Guzzardi contra Italia , n.º 7367/76, 6 de noviembre de 1980; TEDH, H.L. contra el Reino Unido , n.º 45508/99, 5 de octubre de 2004. (367) TEDH, A. y otros contra el Reino Unido [GS], n.º 3455/05, 19 de febrero de 2009, párrs. 163 y 164. (368) TEDH, Austin y otros contra el Reino Unido [GS], nos 39692/09, 40713/09 y 41008/09, 15 de marzo de 2012, párr. 60. (369) TEDH, Amuur contra Francia , n.º 19776/92, 25 de junio de 1996, párrs.

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38 a 49; TEDH, Riad e Idiab contra Bélgica , nos 29787/03 y 29810/03, 24 de enero de 2008. (370) TEDH, Nolan y K. contra Rusia , n.º 2512/04, 12 de febrero de 2009, párrs. 93 a 96. (371) TEDH, Ilias y Ahmed contra Hungría [GS], n.º 47287/15, 21 de noviembre de 2019.

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217Detención y restricciones a la libre circulación TEDH sostuvo, además, que Hungría tenía derecho a adoptar todas las medidas necesarias para examinar las solicitudes de los solicitantes antes de admitirlos. Mientras esperaban los trámites procesales que requería su solicitud de asilo, los solicitantes habían estado viviendo en condiciones que no limitaban su liber - tad innecesariamente o en una medida o de una manera ajena al examen de sus solicitudes de asilo, ni habían permanecido en la zona de tránsito más allá del tiempo necesario para el examen de su solicitud de asilo. Ejemplo: en el caso ante el TEDH Rantsev contra Chipre y Rusia  (372), la hija del solicitante era una nacional rusa que residía en Chipre y trabajaba como artista en un cabaret con un permiso de trabajo expedido a petición de los propietarios de este. Tras trabajar allí unos meses, la joven decidió dejar el empleo y volver a Rusia. Uno de los propietarios del cabaret informó a la oficina de inmigración de que la hija del solicitante había abandonado su lugar de trabajo y su residen - cia. Posteriormente, la joven fue encontrada y llevada a la comisaría, donde per - maneció detenida durante alrededor de una hora. La Policía decidió que la joven no debía estar detenida y que el dueño del cabaret, como persona responsable de ella, era quien debía ir a recogerla. Así pues, el propietario del cabaret llevó a la hija del solicitante al apartamento de otra empleada del cabaret, de donde no podía salir libremente. A la mañana siguiente fue encontrada muerta en la calle, delante del apartamento.

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Aunque, en total, la joven estuvo detenida unas dos horas, el Tribunal sostuvo que esta situación equivalía a una privación de libertad en el sentido del artículo 5 del CEDH. Las autoridades chipriotas eran responsables de la detención en la comisaría y también en el apartamento, pues, sin la cooperación activa de la Policía chipriota con los propietarios del cabaret, la privación de libertad no se hubiese producido. 7.2. Alternativas a la detención En el marco del Derecho de la UE , la detención se debe realizar en última instan - cia y cuando ya se hayan agotado todas las alternativas, salvo que tales alternati - vas careciesen de efectividad en el caso de que se trate (artículo 15.1 de la Direc - tiva sobre retorno  (2008/115/CE): «Salvo que en el caso concreto de que se trate puedan aplicarse con eficacia otras medidas suficientes de carácter menos coer - citivo»; véase también, artículo 8.2 de la Directiva revisada sobre condiciones de acogida  (2013/33/UE), artículo 18.2 del Reglamento de Dublín (Reglamento (UE) (372) TEDH, Rantsev contra Chipre y Rusia , n.º 25965/04, 7 de enero de 2010, párrs. 314 a 325.

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218Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración n.º 604/2013)) ]. Por lo tanto, la detención solo se debe producir tras haberse estu - diado todas las alternativas posibles o si los mecanismos legales no han alcanzado su propósito legal y legítimo. En el artículo 8.4 de la Directiva revisada sobre condi - ciones de acogida se obliga a los Estados a prever alternativas a la detención en el Derecho nacional. Las alternativas viables a la detención incluyen las obligaciones de presentación de informes regulares, por ejemplo, a la Policía o a las autoridades de inmigración; la obligación de entregar el pasaporte o documento de viaje; las condiciones de resi - dencia, como vivir y dormir en un domicilio determinado; una liberación bajo fianza o sin fianza; condiciones de aval; una liberación con seguimiento de equipos sociales o en el marco de un programa de seguimiento por la comunidad o por equipos de salud mental, o un control telemático, como el marcado electrónico (373). La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE exige que los Estados miembros examinen alternativas a la detención para evitar privaciones de libertad arbitrarias (artículo 6 interpretado en combinación con los artículos 52 y 53) (374). En el marco del CEDH , el TEDH analiza si antes de la detención se podía haber impuesto una medida menos intrusiva. Ejemplo: en el caso Mikolenko contra Estonia  (375), el TEDH determinó que las autoridades podían aplicar otras medidas aparte de mantener al solicitante en prisión preventiva en el centro de expulsión, al no haber perspectivas inmedia - tas de expulsión. Las alternativas a la detención suelen incluir restricciones de la libre circulación.

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En el marco del CEDH, el derecho de libre circulación queda garantizado por el artículo 2 del Protocolo n.º 4, siempre y cuando el Estado en cuestión haya ratificado dicho Protocolo (véase el anexo 2 ). Las restricciones de esta libertad han de ser necesa - rias y proporcionadas y cumplir los objetivos previstos en el segundo párrafo del (373) Para más información, véase FRA (2015), Alternatives to detention for asylum seekers and people in return procedures [Alternativas a la detención de solicitantes de protección internacional y personas en procedimientos de retorno ], Luxemburgo, Oficina de Publicaciones . (374) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, artículo. 6 leído conjuntamente con los artículos 52 y 53. Véanse también TJUE, C -61/11 PPU, El Dridi, alias Soufi Karim , 28 de abril de 2011, párrs. 39-41; TJUE, C-146/14 PPU, Bashir Mohamed Ali Mahdi , 5 de junio de 2014, párr. 64. (375) TEDH, Mikolenko contra Estonia , n.º 10664/05, 8 de octubre de 2009.

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219Detención y restricciones a la libre circulación artículo 2 del Protocolo n.º 4. Esta disposición solo es aplicable a quien «se encuentre legalmente en el territorio» y, por lo tanto, no a quienes se encuentran en situación irregular. Ejemplo: en el caso Omwenyeke contra Alemania  (376), el solicitante fue obli - gado a vivir en una zona determinada por su condición de residencia temporal, a la espera de la decisión sobre su solicitud de asilo. El TEDH sostuvo que, dado que el solicitante había incumplido las condiciones de su residencia temporal, no se encontraba «legalmente» en el territorio de Alemania y, por lo tanto, no podía disfrutar del derecho de libre circulación con arreglo al artículo 2 del Protocolo n.º 4. 7.3. Lista exhaustiva de excepciones al derecho a la libertad En el marco del Derecho de la UE , la detención relacionada con el asilo y con el retorno está regulada por dos regímenes jurídicos distintos (377). La privación de libertad está regulada por el artículo 8 de la Directiva revisada sobre condiciones de acogida y por el artículo 28 del Reglamento de Dublín para los solicitantes de asilo, y por el artículo 15 de la Directiva sobre retorno para las personas que sean objeto de procedimientos de retorno. De conformidad con el artículo 8 de la Directiva sobre condiciones de acogida y el artículo 26 de la Directiva sobre procedimientos de asilo (2013/32/UE), no puede detenerse a una persona solo porque haya presentado una solicitud de asilo (378). Tampoco puede aceptarse que una persona sea detenida por estar sometida al Reglamento de Dublín (artículo 28.1 del Reglamento).

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La lista exhaustiva de los motivos por los que puede detenerse a un o una solicitante de asilo figura en el artículo 8.3 de la Directiva sobre condiciones de acogida. Los solicitantes de asilo pueden ser detenidos en seis situaciones diferentes: (376) TEDH, Omwenyeke contra Alemania (dec.), n.º 44294/04, 20 de noviembre de 2007. (377) TJCE, C -357/09, Kadzoev (Huchbarov) [GS], 30 de noviembre de 2009, párr. 45 y TJUE, C -534/11, Mehmet Arslan contra Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie , 30 de mayo de 2013, párr. 52. (378) Para más información, véase Comisión Europea, Dirección General de Interior (2012), « Reception conditions » [Condiciones de acogida].

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220Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración • para determinar o verificar la identidad o la nacionalidad del solicitante (379); • para determinar los elementos de la solicitud de asilo que no puedan ser obteni - dos sin detención, en particular si existe riesgo de fuga380; • para decidir sobre el derecho del solicitante de entrar en el territorio; • si se detiene al solicitante en virtud de la Directiva de retorno y presenta una solicitud de asilo para retrasar o frustrar la expulsión (381). • cuando la protección de la seguridad nacional o del orden público así lo requiera (382); • en virtud del artículo 28 del Reglamento de Dublín, que permite la detención bajo ciertas condiciones para garantizar los procedimientos de traslado en el ámbito del citado Reglamento. Ejemplo: en el caso de Al Chodor  (383), el demandante y sus dos hijos menores fueron detenidos por la Policía checa a la espera de su traslado a Hungría de conformidad con el Reglamento de Dublín. El TJUE determinó que un solicitante de protección internacional solo puede ser detenido con arreglo al Reglamento de Dublín si la legislación nacional establece criterios objetivos para determinar si existe un riesgo de fuga. Observó que toda medida de privación de libertad debe ser accesible, precisa y previsible, como exige el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El TJUE llegó a la conclusión de que, a falta de esos criterios objetivos en una disposición vinculante de apli - cación general en el derecho nacional, la detención es ilegal. (379) Véase también TJCE, C -18/16, K. contra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie , 14 de septiembre de 2017. (380) Ibid.

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(381) Véase también TJUE, C -534/11, Mehmet Arslan contra Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie , 30 de mayo de 2013. (382) Véase también, TJUE, C -601/15 PPU, J.N. contra Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie [GS], 15 de febrero de 2016. (383) TJUE, C -528/15, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie v. Salah Al Chodor and Others , 15 de marzo de 2017.

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221Detención y restricciones a la libre circulación Ejemplo: en el caso FMS y otros  (384) el TJUE aclaró que, de conformidad con la Directiva sobre condiciones de acogida (artículo 8) y la Directiva sobre retorno (artículo 15) respectivamente, un solicitante de protección internacional y una persona que sea objeto de una decisión de retorno no pueden ser interna - dos únicamente por el hecho de que no pueden satisfacer sus necesidades. Asimismo, el TJUE dictaminó en VL (385) que la falta de plaza en un centro de acogida no puede justificar el internamiento de un solicitante de protección internacional. El artículo 15.1 de la Directiva sobre retorno solo permite la detención de nacionales de terceros países que sean «objeto de procedimientos de retorno». La privación de libertad se permite si existe riesgo de fuga o cuando la persona evita o dificulta la preparación del retorno o el proceso de expulsión: • para preparar el retorno; • para llevar a cabo el proceso de expulsión. Ejemplo: el asunto J.N. (386) se refiere a un solicitante con una decisión de retorno ejecutable que presentó una cuarta solicitud de asilo. Fue detenido por motivos de orden público y seguridad nacional en virtud del artículo 8.3 de la Directiva sobre las condiciones de acogida, a la luz de infracciones penales ante - riores. El TJUE consideró que la decisión de devolución no caducaba durante el examen de la solicitud de asilo. Al mismo tiempo, el Tribunal dictaminó que se debía permitir al solicitante permanecer en el territorio mientras se examinaba la solicitud de asilo. En cuanto al CEDH , su artículo 5.1 protege el derecho a la libertad y a la seguridad.

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Los apartados a) a f) proporcionan una lista exhaustiva de posibles excepciones: «Nadie puede ser privado de su libertad» salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: • tras una condena por un tribunal competente; (384) TJUE, asuntos acumulados, C -924/19 PPU y C -925/19 PPU, FMS y otros contra Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság [GS], 14 de mayo de 2020, párrs. 256 a 266 y 272 a 281. (385) TJUE, C -36/20 PPU, VL contra Ministerio Fiscal , 25 de junio de 2020, párrs. 104 a 113. (386) TJUE, C -601/15 PPU, J.N. contra Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie [GS], 15 de febrero de 2016.

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222Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración • por incumplimiento de una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la ley; • por estar pendiente de juicio; • en determinadas situaciones relativas a los niños; • por motivos de salud pública o por tratarse de un vagabundo; • para impedir una entrada ilegal o facilitar la expulsión de un extranjero. Corresponde al Estado justificar la detención a partir de uno de esos seis moti - vos (387). Si la detención no se puede basar en ninguno de esos motivos, automá - ticamente es ilegal (388). Los motivos se interpretan de manera restrictiva (389). No existen disposiciones de alcance general, como la detención para impedir un delito no especificado o el desorden en general. A falta de identificación clara del propósito y el motivo concretos de la detención, la detención es ilegal. El artículo 5.1 f) del CEDH prevé la detención de los solicitantes de asilo y los inmi - grantes en situación irregular en dos situaciones: • para impedir una entrada ilegal en el país; • cuando se trata de una persona contra la que haya un procedimiento de expul - sión o extradición en curso. En cuanto a las otras excepciones al derecho a la libertad, cualquier privación de libertad con arreglo al artículo 5.1 f) del CEDH se debe basar en uno de los motivos específicos que se interpretan de forma restrictiva. (387) Tribunal Supremo del Reino Unido, WL (Congo) 1 & 2 contra Secretary of State for the Home Department; KM ( Jamaica) contra Secretary of State for the Home Department [2011] UKSC 12, 23 de marzo de 2011.

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(388) TEDH, Al-Jedda contra el Reino Unido [GS], n.º 27021/08, 7 de julio de 2011, párr. 99. (389) TEDH, A. y otros contra el Reino Unido [GS], n.º 3455/05, 19 de febrero de 2009.

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223Detención y restricciones a la libre circulación 7 .3.1. Detención para impedir la entrada ilegal en un país En el marco del Derecho de la UE , el Código de fronteras Schengen [Regla - mento (UE) n.º 2016/399] obliga a que se deniegue la entrada a la UE a los nacio - nales de terceros países que no cumplan las condiciones de entrada. Los guardias de fronteras han de impedir la entrada irregular (artículo 14). La legislación nacio - nal de muchos Estados miembros de la UE prevé una privación de libertad de corta duración en la frontera, que a menudo tiene lugar en la zona de tránsito de un aeropuerto. La Directiva sobre condiciones de acogida permite, en virtud de su artí - culo 8.3 c), la detención de solicitantes de asilo que llegan a la frontera cuando sea necesario decidir sobre el derecho de entrada del solicitante. En cuanto al CEDH , con arreglo a su artículo 5, para que la detención sea legal se han de cumplir diversas condiciones. Ejemplo: en el caso Saadi contra el Reino Unido  (390), el TEDH sostuvo que mien - tras un Estado miembro no autorice la entrada al país, cualquier entrada se con - siderará «no autorizada». La detención de una persona que desea entrar en el país pero aún no tiene la autorización correspondiente podría, sin distorsiones lingüísticas, estar dirigida a impedir que entre irregularmente en el territorio en el sentido del artículo 5.1 f) del CEDH. El Tribunal no aceptó la idea de que cuando un solicitante de asilo se entrega a las autoridades de inmigración está intentando entrar regularmente, por lo que su detención no se puede justificar mediante el artículo 5.1 f).

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Entender que esta disposición solo permite la deten - ción de una persona de la que se sabe que intenta soslayar las restricciones de entrada sería una interpretación demasiado limitada de sus términos y del poder del Estado de ejercer su derecho innegable a controlar la libertad de los extranjeros en el contexto de la inmigración. Por otra parte, tal interpretación contradiría la Conclusión n.º 44 de la Comisión Ejecutiva del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, las directrices del ACNUR y la corres - pondiente Recomendación del Comité de Ministros. Todos estos textos prevén la detención de solicitantes de asilo en determinadas circunstancias, como, por ejemplo, mientras se están llevando a cabo comprobaciones de identidad o mientras se determinan los elementos que conforman la base de una solici - tud de asilo. El Tribunal sostuvo que la detención del solicitante durante siete (390) TEDH, Saadi contra el Reino Unido [GS], n.º 13229/03, 29 de enero de 2008, párr. 65.

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224Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración días, en el marco de un procedimiento acelerado de asilo adoptado a raíz de una situación de afluencia masiva, no había constituido una vulneración del artículo 5.1. Ejemplo: en el caso Suso Musa contra Malta  (391), sin embargo, el TEDH consi - deró que, cuando un Estado va más allá de sus obligaciones legales y adopta una legislación que autoriza de forma explícita la entrada o la permanencia de inmigrantes durante el examen de una solicitud de asilo, ya sea de forma independiente o en cumplimiento de la legislación de la UE, cualquier detención ulterior con el fin de evitar una entrada no autorizada puede plantear la cuestión de la legalidad de la detención con arreglo al artículo 5.1 f). Ciertamente, en esas circunstancias, sería difícil considerar la medida estrechamente conectada con el propósito de la detención o considerar la situación acorde con la legislación nacional. De hecho, sería arbitraria y, en consecuencia, contraria al propósito del artículo 5.1 f), que estipula la interpretación clara y precisa de las disposiciones de la legislación nacional. En el asunto Saadi , la legislación nacional (aunque per - mitía la admisión temporal) no concedía al solicitante la autorización formal para permanecer o entrar en el territorio y, por tanto, no se suscitó esta cuestión. Por consiguiente, la cuestión de cuándo dejaba de aplicarse la primera parte del artículo 5, por haberse concedido al solicitante autorización formal para entrar o permanecer en el territorio, dependía en gran medida de la legislación nacional. 7 .3.2.

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Detención a la espera de expulsión o extradición En el marco del Derecho de la UE , algunos de los motivos previstos en el artí - culo 8.3 de la Directiva revisada sobre condiciones de acogida están orientados a reducir el riesgo de fuga. El artículo 15.1 de la Directiva sobre retorno permite la detención para preparar el retorno o para llevar a cabo el proceso de expulsión, a menos que ello se pueda hacer aplicando otras medidas suficientes pero menos coercitivas (véase el apar- t a d o 7. 2 ). La detención está permitida, en especial en los casos en que existe riesgo (391) TEDH, Suso Musa contra Malta , n.º 42337/12, 23 de julio de 2013.

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225Detención y restricciones a la libre circulación de fuga u otras injerencias graves en el proceso de retorno o de expulsión y si existe una perspectiva razonable de expulsión en un plazo razonable. En el artículo 15.5 y 15.6 de la Directiva se establecen plazos máximos. Se han remitido al TJUE diversos asuntos relativos a la encarcelación de nacio - nales de terceros países en procedimientos de retorno por entrada o estancia irregulares (392). Ejemplo: en el asunto El Dridi  (393), se pidió al TJUE que verificase si imponer una sanción de detención penal a un nacional de un tercer país durante el procedi - miento de retorno y con el único motivo de que no había cumplido una orden administrativa de abandonar el territorio en el periodo señalado era compatible con los artículos 15 y 16 de la Directiva sobre retorno. El Tribunal debía deter - minar si la detención se podía haber considerado una medida necesaria para ejecutar la decisión de retorno en el sentido del artículo 8.1 de la Directiva o, por el contrario, se tenía que considerar una medida que comprometía la ejecución de la decisión. Dadas las circunstancias del asunto, el Tribunal sostuvo que la detención penal no era compatible con el objetivo de la Directiva, a saber, el retorno de un individuo a su país de origen acorde con los derechos fundamen - tales, y que no contribuía a la expulsión del nacional de un tercer país del Estado miembro de la UE afectado. Cuando la obligación de retorno no se cumple en el periodo de salida voluntaria, los Estados miembros de la UE han de velar por la ejecución de la decisión de retorno de manera gradual y proporcionada, mediante las medidas menos coercitivas posible y respetando debidamente los derechos fundamentales.

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Ejemplo: en el asunto Achughbabian  (394), el Tribunal examinó si los principios establecidos en el asunto El Dridi también se aplicaban a la condena a prisión de un nacional de un tercer país por un delito de entrada o estancia ilegal en (392) TJUE, C -61/11 PPU, El Dridi, alias Soufi Karim , 28 de abril de 2011; y TJUE, C -329/11, Achughbabian contra Préfet du Val-de-Marne [GS], 6 de diciembre de 2011 (la detención con base en el mantenimiento del orden público no es compatible con los objetivos de la Directiva sobre retorno); TJUE, C -430/11, Procedimiento entablado contra Md Sagor , 6 de diciembre de 2012, y TJUE, C -522/11, Procura della Repubblica contra Abdoul Khadre Mbaye , 21 de marzo de 2013 (imposición de una multa); TJUE, C -297/12, Procesos penales contra Gjoko Filev y Adnan Osmani , 19 de septiembre de 2013; TJUE, C-290/14, Procedimento penal entablado contra Skerdjan Celaj , 1 de octubre de 2015 (detención por vulneración de una prohibición de entrada previa). (393) TJUE, C -61/11 PPU, El Dridi, alias Soufi Karim , 28 de abril de 2011, párr. 59. (394) TJUE, C -329/11, Achughbabian contra Préfet du Val-de-Marne , 6 de diciembre de 2011, párrs. 37 a 39 y 45.

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226Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración el territorio de un Estado miembro de la UE. El Tribunal aclaró que la Directiva sobre retorno no impide a un Estado miembro calificar una estancia ilegal de delito y dictar sanciones penales para disuadir y evitar tal infracción de las nor - mas nacionales de residencia, ni imponer una detención mientras se determina si la estancia es legal. Si la detención se impone antes del procedimiento de retorno o durante este, dicha situación queda cubierta por la Directiva y, por lo tanto, ha de servir para preparar la expulsión. El TJUE consideró que la Directiva sobre retorno no se respetaba, pues la detención penal no tenía por objetivo preparar la expulsión. Esta medida podía obstaculizar la aplicación de las nor - mas y procedimientos comunes y posponer el retorno, lo que socavaría la efec - tividad de la Directiva. Al mismo tiempo, el TJUE no excluyó la posibilidad de que los Estados miembros impongan una detención penal una vez completado el procedimiento de retorno, es decir, si se han aplicado las medidas coercitivas previstas en el artículo 8 pero la expulsión no se ha podido realizar con éxito. Ejemplo: en Affum  (395), el TJUE examinó el caso de una ciudadana de Ghana interceptada por la Policía francesa a la entrada del túnel del canal de la Man - cha mientras transitaba por Francia en camino desde Bélgica al Reino Unido. Ella fue detenida por haber entrado ilegalmente, y se dictó una orden para trasla - darla a Bélgica en virtud de un acuerdo de readmisión entre Francia y Bélgica. El TJUE decidió que la Directiva sobre retorno se aplicaba a los nacionales de terceros países que solo estuvieran presentes brevemente en el territorio del Estado miembro.

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Consideró que la directiva se opone a la legislación nacional que prevé el encarcelamiento por estancia ilegal, ya que frustraría la aplicación del procedimiento de retorno y retrasaría el retorno. Sin embargo, el TJUE aclaró que la Directiva no se opone a la legislación nacional que permite el encarcela - miento de un nacional de un tercer país sujeto a un procedimiento de retorno que permanezca en el territorio sin un motivo justificado de no devolución. En el marco del CEDH , en virtud de la segunda parte del artículo 5.1 f), los Estados miembros del CdE pueden mantener detenido a un individuo a fin de expulsarlo o extraditarlo cuando se haya emitido tal orden y haya una perspectiva razonable de expulsión. La detención es arbitraria cuando no esté en curso o efectuándose de manera activa el procedimiento de extradición conforme al requisito de la diligencia debida. (395) TJUE, C -47/15, Sélina Affum contra Préfet du Pas-de-Calais [GS], 7 de junio de 2016.

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227Detención y restricciones a la libre circulación Ejemplo: en el caso Mikolenko contra Estonia  (396), el solicitante era un nacional ruso que vivía en Estonia. Las autoridades estonias le denegaron la prórroga del permiso de residencia y lo detuvieron de 2003 a 2007. El TEDH aceptó que el solicitante se negó manifiestamente a cooperar con las autoridades durante el proceso de expulsión, pero consideró ilegal su detención, pues no había una perspectiva razonable de expulsión y las autoridades no habían ejecutado los procedimientos con la diligencia debida. Ejemplo: en el caso ante el TEDH M. y otros contra Bulgaria  (397), la expulsión del solicitante a Afganistán se había ordenado en diciembre de 2005, pero la primera vez que las autoridades intentaron proporcionarle un documento de identidad para facilitar la expulsión fue en febrero de 2007. La petición se repitió diecinueve meses después. Durante ese tiempo, el solicitante permaneció dete - nido. Por otra parte, las autoridades búlgaras no habían demostrado que habían intentado enviarlo a otro país. La detención era ilegal y, por falta de diligencia, constituía una vulneración del artículo 5 del CEDH. Ejemplo: en el caso A. y otros contra el Reino Unido  (398), el TEDH sostuvo que una política consistente en mantener la posible expulsión de un solicitante «activamente sujeta a revisión» no era suficientemente segura ni determinante como para equivaler al procedimiento de expulsión en curso contemplado en el artículo 5.1. Estaba claro que el objetivo de la detención no era impedir una entrada no autorizada, y por lo tanto la detención era ilegal.

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Ejemplo: en el caso Popov contra Francia  (399), los solicitantes eran nacionales de Kazajistán que habían llegado a Francia en 2000. Sus solicitudes de estatuto de refugiado y de permiso de residencia fueron denegadas. En agosto de 2007 fueron arrestados y trasladados a un aeropuerto para ser expulsados. El vuelo fue cancelado y la expulsión no se produjo. Entonces fueron trasladados con sus dos hijos, de cinco meses y tres años de edad, a un centro de detención, donde permanecieron quince días. Un segundo vuelo fue cancelado y un juez los dejó libres. Tras volver a presentar la solicitud correspondiente, se les concedió el estatuto de refugiados. El TEDH consideró que, aunque los niños habían sido (396) TEDH, Mikolenko contra Estonia , n.º 10664/05, 8 de octubre de 2009. Véase también TEDH, Al Husin contra Bosnia y Herzegovina (n.º 2) , n.º 10112/16, 25 de junio de 2019. (397) TEDH, M. y otros contra Bulgaria , n.º 41416/08, 26 de julio de 2011, párrs. 75 y 76. (398) TEDH, A. y otros contra el Reino Unido [GS], n.º 3455/05, 19 de febrero de 2009, párr. 167. (399) TEDH, Popov contra Francia , nos 39472/07 y 39474/07, 19 de enero de 2012.

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228Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración llevados con sus padres a un ala reservada para familias, su situación particular no había sido tenida en cuenta y las autoridades no habían intentado averiguar si se podía prever alguna situación alternativa, aparte de la detención adminis - trativa. Por lo tanto, el sistema francés no había protegido adecuadamente el derecho de los niños a la libertad previsto en el artículo 5 del CEDH. 7.4. Casos prescritos por la ley La detención ha de ser legal con arreglo al Derecho nacional, el Derecho de la UE y el CEDH. En el marco del Derecho de la UE , los Estados miembros de la UE están obligados a poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesa - rias para cumplir la Directiva sobre retorno (artículo 20). Del mismo modo, la Direc - tiva revisada sobre condiciones de acogida exige en su artículo 8.3 que los motivos de detención queden recogidos en la legislación nacional. En cuanto al CEDH , su artículo 5.1 establece que «[n]adie puede ser privado de su libertad» salvo «con arreglo al procedimiento establecido por la ley». Esto significa que la legislación nacional debe fijar normas materiales y de procedimiento que determinen cuándo y en qué circunstancias se puede detener a un individuo. El artículo 5 no se refiere únicamente al «Derecho interno», sino también a la «cali - dad de la ley», que ha de ser compatible con el Estado de derecho, concepto inhe - rente a todos los artículos del CEDH. Para que la ley sea de calidad ha de ser suficien - temente accesible, y su aplicación ha de ser lo suficientemente precisa y previsible como para evitar el riesgo de arbitrariedad.

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Cualquier privación de la libertad ha de ajustarse al propósito del artículo 5 del CEDH a fin de proteger al individuo de la arbitrariedad (400). Ejemplo: en el caso S.P. contra Bélgica  (401), el solicitante fue llevado a un cen - tro de detención hasta su inminente expulsión a Sri Lanka. El TEDH dictó una medida provisional por la que suspendía su expulsión y el solicitante fue puesto en libertad once días después. El TEDH declaró que la aplicación de una medida (400) TEDH, Amuur contra Francia , n.º 19776/92, 25 de junio de 1996, párr. 50; TEDH, Dougoz contra Grecia , n.º 40907/98, 6 de marzo de 2001, párr. 55. (401) TEDH, S.P . contra Bélgica (dec.), n.º 12572/08, 14 de junio de 2011.

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229Detención y restricciones a la libre circulación provisional que suspendía de manera temporal el procedimiento de expulsión del solicitante no convertía su detención en ilegal, pues las autoridades belgas seguían teniendo la intención de expulsarlo y, pese a la suspensión, el procedi - miento de expulsión estaba en curso. Ejemplo: en el caso Azimov contra Rusia  (402), el solicitante permaneció bajo detención durante más de dieciocho meses sin que se fijara ningún plazo máximo tras la emisión por el TEDH de una medida provisional que suspendía su expulsión. El TEDH consideró que la suspensión de los procedimientos naciona - les por una medida provisional no debe conducir a que el solicitante se consuma en la cárcel durante un tiempo irracionalmente largo. 7.5. Necesidad y proporcionalidad En el marco del Derecho de la UE , el artículo 15.5 de la Directiva sobre retorno esta - blece que el internamiento (o detención) «se mantendrá mientras se cumplan las condiciones establecidas en el párrafo 1 y sea necesario para garantizar que la expulsión se lleve a cabo de manera satisfactoria». En cada caso debe haber ele - mentos claros y pertinentes que justifiquen la necesidad de la detención más allá de una mera afirmación. El artículo 15.1 de la Directiva se refiere al internamiento con fines de expulsión cuando exista riesgo de fuga, si bien tal riesgo se debe basar en «criterios objetivos» (artículo 3.7). Las decisiones tomadas en virtud de la Directiva se deben adoptar de manera individualizada y basándose en criterios objetivos. A la hora de detener a un individuo se deben tener en cuenta otros factores además del mero hecho de la situación irregular (considerando 6).

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El Derecho de la UE obliga a sopesar si la privación de la libertad es proporcionada respecto del objetivo que se pretende alcanzar o si la expulsión se podría realizar de manera satisfactoria imponiendo medidas menos restrictivas, como alternativas a la detención (artículo 15.1 de la Directiva sobre retorno) (403). (402) TEDH, Azimov contra Rusia , n.º 67474/11, 18 de abril de 2013. (403) TJUE, C -61/11 PPU, El Dridi , alias Soufi Karim , 28 de abril de 2011, párrs. 29 a 62.

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230Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración La Directiva revisada sobre condiciones de acogida permite la detención de solicitan - tes de asilo «cuando se considere necesaria a partir de una evaluación individual» si no se pueden aplicar de manera efectiva otras medidas alternativas menos coerci - tivas (artículo 8.2; véanse también el artículo 28.2 y el considerando 20 del Regla - mento de Dublín ) (404). Además de las cuestiones de legalidad y garantías procesales, la detención también debe respetar plenamente los derechos fundamentales recogidos en el CEDH y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (405). En cuanto al CEDH , su artículo 5 estipula el derecho a la libertad y a la seguridad. El artículo 5.1 f) no prevé la necesidad de pruebas para detener a una persona que intente entrar en el país sin autorización o contra la cual haya un procedimiento de expulsión o extradición en curso (406). Esto contrasta con otras formas de detención cubiertas por el artículo 5.1, en particular, impidiendo que un individuo cometa una infracción o que huya [artículo 5.1) c)] (407). El artículo 9 del PIDCP establece que toda privación de libertad impuesta en un con - texto de inmigración ha de ser legal, necesaria y proporcionada (408). En un asunto relativo a la detención de un solicitante de asilo camboyano en Australia, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha declarado explícitamente que la detención debe ser necesaria y proporcionada para cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 del PIDCP (409).

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(404) Véase también TJUE, asuntos acumulados, C -924/19 PPU y C -925/19 PPU, FMS y otros contra Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság [GS], 14 de mayo de 2020, párrs. 257 a 261. (405) TJUE, C -329/11, Achughbabian contra Préfet du Val-de-Marne [GS], 6 de diciembre de 2011, párr. 49. (406) La legislación nacional puede exigir que se compruebe la necesidad de la detención. Para más información, véanse TEDH, Patrick Muzamba Oyaw contra Bélgica (dec.), n.º 23707/15, 28 de marzo de 2017, párr. 36; y TEDH, J.R. y otros contra Grecia , n.º 22696/16, 25 de enero de 2018, párr. 111. (407) TEDH, Saadi contra el Reino Unido [GS], n.º 13229/03, 29 de enero de 2008, párr. 72. (408) Para más información, véase Comité de Derechos Humanos, Observación General n.º 35 - Artículo 9 (Libertad y seguridad de la persona) , 16 de diciembre de 2014. (409) CDH, A contra Australia , Comunicación n.º 560/1993, opiniones de 30 de abril de 1997.

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231Detención y restricciones a la libre circulación 7.6. Arbitrariedad En el marco del CEDH , el cumplimiento de la legislación nacional es insuficiente. El artículo 5 del CEDH establece que cualquier privación de libertad ha de ajustarse a la necesidad de proteger al individuo frente a la arbitrariedad (410). Es un principio fun - damental que ninguna detención arbitraria puede ser compatible con el artículo 5.1. La noción de «arbitrariedad» va más allá de la falta de conformidad con la legislación nacional: una privación de libertad puede ser legal desde el punto de vista del Dere - cho interno, pero, aun así, arbitraria y, por lo tanto, contraria al CEDH (411). Para evitar que una detención se considere arbitraria en virtud del artículo 5.1 f), se debe realizar de buena fe: ha de estar estrechamente relacionada con el motivo de detención identificado y en el que se base el Gobierno, el lugar y las condiciones de la detención deben ser apropiados, y la duración de la detención no debe exceder lo razonablemente necesario para el fin perseguido (412). La rapidez con la que los tri - bunales nacionales sustituyen una orden de detención que ha expirado o que se ha considerado defectuosa es otro elemento para evaluar si la detención se considera arbitraria (413). Los procedimientos se han de llevar a cabo con la diligencia debida y debe existir una perspectiva razonable de expulsión. Lo que se considere arbitrario dependerá de las circunstancias del asunto. Ejemplo: en el caso Rusu contra Austria  (414), la solicitante fue arrestada cuando intentaba salir de Austria porque había entrado en el país ilegalmente, sin pasa - porte ni visado válidos, y porque carecía de los medios de subsistencia necesa - rios para permanecer en Austria.

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Por estas razones, las autoridades asumieron que, si permanecía en libertad, se fugaría y eludiría los procedimientos. El TEDH reiteró que la detención de un individuo es una medida grave y que, en un con - texto en que la detención fuera necesaria para alcanzar un objetivo definido, sería arbitraria salvo que estuviese justificada como último recurso después de tomar en consideración otras medidas menos graves y haberlas considerado insuficientes para salvaguardar el interés individual o público. El razonamiento (410) TEDH, S., V. y A. contra Dinamarca , nos 35553/12, 36678/12 y 36711/12, 22 de octubre de 2018, párr. 74. (411) TEDH, Saadi contra el Reino Unido [GS], n.º 13229/03, 29 de enero de 2008, párr. 67; TEDH, A. y otros contra el Reino Unido [GS], n.º 3455/05, 19 de febrero de 2009, párr. 164. (412) TEDH, Yoh-Ekale Mwanje contra Bélgica , n.º 10486/10, 20 de diciembre de 2011, párrs. 117 a 119. (413) TEDH, Minjat contra Suiza , n.º 38223/97, 28 de octubre de 2003, párrs. 46 a 48; TEDH, Khudoyorov contra Rusia , n.º 6847/02, 8 de noviembre de 2005, párrs. 136 y 137. (414) TEDH, Rusu contra Austria , n.º 34082/02, 2 de octubre de 2008, párr. 58.

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232Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración de las autoridades para detener a la solicitante era inadecuado y su detención presentaba un elemento de arbitrariedad. Por lo tanto, su detención constituía una vulneración del artículo 5 del CEDH. Ejemplo: en el caso H.A. y otros contra Grecia  (415), los demandantes —nueve niños no acompañados— fueron detenidos en Grecia por falta de documenta - ción y fueron puestos bajo custodia provisional en las comisarías de Policía. El TEDH determinó que se había violado el artículo 5.1 del CEDH, ya que la legisla - ción griega sobre la custodia protectora no establecía ningún plazo máximo que pudiera dar lugar a situaciones arbitrarias en las que la privación de libertad de los niños pudiera durar largos periodos. 7 .6. 1. Buena fe En el marco del CEDH , si las autoridades que llevan a cabo la detención no actúan de buena fe, esta se puede considerar arbitraria. Se viola el artículo 5 del CEDH cuando las autoridades nacionales adoptan una decisión consciente de inducir a error a los nacionales de terceros países para facilitar su expulsión (416). Ejemplo: en el caso Longa Yonkeu contra Letonia  (417), el TEDH rechazó el argu - mento del Gobierno, según el cual el servicio estatal de guardia de fronteras no se enteró de la suspensión de la expulsión del solicitante hasta dos días después de haberlo expulsado. Las autoridades estaban al corriente desde hacía cua - tro días de que el solicitante había pedido asilo por motivos humanitarios, pues habían recibido una copia de su solicitud.

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Además, la legislación nacional le con - fería la condición de solicitante de asilo desde la fecha de su solicitud y, como tal, no podía ser expulsado. Por consiguiente, el servicio estatal de guardia de fronteras no actuó de buena fe al expulsar al solicitante antes de que la autori - dad nacional competente examinara su solicitud de asilo por motivos humanita - rios. Así pues, la detención realizada con este fin fue arbitraria. (415) TEDH, H.A. y otros contra Grecia , n.º 19951/16, 28 de febrero de 2019. (416) TEDH, Čonka contra Bélgica , n.º 51564/99, 5 de febrero de 2002; TEDH, Saadi contra el Reino Unido [GS], n.º 13229/03, 29 de enero de 2008; TEDH, A. y otros contra el Reino Unido [GS], n.º 3455/05, 19 de febrero de 2009. (417) TEDH, Longa Yonkeu contra Letonia , n.º 57229/09, 15 de noviembre de 2011, párr. 143.

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233Detención y restricciones a la libre circulación 7 .6.2. Diligencia debida Tanto el Derecho de la UE como el CEDH establecen el principio de que el Estado miembro debe actuar con la diligencia debida al detener a individuos sujetos a expulsión. En el marco del Derecho de la UE , el artículo 15.1 de la Directiva sobre retorno esta - blece que la detención solo se debe mantener mientras el dispositivo de expulsión esté en curso y se ejecute con la diligencia debida. Por otra parte, el artículo 9.1 y el considerando 16 de la Directiva revisada sobre condiciones de acogida y el artí - culo 28.3 del Reglamento de Dublín incluyen también para solicitantes de asilo una disposición relativa a la diligencia debida. En cuanto al CEDH , la detención con arreglo a la segunda parte del artículo 5.1 f) del CEDH solo está justificada durante los procedimientos de expulsión o extradición. Si tales procedimientos no se llevan a cabo con la diligencia debida, la detención dejará de estar justificada en virtud del CEDH (418). Por lo tanto, los Estados han de realizar un esfuerzo activo para organizar una expulsión, ya sea al país de origen, ya a un tercer país. En la práctica, los Estados no han de limitarse a simples declaraciones de los esfuerzos que realizan en este sentido, sino que han de adoptar medidas concre - tas y aportar pruebas que demuestren los esfuerzos para favorecer la admisión, por ejemplo, cuando la identificación de los propios nacionales de un Estado de acogida por sus autoridades sea excesivamente lenta.

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Ejemplo: en el caso Singh contra República Checa  (419), el TEDH señaló que los solicitantes estuvieron detenidos durante dos años y medio a la espera de la expulsión. Los procedimientos se caracterizaron por periodos de inactividad, y el Tribunal consideró que las autoridades checas deberían haber mostrado una mayor diligencia, especialmente cuando la Embajada de la India manifestó su falta de interés en emitir pasaportes para los solicitantes. Por otra parte, el Tri - bunal señaló que los solicitantes habían sido condenados por un delito menor y que la duración de su detención a la espera de la expulsión había excedido la de la sentencia correspondiente a ese delito. Por consiguiente, el Tribunal (418) TEDH, Chahal contra el Reino Unido , n.º 22414/93, 15 de noviembre de 1996, párr. 113; TEDH, A. y otros contra el Reino Unido [GS], n.º 3455/05, 19 de febrero de 2009, párr. 164; TEDH, Amie y otros contra Bulgaria , n.º 58149/08, 12 de febrero de 2013, párr. 72. (419) TEDH, Singh contra la República Checa , n.º 60538/00, 25 de enero de 2005.

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234Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración consideró que las autoridades checas no habían actuado con la diligencia debida al tramitar el asunto de los solicitantes y que la duración de su detención no había sido razonable. Ejemplo: en el caso H.A. contra Grecia  (420), el solicitante era un ciudadano iraní que llegó a Grecia. Tras ser detenido por la Policía, se le ordenó regresar a Tur - quía, pero Turquía rechazó su admisión. En espera de su expulsión, el deman - dante fue detenido durante un largo periodo de tiempo. El TEDH determinó que las autoridades griegas no habían actuado con la debida diligencia, ya que no adoptaron ninguna medida para llevar a cabo la expulsión durante los cinco meses siguientes a la negativa de Turquía a admitir al solicitante. Esto condujo a una violación del artículo 5.1 del CEDH. 7 .6.3. Perspectiva razonable de expulsión El Derecho de la UE y el CEDH solo justifican la detención cuando existe una perspec - tiva razonable de expulsión en un plazo prudencial. En el marco del Derecho de la UE , cuando la perspectiva razonable de expulsión deja de existir, la detención deja de estar justificada y la persona ha de ser puesta en libertad inmediatamente (artículo 15.4 de la Directiva sobre retorno ). Cuando existen obstáculos a la expulsión, como el principio de no devolución (artículo 5 de la Direc - tiva sobre retorno), normalmente no hay perspectivas razonables de expulsión.

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Ejemplo: en el asunto Kadzoev  (421), el TJCE sostuvo que, cuando el tribunal nacional revisó la detención, era necesario que hubiese una perspectiva real de que la expulsión se podría llevar a cabo con éxito para que se considerase que existía una perspectiva razonable de expulsión. Esa perspectiva razonable no existía cuando era improbable que la persona fuese admitida en un tercer país (422). En un contexto nacional, la Agencia de Fronteras del Reino Unido ha desarrollado un criterio de referencia práctico, según el cual en los casos de expulsión se puede con - siderar que esta expulsión es inminente cuando existe un documento de viaje, se han dado las instrucciones para la expulsión, no hay barreras jurídicas importantes (420) TEDH, H.A. contra Grecia , n.º 58424/11, 21 de enero de 2016. (421) TJCE, C -357/09, Kadzoev (Huchbarov) [GS], 30 de noviembre de 2009, párrs. 65 y 66. (422) Véase también TJUE, C -146/14 PPU, Bashir Mohamed Ali Mahdi , 5 de junio de 2014, párrs. 59 y 60.

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235Detención y restricciones a la libre circulación y es probable que la expulsión tenga lugar en las cuatro semanas siguientes. Sin embargo, si el individuo dificulta la expulsión no cooperando con el proceso de docu - mentación y si ello constituye un obstáculo considerable a la expulsión, estos facto - res tienen un gran peso en contra de su puesta en libertad (423). En cuanto al CEDH , se exigen perspectivas razonables de expulsión. Ejemplo: el caso Al Husin contra Bosnia y Herzegovina (n.º 2)  (424) se refería a un nacional sirio que fue detenido por motivos de seguridad nacional. Se emitió al solicitante una orden de deportación en la que se indicaba que, en caso de que no saliera voluntariamente, se emitiría una orden de deportación adicional en la que se indicaría el país de destino para su expulsión. El solicitante permane - ció detenido por motivos de seguridad nacional durante cuatro años. Se pidió a más de cuarenta países que acogieran al solicitante, pero ninguno accedió. El solicitante fue puesto en libertad tras ocho años de detención ininterrumpida. El TEDH consideró que se había violado el artículo 5.1 porque los motivos de la detención no habían seguido siendo válidos durante todo el periodo de deten - ción debido a la falta de una perspectiva realista de ejecutar la expulsión. 7 .6.4. Duración máxima de la detención En el marco del Derecho de la UE , el artículo 9.1 de la Directiva revisada sobre con - diciones de acogida y el artículo 28.3 del Reglamento de Dublín estipulan que la detención de los solicitantes de asilo ha de ser lo más breve posible.

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Cuando los soli - citantes de asilo están detenidos en virtud del Reglamento de Dublín, se aplican pla - zos reducidos para presentar y contestar a las peticiones de traslado. Según el artículo 15.1 de la Directiva sobre retorno , la detención de personas sujetas a un procedimiento de retorno debe ser lo más corta posible. La Direc - tiva sobre retorno, sin embargo, prevé también un tiempo máximo de detención de seis meses, prorrogable en otros doce meses en circunstancias excepcionales, a saber, en casos de falta de cooperación o de obstáculos para la obtención de la documentación de viaje necesaria (artículo 15.5 y 15.6). Antes de llegar a una pró - rroga excepcional será necesario que las autoridades hayan desplegado todos los (423) United Kingdom Border Agency [Agencia de Fronteras del Reino Unido] (2012), Enforcement Instructions and Guidance: Chapter 55 Detention and Temporary Release . (424) TEDH, Al Husin contra Bosnia y Herzegovina (n.º 2) , n.º 10112/16, 25 de junio de 2019. Véase también TEDH, Mikolenko contra Estonia , n.º 10664/05, 8 de octubre de 2009.

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236Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración esfuerzos razonables para expulsar al individuo. Una vez expirado el periodo de detención de seis meses o, en casos excepcionales, de los doce meses adicionales, la detención no se podrá prorrogar más. Ejemplo: en el asunto Kadzoev  (425), el TJCE consideró que, al haberse alcanzado el plazo máximo de detención previsto en el artículo 15.6 de la Directiva sobre retorno, ya no cabía plantearse si existía una «perspectiva razonable de expul - sión» en el sentido del artículo 15.4. Por lo tanto, la persona afectada debía ser dejada inmediatamente en libertad. Ejemplo: en el asunto FMS y otros  (426), el TJUE proporcionó aclaraciones sobre la duración del internamiento en virtud del acervo de la UE tanto en materia de asilo como de retorno. Aunque el artículo 9 de la Directiva sobre condiciones de acogida no exige que los Estados miembros determinen la duración máxima para internar a los solicitantes de protección internacional, el Derecho nacional debe garantizar que la detención dure solo mientras el motivo de detención siga siendo aplicable. Por el contrario, en caso de detención previa a la expulsión en virtud del artículo 15 de la Directiva sobre retorno, el internamiento prolongado nunca puede durar más de dieciocho meses y puede mantenerse solo mien - tras los trámites de expulsión estén en curso y sean ejecutados con la debida diligencia. En cuanto al CEDH , el artículo 5.1 f) no establece límites máximos a las detencio - nes relacionadas con la inmigración.

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La duración de la detención a los fines del artículo 5.1 f) del CEDH depende de un examen de la legislación nacional y de una evaluación de los hechos particulares del caso (427). Los plazos máximos son un componente esencial de una legislación precisa y previsible que rige la privación de libertad. Ejemplo: en el caso ante el TEDH Mathloom contra Grecia  (428), un nacional ira - quí estuvo detenido durante más de dos años y tres meses a la espera de la expulsión, aunque se había emitido una orden para su libertad condicional. La (425) TJCE, C -357/09, Kadzoev (Huchbarov) [GS], 30 de noviembre de 2009, párr. 60. (426) TJUE, asuntos acumulados, C -924/19 PPU y C -925/19 PPU, FMS y otros contra Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság [GS], 14 de mayo de 2020, párrs. 262 a265 y 278 a 280. (427) TEDH, Auad contra Bulgaria , n.º 46390/10, 11 de octubre de 2011, párr. 128. (428) TEDH, Mathloom contra Grecia , n.º 48883/07, 24 de abril de 2012.

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237Detención y restricciones a la libre circulación legislación griega que rige la detención de personas cuya expulsión ha sido ordenada por los tribunales no establecía un periodo máximo y, por lo tanto, no satisfacía el requisito de «legalidad» del artículo 5 del CEDH, pues no era previsible. Ejemplo: en el caso Louled Massoud contra Malta  (429), un nacional argelino fue llevado a un centro de detención, donde permaneció algo menos de dieciocho meses a la espera de ser expulsado. Durante ese tiempo, el solicitante se negó a cooperar y las autoridades argelinas no se mostraron dispuestas a entregarle documentos de viaje. El TEDH consideró que se trataba de una vulneración del artículo 5.1 y expresó graves dudas en cuanto a la validez de los motivos de la detención del solicitante, es decir, su expulsión prevista, durante todo el periodo de detención. Las dudas afectaban a cuestiones como el periodo de más de dieciocho meses después de la denegación de la solicitud de asilo, la probable inexistencia de una perspectiva de expulsión razonable y la posibilidad de que las autoridades nacionales no hubiesen llevado a cabo los procedimientos con la diligencia debida. Por otra parte, el Tribunal estableció que el solicitante no disponía de ningún recurso efectivo para contestar la legalidad y la duración de su detención. Ejemplo: en el caso Auad contra Bulgaria  (430), el TEDH sostuvo que la duración de la detención no debía exceder el periodo razonablemente necesario para alcanzar el fin perseguido.

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El Tribunal señaló que el TJCE había formulado una observación similar en relación con el artículo 15 de la Directiva sobre retorno en el asunto Kadzoev , pero insistió en que, a diferencia del artículo 15 de la Directiva sobre retorno, el artículo 5.1 f) del CEDH no contenía plazos máximos. Así pues, que la duración de los procedimientos de expulsión pudiera afectar a la legalidad de la detención en virtud de esta disposición únicamente depen - día de las circunstancias particulares de cada caso. (429) TEDH, Louled Massoud contra Malta , n.º 24340/08, 27 de julio de 2010. (430) TEDH, Auad contra Bulgaria , n.º 46390/10, 11 de octubre de 2011.

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238Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración 7.7. Detención de individuos con necesidades específicas En el marco del Derecho de la UE , el artículo 21 de la Directiva revisada sobre condi - ciones de acogida y el artículo 3.9 de la Directiva sobre retorno incluyen una relación de las personas que se consideran vulnerables (véase el capítulo 10 ). Ninguno de los dos instrumentos prohíbe la detención de personas vulnerables, pero cuando están detenidas, el artículo 11 de la Directiva sobre condiciones de acogida y los artícu - los 16.3 y 17 de la Directiva sobre retorno exigen que se preste la debida atención a sus necesidades específicas. Ambas directivas hacen hincapié en que los niños solo deben ser detenidos como medida de último recurso y solo si no se pueden aplicar eficazmente medidas menos coercitivas. La detención tiene que ser por el periodo más corto de tiempo. Se debe hacer todo lo posible para liberar y colocar a los detenidos en un aloja - miento adecuado para niños. Con arreglo a la Directiva sobre condiciones de aco - gida, los niños no acompañados solicitantes de protección internacional solo pueden ser detenidos en circunstancias excepcionales y nunca pueden ser colocados en un alojamiento de prisión. En el caso de los niños no acompañados detenidos en espera de su expulsión, deben ser colocados en instituciones con personal e instalaciones que respondan a las necesidades de las personas de su edad (artículo 17 de la Direc - tiva sobre retorno) (431).

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La Directiva sobre la trata de seres humanos (2011/36/UE) obliga a prestar asisten - cia y apoyo a las víctimas de trata de seres humanos proporcionándoles, por ejem - plo, un alojamiento apropiado y seguro (artículo 11), si bien la Directiva no prohíbe totalmente su detención. En cuanto al CEDH , el TEDH ha revisado los asuntos de inmigración relacionados con la detención de niños y de personas con problemas de salud. El Tribunal consideró que detenerlas en instalaciones no equipadas para atender a sus necesidades es arbitrario y constituye una vulneración del artículo 5 del CEDH, además de que, en (431) Para más información, véase FRA (2017), European legal and policy framework on immigration detention of children [Marco jurídico y político europeo sobre la detención de niños por motivos de inmigración ], Luxemburgo, Oficina de Publicaciones, junio de 2017.

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239Detención y restricciones a la libre circulación algunos casos, plantea problemas con arreglo al artículo 3 del CEDH (432). El Tribu - nal también consideró que los solicitantes de asilo son especialmente vulnerables, en particular, en caso de detención y respecto al contexto y a las condiciones de esta (433). Ejemplo: el caso Yoh-Ekale Mwanje contra Bélgica  (434) trataba de la detención de una nacional camerunesa en una fase avanzada de VIH. Las autoridades conocían la identidad y la dirección fija de la solicitante, y ella siempre había acudido a las citas con las autoridades y había realizado diversos trámites para regularizar su situación en Bélgica. A pesar de que su salud se deterioró durante la detención, las autoridades no se plantearon una opción menos severa, como por ejemplo expedirle un permiso de residencia temporal para salvaguardar el interés público, sino que la mantuvieron detenida durante casi cuatro meses. El TEDH no encontró ninguna relación entre la detención de la solicitante y el obje - tivo del Gobierno de expulsarla y, por lo tanto, consideró que se había producido una violación del artículo 5.1 del CEDH. Ejemplo: en el caso Mubilinanzila Mayeka y Kaniki Mitunga contra Bélgica  (435), el TEDH sostuvo que la detención de niños solicitantes de asilo no acompañados en un centro de detención de adultos constituía una vulneración del artículo 3 del CEDH. Ejemplo: en el caso Muskhadzhieyeva contra Bélgica  (436), el TEDH sostuvo que la detención de cuatro niños chechenos a la espera de un traslado en el marco del Reglamento de Dublín en una instalación no equipada para cubrir las nece - sidades específicas de los niños constituía una vulneración del artículo 3 del CEDH.

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(432) TEDH, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga contra Bélgica , n.º 13178/03, 12 de octubre de 2006; TEDH, Muskhadzhiyeva y otros contra Bélgica , n.º 41442/07, 19 de enero de 2010; TEDH, Kanagaratnam y otros contra Bélgica , n.º 15297/09, 13 de diciembre de 2011; TEDH, Popov contra Francia , nos 39472/07 y 39474/07, 19 de enero de 2012; TEDH, M.S. contra el Reino Unido , n.º 24527/08, 3 de mayo de 2012; TEDH, Price contra el Reino Unido , n.º 33394/96, 10 de julio de 2001. (433) TEDH, S.D. contra Grecia , n.º 53541/07, 11 de junio de 2009; TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011. (434) TEDH, Yoh-Ekale Mwanje contra Bélgica , n.º 10486/10, 20 de diciembre de 2011. (435) TEDH, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga contra Bélgica , n.º 13178/03, 12 de octubre de 2006. (436) TEDH, Muskhadzhiyeva y otros contra Bélgica , n.º 41442/07, 19 de enero de 2010.

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240Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el caso A.M. y otros contra Francia  (437), el TEDH determinó que, si bien las condiciones materiales de los centros de detención previa a la expul - sión eran apropiadas, las condiciones de esos centros eran una fuente de ansie - dad para los niños pequeños. Por lo tanto, la colocación de niños en centros de detención equivalía a un trato inhumano y degradante en violación del artículo 3 del CEDH. Ejemplo: en el caso S.F. y otros contra Bulgaria  (438), el TEDH consideró la deten - ción de una familia con tres hijos en un centro de detención de la Policía de fron - teras y la duración de su estancia. El Tribunal observó que la detención de niños por motivos de inmigración, ya sea acompañados o no, plantea problemas par - ticulares, ya que los niños son extremadamente vulnerables y tienen necesida - des específicas. Independientemente del tiempo de detención, las condiciones en el centro de detención de la Policía no eran adecuadas para los niños. Por consiguiente, el TEDH determinó que se había infringido el artículo 3 del CEDH. Ejemplo: en el caso Bilalova y otros contra Polonia  (439), los demandantes, nacio - nales rusos de origen checheno (una mujer con sus cinco hijos), se quejaron de que la colocación de niños en un centro de detención previa a la expulsión era ilegal.

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El TEDH observó que, por principio, debía evitarse el confinamiento de niños pequeños en esas instalaciones y que solo la colocación a corto plazo en condiciones adecuadas podía ser compatible con el CEDH, siempre y cuando las autoridades establecieran que recurrían a esta medida como último recurso y solo después de haber examinado específicamente que no existía ninguna otra medida menos coercitiva. El Tribunal llegó a la conclusión de que no había pruebas suficientes para demostrar que las autoridades nacionales habían reali - zado esa evaluación y que no se habían adoptado medidas para limitar la dura - ción de la detención. Por lo tanto, la detención de los niños violaba el artículo 5.1 f) del CEDH. Ejemplo: en el caso Bistieva y otros contra Polonia  (440), la solicitante, junto con su marido y sus hijos, llegó a Polonia y solicitó asilo. La solicitud de asilo fue rechazada y la familia huyó a Alemania, pero las autoridades alemanas los enviaron de vuelta a Polonia, donde fueron detenidos. La demandante se quejó (437) TEDH, A.M. y otros contra Francia , n.º 24587/12, 12 de julio de 2016. (438) TEDH, S.F. y otros contra Bulgaria , n.º 8138/16, 7 de diciembre de 2017. (439) TEDH, Bilalova y otros contra Polonia , n.º 23685/14, 26 de marzo de 2020. (440) TEDH, Bistieva y otros contra Polonia , n.º 75157/14, 10 de abril de 2018.

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241Detención y restricciones a la libre circulación de que su detención violaba el derecho al respeto de la vida privada y fami - liar previsto en el artículo 8 del CEDH. El TEDH consideró que la detención de la demandante interfería con el ejercicio efectivo de la vida familiar, ya que las autoridades polacas no habían evaluado las repercusiones de la detención en la familia y los niños y no habían considerado la detención de la familia como una medida de último recurso. El TEDH sostuvo que la observancia del interés superior del niño no podía limitarse a mantener unida a la familia e incluía la adopción de todas las medidas necesarias para limitar la detención de las fami - lias con hijos. Por lo tanto, la detención de la demandante y su familia durante casi seis meses violaba el artículo 8 del CEDH. Ejemplo: en el caso Rantsev contra Chipre y Rusia  (441), el TEDH consideró que las autoridades chipriotas no habían dado una explicación de las razones y el fundamento jurídico para no permitir que la difunta hija del solicitante, víctima de trata de personas, abandonara la comisaría por voluntad propia, en lugar de entregarla a un particular. En estas circunstancias, el Tribunal consideró que su privación de libertad había sido arbitraria e ilegal en virtud del artículo 5 del CEDH. 7.8. Garantías procesales Tanto el Derecho de la UE como el CEDH prevén garantías procesales en relación con la detención de solicitantes de asilo y migrantes. En el marco del Derecho de la UE , la Directiva sobre retorno trata de las garantías específicas cuando los migrantes en situación irregular se enfrentan al retorno.

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La Directiva revisada sobre condiciones de acogida (artículo 9) y el artículo 26.2 de la Directiva sobre procedimientos de asilo (2013/32/UE) incluyen garantías para los solicitantes de asilo. En cuanto al CEDH , su artículo 5 contiene una lista integrada de garantías procesales. Los dos artículos siguientes también se aplican a la privación de libertad en virtud del artículo 5.1 f): (441) TEDH, Rantsev contra Chipre y Rusia , n.º 25965/04, 7 de enero de 2010.

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242Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración • Artículo 5.2: derecho de la persona afectada a ser informada, en el plazo más breve posible y en una lengua que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella. • Artículo 5.4: derecho de la persona afectada a presentar un recurso ante un órgano judicial a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su detención y ordene su puesta en libertad si dicha detención no es legal (442). La detención debe siempre ordenarse por escrito y las órdenes de detención deben emitirse individualmente. La simple mención de los nombres de los niños en la orden de detención emitida contra los padres o cualquier adulto asociado viola el artículo 5.1 del CEDH (443). 7 .8. 1. Derecho a ser informado de los motivos En el marco del Derecho de la UE , el artículo 15.2 de la Directiva sobre retorno obliga a las autoridades a ordenar la detención por escrito y a indicar los fundamentos de hecho y de derecho. Para los solicitantes de asilo se incluyen las mismas condiciones en el artículo 9.2 de la Directiva revisada sobre condiciones de acogida . El TJUE tam - bién reafirmó estos requisitos (444). En cuanto al CEDH , todo detenido debe ser informado de las razones de su detención «en el plazo más breve posible» y «en una lengua que comprenda» (artículo 5.2 del CEDH).

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Esto significa que se ha de comunicar a los detenidos los motivos de hecho y de derecho que justifican su arresto o detención en un lenguaje simple, no técnico, que puedan entender para, si lo consideran necesario, cuestionar su legalidad ante los tribunales con arreglo al artículo 5.4 (445). Ejemplo: en el caso Nowak contra Ucrania  (446), un nacional polaco pre - guntó cuáles eran las razones de su detención, y le respondieron que era un «ladrón internacional». El TEDH sostuvo que difícilmente esa declaración podría (442) TEDH, O.S.A. y otros contra Grecia , n.º 39065/16, 21 de marzo de 2019. (443) TEDH, Moustahi contra Francia , n.º 9347/14, 25 de junio de 2020, párrs. 102 a 104. (444) TJUE, asuntos acumulados C -924/19 PPU y C -925/19 PPU, FMS y otros contra Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság [GS], 14 de mayo de 2020, párrs. 257 y 259. (445) Véanse también TEDH, Khlaifia y otros contra Italia [GS], n.º 16483/12, 15 de diciembre de 2016, párr. 115; TEDH, Čonka contra Bélgica , n.º 51564/99, 5 de mayo de 2002. (446) TEDH, Nowak contra Ucrania , n.º 60846/10, 31 de marzo de 2011, párr. 64.

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243Detención y restricciones a la libre circulación corresponder a la orden de detención que se había redactado en ucraniano y remitía a una disposición del Derecho internacional. El solicitante no poseía conocimientos suficientes del idioma para entender el documento, que recibió el cuarto día de su detención. Antes de eso, no había indicaciones de que se le hubiera notificado que estaba detenido para ser expulsado. Además, el solici - tante no disponía de medios eficaces para presentar recurso mientras perma - necía detenido ni de reclamar una compensación más adelante. Por lo tanto, se había producido una vulneración del artículo 5.2 del CEDH. Ejemplo: en el caso ante el TEDH Saadi contra el Reino Unido  (447), se consideró que un plazo de setenta y seis horas para comunicar los motivos de una deten - ción era demasiado largo y constituía una vulneración del artículo 5.2 del CEDH. Ejemplo: en el caso Dbouba contra Turquía  (448), dos agentes de Policía habían tomado nota de la solicitud de asilo del solicitante al ACNUR. Se comunicó al solicitante que había sido puesto en libertad a la espera de su juicio por perte - nencia a Al Qaeda y que se había iniciado un procedimiento de expulsión contra él. La Policía no facilitó al solicitante ningún documento que le informara de los motivos de su detención. El TEDH sostuvo que las razones de la detención del solicitante nunca le habían sido comunicadas por las autoridades nacionales, lo que constituía una vulneración del artículo 5.2 del CEDH. Ejemplo: en el caso J.R. y otros contra Grecia  (449), tres ciudadanos afganos fue - ron detenidos en un «punto caliente» griego en la isla de Quíos.

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El TEDH con - sideró esto una violación del artículo 5.2 del CEDH. Aunque los demandantes habían recibido un folleto con información sobre los motivos de su detención, el contenido del folleto no era lo suficientemente claro y preciso como para infor - mar a los demandantes de los motivos de su detención. 7 .8.2. Derecho a que se revise la detención En el marco del Derecho de la UE y del CEDH, la clave para evitar una detención arbi - traria es el derecho al control judicial. (447) TEDH, Saadi contra el Reino Unido [GS], n.º 13229/03, 29 de enero de 2008. (448) TEDH, Dbouba contra Turquía , n.º 15916/09, 13 de julio de 2010, párrs. 52 a 54. (449) TEDH, J.R. y otros contra Grecia , n.º 22696/16, 25 de enero de 2018.

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244Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración En el marco del Derecho de la UE , el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fun - damentales establece que toda persona que se encuentre en una situación regida por el Derecho de la UE tiene derecho a un recurso efectivo y a que su causa sea oída equitativa y públicamente dentro de un plazo razonable. El artículo 15.2 de la Directiva sobre retorno y el artículo 9.3 de la Directiva sobre condiciones de acogida requieren un control judicial rápido cuando la detención es ordenada por autorida - des administrativas. Además, el artículo 15.3 de la Directiva sobre retorno y el artí - culo 9.5 de la Directiva sobre condiciones de acogida establecen que la detención se ha de revisar a intervalos razonables cuando lo solicite el nacional del tercer país o de oficio. La revisión debe efectuarse por una autoridad judicial en el caso de los solicitantes de asilo, mientras que, en casos de procedimientos de retorno, solo se requiere revisión por autoridad judicial si la detención es prolongada. Ejemplo: en el asunto FMS y otros  (450), el TJUE reafirmó que la legalidad de la detención, tanto en virtud de la Directiva sobre condiciones de acogida como de la Directiva sobre retorno, debe estar sujeta, sin excepción, a revisión judicial. Esto requiere que, a falta de normas nacionales que prevean una revisión judi - cial, el juez nacional tenga competencia para pronunciarse sobre el asunto y, si considera la detención ilegal, ordenar la liberación de la persona.

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Cuando la prórroga de una medida de internamiento haya vulnerado el derecho a ser oído, el juez nacional competente solo puede ordenar el levantamiento de la medida de internamiento si estima que esa vulneración ha privado efectivamente a quien la invoca de la posibilidad de ejercer mejor su defensa, en tal grado que ese procedimiento administrativo hubiera podido llevar a un resultado diferente (451). Se regula la posibilidad de asistencia jurídica. Por otra parte, en caso de periodos de detención prolongados, las revisiones se someterán a la supervisión de una autori - dad judicial. Las disposiciones relativas a la detención de solicitantes de asilo aún se están negociando. El artículo 47 de la Carta y el artículo 13.4 de la Directiva sobre retorno exigen que se dé a todos los individuos la posibilidad de ser aconsejados, representados y defendidos en cuestiones jurídicas, y que se ofrezca asistencia jurí - dica a los interesados para garantizar el acceso a la justicia. Para los demandantes (450) TJUE, asuntos acumulados C -924/19 PPU y C -925/19 PPU, FMS y otros contra Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság [GS], 14 de mayo de 2020, párrs. 273 a 277. (451) TJUE, C -383/13, M. G. y N. R. contra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie , 10 de septiembre de 2013.

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245Detención y restricciones a la libre circulación de asilo, se incluyen previsiones específicas sobre asistencia jurídica y representa - ción gratuitas en el artículo 9 de la Directiva sobre condiciones de acogida (para más detalles, véase el capítulo 5 ). En cuanto al CEDH , su artículo 5.4 establece expresamente que «toda persona» pri - vada de su libertad ha de tener derecho a presentar un recurso «ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en un plazo breve sobre la legalidad de su deten - ción y ordene su puesta en libertad si dicha detención fuera ilegal». Esta obligación se recoge en el artículo 9.4 del PIDCP. La necesidad de una revisión «en un plazo breve» y la «accesibilidad» del recurso son dos garantías primordiales. El objetivo del artículo 5.4 es garantizar el derecho de un detenido a un control judicial de la medida a la que esté sujeto. Así pues, el artículo 5.4 no se limita a exigir el acceso a un juez para decidir en un plazo breve sobre la legalidad de la detención, sino que además exige que el órgano judicial revise periódicamente la necesidad de una detención continuada. Debe ser posi - ble interponer el recurso durante la detención a fin de que el detenido pueda acce - der a una revisión judicial en un plazo breve, y la revisión ha de ser susceptible de dar lugar a la puesta en libertad si se determina que la detención fue ilícita (452). El recurso debe ser lo suficientemente seguro, tanto en la teoría como en la práctica, como para resultar accesible y efectivo. La existencia de una revisión judicial auto - mática de la detención de inmigrantes no es un requisito esencial en virtud del artí - culo 5.1 del CEDH (453).

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Es especialmente importante que los solicitantes de asilo tengan acceso a una tutela judicial efectiva, pues se encuentran en una situación precaria y es posible que ten - gan que enfrentarse a la devolución. (452) TEDH, Khlaifia y otros contra Italia [GS], n.º 16483/12, 15 de diciembre de 2016, párr. 131; Ilnseher contra Alemania [GS], nos 10211/12 y 27505/14, 4 de diciembre de 2018, párr. 251. (453) TEDH, J.N. contra el Reino Unido , n.º 37289/12, 19 de agosto de 2016, párr. 96.

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246Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el caso Abdolkhani y Karimnia contra Turquía  (454), dos iraníes solicitantes de asilo habían estado detenidos en la comisaría de Policía. El TEDH consideró que no habían tenido a su disposición ningún procedimiento mediante el cual un órgano judicial hubiera podido examinar la legalidad de su detención (455). Ejemplo: en el caso S.D. contra Grecia  (456), un solicitante de asilo había sido detenido pese a no poder ser expulsado por estar a la espera de una decisión sobre su solicitud de asilo. El TEDH sostuvo que se había encontrado en un «vacío legal» por no haberse previsto una revisión directa de su detención a la espera de la expulsión. Ejemplo: en el caso Oravec contra Croacia  (457), el solicitante, sospechoso de trá - fico de drogas, fue detenido y posteriormente puesto en libertad. Tras la ape - lación del fiscal contra su liberación, el solicitante fue nuevamente puesto bajo custodia. El TEDH consideró que la apelación representaba una continuación de los procedimientos que estaban relacionados con la legalidad de la detención del solicitante y que el resultado de la apelación era un factor crucial para deci - dir sobre su legalidad, independientemente de si en ese momento el solicitante estaba detenido. Por lo tanto, el artículo 5. 4 del CEDH resultaba aplicable a las circunstancias del caso. 7.9. Condiciones o regímenes de detención Las propias condiciones de detención pueden vulnerar por sí mismas el Derecho de la UE o el CEDH.

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Tanto el Derecho de la UE como el CEDH exigen que la detención se ajuste a otros derechos fundamentales, que incluyen que las condiciones de priva - ción de la libertad sean humanas, que las familias no queden separadas y que, por lo general, no se detenga a niños ni a individuos vulnerables (véase el apartado 7 .7 , relativo a la detención de individuos con necesidades específicas y niños) (458). (454) TEDH, Abdolkhani y Karimnia contra Turquía , n.º 30471/08, 22 de septiembre de 2009. (455) Véanse también TEDH, Z.N.S. contra Turquía , n.º 21896/08, 19 de enero de 2010; TEDH, Dbouba contra Turquía , n.º 15916/09, 13 de julio de 2010. (456) TEDH, S.D. contra Grecia , n.º 53541/07, 11 de junio de 2009. (457) TEDH, Oravec contra Croacia , n.º 51249/11, 11 de julio de 2017, párr. 65. (458) Para más información, véanse TEDH, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga contra Bélgica , n.º 13178/03, 12 de octubre de 2006 (niños no acompañados); TEDH, Rantsev contra Chipre y Rusia , n.º 25965/04, 7 de enero de 2010 (víctima de trata de seres humanos).

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247Detención y restricciones a la libre circulación En el marco del Derecho de la UE , las condiciones de detención de las personas suje - tas a procedimientos de retorno están reguladas por el artículo 16 de la Directiva sobre retorno , y las de los niños y las familias, en el artículo 17. La detención previa a la expulsión debe tener lugar en instalaciones especializadas, por regla general, y los detenidos deben mantenerse separados de los prisioneros ordinarios (459). Las condiciones de detención de los solicitantes de asilo se regulan en el artículo 10 de la Directiva sobre condiciones de acogida , que contiene disposiciones específicas sobre las personas vulnerables incluidas en el artículo 11. En cuanto al CEDH , el lugar, el régimen y las condiciones de detención han de ser apropiados, pues en caso contrario pueden plantear un problema con arreglo a los artículos 3, 5 u 8 del CEDH. El Tribunal examinará las características individuales de las condiciones y su efecto acumulativo. Esto incluye, entre otros elementos, dónde está detenido el individuo (en el aeropuerto, en una celda de la comisaría de Policía, en la prisión) (460), si se podrían o no usar otras instalaciones, el tamaño de la zona de detención, si esta es compartida y con cuántas personas, la disponibilidad y el acceso a las instalaciones sanitarias, la ventilación y el acceso al aire libre, el acceso al mundo exterior, y si los detenidos sufren enfermedades y tienen acceso a ser - vicios sanitarios. Presentan una importancia particular las circunstancias concretas del individuo: si el detenido es un niño, una persona que ha sufrido torturas, una mujer embarazada, una víctima de trata de personas, una persona de edad avan - zada o una persona con discapacidad.

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Al evaluar las condiciones de detención de un caso concreto, el TEDH tiene en cuenta los informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT). Estos informes aportan también valio - sas orientaciones a los Estados miembros sobre las condiciones que se consideran inaceptables (461). (459) Véanse también TJUE, asuntos acumulados C -473/13 y C -514/13, Adalo Bero contra Regierungsprasidium Kassel y Ettayebi Bouzalmate contra Kriesverwaltung Kleve [GS], 17 de julio de 2014, párr. 32; y TJUE, C -474/13, Thi Ly Pham contra Stadt Schweinfurt, Amt fur Meldewesen und Statistik [GS], 17 de julio de 2014, párrs. 16 y 17. (460) TEDH, Khanh contra Chipre , n.º 43639/12, 4 de diciembre de 2018, párr. 46. (461) Véase, por ejemplo, Consejo de Europa, CPT (2019), Report to the Greek Government on the visit to Greece del 10 al 19 de abril de 2018 .

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248Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en los casos Dougoz , Peers y S.D. contra Grecia  (462), el TEDH estable - ció importantes principios acerca de las condiciones de detención y precisó que los solicitantes de asilo detenidos son especialmente vulnerables, dadas las experiencias que han vivido al huir de la persecución, que podrían aumentar su angustia durante la detención. Ejemplo: en el caso M.S.S. contra Bélgica y Grecia  (463), el TEDH consideró que se había producido una vulneración del artículo 3 del CEDH, no solo en relación con las condiciones de detención del solicitante, sino también en cuanto a sus condiciones generales de vida (acogida) en Grecia. Se trataba de un solicitante de asilo afgano de cuya identidad estaban al corriente las autoridades griegas desde su llegada a Atenas, además de saber que era un potencial solicitante de asilo. Fue detenido inmediatamente sin explicación alguna. En diferentes informes de organismos internacionales y ONG se hacía referencia a la práctica sistemática de las autoridades griegas de detener a los solicitantes de asilo. Las declaraciones del solicitante, que afirmaba haber sido sometido a tratos bruta - les por parte de la Policía, coincidían con los testimonios recogidos por las orga - nizaciones internacionales, y en especial por el CPT. Las averiguaciones realiza - das por el CPT y el ACNUR también confirmaban las declaraciones del solicitante sobre las condiciones insalubres y el hacinamiento en el centro de detención cercano al aeropuerto internacional de Atenas. Aunque el solicitante estuvo detenido durante un tiempo relativamente breve, las condiciones de detención fueron inaceptables.

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El TEDH sostuvo que el solicitante debía de haber experi - mentado sensaciones de arbitrariedad, inferioridad y ansiedad, y que sin lugar a dudas las condiciones de detención habían tenido un profundo efecto en su dignidad y equivalían a un trato degradante. Además, al tratarse de un solici - tante de asilo, era especialmente vulnerable a causa de su migración y de las experiencias traumáticas que probablemente había vivido. El Tribunal consideró que se había producido una vulneración del artículo 3 del CEDH. (462) TEDH, Dougoz contra Grecia , n.º 40907/98, 6 de marzo de 2001; TEDH, Peers contra Grecia , n.º 28524/95, 19 de abril de 2001; TEDH, S.D. contra Grecia , n.º 53541/07, 11 de junio de 2009. (463) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011.

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249Detención y restricciones a la libre circulación El artículo 3 del CEDH exige que los Estados adopten medidas específicas en el caso de los detenidos en huelga de hambre. El TEDH ha considerado problemático el ais - lamiento de un detenido que se encuentra en una etapa avanzada de una huelga de hambre y puede presentar un mayor riesgo de perder el conocimiento, a menos que se tomen las medidas adecuadas para supervisar su estado de salud (464). Ejemplo: el caso Ceesay contra Austria  (465) se refiere a un ciudadano gam - biano que murió por deshidratación en detención previa a la expulsión. En la mañana de su muerte fue llevado al hospital. Parecía un hombre físicamente apto que era agresivo, porque no quería ser examinado. Se le consideró apto para la detención y posteriormente fue puesto en aislamiento debido a su com - portamiento agresivo. Su estado de salud decayó precipitadamente y murió. La autopsia reveló que sufría de anemia falciforme no diagnosticada. El TEDH consideró que el Ministerio del Interior de Austria había emitido procedimientos claros para los eventos de huelga de hambre. Los médicos visitaban regular - mente al detenido, incluso en su último día, y durante el aislamiento la Policía lo controlaba cada 15-30 minutos. Si bien su comportamiento agresivo podía ser un signo de deshidratación ya avanzada y de la consiguiente desintegración de sus células sanguíneas debido a la anemia falciforme, eso no era previsible en el momento de los hechos. El TEDH llegó a la conclusión de que no se podía culpar a las autoridades por no haber examinado al detenido para detectar la anemia falciforme y no constató ninguna violación del artículo 3 del CEDH.

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Entre las fuentes de derecho indicativo sin carácter vinculante pertinentes a esta cuestión figuran las Veinte directrices sobre el retorno forzoso del CdE (466) y las nor - mas penitenciarias europeas (467). 7.10. Indemnización por detención ilegal Tanto el Derecho de la UE como el CEDH prevén el pago de indemnizaciones a las personas detenidas ilegalmente. (464) TEDH, Palushi contra Austria , n.º 27900/04, 22 de diciembre de 2009, párr. 72 (465) TEDH, Ceesay contra Austria , n.º 72126/14, 16 de noviembre de 2017. (466) Consejo de Europa, Comité de Ministros, Twenty guidelines on forced return , 4 de mayo de 2005. (467) Consejo de Europa, Comité de Ministros, Recommendation Rec(2006)2-rev on the European Prison Rules , 11 de enero de 2006, revisado y modificado el 1 de Julio de 2020.

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250Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración En el marco del Derecho de la UE , el TJCE estableció en el asunto Francovich  (468) que los tribunales nacionales han de reparar los daños causados cuando un Estado miembro de la Unión vulnera una disposición de la UE. El principio aún no se ha aplicado a las vulneraciones causadas por la no aplicación de una directiva por un Estado miembro en el contexto de la detención de inmigrantes. En cuanto al CEDH , su artículo 5.5 establece que «[t]oda persona víctima de un arresto o detención contrarios a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación». Por lo tanto, para que haya una reparación se ha de producir una vulneración de uno o más párrafos del artículo 5 del CEDH (469). Puntos clave • Tanto de conformidad con el Derecho de la UE como con el CEDH, la privación de liber - tad ha de ser una medida de última instancia que solo se aplicará una vez agotadas las posibilidades de medidas alternativas menos intrusivas (véase el  apartado 7 .2 ). • En virtud del CEDH, la situación concreta de un individuo puede equivaler a la privación de libertad, descrita en el artículo 5 del CEDH, o a la restricción de la libre circulación, descrita en el artículo 2 del Protocolo n.º 4 del CEDH (véase el  apartado 7 .1 ). • De conformidad con el CEDH, la privación de libertad debe estar justificada para un objetivo concreto definido en el artículo 5.1 a) a 5.1 f), ser ordenada con arreglo a un procedimiento previsto por la ley y no ser arbitraria (véase el apartado 7.3 ).

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• En el marco del Derecho de la UE, una privación de libertad ha de ser conforme a la ley (véase el apartado 7 .3 ), necesaria y proporcionada (véase el  apartado 7 .5 ). • El Derecho de la UE establece para la detención previa a la expulsión una duración máxima de seis meses, que excepcionalmente se podrá prorrogar hasta alcanzar un máximo de dieciocho meses. El CEDH no contiene límites de tiempo máximos para la detención de inmigrantes, pero de acuerdo con la jurisprudencia del TEDH, la legisla - ción nacional debe establecer un periodo máximo y la legalidad de la duración de la detención depende de las circunstancias particulares del caso (véase el apartado 7 .6.4 ). (468) TJCE, asuntos acumulados C -6/90 y C -9/ 90, Francovich y Bonifaci y otros contra República Italiana , 19 de noviembre de 1991. (469) TEDH, Lobanov contra Rusia , n.º 16159/03, 16 de octubre de 2008, párr. 54.

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251Detención y restricciones a la libre circulación • Tanto el Derecho de la UE como el CEDH exigen una perspectiva razonable de expul - sión de la persona detenida para ser expulsada (véase el apartado 7 .6.3 ) y que los procedimientos de expulsión se lleven a cabo con la diligencia debida (véase el apartado 7 .6.2 ). • Toda privación de libertad debe cumplir las garantías procesales previstas en el artí - culo 5.2 del CEDH, relativas al derecho de las personas a ser informadas de los motivos de la detención. Bajo el Derecho de la UE, la Directiva sobre condiciones de acogida obliga a ordenar la detención por escrito y a exponer los motivos de hecho y de dere - cho (véase el apartado 7 .8 ). • Tanto en virtud del Derecho de la UE como del CEDH, las personas privadas de su liber - tad tienen el derecho a un recurso efectivo y a que la decisión de detención se revise en un plazo breve (véase el apartado 7 .8 ). • El Derecho de la UE y el CEDH establecen que la privación de la libertad y la limitación de la libre circulación deben respetar otras garantías de los derechos humanos, como que las condiciones de detención respeten la dignidad humana, que la salud de los individuos no se ponga nunca en peligro y la necesidad de una consideración especial para los miembros de grupos vulnerables (véanse los apartados 7 .7 y 7.9). • Un individuo que haya sido detenido de manera arbitraria o ilegal puede pedir una reparación por daños al amparo tanto del Derecho de la UE como del CEDH (véase el apartado 7 .10 ).

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Jurisprudencia y bibliografía recomendada: Se puede encontrar jurisprudencia complementaria consultando las directrices Cómo consultar la jurisprudencia de los tribunales europeos , en la página 359 de este manual. Se puede encontrar más material relacionado con las cuestiones tratadas en este capítulo en el apartado « Bibliografía recomendada », en la página  325.

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2538 Retornos forzosos y modalidades de expulsión UE Temas tratados CdE Directiva 2008/115/CE sobre retorno Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas (UE) n.º 2019/1896 Decisión (2004/573/CE) del Consejo relativa a la organización de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsiónEjecución de la expulsión de forma segura, digna y humanaComité de Ministros, Veinte directrices sobre el retorno forzoso , 2005, directriz 19 Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo , artículo 48Confidencialidad Comité de Ministros, Veinte directrices sobre el retorno forzoso , 2005, directriz 12 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 2 (derecho a la vida) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 8.4Daños graves causados por medidas de contenciónCEDH , artículo 2 (derecho a la vida) CEDH , artículo 3 (prohibición de tortura y otros tratos degradantes) Comité de Ministros, Veinte directrices sobre el retorno forzoso , 2005, directriz 19

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254Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración UE Temas tratados CdE Investigaciones TEDH, Tarariyeva contra Rusia , n.º 4353/03, 2006 (asistencia médica en las prisiones) TEDH, Taïs contra Francia , n.º 39922/03, 2006 (comprobación de las condiciones médicas durante la detención) TEDH, Ramsahai y otros contra los Países Bajos [GS], n.º 52391/99, 2007 (sistema efectivo) TEDH, Armani Da Silva contra el Reino Unido [GS], n.º 5878/08, 2016 (investigación efectiva) Introducción En este capítulo se examina la manera en la que un Estado puede expulsar a aque - llos que no sean nacionales de dicho Estado. Los obstáculos legales a la expulsión, tales como los obstáculos a la expulsión de solicitantes de asilo, se examinan en los capítulos 1 , 4 y 5. Ya sea por aire, por tierra o por mar, el traslado de las personas expulsadas se ha de llevar a cabo de manera segura, digna y humana. En ocasiones, durante el proceso de expulsión han fallecido personas por asfixia o por haber sufrido heridas graves. También se han producido muertes en centros de detención antes de que la expul - sión pudiera tener lugar. Por otra parte, el proceso de expulsión puede aumentar el riesgo de autolesión o suicidio, tanto durante la detención antes de la expulsión como durante la propia expulsión. En cuanto al Derecho de la UE, los retornos forzosos están regulados por la Direc - tiva sobre retorno (2008/115/CE).

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Las actividades de Frontex en el área de retorno están reguladas por el Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas [Reglamento (UE) 2019/1896] . Las operaciones conjuntas de retorno por aire están reguladas por la Decisión 2004/573/CE del Consejo . En virtud de la legislación de la Unión Europea, los sistemas de información de gran magnitud de la UE contienen información sobre los migrantes en situación irregular, que se utilizan en los procesos relacionados con la migración, incluida la facilitación de los retornos (véase el apartado 2.1 ).

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255Retornos forzosos y modalidades de expulsión Al TEDH se le ha pedido en muy pocas ocasiones que examine las modalidades de expulsión. Sin embargo, la jurisprudencia es abundante, principalmente en relación con los artículos 2, 3 y 8 del CEDH. Esta jurisprudencia se refiere al uso de la fuerza en general por las autoridades, la necesidad de proteger a los individuos de los daños y la obligación procedimental de las autoridades de investigar cómo se mane - jan las situaciones en las que se podría haber sometido a un individuo a daños gra - ves. Estos principios generales también pueden ser aplicables en ciertas situaciones particulares, como en el contexto de los retornos forzosos. Este aspecto se analizará más detalladamente. Además de las disposiciones legislativas, existen importantes instrumentos jurídi - cos no vinculantes relativos a esta cuestión concreta. Las Veinte directrices sobre el retorno forzoso del CdE ofrecen información útil, por lo que se mencionan en diver - sas ocasiones a lo largo de este capítulo (470). Las normas del CPT también incluyen un apartado dedicado a los retornos por aire (471). A menudo, los retornos son posibles gracias a los acuerdos de readmisión celebra - dos a nivel político u operativo. En la UE se pueden firmar acuerdos de readmisión con la Unión o con Estados miembros individuales. En el periodo 2004-2020 se fir - maron dieciocho acuerdos de readmisión con la UE (472). Se están llevando a cabo negociaciones con cinco países (473). 8.1.

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Ejecución de una expulsión segura, digna y humana En el marco del Derecho de la UE , la Directiva sobre retorno afirma que los retornos forzosos se han de llevar a cabo con el debido respeto a la dignidad y la integri - dad física de la persona de que se trate (artículo 8.4). Por otra parte, se ha de dar prioridad a las salidas voluntarias (artículo 7) y se ha de crear un sistema eficaz de (470) Consejo de Europa, Comité de Ministros, Twenty guidelines on forced return , 4 de mayo de 2005. (471) Consejo de Europa, CPT (2003), Los estándares del CPT: Deportación de extranjeros por vía aérea . (472) Hong Kong, Macao, Sri Lanka, Albania, Rusia, Ucrania, República de Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia, Moldavia, Pakistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Cabo Verde y Belarús. Véase también la página web de la Comisión Europea en Return & readmission. La Unión Europea firmó acuerdos de readmisión jurídicamente no vinculantes con Afganistán, Etiopía, Ghana, Níger y Nigeria. (473) Argelia, China, Jordamia, Nigeria y Túnez. Véase también Comisión Europea, Estado de la Unión 2018: Una política europea de retorno más firme y eficaz .

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256Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración control de retornos forzosos (artículo 8.6) (474). En el anexo a una Decisión del Con - sejo de 2004 , las directrices comunes sobre las normas de seguridad en las expul - siones conjuntas por vía aérea orientan, entre otras cosas, en las cuestiones médi - cas, la formación y la conducta de los escoltas y el uso de medidas coercitivas (475). La Directiva sobre retorno obliga a tener en cuenta el estado de salud del indivi - duo en el proceso de expulsión (artículo 5). En caso de retorno por vía aérea, por lo general será necesario que un médico certifique que la persona es apta para viajar. El estado físico y la capacidad mental de la persona también pueden ser razones de un posible aplazamiento de la expulsión (artículo 9). Al llevar a cabo las expulsio - nes se ha de tener en cuenta debidamente el derecho a la vida familiar (artículo 5). La legislación y la política nacionales también pueden abordar cuestiones sanitarias concretas, cuando se trata, por ejemplo, de mujeres en la última fase del embarazo. La Directiva sobre retorno exige que los niños no acompañados solo sean devueltos a miembros de su familia, a un tutor designado o a unos servicios de acogida ade - cuados (artículo 10) (476). En el marco del CEDH , los Estados tienen una obligación positiva de abstenerse de maltratar a cualquier persona que se encuentre dentro de su jurisdicción o bajo su control, independientemente de su condición de migrante. Se deberá evaluar si las heridas o los daños que los agentes estatales puedan haber infligido a los individuos que estén bajo su tutela y control presentan suficiente gravedad como para apli - car el artículo 3 del CEDH.

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Las vulnerabilidades particulares del individuo, como las (474) Para más información sobre las prácticas de los Estados miembros de la UE, véase FRA, Forced return monitoring systems - 2020 update [Sistemas de monitorización del retorno forzoso – Actualización de 2020. . (475) Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la organización de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión, DE 2004 L 261/28. Véase también Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas (2018), Code of Conduct: For return operations and return interventions coordinated or organised by Frontex , Frontex, Varsovia (solo disponible en inglés) . (476) Véase también FRA (2019), Returning unaccompanied children: fundamental rights considerations [Retorno de niños no acompañados: consideraciones de derechos fundamentales] , Luxemburgo,Oficina de Publicaciones, septiembre de 2019 (solo disponible en inglés).

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257Retornos forzosos y modalidades de expulsión derivadas de su edad, el embarazo o los problemas de salud mental, se han de tener en cuenta (477). Los migrantes en situación irregular sujetos a expulsión deben ser declarados «aptos para viajar» (478). De conformidad con las Veinte directrices sobre el retorno forzoso del CdE, las auto - ridades deben cooperar con las personas que van a ser expulsadas para limitar la necesidad del uso de la fuerza, y las personas que van a ser expulsadas han de tener la oportunidad de prepararse para el retorno (directriz 15). Además, las personas que van a ser expulsadas han de ser aptas para viajar (directriz 16). 8.2. Confidencialidad Es importante asegurarse de que solo se entrega al país de retorno la información necesaria para facilitar la expulsión, a fin de proteger la confidencialidad de la infor - mación obtenida en el proceso de asilo. Los escoltas que acompañen a una persona expulsada desde el centro de detención hasta el punto de retorno también deberán garantizar esa confidencialidad. En el marco del Derecho de la UE , la información obtenida durante los procedimien - tos de asilo se rige por el artículo 48 de la Directiva sobre procedimientos de asilo (2013/32/UE), que obliga a los Estados miembros a respetar la confidencialidad de toda la información obtenida. El artículo 30 de la Directiva ofrece garantías de no revelación de información a presuntos agentes de la persecución cuando recojan información sobre solicitudes de asilo individuales. En cuanto al CEDH , la vulneración de la confidencialidad podría plantear problemas en el ámbito de aplicación de su artículo 8 y, si la vulneración conlleva riesgo de malos tratos en caso de retorno, puede corresponder al ámbito de aplicación de su artículo 3.

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El TEDH determinó que la violación de la confidencialidad en el proceso de expulsión era contraria al artículo 3 del CEDH, ya que la revelación de información de que el repatriado era sospechoso de terrorismo podía dar lugar a un riesgo de malos tratos (479). (477) TEDH, Shioshvili y otros contra Rusia , n.º 19356/07, 20 de diciembre de 2016, párrs. 85 y 86;TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011; TEDH, Darraj contra Francia , n.º 34588/07, 4 de noviembre de 2010; TEDH, Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga contra Bélgica , n.º 13178/03, 12 de de octubre de 2006; TEDH, Moustahi contra Francia , n.º 9347/14, 25 de junio de 2020, párrs. 68 a 70. (478) TEDH, Al-Zawatia contra Suecia (dec.), n.º 50068/08, 22 de junio de 2010, párr. 58. (479) TEDH, X. contra Suecia , n.º 36417/16, 9 de enero de 2018, párrs. 55 a 61.