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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2° JUZGADO CIVIL - Sede Central
EXPEDIENTE : 00792-2011-0-1101-JR-CI-02
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
JUEZ : LAPA YAURI VIVIANA
ESPECIALISTA : DE LA CRUZ HILARIO WILLIAM
APODERADO : SAEZ REQUENA, JULIO CESAR
MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA SUPERIOR CIVIL,
DEMANDADO : PROCURADOR AD HOC DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA,
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE HUANCAVELICA,
HUAMAN GUTIERREZ, RUFINO LORENZO
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE HUANCAVELICA,
DEMANDANTE : ALARCON JUZCAMAITA, JORGE MARCIAL
RESOLUCIÓN N° 24.
Huancavelica, Catorce de junio//
Del Dos Mil Veintitrés. -
AUTOS Y VISTOS: Al cargo de ingreso de escrito N° 3473-2023, por el cual,
el Archivo Central de ésta Corte Superior de Justicia devuelve el presente proceso, en mérito a los
argumentos y anexos allí adjuntados, y;
CONSIDERANDO:
Primero: El artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Perú, está referido a la independencia en
el ejercicio de la función jurisdiccional, que: “Ninguna autoridad puede (…) puede dejar sin efecto
resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni
modificar sentencias ni retardar su ejecución (…)”; norma concordante con lo previsto en el artículo 4 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual está referido al Carácter Vinculante de las Decisiones
Judiciales. Principios de la Administración de Justicia, que establece: “Toda persona y autoridad está
obligada a acatar y a dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas
de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus
fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o
administrativa que la ley señala.
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del
Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se
puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni
retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política administrativa,
civil y penal que la ley determine en cada caso (…)”.
Segundo: Por los principios de vinculación y de formalidad, las normas del Código Procesal Civil, son de
carácter imperativo y de cumplimiento obligatorio, salvo regulación permisiva en contrario, conforme lo
prescribe el artículo IX del Título Preliminar de la norma invocada, aplicable de manera supletoria,
conforme lo prescribe la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 27584 – Ley que regula el
Proceso Contencioso Administrativo. Tercero: Para una correcta aplicación y/o imposición de una futura multa, los requerimientos judiciales
deben efectuarse de manera personalísima a los funcionarios y/o servidores [públicos y privados],
teniendo en consideración de manera obligatoria, las siguientes pautas:
a. El notificador judicial al apersonarse a la entidad pública y/o privada [cuando se trate de la entrega
de una cédula de notificación y/u oficio personal], deberá entrevistarse con el representante legal
y/o titular de la entidad para su entrega de manera personal de la cédula de notificación u oficio,
quien al otorgar su conformidad consignará sus datos personales, incluido el día y la hora de
recepción; en el caso de la negativa de su recepción, el notificador deberá dejar constancia de
dicha actuación.
b. En el hipotético caso, de que el notificador judicial entregue [ante la ausencia del representante
legal y/o titular de la entidad] la cédula de notificación y/u oficio a mesa de partes de la entidad y/o
a la secretaría personal del funcionario o servidor; quien en el ejercicio de sus funciones y bajo
responsabilidad entregará [al día siguiente hábil de su recepción] mediante documento u otro
análogo al representante legal y/o titular el documento recepcionado [debiendo comunicar de
manera documentada a ésta instancia judicial para los fines pertinentes de ley].
Cuarto: El requerimiento efectuado por esta instancia judicial solamente surte sus consecuencias
jurídicas, cuando se haya practicado en la forma indicada en el considerando precedente, contrario
sensu, carece de validez legal, razones por las cuales, el requerimiento debe realizarse de manera
personal en el domicilio laboral a la cual representa, siendo que, para los fines de la presente el
representante legal y/o titular de la entidad [se entiende que se encuentra laborando de Lunes a Viernes
en horario de oficina <8:00 a.m. – 5:00 p.m.>, salvo que se encuentre de licencia].
Para los fines de los procesos judiciales, el representante y/o titular de la entidad, se encuentra en el
deber y obligación de recepcionar la documentación respectiva de manera personal al notificador judicial
[salvo que se encuentre ocupado y/o en otras actividades propias del cargo], bajo responsabilidad civil,
penal y administrativa. Por las consideraciones antes expuestas y estando a las normas glosadas.
SE RESUELVE:
1. TÉNGASE por remitido el presente proceso en el estado en que se encuentra, efectuado por el
Archivo Central de esta Corte Superior de Justicia y consecuentemente, y A CONOCIMIENTO de
los sujetos procesales [demandante y demandado], que el presente proceso se encuentra en esta
secretaría para los fines pertinente de ley.
2. REQUIÉRASE de manera personal al representante legal y/o titular de la entidad demandada
[Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica], a fin de que, dentro del plazo de QUINCE
DÍAS DE NOTIFICADO cumpla con lo ordenado en Sentencia de Vista (Res. Nro. 15), de
fs.194/199, donde se confirmó declarar fundada la demanda contencioso administrativa
interpuesta por Jorge Marcial Alarcon Juzcamaita; en sus propios términos, y conforme ordena el
mandato judicial, bajo apercibimiento de imponerse sanciones administrativas, penales y civiles [conforme al auto de vista de fecha 21 de noviembre del 2022 – Exp. N° 00122-2016-93-1101-JR-
LA-02], conforme al siguiente detalle:
a) Sanción Civil: Imponerse una multa pecuniaria de 02 URP, y de persistir con su
incumplimiento se procederá a imponerse la multa pecuniaria progresiva de 03 URP, además
de imponerse las sanciones penales y administrativas. Precisándose que la multa a
imponerse afectará su remuneración personal [no se puede afectar el presupuesto de la
entidad a la que representa], con tal fin Cúrsese el oficio respectivo.
3. EXHÓRTESE a la encargada de mesa de partes y/o secretaria personal del representante legal
y/o titular de la entidad demandada [Unidad de Gestión Educativa Local de Huancavelica],
proceder conforme la literal b) del tercer considerando de la presente.
4. ADICIONESE a la Resolución S/N de fecha 30 de mayo del año en curso, la Resolución N° 23,
dejándose incólume y subsistente todo lo demás que contiene dicha resolución. AL PRIMER
OTROSÍ: TÉNGASE por VARIADO su domicilio procesal al ubicado en la Av. Celestino
Manchego Muñoz Nro. 455 – Cercado de Huancavelica y su Casilla Electrónica con Nro.
11462, donde se le harán llagar las ulteriores notificaciones que emanen de este despacho judicial
con las formalidades de ley. AL SEGUNDO y TERCER OTROSI: TENGASE presente.
NOTIFÍQUESE a las partes procesales con arreglo a ley. - |
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JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE BARRANCA
Expediente : 00865-2011-99-1301-JR-CI-01
Materia : Acción de Amparo
Demandante : Cesar Adolfo Solano Mendoza
Demandado : Empresa QUIMPAC S.A.
: Organización AYLLU S.A.C.
: Organización IRUN SA.
Juez : Juan Carlos Paredes Cusquisiban
Especialista : Frida Dina Aurora Asencios López
Resolución Nro. 19
Barranca, 24 de setiembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS; Avocándose al conocimiento del presente proceso el Señor Juez que
suscribe y actúa por disposición Superior, en merito a la Resolución Administrativa N° 231-2018-
P-CSJHA-PJ.- y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: En el presente cuaderno de medida cautelar, mediante resolución n.° 01 del 14
de marzo de 2013 (Fs. 42-44), se concedió a favor de los demandante Cesar Adolfo
Solano Mendoza la Medida Cautelar Innovativa, ordenándose reponer preventivamente
a el demandante en su puesto habitual de trabajo de Operador de Compresora de Cloro
y Horno Francés (HCL), o cargo análogo de igual nivel, en la planta Álcalis, propiedad de
la codemandada QUIMPAC S.A., ubicado en la Zona Industrial – Paramonga.
SEGUNDO: El artículo 612° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso,
expresa claramente que “Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es
provisoria, instrumental y variable”.
Así pues, el carácter instrumental está referida a que mediante una medida cautelar se
va a proteger anteladamente un derecho pretendido en la demanda, esto es el derecho
especificado en la demanda; por consiguiente, toda medida cautelar que se solicita
tiene que estar ligada a la pretensión que motiva la demanda y depender de esta, de
ahí que no puede existir un proceso cautelar sin la existencia de un proceso definitivo.
TERCERO: Al respecto el artículo 630 del Código Procesal Civil, establece:
Artículo 630.- Cancelación de la medida
Si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda
cancelada, aunque aquella hubiere sido impugnada. Sin embargo, a pedido del solicitante el
Juez podrá mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la instancia superior,
siempre que se ofrezca contracautela de naturaleza real o fianza solidaria."
Siendo acreditada esta situación en dos escenarios: (i) cuando la sentencia de primera
instancia desestima la demanda, aunque sea impugnada y (ii) cuando la sentencia de
primera instancia es favorable y el Superior Jerárquico ordena su revocatoria, aunque sea
impugnada.
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE BARRANCA
Para Ledesma Narváez “La medida cautelar cambia según se ampare o rechace la pretensión principal,
la medida se levanta si la sentencia desestima la demanda, pero si la sentencia ampara la pretensión, la
medida cambia para dar paso a la ejecución forzada de la sentencia. La eficacia de la medida cautelar va
estar condicionada a la existencia de una sentencia firme, pero en el supuesto que hubiere sentencia en
primera instancia que desestima la demanda, la que es materia de apelación, la medida cautelar queda
cancelada”. En tanto que, para Rivas 1“la cancelación de pleno derecho de la medida cautelar es porque
esa sentencia es declarativa en grado de certeza de la inexistencia del derecho que justificó la medida
cautelar, fundada solo en el nivel de la verosimilitud”2.
CUARTO: En el presente caso, es de aplicación el dispositivo legal antes indicado, en
virtud a que de la revisión del Sistema Integrado Judicial (SIJ), se verifica que obra en el
expediente principal, la sentencia de segunda instancia, emitida por la Sala Superior de
Emergencia de esta Corte, dictada el 11 de febrero de 2015 contenida en la resolución
n.° 36, que revocó la sentencia (resolución n.° 29), y reformándola declaró improcedente
la demanda.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional del Perú emitió Sentencia Interlocutoria del 14
de setiembre de 2017 (Exp. N° 02769-2015-PA/TC), mediante la cual declaró
Improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante.
Es decir, el presente expediente cuenta con sentencia desestimatoria firme.
QUINTO: De lo expuesto se verifica que efectivamente al haberse se concedió a favor del
demandante Cesar Adolfo Solano Mendoza la Medida Cautelar Innovativa (reposición)
mediante resolución 01, la misma debe ser cancelada, ya que en el presente proceso se
ha desestimado, por ende, se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 630
del Código Procesal Civil.
Por los fundamentos expuestos, éste Juzgado RESUELVE: DAR POR CANCELADA la Medida
Cautelar Innovativa ordenada mediante resolución n.° 01 del 14 de marzo de 2013.
1RIVAS, Adolfo. Las medidas cautelares en el proceso civil peruano. Universidad Antenor Orrego, Rodhas, Lima, 2000, p.51.
2LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. La tutela cautelar en el proceso civil, p. 531.
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JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE BARRANCA
Expediente : 00865-2011-99-1301-JR-CI-01
Materia : Acción de Amparo
Demandante : Cesar Adolfo Solano Mendoza
Demandado : Empresa QUIMPAC S.A.
: Organización AYLLU S.A.C.
: Organización IRUN SA.
Juez : Juan Carlos Paredes Cusquisiban
Especialista : Frida Dina Aurora Asencios López
Resolución Nro. 19
Barranca, 24 de setiembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS; Avocándose al conocimiento del presente proceso el Señor Juez que
suscribe y actúa por disposición Superior, en merito a la Resolución Administrativa N° 231-2018-
P-CSJHA-PJ.- y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: En el presente cuaderno de medida cautelar, mediante resolución n.° 01 del 14
de marzo de 2013 (Fs. 42-44), se concedió a favor de los demandante Cesar Adolfo
Solano Mendoza la Medida Cautelar Innovativa, ordenándose reponer preventivamente
a el demandante en su puesto habitual de trabajo de Operador de Compresora de Cloro
y Horno Francés (HCL), o cargo análogo de igual nivel, en la planta Álcalis, propiedad de
la codemandada QUIMPAC S.A., ubicado en la Zona Industrial – Paramonga.
SEGUNDO: El artículo 612° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso,
expresa claramente que “Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es
provisoria, instrumental y variable”.
Así pues, el carácter instrumental está referida a que mediante una medida cautelar se
va a proteger anteladamente un derecho pretendido en la demanda, esto es el derecho
especificado en la demanda; por consiguiente, toda medida cautelar que se solicita
tiene que estar ligada a la pretensión que motiva la demanda y depender de esta, de
ahí que no puede existir un proceso cautelar sin la existencia de un proceso definitivo.
TERCERO: Al respecto el artículo 630 del Código Procesal Civil, establece:
Artículo 630.- Cancelación de la medida
Si la sentencia en primera instancia declara infundada la demanda, la medida cautelar queda
cancelada, aunque aquella hubiere sido impugnada. Sin embargo, a pedido del solicitante el
Juez podrá mantener la vigencia de la medida hasta su revisión por la instancia superior,
siempre que se ofrezca contracautela de naturaleza real o fianza solidaria."
Siendo acreditada esta situación en dos escenarios: (i) cuando la sentencia de primera
instancia desestima la demanda, aunque sea impugnada y (ii) cuando la sentencia de
primera instancia es favorable y el Superior Jerárquico ordena su revocatoria, aunque sea
impugnada.
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE BARRANCA
Para Ledesma Narváez “La medida cautelar cambia según se ampare o rechace la pretensión principal,
la medida se levanta si la sentencia desestima la demanda, pero si la sentencia ampara la pretensión, la
medida cambia para dar paso a la ejecución forzada de la sentencia. La eficacia de la medida cautelar va
estar condicionada a la existencia de una sentencia firme, pero en el supuesto que hubiere sentencia en
primera instancia que desestima la demanda, la que es materia de apelación, la medida cautelar queda
cancelada”. En tanto que, para Rivas 1“la cancelación de pleno derecho de la medida cautelar es porque
esa sentencia es declarativa en grado de certeza de la inexistencia del derecho que justificó la medida
cautelar, fundada solo en el nivel de la verosimilitud”2.
CUARTO: En el presente caso, es de aplicación el dispositivo legal antes indicado, en
virtud a que de la revisión del Sistema Integrado Judicial (SIJ), se verifica que obra en el
expediente principal, la sentencia de segunda instancia, emitida por la Sala Superior de
Emergencia de esta Corte, dictada el 11 de febrero de 2015 contenida en la resolución
n.° 36, que revocó la sentencia (resolución n.° 29), y reformándola declaró improcedente
la demanda.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional del Perú emitió Sentencia Interlocutoria del 14
de setiembre de 2017 (Exp. N° 02769-2015-PA/TC), mediante la cual declaró
Improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante.
Es decir, el presente expediente cuenta con sentencia desestimatoria firme.
QUINTO: De lo expuesto se verifica que efectivamente al haberse se concedió a favor del
demandante Cesar Adolfo Solano Mendoza la Medida Cautelar Innovativa (reposición)
mediante resolución 01, la misma debe ser cancelada, ya que en el presente proceso se
ha desestimado, por ende, se debe proceder conforme a lo dispuesto en el artículo 630
del Código Procesal Civil.
Por los fundamentos expuestos, éste Juzgado RESUELVE: DAR POR CANCELADA la Medida
Cautelar Innovativa ordenada mediante resolución n.° 01 del 14 de marzo de 2013.
1RIVAS, Adolfo. Las medidas cautelares en el proceso civil peruano. Universidad Antenor Orrego, Rodhas, Lima, 2000, p.51.
2LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. La tutela cautelar en el proceso civil, p. 531.
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SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SAN MIGUEL
EXPEDIENTE Nº : 00877-2011-0-1824-JP-CI-02
JUEZ : AGUIRRE MAYOR, JIMMY MARTIN
ESPECIALISTA : CHUECAS FERNANDEZ, JENNIFER PAOLA
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.
DEMANDADO : LUZQUIÑOS RAMIREZ, RENSO ROMAN
MATERIA : OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE
San Miguel, once de noviembre
del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS; Que, es materia de pronunciamiento la demanda
ejecutiva y anexos presentada por BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK contra RENSO
ROMAN LUZQUIÑOS RAMIREZ sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO en vía de proceso
único de ejecución, puestos los autos a Despacho para resolver con lo demás que contiene, y,
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, con la Letra de Cambio No.00756271, materia de ejecución, y con
las instrumentales obrantes de folios 02/10 y 20/31, se ha acreditado el interés para obrar, activa y
pasiva de las partes, condiciones de la acción que permiten expedir un pronunciamiento válido sobre el
fondo de la controversia. SEGUNDO: Que, se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos
y/o de ejecución; de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 688º del Código Procesal Civil; que en el caso de autos se trata del primero de ellos, esto
es la letra de cambio, emitida de conformidad con lo previsto por el artículo 158º de la Ley de Títulos
Valores Nº 27287. TERCERO: Que, con la presente acción el ejecutante BANCO INTERNACIONAL DEL
PERU- INTERBANK pretenda que el ejecutado RENSO ROMAN LUZQUIÑOS RAMIREZ pague la suma
ascendente de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 37/100 Soles, importe de la
precitada letra de cambio, que obra en autos, a folios 09, puesto a cobro más intereses compensatorios y
moratorios, costas y costos del proceso. CUARTO: Que, la letra de cambio es un titulo valor ,en virtud de
la cual una persona, es la obligada principal y es quien responde por el incumplimiento en el pago del
mencionado titulo , en consecuencia teniendo en cuenta el principio de literalidad del titulo valor, que
significa que para determinar el contenido y alcances del titulo valor solamente podrá recurrirse a lo que se haya expresado en el mismo titulo; de esta manera, ni acreedor ni deudor podrán alegar cuestiones
que no emanen literalmente de lo manifestado en el titulo valor. QUINTO: Que, conforme a lo previsto
por el artículo 1220° del Código Civil que “la prueba de pago incumbe a quien pretende haberlo
efectuado”, siendo que en el presente caso, el ejecutado ha formulado contradicción al mandato
ejecutivo contenido en la resolución dos de folios 35/36, mediante escrito de folios 41 a 43, señalando
que si bien es cierto tiene una deuda pendiente con la ejecutante, debe tenerse en cuenta que la deuda
puesta a cobro en el titulo valor, es un monto mayor al que originalmente utilizo en su línea de crédito, y
agrega que el ejecutante no ha cumplido con adjuntar el original o copia legalizada del contrato de cuenta
corriente especial de tarjeta de crédito, por lo que resulta imposible establecer la tasa de interés pactada
por ambas partes, por lo que el titulo valor puesto a cobro adolece de nulidad formal; y absuelta por la
ejecutante mediante escrito de folios 45/47, señala que el ejecutado reconoce tener una deuda pendiente
de pago, es un por un monto mayor al que originalmente utilizo en su línea de credito, por lo que pretende
desconocer el tema de los intereses, y ello se genera si el deudor no paga, se incrementan, y agrega que
el ejecutado señala que no han cumplido con adjuntar el original del contrato de cuenta corriente especial
de tarjeta de crédito, a los clientes se les entrega una copia del contrato, la hoja de resumen y el tarifario
aplicable según el tipo de producto del que se trate, y que el titulo valor ha sido debidamente girado, por
lo que el ejecutado estaría eludiendo el pago de las obligaciones a su cargo; por lo que conlleva al
juzgador, con criterio jurídico y razonable, a corroborar de autos, que la ejecutada no ha probado haber
pagado la obligación puesta a cobro, más aun si en el ámbito de su escrito de contradicción alega en
forma literal: “…si bien es cierto tengo una deuda pendiente con la entidad financiera demandante (…)”,
por lo que reconoce la obligación de pago, y si bien es cierto, ampara su contradicción de la causal de
nulidad formal, no lo ha fundamentado en la forma de ley, por lo que tampoco se advierte de cancelación
de la obligación contenida en el título valor, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos, por lo que la
contradicción deducida no merece amparo; SEXTO: Que, siendo esto así, acreditada la obligación con el
título valor, el cual reúne los presupuestos contenidos en el artículo 689° del Código Procesal Civil esto
es contiene una obligación ,cierta expresa y exigible, y además liquidable en tal sentido de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 1219º inciso 1) del Código Civil, “Es efecto de las obligaciones, entre
otras, autorizar al acreedor a emplear las medidas legales pertinentes a fin de que el deudor le
procure aquello que se encuentra obligado”, en consecuencia, la demanda debe ser estimada
SÉTIMO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 412º del Código Procesal Civil, el pago de
las costas y costos son de cargo de la parte vencida, en tal sentido, atendiendo que en el caso de autos
existe parte vencida, el pago de las costas y costos debe ser estimado, debiendo liquidarse en ejecución
de sentencia.
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo, 690-E del Código Procesal
Civil; SE RESUELVE: Declarar INFUNDADA LA CONTRADICCION presentada por el ejecutado RENSO
ROMAN LUZQUIÑOS RAMIREZ, y FUNDADA la demanda de folios 13/16, subsanada a folios 33/34,
interpuesta por BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – INTERBANK contra RENSO ROMAN LUZQUIÑOS RAMIREZ en condición de Obligada Principal, sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO, en consecuencia ORDENO LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN hasta que el ejecutado
cumpla con pagar a favor del ejecutante la suma DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
37/100 SOLES ( S/. 2, 356.37) más los intereses que correspondan, costas y costos del proceso.
Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente resolución CÚMPLASE o ARCHÍVENSE los autos en el
modo y forma de ley. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la presente causa, el Señor Juez que suscribe
por disposición Superior. NOTIFÍQUESE. -- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: LUIS MIGUEL SAN ROMAN AQUIZE
Fecha: 09/04/2012 16:52:50
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
EXPEDIENTE : 0934-2011-0-2301-JR-LA-01
DEMANDANTE : CESAR AUGUSTO DIAZ ROMERO.
DEMANDADA : MICHEL Y CIA S.A
PRETENSION : ENTREGA DE ACCIONES LABORALES Y OTROS.
Visado: TURPO HUARICACHA,
ROSSANA
Fecha: 09/04/2012 16:57:54 NATURALEZA : ORDINARIO
Razón: RES. JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA JUEZ : LUIS MIGUEL SAN ROMAN AQUIZE.
ESP. LEGAL : ROSSANA TURPO HUARICACHA.
Resolución N° 09
SENTENCIA
Tacna, nueve de abril del dos mil doce.-
I. PARTE EXPOSITIVA
Demanda: Con fecha 10 de Junio del 2011, CESAR AUGUSTO DIAZ ROMERO interpone
demanda en contra de la Empresa denominada MICHELL Y CIA S.A, sobre PAGO DE
ACCIONES LABORALES Y OTROS.
Solicita lo siguiente:
- Pago de Acciones Laborales correspondiente al periodo desde el 04 de Agosto de
1970 al 31 de Diciembre del 1970, o alternativamente el reconocimiento y emisión del
duplicado de acciones laborales a través de titulo valores para su pago.
- Reconocimiento de pago y acciones laborales correspondiente a los periodos desde el
01 de Enero del 1971 hasta el 15 de Noviembre del 1971.
- Actualización de las acciones laborales correspondiente a los periodos desde el 04 de
Agosto de 1970 al 31 de Diciembre de 1970 y desde 01 de enero de 1971 hasta el 15
de noviembre de 1971.
- Pago de los dividendos y devengados, intereses legales generados por las acciones
laborales referidos desde su otorgamiento a la fecha.
- Costas y costos del proceso.
Sobre los siguientes fundamentos de hechos que sustenta su pretensión.
- Que, el demandante laboro en los siguientes periodos para la demandada
o Desde el 05 de Agosto del 1968 hasta 07 de Junio del 1969, y;
o Desde el 04 de Agosto de 1969 hasta el 15 de Noviembre del 1971.
- Con fecha 27 de Julio de 1970 se publica la Ley General de Industrias, Decreto Ley N°
18350, que en sus artículos 21 y 22 donde señala que anualmente el 10% de su renta
neta será distribuida entre los trabajadores que a tiempo completo laboren
efectivamente en ella, de este monto el 50% será distribuida a prorrata entre todos los
trabajadores, y el otro 50% restante en forma directamente proporcional a las
remuneraciones personales básicas de acuerdo a planilla. Igualmente establecen que
los trabajadores que laboren a tiempo completo en una empresa industrial gozaran de
los beneficios derivados de la participación progresiva de la Comunidad Industrial en el
patrimonio de las hasta un 50% de dicho patrimonio.
- Del mismo modo señala que el Decreto en sus Artículos 23, 24, 25 y 26 establecen que
es la Comunidad Industrial y como se forma su patrimonio.
1 - Luego señala que como el demandante laboro en dos periodos distintos:
o Desde el 05 de Agosto del 1968 hasta 07 de Junio del 1969, y;
o Desde el 04 de Agosto de 1969 hasta el 15 de Noviembre del 1971.
- Como el Decreto Ley N° 18350 entro en vigencia en Julio de 1970, la Comunidad
Industrial me otorgo certificados de acciones laborales por el periodo proporcional de
agosto a diciembre de 1970, las que lamentablemente fueron extraviados en el mes de
marzo del año 2003 y segundo periodo de enero 1971 a noviembre de 1971, las que
nunca fueron otorgadas en su oportunidad y por consiguiente solicita tambien el pago
de las mismas, los dividendos, devengados e intereses legales generados hasta la
fecha de la presente demanda, petición que no ha sido atendida por la demandada.
Contestación de la demanda: La parte demandada empresa denominada MICHELL Y CIA
S.A, contesta la demanda con los siguientes argumentos:
Deduce excepción de falta de legitimidad de obrar del demandado.- Con los
siguientes argumentos:
- El Decreto Ley N° 18350 “Ley General de Industrias”, no regula la entrega de acciones
laborales a los trabajadores por parte de la empresa industrial.
- El Decreto Ley N° 18384 “Ley de Comunidad Industrial del Sector Privado”, regula la
participación de los trabajadores en la gestión y la propiedad en la empresa industrial a
través de la Comunidad Industrial.
- La Comunidad Industrial es una persona jurídica distinta a la Empresa demandada.
- Conforme a los periodos laborados señalados por el actor y conforme a las normas antes
señaladas la Empresa MICHELL Y CIA S.A, no tiene obligación de entregar acciones a los
trabajadores y no pudo haber llegado al 50% de propiedad de la Empresa por parte de la
comunidad industrial.
- Luego se publica el Decreto Ley N° 21789 “Nueva Ley de Comunidad Industrial” que
recién estableció la emisión de acciones laborales a favor de sus trabajadores comuneros
por la Comunidad Industrial y no por las Empresa Industrial.
Defensa de fondo.- Solicita que se declare improcedente y/o infundada la demandada
interpuesta bajo los siguientes argumentos:
- No existe norma legal de entrega de acciones por parte de la demandada, sino fue una
obligación de la Comunidad Industrial.
- Que, el Decreto Ley N° 18350 “Ley General de Industrias”, no regula la entrega de
acciones laborales a los trabajadores por parte de la empresa industrial.
- Que, el Decreto Ley N° 18384 “Ley de Comunidad Industrial del Sector Privado”, regula la
participación de los trabajadores en la gestión y la propiedad en la empresa industrial a
través de la Comunidad Industrial, y que no existe norma legal alguno que la Empresa
demandada tenga obligación de su pretensión.
Actos Procesales: Se admitió la demanda, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación con la
asistencia de las partes; se realizó la Audiencia de Juzgamiento por disposición del Superior,
siendo el estado del proceso el de expedirse sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
Excepción de falta de legitimidad de obrar del demandado.
1) La demandada deduce la excepción de falta de legitimidad de obrar del demandado bajo
los siguientes argumentos:
2 a) El Decreto Ley N° 18350 “Ley General de Industrias”, no regula la entrega de acciones
laborales a los trabajadores por parte de la empresa industrial.
b) El Decreto Ley N° 18384 “Ley de Comunidad Industrial del Sector Privado”, regula la
participación de los trabajadores en la gestión y la propiedad en la empresa industrial a
través de la Comunidad Industrial.
c) La Comunidad Industrial es una persona jurídica distinta a la Empresa demandada.
d) Conforme a los periodos laborados señalados por el actor y conforme a las normas
antes señaladas la Empresa MICHELL Y CIA S.A, no tiene obligación de entregar
acciones a los trabajadores y no pudo haber llegado al 50% de propiedad de la
Empresa por parte de la comunidad industrial.
e) Luego se publica el Decreto Ley N° 21789 “Nueva Ley de Comunidad Industrial” que
recién estableció la emisión de acciones laborales a favor de sus trabajadores
comuneros por la Comunidad Industrial y no por las Empresa Industrial.
2) Por parte del abogado del demandante ha absuelto verbalmente dicha excepción en la
Audiencia de Juzgamiento, con los siguientes argumentos:
a) No es verdad lo argumentado por la parte demandada.
b) Que, si bien existe una ficha de inscripción de la Comunidad Industrial ante los
Registros Públicos, se tiene como presidente al Señor José Porfirio Salas Leyva, dicha
persona ha fallecido, y que además fue despedido por la demanda como se ha
acreditado con la copia de actuados judiciales.
c) De otro lado debe tenerse presente que cuando inicialmente se declaro fundada la
excepción de falta de legitimidad de obrar del demandante se dispuso que en un plazo
de 5 días se señale el domicilio, se tiene que es el mismo domicilio de la demandada,
en consecuencia no se puede burlar su derecho.
d) Luego afirma categóricamente el abogado del demandante que la Comunidad
Industrial ha sido absorbida por la Empresa MICHELL Y CIA S.A, ya que la Comunidad
Industrial no existe.
e) En consecuencia será la demandada que tenga que probar que no existe o si existe la
Comunidad Industrial.
3) Para resolver la presente excepción se tiene presente lo que señala los siguientes
procesalistas: Couture1, define a la excepción como "el poder jurídico de que se haya
investido el demandado, que le habilita para oponerse a la acción promovida contra él".
Para Alsina2, la excepción "es toda defensa que el demandado opone a la pretensión del
actor, sea que se nieguen los hechos en que se funda la demanda, sea que se desconozca
el derecho que de ellos pretende derivarse, sea que se límite a impugnar la regularidad del
procedimiento". Monroy3, considera a la excepción como "un instituto procesal a través del
cual el emplazado ejerce su derecho de defensa denunciando la existencia de una relación
jurídica procesal inválida por omisión o defecto en algún presupuesto procesal, o el
impedimento de pronunciarse sobre el fondo de la controversia por omisión o defecto en
una condición de la acción".
4) De lo expuesto líneas arriba podemos señalar que la excepción es un medio de defensa
ejercida por el demandado, con la finalidad de poner de manifiesto la deficiencia o
inexistencia de una relación jurídica válida, a fin de paralizar el ejercicio de la acción o a
destruir su eficacia.
1 COUTURE,Eduardo. Fundamentosdel Derecho Procesal Civil ,De Palma, Buenos Aires,1977,p.89
2 ALSINA, Hugo. Defensas y excepciones, EJEA, BuenosAires, 1958, p. 17.
3 MONROY GÁLVEZ, Juan. Temas de Proceso Civil, Studium, Lima, 1987, pp. 102-103
3 5) En el caso de autos la parte demandada considera que no ha tenido obligación legal con el
demandante para la entrega de las acciones laborales como se pretende, en consecuencia
al no existir ninguna relación jurídica directa del demandante con la demandada, no
corresponde ser demandado en el presente proceso.
6) Para el presente caso se debe tener presente lo que señala Montero Aroca sobre la
actividad procesal se puede iniciar por persona distinta al titular de la relación jurídico-
material o frente a persona distinta, bien porque existe error o se falta a la verdad por quien
interpone la pretensión, bien porque el ordenamiento jurídico permite pretender la
actuación del derecho objetivo a quien no es titular de la relación jurídico-material. (como
ocurre en el presente caso al pretender demostrar que la Comunidad Industrial ha sido
adsorbida por la demandada, siendo la consecuencia la obligación de entregar las acciones
laborales) La acción se ejerce al margen de la legitimación que pueda invocarse en el
proceso. La legitimación es definida como la relación sustancial que se denuncia que existe
entre las partes del proceso y que es el objeto de la decisión reclamada.
7) La legitimación en la causa consiste, respecto del demandante, en ser la persona que de
conformidad con la ley sustancial está legitimada para que por sentencia de fondo o de
mérito se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial pretendida en la
demanda y respecto del demandado en ser la persona que conforme a ley sustancial está
legitimada para discutir u oponerse a dicha pretensión del demandante.
8) Estando que el demandante pretende demostrar en el proceso que la Comunidad Industrial
de MICHELL Y CIA S.A ha sido absorbida por MICHELL Y CIA S.A, y consecuentemente
tendría la obligación respecto a las pretensiones, en consecuencia el demandante tiene
suficientes elementos de debatir sobre el fondo del asunto. En consecuencia lo que
corresponde es declarar infundada la excepción de falta de legitimidad pasiva del
demandante.
9) Por lo que es necesario que lo debatir en el presente caso son los siguientes puntos:
a) Si la Comunidad Industrial MICHELL Y CIA S.A, es una persona jurídica distinta a
MICHELL Y CIA S.A.
b) De quien era la obligación de entregar las acciones laborales si de la Comunidad
Industrial MICHELL Y CIA S.A o de la empresa MICHELL Y CIA S.A
c) Si la Comunidad Industrial MICHELL Y CIA S.A ha sido absorbida por MICHEL Y CIA
S.A., puede responder por las acciones laborales.
10) Para aclarar los puntos controvertidos primeramente debemos hacer un análisis de las
normas que regularon dichos periodos sobre la Comunidad Industrial.
11) Primeramente analizaremos las normas pertinentes del Decreto Ley N° 18350 “Ley
General de Industrias”, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de Julio del 1970, y
que en referencia a la Comunidad Industrial, señalo lo siguiente.
TITULO VIII
DE LA COMUNIDAD INDUSTRIAL
Artículo 23°. - La Comunidad Industrial, es persona jurídica que, por disposición
del presente Decreta ley, nace en una Empresa Industrial, como representación
del conjunto de los trabajadores que a tiempo completo laboran en ella, y cuyo objeto
es la administración de los bienes que adquiera de conformidad con este dispositivo
legal en beneficio de dicho conjunto.
4 Artículo 24°.- El patrimonio de la Comunidad Industrial se formará progresivamente
deduciendo en cada ejercicio el quince por ciento de la Renta Neta de la Empresa
Industrial, el cual, libre de Impuesto a la Renta, será reinvertido en la misma
empresa.
Si no fuera conveniente la reinversión en la misma Empresa Industrial y la
Comunidad Industrial no hubiera alcanzado la propiedad del cincuenta por ciento del
patrimonio de la empresa, el porcentaje correspondiente de la Renta Neta se
invertirá, previa autorización del Ministerio de Industria y Comercia en la adquisición
de parte del Capital Social de la empresa, perteneciente a los otros socios o
accionistas.
Se Incrementa el patrimonio de la Comunidad Industrial con la reinversión que haga
la empresa de la Renta Neta correspondiente al Capital que la Comunidad Industrial
posea en ella.
Articulo 25°.- Alcanzado el cincuenta por ciento del Capital Social de la Empresa
por la Comunidad Industrial, los trabajadores serán individualmente
propietarios de las acciones o participación de este cincuenta por ciento
dentro de las condiciones de Cooperativa Industrial que establezca la Ley de la
Comunidad Industrial: continuando en la Empresa la Comunidad Industrial,
conforme al Artículo 23° del presente Decreto-Ley.
Artículo 26°. - Por excepción las Empresas Industriales del Sector Público dedicadas
a la industria básica aportarán a la Comunidad Industrial el quince por ciento de la
Renta Neta en bonos de la misma empresa; a falta de éstos, este aporte lo harán en
acciones o participaciones en Empresas Industriales que tengan aprobados planes
de reinversión a elección de la Comunidad Industrial. Previa autorización del
Ministerio de Industria y Comercio.
Las empresas de otros sectores que por concesión exploten Industrias básicas,
entregarán a la Comunidad Industrial, el quince por ciento de su Renta Neta en
acciones o participaciones de las Empresas Industriales mencionadas en el párrafo
anterior previo la autorización en él señalada.
Articulo 27°.- Las utilidades distribuibles que obtenga la Comunidad Industrial a los
premios e Intereses que paguen los bonos de su propiedad, serán distribuidos entre
los trabajadores que a tiempo completo laboren real y efectivamente por más de un
año en las Empresas Industriales en la forma siguiente: cincuenta por ciento a
prorrata y cincuenta por ciento proporcionalmente a los años de servicio.
Al cesar un trabajador, dejará de percibir los beneficios que otorga la
Comunidad Industrial.
Artículo 28- - El Órgano Director de las Empresas Industriales seré integrado por lo
menos con un representante de la Comunidad Industrial…. “
12) De la lectura de los artículos antes transcritos se llega a las siguientes conclusiones:
a) Del Artículo 23 claramente establece que la Comunidad Industrial, es persona jurídica
que nace en una Empresa Industrial por disposición de la Norma.
b) El Artículo 24, claramente señala que el patrimonio se formara progresivamente del
15% de la Renta Neta de la Empresa Industrial la misma que necesariamente tiene que
ser reinvertido en la misma empresa.
c) El Artículo 25 señala que una vez que la Comunidad Industrial alcance el 50% del
capital social de la Empresa, los trabajadores serán individualmente propietarios de
acciones o participaciones de la Cooperativa Industrial dentro de las condiciones que
señalara la Ley de Comunidad Industrial. Es decir para que por intermedio de la
5 Comunidad Industrial se le otorgue individualmente acciones previamente tiene que
hacerse conforme a una futura Ley de Comunidad Industrial.
d) De otro lado es necesario tener presente lo que dispone el Artículo 27 que dispone que
al cesar el trabajador dejara de percibir los beneficios que otorga la Ley.
e) Del texto de dicha norma que estuvo vigente desde el 30de Julio 1970, no existe
ninguna norma que establezca como obligación entregar por parte de la Empresa
demanda a los trabajadores acciones laborales.
13) De otro lado es necesario también analizar las normas pertinentes del Decreto Ley N°
18384 “Ley de la Comunidad Industrial”, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 03 de
Setiembre del 1970, y que en referencia a la Comunidad Industrial, señalo lo siguiente:
Artículo 1°.- La Comunidad Industrial, creada por Decreto-Ley N° 18350, es persona
jurídica de derecho privado y está integrada por el conjunto de los trabajadores
estables que laboran a tiempo completo en una Empresa Industrial.
Articulo 4°.- Para nominar una Comunidad Industrial se utilizará el nombre,
denominación o razón social de la Empresa, precedido de los términos “Comunidad
Industrial”
Artículo 5°.- EI domicilio de la Comunidad Industrial está ubicado en la localidad
donde funcione el centro laboral principal de la Empresa.
Artículo 11°.- Aprobado el Estatuto por la Asamblea General y elegido el Consejo de
la Comunidad, este solicitará dentro de los ocho días siguientes el reconocimiento y
la Inscripción de la Comunidad Industrial al Ministerio de Industria y Comercio en
Lima y Callao, y por intermedio de la autoridad política en provincias, presentando
copia legalizada de1
Acta de Instalación la relación de miembros de la Comunidad Industrial y de su
Consejo y copia de su Estatuto.
El Ministerio de Industria y Comercio, hará el reconocimiento de la Comunidad
Industrial, que haya cumplido con los requisitos prescritos en este Decreto-ley
mediante Resolución adquiriendo desde entonces el pleno ejercicio de la personería
jurídica que la ley le acuerda, procediendo a Inscribirla en el libro de Registro de
Comunidades Industriales que llevará dicho Ministerio.
Artículo 14°.-Son derechos de los miembros de la Comunidad Industrial:
a. Emitir voto en los casos pertinentes.
b. Ser elegidos para Integrar el Consejo de la Comunidad, con excepción de aquellos
trabajadores propietarios de acciones o participaciones en el capital de la propia
empresa que no procedan de la comunidad Industrial. Un trabajador no podrá
simultáneamente integrar el Consejo de la Comunidad y ser Dirigente Sindical.
c. Recibir, después de haber laborado real y efectivamente por más de un año
en la empresa, como miembro de su Comunidad Industrial, la parte
correspondiente de las utilidades de las acciones, participaciones y/o la de los
Intereses de los bonos que la Comunidad Industrial haya adquirido antes de
llegar al cincuenta por ciento del Capital Social de la empresa, la distribución
de las utilidades se hará en la forma siguiente: cincuenta por ciento a todos por
Igual y cincuenta por ciento proporcionalmente a los años de servicio como
miembro de la Comunidad lndustrial
d. Recibir en propiedad Individual las acciones que la Comunidad Industrial
emita por las acciones participaciones y bonos que ella posea desde el
momento que alcance el cincuenta por ciento del Capital Social de la Empresa
Industrial y las utilidades distribuibles correspondientes.
6 Artículo 15.-Los miembros cesantes de la Comunidad Industrial o sus herederos
recibirán:
a. La compensación monetaria a su esfuerzo en la formación del patrimonio
común, en la forma aue establece el articulo 21.- del presente Decreto-Ley
cuando no sea propietario individual de acciones emitidas por la Comunidad
lndustrial.
b.. El valor monetario que corresponda a las acciones de su propiedad a que se
refieren los artículos 22° y 23° del presente Decreto-ley.
Artículo 21°.- La compensación que reciba el trabajador que cesa en la Empresa
antes de que la Comunidad Industrial alcance el cincuenta por ciento del Capital
Social se obtiene dividiendo la mitad del valor de las acciones, participaciones y/o
bonos de la Comunidad industrial al momento del cese, entre la suma de días
laborados real y efectivamente por todos los trabajadores como miembros de la
Comunidad y multiplicando el cociente por el número de días laborados real y
efectivamente por el trabajador cesante, como miembro de la Comunidad, sin tener
en cuenta el monto de, las remuneraciones percibidas.
Articulo 22°.- AI alcanzar la Comunidad industrial el cincuenta por ciento del Capital
Social de la Empresa. el valor de cada acción que emita la Comunidad se obtendrá
dividiendo el valar total de las acciones, participaciones y/o bonos que posea la
Comunidad entre la suma de meses laborados real y efectivamente por todos los
trabajadores miembros de la Comunidad Industrial.
El número de acciones que en propiedad Individual corresponde a cada trabajador
será Igual al número de meses laborados real y efectivamente por el titular.
14) De la interpretación literal de los artículos antes transcritos se llega a las siguientes
conclusiones:
a) El Artículo 1° ratifica que la comunidad industrial es persona jurídica de derecho
privado.
b) El Artículo 4° dispone que el nombre que debe tener la Comunidad Industrial y en el
caso de autos se denomina “MICHELL Y CIA S.A COMUNIDAD INDUSTRIAL”
c) El Artículo 5° señala el domicilio de la Comunidad Industrial debe ser en el domicilio
principal del Empleador.
d) El Artículo 11° señala que su reconocimiento se efectúa a través de un Registro
administrativo que lleva el Ministerio de Industria y Comercio.
e) El Artículo 14° señala los derechos de los trabajadores comuneros, debiendo de
resaltar el inciso c) que señala que después de haber laborado un año tendrán derecho
a la parte correspondiente de las utilidades de las acciones, participaciones y/o la de
los Intereses de los bonos que la Comunidad Industrial haya adquirido antes de llegar
al cincuenta por ciento del Capital Social de la empresa, la distribución de las utilidades
se hará en la forma siguiente: cincuenta por ciento a todos por Igual y cincuenta por
ciento proporcionalmente a los años de servicio como miembro de la Comunidad
industrial.
f) En el inciso d) señala claramente que puede recibir en propiedad individual acciones
que la Comunidad Industrial otorgue desde el momento que la Comunidad alcance el
50% de propiedad del capital social de la empresa.
g) De igual manera el Artículo 15° regula en el caso que el trabajador haya cesado tendrá
derecho a una compensación monetaria a su esfuerzo ayudar formar la propiedad de la
Comunidad y en caso de haber otorgado propiedad se otorga el valor monetario de las
acciones es decir que en ningún caso se otorga una acción como un titulo valor de su
libre disposición, siempre hará uso de sus derechos siempre que pertenezca a la
Comunidad Industrial.
7 15) Por ultimo es necesario señalar que el sistema de la Comunidad Industrial, luego fue
modificada por el Decreto Ley N° 21789 “Nueva Ley de Comunidad Industrial” la misma
que fue publicada 02 de Febrero del 1977, que tuvo una modificación sustancial en
referencia al sistema anterior, se transcriben las normas pertinentes:
Artículo 37.- Los trabajadores miembros de la Comunidad Industrial participarán
en la propiedad del patrimonio de la empresa mediante Acciones Laborales que
ésta emitirá a favor de cada uno de ellos, de acuerdo a las normas y con las
características que se establecen en el presente Capítulo.
Artículo 38.- La empresa industrial deducirá anualmente el quince por
ciento (15%) de su Renta Neta, libre de impuestos, para la formación del patrimonio
de sus trabajadores y para aportar recursos a la Comunidad Industrial de la siguiente
forma:
a) Trece y medio por ciento (13.5%) de la Renta Neta para la formación e
incremento del patrimonio de los trabajadores de acuerdo a las alternativas de
inversión enunciadas en el Artículo 40 de la presente Ley, hasta alcanzar una suma
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto del Capital Social de la empresa.
El cumplimiento de lo dispuesto en el presente inciso se efectuará de
acuerdo a los dispositivos reglamentarios correspondientes a cada alternativa de
inversión.
b) Uno y medio por ciento (1.5%) de la Renta Neta para formar y fortalecer
el patrimonio de la Comunidad Industrial, el cual será entregado a ésta en efectivo
dentro de los treinta (30) días de presentado el Balance del Ejercicio a la autoridad
fiscal.
Artículo 39.- Cuando el monto de la Cuenta Participación Patrimonial del
Trabajo, cuya composición se establece en el artículo siguiente, alcance una cifra
equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto del Capital Social de la empresa,
salvo el caso del Artículo 53, se deducirá únicamente el uno y medio por ciento
(1.5%) de la Renta Neta a que se refiere el inciso b) del artículo anterior.
En casos de aumento de Capital Social no comprendidos en el párrafo
siguiente, o cuando por redención de los diferentes valores que constituyen la Cuenta
Participación Patrimonial de Trabajo, ésta sume cifra inferior al cincuenta por ciento
(50%) del Capital Social, la empresa volverá a deducir parte o la totalidad del
porcentaje a que se refiere el inciso a) del Artículo 38 hasta que el monto de dicha
cuenta alcance nuevamente una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del
Capital Social.
Cuando el aumento del Capital Social se efectúe por revalorización del
patrimonio o capitalización de reservas, la empresa emitirá Acciones Laborales por
un monto proporcional al grado de propiedad que sobre el patrimonio de la empresa
posean los trabajadores al momento del aumento del capital, distribuyéndolas entre
ellos en la proporción que corresponda.
Artículo 40.- La empresa destinará el importe equivalente al trece y medio
por ciento (13.5%) de su Renta Neta a que se refiere el inciso a) del Artículo 38, libre
de impuestos a la constitución de una cuenta denominada “Cuenta Participación
Patrimonial del Trabajo”, que, de acuerdo a la libre decisión de los trabajadores, se
invertirá en:
a) “Acciones Laborales” que emitirá la empresa;
b) “Bonos de Trabajo” que emitirá la empresa;
c) “Bonos de Reinversión de Trabajo” que emitirá el Banco Industrial del
Perú;
d) “Títulos de Interés Social” que emitirá la empresa.
8 Las Acciones Laborales, los Bonos de Trabajo y los Bonos de
Reinversión de Trabajo, son de propiedad individual del trabajador a cuyo
nombre se emiten.
Los Títulos de Interés Social son representativos de un Fondo destinado a
programas de interés social que desarrolla la Comunidad Industrial y se emiten a
nombre de cada trabajador.
La Asamblea de la Comunidad Industrial decidirá anualmente por mayoría,
el Plan de Inversión del producto del trece y medio por ciento (13.5%) de la Renta
Neta a que se refiere el inciso a) del Artículo 38, aplicándolo a una o más de las
alternativas señaladas en el presente artículo, debiendo destinar cuando menos un
tercio de dicho producto a inversión en Acciones Laborales. (*)
16) De esta ultima norma claramente en el Artículo 37°, señala que recién a partir de la vigente
norma se procederá a emitir acciones laborales a nombre de los trabajadores que debe
emitir la Empresa en función de la propiedad que va adquiriendo la Comunidad Industrial.
17) En consecuencia después del análisis de toda la normatividad se procede a analizar el
caso concreto, que expresa como hechos que trabajo para la demandada:
a) Desde el 05 de Agosto del 1968 hasta 07 de Junio del 1969, y;
b) Desde el 04 de Agosto de 1969 hasta el 15 de Noviembre del 1971.
18) Del análisis efectuado del Decreto Ley N° 18350 y 18384, legalmente se establece
claramente la Comunidad Industrial es una persona jurídica distinta en la Empresa que se
forma por mandato de las normas antes señaladas.
19) La Comunidad Industrial es la Titular de los Derechos y Acciones que en nombre de los
trabajadores ostenta.
20) Se tiene que para poder tener derecho a la participación de las acciones laborales,
primeramente la Comunidad Industrial tendría que llegar la 50% del Capital Social de la
Empresa.
21) Que, si bien Decreto Ley N° 18350 entro vigencia el 30 de Julio 1970 y regulo la
Comunidad Industrial mediante el Decreto Ley N° 18384 el 03 de Setiembre de 1970, para
poder tener participación en la acciones a través de la Comunidad Industrial era necesario
alcanzar el 50% de la propiedad del Capital Social de la Empresa.
22) De lo expuesto por el demandante oralmente en la audiencia de juzgamiento donde señala
enfáticamente quien le otorgo acciones como títulos a su nombre otorgados por la Empresa
demandada, y esta obligación legal se materializa con la vigencia del Decreto Ley N°
21789 del 02 de Febrero de 1977, por lo que era jurídicamente imposible que en los años
1970 hasta antes 02 de Febrero de 1977, se haya otorgado acciones laborales a nombre
del trabajador por parte de la Empresa.
23) Como claramente señala Artículo 14 del Decreto Ley N° 18384, en el caso que el
trabajador se retirara antes que se llegue al 50% de propiedad de la Empresa o en el mejor
de los casos si hubiera llegado en el primer año al 50% de la propiedad de la empresa se
otorga derecho de acciones de manera individual pero las detenta la Comunidad Industrial
que solo otorga derecho a dividendos y en caso de haber cesado solo le corresponde que
9 se pague el valor monetario de las acciones como expresamente lo señala el Artículo 15°
del Decreto Ley N° 18384, que además debe ser otorgado por la Comunidad Industrial.
24) De otro lado la demandada con la copia de la Declaración Jurada de Impuesta a la Renta
de los años 1970, 1971 y 1972 que obra a fojas 58 al 70 ha acreditado que cumplió con
otorgar el porcentaje que corresponde para la Comunidad Industrial, en consecuencia a
quien le corresponde cumplir con las demás obligaciones que pudiera tener el demandante
es con la Comunidad Industrial, si esta ha dejado de tener actividad y no tenga vida la
persona jurídica no obliga automáticamente que la demandada tenga que pagar
obligaciones que no le corresponde.
25) Que, en consecuencia respondiendo a los puntos controvertidos podemos afirmar.
a) Si la Comunidad Industrial MICHELL Y CIA S.A, es una persona jurídica distinta a
MICHELL Y CIA S.A., se llega categóricamente a la conclusión que MICHELL Y CIA
S.A, es una persona jurídica distinta a MICHELL Y CIA S.A COMUNIDAD
INDUSTRIAL.
b) De quien era la obligación de entregar las acciones laborales si de MICHELL Y CIA S.A
COMUNIDAD INDUSTRIAL” o de la empresa MICHELL Y CIA S.A, en referencia a
este punto cuando estuvo vigente el Decreto Ley N° 18384, claramente se establece
que el Titular de la Acciones es la Comunidad Industrial que otorga de manera
individual a cada trabajador acciones de manera proporcional, las mismas que al
retirarse de la Empresa el trabajador, la comunidad industrial solo entrega el valor
monetario de las acciones que a titulo individual pudo tener el trabajador en el
hipotético caso que la Comunidad Industrial haya obtenido el 50% de las propiedad del
capital social de la Empresas en el primer año, y que es jurídicamente imposible que la
Empresa le haya otorgado dichas acciones por que recién a partir del año 1977 con la
dación del Decreto Ley N° 21789, nace la obligación de entregar la acciones laborales
como títulos valores.
- Si la Comunidad Industrial MICHELL Y CIA S.A ha sido absorbida por MICHELL Y CIA
S.A., puede responder por las acciones laborales, no habiendo acreditado en autos
que la demandada MICHELL Y CIA S.A haya absorbido a MICHELL Y CIA
COMUNIDAD INDUSTRIAL, que además por mandato legal no se puede liquidar hasta
que la Empresa se liquide, en consecuencia no existe ninguna obligación legal por
parte de MICHELL Y CIA S.A de otorgar las pretensiones del demandado:
o Pago de Acciones Laborales correspondiente al periodo desde el 04 de Agosto
de 1970 al 31 de Diciembre del 1970, o alternativamente el reconocimiento y
emisión del duplicado de acciones laborales a través de titulo valores para su
pago.
o Reconocimiento de pago y acciones laborales correspondiente a los periodos
desde el 01 de Enero del 1971 hasta el 15 de Noviembre del 1971.
o Actualización de las acciones laborales correspondiente a los periodos desde
el 04 de Agosto de 1970 al 31 de Diciembre de 1970 y desde 01 de enero de
1971 hasta el 15 de noviembre de 1971.
o Pago de los dividendos y devengados, intereses legales generados por las
acciones laborales referidos desde su otorgamiento a la fecha.
26) Tampoco existe norma legal alguna que obligue a la empresa demandada a otorga dichas |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: LUIS MIGUEL SAN ROMAN AQUIZE
Fecha: 30/01/2012 08:31:02
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 00934-2011-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : POR DEFINIR
ESPECIALISTA : TURPO HUARICACHA, ROSSANA
Visado: TURPO HUARICACHA,
ROSSANA DEMANDADO : MICHELL Y CIA S. A.
Fecha: 30/01/2012 08:32:20
Razón: RES. JUDICIAL DEMANDANTE : DIAZ ROMERO, CESAR AUGUSTO
D.Judicial: TACNA/TACNA
Resolución Nro. 10
Tacna, veintiséis de enero
Del año dos mil doce.-
Por recibida la copia certificada del cuaderno de apelación, en
consecuencia; AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante
resolución número tres de fecha cinco de diciembre del año dos mil once, emitida en el
cuaderno de apelación Expediente N° 00934-2011-56-2301-JR-LA-01, el superior dispuso
anular la resolución número cinco expedida en la Audiencia de Juzgamiento la misma que
ordeno declarar fundada la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del demandado.
Segundo.- Que el artículo 171º del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso
de autos, establece que la nulidad sólo se sanciona por causa establecida en la ley; sin
embargo, puede declararse cuando el acto careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad. Asimismo, el artículo 176º in fine del mismo cuerpo legal, faculta
a los jueces declarar de oficio aquellas nulidades mediante resolución motivada, reponiendo
el proceso al estado que corresponde. Tercero.- Que conforme lo dispuesto por el
superior y revisado los autos, corresponde declarar la nulidad de todo lo actuado hasta el
estado de citarse nuevamente a Audiencia de Juzgamiento y expedirse nuevamente el auto
que resuelve la excepción planteada, por estas consideraciones y normatividad invocada;
SE RESUELVE: 1) Declarar la NULIDAD de todo lo actuado hasta folios ciento treinta
y cuatro inclusive, es decir hasta el estado de citarse nuevamente para Audiencia de
Juzgamiento. 2) Señálese como nueva fecha para la Audiencia de Juzgamiento para el día
VEINTIUNO DE MARZO del año en curso, a horas TRES Y TREINTA DE LA
TARDE. Hágase Saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: NAZARIO ERNESTO TURPO COAPAZA
Fecha: 28/06/2012 15:57:29
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
JUZGADO PAZ LETRADO LABORAL - Tacna
EXPEDIENTE : 00972-2011-0-2301-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
Visado: CANDELARIA PARI
CHURA ESPECIALISTA : CANDELARIA PARI CHURA
Fecha: 02/07/2012 09:22:20
Razón: RES. JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA DEMANDADO : SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSAL
DEL PERU ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución Nro.07
AUTO FINAL
Tacna, veintisiete de junio
Del dos mil doce.
VISTOS:
La demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero de fojas 06/09, presentada por
AFP INTEGRA, debidamente representada por su apoderada ANA PAOLA
CUADRADO ZEGARRA, en contra de SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
SUCURSAL DEL PERU.
ANTECEDENTES:
a) Demanda: La accionante peticiona, que la parte ejecutada cumpla con pagarle
la suma de UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 67/100
NUEVOS SOLES (S/.1,369.67), por concepto de pago de aportes al Sistema
Privado de Pensiones, correspondiente a los trabajadores afiliados a la
demandante, más los intereses moratorios regulados según las normas
previsionales, desde la emisión de dicha liquidación hasta la total cancelación
de la deuda, así como gastos de cobranza, las costas y los costos.
b) Como fundamento de la pretensión, señala que: 1.- que la demandada es
empleadora de trabajador afiliado a la demandante y no ha cumplido con
efectuar el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones, en el plazo y
las formalidades establecidas en las normas previsionales; 2.- que la
demandante ha procedido a emitir la liquidación para cobranza, detallando el
trabajador afiliado, los periodos impagos y montos adeudados.
c) Contradicción: Que, la parte ejecutada a través de Oscar Daniel Ponce López,
Abogado mandatario de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú,
en su escrito de fojas 37 al 42, formula contradicción al mandato ejecutivo
basado en la Inexigibilidad de la obligación por la causal de cancelación de la
deuda, refiriendo: 1) Que es cierto que el Señor Pelagio Espinoza Quiroga
mantenia vinculo laboral con Southern Perú en el periodo de diciembre del
2010. Sin embargo, es falso que Southern Perú en su calidad de empleador no
haya cumplido con el pago de la retención efectuada al afiliado, por el concepto
de aportación al Sistema Privado de Pensiones, pues esta se cumplió en su
oportunidad.
d) La parte ejecutante, no ha cumplido con absolver el traslado de la contradicción
formalmente en su oportunidad y conforme a su estado, corresponde resolver.-
1 FUNDAMENTOS:
PRIMERO: CARGA DE LA PRUEBA: Que, como lo establece el artículo 23 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497, la carga de la prueba corresponde a
quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando
nuevos hechos.
SEGUNDO: La parte demandante señala que Southern Perú Copper Corporation
Sucursal del Perú, no ha efectuado el pago de los aportes previsionales del periodo
devengado del mes de Diciembre del año 2010, cuya hoja de Liquidación para
Cobranza se adjuntan y corre a fojas 05, correspondiente al afiliado Pelagio Espinoza
Quiroga.
TERCERO: Que, conforme a lo dispuesto con el artículo 38 del Texto Único
Ordenado de la Ley de Administración de Fondos de Pensiones –D.S. No. 054-97-EF,
modificado por el Art. 1° de la Ley No. 27242, entre otros, señala en su inciso b) El
ejecutado podrá contradecir la ejecución sólo por los siguientes fundamentos: 1) Estar
cancelada la deuda, lo que se acreditará con copia de la planilla de pagos de
aportes previsionales debidamente cancelada, por consiguiente, corresponde
verificar el pago de aportes previsionales aludido en la contradicción.
CUARTO: Que, la ejecutada formula contradicción por el cumplimiento de la
obligación, y conforme al inciso b) del Art. 38 de la Ley del Sistema Privado de
Pensiones D.S. 054-97 EF, según exigencia de dicha norma especial, la contradicción
deberá presentarse acompañada de la prueba documental que acredite sus
fundamentos, advirtiéndose que la parte demandada ha cumplido con acreditar el
pago de aportes del trabajador afiliado que aparece en la Liquidación de cobranza que
corre a fojas 05, la que se prueba con la Planilla de declaración y pago de aporte
previsional que corre a fojas 24/26, de manera que se encuentra acreditado el pago de
los aportes previsionales que es materia de cobro.
QUINTO: Que, en consecuencia, habiendo la parte ejecutada acreditado la
cancelación de los aportes previsionales que es materia de cobro, el mismo que se
encuentra probado con los medios probatorios exigidos por el artículo 38 del Texto
Único Ordenado de la Ley de Administración de Fondos de Pensiones –D.S. No. 054-
97-EF, modificado por el Art. 1° de la Ley No. 27242, en tal sentido, se encuentra
desvirtuado los fundamentos que sirvieron de base para expedir el mandato ejecutivo,
resultando procedente amparar la contradicción y desestimar la presente demanda.
Por estos fundamentos, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 50.1 del Código
Procesal Civil;
DECISION:
Declaro FUNDADA la contradicción formulada a fojas 37 al 42, por Oscar Daniel
Ponce López, Abogado mandatario de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal
del Perú e INFUNDADA la demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero,
(Cobranza de Aportes Previsionales Retenidos por el Empleador), interpuesta por AFP
INTEGRA, en contra de Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú,
debiendo de disponerse el archivo definitivo de la presente, consentida sea la
presente.- Tómese razón y Hágase saber.
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE.
EXPEDIENTE : 01044-2011-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : ROGELIO ALBERTO, ZEA CATACORA.
SECRETARIO : GORDILLO BEDOYA, SHIRLEY MABEL.
DEMANDANTE : ALANOCA VARGAS, ANGEL ERNESTO
DEMANDADO : MINISTERIO DE CULTURA
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE LA CULTURA
Resolución N° 66
Tacna, diecisiete de setiembre
Del año dos mil diecinueve.-
I. ASUNTO
1. Determinar si corresponde estimar o desestimar las observaciones efectuadas
por la parte demandante a la liquidación de la demanda y la efectuada por el
perito judicial de fojas 391/393 y 521/325.
2. Determinar si corresponde aprobar o desaprobar la liquidación presentada por
el demandante, con escrito de fecha 15 de abril del 2016 de fojas 326/327, y
liquidación efectuada por la demandada con escrito de fecha 27 de setiembre
del 2016 de fojas 383.
3. Determinar si corresponde aprobar la Liquidación efectuada por el Perito
Judicial Verónica Huanacuni Vilca con Informe No. 109-2017-VHV-PJ-
ML/CSJT-PJ del 26 de julio del 2017.
II. FUNDAMENTOS
1. A folios 653/661 obra Auto de Vista Resolución 64, que anulo la Resolución
No. 56 de fecha 25 de abril del 2018 (F.593/598) que declaró:
SE RESUELVE:
1. Declarar INFUNDADAS las observaciones efectuadas por la parte demandante a la
liquidación de la demandada y a la efectuada por la perito judicial, fojas 391/393 y 521/325
2. DESAPROBAR la liquidación presentada por el demandante con escrito de fecha quince de
abril del dos mil dieciséis, fojas 326/327; y liquidación efectuada presentada por la
demandada con escrito de fecha veintisiete de setiembre del dos mil dieciséis, fojas 383.
3. APROBAR la liquidación efectuada por la Perito Judicial Verónica Huanacuni Vilca con
Informe Nº 0109-2017-VHV-PJ-ML/CSJT-PJ de fecha veintiséis de julio del dos mil
diecisiete, fojas 477/485.
4. Se ORDENA que la demandada MINISTERIO DE CULTURA cumpla con pagar a favor
del demandante Ángel Ernesto Alanoca Vargas por concepto de reintegro de
remuneraciones devengadas dejadas de percibir desde enero de mil novecientos noventa y
uno hasta el cinco de julio de mil novecientos noventa y ocho, la suma de S/ 15,538.13
(quince mil quinientos treinta y ocho con 13/100 soles); por concepto de pensiones
devengadas desde el seis de julio de mil novecientos noventa y ocho hasta el treinta y uno
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de diciembre de dos mil cuatro, la suma de S/ 38,704.23 (treinta y ocho mil setecientos
cuatro con 23/100 soles); asimismo, se pague a favor del demandante por concepto de
intereses legales de las remuneraciones devengadas desde sus fechas exigibles hasta el 23 de
julio del 2017 la suma total de S/ 23,007.19 (veintitrés mil siete con 19/100 soles); y por
intereses legales de las pensiones devengadas desde sus fechas exigibles hasta el 23 de julio
del 2017 la suma de S/ 18,634.64 (dieciocho mil seiscientos treinta y cuatro con 64/100
soles).
De la revisión del Auto de Vista Resolución N° 64, los argumentos centrales
por los cuales el Colegiado Superior declarar la Nulidad de la Resolución N° 56
se centra en los fundamentos octavo y noveno:
OCTAVO: De la revisión de la resolución materia de pronunciamiento se tiene que si bien el A
quo ha procedido a dar respuesta a cada uno de los puntos de la observación realizada, existe un
punto el cual no ha quedado debidamente aclarado a fin de poder ejecutar a cabalidad la
decisión adoptada respecto a la homologación del demandante, ya que como se observa de las
copias certificadas de la casación emitida, casaron la sentencia de vista y confirmaron la
sentencia apelada de fecha veintitrés de mayo del dos mil doce en el extremo apelado que
declaro fundada en parte la demanda; y por otro lado conforme se tiene de la misma sentencia de
primera instancia se ordena el pago de las pensiones devengadas dejadas de percibir, con la
premisa “debiendo ser la misma de forma permanente”, situación que es observada por el
demandante en su escrito de apelación. Ahora si bien en la sentencia casatoria se precisa que el
pago del último tramo, refiriéndose al pago de pensiones devengadas, será solo hasta la vigencia
de la Ley N° 28449 de fecha treinta y uno de diciembre del dos mil cuatro, con la deducción de lo
ya percibido por dichos conceptos; el demandante solicita el cumplimiento de lo resuelto en la
sentencia de primera instancia la misma que ha sido confirmada por sentencia casatoria, por lo
que señala que el nivel remunerativo alcanzado por el demandante hasta la vigencia de la ley
28449, producto de la homologación nivelable, será el que permanece en el tiempo en forma
continua y permanente, monto que no ha sido considerado por la perito judicial al momento de
realizarse la pericia correspondiente.-------------------------------------------
NOVENO: Por lo antes señalado este colegiado ve por necesario que el juzgado precise la forma
como ha aplicado lo dispuesto por la sala suprema, respecto a este punto de la permanencia de
la homologación, a fin de evitar confusiones en la partes del proceso, ya que si bien en sentencia
de primera instancia de emite dicho pronunciamiento y en sentencia casatoria se confirma esta,
también se hace una precisión sobre el pago de pensiones devengadas; de otro lado, sin
perjuicio de lo antes indicado, no se puede dejar de lado también el hecho que en la resolución
cincuenta y seis de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciocho en lo que respecta a que no se
ha incluido el Decreto Supremo N° 019-94-PCM, el A quo manifiesta que este no le es aplicable
al demandante por no encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el artículo 1 de dicha
decreto, sin embargo, no se ha considerado el pronunciamiento emitido en la Sentencia
Casatoria recaída en el expediente N°2616-2004-AC/TC, donde específicamente se señala
quienes se encuentran comprendidos en los alcances del Decreto Supremo N° 19-94-PCM, siendo
los servidores públicos que “a) Que se encuentren ubicados en la Escala Remunerativa N° 4, esto
es, los docentes universitarios”; por lo que habiendo quedado esclarecida la homologación
realizada en favor del demandante, es necesario un nuevo pronunciamiento respecto a este punto.
2. De otro lado. el artículo 50º numeral 1) del Código Procesal Civil, establece:
“Son deberes de los Jueces en el proceso: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida solución,
adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía
procesal; (…)”
3. Respecto al cálculo de interés legal, el artículo 1º de la Ley 25920 (vigente
a partir de diciembre de 1992), establece: “A partir de la vigencia del presente
Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés
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legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable.”;
y el artículo 3º del mismo cuerpo legal, establece: “El interés legal sobre los
montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél en que se
produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, (…)”.
4. A fojas 168/174, obra la sentencia de fecha veintitrés de mayo del dos mil
doce, que resuelve textualmente:
“1. Declarando FUNDADA EN PARTE, la demanda interpuesta por ÁNGEL
ERNESTO ALANOCA VARGAS, la misma que la dirige en contra del MINISTERIO
DE CULTURA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA, mediante demanda que obra
de fojas 15 al 21. 2. En consecuencia, se ordena la homologación y nivelación de la
pensión de jubilación en aplicación del Decreto Supremo N° 162-85-EF, que establece
niveles remunerativos equivalentes de Ayudante de Regisseur II a profesor principal. 3.
Se ordene el pago de pensiones devengadas, dejadas de percibir desde el mes de enero
del año 1991 hasta el mes de julio de 1998 y pago de pensiones devengadas desde el
mes de agosto de 1998 hasta la actualidad, debiendo ser la misma en forma
permanente, con deducción de lo ya percibido bajo los alcances de la Resolución
Directoral Nacional N° 451-INC. Estando a cargo de la entidad demandada su
determinación y liquidación, con la deducción de los montos percibidos por dicho
concepto por cada mes, más los intereses legales. (…)”.
|Seguidamente se tiene que mediante Casación Nº 7390-2014 de fecha diez
de noviembre del dos mil quince, fojas 288/295, se resolvió textualmente:
“DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad con lo opinado por el señor
Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon FUNDADO el recurso
de casación de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, interpuesto de fojas
doscientos sesenta y seis a doscientos setenta y tres, por el demandante don Ángel
Ernesto Alanoca Vargas, en consecuencia: CASARON la sentencia de vista que obra a
fojas doscientos veintiséis a doscientos treinta y tres, de fecha veinticuatro de marzo de
dos mil catorce; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia
apelada de fecha veintitrés de mayo de dos mil doce, que corre de fojas ciento sesenta y
ocho a cuento setenta y cuatro, en el extremo apelado que declaró FUNDADA en parte
la demanda, y en consecuencia, ORDENARON la homologación y nivelación de la
pensión de jubilación en aplicación del Decreto Supremo Nº 162-85-EF que establece
niveles remunerativos equivalentes de Ayudante de Regisseur II a Profesor Principal,
disponiéndose el pago de las remuneraciones devengadas dejadas de percibir desde
enero de mil novecientos noventa y uno hasta el cinco de julio de mil novecientos
noventa y ocho, y el pago de las pensiones devengadas desde el seis de julio de mil
novecientos noventa y ocho, PRECISÀNDOSE que el pago de este último tramo será
sólo hasta la vigencia de la Ley Nº 28449 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil
cuatro, con deducción de lo ya percibido por dichos conceptos, más intereses legales;
(…)”.
5. Que con escrito de fecha quince de marzo del dos mil dieciséis, fojas 326/327,
la parte demandante propone que se le pague: i) por concepto de
remuneraciones devengadas correspondientes al periodo de enero de 1991 a
julio de 1998, la suma de diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve con
60/100 soles (S/ 19,749.60); y ii) por concepto de pensiones devengadas
correspondiente al periodo de agosto de 1998 a marzo del 2016, continuas en
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302/360 ambas partes, la suma de sesenta y nueve mil doscientos sesenta y
dos con 56/100 soles (S/69,262.56).
6. Seguidamente con escrito de fecha veintisiete de setiembre del dos mil
dieciséis, fojas 383, la entidad demandada, presenta Informe de Liquidación
Nº 146-2016-OGRH-SG/MC e Informe de Liquidación Nº 147-2016 -OGRH-
SG/MC, mediante los cuales concluye que por concepto de remuneraciones
devengadas del periodo de enero de 1991 hasta julio de 1998 corresponde el
pago de dieciocho mil setecientos setenta y ocho con 39/100 soles (S/
18,778.39) y por intereses la suma de veintitrés mil trescientos noventa y
tres con 75/100 soles (S/23,393.75); y por devengado de pensiones del
periodo del 06 de julio de 1998 a diciembre del 2004 la suma de cuarenta y
cinco mil quinientos cincuenta y tres con 55/100 soles (S/ 45,553.55) e
intereses la suma de veinte mil seiscientos sesenta y cinco con 78/100 soles
(S/ 20,665.78). Corrido el traslado a la parte demandante, esta absuelve con
escrito de fecha veintiuno de octubre del dos mil dieciséis, fojas 391/393,
observando medularmente que se da una interpretación errada al señalar que
la liquidación de derechos del demandante solo son hasta el 31 de diciembre
del 2004, retrotrayendo sus derechos a su remuneración inicial, máxime que
claramente en el considerando quinto de la casación se indica que es en forma
permanente, esto es el último monto percibido homologado y nivelado en el
año 2004 para adelante, es decir , se congela su nivelación en el mes de
diciembre del 2004 para adelante, no pudiendo seguirse incrementando; y
que no se ha cumplido con la nivelación continua de la pensión de jubilación
desde el 01 de enero del 2005 hasta la actualidad.
7. Con resolución Nº 43 de fecha doce de abril del dos mil diecisiete, fojas 427, a
efecto de mejor resolver, se dispone se remitan los autos a la Perito Judicial
Adscrita a los Juzgados Laborales Verónica Huanacuni Vilca, debiendo de
tener en cuenta las precisiones señaladas en la precitada resolución y la
resolución Nº 44 de fecha veintinueve de mayo del dos mil diecisiete, fojas
434. Que con Informe Nº 0109-2017-VHV-PJ-ML/CSJT-PJ de fecha veintiséis
de julio del dos mil diecisiete, fojas 477/485, la Perito Judicial concluye que
corresponde: a) Por reintegro de las remuneraciones por homologación
correspondiente a la de un Docente Universitario-Profesor Principal a Tiempo
Completo desde el 01 de Enero de 1991 hasta el 05 de julio de 1998 en
actividad asciende a la suma total de S/ 15,538.13 (quince mil quinientos
treinta y ocho con 13/100 soles); b) Por recálculo de pensiones según Decreto
Ley Nº 20530-Cesante del 06 de julio de 1998 hasta el 31 de diciembre del
2004 asciende a la suma total de S/ 38,704.23 (treinta y ocho mil setecientos
cuatro con 23/100 soles); c) Intereses legales laborales del reintegro de las
remuneraciones por homologación correspondiente a la de un Docente
Universitario-Profesor Principal a Tiempo Completo desde sus fechas exigibles
hasta el 23 de julio del 2017 asciende a la suma total de S/ 23,007.19
(veintitrés mil siete con 19/100 soles); d) Intereses legales efectivos del
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recálculo de las pensiones según Decreto Ley N° 20530 desde las fechas
exigibles hasta el 23 de julio del 2017ascienden a la suma total de S/
18,634.64 (dieciocho mil seiscientos treinta y cuatro con 64/100 soles).
Corrido el traslado a las partes, la parte demandante formula observaciones
con escrito de fecha +nueve de agosto del dos mil diecisiete, fojas 521/525.
8. Respecto a la observación del periodo de cálculo de los devengados. A
efecto de resolver, es necesario primero puntualizar el periodo ordenado en la
sentencia de autos y lo precisado en la Casación Nº 7390-2014-Tacna, de otro
lado se debe tener en consideración lo señalado por el artículo 4° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial aprobado por el D.S. 017-93-JUS: “Toda persona y
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales
o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en
sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos,
restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil,
penal o administrativa que la ley señala (…)”. Al respecto si bien la sentencia
de primera instancia en lo que respecta a las pensiones devengadas indicó
que esta corresponde desde agosto de 1998 hasta la actualidad, debiendo ser
la misma hasta la actualidad; sin embargo en la Casación Nº 7390-2014
sobre dicho extremo precisó que el pago de pensiones devengadas
corresponde desde el 6 de julio de 1998 hasta la vigencia de la Ley 28449 es
decir hasta el 31 de diciembre del 2004; al respecto esta precisión emitida
por la Corte Suprema ha sido explicada en la misma Casación en su
fundamento Undécimo al señalar: “Que, sin embargo, la homologación citada
debe darse sólo hasta la entrada en vigencia de la Ley 28449 el treinta y uno
de diciembre de dos mil cuatro, dado que, la nivelación de las pensiones de
los cesantes que se encuentran bajo el régimen del Decreto Ley 20530, solo
estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la Ley 28449, pues a partir de
dicha fecha se prohíbe la nivelación de pensiones.
Entonces si bien puede concluirse que mediante la Casación Nº 7390-2014-
Tacna, se confirmó la sentencia de primera instancia, sin embargo la propia
Corte Suprema a través de la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria ha precisado el mandato contenido en la sentencia de primera
instancia a través de la precisión antes referida; de ahí que el mandato
judicial que corresponde ser ejecutado el que ha señalado en la Casación en
comentario, aunado a ello, que el Juez en etapa de ejecución no está
facultado variar el contenido del mandato judicial de la cosa juzgada.
Por tanto se arriba a la conclusión que en este proceso se ha ordenado el
pago de remuneraciones devengadas del periodo de enero de 1991 hasta el
05 de julio de 1998, y de pensiones devengadas desde el 06 de julio de 1998
hasta la vigencia de la Ley Nº 28449, es decir, hasta el 31 de diciembre del
2004, con deducción de lo ya percibido por dichos conceptos, más intereses
legales. Que revisado la liquidación emitida por la Perito Judicial, esta
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judicatura verifica que el periodo utilizado se ajusta a lo ordenado en autos,
por ende, la observación planteada por la parte demandante respecto a este
extremo resulta infundada.
9. Respecto al Informe Nº 190-2008-JHL-PV-JL-CSJT, emitido por el
Perito Jesús Huabloche. Si bien es cierto el referido informe ha sido
aprobado en el expediente Nº 00203-2007-0-2301-JR-LA-1, expediente que
solo ha sido admitido como medio probatorio del demandante a efecto de
acreditar los hechos expuestos por el demandante en su demanda y por
consiguiente se emitió sentencia, empero, el referido informe ha sido
aprobado en otro proceso distinto al presente; además, que en la sentencia
de autos no se ha ordenado que el pago de las remuneraciones y pensiones
devengadas sea con arreglo a la liquidación referida. En ese sentido, dicho
extremo observado por el demandante deviene en infundado.
10. Respecto a la observación de inaplicación del Decreto Supremo Nº
044-2003-EF. Se tiene que el artículo 1º del precitado cuerpo legal, señala:
“Otórgase, a partir del mes de marzo del 2003, una Asignación Especial de carácter
mensual, al personal de las Universidades Públicas equivalente a CIEN Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 100,00).” Seguidamente en su artículo 2º, señala: “La
asignación especial, a que se refiere el artículo precedente, tendrá las siguientes
características: (…) b) No tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable,
(….)”. Y respecto a la observación de inaplicación del Decreto
Supremo Nº 020-2004-EF. Se tiene que el artículo 1º del precitado decreto
supremo, señala: “Otorgamiento de la Asignación Especial. Otórgase, a partir del mes
de enero del 2004, una Asignación Especial de carácter mensual, al personal docente de
las Universidades Públicas de acuerdo a lo siguiente: (…) CATEGORÌA: PROFESOR
PRINCIPAL, DEFICACIÒN: TIEMPO COMPLETO Y DED. EXCLUSIVA. MONTO S/.:
120 (…)”. En su artículo 2º, señala: “Características de la Asignación Especial. La
asignación especial a que se refiere el artículo precedente, tendrá las siguientes
características: (…) b) No tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable,
(…)”. En ese entender, se tiene que los citados Decretos Supremo, tienen
vigencia desde marzo del 2003 y enero del 2004, esto es, en el periodo que el
demandante tiene la calidad de pensionista, por lo que no son aplicables para
el cálculo de sus remuneraciones y pensiones devengadas del demandante;
en consecuencia, dicho extremo observado por el demandante a la liquidación
efectuada por la perito judicial deviene en infundadas.
11. Respecto a la observación de inaplicación del Decreto de Urgencia Nº 105-
2001, vigente desde el 01 de setiembre del 2001. Primeramente, se tiene que el
citado Decreto de Urgencia en su artículo 1º señala: “Fijan Remuneración
Básica. Fíjase, a partir del 1 de setiembre del año 2001, en CINCUENTA Y 00/100
NUEVOS SOLES (S/. 50,00) la Remuneración Básica de los siguientes servidores
públicos: a) (…), Docentes Universitarios comprendidos en la Ley Nº 23733 - Ley
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Universitaria, (…)”. Y, en su artículo 4º, señala: “Reajuste del Régimen de
Pensionistas del Decreto Ley N° 20530. 4.1 Se encuentran comprendidos en los alcances
del Artículo 1º de la presente norma, los pensionistas de la Ley Nº 20530 que perciban
pensiones menores o iguales a S/. 1 250,00. (…)”. Que revisada la liquidación
efectuada por la perito judicial, se tiene que ha tenido en cuenta la Escala de
Remuneraciones de Docente Universitario, Docente Principal a Tiempo
Completo, fojas 415/423, donde se encuentra reconocida como remuneración
básica la suma de cincuenta con 07/100 soles (S/ 50.07), es decir, que sí se
encuentra aplicado el referido Decreto Supremo en la liquidación de las
pensiones del demandante; por tanto, la observación realizada en este
extremo por la parte demandante deviene en infundada.
12. Respecto a la inaplicación del Decreto Supremo Nº 040-85-EF
(ENTENDIENDOSE COMO DECRETO SUPREMO Nº 040-86-EF, conforme
a la documentación adjunta por el demandante); y Decreto Supremo
Nº 027-91-EF. Que con sentencia y Casación de autos, fojas 168/174 y fojas
288/295, respectivamente, se ordena la homologación y nivelación de la
pensión, así también, se pague los devengados de las remuneraciones y
pensiones del demandante de Ayudante de Regisseur II a Profesor Principal,
liquidación que ha sido correctamente efectuada por la Perito Judicial,
habiendo tenido en cuenta la Escala de Remuneraciones de Docente
Universitario, Docente Principal a Tiempo Completo, fojas 415/423, en donde
no se encuentra contemplados los ingresos de los docentes universitarios, no
presentado instrumento probatorio como planillas o boletas de docentes a
tiempo completo en donde pueda advertirse lo alegado por la parte.
13. Respecto a que no se ha incluido el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM.
El citado Decreto Supremo en su artículo 1º señala: “Otórgase, a partir del 1 de
abril de 1994, a los Profesionales de la Salud y Docentes de la carrera del Magisterio
Nacional de la Administración Pública, así como a los trabajadores asistenciales y
administrativos de los Ministerios de Salud y Educación y sus Instituciones Públicas
Descentralizadas, Sociedades de Beneficencia Pública, Unión de Obras de Asistencia
Social y de los Programas de Salud y Educación de los Gobiernos Regionales, una
Bonificación Especial (…)”.
14. El demandante invoca la aplicación de lo establecido en lo resuelto por el
Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el Expediente 216-2004-
AC/TC Caso Amado Nelson Santillan Tuesta; al respecto, debe tenerse que la
demanda en referido proceso tuvo como objeto el otorgamiento de la
bonificación prevista en el Decreto de Urgencia No. 037-94, si bien en su
fundamento 9 precisa que se llega a establecer que se encuentra
comprendidos en los alcances del D.S. 019-94-PCM entre otros aquello
servidores públicos: “a) Que se encuentran ubicados en la Escala
Remunerativa N° 4, esto es, los docentes universitarios”, sin embargo
también es cierto que referida sentencia fue emitida en función a la aplicación
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del Decreto de Urgencia No. 037-94, además que el Juzgador cuenta cuenta
con autonomía e independencia al momento de emitir sus decisiones, en
atención a lo regulado por el artículo 2 del TUO Ley Orgánica del Poder
Judicial.
En ese orden de ideas, conforme a lo regulado por el D.S. 019-94-PCM en su
artículo 1 la bonificación especial, no se otorgó para los docentes
universitarios, pues si bien el artículo 1 hace mención a los docentes de la
carrera del Magisterio Nacional de la Administración Pública; sin embargo
referida normas es aplicable a los profesores regulados en su momento por la
Ley 24029 y no para los Profesores Universitarios que en el momento de la
dación del D.S. 019-94-PCM se encontraron regulados por la Ley 23733 “Ley
Universitaria” la misma que reguló la carrera docente universitaria, siendo
que en su artículo 44 se estableció que las categorías de los profesores
ordinarios que pueden ser: principal, asociado y auxiliar, y en su artículo 49
de la acotada ley regulo lo referente a los regímenes de dedicación de los
profesores ordinarios en; a) Profesor Regular (tiempo completo), b) Con
dedicación exclusiva, y c) Por tiempo parcial.
15. En cambio en lo que respecta, a los docentes de la carrera pública magisterial
de la Ley 24029 en su artículo 30 modificado por la Ley 25212; en su
momento estableció los siguientes niveles de la carrera pública del
profesorado:
"Artículo 30.- Los niveles de la Carrera Pública del Profesorado son cinco.
El tiempo mínimo de permanencia en cada uno de los niveles es el siguiente:
En el Nivel I : Cinco años,
En el Nivel II : Cinco años,
En el Nivel III : Cinco años,
En el Nivel IV : Cinco años, y
En el Nivel V : Indefinido.
El reconocimiento del tiempo de servicios es de oficio".
16. Aspecto que tiene relevancia pues el mismo artículo 1 del D.S. 019-94-PCM
establece el siguiente detalle (en lo que respecta a los profesores del
magisterio nacional) en relación a los montos a otorgar:
CATEGORIA MONTO EN NUEVOS SOLES
DOCENTE CON TITULO
Nivel Horas
V 40 120.00
30 115.00
24 110.00
IV 40 116.00
30 112.00
24 108.00
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
III 40 113.00
30 109.00
24 105.00
II 40 110.00
30 106.00
24 103.00
I 40 108.00
30 105.00
24 102.00
DOCENTE SIN TITULO
CATEGORIA MONTO EN NUEVOS SOLES
17. Como puede verse, el detalle previsto en el artículo 1 del D.S. 019-94-PCM
está en función de los niveles de la carrera pública magisterial que en su
momento reguló la Ley 24029 modificada por la 25212; y no está en función
a las categorías y regímenes de dedicación de los profesores ordinarios de la
carrera docente universitaria regulada en su momento por la Ley 23733, por
tanto a criterio de esta Judicatura el D.S. 019-94-PCM no es aplicable para la
homologación del demandante; deviniendo en infundada dicho extremo
observado; además no se toma en consideración que de los conceptos que
integran la remuneración del docente universitario como se aprecia de la
Escala de Remuneraciones de docente universitario F. 415/421, se observa
que no se considera el D.S. 019-94-PCM, por todo lo expuesto, referida
observación también deviene en infundada.
18. Respeto a las liquidaciones presentadas por la parte demandante y
parte demandada; y observaciones del demandante a la liquidación
efectuada por la demandada. Que revidas la liquidación presentada por el
demandante con escrito de fecha quince de abril del dos mil dieciséis, fojas
326/327, se verifica que no se toma en cuenta la escala de remuneraciones
de docente universitario- Docente Principal a Tiempo Completo-, fojas
415/423, asimismo, que el periodo utilizado para el cálculo de los devengados
no se encuentra conforme a lo ordenado en autos, por lo que debe
desaprobarse. Asimismo, revisada la liquidación efectuada por la demandada
con escrito de fecha veintisiete de setiembre del dos mil dieciséis, fojas 383,
se verifica que la misma no se ha tomado en cuenta el detalle de las
remuneraciones percibidas por el demandante, fojas 156/157, así también,
para el cálculo de las pensiones se ha considerado el Decreto Supremo Nº
044-2003-EF y el Decreto Supremo Nº 020-2004-EF, los mismos que no son
pensionables, por lo que debe desaprobarse la liquidación efectuada. Por otro
lado, conforme los considerandos señalados precedentemente, se tiene que
las observaciones efectuadas por la parte demandante a la liquidación de la
9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
demandada y a la efectuada por la perito judicial, fojas 391/393 y 521/325,
devienen en infundadas.
19. De la liquidación efectuada por la Perito Judicial Verónica Huanacuni
Vilca. Estando desvirtuadas las observaciones realizadas por la parte
demandante, es necesario señalar que la liquidación de remuneraciones
devengadas del demandante ha sido realizada correctamente, tomando en
cuenta la Escala de Remuneraciones de los Docentes Universitarios Principal a
Tiempo Completo, fojas 415/423; además, en cuanto a la liquidación de
pensiones devengadas del demandante, se tiene que en la misma ha sido
realizada tomado en cuenta la pensión que debe percibir un docente
universitario principal a tiempo completo, descontándose las asignaciones no
pensionables y teniendo en cuenta el artículo 5° de la Ley 20530, por lo que
habiendo el demandante laborado por el periodo de 25 años 02 meses y 01
día, conforme se desprende del el Memorando Nº 2227-2016-OGRH/SG/MC
de fecha diecinueve de setiembre del dos mil dieciséis, fojas 381/382, le es
aplicable el factor de pensión de 302/360 equivalente al 84% , por lo que
corresponde aprobar la liquidación de remuneraciones y pensiones realizado
por la Perito Judicial.
20. En cuanto a la liquidación de intereses legales efectuada a la Perito Judicial,
se tiene que la misma no ha sido observada por ninguna de las partes;
asimismo, se tiene que ha sido realizado de conformidad con la Ley 25920,
teniendo en cuenta correctamente el periodo de inicio o de origen los adeudos
para el cálculo de los intereses respectivos, debiendo de precisarse que el
cálculo se realiza hasta el veintitrés de julio del dos mil diecisiete; además, se
tiene que en la liquidación efectuada por el perito judicial se ha utilizado el
método de factores acumulados de las tasas de interés legal laboral
considerando la diferencia entre los factores acumulados a la fecha de la
obligación y la fecha en que realizó cálculo de los mismos, por lo que
corresponde aprobarlos.
Por estas consideraciones y normatividad invocada;
III. DECISION:
1. Declarar INFUNDADAS las observaciones efectuadas por la parte
demandante a la liquidación de la demandada y a la efectuada por la perito
judicial, fojas 391/393 y 521/325
2. DESAPROBAR la liquidación presentada por el demandante con escrito de
fecha quince de abril del dos mil dieciséis, fojas 326/327; y liquidación
efectuada presentada por la demandada con escrito de fecha veintisiete de
setiembre del dos mil dieciséis, fojas 383.
10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
3. APROBAR la liquidación efectuada por la Perito Judicial Verónica Huanacuni
Vilca con Informe Nº 0109-2017-VHV-PJ-ML/CSJT-PJ de fecha veintiséis de
julio del dos mil diecisiete, fojas 477/485.
4. Se ORDENA que la demandada MINISTERIO DE CULTURA cumpla con
pagar a favor del demandante Ángel Ernesto Alanoca Vargas por concepto de
reintegro de remuneraciones devengadas dejadas de percibir desde enero
de mil novecientos noventa y uno hasta el cinco de julio de mil novecientos
noventa y ocho, la suma de S/ 15,538.13 (quince mil quinientos treinta y
ocho con 13/100 soles); por concepto de pensiones devengadas desde el
seis de julio de mil novecientos noventa y ocho hasta el treinta y uno de
diciembre de dos mil cuatro, la suma de S/ 38,704.23 (treinta y ocho mil
setecientos cuatro con 23/100 soles); asimismo, se pague a favor del
demandante por concepto de intereses legales de las remuneraciones
devengadas desde sus fechas exigibles hasta el 23 de julio del 2017 la suma
total de S/ 23,007.19 (veintitrés mil siete con 19/100 soles); y por intereses
legales de las pensiones devengadas desde sus fechas exigibles hasta el 23 de
julio del 2017 la suma de S/ 18,634.64 (dieciocho mil seiscientos treinta y
cuatro con 64/100 soles). Regístrese y Notifíquese.-
11 |
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EXPEDIENTE : 01044-2011-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : GORDILLO BEDOYA, SHIRLEY MABEL
DEMANDADO : MINISTERIO DE CULTURA ,
PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE LA,
CULTURA
DEMANDANTE : ALANOCA VARGAS, ANGEL ERNESTO
Resolución Nro.56
Tacna, veinticinco de abril del dos mil dieciocho.-
VISTOS: El estado del presente proceso; Y, CONSIDERANDO:
1. Estando lo establecido por el artículo 50º numeral 1) del Código Procesal Civil,
“Son deberes de los Jueces en el proceso: 1. Dirigir el proceso, velar por su rápida
solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la
economía procesal; (…)”
2. Respecto al cálculo de interés legal, el artículo 1º de la Ley 25920 (vigente a
partir de diciembre de 1992), establece: “A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el
interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el
Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es capitalizable.”; y el artículo 3º
del mismo cuerpo legal, establece: “El interés legal sobre los montos adeudados por el
empleador se devengan a partir del siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y
hasta el día de su pago efectivo, (…)”
3. A fojas 168/174, obra la sentencia de fecha veintitrés de mayo del dos mil doce,
que resuelve textualmente: “1. Declarando FUNDADA EN PARTE, la demanda interpuesta
por ÁNGEL ERNESTO ALANOCA VARGAS, la misma que la dirige en contra del
MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA, mediante demanda que
obra de fojas 15 al 21. 2. En consecuencia, se ordena la homologación y nivelación de la
pensión de jubilación en aplicación del Decreto Supremo N° 162-85-EF, que establece niveles
remunerativos equivalentes de Ayudante de Regisseur II a profesor principal. 3. Se ordene el
pago de pensiones devengadas, dejadas de percibir desde el mes de enero del año 1991 hasta el
mes de julio de 1998 y pago de pensiones devengadas desde el mes de agosto de 1998 hasta la
actualidad, debiendo ser la misma en forma permanente, con deducción de lo ya percibido bajo
los alcances de la Resolución Directoral Nacional N° 451-INC. Estando a cargo de la entidad
demandada su determinación y liquidación, con la deducción de los montos percibidos por
dicho concepto por cada mes, más los intereses legales. (…)”. Seguidamente se tiene que
mediante Casación Nº 7390-2014 de fecha diez de noviembre del dos mil quince, fojas
288/295, se resolvió textualmente: “DECISIÓN: Por estas consideraciones, de conformidad
con lo opinado por el señor Fiscal Supremo en lo Contencioso Administrativo: Declararon
FUNDADO el recurso de casación de fecha veintiocho de mayo de dos mil catorce, interpuesto
de fojas doscientos sesenta y seis a doscientos setenta y tres, por el demandante don Ángel
Ernesto Alanoca Vargas, en consecuencia: CASARON la sentencia de vista que obra a fojas
doscientos veintiséis a doscientos treinta y tres, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil
catorce; y actuando en sede de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha
veintitrés de mayo de dos mil doce, que corre de fojas ciento sesenta y ocho a cuento setenta y
1 cuatro, en el extremo apelado que declaró FUNDADA en parte la demanda, y en
consecuencia, ORDENARON la homologación y nivelación de la pensión de jubilación en
aplicación del Decreto Supremo Nº 162-85-EF que establece niveles remunerativos
equivalentes de Ayudante de Regisseur II a Profesor Principal, disponiéndose el pago de las
remuneraciones devengadas dejadas de percibir desde enero de mil novecientos noventa y uno
hasta el cinco de julio de mil novecientos noventa y ocho, y el pago de las pensiones
devengadas desde el seis de julio de mil novecientos noventa y ocho, PRECISÀNDOSE que el
pago de este último tramo será sólo hasta la vigencia de la Ley Nº 28449 de fecha treinta y uno
de diciembre de dos mil cuatro, con deducción de lo ya percibido por dichos conceptos, más
intereses legales; (…)”.
4. Que con escrito de fecha quince de marzo del dos mil dieciséis, fojas 326/327, la
parte demandante propone que se le pague: i) por concepto de remuneraciones
devengadas correspondientes al periodo de enero de 1991 a julio de 1998, la suma de
diecinueve mil setecientos cuarenta y nueve con 60/100 soles (S/ 19,749.60); y ii) por
concepto de pensiones devengadas correspondiente al periodo de agosto de 1998 a
marzo del 2016, continuas en 302/360 abas partes, la suma de sesenta y nueve mil
doscientos sesenta y dos con 56/100 soles (S/69,262.56).
5. Seguidamente con escrito de fecha veintisiete de setiembre del dos mil dieciséis,
fojas 383, la entidad demandada, presenta Informe de Liquidación Nº 146-2016-OGRH-
SG/MC e Informe de Liquidación Nº 147-2016 -OGRH-SG/MC, mediante los cuales
concluye que por concepto de remuneraciones devengadas del periodo de enero de 1991
hasta julio de 1998 corresponde el pago de dieciocho mil setecientos setenta y ocho con
39/100 soles (S/ 18,778.39) y por intereses la suma de veintitrés mil trescientos noventa
y tres con 75/100 soles (S/23,393.75); y por devengado de pensiones del periodo del 06
de julio de 1998 a diciembre del 2004 la suma de cuarenta y cinco mil quinientos
cincuenta y tres con 55/100 soles (S/ 45,553.55) e intereses la suma de veinte mil
seiscientos sesenta y cinco con 78/100 soles (S/ 20,665.78). Corrido el traslado a la
parte demandante, esta absuelve con escrito de fecha veintiuno de octubre del dos mil
dieciséis, fojas 391/393, observando medularmente que se da una interpretación errada
al señalar que la liquidación de derechos del demandante solo son hasta el 31 de
diciembre del 2004, retrotrayendo sus derechos a su remuneración inicial, máxime que
claramente en el considerando quinto de la casación se indica que es en forma
permanente, esto es el último monto percibido homologado y nivelado en el año 2004
para adelante, es decir , se congela su nivelación en el mes de diciembre del 2004 para
adelante, no pudiendo seguirse incrementando; y que no se ha cumplido con la
nivelación continua de la pensión de jubilación desde el 01 de enero del 2005 hasta la
actualidad.
6. Con resolución Nº 43 de fecha doce de abril del dos mil diecisiete, fojas 427, a
efecto de mejor resolver, se dispone se remitan los autos a la Perito Judicial Adscrita a
los Juzgados Laborales Verónica Huanacuni Vilca, debiendo de tener en cuenta las
precisiones señaladas en la precitada resolución y la resolución Nº 44 de fecha
veintinueve de mayo del dos mil diecisiete, fojas 434. Que con Informe Nº 0109-2017-
VHV-PJ-ML/CSJT-PJ de fecha veintiséis de julio del dos mil diecisiete, fojas 477/485,
la Perito Judicial concluye que corresponde: a) Por reintegro de las remuneraciones por
homologación correspondiente a la de un Docente Universitario-Profesor Principal a
Tiempo Completo desde el 01 de Enero de 1991 hasta el 05 de julio de 1998 en
actividad asciende a la suma total de S/ 15,538.13 (quince mil quinientos treinta y ocho
con 13/100 soles); b) Por recálculo de pensiones según Decreto Ley Nº 20530-Cesante
2 del 06 de julio de 1998 hasta el 31 de diciembre del 2004 asciende a la suma total de S/
38,704.23 (treinta y ocho mil setecientos cuatro con 23/100 soles); c) Intereses legales
laborales del reintegro de las remuneraciones por homologación correspondiente a la de
un Docente Universitario-Profesor Principal a Tiempo Completo desde sus fechas
exigibles hasta el 23 de julio del 2017 asciende a la suma total de S/ 23,007.19
(veintitrés mil siete con 19/100 soles); d) Intereses legales efectivos del recálculo de las
pensiones según Decreto Ley Nª 20530 desde las fechas exigibles hasta el 23 de julio
del 2017ascienden a la suma total de S/ 18,634.64 (dieciocho mil seiscientos treinta y
cuatro con 64/100 soles). Corrido el traslado a las partes, la parte demandante formula
observaciones con escrito de fecha nueve de agosto del dos mil diecisiete, fojas
521/525.
7. Respecto a la observación del periodo de cálculo de los devengados. A efecto
de resolver, es necesario primero puntualizar el periodo ordenado en la sentencia de
autos y lo precisado en la Casación Nº 7390-2014, esto es, que en el presente proceso se
ordena el pago de remuneraciones devengadas del periodo de enero de 1991 hasta el 05
de julio de 1998, y de pensiones devengadas desde el 06 de julio de 1998 hasta la
vigencia de la Ley Nº 28449, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2004. Que revisado
la liquidación emitida por la Perito Judicial, esta judicatura verifica que el periodo
utilizado se ajusta a lo ordenado en autos, por ende, la observación planteada por la
parte demandante respecto a este extremo resulta infundada.
8. Respecto al Informe Nº 190-2008-JHL-PV-JL-CSJT, emitido por el Perito
Jesús Huabloche. Si bien es cierto el referido informe ha sido aprobado en el
expediente Nº 00203-2007-0-2301-JR-LA-1, expediente que solo ha sido admitido
como medio probatorio del demandante a efecto de acreditar los hechos expuestos por
el demandante en su demanda y por consiguiente se emitió sentencia, empero, el
referido informe ha sido aprobado en otro proceso distinto al presente; además, que en
la sentencia de autos no se ha ordenado que el pago de las remuneraciones y pensiones
devengadas sea con arreglo a la liquidación referida. En ese sentido, dicho extremo
observado por el demandante deviene en infundado.
9. Respecto a la observación de inaplicación del Decreto Supremo Nº 044-
2003-EF. Se tiene que el artículo 1º del precitado cuerpo legal, señala: “Otórgase, a
partir del mes de marzo del 2003, una Asignación Especial de carácter mensual, al personal de
las Universidades Públicas equivalente a CIEN Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 100,00).”
Seguidamente en su artículo 2º, señala: “La asignación especial, a que se refiere el artículo
precedente, tendrá las siguientes características: (…) b) No tiene carácter ni naturaleza
remunerativa ni pensionable, (….)”. Y respecto a la observación de inaplicación del
Decreto Supremo Nº 020-2004-EF. Se tiene que el artículo 1º del precitado decreto
supremo, señala: “Otorgamiento de la Asignación Especial. Otórgase, a partir del mes de
enero del 2004, una Asignación Especial de carácter mensual, al personal docente de las
Universidades Públicas de acuerdo a lo siguiente: (…) CATEGORÌA: PROFESOR
PRINCIPAL, DEFICACIÒN: TIEMPO COMPLETO Y DED. EXCLUSIVA. MONTO S/.: 120
(…)”. En su artículo 2º, señala: “Características de la Asignación Especial. La asignación
especial a que se refiere el artículo precedente, tendrá las siguientes características: (…) b) No
tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable, (…)”. En ese entender, se tiene que
los citados Decretos Supremo, tienen vigencia desde marzo del 2003 y enero del 2004,
esto es, en el periodo que el demandante tiene la calidad de pensionista, por lo que no
son aplicables para el cálculo de sus remuneraciones y pensiones devengadas del
3 demandante; en consecuencia, dicho extremo observado por el demandante a la
liquidación efectuada por la perito judicial deviene en infundadas.
10. Respecto a la observación de inaplicación del Decreto de Urgencia Nº 105-
2001, vigente desde el 01 de setiembre del 2001. Primeramente, se tiene que el citado
Decreto de Urgencia en su artículo 1º señala: “Fijan Remuneración Básica. Fíjase, a partir
del 1 de setiembre del año 2001, en CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) la
Remuneración Básica de los siguientes servidores públicos: a) (…), Docentes Universitarios
comprendidos en la Ley Nº 23733 - Ley Universitaria, (…)”. Y, en su artículo 4º, señala:
“Reajuste del Régimen de Pensionistas del Decreto Ley N° 20530. 4.1 Se encuentran
comprendidos en los alcances del Artículo 1º de la presente norma, los pensionistas de la Ley
Nº 20530 que perciban pensiones menores o iguales a S/. 1 250,00. (…)”. Que revisada la
liquidación efectuada por la perito judicial, se tiene que ha tenido en cuenta la Escala de
Remuneraciones de Docente Universitario, Docente Principal a Tiempo Completo, fojas
415/423, donde se encuentra reconocida como remuneración básica la suma de
cincuenta con 07/100 soles (S/ 50.07), es decir, que sí se encuentra aplicado el referido
Decreto Supremo en la liquidación de las pensiones del demandante; por tanto, la
observación realizada en este extremo por la parte demandante deviene en infundada.
11. Respecto a la inaplicación del Decreto Supremo Nº 040-85-EF
(ENTENDIENDOSE COMO DECRETO SUPREMO Nº 040-86-EF, conforme a la
documentación adjunta por el demandante); y Decreto Supremo Nº 027-91-EF.
Que con sentencia y Casación de autos, fojas 168/174 y fojas 288/295, respectivamente,
se ordena la homologación y nivelación de la pensión, así también, se pague los
devengados de las remuneraciones y pensiones del demandante de Ayudante de
Regisseur II a Profesor Principal, liquidación que ha sido correctamente efectuada por
la Perito Judicial, habiendo tenido en cuenta la Escala de Remuneraciones de Docente
Universitario, Docente Principal a Tiempo Completo, fojas 415/423, en donde no se
encuentra contemplados los ingresos de los docentes universitarios, no presentado
instrumento probatorio como planillas o boletas de docentes a tiempo completo en
donde pueda advertirse lo alegado por la parte.
12. Respecto a que no se ha incluido el Decreto Supremo Nº 019-94-PCM. El
citado Decreto Supremo en su artículo 1º señala: “Otórgase, a partir del 1 de abril de 1994,
a los Profesionales de la Salud y Docentes de la carrera del Magisterio Nacional de la
Administración Pública, así como a los trabajadores asistenciales y administrativos de los
Ministerios de Salud y Educación y sus Instituciones Públicas Descentralizadas, Sociedades de
Beneficencia Pública, Unión de Obras de Asistencia Social y de los Programas de Salud y
Educación de los Gobiernos Regionales, una Bonificación Especial (…)”. En ese entender, se
tiene que al demandante no le es aplicable el citado Decreto Supremo, por no
encontrarse dentro de los supuestos establecidos en el artículo 1º, deviniendo en
infundada dicho extremo observado.
13. Respeto a las liquidaciones presentadas por la parte demandante y parte
demandada; y observaciones del demandante a la liquidación efectuada por la
demandada. Que revidas la liquidación presentada por el demandante con escrito de
fecha quince de abril del dos mil dieciséis, fojas 326/327, se verifica que no se toma en
cuenta la escala de remuneraciones de docente universitario- Docente Principal a
Tiempo Completo-, fojas 415/423, asimismo, que el periodo utilizado para el cálculo de
los devengados no se encuentra conforme a lo ordenado en autos, por lo que debe
desaprobarse. Asimismo, revisada la liquidación efectuada por la demandada con escrito
4 de fecha veintisiete de setiembre del dos mil dieciséis, fojas 383, se verifica que la
misma no se ha tomado en cuenta el detalle de las remuneraciones percibidas por el
demandante, fojas 156/157, así también, para el cálculo de las pensiones se ha
considerado el Decreto Supremo Nº 044-2003-EF y el Decreto Supremo Nº 020-2004-
EF, los mismos que no son pensionables, por lo que debe desaprobarse la liquidación
efectuada. Por otro lado, conforme los considerandos señalados precedentemente, se
tiene que las observaciones efectuadas por la parte demandante a la liquidación de la
demandada y a la efectuada por la perito judicial, fojas 391/393 y 521/325, devienen en
infundadas.
14. De la liquidación efectuada por la Perito Judicial Verónica Huanacuni
Vilca. Estando desvirtuadas las observaciones realizadas por la parte demandante, es
necesario señalar que la liquidación de remuneraciones devengadas del demandante ha
sido realizada correctamente, tomando en cuenta la Escala de Remuneraciones de los
Docentes Universitarios Principal a Tiempo Completo, fojas 415/423; además, en
cuanto a la liquidación de pensiones devengadas del demandante, se tiene que en la
misma ha sido realizada tomado en cuenta la pensión que debe percibir un docente
universitario principal a tiempo completo, descontándose las asignaciones no
pensionables y teniendo en cuenta el artículo 5° de la Ley 20530, por lo que habiendo el
demandante laborado por el periodo de 25 años 02 meses y 01 día, conforme se
desprende del el Memorando Nº 2227-2016-OGRH/SG/MC de fecha diecinueve de
setiembre del dos mil dieciséis, fojas 381/382, le es aplicable el factor de pensión de
302/360 equivalente al 84% , por lo que corresponde aprobar la liquidación de
remuneraciones y pensiones realizado por la Perito Judicial.
15. En cuanto a la liquidación de intereses legales efectuada a la Perito Judicial, se
tiene que la misma no ha sido observada por ninguna de las partes; asimismo, se tiene
que ha sido realizado de conformidad con la Ley 25920, teniendo en cuenta
correctamente el periodo de inicio o de origen los adeudos para el cálculo de los
intereses respectivos, debiendo de precisarse que el cálculo se realiza hasta el veintitrés
de julio del dos mil diecisiete; además, se tiene que en la liquidación efectuada por el
perito judicial se ha utilizado el método de factores acumulados de las tasas de interés
legal laboral considerando la diferencia entre los factores acumulados a la fecha de la
obligación y la fecha en que realizó cálculo de los mismos, por lo que corresponde
aprobarlos.
Por estas consideraciones y normatividad invocada;
SE RESUELVE:
1. Declarar INFUNDADAS las observaciones efectuadas por la parte demandante
a la liquidación de la demandada y a la efectuada por la perito judicial, fojas
391/393 y 521/325
2. DESAPROBAR la liquidación presentada por el demandante con escrito de
fecha quince de abril del dos mil dieciséis, fojas 326/327; y liquidación
efectuada presentada por la demandada con escrito de fecha veintisiete de
setiembre del dos mil dieciséis, fojas 383.
3. APROBAR la liquidación efectuada por la Perito Judicial Verónica Huanacuni
Vilca con Informe Nº 0109-2017-VHV-PJ-ML/CSJT-PJ de fecha veintiséis de
julio del dos mil diecisiete, fojas 477/485.
5 4. Se ORDENA que la demandada MINISTERIO DE CULTURA cumpla con
pagar a favor del demandante Ángel Ernesto Alanoca Vargas por concepto de
reintegro de remuneraciones devengadas dejadas de percibir desde enero de
mil novecientos noventa y uno hasta el cinco de julio de mil novecientos
noventa y ocho, la suma de S/ 15,538.13 (quince mil quinientos treinta y ocho
con 13/100 soles); por concepto de pensiones devengadas desde el seis de julio
de mil novecientos noventa y ocho hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil
cuatro, la suma de S/ 38,704.23 (treinta y ocho mil setecientos cuatro con 23/100
soles); asimismo, se pague a favor del demandante por concepto de intereses
legales de las remuneraciones devengadas desde sus fechas exigibles hasta el 23
de julio del 2017 la suma total de S/ 23,007.19 (veintitrés mil siete con 19/100
soles); y por intereses legales de las pensiones devengadas desde sus fechas
exigibles hasta el 23 de julio del 2017 la suma de S/ 18,634.64 (dieciocho mil
seiscientos treinta y cuatro con 64/100 soles). Llámese la atención a la
Secretaria Judicial por el retardo ocasionado. Regístrese y Notifíquese.-
6 |
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Juez: ANCO REJAS MARIA SOLEDAD
Fecha: 15/06/2016 22:32:04
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 01044-2011-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: GORDILLO BEDOYA
SHIRLEY MABEL JUEZ : ANCO REJAS MARIA SOLEDAD
Fecha: 16/06/2016 08:39:40
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : GORDILLO BEDOYA SHIRLEY MABEL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : MINISTERIO DE CULTURA ,
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE LA, CULTURA
DEMANDANTE : ALANOCA VARGAS, ANGEL ERNESTO
Resolución Nro.35
Tacna, seis de junio
Del dos mil dieciséis.-
Al escrito Nº 9360-2016: Al principal: AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO.- Primero:
Que, mediante Casación Nº 7390-2014, de fecha diez de noviembre del dos mil quince, de fojas
288 a 295, “(…) CASARON la sentencia de vista que obra de fojas doscientos veintiséis a
doscientos treinta y tres, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce; y actuando en sede
de instancia, CONFIRMARON la sentencia apelada de fecha veintitrés de mayo de dos mil doce,
que corre de fojas ciento sesenta y ocho a ciento setenta y cuatro, en el extremo apelado que
declaró FUNDADA en parte la demanda, y en consecuencia, ORDENARON la homologación y
nivelación de pensión de jubilación en aplicación del Decreto Supremo Nº 162-85-EF que
establece niveles remunerativos equivalentes de Ayudante de Regisseur II a Profesor Principal,
disponiéndose el pago de las remuneraciones devengadas dejadas de percibir desde enero de
mil novecientos noventa y uno hasta el cinco de julio de mil novecientos noventa y ocho, y el
pago de las pensiones devengadas desde el seis de julio de mil novecientos noventa y ocho,
PRECISÁNDOSE que el pago de éste último tramo será sólo hasta la vigencia de la Ley Nº
28449 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, con deducción de lo ya percibido
por dichos conceptos, más intereses legales (…)”; siendo declarada consentida mediante
resolución Nº 31, de fecha veintiuno de marzo del dos mil dieciséis, de fojas 306. Segundo:
Que, a solicitud del demandado, Ministerio de Cultura, mediante resolución Nº 33, de fecha dos
de mayo del dos mil dieciséis, de fojas 334, se le otorga un plazo adicional de diez días a fin de
que dé cumplimiento al requerimiento realizado con resolución Nº 31. Tercero: Que, el
demandante solicita que se haga efectivo el requerimiento ordenado mediante resoluciones Nº
31 y 33; asimismo, solicita que se ordene el descuento de la cuenta corriente en el Banco de la
Nación Nº 068-233844, por el monto total requerido según su propuesta de liquidación. Cuarto:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46º inciso 1 de la Ley Nº 27584, D.S. Nº
013-2008-JUS Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; “Conforme a lo dispuesto
en el inciso 2 del artículo 139º de la Constitución Política y el artículo 4º de la LOPJ, las
resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la administración
pública, sin que estos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a
realizar todos los actos para la completa ejecución de la resolución judicial.” Así también, el
inciso 1. del artículo 53º del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria) atendiendo a la
conducta procesal que deben observar las partes, el Juez puede imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al
contenido de su decisión. Prescribe, además, que la multa es establecida discrecionalmente por
el Juez dentro de los límites que fija el propio Código, pudiendo reajustarla o dejarla sin efecto si
considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación. Quinto: En este contexto,
habiendo transcurrido el tiempo en demasía sin que la entidad demandada cumpla con el
requerimiento realizado mediante resolución Nº 31, habiéndose otorgado tiempo prudencial para
su cumplimiento, es que corresponde requerir nuevamente a la demandada a fin de que cumpla
con lo ordenado mediante Casación Nº 7390-2014, en el plazo de diez días, debiendo remitir
documentación sustentatoria, bajo apercibimiento de imponerle multa compulsiva y progresiva de
una unidad de referencia procesal en caso de incumplimiento; asimismo, respecto a la solicitud
de ordenarse descuento en la cuenta corriente Nº 068-233844, esta no puede ampararse por no
estar solicitada con arreglo a ley. Por estas consideraciones, de conformidad con el artículo 122º
del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria, y demás normatividad invocada; SE
RESUELVE: REQUERIR a la parte demandada MINISTERIO DE CULTURA, a fin de que
cumpla con lo ordenado mediante Casación Nº 7390-2014, de fecha diez de noviembre del dos
mil quince, de fojas 288 a 295, debiendo remitir documentación sustentatoria, en el plazo de diez
días hábiles, bajo apercibimiento de imponerle multa compulsiva y progresiva de UNA UNIDAD
DE REFERENCIA PROCESAL en caso de incumplimiento. Al otrosí: Expídase las copias
certificadas de las piezas procesales solicitadas, a costo del solicitante, debiendo dejarse
constancia en autos de su entrega. Tómese Razón y Hágase Saber.- |
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Juez: ANCO REJAS MARIA SOLEDAD
Fecha: 14/04/2016 21:41:56
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 01044-2011-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: GORDILLO BEDOYA JUEZ : ANCO REJAS MARIA SOLEDAD
SHIRLEY MABEL
Fecha: 14/04/2016 21:44:34 ESPECIALISTA : GORDILLO BEDOYA SHIRLEY MABEL
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA DEMANDADO : MINISTERIO DE CULTURA ,
FIRMA DIGITAL
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE LA, CULTURA
DEMANDANTE : ALANOCA VARGAS, ANGEL ERNESTO
Resolución Nro. 31
Tacna, veintiuno de marzo
Del dos mil dieciséis.-
De oficio: AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO.- PRIMERO.- Que, de fojas ciento sesenta y
ocho a ciento setenta y cuatro, corre la sentencia expedida en el presente proceso, mediante resolución
número dieciséis de fecha veintitrés de mayo del dos mil doce, que declara fundada en parte la demanda,
habiendo sido notificada las partes conforme a Ley; SEGUNDO: Que, habiéndose formulado recurso de
apelación contra la sentencia, de fojas doscientos veintiséis a doscientos treinta y tres, obra en autos la
resolución número veintiséis (Sentencia de Vista) de fecha veinticuatro de marzo del dos mil catorce,
mediante la cual la Sala Laboral Transitoria revoca la sentencia apelada y la declara infundada,
resolución que ha sido notificada a las partes conforme a Ley; TERCERO: Que, habiéndose formulado
recurso de Casación , de fojas doscientos ochenta y ocho a doscientos noventa y cinco, obra la Casación
Nº 7390-2014 de fecha diez de noviembre del dos mil quince, mediante la cual la Primera Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República declara
fundado el recurso de casación, confirmando la sentencia apelada de fecha veintitrés de mayo del dos mil
doce, que corre a fojas ciento sesenta y ocho a ciento setenta y cuatro; CUARTO: Que, conforme a lo
dispuesto mediante artículo 123º, inciso 1) del Código Procesal Civil, el cual es de aplicación supletoria al
caso de autos, una resolución adquiere autoridad de cosa juzgada cuando no proceden contra ella otros
medios impugnatorios que los ya resueltos; por lo que estando a los considerando que anteceden y al
amparo del artículo 28º, inciso 28.2, literal g) del D.S. 013-2008-JUS y del artículo 123º inciso 1) del
Código Procesal Civil; SE RESUELVE: PRIMERO: Declarar EJECUTORIADA LA SENTENCIA emitida
por esta judicatura, mediante resolución número dieciséis de fecha veintitrés de mayo del dos mil doce,
de fojas ciento sesenta y ocho a ciento setenta y cuatro; SEGUNDO: Declarar CONSENTIDA LA
CASACIÓN Nº 7390-2014 emitida por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de
la Corte Suprema de Justicia de la República con fecha diez de noviembre del dos mil quince, de fojas
doscientos ochenta y ocho a doscientos noventa y cinco. TERCERO: Se REQUIERE a la entidad
demandada MINISTERIO DE CULTURA, a fin de que CUMPLA con lo dispuesto en CASACIÓN Nº 7390-
2014 expedida en autos, en el plazo de diez (10) días; bajo apercibimiento de imponerse los apremios de
Ley (MULTA). Tómese Razón y Hágase Saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DEL CUSCO
EXPEDIENTE : 01083-2011-0-1001-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
JUEZ : WILBER ABARCA QUISPE
ESPECIALISTA : CARLA LIVANO CORDOVA
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCION NRO. 13
Cusco, veinticinco de mayo
Del año dos mil quince.
Dado cuenta a la fecha por la recargada labor en despacho;
I.- VISTO: El recurso de apelación presentado por la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, que obra a fojas 296 y
siguientes; y los actuados del presente proceso; y,
1.1.- Resolución materia de grado:
La sentencia expedida mediante resolución N° 08, de 06 de febrero del 201
(folio 253 y siguientes), que declara “FUNDADA en parte LA DEMANDA
interpuesta por AFP INTEGRA, sobre EJECUCION DE OBLIGACION DE DAR SUMA
DE DINERO contra la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO,
con relación a los trabajadores de nombre Leoncio Fernandez Pacheco, Rosa Maria
Javier Ramos, Ricardo Montoya Siclla y Esteban Callapiña Huamani, respecto
de la liquidación obrante a folios cuatro a diez, trece, quince y dieciséis en lo que
corresponda, por tanto; DISPONGO SE ADELANTE LA EJECUCION hasta que la
entidad demandante se haga pago del adeudo materia de cobranza ascendente a la
suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA I SEIS CON 65/100 Nuevos Soles (S/.
1,276.65), dentro del QUNTO DÍA de notificada con la presente resolución más
intereses laborales previsionales; sin costas ni costos..”
1.2.- Pretensión impugnatoria.
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por escrito de 21 de
febrero del 2012 (folio 269), interpone recurso de apelación contra la sentencia
indicada, siendo su pretensión impugnatoria que sea revocada, con los
siguientes argumentos:
• Rosa Maria Javier Ramos según contrato de afiliación de folio 240 se tiene
que se afilió el 29 de agosto de 1996 siendo su empleador la Unidad
Territorial de Salud Sicuani, por ende no tiene vincula laboral con la
demandada.
• Las personas de Ricardo Montoya Siclla y Esteban Callapiña Huamani, no
se les pago sus aportaciones por encontrarse con licencia sin goce de
haber, adjuntando las resoluciones administrativas que así lo acredita.
II.- CONSIDERANDO:
Materia de análisis
Corresponde determinar: i) si se acredito la inexistencia del vínculo laboral de
María Javier Ramos del período junio 2010, y ii) si corresponde admitir
pruebas en etapa de apelación. iii) Si las licencias otorgadas acreditan la inexistencia de vínculo laboral para desvirtuar el pago de aportaciones
previsionales
Primero: Que, en nuestro sistema procesal la actividad recursiva tiene como
uno de sus principales principios el de limitación conocido como "Tantum
Apellatum Quantum Devolutum" sobre el que reposa el principio de
congruencia, y que significa que el órgano revisor al resolver la impugnación
debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios
invocados por el impugnante, en este caso, en el recurso de apelación.
Significa ello que el Tribunal revisor sólo puede conocer y decidir aquellas
cuestiones que ha limitado la impugnación del recurrente; en consecuencia,
este Juzgado no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido
objeto del recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las cuestiones
consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque éstas han
quedado firmes.
De la inexistencia del vínculo laboral
Segundo: Se debe tener en consideración que dentro del presente proceso, la
parte demandada (ejecutada), debe enervar el mérito ejecutivo del mandato y
título con la “contradicción” sustentándola en alguna de las causales
establecidas por el literal b) del artículo 38º del Decreto Supremo Nº 054-97-
EF, aportando los medios probatorios correspondientes, los cuales deben ser
pertinentes y conducentes a esclarecer el conflicto de intereses.
Tercero: De la revisión del expediente, se advierte que la demandada ha
formulado contradicción al mandato ejecutivo, sustentando en la causal del
numeral 3 del inciso b) del artículo 38 del Decreto Supremo N° 054-97-EF,
esto es Inexistencia del vínculo laboral con el afiliado durante los meses en que
se habrían devengado los aportes materia de cobranza, lo que se acreditará
con copia de los libros de planillas; adjuntando como medios de pruebas la
planilla de pago de remuneraciones (fojas 59-188), sin embargo, respecto de la
apelación con relación Rosa María Javier Ramos, se sostiene que, según
contrata de afiliación de folio 240 se afilió el 29 de agosto de 1996 siendo su
empleador la Unidad Territorial de Salud Sicuani, por ende no tiene vincula
laboral con la demandada, conviene precisar lo siguiente:
3.1 Que, según la demanda y la Liquidación para la Cobranza, se advierte que
la demandante solicitó el cumplimiento de la obligación de pago de
aportaciones previsionales respecto de la afiliada Rosa María Javier
Ramos, por el período de devengue de junio del 2010 (folio 9).
3.2 La demandada en su contradicción adjunto como medio de prueba que
acredite la inexistencia del vinculo laboral, la planilla de pagos de los
meses febrero del 2010, julio del 2010, agosto del 2010 y enero del 2011
(fojas 58-188); siendo así, no existe medio probatorio idóneo que acredite
que en período de junio del 2010, la afiliada Rosa María Javier Ramos, no
haya mantenido vínculo laboral con la demandada, en consecuencia, la
demandada no acredito fehacientemente con prueba idónea, la
inexistencia del vínculo laboral de la indicada afiliada, por ende, le
correspondía al Empleador la obligación de retener y pagar los aportes
previsionales de junio del 2010 respecto de Rosa María Javier Ramos.
3.3 Ahora con relación al argumento de la apelante, que acredita la
inexistencia del vinculo laboral con contrato de afiliación (folio 240), en el
cual se advierte que la indica trabajadora se afilió el 29 de agosto de
1996, cuya empleadora es la Unidad Territorial de Salud Sicuani; conviene precisar: i) que dicho documento conforme el numeral 3) inciso
b) del artículo 38 del D.S N° 057-98-EF, no es el documento que acredite
la inexistencia de vínculo laboral, además que la misma norma especial
establece que “No se admitirá prueba distinta a los documentos. En caso que la
contradicción se fundamente en supuestos distintos a los enumerados
precedentemente o no se acompaña la prueba documental que corresponda, el
Juez declarará liminarmente su improcedencia(…)” y ii) que el contrato de
afiliación para el período de agosto de 1996, consigna que el empleador de
la indicada trabajadora era la Unidad Territorial de Salud Sicuani, lo que
no desvirtúa que para el mes de junio del 2010, (período de reclamación)
la empleadora de la indicada trabajadora haya cambiado, pues dicho
documento a lo sumo acredita que en el mes de agosto del 1996 la
empleadora fue Unidad Territorial de Salud Sicuani; por ende, el
argumento de la inexistencia de vinculo laboral de la afiliada para el
periodo de junio del 2010, carece de validez, no desvirtuando la apelante
la obligación de pago de la UNSAAC de las aportaciones previsionales de
junio del 2010 de Rosa María Javier Ramos; en consecuencia, dicho
extremo de la sentencia recurrida debe ser confirmada.
De la prueba nueva
Cuarto: Conviene precisar respecto del medio probatorio que se ofrece en el
escrito de apelación como prueba nueva consistente en las Resoluciones N°
DIGA/AP465-2010-UNSACC, que concede licencia sin goce de remuneraciones
a Ricardo Romualdo Montoya Siclla por 90 días a partir del 02 de agosto del
2010 (folio 264), Resolución DIGA/AP 854-2010-UNSACC, que concede
licencia con goce de remuneraciones por motivos de enfermedad por 30 días a
Esteban Callapiña Huamani del 08 de diciembre del 2010 al 06 de enero del
2011, y las Resolución DIGA/AP 561, 412 y 635-2010-UNSACC (fojas 266-
268) que concede licencia sin goce de remuneraciones al Esteban Callapiña
Huamani de en setiembre del 2010, junio y julio del 2011 y agosto del 2011; si
dichas documentales constituye prueba nueva y si corresponde su
procedencia, a efecto ser valorado en esta instancia.
Quinto: Los medios probatorios deben ser ofrecidos en la oportunidad
correspondiente; vale decir, en la etapa postulatoria (demanda y contradicción)
y luego de esta etapa, sólo es admisible si se llega a determinar que los medios
probatorios hacen referencia a hechos nuevos o que aun siendo antes del
proceso no han podido ser conocidos por la parte; al respecto el artículo 429
de nuestro Código Procesal Civil, establece lo siguiente: “Después de
interpuesta la demanda, solo pueden ser ofrecidos los medios probatorios
referidos a hechos nuevos o a los mencionados por la otra parte al contestar la
demanda o reconvenir (…)”, debiéndose concordar dicho texto legal con lo
preceptuado por el artículo 374 del mismo cuerpo legal, el cual establece que:
“Medios probatorios en la apelación de sentencias
Artículo 374.- Las partes o terceros legitimados pueden ofrecer medios
probatorios en el escrito de formulación de la apelación o en el de
absolución de agravios, únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de
hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos
después de concluida la etapa de postulación del proceso; y
2. Cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al
inicio del proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y
obtener con anterioridad. Es inimpugnable la resolución por la que el superior declara
inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. Si fueran admitidos y los
requiriese, se fijará fecha para la audiencia respectiva, la que será
dirigida por el Juez menos antiguo, si el superior es un órgano
colegiado.”
Finalmente; la jurisprudencia, al respecto señala que “(…) Los actos procesales
deben ser ejecutados en las etapas correspondientes. Si el derecho a contradecir
el mandato de ejecución ha precluído, no puede sustituirse este por el recurso de
apelación, en el que se acompañan copia simples de recibos de pago, pues los
medios probatorios en apelación de sentencias está limitado únicamente a
procesos de conocimiento y abreviado (…)” 1.
Sexto: Siendo así, las indicadas resoluciones de licencias (fojas 264-268); que
fueron ofrecido junto al escrito de apelación en un proceso ejecutivo que se
caracterizan por su rapidez; más no en un proceso de conocimiento o
abreviado; por tanto, no es procedente admitir como prueba nueva luego de
haber emitido sentencia de primera instancia, máxime, que dicho medio
probatorio tampoco se enmarca en los supuestos de prueba nueva, por no ser
hechos nuevos ya que datan de los años 2010 y 2011; tampoco fueron
conocidos después de la etapa postulatoria, o que para su emisión no se haya
podido obtenerse con fecha posterior al inicio del proceso pues el informe
indicado pudo se obtenido en la etapa postulatoria – contradicción-.
Sin perjuicio que dichos medio probatorios deben ser declarados
improcedentes, conviene indicar, que no acreditan la inexistencia del vinculo
respecto de Ricardo Romualdo Montoya Siclla, puesto que se le concedió
licencia sin goce de remuneraciones por 90 días a partir del 02 de agosto del
2010 (folio 264), hasta octubre del 2010; no obstante ello se debe de precisar
que la licencia que se le otorga no importa el corte del vínculo laboral; por
ende, se debe declarar improcedente el ofrecimiento de prueba nueva.
Sétimo: Siendo así, la licencia de por enfermedad otorgada por la demandada
a favor del trabajador Esteban Callapiña Huamani, no le eximia, de la
obligación de pago de las aportaciones previsionales del período devengado;
por ende, no se desvirtuó el mérito ejecutivo del pago.
Octavo: Igualmente conviene precisar, que la inexistencia de vínculo laboral,
regulada en el numeral 3 del inciso b) del artículo 38 del Decreto Supremo N°
054-97-EF, se acredita con copia de los libros de planillas; estableciéndose
que no se admite prueba distinta a los documentos que sustenten cada causal
para emitir la contradicción; en tal sentido, en el presente caso al no haberse
presentado copia del libro de planillas del periodo enero del 2011 del afiliado
Esteban Callapiña Humani, que acredite que no se encontraba laborando para
la demandada, por cese laboral que extinguió el vínculo laboral, no se acredita
de manera fehaciente la inexistencia de vínculo laboral; no obstante ello, en el
presente caso, el otorgamiento de licencia por enfermedad constituye una
suspensión imperfecta del vínculo laboral, por el cual el Empleador tiene la
obligación de pagar las remuneraciones a los trabajadores al igual que realizar
las retenciones de los aportes previsionales, en consecuencia, igualmente tubo
la obligación de efectuar el pago de los aportes previsionales.
1 Exp. N° 1198-01, Primera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual,
Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 764 Noveno: Por tanto, al haberse acreditado la existencia de una deuda
previsional cierta, expresa, liquida y exigible; por no haberse desvirtuado con
medios probatorios idóneos el mérito de los títulos ejecutivos, corresponde
confirmar la sentencia recurrida.
III. DECISIÓN
Por lo anteriormente expuesto; SE RESUELVE:
a) Declarar IMPROCEDENTE el ofrecimiento de prueba nueva, adjunta al
escrito de apelación, presentada por la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco; y,
b) CONFIRMAR la sentencia recurrida que obra a fojas 253 y siguientes,
que declara “FUNDADA en parte LA DEMANDA interpuesta por AFP
INTEGRA, sobre EJECUCION DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE
DINERO contra la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO, con relación a los trabajadores de nombre Leoncio Fernandez
Pacheco, Rosa Maria Javier Ramos, Ricardo Montoya Siclla y
Esteban Callapiña Huamani, respecto de la liquidación obrante a
folios cuatro a diez, trece, quince y dieciséis en lo que corresponda(…)” y
en los demás que contiene. Y devuélvase al Juzgado de origen, para los
fines pertinentes. T.R. y H.S. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DEL CUSCO
EXPEDIENTE : 01083-2011-0-1001-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
JUEZ : WILBER ABARCA QUISPE
ESPECIALISTA : CARLA LIVANO CORDOVA
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCION NRO. 13
Cusco, veinticinco de mayo
Del año dos mil quince.
Dado cuenta a la fecha por la recargada labor en despacho;
I.- VISTO: El recurso de apelación presentado por la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO, que obra a fojas 296 y
siguientes; y los actuados del presente proceso; y,
1.1.- Resolución materia de grado:
La sentencia expedida mediante resolución N° 08, de 06 de febrero del 201
(folio 253 y siguientes), que declara “FUNDADA en parte LA DEMANDA
interpuesta por AFP INTEGRA, sobre EJECUCION DE OBLIGACION DE DAR SUMA
DE DINERO contra la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO,
con relación a los trabajadores de nombre Leoncio Fernandez Pacheco, Rosa Maria
Javier Ramos, Ricardo Montoya Siclla y Esteban Callapiña Huamani, respecto
de la liquidación obrante a folios cuatro a diez, trece, quince y dieciséis en lo que
corresponda, por tanto; DISPONGO SE ADELANTE LA EJECUCION hasta que la
entidad demandante se haga pago del adeudo materia de cobranza ascendente a la
suma de MIL DOSCIENTOS SETENTA I SEIS CON 65/100 Nuevos Soles (S/.
1,276.65), dentro del QUNTO DÍA de notificada con la presente resolución más
intereses laborales previsionales; sin costas ni costos..”
1.2.- Pretensión impugnatoria.
La Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, por escrito de 21 de
febrero del 2012 (folio 269), interpone recurso de apelación contra la sentencia
indicada, siendo su pretensión impugnatoria que sea revocada, con los
siguientes argumentos:
• Rosa Maria Javier Ramos según contrato de afiliación de folio 240 se tiene
que se afilió el 29 de agosto de 1996 siendo su empleador la Unidad
Territorial de Salud Sicuani, por ende no tiene vincula laboral con la
demandada.
• Las personas de Ricardo Montoya Siclla y Esteban Callapiña Huamani, no
se les pago sus aportaciones por encontrarse con licencia sin goce de
haber, adjuntando las resoluciones administrativas que así lo acredita.
II.- CONSIDERANDO:
Materia de análisis
Corresponde determinar: i) si se acredito la inexistencia del vínculo laboral de
María Javier Ramos del período junio 2010, y ii) si corresponde admitir
pruebas en etapa de apelación. iii) Si las licencias otorgadas acreditan la inexistencia de vínculo laboral para desvirtuar el pago de aportaciones
previsionales
Primero: Que, en nuestro sistema procesal la actividad recursiva tiene como
uno de sus principales principios el de limitación conocido como "Tantum
Apellatum Quantum Devolutum" sobre el que reposa el principio de
congruencia, y que significa que el órgano revisor al resolver la impugnación
debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios
invocados por el impugnante, en este caso, en el recurso de apelación.
Significa ello que el Tribunal revisor sólo puede conocer y decidir aquellas
cuestiones que ha limitado la impugnación del recurrente; en consecuencia,
este Juzgado no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido
objeto del recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las cuestiones
consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque éstas han
quedado firmes.
De la inexistencia del vínculo laboral
Segundo: Se debe tener en consideración que dentro del presente proceso, la
parte demandada (ejecutada), debe enervar el mérito ejecutivo del mandato y
título con la “contradicción” sustentándola en alguna de las causales
establecidas por el literal b) del artículo 38º del Decreto Supremo Nº 054-97-
EF, aportando los medios probatorios correspondientes, los cuales deben ser
pertinentes y conducentes a esclarecer el conflicto de intereses.
Tercero: De la revisión del expediente, se advierte que la demandada ha
formulado contradicción al mandato ejecutivo, sustentando en la causal del
numeral 3 del inciso b) del artículo 38 del Decreto Supremo N° 054-97-EF,
esto es Inexistencia del vínculo laboral con el afiliado durante los meses en que
se habrían devengado los aportes materia de cobranza, lo que se acreditará
con copia de los libros de planillas; adjuntando como medios de pruebas la
planilla de pago de remuneraciones (fojas 59-188), sin embargo, respecto de la
apelación con relación Rosa María Javier Ramos, se sostiene que, según
contrata de afiliación de folio 240 se afilió el 29 de agosto de 1996 siendo su
empleador la Unidad Territorial de Salud Sicuani, por ende no tiene vincula
laboral con la demandada, conviene precisar lo siguiente:
3.1 Que, según la demanda y la Liquidación para la Cobranza, se advierte que
la demandante solicitó el cumplimiento de la obligación de pago de
aportaciones previsionales respecto de la afiliada Rosa María Javier
Ramos, por el período de devengue de junio del 2010 (folio 9).
3.2 La demandada en su contradicción adjunto como medio de prueba que
acredite la inexistencia del vinculo laboral, la planilla de pagos de los
meses febrero del 2010, julio del 2010, agosto del 2010 y enero del 2011
(fojas 58-188); siendo así, no existe medio probatorio idóneo que acredite
que en período de junio del 2010, la afiliada Rosa María Javier Ramos, no
haya mantenido vínculo laboral con la demandada, en consecuencia, la
demandada no acredito fehacientemente con prueba idónea, la
inexistencia del vínculo laboral de la indicada afiliada, por ende, le
correspondía al Empleador la obligación de retener y pagar los aportes
previsionales de junio del 2010 respecto de Rosa María Javier Ramos.
3.3 Ahora con relación al argumento de la apelante, que acredita la
inexistencia del vinculo laboral con contrato de afiliación (folio 240), en el
cual se advierte que la indica trabajadora se afilió el 29 de agosto de
1996, cuya empleadora es la Unidad Territorial de Salud Sicuani; conviene precisar: i) que dicho documento conforme el numeral 3) inciso
b) del artículo 38 del D.S N° 057-98-EF, no es el documento que acredite
la inexistencia de vínculo laboral, además que la misma norma especial
establece que “No se admitirá prueba distinta a los documentos. En caso que la
contradicción se fundamente en supuestos distintos a los enumerados
precedentemente o no se acompaña la prueba documental que corresponda, el
Juez declarará liminarmente su improcedencia(…)” y ii) que el contrato de
afiliación para el período de agosto de 1996, consigna que el empleador de
la indicada trabajadora era la Unidad Territorial de Salud Sicuani, lo que
no desvirtúa que para el mes de junio del 2010, (período de reclamación)
la empleadora de la indicada trabajadora haya cambiado, pues dicho
documento a lo sumo acredita que en el mes de agosto del 1996 la
empleadora fue Unidad Territorial de Salud Sicuani; por ende, el
argumento de la inexistencia de vinculo laboral de la afiliada para el
periodo de junio del 2010, carece de validez, no desvirtuando la apelante
la obligación de pago de la UNSAAC de las aportaciones previsionales de
junio del 2010 de Rosa María Javier Ramos; en consecuencia, dicho
extremo de la sentencia recurrida debe ser confirmada.
De la prueba nueva
Cuarto: Conviene precisar respecto del medio probatorio que se ofrece en el
escrito de apelación como prueba nueva consistente en las Resoluciones N°
DIGA/AP465-2010-UNSACC, que concede licencia sin goce de remuneraciones
a Ricardo Romualdo Montoya Siclla por 90 días a partir del 02 de agosto del
2010 (folio 264), Resolución DIGA/AP 854-2010-UNSACC, que concede
licencia con goce de remuneraciones por motivos de enfermedad por 30 días a
Esteban Callapiña Huamani del 08 de diciembre del 2010 al 06 de enero del
2011, y las Resolución DIGA/AP 561, 412 y 635-2010-UNSACC (fojas 266-
268) que concede licencia sin goce de remuneraciones al Esteban Callapiña
Huamani de en setiembre del 2010, junio y julio del 2011 y agosto del 2011; si
dichas documentales constituye prueba nueva y si corresponde su
procedencia, a efecto ser valorado en esta instancia.
Quinto: Los medios probatorios deben ser ofrecidos en la oportunidad
correspondiente; vale decir, en la etapa postulatoria (demanda y contradicción)
y luego de esta etapa, sólo es admisible si se llega a determinar que los medios
probatorios hacen referencia a hechos nuevos o que aun siendo antes del
proceso no han podido ser conocidos por la parte; al respecto el artículo 429
de nuestro Código Procesal Civil, establece lo siguiente: “Después de
interpuesta la demanda, solo pueden ser ofrecidos los medios probatorios
referidos a hechos nuevos o a los mencionados por la otra parte al contestar la
demanda o reconvenir (…)”, debiéndose concordar dicho texto legal con lo
preceptuado por el artículo 374 del mismo cuerpo legal, el cual establece que:
“Medios probatorios en la apelación de sentencias
Artículo 374.- Las partes o terceros legitimados pueden ofrecer medios
probatorios en el escrito de formulación de la apelación o en el de
absolución de agravios, únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de
hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos
después de concluida la etapa de postulación del proceso; y
2. Cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al
inicio del proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y
obtener con anterioridad. Es inimpugnable la resolución por la que el superior declara
inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. Si fueran admitidos y los
requiriese, se fijará fecha para la audiencia respectiva, la que será
dirigida por el Juez menos antiguo, si el superior es un órgano
colegiado.”
Finalmente; la jurisprudencia, al respecto señala que “(…) Los actos procesales
deben ser ejecutados en las etapas correspondientes. Si el derecho a contradecir
el mandato de ejecución ha precluído, no puede sustituirse este por el recurso de
apelación, en el que se acompañan copia simples de recibos de pago, pues los
medios probatorios en apelación de sentencias está limitado únicamente a
procesos de conocimiento y abreviado (…)” 1.
Sexto: Siendo así, las indicadas resoluciones de licencias (fojas 264-268); que
fueron ofrecido junto al escrito de apelación en un proceso ejecutivo que se
caracterizan por su rapidez; más no en un proceso de conocimiento o
abreviado; por tanto, no es procedente admitir como prueba nueva luego de
haber emitido sentencia de primera instancia, máxime, que dicho medio
probatorio tampoco se enmarca en los supuestos de prueba nueva, por no ser
hechos nuevos ya que datan de los años 2010 y 2011; tampoco fueron
conocidos después de la etapa postulatoria, o que para su emisión no se haya
podido obtenerse con fecha posterior al inicio del proceso pues el informe
indicado pudo se obtenido en la etapa postulatoria – contradicción-.
Sin perjuicio que dichos medio probatorios deben ser declarados
improcedentes, conviene indicar, que no acreditan la inexistencia del vinculo
respecto de Ricardo Romualdo Montoya Siclla, puesto que se le concedió
licencia sin goce de remuneraciones por 90 días a partir del 02 de agosto del
2010 (folio 264), hasta octubre del 2010; no obstante ello se debe de precisar
que la licencia que se le otorga no importa el corte del vínculo laboral; por
ende, se debe declarar improcedente el ofrecimiento de prueba nueva.
Sétimo: Siendo así, la licencia de por enfermedad otorgada por la demandada
a favor del trabajador Esteban Callapiña Huamani, no le eximia, de la
obligación de pago de las aportaciones previsionales del período devengado;
por ende, no se desvirtuó el mérito ejecutivo del pago.
Octavo: Igualmente conviene precisar, que la inexistencia de vínculo laboral,
regulada en el numeral 3 del inciso b) del artículo 38 del Decreto Supremo N°
054-97-EF, se acredita con copia de los libros de planillas; estableciéndose
que no se admite prueba distinta a los documentos que sustenten cada causal
para emitir la contradicción; en tal sentido, en el presente caso al no haberse
presentado copia del libro de planillas del periodo enero del 2011 del afiliado
Esteban Callapiña Humani, que acredite que no se encontraba laborando para
la demandada, por cese laboral que extinguió el vínculo laboral, no se acredita
de manera fehaciente la inexistencia de vínculo laboral; no obstante ello, en el
presente caso, el otorgamiento de licencia por enfermedad constituye una
suspensión imperfecta del vínculo laboral, por el cual el Empleador tiene la
obligación de pagar las remuneraciones a los trabajadores al igual que realizar
las retenciones de los aportes previsionales, en consecuencia, igualmente tubo
la obligación de efectuar el pago de los aportes previsionales.
1 Exp. N° 1198-01, Primera Sala Civil de Lima. Ledesma Narváez, Marianella. Jurisprudencia Actual,
Tomo 6, Gaceta Jurídica, p. 764 Noveno: Por tanto, al haberse acreditado la existencia de una deuda
previsional cierta, expresa, liquida y exigible; por no haberse desvirtuado con
medios probatorios idóneos el mérito de los títulos ejecutivos, corresponde
confirmar la sentencia recurrida.
III. DECISIÓN
Por lo anteriormente expuesto; SE RESUELVE:
a) Declarar IMPROCEDENTE el ofrecimiento de prueba nueva, adjunta al
escrito de apelación, presentada por la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco; y,
b) CONFIRMAR la sentencia recurrida que obra a fojas 253 y siguientes,
que declara “FUNDADA en parte LA DEMANDA interpuesta por AFP
INTEGRA, sobre EJECUCION DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE
DINERO contra la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO, con relación a los trabajadores de nombre Leoncio Fernandez
Pacheco, Rosa Maria Javier Ramos, Ricardo Montoya Siclla y
Esteban Callapiña Huamani, respecto de la liquidación obrante a
folios cuatro a diez, trece, quince y dieciséis en lo que corresponda(…)” y
en los demás que contiene. Y devuélvase al Juzgado de origen, para los
fines pertinentes. T.R. y H.S. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
Juez: TAPIA LIENDO, GINA PAMELA
Fecha: 17/06/2013 17:00:17
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO PAZ LETRADO LABORAL - Tacna
EXPEDIENTE : 01086-2011-0-2301-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ESPECIALISTA : TELLEZ CACERES, MARIELA
DE TACNA
Secretario: TELLEZ CACERES, DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE,
MARIELA
Fecha: 18/06/2013 08:47:27
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL : PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL DISTRITAL DE ITE ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución Nro. 14
Tacna diecisiete de junio del dos mil trece.-
VISTOS: El escrito presentado por AFP INTEGRA, y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el DEMANDANTE solicita se declare consentida la resolución
N° 12 de fecha treinta y uno de mayo del dos mil trece la misma que confirma el
auto final expedido mediante resolución tres que declaró fundada la demanda
interpuesta;
SEGUNDO: Como es de verse de las cédulas de notificación, se ha cumplido con
notificar válidamente a las partes y no se ha interpuesto recurso impugnatorio contra
dicha resolución, por lo que es procedente acceder a lo solicitado; Por éstos
considerando y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 121 del Código
Procesal Civil,
SE RESUELVE:
1.-Declarar CONSENTIDA la resolución N° 12 de fecha treinta y uno de mayo
del dos mil trece la misma que confirma el auto final expedido mediante resolución
tres que declaró fundada la demanda interpuesta.
2.- Se dispone REQUERIR a la entidad demandada Municipalidad Distrital de Ite
a fin de que en el término de CINCO DIAS cumpla con el pago de la suma de SEIS
MIL SEISCIENTOS ONCE CON 27 NUEVOS SOLES ( S/. 6,611.27) más los
intereses moratorios o en su defecto se informe en el mismo término las gestiones
que se viene realizando para su cumplimiento a través de la Oficina General de
Administración o la que haga sus veces del Pliego Presupuestario bajo la premisa de
responsabilidad del Titular del Pliego en caso de incumplimiento.
3.- Al Primer, Segundo y Tercer Otrosí: Téngase presente en lo que fuera de ley; al
Cuarto otrosí: Téngase presente y agréguese a los autos.
Regístrese y Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: CORNEJO CHAVEZ, YOHEL
Fecha: 22/03/2012 09:00:52
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
JUZGADO PAZ LETRADO LABORAL - Tacna
EXPEDIENTE : 01086-2011-0-2301-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
Visado: CANDELARIA PARI
CHURA
Fecha: 23/03/2012 12:39:12 ESPECIALISTA : DRA . CANDELARIA PARI CHURA
Razón: RES. JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA.
JUEZ : DR. YOHEL CORNEJO CHÁVEZ
AUTO FINAL
Resolución No. 03 .
Tacna, dieciséis de marzo
Del año dos mil doce .-
VISTOS:
La demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero a fojas 23/28, presentada por AFP
INTEGRA, debidamente representada por su apoderada Ana Paola Cuadrado Zegarra en
contra de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE .
ANTECEDENTES:
1) La accionante peticiona, que la parte ejecutada cumpla con pagarle la suma de SEIS
MIL SEISCIENTOS ONCE CON 27/100 NUEVOS SOLES (S/. 6,611.27 ), por
concepto de pago de aportes previsionales retenidos a los trabajadores afiliados a la
accionante, que corresponden a la Liquidación para Cobranza que se adjunta, más los
intereses regulados según las normas previsionales que se generen hasta la fecha
efectiva de pago, los gastos, las costas y costos.
2) Como fundamento de la pretensión, señala: 1.- Que la demandada, en su calidad de
empleadora ha incumplido con el pago de los aportes Previsionales al Sistema Privado
de Pensiones, razón por la cual, han procedido a emitir las Liquidaciones para Cobranza
que se adjuntan; 2.- Que la pretensión formulada es digna de tutela y que cuentan con
interés y legitimidad para obrar.
3) La parte ejecutada Municipalidad Distrital de Ite representada por Víctor Manuel
García Sandoval Procurador Público de dicha Municipalidad ha formulado
contradicción a fojas 39/42 y mediante resolución número dos de fecha seis de marzo
del presente año se ha declarado improcedente la contradicción .
FUNDAMENTOS:
Primero: Que, el Sistema Privado de Pensiones tiene por objeto contribuir al desarrollo y
fortalecimiento del sistema de previsión social en el área de pensiones y está conformado por las
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP), las que administran los Fondos de
Pensiones cuyos aportes son efectuados por los trabajadores afiliados. Asimismo, las AFP
otorgan obligatoriamente a sus afiliados las prestaciones de jubilación, invalidez, sobrevivencia
y gastos de sepelio, conforme a Ley. Segundo: Exigibilidad de los aportes del Sistema Privado de Pensiones.-
Con la liquidación de cobranza que obra a folios 02/17, se acredita la obligación de dar suma de
dinero, que adeuda la demandada, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 37 del T.U.O. de
D.S. 054-97-EF, modificado por la Ley Nro. 28470, y por la Segunda Disposición Modificatoria
de la Ley No. 29497 y en los artículos 57 inciso g) y 63 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
en concordancia con lo dispuesto por el artículo 689 del Código Procesal Civil, por ser una
obligación cierta, expresa y exigible, el mérito ejecutivo de la liquidación de cobranza
presentada.-
Tercero: Finalmente debe señalarse que, según el Art. 1220 del Código Civil, el mismo que se
aplica supletoriamente al presente caso, “se entiende efectuado el pago, sólo cuando se ha
ejecutado íntegramente la prestación”. En caso de autos, la parte ejecutada no ha acreditado
haber efectuado el pago de los aportes previsionales, en consecuencia, no se ha desvirtuado el
carácter cierto, expreso y exigible de la deuda puesta al cobro acreditada con las Liquidaciones
para Cobranza.
Cuarto : De las costas y costos.-
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 24 Inciso g) del Texto Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, prescribe que se encuentran exoneradas las diversas entidades que
conforman los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos constitucionalmente
autónomos, las instituciones públicas descentralizadas y los Gobiernos Regionales y Locales ,
por tanto , la demandada no pagará las costas y costos del proceso .
Por estos fundamentos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 50.1 y 122 del Código
Procesal Civil, el Juzgado emite;
DECISION:
a) Declaro FUNDADA la demanda sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO , presentada por AFP INTEGRA , debidamente representada por su
apoderada Ana Paola Cuadrado Zegarra en contra de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ITE representada por Víctor Manuel García Sandoval Procurador
Público de dicha Municipalidad que corre de fojas 23/28.
b) ORDENO QUE SE LLEVE ADELANTE LA EJECUCION, hasta que la parte
ejecutada cumpla con pagar a la ejecutante la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS
ONCE CON 27/100 NUEVOS SOLES (S/. 6,611.27 ), más los intereses moratorios
regulados según las normas previsionales, desde la emisión de dicha liquidación hasta la
total cancelación de la deuda; sin costas ni costos del proceso.- Regístrese y
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: NAZARIO ERNESTO TURPO COAPAZA
Fecha: 18/05/2012 16:31:30
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
JUZGADO PAZ LETRADO LABORAL - Tacna
EXPEDIENTE : 01115-2011-0-2301-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
Visado: MIRELES CANCINO,
DANIEL ARTURO
Fecha: 21/05/2012 16:59:51 ESPECIALISTA : MIRELES CANCINO, DANIEL ARTURO
Razón: RES. JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE ITE ,
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución Nro.04
AUTO FINAL
Tacna, dieciocho de mayo
Del año dos mil doce.-
VISTO:
La demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero a fojas 08/11, presentada por AFP
INTEGRA, debidamente representado por su apoderada ANA PAOLA CUADRADO
ZEGARRA, en contra de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE.
ANTECEDENTES:
1. La accionante peticiona, que la parte ejecutada cumpla con pagarle la suma
de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 93/100 NUEVOS SOLES
(S/.369.93), más intereses moratorios, costas y costos que devenguen a la
fecha de pago.
2. Como fundamento de la pretensión, señala: 1.- Que la demandada en su
calidad de empleadora ha incumplido con el pago de los aportes previsionales
al Sistema Privado de Pensiones, razón por la cual, en aplicación de las
normas legales ha procedido a emitir conforme a ley, las liquidaciones para
cobranza que se adjuntan. 2.- Que están presentando una pretensión
legalmente digna de tutela y que está con interés y legitimidad para obrar, en
concordancia con los artículos IV del Título Preliminar y 690º del Código
Procesal Civil.
3. La parte ejecutada ha efectuado contradicción al mandato ejecutivo, sin
embargo fue declarada improcedente, al no haber adjuntado Planilla de Pagos
de Aportes Previsionales.
FUNDAMENTOS:
PRIMERO: Que, el Sistema Privado de Pensiones tiene por objeto contribuir al
desarrollo y fortalecimiento del sistema de prevención social en el área de
pensiones y está conformado por las administradoras privadas de fondos de
pensiones (AFP), las que administran los fondos de pensiones cuyos aportes son
efectuados por los trabajadores afiliados. Asimismo, las AFP otorgan
obligatoriamente a sus afiliados las prestaciones de jubilación, invalidez, sobre
vivencia y gastos de sepelio, conforme a ley.
SEGUNDO: Exigibilidad de los aportes del sistema privado de pensiones.- Con la liquidación de cobranza que obra a folio 07, respecto del aporte previsional
del periodo de devengue del mes de abril del 2008, se acredita la obligación de dar
suma de dinero que adeuda la demandada, con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 37 del T.U.O. de D.S. 054-97-EF, modificado por la ley Nro.28470, y por la
segunda disposición modificatoria de la ley No.29497 y en los artículos 57 inciso g)
y 63 de la Nueva ley Procesal del Trabajo, en concordancia con lo dispuesto por el
artículo 689 del Código Procesal Civil, por ser una obligación cierta, expresa y
exigible.
TERCERO: Finalmente debe señalarse que, según el Art. 1220 del Código Civil, el
mismo que se aplica supletoriamente al presente caso, “se entiende efectuado el
pago, solo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación”. En caso de autos,
la parte ejecutada no ha acreditado haber efectuado el pago de los aportes
previsionales, en consecuencia, no se ha desvirtuado el carácter cierto, expreso y
exigible de la deuda puesta al cobro acreditada con las liquidaciones para
cobranza, el mismo que tiene merito ejecutivo.
Por estos fundamentos, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 50.1 y 122
del Código Procesal Civil, el juzgado emite:
DECISION:
a) Declaro FUNDADA la demanda por OBLIGACION DE DAR SUMA DE
DINERO, presentada por AFP INTEGRA. debidamente representada por su
apoderada ANA PAOLA CUADRADO ZEGARRA, en contra de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE, que corre a fojas 08/11.
b) ORDENO QUE SE LLEVE ADELANTE LA EJECUCION, hasta que la
parte ejecutada cumpla con pagar a la ejecutante la suma de
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 93/100 NUEVOS SOLES
(S/.369.93), más los intereses moratorios regulados según las normas
previsionales, desde la emisión de dicha liquidación hasta la total
cancelación de la deuda; sin costas y costos del proceso. Regístrese y
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEE SSSSSSSSSSSSUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRR DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEE JJJJJJJJJJJJUUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLL SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAA
SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLL
EXPEDIENTE N° : 01286-2011-0-2501-JR-LA-06
DEMANDANTE : CARRION ALVARADO ABELARDO
DEMANDADO : PESQUERA HAYDUK S.A.
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR
DESCUENTOS INDEBIDOS.
SENTENCIA EXPEDIDA POR LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTICUATRO.
En Chimbote, a los dieciocho días del mes de noviembre de dos mil dieciséis, la Segunda Sala Civil
de la Corte Superior de Justicia Del Santa, con la asistencia de los Señores Magistrados que
suscriben, emiten la siguiente resolución:
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución número
VEINTIUNO, de fecha veintiséis de octubre de dos mil quince, que resuelve declarar
INFUNDADA en todos sus extremos la demanda, interpuesta por ABELARDO CARRION
ALVARADO, contra PESQUERA HAYDUK S.A, sobre reintegro de remuneraciones por
participación de pesca por descuentos indebidos en exceso al patrón, segundo patrón y motorista,
conforme al Decreto Supremo Nº 009-76-TR del periodo comprendido del 13 de octubre de 1998
hasta el 30 de diciembre del año 2010; exonerándose del pago de las costas y costos del proceso al
demandante.
FUNDAMENTOS DE LA APELACION:
El demandante Abelardo Carrión Alvarado, interpone recurso de apelación contra la
sentencia expedida por el Juez del Segundo Juzgado de Trabajo Transitorio, argumentando que en
la venida se ha incurrido en un error de hecho y de derecho, por cuanto de los actuados se advierte
que no se ha valorado en forma conjunta todas las pruebas presentadas en el proceso, emitiendo
pronunciamiento en base a que la embarcación en la cual laboró el actor no es proveniente de la
flota de la liquidada Pesca Perú; en tal sentido, si bien es cierto la demandada no posee características
de pequeña empresa de extracción de anchoveta que hagan aplicable el Decreto Supremo No. 009-
76-TR, también lo es que ello no le impide que en el ejercicio de la citada autonomía de la voluntad,
haya establecido idénticas reglas de participación de pesca a las ya contenidas en dicho decreto; asimismo, refiere que en el informe pericial y en el record de producción se aprecia que la
demandada ha realizado descuentos desde el año 1998 hasta el 2010, observándose de esta manera
que la referida ha incumplido el sistema de participación convenido. Por lo que solicita, se revoque
la venida en grado y se declare fundada en todos los extremos la demanda.
FUNDAMENTOS DE LA SALA:
1.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente; siendo indispensable que el recurso de apelación contenga la
fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución
impugnada y precisando su naturaleza, de tal modo que el agravio o gravamen fija o determina los
poderes de este Órgano Superior para resolver de forma congruente la materia objeto del recurso,
conforme dispone los artículos 364° y 366° del Código Procesal Civil, aplicable por supletoriedad.
Antecedentes y pretensiones de las partes.
2.- Del escrito de demanda, se tiene que el demandante Abelardo Carrión Alvarado,
peticiona el reintegro de remuneraciones por participación de pesca por descuentos indebidos
desde el 13 de diciembre de 1998 hasta el 30 de diciembre del 2010, habiéndose desempeñado
como tripulante pescador en las Embarcaciones Pesqueras “Marilu”, “San Lorenzo”, “Adita”,
“Paita I”, “Albacora”, “Supe”, “Bamar I”, “Marilyn II” e “Ana Lucia” de propiedad de la
demandada, la cual incumpliendo lo dispuesto en el artículo 13 del D.S. 009-76-TR, en forma
arbitraria ha efectuado descuentos a la tripulación y a su persona, los cuales han servido para pagar
dos partes y media mas para el patrón, una parte y media para el segundo patrón y una parte y
media para el motorista, por lo que se le debe reintegrar, lo que no se encuentra contemplado en el
decreto Supremo antes acotado, hecho que ha producido que sus remuneraciones se tornen
diminutos. La demandada por su parte, contestó la demanda señalando que el demandante
peticiona un reintegro de participación de pesca originado en la aplicación del D.S. 009-76-TR; sin
embargo, el referido Decreto Supremo no le es aplicable a su empresa, pues su representada opera
con embarcaciones modernas y de mayor tonelaje; por tanto, no califica como una PEEA.
3.- El Juez de la causa emite sentencia, en la que concluye que a la demandada no les es
aplicable lo previsto en el D.S. 009-76-TR, pues no cumple con los presupuestos para ser
considerada una PEEA, pues estos requisitos deben operar de manera concurrente; de esta manera,
el demandante al no encontrarse conforme con lo indicado por el Juzgador apela la sentencia, bajo
los argumentos que no se ha valorado adecuadamente las pruebas presentadas en el proceso por lo
que le es aplicable el Decreto Supremo N°009-76-TR.
Delimitación de la controversia 4.- En este sentido, es materia de litis, determinar si al actor le corresponde o no el
reintegro de remuneraciones por descuentos indebidos al haber laborado como tripulante en
Embarcaciones Pesqueras “Marilu”, “Adita”, “Paita I”, “Albacora”, “Marilyn II” y “Bamar I” por
presunto pago en exceso al patrón, segundo patrón y motorista, de su cuota de participación de
pesca por el período demandado de los años 1998 hasta el 2010 y para ello debe analizarse y
determinar si al presente proceso debe aplicarse o no los alcances del Decreto Supremo No. 009-
76-TR.
Normatividad Aplicable
5.- Que, el artículo 13º y la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo No.
009-76-TR, señala que la remuneración que percibirán los pescadores que realicen la ejecución de la
pesca de anchoveta será una participación por tonelada métrica de pesca descargada que fija en el
veintidós punto cuarenta por ciento del precio que el armador percibirá por venta de anchoveta a
Pesca Perú; del monto de esta participación, los primeros S/. 20.00 soles oro corresponderán al
patrón y el saldo se distribuirá a prórrata entre todo los miembros de la dotación, incluyendo al
patrón.
6.- Respecto a la aplicación del Decreto Supremo No. 009-76-TR que resulta aplicable a las
pequeñas empresas de extracción de anchoveta debemos determinar a qué empresas se les
considera como tal: por Decreto Ley No. 19999 publicado el 08 de mayo del 1973, el gobierno
revolucionario de las fuerzas armadas crea la empresa pública de producción de harina y aceite de
pescado Pesca Perú, determinando que su objeto social se circunscribe a llevar a cabo directamente
y en forma exclusiva las operaciones destinadas a la extracción y transformación de la anchoveta
para harina y aceite; sin embargo, posteriormente, invocando la conveniencia de desagregar la
actividad de extracción de anchoveta a fin de mantener los niveles de productividad u consolidar el
desarrollo de la industria pesquera de consumo humano indirecto, mediante Decreto Ley No.
21558, publicado el 21 de julio de 1976, se transfiere la flota de Pesca Perú y todo sus sistema de
apoyo a pequeñas empresas del sector privado que formen los trabajadores a su servicio así como
por terceros que se dediquen a la extracción de anchoveta la misma que será procesada para su uso
industrial por Pesca Perú.
7.- Entonces, de acuerdo a los términos del artículo 2° de este Decreto Ley, para ser
calificada como una pequeña empresa de extracción de anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse
bajo la forma societaria de sociedad comercial de responsabilidad limitada, conforme al Decreto Ley No. 21435, ii)
Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no exceda en su conjunto las 620 toneladas métricas; iii) Sus
ingresos no excedan el límite establecido en el artículo 3° del Decreto Ley No. 2435 y iv) Dedicarse a su actividad
económica solo con las embarcaciones y redes transferidas por Pesca Perú, salvo autorización expresa del Ministerio de
Economía y Finanzas. Posteriormente, dicha norma fue derogada por el artículo 65° del Decreto Legislativo No. 301 del 30 de julio de 1984 que en su artículo 60° concordado con los artículos 62°
y 63°, estableciendo que las pequeñas empresas de extracción de anchoveta deben de reunir las
siguientes características: i) Su objeto social debe involucrar el desarrollo de actividades de extracción,
acuicultura, transformación y/o comercialización de productos hidrobiológicos; ii) Sus ingresos brutos anuales no
superen las 900 UIT y iii) Se encuentren inscritas en un registro especial.
8.- Aunado a ello, es pertinente precisar que el tema de aplicación del Decreto Supremo
No. 009-76-TR ha merecido diversos pronunciamientos que ha emitido la Corte Suprema de
Justicia: Casación 331-98-SANTA, Casación 1105-01-LIMA (25 de octubre del 2001), Casación
1295-2001-SANTA (13 de febrero del 2002), Casación 872-2002 (11 de junio del 2003), Casación
935-2002-DEL SANTA (22 de octubre del 2003), entre otras. Pero, desde el 31 de julio del 2006 se
vienen publicando resoluciones Casatorias estableciendo un criterio interpretativo uniforme
respecto al mencionado Decreto Supremo: Casaciones 1640-2004-DEL SANTA (28 de octubre del
2005), 1113-005-DEL SANTA (01 de agosto del 2005), 1458-2004-DEL SANTA, 1461-2004-
DEL SANTA, 1751-2004-DEL SANTA (02 de noviembre del 2006), 2144-2004-DEL SANTA
(31 de julio del 2006), 2167-2005-DEL SANTA, 2238-2005-DEL SANTA y 133-2005-DEL
SANTA (05 de enero del 2007), 421-2005-DEL SANTA, 18-2005-DEL SANTA (28 de febrero
del 2005); y, 1940-2004-DEL SANTA (31 de mayo del 2007).
9.- Respecto a la aplicación de este dispositivo legal, la Corte Suprema de Justicia contenido
en la Casación No. 751-2011-DEL SANTA, consolida todos los criterios a tener en cuenta para
dilucidar la aplicación del Decreto Supremo N° 009-76-TR, estableciendo que se debe de efectuar
un necesario “análisis de la condición de la empresa, dentro del contexto de las pretensiones de la parte
demandante y el contradictorio de la demandada y los dispositivos enunciados precedentemente… DECIMO
SEGUNDO: … han motivado sesgadamente la concurrencia de cada uno de los requisitos previstos en el Decreto
Supremo N° 007-76-TR en tanto, no han analizado i) los ingresos registrados por la demandada respecto de la
totalidad de embarcaciones pesqueras registradas de su propiedad; ii) tampoco se merituado la partida registral de la
embarcación en la que laboró el demandante… a efectos de determinar si, como en anteriores pronunciamientos
emitidos por este Tribunal Supremo esta sea considerada como una PEEAA en tanto no se hayan modificado
sustancialmente sus características; iii) la capacidad total de la bodega en las embarcaciones de propiedad de la
emplazada y iv) la relevancia de la forma societaria de la demandada considerando que ésta no ha sido originaria
propietaria de la embarcación donde laboró el actor. De otro lado es importante mencionar que el análisis conjunto de
estos requisitos no opera de manera aislada sino que es concurrente y se desarrolla en el contexto mismo de las
circunstancias en que se desenvolvió la relación laboral”.
10.- El más reciente de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia contenido en
la Casación No. 184 - 2015 - DEL SANTA, considera que antes de emitir pronunciamiento de fondo
sobre la causal declarada procedente, referida a la aplicación indebida del Decreto Supremo Nº 009-
76-TR, reglamento del Decreto Ley Nº 21558, resulta necesario desarrollar la evolución legislativa de la regulación del régimen laboral de los trabajadores al servicio de empresas dedicadas a la
extracción de anchoveta. Llegando a la conclusión en su noveno considerando de la referida, que el
régimen laboral regulado por el Decreto Supremo Nº 009-76-TR, solo se aplica a los trabajadores de
pequeñas empresas cuyos ingresos brutos anuales no superen las novecientas unidades impositivas tributarias (900
UIT) constituidas con embarcaciones transferidas por PESCA PERU, sin importar la forma societaria que
adopten.
Análisis del caso en concreto
11.- Conforme se advierte de la Segunda Disposición Final del Decreto Supremo No. 009-
76-TR “Segunda.-Sólo rigen para las relaciones entre las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta y los
pescadores a su servicio, las remuneraciones condiciones de trabajo taxativamente indicados en el presente Decreto
Supremo”. Teniendo en cuenta la definición dada de lo que constituyen las pequeñas empresas de
extracción de anchoveta, aplicando el Decreto Supremo No. 009-76-TR al caso de autos y teniendo
en cuenta la referida casación concluimos que a la demandada no le resulta aplicable dicho
dispositivo por cuanto:
- En el caso de la embarcación pesquera “Marilu”, en que laboró el demandante,
conforme se advierte de la partida registral N°50000927 de páginas 606 a 646, ésta es una
embarcación antigua construida en el año 1965, con una capacidad de bodega actual de 238.87
toneladas (conforme se colige de folios 924), habiendo sido expropiada por Pesca Perú, es decir
proveniente de la flota disuelta de Pesca Perú.
- En el caso de la embarcación pesquera “Paita I”, según la partida registral 50000009 de
páginas 836 a 872, se advierte que dicha embarcación pesquera es antigua, construida en el año
1969 con una capacidad de bodega actual de 250.70 toneladas (conforme se advierte de folios 838), siendo
que provienen de la flota disuelta de Pesca Perú.
- Respecto a las embarcaciones “Marilyn II”, “Bamar I”, “Adita”, “Albacora” y “Bamar I”
según las partidas registrales de páginas 563 a 584, 585 a 605, 881 a 892, 893 a 914 y 814 a 830,
respectivamente, son embarcaciones pesqueras nuevas construidas a partir del año 1990, hasta el
año 1997; siendo así, no provienen de la flota disuelta de Pesca Perú, por lo cual no cumplen con
los presupuestos establecidos para constituirse o ser considerada como una Pequeña Empresa de
Extracción de Anchoveta (PEEA).
12.- A mayores luces, tenemos que la forma societaria de la demandada Pesquera Hayduk
S.A. conforme se advierte de la partida registral Nº 11099919 de páginas 334 a 559, es una Sociedad
Anónima Cerrada, y respecto a la capacidad de bodega de las embarcaciones de propiedad de la
demandada en las cuales laboró el accionante, arrojan un total de 2,030.47 M3, según las copias
literales de las partidas registrales, certificados de matriculas de naves y artefactos navales y reporte de datos obrantes en autos las cuales han sido admitidas, valoradas y merituadas en el estadio
procesal correspondiente; es decir, resultan ser superior a las 620 toneladas que establece las
casaciones invocadas; en consecuencia, no resulta de aplicación el Decreto Supremo No. 009-76-
TR, dado que los mismos son concurrentes; por ende, carece de objeto pronunciarse respecto al
cumplimiento de los demás, concluyéndose que al caso de autos no resulta aplicable el citado de
decreto.
13.- En cuanto al argumento del impugnante, referido a que se ha incumplido con lo
dispuesto por el D.S. 009-76-TR descontándosele de la participación por tonelada métrica de pesca
descargada, una parte adicional para patrón, por cuanto la demandada le ha pagado una
bonificación al patrón adicional y media parte al segundo patrón y motorista de la participación de
pesca capturada que les corresponde; al respecto, habiéndose establecido que el presente caso no se
encuentra dentro de la regulación del Decreto Supremo No. 009-76-TR, se tiene que la demandada
no está obligada a realizar la distribución a prorrata que señala tal normatividad; de tal manera, que
si la emplazada ha otorgado por la especialidad de patrón, una cuota mayor a la del concepto de
participación de pesca, será por la responsabilidad y trascendencia que amerita su cargo respecto a
la conducción de la misma; sin embargo, ello no quiere decir que tal hecho se califique como
incumplimiento de normas laborales, ni mucho menos que impliquen descuentos indebidos de su
cuota de participación de pesca de los demás tripulantes; máxime si conforme se advierte de las
declaraciones juradas de aportes y retenciones de folios 115 a 206 se colige que de la semana 01 del 1999 a la
semana 49 del 2003 al patrón se le pagó una parte y media y a los demás tripulantes una parte sin excepción, en las
que se encuentra incluido el actor, mientras que de la semana 15 del 2005 a la semana 25 del año 2006, se le pago
al patrón 2.153 a 2.23 partes y a los demás miembros de la tripulación incluido el segundo patrón y motorista una
parte; y de la semana 15 del 2007 a 51 del año 2009 se le pago al patrón 1.9 partes a 2.307 partes, y al resto de
la tripulación una parte, desvirtuándose lo alegado por el demandante; por ende, se concluye que lo
pretendido por el accionante debe desestimarse y consecuentemente confirmarse la recurrida en
estos sus extremos.
Por las consideraciones expuestas, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa:
RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número VEINTIUNO, de fecha
veintiséis de octubre de dos mil quince, que resuelve declarar INFUNDADA en todos sus
extremos la demanda, interpuesta por ABELARDO CARRION ALVARADO, contra
PESQUERA HAYDUK S.A, sobre reintegro de remuneraciones por participación de pesca por
descuentos indebidos en exceso al patrón, segundo patrón y motorista, conforme al Decreto
Supremo Nº 009-76-TR del periodo comprendido del 13 de octubre de 1998 hasta el 30 de diciembre del año 2010; exonerándose del pago de las costas y costos del proceso al demandante.
Notifíquese y devuélvase a su juzgado de origen. Juez Superior ponente Jesús Murillo Domínguez.
S.S.
RAMOS HERRERA W.
MURILLO DOMÍNGUEZ J.
SALAZAR HIDROGO C. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 01420-2011-0-2501-JR-LA-04
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : GIANINA OLGA PAREDES ORBEGOZO
DEMANDADO : PESQUERA SANTA ROSA SAC AHORA EMPRESA
PESQUERA HAYDUK SA ,
DEMANDANTE : REYES SAGASTEGUI, BRANDER WILFREDO
Resolución Nro. ONCE
Chimbote, 17 de octubre de 2017.
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta en la fecha debido a la sobrecarga procesal que
existe en éste Juzgado y estando con los autos remitidos por el Primer Juzgado de Trabajo Transitorio de
esta Sede Judicial, remitidos en mérito a la Resolución Administrativa N° 189-2016-CE-PJ; AVÓQUESE al
conocimiento de la presente causa al señor Juez que suscribe e interviniendo la Secretaria Judicial que da
cuenta por disposición Superior; TÉNGASE por recibidos los mismos, en consecuencia, prosígase con la
secuela del proceso; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: El artículo 28° de la Ley N° 26636 – Ley Procesal de Trabajo prescribe textualmente que “El
Juez, en decisión motivada e inimpugnable, puede ordenar la actuación de los medios probatorios que
considere convenientes, cuando los ofrecidos por las partes resulten insuficientes para producirle certeza
y convicción”.
SEGUNDO: En el presente proceso, se demanda el reintegro de remuneraciones por participación de pesca
del año 2000 a 2011; asimismo se advierte, que en autos no existen elementos probatorios suficientes
para resolver la materia controvertida, en tal sentido, a efectos de emitir un pronunciamiento fundado en
derecho y evitar futuras nulidades, se hace necesario recabar medios probatorios de oficio.
TERCERO: En este sentido, se hace necesario a efectos de evaluar y concursar los medios probatorios
idóneos en este proceso, tener a la vista las Partidas Registrales de las embarcaciones Pesqueras San
Antonio, Arequipa 10 y Jackelin, asimismo la Partida Registral de la empresa Pesquera Santa Rosa SAC,
para lo cual se le notificará a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Chimbote –
SUNARP.
CUARTO: De igual modo se hace necesario contar con las Declaraciones Juradas y Rectificatorias del
Impuesto a la Renta de Pesquera Santa Rosa SAC de los ejercicios económicos de los años 2000 a 2007 y
de Pesquera Hayduk SA del año 2008 a 2011, para lo cual se notificará a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT.
QUINTO: Se hace necesario también que la demandada proporcione los consolidados de sus
embarcaciones pesqueras conteniendo los siguientes datos: nombre de la embarcación pesquera,
capacidad de bodega y año de construcción, el cual deberá proporcionar en el término de 5 días, bajo
apercibimiento de aplicarse las presunciones legales del artículo 40° de la Ley N° 26636.- Por estos
considerandos de conformidad con el artículo 28° de la Ley N° 26636 – Ley Procesal del Trabajo; SE
RESUELVE:
ADMITIR Y ACTUAR COMO MEDIOS PROBATORIOS DE OFICIO los antes mencionados en la parte
considerativa de la presente resolución:
1).- NOTIFÍQUESE a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, a efectos
de que cumpla con remitir a este Juzgado de Trabajo Transitorio las Declaraciones Juradas y
Rectificatorias del Impuesto a la Renta de Pesquera Santa Rosa SAC de los ejercicios económicos de los
años 2000 a 2007 y de Pesquera Hayduk SA del año 2008 a 2011;
2).- asimismo, NOTIFÍQUESE a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Chimbote –
SUNARP, a efectos de que cumpla con remitir a este Juzgado de Trabajo Transitorio las Partidas
Registrales de las embarcaciones Pesqueras San Antonio, Arequipa 10 y Jackelin, asimismo la Partida
Registral de la empresa Pesquera Santa Rosa SAC;
2).- CONCEDER a la demandada PESQUERA HAYDUK SA, el plazo de CINCO días para que cumpla con
proporcionar los consolidados de sus embarcaciones pesqueras conteniendo los siguientes datos: nombre
de la embarcación pesquera, capacidad de bodega y año de construcción; bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento, de aplicarse las presunciones legales del artículo 40° de la Ley N° 26636. Asimismo,
teniendo en cuenta que a la fecha, se viene aplicando el Sistema de Notificación Electrónica –SINOE en
tenor de lo dispuesto por la resolución Administrativa N° 1139-2016-P-CSJSA/PJ de fecha 10 de agosto del
2016, REQUIERASE a las partes, para que en el plazo de CINCO DÍAS, cumplan con señalar su CASILLA
ELECTRONICA, bajo apercibimiento de imponerle multa en caso de incumplimiento, haciéndole saber que
en caso de no poseer tal casilla electrónica pueden requerirlo de manera gratuita a través de la oficina de
Servicios Judiciales de esta Corte Superior de Justicia. NOTIFIQUESE.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 01423-2011-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
ESPECIALISTA : MILKO ADANAQUE VILCHERREZ
DEMANDADO : PESQUERA SANTA ROSA SAC AHORA EMPRESA
PESQUERA HAYDUK SA ,
DEMANDANTE : ROMERO PONTE, DANIEL
Resolución Nro. DIECISIETE
Chimbote, 18 de octubre del 2016
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el escrito presentado por
el demandante, Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: El demandante mediante el escrito que se da cuenta solicita se declare
consentida la sentencia y como consecuencia de ello se requiera a la demandada,
bajo apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento;
SEGUNDO: En efecto, mediante sentencia contenida en la resolución número
dieciséis, se declara fundada en parte la demandada y se le reconoce a favor del
demandante la suma de S/106.15 Soles;
TERCERO: La resolución bajo comento fue notificada a la demandada con fecha 11
de agosto del 2016, conforme se verifica del asiento de notificación obrante en
autos;
Por estas consideraciones: SE RESUELVE:
DECLARAR CONSENTIDA la sentencia contenida en la resolución número
dieciséis; en consecuencia REQUIERASE a la demandada para que cumpla con
pagar a favor del demandante la suma de S/106.15 Soles, por concepto de
capital, bajo apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento. Asimismo,
teniendo en cuenta que a la fecha, se viene aplicando el Sistema de Notificación Electrónica –
SINOE en tenor de lo dispuesto por la resolución Administrativa N° 1139-2016-P-CSJSA/PJ
de fecha 10 de agosto del 2016, REQUIERASE a las partes, para que en el plazo de
CINCO DÍAS, cumplan con señalar su CASILLA ELECTRONICA, bajo apercibimiento de
imponerle multa en caso de incumplimiento, haciéndole saber que en caso de no poseer tal
casilla electrónica pueden requerirlo de manera gratuita a través de la oficina de Servicios
Judiciales de esta Corte Superior de Justicia. Avocándose al conocimiento del proceso la
Señora Jueza que suscribe por disposición Superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | SALA LABORAL PERMANENTE -Sede Periférica I.
EXPEDIENTE : 01476-2011-0-2501-JR-LA-07.
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR PARTICIPACIÓN DE PESCA.
RELATOR : VENEROS LAVERIAN, ANA MARIA.
DEMANDADO : PESQUERA HAYDUK S.A.
DEMANDANTE : ZEGARRA ZAVALETA, SANTOS PEDRO.
RESOLUCION NÚMERO: CUARENTA Y UNO.
Chimbote, diecisiete de julio
Del dos mil diecisiete.-
AUTO EMITIDO POR LA SALA LABORAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL SANTA
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número treinta y siete, de fecha catorce de marzo de
dos mil diecisiete, que resuelve regular los costos procesales en la suma de S/ 2,000.00, más S/ 100.00
soles para el Colegio de Abogados del Santa.
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN:
La parte demandada en su recurso impugnatorio de apelación sostiene: a) Que, es cierto que el
abogado asesoró al demandante desde la etapa postulatoria hasta ejecución de la sentencia, también es
cierto que ha presentado escrito de demanda, asistencia a audiencia única, ha presentado escritos
simples para impulsar el proceso y otros trabajos que son propios de la labor profesional que debe
realizar el abogado; asimismo, es cierto que estos hechos ha sido recurrida hasta la máxima instancia,
pero también son propios de un proceso que garantizan a la tutela jurisdiccional efectiva; b) Que, también
es cierto que el proceso ha durado dos años; pero tampoco esta demora puede ser imputada a su
presentada, pues la dilación en cuanto el desarrollo del proceso se debe a factores propios del Sistema
Judicial.
FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO:
PRIMERO: Que, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte o de un tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de
que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme al artículo 364 del Código Procesal Civil. El
recurso de apelación hace viable no solo la revisión de los errores materiales sino también de los errores
sustanciales, pues por medio de dicho recurso se pretende la eliminación de la resolución del Juez inferior
y su sustitución por otra que dicte el Superior Jerárquico.
SEGUNDO: Que, respecto a los costos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 411º del Código
Procesal Civil, los costos del proceso son el honorario del abogado de la parte vencedora; consecuentemente, su pago corresponderá a la parte vencida en el proceso, salvo declaración judicial
expresa y motivada de exoneración; por lo que, en el presente caso, al existir un pronunciamiento sobre
el fondo, conforme a la sentencia de vista emitida por la Sala Superior mediante resolución número
veintisiete, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis (folios 405/408), que revoca la sentencia
contenida en la resolución número veinticuatro, reformándola declara fundada la demanda, y ordena a la
emplazada cumpla con abonar a favor del actor la suma de S/ 11,725.31 soles (monto capital);
asimismo, mediante resolución número treinta y tres, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil
dieciséis (folios 448), el A quo aprueba la liquidación de intereses legales en la suma de S/ 2,143.54
soles; por ende corresponde se proceda a la fijación de los costos del proceso en manera proporcional y
equitativa a lo actuado en la presente causa.
TERCERO: Que, a fin de proceder a fijar los costos procesales, el Juzgador deberá atender a las
incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso (inicia 04 de mayo de 2011), 2) instancias
jurisdiccionales (segunda instancia), 3) complejidad de la materia litigiosa; y, 4) La labor desplegada por el
abogado defensor de la parte vencedora; por lo que, en atención a ello el Juzgador en el presente caso
ha determinado como costos del proceso la suma de S/ 2,000.00 soles, más 100.00 soles a favor del
Colegio de Abogados del Santa; al haber un pronunciamiento estimatorio, conforme se ha detallado
precedentemente, que resulta razonable considerando lo ya señalado.
CUARTO: Que, por otro lado, el Tribunal Constitucional en su sentencia del Exp. 00052-2010-PA/TC-
LIMA, ha establecido en su quinto considerando que: “Teniendo presentes las razones esgrimidas por el
juzgado y la Sala, este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el monto de los
honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la
participación de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios relevantes, tales
como: a) el éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión debatida, y
c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o constantes”; todo ello sirve de sustento para
fijar el monto de los costos del proceso; de lo que se concluye que la resolución venida en grado debe ser
confirmada respecto a dicho extremo, y en el mismo importe. Por estas consideraciones, la Sala Laboral
de esta Corte Superior de Justicia:
RESUELVE:
CONFIRMARON la resolución número treinta y siete, de fecha catorce de marzo de dos mil
diecisiete, que resuelve regular los costos procesales en la suma de S/ 2,000.00, más S/ 100.00 soles
para el Colegio de Abogados del Santa; y los DEVOLVIERON a su Juzgado de origen. Juez Superior
Ponente Wilson Chiu Pardo. Notifíquese.-
S.S.
Cavero Levano, C.
Chiu Pardo, W.
Espinoza Lugo, N. |
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Juez: JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 15/03/2017 12:11:31
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 01476-2011-0-2501-JR-LA-07
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: MIGUEL
VALDERRAMA YBAÑEZ MATERIA : POR DEFINIR
Fecha: 15/03/2017 12:13:42
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA JUEZ : JULIO VELASQUEZ RONCAL
FIRMA DIGITAL
ESPECIALISTA : MIGUEL VALDERRAMA YBAÑEZ
DEMANDADO : PESQUERA HAYDUK SA,
DEMANDANTE : ZEGARRA ZAVALETA, SANTOS PEDRO
Resolución Nro. TREINTA Y SIETE
Chimbote, Catorce de marzo
Del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito que
antecede y estando los autos para resolver; Y, CONSIDERANDO; PRIMERO: El
abogado del ejecutante recurre por ante este juzgado, a fin de solicitar la
regulación de costos del proceso, por un monto de S/. 3,000.00 soles;
SEGUNDO.-La demandada absuelve el traslado, mediante escrito que se da
cuenta, señalando que los costos deben estar dentro del campo de la lógica
y de ningún modo atañe a empresa o persona que no se encuentre
involucrado en dicho acuerdo como el demandante pretende hacerlo, entre
otros fundamentos; TERCERO.- Habiéndose tramitado el presente proceso bajo
los alcances de la Ley 26636 – Ley Procesal del Trabajo, y atendiendo que
dicho dispositivo legal, y no establece expresamente las pautas necesarias
para la regulación de costos procesales, es de aplicación en forma supletoria
el Articulo 414° Código Procesal Civil; CUARTO.- Bajo este contexto, se tiene
que para la fijación de los costos procesales, el Juez no sólo debe apreciar la
objetividad del monto de los costos, sino también la duración del proceso; las
instancias jurisdiccionales; la complejidad de la materia litigiosa y la labor
desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora; QUINTO.- De la
revisión de los actuados, se verifica que el abogado defensor del
demandante, ha prestado sus servicios profesionales desde la etapa
postulatoria de la presente causa; interpuesta el cuatro de mayo del año dos
mil once, obteniendo sentencia fundada recaída en la resolución número
veintisiete emitida por la Superior Sala Laboral conforme se desprende de fojas cuatrocientos cinco a cuatrocientos ocho, por la suma de S/. 11,725.31soles;
más el pago de los intereses legales ascendentes a S/. 2,143.54 soles, montos
que han sido abonados por la demandada sin necesidad de recurrir a
medidas cautelares; por lo tanto, debe fijarse el monto de manera razonable.
Por estas consideraciones SE RESUELVE: REGULAR los costos procesales en la
suma de S/. 2000.00 Soles (Dos Mil con 00/100 Soles) más S/. 100.00 soles (Cien
con 00/100 soles) para el Colegio de Abogados del Santa; en consecuencia,
REQUIÉRASE a la demandada que cumpla con abonar en el término de tres
días la suma antes indicada, bajo apercibimiento de ejecución forzada en
caso de incumplimiento. Avocándose al conocimiento del proceso el Señor
Juez que suscribe e interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por
disposición Superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CCCOOORRRTTTEEE SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR DDDEEE JJJUUUSSSTTTIIICCCIIIAAA DDDEEELLL SSSAAANNNTTTAAA
SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLL
EXPEDIENTE N° : 01487-2011-0-2501-JR-LA-06
RELATORA : MARGARITA JACINTO TEQUE
DEMANDANTE : ROSAS MILLA, ISIDRO MACARIO
DEMANDADA : TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. TASA
MATERIA : POR DEFINIR
AUTO EMITIDO POR EL PRIMER TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA SEGUNDA
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCUENTA Y TRES.
En Chimbote, a los nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho; el magistrado Walter
Ramos Herrera, en calidad de Primer Tribunal Unipersonal de la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia del Santa, que suscribe, emite la presente resolución:
ASUNTO:
Viene en grado de apelación, el auto contenido en la resolución número CINCUENTA, de fecha
veintiséis de julio de dos mil diecisiete, que resuelve declarar fundada la observación realizada por la
parte demandada, en consecuencia, regula los costos procesales en la suma de S/.490.00 soles y el 5
% a favor del Colegio de Abogados del Santa, en la suma de S/.24.50 soles, con lo demás que
contiene.
I. FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
La parte demandante, interpone recurso de apelación señalando que se encuentra en desacuerdo con
la forma como el Juez ha determinado el pago de los honorarios profesionales, pues el monto
determinado es totalmente irrisorio e injusto en relación a la duración del proceso, el mismo que fue
iniciado en el 2011, durando más de 06 años, donde el trabajo realizado ha sido complejo, arduo,
trajinante, y donde el intelecto ha sido parte importante en el presente causa, por lo cual, no resulta
justo, razonable, adecuado ni legal el monto establecido por el Juez por concepto de costos
procesales, superando de éste modo, todas las tesis que estatuye el artículo 414° del Código Procesal
Civil, por lo cual, no resulta elevado pretender se pague por costos procesales la suma de S/.2,200.00
soles, en ese sentido, la apelada no ha valorado el trabajo desplegado por el abogado, ni la
complejidad de la materia, ni el tiempo y actitud del obligado para pagar los beneficios sociales. Por
todo ello, solicita que la impugnada resolución debe ser revocada y disponerse que se pague a favor
del demandante la suma de S/. 2,200.00 soles por concepto de costos procesales.
1 CONSIDERANDO:
II. FUNDAMENTOS DE LA SALA:
Sobre el recurso de apelación.-
1.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente; siendo indispensable que el recurso de apelación contenga la
fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución
impugnada, y precisando su naturaleza, de tal modo que el agravio o gravamen fija o
determina los poderes de este Órgano Superior para resolver de forma congruente la materia
objeto del recurso, conforme dispone los artículos 364° y 366° del Código Procesal Civil,
aplicable por supletoriedad, por tales razones el Colegiado deberá resolver en función a los
agravios, errores de hecho y de derecho y sustento de la pretensión impugnatoria que haya
expuesto el recurrente en su escrito de apelación debidamente concedido, dado que tales
elementos abren la causa a la segunda instancia y establecen los límites dentro de los cuales el
Colegiado deberá pronunciarse
De los Costos Procesales.
2.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 411º del Código Procesal Civil, los costos
del proceso son el honorario del abogado de la parte vencedora más un cinco por ciento
destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo; consecuentemente, su pago
corresponderá a la parte vencida en el proceso, salvo declaración judicial expresa y motivada de
exoneración. El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil realizado en la ciudad de Lima con fecha seis
y siete de junio del año 2008 respecto al Tema 3 referente a la fijación de los costos, adoptan por
mayoría el siguiente acuerdo: “Los costos procesales se fijan sin ser necesario para el Juez que se haya acreditado el
pago del tributo correspondiente, el cual únicamente es exigible para hacer efectivo el cobro del depósito judicial”
3.- Que, en el presente caso existe un pronunciamiento sobre el fondo mediante sentencia de fecha
24 de julio de 2015, obrante de folios 772 a 807, que declaró fundada en parte la demanda
interpuesta por el demandante, la misma que fue confirmada por el superior en grado, mediante
resolución de vista de fecha 05 de setiembre de 2016, obrante de folios 882 a 889; y en ejecución
de sentencia se dispuso el pago de la suma de S/. 2,869.51 nuevos soles, por concepto de pago de
utilidades, el mismo que la demandada dio cumplimiento conforme se observa de la constancia de
depósito judicial de folios 904; asimismo, mediante resolución número cuarenta y dos, de folios
918, se aprueba la liquidación de intereses legales en la suma de S/.387.73 soles; por ende
corresponde se proceda a la fijación de los costos del proceso.
4.- Que, a fin de proceder a fijar los costos procesales, el Juzgador deberá atender a las incidencias
del proceso, tales como: 1) la duración del proceso (que data desde el 05 de mayo de 2011), 2)
instancias jurisdiccionales (dos instancias recurridas), 3) complejidad de la materia litigiosa, y 4) la
labor desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora; por lo que en atención a ello el
2 Juzgador en el presente caso ha determinado como costos del proceso la suma de S/. 490.00
soles, teniendo en cuenta las incidencias precitadas, más el 5% destinado para el Colegio de
Abogados del Santa cuyo importe asciende a S/. 24.50 soles, al haberse declarado fundada en
parte la demanda, conforme se ha detallado precedentemente.
5.- Que, si bien es cierto, el abogado del demandante ha acompañado su respectivo recibo de pago de
honorario profesional por la suma de S/.2,200.00 soles, que corre a folios 942, cuyo monto
solicita que se fije por costos del proceso; también lo es que, respecto al importe consignado, debe
tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su monto, en ejercicio
de su derecho constitucional a la libertad de contratar; en consecuencia, siendo el Juzgador
quien las fija y/o regula, en el caso concreto, este medio probatorio no obliga a que el órgano
jurisdiccional, fije la misma suma y así recupere íntegramente vía reembolso lo pagado, por
cuanto, los costos del proceso se regulan de acuerdo a la complejidad del asunto controvertido, la esfera de defensa
de las partes, las instancias de mérito, duración del proceso, entre otros, como se ha indicado anteriormente.
6.- Que, es de tener en cuenta que en el presente caso, el proceso tiene una duración de seis años
aproximadamente (teniéndose en cuenta desde la presentación del escrito postulatorio de demanda, con fecha
cinco de mayo de dos mil once), en el cual desde un inicio hasta la fecha el demandante fue y es
patrocinado por el letrado Fabio Carlos Chacón Ramírez, el mismo que actuó desde la interposición
de la demanda (de folios 11 a 23), realizando el escrito de absolución de oposición y
contestación de demanda (de folios 167 a 168); estuvo presente en la audiencia única (folios 180
a 185); interpuso recurso de apelación de sentencia (folios 815 a 819), recurso de nulidad (folios
849 a 851); y demás escritos de mero trámite; razones por las cuales, el suscrito en atención a las
incidencias del proceso y al tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda, así como
la ponderación de los montos reconocidos en autos consistente en el capital y los intereses
legales, considera que lo establecido por el Juzgador por concepto de costos procesales en la
suma de S/. 490.00 soles, mas el 5% a favor del Colegio de Abogados del Santa cuyo importe
asciende a S/. 24.50.00 soles, resulta ser correcta y razonable, todo lo cual sirve de sustento para
confirmar la resolución de primera instancia.
Por tales consideraciones, el Primer Tribunal Unipersonal de la Segunda Sala Civil:
RESUELVE:
CONFIRMANDO el auto contenido en la resolución número CINCUENTA, de fecha
veintiséis de julio de dos mil diecisiete, que resuelve declarar fundada la observación realizada por la
parte demandada, en consecuencia, regula los costos procesales en la suma de S/.490.00 soles y el
5% a favor del Colegio de Abogados del Santa, en la suma de S/.24.50 soles, con lo demás que
contiene. Notifíquese y devuélvase a su Juzgado de origen.
S.S.
RAMOS HERRERA W.
3 |
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EXPEDIENTE : 01487-2011-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : GIANINA OLGA PAREDES ORBEGOZO
DEMANDADO : TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA,
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA TASA,
DEMANDANTE : ROSAS MILLA, ISIDRO MACARIO
Resolución Nro.: CINCUENTA Y UNO
Chimbote, Veintitrés de Octubre
Del año Dos Mil Diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha
debido a la sobrecarga procesal que existe en éste Juzgado y estando con el escrito que
antecede presentado por la parte demandante; Y CONSIDERANDO; PRIMERO: Que, el
demandante interpone recurso impugnatorio de apelación contra la resolución número
cincuenta, que declara fundada la observación formulada por la demandada, y regula
los costos procesales en la suma de S/. 490.00 Soles y el 5% a favor del Colegio de
Abogados del Santa en la suma de S/. 24.50 Soles; SEGUNDO: Que, la apelación
formulada cumple con los requisitos de admisibilidad y procedibilidad exigidos por el
artículo 52° de la Ley Procesal de Trabajo – N° 26636; TERCERO: Que, conforme a lo
normado en el Artículo 53° inciso 4 de la citada ley, es procedente el medio
impugnatorio formulado contra un auto expedido después de dictada la sentencia; la
que puede concederse con efecto suspensivo mediante resolución debidamente
fundamentada; por lo que, en aplicación del principio de economía procesal, que invoca
el proceso laboral debe concederse con este efecto; en consecuencia y por tales
consideraciones; SE RESUELVE: CONCEDER LA APELACIÓN interpuesta por la parte
demandante contra la resolución número CINCUENTA, CON EFECTO SUSPENSIVO y
ELÉVESE los autos a la Superior Segunda Sala Civil de esta Sede, por prevención, con la
debida nota de atención. Al escrito presentado por la demandada: A lo expuesto, y
habiendo adjuntado la Constancia de Depósito Judicial N° 2017078113459 por la
suma de S/. 514.50 (QUINIENTOS CATORCE CON 50/100 SOLES); por concepto de
pago por costos procesales, ESTESE a la presente resolución y RESÉRVESE su
PROVEÍDO. Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 01487-2011-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : GIANINA OLGA PAREDES ORBEGOZO
DEMANDADO : TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA ,
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA TASA ,
DEMANDANTE : ROSAS MILLA, ISIDRO MACARIO
Resolución Nro.: CINCUENTA
Chimbote, Veintiséis de Julio
Del año Dos Mil Diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha debido a la
sobrecarga procesal que existe en éste Juzgado y estando con el escrito que antecede
presentado por el demandante; pasen los autos para resolver; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, revisado los actuados se advierte que el demandante presenta la
propuesta de los costos procesales, acompañando recibo por honorarios profesionales
expedido por su abogado en la suma total de S/. 2,200.00 Soles; SEGUNDO: Que,
corrido el traslado de la propuesta de costos procesales a la demandada, ha observado
la propuesta, señalando que el despliegue de conocimiento del letrado, no ha sido
relevante para obtener fallo favorable, sino estrictamente se trata de criterio de cada
juzgador, y en cuanto a la complejidad del proceso, no es compleja porque la materia
discutida es de puro derecho; por lo que, los costos procesales deben ser proporcional
al trabajo realizado, siendo un aproximado de S/. 500.00 Soles; y demás fundamentos
que expone; TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso
ordinario laboral bajo los alcances establecidos por la Ley Procesal Laboral N° 26636, la
cual no establece los parámetros de los costos procesales que se deben aplicar;
utilizando como vía supletoria lo establecido por el Código Procesal Civil; CUARTO:
Que, de acuerdo al artículo 411° del Código Procesal Civil “son costos del proceso el
honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado del
Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo, para su fondo mutual y para cubrir
los honorarios de los abogados en los casos de auxilio judicial”; asimismo a tenor del
artículo 414° del Cuerpo normativo aludido, es el Juez quien regulará los alcances de la
condena en costos y costas del proceso, tanto respecto del monto como de los obligados
y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión;
QUINTO: Siendo así, los mismos deben ser resueltos por el Juzgador, con las facultades del artículo 414° del Código Procesal Civil, por lo que el Juez, no sólo debe apreciar la
objetividad del monto de los costos, sino también la duración del proceso; las instancias
jurisdiccionales; la complejidad de la materia litigiosa, la labor desplegada por el
abogado defensor de la parte vencedora, la conducta procesal de las partes, las
incidencias del proceso, la naturaleza del derecho defendido, entre otros factores; y
dentro del este contexto se ha obtenido como sentencia favorable la suma de S/.
2,869.51 Soles, por concepto de capital y la suma de S/. 387.73 Soles, por intereses
legales; por lo que, se debe regular los costos procesales. Por los fundamentos
expuestos y de acuerdo a lo establecido por el artículo 414° del Código Procesal Civil;
SE RESUELVE: DECLARAR FUNDADA la observación realizada por la parte
demandada; en consecuencia, REGÚLESE LOS COSTOS PROCESALES EN LA SUMA DE
S/. 490.00 Soles y el 5% a favor del Colegio de Abogados del Santa en la suma de S/.
24.50 Soles, sumas que debe cumplir con pagar la demandada dentro del plazo del
quinto día, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. AVÓQUESE al
conocimiento del presente proceso al Señor Juez que suscribe por disposición Superior.
Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 01487-2011-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
ESPECIALISTA : MILKO ADANAQUE VILCHERREZ
DEMANDADO : TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA TASA ,
DEMANDANTE : ROSAS MILLA, ISIDRO MACARIO
Resolución Nro. TREINTA Y OCHO
Chimbote, 02 de noviembre del 2016
POR DEVUELTOS los autos en la fecha del Superior
Jerárquico de esta sede judicial, CUMPLASE lo ejecutoriado; habiéndose
confirmado la resolución número veintiséis, que declara fundada en parte la
demanda, REQUIERASE a la demandada para que en el término de tres días
cumpla con abonar a favor del demandante la suma de S/2 869.51 Soles, bajo
apercibimiento de ley. Asimismo, teniendo en cuenta que a la fecha, se viene
aplicando el Sistema de Notificación Electrónica –SINOE en tenor de lo dispuesto
por la resolución Administrativa N° 1139-2016-P-CSJSA/PJ de fecha 10 de agosto
del 2016, REQUIERASE a las partes, para que en el plazo de CINCO DÍAS,
cumplan con señalar su CASILLA ELECTRONICA, bajo apercibimiento de
imponerle multa en caso de incumplimiento, haciéndole saber que en caso de no
poseer tal casilla electrónica pueden requerirlo de manera gratuita a través de la
oficina de Servicios Judiciales de esta Corte Superior de Justicia. Avocándose al
conocimiento del proceso la Señora Jueza que suscribe por disposición Superior.
Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE N° : 01487-2011-0-2501-JR-LA-07
DEMANDANTE : ISIDRO MACARIO ROSAS MILLA
DEMANDADA : TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.
MATERIA : REINTEGRO Y PAGOS DE BENEFICIOS SOCIALES
SENTENCIA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA SEGUNDA
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y SIETE
En Chimbote, a los cinco días del mes de setiembre de dos mil dieciséis; el Tribunal
Unipersonal de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, con la asistencia del
Señor Magistrado que suscribe;
ASUNTO:
Viene en grado de apelación, el auto contenido en la resolución numero TREINTA Y
DOS de fecha veintidós de diciembre de dos mil quince, que resuelve, declarar infundada la
nulidad de la resolución numero treinta y uno interpuesta por el demandante.
Es materia de grado de apelación, la sentencia contenida en la resolución número
VEINTISEIS de fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, en el extremo que declara
FUNDADA en parte la demanda interpuesta por ISIDRO MACARIO ROSAS MILLA,
contra TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A., sobre pago de utilidades del 2003 al 2010
y otros; ordenando que la demandada cumpla con abonar al actor la suma de S/. 2,869.51
(Dos mil ochocientos sesenta y nueve y 51/100 soles) pago de utilidades de los ejercicios
económicos de los años 2006 y 2010, más el pago de intereses legales, costas y costos del
proceso, que se liquidaran en ejecución de sentencia, sin la imposición de multa a la
demandada.
FUNDAMENTO DE LA APELACION
Respecto a la apelación de la resolución numero TREINTA Y DOS
La parte demandante interpone su recurso de apelación, argumentando lo siguiente: i) Que
se encontraba exonerado hasta el S/26, 950.00, esto es, hasta las 70 URP, quedando un exceso de
S/16,319.00, puesto que la pretensión es S/.43,268.73 nuevos soles, siendo que sobre esta base,
1 pago la suma de S/. 77.00 soles por apelación de sentencia, por tanto el Juez ha incurrido en error
no solo en el razonamiento sino en el cálculo, ya que solo se debió y debe pagar la suma de S/.77.00
y no S/.115.00 como infundadamente señala el Juez en la resolución numero treinta y uno.
Respecto a la apelación de la SENTENCIA
La parte demandada presenta su recurso de apelación argumentando lo siguiente: i) Que
no es correcto que se declare fundada el pago de reintegro de utilidades del año 2006 en la suma de
S/.2,781.78 a favor del actor, pues refiere que no le corresponde asumir obligaciones que ya han
sido pagadas, mas aun que no se ha tenido en cuenta los montos reales de las declaraciones del
impuesto a la renta, y los consolidados de ingresos y remuneraciones, y los consolidados de ingresos
y remuneraciones del accionante y la población laboral; ii) Se han establecido erróneamente
reintegros mayores, al haber considerado importes superiores como renta neta antes del impuesto a
las que figuran en las declaraciones juradas del impuesto presentadas a la SUNAT, siendo esta, la
que se encuentra en el casillero 110.
FUNDAMENTOS DE LA SALA:
Respecto a la finalidad de la apelación. -
1.- Al respecto, el artículo 364° del Código Procesal Civil establece que el recurso
de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de
parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio; con el propósito de
que sea anulada o revocada, total o parcialmente. El recurso de apelación es el medio que
hace tangible el principio de la doble instancia1-previsto en el artículo X del Título
Preliminar del Código Procesal Civil-, el cual es un recurso ordinario o de alzada, que
supone el examen de los resultados de la primera instancia, mediante el cual el Juez
Superior Ad quem examina la corrección y regularidad de la resolución dictada por el Juez A
quo, según los motivos de agravio que aduzca el apelante.
Sobre la apelación de la resolución número TREINTA Y DOS
2.- Que la Ley N°26846 determinar los principios que sustentan el pago de tasas judiciales,
los cuales se encuentran contemplados en su artículo 1°; y son, “a) Equidad, por la que se exonera del
pago de tasas a personas de escasos recursos económicos, obteniendo así mayores ingresos que permitan mejorar el
servicio de auxilio judicial; b) Promoción de una correcta conducta procesal que desaliente el
ejercicio irresponsable del litigio y el abuso del ejercicio de la tutela jurisdiccional; c)
Simplificación Administrativa, que permita mayor celeridad en el trámite de acceso al servicio de auxilio judicial. Y
1
CAS N° 3353-2000-Ica. Publicado el 02 de febrero del 2000]: “El fundamento de la doble instancia se encuentra ligado a la
falibilidad humana y a la idea de un posible error en la resolución judicial; de allí que este principio constituye una
garantía para los ciudadanos, ya que la decisión judicial cuyo error se denuncia es llevada ante un colegiado
especializado, a fin de ser analizada nuevamente”
2 asimismo se establece en su artículo 4° la modificación de la Primera Disposición Complementaria
Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, como sigue:
“PRIMERA.-Para los efectos de fijación de cuantías, tasas, aranceles y multas previstas en
ésta Ley o las establecidas en la legislación procesal especial, se aplica la Unidad de
Referencia Procesal (URP)(…)”
3.-Que con Resolución Administrativa N°077-2015-CE-PJ de fecha 19 de febrero de 2015
se resuelve regular el pago de los Aranceles Judiciales para el ejercicio gravable del año 2015 de
conformidad con los principios jurídicos que lo sustentan y demás disposiciones vigentes, sobre los
criterios técnicos orientados a favorecer un mejor desarrollo de la actividad procesal (considerando
cuarto), asimismo la resolución administrativa en mención establece en su considerando sétimo,
“Que la Primera Disposición Complementaria Única del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, modificada por Ley N° 26846, faculta al Órgano de Gobierno y Gestión del Poder
Judicial a fijar el valor de la Unidad de Referencia Procesal al inicio de cada año judicial, la
misma que año a año se ha venido referenciando con el 10% de la Unidad Impositiva
Tributaria (UIT); por lo que para el ejercicio del Año Judicial 2015, correspondería la suma
de S/. 385.00 (Trescientos Ochenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles).
4.-Que de la revisión de lo actuado en autos se verifica que con resolución numero
veintiséis (sentencia) de fecha 24 de julio de 2015 (ver folios 772) corregida con resolución numero
27, se declara fundada en parte la demanda interpuesta por Isidro Macario Rosas Milla contra
Tecnológica de Alimentos S A, resoluciones que fueron debidamente notificadas a las partes con
fecha 17 de agosto de 2015, para que puedan realizar las actuaciones correspondientes, en
consecuencia la parte demandante con escrito que obra a folios 815 presenta su recurso de
apelación el 20 de agosto de 2015, con resolución numero veintiocho de fecha 21 de agosto de 2015
(ver folios 820)se le concede tres días para que cumpla con presentar arancel judicial por apelación
de sentencia de acuerdo al cuadro de aranceles judiciales aprobado por Resolución Administrativa
N°077-2015-CE-PJ precisando además que es el 50% de la tasa señalada, bajo apercibimiento de
rechazar su escrito de apelación, dicha resolución es debidamente notificada el 16 de setiembre de
2015.
5.-Que el demandante con escrito de fecha 18 de setiembre de 2015 adjunta el arancel por
apelación de sentencia por el monto de S/.77.00 soles, en consecuencia con resolución numero
treinta y uno que obra a folios 843 se resuelve rechazar el recurso de apelación presentado por el
actor en consideración que habiendo superado el petitorio las 70 Unidades de Referencia Procesal, y
teniendo en cuenta que le corresponde pagar el 50% en concordancia con la Resolución
Administrativa N°077-2015-CE-PJ, el pago que debió efectuar es de S/.115.00 soles, sin embargo
solo ha adjuntado el pago por la suma de S/77. 00 soles. El demandante por su parte presenta su
recurso de nulidad de la resolución que rechaza su recurso de apelación, la misma que fue declarada
3 infundada a través de la resolución número treinta y dos de fecha 22 de diciembre de 2015 (ver
folios 852), siendo este objeto de apelación conforme el escrito de fecha 27 de enero de 2016
presentado por el demandante que obra a folios 858 y en el mismo que adjunta el pago de arancel
por la suma de S/.38.50 soles.
6.- Que a tenor de lo expuesto precedentemente, tenemos que el monto del petitorio
conforme se verifica del escrito de demanda que obra a folios 11 a 23 es de S/.43,268.73, monto
que supera las 70 URP, en consecuencia le correspondía al actor pagar el respectivo arancel por
apelación de sentencia en el 50% de los establecido en el cuadro de aranceles aprobado por
Resolución Administrativa N°077-2015-CE-PJ, y para mayor ilustración, es como se expone de la
siguiente manera:
Pretensión S/.154.00 S/.77.00
MONTO RECURSO sea hasta 100
DEL DE URP
PETITORIO APELACION Pretensión S/.231.00 50% S/.155.50
S/.43,268.73 mayor a 100 (demandante)
URP hasta
200 URP
De lo descrito en el cuadro anterior y teniendo en consideración que el monto de la URP
para el año 2015 estaba determinado en S/.385.00 nuevos soles tenemos que el monto por las 100
URP es de S/.38, 500.00 soles, por lo que, si la pretensión es hasta dicho monto corresponde el
pago por arancel judicial a la parte demandante por el monto de S/77.00, sin embargo si la
pretensión supera el monto mencionado, al actor le corresponde pagar por recurso de apelación la
suma de S/.155.50 nuevos soles, en consecuencia siendo que el monto del petitorio del actor supera
las 100 URP le correspondía pagar el ultimo monto mencionado, sin embargo el demandante solo
cumplió con pagar el monto de S/.77.00 nuevos soles.
7.- Que el apelante refiere que existe error por parte del Juez en cuanto refiere que debió
pagar por arancel judicial la suma de S/.115.00 cuando el monto correcto a pagar y el mismo que
pago es de S/77.00 soles, asimismo aduce que en el negado supuesto en que se considere que deba
pagarse la suma de S/115.50 soles por apelación de sentencia, cumple con adjuntar el reintegro de
la suma de S/.38.50 soles, la cual sumada a lo ya pagado (S/.77.00 soles) habrá acumulado
S/.115.50 soles, a los que hace referencia la Resolución Administrativa N°077-2015-CE-PJ, sin
embargo como se expuso en los considerandos número cinco y seis, el actor fue debidamente
notificado para que pueda subsanar la omisión del pago del arancel judicial por apelación de
sentencia, sin embargo conforme se verifica del escrito de fecha 18 de setiembre de 2015, solo
4 adjunta el arancel por apelación de sentencia por el monto de S/.77.00 soles, en consecuencia se
tiene que ha incumplido con el mandato judicial contenido en la resolución numero veintiocho de
fecha 21 de agosto de 2015 y a tenor del Artículo 367° que establece, “La apelación se interpone
dentro del plazo legal ante el Juez que expidió la resolución impugnada, acompañando el
recibo de la tasa judicial respectiva cuando ésta fuera exigible. La apelación o adhesión que
no acompañen el recibo de la tasa, se interpongan fuera del plazo, que no tengan
fundamento o no precisen el agravio, serán de plano declaradas inadmisibles o
improcedentes, según sea el caso. Para los fines a que se refiere el Artículo 357, se ordenará que el
recurrente subsane en un plazo no mayor de cinco días, la omisión o defecto que se pudiera advertir en el recibo de
pago de la tasa respectiva, en las cédulas de notificación, en la autorización del recurso por el Letrado Colegiado o en
la firma del recurrente, si tiene domicilio en la ciudad sede del órgano jurisdiccional que conoce de la apelación. De
no subsanarse la omisión o defecto, se rechazará el recurso y será declarado inadmisible”,
máxime si se tiene en consideración que el plazo para la interposición del recurso de apelación en el
presente caso, es de 5 días y siendo que el actor presenta con fecha 27 de enero de 2016 el pago de
los S/.38.50 por arancel judicial, monto que sumado a lo ya pagado, suma un total de S/115.50 sin
embargo la fecha en que fue debidamente notificado el actor para subsanar el impago del arancel
judicial correspondiente fue de fecha 16 de setiembre de 2015, excediendo el plazo para que
subsane lo ordenado, se concluye que la venida en grado debe confirmarse.
RESPECTO A LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA
Reconocimiento constitucional y legal del reparto de utilidades.-
8.- Conforme establece el artículo 29° de la Constitución Política del Perú2, el Estado
reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa con el objetivo
de lograr la identificación de los mismos con la empresa y con ello lograr el aumento o incremento
de la producción y de la productividad en los centros laborales. De este modo se hacen partícipes a
los trabajadores de los resultados exitosos del negocio, redundando ello no solo en la prosperidad
del empleador si no haciéndose extensivo en la persona de los trabajadores incentivándose con ello
el esfuerzo laboral de los trabajadores que se verá compensado con el otorgamiento económico de
este beneficio y que redundara en una suerte de aditivo remunerativo que premiara el esfuerzo
desplegado por el trabajador en la consecución de la alta productividad de la empresa.
9.- El desarrollo de dicho precepto constitucional lo hallamos en el Decreto Legislativo N°
677 y su posterior norma modificatoria, Decreto Legislativo N° 892, siendo que conforme a las
mismas tienen derecho a la participación en las utilidades de la empresa los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad privada que presten servicios en empresas que desarrollan
actividades generadoras de rentas de tercera categoría. De conformidad con el artículo 28º literal a)
2 Artículo 29° de la Constitución Política del Perú: “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las
utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación”
5 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta son rentas de tercera categoría las
derivadas del comercio, la industria, minería; de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de
otros recursos naturales; de las prestaciones de servicios comerciales, industriales o de otra índole
similar como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garaje, reparaciones,
construcciones, bancos , financieras, seguros, finanzas y capitalización y en general, de cualquier
otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y cuenta, permuta o
disposiciones de bienes. Aunado a ello, dichas empresas deben contar con más de 20 trabajadores,
siendo aplicable a los trabajadores que se encuentren contratados directamente por la empresa
mediante un contrato de trabajo a plazo indefinido o indeterminado, mediante un contrato de
trabajo sujeto a modalidad o mediante un contrato de trabajo en régimen de tiempo parcial,
precisamente en este último contrato los trabajadores gozan del beneficio de las utilidades en forma
proporcional a las remuneraciones percibidas durante el ejercicio.
10.- En el caso de empresas pesqueras, como es el caso de la demandada, las utilidades se
reparten a razón del 10% de la renta anual antes de impuestos. Para la distribución del porcentaje de
las utilidades se aplican los siguientes criterios: 50% será distribuido en función a los días laborados
por cada trabajador entendiéndose tal los días real y efectivamente trabajados. A este efecto se
dividirá dicho monto entre la suma total de los días laborados por todos los trabajadores y el
resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador,
mientras que el otro 50% se distribuirá en proporción a la remuneración de cada trabajador. A este
efecto se dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores
que correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicara por el total de las
remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. La participación que pueda
corresponder a los trabajadores tendrá respecto de cada trabajador, como límite máximo, el
equivalente a 18 (dieciocho) remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del
ejercicio.
Análisis del caso de autos.-
11.-Conforme prescribe el artículo 27° de la Ley Procesal Laboral N° 26636 (aplicable al
caso de autos), existen reglas especiales respecto a la carga de la prueba conocida como inversión
de la carga de la prueba; de este modo tenemos que en el proceso laboral corresponde a las
partes probar sus afirmaciones y esencialmente: 1. Al trabajador probar la existencia del vínculo
laboral, y 2 .Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las
normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato
individual de trabajo. Atendiendo a ello, las partes pueden ofrecer todos los medios probatorios que
estimen pertinentes a afectos de crear convicción en el juzgador respecto a su posición, siendo este
quien admitirá los medios probatorios que estime pertinentes para dilucidar la controversia que se le
presente e incluso, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 29° del citado dispositivo
6 puede ordenar la actuación de los medios probatorios que considere convenientes, cuando los
ofrecidos por las partes resulten insuficientes para producirle certeza y convicción.
12.- Del escrito de apelación presentado por la demandada se desprende que esta aduce que
con respecto al pago de las utilidades del año 2006 , el Juez no ha tomado en consideración que
fueron pagadas en marzo del año 2007 conforme consta en el documentado presentado por esta
por el monto de S/.1,371.87 soles, a tenor de ello y revisado los actuados en auto se verifica que a
folios 135 obra el documento de copia simple con denominación planilla de remuneraciones –
semana 12 del año 2007 en donde se consigna el monto antes mencionado como pago de utilidades
del año 2006, sin embargo dicho documento no cuenta con la firma ni huella digital del actor en
señal de conformidad de su recepción ni en autos obran otros medios probatorios que avalen su
abono, careciendo de sustento los cuestionamientos de la apelante, puesto que conforme se verifica
del considerando sexto, el Juez ha considerado el descuento de todos los montos ya abonados por
concepto de utilidades.
13.- Por otra parte en cuanto el demandante refiere que, el Juez no ha tomado en cuenta
los montos reales de los consolidados laborales de las remuneraciones del accionante y de la
población laboral, y asimismo la renta neta correcta, es preciso indicar que para el cálculo de las
utilidades él A quo ha tomado en consideración el Informe Pericial N°424-2014-OPCJ el mismo
que no fuera observado por la demandada adquiriendo su valor probatorio y por lo cual se verifica
que los montos consignados por el Juez en su respectiva liquidación son los mismos consignados
en el informe pericial antes mencionado, en consecuencia se tiene que los montos tomados en
cuenta por el Juzgador son los reales y correctos. De este modo, se concluye que el juzgador ha
liquidado válidamente los montos a efectos de dilucidar el pago de utilidades, debiendo de
confirmarse la venida en grado.
Por las consideraciones expuestas, el Primer Tribunal Unipersonal de la Segunda
Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa;
RESUELVE:
CONFIRMAR el auto contenido en la resolución numero TREINTA Y DOS de fecha
veintidós de diciembre de dos mil quince, que resuelve, declarar infundada la nulidad de la
resolución numero treinta y uno interpuesta por el demandante.
CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número VEINTISEIS de
fecha veinticuatro de julio de dos mil quince, en el extremo que declara FUNDADA en
parte la demanda interpuesta por ISIDRO MACARIO ROSAS MILLA, contra
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A., sobre pago de utilidades del 2003 al 2010 y
7 otros; ordenando que la demandada cumpla con abonar al actor la suma de S/. 2,869.51
(Dos mil ochocientos sesenta y nueve y 51/100 soles) pago de utilidades de los ejercicios
económicos de los años 2006 y 2010, más el pago de intereses legales, costas y costos del
proceso, que se liquidaran en ejecución de sentencia, sin la imposición de multa a la
demandada. Hágase saber a las partes y lo devolvieron. Juez Superior Ponente Walter Ramos
Herrera.- Notifíquese.
S.S.
RAMOS HERRERA, W.
8 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: JAIME LA ROSA CHIPANA
Fecha: 04/09/2012 17:14:51
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 01526-2011-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
ESPECIALISTA : TURPO HUARICACHA, ROSSANA
Visado: TURPO HUARICACHA,
ROSSANA DEMANDADO : PROCURADOR PÚBLICO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES
Fecha: 04/09/2012 17:16:35
Razón: RES. JUDICIAL DE ESSALUD DEL MINISTERIO DE TRABAJO
D.Judicial: TACNA/TACNA
: RED ASISTENCIAL TACNA Y SEGURO SOCIAL DE SALUD
ESSALUD REPRESENTANTE LEGAL MARTHA MILAGROS
DELGADO DE RIVERO
: SEGURO SOCIAL DE SALUD ES SALUD
DEMANDANTE : ALAY ALE, EUDEMIO
Resolución Nro. 16
Tacna, cuatro de setiembre
Del año dos mil doce.-
Al Escrito N° 14548-2012. AUTOS, VISTOS y
CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el numeral 1 del artículo 322° del Código
Procesal Civil de aplicación supletoria al caso de autos de conformidad con la primera
disposición complementaria de la Ley N° 29497, señala que concluye el proceso con
declaración sobre el fondo cuando “El Juez declara en definitiva fundada o infundada la demanda”
SEGUNDO.- Que, conforme se desprende de autos tenemos que el proceso se encuentra
concluido al haberse expedido Sentencia de Vista emitida mediante resolución número
trece de fecha veinticinco de mayo del año en curso, obrante a fojas ciento setenta y cuatro
a ciento setenta y siete, por la cual se declaro improcedente la demanda. En consecuencia
la causa ha quedado concluida y determinado el derecho entre las partes y no existiendo
mandato o recurso alguno pendiente de resolverse, corresponde archivar el presente
proceso. Por estas consideraciones, SE RESUELVE: ARCHIVAR en forma
DEFINITIVA el presente proceso, debiendo remitirse los actuados al Archivo Central de
esta Corte Superior de Justicia de Tacna y la devolución de los anexos a las partes dejando
en su lugar copias certificadas y constancia de la entrega en autos. Al Otrosi. Téngase
presente. Asumiendo competencia el magistrado que autoriza por disposición del superior.
Hágase Saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: LUIS MIGUEL SAN ROMAN AQUIZE
Fecha: 12/01/2012 13:17:53
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
Visado: TURPO HUARICACHA,
ROSSANA
Fecha: 12/01/2012 13:20:11
Razón: RES. JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
EXPEDIENTE : 01526-2011-0-2301-JR-LA-01
DEMANDANTE : ALAY ALE, Eudemio.
DEMANDADA : RED ASISTENCIAL TACNA ESSALUD.
PRETENSION : REINTEGRO DE REMUNERACIONES Y OTROS.
NATURALEZA : ORDINARIO
ESP. LEGAL : Abog. TURPO HUARICACHA, Rossana.
Resolución N° 08.
SENTENCIA
Tacna, doce de enero del
Dos mil doce.
I. PARTE EXPOSITIVA
Demanda: Con fecha 22 de Setiembre del 2011, EUDEMIO ALAY ALE, interpone
demanda en contra RED ASISTENCIAL TACNA –ESSALUD- , y otro, sobre PAGO DE
REMUNERACIONES, BENEFICIOS SOCIALES DEVENGADOS Y REINTEGRO DE
PAGO DE REMUNERACIÓN;
Pretende las siguientes pretensiones:
a. Se ordene el pago de remuneraciones y beneficios sociales por el monto de S/.
122,929.00 Nuevos Soles.
b. Se disponga el reintegro del pago de remuneraciones de S/. 1,745.00, para en forma
mensual y sucesiva; y
c. El pago de las costas y costos del proceso.
Señala que:
- Que, el suscrito vengo laborando para la demandada, desde el 23.09.2002 a la fecha,
siendo despedido arbitrariamente el 15 de Octubre del 2004, ante esta situación formule
acción de amparo, tramitado en el Expíe. N° 2004-01367-0-2301-JR-CI-02, que
DECLARA FUNDADA MI DEMANDA, logrando MI REPOSICION JUDICIAL el
05.05.2005, para ello suscribo el contrato N° 077-SGA-RED-TACNA-ESSALUD-2005, a
plazo indeterminado, se me asigna en el CARGO de Jefe de Unidad de Recursos
Patrimoniales y Distribución, Nivel E6, bajo el régimen laboral de la actividad privada,
percibiendo una remuneración mensual la suma de SI 4,250.00 n.s.
- Después de haberse regularizado mi situación laboral, percibiendo una
REMUNERACION MENSUAL DE S/. 4 250.00 NUEVOS SOLES, sin embargo el
28.02.2007, con Resolución de Gerencia General N° 360-GG-ESSALUD-2007, se me
despide nuevamente, por tanto plantee denuncia por acto homogéneo, con Resolución
N° 31 el 12.06.2007, declara nulo el despido arbitrario y ordena a la Red Asistencial
Tacna, cumpla con reponerme, en el cargo que venia desempeñando o en otro de igual
o similar jerarquía, logrando mi reposición judicial definitiva el 22 de Junio del 2007, sin
embargo no se me repone en mi cargo y tampoco se me paga mi remuneración de
Página 1 de 11 S/4,250.00 nuevos soles, pese haber firmado el 24 de Julio del 2007, el acta de acuerdo
de Plaza Laboral, aceptando la plaza de Profesional de P1, según el clasificador de
cargo es equivalente al de ejecutivo E 6,
- Al estar laborando desde el 22 de Junio 2007 (reposición judicial), por mas de cuatro
meses SIN PAGO DE MIS REMUENRACIONES, EL 15.10.2007 se emite la Resolución
de Gerencia General N° 1063-GCRH-OGA-ESSALUD-2007, mediante el cual se
DISPONE LA ASIGNACION DE LA PLAZA N° 4813573A, en el cargo Profesional P2,
EN ESE EXTREMO LA DEMANDADA APROVECHANDO EL APREMIANTE ESTADO
DE NECESIDAD, QUE ESTABA PASANDO POR FALTA PAGO DE MIS
REMUNERACIONES POR MAS 04 MESES, PARA EFECTO DE PAGO SE ME HACE
SUSCRIBIR EL CONVENIO DE NUEVAS CONDICIONES DE RELACION LABORAL,
CONTRATO N° 274-OARED-TACNA-: ESSALUD-2007, mediante el cual se me rebaja
inmotivadamente mis remuneraciones, de S/. 4,250.00 nuevos soles que venia ganando
hasta Febrero 2007, a S/. 2,505.00 nuevos soles, que percibo actualmente, reducción
que a afectado mi economía personal y a la dignidad a la persona como Profesional en
Derecho. Cabe precisar la Red Asistencial Tacna gestiono a Nivel Central para que se
me reponga en el cargo que venia desempeñando o en otro de igual o similar jerarquía,
sin embargo EsSalud del Nivel Central, no autorizo ya que no existía plaza disponible de
Ejecutivo E-6 y además con Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 712-PE-ESSALUD-
2006, del 18.11.2006, la demandada había dispuesto que los cargos E-6, eran de
confianza.
- REDUCCION INMOTIVADA DE MI REMUNERACION VULNERA MI DERECHO
LABORAL RECONOCIDO Y DECLARADO JUDICIALMENTE CON SENTENCIA FIRME
EN CALIDAD DE COSA JUZGADA.- Es necesario precisar, Señor Juez, la demandada
aprovechando el apremiante estado de necesidad de trabajo, la falta de pago de mis
remuneraciones por mas de cuatro (04) meses(Junio, Julio, Agosto, Setiembre y Octubre
2007), estando en peligro la subsistencia de mis dos menores hijas Lizbeth y Betsy de 7
y 5 años de edad en ese entonces, que dependen únicamente del suscrito, NO
CONTABA CON SEGURO por haber estado en planilla, teniendo deudas pendientes en
el Banco, y mediante Resolución de Gerencia General N° 1063-GCRH-OGA-ESSALUD-
2007. SE DISPUSO LA ASIGNACION DE LA PLAZA N° 4813573A, cargo Profesional
P2, compelido para efecto de pago de mis remuneraciones, no teniendo alternativa
suscribo el contrato N° 274-OA-RED-TACNA-ESSALUD-2007 de convenio de nuevas
condiciones de relación laboral, mediante el cual en forma inmotivada e injustificada se
me reduce mi remuneración mensual de S/ 4 250.00 nuevos soles, a S/. 2,505.00
nuevos soles, dejando de percibir la suma de S/. 1,745.00 nuevos soles.
Consecuentemente la REDUCCION DE MIS REMUNERACIONES VULNERA MI
DERECHO LABORAL RECONOCIDO Y DECLARADO JUDICIALMENTE CON
SENTENCIA FIRME EN CALIDAD DE COSA JUZGADA en el Expediente N° 2004-
01367-0-2301-JR-CI-02, AL AMPARO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO, razón por la cual recurro a su Despacho para reclamar tutela jurisdiccional
efectiva, para que se me pague mis remuneraciones, beneficios sociales devengados y
en lo posterior se me reintegre el pago de mis remuneraciones que se me esta dejando
de pagar.
- Asiste el derecho de seguir percibiendo una remuneración digna que sea suficiente para
satisfacer mis necesidades y de los que dependen de mi. Es justo que se me abone mi
última remuneración al momento de mi despido de S/. 4,250.00 Nuevos Soles, que a
sido declarado a mi favor mediante sentencia firme en proceso de acción de amparo en
calidad de cosa juzgada, amparada por la Constitución Política del Perú. En tal sentido
la reducción de mis remuneraciones no puede ser materia de pacto entre el trabajador y
Página 2 de 11 el empleador, considerando es un derecho la a nacido de una relación laboral propia
respecto del cual el ordenamiento jurídico impide que su titular (el trabajador) pueda
desistirse del mismo o reducirlo. Según la Carta Magna, para que esta "inmutabilidad"
sea considerada un derecho irrenunciable, mi derecho de la petición de la demanda esta
reconocida por proceso judicial firme al amparo de la Constitución Política del Perú,
específicamente en el Artículo 26, inciso 2. Y además dicho cuerpo normativo señala
que el trabajador tiene derecho a una Remuneración "equitativa y suficiente". Este
derecho tiene, indudablemente, el carácter de irrenunciable ya que mí derecho a sido
declarado mediante sentencia firme.
- AFECTACION Y VULNERACION DE LA REDUCCION DE LA REMUNERACION.- El
suscrito labora como profesional en derecho - Abogado, a tiempo completo para la
demandada, NO contando con otro ingreso, y además desde Enero 2008, el suscrito,
tiene la tenencia y custodia de mis menores hijas Lizbeth y Betsy Alay Gutiérrez de 09 y
07 años de edad respectivamente, a quienes tengo que atender en forma personal, y
directamente, velar por su alimentación, cuidado, su estado salud, vestido, casa
habitación y educación, situación que no me permite trabajar fuera de mi horario de
trabajo, tengo deudas pendiente con el Banco Continental por mas de S/. 20,000.00
nuevos soles; por tanto la reducción de mis remuneraciones de S/.4,250.00 N.S. a S/.
2,497.00 N.S. me esta afectando seriamente a mi economía, la nueva remuneración
(reducida), VULNERA EL DERECHO CONSTITUCIONAL A UNA REMUNERACION
EQUITATIVA Y SUFICIENTE (Art. 24 Const.) poniendo en peligro el proyecto de vida de
mi familia (mis menores hijas y el suscrito). "La remuneración actual (reducida) que
obtengo no permite satisfacer las necesidades - materiales, sociales y culturales - ... y,
además, llevar una vida social y familiar normal, la remuneración reducida afecta a la
dignidad humana, pues, deja de servir como instrumento para construir una existencia
libre y valiosa"
- INEFICACIA DE LA REDUCCION DE MI REMUNERACION.- En materia de derecho de
trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos laborales se encuentra expresa en las
codificaciones sustantivas, que sancionan de ineficacia aquellos pactos que lesionen o
vulneren los derechos reconocidos por las leyes de la República y la Constitución
Política vigente. Por tanto la reducción de mi remuneración que he sido objeto constituye
un vicio del consentimiento de carácter insaneable, en cuanto vulnera el inciso 2 del
Articulo 26 de la Constitución Política del Estado. Son prohibiciones de carácterboral
irrenunciable. Ya que sustantivo aquellas que desarrollan el principio de protección
constitucional que reconoce en el derecho al trabajo una fuente de dignificación de la
persona humana, "que en ella encuentra ocasión para su cabal realización individual y
social y, no menos importante, el principal medio para proveer a la satisfacción de sus
necesidades naturales y culturales, lo que explica su doble condición de derecho
fundamental y deber, ambos objeto de especial protección por parte del Estado.
Cualquier pacto que viole esas condiciones mínimas estará viciado de nulidad absoluta,
mas aún cuando medie una declaración judicial expresa en el proceso N° 2004-01367-0-
2301-JR-CI-02 y por supuesto, cualquier intento de transacción o conciliación que
pretenda desconocerlas también estará sancionado de ineficacia, de aquellas que no
admiten saneamiento o convalidación por las partes. "Mi derecho laboral por comportar
el carácter de irrenunciables, no puede menoscabarse por acuerdos de voluntades que
disfracen la relación laboral que surge ab inicio.
Contestación de la demanda: La parte demandada SEGURO SOCIAL DE SALUD –
ESSALUD-, contesta la demanda con los siguientes argumentos:
Página 3 de 11 - El demandante pretende que se le pague por un periodo de 4 años, 3 meses y 09 días
como Ejecutivo nivel 6, cuando el desempeño en el Nivel Profesional Nivel 2.
- De otro lado señala que el Seguro Social de Salud -ESSALUD-, es un organismo publico
descentralizado, con personería de derecho publico interno, adscrito al Sector Trabajo y
Promoción del Empleo, con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera
presupuestal y sujeta a las normas de presupuesto donde señala claramente que el gasto
para los trabajadores solo debe afectar la planilla única de pago y no realizar pagos por días
no laborados.
- El demandante a venido laborando en el nivel “Profesional 2”, con las responsabilidades
señaladas en el cargo consecuentemente se le estado pagando con dicho nivel.
- Además señala que en el numeral 36.1 del Artículo 36° de la l Ley N° 28411, prohíbe
efectuar el pago de obligaciones devengadas.
Actos Procesales: Se admitió la demanda, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación con la
asistencia de la partes; se realizó la Audiencia de Juzgamiento, siendo el estado del proceso el
de expedirse sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
Remuneración y la Regla de no Discriminación
1) Antes de analizar la cuestión discutida en el presente proceso es necesario señalar que
nuestro Tribunal Constitucional a señalado que en el Expediente N° 04922-2007-PA/TC, en
referencia al derecho a la remuneración es un derecho fundamental y en la misma sentencia
señala que debe entenderse por la regla de no discriminación, en los fundamentos jurídicos
que pasamos a transcribir:
(…)
§ La remuneración como derecho fundamental.
6. El artículo 24º de nuestra Constitución Política del Perú a consagrado el derecho de
todo trabajador a percibir una remuneración equitativa y suficiente que procure, para él
y su familia, el bienestar material y espiritual. Por consiguiente la remuneración como
retribución que recibe el trabajador en virtud del trabajo o servicio realizado para un
empleador, debe ser entendida como un derecho fundamental. Además de adquirir
una naturaleza alimentaría, tiene una estrecha relación con el derecho a la vida, acorde
con el principio - derecho a la igualdad y la dignidad, amen que adquiere diversas
consecuencias o efectos que serán de vital importancia para el desarrollo integral de la
persona humana. Así tenemos como consecuencias de este derecho: adquirir una
pensión en base a los aportes y contribuciones a la seguridad social, servicio de
calculo para efectos de beneficios sociales como vacaciones, compensación por
tiempo de servicios, indemnización por vacaciones truncas, o en su caso, ser
calculable para la indemnización por despido arbitrario y otros beneficios sociales.
7. En el plano internacional este derecho fundamental guarda igual coherencia y relación
con lo recogido en el artículo 23º numeral 2 y 3 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos:
Artículo 23
(…)
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.
Página 4 de 11 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme
a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por
cualesquiera otros medios de protección social.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y
Culturales en su artículo 7º a señalado con respecto a este derecho:
Artículo 7º:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le
aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los
trabajadores:
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor,
sin distinciones de ninguna especie; en particular,
debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no
inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual;
(...)
De igual manera, el Convenio OIT N.º 100, sobre la igualdad de remuneración establece en
su artículo 2.1 lo siguiente:
Artículo 2
1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos
vigentes de fijación de tasas de remuneración, promover y, en la medida en
que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los
trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.
8. En tal sentido se infiere de los tratados de Derechos Humanos referidos a los que se
hace mención que la remuneración como retribución que percibe el trabajador por el
trabajo prestado a su empleador no debe ser sometida a ningún acto de discriminación,
ni ser objeto de recorte, ni de diferenciación, como por ejemplo otorgar a unos una
mayor remuneración que a otros por igual trabajo. En efecto se prohíbe y queda
vedado cualquier trato discriminatorio e irracional que afecte el derecho a la
remuneración como derecho fundamental de la persona humana.
§ La regla de no discriminación en materia laboral.
9. La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una determinada conducta al
momento de legislar o de impartir justicia. Así el artículo 103º de la Constitución Política
del Perú compromete al Estado a expedir leyes especiales porque así lo exige la
naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencias de las personas. En tal
sentido la igualdad de oportunidades en estricto, igualdad de trato - obliga a que la
conducta ya sea del Estado o de los particulares, en relación a las actividades
laborales, no genera una diferenciación no razonable y, por ende, arbitraria.
10. Sobre el particular este Colegiado a precisado (STC 0008-2005-AI. Fundamento 23)
que:
“ la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al trabajador en sus
características innatas como ser humano (lo propio y privativo de la especie), o cuando
se vulnera la cláusula de no discriminación prevista por la Constitución. Asimismo la
discriminación en materia laboral, strictu sensu, se acredita por los dos tipos de
acciones siguientes: 1) acción directa: cuando la conducta del empleador forja una
distinción basada en una razón inconstitucional. En esta hipótesis, la intervención y el
efecto perseguibles se fundamentan en un juicio y una decisión carente de
Página 5 de 11 razonabilidad y proporcionalidad;. y 2) por acción indirecta: cuando la conducta del
empleador forja una distinción basada en una discrecionalidad antojadiza y veleidosa
revestida con la apariencia de “lo constitucional”, cuya intención y efecto perseguible,
empero, son intrínsecamente discriminatorios para uno o más trabajadores.”
Por tanto dichas acciones proscritas por la Constitución pueden darse en las
condiciones o circunstancias siguientes:
- Acto de diferenciación arbitraria al momento de postular a un empleo.
- Acto de diferenciación arbitraria durante la relación laboral (formación y
capacitación laboral, promociones, otorgamiento de beneficios, etc.).
(…)
2) Para mayor abundamiento y desarrollo citaremos expresamente a Javier Neves Mujica
[Introducción al Derecho Laboral. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2003, p.34] quien
define a la Remuneración en los siguientes términos:
(…)
La retribución otorgada en el contrato de trabajo se denomina remuneración. Nuestro
ordenamiento laboral considera como tal al íntegro de lo que el trabajador recibe por sus
servicios, en dinero o en especie, siempre que sea de su libre disposición (artículo 6 de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral). De esta definición, nos interesa resaltar dos aspectos:
el carácter contraprestativo y los bienes en que se materializa.
La remuneración tiene carácter contraprestativo, pero no se agota en éste. En otras palabras, es
el pago que corresponde al trabajador por la puesta a disposición de su actividad [Lo subrayado
es nuestro]
(…)
Principio de Irrenunciabilidad y la Reducción de la Remuneraciones.
3) De igual modo es necesario señalar en forma clara que se entiende por irrenunciabilidad y si
es posible la reducción de remuneración, para lo cual el Tribunal Constitucional a señalado
que en el Expediente N° 008-2005-IA/TC, a determinado claramente que debe entender por
principio de irrenunciabilidad de derecho:
(…)
c.3.4.) La irrenunciabilidad de derechos
24 Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los derechos
reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. Al respecto, es preciso considerar
que también tienen la condición de irrenunciables los derechos reconocidos por los
tratados de Derechos Humanos, toda vez que estos constituyen el estándar mínimo de
derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos [Remotti Carbonell,
José Carlos: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Estructura,
funcionamiento y jurisprudencia, Barcelona, Instituto Europeo de Derecho, 2003, p. 18].
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo V del Título Preliminar
del Código Civil, la renuncia a dichos derechos sería nula y sin efecto legal alguno.
Así, conforme se desprende de lo previsto en el inciso 2) del artículo 26.º de la
Constitución, la irrenunciabilidad sólo alcanza a aquellos “(...) derechos
reconocidos por la Constitución y la ley”.
No cubre, pues, a aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajo o la
costumbre.
Página 6 de 11 Por otro lado, debe precisarse que un derecho de naturaleza laboral puede provenir
de una norma dispositiva o taxativa. En ese contexto, la irrenunciabilidad es sólo
operativa en el caso de la segunda.
La norma dispositiva es aquella que opera sólo cuando no existe manifestación de
voluntad o cuando ésta se expresa con ausencia de claridad. El Estado las hace valer
únicamente por defecto u omisión en la expresión de voluntad de los sujetos de la
relación laboral.
Las normas dispositivas se caracterizan por suplir o interpretar una voluntad no
declarada o precisar y aclararla por defecto de manifestación; y por otorgar a los
sujetos de una relación laboral la atribución de regulación con pleno albedrío dentro del
marco de la Constitución y la ley.
Ante este tipo de modalidad normativa, el trabajador puede libremente decidir sobre la
conveniencia, o no, de ejercitar total o parcialmente un derecho de naturaleza
individual.
Al respecto, puede citarse el caso del derecho a vacaciones contemplado en el Decreto
Legislativo N.º 713, en donde se establece que el trabajador tiene derecho a treinta
días naturales de descanso remunerado al año y, dentro de ese contexto, por la
prerrogativa de la voluntad establecida en dicha norma, este puede disponer hasta de
quince días para continuar prestando servicios a su empleador, a cambio de una
compensación extraordinaria. Por ende, tiene la capacidad autodeterminativa de
decidir un “canje” sobre aquello.
En cambio, la norma taxativa es aquella que ordena y dispone sin tomar en cuenta la
voluntad de los sujetos de la relación laboral. En ese ámbito, el trabajador no puede
“despojarse”, permutar o renunciar a los beneficios, facultades o atribuciones que le
concede la norma.
Javier Neves Mujica [Introducción al derecho laboral. Lima: Fondo Editorial de la
PUCP, 2003, p. 103] manifiesta que el principio de irrenunciabilidad de derechos es
justamente el que prohíbe que los actos de disposición del trabajador, como
titular de un derecho, recaigan sobre normas taxativas, y sanciona con la
invalidez la transgresión de esta pauta basilar. (lo subrayado y en negrita es
nuestro)
La irrenunciabilidad de los derechos laborales proviene y se sujeta al ámbito de las
normas taxativas que, por tales, son de orden público y con vocación tuitiva a la parte
más débil de la relación laboral. Es conveniente consignar que una norma jurídica
puede contener dentro de su texto, partes taxativas y dispositivas.
El Tribunal Constitucional a tenido ocasión de pronunciarse sobre la materia en el caso
Sindicato de Trabajadores de Toquepala vs. Southern Perú Copper Corporation
(Expediente N.° 1396-2001-AA/TC), en donde estableció que si “(...) las
partes acordaron no solo la duración de la jornada ordinaria de trabajo, será
también las jornadas atípicas, situación que, de por si, no violenta derecho
fundamental de los afiliados al Sindicato, sino sólo cuando dicha estipulación sea
indebidamente aplicada; de otro lado, lo expuesto no sólo no contradice el principio
contenido en el inciso 2) del artículo 26.º de la Constitución, relativo al carácter
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, por encontrarse
previsto en la misma, como se a observado, sino también, porque el derecho protegido
en la Carta Magna es el relativo a una jornada de trabajo que no excede de las
cuarenta y ocho horas semanales (...).”
4) Que, para mayor abundamiento en referencia a la interrogante de que si es posible reducir
las remuneraciones de los trabajadores nos remitiremos a lo Señalado por Cesar Gonzales
Hunt, [Los Principios del Derecho de Trabajo en el Derecho Peruano, Sociedad Peruana de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social -Varios Autores, 2da. Edición. Lima: Editora y
Página 7 de 11 Librería Jurídica Grijley, 2009, p. 203], fundamentos que comparte este Juzgado y
textualmente indica:
(…)
3.3 Las remuneraciones determinadas por el contrato de trabajo
En cuanto a las remuneraciones y beneficios sociales previstos por el contrato de trabajo que
superan los mínimos preestablecidos por las normas legales y el convenios colectivos aplicables;
estimamos que no existe razón para sostener que los mismos se encuentren afectados por el
principio de irrenunciabilidad de derechos. Esto debido a que, según se a afirmado, el principio
de irrenunciabilidad impide la afectación de derechos nacidos de normas indisponibles y el
contrato de trabajo no crea normas jurídicas, sino obligaciones. En este sentido, al tratarse de
obligaciones acordadas libremente por las partes debe admitirse la posibilidad de que
ellas mismas modifiquen, en cualquier sentido las obligaciones que hubiesen podido
crear.
(…)
5) Lo señalado anteriormente a sido ratificado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia
del Expediente N° 0009-2004-AA/TC, que textualmente determino de que si es posible la
disminución de la remuneraciones:
| (…)
3. En cuanto a la rebaja de remuneraciones, con las boletas de pago obrantes de fojas 11 a 15 de
autos, a quedado acreditado que el actor siguió percibiendo la misma remuneración que recibía
como Asesor de Gerencia General hasta el mes de diciembre de 1999, y que la referida
reducción se sustenta en el convenio suscrito con fecha 25 de octubre de dicho año. Al
respecto, la posibilidad de reducir las remuneraciones está autorizada expresamente por la Ley
N.º 9463, del 17 de diciembre de 1941, siempre que medie aceptación del trabajador. Igual
situación es contemplada, contrario sensu, por el artículo 30.º, inciso b), del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N.º 728, aprobado por Decreto Supremo N.º 003-97-TR, y el
artículo 49.º de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N.º 001-96-TR, que
consideran la reducción inmotivada de la remuneración o de la categoría como acto de hostilidad
equiparable al despido. Sin embargo, el actor manifiesta que fue compelido por la emplazada a
firmar dicho convenio. En ese sentido, este Colegiado considera que la vía del amparo, por su
carácter sumario, no es la idónea para resolver dicho extremo de la demanda, tomando en
consideración que se fundamenta en un vicio en la manifestación de voluntad del recurrente, lo
cual requiere la actuación de pruebas y diligencias dentro de la correspondiente estación
probatoria, etapa de la cual carece el amparo. En todo caso, en este extremo, este Colegiado
deja a salvo el derecho del recurrente para que pueda ejercerlo en sede ordinaria.
(…)
6) De lo expuesto podemos llegar a las siguientes conclusiones:
a) La remuneración es una contraprestación por los servicios que presta el trabajador.
b) El principio de irrenunciabilidad solo afecta a los derechos otorgados por la Constitución
y la Ley.
c) Todo empleador debe respetar el principio “a igual trabajo igual remuneración”,
establece el trato igualitario para los trabajadores.
d) Si es posible arribar a un acuerdo de la reducción de la remuneraciones siempre que
medie de por medio la aceptación del trabajador.
7) En consecuencia resolviendo el caso concreto se tiene que el demandante a probado lo
siguiente:
a) Que, ingreso a trabajar el 23.09.2002, donde se desempeño en el Cargo de Jefe de la
Oficina Administrativa de Personal del Hospital III Daniel Alcides Carreon con el nivel
remunerativo E-6.
b) Fue despedido arbitrariamente el 15 de Octubre del 2004.
Página 8 de 11 c) Siendo repuesto mediante Sentencias recaídas en el Expediente N° 2004-01367-0-
2301-JR-CI-02, que declara fundada la demanda de acción de amparo, donde
expresamente se dispone reponerlo en el cargo que venia desempeñando, o en otro o
de similar jerarquía.
d) Logrando su reposición judicial el 05.05.2005, para ello suscribo el contrato N° 077-
SGA-RED-TACNA-ESSALUD-2005, a plazo indeterminado, se me asigna en el cargo de
Jefe de Unidad de Recursos Patrimoniales y Distribución, Nivel E-6, bajo el régimen
laboral de la actividad privada, percibiendo una remuneración mensual la suma de S/.
4,250.00 Nuevos Soles.
e) Después de haberse regularizado mi situación laboral, percibiendo una remuneración
mensual de S/. 4,250.00 Nuevos Soles.
f) Sin embargo el 28.02.2007, con Resolución de Gerencia General N° 360-GG-
ESSALUD-2007, se me despide nuevamente, por tanto plante denuncia por acto
homogéneo, con Resolución N° 31 el 12.06.2007, declara nulo el despido arbitrario y
ordena a la Red Asistencial Tacna, cumpla con reponerme, en el cargo que venia
desempeñando o en otro de igual o similar jerarquía.
g) Logrando la reposición judicial definitiva el 22 de Junio del 2007, sin embargo no se me
repone en mi cargo y tampoco se me paga mi remuneración de S/. 4,250.00 nuevos
soles, pese haber firmado el 24 de Julio del 2007, el acta de acuerdo de Plaza Laboral,
aceptando la plaza de Profesional de P-1, según el clasificador de cargo es equivalente
al de ejecutivo E-6.
h) Al estar laborando desde el 22 de Junio 2007 (reposición judicial), por mas de cuatro
meses sin pago de mis remuneraciones.
i) EL 15.10.2007 se emite la Resolución de Gerencia General N° 1063-GCRH-OGA-
ESSALUD-2007, mediante el cual se dispone la asignación de la plaza N° 4813573A, en
el cargo Profesional P-2, en ese extremo la demandada aprovechando el apremiante
estado de necesidad, que estaba pasando por falta pago de mis remuneraciones por
mas 04 meses, para efecto de pago se me hace suscribir el convenio de nuevas
condiciones de relación laboral, contrato N° 274-OARED-TACNA -ESSALUD-2007,
mediante el cual se me rebaja inmotivadamente mis remuneraciones, de S/. 4,250.00
nuevos soles que venia ganando hasta Febrero 2007, a S/. 2,505.00
8) Fue repuesto el demandante por segunda vez fue el 22 de Junio del 2007 y el 12.11.2007
suscribió un convenio de nuevas condiciones de trabajo; y, a la fecha de la interposición de
la presente demanda (22.09.2011) han transcurrido más de 4 años, durante los mismos el
demandante no hizo petición judicial alguna en el Expediente N° 2004-01367-0-2301-JR-CI-
02, donde señale que no se esta cumpliendo la sentencia conforme a los términos que hoy
demanda, siendo de competencia del Juez Constitucional determinar sus efectos, como lo
señala claramente el Artículo 59°1 del Código Procesal Constitucional, norma jurídica que
dispone que el Juez Constitucional tiene competencia para ver su efectos hasta su efectivo
cumplimiento de la Sentencia, y no teniendo competencia este Juzgado Especializado de
1 Artículo 59.- Ejecución de Sentencia
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 del presente Código, la sentencia firme que declara fundada la demanda debe ser
cumplida dentro de los dos días siguientes de notificada. Tratándose de omisiones, este plazo puede ser duplicado.
(…)
Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario público el Juez puede expedir una sentencia ampliatoria que sustituya
la omisión del funcionario y regule la situación injusta conforme al decisorio de la sentencia. Para efectos de una eventual impugnación, ambas
sentencias se examinarán unitariamente.
En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto, y mantendrá su competencia hasta que esté
completamente restablecido el derecho.
(…)
Página 9 de 11 Trabajo, el cual no puede pronunciarse si se a dado cumplimiento a dicha sentencia en los
términos que el señala.
9) De otro lado analizado del Convenio de Nuevas Condiciones de Relación Laboral que obra
que obra a fojas 07, se tiene que el demandante y la demandada acordaron expresamente
en el Segunda, Tercera y Decima Cláusulas lo siguiente:
(…)
SEGUNDA.- ASIGNACION DE PLAZA.
Essalud de conformidad con las facultades de dirección y administración que la Ley le
confiere y en virtud a la Resolución de Gerencia Central N° 1063-GCRH-OGA-
ESSALUD-2007, autoriza la transferencia y asignación de la plaza N° 4813573A de
nivel Profesional 2 (P-2) para el repuesto Sr. EUDEMIO ALAY ALE.
TERCERA.-CONTRATACION
Por el presente ESSALUD contrata a plazo indeterminado, los servicios de EL
CONTRATADO en el Nivel Profesional 2 (P 2) , plaza 4813573A, a partir del 22 de
Junio del 2007, en el Hospital III “Daniel Alcides Carrión” de la Red Asistencia Tacna
ESSALUD, Nivel P-2, para desempeñar funciones que se detallan en la cláusula
siguiente.
(…)
NOVENA.- REMUNERACION
El Contratado percibirá una remuneración mensual equivalente a la suma de S/. 900.00
(NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) mensuales.
DECIMA.- BONO DE PRODUCTIVIDAD.
El Contratado tendrá derecho a percibir una bonificación mensual por productividad de
S/. 1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS NUEVOS SOLES 00/100), cuya percepción
estará sujeta a lo normado por la Resolución Suprema N° 019-97/EF y las normas
institucionales complementarias.
(…)
Del análisis de convenio este fue suscrito por el demandante y el representante del entonces
de la demandada, con lo que se acredita que el demandado accedió a realizar las labores de
un profesional P-2, con lo que se acredita que el demandante acepto la reducción de la
categoría y como de la remuneración de un Profesional 2, nivel remunerativos que se
encuentran aprobados por Resolución de Gerencia General N° 688-GG- ESSALUD 2004.
10) Es necesario resaltar que el demandante afirma que había suscrito dicho convenio bajo la
presión de haber encontrado en estado de necesidad (por no haberse le pagado 4 meses de
remuneración), este estado de necesidad habría desaparecido con el pago que realizo en el
mes de noviembre del 2007, como se acredita con las boletas de pago |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA
PRIMERA SALA CIVIL
EXPEDIENTE : 01635-2011-94-1308-JR-CI-01
DEMANDANTE : DAVALOS GARCIA, CARMEN GLORIA
DEMANDADO : EMPRESA AGRARIA AZUCARERA ANDAHUASI
MATERIA : ACCION DE AMPARO -CUAD. INCIDENTAL-
PROCEDENCIA : PRIMER JUZGADO CIVIL DE HUAURA.
RESOLUCIÓN NÚMERO 06
Huacho, veintitrés de abril
Del año dos mil diecinueve.-
AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES:
PRIMERO: Viene en grado de apelación la resolución número veintisiete de fecha
veintinueve de agosto del año dos mil dieciocho, que en el presente cuaderno obra a
fojas ciento cuarenta y ciento cuarenta y uno, que resuelve: Declarar IMPROCEDENTE
la nulidad formulada por la demandante, mediante escrito de fecha 16 de mayo de
2018.----- SEGUNDO: La abogada de doña Carmen Gloria Dávalos García, con escrito
que obra a fojas ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y seis de autos, como
fundamento de su pretensión impugnatoria, manifiesta lo siguiente: a) Es ilegal la
decisión contenida en el punto 2) de la Resolución N° 27 el hecho de que previamente
asuma don David Jiménez Sardón la administración de la empresa demandada, resulta
cuestionable su decisión en vista de que el Gerente General de la empresa demandada es
don Dr. Greco Vladimir Augusto Quiroz Díaz ya que se encuentra debidamente inscrito
en Registros Públicos de Huacho; b) Al dirigir su punto de vista con relación al
problema contenida en la resolución cuestionada deviene nulo dicha resolución ya que
según a su argumento de que el gerente de la demandada es don David Jiménez Sardón,
nombramiento que se encuentra en juicio, no puede de ninguna manera servir como
argumento para incumplir con la reposición que se ha solicitado; c) La nulidad planteada resulta legal porque no se está frente a una decisión judicial de su parte de
mero trámite como simple impugnación sino que estamos frente a una decisión judicial
que implica ilegalidad ya que el supuesto gerente David Jiménez Sardón su caso está en
juicio no está concluido ni existe sentencia al respecto, por lo que resulta procedente la
nulidad contra la Resolución N° 25; d) El agravio que me causa es que mi derecho a la
reposición se está dilatando mediante argucias que lesionan mi derecho a ingresar a
trabajar.--------------------------------------------------------------- TERCERO: Se trata de
un cuaderno incidental derivado del expediente signado con el número 01635-2011-0-
1308-JR-CI-01, en los seguidos por Doña Carmen Gloria Dávalos García contra la
Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., sobre proceso de amparo, proceso en
cuyo trámite se ha emitido resolución que ha dado lugar a la formación del presente
cuaderno y es materia de apelación.--------------------------------------------------------
CONSIDERACIONES PARA RESOLVER:
CUARTO: En el caso que nos ocupa, de fojas sesenta y cinco a sesenta y siete, obra
copia de la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda y
ordena que la demandada reponga a la demandante en el mismo puesto de trabajo o en
otro de igual o similar nivel, en el término de dos días, con el abono de los costos
procesales, sentencia que aún no ha sido válidamente notificada a la parte demandada,
pues mediante resolución número quince de fecha nueve de julio del dos mil doce cuya
copia obra a fojas ochenta y seis, se declaró nula la notificación con la sentencia a la
parte demandada, nulas las resoluciones doce y trece y se dispuso que se sobrecarte la
sentencia una vez sea apersonado en autos el actual representante de la empresa
demandada, lo que no ha ocurrido hasta la fecha.-----------------------------------------------
-----------------------------------
QUINTO: Mediante escrito de fecha diez de octubre del dos mil diecisiete cuya copia
obra a fojas noventa y ocho, la demandante solicita que se notifique la sentencia a la
parte demandada en su domicilio sito en Avenida Grau N° 343 Huacho, a través de su
representante legal Greco Quiroz Díaz y el juzgado expide la resolución número
veintidós de fecha ocho de noviembre del dos mil diecisiete cuya copia obra a fojas
ciento dieciséis, se dispuso notificar a la empresa demandada para que cumpla con
reponer a la demandante, concediéndosele el plazo de diez días bajo apercibimiento de
multa.----------------------------- SEXTO: Posteriormente, ante una devolución de las cedulas de notificación de la
resolución número veintidós, el juez de la causa emite la resolución número veinticinco
de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciocho cuya copia obra a fojas ciento treinta,
en la cual se declara nula la resolución número veintidós y se dispone que se notifique a
la demandada una vez se haya ejecutado la entrega de la administración judicial al
actual Gerente General de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A.---------------
------------
SÉTIMO: Con escrito cuya copia obra a fojas ciento treinta y cinco y ciento treinta y
seis, la demandante solicita la nulidad de la resolución número veinticinco, señalando
que resulta contraproducente que su reposición se haga efectivo una vez que haya sido
repuesto don David Jiménez Sardón en la administración de la empresa demandada,
pues dicha persona no tiene inscrito su derecho en los Registros Públicos, pues el
Gerente General con derecho inscrito es Greco Vladimir Quiroz Díaz. ---------------------
------------------------------
OCTAVO: En cuanto a la nulidad de la resolución número veinticinco, debemos
indicar que dicha resolución resulta válida en cuanto declara la nulidad de la resolución
número veintidós que ordenaba a la empresa demandada reponer a la demandante,
cuando está claro que la sentencia de primera instancia aún no ha quedado firme, pues la
empresa demandada todavía no ha sido notificada válidamente con dicha sentencia. Por
lo que, en dicho extremo lo resuelto en la resolución número veinticinco resulta
correcto.----------------------------------
NOVENO: En cuanto a lo dispuesto en la resolución número veinticinco, en el sentido
de que la sentencia recaída en autos debe notificarse a la parte demandada una vez que
se haya ejecutado la entrega de la administración judicial al actual Gerente General de la
Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., debe tenerse en cuenta lo siguiente: i)
Resulta cierto que la Sala Mixta de Huaura con resolución número siete de fecha
dieciséis de octubre del dos mil diecisiete, había señalado que debía entregarse la
administración de dicha empresa a don David Jiménez Sardón; ii) En autos está
acreditado que con fecha veinte de junio del dos mil diecisiete se ha inscrito el Título
N° 9570 de fecha veintiuno de noviembre del dos mil catorce, sobre la designación del
Sr. Greco Vladimir Quiroz Díaz como Gerente General de la Empresa Agraria
Azucarera Andahuasi S.A.A.; iii) En el cuaderno N° 00233-2010-8-CI, la Segunda Sala
Civil de Huaura (antes Sala Mixta de Huaura), al emitirse la resolución número
dieciocho de fecha cuatro de setiembre del dos mil dieciocho, se ha reconocido expresamente que el representante legal de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi
S.A.A. con derecho inscrito es el Sr. Greco Vladimir Quiroz Díaz y que existen títulos
pendientes de inscripción (debe agregarse al expediente dicha resolución judicial).---
DÉCIMO: En este contexto, debe tenerse presente que según lo previsto en el artículo
2013 del Código Civil: “El contenido del asiento registral se presume cierto y produce
todos sus efectos, mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare
su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme. El
asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la
suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con
arreglo a las disposiciones vigentes. La inscripción no convalida los actos que sean
nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes”(resaltado agregado). Por lo
tanto, frente a terceros quien representa a la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi
S.A.A. es el Sr. Greco Vladimir Quiroz Díaz, advirtiéndose además que dicha
representación la viene ejerciendo ante la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT) donde se halla reconocida su representación legal y su domicilio
fiscal (legal) sito en Avenida Grau N° 343 Huacho, conforme se desprende de los
reportes obtenido de la página web de dicha entidad que se agregan al expediente.--------
---------------------------------------------------------
UNDÉCIMO: También de la revisión de la página web de la Superintendencia de
Mercado de Valores, se aprecia que el Sr. Greco Vladimir Quiroz Díaz viene ejerciendo
la representación legal de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., en mérito a
la inscripción registral antes señalada, y con fecha uno de abril del año en curso, ha
cursado oficio a dicha entidad señalando hechos de importancia para su registro,
advirtiéndose que se indica como domicilio fiscal Carretera Huaura-Sayán Kilómetro 41
Planta Industrial Huaura Lima. Debe agregarse al expediente dicho documento.----------
---------- DUODÉCIMO: Siendo así, en la medida que aúno no se ha notificado
válidamente la sentencia a la empresa demandada, a efectos de no vulnerar su derecho
al debido proceso, debe disponerse que se notifique la sentencia de primera instancia
(resolución número diez) tanto en su domicilio fiscal fijado ante la SUNAT que es
Avenida Grau N° 343 Huacho, como en su domicilio sito en Carretera Huaura-Sayán
Kilómetro 41 Planta Industrial Huaura Lima.----------------------------------------------------
-----------------------------------------
DÉCIMO TERCERO: En cuanto al pedido de nulidad de la resolución número
veinticinco efectuado por la demandante, debemos indicar que es cierto que de acuerdo con lo previsto en el artículo 356 del Código Procesal Civil, no cabe articular la nulidad
de una resolución sino que debe utilizarse el recurso de reposición o apelación según
corresponda, sin embargo, ello no impide al juez de declarar la nulidad del acto si se
advierte un vicio insubsanable, pues el artículo 176 del Código Procesal Civil permite
declarar la nulidad de oficio de actos procesales en dichos supuestos.-----------------------
-------------------------------
DÉCIMO CUARTO: En este contexto, se advierte que la resolución número
veinticinco contiene un vicio insubsanable, al establecer que se notifique la sentencia a
la empresa demandada cuando se haya efectuado la entrega de la administración de
dicha empresa al Sr. David Jiménez Sardón, pues dicha decisión judicial impide la
continuación del proceso, cuando dicha empresa tiene una representación legal inscrita
en el Registro de Sociedades de Huacho, por lo tanto se debe declarar la nulidad de
oficio de la resolución número veinticinco únicamente en dicho extremo y disponerse
que se notifique la sentencia de primera instancia a la empresa demandada en la forma
establecida en el duodécimo considerando de la presente resolución.------------------------
---------------------------------------
Por las consideraciones expuestas, siendo ponente el Juez Superior Víctor Raúl
Mosqueira Neira, la Primera Sala Civil de Huaura HA RESUELTO por mayoría:
1) AGREGAR al expediente las copias de los siguientes documentos: a) Copia de
la resolución número dieciocho de fecha cuatro de setiembre del dos mil
dieciocho recaída en el cuaderno N° 00233-2010-8-1308-jr-la-01; b) Copia de
los reportes de la consulta RUC a la página web de la SUNAT; c) Copia del
oficio de fecha uno de abril del año en curso dirigido por el Sr. Greco Vladimir
Quiroz Díaz a la Superintendencia de Mercado de Valores, ejerciendo la
representación legal de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A ,
comunicando hechos de importancia que han sido registrados.
2) DE OFICIO DECLARAR LA NULIDAD de la resolución número
veinticinco de fecha dieciocho de abril del dos mil dieciocho cuya copia obra a
fojas ciento treinta¸ únicamente en el extremo que dispone: “Notifíquese a la
parte demandada, una vez se haya ejecutado la entrega de la administración
judicial del actual Gerente General de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi
S.A.A. 3) DISPONEN la notificación de la sentencia de primera instancia a la empresa
demandada, en la forma establecida en el duodécimo considerando de la
presente resolución.
S.s.
MOSQUEIRA NEIRA HERRERA VILLAR
VOTO DISCORDANTE
Del señor juez superior Dr. Germán Guzmán Ostos Luis.
1. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Antecedentes
1.1 De la revisión de actuados se desprende que el presente proceso de Amparo se ha
iniciado con la demanda presentada por Carmen Gloria Dávalos García contra la
Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA, solicitando se disponga: a) La inmediata
reposición a su centro de trabajo en el cago que venía desempeñándose y con la misma
remuneración al momento se de darse el cese; b) El pago de las remuneraciones dejadas
de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea repuesta en su centro
laboral; y, c) El pago de costas y costos del proceso.
1.2 Con sentencia recaída en la Resolución N° 10 del 10 de mayo del 2012, se resuelve
declarar fundada en parte la demanda interpuesta por Carmen Gloria Dávalos García
contra la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi SAA, reponiendo las cosas al estado
anterior a la violación de los referidos derechos constitucionales se ordena a la
demandada que reponga a la demandante en su mismo puesto de trabajo o en otro de
igual o similar nivel en el término de dos días.
1.3 Se ha expedido la Resolución N° 27 que ha declarado improcedente la nulidad
formulada por la demandante con escrito del 16 de mayo del 2018 contra la resolución
veintidós; y esta Resolución ha sido apelada por la demandante y habiéndosele
concedido el recurso, el expediente ha sido remitido a la Sala Superior para
pronunciamiento.
Análisis del caso 1.4 En el presente proceso se ha emitido sentencia con Resolución N° 10 del 10 de
mayo del 2012, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por la demandante
y reponiendo las cosas al estado anterior a la violación de los referidos derechos
constitucionales se ordena a la demandada que reponga a la demandante en su mismo
puesto de trabajo o en otro de igual o similar nivel en el término de dos días, e
improcedente la demanda en el extremo referido al pago de las remuneraciones dejadas
de percibir, esta resolución le fue notificada a la demanda el 18 de mayo del 2012,
conforme se aprecia del sello de recepción del cargo que obra de fojas 72 en su
domicilio real sito en Km 40-5 Carretera Huaura – Sayán.
1.5 Con escrito de fojas 75 del cuaderno de apelación de fecha 24 de mayo del 2012, la
demandada presenta su escrito de apelación, sin embargo con Resolución N°12 se
declara improcedente por extemporáneo y con Resolución N° 13 se declara consentida
la sentencia (Resolución N° 10); con escrito del 06 de junio del 2012 la demandada
interpone recurso de apelación, contra la Resolución N° 12, y el juzgado con
Resolución N°15 declara nula la notificación con la sentencia a la parte demandada,
nulas las Resoluciones Ns° 12 y 13 de autos y ordena sobrecartar la sentencia una vez
apersonado sea en auto el actual representante legal de la empresa demandada; la
abogada de la demandante solicita su reposición en el puesto de trabajo o en otro igual o
similar y el Juez con Resolución N° 20, resuelve que la demandante haga su pedido con
mejor estudio de autos, es así que, la demandante mediante escrito de fecha 10 de
octubre del 2017 solicita se notifique la sentencia a la empresa demandada en su
domicilio Av. Grau N° 343 – Huacho y cuyo representante legal es su Gerente General
Greco Quiroz Díaz, y a tal pedido, el juez mediante Resolución N° 21 dispone que
previamente cumpla con adjuntar documento que acredite la titularidad del
representante legal de la empresa demandada; y en cumplimiento a tal disposición, la
demandante escrito de fecha 23 de octubre del 2017 adjunta la Partida Nº 40008706 de
los Registros Públicos de Huacho, donde se remueve al Gerente General Carlos Manuel
Enrique Rivas Urteaga y se designa como gerente general de la Empresa a don Greco
Vladimir Augusto Quiroz Díaz; el juzgado expide la Resolución N° 22 donde se
requiere a la demanda Empresa Agraria Azucarera Andahuasi, representada por su
Gerente General Greco Quiroz Díaz cumpla con reponer a la demandante en el puesto
que venía ocupando ante de su cese o en uno similar, bajo apercibimiento de
imponérsele multa notificándosele en Av. Grau 343- Huacho; sin embargo, dicha cédula de notificación ha sido devuelta por Luis Marcelo Sandoval Vivas, quien manifiesta que
por error de su secretaria se recepcionó la Resolución N° 22, que si bien es cierto que en
la página Web de la SUNAT, se consigna domicilio fiscal, no es el domicilio procesal, y
corrido traslado a la demandante, una vez absuelta sobre la devolución, el Juez con
Resolución N° 25 declara nula la Resolución N° 22 y se ordena notificar a la parte
demandada una vez se haya ejecutado la entrega de la administración judicial al actual
gerente general de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi; y con escrito del de fojas
135 la demandante solicita la nulidad de la Resolución N° 25, y con Resolución N° 27
se declara improcedente la nulidad formulada por la demandante con escrito del 16 de
mayo del 2018.
1.6 Esta Sala Superior considera lo siguiente:
1.6.1 Que, la demandante ha interpuesto recurso de nulidad que es recurso remedial,
respecto de ello el artículo 356 del Código Procesal Civil señala:
Clases de medios impugnatorios.-
Artículo 356.- Los remedios pueden formularse por quien se considere agraviado
por actos procesales no contenidos en resoluciones. La oposición y los demás
remedios sólo se interponen en los casos expresamente previstos en este Código y
dentro de tercer día de conocido el agravio, salvo disposición legal distinta.
Los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado con una
resolución o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de ésta, se
subsane el vicio o error alegado.
1.6.2 Entre los fundamentos expuestos en la Resolución N° 27, el juzgado señala que si
el acto procesal contenido en la resolución veinticinco le causaba agravio debió
impugnarla a través del recurso respectivo y no a través del remedio procesal de
nulidad, y que conforme el artículo 356 del Código Procesal Civil que la oposición y los
demás remedios solo se interpone en los casos expresamente previstos en este código y
dentro del tercer día de conocido el agravio, en el presente caso la demandante ha sido
notificada en su casilla electrónica con la resolución veinticinco el día 18 de abril del
2018 como aparece de la cédula de fojas 155, sin embargo, solicitó la nulidad de dicha
Resolución recién el 17 de mayo del 2018, es decir cuando el plazo legal había
expirado. 1.6.3 Nuestro ordenamiento jurídico señala que, el recurso de apelación puede
formularse por quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella, para que
luego de un nuevo examen de ésta, se subsane el vicio o error alegado, tal como está
previsto por el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria:
Artículo 364.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente.
1.6.4 Que, la Resolución N° 25 de fojas 130 fue notificada a la demandante con fecha
18 de abril del 2018, tal como consta del cargo a fojas 131, en su correo electrónico de
la demandante, teniendo como último día para presentar su apelación el día 24 de abril
del 2018, pues se trata de un auto que declara nula la Resolución N° 22 y ordena que se
notifique a la demandada una vez haya ejecutado la entrega de la administración judicial
al actual gerente general de la Azucarera Andahuasi S.A, continuándose el proceso
conforme a su estado; sin embargo, la demandante presentó escrito de nulidad con fecha
16 de mayo del 2018, cuando debió presentar recurso de apelación en el plazo de tres
días, habiendo pasado el tiempo en demasía para solicitar la nulidad.
1.6.5 Sin embargo, tratándose que el presente proceso constitucional de amparo, tiene
relación con el derecho fundamental al trabajo previsto en el Artículo 22° de la
Constitución Política del Estado, que tiene incidencia directa con el derecho
fundamental a la remuneración prevista en el Artículo 24° de la Constitución Política
del Perú, que prescribe: “El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención
prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al
impedido que trabajan.”; y el Tribunal Constitucional, con relación al derecho a la
remuneración ha dejado establecido: “Este Colegiado ha señalado que la remuneración,
en tanto derecho fundamental, es la retribución que recibe el trabajador en virtud del
trabajo o servicio realizado para un empleador, que posee una naturaleza alimentaria
al tener una estrecha relación con el derecho a la vida, acorde con el principio-derecho
a la igualdad y la dignidad, y que al mismo tiempo adquiere diversas consecuencias o
efectos para el desarrollo integral de la persona humana (fundamento 6 de la STC
4922-2007-PA/TC).”, corresponde emitir un pronunciamiento oficioso sobre la nulidad
de la Resolución Número 25, de conformidad a lo establecido en el último párrafo del Artículo 176° del Código Procesal Civil, que prescribe: “Los Jueces sólo declararán de
oficio las nulidades insubsanables, mediante resolución motivada, reponiendo el
proceso al estado que corresponda.”
1.6.6 Que la sentencia contenida en la Resolución N° 10 de fecha 10 de mayo del 2012,
que ordena a la demandada que reponga a la demandante en su mismo puesto de trabajo
o en otro de igual o similar nivel, en el término de 2 días; con el abono de los costos
procesales, contiene una prestación de hacer (el reponer al puesto de trabajo), y en ese
sentido, de conformidad a lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 22° del
Código Procesal Constitucional es de actuación inmediata; sin embargo, dicha
resolución aún no ha sido notificado a la empresa demandada a fin de que ésta exprese
su conformidad sea en forma expresa o tácita o en todo caso ejerza su derecho a la
impugnación bajo los apremios establecidos en el Código Procesal Constitucional; y
siendo así, la sentencia aún no está para ser ejecutada; y en ese sentido, ex correcto que
el Juez de primer grado haya declarado nula la Resolución N° 22 de fecha 08 de
noviembre del 2017, en tanto que no se puede ordenar su cumplimiento de lo ordenado
en la sentencia mientras, mientras no se constituya en una sentencia con la calidad de
cosa juzgada.
1.6.7 Por otra parte, la demandante mediante escrito de fecha 10 de octubre del 2017
solicitó se sobrecarte la sentencia y se notifique a la empresa demandada, y ante tal
pedido, mediante Resolución N° 21 se le requirió que previamente cumpla con adjuntar
documento que acredite la titularidad del representante legal de la Empresa demandada,
requerimiento que fue satisfecha mediante escrito de fecha 23 de octubre del 2017, sin
embargo al emitir la resolución número 25 no ha valorado la copia Literal de la Partida
N° 40008706, Asiento C00049, obrante a fojas 102, en el que se tiene acreditado la
designación del nuevo Gerente General de la empresa demandada al Sr. GRECO
VALDIMIR AUGUSTO QUIROZ DÍAZ, la misma que debe ser valorada de
conformidad a lo establecido en el Artículo 2012° del Código Civil, que prescribe: “Se
presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona tiene conocimiento del
contenido de las inscripciones.”; así también no ha valorado de conformidad a lo
establecido en el Artículo 197° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al
caso de autos los medios probatorios ofertados en la absolución de la devolución de
cédula, como es la boleta de pago en el que se aprecia la firma del nuevo Gerente de la
empresa demandada, y no se ha fundamentado el por qué el domicilio de la AV. Grau N° 343 de Huacho, que aparece en la Web de la SUNAT no puede ser válida para
efectos de notificación de la Resolución N° 22; y en ese sentido, el hecho de haber
dispuesto que se notifique a la parte demandada una vez se haya ejecutado la entrega de
la administración judicial al actual Gerente General de la Empresa demandada, implica
tácitamente suspender el proceso; lo cual transgrede la finalidad constitucional del
proceso de amparo prevista en el Artículo II del Título Preliminar y Artículo 1° del
Código Procesal Constitucional; afectando de esta manera el derecho a la tutela procesal
efectiva.
1.6.8 Si bien mediante Resolución de vista N° 07 de fecha 16 de octubre del 2017, la
Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Huaura ha resuelto que la administración
e instalaciones y bienes de la empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A, se le haga
entrega a DAVID JIMÉNEZ SARDON en su condición de Gerente General,
disponiendo que el Juzgado de origen habilite día y hora para el acto de restitución, sin
embargo, ello no implica que este proceso de amparo tenga que suspenderse hasta que
se solucione los problemas de la Gerencia; en tanto que al tratarse de una empresa
societaria, la administración de la sociedad está a cargo del directorio de conformidad a
lo establecido en el Artículo 152° de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, y
por tanto a falta de Gerente General, el que debe responder a los reclamos de la
demandante es el directorio de la empresa; y en consecuencia, al no tenerse el
apersonamiento al proceso del nuevo representante legal de la empresa, lo correcto es
que la sentencia se sobrecarte al domicilio real de la empresa demandada, esto es en la
Carretera Huaura – Sayán Km. 41.5, conforme se le notificó el auto admisorio.
1.6.9 Es más, el Juez de primer grado no ha emitido pronunciamiento debidamente
motivado con respecto a la devolución de la cédula, lo cual evidentemente transgrede el
derecho al debido proceso, razón por la que la Resolución N° 25 de fecha 18 de abril del
2018, en el extremo del numeral 2) que dispone se notifique a la parte demandada, una
vez se haya ejecutado la entrega de la administración judicial al actual Gerente General
de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., se encuentra incursa en la causal
de nulidad prevista en el Artículo 171° del Código Procesal Civil de aplicación
supletoria al caso de autos; y en ese sentido, esta instancia de la alzada, de conformidad
a lo establecido en el párrafo final del Artículo 176° del Código Procesal acotado,
procede a declarar su nulidad, en el referido extremo, disponiendo, que el Juez de
primer grado, reponiendo las cosas a su estado, emita nueva Resolución con arreglo a ley, y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas; y bajo las mismas
consideraciones, también corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 27 de
fecha 29 de agosto del 2018.
Por estas razones MI VOTO es porque se resuelva de la siguiente manera:
1. SE CONFIRME la Resolución número veinticinco de fecha 18 de abril del
2018, en el extremo que resuelve: 1) Declarar Nula la Resolución N° 22 de fecha
08 de noviembre del 2017.
2. SE DECLARE LA NULIDAD DE OFICIO en el extremo que dispone: 2)
Notifíquese a la parte demandada, una vez se haya ejecutado la entrega de la
administración judicial al actual Gerente General de la empresa Agraria
Azucarera Andahuasi S.A.A., SE DISPONE, que el Juez de primer grado,
renovando el actor procesal afectado, emita nueva Resolución con arreglo a ley
y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas precedentemente.
3. SE DECLARE LA NULIDAD de la Resolución número veintisiete de fecha 29
de agosto del 2018, que resuelve: declarar improcedente la nulidad formulada
por la demandante, mediante escrito del 16 de mayo del 2018.
S.
OSTOS LUIS |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LINCE Y SAN ISIDRIO
EXPEDIENTE : 01870-2011-0-1802-JP-CI-04
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD
DEMANDADO : EDUARDO MARTIN DAVALOS FREYRE
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DELIA ROJAS ANTICONA
ESPECIALISTA : LUIS SAIRE GARCIA (por GINA FRESIA ALVA HORNA)
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN N° 16
Lince, veintitrés de julio
Del dos mil veintiuno. –
AUTOS Y VISTOS, ATENDIENDO:
I. ANTECEDENTES:
DE LA DEMANDA: Resulta de autos que por escrito de fojas 16 a 19, HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD interpone demanda de
Obligación de Dar Suma de Dinero en Vía Proceso de Ejecución contra EDUARDO MARTIN
DAVALOS FREYRE, a fin que cumpla con cancelarle la suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) más los intereses legales y, las costas y
costos del proceso; ello, por el concepto correspondiente a un pagaré que se emitió por las
atenciones médicas que le brindo a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas. Fundamentando su
pretensión en: Que, tiene como finalidad principal el brindar prestaciones de tipo asistencial a sus
asegurados que cumplan con los requisitos de ley. Que, conforme a lo establecido en la Ley
General de Salud, se encuentra obligado a prestar atención medico quirúrgica de emergencia
quien la solicite y, mientras subsista el estado de grave riesgo para la vida o salud del paciente.
Que, brindar dicho tipo de prestaciones asistenciales genera un costo, el cual debe ser asumido
por los pacientes o sus garantes cuando estos no fuesen asegurados regulares o facultativos de
su institución. Que, la paciente Paola Iliana Tovar Rosas fue atendida de emergencia del 16 al 25
de octubre del 2010. Que, en el momento no se pudo establecer si la paciente contaba con su
seguro vigente, por lo que el demandado con la finalidad de garantizar las atenciones que se
debían brindar a la paciente procedió a aceptar el Pagare N° 0979449 por la suma ahora
Página 1 de 6 demandada. Que, la suma de dinero que pretende es la que corresponde al total del tiempo de
atención, internamiento, medicinas y demás gastos médicos incurridos en la atención y
recuperación de la paciente, tal como se detalla en la Liquidación N° 002-054189. Que, la
paciente no contaba con tres meses de aporte consecutivos o cuatro no consecutivos dentro del
semestre previo a la contingencia, por lo que procedió a valorizar el título puesto a cobro. Ampara
su acción en los artículos 1219°, 1241°, 1242° del Código Civil y, 424°, 425°, 688°, 690-A° y 690-
B° del Código Procesal Civil.
DEL MANDATO EJECUTIVO Y LA CONTRADICCION DE LA DEMANDADA: Dictado el
mandato ejecutivo por Resolución N° 01 de fecha 09 de setiembre del 2011 obrante a fojas 20, se
corrió traslado al ejecutado para que dé cumplimiento del mandato de pago; por lo que éste,
mediante escrito obrante en autos de fojas 41 a 45, se apersono al proceso y formuló
contradicción por inexigibilidad o iliquidez de la obligación, sustentándola en los siguientes
fundamentos: Que, mediante Carta de fecha 11 de agosto del 2011 acreditó que la paciente es su
esposa y, que al momento de la contingencia y atención brindada, la empresa Flatworld Heatgcare
Solution S.A.C. (donde labora), se encontraba al día en las aportaciones de ESSALUD. Que, la
atención brindada se ha realizado dentro de los alcances que corresponde a los conyugues de los
asegurados. Que, ESSALUD por mandato imperativo tiene el derecho de asegurar a sus
derechohabientes, en este caso su cónyuge. Que, con su Partida de Matrimonio se acredita el
vínculo que existe con la paciente. Que, el pago resulta inexigible, pues la paciente al momento de
la atención contaba con todo el derecho de ser atendida por ESSALUD. Constituyen fundamento
jurídico de su contestación los artículos 442° y 690-D° inciso 1 del Código Procesal Civil.
DEL TRAMITE DEL PROCESO: Habiéndose corrido traslado de la contradicción interpuesta, y
siendo que el demandante absolvió la misma mediante escrito obrante de fojas 59 a 61, se
procedido a emitir la Resolución N° 03 de fecha 29 de noviembre del 2011. Posteriormente,
mediante Auto Final contenido en la Resolución N° 10, se declaró infundada la contradicción y
ordeno llevar adelante la ejecución, decisión que fue apelada por el demandado, por lo que
mediante Auto de Vista obrante de fojas 141 a 145 se declaró nulo el Auto Final, disponiéndose
que se emita un nuevo pronunciamiento. Siendo ello así, por Resolución N° 13 se dispuso cumplir
lo ejecutoriado; por lo que se procede a emitir la presente resolución final por ser éste su estadio
procesal.
II. FUNDAMENTOS:
PRIMERO: Que, la finalidad concreta de todo proceso judicial y que el Juez debe de atender, es
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica,
Página 2 de 6 haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en
justicia, según lo expresa el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
SEGUNDO: Que, es principio de orden procesal, recogido por el artículo 196° del Código Procesal
Civil, que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos, salvo disposición legal diferente; debiendo
concretarse las pruebas al asunto que es materia de litigio a fin de procurar certeza en el
Juzgador; y en el caso de no haberse probado los hechos que sustentan la pretensión, la
demanda será declara infundada, conforme lo dispone el artículo 200° del aludido cuerpo de
Leyes.
TERCERO: Que, conforme a lo estipulado en el artículo 197° del Código Procesal Civil, todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan su decisión.
CUARTO: De los fundamentos de la demanda se desprende que el accionante sustenta su
pretensión en el hecho que el demandado se encontraría obligado a hacer efectivo el pago de la
suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) por el
concepto correspondiente a un Pagaré – que a la data se encuentra vencido e impago – que se
emitió por las atenciones médicas que le brindo a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas.
QUINTO: Al respecto, es menester de esta judicatura recordar que nuestro ordenamiento jurídico
establece que sólo se puede promover ejecución en virtud de un título ejecutivo y título de
ejecución y; que, en el caso de autos se ha venido llevando la presente causa en dicha vía, toda
vez que el título en mérito del cual se promueve proceso ejecutivo es un Pagaré, el cual por su
naturaleza se encuentra comprendido dentro del inciso 4 del artículo 688º del Código Procesal
Civil.
SEXTO: Que, el artículo 690-D° del Código Procesal Civil establece que “[...] La contradicción se
podrá fundar en: 1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título. […]”. Al
respecto, debemos recordar que dicha contradicción – inexigibilidad de la obligación – no se
invoca para cuestionar el fondo del título, es decir, que no existe un cuestionamiento al
documento, sino al acto que recoge dicho documento, cuestionándose la ejecutabilidad del título
por carecer de una prestación cierta, expresa y exigible; condiciones básicas para que un título
revista ejecución, tal como lo describe el artículo 689° del Código Procesal Civil.
Página 3 de 6 SEPTIMO: Dentro de este marco, de la revisión del título puesto a cobro, es decir, del Pagaré
obrante en autos a fojas 10; podemos advertir que ha quedado acreditado fehacientemente que el
mismo fue emitido por el demandado a favor de la demandante. Asimismo, también se puede
observar, que el monto de este es dinerario (es decir, en soles exactos), por lo que siendo ello así,
podemos concluir con absoluta certeza que ha quedado acreditado de manera fehaciente que el
contiendo de dicho título es el de una obligación cierta, expresa, exigible y liquida; no resultando
amparable la contradicción planteada por el ejecutado.
OCTAVO: No obstante a lo establecido en el considerando precedente, es de advertir de autos,
que el A-quem mediante Auto de Vista contenido en la Resolución N° 07 de fecha 28 de enero del
2016, ha dispuesto que ésta judicatura también determine si la obligación demandada resulta
exigible al ejecutado en tanto y en cuanto se establezca si a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas,
le correspondía ser cubierta por el seguro del demandado, por el mero hecho de ser conyugue.
NOVENO: Al respecto, es menester de esta judicatura recordar, que artículo 2° de la Ley N°
26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, establece que “El Seguro Social
de Salud otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, promoción,
recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades
profesionales.”, así como además, que el artículo 3° de la misma ley, señala que “Son asegurados
del Seguro Social de Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes. Son
afiliados regulares: - Los trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o en
calidad de socios de cooperativas de trabajadores. […] Son derechohabientes el cónyuge o el
concubino a quienes se refiere el Artículo 326° del Código Civil, así como los hijos menores de
edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, siempre que no sean
afiliados obligatorios.” (Lo subrayado es nuestro).
DECIMO: Dentro de este orden de ideas, podemos advertir de autos, que encuentra
fehacientemente acreditado, que el demandado afilió al servicio de Essalud a su señora esposa
Paola Iliana Tovar Rosas en calidad de derechohabiente1 – por ser su conyugue, lo cual se
encuentra acreditado con el Acta de Matrimonio obrante en autos a fojas 35 – el 20 de octubre del
2010, tal como se desprende de la instrumental obrante a fojas 31.
DECIMO PRIMERO: Siendo ello así y, estando a que la esposa del demandado ingresó por el
área de emergencia el 16 de octubre del 2010, podemos colegir que con total certeza, que ésta no
1 No estando en controversia que el demandado ya se encontrara afiliado a ESSALUD.
Página 4 de 6 se encontraba cubierta por el seguro del demandado, toda vez que éste recién la registró como su
derechohabiente el 20 de octubre del 2010, esto es, 04 días después de su ingreso al hospital.
DECIMO SEGUNDO: Siguiendo este orden de ideas, podemos concluir con meridiana claridad,
que la obligación demandada resulta exigible al emplazado, puesto que al momento de la atención
a su conyugue, ésta no se encontraba registrada como su derechohabiente y, en consecuencia,
no había adquirido aún los derechos a los que se hace referencia en el artículo 2° de la Ley N°
26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
DECIMO TERCERO: Ahora bien, con respecto a la controversia generada en torno a que el
seguro del ahora demandado no cubriera daños provocados por terceros, es menester de esta
judicatura recordar que el artículo 18° de la Ley N° 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad
Social en Salud, establece que “El IPSS o la Entidad Prestadora de Salud que otorgue la
cobertura podrá reclamar del tercero responsable del daño el valor de las prestaciones otorgadas
al afiliado o a sus derechohabientes.”; por lo que en tal sentido, podemos concluir que si bien es
cierto lo expresado por el accionante en la absolución a la contradicción carece de veracidad –
puesto que ello no solo es factible, sino que además la propia ley genera un derecho de repetición
(en contra del tercero generador del daño) a fin de salvaguardar los intereses de la entidad
prestadora de salud –, no es menos cierto, que la obligación demandada debe ser amparada por
lo establecido en los considerandos precedentes; ello máxime aún, si recordamos que el
emplazado emitió el pagaré puesto a cobro, obligándose a abonar la suma contenida en dicho
título ejecutivo, obligación respecto de la cual no ha acreditado de forma alguna su cumplimiento –
lo cual era su carga conforme lo establece el artículo 196° del Código Procesal Civil –.
DECIMO CUARTO: En cuanto al pago de los intereses generados, es de advertir del propio título
ejecutivo puesto a cobro, que en éste se indica que: “[…] si no pagase al vencimiento abonare por
mora el interés legal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1244° DEL
Código Civil […]”; por lo que siendo dicha cláusula aceptada por el ejecutado al momento de la
emisión del título ejecutivo, es de aplicación la misma.
DECIMO QUINTO: Con respecto al pago de las costas y costos del proceso, es de aplicación lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 412° del Código Procesal Civil, el cual establece que “El
reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la
parte vencida.”, por lo que podemos concluir que también corresponde a la demandada el pago de
dicho concepto.
Página 5 de 6 III. DECISIÓN:
Por estas consideraciones, estando a que las demás pruebas actuadas y no glosadas, que no
enervan las conclusiones arribadas; la Señora Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lince y
San Isidro, administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: Declarando: 1) INFUNDADA
la contradicción al mandato de ejecución interpuesta por el demandado y, en consecuencia;
2) FUNDADA la demanda obrante de fojas 16 a 19, interpuesta por HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD en consecuencia, SE
ORDENA: Llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado EDUARDO MARTIN DAVALOS
FREYRE cumpla con pagar a la ejecutante la suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) más los intereses pactados y, las costas y
costos del proceso. Notificándose. –
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LINCE Y SAN ISIDRIO
EXPEDIENTE : 01870-2011-0-1802-JP-CI-04
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD
DEMANDADO : EDUARDO MARTIN DAVALOS FREYRE
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DELIA ROJAS ANTICONA
ESPECIALISTA : LUIS SAIRE GARCIA (por GINA FRESIA ALVA HORNA)
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN N° 16
Lince, veintitrés de julio
Del dos mil veintiuno. –
AUTOS Y VISTOS, ATENDIENDO:
I. ANTECEDENTES:
DE LA DEMANDA: Resulta de autos que por escrito de fojas 16 a 19, HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD interpone demanda de
Obligación de Dar Suma de Dinero en Vía Proceso de Ejecución contra EDUARDO MARTIN
DAVALOS FREYRE, a fin que cumpla con cancelarle la suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) más los intereses legales y, las costas y
costos del proceso; ello, por el concepto correspondiente a un pagaré que se emitió por las
atenciones médicas que le brindo a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas. Fundamentando su
pretensión en: Que, tiene como finalidad principal el brindar prestaciones de tipo asistencial a sus
asegurados que cumplan con los requisitos de ley. Que, conforme a lo establecido en la Ley
General de Salud, se encuentra obligado a prestar atención medico quirúrgica de emergencia
quien la solicite y, mientras subsista el estado de grave riesgo para la vida o salud del paciente.
Que, brindar dicho tipo de prestaciones asistenciales genera un costo, el cual debe ser asumido
por los pacientes o sus garantes cuando estos no fuesen asegurados regulares o facultativos de
su institución. Que, la paciente Paola Iliana Tovar Rosas fue atendida de emergencia del 16 al 25
de octubre del 2010. Que, en el momento no se pudo establecer si la paciente contaba con su
seguro vigente, por lo que el demandado con la finalidad de garantizar las atenciones que se
debían brindar a la paciente procedió a aceptar el Pagare N° 0979449 por la suma ahora
Página 1 de 6 demandada. Que, la suma de dinero que pretende es la que corresponde al total del tiempo de
atención, internamiento, medicinas y demás gastos médicos incurridos en la atención y
recuperación de la paciente, tal como se detalla en la Liquidación N° 002-054189. Que, la
paciente no contaba con tres meses de aporte consecutivos o cuatro no consecutivos dentro del
semestre previo a la contingencia, por lo que procedió a valorizar el título puesto a cobro. Ampara
su acción en los artículos 1219°, 1241°, 1242° del Código Civil y, 424°, 425°, 688°, 690-A° y 690-
B° del Código Procesal Civil.
DEL MANDATO EJECUTIVO Y LA CONTRADICCION DE LA DEMANDADA: Dictado el
mandato ejecutivo por Resolución N° 01 de fecha 09 de setiembre del 2011 obrante a fojas 20, se
corrió traslado al ejecutado para que dé cumplimiento del mandato de pago; por lo que éste,
mediante escrito obrante en autos de fojas 41 a 45, se apersono al proceso y formuló
contradicción por inexigibilidad o iliquidez de la obligación, sustentándola en los siguientes
fundamentos: Que, mediante Carta de fecha 11 de agosto del 2011 acreditó que la paciente es su
esposa y, que al momento de la contingencia y atención brindada, la empresa Flatworld Heatgcare
Solution S.A.C. (donde labora), se encontraba al día en las aportaciones de ESSALUD. Que, la
atención brindada se ha realizado dentro de los alcances que corresponde a los conyugues de los
asegurados. Que, ESSALUD por mandato imperativo tiene el derecho de asegurar a sus
derechohabientes, en este caso su cónyuge. Que, con su Partida de Matrimonio se acredita el
vínculo que existe con la paciente. Que, el pago resulta inexigible, pues la paciente al momento de
la atención contaba con todo el derecho de ser atendida por ESSALUD. Constituyen fundamento
jurídico de su contestación los artículos 442° y 690-D° inciso 1 del Código Procesal Civil.
DEL TRAMITE DEL PROCESO: Habiéndose corrido traslado de la contradicción interpuesta, y
siendo que el demandante absolvió la misma mediante escrito obrante de fojas 59 a 61, se
procedido a emitir la Resolución N° 03 de fecha 29 de noviembre del 2011. Posteriormente,
mediante Auto Final contenido en la Resolución N° 10, se declaró infundada la contradicción y
ordeno llevar adelante la ejecución, decisión que fue apelada por el demandado, por lo que
mediante Auto de Vista obrante de fojas 141 a 145 se declaró nulo el Auto Final, disponiéndose
que se emita un nuevo pronunciamiento. Siendo ello así, por Resolución N° 13 se dispuso cumplir
lo ejecutoriado; por lo que se procede a emitir la presente resolución final por ser éste su estadio
procesal.
II. FUNDAMENTOS:
PRIMERO: Que, la finalidad concreta de todo proceso judicial y que el Juez debe de atender, es
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica,
Página 2 de 6 haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en
justicia, según lo expresa el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
SEGUNDO: Que, es principio de orden procesal, recogido por el artículo 196° del Código Procesal
Civil, que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos, salvo disposición legal diferente; debiendo
concretarse las pruebas al asunto que es materia de litigio a fin de procurar certeza en el
Juzgador; y en el caso de no haberse probado los hechos que sustentan la pretensión, la
demanda será declara infundada, conforme lo dispone el artículo 200° del aludido cuerpo de
Leyes.
TERCERO: Que, conforme a lo estipulado en el artículo 197° del Código Procesal Civil, todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan su decisión.
CUARTO: De los fundamentos de la demanda se desprende que el accionante sustenta su
pretensión en el hecho que el demandado se encontraría obligado a hacer efectivo el pago de la
suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) por el
concepto correspondiente a un Pagaré – que a la data se encuentra vencido e impago – que se
emitió por las atenciones médicas que le brindo a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas.
QUINTO: Al respecto, es menester de esta judicatura recordar que nuestro ordenamiento jurídico
establece que sólo se puede promover ejecución en virtud de un título ejecutivo y título de
ejecución y; que, en el caso de autos se ha venido llevando la presente causa en dicha vía, toda
vez que el título en mérito del cual se promueve proceso ejecutivo es un Pagaré, el cual por su
naturaleza se encuentra comprendido dentro del inciso 4 del artículo 688º del Código Procesal
Civil.
SEXTO: Que, el artículo 690-D° del Código Procesal Civil establece que “[...] La contradicción se
podrá fundar en: 1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título. […]”. Al
respecto, debemos recordar que dicha contradicción – inexigibilidad de la obligación – no se
invoca para cuestionar el fondo del título, es decir, que no existe un cuestionamiento al
documento, sino al acto que recoge dicho documento, cuestionándose la ejecutabilidad del título
por carecer de una prestación cierta, expresa y exigible; condiciones básicas para que un título
revista ejecución, tal como lo describe el artículo 689° del Código Procesal Civil.
Página 3 de 6 SEPTIMO: Dentro de este marco, de la revisión del título puesto a cobro, es decir, del Pagaré
obrante en autos a fojas 10; podemos advertir que ha quedado acreditado fehacientemente que el
mismo fue emitido por el demandado a favor de la demandante. Asimismo, también se puede
observar, que el monto de este es dinerario (es decir, en soles exactos), por lo que siendo ello así,
podemos concluir con absoluta certeza que ha quedado acreditado de manera fehaciente que el
contiendo de dicho título es el de una obligación cierta, expresa, exigible y liquida; no resultando
amparable la contradicción planteada por el ejecutado.
OCTAVO: No obstante a lo establecido en el considerando precedente, es de advertir de autos,
que el A-quem mediante Auto de Vista contenido en la Resolución N° 07 de fecha 28 de enero del
2016, ha dispuesto que ésta judicatura también determine si la obligación demandada resulta
exigible al ejecutado en tanto y en cuanto se establezca si a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas,
le correspondía ser cubierta por el seguro del demandado, por el mero hecho de ser conyugue.
NOVENO: Al respecto, es menester de esta judicatura recordar, que artículo 2° de la Ley N°
26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, establece que “El Seguro Social
de Salud otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, promoción,
recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades
profesionales.”, así como además, que el artículo 3° de la misma ley, señala que “Son asegurados
del Seguro Social de Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes. Son
afiliados regulares: - Los trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o en
calidad de socios de cooperativas de trabajadores. […] Son derechohabientes el cónyuge o el
concubino a quienes se refiere el Artículo 326° del Código Civil, así como los hijos menores de
edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, siempre que no sean
afiliados obligatorios.” (Lo subrayado es nuestro).
DECIMO: Dentro de este orden de ideas, podemos advertir de autos, que encuentra
fehacientemente acreditado, que el demandado afilió al servicio de Essalud a su señora esposa
Paola Iliana Tovar Rosas en calidad de derechohabiente1 – por ser su conyugue, lo cual se
encuentra acreditado con el Acta de Matrimonio obrante en autos a fojas 35 – el 20 de octubre del
2010, tal como se desprende de la instrumental obrante a fojas 31.
DECIMO PRIMERO: Siendo ello así y, estando a que la esposa del demandado ingresó por el
área de emergencia el 16 de octubre del 2010, podemos colegir que con total certeza, que ésta no
1 No estando en controversia que el demandado ya se encontrara afiliado a ESSALUD.
Página 4 de 6 se encontraba cubierta por el seguro del demandado, toda vez que éste recién la registró como su
derechohabiente el 20 de octubre del 2010, esto es, 04 días después de su ingreso al hospital.
DECIMO SEGUNDO: Siguiendo este orden de ideas, podemos concluir con meridiana claridad,
que la obligación demandada resulta exigible al emplazado, puesto que al momento de la atención
a su conyugue, ésta no se encontraba registrada como su derechohabiente y, en consecuencia,
no había adquirido aún los derechos a los que se hace referencia en el artículo 2° de la Ley N°
26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
DECIMO TERCERO: Ahora bien, con respecto a la controversia generada en torno a que el
seguro del ahora demandado no cubriera daños provocados por terceros, es menester de esta
judicatura recordar que el artículo 18° de la Ley N° 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad
Social en Salud, establece que “El IPSS o la Entidad Prestadora de Salud que otorgue la
cobertura podrá reclamar del tercero responsable del daño el valor de las prestaciones otorgadas
al afiliado o a sus derechohabientes.”; por lo que en tal sentido, podemos concluir que si bien es
cierto lo expresado por el accionante en la absolución a la contradicción carece de veracidad –
puesto que ello no solo es factible, sino que además la propia ley genera un derecho de repetición
(en contra del tercero generador del daño) a fin de salvaguardar los intereses de la entidad
prestadora de salud –, no es menos cierto, que la obligación demandada debe ser amparada por
lo establecido en los considerandos precedentes; ello máxime aún, si recordamos que el
emplazado emitió el pagaré puesto a cobro, obligándose a abonar la suma contenida en dicho
título ejecutivo, obligación respecto de la cual no ha acreditado de forma alguna su cumplimiento –
lo cual era su carga conforme lo establece el artículo 196° del Código Procesal Civil –.
DECIMO CUARTO: En cuanto al pago de los intereses generados, es de advertir del propio título
ejecutivo puesto a cobro, que en éste se indica que: “[…] si no pagase al vencimiento abonare por
mora el interés legal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1244° DEL
Código Civil […]”; por lo que siendo dicha cláusula aceptada por el ejecutado al momento de la
emisión del título ejecutivo, es de aplicación la misma.
DECIMO QUINTO: Con respecto al pago de las costas y costos del proceso, es de aplicación lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 412° del Código Procesal Civil, el cual establece que “El
reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la
parte vencida.”, por lo que podemos concluir que también corresponde a la demandada el pago de
dicho concepto.
Página 5 de 6 III. DECISIÓN:
Por estas consideraciones, estando a que las demás pruebas actuadas y no glosadas, que no
enervan las conclusiones arribadas; la Señora Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lince y
San Isidro, administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: Declarando: 1) INFUNDADA
la contradicción al mandato de ejecución interpuesta por el demandado y, en consecuencia;
2) FUNDADA la demanda obrante de fojas 16 a 19, interpuesta por HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD en consecuencia, SE
ORDENA: Llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado EDUARDO MARTIN DAVALOS
FREYRE cumpla con pagar a la ejecutante la suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) más los intereses pactados y, las costas y
costos del proceso. Notificándose. –
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LINCE Y SAN ISIDRIO
EXPEDIENTE : 01870-2011-0-1802-JP-CI-04
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD
DEMANDADO : EDUARDO MARTIN DAVALOS FREYRE
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DELIA ROJAS ANTICONA
ESPECIALISTA : LUIS SAIRE GARCIA (por GINA FRESIA ALVA HORNA)
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN N° 16
Lince, veintitrés de julio
Del dos mil veintiuno. –
AUTOS Y VISTOS, ATENDIENDO:
I. ANTECEDENTES:
DE LA DEMANDA: Resulta de autos que por escrito de fojas 16 a 19, HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD interpone demanda de
Obligación de Dar Suma de Dinero en Vía Proceso de Ejecución contra EDUARDO MARTIN
DAVALOS FREYRE, a fin que cumpla con cancelarle la suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) más los intereses legales y, las costas y
costos del proceso; ello, por el concepto correspondiente a un pagaré que se emitió por las
atenciones médicas que le brindo a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas. Fundamentando su
pretensión en: Que, tiene como finalidad principal el brindar prestaciones de tipo asistencial a sus
asegurados que cumplan con los requisitos de ley. Que, conforme a lo establecido en la Ley
General de Salud, se encuentra obligado a prestar atención medico quirúrgica de emergencia
quien la solicite y, mientras subsista el estado de grave riesgo para la vida o salud del paciente.
Que, brindar dicho tipo de prestaciones asistenciales genera un costo, el cual debe ser asumido
por los pacientes o sus garantes cuando estos no fuesen asegurados regulares o facultativos de
su institución. Que, la paciente Paola Iliana Tovar Rosas fue atendida de emergencia del 16 al 25
de octubre del 2010. Que, en el momento no se pudo establecer si la paciente contaba con su
seguro vigente, por lo que el demandado con la finalidad de garantizar las atenciones que se
debían brindar a la paciente procedió a aceptar el Pagare N° 0979449 por la suma ahora
Página 1 de 6 demandada. Que, la suma de dinero que pretende es la que corresponde al total del tiempo de
atención, internamiento, medicinas y demás gastos médicos incurridos en la atención y
recuperación de la paciente, tal como se detalla en la Liquidación N° 002-054189. Que, la
paciente no contaba con tres meses de aporte consecutivos o cuatro no consecutivos dentro del
semestre previo a la contingencia, por lo que procedió a valorizar el título puesto a cobro. Ampara
su acción en los artículos 1219°, 1241°, 1242° del Código Civil y, 424°, 425°, 688°, 690-A° y 690-
B° del Código Procesal Civil.
DEL MANDATO EJECUTIVO Y LA CONTRADICCION DE LA DEMANDADA: Dictado el
mandato ejecutivo por Resolución N° 01 de fecha 09 de setiembre del 2011 obrante a fojas 20, se
corrió traslado al ejecutado para que dé cumplimiento del mandato de pago; por lo que éste,
mediante escrito obrante en autos de fojas 41 a 45, se apersono al proceso y formuló
contradicción por inexigibilidad o iliquidez de la obligación, sustentándola en los siguientes
fundamentos: Que, mediante Carta de fecha 11 de agosto del 2011 acreditó que la paciente es su
esposa y, que al momento de la contingencia y atención brindada, la empresa Flatworld Heatgcare
Solution S.A.C. (donde labora), se encontraba al día en las aportaciones de ESSALUD. Que, la
atención brindada se ha realizado dentro de los alcances que corresponde a los conyugues de los
asegurados. Que, ESSALUD por mandato imperativo tiene el derecho de asegurar a sus
derechohabientes, en este caso su cónyuge. Que, con su Partida de Matrimonio se acredita el
vínculo que existe con la paciente. Que, el pago resulta inexigible, pues la paciente al momento de
la atención contaba con todo el derecho de ser atendida por ESSALUD. Constituyen fundamento
jurídico de su contestación los artículos 442° y 690-D° inciso 1 del Código Procesal Civil.
DEL TRAMITE DEL PROCESO: Habiéndose corrido traslado de la contradicción interpuesta, y
siendo que el demandante absolvió la misma mediante escrito obrante de fojas 59 a 61, se
procedido a emitir la Resolución N° 03 de fecha 29 de noviembre del 2011. Posteriormente,
mediante Auto Final contenido en la Resolución N° 10, se declaró infundada la contradicción y
ordeno llevar adelante la ejecución, decisión que fue apelada por el demandado, por lo que
mediante Auto de Vista obrante de fojas 141 a 145 se declaró nulo el Auto Final, disponiéndose
que se emita un nuevo pronunciamiento. Siendo ello así, por Resolución N° 13 se dispuso cumplir
lo ejecutoriado; por lo que se procede a emitir la presente resolución final por ser éste su estadio
procesal.
II. FUNDAMENTOS:
PRIMERO: Que, la finalidad concreta de todo proceso judicial y que el Juez debe de atender, es
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica,
Página 2 de 6 haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en
justicia, según lo expresa el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
SEGUNDO: Que, es principio de orden procesal, recogido por el artículo 196° del Código Procesal
Civil, que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos, salvo disposición legal diferente; debiendo
concretarse las pruebas al asunto que es materia de litigio a fin de procurar certeza en el
Juzgador; y en el caso de no haberse probado los hechos que sustentan la pretensión, la
demanda será declara infundada, conforme lo dispone el artículo 200° del aludido cuerpo de
Leyes.
TERCERO: Que, conforme a lo estipulado en el artículo 197° del Código Procesal Civil, todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan su decisión.
CUARTO: De los fundamentos de la demanda se desprende que el accionante sustenta su
pretensión en el hecho que el demandado se encontraría obligado a hacer efectivo el pago de la
suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) por el
concepto correspondiente a un Pagaré – que a la data se encuentra vencido e impago – que se
emitió por las atenciones médicas que le brindo a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas.
QUINTO: Al respecto, es menester de esta judicatura recordar que nuestro ordenamiento jurídico
establece que sólo se puede promover ejecución en virtud de un título ejecutivo y título de
ejecución y; que, en el caso de autos se ha venido llevando la presente causa en dicha vía, toda
vez que el título en mérito del cual se promueve proceso ejecutivo es un Pagaré, el cual por su
naturaleza se encuentra comprendido dentro del inciso 4 del artículo 688º del Código Procesal
Civil.
SEXTO: Que, el artículo 690-D° del Código Procesal Civil establece que “[...] La contradicción se
podrá fundar en: 1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título. […]”. Al
respecto, debemos recordar que dicha contradicción – inexigibilidad de la obligación – no se
invoca para cuestionar el fondo del título, es decir, que no existe un cuestionamiento al
documento, sino al acto que recoge dicho documento, cuestionándose la ejecutabilidad del título
por carecer de una prestación cierta, expresa y exigible; condiciones básicas para que un título
revista ejecución, tal como lo describe el artículo 689° del Código Procesal Civil.
Página 3 de 6 SEPTIMO: Dentro de este marco, de la revisión del título puesto a cobro, es decir, del Pagaré
obrante en autos a fojas 10; podemos advertir que ha quedado acreditado fehacientemente que el
mismo fue emitido por el demandado a favor de la demandante. Asimismo, también se puede
observar, que el monto de este es dinerario (es decir, en soles exactos), por lo que siendo ello así,
podemos concluir con absoluta certeza que ha quedado acreditado de manera fehaciente que el
contiendo de dicho título es el de una obligación cierta, expresa, exigible y liquida; no resultando
amparable la contradicción planteada por el ejecutado.
OCTAVO: No obstante a lo establecido en el considerando precedente, es de advertir de autos,
que el A-quem mediante Auto de Vista contenido en la Resolución N° 07 de fecha 28 de enero del
2016, ha dispuesto que ésta judicatura también determine si la obligación demandada resulta
exigible al ejecutado en tanto y en cuanto se establezca si a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas,
le correspondía ser cubierta por el seguro del demandado, por el mero hecho de ser conyugue.
NOVENO: Al respecto, es menester de esta judicatura recordar, que artículo 2° de la Ley N°
26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, establece que “El Seguro Social
de Salud otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, promoción,
recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades
profesionales.”, así como además, que el artículo 3° de la misma ley, señala que “Son asegurados
del Seguro Social de Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes. Son
afiliados regulares: - Los trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o en
calidad de socios de cooperativas de trabajadores. […] Son derechohabientes el cónyuge o el
concubino a quienes se refiere el Artículo 326° del Código Civil, así como los hijos menores de
edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, siempre que no sean
afiliados obligatorios.” (Lo subrayado es nuestro).
DECIMO: Dentro de este orden de ideas, podemos advertir de autos, que encuentra
fehacientemente acreditado, que el demandado afilió al servicio de Essalud a su señora esposa
Paola Iliana Tovar Rosas en calidad de derechohabiente1 – por ser su conyugue, lo cual se
encuentra acreditado con el Acta de Matrimonio obrante en autos a fojas 35 – el 20 de octubre del
2010, tal como se desprende de la instrumental obrante a fojas 31.
DECIMO PRIMERO: Siendo ello así y, estando a que la esposa del demandado ingresó por el
área de emergencia el 16 de octubre del 2010, podemos colegir que con total certeza, que ésta no
1 No estando en controversia que el demandado ya se encontrara afiliado a ESSALUD.
Página 4 de 6 se encontraba cubierta por el seguro del demandado, toda vez que éste recién la registró como su
derechohabiente el 20 de octubre del 2010, esto es, 04 días después de su ingreso al hospital.
DECIMO SEGUNDO: Siguiendo este orden de ideas, podemos concluir con meridiana claridad,
que la obligación demandada resulta exigible al emplazado, puesto que al momento de la atención
a su conyugue, ésta no se encontraba registrada como su derechohabiente y, en consecuencia,
no había adquirido aún los derechos a los que se hace referencia en el artículo 2° de la Ley N°
26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
DECIMO TERCERO: Ahora bien, con respecto a la controversia generada en torno a que el
seguro del ahora demandado no cubriera daños provocados por terceros, es menester de esta
judicatura recordar que el artículo 18° de la Ley N° 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad
Social en Salud, establece que “El IPSS o la Entidad Prestadora de Salud que otorgue la
cobertura podrá reclamar del tercero responsable del daño el valor de las prestaciones otorgadas
al afiliado o a sus derechohabientes.”; por lo que en tal sentido, podemos concluir que si bien es
cierto lo expresado por el accionante en la absolución a la contradicción carece de veracidad –
puesto que ello no solo es factible, sino que además la propia ley genera un derecho de repetición
(en contra del tercero generador del daño) a fin de salvaguardar los intereses de la entidad
prestadora de salud –, no es menos cierto, que la obligación demandada debe ser amparada por
lo establecido en los considerandos precedentes; ello máxime aún, si recordamos que el
emplazado emitió el pagaré puesto a cobro, obligándose a abonar la suma contenida en dicho
título ejecutivo, obligación respecto de la cual no ha acreditado de forma alguna su cumplimiento –
lo cual era su carga conforme lo establece el artículo 196° del Código Procesal Civil –.
DECIMO CUARTO: En cuanto al pago de los intereses generados, es de advertir del propio título
ejecutivo puesto a cobro, que en éste se indica que: “[…] si no pagase al vencimiento abonare por
mora el interés legal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1244° DEL
Código Civil […]”; por lo que siendo dicha cláusula aceptada por el ejecutado al momento de la
emisión del título ejecutivo, es de aplicación la misma.
DECIMO QUINTO: Con respecto al pago de las costas y costos del proceso, es de aplicación lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 412° del Código Procesal Civil, el cual establece que “El
reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la
parte vencida.”, por lo que podemos concluir que también corresponde a la demandada el pago de
dicho concepto.
Página 5 de 6 III. DECISIÓN:
Por estas consideraciones, estando a que las demás pruebas actuadas y no glosadas, que no
enervan las conclusiones arribadas; la Señora Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lince y
San Isidro, administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: Declarando: 1) INFUNDADA
la contradicción al mandato de ejecución interpuesta por el demandado y, en consecuencia;
2) FUNDADA la demanda obrante de fojas 16 a 19, interpuesta por HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD en consecuencia, SE
ORDENA: Llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado EDUARDO MARTIN DAVALOS
FREYRE cumpla con pagar a la ejecutante la suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) más los intereses pactados y, las costas y
costos del proceso. Notificándose. –
Página 6 de 6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
CUARTO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LINCE Y SAN ISIDRIO
EXPEDIENTE : 01870-2011-0-1802-JP-CI-04
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD
DEMANDADO : EDUARDO MARTIN DAVALOS FREYRE
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DELIA ROJAS ANTICONA
ESPECIALISTA : LUIS SAIRE GARCIA (por GINA FRESIA ALVA HORNA)
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN N° 16
Lince, veintitrés de julio
Del dos mil veintiuno. –
AUTOS Y VISTOS, ATENDIENDO:
I. ANTECEDENTES:
DE LA DEMANDA: Resulta de autos que por escrito de fojas 16 a 19, HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD interpone demanda de
Obligación de Dar Suma de Dinero en Vía Proceso de Ejecución contra EDUARDO MARTIN
DAVALOS FREYRE, a fin que cumpla con cancelarle la suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) más los intereses legales y, las costas y
costos del proceso; ello, por el concepto correspondiente a un pagaré que se emitió por las
atenciones médicas que le brindo a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas. Fundamentando su
pretensión en: Que, tiene como finalidad principal el brindar prestaciones de tipo asistencial a sus
asegurados que cumplan con los requisitos de ley. Que, conforme a lo establecido en la Ley
General de Salud, se encuentra obligado a prestar atención medico quirúrgica de emergencia
quien la solicite y, mientras subsista el estado de grave riesgo para la vida o salud del paciente.
Que, brindar dicho tipo de prestaciones asistenciales genera un costo, el cual debe ser asumido
por los pacientes o sus garantes cuando estos no fuesen asegurados regulares o facultativos de
su institución. Que, la paciente Paola Iliana Tovar Rosas fue atendida de emergencia del 16 al 25
de octubre del 2010. Que, en el momento no se pudo establecer si la paciente contaba con su
seguro vigente, por lo que el demandado con la finalidad de garantizar las atenciones que se
debían brindar a la paciente procedió a aceptar el Pagare N° 0979449 por la suma ahora
Página 1 de 6 demandada. Que, la suma de dinero que pretende es la que corresponde al total del tiempo de
atención, internamiento, medicinas y demás gastos médicos incurridos en la atención y
recuperación de la paciente, tal como se detalla en la Liquidación N° 002-054189. Que, la
paciente no contaba con tres meses de aporte consecutivos o cuatro no consecutivos dentro del
semestre previo a la contingencia, por lo que procedió a valorizar el título puesto a cobro. Ampara
su acción en los artículos 1219°, 1241°, 1242° del Código Civil y, 424°, 425°, 688°, 690-A° y 690-
B° del Código Procesal Civil.
DEL MANDATO EJECUTIVO Y LA CONTRADICCION DE LA DEMANDADA: Dictado el
mandato ejecutivo por Resolución N° 01 de fecha 09 de setiembre del 2011 obrante a fojas 20, se
corrió traslado al ejecutado para que dé cumplimiento del mandato de pago; por lo que éste,
mediante escrito obrante en autos de fojas 41 a 45, se apersono al proceso y formuló
contradicción por inexigibilidad o iliquidez de la obligación, sustentándola en los siguientes
fundamentos: Que, mediante Carta de fecha 11 de agosto del 2011 acreditó que la paciente es su
esposa y, que al momento de la contingencia y atención brindada, la empresa Flatworld Heatgcare
Solution S.A.C. (donde labora), se encontraba al día en las aportaciones de ESSALUD. Que, la
atención brindada se ha realizado dentro de los alcances que corresponde a los conyugues de los
asegurados. Que, ESSALUD por mandato imperativo tiene el derecho de asegurar a sus
derechohabientes, en este caso su cónyuge. Que, con su Partida de Matrimonio se acredita el
vínculo que existe con la paciente. Que, el pago resulta inexigible, pues la paciente al momento de
la atención contaba con todo el derecho de ser atendida por ESSALUD. Constituyen fundamento
jurídico de su contestación los artículos 442° y 690-D° inciso 1 del Código Procesal Civil.
DEL TRAMITE DEL PROCESO: Habiéndose corrido traslado de la contradicción interpuesta, y
siendo que el demandante absolvió la misma mediante escrito obrante de fojas 59 a 61, se
procedido a emitir la Resolución N° 03 de fecha 29 de noviembre del 2011. Posteriormente,
mediante Auto Final contenido en la Resolución N° 10, se declaró infundada la contradicción y
ordeno llevar adelante la ejecución, decisión que fue apelada por el demandado, por lo que
mediante Auto de Vista obrante de fojas 141 a 145 se declaró nulo el Auto Final, disponiéndose
que se emita un nuevo pronunciamiento. Siendo ello así, por Resolución N° 13 se dispuso cumplir
lo ejecutoriado; por lo que se procede a emitir la presente resolución final por ser éste su estadio
procesal.
II. FUNDAMENTOS:
PRIMERO: Que, la finalidad concreta de todo proceso judicial y que el Juez debe de atender, es
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica,
Página 2 de 6 haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en
justicia, según lo expresa el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
SEGUNDO: Que, es principio de orden procesal, recogido por el artículo 196° del Código Procesal
Civil, que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos, salvo disposición legal diferente; debiendo
concretarse las pruebas al asunto que es materia de litigio a fin de procurar certeza en el
Juzgador; y en el caso de no haberse probado los hechos que sustentan la pretensión, la
demanda será declara infundada, conforme lo dispone el artículo 200° del aludido cuerpo de
Leyes.
TERCERO: Que, conforme a lo estipulado en el artículo 197° del Código Procesal Civil, todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan su decisión.
CUARTO: De los fundamentos de la demanda se desprende que el accionante sustenta su
pretensión en el hecho que el demandado se encontraría obligado a hacer efectivo el pago de la
suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) por el
concepto correspondiente a un Pagaré – que a la data se encuentra vencido e impago – que se
emitió por las atenciones médicas que le brindo a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas.
QUINTO: Al respecto, es menester de esta judicatura recordar que nuestro ordenamiento jurídico
establece que sólo se puede promover ejecución en virtud de un título ejecutivo y título de
ejecución y; que, en el caso de autos se ha venido llevando la presente causa en dicha vía, toda
vez que el título en mérito del cual se promueve proceso ejecutivo es un Pagaré, el cual por su
naturaleza se encuentra comprendido dentro del inciso 4 del artículo 688º del Código Procesal
Civil.
SEXTO: Que, el artículo 690-D° del Código Procesal Civil establece que “[...] La contradicción se
podrá fundar en: 1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título. […]”. Al
respecto, debemos recordar que dicha contradicción – inexigibilidad de la obligación – no se
invoca para cuestionar el fondo del título, es decir, que no existe un cuestionamiento al
documento, sino al acto que recoge dicho documento, cuestionándose la ejecutabilidad del título
por carecer de una prestación cierta, expresa y exigible; condiciones básicas para que un título
revista ejecución, tal como lo describe el artículo 689° del Código Procesal Civil.
Página 3 de 6 SEPTIMO: Dentro de este marco, de la revisión del título puesto a cobro, es decir, del Pagaré
obrante en autos a fojas 10; podemos advertir que ha quedado acreditado fehacientemente que el
mismo fue emitido por el demandado a favor de la demandante. Asimismo, también se puede
observar, que el monto de este es dinerario (es decir, en soles exactos), por lo que siendo ello así,
podemos concluir con absoluta certeza que ha quedado acreditado de manera fehaciente que el
contiendo de dicho título es el de una obligación cierta, expresa, exigible y liquida; no resultando
amparable la contradicción planteada por el ejecutado.
OCTAVO: No obstante a lo establecido en el considerando precedente, es de advertir de autos,
que el A-quem mediante Auto de Vista contenido en la Resolución N° 07 de fecha 28 de enero del
2016, ha dispuesto que ésta judicatura también determine si la obligación demandada resulta
exigible al ejecutado en tanto y en cuanto se establezca si a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas,
le correspondía ser cubierta por el seguro del demandado, por el mero hecho de ser conyugue.
NOVENO: Al respecto, es menester de esta judicatura recordar, que artículo 2° de la Ley N°
26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, establece que “El Seguro Social
de Salud otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, promoción,
recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades
profesionales.”, así como además, que el artículo 3° de la misma ley, señala que “Son asegurados
del Seguro Social de Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes. Son
afiliados regulares: - Los trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o en
calidad de socios de cooperativas de trabajadores. […] Son derechohabientes el cónyuge o el
concubino a quienes se refiere el Artículo 326° del Código Civil, así como los hijos menores de
edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, siempre que no sean
afiliados obligatorios.” (Lo subrayado es nuestro).
DECIMO: Dentro de este orden de ideas, podemos advertir de autos, que encuentra
fehacientemente acreditado, que el demandado afilió al servicio de Essalud a su señora esposa
Paola Iliana Tovar Rosas en calidad de derechohabiente1 – por ser su conyugue, lo cual se
encuentra acreditado con el Acta de Matrimonio obrante en autos a fojas 35 – el 20 de octubre del
2010, tal como se desprende de la instrumental obrante a fojas 31.
DECIMO PRIMERO: Siendo ello así y, estando a que la esposa del demandado ingresó por el
área de emergencia el 16 de octubre del 2010, podemos colegir que con total certeza, que ésta no
1 No estando en controversia que el demandado ya se encontrara afiliado a ESSALUD.
Página 4 de 6 se encontraba cubierta por el seguro del demandado, toda vez que éste recién la registró como su
derechohabiente el 20 de octubre del 2010, esto es, 04 días después de su ingreso al hospital.
DECIMO SEGUNDO: Siguiendo este orden de ideas, podemos concluir con meridiana claridad,
que la obligación demandada resulta exigible al emplazado, puesto que al momento de la atención
a su conyugue, ésta no se encontraba registrada como su derechohabiente y, en consecuencia,
no había adquirido aún los derechos a los que se hace referencia en el artículo 2° de la Ley N°
26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
DECIMO TERCERO: Ahora bien, con respecto a la controversia generada en torno a que el
seguro del ahora demandado no cubriera daños provocados por terceros, es menester de esta
judicatura recordar que el artículo 18° de la Ley N° 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad
Social en Salud, establece que “El IPSS o la Entidad Prestadora de Salud que otorgue la
cobertura podrá reclamar del tercero responsable del daño el valor de las prestaciones otorgadas
al afiliado o a sus derechohabientes.”; por lo que en tal sentido, podemos concluir que si bien es
cierto lo expresado por el accionante en la absolución a la contradicción carece de veracidad –
puesto que ello no solo es factible, sino que además la propia ley genera un derecho de repetición
(en contra del tercero generador del daño) a fin de salvaguardar los intereses de la entidad
prestadora de salud –, no es menos cierto, que la obligación demandada debe ser amparada por
lo establecido en los considerandos precedentes; ello máxime aún, si recordamos que el
emplazado emitió el pagaré puesto a cobro, obligándose a abonar la suma contenida en dicho
título ejecutivo, obligación respecto de la cual no ha acreditado de forma alguna su cumplimiento –
lo cual era su carga conforme lo establece el artículo 196° del Código Procesal Civil –.
DECIMO CUARTO: En cuanto al pago de los intereses generados, es de advertir del propio título
ejecutivo puesto a cobro, que en éste se indica que: “[…] si no pagase al vencimiento abonare por
mora el interés legal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1244° DEL
Código Civil […]”; por lo que siendo dicha cláusula aceptada por el ejecutado al momento de la
emisión del título ejecutivo, es de aplicación la misma.
DECIMO QUINTO: Con respecto al pago de las costas y costos del proceso, es de aplicación lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 412° del Código Procesal Civil, el cual establece que “El
reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la
parte vencida.”, por lo que podemos concluir que también corresponde a la demandada el pago de
dicho concepto.
Página 5 de 6 III. DECISIÓN:
Por estas consideraciones, estando a que las demás pruebas actuadas y no glosadas, que no
enervan las conclusiones arribadas; la Señora Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lince y
San Isidro, administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: Declarando: 1) INFUNDADA
la contradicción al mandato de ejecución interpuesta por el demandado y, en consecuencia;
2) FUNDADA la demanda obrante de fojas 16 a 19, interpuesta por HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD en consecuencia, SE
ORDENA: Llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado EDUARDO MARTIN DAVALOS
FREYRE cumpla con pagar a la ejecutante la suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) más los intereses pactados y, las costas y
costos del proceso. Notificándose. –
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CUARTO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE LINCE Y SAN ISIDRIO
EXPEDIENTE : 01870-2011-0-1802-JP-CI-04
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD
DEMANDADO : EDUARDO MARTIN DAVALOS FREYRE
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DELIA ROJAS ANTICONA
ESPECIALISTA : LUIS SAIRE GARCIA (por GINA FRESIA ALVA HORNA)
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN N° 16
Lince, veintitrés de julio
Del dos mil veintiuno. –
AUTOS Y VISTOS, ATENDIENDO:
I. ANTECEDENTES:
DE LA DEMANDA: Resulta de autos que por escrito de fojas 16 a 19, HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD interpone demanda de
Obligación de Dar Suma de Dinero en Vía Proceso de Ejecución contra EDUARDO MARTIN
DAVALOS FREYRE, a fin que cumpla con cancelarle la suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) más los intereses legales y, las costas y
costos del proceso; ello, por el concepto correspondiente a un pagaré que se emitió por las
atenciones médicas que le brindo a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas. Fundamentando su
pretensión en: Que, tiene como finalidad principal el brindar prestaciones de tipo asistencial a sus
asegurados que cumplan con los requisitos de ley. Que, conforme a lo establecido en la Ley
General de Salud, se encuentra obligado a prestar atención medico quirúrgica de emergencia
quien la solicite y, mientras subsista el estado de grave riesgo para la vida o salud del paciente.
Que, brindar dicho tipo de prestaciones asistenciales genera un costo, el cual debe ser asumido
por los pacientes o sus garantes cuando estos no fuesen asegurados regulares o facultativos de
su institución. Que, la paciente Paola Iliana Tovar Rosas fue atendida de emergencia del 16 al 25
de octubre del 2010. Que, en el momento no se pudo establecer si la paciente contaba con su
seguro vigente, por lo que el demandado con la finalidad de garantizar las atenciones que se
debían brindar a la paciente procedió a aceptar el Pagare N° 0979449 por la suma ahora
Página 1 de 6 demandada. Que, la suma de dinero que pretende es la que corresponde al total del tiempo de
atención, internamiento, medicinas y demás gastos médicos incurridos en la atención y
recuperación de la paciente, tal como se detalla en la Liquidación N° 002-054189. Que, la
paciente no contaba con tres meses de aporte consecutivos o cuatro no consecutivos dentro del
semestre previo a la contingencia, por lo que procedió a valorizar el título puesto a cobro. Ampara
su acción en los artículos 1219°, 1241°, 1242° del Código Civil y, 424°, 425°, 688°, 690-A° y 690-
B° del Código Procesal Civil.
DEL MANDATO EJECUTIVO Y LA CONTRADICCION DE LA DEMANDADA: Dictado el
mandato ejecutivo por Resolución N° 01 de fecha 09 de setiembre del 2011 obrante a fojas 20, se
corrió traslado al ejecutado para que dé cumplimiento del mandato de pago; por lo que éste,
mediante escrito obrante en autos de fojas 41 a 45, se apersono al proceso y formuló
contradicción por inexigibilidad o iliquidez de la obligación, sustentándola en los siguientes
fundamentos: Que, mediante Carta de fecha 11 de agosto del 2011 acreditó que la paciente es su
esposa y, que al momento de la contingencia y atención brindada, la empresa Flatworld Heatgcare
Solution S.A.C. (donde labora), se encontraba al día en las aportaciones de ESSALUD. Que, la
atención brindada se ha realizado dentro de los alcances que corresponde a los conyugues de los
asegurados. Que, ESSALUD por mandato imperativo tiene el derecho de asegurar a sus
derechohabientes, en este caso su cónyuge. Que, con su Partida de Matrimonio se acredita el
vínculo que existe con la paciente. Que, el pago resulta inexigible, pues la paciente al momento de
la atención contaba con todo el derecho de ser atendida por ESSALUD. Constituyen fundamento
jurídico de su contestación los artículos 442° y 690-D° inciso 1 del Código Procesal Civil.
DEL TRAMITE DEL PROCESO: Habiéndose corrido traslado de la contradicción interpuesta, y
siendo que el demandante absolvió la misma mediante escrito obrante de fojas 59 a 61, se
procedido a emitir la Resolución N° 03 de fecha 29 de noviembre del 2011. Posteriormente,
mediante Auto Final contenido en la Resolución N° 10, se declaró infundada la contradicción y
ordeno llevar adelante la ejecución, decisión que fue apelada por el demandado, por lo que
mediante Auto de Vista obrante de fojas 141 a 145 se declaró nulo el Auto Final, disponiéndose
que se emita un nuevo pronunciamiento. Siendo ello así, por Resolución N° 13 se dispuso cumplir
lo ejecutoriado; por lo que se procede a emitir la presente resolución final por ser éste su estadio
procesal.
II. FUNDAMENTOS:
PRIMERO: Que, la finalidad concreta de todo proceso judicial y que el Juez debe de atender, es
resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica,
Página 2 de 6 haciendo efectivos los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en
justicia, según lo expresa el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
SEGUNDO: Que, es principio de orden procesal, recogido por el artículo 196° del Código Procesal
Civil, que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos, salvo disposición legal diferente; debiendo
concretarse las pruebas al asunto que es materia de litigio a fin de procurar certeza en el
Juzgador; y en el caso de no haberse probado los hechos que sustentan la pretensión, la
demanda será declara infundada, conforme lo dispone el artículo 200° del aludido cuerpo de
Leyes.
TERCERO: Que, conforme a lo estipulado en el artículo 197° del Código Procesal Civil, todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación
razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan su decisión.
CUARTO: De los fundamentos de la demanda se desprende que el accionante sustenta su
pretensión en el hecho que el demandado se encontraría obligado a hacer efectivo el pago de la
suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) por el
concepto correspondiente a un Pagaré – que a la data se encuentra vencido e impago – que se
emitió por las atenciones médicas que le brindo a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas.
QUINTO: Al respecto, es menester de esta judicatura recordar que nuestro ordenamiento jurídico
establece que sólo se puede promover ejecución en virtud de un título ejecutivo y título de
ejecución y; que, en el caso de autos se ha venido llevando la presente causa en dicha vía, toda
vez que el título en mérito del cual se promueve proceso ejecutivo es un Pagaré, el cual por su
naturaleza se encuentra comprendido dentro del inciso 4 del artículo 688º del Código Procesal
Civil.
SEXTO: Que, el artículo 690-D° del Código Procesal Civil establece que “[...] La contradicción se
podrá fundar en: 1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título. […]”. Al
respecto, debemos recordar que dicha contradicción – inexigibilidad de la obligación – no se
invoca para cuestionar el fondo del título, es decir, que no existe un cuestionamiento al
documento, sino al acto que recoge dicho documento, cuestionándose la ejecutabilidad del título
por carecer de una prestación cierta, expresa y exigible; condiciones básicas para que un título
revista ejecución, tal como lo describe el artículo 689° del Código Procesal Civil.
Página 3 de 6 SEPTIMO: Dentro de este marco, de la revisión del título puesto a cobro, es decir, del Pagaré
obrante en autos a fojas 10; podemos advertir que ha quedado acreditado fehacientemente que el
mismo fue emitido por el demandado a favor de la demandante. Asimismo, también se puede
observar, que el monto de este es dinerario (es decir, en soles exactos), por lo que siendo ello así,
podemos concluir con absoluta certeza que ha quedado acreditado de manera fehaciente que el
contiendo de dicho título es el de una obligación cierta, expresa, exigible y liquida; no resultando
amparable la contradicción planteada por el ejecutado.
OCTAVO: No obstante a lo establecido en el considerando precedente, es de advertir de autos,
que el A-quem mediante Auto de Vista contenido en la Resolución N° 07 de fecha 28 de enero del
2016, ha dispuesto que ésta judicatura también determine si la obligación demandada resulta
exigible al ejecutado en tanto y en cuanto se establezca si a la paciente Paola Iliana Tovar Rosas,
le correspondía ser cubierta por el seguro del demandado, por el mero hecho de ser conyugue.
NOVENO: Al respecto, es menester de esta judicatura recordar, que artículo 2° de la Ley N°
26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, establece que “El Seguro Social
de Salud otorga cobertura a sus asegurados brindándoles prestaciones de prevención, promoción,
recuperación y subsidios para el cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades
profesionales.”, así como además, que el artículo 3° de la misma ley, señala que “Son asegurados
del Seguro Social de Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus derechohabientes. Son
afiliados regulares: - Los trabajadores activos que laboran bajo relación de dependencia o en
calidad de socios de cooperativas de trabajadores. […] Son derechohabientes el cónyuge o el
concubino a quienes se refiere el Artículo 326° del Código Civil, así como los hijos menores de
edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, siempre que no sean
afiliados obligatorios.” (Lo subrayado es nuestro).
DECIMO: Dentro de este orden de ideas, podemos advertir de autos, que encuentra
fehacientemente acreditado, que el demandado afilió al servicio de Essalud a su señora esposa
Paola Iliana Tovar Rosas en calidad de derechohabiente1 – por ser su conyugue, lo cual se
encuentra acreditado con el Acta de Matrimonio obrante en autos a fojas 35 – el 20 de octubre del
2010, tal como se desprende de la instrumental obrante a fojas 31.
DECIMO PRIMERO: Siendo ello así y, estando a que la esposa del demandado ingresó por el
área de emergencia el 16 de octubre del 2010, podemos colegir que con total certeza, que ésta no
1 No estando en controversia que el demandado ya se encontrara afiliado a ESSALUD.
Página 4 de 6 se encontraba cubierta por el seguro del demandado, toda vez que éste recién la registró como su
derechohabiente el 20 de octubre del 2010, esto es, 04 días después de su ingreso al hospital.
DECIMO SEGUNDO: Siguiendo este orden de ideas, podemos concluir con meridiana claridad,
que la obligación demandada resulta exigible al emplazado, puesto que al momento de la atención
a su conyugue, ésta no se encontraba registrada como su derechohabiente y, en consecuencia,
no había adquirido aún los derechos a los que se hace referencia en el artículo 2° de la Ley N°
26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud.
DECIMO TERCERO: Ahora bien, con respecto a la controversia generada en torno a que el
seguro del ahora demandado no cubriera daños provocados por terceros, es menester de esta
judicatura recordar que el artículo 18° de la Ley N° 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad
Social en Salud, establece que “El IPSS o la Entidad Prestadora de Salud que otorgue la
cobertura podrá reclamar del tercero responsable del daño el valor de las prestaciones otorgadas
al afiliado o a sus derechohabientes.”; por lo que en tal sentido, podemos concluir que si bien es
cierto lo expresado por el accionante en la absolución a la contradicción carece de veracidad –
puesto que ello no solo es factible, sino que además la propia ley genera un derecho de repetición
(en contra del tercero generador del daño) a fin de salvaguardar los intereses de la entidad
prestadora de salud –, no es menos cierto, que la obligación demandada debe ser amparada por
lo establecido en los considerandos precedentes; ello máxime aún, si recordamos que el
emplazado emitió el pagaré puesto a cobro, obligándose a abonar la suma contenida en dicho
título ejecutivo, obligación respecto de la cual no ha acreditado de forma alguna su cumplimiento –
lo cual era su carga conforme lo establece el artículo 196° del Código Procesal Civil –.
DECIMO CUARTO: En cuanto al pago de los intereses generados, es de advertir del propio título
ejecutivo puesto a cobro, que en éste se indica que: “[…] si no pagase al vencimiento abonare por
mora el interés legal correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 1244° DEL
Código Civil […]”; por lo que siendo dicha cláusula aceptada por el ejecutado al momento de la
emisión del título ejecutivo, es de aplicación la misma.
DECIMO QUINTO: Con respecto al pago de las costas y costos del proceso, es de aplicación lo
dispuesto en el primer párrafo del artículo 412° del Código Procesal Civil, el cual establece que “El
reembolso de las costas y costos del proceso no requiere ser demandado y es de cargo de la
parte vencida.”, por lo que podemos concluir que también corresponde a la demandada el pago de
dicho concepto.
Página 5 de 6 III. DECISIÓN:
Por estas consideraciones, estando a que las demás pruebas actuadas y no glosadas, que no
enervan las conclusiones arribadas; la Señora Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Lince y
San Isidro, administrando Justicia a Nombre de la Nación, FALLA: Declarando: 1) INFUNDADA
la contradicción al mandato de ejecución interpuesta por el demandado y, en consecuencia;
2) FUNDADA la demanda obrante de fojas 16 a 19, interpuesta por HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD en consecuencia, SE
ORDENA: Llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado EDUARDO MARTIN DAVALOS
FREYRE cumpla con pagar a la ejecutante la suma de S/. 10,850.96 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA con 96/100 SOLES) más los intereses pactados y, las costas y
costos del proceso. Notificándose. –
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
Juez: JAIME LA ROSA CHIPANA
Fecha: 19/04/2013 17:02:05
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 01881-2011-57-2301-JR-LA-01
MATERIA : CESE DE ACTOS DE HOSTILIDAD DEL EMPLEADOR
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA ESPECIALISTA : FREDDY FIDEL OCHOA ARAGON
DE TACNA
S Ae Rc Ar Get Oar Nio : FREDDY OCHOA DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
Fecha: 19/04/2013 17:02:54
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDANTE : APAZA CALDERON, MODESTO
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
Resolución Nro. 12
TACNA, diecinueve de abril
De dos mil trece.-
Puesto los autos a despacho para resolver, luego de recabadas las cédulas
de notificación.- AUTOS, VISTOS Y CONSIDERADO: Primero: Según lo actuado
tenemos que se trata de un proceso cautelar a través del cual se ha concedido
medida cautelar innovativa a favor de Modesto Apaza Calderón, según se puede
apreciar del contenido de la Resolución Nro. 01 de fecha 30 de octubre de 2012
(fojas 117 a 118) ordenándose la reposición provisional delactorenlas funciones
como Jefe de la Unidad de Contabilidad y otro de acuerdo a la categoría de
“Apoderado Adjunto” en la Sucursal de Tacna”. En su trámite, conforme aparece
del escrito que corre a folios 176 a 177, Banco de la Nación a través de su
apoderado y administrador de la sucursal Tacna, señor Aldo Calle Rojas, hace
conocer al Juzgado que viene cumplimento con lo ordenado pues, según indica el
representante, mediante Acción de Desplazamiento de Personal EF/92.2331 N°
07500-2012 RH firmada en Lima por Jorge M. Linares Cajahuaringa en calidad de
Sub Gerente Jefe de la Div. Administración de Personal del Banco de la Nación el
12/12/2012, se efectivizó el traslado por la medida cautelar del actor a la Sucursal
C Tacna y en la Categoría de Apoderado Adjunto; expresando al mismo tiempo, el
mismo representante, que deja constancia que no existe a la fecha la plaza
presupuestada vacante de Jefe de Unidad de Contabilidad en el CAP del Banco de
la Nación. Finalmente, refiere que al día de hoy Modesto Apaza Calderón según
memorando EF /92.151 N° 0171-2012 de fecha 29 de diciembre de 2012 viene
prestando servicios en la Agencia C Pocollay, en este caso bajo un encargo de
funciones de reemplazo al Administrador Titular de dicha dependencia del 01 al 30
de enero, encontrándose firmado el citado documento por el mismo demandante.
Por su parte, mediante escrito que corre de folios 194 a 195 Modesto Apaza
Calderón a través de su abogado defensor señala que no se le ha asignado el cargo
de Jefe de la Unidad de Contabilidad y otro análogo o de igual jerarquía bajo el
argumento que no existe plaza presupuestada o vacante. Considerando en ese
sentido que no se está dando cumplimiento al mandato cautelar. Solicitando
merced a tales fundamentos que en el término de dos días cumpla la entidad
demandada con asignarle el cargo de jefe de la unidad de contabilidad y otro cargo
análogo o de igual jerarquía (administrador de sucursal, administrador de agencia A o B)
1 que se encuentre debidamente previsto y presupuestado en los instrumentos de
gestión, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas de los actuados
pertinentes al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal
correspondiente. Segundo: Conforme a lo expuesto por las partes, se tiene que la
discusión en este estado del proceso cautelar se centra en determinar si la entidad
demandada (Banco de la Nación) ha dado o no cumplimento al mandato cautelar.
Al respecto, del tenor de la Resolución Nro. 01 de fecha 30 de octubre de 2012,
corriente de fojas 117 a 118, se desprende que este despacho a resuelto declarar
fundada la petición cautelar presentada por Modesto Apaza Calderón, dictándose a
su favor medida cautelar innovativa, disponiendo, literalmente, que: “… El Banco de
la Nación en el plazo de dos días debe proceder a restituir al recurrente en las funciones
como Jefe de Unidad de Contabilidad u otro de acuerdo a la categoría de Apoderado Adjunto
en la Sucursal de Tacna…” (el resaltado es agregado). Como puede apreciarse el
mandato cautelar deja abierta la posibilidad legal para que la reposición del actor
se realice bien en el cargo de Jefe de Unidad de Contabilidad y otro de acuerdo a la
categoría de Apoderado Adjunto en la Sucursal de Tacna. Por lo tanto la reposición
provisional puede darse en cualquiera de los supuestos. Al respecto, revisado el
documento que contiene la acción de desplazamiento de personal N.° EF/92.23331
N° 07500-2012-RH de fecha 12 de diciembre de 2012 (fojas 171) conjuntamente
con las boletas de pago únicas del mes de diciembre de 2012 que corren a fojas
172 y 173, se desprende objetivamente, al menos a nivel cautelar, que el
accionantese encuentraocupando la categoría de “apoderado adjunto” de modo
tal que verosímil y razonablemente se colige que se ha dado cumplimiento al
mandato cautelar. Sumado a ello, se tiene que los documentos antes citados no
han sido objeto de ningún cuestionamiento por la parte demandante, de forma tal
que conservan su merito probatorio correspondiente. Esta decisión, obviamente,
no enerva de ninguna manera que a posteriori de constatarse alguna inobservancia
del mandato cautelar, puedan,según sea el caso,hacerse efectivos los apremios de
ley para su real cumplimiento en sus propios términos, conforme a los alcances de
lo previsto por el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y en virtud que el presente se trata de un proceso cautelar sometido, por
tanto, a la cláusula rebus sic stantibus; es decir, que su permanencia o
modificación, a lo largo del proceso, estará siempre en función de la estabilidad o
el cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial. Siendo ello
así, por el momento, no resulta atendible, lo peticionado por la parte demandante a
través de su escrito que corre de fojas 194 a 195. Por tales consideraciones SE
RESUELVE declarar IMPROCEDENTE lo solicitado por la parte demandante a
través de su escrito de fojas 194 a 195; conforme a los fundamentos expuestos en
la presente resolución. Hágase saber.-
2 |
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Juez: JAIME LA ROSA CHIPANA
Fecha: 31/10/2012 09:16:38
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE DE TACNA
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: FREDDY OCHOA
ARAGON
Fecha: 31/10/2012 09:17:36
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL “Año de la integración nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad”
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
Tacna, 31 de octubre de 2012
OFICIO N° 0520-2012-1°JETP-CSJT-PJ
SEÑOR:
JUAN CARLOS GALFRÉ CARCÍA
Gerente General del Banco de la Nación
Avenida la República de Panamá N° 3664 del Distrito de San Isidro
Lima.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de saludarlo cordialmente y al
mismo tiempo con el objeto que se dé fiel cumplimiento a lo dispuesto por este
despacho mediante Resolución N° 01 de fecha 30 de octubre de 2012, la misma
que “RESUELVE: Declarar FUNDADA la petición cautelar formulada por Modesto Apaza
Calderón, dictándose medida cautelar innovativa a favor de él, en consecuencia, el Banco
de la Naciónenel plazo dedos días debeproceder a restituir al recurrente en las funciones
como Jefe de Unidad de Contabilidad u otro de acuerdo a la categoría de “Apoderado
Adjunto” en la Sucursal de Tacna”. Resolución que se adjunta en copia certificada
para los fines pertinentes. Debiendo, así mismo, informarse documentalmente
sobre el cumplimiento a este despacho en el plazo señalado.
Todo ello en mérito a lo ordenado en el Proceso Cautelar N° 01881-2011-57-
2301-JR-LA-01 seguido por Modesto Apaza Calderón en contra del Banco de
la Nación sobre Medida Cautelar Innovativa, tramitado con la intervención del
Secretario Judicial Freddy Fidel Ochoa Aragón.
Aprovecho la oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi mayor
consideración y estima personal.
Atentamente.
C.c.
JLRCH/FFOA |
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Juez: JAIME LA ROSA CHIPANA
Fecha: 31/10/2012 09:16:22
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 01881-2011-57-2301-JR-LA-01
MATERIA : CESE DE ACTOS DE HOSTILIDAD DEL EMPLEADOR
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: FREDDY OCHOA ESPECIALISTA : FREDDY FIDEL OCHOA ARAGON
ARAGON
Fecha: 31/10/2012 09:17:28
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDANTE : APAZA CALDERON, MODESTO
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
Resolución Nro. 01
Tacna, treinta de octubre
De dos mil doce.-
AUTOS Y VISTOS: El escrito con registro N° 17954-2012; y, CONSIDERANDO: Primero:
Si bien conforme a lo previsto por el artículo 55 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal
de Trabajo (en adelante NLPT) son procedentes las medidas cautelares reguladas en este
capítulo (refiriéndose al capítulo IV de la NLPT, Proceso Cautelar), lo cierto es también
que no lo restringe sólo a ellas, sino que, por el contrario, de un modo claramente
optimizador, permite también la procedencia de cualquier otra contemplada en la norma
procesal civil u otro dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, temporal
sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no prevista en las
normas procesales. Así, estando a tal habilitación, a tenor del artículo 615 del Código
Procesal Civil, aplicable al caso de autos, procede especialmente medida cautelar a favor
de quien ha obtenido una sentencia favorable, aunque fuera impugnada, debiendo
solicitarse y ejecutarse en cuerda separada. La misma en efecto resulta especial en la
medida que exime al peticionante de dos requisitos: a) Fundamentación de la petición
cautelar y b) ofrecimiento de contracautela; ello en razón de que para expedir una
sentencia de mérito, el juez formó convicción sobre los hechos que sustentaban la inicial
demanda, por lo que dada la etapa procesal, en este momento existe más que una
verosimilitud. Tal precepto, desde luego exime al órgano jurisdiccional del examen sobre
estos dos extremos, de modo que allí radica su naturaleza especial conforme le reconoce
el ordenamiento procesal. Por todo ello, se infiere claramente que es el propio del
ordenamiento procesal el que abre las puertas para que se pueda conceder medida
innovativa, la misma que consiste en una diligencia excepcional que tiende a alterar el
estado de hecho o de derecho existente antes de la petición de su dicrtado; medida que
se traduce en la injerencia del Juez en la esfera de la libertad de los justiciables a través
de la orden de que se cese una actividad contraria a derecho o de que se retrotraigan las
resultas consumadas de un actividad de igual tenor. En suma, se trata de modificar un
estado (cuya legalidad se cuestiona), por otro que importa el restablecimiento de un
situación jurídica regular, de allí que se denomine “innovativa”, a diferencia de las
denominadas medidas cautelares “conservativas” Segundo: En el presente caso, según
escrito con registro N° 17954-2012, Modesto Apaza Calderon, luego de haber obtenido
sentencia favorable de primera instancia, confirmada por el Superior en Grado, peticiona
se dicte medida cautelar innovativa, ordenándose sea desplazado provisionalmente al cargo de “Jefe de Sección” con categoría de “Apoderado Adjunto” del Banco de la Nación
– Tacna en lugar del cargo de “Administrador de la Agencia C – Santa Rosa” con la
categoría de “Funcionario” (toda vez que, en su concepto, éste último constituye una
reducción inmotivada del cargo y categoría laboral que le corresponde). Al respecto,
examinada la petición cautelar conjunta y razonadamente con los recaudos acompañados
se tiene que, efectivamente, con fecha 28 de marzo de 2012 el Primer Juzgado
Especializado de Trabajo Permanente de Tacna, expide sentencia de primera instancia
declarando fundada la demanda en cuanto al extremo de cese de actos de hostilidad
consistente en la reducción inmotivada de la categoría, interpuesta por el recurrente en
contra del Banco de la Nación – Sucursal Tacna, disponiéndose, consecuentemente, en
forma literal, que: “… a. ORDENO a la demandada cese el acto de hostilidad materializado
mediante el Memorando EF/92.151 N°146-2011 de acuerdo a lo dispuesto en la Acción
de Desplazamiento del Personal N° EF/92.2331 N° 5425-2010-RH”, de fecha 28 de
Setiembre del 2010, dispuesta por Jefe División de Administración de Personal, Dante
Castañeda Moya. b. DISPONGO que se cumpla con restituir las funciones como Jefe de
Unidad de Contabilidad u otro de acuerdo a la categoría de “Apoderado Adjunto” en la
Sucursal de Tacna. c. MULTAR a la demandada…” Decisión judicial que ha sido
confirmada en esos mismos términos en fecha 30 de julio de 2012 mediante Sentencia de
Vista expedida por la Sala Civil Permanente de Tacna. Que siendo ello así, en el presente
caso concurre el presupuesto exigido para la procedencia de medida cautelar; si bien a la
luz del reporte de expediente que se adjunta se advierte que el Expediente Principal ha
sido remitido a la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema por motivo del recurso extraordinario de casación que se interpusiera, el
Juzgado considera que tal circunstancia no enerva el derecho a formular la petición y
obtener la medida, tal como se ha precisado en el considerando primero de la presente
(ello, obviamente, sin perjuicio de la incidencia que pueda tener sobre la medida lo que se
resuelve en definitiva en el principal, con ocasión del referido recurso extraordinario de
casación). Por tanto, corresponde amparar la petición cautelar. Por consiguiente, al
amparo de las normas acotadas y en mérito de las consideraciones que anteceden SE
RESUELVE: Declarar FUNDADA la petición cautelar formulada por Modesto Apaza
Calderón, dictándose medida cautelar innovativa a favor de él, en consecuencia, el Banco
de la Nación en el plazo de dos días debe proceder a restituir al recurrente en las funciones
como Jefe de Unidad de Contabilidad u otro de acuerdo a la categoría de “Apoderado
Adjunto” en la Sucursal de Tacna; y, para los efectos de su ejecución, cúrsese el oficio
respectivo al domicilio señalado por el propio recurrente sito en la “Avenida República de
Panamá N° 3664 del Distrito de San Isidro de la Provincia y Departamento de Lima”, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 367 del Código Procesal Civil, segundo
párrafo, debiendo informar documentalmente en el mismo plazo el estricto cumplimiento
de lo dispuesto. AL OTROSI DIGO.- Agréguese a sus antecedentes. Hágase saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna C JuO eR zT : E C OS RU NP EE JR OIO CR H D AE V ET ZA ,C YN OA H EL
Fecha: 02/06/2014 20:42:00
EXPEDIENTE : 01903-2011-0-2301-JR-LA-01 Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOSFI RPMAO DIGRIT AILN CUMP. DE
CONTRATO
ESPECIALISTA : OCHOA ARAGON, FREDDY FIDEL
DEMANDADO : JJCSCHRADER CAMARGO SA INGENIERO ASOCIADOS S.A.
MINSUR S.A.
DEMANDANTE : CONTRERAS ESCOBAR, TOMAS
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: OCHOA ARAGON,
FREDDY FIDEL
Fecha: 02/06/2014 20:44:31 Resolución Nro. 39
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA TACNA, dos de junio de dos mil catorce.-
FIRMA DIGITAL
AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS YYYY VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS::::
Escrito con registro n.° 6780-2014. Pedido de conclusión del proceso presentado
por Tomás Contreras Escobar;
YYYY AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO::::
1111.... Conforme a lo previsto por el artículo 339 del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria al presente caso:
“Aunque hubiera sentencia consentida o ejecutoriada, las partes pueden acordar condonar la obligación
que ésta contiene, novarla, prorrogar el plazo para su cumplimiento, convenir una dación en pago y, en
general, celebrar cualquier acto jurídico destinado a regular o modificar el cumplimiento de la sentencia.
Sin embargo, dicho acto jurídico no tiene la calidad de transacción ni produce los efectos de ésta.”
Si bien por disposición de la norma procesal invocada es cierto que se permite a las partes
celebrar cualquier acto jurídico tendiente a modificar o regular el cumplimiento de la
sentencia, no obstante ello, debe tenerse presente que dichos acuerdos no generan cosa
juzgada ni son materia de ejecución, pues sólo gozan de esa calidad la sentencia consentida o
ejecutoriada, o sea, que tenga la autoridad de cosa juzgada. Tal acto jurídico, obviamente, en
materia de derechos laborales debe tener presente que la disponibilidad de los derechos en
juego, según corresponda.
2222.... Tal flexibilidad procesal en etapa de ejecución de sentencia, según explica LEDESMA
NARVAEZ:
“… Se ha permitido, que sin trastocar la cosa juzgada las partes pueden encontrar concordancia en
cómo van a cumplir la sentencia judicial. Allí reside su finalidad de este acto jurídico post-sentencia, en
el atenuar la judicialización que podría desencadenar el incumplimiento de la sentencia, trabajando por la
viabilidad de una solución que inclusive puede llegar a condonar la obligación que esta contiene,
novarla, prorrogar el plazo para su cumplimiento, convenir una dación en pago y, en general celebrar
cualquier acto jurídico destinado a regular o modificar el cumplimiento de la sentencia.” (LEDESMA
NARVAEZ, Marianella. Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo II, Editorial Gaceta Jurídica, Lima,
Perú, p.73)
3333.... En el presente caso, el recurrente solicita la conclusión y el subsecuente archivo del
proceso alegando haber arribado a un acuerdo satisfactorio con firmas legalizadas con la
parte demandada, aludiendo al mismo tiempo que el acuerdo se trataría de una transacción
judicial. Al respecto, de la revisión del documento adjuntado se advierte que lleva el título
de: “acto jurídico posterior a la sentencia” suscrita de una parte por Tomas Contreras
Escobar y, de la otra, por Juan Pedro Vicente Portaro Camet en representación de JJC
Schrader Camargo S.A.C. con firmas legalizadas por el Notario Dr. Aldo Eduardo Ramón
Espinoza Oré (quien suscribe por Licencia del Titular Dr. Antonio del Pozo Valdez, según se
deja indicado). De su contenido se advierte que, en la parte que interesa resalta aquí, que las
partes suscribientes acuerdan lo siguiente:
1 “[…]
OOOOBBBBJJJJEEEETTTTOOOO DDDDEEEELLLL AAAACCCCUUUUEEEERRRRDDDDOOOO::::
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRRAAAA: Por medio del presente documento EEEELLLL DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE conviene con JJJJJJJJCCCC----SSSSCCCC en regular el
cumplimiento de la Sentencia ordenada por la Sala Superior de Tacna, en los siguientes términos:
3.1. JJJJJJJJCCCC----SSSSCCCC reconoce a favor de EEEELLLL DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE la suma de SSSS////.... 66665555....000000000000....00000000 ((((SSSSEEEESSSSEEEENNNNTTTTAAAA YYYY
CCCCIIIINNNNCCCCOOOO MMMMIIIILLLL CCCCOOOONNNN00000000////111100000000 NNNNUUUUEEEEVVVVOOOOSSSS SSSSOOOOLLLLEEEESSSS)))) por todo concepto, que incluye no
limitativamente el monto ordenado mediante sentencia de fecha 17 de abril de 2013, intereses
legales, costas y costos de dicho proceso, y en general todo concepto o pretensión económica
del DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE derivados de los hechos expuestos en la cláusula primera, del accionante
ocurrido el 9 de junio de 2011, la relación laboral con JJJJJJJJCCCC----SSSSCCCC y los términos de ese acuerdo.
3.2. El pago del monto acordado está a cargo de RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS en
ejecución de la Póliza de Responsabilidad Civil N° 1201-5195369 contratada con la empresa JJJJJJJJCCCC----
SSSSCCCC.... Dicho importe será entregado mediante cheque N° 00477756 1 011 686 0100007879 38
por el importe de S/. 60.000.00 (SESENTA MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) y cheque
N° 00529219 8 011 686 0100007879 38 por el importe de S/. 5,000.00 (CINCO MIL CON
00/100 NUEVOS SOLES), girados a nombre del DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE,,,, siendo constancia única y
suficiente de dicha entrega su firma consignada en el presente documento.
3.3. Queda precisado que cualquier otra obligación económica generada para efectos de la
sentencia referida en la cláusula segunda del presente documento, queda condonada por EEEELLLL
DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE,,,, renunciando éste de manera expresa a cualquier pretensión vinculada con el
objeto del presente acto jurídico.
3.4. EEEELLLL DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE manifiesta que las renu2ncias contenidas en el presente acuerdo alcanza
y/o favorecen también a los accionistas, funcionarios, directivos, representantes, empleados y
personal de JJC-SC, RIMAC SEGUROS, así como la empresa MINSUR S.A.
3.5. EEEELLLL DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE se obliga a suscribir el escrito correspondiente para la conclusión del
proceso y el archivo definitivo de los actuados en el proceso judicial descrito en la cláusula
segunda.
CCCCUUUUAAAARRRRTTTTAAAA:::: En este acto ambas partes señalan estar conformes con lo establecido en el presente
documento suscribiéndolo a su entera satisfacción, para lo cual EEEELLLL DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE cumple con
legalizar su firma ante notario público.”
4444.... Para los efectos de verificar la legalidad del acto jurídico post-sentencia celebrado por
las partes suscribientes, es necesario primero establecer qué es lo que se ha sentenciado en
el presente proceso y luego realizar la comprobación si con lo acordado se cubre todos sus
extremos, ello con el objeto de determinar si no existe nada más que cumplir. En tal sentido,
de la sentencia contenida en la Resolución Nro. 30 de 17 de abril de 2013 (fojas 906 a 931)
aparece que se resolvió declarar fundada en parte la demanda interpuesta por Tomas
Contreras Escobar en contra de JJC-Schader Camargo S.A.C. y MINSUR S.A. ordenándose
que dichas empresas paguen solidariamente por daño moral la suma de S/. 10 000.00 (diez
mil 00/100 nuevos soles) y por daño a la persona la suma de S/. 40 000.00 (cuarenta mil
00/100 nuevo soles), más intereses legales, costas y costos del proceso. Decisión judicial
que, a su vez, fue confirmada por sentencia de vista contenida en la Resolución Nro. 35 de 11
de junio de 2013 (fojas 993 a 1001). Por los autos calificatorios de los recursos: Cas. Lab. N°
10727-2013, Tacna y Cas. Lab. N° 10727-2013, Tacna, ambos de fecha 20 de noviembre de
2013 (en copia certificada de fojas 1035 a 1041) se tiene que se resolvió declarar improcedente
tanto el recurso de casación interpuesto por la parte demandante como el interpuesto por la
demandada JJC Schrader Camargo S.A.C.
5555.... De tales antecedentes procesales se colige que lo estimado a favor del demandante
asciende a la suma total de S/. 50 000.00 (cincuenta mil con 00/100 nuevos soles), más
intereses legales, costas y costos del proceso. Siendo ello así, este despacho judicial
determina que con el acto jurídico post- sentencia antes visto se da cabal cumplimiento a lo
sentenciado, sin afectarse ningún derecho indisponible, en razón que se le pagando una suma
mayor a la estimada haciéndose expresa extensión que aquella no sólo cubre los intereses
legales, costas y costos del proceso, sino, también todo concepto o pretensión económica
derivada de los hechos de la presente causa; siendo por tales motivo amparable que se
declare el archivamiento del proceso al haber éste logrado su finalidad. Sin perjuicio de lo
expresado, es necesario dejar aclarado que aún cuando el recurrente haga alusión incorrecta
a una supuesta transacción, ello en nada modificada el sentido de lo decidido a través de la
2 presente resolución, por cuanto de la revisión del documento adjuntado se ha podido
comprobar que en rigor se trata de un acto jurídico posterior a la sentencia, tal como ha
sido titulado y porque de su propio contenido se infiere que es así; resultando de aplicación
por tanto el artículo 339, antes citado.
PPPPoooorrrr ttttaaaannnnttttoooo,,,, aaaallll aaaammmmppppaaaarrrroooo ddddeeee llllaaaassss ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaacccciiiioooonnnneeeessss qqqquuuueeee aaaannnntttteeeecccceeeeddddeeeennnn yyyy nnnnoooorrrrmmmmaaaassss iiiinnnnvvvvooooccccaaaaddddaaaassss,,,,
SSSSEEEE RRRREEEESSSSUUUUEEEELLLLVVVVEEEE::::
Disponer el archivo definitivo del presente proceso seguido por Tomas Contreras Escobar
en contra de la empresa JJC-Shrader Camargo S.A.C. y otro sobre indemnización de daños y
perjuicios de naturaleza contractual derivados de accidente de trabajo e incumplimiento de
obligaciones legales, entre otros. En consecuencia, remítase los autos al archivo central de la
Corte Superior de Justicia de Tacna para su respectivo cuidado y custodia. RRRReeeeggggííííssssttttrrrreeeesssseeee yyyy
nnnnoooottttiiiiffffííííqqqquuuueeeesssseeee....----
3 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
Juez: JAIME LA ROSA CHIPANA
Fecha: 17/04/2013 16:39:48
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 01903-2011-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMP. DE CONTRATO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE TACNA ESPECIALISTA : FREDDY OCHOA ARAGON
Secretario: FREDDY OCHOA
ARAGON DEMANDADO : JJCSCHRADER CAMARGO SA INGENIERO ASOCIADOS S.A.
Fecha: 17/04/2013 16:40:31
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL : MINSUR S.A.
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL DEMANDANTE : CONTRERAS ESCOBAR, TOMAS
Resolución Nro. 30
SENTENCIA
Tacna, diecisiete de abril del dos mil trece.
I. PARTE EXPOSITIVA
Demanda (fojas 64/103): Con fecha 29 de Noviembre del 2011, don TOMAS CONTRERAS
ESCOBAR interpone demanda en forma solidaria en contra de las Empresas JJC-SCHRADER
CAMARGO S.A.C. Y LA EMPRESA MINERA MINSUR S.A, sobre COBRO DE
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS, POR ACCIDENTE DE TRABAJO, POR UN
MONTO DE US$. 300,000.00 (TRESCIENTOS MIL CON 00/100 DE DÓLARES AMERICANOS).
Solicita en su demanda que se declare fundada las siguientes pretensiones:
A) El pago de indemnización por daños y perjuicios de naturaleza de responsabilidad
contractual, derivados de accidente de trabajo e incumplimiento obligaciones legales:
i) Falta de iluminación,
ii) Falta de personal y certificado andamiero,
iii) Falta de ambulancia,
iv) Falta de monitoreo de gases y vapores
Con la finalidad de que se le indemnice por la suma US$ 150.000 (Ciento Cincuenta Mil con
00/100 de Dólares Americanos).
B) El pago de indemnización por daño:
i) Físico,
ii) Moral-psicológico,
iii) A la persona,
iv) Daño emergente,
v) Lucro cesante y
vi) Proyecto de vida, por la suma US$ 150.000 (Ciento Cincuenta mil con 00/100 de
Dólares Americanos).
C) Bajo los siguientes argumentos facticos:
i) El demandante ingresó a trabajar en relación de subordinación y dependencia bajo el
régimen laboral de construcción civil, como operario pintor en la obra denominada
“Proyecto Pucamarca” (Obras Electromecánicas) de propiedad de la Empresa MINSUR
S.A, ubicado en río Azufre, “Tanque Uno”, obra que es ejecutada por la contratista co-
demandada JJC-SHADER CAMARGO S.A.C, habiendo sido registrado en el libro de
planillas de esta última con fecha 01.06.2011, no obstante que ingresó el 10.05.2011.
1 ii) El 19.06.2011, siendo las 19 horas aproximadamente (jornada extra) se produjo un
accidente de Trabajo, cuando el demandante y otro trabajador se encontraban en el
andamio a una altura de 11 metros realizando el pintado del tanque interior, se vino
abajo el andamio, habiendo quedado inconsciente, para luego ser trasladado a las
oficinas de MINSUR S.A, para ser atendido de urgencia y derivados al Hospital de
ESSALUD de emergencia, siendo internado por tres días (10,11 y 12), para luego estar
hospitalizado por 11 días y posteriormente, con descanso medico ambulatorio, terapias
físicas por 89 días consecutivos, para luego con fecha 05 de Setiembre del 2011
reincorporarse a laborar aun en estado convaleciente, habiendo quedado con graves
secuelas en diferentes partes del cuerpo, disminución total del ojo izquierdo y grave
lesión ocular.
iii) Para luego fundamentar el incumplimiento de las obligaciones contractuales, el
diagnostico medico y la dimensión de los daños causados.
Contestación de Demanda (fojas 236/268): La parte demandada MINSUR S.A., contesta la
demanda con los siguientes argumentos:
A) Solicitando la improcedencia de la demanda por no cumplir con los requisitos que señala
el inciso a) del Artículo 16° de la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo (En adelante
NLPT), el demandante no ha señalado en indicar el monto de la demanda en cada uno de
los extremos demandados.
B) Deduce las siguientes Excepciones:
i) Excepción de oscuridad y ambigüedad en la forma de proponer la demanda, con
los siguientes argumentos:
a) Que, el petitorio no es claro ya que el Artículo 1321 del Código Civil de aplicación
supletoria a este proceso señala que el concepto de indemnización por daños y
perjuicios comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, pues ella no
sólo busca indemnizar el valor de la pérdida que haya sufrido (daño emergente),
sino también la ganancia que haya dejado de obtener quien reclama su pago. (lucro
cesante).
b) Es evidente que la demanda contiene un petitorio impreciso al no indicar los montos
que solicita por cada concepto, resultando imposible determinar los conceptos y
montos incluidos en la pretensión del demandante, como tampoco determina los
mecanismos utilizados.
c) Lo cual perjudica su ejercicio del derecho a la defensa.
ii) Excepción de falta legitimidad para obrar pasiva, con los siguientes argumentos:
a) El demandante afirma que hay responsabilidad solidaria de parte de MINSUR S.A,
para el pago de la indemnización reclamada por ser propietarios de la obra que
desarrollada por la empresa JJC-SCHRADER CAMARGO S.A.C. (en adelante JJC),
por ser propietario de la obra que desarrollaba su empleador.
b) Al respecto señala que con fecha 31.03.2011 MINSUR S.A celebro con JJC un
“Contrato de construcción a precios unitarios bajo la modalidad llave en mano”,
mediante el cual MINSUR contrata a JJC para la instalación y puesta en marcha de
un sistema de suministro de agua que constaba de tuberías, tanques de acero,
bombas centrífugas y sala eléctrica de control y fuerza, en la zona correspondiente
al proyecto minero Pucamarca de titularidad de la empresa.
c) Que, estando a lo que dispone la Ley de Tercerización al haber sido dicha obra sin
desplazamiento no es aplicable la solidaridad.
2 d) Agrega que tampoco le alcanza la solidaridad porque la Ley N° 29783 “Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo” entró en vigencia el 20.08.2011, después de
ocurrido los hechos.
e) El Decreto Supremo N° 009-2005-TR sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que
estuvo vigente cuando ocurrieron los hechos, en ninguna parte regula la solidaridad.
f) El Artículo 70° de la norma antes citada indica que los responsables son los
empleadores respetivos es decir JCC.
g) Que, el contrato suscrito entre MINSUR S.A y JJC se rigen por el Código Civil, y no
existe norma que establezca una responsabilidad solidaria, respecto de las
obligaciones incumplidas por una de las partes.
h) Del mismo modo señala que el Artículo 1183° del Código Civil, aplicable
supletoriamente a las relaciones laborales, establece que la responsabilidad
solidaria no se presume, pues sólo se atribuye por la ley o el titulo de la obligación, y
al no existir ley ni acuerdo que obligue a la empresa el pago solidario de una
indemnización derivado del desarrollo de la relación laboral mantenida entre el
demandante y JJC, no puede ser responsable de las obligaciones reclamadas por el
actor.
C) Contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos y
pretensiones, de acuerdo a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que
expone:
i) En referencia al accidente y conforme le tiene informado la co-demandada JCC, el
accidente ocurre por culpa del demandante con el irresponsable propósito de apresurar
la ejecución del trabajo; sin adoptar los procedimientos de un trabajo seguro los
operarios que incluye el demandante, tomaron unilateralmente y de manera inconsulta la
decisión de emplear un andamio para las labores de pintura, sin recabar previamente la
autorización de su respectivo supervisor y sin seguir el procedimiento de seguridad.
ii) La ocurrencia del accidente no es por culpa del incumplimiento de alguna obligación y
que además MINSUR S.A, no tiene injerencia sobre el trabajo que realiza JJC, respecto
de sus trabajadores.
iii) Además el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el Decreto
Supremo N° 009-2005-TR vigente cuando ocurrió el hecho, en su Artículo 61° establece
la obligación de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad por parte de la
contratista JCC. En dicho contexto su representada antes de dar inicio a las obras
contratadas requiere a la contratista JJC, cumpla con presentar su plan de seguridad y
salud ocupacional, el mismo que fue analizado y aprobado por la empresa antes de la
ejecución del proyecto.
iv) Del mismo modo a su requerimiento solicita la entrega de procedimientos de trabajo
seguro, que incluían aquellos correspondientes a “Estructuras provisionales para el
trabajo en altura” y “espacios confinados”, los cuales regula las actividades que realizaba
el demandante en el momento en que ocurrió el accidente.
v) De manera adicional exigió a JJC, la presentación de los exámenes médicos pre y post
ocupacionales de sus trabajadores con la finalidad de exigir que sólo ejecutarán trabajo
en altura personas que se encuentren aptas para laborar en altura y que no implique un
menoscabo en su salud.
vi) Del mismo modo la empresa sólo permite la prestación de servicios por parte del
personal de JJC, luego de haber constatado que esta empresa contratista JJC cumpla
con el pago del seguro complementario de trabajo de alto riesgo (SCTR), como ocurrió
en el caso del demandante.
vii) Luego del accidente cumplió con investigar las causas del mismo.
3 viii) Con todo lo cual queda acreditado que la empresa cumplió con el deber de vigilancia en
materia de seguridad y salud en el trabajo, pues no existe dolo ni culpa inexcusable por
su parte, no hubo intención de causar daño al demandante, ni se actuó con negligencia
grave debido que a que no tuvo participación en los hechos, siendo que ocurrió el
accidente mientras se encontraba bajo la supervisión y administración de JJC, de
manera que se cumplió con todas las obligaciones que corresponde a MINSUR S.A.
D) REPECTO A LOS DAÑOS QUE HABRIA SUFRIDO EL ACTOR A CONSECUENCIA DEL
ACCIDENTE DE TRABAJO.
i) El demandante afirma que el accidente le originó el 90% de sus facultades sin
especificar qué facultades.
ii) El informe medico N°66 emitido el 08.07.2011 un mes después del accidente señala
como diagnostico un politraumatismo por caída y herida cortante en la rodilla derecha,
sin que se haga referencia a las lesiones oculares que el demandante afirma haber
sufrido como consecuencia del accidente.
iii) Mediante la Carta N°064 MFR-DM-GRTA-ESSALUD-2011 del 09 de Setiembre del
2011, se informa que el demandante fue dado de alto por el doctor Edwin del Pozo el 05
de Setiembre del mismo año. El alto implica que se encuentra nuevamente apto para
laborar y fue así que se le incorporó en su puesto de trabajo como está acreditado el
pago de los meses de setiembre y octubre del 2011.
iv) Desconocen cómo concluyó la relación laboral.
v) De los medios probatorios aportados por el demandante no acreditan de manera
fehaciente los daños causados ni el lucro cesante y daño emergente.
vi) Del daño moral, daño a la persona y proyecto de familia de igual modo no se encuentran
acreditados.
vii) En consecuencia no existe certeza del daño, factor atributivo de responsabilidad, y el
nexo causal entre MINSUR y el accidente sufrido.
viii) Sin perjuicio de ello considerar que se habría producido su ruptura debido a que el daño
sufrido por el actor se debió principalmente a un hecho propio. Por lo que en referencia
a su representada se debe declarar infundada la demanda.
Actos Procesales: Se admitió la demanda, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación con la
asistencia de la parte de MINSUR S.A y la inasistencia de la Empresa JJC-SHARADER
CAMARGO S.A, la misma que declaro en rebeldía de manera automática; se realizó la
Audiencia de Juzgamiento con la co-demandada JJC-SCHARADER CAMARGO S.A.C y , siendo
el estado del proceso el de expedirse sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
Naturaleza del Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal del Trabajo.
1. Antes de analizar la controversia es necesario hacer unas precisiones sobre la Naturaleza
del Derecho del Trabajo, para lo cual citamos al Juslaboralista Neves Mujica, Javier,
“Introducción al Derecho del Trabajo”, 1ra. Edición. Lima. Fondo Editorial PUCP, 2009. Pag.
9 a la 14. , que textualmente expone lo siguiente:
(…)
El Derecho del Trabajo es un desprendimiento del Derecho Civil, relativamente reciente -en perspectiva
histórica-, ya que su antigüedad no se remonta ni siquiera a doscientos años atrás. Para comprender las
razones de esa escisión, debemos reparar en un dato jurídico de inmensas repercusiones sociales, que es
el de los principios que inspiran el ordenamiento civil.
En el marco de las colosales transformaciones que supusieron la Revolución Industrial, en el plano de la
ideología económica, así como de las formas de organización de la producción y del trabajo, y la
4 Revolución Francesa, en el ámbito de las ideologías políticas y jurídicas, el Derecho Civil moderno se
construye sobre pilares que pueden producir desastres sobre algunas relaciones sociales. Se proclama que
todas las personas son formalmente iguales y libres, por lo que pueden concurrir al mercado a comprar o
vender cualquier bien. Como este mercado está regido por una ley natural de la oferta y la demanda, las
condiciones de dicha adquisición son fijadas por ésta. Las partes pueden en esta operación, acordar sin
restricciones lo que convenga a sus intereses, en virtud de la autonomía privada individual. El Estado debe
garantizar que los sujetos puedan celebrar el contrato y luego lo cumplan según lo pactado, pero no debe
intervenir en la determinación de los derechos y obligaciones establecidos en aquél. Si hubiera alguna ley
que señalara el contenido de las relaciones jurídicas, ésta tendría carácter dispositivo, por lo que cualquier
regulación diferente del contrato prevalecería sobre aquélla.
La aplicación de este esquema en el campo de las relaciones laborales, más aún con la rigidez propia del
liberalismo entonces en auge, mostró que los valores consagrados por el Derecho Civil no se verificaban en
la realidad: el trabajador sólo dispone de su energía, que debe ofrecer a quien la vaya a utilizar, que será un
empresario, a cambio de una retribución; pero como la necesidad de obtener un empleo, es mucho mayor
que las probabilidades de encontrarlo, la voluntad única del empleador establece los derechos y
obligaciones entre las partes. Esto condujo a un régimen de extrema explotación de la mano de obra, sin
precedentes en la historia: jornadas extenuantes, salarios miserables, pagados muchas veces en vales,
pésimas condiciones de seguridad e higiene, etc. Hay multitud de testimonios de este cruel período, en la
historia, la filosofía, la economía, la literatura, etc.
No tardó en surgir una reacción de los mismos afectados por este sistema, alentada por el pensamiento
anarquista y socialista (en el Perú no puede omitirse, además, al aprista). El instrumento por excelencia en
esa lucha estuvo en la organización sindical. Pese a que los ordenamientos penales consideraban un delito
la existencia y funcionamiento de los sindicatos, éstos se formaron y consolidaron hasta llegar a constituir
una verdadera amenaza contra el régimen económico y político. Los trabajadores tenían conciencia de que
sólo por esa vía podrían presionar al Estado para la fijación de reglas básicas para las relaciones laborales,
así como a sus propios empleadores, en dirección de lograr un régimen de trabajo menos abusivo.
En este contexto, el Estado se vio forzado a abandonar su posición de abstención en la determinación del
contenido de los derechos y obligaciones de los sujetos laborales individuales, que iba acompañada de una
intervención represiva sobre las acciones sindicales. Allí, el contrato que vinculaba al trabajador con el
empleador, entonces llamado arrendamiento de servicios, fue extraído del Derecho Civil, para poder
apartarlo de los valores antes mencionados y sujetarlo a otros distintos y hasta contrarios. Este es el origen
del contrato de trabajo y del área que se ocupa de todas las relaciones derivadas de él: el Derecho del
Trabajo.
Los supuestos del nuevo ordenamiento laboral son muy distintos a los del civil. Se entiende que los
sujetos de la relación laboral son materialmente desiguales, porque uno tiene poder económico y el
otro no, y, por tanto –también en la esfera sustancial-, al último de éstos le falta libertad. La
autonomía privada individual puede, por consiguiente, constituir el vínculo entre las partes, pero la
regulación está limitada desde afuera por la ley. Esta se ocupa, pues, no sólo del acceso y la
ejecución del contrato, sino además de su contenido, y lo hace de modo relativamente imperativo:
fijando beneficios mínimos en favor del trabajador, que por autonomía privada pueden
incrementarse pero no reducirse.
Constatado el desequilibrio real entre los sujetos laborales individuales, el propósito del Derecho del
Trabajo es el de compensarlo con otro desequilibrio en el nivel jurídico, de signo opuesto al
anterior: la protección del contratante débil. Este es el sentido de la intervención tuitiva del Estado en
esta área. Pero el único vehículo de nivelación no es el que proviene del Estado: la ley; sino que hay otro
surgido de la relación directa entre las organizaciones sindicales y el empleador: el convenio colectivo. La
autonomía privada se ensancha desde entonces para abarcar, además de la individual, la colectiva. De allí
nacen múltiples y complejas relaciones entre la ley y el convenio colectivo en la regulación de las relaciones
laborales, que varían mucho en los modelos democráticos y los autoritarios.
La creación del Derecho del Trabajo supuso, en definitiva, que la regulación de las relaciones laborales que
había estado tradicionalmente a cargo de fuentes de configuración -en los hechos- unilateral: el contrato de
arrendamiento de servicios, el reglamento interno de trabajo y la costumbre, que expresaban la disparidad,
se trasladara a las nuevas fuentes: la ley laboral y el convenio colectivo, que buscan la paridad.
Como la relación laboral es, de un lado, conflictiva, porque los intereses de los trabajadores -como
individuos y como categoría- son diferentes y a veces opuestos a los de los empresarios -como individuos y
como categoría-, siendo ambos legítimos, se requiere regulación, para que el conflicto discurra entre los
márgenes del sistema; pero como, de otro lado, es estructuralmente desigual, porque los trabajadores
no tienen poder económico y los empresarios sí, se requiere que esa regulación sea equilibrada,
para balancear con la ventaja jurídica la desventaja material y, de ese modo, contribuir a la
materialización de la justicia y la paz.
5 El ordenamiento laboral en su conjunto cumple así la función de regular la utilización del trabajo ajeno por
un empresario y la obtención de ganancias de él, permitiéndola pero controlándola, y de encauzar los
conflictos individuales y sociales que se originan en esa relación. Esta función se adapta a las diversas
circunstancias en las que debe ejercerse, como pueden ser los distintos niveles de desarrollo económico o
las diferentes situaciones de expansión o de crisis económicas, pero en su esencia se mantiene inalterada.
(…)
(Subrayado y resaltado es nuestro)
De lo expuesto se tiene con claridad, que la razón de la existencia del derecho laboral es de
carácter protector al contratante débil (trabajador), dicho principio protector es fuente para
desarrollar los demás principios propios del derecho del trabajo y distintos del derecho civil.
2. La naturaleza del Derecho del Trabajo se traslada al Derecho Procesal del Trabajo, para
hacer efectiva dicha protección es necesario que se traslade a las normas procesales, que
es la razón de la existencia de normas procesales propias del derecho del trabajo, por eso
ha existido un proceso laboral distinto a los otros procesos como Civil, Familia, como hoy
regulado por la Ley N° 29497° “Nueva Ley Procesal del Trabajo”, que tenga por finalidad de
mantener dicha protección, razonar de manera distinta no habría razón de la existencia de
una justicia especializada con una norma propia laboral. Como señala Américo Plá
Rodríguez:
“… el carácter protector de la ley sustantiva de trabajo, mientras tanto, se proyecta sobre el
procedimiento e inspira el criterio hermenéutico adoptado por el juez, no sólo al formularse la
sentencia sino también al conducir el proceso. Aquí como fue escrito anteriormente, el Derecho
Procesal del Trabajo se moldea según el contexto del Derecho del Trabajo, por cuanto al
contrario, de lo que ocurre, según la ley explícita de los líquidos, en el mundo jurídico el
continente se ajusta a la forma del contenido”1
En consecuencia se debe tomar en cuenta principalmente los principios propios que inspiran
sobre todo la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por lo que no tiene que ser analizada desde
la perspectiva del Derecho Civil.
3. Que, siendo esto así tenemos lo que señala el Artículo III2 del Titulo Preliminar de la Ley
N° 29497 (en adelante NLPT) y que es analizada en el Libro de “Comentarios a la Nueva
Ley Procesal del Trabajo” en la Obra Colectiva de Giovanni F. Priori Posada, Santiago
Carrillo Tejada, Carlos Clave Mavila, Roberto Pérez-Prieto de las Casas y Martín Sotero
Garzón, que señalan en la Paginas 45-47 lo siguiente:
(…)
En el artículo III del Título Preliminar debemos advertir, en primer lugar, la consagración del
principio de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, principios-derechos de la potestad
jurisdiccional reconocidos en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, que sí
suponen principios procesales entendidos como conceptos que definen la esencia de lo que es
un proceso y deben ser aplicados como mandatos de optimización en la ponderación de
derechos fundamentales y situaciones jurídicas por el juez laboral.
1 Americo Pla Rodríguez, 3ra. Ed. Los Principios del Derecho del Trabajo. Ediciones Desalma. Buenos Aires. 1989. Pag. 61.
2 Artícs como Civil, Familiaulo III.- Fundamentos del proceso laboral
En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para
cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos
procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de
razonabilidad. En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad.
Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Impiden y sancionan la inconducta contraria a
los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus abogados y terceros.
El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones
reclamadas no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).
6 Como veremos, la consagración de estos principios, aunados al principio de razonabilidad,
permite afirmar una vez más que el proceso laboral instaurado en la NLPT ha sido concebido
bajo el influjo constitucionalismo imperante en el contexto jurídico actual.
Desde nuestro punto de vista, el establecimiento de los principios de tutela jurisdiccional efectiva
y debido proceso resulta redundante. Entendemos la tutela jurisdiccional efectiva como el
derecho-principio de contenido complejo por el cual se garantiza a «toda persona a que se le
"haga justicia"; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano
jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas»", y que «despliega sus efectos en
tres momentos distintos: primero, en el acceso a la justicia; segundo: una vez en ella, que sea
posible la defensa y obtener solución en un plazo razonable [sic];y tercero, una vez dictada
sentencia, plena efectividad de sus pronunciamientos".
Bajo tal concepción, al hacerse referencia a las «garantías mínimas» se alude, ciertamente, al
debido proceso, principio aplicable a la actividad jurisdiccional llevada a cabo en el proceso, pero
que además se aplica a cualquier otro tipo de procedimiento administrativo e incluso privado.
Ahora bien: el artículo III del Título Preliminar hace mención también al principio de
razonabilidad, con base en el cual los institutos procesales deben ser analizados y aplicados
bajo una metodología de la ponderación en contraposición a la exégesis dogmática antes
aplicada con una visión meramente legalista y formalista.
Esta ponderación permite que el proceso, además de resolver controversias particulares, se
convierta en «un instrumento ético de democratización de las decisiones del Estado, asumiendo
a su vez, la posición de ser un vehículo de realización de los valores básicos consagrados en el
sistema constitucional«.
De ello se deriva que las reglas contenidas en la NLPT no deben aplicarse de forma automática
sin ningún razonamiento valorativo, sino que las instituciones procesales han de ser
interpretadas y aplicadas permanentemente buscando el equilibrio entre dos elementos propios
de la tutela jurisdiccional efectiva; a saber: i) las normas-principios de seguridad, que «se
refiere[n], especialmente, a los derechos fundamentales de defensas", tanto del demandante
como del demandado, y, ii) la norma-principio e efectividad, por la cual, se «impone ir más allá
de los modelos superados de tutela jurisdiccional para ciertas situaciones especiales, lesivas del
derecho material, en pro de una más eficaz y rápida realización de éste».
Por otro lado, como complemento de los principios procesales de tutela jurisdiccional efectiva,
debido proceso y razonabilidad, el artículo III determina también principios del procedimiento, por
los cuales se establece la forma cómo los jueces laborales deben propugnar un proceso
expeditivo y efectivo.
Ello se desprende en el extremo de la norma que afirma que los jueces laborales deben
privilegiar el fondo sobre la forma e interpretar los requisitos y presupuestos procesales
en sentido favorable a la continuidad del proceso, enunciados que comprende el principio
denominado favorum processum, expresión, también, del principio de vinculación y
elasticidad, por el cual se entiende que las normas procesales, siendo imperativas, no son
de orden público, razón por la que el juez laboral está facultado (y obligado por tal
principio) a adecuar la exigencia de las formalidades impuestas en las normas procesales
a los fines del proceso, esto es, la efectiva resolución de la materia controvertidas.
(…)
(Subrayado y resaltado es nuestro)
4. Es también importante señalar que para poder analizar las cuestiones controvertidas en los
procesos laborales se debe tener presente la forma de valoración de los medios de prueba
los mismos que han sido desarrollados en el Artículo 23 de NLPT, que textualmente dispone
lo siguiente:
Artículo 23.- Carga de la prueba
23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de
la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.
23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a
plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.
7 23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador,
tiene la carga de la prueba de:
a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al
constitucional o legal.
b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.
c) La existencia del daño alegado.
23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como
empleador la carga de la prueba de:
a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, su extinción o inexigibilidad.
b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.
c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido.
23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que
permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el
demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y
razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia
de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.
La forma de valoración de los medios probatorios es teniendo presente que los hechos se
dan en el centro laboral donde el empleador tiene el dominio, por lo que el trabajador trata de
arrancar en este medio hostil medios de prueba, por lo que cobra especial relevancia la
prueba iniciaría y cuando denuncia un hecho lesivo alegado salvo que el empleador
demuestre lo contrario.
5. Para mejor compresión el articulo antes trascrito también es comentado en la Obra
“Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo” 1ra. Edición. ARA Editores. 2011. en la
Obra Colectiva de Giovanni F. Priori Posada, Santiago Carrillo Tejada, Carlos Clave Mavila,
Roberto Pérez-Prieto de las Casas y Martín Sotero Garzón, que señalan en la Paginas 161
al 163, lo siguiente:
La carga de la prueba es una conducta que impone la ley a quienes cree que están en la mejor
condición para poder esclarecer una situación específica dentro de un proceso, que en caso de
no ser cumplida podría generarle efectos perjudiciales. Es decir; la norma de manera general le
impone a una de las partes que pruebe algo que está en mejores condiciones de probar; si no lo
hace deberá asumir los efectos negativos de tal conducta.
La regla general de todo proceso es que quien alega un hecho tiene la carga de probarlo.
Asimismo, quien contradice ese mismo hecho, alegando otros, deberá probarlos también.
Sin embargo, no siempre quien alega un hecho o quien contradice algún otro hecho estará en las
mejores condiciones de probarlo, y los procesos en materia laboral son un ejemplo de aquella
situación, ya que muchas veces el empleador se encuentra en posesión de muchos de los
documentos del trabajador.
Como ya sabemos, en este proceso la Ley debe restablecer la igualdad en el proceso y poner a
ambas partes en las mismas condiciones con el único fin de esclarecer los hechos y, de esa
manera, impartir justicia de una mejor manera. Por eso, el artículo 23 establece algunas normas
que producen una excepción a la regla expuesta en el párrafo anterior.
En ese sentido, a diferencia de la antigua Ley Procesal del Trabajo (26636),el artículo 23
empieza estableciendo una primera presunción, que genera como efecto la inversión de la carga
de la prueba: acreditada la prestación personal de servicios, se presume el vínculo laboral a
plazo indeterminado.
Como se puede apreciar, el legislador otorga al trabajador la ventaja de simplemente acreditar
que existió una prestación personal de servicios con cierta entidad. Esta presunción se realiza
porque que en muchas ocasiones, el trabajador sólo está en la posibilidad de probar la
prestación personal de servicios, ya que es el empleador quien tiene la prueba de que existió un
vínculo laboral y que éste fue a plazo indeterminado.
8 Por tal razón, si el empleador no prueba que no existió un vínculo laboral y que éste no fue a
plazo determinado, se tendrá por cierto el hecho de que la prestación de servicios fue a plazo
indeterminado.
Sin embargo, el legislador sí le impone al trabajador la carga la prueba en los siguientes
aspectos cuando corresponda, dependiendo de la naturaleza de la pretensión:
- La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto del
constitucional o legal (los convenios colectivos, el contrato de trabajo o el Reglamento Interno de
Trabajo).
- El motivo de nulidad alegado y el acto de hostilidad padecido.
- La existencia del daño alegado.
Por otro lado, la Ley también impone cargas puntuales al empleador, quien tendrá que probar lo
siguiente:
- El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, su extinción o inexigibilidad.
- La existencia de un motivo razonable distinto del hecho lesivo alegado.
- El estado del vínculo laboral y la causa del despido.
- Como se puede apreciar, las antes descritas son cargas que impone el legislador y
son netamente objetivas; es decir, si se llega a probar lo requerido, se tendrá por cumplido lo
establecido.
Sin embargo, el legislador también ha previsto una presunción judicial que deberá evaluarse en
el caso concreto y no de manera abstracta, como ocurre en el caso anterior.
En efecto, el artículo 23, en su numeral 5, prevé una de las formas de presunción judicial que
pasaremos a e |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: JAIME LA ROSA CHIPANA
Fecha: 16/08/2012 11:56:51
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 01903-2011-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMP. DE
CONTRATO
Visado: ROSSANA TURPO
HUARICACHA - SECRETARIA SM ESPECIALISTA : ROSSANA TURPO HUARICACHA - SECRETARIA SM
Fecha: 16/08/2012 11:57:49
Razón: RES. JUDICIAL DEMANDADO : JJCSCHRADER CAMARGO SAINGENIERO ASOCIADOS SA
D.Judicial: TACNA/TACNA
: MINSUR SA
DEMANDANTE : CONTRERAS ESCOBAR, TOMAS
Resolución N° 19
Tacna, quince de agosto
Del año dos mil doce.
Al Escrito N° 13441-2012. Al Principal. AUTOS, VISTOS Y
CONSIDERANDO.-Primero: Que la parte demandante Tomás Contreras Escobar,
interpone recurso de apelación en contra de la sentencia emitida mediante resolución
número quince de fecha seis de agosto del año en curso, la misma que declaro fundada en
parte la demanda. Segundo: El artículo 367° del Código Procesal Civil de aplicación
supletoria al caso de autos, de conformidad con la primera disposición complementaria de
la ley N° 29497, señala que la apelación se interpone dentro del plazo legal ante el Juez que
expidió la resolución impugnada, acompañando el recibo de la tasa judicial respectiva
cuando ésta fuera exigible. La apelación o adhesión que no acompañen el recibo de la tasa,
se interpongan fuera del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán
de plano declaradas inadmisibles o improcedentes, según sea el caso. Tercero: De la
revisión del escrito que antecede se advierte que la parte apelante no ha cumplido con uno
de los requisitos descritos en el considerando precedente, es decir, no ha adjuntado el
arancel judicial por concepto de apelación de sentencias, ello de conformidad con lo
establecido en la Resolución Administrativa N° 009-2012-CE-PJ; por lo que corresponde
subsanar en ese sentido. Por las consideraciones expuestas y normatividad descrita; SE
RESUELVE: Declarar INADMISIBLE el recurso de apelación de sentencia presentado
por la parte demandante concediéndosele el plazo de cinco días para que cumpla con
subsanar la omisión advertida, bajo apercibimiento de rechazarse y tenerse por no
presentado su escrito. Hágase Saber. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: LUIS MIGUEL SAN ROMAN AQUIZE
Fecha: 06/08/2012 15:54:34
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
EXPEDIENTE: 01903-2011-0-2301-JR-LA-01
DEMANDANTE: TOMAS CONTRERAS ESCOBAR.
DEMANDADA: JJC SCHRADER CAMARGO S.A.C Y MINSUR S.A.
PRETENSION: PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO.
Visado: TURPO HUARICACHA,
ROSSANA
Fecha: 06/08/2012 15:55:49 NATURALEZA: ORDINARIO
Razón: RES. JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA JUEZ: SAN ROMAN AQUIZE, LUIS MIGUEL.
ESP. LEGAL : SANDRA MIRANDA PEREZ.
Resolución Nro. 15.
SENTENCIA
Tacna, seis de agosto del dos mil doce.-
I. PARTE EXPOSITIVA
Demanda: Con fecha 29 de Noviembre del 2011, TOMAS CONTRERAS ESCOBAR interpone
demanda en forma solidaria en contra de las Empresas JJC-SCHRADER CAMARGO S.A.C Y
LA EMPRESA MINERA MINSUR S.A, sobre COBRO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y
PERJUICIOS, POR ACCIDENTE DE TRABAJO, POR UN MONTO DE $. 300, 000.00
(TRESCIENTOS MIL CON 00/100 DE DOLARES AMERICANOS)
Solicita en su demanda que se declare fundada las siguientes pretensiones:
A) El pago de indemnización por daños y perjuicios de naturaleza de responsabilidad
contractual, derivados de accidente de trabajo e incumplimiento obligaciones legales:
i) Falta de iluminación,
ii) Falta de personal y certificado andamiero,
iii) Falta de ambulancia,
iv) Falta de monitoreo de gases y vapores
Con la finalidad de que se le indemnice por la suma $ 150.000 (Ciento Cincuenta mil con
00/100 de Dólares Americanos), acumulativamente demanda
B) El pago de indemnización por daño:
i) Físico,
ii) Moral-psicológico,
iii) A la persona,
iv) Daño emergente,
v) Lucro cesante y
vi) Proyecto de vida, por la suma $ 150.000 (Ciento Cincuenta mil con 00/100 de Dólares
Americanos).
Para luego señalar que se determina AQUATUM, de la siguiente manera:
i) Indemnización por daños y perjuicios consistente en “Cerviquialgia, lumbalgia,
impotencia funcional de rodilla derecha, disminución de la visión del ojo izquierdo, lesión
ocular y grave secuela en diferentes órganos del demandante se debe pagar la suma $
150, 000.00 (Ciento cincuenta mil con 00/100 dólares americanos).
ii) Indemnización por daño moral-psicológico, a la persona humana, daño emergente, lucro
cesante, proyecto de vida y familia la suma $ 150, 000.00 (Ciento cincuenta mil con
00/100 dólares americanos).
1 B) Bajo los siguientes argumentos facticos:
i) El demandante ingreso a trabajar en relación de subordinación y dependencia bajo el
régimen laboral de construcción civil, como operario pintor en la obra denominada
“Proyecto Pucamarca” (Obras Electromecánicas) de propiedad de la Empresa MINSUR
S.A, ubicado en rió Azufre, “Tanque Uno”, obra que viene hacer ejecutada por la
contratista co-demandada JJC-SHADER CAMARGO S.A.C, habiendo sido registrado en
el libro de planillas de esta última con fecha 01.06.2011, pese de haber ingresado con
fecha efectiva el 10.05.2011.
ii) El 19.06.2011, siendo las 19 horas aproximadamente (jornada extra) se produjo un
accidente de Trabajo, cuando el demandante y otro trabajador se encontraban en el
andamio a una altura de 11 metros realizando el pintado del tanque interior, se vino
abajo el andamio, habiendo quedado inconsciente, para luego ser trasladado a las
oficinas de MINSUR S.A, para ser atendido de urgencia y derivados al Hospital de
ESSALUD de emergencia, siendo internado por tres días (10,11 y 12), para luego estar
hospitalizado por 11 días y posteriormente, con descanso medico ambulatorio, terapias
físicas por 89 días consecutivos, para luego con fecha 05 de Setiembre del 2011, para
reincorporarme a laborar aun en estado convaleciente, habiendo quedado con graves
secuelas en diferentes partes del cuerpo, disminución total del ojo izquierdo y grave
lesión ocular.
iii) Para luego fundamentar el incumplimiento de las obligaciones contractuales el
diagnostico medico y la dimensión de los daños causados.
Contestación de la demanda: La parte demandada MINSUR S.A, contesta la demanda con los
siguientes argumentos:
A) Solicitando la improcedencia de la demanda por no cumplir con los requisitos que señala
el inciso a) del Artículo 16° de la Ley N° 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo (En adelante
NLPT), el demandante no ha señalado en indicar el monto de la demanda en cada uno de
los extremos demandados.
B) Deduce las siguientes Excepciones:
i) Excepción de oscuridad y ambigüedad en la forma de proponer la demanda, con
los siguientes argumentos:
a) Que, el petitorio no es claro ya que el Artículo 1321 del Código Civil de aplicación
supletoria a este proceso señala que el concepto de indemnización daños y
perjuicios comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, pues ella no
solo busca indemnizar no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido (daño
emergente), sino también la ganancia que haya dejado de obtener quien reclama su
pago. (lucro cesante).
b) Es evidente que la demanda contiene un petitorio impreciso resultando imposible
determinar los conceptos y montos incluidos en la pretensión del demandante, no
determinando los mecanismos como determino el concepto demandado.
c) El mismo que perjudica su ejercicio y derecho a la defensa.
ii) Excepción de falta legitimidad para obrar pasiva, con los siguientes argumentos:
a) El demandante afirma que hay responsabilidad solidaria de parte de MINSUR S.A,
para el pago de la indemnización reclamada por ser propietarios de la obra que
desarrollada por la empresa JJC-SCHRADER CAMARGO S.A.C. (en adelante JJC),
por ser propietario de la obra que desarrollaba su empleador.
b) Al respecto señala que con fecha 31.03.2011 MINSUR S.A celebro con JJC un
“Contrato de construcción a precios unitarios bajo la modalidad llave en mano”,
2 mediante el cual MINSUR contrato a JJC para la instalación y puesta en marcha de
un sistema de suministro de agua que costaba de tuberías, tanques de acero,
bombas centrífugas y sala eléctrica de control y fuerza, en la zona correspondiente
al proyecto minero Pucamarca de titularidad de nuestra empresa.
c) Que, estando a lo que dispone la Ley de Tercerización al haber sido dicha obra sin
desplazamiento no es aplicable la solidaridad.
d) Del mismo argumenta tampoco le alcanza la solidaridad por la Ley N° 29783 Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo”, por que esta entro en vigencia el 20.08.2011,
después de ocurrido los hechos.
e) El Decreto Supremo N° 009-2005-TR, norma sobre Seguridad y Salud en el Trabajo
que estuvo vigente cuando ocurrieron los hechos en ninguna de ellas regula la
solidaridad.
f) El Artículo 70° de la norma antes citada indica que los responsables son los
empleadores respetivos es decir JCC.
g) Que, el contrato sucrito por su representada MINSUR S.A y JJC se rigen por el
Código Civil, y no existe norma que exista una responsabilidad solidaria, respecto de
las obligaciones incumplidas por una de las partes.
h) Del mismo modo señala que el Artículo 1183° del Código Civil , aplicables supletoria
a las relaciones laborales, la responsabilidad solidaria no se presume, pues solo la
ley o el titulo de la obligación, al no existir ley ni acuerdo que obligue a nuestra
empresa el pago solidario de una indemnización derivado del desarrollo de la
relación laboral mantenida entre el demandante y JJC, no podemos ser
responsables de las obligaciones reclamadas por el actor.
C) Contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos y
pretensiones, de acuerdo a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que
expone:
i) En referencia al accidente y conforme le tiene informado la co-demandada JCC, el
accidente ocurre por culpa del demandante con el irresponsable propósito de apresurar
la ejecución del trabajo sin adoptar los procedimientos de un trabajo seguro los operarios
que incluye el demandante, tomaron unilateralmente y de manera inconsulta la decisión
de emplear un andamio para las labores de pintura, sin recabar previamente la
autorización de su respectivo supervisor y sin seguir el procedimiento de seguridad.
ii) La ocurrencia del accidente no es por culpa del incumplimiento de alguna obligación y
que además su representa MINSUR S.A, no tiene injerencia sobre el trabajo que realiza
JJC, respecto de sus trabajadores.
iii) Además el reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el Decreto
Supremo N° 009-2005-TR vigente cuando ocurrió el hecho el Artículo 61°, establece la
obligación de vigilar el cumplimiento de las normas seguridad por parte de la contratista
JCC. En dicho contexto su representada antes de dar inicio a las obras contratadas
requerimos a la contratista JJC, cumpla con presentar su plan de seguridad y salud
ocupacional, el mismo que fue analizado y aprobado por nuestra empresa antes de la
ejecución del proyecto.
iv) Del mismo a nuestro requerimiento solicitamos la entrega de procedimientos de trabajo
seguro, que incluían aquellos correspondientes a “Estructuras provisionales para el
trabajo en altura” y “espacios confinados”, los cuales regula las actividades que realizaba
el demandante en el momento en que ocurrió el accidente.
v) De manera adicional exigimos a JJC, la presentación de los exámenes médicos pre y
post ocupacionales de sus trabajadores con la finalidad de exigir que solo ejecutaran
3 trabajo en altura alude personas que se encuentren aptas para laborar en altura y que
no implique un menos cabo en su salud.
vi) Del mismo modo nuestra empresa solo permite la prestación de servicios por parte del
personal de JJC, luego de haber constatado que esta empresa contratista JJC, cumpla
con el pago del seguro complementario de trabajo de alto riesgo (SCTR), como ocurrió
en el caso del demandante.
vii) Luego del accidente cumplimos de investigar las causas del mismo.
viii) Con lo queda acreditado que nuestra empresa cumplió con el deber de vigilancia en
materia de seguridad y salud en el trabajo, pues no existe dolo ni culpa inexcusable por
parte de nuestra empereza, no hubo intención de causar daño al demandante ni se
actuó con negligencia grave debido que a que no tuvimos participación en los hechos
siendo que los hechos que ocurrió el accidente se encontraba bajo la supervisión y
administración de JJC, de manera que se cumplió con todas las obligaciones que
corresponde a MINSUR S.A.
D) REPECTO A LOS DAÑOS QUE HABRIA SUFRIDO EL ACTOR A CONSECUENCIA DEL
ACCIDENTE DE TRABAJO.
i) El demandante afirma que el accidente le origino el 90% de sus facultades sin
especificar que facultades.
ii) El informe medico N°66 emitido el 08.07.2011 un mes después del accidente señala
como diagnostico un politraumatismo por caída y herida cortante en la rodilla derecha,
sin que se haga referencia a las lesiones oculares que el demandante afirma haber
sufrido como consecuencia del accidente.
iii) Mediante la Carta N°064 MFR-DM-GRTA-ESSALUD-2011 del 09 de Setiembre del
2011, se informa que el demandante fue dado de alto por el doctor Edwin del Pozo el 05
de Setiembre del mismo año. El alto implico que se encuentra nuevamente apto para
laborar y fue así que se le incorporo en su puesto de trabajo como esta acreditado el
pago de los meses de setiembre y octubre del 2011.
iv) Desconocen como concluye la relación laboral.
v) De los medios probatorios aportados por el demandante no acreditan de manera
fehaciente los daños causados ni el lucro cesante y daño emergente.
vi) Del daño moral, daño a la persona y proyecto de familia de igual modo no se encuentran
acreditados.
vii) En consecuencia no habiendo certeza del daño, factor atributivo de responsabilidad, y el
nexo causal por que no esta acreditado el nexo de causalidad entre MINSUR y el
accidente sufrido.
viii) Sin perjuicio de ello considerar que se habría producido su ruptura debido a que el daño
sufrido por el actor se debió principalmente a un hecho propio. Por lo que en referencia
a su representada se debe declarar infundada la demanda.
Actos Procesales: Se admitió la demanda, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación con la
asistencia de la parte de MINSUR S.A y la inasistencia de la Empresa JJC-SHARADER
CAMARGO S.A, la misma que declaro en rebeldía de manera automática; se realizó la Audiencia
de Juzgamiento con la co-demandada JJC-SCHARADER CAMARGO S.A.C y , siendo el estado
del proceso el de expedirse sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
Naturaleza del Derecho del Trabajo y del Derecho Procesal del Trabajo.
4 1. Antes de analizar la controversia es necesario hacer unas precisiones sobre la Naturaleza
del Derecho del Trabajo, para lo cual citamos al Juslaboralista Neves Mujica, Javier,
“Introducción al Derecho del Trabajo”, 1ra. Edición. Lima. Fondo Editorial PUCP, 2009. Pag.
9 a la 14. , que textualmente expone lo siguiente:
(…)
El Derecho del Trabajo es un desprendimiento del Derecho Civil, relativamente reciente -en perspectiva
histórica-, ya que su antigüedad no se remonta ni siquiera a doscientos años atrás. Para comprender las
razones de esa escisión, debemos reparar en un dato jurídico de inmensas repercusiones sociales, que es
el de los principios que inspiran el ordenamiento civil.
En el marco de las colosales transformaciones que supusieron la Revolución Industrial, en el plano de la
ideología económica, así como de las formas de organización de la producción y del trabajo, y la
Revolución Francesa, en el ámbito de las ideologías políticas y jurídicas, el Derecho Civil moderno se
construye sobre pilares que pueden producir desastres sobre algunas relaciones sociales. Se proclama que
todas las personas son formalmente iguales y libres, por lo que pueden concurrir al mercado a comprar o
vender cualquier bien. Como este mercado está regido por una ley natural de la oferta y la demanda, las
condiciones de dicha adquisición son fijadas por ésta. Las partes pueden en esta operación, acordar sin
restricciones lo que convenga a sus intereses, en virtud de la autonomía privada individual. El Estado debe
garantizar que los sujetos puedan celebrar el contrato y luego lo cumplan según lo pactado, pero no debe
intervenir en la determinación de los derechos y obligaciones establecidos en aquél. Si hubiera alguna ley
que señalara el contenido de las relaciones jurídicas, ésta tendría carácter dispositivo, por lo que cualquier
regulación diferente del contrato prevalecería sobre aquélla.
La aplicación de este esquema en el campo de las relaciones laborales, más aún con la rigidez propia del
liberalismo entonces en auge, mostró que los valores consagrados por el Derecho Civil no se verificaban en
la realidad: el trabajador sólo dispone de su energía, que debe ofrecer a quien la vaya a utilizar, que será un
empresario, a cambio de una retribución; pero como la necesidad de obtener un empleo, es mucho mayor
que las probabilidades de encontrarlo, la voluntad única del empleador establece los derechos y
obligaciones entre las partes. Esto condujo a un régimen de extrema explotación de la mano de obra, sin
precedentes en la historia: jornadas extenuantes, salarios miserables, pagados muchas veces en vales,
pésimas condiciones de seguridad e higiene, etc. Hay multitud de testimonios de este cruel período, en la
historia, la filosofía, la economía, la literatura, etc.
No tardó en surgir una reacción de los mismos afectados por este sistema, alentada por el pensamiento
anarquista y socialista (en el Perú no puede omitirse, además, al aprista). El instrumento por excelencia en
esa lucha estuvo en la organización sindical. Pese a que los ordenamientos penales consideraban un delito
la existencia y funcionamiento de los sindicatos, éstos se formaron y consolidaron hasta llegar a constituir
una verdadera amenaza contra el régimen económico y político. Los trabajadores tenían conciencia de que
sólo por esa vía podrían presionar al Estado para la fijación de reglas básicas para las relaciones laborales,
así como a sus propios empleadores, en dirección de lograr un régimen de trabajo menos abusivo.
En este contexto, el Estado se vio forzado a abandonar su posición de abstención en la determinación del
contenido de los derechos y obligaciones de los sujetos laborales individuales, que iba acompañada de una
intervención represiva sobre las acciones sindicales. Allí, el contrato que vinculaba al trabajador con el
empleador, entonces llamado arrendamiento de servicios, fue extraído del Derecho Civil, para poder
apartarlo de los valores antes mencionados y sujetarlo a otros distintos y hasta contrarios. Este es el origen
del contrato de trabajo y del área que se ocupa de todas las relaciones derivadas de él: el Derecho del
Trabajo.
Los supuestos del nuevo ordenamiento laboral son muy distintos a los del civil. Se entiende que los
sujetos de la relación laboral son materialmente desiguales, porque uno tiene poder económico y el
otro no, y, por tanto –también en la esfera sustancial-, al último de éstos le falta libertad. La
autonomía privada individual puede, por consiguiente, constituir el vínculo entre las partes, pero la
regulación está limitada desde afuera por la ley. Esta se ocupa, pues, no sólo del acceso y la
ejecución del contrato, sino además de su contenido, y lo hace de modo relativamente imperativo:
fijando beneficios mínimos en favor del trabajador, que por autonomía privada pueden
incrementarse pero no reducirse.
Constatado el desequilibrio real entre los sujetos laborales individuales, el propósito del Derecho del
Trabajo es el de compensarlo con otro desequilibrio en el nivel jurídico, de signo opuesto al
anterior: la protección del contratante débil. Este es el sentido de la intervención tuitiva del Estado en
esta área. Pero el único vehículo de nivelación no es el que proviene del Estado: la ley; sino que hay otro
surgido de la relación directa entre las organizaciones sindicales y el empleador: el convenio colectivo. La
autonomía privada se ensancha desde entonces para abarcar, además de la individual, la colectiva. De allí
5 nacen múltiples y complejas relaciones entre la ley y el convenio colectivo en la regulación de las relaciones
laborales, que varían mucho en los modelos democráticos y los autoritarios.
La creación del Derecho del Trabajo supuso, en definitiva, que la regulación de las relaciones laborales que
había estado tradicionalmente a cargo de fuentes de configuración -en los hechos- unilateral: el contrato de
arrendamiento de servicios, el reglamento interno de trabajo y la costumbre, que expresaban la disparidad,
se trasladara a las nuevas fuentes: la ley laboral y el convenio colectivo, que buscan la paridad.
Como la relación laboral es, de un lado, conflictiva, porque los intereses de los trabajadores -como
individuos y como categoría- son diferentes y a veces opuestos a los de los empresarios -como individuos y
como categoría-, siendo ambos legítimos, se requiere regulación, para que el conflicto discurra entre los
márgenes del sistema; pero como, de otro lado, es estructuralmente desigual, porque los trabajadores
no tienen poder económico y los empresarios sí, se requiere que esa regulación sea equilibrada,
para balancear con la ventaja jurídica la desventaja material y, de ese modo, contribuir a la
materialización de la justicia y la paz.
El ordenamiento laboral en su conjunto cumple así la función de regular la utilización del trabajo ajeno por
un empresario y la obtención de ganancias de él, permitiéndola pero controlándola, y de encauzar los
conflictos individuales y sociales que se originan en esa relación. Esta función se adapta a las diversas
circunstancias en las que debe ejercerse, como pueden ser los distintos niveles de desarrollo económico o
las diferentes situaciones de expansión o de crisis económicas, pero en su esencia se mantiene inalterada.
(…)
(Subrayado y resaltado es nuestro)
De lo expuesto se tiene con claridad, que la razón de la existencia del derecho laboral es de
carácter protector al contratante débil (trabajador), dicho principio protector es fuente para
desarrollar los demás principios propios del derecho del trabajo y distintos del derecho civil.
2. La naturaleza del Derecho del Trabajo se traslada al Derecho procesal del Trabajo, para
hacer efectiva dicha protección es necesario que se traslade a las normas procesales, que
es la razón de la existencia de normas procesales propias del derecho del trabajo, por eso
ha existido un proceso laboral distinto a los otros procesos como Civil, Familia, como hoy
regulado por la Ley N° 29497° “Nueva Ley Procesal del Trabajo”, que tenga por finalidad de
mantener dicha protección, razonar de manera distinta no habría razón de la existencia de
una justicia especializada con una norma propia laboral. Como señala Américo Plá
Rodríguez:
“… el carácter protector de la ley sustantiva de trabajo, mientras tanto, se proyecta sobre el
procedimiento e inspira el criterio hermenéutico adoptado por el juez, no sólo al formularse la
sentencia sino también al conducir el proceso. Aquí como fue escrito anteriormente, el Derecho
Procesal del Trabajo se moldea según el contexto del Derecho del Trabajo, por cuanto al
contrario, de lo que ocurre, según la ley explícita de los líquidos, en el mundo jurídico el
continente se ajusta a la forma del contenido”1
En consecuencia se debe tomar en cuenta principalmente los principios propios que inspiran
sobre todo la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Por lo que no tiene que ser necesariamente
analizada desde la perspectiva del derecho civil.
3. Que, siendo esto así tenemos lo que señala el Artículo III2 del Titulo Preliminar de la Ley
N° 29497 (en adelante NLPT) y que es analizada en el Libro de “Comentarios a la Nueva
1 Americo Pla Rodríguez, 3ra. Ed. Los Principios del Derecho del Trabajo. Ediciones Desalma. Buenos Aires. 1989. Pag. 61.
2 Artícs como Civil, Familiaulo III.- Fundamentos del proceso laboral
En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para
cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos
procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de
razonabilidad. En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante, el menor de edad y la persona con discapacidad.
Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Impiden y sancionan la inconducta contraria a
los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus abogados y terceros.
6 Ley Procesal del Trabajo” en la Obra Colectiva de Giovanni F. Priori Posada, Santiago
Carrillo Tejada, Carlos Clave Mavila, Roberto Pérez-Prieto de las Casas y Martín Sotero
Garzón, que señalan en la Paginas 45-47 lo siguiente:
(…)
En el artículo III del Título Preliminar debemos advertir, en primer lugar, la consagración del
principio de tutela jurisdiccional efectiva y debido proceso, principios-derechos de la potestad
jurisdiccional reconocidos en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, que sí
suponen principios procesales entendidos como conceptos que definen la esencia de lo que es
un proceso y deben ser aplicados como mandatos de optimización en la ponderación de
derechos fundamentales y situaciones jurídicas por el juez laboral.
Como veremos, la consagración de estos principios, aunados al principio de razonabilidad,
permite afirmar una vez más que el proceso laboral instaurado en la NLPT ha sido concebido
bajo el influjo constitucionalismo imperante en el contexto jurídico actual.
Desde nuestro punto de vista, el establecimiento de los principios de tutela jurisdiccional efectiva
y debido proceso resulta redundante. Entendemos la tutela jurisdiccional efectiva como el
derecho-principio de contenido complejo por el cual se garantiza a «toda persona a que se le
"haga justicia"; a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano
jurisdiccional, a través de un proceso con garantías mínimas»", y que «despliega sus efectos en
tres momentos distintos: primero, en el acceso a la justicia; segundo: una vez en ella, que sea
posible la defensa y obtener solución en un plazo razonable [sic];y tercero, una vez dictada
sentencia, plena efectividad de sus pronunciamientos".
Bajo tal concepción, al hacerse referencia a las «garantías mínimas» se alude, ciertamente, al
debido proceso, principio aplicable a la actividad jurisdiccional llevada a cabo en el proceso, pero
que además se aplica a cualquier otro tipo de procedimiento administrativo e incluso privado.
Ahora bien: el artículo III del Título Preliminar hace mención también al principio de
razonabilidad, con base en el cual los institutos procesales deben ser analizados y aplicados
bajo una metodología de la ponderación en contraposición a la exégesis dogmática antes
aplicada con una visión meramente legalista y formalista.
Esta ponderación permite que el proceso, además de resolver controversias particulares, se
convierta en «un instrumento ético de democratización de las decisiones del Estado, asumiendo
a su vez, la posición de ser un vehículo de realización de los valores básicos consagrados en el
sistema constitucional«.
De ello se deriva que las reglas contenidas en la NLPT no deben aplicarse de forma automática
sin ningún razonamiento valorativo, sino que las instituciones procesales han de ser
interpretadas y aplicadas permanentemente buscando el equilibrio entre dos elementos propios
de la tutela jurisdiccional efectiva; a saber: i) las normas-principios de seguridad, que «se
refiere[n], especialmente, a los derechos fundamentales de defensas", tanto del demandante
como del demandado, y, ii) la norma-principio e efectividad, por la cual, se «impone ir más allá
de los modelos superados de tutela jurisdiccional para ciertas situaciones especiales, lesivas del
derecho material, en pro de una más eficaz y rápida realización de éste».
Por otro lado, como complemento de los principios procesales de tutela jurisdiccional efectiva,
debido proceso y razonabilidad, el artículo III determina también principios del procedimiento, por
los cuales se establece la forma cómo los jueces laborales deben propugnar un proceso
expeditivo y efectivo.
Ello se desprende en el extremo de la norma que afirma que los jueces laborales deben
privilegiar el fondo sobre la forma e interpretar los requisitos y presupuestos procesales
en sentido favorable a la continuidad del proceso, enunciados que comprende el principio
denominado favorum processum, expresión, también, del principio de vinculación y
elasticidad, por el cual se entiende que las normas procesales, siendo imperativas, no son
de orden público, razón por la que el juez laboral está facultado (y obligado por tal
principio) a adecuar la exigencia de las formalidades impuestas en las normas procesales
a los fines del proceso, esto es, la efectiva resolución de la materia controvertidas.
(…)
El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones
reclamadas no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP).
7 (Subrayado y resaltado es nuestro)
4. Es también importante señalar que para poder analizar las cuestiones controvertidas en los
procesos laborales se debe tener presente la forma de valoración de los medios de prueba
los mismos que han sido desarrollados en el Artículo 23 de NLPT, que textualmente dispone
lo siguiente:
Artículo 23.- Carga de la prueba
23.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de distribución de
la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.
23.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a
plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.
23.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador,
tiene la carga de la prueba de:
a) La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al
constitucional o legal.
b) El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.
c) La existencia del daño alegado.
23.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como
empleador la carga de la prueba de:
a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, su extinción o inexigibilidad.
b) La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.
c) El estado del vínculo laboral y la causa del despido.
23.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que
permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo que el
demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y
razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia
de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.
La forma de valoración de los medios probatorios es teniendo presente que los hechos se
dan en el centro laboral donde el empleador tiene el dominio, por lo que el trabajador trata de
arrancas en este medio hostil medios de prueba, por lo que cobra especial relevancia la
prueba iniciaría y cuando denuncia un hecho lesivo alegado salvo que el empleador
demuestre lo contrario.
5. Para mejor compresión el articulo antes trascrito también es comentado en la Obra
“Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo” 1ra. Edición. ARA Editores. 2011. en la
Obra Colectiva de Giovanni F. Priori Posada, Santiago Carrillo Tejada, Carlos Clave Mavila,
Roberto Pérez-Prieto de las Casas y Martín Sotero Garzón, que señalan en la Paginas 161
al 163, lo siguiente:
La carga de la prueba es una conducta que impone la ley a quienes cree que están en la mejor
condición para poder esclarecer una situación específica dentro de un proceso, que en caso de
no ser cumplida podría generarle efectos perjudiciales. Es decir; la norma de manera general le
impone a una de las partes que pruebe algo que está en mejores condiciones de probar; si no lo
hace deberá asumir los efectos negativos de tal conducta.
La regla general de todo proceso es que quien alega un hecho tiene la carga de probarlo.
Asimismo, quien contradice ese mismo hecho, alegando otros, deberá probarlos también.
Sin embargo, no siempre quien alega un hecho o quien contradice algún otro hecho estará en las
mejores condiciones de probarlo, y los procesos en materia laboral son un ejemplo de aquella
situación, ya que muchas veces el empleador se encuentra en posesión de muchos de los
documentos del trabajador.
8 Como ya sabemos, en este proceso la Ley debe restablecer la igualdad en el proceso y poner a
ambas partes en las mismas condiciones con el único fin de esclarecer los hechos y, de esa
manera, impartir justicia de una mejor manera. Por eso, el artículo 23 establece algunas normas
que producen una excepción a la regla expuesta en el párrafo anterior.
En ese sentido, a diferencia de la antigua Ley Procesal del Trabajo (26636),el artículo 23
empieza estableciendo una primera presunción, que genera como efecto la inversión de la carga
de la prueba: acreditada la prestación personal de servicios, se presume el vínculo laboral a
plazo indeterminado.
Como se puede apreciar, el legislador otorga al trabajador la ventaja de simplemente acreditar
que existió una prestación personal de servicios con cierta entidad. Esta presunción se realiza
porque que en muchas ocasiones, el trabajador sólo está en la posibilidad de probar la
prestación personal de servicios, ya que es el empleador quien tiene la prueba de que existió un
vínculo laboral y que éste fue a plazo indeterminado.
Por tal razón, si el empleador no prueba que no existió un vínculo laboral y que éste no fue a
plazo determinado, se tendrá por cierto el hecho de que la prestación de servicios fue a plazo
indeterminado.
Sin embargo, el legislador sí le impone al trabajador la carga la prueba en los siguientes
aspectos cuando corresponda, dependiendo de la naturaleza de la pretensión:
- La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto del
constitucional o legal (los convenios colectivos, el contrato de trabajo o el Reglamento Interno de
Trabajo).
- El motivo de nulidad alegado y el acto de hostilidad padecido.
- La existencia del daño alegado.
Por otro lado, la Ley también impone cargas puntuales al empleador, quien tendrá que probar lo
siguiente:
- El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, su extinción o inexigibil |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : LIMO SANCHEZ JULIO FRANCISCO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
ELECTROPERU S A ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. SESENTA Y DOS
Miraflores, veintidós de abril
De dos mil diecinueve.-
Dando cuenta, el escrito número 7210-2019,
presentado por el ejecutante, y estando a lo solicitado; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, la parte recurrente solicita que esta judicatura emita
pronunciamiento sobre los siguientes conceptos a saber, puesto que se ha
omitido pronunciamiento sobre los mismos, los cuales se proceden a
detallar, esto es: (i) al pedido formulado por el ejecutado, dentro de su
escrito de fecha 18 de setiembre del pasado año, en el cual, consignó dos
depósitos judiciales, por el monto total de S/. 9´400,000.00 soles, y, se
levante el embargo trabado en sus cuentas y haberes; (ii) la oposición
formulada por el ejecutado, respecto a la entrega del depósito judicial;
(iii) al pedido formulado por el ejecutado, respecto a la retención por la suma
de S/. 1´050,808.00 soles; y, (iv) al pedido incoado por el recurrente, dentro
de su escrito de fecha 18 de noviembre del pasado año, referido a que está
de acuerdo al levantamiento de la medida cautelar [ver resolución número
52], SEGUNDO: Que, el presente proceso, es uno de Ejecución de Laudo
Arbitral, cuya finalidad es que el ejecutado, Empresa Electricidad del Perú
– Electroperú S.A.-, cumpla con pagar los siguientes conceptos, y según
corresponda: a) S/. 477,943.27 soles; b) Intereses TAMN;
c) S/. 1´952,109.86 soles; d) liquidación de intereses a partir de la
demanda, aplicándose el interés legal, y, que, e) devuelva la Carta Fianza
por el monto de S/. 70,000.00 soles; TERCERO: Que, mediante resolución
número veinticinco se emite el Auto Final, el mismo que es apelado,
elevándose los respectivos actuados al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución número catorce, emite el Auto de Vista1, resolviendo:
Revocar el Auto Final, en el extremo que declaró infundada la
Contradicción, y, Reformándola declaró Fundada en Parte la
Contradicción, ordenándose que se efectúe la compensación de conformidad
con los artículos 1249° y 1250° del Código Civil; Confirmar el Auto Final, en
el extremo que se considera como pago a cuenta la suma de
S/. 274,894.00 soles, que proviene de la ejecución de la Fianza Bancaria
N° 10225936, la cual debe ser imputada conforme a lo previsto en el artículo
1257° del Código Civil; y, Revocar el Extremo que aprobó el Informe
1 Fojas 1032 – 1053.
1 Pericial, Reformándola, la desaprueba, ordenando que se elabore
una nueva pericia contable. Que, conforme se puede apreciar de autos,
la decisión antes descrita, fue materia de casación, habiendo sido elevados
los mismos, a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia,
instancia superior que por resolución de fecha veintinueve de diciembre de
dos mil catorce, declaró improcedente el recurso de casación. Ahora,
mediante resolución número cuarenta y tres2, se aprueba la liquidación de
intereses y de compensaciones efectuadas por el perito, quedando
establecido por interés TAMN la suma de S/. 10´240,237.42 soles, y, por
intereses legales la suma de S/. 689,097.43 soles. La decisión antes
descrita, fue apelada por el ejecutado, sin embargo, la misma fue
Confirmada por el Superior Colegiado, mediante resolución de Vista
número tres, su fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. La
resolución emitida por el Superior Colegiado, fue materia de recurso de
casación, interpuesta por el ejecutado, elevándose los mismos a la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema, la cual por resolución de fecha
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, resolvió rechazar el recurso de
casación; CUARTO: Que, por resolución número cuarenta y nueve, se
requirió a la parte ejecutada, a efectos de que cumpla con: (i) cancelar y/o
devolver el importe ascendente a la suma de S/. 70,000.00 soles,
proveniente de la Carta Fianza número 510-320119, y (ii) cancelar la suma
de S/. 10´240,237.42 soles, por intereses TAMN, y la suma de
S/. 689,097.43 soles, por intereses legales; dicha decisión fue apelada por
el ejecutado, remitiéndose los mismos al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución de Vista número 04 su fecha diecinueve de abril del
pasado año, resolvió Confirmar la misma; QUINTO: Que, por resolución
número cincuenta y dos, su fecha once de junio de dos mil dieciocho,
estando a la solicitud invocada por el ejecutante, se resolvió variar la
medida cautelar en forma de retención, señalándose como nuevo monto en
la suma de nueve millones cuatrocientos mil con 00/100 soles. Ahora,
mediante escrito su fecha 18 de setiembre del pasado año, la parte
ejecutada consigna a través de 02 depósitos judiciales, las siguientes
sumas: a) S/. 8´279,281.72 soles; y, b) S/. 1´120,718.28 soles. Dentro del
citado escrito, el ejecutado señala que se debe tener por consignados los
referidos montos; y, por otro lado, se opone a la entrega total de los mismos,
puesto que no se ha tomado en cuenta que el monto adeudado es por
S/. 10´999,244.85 soles, y que al ejecutante se le ha endosado la suma de
S/. 2´650,053.13 soles, por lo que, aplicando dicho descuento, el pago a
realizar a favor del ejecutante es por el monto de S/. 8´349,191.72 soles.
Agrega, que como resultado de lo antes expresando, existe un excedente a
su favor por la suma de S/. 1´050,808.28 soles, respecto del cual, se opone
a la entrega; SEXTO: Que, por escrito de fecha 20 de setiembre, y
subsanado que fuera con fecha 20 de noviembre de dos mil dieciocho, el
ejecutado interpuso recurso de apelación contra la resolución cincuenta y
dos, habiéndose concedido la misma sin efecto suspensivo, y sin la calidad
de diferida. Ahora, conforme se puede apreciar de autos, el ejecutado
dentro de su escrito de fecha 18 de setiembre de dos mil dieciocho, se
opone a la entrega total de los certificados al ejecutante, entiéndase al
monto consignado en el auto de variación de medida cautelar; señalando
2 De fecha 12/09/2016.
2 como principal fundamento que, existe un monto que excede por la suma de
S/. 1´050,808.28 soles; argumento que también es invocado dentro de su
recurso de apelación de fecha 20 de setiembre de dos mil dieciocho; por lo
que, se debe entender que el ejecutado ha interpuesto doble recurso contra
la misma resolución, lo cual está prohibido dentro de nuestro
ordenamiento procesal civil3, por lo que, se debe declarar la nulidad de la
resolución número sesenta, y como consecuencia de ello, declarar
improcedente la apelación que fuera formulada por el ejecutado; SÉTIMO:
Que, de lo antes descrito y teniendo en cuenta que el presente proceso se
encuentra en la etapa técnica de ejecución, se advierte que el ejecutado ha
cumplido con consignar la suma contenida en el auto de variación de
medida cautelar, señalando de forma puntual “que se tenga por consignado
la suma de S/. 9´400,000.00 soles, y que se proceda a levantar la medida
cautelar; agregando que existe un monto a favor del ejecutante por la suma
de S/. 8´349,191.72 soles, y un excedente a su favor, alrededor de
S/. 1´050,808.00 soles” (el subrayado es nuestro). De lo antes descrito, se
entiende que existe un consentimiento parcial del propio ejecutado
respecto del monto de la medida cautelar que fuera dictada en ejecución,
en forma de retención, precisándose en esta etapa del proceso que, luego
de realizar una operación aritmética del monto requerido en pago mediante
resolución cuarenta y nueve, por S/ 10’999,244.85 soles, menos la suma
de S/. 2’650,053.13 soles, que le fuera endosado, al ejecutante4, se obtiene
la suma de S/ 8’349,191.72 soles; por lo que, correspondería endosar a
favor del ejecutante lo requerido mediante resolución número cuarenta y
nueve, monto que deberá ser efectuado dentro de los 02 certificados de
depósito judicial que fueran presentados por el ejecutado, según
corresponda. En tal sentido, resulta de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 747° del Código Procesal Civil, que señala: “Si el bien que asegura
la ejecución es dinero, será entregado al ejecutante luego de aprobada la
liquidación. (…)”. En tal sentido, conforme se viene desarrollando en la
presente, la liquidación de intereses ha sido aprobada, y confirmada por el
Superior Colegiado, por lo que, corresponde endosar a favor del ejecutante
el monto señalado en el presente considerando; OCTAVO: Que, por otro
lado, de la revisión de autos, se aprecia que por escrito su fecha 23 de
agosto del pasado año, el ejecutado solicitó que se levante la medida
cautelar, en forma de retención, esto al amparo de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional del Presupuesto; señala dentro de sus
fundamentos, indicando que: (…) ha programado la orden de pago
efectuada por su despacho para disponer la cancelación en el plazo máximo
de 20 días (…). Que, conforme se ha señalado en los considerandos
precedentes, la parte ejecutada ha cumplido con consignar la suma
expresada en el auto de variación de medida cautelar, por lo que, la
solicitud invocada resulta atendible, correspondiendo que se levante la
medida cautelar en forma de retención, debiendo tener en cuenta, que la
misma fue variada por resolución número cincuenta y dos; asimismo, se
debe tener presente lo dispuesto mediante resolución número cincuenta y
seis, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho; sin perjuicio de
3
Artículo 360° CPC: Está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una
misma resolución.
4 Resolución 58, del cuaderno cautelar N° 8157-2011-56.
3 notificar como corresponde, a las entidades financieras, a fin de que se
levante la medida cautelar que fuera concedida por resolución número
cincuenta y dos; NOVENO: Que, en cuanto a la oposición formulada por el
ejecutado, esta debe ser declarada fundada, puesto que, como se ha
señalado, dicha parte ha cumplido con consignar el monto total dispuesto
en el auto de variación de medida cautelar solicitando la devolución de lo
que considera un exceso, en tal sentido, corresponde endosar en vía de
devolución a favor del ejecutado, la suma de S/. 1´050,808.28 soles, más
aun si el propio ejecutante, dentro de su escrito de fecha 20 de
noviembre del pasado año, señaló: “estamos de acuerdo con el pedido
de la ejecutada para que se le devuelva la suma de S/. 1´050,808.28
soles, pues al consignar voluntariamente las sumas ya liquidadas en
autos, nos conlleva a inferir que oportunamente tendrán la buena fe
de depositar las sumas que se originen por la liquidación de
intereses, costas y costos del proceso” (el resaltado es nuestro). Que,
como consecuencia, de lo antes decidido, carece de objeto formar el
cuaderno de apelación, según fuera dispuesto mediante resolución número
sesenta, de fecha 04 de enero del año en curso, correspondiendo dejar sin
efecto la misma; DÉCIMO: Que, conforme a lo antes señalado, y en
aplicación del artículo 171° del Código procesal civil, corresponde dejar sin
efecto lo dispuesto por resolución número sesenta y uno, debiéndose tener
presente lo decidido en la presente resolución; por lo que, estando a los
fundamentos antes expuestos, y en aplicación de los artículos 171° y 747°
del Código Procesal Civil; SE RESUELVE:
1) LEVANTAR la medida cautelar en forma de retención, que fuera
dictada por resolución número cincuenta y cuatro su fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete, dictada en el cuaderno de medida
cautelar número 8157-2011-56, la misma que ha sido variada por
resolución número cincuenta y dos, y, como consecuencia de ello, se
debe notificar a las entidades financieras, según corresponda;
2) FUNDADA la oposición formulada por el ejecutado, en tal sentido,
ENDOSAR a favor del ejecutado la suma de S/. 1´050,808.28 soles;
debiendo efectuar la respectiva programación dentro del tercer día
de notificado;
3) NULA la resolución número sesenta de fecha cuatro de enero del
presente año; y renovando al estado que corresponde,
IMPROCEDENTE la apelación formulada por el ejecutado;
4) DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto por resolución sesenta y uno, y
como consecuencia de ello, ENDOSAR a favor del ejecutante la suma
S/. 8´349,191.72 SOLES, el mismo que deberá ser efectuado
dentro de los 02 certificados de depósito judicial presentados que
fueran por el ejecutado, según corresponda; debiendo efectuar la
respectiva programación dentro del tercer día de notificado;
5) Avocándose a los presentes autos el Juez que suscribe, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución administrativa N° 027-
2019-P-CSJLI/PJ, publicada con fecha 10 de enero de dos mil
diecinueve; notificándose.-
4 |
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QUINTO JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
ESPECIALISTA : SOTO FARFAN, MARIA VICTORIA
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : ELECTRICIDAD DEL PERU SAEN ADELANTE
ELECTROPERU SA
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES
Miraflores, doce de setiembre
Del año dos mil dieciséis.-
Puesto en la fecha a Despacho: AUTOS Y VISTOS; y,
ATENDIENDO; PRIMERO: Que constituye objeto de la presente resolución la
decisión a adoptar respecto de la aprobación o desaprobación del nuevo informe pericial
presentado por la perito designada en autos Carmen Miltha Chávez Barrezueta
conforme consta a fojas 1145 a 1161 de autos; SEGUNDO: Que, de la revisión de autos
se tiene en principio que, mediante Resolución N° 14 expedida por la Primera Sala
Comercial de Lima con fecha 22 de julio del 2014 (obrante a fojas 1032 a 1053) dicha
Sala resolvió revocar el auto final contenido en la Resolución N° 25 su fecha 10 de
junio del 2013 en el extremo que resuelve aprobar el informe pericial presentado en
autos por la perito Carmen Miltha Chávez Barrezueta de fojas 469 a 478 de autos; y,
reformándola la Sala desaprueba dicho informe pericial y dispone se ordene la
realización de nueva pericia de acuerdo a los criterios expuestos en dicha resolución;
TERCERO: Que, en este nuevo informe pericial, se tiene que la referido perito
concluye lo siguiente: “Primera.- Que ha quedado establecido el importe de los
Intereses Compensatorios con la Tasa TAMN en la cantidad de S/. 11´869,921.72
nuevos soles, al 21 de octubre del 2015 en cumplimiento de la Resolución N° 14 del 22
de julio del 2014, de la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial; Segunda.- Que, ha quedado establecido el importe del Interés Moratorio en la cantidad de S/.
1´780,488.26 nuevos soles, al 21 de octubre del 2015, en cumplimiento de la Resolución
N° 01 del 5° Juzgado Civil Comercial, en la parte resolutiva punto a); Tercera.- Que,
ha quedado establecido que al aplicar la tasa de Interés Legal contenida en la
Resolución Arbitral, la Resolución N° 01 del 28 de octubre del 2011 – auto admisorio
(…) en la parte resolutiva Punto b) queda un importe de S/. 465,602.63 nuevos soles
como intereses legales; Cuarta.- Que, ha quedado establecido el importe total del
Interés Compensatorio tasa TAMN por la cantidad de S/. 11´869,921.72, el Interés
Moratorio es por S/. 1´780,488.26 y el Interés Legal por S/. 465,602.63 haciendo un
total de intereses liquidados el importe de S/. 14´1116,012.61 y de acuerdo con la
Resolución N° 14 y Resolución N° 19 que establecen la compensación he procedido a
efectuar la citada compensación ordenada, en las cantidades de S/. 2´155,160.81 y la
compensación de la carta garantía por el importe de S/. 274,894.00, haciendo un total
de intereses por pagar a la demandante por la cantidad de S/. 11´685,957.80.
Asimismo, según el Laudo Arbitral y la Resolución N° 01 corresponde compensar a
favor de la demandante la cantidad de S/. 70,000.00 por la carta fianza ejecutada por
Electroperú, quedando un total de S/. 11´755,957.80 a favor de la demandante al día 21
de octubre del 2015”; CUARTO: Que, se tiene a su vez que la ejecutada Empresa de
Electricidad del Perú S.A. – ELECTROPERU S.A. mediante escrito obrante a fojas
1163 a 1187 observa dicho informe pericial a fin de que sea corregida y enmendada,
bajo el argumento que: i) La perito si bien aplica la tasa TAMN para el cálculo de los
intereses sobre la suma de S/. 477,943.26, sin embargo se equivoca al hacer la
aplicación en forma capitabilizable contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1249 del
Código Civil que prohíbe la capitalización de intereses, salvo que se trate de cuentas
mercantiles, bancarias o similares, así como el artículo 1250, la Resolución de
CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia de la Corte Suprema que
prohíbe el anatocismo; ii) La perito considera un interés moratorio del 15% a los
intereses resultantes de la aplicación de la tasa TAMN sobre los S/. 477,943.27, sin que
exista un solo extremo del laudo o de lo señalado por la Sala en que se ordene ello; que
ello no corresponde a ninguna parte del laudo ni de lo resuelto en el presente proceso; el
laudo en ninguno de sus extremos indica que se abone dicho interés; iii) La perito ha
efectuado la compensación de la suma de S/. 2´155,160.81 sin tener en consideración
que ello ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y como lo ordena la
Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015, lo cual no es acorde con lo resuelto por la
Sala Superior en la citada Resolución N° 14 que dispuso que la compensación opere al
04 de noviembre del 2010, haciéndose la imputación de pago a esa fecha; iv) La perito
ha descontado la suma de S/. 274,894.00 proveniente de la carta fianza ejecutada a
Electroperú sin tener en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011; y,
v) La imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no
ha observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil;
QUINTO: Que, se tiene que la perito designada en autos, cumple con absolver dichas
observaciones, mediante escrito obrante a fojas 1193 a 1201 de autos y en los términos
que consta en dicha pieza procesal; SEXTO: Que, mediante escrito obrante a fojas 1207
a 1238 de autos, la empresa ejecutada se pronuncia sobre la absolución de la perito
efectuada en autos, y adjunta a su vez un informe pericial de parte; citándose a las partes
a una Audiencia de Debate Pericial, la cual se lleva a cabo en los términos que consta en
el acta obrante a fojas 1268, quedando los autos expeditos para resolver el trámite;
SEPTIMO: Que, asimismo, se tiene que mediante resolución número treinta y ocho su
fecha 30 de mayo último, la Judicatura dispuso que la perito de autos cumplir con
precisar y explicar las observaciones ahí efectuadas en dicho escrito; lo cual es
cumplido por dicha perito mediante escrito de fecha 17 de junio último en los términos
que contiene dicha pieza procesal; lo cual es a su vez absuelto por la parte ejecutada
mediante escrito obrante de fecha 22 de julio del 2016 y no absuelto por la parte
ejecutante; OCTAVO: Ahora bien, en principio, respecto a las observaciones
efectuadas contra el informe pericial materia de análisis, cabe precisar que el presente
proceso constituye uno de naturaleza complementaria a la justicia arbitral, por cuanto
tiene por objeto ejecutar el laudo arbitral; y, por ende, en tal acto de ejecución debe
respetarse los términos en que el laudo fue expedido; NOVENO: Que, siendo ello así,
en el presente caso, de la revisión del laudo arbitral materia de ejecución se tiene que el
Tribunal Arbitral a cargo ordenó lo siguiente: “(…) Tercero: Declarar Fundada la
segunda pretensión principal de la demanda y, en tal sentido, ordenar a Electroperú
que pague al Contratista la suma de S/. 477,943.27; Cuarto: Declarar Fundada la
pretensión accesoria de la segunda pretensión principal, debiéndose pagar intereses
con la tasa TAMN desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la valorización del
Adicional N° 01 hasta que Electroperú cumpla con el pago de la suma indicada en la
segunda pretensión principal; Quinto: Declarar Fundada la tercera pretensión
principal de la demanda; ordenándose a Electroperú que pague a El Contratista la suma de S/. 1´952,109.86; Sexto: Declarar Fundada la pretensión accesoria a la
tercera pretensión principal, debiendo liquidarse los intereses a partir de la fecha de la
citación con la demanda y aplicando la tasa de interés legal; Sétimo: Declarar
Fundada la cuarta pretensión principal y ordenar a Electroperú devolver a El
Contratista la Carta Fianza N° 510-320119, Valorado 19768, del 30 de mayo del 2000
del Banco NBK Bank, por el importe de S/. 70,000.00 que reemplaza el fondo de
garantía; Octavo: Fundada en parte la pretensión principal de reconvención en el
extremo referido a la liquidación final de obra, aprobando los siguientes conceptos: -
Por concepto de pagos en exceso, la suma de S/. 2´70,908.31, monto que no devengará
ningún tipo de interés; - Por concepto de cargos por actividades contractuales no
efectuadas por el Contratista la suma de S/. 13,274.73; Noveno: Fundada la pretensión
subordinada de la reconvención, incorporando a la liquidación final de obra la suma
de S/. 70,977.77, por concepto de penalidad por retraso en el levantamiento de las
observaciones relativas a la Presa Yanacocha Palcán y Accesos (…)”; DECIMO: Que
siendo ello así, y con respecto a la segunda observación al informe pericial, se tiene en
principio que en ningún extremo del laudo el Tribunal Arbitral ha ordenado el pago de
intereses moratorios que liquida la perito designada en autos, como tampoco tal tipo de
interés ha sido ordenado en el mandato ejecutivo de autos contenido en la resolución
número uno su fecha 21 de octubre del 2011; por lo que la segunda observación
efectuada en este extremo por la parte ejecutada, debe ser amparada y excluirse dicha
suma liquidada por la perito a cargo, y considerarse en relación a este extremo la
liquidación complementaria efectuada por la perito a fojas 1194 a 1201 de autos en el
que excluye el pago de intereses moratorios; DECIMO PRIMERO: Que, con respecto
a la tercera observación al informe pericial, esto es la alegada indebida compensación
efectuada por la perito (según atribuye la parte ejecutada), siendo a que la compensación
de la suma de S/. 2´155,160.81 ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y
como lo ordena la Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los
intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015. A este respecto, cabe tener
presente que la perito a cargo, en su escrito de absolución a dicha observación (obrante
a fojas 1199) reconoce que realizará los cálculos conforme a lo ordenado por la Sala
Superior en la citada resolución catorce. Frente a lo cual se tiene que dicha perito en el
referido escrito de absolución procede a realizar nueva compensación (ver a fojas 1200)
y también nuevamente explicada mediante escrito de fecha 17 de junio último; de los
cuales es de advertirse que efectivamente la perito a cargo sí ha efectuado la compensación correspondiente ordenada por el Superior Jerárquico de modo
proporcional conforme a lo dispuesto en el artículo 1259 del Código Civil y al 04 de
noviembre del 2010 (tal como fluye de las cartas notariales obrantes a fojas 256 a 261
de autos), habiendo realizado la imputación a tal fecha de las sumas de S/.
2´155,161.81 a los créditos de S/. 477,943.27 y de S/. 1´952,109.86, así como la
imputación de la suma de S/. 274,894.00 (ejecución de carta fianza), aplicándoseles en
cada uno de dichos actos de imputación los porcentajes correspondientes en forma
proporcional; tal como aparece de los cuadros presentados por la perito a cargo en los
escritos de absolución (24 de febrero del 2016) y precisión del informe pericial (17 de
junio del 2016). Que, como se advierte, esta observación efectuada por la parte
ejecutada fue debidamente levantada por la perito, estando en dicho informe pericial
complementario debidamente efectuada la compensación entre las obligaciones
reconocidas en el laudo arbitral, en las fechas correspondientes y en el monto y forma
previstas en el artículo 1259 del Código Civil, precisándose a que respecto a este último
que la posición de interpretación de esta Judicatura será efectuada en considerando
aparte, más esta Judicatura considera que la compensación efectuada por la perito parte
de la concordancia en la interpretación y aplicación que efectúa dicha perito con
relación al artículo 1259 del Código Civil; DECIMO SEGUNDO: Que, con respecto a
la cuarta observación al informe pericial, en el sentido que la perito ha descontado la
suma de S/. 274,894.00 proveniente de la Carta Fianza ejecutada a Electroperú, sin tener
en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011. Señala al respecto, la
perito a cargo que “en efecto al 22 de junio del 2011 la demandante procedió a la
ejecución de la referida carta fianza; por lo que resulta atendible que este pago a
cuenta sea imputado a dicha fecha”. Siendo ello así, debe la perito tener en
consideración tal observación y aceptación de su parte, este extremo de la deuda
erróneamente imputada en el informe pericial, debiendo tener como fecha de
imputación de dicho pago al 22 de junio del 2011, lo cual sin embargo aparece
debidamente corregida y/o aclarada en el informe complementario obrante a fojas 1195
de autos; por lo que se tiene levantada satisfactoriamente dicha observación; DECIMO
TERCERO: Que, con respecto a la quinta observación pericial, en el sentido que la
imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no ha
observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil. A este
respecto, la perito en su escrito de absolución manifiesta que la imputación se hará
conforme a lo establecido en la parte final del artículo 1259 del Código Civil, esto es en forma proporcional a las deudas.; y, luego, dicha perito procede a efectuar dicha
imputación en tal orden. A este respecto, cabe precisar que el artículo 1259 del Código
Civil dispone que: No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica
el pago a la menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más
onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas, a la
más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se hará
proporcionalmente. Siendo a que en el presente caso, cierto es que las deudas que
mantiene la parte ejecutada no se encuentran garantizadas, esto es, en el entendido que
exista constituido una garantía real o personal o de otra naturaleza, pero garantía
jurídicamente entendido, como tal y a favor del acreedor con respecto a dichas deudas.
Siendo ello así, resulta necesario precisar que la indicación de “deuda garantizada” no
hace alusión a deuda “en igualdad de condiciones” como simple y llanamente pretende
efectuar la parte ejecutada. Lo claro y concreto es que dentro del derecho de crédito, una
deuda garantizada es aquella en cuyo favor la parte ejecutada o un tercero ha constituido
una garantía (en el entendido del derecho) real, personal o de otro tipo que tenga tal
naturaleza. Así, la categoría “garantía” a que hace alusión el artículo 1259 no debe ser
interpretado en su sentido estrictamente gramatical sino ante todo jurídico. Aúnan a este
respecto, los profesores Felipe OSTERLING PARODI y Mario CASTILLO FREYRE
que: “(…) Al señalarse el supuesto de deudas igualmente garantizadas, se podría pensar
que el artículo 1269 está aludiendo a aquellas obligaciones respecto de las cuales se ha
constituido una misma garantía, sea ésta real o personal, o garantías diferentes, pero de
la misma naturaleza (como sería el caso de bienes dados en prenda –ahora garantía
atípica legal- que garanticen plenamente dos obligaciones distintas), o de garantías
personales otorgadas por la misma persona (por ejemplo, una fianza). Sin embargo,
consideramos que no es éste el sentido del precepto. Por ejemplo, si una obligación está
garantizada por una sólida hipoteca y otra por una sólida fianza bancaria, las dos
estarían igualmente garantizadas”1. Siendo ello así y estando a que en el caso de autos
las deudas materia de ejecución no tienen constituidos garantía (real, personal o de otro
tipo alguno), no corresponde por tanto aplicarse la regla de imputación “a la menos
garantizada” ni “a la más onerosa para el deudor” ni tampoco “a la más antigua”.
Ergo, a no poder aplicarse tales reglas, corresponde proceder conforme a la parte final
del artículo 1259, esto es “la imputación se hará proporcionalmente”. Habiendo en este
1 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las
Obligaciones. Palestra Editores, Lima, 2008, pág. 583. sentido, la perito a cargo efectuado dicha imputación de ambas deudas en forma
proporcional conforme a la nueva liquidación efectuada mediante escrito de fecha 24 de
febrero del 2016 obrante a fojas 1200 de autos; DECIMO CUARTO: Que, finalmente,
con respecto a la primera observación al informe pericial, esto es que la perito si bien
aplica la tasa TAMN para el cálculo de los intereses sobre la suma de S/. 477,943.26,
sin embargo se equivoca al hacer la aplicación en forma capitabilizable contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 1249 del Código Civil que prohíbe la capitalización de
intereses, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, así como el
artículo 1250, la Resolución de CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia
de la Corte Suprema que prohíbe el anatocismo. A este respecto, se tiene que la perito a
cargo en su escrito de absolución de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1197
a 1201) precisa que no es cierto que en la nueva pericia contable esté aplicando
capitalización de intereses, que no está incurriendo en anatocismo. Que, de la revisión
del informe pericial aclaratorio presentado por la perito mediante escrito obrante a fojas
1192 a 1201 de autos aparece que la perito ha utilizado los índices que emite el Banco
Central de Reserva del Perú respecto al interés TAMN, siendo a que el Tribunal Arbitral
ha ordenado en el laudo materia de ejecución de pago de la obligación a favor de la hoy
demandante los referidos intereses con la tasa TAMN, los mismos que deben ser
liquidados conforme ordena dicho Tribunal y para cuyos efectos la perito designada en
autos ha aplicado conforme a los índices legales y la fórmula correspondiente. En tal
sentido, cabe precisar que cierto es que tratándose de la tasa TAMN le corresponde tal
fijación al Banco Central de Reserva y esta entidad establece la fórmula correspondiente
para tales efectos, no existiendo fórmulas alternativas para la liquidación de la tasa
TAMN, pues lo contrario ya no significaría el pago de dicha tasa y por ende importaría
el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Arbitral. Por estos fundamentos, SE
RESUELVE: APROBAR la liquidación de intereses y de compensaciones efectuadas
por la perito designada en autos y precisadas por dicho órgano de auxilio judicial
mediante escrito de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1193 a 1201 de autos),
quedando por tanto establecido dicho interés TAMN al 22 de febrero del 2016 en la
suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 42/100 SOLES y quedando a su vez fijado los intereses
legales al 22 de febrero del 2016 en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVENTA Y SIETE Y 43/100 SOLES; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : LIMO SANCHEZ JULIO FRANCISCO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
ELECTROPERU S A ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. SESENTA Y DOS
Miraflores, veintidós de abril
De dos mil diecinueve.-
Dando cuenta, el escrito número 7210-2019,
presentado por el ejecutante, y estando a lo solicitado; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, la parte recurrente solicita que esta judicatura emita
pronunciamiento sobre los siguientes conceptos a saber, puesto que se ha
omitido pronunciamiento sobre los mismos, los cuales se proceden a
detallar, esto es: (i) al pedido formulado por el ejecutado, dentro de su
escrito de fecha 18 de setiembre del pasado año, en el cual, consignó dos
depósitos judiciales, por el monto total de S/. 9´400,000.00 soles, y, se
levante el embargo trabado en sus cuentas y haberes; (ii) la oposición
formulada por el ejecutado, respecto a la entrega del depósito judicial;
(iii) al pedido formulado por el ejecutado, respecto a la retención por la suma
de S/. 1´050,808.00 soles; y, (iv) al pedido incoado por el recurrente, dentro
de su escrito de fecha 18 de noviembre del pasado año, referido a que está
de acuerdo al levantamiento de la medida cautelar [ver resolución número
52], SEGUNDO: Que, el presente proceso, es uno de Ejecución de Laudo
Arbitral, cuya finalidad es que el ejecutado, Empresa Electricidad del Perú
– Electroperú S.A.-, cumpla con pagar los siguientes conceptos, y según
corresponda: a) S/. 477,943.27 soles; b) Intereses TAMN;
c) S/. 1´952,109.86 soles; d) liquidación de intereses a partir de la
demanda, aplicándose el interés legal, y, que, e) devuelva la Carta Fianza
por el monto de S/. 70,000.00 soles; TERCERO: Que, mediante resolución
número veinticinco se emite el Auto Final, el mismo que es apelado,
elevándose los respectivos actuados al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución número catorce, emite el Auto de Vista1, resolviendo:
Revocar el Auto Final, en el extremo que declaró infundada la
Contradicción, y, Reformándola declaró Fundada en Parte la
Contradicción, ordenándose que se efectúe la compensación de conformidad
con los artículos 1249° y 1250° del Código Civil; Confirmar el Auto Final, en
el extremo que se considera como pago a cuenta la suma de
S/. 274,894.00 soles, que proviene de la ejecución de la Fianza Bancaria
N° 10225936, la cual debe ser imputada conforme a lo previsto en el artículo
1257° del Código Civil; y, Revocar el Extremo que aprobó el Informe
1 Fojas 1032 – 1053.
1 Pericial, Reformándola, la desaprueba, ordenando que se elabore
una nueva pericia contable. Que, conforme se puede apreciar de autos,
la decisión antes descrita, fue materia de casación, habiendo sido elevados
los mismos, a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia,
instancia superior que por resolución de fecha veintinueve de diciembre de
dos mil catorce, declaró improcedente el recurso de casación. Ahora,
mediante resolución número cuarenta y tres2, se aprueba la liquidación de
intereses y de compensaciones efectuadas por el perito, quedando
establecido por interés TAMN la suma de S/. 10´240,237.42 soles, y, por
intereses legales la suma de S/. 689,097.43 soles. La decisión antes
descrita, fue apelada por el ejecutado, sin embargo, la misma fue
Confirmada por el Superior Colegiado, mediante resolución de Vista
número tres, su fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. La
resolución emitida por el Superior Colegiado, fue materia de recurso de
casación, interpuesta por el ejecutado, elevándose los mismos a la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema, la cual por resolución de fecha
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, resolvió rechazar el recurso de
casación; CUARTO: Que, por resolución número cuarenta y nueve, se
requirió a la parte ejecutada, a efectos de que cumpla con: (i) cancelar y/o
devolver el importe ascendente a la suma de S/. 70,000.00 soles,
proveniente de la Carta Fianza número 510-320119, y (ii) cancelar la suma
de S/. 10´240,237.42 soles, por intereses TAMN, y la suma de
S/. 689,097.43 soles, por intereses legales; dicha decisión fue apelada por
el ejecutado, remitiéndose los mismos al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución de Vista número 04 su fecha diecinueve de abril del
pasado año, resolvió Confirmar la misma; QUINTO: Que, por resolución
número cincuenta y dos, su fecha once de junio de dos mil dieciocho,
estando a la solicitud invocada por el ejecutante, se resolvió variar la
medida cautelar en forma de retención, señalándose como nuevo monto en
la suma de nueve millones cuatrocientos mil con 00/100 soles. Ahora,
mediante escrito su fecha 18 de setiembre del pasado año, la parte
ejecutada consigna a través de 02 depósitos judiciales, las siguientes
sumas: a) S/. 8´279,281.72 soles; y, b) S/. 1´120,718.28 soles. Dentro del
citado escrito, el ejecutado señala que se debe tener por consignados los
referidos montos; y, por otro lado, se opone a la entrega total de los mismos,
puesto que no se ha tomado en cuenta que el monto adeudado es por
S/. 10´999,244.85 soles, y que al ejecutante se le ha endosado la suma de
S/. 2´650,053.13 soles, por lo que, aplicando dicho descuento, el pago a
realizar a favor del ejecutante es por el monto de S/. 8´349,191.72 soles.
Agrega, que como resultado de lo antes expresando, existe un excedente a
su favor por la suma de S/. 1´050,808.28 soles, respecto del cual, se opone
a la entrega; SEXTO: Que, por escrito de fecha 20 de setiembre, y
subsanado que fuera con fecha 20 de noviembre de dos mil dieciocho, el
ejecutado interpuso recurso de apelación contra la resolución cincuenta y
dos, habiéndose concedido la misma sin efecto suspensivo, y sin la calidad
de diferida. Ahora, conforme se puede apreciar de autos, el ejecutado
dentro de su escrito de fecha 18 de setiembre de dos mil dieciocho, se
opone a la entrega total de los certificados al ejecutante, entiéndase al
monto consignado en el auto de variación de medida cautelar; señalando
2 De fecha 12/09/2016.
2 como principal fundamento que, existe un monto que excede por la suma de
S/. 1´050,808.28 soles; argumento que también es invocado dentro de su
recurso de apelación de fecha 20 de setiembre de dos mil dieciocho; por lo
que, se debe entender que el ejecutado ha interpuesto doble recurso contra
la misma resolución, lo cual está prohibido dentro de nuestro
ordenamiento procesal civil3, por lo que, se debe declarar la nulidad de la
resolución número sesenta, y como consecuencia de ello, declarar
improcedente la apelación que fuera formulada por el ejecutado; SÉTIMO:
Que, de lo antes descrito y teniendo en cuenta que el presente proceso se
encuentra en la etapa técnica de ejecución, se advierte que el ejecutado ha
cumplido con consignar la suma contenida en el auto de variación de
medida cautelar, señalando de forma puntual “que se tenga por consignado
la suma de S/. 9´400,000.00 soles, y que se proceda a levantar la medida
cautelar; agregando que existe un monto a favor del ejecutante por la suma
de S/. 8´349,191.72 soles, y un excedente a su favor, alrededor de
S/. 1´050,808.00 soles” (el subrayado es nuestro). De lo antes descrito, se
entiende que existe un consentimiento parcial del propio ejecutado
respecto del monto de la medida cautelar que fuera dictada en ejecución,
en forma de retención, precisándose en esta etapa del proceso que, luego
de realizar una operación aritmética del monto requerido en pago mediante
resolución cuarenta y nueve, por S/ 10’999,244.85 soles, menos la suma
de S/. 2’650,053.13 soles, que le fuera endosado, al ejecutante4, se obtiene
la suma de S/ 8’349,191.72 soles; por lo que, correspondería endosar a
favor del ejecutante lo requerido mediante resolución número cuarenta y
nueve, monto que deberá ser efectuado dentro de los 02 certificados de
depósito judicial que fueran presentados por el ejecutado, según
corresponda. En tal sentido, resulta de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 747° del Código Procesal Civil, que señala: “Si el bien que asegura
la ejecución es dinero, será entregado al ejecutante luego de aprobada la
liquidación. (…)”. En tal sentido, conforme se viene desarrollando en la
presente, la liquidación de intereses ha sido aprobada, y confirmada por el
Superior Colegiado, por lo que, corresponde endosar a favor del ejecutante
el monto señalado en el presente considerando; OCTAVO: Que, por otro
lado, de la revisión de autos, se aprecia que por escrito su fecha 23 de
agosto del pasado año, el ejecutado solicitó que se levante la medida
cautelar, en forma de retención, esto al amparo de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional del Presupuesto; señala dentro de sus
fundamentos, indicando que: (…) ha programado la orden de pago
efectuada por su despacho para disponer la cancelación en el plazo máximo
de 20 días (…). Que, conforme se ha señalado en los considerandos
precedentes, la parte ejecutada ha cumplido con consignar la suma
expresada en el auto de variación de medida cautelar, por lo que, la
solicitud invocada resulta atendible, correspondiendo que se levante la
medida cautelar en forma de retención, debiendo tener en cuenta, que la
misma fue variada por resolución número cincuenta y dos; asimismo, se
debe tener presente lo dispuesto mediante resolución número cincuenta y
seis, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho; sin perjuicio de
3
Artículo 360° CPC: Está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una
misma resolución.
4 Resolución 58, del cuaderno cautelar N° 8157-2011-56.
3 notificar como corresponde, a las entidades financieras, a fin de que se
levante la medida cautelar que fuera concedida por resolución número
cincuenta y dos; NOVENO: Que, en cuanto a la oposición formulada por el
ejecutado, esta debe ser declarada fundada, puesto que, como se ha
señalado, dicha parte ha cumplido con consignar el monto total dispuesto
en el auto de variación de medida cautelar solicitando la devolución de lo
que considera un exceso, en tal sentido, corresponde endosar en vía de
devolución a favor del ejecutado, la suma de S/. 1´050,808.28 soles, más
aun si el propio ejecutante, dentro de su escrito de fecha 20 de
noviembre del pasado año, señaló: “estamos de acuerdo con el pedido
de la ejecutada para que se le devuelva la suma de S/. 1´050,808.28
soles, pues al consignar voluntariamente las sumas ya liquidadas en
autos, nos conlleva a inferir que oportunamente tendrán la buena fe
de depositar las sumas que se originen por la liquidación de
intereses, costas y costos del proceso” (el resaltado es nuestro). Que,
como consecuencia, de lo antes decidido, carece de objeto formar el
cuaderno de apelación, según fuera dispuesto mediante resolución número
sesenta, de fecha 04 de enero del año en curso, correspondiendo dejar sin
efecto la misma; DÉCIMO: Que, conforme a lo antes señalado, y en
aplicación del artículo 171° del Código procesal civil, corresponde dejar sin
efecto lo dispuesto por resolución número sesenta y uno, debiéndose tener
presente lo decidido en la presente resolución; por lo que, estando a los
fundamentos antes expuestos, y en aplicación de los artículos 171° y 747°
del Código Procesal Civil; SE RESUELVE:
1) LEVANTAR la medida cautelar en forma de retención, que fuera
dictada por resolución número cincuenta y cuatro su fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete, dictada en el cuaderno de medida
cautelar número 8157-2011-56, la misma que ha sido variada por
resolución número cincuenta y dos, y, como consecuencia de ello, se
debe notificar a las entidades financieras, según corresponda;
2) FUNDADA la oposición formulada por el ejecutado, en tal sentido,
ENDOSAR a favor del ejecutado la suma de S/. 1´050,808.28 soles;
debiendo efectuar la respectiva programación dentro del tercer día
de notificado;
3) NULA la resolución número sesenta de fecha cuatro de enero del
presente año; y renovando al estado que corresponde,
IMPROCEDENTE la apelación formulada por el ejecutado;
4) DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto por resolución sesenta y uno, y
como consecuencia de ello, ENDOSAR a favor del ejecutante la suma
S/. 8´349,191.72 SOLES, el mismo que deberá ser efectuado
dentro de los 02 certificados de depósito judicial presentados que
fueran por el ejecutado, según corresponda; debiendo efectuar la
respectiva programación dentro del tercer día de notificado;
5) Avocándose a los presentes autos el Juez que suscribe, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución administrativa N° 027-
2019-P-CSJLI/PJ, publicada con fecha 10 de enero de dos mil
diecinueve; notificándose.-
4 |
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QUINTO JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
ESPECIALISTA : SOTO FARFAN, MARIA VICTORIA
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : ELECTRICIDAD DEL PERU SAEN ADELANTE
ELECTROPERU SA
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES
Miraflores, doce de setiembre
Del año dos mil dieciséis.-
Puesto en la fecha a Despacho: AUTOS Y VISTOS; y,
ATENDIENDO; PRIMERO: Que constituye objeto de la presente resolución la
decisión a adoptar respecto de la aprobación o desaprobación del nuevo informe pericial
presentado por la perito designada en autos Carmen Miltha Chávez Barrezueta
conforme consta a fojas 1145 a 1161 de autos; SEGUNDO: Que, de la revisión de autos
se tiene en principio que, mediante Resolución N° 14 expedida por la Primera Sala
Comercial de Lima con fecha 22 de julio del 2014 (obrante a fojas 1032 a 1053) dicha
Sala resolvió revocar el auto final contenido en la Resolución N° 25 su fecha 10 de
junio del 2013 en el extremo que resuelve aprobar el informe pericial presentado en
autos por la perito Carmen Miltha Chávez Barrezueta de fojas 469 a 478 de autos; y,
reformándola la Sala desaprueba dicho informe pericial y dispone se ordene la
realización de nueva pericia de acuerdo a los criterios expuestos en dicha resolución;
TERCERO: Que, en este nuevo informe pericial, se tiene que la referido perito
concluye lo siguiente: “Primera.- Que ha quedado establecido el importe de los
Intereses Compensatorios con la Tasa TAMN en la cantidad de S/. 11´869,921.72
nuevos soles, al 21 de octubre del 2015 en cumplimiento de la Resolución N° 14 del 22
de julio del 2014, de la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial; Segunda.- Que, ha quedado establecido el importe del Interés Moratorio en la cantidad de S/.
1´780,488.26 nuevos soles, al 21 de octubre del 2015, en cumplimiento de la Resolución
N° 01 del 5° Juzgado Civil Comercial, en la parte resolutiva punto a); Tercera.- Que,
ha quedado establecido que al aplicar la tasa de Interés Legal contenida en la
Resolución Arbitral, la Resolución N° 01 del 28 de octubre del 2011 – auto admisorio
(…) en la parte resolutiva Punto b) queda un importe de S/. 465,602.63 nuevos soles
como intereses legales; Cuarta.- Que, ha quedado establecido el importe total del
Interés Compensatorio tasa TAMN por la cantidad de S/. 11´869,921.72, el Interés
Moratorio es por S/. 1´780,488.26 y el Interés Legal por S/. 465,602.63 haciendo un
total de intereses liquidados el importe de S/. 14´1116,012.61 y de acuerdo con la
Resolución N° 14 y Resolución N° 19 que establecen la compensación he procedido a
efectuar la citada compensación ordenada, en las cantidades de S/. 2´155,160.81 y la
compensación de la carta garantía por el importe de S/. 274,894.00, haciendo un total
de intereses por pagar a la demandante por la cantidad de S/. 11´685,957.80.
Asimismo, según el Laudo Arbitral y la Resolución N° 01 corresponde compensar a
favor de la demandante la cantidad de S/. 70,000.00 por la carta fianza ejecutada por
Electroperú, quedando un total de S/. 11´755,957.80 a favor de la demandante al día 21
de octubre del 2015”; CUARTO: Que, se tiene a su vez que la ejecutada Empresa de
Electricidad del Perú S.A. – ELECTROPERU S.A. mediante escrito obrante a fojas
1163 a 1187 observa dicho informe pericial a fin de que sea corregida y enmendada,
bajo el argumento que: i) La perito si bien aplica la tasa TAMN para el cálculo de los
intereses sobre la suma de S/. 477,943.26, sin embargo se equivoca al hacer la
aplicación en forma capitabilizable contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1249 del
Código Civil que prohíbe la capitalización de intereses, salvo que se trate de cuentas
mercantiles, bancarias o similares, así como el artículo 1250, la Resolución de
CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia de la Corte Suprema que
prohíbe el anatocismo; ii) La perito considera un interés moratorio del 15% a los
intereses resultantes de la aplicación de la tasa TAMN sobre los S/. 477,943.27, sin que
exista un solo extremo del laudo o de lo señalado por la Sala en que se ordene ello; que
ello no corresponde a ninguna parte del laudo ni de lo resuelto en el presente proceso; el
laudo en ninguno de sus extremos indica que se abone dicho interés; iii) La perito ha
efectuado la compensación de la suma de S/. 2´155,160.81 sin tener en consideración
que ello ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y como lo ordena la
Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015, lo cual no es acorde con lo resuelto por la
Sala Superior en la citada Resolución N° 14 que dispuso que la compensación opere al
04 de noviembre del 2010, haciéndose la imputación de pago a esa fecha; iv) La perito
ha descontado la suma de S/. 274,894.00 proveniente de la carta fianza ejecutada a
Electroperú sin tener en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011; y,
v) La imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no
ha observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil;
QUINTO: Que, se tiene que la perito designada en autos, cumple con absolver dichas
observaciones, mediante escrito obrante a fojas 1193 a 1201 de autos y en los términos
que consta en dicha pieza procesal; SEXTO: Que, mediante escrito obrante a fojas 1207
a 1238 de autos, la empresa ejecutada se pronuncia sobre la absolución de la perito
efectuada en autos, y adjunta a su vez un informe pericial de parte; citándose a las partes
a una Audiencia de Debate Pericial, la cual se lleva a cabo en los términos que consta en
el acta obrante a fojas 1268, quedando los autos expeditos para resolver el trámite;
SEPTIMO: Que, asimismo, se tiene que mediante resolución número treinta y ocho su
fecha 30 de mayo último, la Judicatura dispuso que la perito de autos cumplir con
precisar y explicar las observaciones ahí efectuadas en dicho escrito; lo cual es
cumplido por dicha perito mediante escrito de fecha 17 de junio último en los términos
que contiene dicha pieza procesal; lo cual es a su vez absuelto por la parte ejecutada
mediante escrito obrante de fecha 22 de julio del 2016 y no absuelto por la parte
ejecutante; OCTAVO: Ahora bien, en principio, respecto a las observaciones
efectuadas contra el informe pericial materia de análisis, cabe precisar que el presente
proceso constituye uno de naturaleza complementaria a la justicia arbitral, por cuanto
tiene por objeto ejecutar el laudo arbitral; y, por ende, en tal acto de ejecución debe
respetarse los términos en que el laudo fue expedido; NOVENO: Que, siendo ello así,
en el presente caso, de la revisión del laudo arbitral materia de ejecución se tiene que el
Tribunal Arbitral a cargo ordenó lo siguiente: “(…) Tercero: Declarar Fundada la
segunda pretensión principal de la demanda y, en tal sentido, ordenar a Electroperú
que pague al Contratista la suma de S/. 477,943.27; Cuarto: Declarar Fundada la
pretensión accesoria de la segunda pretensión principal, debiéndose pagar intereses
con la tasa TAMN desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la valorización del
Adicional N° 01 hasta que Electroperú cumpla con el pago de la suma indicada en la
segunda pretensión principal; Quinto: Declarar Fundada la tercera pretensión
principal de la demanda; ordenándose a Electroperú que pague a El Contratista la suma de S/. 1´952,109.86; Sexto: Declarar Fundada la pretensión accesoria a la
tercera pretensión principal, debiendo liquidarse los intereses a partir de la fecha de la
citación con la demanda y aplicando la tasa de interés legal; Sétimo: Declarar
Fundada la cuarta pretensión principal y ordenar a Electroperú devolver a El
Contratista la Carta Fianza N° 510-320119, Valorado 19768, del 30 de mayo del 2000
del Banco NBK Bank, por el importe de S/. 70,000.00 que reemplaza el fondo de
garantía; Octavo: Fundada en parte la pretensión principal de reconvención en el
extremo referido a la liquidación final de obra, aprobando los siguientes conceptos: -
Por concepto de pagos en exceso, la suma de S/. 2´70,908.31, monto que no devengará
ningún tipo de interés; - Por concepto de cargos por actividades contractuales no
efectuadas por el Contratista la suma de S/. 13,274.73; Noveno: Fundada la pretensión
subordinada de la reconvención, incorporando a la liquidación final de obra la suma
de S/. 70,977.77, por concepto de penalidad por retraso en el levantamiento de las
observaciones relativas a la Presa Yanacocha Palcán y Accesos (…)”; DECIMO: Que
siendo ello así, y con respecto a la segunda observación al informe pericial, se tiene en
principio que en ningún extremo del laudo el Tribunal Arbitral ha ordenado el pago de
intereses moratorios que liquida la perito designada en autos, como tampoco tal tipo de
interés ha sido ordenado en el mandato ejecutivo de autos contenido en la resolución
número uno su fecha 21 de octubre del 2011; por lo que la segunda observación
efectuada en este extremo por la parte ejecutada, debe ser amparada y excluirse dicha
suma liquidada por la perito a cargo, y considerarse en relación a este extremo la
liquidación complementaria efectuada por la perito a fojas 1194 a 1201 de autos en el
que excluye el pago de intereses moratorios; DECIMO PRIMERO: Que, con respecto
a la tercera observación al informe pericial, esto es la alegada indebida compensación
efectuada por la perito (según atribuye la parte ejecutada), siendo a que la compensación
de la suma de S/. 2´155,160.81 ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y
como lo ordena la Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los
intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015. A este respecto, cabe tener
presente que la perito a cargo, en su escrito de absolución a dicha observación (obrante
a fojas 1199) reconoce que realizará los cálculos conforme a lo ordenado por la Sala
Superior en la citada resolución catorce. Frente a lo cual se tiene que dicha perito en el
referido escrito de absolución procede a realizar nueva compensación (ver a fojas 1200)
y también nuevamente explicada mediante escrito de fecha 17 de junio último; de los
cuales es de advertirse que efectivamente la perito a cargo sí ha efectuado la compensación correspondiente ordenada por el Superior Jerárquico de modo
proporcional conforme a lo dispuesto en el artículo 1259 del Código Civil y al 04 de
noviembre del 2010 (tal como fluye de las cartas notariales obrantes a fojas 256 a 261
de autos), habiendo realizado la imputación a tal fecha de las sumas de S/.
2´155,161.81 a los créditos de S/. 477,943.27 y de S/. 1´952,109.86, así como la
imputación de la suma de S/. 274,894.00 (ejecución de carta fianza), aplicándoseles en
cada uno de dichos actos de imputación los porcentajes correspondientes en forma
proporcional; tal como aparece de los cuadros presentados por la perito a cargo en los
escritos de absolución (24 de febrero del 2016) y precisión del informe pericial (17 de
junio del 2016). Que, como se advierte, esta observación efectuada por la parte
ejecutada fue debidamente levantada por la perito, estando en dicho informe pericial
complementario debidamente efectuada la compensación entre las obligaciones
reconocidas en el laudo arbitral, en las fechas correspondientes y en el monto y forma
previstas en el artículo 1259 del Código Civil, precisándose a que respecto a este último
que la posición de interpretación de esta Judicatura será efectuada en considerando
aparte, más esta Judicatura considera que la compensación efectuada por la perito parte
de la concordancia en la interpretación y aplicación que efectúa dicha perito con
relación al artículo 1259 del Código Civil; DECIMO SEGUNDO: Que, con respecto a
la cuarta observación al informe pericial, en el sentido que la perito ha descontado la
suma de S/. 274,894.00 proveniente de la Carta Fianza ejecutada a Electroperú, sin tener
en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011. Señala al respecto, la
perito a cargo que “en efecto al 22 de junio del 2011 la demandante procedió a la
ejecución de la referida carta fianza; por lo que resulta atendible que este pago a
cuenta sea imputado a dicha fecha”. Siendo ello así, debe la perito tener en
consideración tal observación y aceptación de su parte, este extremo de la deuda
erróneamente imputada en el informe pericial, debiendo tener como fecha de
imputación de dicho pago al 22 de junio del 2011, lo cual sin embargo aparece
debidamente corregida y/o aclarada en el informe complementario obrante a fojas 1195
de autos; por lo que se tiene levantada satisfactoriamente dicha observación; DECIMO
TERCERO: Que, con respecto a la quinta observación pericial, en el sentido que la
imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no ha
observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil. A este
respecto, la perito en su escrito de absolución manifiesta que la imputación se hará
conforme a lo establecido en la parte final del artículo 1259 del Código Civil, esto es en forma proporcional a las deudas.; y, luego, dicha perito procede a efectuar dicha
imputación en tal orden. A este respecto, cabe precisar que el artículo 1259 del Código
Civil dispone que: No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica
el pago a la menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más
onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas, a la
más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se hará
proporcionalmente. Siendo a que en el presente caso, cierto es que las deudas que
mantiene la parte ejecutada no se encuentran garantizadas, esto es, en el entendido que
exista constituido una garantía real o personal o de otra naturaleza, pero garantía
jurídicamente entendido, como tal y a favor del acreedor con respecto a dichas deudas.
Siendo ello así, resulta necesario precisar que la indicación de “deuda garantizada” no
hace alusión a deuda “en igualdad de condiciones” como simple y llanamente pretende
efectuar la parte ejecutada. Lo claro y concreto es que dentro del derecho de crédito, una
deuda garantizada es aquella en cuyo favor la parte ejecutada o un tercero ha constituido
una garantía (en el entendido del derecho) real, personal o de otro tipo que tenga tal
naturaleza. Así, la categoría “garantía” a que hace alusión el artículo 1259 no debe ser
interpretado en su sentido estrictamente gramatical sino ante todo jurídico. Aúnan a este
respecto, los profesores Felipe OSTERLING PARODI y Mario CASTILLO FREYRE
que: “(…) Al señalarse el supuesto de deudas igualmente garantizadas, se podría pensar
que el artículo 1269 está aludiendo a aquellas obligaciones respecto de las cuales se ha
constituido una misma garantía, sea ésta real o personal, o garantías diferentes, pero de
la misma naturaleza (como sería el caso de bienes dados en prenda –ahora garantía
atípica legal- que garanticen plenamente dos obligaciones distintas), o de garantías
personales otorgadas por la misma persona (por ejemplo, una fianza). Sin embargo,
consideramos que no es éste el sentido del precepto. Por ejemplo, si una obligación está
garantizada por una sólida hipoteca y otra por una sólida fianza bancaria, las dos
estarían igualmente garantizadas”1. Siendo ello así y estando a que en el caso de autos
las deudas materia de ejecución no tienen constituidos garantía (real, personal o de otro
tipo alguno), no corresponde por tanto aplicarse la regla de imputación “a la menos
garantizada” ni “a la más onerosa para el deudor” ni tampoco “a la más antigua”.
Ergo, a no poder aplicarse tales reglas, corresponde proceder conforme a la parte final
del artículo 1259, esto es “la imputación se hará proporcionalmente”. Habiendo en este
1 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las
Obligaciones. Palestra Editores, Lima, 2008, pág. 583. sentido, la perito a cargo efectuado dicha imputación de ambas deudas en forma
proporcional conforme a la nueva liquidación efectuada mediante escrito de fecha 24 de
febrero del 2016 obrante a fojas 1200 de autos; DECIMO CUARTO: Que, finalmente,
con respecto a la primera observación al informe pericial, esto es que la perito si bien
aplica la tasa TAMN para el cálculo de los intereses sobre la suma de S/. 477,943.26,
sin embargo se equivoca al hacer la aplicación en forma capitabilizable contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 1249 del Código Civil que prohíbe la capitalización de
intereses, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, así como el
artículo 1250, la Resolución de CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia
de la Corte Suprema que prohíbe el anatocismo. A este respecto, se tiene que la perito a
cargo en su escrito de absolución de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1197
a 1201) precisa que no es cierto que en la nueva pericia contable esté aplicando
capitalización de intereses, que no está incurriendo en anatocismo. Que, de la revisión
del informe pericial aclaratorio presentado por la perito mediante escrito obrante a fojas
1192 a 1201 de autos aparece que la perito ha utilizado los índices que emite el Banco
Central de Reserva del Perú respecto al interés TAMN, siendo a que el Tribunal Arbitral
ha ordenado en el laudo materia de ejecución de pago de la obligación a favor de la hoy
demandante los referidos intereses con la tasa TAMN, los mismos que deben ser
liquidados conforme ordena dicho Tribunal y para cuyos efectos la perito designada en
autos ha aplicado conforme a los índices legales y la fórmula correspondiente. En tal
sentido, cabe precisar que cierto es que tratándose de la tasa TAMN le corresponde tal
fijación al Banco Central de Reserva y esta entidad establece la fórmula correspondiente
para tales efectos, no existiendo fórmulas alternativas para la liquidación de la tasa
TAMN, pues lo contrario ya no significaría el pago de dicha tasa y por ende importaría
el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Arbitral. Por estos fundamentos, SE
RESUELVE: APROBAR la liquidación de intereses y de compensaciones efectuadas
por la perito designada en autos y precisadas por dicho órgano de auxilio judicial
mediante escrito de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1193 a 1201 de autos),
quedando por tanto establecido dicho interés TAMN al 22 de febrero del 2016 en la
suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 42/100 SOLES y quedando a su vez fijado los intereses
legales al 22 de febrero del 2016 en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVENTA Y SIETE Y 43/100 SOLES; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : LIMO SANCHEZ JULIO FRANCISCO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
ELECTROPERU S A ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. SESENTA Y DOS
Miraflores, veintidós de abril
De dos mil diecinueve.-
Dando cuenta, el escrito número 7210-2019,
presentado por el ejecutante, y estando a lo solicitado; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, la parte recurrente solicita que esta judicatura emita
pronunciamiento sobre los siguientes conceptos a saber, puesto que se ha
omitido pronunciamiento sobre los mismos, los cuales se proceden a
detallar, esto es: (i) al pedido formulado por el ejecutado, dentro de su
escrito de fecha 18 de setiembre del pasado año, en el cual, consignó dos
depósitos judiciales, por el monto total de S/. 9´400,000.00 soles, y, se
levante el embargo trabado en sus cuentas y haberes; (ii) la oposición
formulada por el ejecutado, respecto a la entrega del depósito judicial;
(iii) al pedido formulado por el ejecutado, respecto a la retención por la suma
de S/. 1´050,808.00 soles; y, (iv) al pedido incoado por el recurrente, dentro
de su escrito de fecha 18 de noviembre del pasado año, referido a que está
de acuerdo al levantamiento de la medida cautelar [ver resolución número
52], SEGUNDO: Que, el presente proceso, es uno de Ejecución de Laudo
Arbitral, cuya finalidad es que el ejecutado, Empresa Electricidad del Perú
– Electroperú S.A.-, cumpla con pagar los siguientes conceptos, y según
corresponda: a) S/. 477,943.27 soles; b) Intereses TAMN;
c) S/. 1´952,109.86 soles; d) liquidación de intereses a partir de la
demanda, aplicándose el interés legal, y, que, e) devuelva la Carta Fianza
por el monto de S/. 70,000.00 soles; TERCERO: Que, mediante resolución
número veinticinco se emite el Auto Final, el mismo que es apelado,
elevándose los respectivos actuados al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución número catorce, emite el Auto de Vista1, resolviendo:
Revocar el Auto Final, en el extremo que declaró infundada la
Contradicción, y, Reformándola declaró Fundada en Parte la
Contradicción, ordenándose que se efectúe la compensación de conformidad
con los artículos 1249° y 1250° del Código Civil; Confirmar el Auto Final, en
el extremo que se considera como pago a cuenta la suma de
S/. 274,894.00 soles, que proviene de la ejecución de la Fianza Bancaria
N° 10225936, la cual debe ser imputada conforme a lo previsto en el artículo
1257° del Código Civil; y, Revocar el Extremo que aprobó el Informe
1 Fojas 1032 – 1053.
1 Pericial, Reformándola, la desaprueba, ordenando que se elabore
una nueva pericia contable. Que, conforme se puede apreciar de autos,
la decisión antes descrita, fue materia de casación, habiendo sido elevados
los mismos, a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia,
instancia superior que por resolución de fecha veintinueve de diciembre de
dos mil catorce, declaró improcedente el recurso de casación. Ahora,
mediante resolución número cuarenta y tres2, se aprueba la liquidación de
intereses y de compensaciones efectuadas por el perito, quedando
establecido por interés TAMN la suma de S/. 10´240,237.42 soles, y, por
intereses legales la suma de S/. 689,097.43 soles. La decisión antes
descrita, fue apelada por el ejecutado, sin embargo, la misma fue
Confirmada por el Superior Colegiado, mediante resolución de Vista
número tres, su fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. La
resolución emitida por el Superior Colegiado, fue materia de recurso de
casación, interpuesta por el ejecutado, elevándose los mismos a la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema, la cual por resolución de fecha
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, resolvió rechazar el recurso de
casación; CUARTO: Que, por resolución número cuarenta y nueve, se
requirió a la parte ejecutada, a efectos de que cumpla con: (i) cancelar y/o
devolver el importe ascendente a la suma de S/. 70,000.00 soles,
proveniente de la Carta Fianza número 510-320119, y (ii) cancelar la suma
de S/. 10´240,237.42 soles, por intereses TAMN, y la suma de
S/. 689,097.43 soles, por intereses legales; dicha decisión fue apelada por
el ejecutado, remitiéndose los mismos al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución de Vista número 04 su fecha diecinueve de abril del
pasado año, resolvió Confirmar la misma; QUINTO: Que, por resolución
número cincuenta y dos, su fecha once de junio de dos mil dieciocho,
estando a la solicitud invocada por el ejecutante, se resolvió variar la
medida cautelar en forma de retención, señalándose como nuevo monto en
la suma de nueve millones cuatrocientos mil con 00/100 soles. Ahora,
mediante escrito su fecha 18 de setiembre del pasado año, la parte
ejecutada consigna a través de 02 depósitos judiciales, las siguientes
sumas: a) S/. 8´279,281.72 soles; y, b) S/. 1´120,718.28 soles. Dentro del
citado escrito, el ejecutado señala que se debe tener por consignados los
referidos montos; y, por otro lado, se opone a la entrega total de los mismos,
puesto que no se ha tomado en cuenta que el monto adeudado es por
S/. 10´999,244.85 soles, y que al ejecutante se le ha endosado la suma de
S/. 2´650,053.13 soles, por lo que, aplicando dicho descuento, el pago a
realizar a favor del ejecutante es por el monto de S/. 8´349,191.72 soles.
Agrega, que como resultado de lo antes expresando, existe un excedente a
su favor por la suma de S/. 1´050,808.28 soles, respecto del cual, se opone
a la entrega; SEXTO: Que, por escrito de fecha 20 de setiembre, y
subsanado que fuera con fecha 20 de noviembre de dos mil dieciocho, el
ejecutado interpuso recurso de apelación contra la resolución cincuenta y
dos, habiéndose concedido la misma sin efecto suspensivo, y sin la calidad
de diferida. Ahora, conforme se puede apreciar de autos, el ejecutado
dentro de su escrito de fecha 18 de setiembre de dos mil dieciocho, se
opone a la entrega total de los certificados al ejecutante, entiéndase al
monto consignado en el auto de variación de medida cautelar; señalando
2 De fecha 12/09/2016.
2 como principal fundamento que, existe un monto que excede por la suma de
S/. 1´050,808.28 soles; argumento que también es invocado dentro de su
recurso de apelación de fecha 20 de setiembre de dos mil dieciocho; por lo
que, se debe entender que el ejecutado ha interpuesto doble recurso contra
la misma resolución, lo cual está prohibido dentro de nuestro
ordenamiento procesal civil3, por lo que, se debe declarar la nulidad de la
resolución número sesenta, y como consecuencia de ello, declarar
improcedente la apelación que fuera formulada por el ejecutado; SÉTIMO:
Que, de lo antes descrito y teniendo en cuenta que el presente proceso se
encuentra en la etapa técnica de ejecución, se advierte que el ejecutado ha
cumplido con consignar la suma contenida en el auto de variación de
medida cautelar, señalando de forma puntual “que se tenga por consignado
la suma de S/. 9´400,000.00 soles, y que se proceda a levantar la medida
cautelar; agregando que existe un monto a favor del ejecutante por la suma
de S/. 8´349,191.72 soles, y un excedente a su favor, alrededor de
S/. 1´050,808.00 soles” (el subrayado es nuestro). De lo antes descrito, se
entiende que existe un consentimiento parcial del propio ejecutado
respecto del monto de la medida cautelar que fuera dictada en ejecución,
en forma de retención, precisándose en esta etapa del proceso que, luego
de realizar una operación aritmética del monto requerido en pago mediante
resolución cuarenta y nueve, por S/ 10’999,244.85 soles, menos la suma
de S/. 2’650,053.13 soles, que le fuera endosado, al ejecutante4, se obtiene
la suma de S/ 8’349,191.72 soles; por lo que, correspondería endosar a
favor del ejecutante lo requerido mediante resolución número cuarenta y
nueve, monto que deberá ser efectuado dentro de los 02 certificados de
depósito judicial que fueran presentados por el ejecutado, según
corresponda. En tal sentido, resulta de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 747° del Código Procesal Civil, que señala: “Si el bien que asegura
la ejecución es dinero, será entregado al ejecutante luego de aprobada la
liquidación. (…)”. En tal sentido, conforme se viene desarrollando en la
presente, la liquidación de intereses ha sido aprobada, y confirmada por el
Superior Colegiado, por lo que, corresponde endosar a favor del ejecutante
el monto señalado en el presente considerando; OCTAVO: Que, por otro
lado, de la revisión de autos, se aprecia que por escrito su fecha 23 de
agosto del pasado año, el ejecutado solicitó que se levante la medida
cautelar, en forma de retención, esto al amparo de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional del Presupuesto; señala dentro de sus
fundamentos, indicando que: (…) ha programado la orden de pago
efectuada por su despacho para disponer la cancelación en el plazo máximo
de 20 días (…). Que, conforme se ha señalado en los considerandos
precedentes, la parte ejecutada ha cumplido con consignar la suma
expresada en el auto de variación de medida cautelar, por lo que, la
solicitud invocada resulta atendible, correspondiendo que se levante la
medida cautelar en forma de retención, debiendo tener en cuenta, que la
misma fue variada por resolución número cincuenta y dos; asimismo, se
debe tener presente lo dispuesto mediante resolución número cincuenta y
seis, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho; sin perjuicio de
3
Artículo 360° CPC: Está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una
misma resolución.
4 Resolución 58, del cuaderno cautelar N° 8157-2011-56.
3 notificar como corresponde, a las entidades financieras, a fin de que se
levante la medida cautelar que fuera concedida por resolución número
cincuenta y dos; NOVENO: Que, en cuanto a la oposición formulada por el
ejecutado, esta debe ser declarada fundada, puesto que, como se ha
señalado, dicha parte ha cumplido con consignar el monto total dispuesto
en el auto de variación de medida cautelar solicitando la devolución de lo
que considera un exceso, en tal sentido, corresponde endosar en vía de
devolución a favor del ejecutado, la suma de S/. 1´050,808.28 soles, más
aun si el propio ejecutante, dentro de su escrito de fecha 20 de
noviembre del pasado año, señaló: “estamos de acuerdo con el pedido
de la ejecutada para que se le devuelva la suma de S/. 1´050,808.28
soles, pues al consignar voluntariamente las sumas ya liquidadas en
autos, nos conlleva a inferir que oportunamente tendrán la buena fe
de depositar las sumas que se originen por la liquidación de
intereses, costas y costos del proceso” (el resaltado es nuestro). Que,
como consecuencia, de lo antes decidido, carece de objeto formar el
cuaderno de apelación, según fuera dispuesto mediante resolución número
sesenta, de fecha 04 de enero del año en curso, correspondiendo dejar sin
efecto la misma; DÉCIMO: Que, conforme a lo antes señalado, y en
aplicación del artículo 171° del Código procesal civil, corresponde dejar sin
efecto lo dispuesto por resolución número sesenta y uno, debiéndose tener
presente lo decidido en la presente resolución; por lo que, estando a los
fundamentos antes expuestos, y en aplicación de los artículos 171° y 747°
del Código Procesal Civil; SE RESUELVE:
1) LEVANTAR la medida cautelar en forma de retención, que fuera
dictada por resolución número cincuenta y cuatro su fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete, dictada en el cuaderno de medida
cautelar número 8157-2011-56, la misma que ha sido variada por
resolución número cincuenta y dos, y, como consecuencia de ello, se
debe notificar a las entidades financieras, según corresponda;
2) FUNDADA la oposición formulada por el ejecutado, en tal sentido,
ENDOSAR a favor del ejecutado la suma de S/. 1´050,808.28 soles;
debiendo efectuar la respectiva programación dentro del tercer día
de notificado;
3) NULA la resolución número sesenta de fecha cuatro de enero del
presente año; y renovando al estado que corresponde,
IMPROCEDENTE la apelación formulada por el ejecutado;
4) DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto por resolución sesenta y uno, y
como consecuencia de ello, ENDOSAR a favor del ejecutante la suma
S/. 8´349,191.72 SOLES, el mismo que deberá ser efectuado
dentro de los 02 certificados de depósito judicial presentados que
fueran por el ejecutado, según corresponda; debiendo efectuar la
respectiva programación dentro del tercer día de notificado;
5) Avocándose a los presentes autos el Juez que suscribe, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución administrativa N° 027-
2019-P-CSJLI/PJ, publicada con fecha 10 de enero de dos mil
diecinueve; notificándose.-
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTO JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
ESPECIALISTA : SOTO FARFAN, MARIA VICTORIA
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : ELECTRICIDAD DEL PERU SAEN ADELANTE
ELECTROPERU SA
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES
Miraflores, doce de setiembre
Del año dos mil dieciséis.-
Puesto en la fecha a Despacho: AUTOS Y VISTOS; y,
ATENDIENDO; PRIMERO: Que constituye objeto de la presente resolución la
decisión a adoptar respecto de la aprobación o desaprobación del nuevo informe pericial
presentado por la perito designada en autos Carmen Miltha Chávez Barrezueta
conforme consta a fojas 1145 a 1161 de autos; SEGUNDO: Que, de la revisión de autos
se tiene en principio que, mediante Resolución N° 14 expedida por la Primera Sala
Comercial de Lima con fecha 22 de julio del 2014 (obrante a fojas 1032 a 1053) dicha
Sala resolvió revocar el auto final contenido en la Resolución N° 25 su fecha 10 de
junio del 2013 en el extremo que resuelve aprobar el informe pericial presentado en
autos por la perito Carmen Miltha Chávez Barrezueta de fojas 469 a 478 de autos; y,
reformándola la Sala desaprueba dicho informe pericial y dispone se ordene la
realización de nueva pericia de acuerdo a los criterios expuestos en dicha resolución;
TERCERO: Que, en este nuevo informe pericial, se tiene que la referido perito
concluye lo siguiente: “Primera.- Que ha quedado establecido el importe de los
Intereses Compensatorios con la Tasa TAMN en la cantidad de S/. 11´869,921.72
nuevos soles, al 21 de octubre del 2015 en cumplimiento de la Resolución N° 14 del 22
de julio del 2014, de la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial; Segunda.- Que, ha quedado establecido el importe del Interés Moratorio en la cantidad de S/.
1´780,488.26 nuevos soles, al 21 de octubre del 2015, en cumplimiento de la Resolución
N° 01 del 5° Juzgado Civil Comercial, en la parte resolutiva punto a); Tercera.- Que,
ha quedado establecido que al aplicar la tasa de Interés Legal contenida en la
Resolución Arbitral, la Resolución N° 01 del 28 de octubre del 2011 – auto admisorio
(…) en la parte resolutiva Punto b) queda un importe de S/. 465,602.63 nuevos soles
como intereses legales; Cuarta.- Que, ha quedado establecido el importe total del
Interés Compensatorio tasa TAMN por la cantidad de S/. 11´869,921.72, el Interés
Moratorio es por S/. 1´780,488.26 y el Interés Legal por S/. 465,602.63 haciendo un
total de intereses liquidados el importe de S/. 14´1116,012.61 y de acuerdo con la
Resolución N° 14 y Resolución N° 19 que establecen la compensación he procedido a
efectuar la citada compensación ordenada, en las cantidades de S/. 2´155,160.81 y la
compensación de la carta garantía por el importe de S/. 274,894.00, haciendo un total
de intereses por pagar a la demandante por la cantidad de S/. 11´685,957.80.
Asimismo, según el Laudo Arbitral y la Resolución N° 01 corresponde compensar a
favor de la demandante la cantidad de S/. 70,000.00 por la carta fianza ejecutada por
Electroperú, quedando un total de S/. 11´755,957.80 a favor de la demandante al día 21
de octubre del 2015”; CUARTO: Que, se tiene a su vez que la ejecutada Empresa de
Electricidad del Perú S.A. – ELECTROPERU S.A. mediante escrito obrante a fojas
1163 a 1187 observa dicho informe pericial a fin de que sea corregida y enmendada,
bajo el argumento que: i) La perito si bien aplica la tasa TAMN para el cálculo de los
intereses sobre la suma de S/. 477,943.26, sin embargo se equivoca al hacer la
aplicación en forma capitabilizable contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1249 del
Código Civil que prohíbe la capitalización de intereses, salvo que se trate de cuentas
mercantiles, bancarias o similares, así como el artículo 1250, la Resolución de
CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia de la Corte Suprema que
prohíbe el anatocismo; ii) La perito considera un interés moratorio del 15% a los
intereses resultantes de la aplicación de la tasa TAMN sobre los S/. 477,943.27, sin que
exista un solo extremo del laudo o de lo señalado por la Sala en que se ordene ello; que
ello no corresponde a ninguna parte del laudo ni de lo resuelto en el presente proceso; el
laudo en ninguno de sus extremos indica que se abone dicho interés; iii) La perito ha
efectuado la compensación de la suma de S/. 2´155,160.81 sin tener en consideración
que ello ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y como lo ordena la
Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015, lo cual no es acorde con lo resuelto por la
Sala Superior en la citada Resolución N° 14 que dispuso que la compensación opere al
04 de noviembre del 2010, haciéndose la imputación de pago a esa fecha; iv) La perito
ha descontado la suma de S/. 274,894.00 proveniente de la carta fianza ejecutada a
Electroperú sin tener en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011; y,
v) La imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no
ha observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil;
QUINTO: Que, se tiene que la perito designada en autos, cumple con absolver dichas
observaciones, mediante escrito obrante a fojas 1193 a 1201 de autos y en los términos
que consta en dicha pieza procesal; SEXTO: Que, mediante escrito obrante a fojas 1207
a 1238 de autos, la empresa ejecutada se pronuncia sobre la absolución de la perito
efectuada en autos, y adjunta a su vez un informe pericial de parte; citándose a las partes
a una Audiencia de Debate Pericial, la cual se lleva a cabo en los términos que consta en
el acta obrante a fojas 1268, quedando los autos expeditos para resolver el trámite;
SEPTIMO: Que, asimismo, se tiene que mediante resolución número treinta y ocho su
fecha 30 de mayo último, la Judicatura dispuso que la perito de autos cumplir con
precisar y explicar las observaciones ahí efectuadas en dicho escrito; lo cual es
cumplido por dicha perito mediante escrito de fecha 17 de junio último en los términos
que contiene dicha pieza procesal; lo cual es a su vez absuelto por la parte ejecutada
mediante escrito obrante de fecha 22 de julio del 2016 y no absuelto por la parte
ejecutante; OCTAVO: Ahora bien, en principio, respecto a las observaciones
efectuadas contra el informe pericial materia de análisis, cabe precisar que el presente
proceso constituye uno de naturaleza complementaria a la justicia arbitral, por cuanto
tiene por objeto ejecutar el laudo arbitral; y, por ende, en tal acto de ejecución debe
respetarse los términos en que el laudo fue expedido; NOVENO: Que, siendo ello así,
en el presente caso, de la revisión del laudo arbitral materia de ejecución se tiene que el
Tribunal Arbitral a cargo ordenó lo siguiente: “(…) Tercero: Declarar Fundada la
segunda pretensión principal de la demanda y, en tal sentido, ordenar a Electroperú
que pague al Contratista la suma de S/. 477,943.27; Cuarto: Declarar Fundada la
pretensión accesoria de la segunda pretensión principal, debiéndose pagar intereses
con la tasa TAMN desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la valorización del
Adicional N° 01 hasta que Electroperú cumpla con el pago de la suma indicada en la
segunda pretensión principal; Quinto: Declarar Fundada la tercera pretensión
principal de la demanda; ordenándose a Electroperú que pague a El Contratista la suma de S/. 1´952,109.86; Sexto: Declarar Fundada la pretensión accesoria a la
tercera pretensión principal, debiendo liquidarse los intereses a partir de la fecha de la
citación con la demanda y aplicando la tasa de interés legal; Sétimo: Declarar
Fundada la cuarta pretensión principal y ordenar a Electroperú devolver a El
Contratista la Carta Fianza N° 510-320119, Valorado 19768, del 30 de mayo del 2000
del Banco NBK Bank, por el importe de S/. 70,000.00 que reemplaza el fondo de
garantía; Octavo: Fundada en parte la pretensión principal de reconvención en el
extremo referido a la liquidación final de obra, aprobando los siguientes conceptos: -
Por concepto de pagos en exceso, la suma de S/. 2´70,908.31, monto que no devengará
ningún tipo de interés; - Por concepto de cargos por actividades contractuales no
efectuadas por el Contratista la suma de S/. 13,274.73; Noveno: Fundada la pretensión
subordinada de la reconvención, incorporando a la liquidación final de obra la suma
de S/. 70,977.77, por concepto de penalidad por retraso en el levantamiento de las
observaciones relativas a la Presa Yanacocha Palcán y Accesos (…)”; DECIMO: Que
siendo ello así, y con respecto a la segunda observación al informe pericial, se tiene en
principio que en ningún extremo del laudo el Tribunal Arbitral ha ordenado el pago de
intereses moratorios que liquida la perito designada en autos, como tampoco tal tipo de
interés ha sido ordenado en el mandato ejecutivo de autos contenido en la resolución
número uno su fecha 21 de octubre del 2011; por lo que la segunda observación
efectuada en este extremo por la parte ejecutada, debe ser amparada y excluirse dicha
suma liquidada por la perito a cargo, y considerarse en relación a este extremo la
liquidación complementaria efectuada por la perito a fojas 1194 a 1201 de autos en el
que excluye el pago de intereses moratorios; DECIMO PRIMERO: Que, con respecto
a la tercera observación al informe pericial, esto es la alegada indebida compensación
efectuada por la perito (según atribuye la parte ejecutada), siendo a que la compensación
de la suma de S/. 2´155,160.81 ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y
como lo ordena la Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los
intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015. A este respecto, cabe tener
presente que la perito a cargo, en su escrito de absolución a dicha observación (obrante
a fojas 1199) reconoce que realizará los cálculos conforme a lo ordenado por la Sala
Superior en la citada resolución catorce. Frente a lo cual se tiene que dicha perito en el
referido escrito de absolución procede a realizar nueva compensación (ver a fojas 1200)
y también nuevamente explicada mediante escrito de fecha 17 de junio último; de los
cuales es de advertirse que efectivamente la perito a cargo sí ha efectuado la compensación correspondiente ordenada por el Superior Jerárquico de modo
proporcional conforme a lo dispuesto en el artículo 1259 del Código Civil y al 04 de
noviembre del 2010 (tal como fluye de las cartas notariales obrantes a fojas 256 a 261
de autos), habiendo realizado la imputación a tal fecha de las sumas de S/.
2´155,161.81 a los créditos de S/. 477,943.27 y de S/. 1´952,109.86, así como la
imputación de la suma de S/. 274,894.00 (ejecución de carta fianza), aplicándoseles en
cada uno de dichos actos de imputación los porcentajes correspondientes en forma
proporcional; tal como aparece de los cuadros presentados por la perito a cargo en los
escritos de absolución (24 de febrero del 2016) y precisión del informe pericial (17 de
junio del 2016). Que, como se advierte, esta observación efectuada por la parte
ejecutada fue debidamente levantada por la perito, estando en dicho informe pericial
complementario debidamente efectuada la compensación entre las obligaciones
reconocidas en el laudo arbitral, en las fechas correspondientes y en el monto y forma
previstas en el artículo 1259 del Código Civil, precisándose a que respecto a este último
que la posición de interpretación de esta Judicatura será efectuada en considerando
aparte, más esta Judicatura considera que la compensación efectuada por la perito parte
de la concordancia en la interpretación y aplicación que efectúa dicha perito con
relación al artículo 1259 del Código Civil; DECIMO SEGUNDO: Que, con respecto a
la cuarta observación al informe pericial, en el sentido que la perito ha descontado la
suma de S/. 274,894.00 proveniente de la Carta Fianza ejecutada a Electroperú, sin tener
en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011. Señala al respecto, la
perito a cargo que “en efecto al 22 de junio del 2011 la demandante procedió a la
ejecución de la referida carta fianza; por lo que resulta atendible que este pago a
cuenta sea imputado a dicha fecha”. Siendo ello así, debe la perito tener en
consideración tal observación y aceptación de su parte, este extremo de la deuda
erróneamente imputada en el informe pericial, debiendo tener como fecha de
imputación de dicho pago al 22 de junio del 2011, lo cual sin embargo aparece
debidamente corregida y/o aclarada en el informe complementario obrante a fojas 1195
de autos; por lo que se tiene levantada satisfactoriamente dicha observación; DECIMO
TERCERO: Que, con respecto a la quinta observación pericial, en el sentido que la
imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no ha
observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil. A este
respecto, la perito en su escrito de absolución manifiesta que la imputación se hará
conforme a lo establecido en la parte final del artículo 1259 del Código Civil, esto es en forma proporcional a las deudas.; y, luego, dicha perito procede a efectuar dicha
imputación en tal orden. A este respecto, cabe precisar que el artículo 1259 del Código
Civil dispone que: No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica
el pago a la menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más
onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas, a la
más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se hará
proporcionalmente. Siendo a que en el presente caso, cierto es que las deudas que
mantiene la parte ejecutada no se encuentran garantizadas, esto es, en el entendido que
exista constituido una garantía real o personal o de otra naturaleza, pero garantía
jurídicamente entendido, como tal y a favor del acreedor con respecto a dichas deudas.
Siendo ello así, resulta necesario precisar que la indicación de “deuda garantizada” no
hace alusión a deuda “en igualdad de condiciones” como simple y llanamente pretende
efectuar la parte ejecutada. Lo claro y concreto es que dentro del derecho de crédito, una
deuda garantizada es aquella en cuyo favor la parte ejecutada o un tercero ha constituido
una garantía (en el entendido del derecho) real, personal o de otro tipo que tenga tal
naturaleza. Así, la categoría “garantía” a que hace alusión el artículo 1259 no debe ser
interpretado en su sentido estrictamente gramatical sino ante todo jurídico. Aúnan a este
respecto, los profesores Felipe OSTERLING PARODI y Mario CASTILLO FREYRE
que: “(…) Al señalarse el supuesto de deudas igualmente garantizadas, se podría pensar
que el artículo 1269 está aludiendo a aquellas obligaciones respecto de las cuales se ha
constituido una misma garantía, sea ésta real o personal, o garantías diferentes, pero de
la misma naturaleza (como sería el caso de bienes dados en prenda –ahora garantía
atípica legal- que garanticen plenamente dos obligaciones distintas), o de garantías
personales otorgadas por la misma persona (por ejemplo, una fianza). Sin embargo,
consideramos que no es éste el sentido del precepto. Por ejemplo, si una obligación está
garantizada por una sólida hipoteca y otra por una sólida fianza bancaria, las dos
estarían igualmente garantizadas”1. Siendo ello así y estando a que en el caso de autos
las deudas materia de ejecución no tienen constituidos garantía (real, personal o de otro
tipo alguno), no corresponde por tanto aplicarse la regla de imputación “a la menos
garantizada” ni “a la más onerosa para el deudor” ni tampoco “a la más antigua”.
Ergo, a no poder aplicarse tales reglas, corresponde proceder conforme a la parte final
del artículo 1259, esto es “la imputación se hará proporcionalmente”. Habiendo en este
1 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las
Obligaciones. Palestra Editores, Lima, 2008, pág. 583. sentido, la perito a cargo efectuado dicha imputación de ambas deudas en forma
proporcional conforme a la nueva liquidación efectuada mediante escrito de fecha 24 de
febrero del 2016 obrante a fojas 1200 de autos; DECIMO CUARTO: Que, finalmente,
con respecto a la primera observación al informe pericial, esto es que la perito si bien
aplica la tasa TAMN para el cálculo de los intereses sobre la suma de S/. 477,943.26,
sin embargo se equivoca al hacer la aplicación en forma capitabilizable contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 1249 del Código Civil que prohíbe la capitalización de
intereses, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, así como el
artículo 1250, la Resolución de CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia
de la Corte Suprema que prohíbe el anatocismo. A este respecto, se tiene que la perito a
cargo en su escrito de absolución de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1197
a 1201) precisa que no es cierto que en la nueva pericia contable esté aplicando
capitalización de intereses, que no está incurriendo en anatocismo. Que, de la revisión
del informe pericial aclaratorio presentado por la perito mediante escrito obrante a fojas
1192 a 1201 de autos aparece que la perito ha utilizado los índices que emite el Banco
Central de Reserva del Perú respecto al interés TAMN, siendo a que el Tribunal Arbitral
ha ordenado en el laudo materia de ejecución de pago de la obligación a favor de la hoy
demandante los referidos intereses con la tasa TAMN, los mismos que deben ser
liquidados conforme ordena dicho Tribunal y para cuyos efectos la perito designada en
autos ha aplicado conforme a los índices legales y la fórmula correspondiente. En tal
sentido, cabe precisar que cierto es que tratándose de la tasa TAMN le corresponde tal
fijación al Banco Central de Reserva y esta entidad establece la fórmula correspondiente
para tales efectos, no existiendo fórmulas alternativas para la liquidación de la tasa
TAMN, pues lo contrario ya no significaría el pago de dicha tasa y por ende importaría
el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Arbitral. Por estos fundamentos, SE
RESUELVE: APROBAR la liquidación de intereses y de compensaciones efectuadas
por la perito designada en autos y precisadas por dicho órgano de auxilio judicial
mediante escrito de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1193 a 1201 de autos),
quedando por tanto establecido dicho interés TAMN al 22 de febrero del 2016 en la
suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 42/100 SOLES y quedando a su vez fijado los intereses
legales al 22 de febrero del 2016 en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVENTA Y SIETE Y 43/100 SOLES; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : LIMO SANCHEZ JULIO FRANCISCO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
ELECTROPERU S A ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. SESENTA Y DOS
Miraflores, veintidós de abril
De dos mil diecinueve.-
Dando cuenta, el escrito número 7210-2019,
presentado por el ejecutante, y estando a lo solicitado; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, la parte recurrente solicita que esta judicatura emita
pronunciamiento sobre los siguientes conceptos a saber, puesto que se ha
omitido pronunciamiento sobre los mismos, los cuales se proceden a
detallar, esto es: (i) al pedido formulado por el ejecutado, dentro de su
escrito de fecha 18 de setiembre del pasado año, en el cual, consignó dos
depósitos judiciales, por el monto total de S/. 9´400,000.00 soles, y, se
levante el embargo trabado en sus cuentas y haberes; (ii) la oposición
formulada por el ejecutado, respecto a la entrega del depósito judicial;
(iii) al pedido formulado por el ejecutado, respecto a la retención por la suma
de S/. 1´050,808.00 soles; y, (iv) al pedido incoado por el recurrente, dentro
de su escrito de fecha 18 de noviembre del pasado año, referido a que está
de acuerdo al levantamiento de la medida cautelar [ver resolución número
52], SEGUNDO: Que, el presente proceso, es uno de Ejecución de Laudo
Arbitral, cuya finalidad es que el ejecutado, Empresa Electricidad del Perú
– Electroperú S.A.-, cumpla con pagar los siguientes conceptos, y según
corresponda: a) S/. 477,943.27 soles; b) Intereses TAMN;
c) S/. 1´952,109.86 soles; d) liquidación de intereses a partir de la
demanda, aplicándose el interés legal, y, que, e) devuelva la Carta Fianza
por el monto de S/. 70,000.00 soles; TERCERO: Que, mediante resolución
número veinticinco se emite el Auto Final, el mismo que es apelado,
elevándose los respectivos actuados al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución número catorce, emite el Auto de Vista1, resolviendo:
Revocar el Auto Final, en el extremo que declaró infundada la
Contradicción, y, Reformándola declaró Fundada en Parte la
Contradicción, ordenándose que se efectúe la compensación de conformidad
con los artículos 1249° y 1250° del Código Civil; Confirmar el Auto Final, en
el extremo que se considera como pago a cuenta la suma de
S/. 274,894.00 soles, que proviene de la ejecución de la Fianza Bancaria
N° 10225936, la cual debe ser imputada conforme a lo previsto en el artículo
1257° del Código Civil; y, Revocar el Extremo que aprobó el Informe
1 Fojas 1032 – 1053.
1 Pericial, Reformándola, la desaprueba, ordenando que se elabore
una nueva pericia contable. Que, conforme se puede apreciar de autos,
la decisión antes descrita, fue materia de casación, habiendo sido elevados
los mismos, a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia,
instancia superior que por resolución de fecha veintinueve de diciembre de
dos mil catorce, declaró improcedente el recurso de casación. Ahora,
mediante resolución número cuarenta y tres2, se aprueba la liquidación de
intereses y de compensaciones efectuadas por el perito, quedando
establecido por interés TAMN la suma de S/. 10´240,237.42 soles, y, por
intereses legales la suma de S/. 689,097.43 soles. La decisión antes
descrita, fue apelada por el ejecutado, sin embargo, la misma fue
Confirmada por el Superior Colegiado, mediante resolución de Vista
número tres, su fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. La
resolución emitida por el Superior Colegiado, fue materia de recurso de
casación, interpuesta por el ejecutado, elevándose los mismos a la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema, la cual por resolución de fecha
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, resolvió rechazar el recurso de
casación; CUARTO: Que, por resolución número cuarenta y nueve, se
requirió a la parte ejecutada, a efectos de que cumpla con: (i) cancelar y/o
devolver el importe ascendente a la suma de S/. 70,000.00 soles,
proveniente de la Carta Fianza número 510-320119, y (ii) cancelar la suma
de S/. 10´240,237.42 soles, por intereses TAMN, y la suma de
S/. 689,097.43 soles, por intereses legales; dicha decisión fue apelada por
el ejecutado, remitiéndose los mismos al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución de Vista número 04 su fecha diecinueve de abril del
pasado año, resolvió Confirmar la misma; QUINTO: Que, por resolución
número cincuenta y dos, su fecha once de junio de dos mil dieciocho,
estando a la solicitud invocada por el ejecutante, se resolvió variar la
medida cautelar en forma de retención, señalándose como nuevo monto en
la suma de nueve millones cuatrocientos mil con 00/100 soles. Ahora,
mediante escrito su fecha 18 de setiembre del pasado año, la parte
ejecutada consigna a través de 02 depósitos judiciales, las siguientes
sumas: a) S/. 8´279,281.72 soles; y, b) S/. 1´120,718.28 soles. Dentro del
citado escrito, el ejecutado señala que se debe tener por consignados los
referidos montos; y, por otro lado, se opone a la entrega total de los mismos,
puesto que no se ha tomado en cuenta que el monto adeudado es por
S/. 10´999,244.85 soles, y que al ejecutante se le ha endosado la suma de
S/. 2´650,053.13 soles, por lo que, aplicando dicho descuento, el pago a
realizar a favor del ejecutante es por el monto de S/. 8´349,191.72 soles.
Agrega, que como resultado de lo antes expresando, existe un excedente a
su favor por la suma de S/. 1´050,808.28 soles, respecto del cual, se opone
a la entrega; SEXTO: Que, por escrito de fecha 20 de setiembre, y
subsanado que fuera con fecha 20 de noviembre de dos mil dieciocho, el
ejecutado interpuso recurso de apelación contra la resolución cincuenta y
dos, habiéndose concedido la misma sin efecto suspensivo, y sin la calidad
de diferida. Ahora, conforme se puede apreciar de autos, el ejecutado
dentro de su escrito de fecha 18 de setiembre de dos mil dieciocho, se
opone a la entrega total de los certificados al ejecutante, entiéndase al
monto consignado en el auto de variación de medida cautelar; señalando
2 De fecha 12/09/2016.
2 como principal fundamento que, existe un monto que excede por la suma de
S/. 1´050,808.28 soles; argumento que también es invocado dentro de su
recurso de apelación de fecha 20 de setiembre de dos mil dieciocho; por lo
que, se debe entender que el ejecutado ha interpuesto doble recurso contra
la misma resolución, lo cual está prohibido dentro de nuestro
ordenamiento procesal civil3, por lo que, se debe declarar la nulidad de la
resolución número sesenta, y como consecuencia de ello, declarar
improcedente la apelación que fuera formulada por el ejecutado; SÉTIMO:
Que, de lo antes descrito y teniendo en cuenta que el presente proceso se
encuentra en la etapa técnica de ejecución, se advierte que el ejecutado ha
cumplido con consignar la suma contenida en el auto de variación de
medida cautelar, señalando de forma puntual “que se tenga por consignado
la suma de S/. 9´400,000.00 soles, y que se proceda a levantar la medida
cautelar; agregando que existe un monto a favor del ejecutante por la suma
de S/. 8´349,191.72 soles, y un excedente a su favor, alrededor de
S/. 1´050,808.00 soles” (el subrayado es nuestro). De lo antes descrito, se
entiende que existe un consentimiento parcial del propio ejecutado
respecto del monto de la medida cautelar que fuera dictada en ejecución,
en forma de retención, precisándose en esta etapa del proceso que, luego
de realizar una operación aritmética del monto requerido en pago mediante
resolución cuarenta y nueve, por S/ 10’999,244.85 soles, menos la suma
de S/. 2’650,053.13 soles, que le fuera endosado, al ejecutante4, se obtiene
la suma de S/ 8’349,191.72 soles; por lo que, correspondería endosar a
favor del ejecutante lo requerido mediante resolución número cuarenta y
nueve, monto que deberá ser efectuado dentro de los 02 certificados de
depósito judicial que fueran presentados por el ejecutado, según
corresponda. En tal sentido, resulta de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 747° del Código Procesal Civil, que señala: “Si el bien que asegura
la ejecución es dinero, será entregado al ejecutante luego de aprobada la
liquidación. (…)”. En tal sentido, conforme se viene desarrollando en la
presente, la liquidación de intereses ha sido aprobada, y confirmada por el
Superior Colegiado, por lo que, corresponde endosar a favor del ejecutante
el monto señalado en el presente considerando; OCTAVO: Que, por otro
lado, de la revisión de autos, se aprecia que por escrito su fecha 23 de
agosto del pasado año, el ejecutado solicitó que se levante la medida
cautelar, en forma de retención, esto al amparo de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional del Presupuesto; señala dentro de sus
fundamentos, indicando que: (…) ha programado la orden de pago
efectuada por su despacho para disponer la cancelación en el plazo máximo
de 20 días (…). Que, conforme se ha señalado en los considerandos
precedentes, la parte ejecutada ha cumplido con consignar la suma
expresada en el auto de variación de medida cautelar, por lo que, la
solicitud invocada resulta atendible, correspondiendo que se levante la
medida cautelar en forma de retención, debiendo tener en cuenta, que la
misma fue variada por resolución número cincuenta y dos; asimismo, se
debe tener presente lo dispuesto mediante resolución número cincuenta y
seis, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho; sin perjuicio de
3
Artículo 360° CPC: Está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una
misma resolución.
4 Resolución 58, del cuaderno cautelar N° 8157-2011-56.
3 notificar como corresponde, a las entidades financieras, a fin de que se
levante la medida cautelar que fuera concedida por resolución número
cincuenta y dos; NOVENO: Que, en cuanto a la oposición formulada por el
ejecutado, esta debe ser declarada fundada, puesto que, como se ha
señalado, dicha parte ha cumplido con consignar el monto total dispuesto
en el auto de variación de medida cautelar solicitando la devolución de lo
que considera un exceso, en tal sentido, corresponde endosar en vía de
devolución a favor del ejecutado, la suma de S/. 1´050,808.28 soles, más
aun si el propio ejecutante, dentro de su escrito de fecha 20 de
noviembre del pasado año, señaló: “estamos de acuerdo con el pedido
de la ejecutada para que se le devuelva la suma de S/. 1´050,808.28
soles, pues al consignar voluntariamente las sumas ya liquidadas en
autos, nos conlleva a inferir que oportunamente tendrán la buena fe
de depositar las sumas que se originen por la liquidación de
intereses, costas y costos del proceso” (el resaltado es nuestro). Que,
como consecuencia, de lo antes decidido, carece de objeto formar el
cuaderno de apelación, según fuera dispuesto mediante resolución número
sesenta, de fecha 04 de enero del año en curso, correspondiendo dejar sin
efecto la misma; DÉCIMO: Que, conforme a lo antes señalado, y en
aplicación del artículo 171° del Código procesal civil, corresponde dejar sin
efecto lo dispuesto por resolución número sesenta y uno, debiéndose tener
presente lo decidido en la presente resolución; por lo que, estando a los
fundamentos antes expuestos, y en aplicación de los artículos 171° y 747°
del Código Procesal Civil; SE RESUELVE:
1) LEVANTAR la medida cautelar en forma de retención, que fuera
dictada por resolución número cincuenta y cuatro su fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete, dictada en el cuaderno de medida
cautelar número 8157-2011-56, la misma que ha sido variada por
resolución número cincuenta y dos, y, como consecuencia de ello, se
debe notificar a las entidades financieras, según corresponda;
2) FUNDADA la oposición formulada por el ejecutado, en tal sentido,
ENDOSAR a favor del ejecutado la suma de S/. 1´050,808.28 soles;
debiendo efectuar la respectiva programación dentro del tercer día
de notificado;
3) NULA la resolución número sesenta de fecha cuatro de enero del
presente año; y renovando al estado que corresponde,
IMPROCEDENTE la apelación formulada por el ejecutado;
4) DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto por resolución sesenta y uno, y
como consecuencia de ello, ENDOSAR a favor del ejecutante la suma
S/. 8´349,191.72 SOLES, el mismo que deberá ser efectuado
dentro de los 02 certificados de depósito judicial presentados que
fueran por el ejecutado, según corresponda; debiendo efectuar la
respectiva programación dentro del tercer día de notificado;
5) Avocándose a los presentes autos el Juez que suscribe, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución administrativa N° 027-
2019-P-CSJLI/PJ, publicada con fecha 10 de enero de dos mil
diecinueve; notificándose.-
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTO JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
ESPECIALISTA : SOTO FARFAN, MARIA VICTORIA
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : ELECTRICIDAD DEL PERU SAEN ADELANTE
ELECTROPERU SA
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES
Miraflores, doce de setiembre
Del año dos mil dieciséis.-
Puesto en la fecha a Despacho: AUTOS Y VISTOS; y,
ATENDIENDO; PRIMERO: Que constituye objeto de la presente resolución la
decisión a adoptar respecto de la aprobación o desaprobación del nuevo informe pericial
presentado por la perito designada en autos Carmen Miltha Chávez Barrezueta
conforme consta a fojas 1145 a 1161 de autos; SEGUNDO: Que, de la revisión de autos
se tiene en principio que, mediante Resolución N° 14 expedida por la Primera Sala
Comercial de Lima con fecha 22 de julio del 2014 (obrante a fojas 1032 a 1053) dicha
Sala resolvió revocar el auto final contenido en la Resolución N° 25 su fecha 10 de
junio del 2013 en el extremo que resuelve aprobar el informe pericial presentado en
autos por la perito Carmen Miltha Chávez Barrezueta de fojas 469 a 478 de autos; y,
reformándola la Sala desaprueba dicho informe pericial y dispone se ordene la
realización de nueva pericia de acuerdo a los criterios expuestos en dicha resolución;
TERCERO: Que, en este nuevo informe pericial, se tiene que la referido perito
concluye lo siguiente: “Primera.- Que ha quedado establecido el importe de los
Intereses Compensatorios con la Tasa TAMN en la cantidad de S/. 11´869,921.72
nuevos soles, al 21 de octubre del 2015 en cumplimiento de la Resolución N° 14 del 22
de julio del 2014, de la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial; Segunda.- Que, ha quedado establecido el importe del Interés Moratorio en la cantidad de S/.
1´780,488.26 nuevos soles, al 21 de octubre del 2015, en cumplimiento de la Resolución
N° 01 del 5° Juzgado Civil Comercial, en la parte resolutiva punto a); Tercera.- Que,
ha quedado establecido que al aplicar la tasa de Interés Legal contenida en la
Resolución Arbitral, la Resolución N° 01 del 28 de octubre del 2011 – auto admisorio
(…) en la parte resolutiva Punto b) queda un importe de S/. 465,602.63 nuevos soles
como intereses legales; Cuarta.- Que, ha quedado establecido el importe total del
Interés Compensatorio tasa TAMN por la cantidad de S/. 11´869,921.72, el Interés
Moratorio es por S/. 1´780,488.26 y el Interés Legal por S/. 465,602.63 haciendo un
total de intereses liquidados el importe de S/. 14´1116,012.61 y de acuerdo con la
Resolución N° 14 y Resolución N° 19 que establecen la compensación he procedido a
efectuar la citada compensación ordenada, en las cantidades de S/. 2´155,160.81 y la
compensación de la carta garantía por el importe de S/. 274,894.00, haciendo un total
de intereses por pagar a la demandante por la cantidad de S/. 11´685,957.80.
Asimismo, según el Laudo Arbitral y la Resolución N° 01 corresponde compensar a
favor de la demandante la cantidad de S/. 70,000.00 por la carta fianza ejecutada por
Electroperú, quedando un total de S/. 11´755,957.80 a favor de la demandante al día 21
de octubre del 2015”; CUARTO: Que, se tiene a su vez que la ejecutada Empresa de
Electricidad del Perú S.A. – ELECTROPERU S.A. mediante escrito obrante a fojas
1163 a 1187 observa dicho informe pericial a fin de que sea corregida y enmendada,
bajo el argumento que: i) La perito si bien aplica la tasa TAMN para el cálculo de los
intereses sobre la suma de S/. 477,943.26, sin embargo se equivoca al hacer la
aplicación en forma capitabilizable contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1249 del
Código Civil que prohíbe la capitalización de intereses, salvo que se trate de cuentas
mercantiles, bancarias o similares, así como el artículo 1250, la Resolución de
CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia de la Corte Suprema que
prohíbe el anatocismo; ii) La perito considera un interés moratorio del 15% a los
intereses resultantes de la aplicación de la tasa TAMN sobre los S/. 477,943.27, sin que
exista un solo extremo del laudo o de lo señalado por la Sala en que se ordene ello; que
ello no corresponde a ninguna parte del laudo ni de lo resuelto en el presente proceso; el
laudo en ninguno de sus extremos indica que se abone dicho interés; iii) La perito ha
efectuado la compensación de la suma de S/. 2´155,160.81 sin tener en consideración
que ello ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y como lo ordena la
Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015, lo cual no es acorde con lo resuelto por la
Sala Superior en la citada Resolución N° 14 que dispuso que la compensación opere al
04 de noviembre del 2010, haciéndose la imputación de pago a esa fecha; iv) La perito
ha descontado la suma de S/. 274,894.00 proveniente de la carta fianza ejecutada a
Electroperú sin tener en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011; y,
v) La imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no
ha observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil;
QUINTO: Que, se tiene que la perito designada en autos, cumple con absolver dichas
observaciones, mediante escrito obrante a fojas 1193 a 1201 de autos y en los términos
que consta en dicha pieza procesal; SEXTO: Que, mediante escrito obrante a fojas 1207
a 1238 de autos, la empresa ejecutada se pronuncia sobre la absolución de la perito
efectuada en autos, y adjunta a su vez un informe pericial de parte; citándose a las partes
a una Audiencia de Debate Pericial, la cual se lleva a cabo en los términos que consta en
el acta obrante a fojas 1268, quedando los autos expeditos para resolver el trámite;
SEPTIMO: Que, asimismo, se tiene que mediante resolución número treinta y ocho su
fecha 30 de mayo último, la Judicatura dispuso que la perito de autos cumplir con
precisar y explicar las observaciones ahí efectuadas en dicho escrito; lo cual es
cumplido por dicha perito mediante escrito de fecha 17 de junio último en los términos
que contiene dicha pieza procesal; lo cual es a su vez absuelto por la parte ejecutada
mediante escrito obrante de fecha 22 de julio del 2016 y no absuelto por la parte
ejecutante; OCTAVO: Ahora bien, en principio, respecto a las observaciones
efectuadas contra el informe pericial materia de análisis, cabe precisar que el presente
proceso constituye uno de naturaleza complementaria a la justicia arbitral, por cuanto
tiene por objeto ejecutar el laudo arbitral; y, por ende, en tal acto de ejecución debe
respetarse los términos en que el laudo fue expedido; NOVENO: Que, siendo ello así,
en el presente caso, de la revisión del laudo arbitral materia de ejecución se tiene que el
Tribunal Arbitral a cargo ordenó lo siguiente: “(…) Tercero: Declarar Fundada la
segunda pretensión principal de la demanda y, en tal sentido, ordenar a Electroperú
que pague al Contratista la suma de S/. 477,943.27; Cuarto: Declarar Fundada la
pretensión accesoria de la segunda pretensión principal, debiéndose pagar intereses
con la tasa TAMN desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la valorización del
Adicional N° 01 hasta que Electroperú cumpla con el pago de la suma indicada en la
segunda pretensión principal; Quinto: Declarar Fundada la tercera pretensión
principal de la demanda; ordenándose a Electroperú que pague a El Contratista la suma de S/. 1´952,109.86; Sexto: Declarar Fundada la pretensión accesoria a la
tercera pretensión principal, debiendo liquidarse los intereses a partir de la fecha de la
citación con la demanda y aplicando la tasa de interés legal; Sétimo: Declarar
Fundada la cuarta pretensión principal y ordenar a Electroperú devolver a El
Contratista la Carta Fianza N° 510-320119, Valorado 19768, del 30 de mayo del 2000
del Banco NBK Bank, por el importe de S/. 70,000.00 que reemplaza el fondo de
garantía; Octavo: Fundada en parte la pretensión principal de reconvención en el
extremo referido a la liquidación final de obra, aprobando los siguientes conceptos: -
Por concepto de pagos en exceso, la suma de S/. 2´70,908.31, monto que no devengará
ningún tipo de interés; - Por concepto de cargos por actividades contractuales no
efectuadas por el Contratista la suma de S/. 13,274.73; Noveno: Fundada la pretensión
subordinada de la reconvención, incorporando a la liquidación final de obra la suma
de S/. 70,977.77, por concepto de penalidad por retraso en el levantamiento de las
observaciones relativas a la Presa Yanacocha Palcán y Accesos (…)”; DECIMO: Que
siendo ello así, y con respecto a la segunda observación al informe pericial, se tiene en
principio que en ningún extremo del laudo el Tribunal Arbitral ha ordenado el pago de
intereses moratorios que liquida la perito designada en autos, como tampoco tal tipo de
interés ha sido ordenado en el mandato ejecutivo de autos contenido en la resolución
número uno su fecha 21 de octubre del 2011; por lo que la segunda observación
efectuada en este extremo por la parte ejecutada, debe ser amparada y excluirse dicha
suma liquidada por la perito a cargo, y considerarse en relación a este extremo la
liquidación complementaria efectuada por la perito a fojas 1194 a 1201 de autos en el
que excluye el pago de intereses moratorios; DECIMO PRIMERO: Que, con respecto
a la tercera observación al informe pericial, esto es la alegada indebida compensación
efectuada por la perito (según atribuye la parte ejecutada), siendo a que la compensación
de la suma de S/. 2´155,160.81 ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y
como lo ordena la Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los
intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015. A este respecto, cabe tener
presente que la perito a cargo, en su escrito de absolución a dicha observación (obrante
a fojas 1199) reconoce que realizará los cálculos conforme a lo ordenado por la Sala
Superior en la citada resolución catorce. Frente a lo cual se tiene que dicha perito en el
referido escrito de absolución procede a realizar nueva compensación (ver a fojas 1200)
y también nuevamente explicada mediante escrito de fecha 17 de junio último; de los
cuales es de advertirse que efectivamente la perito a cargo sí ha efectuado la compensación correspondiente ordenada por el Superior Jerárquico de modo
proporcional conforme a lo dispuesto en el artículo 1259 del Código Civil y al 04 de
noviembre del 2010 (tal como fluye de las cartas notariales obrantes a fojas 256 a 261
de autos), habiendo realizado la imputación a tal fecha de las sumas de S/.
2´155,161.81 a los créditos de S/. 477,943.27 y de S/. 1´952,109.86, así como la
imputación de la suma de S/. 274,894.00 (ejecución de carta fianza), aplicándoseles en
cada uno de dichos actos de imputación los porcentajes correspondientes en forma
proporcional; tal como aparece de los cuadros presentados por la perito a cargo en los
escritos de absolución (24 de febrero del 2016) y precisión del informe pericial (17 de
junio del 2016). Que, como se advierte, esta observación efectuada por la parte
ejecutada fue debidamente levantada por la perito, estando en dicho informe pericial
complementario debidamente efectuada la compensación entre las obligaciones
reconocidas en el laudo arbitral, en las fechas correspondientes y en el monto y forma
previstas en el artículo 1259 del Código Civil, precisándose a que respecto a este último
que la posición de interpretación de esta Judicatura será efectuada en considerando
aparte, más esta Judicatura considera que la compensación efectuada por la perito parte
de la concordancia en la interpretación y aplicación que efectúa dicha perito con
relación al artículo 1259 del Código Civil; DECIMO SEGUNDO: Que, con respecto a
la cuarta observación al informe pericial, en el sentido que la perito ha descontado la
suma de S/. 274,894.00 proveniente de la Carta Fianza ejecutada a Electroperú, sin tener
en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011. Señala al respecto, la
perito a cargo que “en efecto al 22 de junio del 2011 la demandante procedió a la
ejecución de la referida carta fianza; por lo que resulta atendible que este pago a
cuenta sea imputado a dicha fecha”. Siendo ello así, debe la perito tener en
consideración tal observación y aceptación de su parte, este extremo de la deuda
erróneamente imputada en el informe pericial, debiendo tener como fecha de
imputación de dicho pago al 22 de junio del 2011, lo cual sin embargo aparece
debidamente corregida y/o aclarada en el informe complementario obrante a fojas 1195
de autos; por lo que se tiene levantada satisfactoriamente dicha observación; DECIMO
TERCERO: Que, con respecto a la quinta observación pericial, en el sentido que la
imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no ha
observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil. A este
respecto, la perito en su escrito de absolución manifiesta que la imputación se hará
conforme a lo establecido en la parte final del artículo 1259 del Código Civil, esto es en forma proporcional a las deudas.; y, luego, dicha perito procede a efectuar dicha
imputación en tal orden. A este respecto, cabe precisar que el artículo 1259 del Código
Civil dispone que: No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica
el pago a la menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más
onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas, a la
más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se hará
proporcionalmente. Siendo a que en el presente caso, cierto es que las deudas que
mantiene la parte ejecutada no se encuentran garantizadas, esto es, en el entendido que
exista constituido una garantía real o personal o de otra naturaleza, pero garantía
jurídicamente entendido, como tal y a favor del acreedor con respecto a dichas deudas.
Siendo ello así, resulta necesario precisar que la indicación de “deuda garantizada” no
hace alusión a deuda “en igualdad de condiciones” como simple y llanamente pretende
efectuar la parte ejecutada. Lo claro y concreto es que dentro del derecho de crédito, una
deuda garantizada es aquella en cuyo favor la parte ejecutada o un tercero ha constituido
una garantía (en el entendido del derecho) real, personal o de otro tipo que tenga tal
naturaleza. Así, la categoría “garantía” a que hace alusión el artículo 1259 no debe ser
interpretado en su sentido estrictamente gramatical sino ante todo jurídico. Aúnan a este
respecto, los profesores Felipe OSTERLING PARODI y Mario CASTILLO FREYRE
que: “(…) Al señalarse el supuesto de deudas igualmente garantizadas, se podría pensar
que el artículo 1269 está aludiendo a aquellas obligaciones respecto de las cuales se ha
constituido una misma garantía, sea ésta real o personal, o garantías diferentes, pero de
la misma naturaleza (como sería el caso de bienes dados en prenda –ahora garantía
atípica legal- que garanticen plenamente dos obligaciones distintas), o de garantías
personales otorgadas por la misma persona (por ejemplo, una fianza). Sin embargo,
consideramos que no es éste el sentido del precepto. Por ejemplo, si una obligación está
garantizada por una sólida hipoteca y otra por una sólida fianza bancaria, las dos
estarían igualmente garantizadas”1. Siendo ello así y estando a que en el caso de autos
las deudas materia de ejecución no tienen constituidos garantía (real, personal o de otro
tipo alguno), no corresponde por tanto aplicarse la regla de imputación “a la menos
garantizada” ni “a la más onerosa para el deudor” ni tampoco “a la más antigua”.
Ergo, a no poder aplicarse tales reglas, corresponde proceder conforme a la parte final
del artículo 1259, esto es “la imputación se hará proporcionalmente”. Habiendo en este
1 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las
Obligaciones. Palestra Editores, Lima, 2008, pág. 583. sentido, la perito a cargo efectuado dicha imputación de ambas deudas en forma
proporcional conforme a la nueva liquidación efectuada mediante escrito de fecha 24 de
febrero del 2016 obrante a fojas 1200 de autos; DECIMO CUARTO: Que, finalmente,
con respecto a la primera observación al informe pericial, esto es que la perito si bien
aplica la tasa TAMN para el cálculo de los intereses sobre la suma de S/. 477,943.26,
sin embargo se equivoca al hacer la aplicación en forma capitabilizable contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 1249 del Código Civil que prohíbe la capitalización de
intereses, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, así como el
artículo 1250, la Resolución de CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia
de la Corte Suprema que prohíbe el anatocismo. A este respecto, se tiene que la perito a
cargo en su escrito de absolución de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1197
a 1201) precisa que no es cierto que en la nueva pericia contable esté aplicando
capitalización de intereses, que no está incurriendo en anatocismo. Que, de la revisión
del informe pericial aclaratorio presentado por la perito mediante escrito obrante a fojas
1192 a 1201 de autos aparece que la perito ha utilizado los índices que emite el Banco
Central de Reserva del Perú respecto al interés TAMN, siendo a que el Tribunal Arbitral
ha ordenado en el laudo materia de ejecución de pago de la obligación a favor de la hoy
demandante los referidos intereses con la tasa TAMN, los mismos que deben ser
liquidados conforme ordena dicho Tribunal y para cuyos efectos la perito designada en
autos ha aplicado conforme a los índices legales y la fórmula correspondiente. En tal
sentido, cabe precisar que cierto es que tratándose de la tasa TAMN le corresponde tal
fijación al Banco Central de Reserva y esta entidad establece la fórmula correspondiente
para tales efectos, no existiendo fórmulas alternativas para la liquidación de la tasa
TAMN, pues lo contrario ya no significaría el pago de dicha tasa y por ende importaría
el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Arbitral. Por estos fundamentos, SE
RESUELVE: APROBAR la liquidación de intereses y de compensaciones efectuadas
por la perito designada en autos y precisadas por dicho órgano de auxilio judicial
mediante escrito de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1193 a 1201 de autos),
quedando por tanto establecido dicho interés TAMN al 22 de febrero del 2016 en la
suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 42/100 SOLES y quedando a su vez fijado los intereses
legales al 22 de febrero del 2016 en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVENTA Y SIETE Y 43/100 SOLES; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : LIMO SANCHEZ JULIO FRANCISCO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
ELECTROPERU S A ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. SESENTA Y DOS
Miraflores, veintidós de abril
De dos mil diecinueve.-
Dando cuenta, el escrito número 7210-2019,
presentado por el ejecutante, y estando a lo solicitado; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, la parte recurrente solicita que esta judicatura emita
pronunciamiento sobre los siguientes conceptos a saber, puesto que se ha
omitido pronunciamiento sobre los mismos, los cuales se proceden a
detallar, esto es: (i) al pedido formulado por el ejecutado, dentro de su
escrito de fecha 18 de setiembre del pasado año, en el cual, consignó dos
depósitos judiciales, por el monto total de S/. 9´400,000.00 soles, y, se
levante el embargo trabado en sus cuentas y haberes; (ii) la oposición
formulada por el ejecutado, respecto a la entrega del depósito judicial;
(iii) al pedido formulado por el ejecutado, respecto a la retención por la suma
de S/. 1´050,808.00 soles; y, (iv) al pedido incoado por el recurrente, dentro
de su escrito de fecha 18 de noviembre del pasado año, referido a que está
de acuerdo al levantamiento de la medida cautelar [ver resolución número
52], SEGUNDO: Que, el presente proceso, es uno de Ejecución de Laudo
Arbitral, cuya finalidad es que el ejecutado, Empresa Electricidad del Perú
– Electroperú S.A.-, cumpla con pagar los siguientes conceptos, y según
corresponda: a) S/. 477,943.27 soles; b) Intereses TAMN;
c) S/. 1´952,109.86 soles; d) liquidación de intereses a partir de la
demanda, aplicándose el interés legal, y, que, e) devuelva la Carta Fianza
por el monto de S/. 70,000.00 soles; TERCERO: Que, mediante resolución
número veinticinco se emite el Auto Final, el mismo que es apelado,
elevándose los respectivos actuados al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución número catorce, emite el Auto de Vista1, resolviendo:
Revocar el Auto Final, en el extremo que declaró infundada la
Contradicción, y, Reformándola declaró Fundada en Parte la
Contradicción, ordenándose que se efectúe la compensación de conformidad
con los artículos 1249° y 1250° del Código Civil; Confirmar el Auto Final, en
el extremo que se considera como pago a cuenta la suma de
S/. 274,894.00 soles, que proviene de la ejecución de la Fianza Bancaria
N° 10225936, la cual debe ser imputada conforme a lo previsto en el artículo
1257° del Código Civil; y, Revocar el Extremo que aprobó el Informe
1 Fojas 1032 – 1053.
1 Pericial, Reformándola, la desaprueba, ordenando que se elabore
una nueva pericia contable. Que, conforme se puede apreciar de autos,
la decisión antes descrita, fue materia de casación, habiendo sido elevados
los mismos, a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia,
instancia superior que por resolución de fecha veintinueve de diciembre de
dos mil catorce, declaró improcedente el recurso de casación. Ahora,
mediante resolución número cuarenta y tres2, se aprueba la liquidación de
intereses y de compensaciones efectuadas por el perito, quedando
establecido por interés TAMN la suma de S/. 10´240,237.42 soles, y, por
intereses legales la suma de S/. 689,097.43 soles. La decisión antes
descrita, fue apelada por el ejecutado, sin embargo, la misma fue
Confirmada por el Superior Colegiado, mediante resolución de Vista
número tres, su fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. La
resolución emitida por el Superior Colegiado, fue materia de recurso de
casación, interpuesta por el ejecutado, elevándose los mismos a la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema, la cual por resolución de fecha
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, resolvió rechazar el recurso de
casación; CUARTO: Que, por resolución número cuarenta y nueve, se
requirió a la parte ejecutada, a efectos de que cumpla con: (i) cancelar y/o
devolver el importe ascendente a la suma de S/. 70,000.00 soles,
proveniente de la Carta Fianza número 510-320119, y (ii) cancelar la suma
de S/. 10´240,237.42 soles, por intereses TAMN, y la suma de
S/. 689,097.43 soles, por intereses legales; dicha decisión fue apelada por
el ejecutado, remitiéndose los mismos al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución de Vista número 04 su fecha diecinueve de abril del
pasado año, resolvió Confirmar la misma; QUINTO: Que, por resolución
número cincuenta y dos, su fecha once de junio de dos mil dieciocho,
estando a la solicitud invocada por el ejecutante, se resolvió variar la
medida cautelar en forma de retención, señalándose como nuevo monto en
la suma de nueve millones cuatrocientos mil con 00/100 soles. Ahora,
mediante escrito su fecha 18 de setiembre del pasado año, la parte
ejecutada consigna a través de 02 depósitos judiciales, las siguientes
sumas: a) S/. 8´279,281.72 soles; y, b) S/. 1´120,718.28 soles. Dentro del
citado escrito, el ejecutado señala que se debe tener por consignados los
referidos montos; y, por otro lado, se opone a la entrega total de los mismos,
puesto que no se ha tomado en cuenta que el monto adeudado es por
S/. 10´999,244.85 soles, y que al ejecutante se le ha endosado la suma de
S/. 2´650,053.13 soles, por lo que, aplicando dicho descuento, el pago a
realizar a favor del ejecutante es por el monto de S/. 8´349,191.72 soles.
Agrega, que como resultado de lo antes expresando, existe un excedente a
su favor por la suma de S/. 1´050,808.28 soles, respecto del cual, se opone
a la entrega; SEXTO: Que, por escrito de fecha 20 de setiembre, y
subsanado que fuera con fecha 20 de noviembre de dos mil dieciocho, el
ejecutado interpuso recurso de apelación contra la resolución cincuenta y
dos, habiéndose concedido la misma sin efecto suspensivo, y sin la calidad
de diferida. Ahora, conforme se puede apreciar de autos, el ejecutado
dentro de su escrito de fecha 18 de setiembre de dos mil dieciocho, se
opone a la entrega total de los certificados al ejecutante, entiéndase al
monto consignado en el auto de variación de medida cautelar; señalando
2 De fecha 12/09/2016.
2 como principal fundamento que, existe un monto que excede por la suma de
S/. 1´050,808.28 soles; argumento que también es invocado dentro de su
recurso de apelación de fecha 20 de setiembre de dos mil dieciocho; por lo
que, se debe entender que el ejecutado ha interpuesto doble recurso contra
la misma resolución, lo cual está prohibido dentro de nuestro
ordenamiento procesal civil3, por lo que, se debe declarar la nulidad de la
resolución número sesenta, y como consecuencia de ello, declarar
improcedente la apelación que fuera formulada por el ejecutado; SÉTIMO:
Que, de lo antes descrito y teniendo en cuenta que el presente proceso se
encuentra en la etapa técnica de ejecución, se advierte que el ejecutado ha
cumplido con consignar la suma contenida en el auto de variación de
medida cautelar, señalando de forma puntual “que se tenga por consignado
la suma de S/. 9´400,000.00 soles, y que se proceda a levantar la medida
cautelar; agregando que existe un monto a favor del ejecutante por la suma
de S/. 8´349,191.72 soles, y un excedente a su favor, alrededor de
S/. 1´050,808.00 soles” (el subrayado es nuestro). De lo antes descrito, se
entiende que existe un consentimiento parcial del propio ejecutado
respecto del monto de la medida cautelar que fuera dictada en ejecución,
en forma de retención, precisándose en esta etapa del proceso que, luego
de realizar una operación aritmética del monto requerido en pago mediante
resolución cuarenta y nueve, por S/ 10’999,244.85 soles, menos la suma
de S/. 2’650,053.13 soles, que le fuera endosado, al ejecutante4, se obtiene
la suma de S/ 8’349,191.72 soles; por lo que, correspondería endosar a
favor del ejecutante lo requerido mediante resolución número cuarenta y
nueve, monto que deberá ser efectuado dentro de los 02 certificados de
depósito judicial que fueran presentados por el ejecutado, según
corresponda. En tal sentido, resulta de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 747° del Código Procesal Civil, que señala: “Si el bien que asegura
la ejecución es dinero, será entregado al ejecutante luego de aprobada la
liquidación. (…)”. En tal sentido, conforme se viene desarrollando en la
presente, la liquidación de intereses ha sido aprobada, y confirmada por el
Superior Colegiado, por lo que, corresponde endosar a favor del ejecutante
el monto señalado en el presente considerando; OCTAVO: Que, por otro
lado, de la revisión de autos, se aprecia que por escrito su fecha 23 de
agosto del pasado año, el ejecutado solicitó que se levante la medida
cautelar, en forma de retención, esto al amparo de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional del Presupuesto; señala dentro de sus
fundamentos, indicando que: (…) ha programado la orden de pago
efectuada por su despacho para disponer la cancelación en el plazo máximo
de 20 días (…). Que, conforme se ha señalado en los considerandos
precedentes, la parte ejecutada ha cumplido con consignar la suma
expresada en el auto de variación de medida cautelar, por lo que, la
solicitud invocada resulta atendible, correspondiendo que se levante la
medida cautelar en forma de retención, debiendo tener en cuenta, que la
misma fue variada por resolución número cincuenta y dos; asimismo, se
debe tener presente lo dispuesto mediante resolución número cincuenta y
seis, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho; sin perjuicio de
3
Artículo 360° CPC: Está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una
misma resolución.
4 Resolución 58, del cuaderno cautelar N° 8157-2011-56.
3 notificar como corresponde, a las entidades financieras, a fin de que se
levante la medida cautelar que fuera concedida por resolución número
cincuenta y dos; NOVENO: Que, en cuanto a la oposición formulada por el
ejecutado, esta debe ser declarada fundada, puesto que, como se ha
señalado, dicha parte ha cumplido con consignar el monto total dispuesto
en el auto de variación de medida cautelar solicitando la devolución de lo
que considera un exceso, en tal sentido, corresponde endosar en vía de
devolución a favor del ejecutado, la suma de S/. 1´050,808.28 soles, más
aun si el propio ejecutante, dentro de su escrito de fecha 20 de
noviembre del pasado año, señaló: “estamos de acuerdo con el pedido
de la ejecutada para que se le devuelva la suma de S/. 1´050,808.28
soles, pues al consignar voluntariamente las sumas ya liquidadas en
autos, nos conlleva a inferir que oportunamente tendrán la buena fe
de depositar las sumas que se originen por la liquidación de
intereses, costas y costos del proceso” (el resaltado es nuestro). Que,
como consecuencia, de lo antes decidido, carece de objeto formar el
cuaderno de apelación, según fuera dispuesto mediante resolución número
sesenta, de fecha 04 de enero del año en curso, correspondiendo dejar sin
efecto la misma; DÉCIMO: Que, conforme a lo antes señalado, y en
aplicación del artículo 171° del Código procesal civil, corresponde dejar sin
efecto lo dispuesto por resolución número sesenta y uno, debiéndose tener
presente lo decidido en la presente resolución; por lo que, estando a los
fundamentos antes expuestos, y en aplicación de los artículos 171° y 747°
del Código Procesal Civil; SE RESUELVE:
1) LEVANTAR la medida cautelar en forma de retención, que fuera
dictada por resolución número cincuenta y cuatro su fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete, dictada en el cuaderno de medida
cautelar número 8157-2011-56, la misma que ha sido variada por
resolución número cincuenta y dos, y, como consecuencia de ello, se
debe notificar a las entidades financieras, según corresponda;
2) FUNDADA la oposición formulada por el ejecutado, en tal sentido,
ENDOSAR a favor del ejecutado la suma de S/. 1´050,808.28 soles;
debiendo efectuar la respectiva programación dentro del tercer día
de notificado;
3) NULA la resolución número sesenta de fecha cuatro de enero del
presente año; y renovando al estado que corresponde,
IMPROCEDENTE la apelación formulada por el ejecutado;
4) DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto por resolución sesenta y uno, y
como consecuencia de ello, ENDOSAR a favor del ejecutante la suma
S/. 8´349,191.72 SOLES, el mismo que deberá ser efectuado
dentro de los 02 certificados de depósito judicial presentados que
fueran por el ejecutado, según corresponda; debiendo efectuar la
respectiva programación dentro del tercer día de notificado;
5) Avocándose a los presentes autos el Juez que suscribe, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución administrativa N° 027-
2019-P-CSJLI/PJ, publicada con fecha 10 de enero de dos mil
diecinueve; notificándose.-
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTO JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
ESPECIALISTA : SOTO FARFAN, MARIA VICTORIA
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : ELECTRICIDAD DEL PERU SAEN ADELANTE
ELECTROPERU SA
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES
Miraflores, doce de setiembre
Del año dos mil dieciséis.-
Puesto en la fecha a Despacho: AUTOS Y VISTOS; y,
ATENDIENDO; PRIMERO: Que constituye objeto de la presente resolución la
decisión a adoptar respecto de la aprobación o desaprobación del nuevo informe pericial
presentado por la perito designada en autos Carmen Miltha Chávez Barrezueta
conforme consta a fojas 1145 a 1161 de autos; SEGUNDO: Que, de la revisión de autos
se tiene en principio que, mediante Resolución N° 14 expedida por la Primera Sala
Comercial de Lima con fecha 22 de julio del 2014 (obrante a fojas 1032 a 1053) dicha
Sala resolvió revocar el auto final contenido en la Resolución N° 25 su fecha 10 de
junio del 2013 en el extremo que resuelve aprobar el informe pericial presentado en
autos por la perito Carmen Miltha Chávez Barrezueta de fojas 469 a 478 de autos; y,
reformándola la Sala desaprueba dicho informe pericial y dispone se ordene la
realización de nueva pericia de acuerdo a los criterios expuestos en dicha resolución;
TERCERO: Que, en este nuevo informe pericial, se tiene que la referido perito
concluye lo siguiente: “Primera.- Que ha quedado establecido el importe de los
Intereses Compensatorios con la Tasa TAMN en la cantidad de S/. 11´869,921.72
nuevos soles, al 21 de octubre del 2015 en cumplimiento de la Resolución N° 14 del 22
de julio del 2014, de la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial; Segunda.- Que, ha quedado establecido el importe del Interés Moratorio en la cantidad de S/.
1´780,488.26 nuevos soles, al 21 de octubre del 2015, en cumplimiento de la Resolución
N° 01 del 5° Juzgado Civil Comercial, en la parte resolutiva punto a); Tercera.- Que,
ha quedado establecido que al aplicar la tasa de Interés Legal contenida en la
Resolución Arbitral, la Resolución N° 01 del 28 de octubre del 2011 – auto admisorio
(…) en la parte resolutiva Punto b) queda un importe de S/. 465,602.63 nuevos soles
como intereses legales; Cuarta.- Que, ha quedado establecido el importe total del
Interés Compensatorio tasa TAMN por la cantidad de S/. 11´869,921.72, el Interés
Moratorio es por S/. 1´780,488.26 y el Interés Legal por S/. 465,602.63 haciendo un
total de intereses liquidados el importe de S/. 14´1116,012.61 y de acuerdo con la
Resolución N° 14 y Resolución N° 19 que establecen la compensación he procedido a
efectuar la citada compensación ordenada, en las cantidades de S/. 2´155,160.81 y la
compensación de la carta garantía por el importe de S/. 274,894.00, haciendo un total
de intereses por pagar a la demandante por la cantidad de S/. 11´685,957.80.
Asimismo, según el Laudo Arbitral y la Resolución N° 01 corresponde compensar a
favor de la demandante la cantidad de S/. 70,000.00 por la carta fianza ejecutada por
Electroperú, quedando un total de S/. 11´755,957.80 a favor de la demandante al día 21
de octubre del 2015”; CUARTO: Que, se tiene a su vez que la ejecutada Empresa de
Electricidad del Perú S.A. – ELECTROPERU S.A. mediante escrito obrante a fojas
1163 a 1187 observa dicho informe pericial a fin de que sea corregida y enmendada,
bajo el argumento que: i) La perito si bien aplica la tasa TAMN para el cálculo de los
intereses sobre la suma de S/. 477,943.26, sin embargo se equivoca al hacer la
aplicación en forma capitabilizable contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1249 del
Código Civil que prohíbe la capitalización de intereses, salvo que se trate de cuentas
mercantiles, bancarias o similares, así como el artículo 1250, la Resolución de
CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia de la Corte Suprema que
prohíbe el anatocismo; ii) La perito considera un interés moratorio del 15% a los
intereses resultantes de la aplicación de la tasa TAMN sobre los S/. 477,943.27, sin que
exista un solo extremo del laudo o de lo señalado por la Sala en que se ordene ello; que
ello no corresponde a ninguna parte del laudo ni de lo resuelto en el presente proceso; el
laudo en ninguno de sus extremos indica que se abone dicho interés; iii) La perito ha
efectuado la compensación de la suma de S/. 2´155,160.81 sin tener en consideración
que ello ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y como lo ordena la
Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015, lo cual no es acorde con lo resuelto por la
Sala Superior en la citada Resolución N° 14 que dispuso que la compensación opere al
04 de noviembre del 2010, haciéndose la imputación de pago a esa fecha; iv) La perito
ha descontado la suma de S/. 274,894.00 proveniente de la carta fianza ejecutada a
Electroperú sin tener en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011; y,
v) La imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no
ha observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil;
QUINTO: Que, se tiene que la perito designada en autos, cumple con absolver dichas
observaciones, mediante escrito obrante a fojas 1193 a 1201 de autos y en los términos
que consta en dicha pieza procesal; SEXTO: Que, mediante escrito obrante a fojas 1207
a 1238 de autos, la empresa ejecutada se pronuncia sobre la absolución de la perito
efectuada en autos, y adjunta a su vez un informe pericial de parte; citándose a las partes
a una Audiencia de Debate Pericial, la cual se lleva a cabo en los términos que consta en
el acta obrante a fojas 1268, quedando los autos expeditos para resolver el trámite;
SEPTIMO: Que, asimismo, se tiene que mediante resolución número treinta y ocho su
fecha 30 de mayo último, la Judicatura dispuso que la perito de autos cumplir con
precisar y explicar las observaciones ahí efectuadas en dicho escrito; lo cual es
cumplido por dicha perito mediante escrito de fecha 17 de junio último en los términos
que contiene dicha pieza procesal; lo cual es a su vez absuelto por la parte ejecutada
mediante escrito obrante de fecha 22 de julio del 2016 y no absuelto por la parte
ejecutante; OCTAVO: Ahora bien, en principio, respecto a las observaciones
efectuadas contra el informe pericial materia de análisis, cabe precisar que el presente
proceso constituye uno de naturaleza complementaria a la justicia arbitral, por cuanto
tiene por objeto ejecutar el laudo arbitral; y, por ende, en tal acto de ejecución debe
respetarse los términos en que el laudo fue expedido; NOVENO: Que, siendo ello así,
en el presente caso, de la revisión del laudo arbitral materia de ejecución se tiene que el
Tribunal Arbitral a cargo ordenó lo siguiente: “(…) Tercero: Declarar Fundada la
segunda pretensión principal de la demanda y, en tal sentido, ordenar a Electroperú
que pague al Contratista la suma de S/. 477,943.27; Cuarto: Declarar Fundada la
pretensión accesoria de la segunda pretensión principal, debiéndose pagar intereses
con la tasa TAMN desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la valorización del
Adicional N° 01 hasta que Electroperú cumpla con el pago de la suma indicada en la
segunda pretensión principal; Quinto: Declarar Fundada la tercera pretensión
principal de la demanda; ordenándose a Electroperú que pague a El Contratista la suma de S/. 1´952,109.86; Sexto: Declarar Fundada la pretensión accesoria a la
tercera pretensión principal, debiendo liquidarse los intereses a partir de la fecha de la
citación con la demanda y aplicando la tasa de interés legal; Sétimo: Declarar
Fundada la cuarta pretensión principal y ordenar a Electroperú devolver a El
Contratista la Carta Fianza N° 510-320119, Valorado 19768, del 30 de mayo del 2000
del Banco NBK Bank, por el importe de S/. 70,000.00 que reemplaza el fondo de
garantía; Octavo: Fundada en parte la pretensión principal de reconvención en el
extremo referido a la liquidación final de obra, aprobando los siguientes conceptos: -
Por concepto de pagos en exceso, la suma de S/. 2´70,908.31, monto que no devengará
ningún tipo de interés; - Por concepto de cargos por actividades contractuales no
efectuadas por el Contratista la suma de S/. 13,274.73; Noveno: Fundada la pretensión
subordinada de la reconvención, incorporando a la liquidación final de obra la suma
de S/. 70,977.77, por concepto de penalidad por retraso en el levantamiento de las
observaciones relativas a la Presa Yanacocha Palcán y Accesos (…)”; DECIMO: Que
siendo ello así, y con respecto a la segunda observación al informe pericial, se tiene en
principio que en ningún extremo del laudo el Tribunal Arbitral ha ordenado el pago de
intereses moratorios que liquida la perito designada en autos, como tampoco tal tipo de
interés ha sido ordenado en el mandato ejecutivo de autos contenido en la resolución
número uno su fecha 21 de octubre del 2011; por lo que la segunda observación
efectuada en este extremo por la parte ejecutada, debe ser amparada y excluirse dicha
suma liquidada por la perito a cargo, y considerarse en relación a este extremo la
liquidación complementaria efectuada por la perito a fojas 1194 a 1201 de autos en el
que excluye el pago de intereses moratorios; DECIMO PRIMERO: Que, con respecto
a la tercera observación al informe pericial, esto es la alegada indebida compensación
efectuada por la perito (según atribuye la parte ejecutada), siendo a que la compensación
de la suma de S/. 2´155,160.81 ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y
como lo ordena la Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los
intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015. A este respecto, cabe tener
presente que la perito a cargo, en su escrito de absolución a dicha observación (obrante
a fojas 1199) reconoce que realizará los cálculos conforme a lo ordenado por la Sala
Superior en la citada resolución catorce. Frente a lo cual se tiene que dicha perito en el
referido escrito de absolución procede a realizar nueva compensación (ver a fojas 1200)
y también nuevamente explicada mediante escrito de fecha 17 de junio último; de los
cuales es de advertirse que efectivamente la perito a cargo sí ha efectuado la compensación correspondiente ordenada por el Superior Jerárquico de modo
proporcional conforme a lo dispuesto en el artículo 1259 del Código Civil y al 04 de
noviembre del 2010 (tal como fluye de las cartas notariales obrantes a fojas 256 a 261
de autos), habiendo realizado la imputación a tal fecha de las sumas de S/.
2´155,161.81 a los créditos de S/. 477,943.27 y de S/. 1´952,109.86, así como la
imputación de la suma de S/. 274,894.00 (ejecución de carta fianza), aplicándoseles en
cada uno de dichos actos de imputación los porcentajes correspondientes en forma
proporcional; tal como aparece de los cuadros presentados por la perito a cargo en los
escritos de absolución (24 de febrero del 2016) y precisión del informe pericial (17 de
junio del 2016). Que, como se advierte, esta observación efectuada por la parte
ejecutada fue debidamente levantada por la perito, estando en dicho informe pericial
complementario debidamente efectuada la compensación entre las obligaciones
reconocidas en el laudo arbitral, en las fechas correspondientes y en el monto y forma
previstas en el artículo 1259 del Código Civil, precisándose a que respecto a este último
que la posición de interpretación de esta Judicatura será efectuada en considerando
aparte, más esta Judicatura considera que la compensación efectuada por la perito parte
de la concordancia en la interpretación y aplicación que efectúa dicha perito con
relación al artículo 1259 del Código Civil; DECIMO SEGUNDO: Que, con respecto a
la cuarta observación al informe pericial, en el sentido que la perito ha descontado la
suma de S/. 274,894.00 proveniente de la Carta Fianza ejecutada a Electroperú, sin tener
en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011. Señala al respecto, la
perito a cargo que “en efecto al 22 de junio del 2011 la demandante procedió a la
ejecución de la referida carta fianza; por lo que resulta atendible que este pago a
cuenta sea imputado a dicha fecha”. Siendo ello así, debe la perito tener en
consideración tal observación y aceptación de su parte, este extremo de la deuda
erróneamente imputada en el informe pericial, debiendo tener como fecha de
imputación de dicho pago al 22 de junio del 2011, lo cual sin embargo aparece
debidamente corregida y/o aclarada en el informe complementario obrante a fojas 1195
de autos; por lo que se tiene levantada satisfactoriamente dicha observación; DECIMO
TERCERO: Que, con respecto a la quinta observación pericial, en el sentido que la
imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no ha
observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil. A este
respecto, la perito en su escrito de absolución manifiesta que la imputación se hará
conforme a lo establecido en la parte final del artículo 1259 del Código Civil, esto es en forma proporcional a las deudas.; y, luego, dicha perito procede a efectuar dicha
imputación en tal orden. A este respecto, cabe precisar que el artículo 1259 del Código
Civil dispone que: No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica
el pago a la menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más
onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas, a la
más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se hará
proporcionalmente. Siendo a que en el presente caso, cierto es que las deudas que
mantiene la parte ejecutada no se encuentran garantizadas, esto es, en el entendido que
exista constituido una garantía real o personal o de otra naturaleza, pero garantía
jurídicamente entendido, como tal y a favor del acreedor con respecto a dichas deudas.
Siendo ello así, resulta necesario precisar que la indicación de “deuda garantizada” no
hace alusión a deuda “en igualdad de condiciones” como simple y llanamente pretende
efectuar la parte ejecutada. Lo claro y concreto es que dentro del derecho de crédito, una
deuda garantizada es aquella en cuyo favor la parte ejecutada o un tercero ha constituido
una garantía (en el entendido del derecho) real, personal o de otro tipo que tenga tal
naturaleza. Así, la categoría “garantía” a que hace alusión el artículo 1259 no debe ser
interpretado en su sentido estrictamente gramatical sino ante todo jurídico. Aúnan a este
respecto, los profesores Felipe OSTERLING PARODI y Mario CASTILLO FREYRE
que: “(…) Al señalarse el supuesto de deudas igualmente garantizadas, se podría pensar
que el artículo 1269 está aludiendo a aquellas obligaciones respecto de las cuales se ha
constituido una misma garantía, sea ésta real o personal, o garantías diferentes, pero de
la misma naturaleza (como sería el caso de bienes dados en prenda –ahora garantía
atípica legal- que garanticen plenamente dos obligaciones distintas), o de garantías
personales otorgadas por la misma persona (por ejemplo, una fianza). Sin embargo,
consideramos que no es éste el sentido del precepto. Por ejemplo, si una obligación está
garantizada por una sólida hipoteca y otra por una sólida fianza bancaria, las dos
estarían igualmente garantizadas”1. Siendo ello así y estando a que en el caso de autos
las deudas materia de ejecución no tienen constituidos garantía (real, personal o de otro
tipo alguno), no corresponde por tanto aplicarse la regla de imputación “a la menos
garantizada” ni “a la más onerosa para el deudor” ni tampoco “a la más antigua”.
Ergo, a no poder aplicarse tales reglas, corresponde proceder conforme a la parte final
del artículo 1259, esto es “la imputación se hará proporcionalmente”. Habiendo en este
1 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las
Obligaciones. Palestra Editores, Lima, 2008, pág. 583. sentido, la perito a cargo efectuado dicha imputación de ambas deudas en forma
proporcional conforme a la nueva liquidación efectuada mediante escrito de fecha 24 de
febrero del 2016 obrante a fojas 1200 de autos; DECIMO CUARTO: Que, finalmente,
con respecto a la primera observación al informe pericial, esto es que la perito si bien
aplica la tasa TAMN para el cálculo de los intereses sobre la suma de S/. 477,943.26,
sin embargo se equivoca al hacer la aplicación en forma capitabilizable contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 1249 del Código Civil que prohíbe la capitalización de
intereses, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, así como el
artículo 1250, la Resolución de CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia
de la Corte Suprema que prohíbe el anatocismo. A este respecto, se tiene que la perito a
cargo en su escrito de absolución de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1197
a 1201) precisa que no es cierto que en la nueva pericia contable esté aplicando
capitalización de intereses, que no está incurriendo en anatocismo. Que, de la revisión
del informe pericial aclaratorio presentado por la perito mediante escrito obrante a fojas
1192 a 1201 de autos aparece que la perito ha utilizado los índices que emite el Banco
Central de Reserva del Perú respecto al interés TAMN, siendo a que el Tribunal Arbitral
ha ordenado en el laudo materia de ejecución de pago de la obligación a favor de la hoy
demandante los referidos intereses con la tasa TAMN, los mismos que deben ser
liquidados conforme ordena dicho Tribunal y para cuyos efectos la perito designada en
autos ha aplicado conforme a los índices legales y la fórmula correspondiente. En tal
sentido, cabe precisar que cierto es que tratándose de la tasa TAMN le corresponde tal
fijación al Banco Central de Reserva y esta entidad establece la fórmula correspondiente
para tales efectos, no existiendo fórmulas alternativas para la liquidación de la tasa
TAMN, pues lo contrario ya no significaría el pago de dicha tasa y por ende importaría
el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Arbitral. Por estos fundamentos, SE
RESUELVE: APROBAR la liquidación de intereses y de compensaciones efectuadas
por la perito designada en autos y precisadas por dicho órgano de auxilio judicial
mediante escrito de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1193 a 1201 de autos),
quedando por tanto establecido dicho interés TAMN al 22 de febrero del 2016 en la
suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 42/100 SOLES y quedando a su vez fijado los intereses
legales al 22 de febrero del 2016 en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVENTA Y SIETE Y 43/100 SOLES; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : LIMO SANCHEZ JULIO FRANCISCO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
ELECTROPERU S A ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. SESENTA Y DOS
Miraflores, veintidós de abril
De dos mil diecinueve.-
Dando cuenta, el escrito número 7210-2019,
presentado por el ejecutante, y estando a lo solicitado; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, la parte recurrente solicita que esta judicatura emita
pronunciamiento sobre los siguientes conceptos a saber, puesto que se ha
omitido pronunciamiento sobre los mismos, los cuales se proceden a
detallar, esto es: (i) al pedido formulado por el ejecutado, dentro de su
escrito de fecha 18 de setiembre del pasado año, en el cual, consignó dos
depósitos judiciales, por el monto total de S/. 9´400,000.00 soles, y, se
levante el embargo trabado en sus cuentas y haberes; (ii) la oposición
formulada por el ejecutado, respecto a la entrega del depósito judicial;
(iii) al pedido formulado por el ejecutado, respecto a la retención por la suma
de S/. 1´050,808.00 soles; y, (iv) al pedido incoado por el recurrente, dentro
de su escrito de fecha 18 de noviembre del pasado año, referido a que está
de acuerdo al levantamiento de la medida cautelar [ver resolución número
52], SEGUNDO: Que, el presente proceso, es uno de Ejecución de Laudo
Arbitral, cuya finalidad es que el ejecutado, Empresa Electricidad del Perú
– Electroperú S.A.-, cumpla con pagar los siguientes conceptos, y según
corresponda: a) S/. 477,943.27 soles; b) Intereses TAMN;
c) S/. 1´952,109.86 soles; d) liquidación de intereses a partir de la
demanda, aplicándose el interés legal, y, que, e) devuelva la Carta Fianza
por el monto de S/. 70,000.00 soles; TERCERO: Que, mediante resolución
número veinticinco se emite el Auto Final, el mismo que es apelado,
elevándose los respectivos actuados al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución número catorce, emite el Auto de Vista1, resolviendo:
Revocar el Auto Final, en el extremo que declaró infundada la
Contradicción, y, Reformándola declaró Fundada en Parte la
Contradicción, ordenándose que se efectúe la compensación de conformidad
con los artículos 1249° y 1250° del Código Civil; Confirmar el Auto Final, en
el extremo que se considera como pago a cuenta la suma de
S/. 274,894.00 soles, que proviene de la ejecución de la Fianza Bancaria
N° 10225936, la cual debe ser imputada conforme a lo previsto en el artículo
1257° del Código Civil; y, Revocar el Extremo que aprobó el Informe
1 Fojas 1032 – 1053.
1 Pericial, Reformándola, la desaprueba, ordenando que se elabore
una nueva pericia contable. Que, conforme se puede apreciar de autos,
la decisión antes descrita, fue materia de casación, habiendo sido elevados
los mismos, a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia,
instancia superior que por resolución de fecha veintinueve de diciembre de
dos mil catorce, declaró improcedente el recurso de casación. Ahora,
mediante resolución número cuarenta y tres2, se aprueba la liquidación de
intereses y de compensaciones efectuadas por el perito, quedando
establecido por interés TAMN la suma de S/. 10´240,237.42 soles, y, por
intereses legales la suma de S/. 689,097.43 soles. La decisión antes
descrita, fue apelada por el ejecutado, sin embargo, la misma fue
Confirmada por el Superior Colegiado, mediante resolución de Vista
número tres, su fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. La
resolución emitida por el Superior Colegiado, fue materia de recurso de
casación, interpuesta por el ejecutado, elevándose los mismos a la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema, la cual por resolución de fecha
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, resolvió rechazar el recurso de
casación; CUARTO: Que, por resolución número cuarenta y nueve, se
requirió a la parte ejecutada, a efectos de que cumpla con: (i) cancelar y/o
devolver el importe ascendente a la suma de S/. 70,000.00 soles,
proveniente de la Carta Fianza número 510-320119, y (ii) cancelar la suma
de S/. 10´240,237.42 soles, por intereses TAMN, y la suma de
S/. 689,097.43 soles, por intereses legales; dicha decisión fue apelada por
el ejecutado, remitiéndose los mismos al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución de Vista número 04 su fecha diecinueve de abril del
pasado año, resolvió Confirmar la misma; QUINTO: Que, por resolución
número cincuenta y dos, su fecha once de junio de dos mil dieciocho,
estando a la solicitud invocada por el ejecutante, se resolvió variar la
medida cautelar en forma de retención, señalándose como nuevo monto en
la suma de nueve millones cuatrocientos mil con 00/100 soles. Ahora,
mediante escrito su fecha 18 de setiembre del pasado año, la parte
ejecutada consigna a través de 02 depósitos judiciales, las siguientes
sumas: a) S/. 8´279,281.72 soles; y, b) S/. 1´120,718.28 soles. Dentro del
citado escrito, el ejecutado señala que se debe tener por consignados los
referidos montos; y, por otro lado, se opone a la entrega total de los mismos,
puesto que no se ha tomado en cuenta que el monto adeudado es por
S/. 10´999,244.85 soles, y que al ejecutante se le ha endosado la suma de
S/. 2´650,053.13 soles, por lo que, aplicando dicho descuento, el pago a
realizar a favor del ejecutante es por el monto de S/. 8´349,191.72 soles.
Agrega, que como resultado de lo antes expresando, existe un excedente a
su favor por la suma de S/. 1´050,808.28 soles, respecto del cual, se opone
a la entrega; SEXTO: Que, por escrito de fecha 20 de setiembre, y
subsanado que fuera con fecha 20 de noviembre de dos mil dieciocho, el
ejecutado interpuso recurso de apelación contra la resolución cincuenta y
dos, habiéndose concedido la misma sin efecto suspensivo, y sin la calidad
de diferida. Ahora, conforme se puede apreciar de autos, el ejecutado
dentro de su escrito de fecha 18 de setiembre de dos mil dieciocho, se
opone a la entrega total de los certificados al ejecutante, entiéndase al
monto consignado en el auto de variación de medida cautelar; señalando
2 De fecha 12/09/2016.
2 como principal fundamento que, existe un monto que excede por la suma de
S/. 1´050,808.28 soles; argumento que también es invocado dentro de su
recurso de apelación de fecha 20 de setiembre de dos mil dieciocho; por lo
que, se debe entender que el ejecutado ha interpuesto doble recurso contra
la misma resolución, lo cual está prohibido dentro de nuestro
ordenamiento procesal civil3, por lo que, se debe declarar la nulidad de la
resolución número sesenta, y como consecuencia de ello, declarar
improcedente la apelación que fuera formulada por el ejecutado; SÉTIMO:
Que, de lo antes descrito y teniendo en cuenta que el presente proceso se
encuentra en la etapa técnica de ejecución, se advierte que el ejecutado ha
cumplido con consignar la suma contenida en el auto de variación de
medida cautelar, señalando de forma puntual “que se tenga por consignado
la suma de S/. 9´400,000.00 soles, y que se proceda a levantar la medida
cautelar; agregando que existe un monto a favor del ejecutante por la suma
de S/. 8´349,191.72 soles, y un excedente a su favor, alrededor de
S/. 1´050,808.00 soles” (el subrayado es nuestro). De lo antes descrito, se
entiende que existe un consentimiento parcial del propio ejecutado
respecto del monto de la medida cautelar que fuera dictada en ejecución,
en forma de retención, precisándose en esta etapa del proceso que, luego
de realizar una operación aritmética del monto requerido en pago mediante
resolución cuarenta y nueve, por S/ 10’999,244.85 soles, menos la suma
de S/. 2’650,053.13 soles, que le fuera endosado, al ejecutante4, se obtiene
la suma de S/ 8’349,191.72 soles; por lo que, correspondería endosar a
favor del ejecutante lo requerido mediante resolución número cuarenta y
nueve, monto que deberá ser efectuado dentro de los 02 certificados de
depósito judicial que fueran presentados por el ejecutado, según
corresponda. En tal sentido, resulta de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 747° del Código Procesal Civil, que señala: “Si el bien que asegura
la ejecución es dinero, será entregado al ejecutante luego de aprobada la
liquidación. (…)”. En tal sentido, conforme se viene desarrollando en la
presente, la liquidación de intereses ha sido aprobada, y confirmada por el
Superior Colegiado, por lo que, corresponde endosar a favor del ejecutante
el monto señalado en el presente considerando; OCTAVO: Que, por otro
lado, de la revisión de autos, se aprecia que por escrito su fecha 23 de
agosto del pasado año, el ejecutado solicitó que se levante la medida
cautelar, en forma de retención, esto al amparo de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional del Presupuesto; señala dentro de sus
fundamentos, indicando que: (…) ha programado la orden de pago
efectuada por su despacho para disponer la cancelación en el plazo máximo
de 20 días (…). Que, conforme se ha señalado en los considerandos
precedentes, la parte ejecutada ha cumplido con consignar la suma
expresada en el auto de variación de medida cautelar, por lo que, la
solicitud invocada resulta atendible, correspondiendo que se levante la
medida cautelar en forma de retención, debiendo tener en cuenta, que la
misma fue variada por resolución número cincuenta y dos; asimismo, se
debe tener presente lo dispuesto mediante resolución número cincuenta y
seis, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho; sin perjuicio de
3
Artículo 360° CPC: Está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una
misma resolución.
4 Resolución 58, del cuaderno cautelar N° 8157-2011-56.
3 notificar como corresponde, a las entidades financieras, a fin de que se
levante la medida cautelar que fuera concedida por resolución número
cincuenta y dos; NOVENO: Que, en cuanto a la oposición formulada por el
ejecutado, esta debe ser declarada fundada, puesto que, como se ha
señalado, dicha parte ha cumplido con consignar el monto total dispuesto
en el auto de variación de medida cautelar solicitando la devolución de lo
que considera un exceso, en tal sentido, corresponde endosar en vía de
devolución a favor del ejecutado, la suma de S/. 1´050,808.28 soles, más
aun si el propio ejecutante, dentro de su escrito de fecha 20 de
noviembre del pasado año, señaló: “estamos de acuerdo con el pedido
de la ejecutada para que se le devuelva la suma de S/. 1´050,808.28
soles, pues al consignar voluntariamente las sumas ya liquidadas en
autos, nos conlleva a inferir que oportunamente tendrán la buena fe
de depositar las sumas que se originen por la liquidación de
intereses, costas y costos del proceso” (el resaltado es nuestro). Que,
como consecuencia, de lo antes decidido, carece de objeto formar el
cuaderno de apelación, según fuera dispuesto mediante resolución número
sesenta, de fecha 04 de enero del año en curso, correspondiendo dejar sin
efecto la misma; DÉCIMO: Que, conforme a lo antes señalado, y en
aplicación del artículo 171° del Código procesal civil, corresponde dejar sin
efecto lo dispuesto por resolución número sesenta y uno, debiéndose tener
presente lo decidido en la presente resolución; por lo que, estando a los
fundamentos antes expuestos, y en aplicación de los artículos 171° y 747°
del Código Procesal Civil; SE RESUELVE:
1) LEVANTAR la medida cautelar en forma de retención, que fuera
dictada por resolución número cincuenta y cuatro su fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete, dictada en el cuaderno de medida
cautelar número 8157-2011-56, la misma que ha sido variada por
resolución número cincuenta y dos, y, como consecuencia de ello, se
debe notificar a las entidades financieras, según corresponda;
2) FUNDADA la oposición formulada por el ejecutado, en tal sentido,
ENDOSAR a favor del ejecutado la suma de S/. 1´050,808.28 soles;
debiendo efectuar la respectiva programación dentro del tercer día
de notificado;
3) NULA la resolución número sesenta de fecha cuatro de enero del
presente año; y renovando al estado que corresponde,
IMPROCEDENTE la apelación formulada por el ejecutado;
4) DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto por resolución sesenta y uno, y
como consecuencia de ello, ENDOSAR a favor del ejecutante la suma
S/. 8´349,191.72 SOLES, el mismo que deberá ser efectuado
dentro de los 02 certificados de depósito judicial presentados que
fueran por el ejecutado, según corresponda; debiendo efectuar la
respectiva programación dentro del tercer día de notificado;
5) Avocándose a los presentes autos el Juez que suscribe, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución administrativa N° 027-
2019-P-CSJLI/PJ, publicada con fecha 10 de enero de dos mil
diecinueve; notificándose.-
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTO JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
ESPECIALISTA : SOTO FARFAN, MARIA VICTORIA
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : ELECTRICIDAD DEL PERU SAEN ADELANTE
ELECTROPERU SA
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES
Miraflores, doce de setiembre
Del año dos mil dieciséis.-
Puesto en la fecha a Despacho: AUTOS Y VISTOS; y,
ATENDIENDO; PRIMERO: Que constituye objeto de la presente resolución la
decisión a adoptar respecto de la aprobación o desaprobación del nuevo informe pericial
presentado por la perito designada en autos Carmen Miltha Chávez Barrezueta
conforme consta a fojas 1145 a 1161 de autos; SEGUNDO: Que, de la revisión de autos
se tiene en principio que, mediante Resolución N° 14 expedida por la Primera Sala
Comercial de Lima con fecha 22 de julio del 2014 (obrante a fojas 1032 a 1053) dicha
Sala resolvió revocar el auto final contenido en la Resolución N° 25 su fecha 10 de
junio del 2013 en el extremo que resuelve aprobar el informe pericial presentado en
autos por la perito Carmen Miltha Chávez Barrezueta de fojas 469 a 478 de autos; y,
reformándola la Sala desaprueba dicho informe pericial y dispone se ordene la
realización de nueva pericia de acuerdo a los criterios expuestos en dicha resolución;
TERCERO: Que, en este nuevo informe pericial, se tiene que la referido perito
concluye lo siguiente: “Primera.- Que ha quedado establecido el importe de los
Intereses Compensatorios con la Tasa TAMN en la cantidad de S/. 11´869,921.72
nuevos soles, al 21 de octubre del 2015 en cumplimiento de la Resolución N° 14 del 22
de julio del 2014, de la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial; Segunda.- Que, ha quedado establecido el importe del Interés Moratorio en la cantidad de S/.
1´780,488.26 nuevos soles, al 21 de octubre del 2015, en cumplimiento de la Resolución
N° 01 del 5° Juzgado Civil Comercial, en la parte resolutiva punto a); Tercera.- Que,
ha quedado establecido que al aplicar la tasa de Interés Legal contenida en la
Resolución Arbitral, la Resolución N° 01 del 28 de octubre del 2011 – auto admisorio
(…) en la parte resolutiva Punto b) queda un importe de S/. 465,602.63 nuevos soles
como intereses legales; Cuarta.- Que, ha quedado establecido el importe total del
Interés Compensatorio tasa TAMN por la cantidad de S/. 11´869,921.72, el Interés
Moratorio es por S/. 1´780,488.26 y el Interés Legal por S/. 465,602.63 haciendo un
total de intereses liquidados el importe de S/. 14´1116,012.61 y de acuerdo con la
Resolución N° 14 y Resolución N° 19 que establecen la compensación he procedido a
efectuar la citada compensación ordenada, en las cantidades de S/. 2´155,160.81 y la
compensación de la carta garantía por el importe de S/. 274,894.00, haciendo un total
de intereses por pagar a la demandante por la cantidad de S/. 11´685,957.80.
Asimismo, según el Laudo Arbitral y la Resolución N° 01 corresponde compensar a
favor de la demandante la cantidad de S/. 70,000.00 por la carta fianza ejecutada por
Electroperú, quedando un total de S/. 11´755,957.80 a favor de la demandante al día 21
de octubre del 2015”; CUARTO: Que, se tiene a su vez que la ejecutada Empresa de
Electricidad del Perú S.A. – ELECTROPERU S.A. mediante escrito obrante a fojas
1163 a 1187 observa dicho informe pericial a fin de que sea corregida y enmendada,
bajo el argumento que: i) La perito si bien aplica la tasa TAMN para el cálculo de los
intereses sobre la suma de S/. 477,943.26, sin embargo se equivoca al hacer la
aplicación en forma capitabilizable contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1249 del
Código Civil que prohíbe la capitalización de intereses, salvo que se trate de cuentas
mercantiles, bancarias o similares, así como el artículo 1250, la Resolución de
CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia de la Corte Suprema que
prohíbe el anatocismo; ii) La perito considera un interés moratorio del 15% a los
intereses resultantes de la aplicación de la tasa TAMN sobre los S/. 477,943.27, sin que
exista un solo extremo del laudo o de lo señalado por la Sala en que se ordene ello; que
ello no corresponde a ninguna parte del laudo ni de lo resuelto en el presente proceso; el
laudo en ninguno de sus extremos indica que se abone dicho interés; iii) La perito ha
efectuado la compensación de la suma de S/. 2´155,160.81 sin tener en consideración
que ello ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y como lo ordena la
Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015, lo cual no es acorde con lo resuelto por la
Sala Superior en la citada Resolución N° 14 que dispuso que la compensación opere al
04 de noviembre del 2010, haciéndose la imputación de pago a esa fecha; iv) La perito
ha descontado la suma de S/. 274,894.00 proveniente de la carta fianza ejecutada a
Electroperú sin tener en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011; y,
v) La imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no
ha observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil;
QUINTO: Que, se tiene que la perito designada en autos, cumple con absolver dichas
observaciones, mediante escrito obrante a fojas 1193 a 1201 de autos y en los términos
que consta en dicha pieza procesal; SEXTO: Que, mediante escrito obrante a fojas 1207
a 1238 de autos, la empresa ejecutada se pronuncia sobre la absolución de la perito
efectuada en autos, y adjunta a su vez un informe pericial de parte; citándose a las partes
a una Audiencia de Debate Pericial, la cual se lleva a cabo en los términos que consta en
el acta obrante a fojas 1268, quedando los autos expeditos para resolver el trámite;
SEPTIMO: Que, asimismo, se tiene que mediante resolución número treinta y ocho su
fecha 30 de mayo último, la Judicatura dispuso que la perito de autos cumplir con
precisar y explicar las observaciones ahí efectuadas en dicho escrito; lo cual es
cumplido por dicha perito mediante escrito de fecha 17 de junio último en los términos
que contiene dicha pieza procesal; lo cual es a su vez absuelto por la parte ejecutada
mediante escrito obrante de fecha 22 de julio del 2016 y no absuelto por la parte
ejecutante; OCTAVO: Ahora bien, en principio, respecto a las observaciones
efectuadas contra el informe pericial materia de análisis, cabe precisar que el presente
proceso constituye uno de naturaleza complementaria a la justicia arbitral, por cuanto
tiene por objeto ejecutar el laudo arbitral; y, por ende, en tal acto de ejecución debe
respetarse los términos en que el laudo fue expedido; NOVENO: Que, siendo ello así,
en el presente caso, de la revisión del laudo arbitral materia de ejecución se tiene que el
Tribunal Arbitral a cargo ordenó lo siguiente: “(…) Tercero: Declarar Fundada la
segunda pretensión principal de la demanda y, en tal sentido, ordenar a Electroperú
que pague al Contratista la suma de S/. 477,943.27; Cuarto: Declarar Fundada la
pretensión accesoria de la segunda pretensión principal, debiéndose pagar intereses
con la tasa TAMN desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la valorización del
Adicional N° 01 hasta que Electroperú cumpla con el pago de la suma indicada en la
segunda pretensión principal; Quinto: Declarar Fundada la tercera pretensión
principal de la demanda; ordenándose a Electroperú que pague a El Contratista la suma de S/. 1´952,109.86; Sexto: Declarar Fundada la pretensión accesoria a la
tercera pretensión principal, debiendo liquidarse los intereses a partir de la fecha de la
citación con la demanda y aplicando la tasa de interés legal; Sétimo: Declarar
Fundada la cuarta pretensión principal y ordenar a Electroperú devolver a El
Contratista la Carta Fianza N° 510-320119, Valorado 19768, del 30 de mayo del 2000
del Banco NBK Bank, por el importe de S/. 70,000.00 que reemplaza el fondo de
garantía; Octavo: Fundada en parte la pretensión principal de reconvención en el
extremo referido a la liquidación final de obra, aprobando los siguientes conceptos: -
Por concepto de pagos en exceso, la suma de S/. 2´70,908.31, monto que no devengará
ningún tipo de interés; - Por concepto de cargos por actividades contractuales no
efectuadas por el Contratista la suma de S/. 13,274.73; Noveno: Fundada la pretensión
subordinada de la reconvención, incorporando a la liquidación final de obra la suma
de S/. 70,977.77, por concepto de penalidad por retraso en el levantamiento de las
observaciones relativas a la Presa Yanacocha Palcán y Accesos (…)”; DECIMO: Que
siendo ello así, y con respecto a la segunda observación al informe pericial, se tiene en
principio que en ningún extremo del laudo el Tribunal Arbitral ha ordenado el pago de
intereses moratorios que liquida la perito designada en autos, como tampoco tal tipo de
interés ha sido ordenado en el mandato ejecutivo de autos contenido en la resolución
número uno su fecha 21 de octubre del 2011; por lo que la segunda observación
efectuada en este extremo por la parte ejecutada, debe ser amparada y excluirse dicha
suma liquidada por la perito a cargo, y considerarse en relación a este extremo la
liquidación complementaria efectuada por la perito a fojas 1194 a 1201 de autos en el
que excluye el pago de intereses moratorios; DECIMO PRIMERO: Que, con respecto
a la tercera observación al informe pericial, esto es la alegada indebida compensación
efectuada por la perito (según atribuye la parte ejecutada), siendo a que la compensación
de la suma de S/. 2´155,160.81 ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y
como lo ordena la Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los
intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015. A este respecto, cabe tener
presente que la perito a cargo, en su escrito de absolución a dicha observación (obrante
a fojas 1199) reconoce que realizará los cálculos conforme a lo ordenado por la Sala
Superior en la citada resolución catorce. Frente a lo cual se tiene que dicha perito en el
referido escrito de absolución procede a realizar nueva compensación (ver a fojas 1200)
y también nuevamente explicada mediante escrito de fecha 17 de junio último; de los
cuales es de advertirse que efectivamente la perito a cargo sí ha efectuado la compensación correspondiente ordenada por el Superior Jerárquico de modo
proporcional conforme a lo dispuesto en el artículo 1259 del Código Civil y al 04 de
noviembre del 2010 (tal como fluye de las cartas notariales obrantes a fojas 256 a 261
de autos), habiendo realizado la imputación a tal fecha de las sumas de S/.
2´155,161.81 a los créditos de S/. 477,943.27 y de S/. 1´952,109.86, así como la
imputación de la suma de S/. 274,894.00 (ejecución de carta fianza), aplicándoseles en
cada uno de dichos actos de imputación los porcentajes correspondientes en forma
proporcional; tal como aparece de los cuadros presentados por la perito a cargo en los
escritos de absolución (24 de febrero del 2016) y precisión del informe pericial (17 de
junio del 2016). Que, como se advierte, esta observación efectuada por la parte
ejecutada fue debidamente levantada por la perito, estando en dicho informe pericial
complementario debidamente efectuada la compensación entre las obligaciones
reconocidas en el laudo arbitral, en las fechas correspondientes y en el monto y forma
previstas en el artículo 1259 del Código Civil, precisándose a que respecto a este último
que la posición de interpretación de esta Judicatura será efectuada en considerando
aparte, más esta Judicatura considera que la compensación efectuada por la perito parte
de la concordancia en la interpretación y aplicación que efectúa dicha perito con
relación al artículo 1259 del Código Civil; DECIMO SEGUNDO: Que, con respecto a
la cuarta observación al informe pericial, en el sentido que la perito ha descontado la
suma de S/. 274,894.00 proveniente de la Carta Fianza ejecutada a Electroperú, sin tener
en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011. Señala al respecto, la
perito a cargo que “en efecto al 22 de junio del 2011 la demandante procedió a la
ejecución de la referida carta fianza; por lo que resulta atendible que este pago a
cuenta sea imputado a dicha fecha”. Siendo ello así, debe la perito tener en
consideración tal observación y aceptación de su parte, este extremo de la deuda
erróneamente imputada en el informe pericial, debiendo tener como fecha de
imputación de dicho pago al 22 de junio del 2011, lo cual sin embargo aparece
debidamente corregida y/o aclarada en el informe complementario obrante a fojas 1195
de autos; por lo que se tiene levantada satisfactoriamente dicha observación; DECIMO
TERCERO: Que, con respecto a la quinta observación pericial, en el sentido que la
imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no ha
observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil. A este
respecto, la perito en su escrito de absolución manifiesta que la imputación se hará
conforme a lo establecido en la parte final del artículo 1259 del Código Civil, esto es en forma proporcional a las deudas.; y, luego, dicha perito procede a efectuar dicha
imputación en tal orden. A este respecto, cabe precisar que el artículo 1259 del Código
Civil dispone que: No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica
el pago a la menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más
onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas, a la
más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se hará
proporcionalmente. Siendo a que en el presente caso, cierto es que las deudas que
mantiene la parte ejecutada no se encuentran garantizadas, esto es, en el entendido que
exista constituido una garantía real o personal o de otra naturaleza, pero garantía
jurídicamente entendido, como tal y a favor del acreedor con respecto a dichas deudas.
Siendo ello así, resulta necesario precisar que la indicación de “deuda garantizada” no
hace alusión a deuda “en igualdad de condiciones” como simple y llanamente pretende
efectuar la parte ejecutada. Lo claro y concreto es que dentro del derecho de crédito, una
deuda garantizada es aquella en cuyo favor la parte ejecutada o un tercero ha constituido
una garantía (en el entendido del derecho) real, personal o de otro tipo que tenga tal
naturaleza. Así, la categoría “garantía” a que hace alusión el artículo 1259 no debe ser
interpretado en su sentido estrictamente gramatical sino ante todo jurídico. Aúnan a este
respecto, los profesores Felipe OSTERLING PARODI y Mario CASTILLO FREYRE
que: “(…) Al señalarse el supuesto de deudas igualmente garantizadas, se podría pensar
que el artículo 1269 está aludiendo a aquellas obligaciones respecto de las cuales se ha
constituido una misma garantía, sea ésta real o personal, o garantías diferentes, pero de
la misma naturaleza (como sería el caso de bienes dados en prenda –ahora garantía
atípica legal- que garanticen plenamente dos obligaciones distintas), o de garantías
personales otorgadas por la misma persona (por ejemplo, una fianza). Sin embargo,
consideramos que no es éste el sentido del precepto. Por ejemplo, si una obligación está
garantizada por una sólida hipoteca y otra por una sólida fianza bancaria, las dos
estarían igualmente garantizadas”1. Siendo ello así y estando a que en el caso de autos
las deudas materia de ejecución no tienen constituidos garantía (real, personal o de otro
tipo alguno), no corresponde por tanto aplicarse la regla de imputación “a la menos
garantizada” ni “a la más onerosa para el deudor” ni tampoco “a la más antigua”.
Ergo, a no poder aplicarse tales reglas, corresponde proceder conforme a la parte final
del artículo 1259, esto es “la imputación se hará proporcionalmente”. Habiendo en este
1 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las
Obligaciones. Palestra Editores, Lima, 2008, pág. 583. sentido, la perito a cargo efectuado dicha imputación de ambas deudas en forma
proporcional conforme a la nueva liquidación efectuada mediante escrito de fecha 24 de
febrero del 2016 obrante a fojas 1200 de autos; DECIMO CUARTO: Que, finalmente,
con respecto a la primera observación al informe pericial, esto es que la perito si bien
aplica la tasa TAMN para el cálculo de los intereses sobre la suma de S/. 477,943.26,
sin embargo se equivoca al hacer la aplicación en forma capitabilizable contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 1249 del Código Civil que prohíbe la capitalización de
intereses, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, así como el
artículo 1250, la Resolución de CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia
de la Corte Suprema que prohíbe el anatocismo. A este respecto, se tiene que la perito a
cargo en su escrito de absolución de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1197
a 1201) precisa que no es cierto que en la nueva pericia contable esté aplicando
capitalización de intereses, que no está incurriendo en anatocismo. Que, de la revisión
del informe pericial aclaratorio presentado por la perito mediante escrito obrante a fojas
1192 a 1201 de autos aparece que la perito ha utilizado los índices que emite el Banco
Central de Reserva del Perú respecto al interés TAMN, siendo a que el Tribunal Arbitral
ha ordenado en el laudo materia de ejecución de pago de la obligación a favor de la hoy
demandante los referidos intereses con la tasa TAMN, los mismos que deben ser
liquidados conforme ordena dicho Tribunal y para cuyos efectos la perito designada en
autos ha aplicado conforme a los índices legales y la fórmula correspondiente. En tal
sentido, cabe precisar que cierto es que tratándose de la tasa TAMN le corresponde tal
fijación al Banco Central de Reserva y esta entidad establece la fórmula correspondiente
para tales efectos, no existiendo fórmulas alternativas para la liquidación de la tasa
TAMN, pues lo contrario ya no significaría el pago de dicha tasa y por ende importaría
el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Arbitral. Por estos fundamentos, SE
RESUELVE: APROBAR la liquidación de intereses y de compensaciones efectuadas
por la perito designada en autos y precisadas por dicho órgano de auxilio judicial
mediante escrito de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1193 a 1201 de autos),
quedando por tanto establecido dicho interés TAMN al 22 de febrero del 2016 en la
suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 42/100 SOLES y quedando a su vez fijado los intereses
legales al 22 de febrero del 2016 en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVENTA Y SIETE Y 43/100 SOLES; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : LIMO SANCHEZ JULIO FRANCISCO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU -
ELECTROPERU S A ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. SESENTA Y DOS
Miraflores, veintidós de abril
De dos mil diecinueve.-
Dando cuenta, el escrito número 7210-2019,
presentado por el ejecutante, y estando a lo solicitado; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, la parte recurrente solicita que esta judicatura emita
pronunciamiento sobre los siguientes conceptos a saber, puesto que se ha
omitido pronunciamiento sobre los mismos, los cuales se proceden a
detallar, esto es: (i) al pedido formulado por el ejecutado, dentro de su
escrito de fecha 18 de setiembre del pasado año, en el cual, consignó dos
depósitos judiciales, por el monto total de S/. 9´400,000.00 soles, y, se
levante el embargo trabado en sus cuentas y haberes; (ii) la oposición
formulada por el ejecutado, respecto a la entrega del depósito judicial;
(iii) al pedido formulado por el ejecutado, respecto a la retención por la suma
de S/. 1´050,808.00 soles; y, (iv) al pedido incoado por el recurrente, dentro
de su escrito de fecha 18 de noviembre del pasado año, referido a que está
de acuerdo al levantamiento de la medida cautelar [ver resolución número
52], SEGUNDO: Que, el presente proceso, es uno de Ejecución de Laudo
Arbitral, cuya finalidad es que el ejecutado, Empresa Electricidad del Perú
– Electroperú S.A.-, cumpla con pagar los siguientes conceptos, y según
corresponda: a) S/. 477,943.27 soles; b) Intereses TAMN;
c) S/. 1´952,109.86 soles; d) liquidación de intereses a partir de la
demanda, aplicándose el interés legal, y, que, e) devuelva la Carta Fianza
por el monto de S/. 70,000.00 soles; TERCERO: Que, mediante resolución
número veinticinco se emite el Auto Final, el mismo que es apelado,
elevándose los respectivos actuados al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución número catorce, emite el Auto de Vista1, resolviendo:
Revocar el Auto Final, en el extremo que declaró infundada la
Contradicción, y, Reformándola declaró Fundada en Parte la
Contradicción, ordenándose que se efectúe la compensación de conformidad
con los artículos 1249° y 1250° del Código Civil; Confirmar el Auto Final, en
el extremo que se considera como pago a cuenta la suma de
S/. 274,894.00 soles, que proviene de la ejecución de la Fianza Bancaria
N° 10225936, la cual debe ser imputada conforme a lo previsto en el artículo
1257° del Código Civil; y, Revocar el Extremo que aprobó el Informe
1 Fojas 1032 – 1053.
1 Pericial, Reformándola, la desaprueba, ordenando que se elabore
una nueva pericia contable. Que, conforme se puede apreciar de autos,
la decisión antes descrita, fue materia de casación, habiendo sido elevados
los mismos, a la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia,
instancia superior que por resolución de fecha veintinueve de diciembre de
dos mil catorce, declaró improcedente el recurso de casación. Ahora,
mediante resolución número cuarenta y tres2, se aprueba la liquidación de
intereses y de compensaciones efectuadas por el perito, quedando
establecido por interés TAMN la suma de S/. 10´240,237.42 soles, y, por
intereses legales la suma de S/. 689,097.43 soles. La decisión antes
descrita, fue apelada por el ejecutado, sin embargo, la misma fue
Confirmada por el Superior Colegiado, mediante resolución de Vista
número tres, su fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete. La
resolución emitida por el Superior Colegiado, fue materia de recurso de
casación, interpuesta por el ejecutado, elevándose los mismos a la Sala
Civil Transitoria de la Corte Suprema, la cual por resolución de fecha
dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, resolvió rechazar el recurso de
casación; CUARTO: Que, por resolución número cuarenta y nueve, se
requirió a la parte ejecutada, a efectos de que cumpla con: (i) cancelar y/o
devolver el importe ascendente a la suma de S/. 70,000.00 soles,
proveniente de la Carta Fianza número 510-320119, y (ii) cancelar la suma
de S/. 10´240,237.42 soles, por intereses TAMN, y la suma de
S/. 689,097.43 soles, por intereses legales; dicha decisión fue apelada por
el ejecutado, remitiéndose los mismos al Superior Jerárquico, quien
mediante resolución de Vista número 04 su fecha diecinueve de abril del
pasado año, resolvió Confirmar la misma; QUINTO: Que, por resolución
número cincuenta y dos, su fecha once de junio de dos mil dieciocho,
estando a la solicitud invocada por el ejecutante, se resolvió variar la
medida cautelar en forma de retención, señalándose como nuevo monto en
la suma de nueve millones cuatrocientos mil con 00/100 soles. Ahora,
mediante escrito su fecha 18 de setiembre del pasado año, la parte
ejecutada consigna a través de 02 depósitos judiciales, las siguientes
sumas: a) S/. 8´279,281.72 soles; y, b) S/. 1´120,718.28 soles. Dentro del
citado escrito, el ejecutado señala que se debe tener por consignados los
referidos montos; y, por otro lado, se opone a la entrega total de los mismos,
puesto que no se ha tomado en cuenta que el monto adeudado es por
S/. 10´999,244.85 soles, y que al ejecutante se le ha endosado la suma de
S/. 2´650,053.13 soles, por lo que, aplicando dicho descuento, el pago a
realizar a favor del ejecutante es por el monto de S/. 8´349,191.72 soles.
Agrega, que como resultado de lo antes expresando, existe un excedente a
su favor por la suma de S/. 1´050,808.28 soles, respecto del cual, se opone
a la entrega; SEXTO: Que, por escrito de fecha 20 de setiembre, y
subsanado que fuera con fecha 20 de noviembre de dos mil dieciocho, el
ejecutado interpuso recurso de apelación contra la resolución cincuenta y
dos, habiéndose concedido la misma sin efecto suspensivo, y sin la calidad
de diferida. Ahora, conforme se puede apreciar de autos, el ejecutado
dentro de su escrito de fecha 18 de setiembre de dos mil dieciocho, se
opone a la entrega total de los certificados al ejecutante, entiéndase al
monto consignado en el auto de variación de medida cautelar; señalando
2 De fecha 12/09/2016.
2 como principal fundamento que, existe un monto que excede por la suma de
S/. 1´050,808.28 soles; argumento que también es invocado dentro de su
recurso de apelación de fecha 20 de setiembre de dos mil dieciocho; por lo
que, se debe entender que el ejecutado ha interpuesto doble recurso contra
la misma resolución, lo cual está prohibido dentro de nuestro
ordenamiento procesal civil3, por lo que, se debe declarar la nulidad de la
resolución número sesenta, y como consecuencia de ello, declarar
improcedente la apelación que fuera formulada por el ejecutado; SÉTIMO:
Que, de lo antes descrito y teniendo en cuenta que el presente proceso se
encuentra en la etapa técnica de ejecución, se advierte que el ejecutado ha
cumplido con consignar la suma contenida en el auto de variación de
medida cautelar, señalando de forma puntual “que se tenga por consignado
la suma de S/. 9´400,000.00 soles, y que se proceda a levantar la medida
cautelar; agregando que existe un monto a favor del ejecutante por la suma
de S/. 8´349,191.72 soles, y un excedente a su favor, alrededor de
S/. 1´050,808.00 soles” (el subrayado es nuestro). De lo antes descrito, se
entiende que existe un consentimiento parcial del propio ejecutado
respecto del monto de la medida cautelar que fuera dictada en ejecución,
en forma de retención, precisándose en esta etapa del proceso que, luego
de realizar una operación aritmética del monto requerido en pago mediante
resolución cuarenta y nueve, por S/ 10’999,244.85 soles, menos la suma
de S/. 2’650,053.13 soles, que le fuera endosado, al ejecutante4, se obtiene
la suma de S/ 8’349,191.72 soles; por lo que, correspondería endosar a
favor del ejecutante lo requerido mediante resolución número cuarenta y
nueve, monto que deberá ser efectuado dentro de los 02 certificados de
depósito judicial que fueran presentados por el ejecutado, según
corresponda. En tal sentido, resulta de aplicación lo dispuesto en el
Artículo 747° del Código Procesal Civil, que señala: “Si el bien que asegura
la ejecución es dinero, será entregado al ejecutante luego de aprobada la
liquidación. (…)”. En tal sentido, conforme se viene desarrollando en la
presente, la liquidación de intereses ha sido aprobada, y confirmada por el
Superior Colegiado, por lo que, corresponde endosar a favor del ejecutante
el monto señalado en el presente considerando; OCTAVO: Que, por otro
lado, de la revisión de autos, se aprecia que por escrito su fecha 23 de
agosto del pasado año, el ejecutado solicitó que se levante la medida
cautelar, en forma de retención, esto al amparo de la Ley N° 28411, Ley
General del Sistema Nacional del Presupuesto; señala dentro de sus
fundamentos, indicando que: (…) ha programado la orden de pago
efectuada por su despacho para disponer la cancelación en el plazo máximo
de 20 días (…). Que, conforme se ha señalado en los considerandos
precedentes, la parte ejecutada ha cumplido con consignar la suma
expresada en el auto de variación de medida cautelar, por lo que, la
solicitud invocada resulta atendible, correspondiendo que se levante la
medida cautelar en forma de retención, debiendo tener en cuenta, que la
misma fue variada por resolución número cincuenta y dos; asimismo, se
debe tener presente lo dispuesto mediante resolución número cincuenta y
seis, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciocho; sin perjuicio de
3
Artículo 360° CPC: Está prohibido a una parte interponer dos recursos contra una
misma resolución.
4 Resolución 58, del cuaderno cautelar N° 8157-2011-56.
3 notificar como corresponde, a las entidades financieras, a fin de que se
levante la medida cautelar que fuera concedida por resolución número
cincuenta y dos; NOVENO: Que, en cuanto a la oposición formulada por el
ejecutado, esta debe ser declarada fundada, puesto que, como se ha
señalado, dicha parte ha cumplido con consignar el monto total dispuesto
en el auto de variación de medida cautelar solicitando la devolución de lo
que considera un exceso, en tal sentido, corresponde endosar en vía de
devolución a favor del ejecutado, la suma de S/. 1´050,808.28 soles, más
aun si el propio ejecutante, dentro de su escrito de fecha 20 de
noviembre del pasado año, señaló: “estamos de acuerdo con el pedido
de la ejecutada para que se le devuelva la suma de S/. 1´050,808.28
soles, pues al consignar voluntariamente las sumas ya liquidadas en
autos, nos conlleva a inferir que oportunamente tendrán la buena fe
de depositar las sumas que se originen por la liquidación de
intereses, costas y costos del proceso” (el resaltado es nuestro). Que,
como consecuencia, de lo antes decidido, carece de objeto formar el
cuaderno de apelación, según fuera dispuesto mediante resolución número
sesenta, de fecha 04 de enero del año en curso, correspondiendo dejar sin
efecto la misma; DÉCIMO: Que, conforme a lo antes señalado, y en
aplicación del artículo 171° del Código procesal civil, corresponde dejar sin
efecto lo dispuesto por resolución número sesenta y uno, debiéndose tener
presente lo decidido en la presente resolución; por lo que, estando a los
fundamentos antes expuestos, y en aplicación de los artículos 171° y 747°
del Código Procesal Civil; SE RESUELVE:
1) LEVANTAR la medida cautelar en forma de retención, que fuera
dictada por resolución número cincuenta y cuatro su fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete, dictada en el cuaderno de medida
cautelar número 8157-2011-56, la misma que ha sido variada por
resolución número cincuenta y dos, y, como consecuencia de ello, se
debe notificar a las entidades financieras, según corresponda;
2) FUNDADA la oposición formulada por el ejecutado, en tal sentido,
ENDOSAR a favor del ejecutado la suma de S/. 1´050,808.28 soles;
debiendo efectuar la respectiva programación dentro del tercer día
de notificado;
3) NULA la resolución número sesenta de fecha cuatro de enero del
presente año; y renovando al estado que corresponde,
IMPROCEDENTE la apelación formulada por el ejecutado;
4) DEJAR SIN EFECTO lo dispuesto por resolución sesenta y uno, y
como consecuencia de ello, ENDOSAR a favor del ejecutante la suma
S/. 8´349,191.72 SOLES, el mismo que deberá ser efectuado
dentro de los 02 certificados de depósito judicial presentados que
fueran por el ejecutado, según corresponda; debiendo efectuar la
respectiva programación dentro del tercer día de notificado;
5) Avocándose a los presentes autos el Juez que suscribe, de
conformidad a lo dispuesto en la Resolución administrativa N° 027-
2019-P-CSJLI/PJ, publicada con fecha 10 de enero de dos mil
diecinueve; notificándose.-
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
QUINTO JUZGADO CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL DE LIMA
EXPEDIENTE : 08157-2011-0-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
ESPECIALISTA : SOTO FARFAN, MARIA VICTORIA
PERITO : CHAVEZ BARRANZUELA, CARMEN MILTHA
DEMANDADO : ELECTRICIDAD DEL PERU SAEN ADELANTE
ELECTROPERU SA
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y TRES
Miraflores, doce de setiembre
Del año dos mil dieciséis.-
Puesto en la fecha a Despacho: AUTOS Y VISTOS; y,
ATENDIENDO; PRIMERO: Que constituye objeto de la presente resolución la
decisión a adoptar respecto de la aprobación o desaprobación del nuevo informe pericial
presentado por la perito designada en autos Carmen Miltha Chávez Barrezueta
conforme consta a fojas 1145 a 1161 de autos; SEGUNDO: Que, de la revisión de autos
se tiene en principio que, mediante Resolución N° 14 expedida por la Primera Sala
Comercial de Lima con fecha 22 de julio del 2014 (obrante a fojas 1032 a 1053) dicha
Sala resolvió revocar el auto final contenido en la Resolución N° 25 su fecha 10 de
junio del 2013 en el extremo que resuelve aprobar el informe pericial presentado en
autos por la perito Carmen Miltha Chávez Barrezueta de fojas 469 a 478 de autos; y,
reformándola la Sala desaprueba dicho informe pericial y dispone se ordene la
realización de nueva pericia de acuerdo a los criterios expuestos en dicha resolución;
TERCERO: Que, en este nuevo informe pericial, se tiene que la referido perito
concluye lo siguiente: “Primera.- Que ha quedado establecido el importe de los
Intereses Compensatorios con la Tasa TAMN en la cantidad de S/. 11´869,921.72
nuevos soles, al 21 de octubre del 2015 en cumplimiento de la Resolución N° 14 del 22
de julio del 2014, de la Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial; Segunda.- Que, ha quedado establecido el importe del Interés Moratorio en la cantidad de S/.
1´780,488.26 nuevos soles, al 21 de octubre del 2015, en cumplimiento de la Resolución
N° 01 del 5° Juzgado Civil Comercial, en la parte resolutiva punto a); Tercera.- Que,
ha quedado establecido que al aplicar la tasa de Interés Legal contenida en la
Resolución Arbitral, la Resolución N° 01 del 28 de octubre del 2011 – auto admisorio
(…) en la parte resolutiva Punto b) queda un importe de S/. 465,602.63 nuevos soles
como intereses legales; Cuarta.- Que, ha quedado establecido el importe total del
Interés Compensatorio tasa TAMN por la cantidad de S/. 11´869,921.72, el Interés
Moratorio es por S/. 1´780,488.26 y el Interés Legal por S/. 465,602.63 haciendo un
total de intereses liquidados el importe de S/. 14´1116,012.61 y de acuerdo con la
Resolución N° 14 y Resolución N° 19 que establecen la compensación he procedido a
efectuar la citada compensación ordenada, en las cantidades de S/. 2´155,160.81 y la
compensación de la carta garantía por el importe de S/. 274,894.00, haciendo un total
de intereses por pagar a la demandante por la cantidad de S/. 11´685,957.80.
Asimismo, según el Laudo Arbitral y la Resolución N° 01 corresponde compensar a
favor de la demandante la cantidad de S/. 70,000.00 por la carta fianza ejecutada por
Electroperú, quedando un total de S/. 11´755,957.80 a favor de la demandante al día 21
de octubre del 2015”; CUARTO: Que, se tiene a su vez que la ejecutada Empresa de
Electricidad del Perú S.A. – ELECTROPERU S.A. mediante escrito obrante a fojas
1163 a 1187 observa dicho informe pericial a fin de que sea corregida y enmendada,
bajo el argumento que: i) La perito si bien aplica la tasa TAMN para el cálculo de los
intereses sobre la suma de S/. 477,943.26, sin embargo se equivoca al hacer la
aplicación en forma capitabilizable contraviniendo lo dispuesto en el artículo 1249 del
Código Civil que prohíbe la capitalización de intereses, salvo que se trate de cuentas
mercantiles, bancarias o similares, así como el artículo 1250, la Resolución de
CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia de la Corte Suprema que
prohíbe el anatocismo; ii) La perito considera un interés moratorio del 15% a los
intereses resultantes de la aplicación de la tasa TAMN sobre los S/. 477,943.27, sin que
exista un solo extremo del laudo o de lo señalado por la Sala en que se ordene ello; que
ello no corresponde a ninguna parte del laudo ni de lo resuelto en el presente proceso; el
laudo en ninguno de sus extremos indica que se abone dicho interés; iii) La perito ha
efectuado la compensación de la suma de S/. 2´155,160.81 sin tener en consideración
que ello ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y como lo ordena la
Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015, lo cual no es acorde con lo resuelto por la
Sala Superior en la citada Resolución N° 14 que dispuso que la compensación opere al
04 de noviembre del 2010, haciéndose la imputación de pago a esa fecha; iv) La perito
ha descontado la suma de S/. 274,894.00 proveniente de la carta fianza ejecutada a
Electroperú sin tener en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011; y,
v) La imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no
ha observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil;
QUINTO: Que, se tiene que la perito designada en autos, cumple con absolver dichas
observaciones, mediante escrito obrante a fojas 1193 a 1201 de autos y en los términos
que consta en dicha pieza procesal; SEXTO: Que, mediante escrito obrante a fojas 1207
a 1238 de autos, la empresa ejecutada se pronuncia sobre la absolución de la perito
efectuada en autos, y adjunta a su vez un informe pericial de parte; citándose a las partes
a una Audiencia de Debate Pericial, la cual se lleva a cabo en los términos que consta en
el acta obrante a fojas 1268, quedando los autos expeditos para resolver el trámite;
SEPTIMO: Que, asimismo, se tiene que mediante resolución número treinta y ocho su
fecha 30 de mayo último, la Judicatura dispuso que la perito de autos cumplir con
precisar y explicar las observaciones ahí efectuadas en dicho escrito; lo cual es
cumplido por dicha perito mediante escrito de fecha 17 de junio último en los términos
que contiene dicha pieza procesal; lo cual es a su vez absuelto por la parte ejecutada
mediante escrito obrante de fecha 22 de julio del 2016 y no absuelto por la parte
ejecutante; OCTAVO: Ahora bien, en principio, respecto a las observaciones
efectuadas contra el informe pericial materia de análisis, cabe precisar que el presente
proceso constituye uno de naturaleza complementaria a la justicia arbitral, por cuanto
tiene por objeto ejecutar el laudo arbitral; y, por ende, en tal acto de ejecución debe
respetarse los términos en que el laudo fue expedido; NOVENO: Que, siendo ello así,
en el presente caso, de la revisión del laudo arbitral materia de ejecución se tiene que el
Tribunal Arbitral a cargo ordenó lo siguiente: “(…) Tercero: Declarar Fundada la
segunda pretensión principal de la demanda y, en tal sentido, ordenar a Electroperú
que pague al Contratista la suma de S/. 477,943.27; Cuarto: Declarar Fundada la
pretensión accesoria de la segunda pretensión principal, debiéndose pagar intereses
con la tasa TAMN desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la valorización del
Adicional N° 01 hasta que Electroperú cumpla con el pago de la suma indicada en la
segunda pretensión principal; Quinto: Declarar Fundada la tercera pretensión
principal de la demanda; ordenándose a Electroperú que pague a El Contratista la suma de S/. 1´952,109.86; Sexto: Declarar Fundada la pretensión accesoria a la
tercera pretensión principal, debiendo liquidarse los intereses a partir de la fecha de la
citación con la demanda y aplicando la tasa de interés legal; Sétimo: Declarar
Fundada la cuarta pretensión principal y ordenar a Electroperú devolver a El
Contratista la Carta Fianza N° 510-320119, Valorado 19768, del 30 de mayo del 2000
del Banco NBK Bank, por el importe de S/. 70,000.00 que reemplaza el fondo de
garantía; Octavo: Fundada en parte la pretensión principal de reconvención en el
extremo referido a la liquidación final de obra, aprobando los siguientes conceptos: -
Por concepto de pagos en exceso, la suma de S/. 2´70,908.31, monto que no devengará
ningún tipo de interés; - Por concepto de cargos por actividades contractuales no
efectuadas por el Contratista la suma de S/. 13,274.73; Noveno: Fundada la pretensión
subordinada de la reconvención, incorporando a la liquidación final de obra la suma
de S/. 70,977.77, por concepto de penalidad por retraso en el levantamiento de las
observaciones relativas a la Presa Yanacocha Palcán y Accesos (…)”; DECIMO: Que
siendo ello así, y con respecto a la segunda observación al informe pericial, se tiene en
principio que en ningún extremo del laudo el Tribunal Arbitral ha ordenado el pago de
intereses moratorios que liquida la perito designada en autos, como tampoco tal tipo de
interés ha sido ordenado en el mandato ejecutivo de autos contenido en la resolución
número uno su fecha 21 de octubre del 2011; por lo que la segunda observación
efectuada en este extremo por la parte ejecutada, debe ser amparada y excluirse dicha
suma liquidada por la perito a cargo, y considerarse en relación a este extremo la
liquidación complementaria efectuada por la perito a fojas 1194 a 1201 de autos en el
que excluye el pago de intereses moratorios; DECIMO PRIMERO: Que, con respecto
a la tercera observación al informe pericial, esto es la alegada indebida compensación
efectuada por la perito (según atribuye la parte ejecutada), siendo a que la compensación
de la suma de S/. 2´155,160.81 ha debido efectuarse al 04 de noviembre del 2010 tal y
como lo ordena la Resolución N° 14 de la Sala Superior, no al monto final de los
intereses que ha calculado hasta el 21 de octubre del 2015. A este respecto, cabe tener
presente que la perito a cargo, en su escrito de absolución a dicha observación (obrante
a fojas 1199) reconoce que realizará los cálculos conforme a lo ordenado por la Sala
Superior en la citada resolución catorce. Frente a lo cual se tiene que dicha perito en el
referido escrito de absolución procede a realizar nueva compensación (ver a fojas 1200)
y también nuevamente explicada mediante escrito de fecha 17 de junio último; de los
cuales es de advertirse que efectivamente la perito a cargo sí ha efectuado la compensación correspondiente ordenada por el Superior Jerárquico de modo
proporcional conforme a lo dispuesto en el artículo 1259 del Código Civil y al 04 de
noviembre del 2010 (tal como fluye de las cartas notariales obrantes a fojas 256 a 261
de autos), habiendo realizado la imputación a tal fecha de las sumas de S/.
2´155,161.81 a los créditos de S/. 477,943.27 y de S/. 1´952,109.86, así como la
imputación de la suma de S/. 274,894.00 (ejecución de carta fianza), aplicándoseles en
cada uno de dichos actos de imputación los porcentajes correspondientes en forma
proporcional; tal como aparece de los cuadros presentados por la perito a cargo en los
escritos de absolución (24 de febrero del 2016) y precisión del informe pericial (17 de
junio del 2016). Que, como se advierte, esta observación efectuada por la parte
ejecutada fue debidamente levantada por la perito, estando en dicho informe pericial
complementario debidamente efectuada la compensación entre las obligaciones
reconocidas en el laudo arbitral, en las fechas correspondientes y en el monto y forma
previstas en el artículo 1259 del Código Civil, precisándose a que respecto a este último
que la posición de interpretación de esta Judicatura será efectuada en considerando
aparte, más esta Judicatura considera que la compensación efectuada por la perito parte
de la concordancia en la interpretación y aplicación que efectúa dicha perito con
relación al artículo 1259 del Código Civil; DECIMO SEGUNDO: Que, con respecto a
la cuarta observación al informe pericial, en el sentido que la perito ha descontado la
suma de S/. 274,894.00 proveniente de la Carta Fianza ejecutada a Electroperú, sin tener
en cuenta que ello ha debido efectuarse al 22 de junio del 2011. Señala al respecto, la
perito a cargo que “en efecto al 22 de junio del 2011 la demandante procedió a la
ejecución de la referida carta fianza; por lo que resulta atendible que este pago a
cuenta sea imputado a dicha fecha”. Siendo ello así, debe la perito tener en
consideración tal observación y aceptación de su parte, este extremo de la deuda
erróneamente imputada en el informe pericial, debiendo tener como fecha de
imputación de dicho pago al 22 de junio del 2011, lo cual sin embargo aparece
debidamente corregida y/o aclarada en el informe complementario obrante a fojas 1195
de autos; por lo que se tiene levantada satisfactoriamente dicha observación; DECIMO
TERCERO: Que, con respecto a la quinta observación pericial, en el sentido que la
imputación del pago a cuenta de la carta fianza por la suma de S/. 274,894.00 no ha
observado el orden dispuesto en los artículos 1257 y 1259 del Código Civil. A este
respecto, la perito en su escrito de absolución manifiesta que la imputación se hará
conforme a lo establecido en la parte final del artículo 1259 del Código Civil, esto es en forma proporcional a las deudas.; y, luego, dicha perito procede a efectuar dicha
imputación en tal orden. A este respecto, cabe precisar que el artículo 1259 del Código
Civil dispone que: No expresándose a qué deuda debe hacerse la imputación, se aplica
el pago a la menos garantizada; entre varias deudas igualmente garantizadas, a la más
onerosa para el deudor; y entre varias deudas igualmente garantizadas y onerosas, a la
más antigua. Si estas reglas no pueden aplicarse, la imputación se hará
proporcionalmente. Siendo a que en el presente caso, cierto es que las deudas que
mantiene la parte ejecutada no se encuentran garantizadas, esto es, en el entendido que
exista constituido una garantía real o personal o de otra naturaleza, pero garantía
jurídicamente entendido, como tal y a favor del acreedor con respecto a dichas deudas.
Siendo ello así, resulta necesario precisar que la indicación de “deuda garantizada” no
hace alusión a deuda “en igualdad de condiciones” como simple y llanamente pretende
efectuar la parte ejecutada. Lo claro y concreto es que dentro del derecho de crédito, una
deuda garantizada es aquella en cuyo favor la parte ejecutada o un tercero ha constituido
una garantía (en el entendido del derecho) real, personal o de otro tipo que tenga tal
naturaleza. Así, la categoría “garantía” a que hace alusión el artículo 1259 no debe ser
interpretado en su sentido estrictamente gramatical sino ante todo jurídico. Aúnan a este
respecto, los profesores Felipe OSTERLING PARODI y Mario CASTILLO FREYRE
que: “(…) Al señalarse el supuesto de deudas igualmente garantizadas, se podría pensar
que el artículo 1269 está aludiendo a aquellas obligaciones respecto de las cuales se ha
constituido una misma garantía, sea ésta real o personal, o garantías diferentes, pero de
la misma naturaleza (como sería el caso de bienes dados en prenda –ahora garantía
atípica legal- que garanticen plenamente dos obligaciones distintas), o de garantías
personales otorgadas por la misma persona (por ejemplo, una fianza). Sin embargo,
consideramos que no es éste el sentido del precepto. Por ejemplo, si una obligación está
garantizada por una sólida hipoteca y otra por una sólida fianza bancaria, las dos
estarían igualmente garantizadas”1. Siendo ello así y estando a que en el caso de autos
las deudas materia de ejecución no tienen constituidos garantía (real, personal o de otro
tipo alguno), no corresponde por tanto aplicarse la regla de imputación “a la menos
garantizada” ni “a la más onerosa para el deudor” ni tampoco “a la más antigua”.
Ergo, a no poder aplicarse tales reglas, corresponde proceder conforme a la parte final
del artículo 1259, esto es “la imputación se hará proporcionalmente”. Habiendo en este
1 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario. Compendio de Derecho de las
Obligaciones. Palestra Editores, Lima, 2008, pág. 583. sentido, la perito a cargo efectuado dicha imputación de ambas deudas en forma
proporcional conforme a la nueva liquidación efectuada mediante escrito de fecha 24 de
febrero del 2016 obrante a fojas 1200 de autos; DECIMO CUARTO: Que, finalmente,
con respecto a la primera observación al informe pericial, esto es que la perito si bien
aplica la tasa TAMN para el cálculo de los intereses sobre la suma de S/. 477,943.26,
sin embargo se equivoca al hacer la aplicación en forma capitabilizable contraviniendo
lo dispuesto en el artículo 1249 del Código Civil que prohíbe la capitalización de
intereses, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, así como el
artículo 1250, la Resolución de CONSUCODE (hoy OSCE), así como la jurisprudencia
de la Corte Suprema que prohíbe el anatocismo. A este respecto, se tiene que la perito a
cargo en su escrito de absolución de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1197
a 1201) precisa que no es cierto que en la nueva pericia contable esté aplicando
capitalización de intereses, que no está incurriendo en anatocismo. Que, de la revisión
del informe pericial aclaratorio presentado por la perito mediante escrito obrante a fojas
1192 a 1201 de autos aparece que la perito ha utilizado los índices que emite el Banco
Central de Reserva del Perú respecto al interés TAMN, siendo a que el Tribunal Arbitral
ha ordenado en el laudo materia de ejecución de pago de la obligación a favor de la hoy
demandante los referidos intereses con la tasa TAMN, los mismos que deben ser
liquidados conforme ordena dicho Tribunal y para cuyos efectos la perito designada en
autos ha aplicado conforme a los índices legales y la fórmula correspondiente. En tal
sentido, cabe precisar que cierto es que tratándose de la tasa TAMN le corresponde tal
fijación al Banco Central de Reserva y esta entidad establece la fórmula correspondiente
para tales efectos, no existiendo fórmulas alternativas para la liquidación de la tasa
TAMN, pues lo contrario ya no significaría el pago de dicha tasa y por ende importaría
el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Arbitral. Por estos fundamentos, SE
RESUELVE: APROBAR la liquidación de intereses y de compensaciones efectuadas
por la perito designada en autos y precisadas por dicho órgano de auxilio judicial
mediante escrito de fecha 24 de febrero del 2016 (obrante a fojas 1193 a 1201 de autos),
quedando por tanto establecido dicho interés TAMN al 22 de febrero del 2016 en la
suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE CON 42/100 SOLES y quedando a su vez fijado los intereses
legales al 22 de febrero del 2016 en la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL NOVENTA Y SIETE Y 43/100 SOLES; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : MATOS CUZCANO, MARIA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
DEMANDADO : ELECTROPERU SA ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. CINCUENTA Y CUATRO
Miraflores, trece de octubre
De dos mil diecisiete.-
POR DEVUELTOS los autos del Superior
Jerárquico, y estando a lo resuelto mediante resolución de vista número
seis, consentida que fuera por resolución siete, conforme a los términos
expuestos en la resolución de vista; AUTOS Y VISTOS; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, mediante resolución número cincuenta se dispuso
levantar la medida cautelar de embargo en forma de retención, la cual
fuera dispuesta mediante resolución dos; SEGUNDO: Que, el Artículo
716° del Código Procesal Civil, señala: “Si el título de ejecución condena
al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada, se
concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución con arreglo al
Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada. Si
ya hubiese bien cautelado, judicial o extrajudicialmente, se procederá con
arreglo al Capítulo V de este Título”; TERCERO: Que, conforme se
advierte del expediente principal, la Sala Superior mediante resolución
de vista número catorce de fecha 22 de julio de dos mil catorce, revoco
el auto final y reformándolo declaro fundada en parte la contradicción
formulada por la ejecutada. Asimismo, por resolución número cuarenta
y tres, se aprobó la liquidación de intereses y de compensación
efectuada por el perito, resolución que ha sido confirmada por la Sala
Superior mediante resolución de vista su fecha 18 de abril del año en
curso; CUARTO: Que, de los fundamentos antes expuestos, se puede
advertir que carece de asidero legal que la contracautela se mantenga
vigente, puesto que la medida cautelar se ha convertido en una medida
para ejecución, por lo tanto la medida cautelar concedida mediante
resolución número dos debe mantener su vigencia; QUINTO: Que, por
otro lado, se aprecia que el ejecutante a la fecha ha presentado escrito
con número de ingreso 96753-2017, solicitando en primer orden que el
presente cuaderno cautelar sea agregado al expediente principal,
indicando que el Superior Colegiado ha declarado nula el levantamiento
de la medida de embargo en forma de retención, entendiéndose que el
proceso principal se encuentra en etapa de ejecución; en segundo
orden, solicita que vía ejecución forzada se endose a su favor la suma
de S/. 2´650,053.13 soles. Respecto a que el presente cuaderno
cautelar sea agregado al expediente principal, dicha solicitud debe ser admitida, al encontrándose el expediente principal en etapa de
ejecución; ahora, respecto al endose solicitado, se debe disponer dicho
endose a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultado para
ello, debiendo presentar oportunamente la vigencia de poder respectiva,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión; en tal sentido,
conforme a los términos antes expuestos, SE RESUELVE:
1) MANTENER vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención que fuera concedida mediante resolución número dos
de fecha cinco de diciembre de dos mil once;
2) Agregar el presente cuaderno cautelar al expediente principal,
disponiéndose la refoliación de los mismos;
3) ENDOSAR a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13
soles, entendiéndose dicho endose con persona debidamente
facultado para ello, consentida o ejecutoriada que sea la
presente decisión; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORÍA LEGAL
DEMANDADO : ELECTROPERÚ S.A.
MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL (CAUTELAR)
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DÍAZ VALLEJOS
VÍLCHEZ DÁVILA
RESOLUCIÓN N° 06
Miraflores, diecinueve de mayo
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente el Juez superior Díaz Vallejos; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Es materia del grado la resolución N° 50 de fecha 19 de abril de
20161, que resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de
embargo en forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2
del 05 de diciembre de 2011; para lo cual consentida o ejecutoria que sea la
presente resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha
medida cautelar.---
SEGUNDO: En el recurso de apelación formulado por la demandante Estudio
Gestión y Asesoría Legal2 se alega en lo esencial lo siguiente:
- El A quo soslaya que la contracautela ofrecida en forma de carta fianza
había quedado cancelada de pleno derecho, conforme lo dispone el artículo
620 del Código Procesal Civil y por tanto su renovación no resultaba
exigible; en tal sentido, se evidencia que lo resuelto por el Juez no se ajusta
al mérito de lo actuado ni al derecho.
TERCERO: Del estudio de autos se aprecia:
1 Obrante a fojas 796-A
2 Obrante a fojas 809-810
1 3.1 El presente cuaderno cautelar corresponde al proceso sobre Ejecución de
Laudo Arbitral signado con el expediente N° 8157-2011-0.
Del expediente cautelar
3.2. Se advierte que mediante resolución N° 2 de fecha 05 de diciembre de 2011
el juzgado concedió medida de embargo en forma de retención solicitada
por la parte ejecutante.
3.3. Por resolución N° 21 del 15 de mayo de 20123 el juzgado declaró fundada la
oposición formulada por la parte ejecutada, y como consecuencia de ello,
se dispone mantener vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar con su
ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela presentando
una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía depósito
en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la suma de S/
150,000.00 nuevos soles. Dicho mandato fue cumplido por la parte
ejecutante mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2012 en el que
acompaña la carta fianza N° 10341456-000 del 28 de mayo de 2012 por el
monto ordenado como contracautela4.
3.4. La resolución N° 21 fue anulada por esta instancia Superior Mediante
resolución de vista de fecha 06 de diciembre de 20125
3.5. Mediante resolución N° 38 de fecha 17 de junio de 20136 emitiéndose
nuevo pronunciamiento declarándose fundada la oposición, y como
consecuencia se dispone mantener vigente la mediante de embargo en
forma de retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar
con su ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela
presentando una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación
vía depósito en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la
suma de S/ 150,000.00. dicha ordene es cumplida por la parte ejecutante
mediante escrito de fecha 08 de julio de 20137, mediante el cual se adjunta
la carta fianza8 requerida por el juzgado como contracautela
3.6. Por resolución N° 40 del 15 de julio de 20139 se dispone tener por mejorada
la contracautela
3.7. Posteriormente, ante el pedido de la parte ejecutada, por resolución N° 48
el juzgado requiere a la parte ejecutante que renueve la carta fianza
presentada ofrecida en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de disponer
el levantamiento de la medida cautelar materia de autos .
3.8. Por resolución N° 49 se reitera el requerimiento efectuado por resolución
N° 48.
3 Obrante a fojas 357-363
4 A fojas 431
5 Obrante en copia certificada a fojas 580-582
6 Obrante a fojas 655-665
7 Obrante a fojas 710
8 Obrante a fojas 708
9 Obrante a fojas 711
2 3.9. Mediante la resolución N° 50 (materia de grado) se dispone el
levantamiento de la medida de retención dispuesta en autos.
Del expediente principal
3.10. De las copias certificadas que se aparejan a la razón que antecede,
aparece que en el proceso principal se ha emitido auto definitivo contenido
en la resolución N° 25 de fecha 10 de junio de 2013, que:
a) Declara infundada la contradicción formulada por la parte ejecutada y
ordena llevar adelante la ejecución.
b) Aprueba el informe pericial presentado por la perito Carmen Mirtha
Chávez Barrazueta, por concepto de intereses liquidados la 5 marzo de
2012 y
c) Considera como pago a cuenta la suma de S/264,894.00 que debe
imputarse conforme a lo previsto en el artículo 1257 del Código Civil.
Dicha decisión fue impugnada y elevada a la instancia superior.
3.11. Por resolución de vista N° 14 de fecha 22 de julio de 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia ordenado
efectuar la compensación conforme a las consideraciones efectuadas,
desaprueba el informe pericial y ordenaron una nueva pericial. Asimismo,
se confirma el extremo que considera como pago a cuenta la suma de
S/264,894.00 que debe imputarse conforme a lo previsto en el artículo
1257 del Código Civil.
3.12. Asimismo, mediante resolución N° 43 de fecha 12 de setiembre de 2016,
se aprueba la liquidación de intereses y de compensación efectuada por la
perito designada en autos, quedando establecido dicho interés TAMN al 22
de febrero de 2016 en la suma de 10´240.237.42 Soles, quedando a su vez
fijados los intereses legales al 22 de febrero de 2016 en la suma de S/
689,097.43 Soles. Decisión que ha sido confirmada por esta Sala Superior
mediante resolución de vista de fecha 18 de abril de 2017.
CUARTO: Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme
a la regla del artículo 716 del Código Procesal Civil. Por tanto, carece de asidero
legal que en autos se mantenga la contracautela por una medida cautelar que
se ha convertido en medida para ejecución; máxime si a la fecha incluso se
encuentra confirmada la decisión que aprueba los intereses ordenado pagar en
el laudo conforme se expone en el punto 3.12 del considerando precedente. ---
---------------------------------
QUINTO: De esta forma, tiene razón la parte apelante al señalar que la venida
en grado no se sujeta al mérito de lo actuado ni al derecho, tal como lo exige el
artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; por cuyas razones y de
3 conformidad con el artículo 171 del Código citado: --------------------------------------
----------------------
DECISION:
Declararon NULA la resolución N°50 de fecha 19 de abril de 201610, que
resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de embargo en
forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2 del 05 de
diciembre de 2011 para lo cual consentida o ejecutoria que sea la presente
resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha medida
cautelar; y, ORDENARON que el A-quo proceda conforme a las estimaciones
precedentes. Hágase saber y devuélvase.-
MCH/jlva
10 Obrante a fojas 796-A
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : MATOS CUZCANO, MARIA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
DEMANDADO : ELECTROPERU SA ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. CINCUENTA Y CUATRO
Miraflores, trece de octubre
De dos mil diecisiete.-
POR DEVUELTOS los autos del Superior
Jerárquico, y estando a lo resuelto mediante resolución de vista número
seis, consentida que fuera por resolución siete, conforme a los términos
expuestos en la resolución de vista; AUTOS Y VISTOS; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, mediante resolución número cincuenta se dispuso
levantar la medida cautelar de embargo en forma de retención, la cual
fuera dispuesta mediante resolución dos; SEGUNDO: Que, el Artículo
716° del Código Procesal Civil, señala: “Si el título de ejecución condena
al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada, se
concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución con arreglo al
Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada. Si
ya hubiese bien cautelado, judicial o extrajudicialmente, se procederá con
arreglo al Capítulo V de este Título”; TERCERO: Que, conforme se
advierte del expediente principal, la Sala Superior mediante resolución
de vista número catorce de fecha 22 de julio de dos mil catorce, revoco
el auto final y reformándolo declaro fundada en parte la contradicción
formulada por la ejecutada. Asimismo, por resolución número cuarenta
y tres, se aprobó la liquidación de intereses y de compensación
efectuada por el perito, resolución que ha sido confirmada por la Sala
Superior mediante resolución de vista su fecha 18 de abril del año en
curso; CUARTO: Que, de los fundamentos antes expuestos, se puede
advertir que carece de asidero legal que la contracautela se mantenga
vigente, puesto que la medida cautelar se ha convertido en una medida
para ejecución, por lo tanto la medida cautelar concedida mediante
resolución número dos debe mantener su vigencia; QUINTO: Que, por
otro lado, se aprecia que el ejecutante a la fecha ha presentado escrito
con número de ingreso 96753-2017, solicitando en primer orden que el
presente cuaderno cautelar sea agregado al expediente principal,
indicando que el Superior Colegiado ha declarado nula el levantamiento
de la medida de embargo en forma de retención, entendiéndose que el
proceso principal se encuentra en etapa de ejecución; en segundo
orden, solicita que vía ejecución forzada se endose a su favor la suma
de S/. 2´650,053.13 soles. Respecto a que el presente cuaderno
cautelar sea agregado al expediente principal, dicha solicitud debe ser admitida, al encontrándose el expediente principal en etapa de
ejecución; ahora, respecto al endose solicitado, se debe disponer dicho
endose a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultado para
ello, debiendo presentar oportunamente la vigencia de poder respectiva,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión; en tal sentido,
conforme a los términos antes expuestos, SE RESUELVE:
1) MANTENER vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención que fuera concedida mediante resolución número dos
de fecha cinco de diciembre de dos mil once;
2) Agregar el presente cuaderno cautelar al expediente principal,
disponiéndose la refoliación de los mismos;
3) ENDOSAR a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13
soles, entendiéndose dicho endose con persona debidamente
facultado para ello, consentida o ejecutoriada que sea la
presente decisión; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORÍA LEGAL
DEMANDADO : ELECTROPERÚ S.A.
MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL (CAUTELAR)
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DÍAZ VALLEJOS
VÍLCHEZ DÁVILA
RESOLUCIÓN N° 06
Miraflores, diecinueve de mayo
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente el Juez superior Díaz Vallejos; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Es materia del grado la resolución N° 50 de fecha 19 de abril de
20161, que resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de
embargo en forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2
del 05 de diciembre de 2011; para lo cual consentida o ejecutoria que sea la
presente resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha
medida cautelar.---
SEGUNDO: En el recurso de apelación formulado por la demandante Estudio
Gestión y Asesoría Legal2 se alega en lo esencial lo siguiente:
- El A quo soslaya que la contracautela ofrecida en forma de carta fianza
había quedado cancelada de pleno derecho, conforme lo dispone el artículo
620 del Código Procesal Civil y por tanto su renovación no resultaba
exigible; en tal sentido, se evidencia que lo resuelto por el Juez no se ajusta
al mérito de lo actuado ni al derecho.
TERCERO: Del estudio de autos se aprecia:
1 Obrante a fojas 796-A
2 Obrante a fojas 809-810
1 3.1 El presente cuaderno cautelar corresponde al proceso sobre Ejecución de
Laudo Arbitral signado con el expediente N° 8157-2011-0.
Del expediente cautelar
3.2. Se advierte que mediante resolución N° 2 de fecha 05 de diciembre de 2011
el juzgado concedió medida de embargo en forma de retención solicitada
por la parte ejecutante.
3.3. Por resolución N° 21 del 15 de mayo de 20123 el juzgado declaró fundada la
oposición formulada por la parte ejecutada, y como consecuencia de ello,
se dispone mantener vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar con su
ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela presentando
una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía depósito
en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la suma de S/
150,000.00 nuevos soles. Dicho mandato fue cumplido por la parte
ejecutante mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2012 en el que
acompaña la carta fianza N° 10341456-000 del 28 de mayo de 2012 por el
monto ordenado como contracautela4.
3.4. La resolución N° 21 fue anulada por esta instancia Superior Mediante
resolución de vista de fecha 06 de diciembre de 20125
3.5. Mediante resolución N° 38 de fecha 17 de junio de 20136 emitiéndose
nuevo pronunciamiento declarándose fundada la oposición, y como
consecuencia se dispone mantener vigente la mediante de embargo en
forma de retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar
con su ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela
presentando una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación
vía depósito en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la
suma de S/ 150,000.00. dicha ordene es cumplida por la parte ejecutante
mediante escrito de fecha 08 de julio de 20137, mediante el cual se adjunta
la carta fianza8 requerida por el juzgado como contracautela
3.6. Por resolución N° 40 del 15 de julio de 20139 se dispone tener por mejorada
la contracautela
3.7. Posteriormente, ante el pedido de la parte ejecutada, por resolución N° 48
el juzgado requiere a la parte ejecutante que renueve la carta fianza
presentada ofrecida en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de disponer
el levantamiento de la medida cautelar materia de autos .
3.8. Por resolución N° 49 se reitera el requerimiento efectuado por resolución
N° 48.
3 Obrante a fojas 357-363
4 A fojas 431
5 Obrante en copia certificada a fojas 580-582
6 Obrante a fojas 655-665
7 Obrante a fojas 710
8 Obrante a fojas 708
9 Obrante a fojas 711
2 3.9. Mediante la resolución N° 50 (materia de grado) se dispone el
levantamiento de la medida de retención dispuesta en autos.
Del expediente principal
3.10. De las copias certificadas que se aparejan a la razón que antecede,
aparece que en el proceso principal se ha emitido auto definitivo contenido
en la resolución N° 25 de fecha 10 de junio de 2013, que:
a) Declara infundada la contradicción formulada por la parte ejecutada y
ordena llevar adelante la ejecución.
b) Aprueba el informe pericial presentado por la perito Carmen Mirtha
Chávez Barrazueta, por concepto de intereses liquidados la 5 marzo de
2012 y
c) Considera como pago a cuenta la suma de S/264,894.00 que debe
imputarse conforme a lo previsto en el artículo 1257 del Código Civil.
Dicha decisión fue impugnada y elevada a la instancia superior.
3.11. Por resolución de vista N° 14 de fecha 22 de julio de 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia ordenado
efectuar la compensación conforme a las consideraciones efectuadas,
desaprueba el informe pericial y ordenaron una nueva pericial. Asimismo,
se confirma el extremo que considera como pago a cuenta la suma de
S/264,894.00 que debe imputarse conforme a lo previsto en el artículo
1257 del Código Civil.
3.12. Asimismo, mediante resolución N° 43 de fecha 12 de setiembre de 2016,
se aprueba la liquidación de intereses y de compensación efectuada por la
perito designada en autos, quedando establecido dicho interés TAMN al 22
de febrero de 2016 en la suma de 10´240.237.42 Soles, quedando a su vez
fijados los intereses legales al 22 de febrero de 2016 en la suma de S/
689,097.43 Soles. Decisión que ha sido confirmada por esta Sala Superior
mediante resolución de vista de fecha 18 de abril de 2017.
CUARTO: Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme
a la regla del artículo 716 del Código Procesal Civil. Por tanto, carece de asidero
legal que en autos se mantenga la contracautela por una medida cautelar que
se ha convertido en medida para ejecución; máxime si a la fecha incluso se
encuentra confirmada la decisión que aprueba los intereses ordenado pagar en
el laudo conforme se expone en el punto 3.12 del considerando precedente. ---
---------------------------------
QUINTO: De esta forma, tiene razón la parte apelante al señalar que la venida
en grado no se sujeta al mérito de lo actuado ni al derecho, tal como lo exige el
artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; por cuyas razones y de
3 conformidad con el artículo 171 del Código citado: --------------------------------------
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DECISION:
Declararon NULA la resolución N°50 de fecha 19 de abril de 201610, que
resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de embargo en
forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2 del 05 de
diciembre de 2011 para lo cual consentida o ejecutoria que sea la presente
resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha medida
cautelar; y, ORDENARON que el A-quo proceda conforme a las estimaciones
precedentes. Hágase saber y devuélvase.-
MCH/jlva
10 Obrante a fojas 796-A
4 |
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EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : MATOS CUZCANO, MARIA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
DEMANDADO : ELECTROPERU SA ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. CINCUENTA Y CUATRO
Miraflores, trece de octubre
De dos mil diecisiete.-
POR DEVUELTOS los autos del Superior
Jerárquico, y estando a lo resuelto mediante resolución de vista número
seis, consentida que fuera por resolución siete, conforme a los términos
expuestos en la resolución de vista; AUTOS Y VISTOS; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, mediante resolución número cincuenta se dispuso
levantar la medida cautelar de embargo en forma de retención, la cual
fuera dispuesta mediante resolución dos; SEGUNDO: Que, el Artículo
716° del Código Procesal Civil, señala: “Si el título de ejecución condena
al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada, se
concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución con arreglo al
Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada. Si
ya hubiese bien cautelado, judicial o extrajudicialmente, se procederá con
arreglo al Capítulo V de este Título”; TERCERO: Que, conforme se
advierte del expediente principal, la Sala Superior mediante resolución
de vista número catorce de fecha 22 de julio de dos mil catorce, revoco
el auto final y reformándolo declaro fundada en parte la contradicción
formulada por la ejecutada. Asimismo, por resolución número cuarenta
y tres, se aprobó la liquidación de intereses y de compensación
efectuada por el perito, resolución que ha sido confirmada por la Sala
Superior mediante resolución de vista su fecha 18 de abril del año en
curso; CUARTO: Que, de los fundamentos antes expuestos, se puede
advertir que carece de asidero legal que la contracautela se mantenga
vigente, puesto que la medida cautelar se ha convertido en una medida
para ejecución, por lo tanto la medida cautelar concedida mediante
resolución número dos debe mantener su vigencia; QUINTO: Que, por
otro lado, se aprecia que el ejecutante a la fecha ha presentado escrito
con número de ingreso 96753-2017, solicitando en primer orden que el
presente cuaderno cautelar sea agregado al expediente principal,
indicando que el Superior Colegiado ha declarado nula el levantamiento
de la medida de embargo en forma de retención, entendiéndose que el
proceso principal se encuentra en etapa de ejecución; en segundo
orden, solicita que vía ejecución forzada se endose a su favor la suma
de S/. 2´650,053.13 soles. Respecto a que el presente cuaderno
cautelar sea agregado al expediente principal, dicha solicitud debe ser admitida, al encontrándose el expediente principal en etapa de
ejecución; ahora, respecto al endose solicitado, se debe disponer dicho
endose a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultado para
ello, debiendo presentar oportunamente la vigencia de poder respectiva,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión; en tal sentido,
conforme a los términos antes expuestos, SE RESUELVE:
1) MANTENER vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención que fuera concedida mediante resolución número dos
de fecha cinco de diciembre de dos mil once;
2) Agregar el presente cuaderno cautelar al expediente principal,
disponiéndose la refoliación de los mismos;
3) ENDOSAR a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13
soles, entendiéndose dicho endose con persona debidamente
facultado para ello, consentida o ejecutoriada que sea la
presente decisión; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORÍA LEGAL
DEMANDADO : ELECTROPERÚ S.A.
MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL (CAUTELAR)
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DÍAZ VALLEJOS
VÍLCHEZ DÁVILA
RESOLUCIÓN N° 06
Miraflores, diecinueve de mayo
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente el Juez superior Díaz Vallejos; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Es materia del grado la resolución N° 50 de fecha 19 de abril de
20161, que resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de
embargo en forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2
del 05 de diciembre de 2011; para lo cual consentida o ejecutoria que sea la
presente resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha
medida cautelar.---
SEGUNDO: En el recurso de apelación formulado por la demandante Estudio
Gestión y Asesoría Legal2 se alega en lo esencial lo siguiente:
- El A quo soslaya que la contracautela ofrecida en forma de carta fianza
había quedado cancelada de pleno derecho, conforme lo dispone el artículo
620 del Código Procesal Civil y por tanto su renovación no resultaba
exigible; en tal sentido, se evidencia que lo resuelto por el Juez no se ajusta
al mérito de lo actuado ni al derecho.
TERCERO: Del estudio de autos se aprecia:
1 Obrante a fojas 796-A
2 Obrante a fojas 809-810
1 3.1 El presente cuaderno cautelar corresponde al proceso sobre Ejecución de
Laudo Arbitral signado con el expediente N° 8157-2011-0.
Del expediente cautelar
3.2. Se advierte que mediante resolución N° 2 de fecha 05 de diciembre de 2011
el juzgado concedió medida de embargo en forma de retención solicitada
por la parte ejecutante.
3.3. Por resolución N° 21 del 15 de mayo de 20123 el juzgado declaró fundada la
oposición formulada por la parte ejecutada, y como consecuencia de ello,
se dispone mantener vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar con su
ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela presentando
una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía depósito
en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la suma de S/
150,000.00 nuevos soles. Dicho mandato fue cumplido por la parte
ejecutante mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2012 en el que
acompaña la carta fianza N° 10341456-000 del 28 de mayo de 2012 por el
monto ordenado como contracautela4.
3.4. La resolución N° 21 fue anulada por esta instancia Superior Mediante
resolución de vista de fecha 06 de diciembre de 20125
3.5. Mediante resolución N° 38 de fecha 17 de junio de 20136 emitiéndose
nuevo pronunciamiento declarándose fundada la oposición, y como
consecuencia se dispone mantener vigente la mediante de embargo en
forma de retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar
con su ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela
presentando una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación
vía depósito en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la
suma de S/ 150,000.00. dicha ordene es cumplida por la parte ejecutante
mediante escrito de fecha 08 de julio de 20137, mediante el cual se adjunta
la carta fianza8 requerida por el juzgado como contracautela
3.6. Por resolución N° 40 del 15 de julio de 20139 se dispone tener por mejorada
la contracautela
3.7. Posteriormente, ante el pedido de la parte ejecutada, por resolución N° 48
el juzgado requiere a la parte ejecutante que renueve la carta fianza
presentada ofrecida en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de disponer
el levantamiento de la medida cautelar materia de autos .
3.8. Por resolución N° 49 se reitera el requerimiento efectuado por resolución
N° 48.
3 Obrante a fojas 357-363
4 A fojas 431
5 Obrante en copia certificada a fojas 580-582
6 Obrante a fojas 655-665
7 Obrante a fojas 710
8 Obrante a fojas 708
9 Obrante a fojas 711
2 3.9. Mediante la resolución N° 50 (materia de grado) se dispone el
levantamiento de la medida de retención dispuesta en autos.
Del expediente principal
3.10. De las copias certificadas que se aparejan a la razón que antecede,
aparece que en el proceso principal se ha emitido auto definitivo contenido
en la resolución N° 25 de fecha 10 de junio de 2013, que:
a) Declara infundada la contradicción formulada por la parte ejecutada y
ordena llevar adelante la ejecución.
b) Aprueba el informe pericial presentado por la perito Carmen Mirtha
Chávez Barrazueta, por concepto de intereses liquidados la 5 marzo de
2012 y
c) Considera como pago a cuenta la suma de S/264,894.00 que debe
imputarse conforme a lo previsto en el artículo 1257 del Código Civil.
Dicha decisión fue impugnada y elevada a la instancia superior.
3.11. Por resolución de vista N° 14 de fecha 22 de julio de 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia ordenado
efectuar la compensación conforme a las consideraciones efectuadas,
desaprueba el informe pericial y ordenaron una nueva pericial. Asimismo,
se confirma el extremo que considera como pago a cuenta la suma de
S/264,894.00 que debe imputarse conforme a lo previsto en el artículo
1257 del Código Civil.
3.12. Asimismo, mediante resolución N° 43 de fecha 12 de setiembre de 2016,
se aprueba la liquidación de intereses y de compensación efectuada por la
perito designada en autos, quedando establecido dicho interés TAMN al 22
de febrero de 2016 en la suma de 10´240.237.42 Soles, quedando a su vez
fijados los intereses legales al 22 de febrero de 2016 en la suma de S/
689,097.43 Soles. Decisión que ha sido confirmada por esta Sala Superior
mediante resolución de vista de fecha 18 de abril de 2017.
CUARTO: Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme
a la regla del artículo 716 del Código Procesal Civil. Por tanto, carece de asidero
legal que en autos se mantenga la contracautela por una medida cautelar que
se ha convertido en medida para ejecución; máxime si a la fecha incluso se
encuentra confirmada la decisión que aprueba los intereses ordenado pagar en
el laudo conforme se expone en el punto 3.12 del considerando precedente. ---
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QUINTO: De esta forma, tiene razón la parte apelante al señalar que la venida
en grado no se sujeta al mérito de lo actuado ni al derecho, tal como lo exige el
artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; por cuyas razones y de
3 conformidad con el artículo 171 del Código citado: --------------------------------------
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DECISION:
Declararon NULA la resolución N°50 de fecha 19 de abril de 201610, que
resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de embargo en
forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2 del 05 de
diciembre de 2011 para lo cual consentida o ejecutoria que sea la presente
resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha medida
cautelar; y, ORDENARON que el A-quo proceda conforme a las estimaciones
precedentes. Hágase saber y devuélvase.-
MCH/jlva
10 Obrante a fojas 796-A
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : MATOS CUZCANO, MARIA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
DEMANDADO : ELECTROPERU SA ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. CINCUENTA Y CUATRO
Miraflores, trece de octubre
De dos mil diecisiete.-
POR DEVUELTOS los autos del Superior
Jerárquico, y estando a lo resuelto mediante resolución de vista número
seis, consentida que fuera por resolución siete, conforme a los términos
expuestos en la resolución de vista; AUTOS Y VISTOS; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, mediante resolución número cincuenta se dispuso
levantar la medida cautelar de embargo en forma de retención, la cual
fuera dispuesta mediante resolución dos; SEGUNDO: Que, el Artículo
716° del Código Procesal Civil, señala: “Si el título de ejecución condena
al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada, se
concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución con arreglo al
Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada. Si
ya hubiese bien cautelado, judicial o extrajudicialmente, se procederá con
arreglo al Capítulo V de este Título”; TERCERO: Que, conforme se
advierte del expediente principal, la Sala Superior mediante resolución
de vista número catorce de fecha 22 de julio de dos mil catorce, revoco
el auto final y reformándolo declaro fundada en parte la contradicción
formulada por la ejecutada. Asimismo, por resolución número cuarenta
y tres, se aprobó la liquidación de intereses y de compensación
efectuada por el perito, resolución que ha sido confirmada por la Sala
Superior mediante resolución de vista su fecha 18 de abril del año en
curso; CUARTO: Que, de los fundamentos antes expuestos, se puede
advertir que carece de asidero legal que la contracautela se mantenga
vigente, puesto que la medida cautelar se ha convertido en una medida
para ejecución, por lo tanto la medida cautelar concedida mediante
resolución número dos debe mantener su vigencia; QUINTO: Que, por
otro lado, se aprecia que el ejecutante a la fecha ha presentado escrito
con número de ingreso 96753-2017, solicitando en primer orden que el
presente cuaderno cautelar sea agregado al expediente principal,
indicando que el Superior Colegiado ha declarado nula el levantamiento
de la medida de embargo en forma de retención, entendiéndose que el
proceso principal se encuentra en etapa de ejecución; en segundo
orden, solicita que vía ejecución forzada se endose a su favor la suma
de S/. 2´650,053.13 soles. Respecto a que el presente cuaderno
cautelar sea agregado al expediente principal, dicha solicitud debe ser admitida, al encontrándose el expediente principal en etapa de
ejecución; ahora, respecto al endose solicitado, se debe disponer dicho
endose a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultado para
ello, debiendo presentar oportunamente la vigencia de poder respectiva,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión; en tal sentido,
conforme a los términos antes expuestos, SE RESUELVE:
1) MANTENER vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención que fuera concedida mediante resolución número dos
de fecha cinco de diciembre de dos mil once;
2) Agregar el presente cuaderno cautelar al expediente principal,
disponiéndose la refoliación de los mismos;
3) ENDOSAR a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13
soles, entendiéndose dicho endose con persona debidamente
facultado para ello, consentida o ejecutoriada que sea la
presente decisión; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORÍA LEGAL
DEMANDADO : ELECTROPERÚ S.A.
MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL (CAUTELAR)
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DÍAZ VALLEJOS
VÍLCHEZ DÁVILA
RESOLUCIÓN N° 06
Miraflores, diecinueve de mayo
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente el Juez superior Díaz Vallejos; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Es materia del grado la resolución N° 50 de fecha 19 de abril de
20161, que resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de
embargo en forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2
del 05 de diciembre de 2011; para lo cual consentida o ejecutoria que sea la
presente resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha
medida cautelar.---
SEGUNDO: En el recurso de apelación formulado por la demandante Estudio
Gestión y Asesoría Legal2 se alega en lo esencial lo siguiente:
- El A quo soslaya que la contracautela ofrecida en forma de carta fianza
había quedado cancelada de pleno derecho, conforme lo dispone el artículo
620 del Código Procesal Civil y por tanto su renovación no resultaba
exigible; en tal sentido, se evidencia que lo resuelto por el Juez no se ajusta
al mérito de lo actuado ni al derecho.
TERCERO: Del estudio de autos se aprecia:
1 Obrante a fojas 796-A
2 Obrante a fojas 809-810
1 3.1 El presente cuaderno cautelar corresponde al proceso sobre Ejecución de
Laudo Arbitral signado con el expediente N° 8157-2011-0.
Del expediente cautelar
3.2. Se advierte que mediante resolución N° 2 de fecha 05 de diciembre de 2011
el juzgado concedió medida de embargo en forma de retención solicitada
por la parte ejecutante.
3.3. Por resolución N° 21 del 15 de mayo de 20123 el juzgado declaró fundada la
oposición formulada por la parte ejecutada, y como consecuencia de ello,
se dispone mantener vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar con su
ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela presentando
una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía depósito
en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la suma de S/
150,000.00 nuevos soles. Dicho mandato fue cumplido por la parte
ejecutante mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2012 en el que
acompaña la carta fianza N° 10341456-000 del 28 de mayo de 2012 por el
monto ordenado como contracautela4.
3.4. La resolución N° 21 fue anulada por esta instancia Superior Mediante
resolución de vista de fecha 06 de diciembre de 20125
3.5. Mediante resolución N° 38 de fecha 17 de junio de 20136 emitiéndose
nuevo pronunciamiento declarándose fundada la oposición, y como
consecuencia se dispone mantener vigente la mediante de embargo en
forma de retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar
con su ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela
presentando una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación
vía depósito en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la
suma de S/ 150,000.00. dicha ordene es cumplida por la parte ejecutante
mediante escrito de fecha 08 de julio de 20137, mediante el cual se adjunta
la carta fianza8 requerida por el juzgado como contracautela
3.6. Por resolución N° 40 del 15 de julio de 20139 se dispone tener por mejorada
la contracautela
3.7. Posteriormente, ante el pedido de la parte ejecutada, por resolución N° 48
el juzgado requiere a la parte ejecutante que renueve la carta fianza
presentada ofrecida en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de disponer
el levantamiento de la medida cautelar materia de autos .
3.8. Por resolución N° 49 se reitera el requerimiento efectuado por resolución
N° 48.
3 Obrante a fojas 357-363
4 A fojas 431
5 Obrante en copia certificada a fojas 580-582
6 Obrante a fojas 655-665
7 Obrante a fojas 710
8 Obrante a fojas 708
9 Obrante a fojas 711
2 3.9. Mediante la resolución N° 50 (materia de grado) se dispone el
levantamiento de la medida de retención dispuesta en autos.
Del expediente principal
3.10. De las copias certificadas que se aparejan a la razón que antecede,
aparece que en el proceso principal se ha emitido auto definitivo contenido
en la resolución N° 25 de fecha 10 de junio de 2013, que:
a) Declara infundada la contradicción formulada por la parte ejecutada y
ordena llevar adelante la ejecución.
b) Aprueba el informe pericial presentado por la perito Carmen Mirtha
Chávez Barrazueta, por concepto de intereses liquidados la 5 marzo de
2012 y
c) Considera como pago a cuenta la suma de S/264,894.00 que debe
imputarse conforme a lo previsto en el artículo 1257 del Código Civil.
Dicha decisión fue impugnada y elevada a la instancia superior.
3.11. Por resolución de vista N° 14 de fecha 22 de julio de 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia ordenado
efectuar la compensación conforme a las consideraciones efectuadas,
desaprueba el informe pericial y ordenaron una nueva pericial. Asimismo,
se confirma el extremo que considera como pago a cuenta la suma de
S/264,894.00 que debe imputarse conforme a lo previsto en el artículo
1257 del Código Civil.
3.12. Asimismo, mediante resolución N° 43 de fecha 12 de setiembre de 2016,
se aprueba la liquidación de intereses y de compensación efectuada por la
perito designada en autos, quedando establecido dicho interés TAMN al 22
de febrero de 2016 en la suma de 10´240.237.42 Soles, quedando a su vez
fijados los intereses legales al 22 de febrero de 2016 en la suma de S/
689,097.43 Soles. Decisión que ha sido confirmada por esta Sala Superior
mediante resolución de vista de fecha 18 de abril de 2017.
CUARTO: Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme
a la regla del artículo 716 del Código Procesal Civil. Por tanto, carece de asidero
legal que en autos se mantenga la contracautela por una medida cautelar que
se ha convertido en medida para ejecución; máxime si a la fecha incluso se
encuentra confirmada la decisión que aprueba los intereses ordenado pagar en
el laudo conforme se expone en el punto 3.12 del considerando precedente. ---
---------------------------------
QUINTO: De esta forma, tiene razón la parte apelante al señalar que la venida
en grado no se sujeta al mérito de lo actuado ni al derecho, tal como lo exige el
artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; por cuyas razones y de
3 conformidad con el artículo 171 del Código citado: --------------------------------------
----------------------
DECISION:
Declararon NULA la resolución N°50 de fecha 19 de abril de 201610, que
resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de embargo en
forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2 del 05 de
diciembre de 2011 para lo cual consentida o ejecutoria que sea la presente
resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha medida
cautelar; y, ORDENARON que el A-quo proceda conforme a las estimaciones
precedentes. Hágase saber y devuélvase.-
MCH/jlva
10 Obrante a fojas 796-A
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : MATOS CUZCANO, MARIA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
DEMANDADO : ELECTROPERU SA ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. CINCUENTA Y CUATRO
Miraflores, trece de octubre
De dos mil diecisiete.-
POR DEVUELTOS los autos del Superior
Jerárquico, y estando a lo resuelto mediante resolución de vista número
seis, consentida que fuera por resolución siete, conforme a los términos
expuestos en la resolución de vista; AUTOS Y VISTOS; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, mediante resolución número cincuenta se dispuso
levantar la medida cautelar de embargo en forma de retención, la cual
fuera dispuesta mediante resolución dos; SEGUNDO: Que, el Artículo
716° del Código Procesal Civil, señala: “Si el título de ejecución condena
al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada, se
concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución con arreglo al
Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada. Si
ya hubiese bien cautelado, judicial o extrajudicialmente, se procederá con
arreglo al Capítulo V de este Título”; TERCERO: Que, conforme se
advierte del expediente principal, la Sala Superior mediante resolución
de vista número catorce de fecha 22 de julio de dos mil catorce, revoco
el auto final y reformándolo declaro fundada en parte la contradicción
formulada por la ejecutada. Asimismo, por resolución número cuarenta
y tres, se aprobó la liquidación de intereses y de compensación
efectuada por el perito, resolución que ha sido confirmada por la Sala
Superior mediante resolución de vista su fecha 18 de abril del año en
curso; CUARTO: Que, de los fundamentos antes expuestos, se puede
advertir que carece de asidero legal que la contracautela se mantenga
vigente, puesto que la medida cautelar se ha convertido en una medida
para ejecución, por lo tanto la medida cautelar concedida mediante
resolución número dos debe mantener su vigencia; QUINTO: Que, por
otro lado, se aprecia que el ejecutante a la fecha ha presentado escrito
con número de ingreso 96753-2017, solicitando en primer orden que el
presente cuaderno cautelar sea agregado al expediente principal,
indicando que el Superior Colegiado ha declarado nula el levantamiento
de la medida de embargo en forma de retención, entendiéndose que el
proceso principal se encuentra en etapa de ejecución; en segundo
orden, solicita que vía ejecución forzada se endose a su favor la suma
de S/. 2´650,053.13 soles. Respecto a que el presente cuaderno
cautelar sea agregado al expediente principal, dicha solicitud debe ser admitida, al encontrándose el expediente principal en etapa de
ejecución; ahora, respecto al endose solicitado, se debe disponer dicho
endose a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultado para
ello, debiendo presentar oportunamente la vigencia de poder respectiva,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión; en tal sentido,
conforme a los términos antes expuestos, SE RESUELVE:
1) MANTENER vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención que fuera concedida mediante resolución número dos
de fecha cinco de diciembre de dos mil once;
2) Agregar el presente cuaderno cautelar al expediente principal,
disponiéndose la refoliación de los mismos;
3) ENDOSAR a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13
soles, entendiéndose dicho endose con persona debidamente
facultado para ello, consentida o ejecutoriada que sea la
presente decisión; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORÍA LEGAL
DEMANDADO : ELECTROPERÚ S.A.
MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL (CAUTELAR)
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DÍAZ VALLEJOS
VÍLCHEZ DÁVILA
RESOLUCIÓN N° 06
Miraflores, diecinueve de mayo
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente el Juez superior Díaz Vallejos; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Es materia del grado la resolución N° 50 de fecha 19 de abril de
20161, que resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de
embargo en forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2
del 05 de diciembre de 2011; para lo cual consentida o ejecutoria que sea la
presente resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha
medida cautelar.---
SEGUNDO: En el recurso de apelación formulado por la demandante Estudio
Gestión y Asesoría Legal2 se alega en lo esencial lo siguiente:
- El A quo soslaya que la contracautela ofrecida en forma de carta fianza
había quedado cancelada de pleno derecho, conforme lo dispone el artículo
620 del Código Procesal Civil y por tanto su renovación no resultaba
exigible; en tal sentido, se evidencia que lo resuelto por el Juez no se ajusta
al mérito de lo actuado ni al derecho.
TERCERO: Del estudio de autos se aprecia:
1 Obrante a fojas 796-A
2 Obrante a fojas 809-810
1 3.1 El presente cuaderno cautelar corresponde al proceso sobre Ejecución de
Laudo Arbitral signado con el expediente N° 8157-2011-0.
Del expediente cautelar
3.2. Se advierte que mediante resolución N° 2 de fecha 05 de diciembre de 2011
el juzgado concedió medida de embargo en forma de retención solicitada
por la parte ejecutante.
3.3. Por resolución N° 21 del 15 de mayo de 20123 el juzgado declaró fundada la
oposición formulada por la parte ejecutada, y como consecuencia de ello,
se dispone mantener vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar con su
ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela presentando
una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía depósito
en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la suma de S/
150,000.00 nuevos soles. Dicho mandato fue cumplido por la parte
ejecutante mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2012 en el que
acompaña la carta fianza N° 10341456-000 del 28 de mayo de 2012 por el
monto ordenado como contracautela4.
3.4. La resolución N° 21 fue anulada por esta instancia Superior Mediante
resolución de vista de fecha 06 de diciembre de 20125
3.5. Mediante resolución N° 38 de fecha 17 de junio de 20136 emitiéndose
nuevo pronunciamiento declarándose fundada la oposición, y como
consecuencia se dispone mantener vigente la mediante de embargo en
forma de retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar
con su ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela
presentando una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación
vía depósito en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la
suma de S/ 150,000.00. dicha ordene es cumplida por la parte ejecutante
mediante escrito de fecha 08 de julio de 20137, mediante el cual se adjunta
la carta fianza8 requerida por el juzgado como contracautela
3.6. Por resolución N° 40 del 15 de julio de 20139 se dispone tener por mejorada
la contracautela
3.7. Posteriormente, ante el pedido de la parte ejecutada, por resolución N° 48
el juzgado requiere a la parte ejecutante que renueve la carta fianza
presentada ofrecida en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de disponer
el levantamiento de la medida cautelar materia de autos .
3.8. Por resolución N° 49 se reitera el requerimiento efectuado por resolución
N° 48.
3 Obrante a fojas 357-363
4 A fojas 431
5 Obrante en copia certificada a fojas 580-582
6 Obrante a fojas 655-665
7 Obrante a fojas 710
8 Obrante a fojas 708
9 Obrante a fojas 711
2 3.9. Mediante la resolución N° 50 (materia de grado) se dispone el
levantamiento de la medida de retención dispuesta en autos.
Del expediente principal
3.10. De las copias certificadas que se aparejan a la razón que antecede,
aparece que en el proceso principal se ha emitido auto definitivo contenido
en la resolución N° 25 de fecha 10 de junio de 2013, que:
a) Declara infundada la contradicción formulada por la parte ejecutada y
ordena llevar adelante la ejecución.
b) Aprueba el informe pericial presentado por la perito Carmen Mirtha
Chávez Barrazueta, por concepto de intereses liquidados la 5 marzo de
2012 y
c) Considera como pago a cuenta la suma de S/264,894.00 que debe
imputarse conforme a lo previsto en el artículo 1257 del Código Civil.
Dicha decisión fue impugnada y elevada a la instancia superior.
3.11. Por resolución de vista N° 14 de fecha 22 de julio de 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia ordenado
efectuar la compensación conforme a las consideraciones efectuadas,
desaprueba el informe pericial y ordenaron una nueva pericial. Asimismo,
se confirma el extremo que considera como pago a cuenta la suma de
S/264,894.00 que debe imputarse conforme a lo previsto en el artículo
1257 del Código Civil.
3.12. Asimismo, mediante resolución N° 43 de fecha 12 de setiembre de 2016,
se aprueba la liquidación de intereses y de compensación efectuada por la
perito designada en autos, quedando establecido dicho interés TAMN al 22
de febrero de 2016 en la suma de 10´240.237.42 Soles, quedando a su vez
fijados los intereses legales al 22 de febrero de 2016 en la suma de S/
689,097.43 Soles. Decisión que ha sido confirmada por esta Sala Superior
mediante resolución de vista de fecha 18 de abril de 2017.
CUARTO: Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme
a la regla del artículo 716 del Código Procesal Civil. Por tanto, carece de asidero
legal que en autos se mantenga la contracautela por una medida cautelar que
se ha convertido en medida para ejecución; máxime si a la fecha incluso se
encuentra confirmada la decisión que aprueba los intereses ordenado pagar en
el laudo conforme se expone en el punto 3.12 del considerando precedente. ---
---------------------------------
QUINTO: De esta forma, tiene razón la parte apelante al señalar que la venida
en grado no se sujeta al mérito de lo actuado ni al derecho, tal como lo exige el
artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; por cuyas razones y de
3 conformidad con el artículo 171 del Código citado: --------------------------------------
----------------------
DECISION:
Declararon NULA la resolución N°50 de fecha 19 de abril de 201610, que
resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de embargo en
forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2 del 05 de
diciembre de 2011 para lo cual consentida o ejecutoria que sea la presente
resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha medida
cautelar; y, ORDENARON que el A-quo proceda conforme a las estimaciones
precedentes. Hágase saber y devuélvase.-
MCH/jlva
10 Obrante a fojas 796-A
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
MATERIA : EJECUCION DE LAUDOS ARBITRALES
JUEZ : MATOS CUZCANO, MARIA DEL ROSARIO
ESPECIALISTA : FLORES CONCHA, DANIEL VICTOR
DEMANDADO : ELECTROPERU SA ,
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL SAC ,
Resolución Nro. CINCUENTA Y CUATRO
Miraflores, trece de octubre
De dos mil diecisiete.-
POR DEVUELTOS los autos del Superior
Jerárquico, y estando a lo resuelto mediante resolución de vista número
seis, consentida que fuera por resolución siete, conforme a los términos
expuestos en la resolución de vista; AUTOS Y VISTOS; y, Atendiendo:
PRIMERO: Que, mediante resolución número cincuenta se dispuso
levantar la medida cautelar de embargo en forma de retención, la cual
fuera dispuesta mediante resolución dos; SEGUNDO: Que, el Artículo
716° del Código Procesal Civil, señala: “Si el título de ejecución condena
al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación aprobada, se
concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución con arreglo al
Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada. Si
ya hubiese bien cautelado, judicial o extrajudicialmente, se procederá con
arreglo al Capítulo V de este Título”; TERCERO: Que, conforme se
advierte del expediente principal, la Sala Superior mediante resolución
de vista número catorce de fecha 22 de julio de dos mil catorce, revoco
el auto final y reformándolo declaro fundada en parte la contradicción
formulada por la ejecutada. Asimismo, por resolución número cuarenta
y tres, se aprobó la liquidación de intereses y de compensación
efectuada por el perito, resolución que ha sido confirmada por la Sala
Superior mediante resolución de vista su fecha 18 de abril del año en
curso; CUARTO: Que, de los fundamentos antes expuestos, se puede
advertir que carece de asidero legal que la contracautela se mantenga
vigente, puesto que la medida cautelar se ha convertido en una medida
para ejecución, por lo tanto la medida cautelar concedida mediante
resolución número dos debe mantener su vigencia; QUINTO: Que, por
otro lado, se aprecia que el ejecutante a la fecha ha presentado escrito
con número de ingreso 96753-2017, solicitando en primer orden que el
presente cuaderno cautelar sea agregado al expediente principal,
indicando que el Superior Colegiado ha declarado nula el levantamiento
de la medida de embargo en forma de retención, entendiéndose que el
proceso principal se encuentra en etapa de ejecución; en segundo
orden, solicita que vía ejecución forzada se endose a su favor la suma
de S/. 2´650,053.13 soles. Respecto a que el presente cuaderno
cautelar sea agregado al expediente principal, dicha solicitud debe ser admitida, al encontrándose el expediente principal en etapa de
ejecución; ahora, respecto al endose solicitado, se debe disponer dicho
endose a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultado para
ello, debiendo presentar oportunamente la vigencia de poder respectiva,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión; en tal sentido,
conforme a los términos antes expuestos, SE RESUELVE:
1) MANTENER vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención que fuera concedida mediante resolución número dos
de fecha cinco de diciembre de dos mil once;
2) Agregar el presente cuaderno cautelar al expediente principal,
disponiéndose la refoliación de los mismos;
3) ENDOSAR a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13
soles, entendiéndose dicho endose con persona debidamente
facultado para ello, consentida o ejecutoriada que sea la
presente decisión; Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 08157-2011-56-1817-JR-CO-05
DEMANDANTE : ESTUDIO GESTION Y ASESORÍA LEGAL
DEMANDADO : ELECTROPERÚ S.A.
MATERIA : EJECUCIÓN DE LAUDO ARBITRAL (CAUTELAR)
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DÍAZ VALLEJOS
VÍLCHEZ DÁVILA
RESOLUCIÓN N° 06
Miraflores, diecinueve de mayo
de dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente el Juez superior Díaz Vallejos; y,
CONSIDERANDO
PRIMERO: Es materia del grado la resolución N° 50 de fecha 19 de abril de
20161, que resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de
embargo en forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2
del 05 de diciembre de 2011; para lo cual consentida o ejecutoria que sea la
presente resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha
medida cautelar.---
SEGUNDO: En el recurso de apelación formulado por la demandante Estudio
Gestión y Asesoría Legal2 se alega en lo esencial lo siguiente:
- El A quo soslaya que la contracautela ofrecida en forma de carta fianza
había quedado cancelada de pleno derecho, conforme lo dispone el artículo
620 del Código Procesal Civil y por tanto su renovación no resultaba
exigible; en tal sentido, se evidencia que lo resuelto por el Juez no se ajusta
al mérito de lo actuado ni al derecho.
TERCERO: Del estudio de autos se aprecia:
1 Obrante a fojas 796-A
2 Obrante a fojas 809-810
1 3.1 El presente cuaderno cautelar corresponde al proceso sobre Ejecución de
Laudo Arbitral signado con el expediente N° 8157-2011-0.
Del expediente cautelar
3.2. Se advierte que mediante resolución N° 2 de fecha 05 de diciembre de 2011
el juzgado concedió medida de embargo en forma de retención solicitada
por la parte ejecutante.
3.3. Por resolución N° 21 del 15 de mayo de 20123 el juzgado declaró fundada la
oposición formulada por la parte ejecutada, y como consecuencia de ello,
se dispone mantener vigente la medida cautelar de embargo en forma de
retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar con su
ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela presentando
una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía depósito
en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la suma de S/
150,000.00 nuevos soles. Dicho mandato fue cumplido por la parte
ejecutante mediante escrito de fecha 29 de mayo de 2012 en el que
acompaña la carta fianza N° 10341456-000 del 28 de mayo de 2012 por el
monto ordenado como contracautela4.
3.4. La resolución N° 21 fue anulada por esta instancia Superior Mediante
resolución de vista de fecha 06 de diciembre de 20125
3.5. Mediante resolución N° 38 de fecha 17 de junio de 20136 emitiéndose
nuevo pronunciamiento declarándose fundada la oposición, y como
consecuencia se dispone mantener vigente la mediante de embargo en
forma de retención ordenada en autos; sin embargo, a efectos de continuar
con su ejecución, la parte ejecutante debía mejorar la contracautela
presentando una carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación
vía depósito en el banco de la nación a nombre de la judicatura hasta por la
suma de S/ 150,000.00. dicha ordene es cumplida por la parte ejecutante
mediante escrito de fecha 08 de julio de 20137, mediante el cual se adjunta
la carta fianza8 requerida por el juzgado como contracautela
3.6. Por resolución N° 40 del 15 de julio de 20139 se dispone tener por mejorada
la contracautela
3.7. Posteriormente, ante el pedido de la parte ejecutada, por resolución N° 48
el juzgado requiere a la parte ejecutante que renueve la carta fianza
presentada ofrecida en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de disponer
el levantamiento de la medida cautelar materia de autos .
3.8. Por resolución N° 49 se reitera el requerimiento efectuado por resolución
N° 48.
3 Obrante a fojas 357-363
4 A fojas 431
5 Obrante en copia certificada a fojas 580-582
6 Obrante a fojas 655-665
7 Obrante a fojas 710
8 Obrante a fojas 708
9 Obrante a fojas 711
2 3.9. Mediante la resolución N° 50 (materia de grado) se dispone el
levantamiento de la medida de retención dispuesta en autos.
Del expediente principal
3.10. De las copias certificadas que se aparejan a la razón que antecede,
aparece que en el proceso principal se ha emitido auto definitivo contenido
en la resolución N° 25 de fecha 10 de junio de 2013, que:
a) Declara infundada la contradicción formulada por la parte ejecutada y
ordena llevar adelante la ejecución.
b) Aprueba el informe pericial presentado por la perito Carmen Mirtha
Chávez Barrazueta, por concepto de intereses liquidados la 5 marzo de
2012 y
c) Considera como pago a cuenta la suma de S/264,894.00 que debe
imputarse conforme a lo previsto en el artículo 1257 del Código Civil.
Dicha decisión fue impugnada y elevada a la instancia superior.
3.11. Por resolución de vista N° 14 de fecha 22 de julio de 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia ordenado
efectuar la compensación conforme a las consideraciones efectuadas,
desaprueba el informe pericial y ordenaron una nueva pericial. Asimismo,
se confirma el extremo que considera como pago a cuenta la suma de
S/264,894.00 que debe imputarse conforme a lo previsto en el artículo
1257 del Código Civil.
3.12. Asimismo, mediante resolución N° 43 de fecha 12 de setiembre de 2016,
se aprueba la liquidación de intereses y de compensación efectuada por la
perito designada en autos, quedando establecido dicho interés TAMN al 22
de febrero de 2016 en la suma de 10´240.237.42 Soles, quedando a su vez
fijados los intereses legales al 22 de febrero de 2016 en la suma de S/
689,097.43 Soles. Decisión que ha sido confirmada por esta Sala Superior
mediante resolución de vista de fecha 18 de abril de 2017.
CUARTO: Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme
a la regla del artículo 716 del Código Procesal Civil. Por tanto, carece de asidero
legal que en autos se mantenga la contracautela por una medida cautelar que
se ha convertido en medida para ejecución; máxime si a la fecha incluso se
encuentra confirmada la decisión que aprueba los intereses ordenado pagar en
el laudo conforme se expone en el punto 3.12 del considerando precedente. ---
---------------------------------
QUINTO: De esta forma, tiene razón la parte apelante al señalar que la venida
en grado no se sujeta al mérito de lo actuado ni al derecho, tal como lo exige el
artículo 122 inciso 3 del Código Procesal Civil; por cuyas razones y de
3 conformidad con el artículo 171 del Código citado: --------------------------------------
----------------------
DECISION:
Declararon NULA la resolución N°50 de fecha 19 de abril de 201610, que
resuelve: disponer el levantamiento de la medida cautelar de embargo en
forma de retención dispuesta en autos mediante resolución N° 2 del 05 de
diciembre de 2011 para lo cual consentida o ejecutoria que sea la presente
resolución, devuélvase la suma retenida por concepto de dicha medida
cautelar; y, ORDENARON que el A-quo proceda conforme a las estimaciones
precedentes. Hágase saber y devuélvase.-
MCH/jlva
10 Obrante a fojas 796-A
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PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE1
ECHEVARRÍA GAVIRIA
DIAZ VALLEJOS
PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-60-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 03.-
Miraflores, trece de diciembre
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia
de grado el auto contenido en la resolución N° 58 de fecha 11 de Junio de
2018 que en copia obra a fojas 1037, solo en el extremo que dispuso que los
S/.2´650,053.13 que deben de ser endosados al apelante, sean imputados
al capital.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El ejecutante Estudio Gestión y Asesoría Legal S.A a través de
su escrito que obra de fojas 1045 a 1047 interpuso recurso de apelación
bajo el siguiente argumento:
1. La impugnada contraviene el texto expreso del artículo 1257° del
Código Civil, dado que sin exista petición de parte, ha resuelto de
oficio ordenar la imputación del pago al capital antes que a los
gastos y a los intereses, perjudicando a la parte acreedora, quien no
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 ha prestado ni prestará su consentimiento, favoreciendo de esta
manera a la parte demandada.
2. Que siendo coherente con esta línea de ideas, por escrito del 24 de
Julio de 2017, solicito que la suma de dinero en mención sea
imputada como pagos a cuenta y bajo los lineamientos establecidos
por la norma civil en mención; por lo que también queda
corroborado que no prestó ni prestara su consentimiento para que
cualquier pago a cuenta sea imputado al capital.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante
reseñar algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del
presente cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría
Legal S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo
en forma de retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de
nuevos soles, por los pagos, facturas, cualquier otro pago,
cuentas por cobrar u otro de derecho de crédito que tenga o
pueda llegar a tener bajo cualquier modalidad la ejecutada
Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor SAA, Luz del Sur
SAA y entidades bancarias, la misma que fue admitida
mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre del
2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada
Electroperú formuló oposición a la medida cautelar, motivando
la emisión de la resolución treinta y ocho5 que amparó en parte
dicha articulación, disponiendo en principio mantener vigente
la medida cautelar de embargo en forma de retención, debiendo
la ejecutante a efectos de continuar con la ejecución, mejorar la
contracautela, presentando o manteniendo la vigencia de la
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía
depósito judicial en el Banco de la Nación a nombre de la
judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la suma de
ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue impugnada
por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio de 20136.
Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución de
vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto
al monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos
millones seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó
se le endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del
certificado de depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que
en el cuaderno principal se había dictado auto final que declaró
infundada la contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución.
Ante tal pedido la empresa ejecutada apelante se opuso,
denunciando que no procedía el endose del certificado habida
cuenta que el auto final había sido impugnado, por lo cual no se
estaba frente a una decisión firme. Finalmente, esta petición fue
declarada improcedente por Resolución 349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se
resuelve por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del
201212 solicita el levantamiento de la medida cautelar,
indicándose por resolución 36, que se tendrá presente al
momento de resolver.
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
8 Página 424 Tomo I
9 Página 463 Tomo I
10 Página 303 a 306, Tomo I
11 Páginas 358 a 359
12 Página 640 a 647
3 2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a
efectos cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro
del plazo de tres días bajo apercibimiento de disponerse el
levantamiento de la medida, apercibimiento que fue
materializado mediante resolución 5014, decisión que fue
declarada nula por el Superior Jerárquico15 al considerar que al
encontrarse la causa con una decisión definitiva sobre el fondo,
la medida cautelar concedida se convirtió en una de ejecución,
por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. El ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita que el
cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se
disponga el endose del certificado judicial por la suma
S/.2´650,053.13 generado con el embargo por retención, decisión que
fue confirmada por esta instancia mediante Resolución de vista
de fecha 11 de Mayo de 201817
2.8. Devueltos que fueron los actuados a primera instancia, se emitió
la Resolución 5818 que dispuso: "(...) ENDOSAR a favor del
ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 Soles, suma que se encuentra
dentro del certificado de depósito judicial número 2012003100650,
monto que será aplicado al concepto de capital (...)"
TERCERO.- Es importante subrayar prima facie que, dentro del marco de
la garantía constitucional referida a la observancia del debido proceso, es
necesario que al absolverse el grado no sólo se reexamine la resolución
apelada, sino también se cautele la pureza del procedimiento, teniendo en
13 Página 660 Tomo II
14 Página 666 Tomo II
15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
16 Página 779 Tomo II
17 Página 1023
18 Página 1037
4 consideración que las disposiciones contenidas en la ley procesal son de
carácter imperativo, conforme a lo dispuesto por el artículo IX del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, lo cual obliga al Colegiado, al
encontrarse frente a una irregularidad que transgrede un principio y
derecho de la función jurisdiccional, a declarar en forma excepcional la
nulidad de los actos procesales, esto es, dentro del marco de la potestad
nulificante del Juzgador acogido en el artículo 176° in fine del acotado
Código Procesal Civil.
CUARTO.- A efectos de absolver el grado, resulta necesario subrayar que
los intereses forman parte también de una obligación, según lo informa la
doctrina19 es:" el precio o remuneración que una persona ha de pagar por la
utilización o disfrute de bienes de capital de pertenencia ajena (...) Jurídicamente,
son intereses las cantidades de dinero que deben ser pagadas por la utilización y el
disfrute de un capital consistente también en dinero". (Cursiva nuestro)
Esta figura es recogida en el Código en los artículos 1242° y 1333 del
Código Civil.
4.1: Por otro lado, el artículo 1257° del citado cuerpo legal establece que
quien deba capital, gastos e intereses, no puede sin el asentimiento del
acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a estos antes
que a los intereses. (Énfasis y subrayado nuestro)
QUINTO.- Pues bien, de la decisión impugnada se observa que
efectivamente, el juez de la causa dispuso que el monto de S/. 2´650,053.13
Nuevos Soles contenidos en el Depósito Judicial que debía ser endosados
al ejecutante, tenía que ser imputado antes que a los intereses y gastos al
capital; sin embargo del tenor de su fundamentación, no se advierte
argumento alguno por el cual justifique el supuesto de excepción regulado
en el citado artículo 1257° del Código Civil; es decir, no ha explicado o
justificado cual sería su razonamiento de la norma en mención y/o
19 DIEZ-PICAZO, Luis. En: "FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL". Volumen Figurado. Sta. Edición
Editorial Civitas. Madrid, 1996.
5 valoración probatoria de alguna instrumental que lo llevará a concluir que
el ejecutante apelante prestó el referido consentimiento; situación que nos
lleva a colegir forzosamente que la recurrida adolece de nulidad que debe
ser declarada.
SEXTO.- Siendo ello así, este Colegiado concluye que el Juez al momento
de expedir la recurrida ha infringido el deber que le impone el inciso 06
del artículo 50º del Código Procesal Civil, debiendo declararse la nulidad,
a tenor de lo dispuesto por el artículo 171° y 122° del Código Procesal
Civil. Careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás agravios
denunciados.
DECISIÓN:
ANULAR el auto contenido en la resolución N° 58 de fecha 11 de Junio de
2018 que en copia obra a fojas 1037, solo en el extremo que dispuso que los
S/.2´650,053.13 que deben de ser endosados al apelante, sean imputados al
capital. Y ORDENARON a la juez de la causa proceda a emitir una nueva
decisión teniendo en consideración el razonamiento desarrollado en los
acápites precedentes.
En los seguidos por ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C
contra EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU- ELECTROPERÚ S.A.
Sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose de
conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal
Civil
AMPC/MSSV
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PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-60-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 03.-
Miraflores, trece de diciembre
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia
de grado el auto contenido en la resolución N° 58 de fecha 11 de Junio de
2018 que en copia obra a fojas 1037, solo en el extremo que dispuso que los
S/.2´650,053.13 que deben de ser endosados al apelante, sean imputados
al capital.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El ejecutante Estudio Gestión y Asesoría Legal S.A a través de
su escrito que obra de fojas 1045 a 1047 interpuso recurso de apelación
bajo el siguiente argumento:
1. La impugnada contraviene el texto expreso del artículo 1257° del
Código Civil, dado que sin exista petición de parte, ha resuelto de
oficio ordenar la imputación del pago al capital antes que a los
gastos y a los intereses, perjudicando a la parte acreedora, quien no
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 ha prestado ni prestará su consentimiento, favoreciendo de esta
manera a la parte demandada.
2. Que siendo coherente con esta línea de ideas, por escrito del 24 de
Julio de 2017, solicito que la suma de dinero en mención sea
imputada como pagos a cuenta y bajo los lineamientos establecidos
por la norma civil en mención; por lo que también queda
corroborado que no prestó ni prestara su consentimiento para que
cualquier pago a cuenta sea imputado al capital.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante
reseñar algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del
presente cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría
Legal S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo
en forma de retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de
nuevos soles, por los pagos, facturas, cualquier otro pago,
cuentas por cobrar u otro de derecho de crédito que tenga o
pueda llegar a tener bajo cualquier modalidad la ejecutada
Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor SAA, Luz del Sur
SAA y entidades bancarias, la misma que fue admitida
mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre del
2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada
Electroperú formuló oposición a la medida cautelar, motivando
la emisión de la resolución treinta y ocho5 que amparó en parte
dicha articulación, disponiendo en principio mantener vigente
la medida cautelar de embargo en forma de retención, debiendo
la ejecutante a efectos de continuar con la ejecución, mejorar la
contracautela, presentando o manteniendo la vigencia de la
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía
depósito judicial en el Banco de la Nación a nombre de la
judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la suma de
ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue impugnada
por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio de 20136.
Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución de
vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto
al monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos
millones seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó
se le endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del
certificado de depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que
en el cuaderno principal se había dictado auto final que declaró
infundada la contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución.
Ante tal pedido la empresa ejecutada apelante se opuso,
denunciando que no procedía el endose del certificado habida
cuenta que el auto final había sido impugnado, por lo cual no se
estaba frente a una decisión firme. Finalmente, esta petición fue
declarada improcedente por Resolución 349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se
resuelve por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del
201212 solicita el levantamiento de la medida cautelar,
indicándose por resolución 36, que se tendrá presente al
momento de resolver.
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
8 Página 424 Tomo I
9 Página 463 Tomo I
10 Página 303 a 306, Tomo I
11 Páginas 358 a 359
12 Página 640 a 647
3 2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a
efectos cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro
del plazo de tres días bajo apercibimiento de disponerse el
levantamiento de la medida, apercibimiento que fue
materializado mediante resolución 5014, decisión que fue
declarada nula por el Superior Jerárquico15 al considerar que al
encontrarse la causa con una decisión definitiva sobre el fondo,
la medida cautelar concedida se convirtió en una de ejecución,
por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. El ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita que el
cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se
disponga el endose del certificado judicial por la suma
S/.2´650,053.13 generado con el embargo por retención, decisión que
fue confirmada por esta instancia mediante Resolución de vista
de fecha 11 de Mayo de 201817
2.8. Devueltos que fueron los actuados a primera instancia, se emitió
la Resolución 5818 que dispuso: "(...) ENDOSAR a favor del
ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 Soles, suma que se encuentra
dentro del certificado de depósito judicial número 2012003100650,
monto que será aplicado al concepto de capital (...)"
TERCERO.- Es importante subrayar prima facie que, dentro del marco de
la garantía constitucional referida a la observancia del debido proceso, es
necesario que al absolverse el grado no sólo se reexamine la resolución
apelada, sino también se cautele la pureza del procedimiento, teniendo en
13 Página 660 Tomo II
14 Página 666 Tomo II
15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
16 Página 779 Tomo II
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4 consideración que las disposiciones contenidas en la ley procesal son de
carácter imperativo, conforme a lo dispuesto por el artículo IX del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, lo cual obliga al Colegiado, al
encontrarse frente a una irregularidad que transgrede un principio y
derecho de la función jurisdiccional, a declarar en forma excepcional la
nulidad de los actos procesales, esto es, dentro del marco de la potestad
nulificante del Juzgador acogido en el artículo 176° in fine del acotado
Código Procesal Civil.
CUARTO.- A efectos de absolver el grado, resulta necesario subrayar que
los intereses forman parte también de una obligación, según lo informa la
doctrina19 es:" el precio o remuneración que una persona ha de pagar por la
utilización o disfrute de bienes de capital de pertenencia ajena (...) Jurídicamente,
son intereses las cantidades de dinero que deben ser pagadas por la utilización y el
disfrute de un capital consistente también en dinero". (Cursiva nuestro)
Esta figura es recogida en el Código en los artículos 1242° y 1333 del
Código Civil.
4.1: Por otro lado, el artículo 1257° del citado cuerpo legal establece que
quien deba capital, gastos e intereses, no puede sin el asentimiento del
acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a estos antes
que a los intereses. (Énfasis y subrayado nuestro)
QUINTO.- Pues bien, de la decisión impugnada se observa que
efectivamente, el juez de la causa dispuso que el monto de S/. 2´650,053.13
Nuevos Soles contenidos en el Depósito Judicial que debía ser endosados
al ejecutante, tenía que ser imputado antes que a los intereses y gastos al
capital; sin embargo del tenor de su fundamentación, no se advierte
argumento alguno por el cual justifique el supuesto de excepción regulado
en el citado artículo 1257° del Código Civil; es decir, no ha explicado o
justificado cual sería su razonamiento de la norma en mención y/o
19 DIEZ-PICAZO, Luis. En: "FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL". Volumen Figurado. Sta. Edición
Editorial Civitas. Madrid, 1996.
5 valoración probatoria de alguna instrumental que lo llevará a concluir que
el ejecutante apelante prestó el referido consentimiento; situación que nos
lleva a colegir forzosamente que la recurrida adolece de nulidad que debe
ser declarada.
SEXTO.- Siendo ello así, este Colegiado concluye que el Juez al momento
de expedir la recurrida ha infringido el deber que le impone el inciso 06
del artículo 50º del Código Procesal Civil, debiendo declararse la nulidad,
a tenor de lo dispuesto por el artículo 171° y 122° del Código Procesal
Civil. Careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás agravios
denunciados.
DECISIÓN:
ANULAR el auto contenido en la resolución N° 58 de fecha 11 de Junio de
2018 que en copia obra a fojas 1037, solo en el extremo que dispuso que los
S/.2´650,053.13 que deben de ser endosados al apelante, sean imputados al
capital. Y ORDENARON a la juez de la causa proceda a emitir una nueva
decisión teniendo en consideración el razonamiento desarrollado en los
acápites precedentes.
En los seguidos por ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C
contra EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU- ELECTROPERÚ S.A.
Sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose de
conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal
Civil
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DIAZ VALLEJOS
PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-60-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 03.-
Miraflores, trece de diciembre
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia
de grado el auto contenido en la resolución N° 58 de fecha 11 de Junio de
2018 que en copia obra a fojas 1037, solo en el extremo que dispuso que los
S/.2´650,053.13 que deben de ser endosados al apelante, sean imputados
al capital.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El ejecutante Estudio Gestión y Asesoría Legal S.A a través de
su escrito que obra de fojas 1045 a 1047 interpuso recurso de apelación
bajo el siguiente argumento:
1. La impugnada contraviene el texto expreso del artículo 1257° del
Código Civil, dado que sin exista petición de parte, ha resuelto de
oficio ordenar la imputación del pago al capital antes que a los
gastos y a los intereses, perjudicando a la parte acreedora, quien no
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 ha prestado ni prestará su consentimiento, favoreciendo de esta
manera a la parte demandada.
2. Que siendo coherente con esta línea de ideas, por escrito del 24 de
Julio de 2017, solicito que la suma de dinero en mención sea
imputada como pagos a cuenta y bajo los lineamientos establecidos
por la norma civil en mención; por lo que también queda
corroborado que no prestó ni prestara su consentimiento para que
cualquier pago a cuenta sea imputado al capital.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante
reseñar algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del
presente cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría
Legal S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo
en forma de retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de
nuevos soles, por los pagos, facturas, cualquier otro pago,
cuentas por cobrar u otro de derecho de crédito que tenga o
pueda llegar a tener bajo cualquier modalidad la ejecutada
Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor SAA, Luz del Sur
SAA y entidades bancarias, la misma que fue admitida
mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre del
2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada
Electroperú formuló oposición a la medida cautelar, motivando
la emisión de la resolución treinta y ocho5 que amparó en parte
dicha articulación, disponiendo en principio mantener vigente
la medida cautelar de embargo en forma de retención, debiendo
la ejecutante a efectos de continuar con la ejecución, mejorar la
contracautela, presentando o manteniendo la vigencia de la
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía
depósito judicial en el Banco de la Nación a nombre de la
judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la suma de
ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue impugnada
por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio de 20136.
Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución de
vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto
al monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos
millones seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó
se le endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del
certificado de depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que
en el cuaderno principal se había dictado auto final que declaró
infundada la contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución.
Ante tal pedido la empresa ejecutada apelante se opuso,
denunciando que no procedía el endose del certificado habida
cuenta que el auto final había sido impugnado, por lo cual no se
estaba frente a una decisión firme. Finalmente, esta petición fue
declarada improcedente por Resolución 349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se
resuelve por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del
201212 solicita el levantamiento de la medida cautelar,
indicándose por resolución 36, que se tendrá presente al
momento de resolver.
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
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11 Páginas 358 a 359
12 Página 640 a 647
3 2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a
efectos cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro
del plazo de tres días bajo apercibimiento de disponerse el
levantamiento de la medida, apercibimiento que fue
materializado mediante resolución 5014, decisión que fue
declarada nula por el Superior Jerárquico15 al considerar que al
encontrarse la causa con una decisión definitiva sobre el fondo,
la medida cautelar concedida se convirtió en una de ejecución,
por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. El ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita que el
cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se
disponga el endose del certificado judicial por la suma
S/.2´650,053.13 generado con el embargo por retención, decisión que
fue confirmada por esta instancia mediante Resolución de vista
de fecha 11 de Mayo de 201817
2.8. Devueltos que fueron los actuados a primera instancia, se emitió
la Resolución 5818 que dispuso: "(...) ENDOSAR a favor del
ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 Soles, suma que se encuentra
dentro del certificado de depósito judicial número 2012003100650,
monto que será aplicado al concepto de capital (...)"
TERCERO.- Es importante subrayar prima facie que, dentro del marco de
la garantía constitucional referida a la observancia del debido proceso, es
necesario que al absolverse el grado no sólo se reexamine la resolución
apelada, sino también se cautele la pureza del procedimiento, teniendo en
13 Página 660 Tomo II
14 Página 666 Tomo II
15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
16 Página 779 Tomo II
17 Página 1023
18 Página 1037
4 consideración que las disposiciones contenidas en la ley procesal son de
carácter imperativo, conforme a lo dispuesto por el artículo IX del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, lo cual obliga al Colegiado, al
encontrarse frente a una irregularidad que transgrede un principio y
derecho de la función jurisdiccional, a declarar en forma excepcional la
nulidad de los actos procesales, esto es, dentro del marco de la potestad
nulificante del Juzgador acogido en el artículo 176° in fine del acotado
Código Procesal Civil.
CUARTO.- A efectos de absolver el grado, resulta necesario subrayar que
los intereses forman parte también de una obligación, según lo informa la
doctrina19 es:" el precio o remuneración que una persona ha de pagar por la
utilización o disfrute de bienes de capital de pertenencia ajena (...) Jurídicamente,
son intereses las cantidades de dinero que deben ser pagadas por la utilización y el
disfrute de un capital consistente también en dinero". (Cursiva nuestro)
Esta figura es recogida en el Código en los artículos 1242° y 1333 del
Código Civil.
4.1: Por otro lado, el artículo 1257° del citado cuerpo legal establece que
quien deba capital, gastos e intereses, no puede sin el asentimiento del
acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a estos antes
que a los intereses. (Énfasis y subrayado nuestro)
QUINTO.- Pues bien, de la decisión impugnada se observa que
efectivamente, el juez de la causa dispuso que el monto de S/. 2´650,053.13
Nuevos Soles contenidos en el Depósito Judicial que debía ser endosados
al ejecutante, tenía que ser imputado antes que a los intereses y gastos al
capital; sin embargo del tenor de su fundamentación, no se advierte
argumento alguno por el cual justifique el supuesto de excepción regulado
en el citado artículo 1257° del Código Civil; es decir, no ha explicado o
justificado cual sería su razonamiento de la norma en mención y/o
19 DIEZ-PICAZO, Luis. En: "FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL". Volumen Figurado. Sta. Edición
Editorial Civitas. Madrid, 1996.
5 valoración probatoria de alguna instrumental que lo llevará a concluir que
el ejecutante apelante prestó el referido consentimiento; situación que nos
lleva a colegir forzosamente que la recurrida adolece de nulidad que debe
ser declarada.
SEXTO.- Siendo ello así, este Colegiado concluye que el Juez al momento
de expedir la recurrida ha infringido el deber que le impone el inciso 06
del artículo 50º del Código Procesal Civil, debiendo declararse la nulidad,
a tenor de lo dispuesto por el artículo 171° y 122° del Código Procesal
Civil. Careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás agravios
denunciados.
DECISIÓN:
ANULAR el auto contenido en la resolución N° 58 de fecha 11 de Junio de
2018 que en copia obra a fojas 1037, solo en el extremo que dispuso que los
S/.2´650,053.13 que deben de ser endosados al apelante, sean imputados al
capital. Y ORDENARON a la juez de la causa proceda a emitir una nueva
decisión teniendo en consideración el razonamiento desarrollado en los
acápites precedentes.
En los seguidos por ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C
contra EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU- ELECTROPERÚ S.A.
Sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose de
conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal
Civil
AMPC/MSSV
6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE1
ECHEVARRÍA GAVIRIA
DIAZ VALLEJOS
PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-60-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 03.-
Miraflores, trece de diciembre
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia
de grado el auto contenido en la resolución N° 58 de fecha 11 de Junio de
2018 que en copia obra a fojas 1037, solo en el extremo que dispuso que los
S/.2´650,053.13 que deben de ser endosados al apelante, sean imputados
al capital.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El ejecutante Estudio Gestión y Asesoría Legal S.A a través de
su escrito que obra de fojas 1045 a 1047 interpuso recurso de apelación
bajo el siguiente argumento:
1. La impugnada contraviene el texto expreso del artículo 1257° del
Código Civil, dado que sin exista petición de parte, ha resuelto de
oficio ordenar la imputación del pago al capital antes que a los
gastos y a los intereses, perjudicando a la parte acreedora, quien no
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 ha prestado ni prestará su consentimiento, favoreciendo de esta
manera a la parte demandada.
2. Que siendo coherente con esta línea de ideas, por escrito del 24 de
Julio de 2017, solicito que la suma de dinero en mención sea
imputada como pagos a cuenta y bajo los lineamientos establecidos
por la norma civil en mención; por lo que también queda
corroborado que no prestó ni prestara su consentimiento para que
cualquier pago a cuenta sea imputado al capital.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante
reseñar algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del
presente cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría
Legal S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo
en forma de retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de
nuevos soles, por los pagos, facturas, cualquier otro pago,
cuentas por cobrar u otro de derecho de crédito que tenga o
pueda llegar a tener bajo cualquier modalidad la ejecutada
Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor SAA, Luz del Sur
SAA y entidades bancarias, la misma que fue admitida
mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre del
2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada
Electroperú formuló oposición a la medida cautelar, motivando
la emisión de la resolución treinta y ocho5 que amparó en parte
dicha articulación, disponiendo en principio mantener vigente
la medida cautelar de embargo en forma de retención, debiendo
la ejecutante a efectos de continuar con la ejecución, mejorar la
contracautela, presentando o manteniendo la vigencia de la
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía
depósito judicial en el Banco de la Nación a nombre de la
judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la suma de
ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue impugnada
por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio de 20136.
Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución de
vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto
al monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos
millones seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó
se le endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del
certificado de depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que
en el cuaderno principal se había dictado auto final que declaró
infundada la contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución.
Ante tal pedido la empresa ejecutada apelante se opuso,
denunciando que no procedía el endose del certificado habida
cuenta que el auto final había sido impugnado, por lo cual no se
estaba frente a una decisión firme. Finalmente, esta petición fue
declarada improcedente por Resolución 349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se
resuelve por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del
201212 solicita el levantamiento de la medida cautelar,
indicándose por resolución 36, que se tendrá presente al
momento de resolver.
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
8 Página 424 Tomo I
9 Página 463 Tomo I
10 Página 303 a 306, Tomo I
11 Páginas 358 a 359
12 Página 640 a 647
3 2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a
efectos cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro
del plazo de tres días bajo apercibimiento de disponerse el
levantamiento de la medida, apercibimiento que fue
materializado mediante resolución 5014, decisión que fue
declarada nula por el Superior Jerárquico15 al considerar que al
encontrarse la causa con una decisión definitiva sobre el fondo,
la medida cautelar concedida se convirtió en una de ejecución,
por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. El ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita que el
cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se
disponga el endose del certificado judicial por la suma
S/.2´650,053.13 generado con el embargo por retención, decisión que
fue confirmada por esta instancia mediante Resolución de vista
de fecha 11 de Mayo de 201817
2.8. Devueltos que fueron los actuados a primera instancia, se emitió
la Resolución 5818 que dispuso: "(...) ENDOSAR a favor del
ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 Soles, suma que se encuentra
dentro del certificado de depósito judicial número 2012003100650,
monto que será aplicado al concepto de capital (...)"
TERCERO.- Es importante subrayar prima facie que, dentro del marco de
la garantía constitucional referida a la observancia del debido proceso, es
necesario que al absolverse el grado no sólo se reexamine la resolución
apelada, sino también se cautele la pureza del procedimiento, teniendo en
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15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
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4 consideración que las disposiciones contenidas en la ley procesal son de
carácter imperativo, conforme a lo dispuesto por el artículo IX del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, lo cual obliga al Colegiado, al
encontrarse frente a una irregularidad que transgrede un principio y
derecho de la función jurisdiccional, a declarar en forma excepcional la
nulidad de los actos procesales, esto es, dentro del marco de la potestad
nulificante del Juzgador acogido en el artículo 176° in fine del acotado
Código Procesal Civil.
CUARTO.- A efectos de absolver el grado, resulta necesario subrayar que
los intereses forman parte también de una obligación, según lo informa la
doctrina19 es:" el precio o remuneración que una persona ha de pagar por la
utilización o disfrute de bienes de capital de pertenencia ajena (...) Jurídicamente,
son intereses las cantidades de dinero que deben ser pagadas por la utilización y el
disfrute de un capital consistente también en dinero". (Cursiva nuestro)
Esta figura es recogida en el Código en los artículos 1242° y 1333 del
Código Civil.
4.1: Por otro lado, el artículo 1257° del citado cuerpo legal establece que
quien deba capital, gastos e intereses, no puede sin el asentimiento del
acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a estos antes
que a los intereses. (Énfasis y subrayado nuestro)
QUINTO.- Pues bien, de la decisión impugnada se observa que
efectivamente, el juez de la causa dispuso que el monto de S/. 2´650,053.13
Nuevos Soles contenidos en el Depósito Judicial que debía ser endosados
al ejecutante, tenía que ser imputado antes que a los intereses y gastos al
capital; sin embargo del tenor de su fundamentación, no se advierte
argumento alguno por el cual justifique el supuesto de excepción regulado
en el citado artículo 1257° del Código Civil; es decir, no ha explicado o
justificado cual sería su razonamiento de la norma en mención y/o
19 DIEZ-PICAZO, Luis. En: "FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL". Volumen Figurado. Sta. Edición
Editorial Civitas. Madrid, 1996.
5 valoración probatoria de alguna instrumental que lo llevará a concluir que
el ejecutante apelante prestó el referido consentimiento; situación que nos
lleva a colegir forzosamente que la recurrida adolece de nulidad que debe
ser declarada.
SEXTO.- Siendo ello así, este Colegiado concluye que el Juez al momento
de expedir la recurrida ha infringido el deber que le impone el inciso 06
del artículo 50º del Código Procesal Civil, debiendo declararse la nulidad,
a tenor de lo dispuesto por el artículo 171° y 122° del Código Procesal
Civil. Careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás agravios
denunciados.
DECISIÓN:
ANULAR el auto contenido en la resolución N° 58 de fecha 11 de Junio de
2018 que en copia obra a fojas 1037, solo en el extremo que dispuso que los
S/.2´650,053.13 que deben de ser endosados al apelante, sean imputados al
capital. Y ORDENARON a la juez de la causa proceda a emitir una nueva
decisión teniendo en consideración el razonamiento desarrollado en los
acápites precedentes.
En los seguidos por ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C
contra EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU- ELECTROPERÚ S.A.
Sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose de
conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal
Civil
AMPC/MSSV
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PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE1
ECHEVARRÍA GAVIRIA
DIAZ VALLEJOS
PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-60-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 03.-
Miraflores, trece de diciembre
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia
de grado el auto contenido en la resolución N° 58 de fecha 11 de Junio de
2018 que en copia obra a fojas 1037, solo en el extremo que dispuso que los
S/.2´650,053.13 que deben de ser endosados al apelante, sean imputados
al capital.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El ejecutante Estudio Gestión y Asesoría Legal S.A a través de
su escrito que obra de fojas 1045 a 1047 interpuso recurso de apelación
bajo el siguiente argumento:
1. La impugnada contraviene el texto expreso del artículo 1257° del
Código Civil, dado que sin exista petición de parte, ha resuelto de
oficio ordenar la imputación del pago al capital antes que a los
gastos y a los intereses, perjudicando a la parte acreedora, quien no
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 ha prestado ni prestará su consentimiento, favoreciendo de esta
manera a la parte demandada.
2. Que siendo coherente con esta línea de ideas, por escrito del 24 de
Julio de 2017, solicito que la suma de dinero en mención sea
imputada como pagos a cuenta y bajo los lineamientos establecidos
por la norma civil en mención; por lo que también queda
corroborado que no prestó ni prestara su consentimiento para que
cualquier pago a cuenta sea imputado al capital.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante
reseñar algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del
presente cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría
Legal S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo
en forma de retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de
nuevos soles, por los pagos, facturas, cualquier otro pago,
cuentas por cobrar u otro de derecho de crédito que tenga o
pueda llegar a tener bajo cualquier modalidad la ejecutada
Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor SAA, Luz del Sur
SAA y entidades bancarias, la misma que fue admitida
mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre del
2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada
Electroperú formuló oposición a la medida cautelar, motivando
la emisión de la resolución treinta y ocho5 que amparó en parte
dicha articulación, disponiendo en principio mantener vigente
la medida cautelar de embargo en forma de retención, debiendo
la ejecutante a efectos de continuar con la ejecución, mejorar la
contracautela, presentando o manteniendo la vigencia de la
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 carta fianza o fianza bancaria a su favor o la consignación vía
depósito judicial en el Banco de la Nación a nombre de la
judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la suma de
ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue impugnada
por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio de 20136.
Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución de
vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto
al monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos
millones seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó
se le endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del
certificado de depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que
en el cuaderno principal se había dictado auto final que declaró
infundada la contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución.
Ante tal pedido la empresa ejecutada apelante se opuso,
denunciando que no procedía el endose del certificado habida
cuenta que el auto final había sido impugnado, por lo cual no se
estaba frente a una decisión firme. Finalmente, esta petición fue
declarada improcedente por Resolución 349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se
resuelve por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del
201212 solicita el levantamiento de la medida cautelar,
indicándose por resolución 36, que se tendrá presente al
momento de resolver.
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
8 Página 424 Tomo I
9 Página 463 Tomo I
10 Página 303 a 306, Tomo I
11 Páginas 358 a 359
12 Página 640 a 647
3 2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a
efectos cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro
del plazo de tres días bajo apercibimiento de disponerse el
levantamiento de la medida, apercibimiento que fue
materializado mediante resolución 5014, decisión que fue
declarada nula por el Superior Jerárquico15 al considerar que al
encontrarse la causa con una decisión definitiva sobre el fondo,
la medida cautelar concedida se convirtió en una de ejecución,
por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. El ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita que el
cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se
disponga el endose del certificado judicial por la suma
S/.2´650,053.13 generado con el embargo por retención, decisión que
fue confirmada por esta instancia mediante Resolución de vista
de fecha 11 de Mayo de 201817
2.8. Devueltos que fueron los actuados a primera instancia, se emitió
la Resolución 5818 que dispuso: "(...) ENDOSAR a favor del
ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 Soles, suma que se encuentra
dentro del certificado de depósito judicial número 2012003100650,
monto que será aplicado al concepto de capital (...)"
TERCERO.- Es importante subrayar prima facie que, dentro del marco de
la garantía constitucional referida a la observancia del debido proceso, es
necesario que al absolverse el grado no sólo se reexamine la resolución
apelada, sino también se cautele la pureza del procedimiento, teniendo en
13 Página 660 Tomo II
14 Página 666 Tomo II
15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
16 Página 779 Tomo II
17 Página 1023
18 Página 1037
4 consideración que las disposiciones contenidas en la ley procesal son de
carácter imperativo, conforme a lo dispuesto por el artículo IX del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, lo cual obliga al Colegiado, al
encontrarse frente a una irregularidad que transgrede un principio y
derecho de la función jurisdiccional, a declarar en forma excepcional la
nulidad de los actos procesales, esto es, dentro del marco de la potestad
nulificante del Juzgador acogido en el artículo 176° in fine del acotado
Código Procesal Civil.
CUARTO.- A efectos de absolver el grado, resulta necesario subrayar que
los intereses forman parte también de una obligación, según lo informa la
doctrina19 es:" el precio o remuneración que una persona ha de pagar por la
utilización o disfrute de bienes de capital de pertenencia ajena (...) Jurídicamente,
son intereses las cantidades de dinero que deben ser pagadas por la utilización y el
disfrute de un capital consistente también en dinero". (Cursiva nuestro)
Esta figura es recogida en el Código en los artículos 1242° y 1333 del
Código Civil.
4.1: Por otro lado, el artículo 1257° del citado cuerpo legal establece que
quien deba capital, gastos e intereses, no puede sin el asentimiento del
acreedor, aplicar el pago al capital antes que a los gastos, ni a estos antes
que a los intereses. (Énfasis y subrayado nuestro)
QUINTO.- Pues bien, de la decisión impugnada se observa que
efectivamente, el juez de la causa dispuso que el monto de S/. 2´650,053.13
Nuevos Soles contenidos en el Depósito Judicial que debía ser endosados
al ejecutante, tenía que ser imputado antes que a los intereses y gastos al
capital; sin embargo del tenor de su fundamentación, no se advierte
argumento alguno por el cual justifique el supuesto de excepción regulado
en el citado artículo 1257° del Código Civil; es decir, no ha explicado o
justificado cual sería su razonamiento de la norma en mención y/o
19 DIEZ-PICAZO, Luis. En: "FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL". Volumen Figurado. Sta. Edición
Editorial Civitas. Madrid, 1996.
5 valoración probatoria de alguna instrumental que lo llevará a concluir que
el ejecutante apelante prestó el referido consentimiento; situación que nos
lleva a colegir forzosamente que la recurrida adolece de nulidad que debe
ser declarada.
SEXTO.- Siendo ello así, este Colegiado concluye que el Juez al momento
de expedir la recurrida ha infringido el deber que le impone el inciso 06
del artículo 50º del Código Procesal Civil, debiendo declararse la nulidad,
a tenor de lo dispuesto por el artículo 171° y 122° del Código Procesal
Civil. Careciendo de objeto pronunciarse sobre los demás agravios
denunciados.
DECISIÓN:
ANULAR el auto contenido en la resolución N° 58 de fecha 11 de Junio de
2018 que en copia obra a fojas 1037, solo en el extremo que dispuso que los
S/.2´650,053.13 que deben de ser endosados al apelante, sean imputados al
capital. Y ORDENARON a la juez de la causa proceda a emitir una nueva
decisión teniendo en consideración el razonamiento desarrollado en los
acápites precedentes.
En los seguidos por ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C
contra EMPRESA ELECTRICIDAD DEL PERU- ELECTROPERÚ S.A.
Sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose de
conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal
Civil
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PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE1
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DIAZ VALLEJOS
PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-07-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 04.-
Miraflores, once de mayo
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia de
grado el auto contenido en la resolución N° 54 de fecha 13 de octubre de 2017
que en copia obra de fojas 781 a 782, en el extremo que dispone endosar a favor
del ejecutante la suma de S/.2´650,053.13 nuevos soles, entendiéndose dicho
endose con persona debidamente facultada para ello, consentida o ejecutoriada
que sea la presente decisión.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La ejecutada Empresa Electricidad del Perú- Electroperú S.A (En
adelante la recurrente, impugnante o Electroperú) a través de su escrito que
obra de fojas 792 a 798 interpone recurso de apelación bajo el siguiente
argumento:
1. El Juzgado no ha tenido presente que su representada es una empresa
pública, y por tal rige su compartimiento en virtud a normas de índole
presupuestal, las que disponen cual es el procedimiento que se debe
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 seguir frente a las acreencias derivadas de sentencias judiciales, las
mismas que en el presente proceso han sido inobservadas por el
Juzgado, por lo que la orden de entrega del certificado deviene en
improcedente, debiéndose ordenarse la devolución del monto retenido a
favor de Electroperú.
2. Agrega, que Electroperú SA es una empresa Estatal de derecho privado y
que por tanto se ha inobservado el marco normativo pertinente para la
atención de sentencias judiciales, quebrantándose el principio de
legalidad, adjunta para tal efecto copia del Pleno Jurisdiccional Regional
celebrado en el año 2016.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante reseñar
algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del presente
cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría Legal
S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo en forma de
retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de nuevos soles, por
los pagos, facturas, cualquier otro pago, cuentas por cobrar u otro de
derecho de crédito que tenga o pueda llegar a tener bajo cualquier
modalidad la ejecutada Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor
SAA, Luz del Sur SAA y entidades bancarias, la misma que fue
admitida mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre
del 2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada Electroperú
formuló oposición a la medida cautelar, motivando la emisión de la
resolución treinta y ocho5 que amparó en parte dicha articulación,
disponiendo en principio mantener vigente la medida cautelar de
embargo en forma de retención, debiendo la ejecutante a efectos de
continuar con la ejecución, mejorar la contracautela, presentando o
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 manteniendo la vigencia de la carta fianza o fianza bancaria a su
favor o la consignación vía depósito judicial en el Banco de la Nación
a nombre de la judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la
suma de ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue
impugnada por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio
de 20136. Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución
de vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto al
monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos millones
seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó se le
endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del certificado de
depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que en el cuaderno
principal se había dictado auto final que declaró infundada la
contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución. Ante tal pedido la
empresa ejecutada apelante se opuso, denunciando que no procedía
el endose del certificado habida cuenta que el auto final había sido
impugnado, por lo cual no se estaba frente a una decisión firme.
Finalmente, esta petición fue declarada improcedente por Resolución
349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se resuelve
por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del 201212
solicita el levantamiento de la medida cautelar, indicándose por
resolución 36, que se tendrá presente al momento de resolver.
2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a efectos
cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro del plazo de
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
8 Página 424 Tomo I
9 Página 463 Tomo I
10 Página 303 a 306, Tomo I
11 Páginas 358 a 359.
12 Página 640 a 647.
3 tres días bajo apercibimiento de disponerse el levantamiento de la
medida, apercibimiento que fue materializado mediante resolución
5014, decisión que fue declarada nula por el Superior Jerárquico15 al
considerar que al encontrarse la causa con una decisión definitiva
sobre el fondo, la medida cautelar concedida se convirtió en una de
ejecución, por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. Finalmente, el ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita
que el cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se disponga el
endose del certificado judicial por la suma S/.2´650,053.13 generado
con el embargo por retención, lo que motivó la emisión de la resolución
materia de alzada.
TERCERO.- Así también es preciso señalar que:
3.1 De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso
de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a
solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
La apelación como recurso ordinario para impugnar autos y sentencias está
regida por Principios específicos que orientan su actuación entre los cuales
destacan: el “Tantum devolutum quantum apellatum”, y el de la prohibición de la
“reformatio in peius”. El primero, estrechamente ligado a los Principios
dispositivo y de congruencia procesal, significa que el órgano revisor (Ad
quem) al resolver la apelación deberá pronunciarse sólo sobre aquellas
pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su recurso. El
segundo, es uno de los principios característicos del recurso de apelación,
implicando el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución
13 Página 660 Tomo II
14 Página 666 Tomo II
15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
16 Página 779 Tomo II
4 impugnada empeorando la situación del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte (el apelado).
3.2 Por otro lado, el artículo 188º del Código procesal civil señala que la
finalidad de los medios probatorios es acreditar las afirmaciones sobre los
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los
puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, con lo que se observa que
la función principal es la de acreditar afirmaciones sobre hechos, probarlos a fin
de que el Juez se encuentre seguro de la realización de dichos hechos y que por
tanto le puedan servir de sustento al momento de emitir sentencia u otra
decisión procesal.
Por su parte el artículo 196° del citado cuerpo normativo señala que salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirme
hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando hechos
nuevos.
CUARTO.-Del fundamento de agravio recogido en el primer considerando y
que se resume en un único agravio: “a la empresa ejecutada apelante le es aplicable
la normatividad para la atención de sentencias judiciales contra el Estado”, debemos
señalar lo siguiente:
4.1 La entrega del certificado dispuesto en la resolución número 54, materia de
grado, técnicamente obedece a un acto de ejecución mismo en la etapa de
ejecución forzada conforme se desprende del texto de los artículos 716 y747 del
Código Procesal Civil.
4.2 Ello se refuerza con lo establecido en la resolución de vista número seis, de
fecha 19 de mayo del 2017, en la que se señaló en el tercer considerando: “(…)
3.1. Por resolución de vista nro.14 de fecha 22 de julio del 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia (…)” y en el cuarto
considerando: “Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
5 medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme a la regla
del artículo 716 del Código Procesal Civil (…)”.
4.3 El argumento de agravio que ahora invoca la empresa ejecutada nunca fue
invocado pese a que en forma reiterada formulo los medios de defensa otorgados
por ley contra la medida cautelar convertida en esta etapa del proceso en una
de ejecución conforme se aprecia de los argumentos oposición, variación y pedido
de levantamiento de medida cautelar formulados por la recurrente; es decir, en
ningún medio de defensa que ejercito anterior y oportunamente invoco dicho
argumento no obstante que el mandato de medida cautelar se dicto el cinco de
diciembre del 2011.
4.4 Siguiendo ese mismo razonamiento lógico, también es apreciarse que en la
resolución materia de grado no se decide sobre este reciente argumento
invocado por la empresa ejecutada en el recurso de apelación. En ese sentido, se
concluye hasta aquí, que el agravio es inoportuno al ser invocado
extemporáneamente en el acto de ejecución de pago a cuenta de la obligación
contenida en el laudo materia de ejecución.
4.5 Sin perjuicio de lo señalado, debemos anotar que el argumento de agravio,
no ha sido debidamente acreditado por la empresa ejecutada, porque si bien es
cierto, es una empresa estatal de derecho privado, a quién le es aplicable la Ley
de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de Estado-
Fonafe-también lo es que más allá de la invocación legal efectuada, no ha
adjuntado ningún documento que acredite que la medida de ejecución en forma
de retención ejecutada por el agente retenedor Edelnor SAA y que el monto
puesto a disposición al Juzgado mediante el certificado de depósito judicial
número 2012003100650, corresponda a presupuesto del Estado17 y/o Cuenta
única del Tesoro Público; en consecuencia, no acredita el agravio invocado;
debiendo agregarse que el Pleno en referencia es aplicable efectivamente para
mandatos judiciales en los procesos seguidos contra el Estado, no habiendo sido
objeto del pleno el tema de las empresas del Estado;
17 Es decir, que el fondo embargado corresponda a dinero que proviene recursos del Estado y que por
tanto de cuenta en SIAF o corresponda a la Cuenta Unica del Tesoro Público.
6 De lo razonado, se concluye que la apelación planteada no alcanza la finalidad
prevista en el artículo 364º del Código Procesal Civil, en consecuencia la
impugnada debe de ser confirmada, al haber sido dictada con sujeción a los
hechos y al derecho conforme lo ordena el inciso 03 del artículo 121º del Código
Procesal Civil.
DECISIÓN:
CONFIRMAR el Auto contenido en la resolución N° 54 de fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete que corre de fojas 781 a 782, en el extremo que
dispone endosar a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 nuevos soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultada para ello,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión. En los seguidos por
ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C contra ELECTRICIDAD
DEL PERU S.A, sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose
de conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal Civil
AMPC/MSSV
7 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE1
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DIAZ VALLEJOS
PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-07-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 04.-
Miraflores, once de mayo
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia de
grado el auto contenido en la resolución N° 54 de fecha 13 de octubre de 2017
que en copia obra de fojas 781 a 782, en el extremo que dispone endosar a favor
del ejecutante la suma de S/.2´650,053.13 nuevos soles, entendiéndose dicho
endose con persona debidamente facultada para ello, consentida o ejecutoriada
que sea la presente decisión.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La ejecutada Empresa Electricidad del Perú- Electroperú S.A (En
adelante la recurrente, impugnante o Electroperú) a través de su escrito que
obra de fojas 792 a 798 interpone recurso de apelación bajo el siguiente
argumento:
1. El Juzgado no ha tenido presente que su representada es una empresa
pública, y por tal rige su compartimiento en virtud a normas de índole
presupuestal, las que disponen cual es el procedimiento que se debe
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 seguir frente a las acreencias derivadas de sentencias judiciales, las
mismas que en el presente proceso han sido inobservadas por el
Juzgado, por lo que la orden de entrega del certificado deviene en
improcedente, debiéndose ordenarse la devolución del monto retenido a
favor de Electroperú.
2. Agrega, que Electroperú SA es una empresa Estatal de derecho privado y
que por tanto se ha inobservado el marco normativo pertinente para la
atención de sentencias judiciales, quebrantándose el principio de
legalidad, adjunta para tal efecto copia del Pleno Jurisdiccional Regional
celebrado en el año 2016.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante reseñar
algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del presente
cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría Legal
S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo en forma de
retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de nuevos soles, por
los pagos, facturas, cualquier otro pago, cuentas por cobrar u otro de
derecho de crédito que tenga o pueda llegar a tener bajo cualquier
modalidad la ejecutada Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor
SAA, Luz del Sur SAA y entidades bancarias, la misma que fue
admitida mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre
del 2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada Electroperú
formuló oposición a la medida cautelar, motivando la emisión de la
resolución treinta y ocho5 que amparó en parte dicha articulación,
disponiendo en principio mantener vigente la medida cautelar de
embargo en forma de retención, debiendo la ejecutante a efectos de
continuar con la ejecución, mejorar la contracautela, presentando o
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 manteniendo la vigencia de la carta fianza o fianza bancaria a su
favor o la consignación vía depósito judicial en el Banco de la Nación
a nombre de la judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la
suma de ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue
impugnada por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio
de 20136. Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución
de vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto al
monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos millones
seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó se le
endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del certificado de
depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que en el cuaderno
principal se había dictado auto final que declaró infundada la
contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución. Ante tal pedido la
empresa ejecutada apelante se opuso, denunciando que no procedía
el endose del certificado habida cuenta que el auto final había sido
impugnado, por lo cual no se estaba frente a una decisión firme.
Finalmente, esta petición fue declarada improcedente por Resolución
349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se resuelve
por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del 201212
solicita el levantamiento de la medida cautelar, indicándose por
resolución 36, que se tendrá presente al momento de resolver.
2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a efectos
cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro del plazo de
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
8 Página 424 Tomo I
9 Página 463 Tomo I
10 Página 303 a 306, Tomo I
11 Páginas 358 a 359.
12 Página 640 a 647.
3 tres días bajo apercibimiento de disponerse el levantamiento de la
medida, apercibimiento que fue materializado mediante resolución
5014, decisión que fue declarada nula por el Superior Jerárquico15 al
considerar que al encontrarse la causa con una decisión definitiva
sobre el fondo, la medida cautelar concedida se convirtió en una de
ejecución, por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. Finalmente, el ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita
que el cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se disponga el
endose del certificado judicial por la suma S/.2´650,053.13 generado
con el embargo por retención, lo que motivó la emisión de la resolución
materia de alzada.
TERCERO.- Así también es preciso señalar que:
3.1 De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso
de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a
solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
La apelación como recurso ordinario para impugnar autos y sentencias está
regida por Principios específicos que orientan su actuación entre los cuales
destacan: el “Tantum devolutum quantum apellatum”, y el de la prohibición de la
“reformatio in peius”. El primero, estrechamente ligado a los Principios
dispositivo y de congruencia procesal, significa que el órgano revisor (Ad
quem) al resolver la apelación deberá pronunciarse sólo sobre aquellas
pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su recurso. El
segundo, es uno de los principios característicos del recurso de apelación,
implicando el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución
13 Página 660 Tomo II
14 Página 666 Tomo II
15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
16 Página 779 Tomo II
4 impugnada empeorando la situación del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte (el apelado).
3.2 Por otro lado, el artículo 188º del Código procesal civil señala que la
finalidad de los medios probatorios es acreditar las afirmaciones sobre los
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los
puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, con lo que se observa que
la función principal es la de acreditar afirmaciones sobre hechos, probarlos a fin
de que el Juez se encuentre seguro de la realización de dichos hechos y que por
tanto le puedan servir de sustento al momento de emitir sentencia u otra
decisión procesal.
Por su parte el artículo 196° del citado cuerpo normativo señala que salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirme
hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando hechos
nuevos.
CUARTO.-Del fundamento de agravio recogido en el primer considerando y
que se resume en un único agravio: “a la empresa ejecutada apelante le es aplicable
la normatividad para la atención de sentencias judiciales contra el Estado”, debemos
señalar lo siguiente:
4.1 La entrega del certificado dispuesto en la resolución número 54, materia de
grado, técnicamente obedece a un acto de ejecución mismo en la etapa de
ejecución forzada conforme se desprende del texto de los artículos 716 y747 del
Código Procesal Civil.
4.2 Ello se refuerza con lo establecido en la resolución de vista número seis, de
fecha 19 de mayo del 2017, en la que se señaló en el tercer considerando: “(…)
3.1. Por resolución de vista nro.14 de fecha 22 de julio del 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia (…)” y en el cuarto
considerando: “Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
5 medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme a la regla
del artículo 716 del Código Procesal Civil (…)”.
4.3 El argumento de agravio que ahora invoca la empresa ejecutada nunca fue
invocado pese a que en forma reiterada formulo los medios de defensa otorgados
por ley contra la medida cautelar convertida en esta etapa del proceso en una
de ejecución conforme se aprecia de los argumentos oposición, variación y pedido
de levantamiento de medida cautelar formulados por la recurrente; es decir, en
ningún medio de defensa que ejercito anterior y oportunamente invoco dicho
argumento no obstante que el mandato de medida cautelar se dicto el cinco de
diciembre del 2011.
4.4 Siguiendo ese mismo razonamiento lógico, también es apreciarse que en la
resolución materia de grado no se decide sobre este reciente argumento
invocado por la empresa ejecutada en el recurso de apelación. En ese sentido, se
concluye hasta aquí, que el agravio es inoportuno al ser invocado
extemporáneamente en el acto de ejecución de pago a cuenta de la obligación
contenida en el laudo materia de ejecución.
4.5 Sin perjuicio de lo señalado, debemos anotar que el argumento de agravio,
no ha sido debidamente acreditado por la empresa ejecutada, porque si bien es
cierto, es una empresa estatal de derecho privado, a quién le es aplicable la Ley
de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de Estado-
Fonafe-también lo es que más allá de la invocación legal efectuada, no ha
adjuntado ningún documento que acredite que la medida de ejecución en forma
de retención ejecutada por el agente retenedor Edelnor SAA y que el monto
puesto a disposición al Juzgado mediante el certificado de depósito judicial
número 2012003100650, corresponda a presupuesto del Estado17 y/o Cuenta
única del Tesoro Público; en consecuencia, no acredita el agravio invocado;
debiendo agregarse que el Pleno en referencia es aplicable efectivamente para
mandatos judiciales en los procesos seguidos contra el Estado, no habiendo sido
objeto del pleno el tema de las empresas del Estado;
17 Es decir, que el fondo embargado corresponda a dinero que proviene recursos del Estado y que por
tanto de cuenta en SIAF o corresponda a la Cuenta Unica del Tesoro Público.
6 De lo razonado, se concluye que la apelación planteada no alcanza la finalidad
prevista en el artículo 364º del Código Procesal Civil, en consecuencia la
impugnada debe de ser confirmada, al haber sido dictada con sujeción a los
hechos y al derecho conforme lo ordena el inciso 03 del artículo 121º del Código
Procesal Civil.
DECISIÓN:
CONFIRMAR el Auto contenido en la resolución N° 54 de fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete que corre de fojas 781 a 782, en el extremo que
dispone endosar a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 nuevos soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultada para ello,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión. En los seguidos por
ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C contra ELECTRICIDAD
DEL PERU S.A, sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose
de conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal Civil
AMPC/MSSV
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PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE1
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DIAZ VALLEJOS
PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-07-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 04.-
Miraflores, once de mayo
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia de
grado el auto contenido en la resolución N° 54 de fecha 13 de octubre de 2017
que en copia obra de fojas 781 a 782, en el extremo que dispone endosar a favor
del ejecutante la suma de S/.2´650,053.13 nuevos soles, entendiéndose dicho
endose con persona debidamente facultada para ello, consentida o ejecutoriada
que sea la presente decisión.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La ejecutada Empresa Electricidad del Perú- Electroperú S.A (En
adelante la recurrente, impugnante o Electroperú) a través de su escrito que
obra de fojas 792 a 798 interpone recurso de apelación bajo el siguiente
argumento:
1. El Juzgado no ha tenido presente que su representada es una empresa
pública, y por tal rige su compartimiento en virtud a normas de índole
presupuestal, las que disponen cual es el procedimiento que se debe
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 seguir frente a las acreencias derivadas de sentencias judiciales, las
mismas que en el presente proceso han sido inobservadas por el
Juzgado, por lo que la orden de entrega del certificado deviene en
improcedente, debiéndose ordenarse la devolución del monto retenido a
favor de Electroperú.
2. Agrega, que Electroperú SA es una empresa Estatal de derecho privado y
que por tanto se ha inobservado el marco normativo pertinente para la
atención de sentencias judiciales, quebrantándose el principio de
legalidad, adjunta para tal efecto copia del Pleno Jurisdiccional Regional
celebrado en el año 2016.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante reseñar
algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del presente
cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría Legal
S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo en forma de
retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de nuevos soles, por
los pagos, facturas, cualquier otro pago, cuentas por cobrar u otro de
derecho de crédito que tenga o pueda llegar a tener bajo cualquier
modalidad la ejecutada Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor
SAA, Luz del Sur SAA y entidades bancarias, la misma que fue
admitida mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre
del 2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada Electroperú
formuló oposición a la medida cautelar, motivando la emisión de la
resolución treinta y ocho5 que amparó en parte dicha articulación,
disponiendo en principio mantener vigente la medida cautelar de
embargo en forma de retención, debiendo la ejecutante a efectos de
continuar con la ejecución, mejorar la contracautela, presentando o
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 manteniendo la vigencia de la carta fianza o fianza bancaria a su
favor o la consignación vía depósito judicial en el Banco de la Nación
a nombre de la judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la
suma de ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue
impugnada por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio
de 20136. Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución
de vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto al
monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos millones
seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó se le
endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del certificado de
depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que en el cuaderno
principal se había dictado auto final que declaró infundada la
contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución. Ante tal pedido la
empresa ejecutada apelante se opuso, denunciando que no procedía
el endose del certificado habida cuenta que el auto final había sido
impugnado, por lo cual no se estaba frente a una decisión firme.
Finalmente, esta petición fue declarada improcedente por Resolución
349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se resuelve
por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del 201212
solicita el levantamiento de la medida cautelar, indicándose por
resolución 36, que se tendrá presente al momento de resolver.
2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a efectos
cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro del plazo de
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
8 Página 424 Tomo I
9 Página 463 Tomo I
10 Página 303 a 306, Tomo I
11 Páginas 358 a 359.
12 Página 640 a 647.
3 tres días bajo apercibimiento de disponerse el levantamiento de la
medida, apercibimiento que fue materializado mediante resolución
5014, decisión que fue declarada nula por el Superior Jerárquico15 al
considerar que al encontrarse la causa con una decisión definitiva
sobre el fondo, la medida cautelar concedida se convirtió en una de
ejecución, por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. Finalmente, el ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita
que el cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se disponga el
endose del certificado judicial por la suma S/.2´650,053.13 generado
con el embargo por retención, lo que motivó la emisión de la resolución
materia de alzada.
TERCERO.- Así también es preciso señalar que:
3.1 De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso
de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a
solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
La apelación como recurso ordinario para impugnar autos y sentencias está
regida por Principios específicos que orientan su actuación entre los cuales
destacan: el “Tantum devolutum quantum apellatum”, y el de la prohibición de la
“reformatio in peius”. El primero, estrechamente ligado a los Principios
dispositivo y de congruencia procesal, significa que el órgano revisor (Ad
quem) al resolver la apelación deberá pronunciarse sólo sobre aquellas
pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su recurso. El
segundo, es uno de los principios característicos del recurso de apelación,
implicando el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución
13 Página 660 Tomo II
14 Página 666 Tomo II
15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
16 Página 779 Tomo II
4 impugnada empeorando la situación del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte (el apelado).
3.2 Por otro lado, el artículo 188º del Código procesal civil señala que la
finalidad de los medios probatorios es acreditar las afirmaciones sobre los
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los
puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, con lo que se observa que
la función principal es la de acreditar afirmaciones sobre hechos, probarlos a fin
de que el Juez se encuentre seguro de la realización de dichos hechos y que por
tanto le puedan servir de sustento al momento de emitir sentencia u otra
decisión procesal.
Por su parte el artículo 196° del citado cuerpo normativo señala que salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirme
hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando hechos
nuevos.
CUARTO.-Del fundamento de agravio recogido en el primer considerando y
que se resume en un único agravio: “a la empresa ejecutada apelante le es aplicable
la normatividad para la atención de sentencias judiciales contra el Estado”, debemos
señalar lo siguiente:
4.1 La entrega del certificado dispuesto en la resolución número 54, materia de
grado, técnicamente obedece a un acto de ejecución mismo en la etapa de
ejecución forzada conforme se desprende del texto de los artículos 716 y747 del
Código Procesal Civil.
4.2 Ello se refuerza con lo establecido en la resolución de vista número seis, de
fecha 19 de mayo del 2017, en la que se señaló en el tercer considerando: “(…)
3.1. Por resolución de vista nro.14 de fecha 22 de julio del 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia (…)” y en el cuarto
considerando: “Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
5 medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme a la regla
del artículo 716 del Código Procesal Civil (…)”.
4.3 El argumento de agravio que ahora invoca la empresa ejecutada nunca fue
invocado pese a que en forma reiterada formulo los medios de defensa otorgados
por ley contra la medida cautelar convertida en esta etapa del proceso en una
de ejecución conforme se aprecia de los argumentos oposición, variación y pedido
de levantamiento de medida cautelar formulados por la recurrente; es decir, en
ningún medio de defensa que ejercito anterior y oportunamente invoco dicho
argumento no obstante que el mandato de medida cautelar se dicto el cinco de
diciembre del 2011.
4.4 Siguiendo ese mismo razonamiento lógico, también es apreciarse que en la
resolución materia de grado no se decide sobre este reciente argumento
invocado por la empresa ejecutada en el recurso de apelación. En ese sentido, se
concluye hasta aquí, que el agravio es inoportuno al ser invocado
extemporáneamente en el acto de ejecución de pago a cuenta de la obligación
contenida en el laudo materia de ejecución.
4.5 Sin perjuicio de lo señalado, debemos anotar que el argumento de agravio,
no ha sido debidamente acreditado por la empresa ejecutada, porque si bien es
cierto, es una empresa estatal de derecho privado, a quién le es aplicable la Ley
de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de Estado-
Fonafe-también lo es que más allá de la invocación legal efectuada, no ha
adjuntado ningún documento que acredite que la medida de ejecución en forma
de retención ejecutada por el agente retenedor Edelnor SAA y que el monto
puesto a disposición al Juzgado mediante el certificado de depósito judicial
número 2012003100650, corresponda a presupuesto del Estado17 y/o Cuenta
única del Tesoro Público; en consecuencia, no acredita el agravio invocado;
debiendo agregarse que el Pleno en referencia es aplicable efectivamente para
mandatos judiciales en los procesos seguidos contra el Estado, no habiendo sido
objeto del pleno el tema de las empresas del Estado;
17 Es decir, que el fondo embargado corresponda a dinero que proviene recursos del Estado y que por
tanto de cuenta en SIAF o corresponda a la Cuenta Unica del Tesoro Público.
6 De lo razonado, se concluye que la apelación planteada no alcanza la finalidad
prevista en el artículo 364º del Código Procesal Civil, en consecuencia la
impugnada debe de ser confirmada, al haber sido dictada con sujeción a los
hechos y al derecho conforme lo ordena el inciso 03 del artículo 121º del Código
Procesal Civil.
DECISIÓN:
CONFIRMAR el Auto contenido en la resolución N° 54 de fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete que corre de fojas 781 a 782, en el extremo que
dispone endosar a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 nuevos soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultada para ello,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión. En los seguidos por
ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C contra ELECTRICIDAD
DEL PERU S.A, sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose
de conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal Civil
AMPC/MSSV
7 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE1
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DIAZ VALLEJOS
PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-07-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 04.-
Miraflores, once de mayo
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia de
grado el auto contenido en la resolución N° 54 de fecha 13 de octubre de 2017
que en copia obra de fojas 781 a 782, en el extremo que dispone endosar a favor
del ejecutante la suma de S/.2´650,053.13 nuevos soles, entendiéndose dicho
endose con persona debidamente facultada para ello, consentida o ejecutoriada
que sea la presente decisión.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La ejecutada Empresa Electricidad del Perú- Electroperú S.A (En
adelante la recurrente, impugnante o Electroperú) a través de su escrito que
obra de fojas 792 a 798 interpone recurso de apelación bajo el siguiente
argumento:
1. El Juzgado no ha tenido presente que su representada es una empresa
pública, y por tal rige su compartimiento en virtud a normas de índole
presupuestal, las que disponen cual es el procedimiento que se debe
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 seguir frente a las acreencias derivadas de sentencias judiciales, las
mismas que en el presente proceso han sido inobservadas por el
Juzgado, por lo que la orden de entrega del certificado deviene en
improcedente, debiéndose ordenarse la devolución del monto retenido a
favor de Electroperú.
2. Agrega, que Electroperú SA es una empresa Estatal de derecho privado y
que por tanto se ha inobservado el marco normativo pertinente para la
atención de sentencias judiciales, quebrantándose el principio de
legalidad, adjunta para tal efecto copia del Pleno Jurisdiccional Regional
celebrado en el año 2016.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante reseñar
algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del presente
cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría Legal
S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo en forma de
retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de nuevos soles, por
los pagos, facturas, cualquier otro pago, cuentas por cobrar u otro de
derecho de crédito que tenga o pueda llegar a tener bajo cualquier
modalidad la ejecutada Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor
SAA, Luz del Sur SAA y entidades bancarias, la misma que fue
admitida mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre
del 2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada Electroperú
formuló oposición a la medida cautelar, motivando la emisión de la
resolución treinta y ocho5 que amparó en parte dicha articulación,
disponiendo en principio mantener vigente la medida cautelar de
embargo en forma de retención, debiendo la ejecutante a efectos de
continuar con la ejecución, mejorar la contracautela, presentando o
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 manteniendo la vigencia de la carta fianza o fianza bancaria a su
favor o la consignación vía depósito judicial en el Banco de la Nación
a nombre de la judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la
suma de ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue
impugnada por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio
de 20136. Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución
de vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto al
monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos millones
seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó se le
endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del certificado de
depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que en el cuaderno
principal se había dictado auto final que declaró infundada la
contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución. Ante tal pedido la
empresa ejecutada apelante se opuso, denunciando que no procedía
el endose del certificado habida cuenta que el auto final había sido
impugnado, por lo cual no se estaba frente a una decisión firme.
Finalmente, esta petición fue declarada improcedente por Resolución
349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se resuelve
por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del 201212
solicita el levantamiento de la medida cautelar, indicándose por
resolución 36, que se tendrá presente al momento de resolver.
2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a efectos
cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro del plazo de
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
8 Página 424 Tomo I
9 Página 463 Tomo I
10 Página 303 a 306, Tomo I
11 Páginas 358 a 359.
12 Página 640 a 647.
3 tres días bajo apercibimiento de disponerse el levantamiento de la
medida, apercibimiento que fue materializado mediante resolución
5014, decisión que fue declarada nula por el Superior Jerárquico15 al
considerar que al encontrarse la causa con una decisión definitiva
sobre el fondo, la medida cautelar concedida se convirtió en una de
ejecución, por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. Finalmente, el ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita
que el cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se disponga el
endose del certificado judicial por la suma S/.2´650,053.13 generado
con el embargo por retención, lo que motivó la emisión de la resolución
materia de alzada.
TERCERO.- Así también es preciso señalar que:
3.1 De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso
de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a
solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
La apelación como recurso ordinario para impugnar autos y sentencias está
regida por Principios específicos que orientan su actuación entre los cuales
destacan: el “Tantum devolutum quantum apellatum”, y el de la prohibición de la
“reformatio in peius”. El primero, estrechamente ligado a los Principios
dispositivo y de congruencia procesal, significa que el órgano revisor (Ad
quem) al resolver la apelación deberá pronunciarse sólo sobre aquellas
pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su recurso. El
segundo, es uno de los principios característicos del recurso de apelación,
implicando el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución
13 Página 660 Tomo II
14 Página 666 Tomo II
15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
16 Página 779 Tomo II
4 impugnada empeorando la situación del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte (el apelado).
3.2 Por otro lado, el artículo 188º del Código procesal civil señala que la
finalidad de los medios probatorios es acreditar las afirmaciones sobre los
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los
puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, con lo que se observa que
la función principal es la de acreditar afirmaciones sobre hechos, probarlos a fin
de que el Juez se encuentre seguro de la realización de dichos hechos y que por
tanto le puedan servir de sustento al momento de emitir sentencia u otra
decisión procesal.
Por su parte el artículo 196° del citado cuerpo normativo señala que salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirme
hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando hechos
nuevos.
CUARTO.-Del fundamento de agravio recogido en el primer considerando y
que se resume en un único agravio: “a la empresa ejecutada apelante le es aplicable
la normatividad para la atención de sentencias judiciales contra el Estado”, debemos
señalar lo siguiente:
4.1 La entrega del certificado dispuesto en la resolución número 54, materia de
grado, técnicamente obedece a un acto de ejecución mismo en la etapa de
ejecución forzada conforme se desprende del texto de los artículos 716 y747 del
Código Procesal Civil.
4.2 Ello se refuerza con lo establecido en la resolución de vista número seis, de
fecha 19 de mayo del 2017, en la que se señaló en el tercer considerando: “(…)
3.1. Por resolución de vista nro.14 de fecha 22 de julio del 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia (…)” y en el cuarto
considerando: “Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
5 medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme a la regla
del artículo 716 del Código Procesal Civil (…)”.
4.3 El argumento de agravio que ahora invoca la empresa ejecutada nunca fue
invocado pese a que en forma reiterada formulo los medios de defensa otorgados
por ley contra la medida cautelar convertida en esta etapa del proceso en una
de ejecución conforme se aprecia de los argumentos oposición, variación y pedido
de levantamiento de medida cautelar formulados por la recurrente; es decir, en
ningún medio de defensa que ejercito anterior y oportunamente invoco dicho
argumento no obstante que el mandato de medida cautelar se dicto el cinco de
diciembre del 2011.
4.4 Siguiendo ese mismo razonamiento lógico, también es apreciarse que en la
resolución materia de grado no se decide sobre este reciente argumento
invocado por la empresa ejecutada en el recurso de apelación. En ese sentido, se
concluye hasta aquí, que el agravio es inoportuno al ser invocado
extemporáneamente en el acto de ejecución de pago a cuenta de la obligación
contenida en el laudo materia de ejecución.
4.5 Sin perjuicio de lo señalado, debemos anotar que el argumento de agravio,
no ha sido debidamente acreditado por la empresa ejecutada, porque si bien es
cierto, es una empresa estatal de derecho privado, a quién le es aplicable la Ley
de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de Estado-
Fonafe-también lo es que más allá de la invocación legal efectuada, no ha
adjuntado ningún documento que acredite que la medida de ejecución en forma
de retención ejecutada por el agente retenedor Edelnor SAA y que el monto
puesto a disposición al Juzgado mediante el certificado de depósito judicial
número 2012003100650, corresponda a presupuesto del Estado17 y/o Cuenta
única del Tesoro Público; en consecuencia, no acredita el agravio invocado;
debiendo agregarse que el Pleno en referencia es aplicable efectivamente para
mandatos judiciales en los procesos seguidos contra el Estado, no habiendo sido
objeto del pleno el tema de las empresas del Estado;
17 Es decir, que el fondo embargado corresponda a dinero que proviene recursos del Estado y que por
tanto de cuenta en SIAF o corresponda a la Cuenta Unica del Tesoro Público.
6 De lo razonado, se concluye que la apelación planteada no alcanza la finalidad
prevista en el artículo 364º del Código Procesal Civil, en consecuencia la
impugnada debe de ser confirmada, al haber sido dictada con sujeción a los
hechos y al derecho conforme lo ordena el inciso 03 del artículo 121º del Código
Procesal Civil.
DECISIÓN:
CONFIRMAR el Auto contenido en la resolución N° 54 de fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete que corre de fojas 781 a 782, en el extremo que
dispone endosar a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 nuevos soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultada para ello,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión. En los seguidos por
ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C contra ELECTRICIDAD
DEL PERU S.A, sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose
de conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal Civil
AMPC/MSSV
7 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE1
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DIAZ VALLEJOS
PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-07-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 04.-
Miraflores, once de mayo
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia de
grado el auto contenido en la resolución N° 54 de fecha 13 de octubre de 2017
que en copia obra de fojas 781 a 782, en el extremo que dispone endosar a favor
del ejecutante la suma de S/.2´650,053.13 nuevos soles, entendiéndose dicho
endose con persona debidamente facultada para ello, consentida o ejecutoriada
que sea la presente decisión.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La ejecutada Empresa Electricidad del Perú- Electroperú S.A (En
adelante la recurrente, impugnante o Electroperú) a través de su escrito que
obra de fojas 792 a 798 interpone recurso de apelación bajo el siguiente
argumento:
1. El Juzgado no ha tenido presente que su representada es una empresa
pública, y por tal rige su compartimiento en virtud a normas de índole
presupuestal, las que disponen cual es el procedimiento que se debe
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 seguir frente a las acreencias derivadas de sentencias judiciales, las
mismas que en el presente proceso han sido inobservadas por el
Juzgado, por lo que la orden de entrega del certificado deviene en
improcedente, debiéndose ordenarse la devolución del monto retenido a
favor de Electroperú.
2. Agrega, que Electroperú SA es una empresa Estatal de derecho privado y
que por tanto se ha inobservado el marco normativo pertinente para la
atención de sentencias judiciales, quebrantándose el principio de
legalidad, adjunta para tal efecto copia del Pleno Jurisdiccional Regional
celebrado en el año 2016.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante reseñar
algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del presente
cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría Legal
S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo en forma de
retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de nuevos soles, por
los pagos, facturas, cualquier otro pago, cuentas por cobrar u otro de
derecho de crédito que tenga o pueda llegar a tener bajo cualquier
modalidad la ejecutada Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor
SAA, Luz del Sur SAA y entidades bancarias, la misma que fue
admitida mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre
del 2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada Electroperú
formuló oposición a la medida cautelar, motivando la emisión de la
resolución treinta y ocho5 que amparó en parte dicha articulación,
disponiendo en principio mantener vigente la medida cautelar de
embargo en forma de retención, debiendo la ejecutante a efectos de
continuar con la ejecución, mejorar la contracautela, presentando o
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 manteniendo la vigencia de la carta fianza o fianza bancaria a su
favor o la consignación vía depósito judicial en el Banco de la Nación
a nombre de la judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la
suma de ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue
impugnada por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio
de 20136. Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución
de vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto al
monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos millones
seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó se le
endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del certificado de
depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que en el cuaderno
principal se había dictado auto final que declaró infundada la
contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución. Ante tal pedido la
empresa ejecutada apelante se opuso, denunciando que no procedía
el endose del certificado habida cuenta que el auto final había sido
impugnado, por lo cual no se estaba frente a una decisión firme.
Finalmente, esta petición fue declarada improcedente por Resolución
349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se resuelve
por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del 201212
solicita el levantamiento de la medida cautelar, indicándose por
resolución 36, que se tendrá presente al momento de resolver.
2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a efectos
cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro del plazo de
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
8 Página 424 Tomo I
9 Página 463 Tomo I
10 Página 303 a 306, Tomo I
11 Páginas 358 a 359.
12 Página 640 a 647.
3 tres días bajo apercibimiento de disponerse el levantamiento de la
medida, apercibimiento que fue materializado mediante resolución
5014, decisión que fue declarada nula por el Superior Jerárquico15 al
considerar que al encontrarse la causa con una decisión definitiva
sobre el fondo, la medida cautelar concedida se convirtió en una de
ejecución, por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. Finalmente, el ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita
que el cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se disponga el
endose del certificado judicial por la suma S/.2´650,053.13 generado
con el embargo por retención, lo que motivó la emisión de la resolución
materia de alzada.
TERCERO.- Así también es preciso señalar que:
3.1 De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso
de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a
solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
La apelación como recurso ordinario para impugnar autos y sentencias está
regida por Principios específicos que orientan su actuación entre los cuales
destacan: el “Tantum devolutum quantum apellatum”, y el de la prohibición de la
“reformatio in peius”. El primero, estrechamente ligado a los Principios
dispositivo y de congruencia procesal, significa que el órgano revisor (Ad
quem) al resolver la apelación deberá pronunciarse sólo sobre aquellas
pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su recurso. El
segundo, es uno de los principios característicos del recurso de apelación,
implicando el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución
13 Página 660 Tomo II
14 Página 666 Tomo II
15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
16 Página 779 Tomo II
4 impugnada empeorando la situación del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte (el apelado).
3.2 Por otro lado, el artículo 188º del Código procesal civil señala que la
finalidad de los medios probatorios es acreditar las afirmaciones sobre los
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los
puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, con lo que se observa que
la función principal es la de acreditar afirmaciones sobre hechos, probarlos a fin
de que el Juez se encuentre seguro de la realización de dichos hechos y que por
tanto le puedan servir de sustento al momento de emitir sentencia u otra
decisión procesal.
Por su parte el artículo 196° del citado cuerpo normativo señala que salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirme
hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando hechos
nuevos.
CUARTO.-Del fundamento de agravio recogido en el primer considerando y
que se resume en un único agravio: “a la empresa ejecutada apelante le es aplicable
la normatividad para la atención de sentencias judiciales contra el Estado”, debemos
señalar lo siguiente:
4.1 La entrega del certificado dispuesto en la resolución número 54, materia de
grado, técnicamente obedece a un acto de ejecución mismo en la etapa de
ejecución forzada conforme se desprende del texto de los artículos 716 y747 del
Código Procesal Civil.
4.2 Ello se refuerza con lo establecido en la resolución de vista número seis, de
fecha 19 de mayo del 2017, en la que se señaló en el tercer considerando: “(…)
3.1. Por resolución de vista nro.14 de fecha 22 de julio del 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia (…)” y en el cuarto
considerando: “Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
5 medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme a la regla
del artículo 716 del Código Procesal Civil (…)”.
4.3 El argumento de agravio que ahora invoca la empresa ejecutada nunca fue
invocado pese a que en forma reiterada formulo los medios de defensa otorgados
por ley contra la medida cautelar convertida en esta etapa del proceso en una
de ejecución conforme se aprecia de los argumentos oposición, variación y pedido
de levantamiento de medida cautelar formulados por la recurrente; es decir, en
ningún medio de defensa que ejercito anterior y oportunamente invoco dicho
argumento no obstante que el mandato de medida cautelar se dicto el cinco de
diciembre del 2011.
4.4 Siguiendo ese mismo razonamiento lógico, también es apreciarse que en la
resolución materia de grado no se decide sobre este reciente argumento
invocado por la empresa ejecutada en el recurso de apelación. En ese sentido, se
concluye hasta aquí, que el agravio es inoportuno al ser invocado
extemporáneamente en el acto de ejecución de pago a cuenta de la obligación
contenida en el laudo materia de ejecución.
4.5 Sin perjuicio de lo señalado, debemos anotar que el argumento de agravio,
no ha sido debidamente acreditado por la empresa ejecutada, porque si bien es
cierto, es una empresa estatal de derecho privado, a quién le es aplicable la Ley
de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de Estado-
Fonafe-también lo es que más allá de la invocación legal efectuada, no ha
adjuntado ningún documento que acredite que la medida de ejecución en forma
de retención ejecutada por el agente retenedor Edelnor SAA y que el monto
puesto a disposición al Juzgado mediante el certificado de depósito judicial
número 2012003100650, corresponda a presupuesto del Estado17 y/o Cuenta
única del Tesoro Público; en consecuencia, no acredita el agravio invocado;
debiendo agregarse que el Pleno en referencia es aplicable efectivamente para
mandatos judiciales en los procesos seguidos contra el Estado, no habiendo sido
objeto del pleno el tema de las empresas del Estado;
17 Es decir, que el fondo embargado corresponda a dinero que proviene recursos del Estado y que por
tanto de cuenta en SIAF o corresponda a la Cuenta Unica del Tesoro Público.
6 De lo razonado, se concluye que la apelación planteada no alcanza la finalidad
prevista en el artículo 364º del Código Procesal Civil, en consecuencia la
impugnada debe de ser confirmada, al haber sido dictada con sujeción a los
hechos y al derecho conforme lo ordena el inciso 03 del artículo 121º del Código
Procesal Civil.
DECISIÓN:
CONFIRMAR el Auto contenido en la resolución N° 54 de fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete que corre de fojas 781 a 782, en el extremo que
dispone endosar a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 nuevos soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultada para ello,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión. En los seguidos por
ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C contra ELECTRICIDAD
DEL PERU S.A, sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose
de conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal Civil
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PRIMERA SALA COMERCIAL PERMANENTE1
ECHEVARRÍA
GAVIRIA
DIAZ VALLEJOS
PRADO CASTAÑEDA
Expediente N° 08157-2011-07-1817-JR-CO-05
RESOLUCIÓN NÚMERO 04.-
Miraflores, once de mayo
de dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS:
Interviniendo como ponente la Juez Superior Prado Castañeda. Es materia de
grado el auto contenido en la resolución N° 54 de fecha 13 de octubre de 2017
que en copia obra de fojas 781 a 782, en el extremo que dispone endosar a favor
del ejecutante la suma de S/.2´650,053.13 nuevos soles, entendiéndose dicho
endose con persona debidamente facultada para ello, consentida o ejecutoriada
que sea la presente decisión.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La ejecutada Empresa Electricidad del Perú- Electroperú S.A (En
adelante la recurrente, impugnante o Electroperú) a través de su escrito que
obra de fojas 792 a 798 interpone recurso de apelación bajo el siguiente
argumento:
1. El Juzgado no ha tenido presente que su representada es una empresa
pública, y por tal rige su compartimiento en virtud a normas de índole
presupuestal, las que disponen cual es el procedimiento que se debe
1 Resolución Administrativa N° 001-2017-P-CSJL/PJ. Publicado en el Diario El Peruano el 03 de enero de 2017
1 seguir frente a las acreencias derivadas de sentencias judiciales, las
mismas que en el presente proceso han sido inobservadas por el
Juzgado, por lo que la orden de entrega del certificado deviene en
improcedente, debiéndose ordenarse la devolución del monto retenido a
favor de Electroperú.
2. Agrega, que Electroperú SA es una empresa Estatal de derecho privado y
que por tanto se ha inobservado el marco normativo pertinente para la
atención de sentencias judiciales, quebrantándose el principio de
legalidad, adjunta para tal efecto copia del Pleno Jurisdiccional Regional
celebrado en el año 2016.
SEGUNDO: Previo a la absolución del grado, consideramos importante reseñar
algunas actuaciones procesales. En ese sentido, se advierte del presente
cuaderno que:
2.1. Con fecha 08 de noviembre de 20112 Estudio Gestión y Asesoría Legal
S.A.C, formula solicitud de medida cautelar de embargo en forma de
retención hasta por la suma de S/.25´000.000.00 de nuevos soles, por
los pagos, facturas, cualquier otro pago, cuentas por cobrar u otro de
derecho de crédito que tenga o pueda llegar a tener bajo cualquier
modalidad la ejecutada Empresa Electricidad del Perú S.A en Edelnor
SAA, Luz del Sur SAA y entidades bancarias, la misma que fue
admitida mediante Resolución número dos3 de fecha 5 de diciembre
del 2011. ( el subrayado es nuestro)
2.2. Por escrito del 19 de enero de 20124, al empresa ejecutada Electroperú
formuló oposición a la medida cautelar, motivando la emisión de la
resolución treinta y ocho5 que amparó en parte dicha articulación,
disponiendo en principio mantener vigente la medida cautelar de
embargo en forma de retención, debiendo la ejecutante a efectos de
continuar con la ejecución, mejorar la contracautela, presentando o
2 Página 131 Tomo I
3 Página 140 Tomo I
4 Página 210 Tomo I Complementado por escrito de fojas 303 Tomo I
5 Página 540 Tomo I
2 manteniendo la vigencia de la carta fianza o fianza bancaria a su
favor o la consignación vía depósito judicial en el Banco de la Nación
a nombre de la judicatura, en cualquiera de los casos, hasta por la
suma de ciento cincuenta mil nuevos soles, decisión que fue
impugnada por la citada recurrente mediante escrito del 05 de julio
de 20136. Motivando que el superior Jerárquico expida la resolución
de vista número 077 que confirmó la apelada en cuanto al extremo
que declaro fundada en parte la oposición; y la revocó en cuanto al
monto, reduciéndolo de doce millones de nuevos soles a dos millones
seiscientos cincuenta mil cincuenta y tres nuevos soles
2.3. Que la ejecutante, por escrito del 06 de Agosto de 20128 solicitó se le
endose la cantidad de S/.2´155.159.13 a cuenta del certificado de
depósito judicial por S/.12´000,000.00, dado que en el cuaderno
principal se había dictado auto final que declaró infundada la
contradicción y ordenó llevar adelante la ejecución. Ante tal pedido la
empresa ejecutada apelante se opuso, denunciando que no procedía
el endose del certificado habida cuenta que el auto final había sido
impugnado, por lo cual no se estaba frente a una decisión firme.
Finalmente, esta petición fue declarada improcedente por Resolución
349. (Énfasis nuestro)
2.4. También la recurrente por escrito de fecha 27 de abril del 201210
solicito la variación de la medida cautelar, pedido que se resuelve
por resolución número 23.11
2.5. Así mismo mediante escrito presentado el 11 de Marzo del 201212
solicita el levantamiento de la medida cautelar, indicándose por
resolución 36, que se tendrá presente al momento de resolver.
2.6. Por resolución 4913 el juzgado dispuso requerir al ejecutante a efectos
cumpla con renovar la carta fianza que ofreciera dentro del plazo de
6 Página 552 Tomo II
7 Página 599 Tomo II
8 Página 424 Tomo I
9 Página 463 Tomo I
10 Página 303 a 306, Tomo I
11 Páginas 358 a 359.
12 Página 640 a 647.
3 tres días bajo apercibimiento de disponerse el levantamiento de la
medida, apercibimiento que fue materializado mediante resolución
5014, decisión que fue declarada nula por el Superior Jerárquico15 al
considerar que al encontrarse la causa con una decisión definitiva
sobre el fondo, la medida cautelar concedida se convirtió en una de
ejecución, por lo cual carecía de asidero se exija se mantenga la
contracautela.
2.7. Finalmente, el ejecutante por escrito del 24 de Julio de 201716 solicita
que el cuaderno cautelar sea agregado al principal; y dado que
Electroperú no había cumplido con el requerimiento de pago
ordenado en ejecución de sentencia, solicitó también se disponga el
endose del certificado judicial por la suma S/.2´650,053.13 generado
con el embargo por retención, lo que motivó la emisión de la resolución
materia de alzada.
TERCERO.- Así también es preciso señalar que:
3.1 De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso
de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional Superior examine, a
solicitud de parte o tercero legitimado la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
La apelación como recurso ordinario para impugnar autos y sentencias está
regida por Principios específicos que orientan su actuación entre los cuales
destacan: el “Tantum devolutum quantum apellatum”, y el de la prohibición de la
“reformatio in peius”. El primero, estrechamente ligado a los Principios
dispositivo y de congruencia procesal, significa que el órgano revisor (Ad
quem) al resolver la apelación deberá pronunciarse sólo sobre aquellas
pretensiones o agravios invocados por el impugnante en su recurso. El
segundo, es uno de los principios característicos del recurso de apelación,
implicando el impedimento del órgano revisor de modificar la resolución
13 Página 660 Tomo II
14 Página 666 Tomo II
15 Auto de Vista contenido en la resolución número 06 del 19 de mayo de 2017. obrante de fojas 765 a 768
16 Página 779 Tomo II
4 impugnada empeorando la situación del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte (el apelado).
3.2 Por otro lado, el artículo 188º del Código procesal civil señala que la
finalidad de los medios probatorios es acreditar las afirmaciones sobre los
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los
puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, con lo que se observa que
la función principal es la de acreditar afirmaciones sobre hechos, probarlos a fin
de que el Juez se encuentre seguro de la realización de dichos hechos y que por
tanto le puedan servir de sustento al momento de emitir sentencia u otra
decisión procesal.
Por su parte el artículo 196° del citado cuerpo normativo señala que salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirme
hechos que configuren su pretensión o a quien los contradice alegando hechos
nuevos.
CUARTO.-Del fundamento de agravio recogido en el primer considerando y
que se resume en un único agravio: “a la empresa ejecutada apelante le es aplicable
la normatividad para la atención de sentencias judiciales contra el Estado”, debemos
señalar lo siguiente:
4.1 La entrega del certificado dispuesto en la resolución número 54, materia de
grado, técnicamente obedece a un acto de ejecución mismo en la etapa de
ejecución forzada conforme se desprende del texto de los artículos 716 y747 del
Código Procesal Civil.
4.2 Ello se refuerza con lo establecido en la resolución de vista número seis, de
fecha 19 de mayo del 2017, en la que se señaló en el tercer considerando: “(…)
3.1. Por resolución de vista nro.14 de fecha 22 de julio del 2014, esta instancia
superior, revoca el auto final y reformándolo declara fundada en parte la
contradicción formulada por la ejecutada; en consecuencia (…)” y en el cuarto
considerando: “Cuando en el proceso existe decisión definitiva sobre el fondo, la
5 medida cautelar concedida se convierte en medida para la ejecución, conforme a la regla
del artículo 716 del Código Procesal Civil (…)”.
4.3 El argumento de agravio que ahora invoca la empresa ejecutada nunca fue
invocado pese a que en forma reiterada formulo los medios de defensa otorgados
por ley contra la medida cautelar convertida en esta etapa del proceso en una
de ejecución conforme se aprecia de los argumentos oposición, variación y pedido
de levantamiento de medida cautelar formulados por la recurrente; es decir, en
ningún medio de defensa que ejercito anterior y oportunamente invoco dicho
argumento no obstante que el mandato de medida cautelar se dicto el cinco de
diciembre del 2011.
4.4 Siguiendo ese mismo razonamiento lógico, también es apreciarse que en la
resolución materia de grado no se decide sobre este reciente argumento
invocado por la empresa ejecutada en el recurso de apelación. En ese sentido, se
concluye hasta aquí, que el agravio es inoportuno al ser invocado
extemporáneamente en el acto de ejecución de pago a cuenta de la obligación
contenida en el laudo materia de ejecución.
4.5 Sin perjuicio de lo señalado, debemos anotar que el argumento de agravio,
no ha sido debidamente acreditado por la empresa ejecutada, porque si bien es
cierto, es una empresa estatal de derecho privado, a quién le es aplicable la Ley
de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de Estado-
Fonafe-también lo es que más allá de la invocación legal efectuada, no ha
adjuntado ningún documento que acredite que la medida de ejecución en forma
de retención ejecutada por el agente retenedor Edelnor SAA y que el monto
puesto a disposición al Juzgado mediante el certificado de depósito judicial
número 2012003100650, corresponda a presupuesto del Estado17 y/o Cuenta
única del Tesoro Público; en consecuencia, no acredita el agravio invocado;
debiendo agregarse que el Pleno en referencia es aplicable efectivamente para
mandatos judiciales en los procesos seguidos contra el Estado, no habiendo sido
objeto del pleno el tema de las empresas del Estado;
17 Es decir, que el fondo embargado corresponda a dinero que proviene recursos del Estado y que por
tanto de cuenta en SIAF o corresponda a la Cuenta Unica del Tesoro Público.
6 De lo razonado, se concluye que la apelación planteada no alcanza la finalidad
prevista en el artículo 364º del Código Procesal Civil, en consecuencia la
impugnada debe de ser confirmada, al haber sido dictada con sujeción a los
hechos y al derecho conforme lo ordena el inciso 03 del artículo 121º del Código
Procesal Civil.
DECISIÓN:
CONFIRMAR el Auto contenido en la resolución N° 54 de fecha trece de
octubre de dos mil diecisiete que corre de fojas 781 a 782, en el extremo que
dispone endosar a favor del ejecutante la suma de S/. 2´650,053.13 nuevos soles,
entendiéndose dicho endose con persona debidamente facultada para ello,
consentida o ejecutoriada que sea la presente decisión. En los seguidos por
ESTUDIO GESTION Y ASESORIA LEGAL S.A.C contra ELECTRICIDAD
DEL PERU S.A, sobre ejecución de laudo arbitral. Notificándose y oficiándose
de conformidad con lo establecido en el artículo 383º del Código Procesal Civil
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 09152-2011-0-1801-JR-CI-05
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : RAMIREZ NINO DE GUZMAN, JORGE LUIS
ESPECIALISTA : TAIPE SALAZAR, RAUL
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU SUB UNIDAD
EJECUTORA II ADMINISTRACION GENERAL ,
DEMANDANTE : CUZCANO MUNAYCO, JESUS ALBERTO
Resolución Nro.29
Lima, 30 de mayo de 2022.
Dado cuenta en la fecha por la excesiva carga procesal que afronta el Juzgado.
AUTOS Y VISTOS
Pedido:
De Oficio se expide la siguiente resolución.
Fundamentos del pedido.
Por resolución 23 de fecha 20.03.2018 se requirió a la demandante a fin de que dentro
del segundo día cumpla con proponer los costos procesales.
No obstante, de encontrarse válidamente notificado conforme se advierte del cargo
corriente en autos, la demandante no cumplió con absolver, por lo que haciéndose
efectivo el apercibimiento se procede a fijar de oficio
Fundamentación de la decisión.
1. Al respecto, prescribe el artículo 56° del Código Procesal Constitucional
(aplicable al caso de autos en virtud de la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley N°31307) “Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad,
funcionario o persona demandada. Si el amparo fuese desestimado por el
Juez, este podrá condenar al demandante el pago de costas y costos cuando
estime que incurrió en manifiesta temeridad (…)”.
2. En tal sentido, para fijar los costos procesales debe valorarse la duración de
proceso, las instancias en que se litigó y elementos como la naturaleza de la
pretensión y su complejidad (la dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas
en el proceso), la intervención de letrado en el proceso, el nivel de elaboración
de los escritos presentados, que son factores relevantes a tener en cuenta al efectuar la liquidación de honorarios profesionales del abogado. Además, se
debe tener en cuenta el criterio señalado, por el Tribunal Constitucional en la
STC N° 00052-2010-PA/TC de fecha 27 de marzo de 2013, que precisó lo
siguiente:
“(…) este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el
monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe
valorarse la razón de tiempo y la participación de los abogados, sino que
también debe tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o
constantes”.
3. El TC en el Expediente citado anteriormente, estableció 2 reglas, a saber, con
referencia al pago de costos procesales.
a) La primera regla se aplica cuando no se ha demostrado el pago del
impuesto a la renta y consiste en que para determinar el monto de los
honorarios no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación
de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios
relevantes, tales como el éxito obtenido y su trascendencia, la novedad o
dificultad de la cuestión debatida, y si los servicios profesionales fueron
aislados, fijos o constantes. La negrilla es nuestra.
b) La segunda Regla se aplica cuando el juez de ejecución requiere el pago del
impuesto a la renta o en autos se encuentra probado que este impuesto ha
sido pagado y consiste en que si se abonó el impuesto referido por el servicio
profesional prestado, no resulta razonable que el juez regule el monto de los
costos, pues justamente el pago de impuesto a la renta tiene como base
imponible el monto pactado de los costos (servicios profesionales) que se
reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe ser el íntegro del
porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, el juez de
ejecución no puede fijar una suma inferior.
En dicha línea, al no haber presentado el pago del impuesto a la renta, corresponde
aplicar la primera regla.
4. De la revisión de autos, se advierte:
a) Con fecha 17.05.2011 el actor planteó su demanda de Acción de Amparo
b) La demandada, con fecha 16.10.2012, absolvió la demanda.
c) Se emitió sentencia con fecha 23.05.2013 declarando Infundada la demanda,
siendo apelada por el demandante.
d) Por Resolución de vista de fecha 05.06.2014 la Quinta Sala Civil, revoco la
sentencia de primer grado y reformándola declara fundada la demanda.
e) Por resolución N°13 de fecha 23.01.2015 se da cuenta el expediente remitido
por la Quinta Sala Civil.
5. El presente proceso constitucional tuvo como objetivo que la demandada
cumpla con pagar al actor el beneficio de seguro de vida faltante equivalente a 8.468 UIT con el valor actualizado, es decir, con el valor de
la UIT vigente a la fecha de pago, más los intereses legales y costos del
proceso.
6. Que el proceso se tramitó en dos Instancias.
Que el proceso se inició el 17.05.2011 y que a la fecha la sentencia materia de
ejecución, no se encuentra ejecutada en todos sus extremos. Conforme se advierte de
la presente, en la que se viene liquidando los costos.
Ahora, en ejecución también necesita asesoría para efectivizar el cobro de costos.
7. Que los Abogados a la fecha ha presentado 03 escritos, como es:
1) Demanda.
2) Escrito de fecha 20.03.2013 absuelve excepciones
3) Escrito de fecha 01.07.2013 interpone recurso de apelación contra sentencia.
4) Escrito 21.11.2014 requiere cumplimiento se sentencia.
5) Escrito de fecha 16.09.2016 solicita endose de consignación.
6) Escrito de fecha 30.05.2017 se requiera el pago de devengados.
De lo que advierte la actividad de los Abogados, para defender los derechos
conculcados de su patrocinada.
8. Asimismo, debe tenerse cuenta que, para fijar los costos, no sólo el tiempo de
la duración del proceso, si bien, el tema no es complejo debido a la existencia
de abundante jurisprudencia del TC, sin embargo, el proceso ha transcurrido
por dos Instancias, debido a que la pretensión del demandante fue desestima
do en primera instancia.
Por lo que es claro que ha tenido mayores gastos para lograr el éxito en su reclamo, lo
que ocurrió cuando la Sala Superior que revoco la sentencia de primer grado y
reformándola declaro fundada la demanda.
9. Luego de lo expuesto, se puede concluir que estando a los ítems antes
desarrollados, como la duración del proceso, el éxito alcanzado este Despacho
concluye que el monto por todo concepto de los costos a favor del actor debe
ser fijado en el monto de S/. 2,000.00.
10. Además, la demandada debe asumir las consecuencias de no haber cumplido
con otorgar el reintegro de seguro de vida en forma completa, por lo que tuvo
que recurrir al Poder Judicial a fin de que se le restituya sus derechos
conculcados.
Decisión:
Por tales razones: Se fija los costos procesales en la suma de S/.2,000.00 Soles, más el 5% destinado al
Fondo Mutual del Colegio de Abogados de Lima.
Avocándose al conocimiento del proceso la Magistrada que suscribe por disposición
superior. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 09152-2011-0-1801-JR-CI-05
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : RAMIREZ NINO DE GUZMAN, JORGE LUIS
ESPECIALISTA : TAIPE SALAZAR, RAUL
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU SUB UNIDAD
EJECUTORA II ADMINISTRACION GENERAL ,
DEMANDANTE : CUZCANO MUNAYCO, JESUS ALBERTO
Resolución Nro.29
Lima, 30 de mayo de 2022.
Dado cuenta en la fecha por la excesiva carga procesal que afronta el Juzgado.
AUTOS Y VISTOS
Pedido:
De Oficio se expide la siguiente resolución.
Fundamentos del pedido.
Por resolución 23 de fecha 20.03.2018 se requirió a la demandante a fin de que dentro
del segundo día cumpla con proponer los costos procesales.
No obstante, de encontrarse válidamente notificado conforme se advierte del cargo
corriente en autos, la demandante no cumplió con absolver, por lo que haciéndose
efectivo el apercibimiento se procede a fijar de oficio
Fundamentación de la decisión.
1. Al respecto, prescribe el artículo 56° del Código Procesal Constitucional
(aplicable al caso de autos en virtud de la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley N°31307) “Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad,
funcionario o persona demandada. Si el amparo fuese desestimado por el
Juez, este podrá condenar al demandante el pago de costas y costos cuando
estime que incurrió en manifiesta temeridad (…)”.
2. En tal sentido, para fijar los costos procesales debe valorarse la duración de
proceso, las instancias en que se litigó y elementos como la naturaleza de la
pretensión y su complejidad (la dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas
en el proceso), la intervención de letrado en el proceso, el nivel de elaboración
de los escritos presentados, que son factores relevantes a tener en cuenta al efectuar la liquidación de honorarios profesionales del abogado. Además, se
debe tener en cuenta el criterio señalado, por el Tribunal Constitucional en la
STC N° 00052-2010-PA/TC de fecha 27 de marzo de 2013, que precisó lo
siguiente:
“(…) este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el
monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe
valorarse la razón de tiempo y la participación de los abogados, sino que
también debe tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o
constantes”.
3. El TC en el Expediente citado anteriormente, estableció 2 reglas, a saber, con
referencia al pago de costos procesales.
a) La primera regla se aplica cuando no se ha demostrado el pago del
impuesto a la renta y consiste en que para determinar el monto de los
honorarios no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación
de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios
relevantes, tales como el éxito obtenido y su trascendencia, la novedad o
dificultad de la cuestión debatida, y si los servicios profesionales fueron
aislados, fijos o constantes. La negrilla es nuestra.
b) La segunda Regla se aplica cuando el juez de ejecución requiere el pago del
impuesto a la renta o en autos se encuentra probado que este impuesto ha
sido pagado y consiste en que si se abonó el impuesto referido por el servicio
profesional prestado, no resulta razonable que el juez regule el monto de los
costos, pues justamente el pago de impuesto a la renta tiene como base
imponible el monto pactado de los costos (servicios profesionales) que se
reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe ser el íntegro del
porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, el juez de
ejecución no puede fijar una suma inferior.
En dicha línea, al no haber presentado el pago del impuesto a la renta, corresponde
aplicar la primera regla.
4. De la revisión de autos, se advierte:
a) Con fecha 17.05.2011 el actor planteó su demanda de Acción de Amparo
b) La demandada, con fecha 16.10.2012, absolvió la demanda.
c) Se emitió sentencia con fecha 23.05.2013 declarando Infundada la demanda,
siendo apelada por el demandante.
d) Por Resolución de vista de fecha 05.06.2014 la Quinta Sala Civil, revoco la
sentencia de primer grado y reformándola declara fundada la demanda.
e) Por resolución N°13 de fecha 23.01.2015 se da cuenta el expediente remitido
por la Quinta Sala Civil.
5. El presente proceso constitucional tuvo como objetivo que la demandada
cumpla con pagar al actor el beneficio de seguro de vida faltante equivalente a 8.468 UIT con el valor actualizado, es decir, con el valor de
la UIT vigente a la fecha de pago, más los intereses legales y costos del
proceso.
6. Que el proceso se tramitó en dos Instancias.
Que el proceso se inició el 17.05.2011 y que a la fecha la sentencia materia de
ejecución, no se encuentra ejecutada en todos sus extremos. Conforme se advierte de
la presente, en la que se viene liquidando los costos.
Ahora, en ejecución también necesita asesoría para efectivizar el cobro de costos.
7. Que los Abogados a la fecha ha presentado 03 escritos, como es:
1) Demanda.
2) Escrito de fecha 20.03.2013 absuelve excepciones
3) Escrito de fecha 01.07.2013 interpone recurso de apelación contra sentencia.
4) Escrito 21.11.2014 requiere cumplimiento se sentencia.
5) Escrito de fecha 16.09.2016 solicita endose de consignación.
6) Escrito de fecha 30.05.2017 se requiera el pago de devengados.
De lo que advierte la actividad de los Abogados, para defender los derechos
conculcados de su patrocinada.
8. Asimismo, debe tenerse cuenta que, para fijar los costos, no sólo el tiempo de
la duración del proceso, si bien, el tema no es complejo debido a la existencia
de abundante jurisprudencia del TC, sin embargo, el proceso ha transcurrido
por dos Instancias, debido a que la pretensión del demandante fue desestima
do en primera instancia.
Por lo que es claro que ha tenido mayores gastos para lograr el éxito en su reclamo, lo
que ocurrió cuando la Sala Superior que revoco la sentencia de primer grado y
reformándola declaro fundada la demanda.
9. Luego de lo expuesto, se puede concluir que estando a los ítems antes
desarrollados, como la duración del proceso, el éxito alcanzado este Despacho
concluye que el monto por todo concepto de los costos a favor del actor debe
ser fijado en el monto de S/. 2,000.00.
10. Además, la demandada debe asumir las consecuencias de no haber cumplido
con otorgar el reintegro de seguro de vida en forma completa, por lo que tuvo
que recurrir al Poder Judicial a fin de que se le restituya sus derechos
conculcados.
Decisión:
Por tales razones: Se fija los costos procesales en la suma de S/.2,000.00 Soles, más el 5% destinado al
Fondo Mutual del Colegio de Abogados de Lima.
Avocándose al conocimiento del proceso la Magistrada que suscribe por disposición
superior. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 09152-2011-0-1801-JR-CI-05
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : RAMIREZ NINO DE GUZMAN, JORGE LUIS
ESPECIALISTA : TAIPE SALAZAR, RAUL
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU SUB UNIDAD
EJECUTORA II ADMINISTRACION GENERAL ,
DEMANDANTE : CUZCANO MUNAYCO, JESUS ALBERTO
Resolución Nro.29
Lima, 30 de mayo de 2022.
Dado cuenta en la fecha por la excesiva carga procesal que afronta el Juzgado.
AUTOS Y VISTOS
Pedido:
De Oficio se expide la siguiente resolución.
Fundamentos del pedido.
Por resolución 23 de fecha 20.03.2018 se requirió a la demandante a fin de que dentro
del segundo día cumpla con proponer los costos procesales.
No obstante, de encontrarse válidamente notificado conforme se advierte del cargo
corriente en autos, la demandante no cumplió con absolver, por lo que haciéndose
efectivo el apercibimiento se procede a fijar de oficio
Fundamentación de la decisión.
1. Al respecto, prescribe el artículo 56° del Código Procesal Constitucional
(aplicable al caso de autos en virtud de la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley N°31307) “Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad,
funcionario o persona demandada. Si el amparo fuese desestimado por el
Juez, este podrá condenar al demandante el pago de costas y costos cuando
estime que incurrió en manifiesta temeridad (…)”.
2. En tal sentido, para fijar los costos procesales debe valorarse la duración de
proceso, las instancias en que se litigó y elementos como la naturaleza de la
pretensión y su complejidad (la dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas
en el proceso), la intervención de letrado en el proceso, el nivel de elaboración
de los escritos presentados, que son factores relevantes a tener en cuenta al efectuar la liquidación de honorarios profesionales del abogado. Además, se
debe tener en cuenta el criterio señalado, por el Tribunal Constitucional en la
STC N° 00052-2010-PA/TC de fecha 27 de marzo de 2013, que precisó lo
siguiente:
“(…) este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el
monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe
valorarse la razón de tiempo y la participación de los abogados, sino que
también debe tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o
constantes”.
3. El TC en el Expediente citado anteriormente, estableció 2 reglas, a saber, con
referencia al pago de costos procesales.
a) La primera regla se aplica cuando no se ha demostrado el pago del
impuesto a la renta y consiste en que para determinar el monto de los
honorarios no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación
de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios
relevantes, tales como el éxito obtenido y su trascendencia, la novedad o
dificultad de la cuestión debatida, y si los servicios profesionales fueron
aislados, fijos o constantes. La negrilla es nuestra.
b) La segunda Regla se aplica cuando el juez de ejecución requiere el pago del
impuesto a la renta o en autos se encuentra probado que este impuesto ha
sido pagado y consiste en que si se abonó el impuesto referido por el servicio
profesional prestado, no resulta razonable que el juez regule el monto de los
costos, pues justamente el pago de impuesto a la renta tiene como base
imponible el monto pactado de los costos (servicios profesionales) que se
reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe ser el íntegro del
porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, el juez de
ejecución no puede fijar una suma inferior.
En dicha línea, al no haber presentado el pago del impuesto a la renta, corresponde
aplicar la primera regla.
4. De la revisión de autos, se advierte:
a) Con fecha 17.05.2011 el actor planteó su demanda de Acción de Amparo
b) La demandada, con fecha 16.10.2012, absolvió la demanda.
c) Se emitió sentencia con fecha 23.05.2013 declarando Infundada la demanda,
siendo apelada por el demandante.
d) Por Resolución de vista de fecha 05.06.2014 la Quinta Sala Civil, revoco la
sentencia de primer grado y reformándola declara fundada la demanda.
e) Por resolución N°13 de fecha 23.01.2015 se da cuenta el expediente remitido
por la Quinta Sala Civil.
5. El presente proceso constitucional tuvo como objetivo que la demandada
cumpla con pagar al actor el beneficio de seguro de vida faltante equivalente a 8.468 UIT con el valor actualizado, es decir, con el valor de
la UIT vigente a la fecha de pago, más los intereses legales y costos del
proceso.
6. Que el proceso se tramitó en dos Instancias.
Que el proceso se inició el 17.05.2011 y que a la fecha la sentencia materia de
ejecución, no se encuentra ejecutada en todos sus extremos. Conforme se advierte de
la presente, en la que se viene liquidando los costos.
Ahora, en ejecución también necesita asesoría para efectivizar el cobro de costos.
7. Que los Abogados a la fecha ha presentado 03 escritos, como es:
1) Demanda.
2) Escrito de fecha 20.03.2013 absuelve excepciones
3) Escrito de fecha 01.07.2013 interpone recurso de apelación contra sentencia.
4) Escrito 21.11.2014 requiere cumplimiento se sentencia.
5) Escrito de fecha 16.09.2016 solicita endose de consignación.
6) Escrito de fecha 30.05.2017 se requiera el pago de devengados.
De lo que advierte la actividad de los Abogados, para defender los derechos
conculcados de su patrocinada.
8. Asimismo, debe tenerse cuenta que, para fijar los costos, no sólo el tiempo de
la duración del proceso, si bien, el tema no es complejo debido a la existencia
de abundante jurisprudencia del TC, sin embargo, el proceso ha transcurrido
por dos Instancias, debido a que la pretensión del demandante fue desestima
do en primera instancia.
Por lo que es claro que ha tenido mayores gastos para lograr el éxito en su reclamo, lo
que ocurrió cuando la Sala Superior que revoco la sentencia de primer grado y
reformándola declaro fundada la demanda.
9. Luego de lo expuesto, se puede concluir que estando a los ítems antes
desarrollados, como la duración del proceso, el éxito alcanzado este Despacho
concluye que el monto por todo concepto de los costos a favor del actor debe
ser fijado en el monto de S/. 2,000.00.
10. Además, la demandada debe asumir las consecuencias de no haber cumplido
con otorgar el reintegro de seguro de vida en forma completa, por lo que tuvo
que recurrir al Poder Judicial a fin de que se le restituya sus derechos
conculcados.
Decisión:
Por tales razones: Se fija los costos procesales en la suma de S/.2,000.00 Soles, más el 5% destinado al
Fondo Mutual del Colegio de Abogados de Lima.
Avocándose al conocimiento del proceso la Magistrada que suscribe por disposición
superior. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 09152-2011-0-1801-JR-CI-05
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : RAMIREZ NINO DE GUZMAN, JORGE LUIS
ESPECIALISTA : TAIPE SALAZAR, RAUL
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU SUB UNIDAD
EJECUTORA II ADMINISTRACION GENERAL ,
DEMANDANTE : CUZCANO MUNAYCO, JESUS ALBERTO
Resolución Nro.29
Lima, 30 de mayo de 2022.
Dado cuenta en la fecha por la excesiva carga procesal que afronta el Juzgado.
AUTOS Y VISTOS
Pedido:
De Oficio se expide la siguiente resolución.
Fundamentos del pedido.
Por resolución 23 de fecha 20.03.2018 se requirió a la demandante a fin de que dentro
del segundo día cumpla con proponer los costos procesales.
No obstante, de encontrarse válidamente notificado conforme se advierte del cargo
corriente en autos, la demandante no cumplió con absolver, por lo que haciéndose
efectivo el apercibimiento se procede a fijar de oficio
Fundamentación de la decisión.
1. Al respecto, prescribe el artículo 56° del Código Procesal Constitucional
(aplicable al caso de autos en virtud de la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley N°31307) “Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad,
funcionario o persona demandada. Si el amparo fuese desestimado por el
Juez, este podrá condenar al demandante el pago de costas y costos cuando
estime que incurrió en manifiesta temeridad (…)”.
2. En tal sentido, para fijar los costos procesales debe valorarse la duración de
proceso, las instancias en que se litigó y elementos como la naturaleza de la
pretensión y su complejidad (la dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas
en el proceso), la intervención de letrado en el proceso, el nivel de elaboración
de los escritos presentados, que son factores relevantes a tener en cuenta al efectuar la liquidación de honorarios profesionales del abogado. Además, se
debe tener en cuenta el criterio señalado, por el Tribunal Constitucional en la
STC N° 00052-2010-PA/TC de fecha 27 de marzo de 2013, que precisó lo
siguiente:
“(…) este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el
monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe
valorarse la razón de tiempo y la participación de los abogados, sino que
también debe tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o
constantes”.
3. El TC en el Expediente citado anteriormente, estableció 2 reglas, a saber, con
referencia al pago de costos procesales.
a) La primera regla se aplica cuando no se ha demostrado el pago del
impuesto a la renta y consiste en que para determinar el monto de los
honorarios no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación
de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios
relevantes, tales como el éxito obtenido y su trascendencia, la novedad o
dificultad de la cuestión debatida, y si los servicios profesionales fueron
aislados, fijos o constantes. La negrilla es nuestra.
b) La segunda Regla se aplica cuando el juez de ejecución requiere el pago del
impuesto a la renta o en autos se encuentra probado que este impuesto ha
sido pagado y consiste en que si se abonó el impuesto referido por el servicio
profesional prestado, no resulta razonable que el juez regule el monto de los
costos, pues justamente el pago de impuesto a la renta tiene como base
imponible el monto pactado de los costos (servicios profesionales) que se
reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe ser el íntegro del
porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, el juez de
ejecución no puede fijar una suma inferior.
En dicha línea, al no haber presentado el pago del impuesto a la renta, corresponde
aplicar la primera regla.
4. De la revisión de autos, se advierte:
a) Con fecha 17.05.2011 el actor planteó su demanda de Acción de Amparo
b) La demandada, con fecha 16.10.2012, absolvió la demanda.
c) Se emitió sentencia con fecha 23.05.2013 declarando Infundada la demanda,
siendo apelada por el demandante.
d) Por Resolución de vista de fecha 05.06.2014 la Quinta Sala Civil, revoco la
sentencia de primer grado y reformándola declara fundada la demanda.
e) Por resolución N°13 de fecha 23.01.2015 se da cuenta el expediente remitido
por la Quinta Sala Civil.
5. El presente proceso constitucional tuvo como objetivo que la demandada
cumpla con pagar al actor el beneficio de seguro de vida faltante equivalente a 8.468 UIT con el valor actualizado, es decir, con el valor de
la UIT vigente a la fecha de pago, más los intereses legales y costos del
proceso.
6. Que el proceso se tramitó en dos Instancias.
Que el proceso se inició el 17.05.2011 y que a la fecha la sentencia materia de
ejecución, no se encuentra ejecutada en todos sus extremos. Conforme se advierte de
la presente, en la que se viene liquidando los costos.
Ahora, en ejecución también necesita asesoría para efectivizar el cobro de costos.
7. Que los Abogados a la fecha ha presentado 03 escritos, como es:
1) Demanda.
2) Escrito de fecha 20.03.2013 absuelve excepciones
3) Escrito de fecha 01.07.2013 interpone recurso de apelación contra sentencia.
4) Escrito 21.11.2014 requiere cumplimiento se sentencia.
5) Escrito de fecha 16.09.2016 solicita endose de consignación.
6) Escrito de fecha 30.05.2017 se requiera el pago de devengados.
De lo que advierte la actividad de los Abogados, para defender los derechos
conculcados de su patrocinada.
8. Asimismo, debe tenerse cuenta que, para fijar los costos, no sólo el tiempo de
la duración del proceso, si bien, el tema no es complejo debido a la existencia
de abundante jurisprudencia del TC, sin embargo, el proceso ha transcurrido
por dos Instancias, debido a que la pretensión del demandante fue desestima
do en primera instancia.
Por lo que es claro que ha tenido mayores gastos para lograr el éxito en su reclamo, lo
que ocurrió cuando la Sala Superior que revoco la sentencia de primer grado y
reformándola declaro fundada la demanda.
9. Luego de lo expuesto, se puede concluir que estando a los ítems antes
desarrollados, como la duración del proceso, el éxito alcanzado este Despacho
concluye que el monto por todo concepto de los costos a favor del actor debe
ser fijado en el monto de S/. 2,000.00.
10. Además, la demandada debe asumir las consecuencias de no haber cumplido
con otorgar el reintegro de seguro de vida en forma completa, por lo que tuvo
que recurrir al Poder Judicial a fin de que se le restituya sus derechos
conculcados.
Decisión:
Por tales razones: Se fija los costos procesales en la suma de S/.2,000.00 Soles, más el 5% destinado al
Fondo Mutual del Colegio de Abogados de Lima.
Avocándose al conocimiento del proceso la Magistrada que suscribe por disposición
superior. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 09152-2011-0-1801-JR-CI-05
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : RAMIREZ NINO DE GUZMAN, JORGE LUIS
ESPECIALISTA : TAIPE SALAZAR, RAUL
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU SUB UNIDAD
EJECUTORA II ADMINISTRACION GENERAL ,
DEMANDANTE : CUZCANO MUNAYCO, JESUS ALBERTO
Resolución Nro.29
Lima, 30 de mayo de 2022.
Dado cuenta en la fecha por la excesiva carga procesal que afronta el Juzgado.
AUTOS Y VISTOS
Pedido:
De Oficio se expide la siguiente resolución.
Fundamentos del pedido.
Por resolución 23 de fecha 20.03.2018 se requirió a la demandante a fin de que dentro
del segundo día cumpla con proponer los costos procesales.
No obstante, de encontrarse válidamente notificado conforme se advierte del cargo
corriente en autos, la demandante no cumplió con absolver, por lo que haciéndose
efectivo el apercibimiento se procede a fijar de oficio
Fundamentación de la decisión.
1. Al respecto, prescribe el artículo 56° del Código Procesal Constitucional
(aplicable al caso de autos en virtud de la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley N°31307) “Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad,
funcionario o persona demandada. Si el amparo fuese desestimado por el
Juez, este podrá condenar al demandante el pago de costas y costos cuando
estime que incurrió en manifiesta temeridad (…)”.
2. En tal sentido, para fijar los costos procesales debe valorarse la duración de
proceso, las instancias en que se litigó y elementos como la naturaleza de la
pretensión y su complejidad (la dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas
en el proceso), la intervención de letrado en el proceso, el nivel de elaboración
de los escritos presentados, que son factores relevantes a tener en cuenta al efectuar la liquidación de honorarios profesionales del abogado. Además, se
debe tener en cuenta el criterio señalado, por el Tribunal Constitucional en la
STC N° 00052-2010-PA/TC de fecha 27 de marzo de 2013, que precisó lo
siguiente:
“(…) este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el
monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe
valorarse la razón de tiempo y la participación de los abogados, sino que
también debe tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o
constantes”.
3. El TC en el Expediente citado anteriormente, estableció 2 reglas, a saber, con
referencia al pago de costos procesales.
a) La primera regla se aplica cuando no se ha demostrado el pago del
impuesto a la renta y consiste en que para determinar el monto de los
honorarios no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación
de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios
relevantes, tales como el éxito obtenido y su trascendencia, la novedad o
dificultad de la cuestión debatida, y si los servicios profesionales fueron
aislados, fijos o constantes. La negrilla es nuestra.
b) La segunda Regla se aplica cuando el juez de ejecución requiere el pago del
impuesto a la renta o en autos se encuentra probado que este impuesto ha
sido pagado y consiste en que si se abonó el impuesto referido por el servicio
profesional prestado, no resulta razonable que el juez regule el monto de los
costos, pues justamente el pago de impuesto a la renta tiene como base
imponible el monto pactado de los costos (servicios profesionales) que se
reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe ser el íntegro del
porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, el juez de
ejecución no puede fijar una suma inferior.
En dicha línea, al no haber presentado el pago del impuesto a la renta, corresponde
aplicar la primera regla.
4. De la revisión de autos, se advierte:
a) Con fecha 17.05.2011 el actor planteó su demanda de Acción de Amparo
b) La demandada, con fecha 16.10.2012, absolvió la demanda.
c) Se emitió sentencia con fecha 23.05.2013 declarando Infundada la demanda,
siendo apelada por el demandante.
d) Por Resolución de vista de fecha 05.06.2014 la Quinta Sala Civil, revoco la
sentencia de primer grado y reformándola declara fundada la demanda.
e) Por resolución N°13 de fecha 23.01.2015 se da cuenta el expediente remitido
por la Quinta Sala Civil.
5. El presente proceso constitucional tuvo como objetivo que la demandada
cumpla con pagar al actor el beneficio de seguro de vida faltante equivalente a 8.468 UIT con el valor actualizado, es decir, con el valor de
la UIT vigente a la fecha de pago, más los intereses legales y costos del
proceso.
6. Que el proceso se tramitó en dos Instancias.
Que el proceso se inició el 17.05.2011 y que a la fecha la sentencia materia de
ejecución, no se encuentra ejecutada en todos sus extremos. Conforme se advierte de
la presente, en la que se viene liquidando los costos.
Ahora, en ejecución también necesita asesoría para efectivizar el cobro de costos.
7. Que los Abogados a la fecha ha presentado 03 escritos, como es:
1) Demanda.
2) Escrito de fecha 20.03.2013 absuelve excepciones
3) Escrito de fecha 01.07.2013 interpone recurso de apelación contra sentencia.
4) Escrito 21.11.2014 requiere cumplimiento se sentencia.
5) Escrito de fecha 16.09.2016 solicita endose de consignación.
6) Escrito de fecha 30.05.2017 se requiera el pago de devengados.
De lo que advierte la actividad de los Abogados, para defender los derechos
conculcados de su patrocinada.
8. Asimismo, debe tenerse cuenta que, para fijar los costos, no sólo el tiempo de
la duración del proceso, si bien, el tema no es complejo debido a la existencia
de abundante jurisprudencia del TC, sin embargo, el proceso ha transcurrido
por dos Instancias, debido a que la pretensión del demandante fue desestima
do en primera instancia.
Por lo que es claro que ha tenido mayores gastos para lograr el éxito en su reclamo, lo
que ocurrió cuando la Sala Superior que revoco la sentencia de primer grado y
reformándola declaro fundada la demanda.
9. Luego de lo expuesto, se puede concluir que estando a los ítems antes
desarrollados, como la duración del proceso, el éxito alcanzado este Despacho
concluye que el monto por todo concepto de los costos a favor del actor debe
ser fijado en el monto de S/. 2,000.00.
10. Además, la demandada debe asumir las consecuencias de no haber cumplido
con otorgar el reintegro de seguro de vida en forma completa, por lo que tuvo
que recurrir al Poder Judicial a fin de que se le restituya sus derechos
conculcados.
Decisión:
Por tales razones: Se fija los costos procesales en la suma de S/.2,000.00 Soles, más el 5% destinado al
Fondo Mutual del Colegio de Abogados de Lima.
Avocándose al conocimiento del proceso la Magistrada que suscribe por disposición
superior. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 09152-2011-0-1801-JR-CI-05
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : RAMIREZ NINO DE GUZMAN, JORGE LUIS
ESPECIALISTA : TAIPE SALAZAR, RAUL
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU SUB UNIDAD
EJECUTORA II ADMINISTRACION GENERAL ,
DEMANDANTE : CUZCANO MUNAYCO, JESUS ALBERTO
Resolución Nro.29
Lima, 30 de mayo de 2022.
Dado cuenta en la fecha por la excesiva carga procesal que afronta el Juzgado.
AUTOS Y VISTOS
Pedido:
De Oficio se expide la siguiente resolución.
Fundamentos del pedido.
Por resolución 23 de fecha 20.03.2018 se requirió a la demandante a fin de que dentro
del segundo día cumpla con proponer los costos procesales.
No obstante, de encontrarse válidamente notificado conforme se advierte del cargo
corriente en autos, la demandante no cumplió con absolver, por lo que haciéndose
efectivo el apercibimiento se procede a fijar de oficio
Fundamentación de la decisión.
1. Al respecto, prescribe el artículo 56° del Código Procesal Constitucional
(aplicable al caso de autos en virtud de la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley N°31307) “Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad,
funcionario o persona demandada. Si el amparo fuese desestimado por el
Juez, este podrá condenar al demandante el pago de costas y costos cuando
estime que incurrió en manifiesta temeridad (…)”.
2. En tal sentido, para fijar los costos procesales debe valorarse la duración de
proceso, las instancias en que se litigó y elementos como la naturaleza de la
pretensión y su complejidad (la dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas
en el proceso), la intervención de letrado en el proceso, el nivel de elaboración
de los escritos presentados, que son factores relevantes a tener en cuenta al efectuar la liquidación de honorarios profesionales del abogado. Además, se
debe tener en cuenta el criterio señalado, por el Tribunal Constitucional en la
STC N° 00052-2010-PA/TC de fecha 27 de marzo de 2013, que precisó lo
siguiente:
“(…) este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el
monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe
valorarse la razón de tiempo y la participación de los abogados, sino que
también debe tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o
constantes”.
3. El TC en el Expediente citado anteriormente, estableció 2 reglas, a saber, con
referencia al pago de costos procesales.
a) La primera regla se aplica cuando no se ha demostrado el pago del
impuesto a la renta y consiste en que para determinar el monto de los
honorarios no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación
de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios
relevantes, tales como el éxito obtenido y su trascendencia, la novedad o
dificultad de la cuestión debatida, y si los servicios profesionales fueron
aislados, fijos o constantes. La negrilla es nuestra.
b) La segunda Regla se aplica cuando el juez de ejecución requiere el pago del
impuesto a la renta o en autos se encuentra probado que este impuesto ha
sido pagado y consiste en que si se abonó el impuesto referido por el servicio
profesional prestado, no resulta razonable que el juez regule el monto de los
costos, pues justamente el pago de impuesto a la renta tiene como base
imponible el monto pactado de los costos (servicios profesionales) que se
reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe ser el íntegro del
porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, el juez de
ejecución no puede fijar una suma inferior.
En dicha línea, al no haber presentado el pago del impuesto a la renta, corresponde
aplicar la primera regla.
4. De la revisión de autos, se advierte:
a) Con fecha 17.05.2011 el actor planteó su demanda de Acción de Amparo
b) La demandada, con fecha 16.10.2012, absolvió la demanda.
c) Se emitió sentencia con fecha 23.05.2013 declarando Infundada la demanda,
siendo apelada por el demandante.
d) Por Resolución de vista de fecha 05.06.2014 la Quinta Sala Civil, revoco la
sentencia de primer grado y reformándola declara fundada la demanda.
e) Por resolución N°13 de fecha 23.01.2015 se da cuenta el expediente remitido
por la Quinta Sala Civil.
5. El presente proceso constitucional tuvo como objetivo que la demandada
cumpla con pagar al actor el beneficio de seguro de vida faltante equivalente a 8.468 UIT con el valor actualizado, es decir, con el valor de
la UIT vigente a la fecha de pago, más los intereses legales y costos del
proceso.
6. Que el proceso se tramitó en dos Instancias.
Que el proceso se inició el 17.05.2011 y que a la fecha la sentencia materia de
ejecución, no se encuentra ejecutada en todos sus extremos. Conforme se advierte de
la presente, en la que se viene liquidando los costos.
Ahora, en ejecución también necesita asesoría para efectivizar el cobro de costos.
7. Que los Abogados a la fecha ha presentado 03 escritos, como es:
1) Demanda.
2) Escrito de fecha 20.03.2013 absuelve excepciones
3) Escrito de fecha 01.07.2013 interpone recurso de apelación contra sentencia.
4) Escrito 21.11.2014 requiere cumplimiento se sentencia.
5) Escrito de fecha 16.09.2016 solicita endose de consignación.
6) Escrito de fecha 30.05.2017 se requiera el pago de devengados.
De lo que advierte la actividad de los Abogados, para defender los derechos
conculcados de su patrocinada.
8. Asimismo, debe tenerse cuenta que, para fijar los costos, no sólo el tiempo de
la duración del proceso, si bien, el tema no es complejo debido a la existencia
de abundante jurisprudencia del TC, sin embargo, el proceso ha transcurrido
por dos Instancias, debido a que la pretensión del demandante fue desestima
do en primera instancia.
Por lo que es claro que ha tenido mayores gastos para lograr el éxito en su reclamo, lo
que ocurrió cuando la Sala Superior que revoco la sentencia de primer grado y
reformándola declaro fundada la demanda.
9. Luego de lo expuesto, se puede concluir que estando a los ítems antes
desarrollados, como la duración del proceso, el éxito alcanzado este Despacho
concluye que el monto por todo concepto de los costos a favor del actor debe
ser fijado en el monto de S/. 2,000.00.
10. Además, la demandada debe asumir las consecuencias de no haber cumplido
con otorgar el reintegro de seguro de vida en forma completa, por lo que tuvo
que recurrir al Poder Judicial a fin de que se le restituya sus derechos
conculcados.
Decisión:
Por tales razones: Se fija los costos procesales en la suma de S/.2,000.00 Soles, más el 5% destinado al
Fondo Mutual del Colegio de Abogados de Lima.
Avocándose al conocimiento del proceso la Magistrada que suscribe por disposición
superior. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 5° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 09152-2011-0-1801-JR-CI-05
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : RAMIREZ NINO DE GUZMAN, JORGE LUIS
ESPECIALISTA : TAIPE SALAZAR, RAUL
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU SUB UNIDAD
EJECUTORA II ADMINISTRACION GENERAL ,
DEMANDANTE : CUZCANO MUNAYCO, JESUS ALBERTO
Resolución Nro.29
Lima, 30 de mayo de 2022.
Dado cuenta en la fecha por la excesiva carga procesal que afronta el Juzgado.
AUTOS Y VISTOS
Pedido:
De Oficio se expide la siguiente resolución.
Fundamentos del pedido.
Por resolución 23 de fecha 20.03.2018 se requirió a la demandante a fin de que dentro
del segundo día cumpla con proponer los costos procesales.
No obstante, de encontrarse válidamente notificado conforme se advierte del cargo
corriente en autos, la demandante no cumplió con absolver, por lo que haciéndose
efectivo el apercibimiento se procede a fijar de oficio
Fundamentación de la decisión.
1. Al respecto, prescribe el artículo 56° del Código Procesal Constitucional
(aplicable al caso de autos en virtud de la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley N°31307) “Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad,
funcionario o persona demandada. Si el amparo fuese desestimado por el
Juez, este podrá condenar al demandante el pago de costas y costos cuando
estime que incurrió en manifiesta temeridad (…)”.
2. En tal sentido, para fijar los costos procesales debe valorarse la duración de
proceso, las instancias en que se litigó y elementos como la naturaleza de la
pretensión y su complejidad (la dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas
en el proceso), la intervención de letrado en el proceso, el nivel de elaboración
de los escritos presentados, que son factores relevantes a tener en cuenta al efectuar la liquidación de honorarios profesionales del abogado. Además, se
debe tener en cuenta el criterio señalado, por el Tribunal Constitucional en la
STC N° 00052-2010-PA/TC de fecha 27 de marzo de 2013, que precisó lo
siguiente:
“(…) este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el
monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe
valorarse la razón de tiempo y la participación de los abogados, sino que
también debe tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o
constantes”.
3. El TC en el Expediente citado anteriormente, estableció 2 reglas, a saber, con
referencia al pago de costos procesales.
a) La primera regla se aplica cuando no se ha demostrado el pago del
impuesto a la renta y consiste en que para determinar el monto de los
honorarios no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación
de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios
relevantes, tales como el éxito obtenido y su trascendencia, la novedad o
dificultad de la cuestión debatida, y si los servicios profesionales fueron
aislados, fijos o constantes. La negrilla es nuestra.
b) La segunda Regla se aplica cuando el juez de ejecución requiere el pago del
impuesto a la renta o en autos se encuentra probado que este impuesto ha
sido pagado y consiste en que si se abonó el impuesto referido por el servicio
profesional prestado, no resulta razonable que el juez regule el monto de los
costos, pues justamente el pago de impuesto a la renta tiene como base
imponible el monto pactado de los costos (servicios profesionales) que se
reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe ser el íntegro del
porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, el juez de
ejecución no puede fijar una suma inferior.
En dicha línea, al no haber presentado el pago del impuesto a la renta, corresponde
aplicar la primera regla.
4. De la revisión de autos, se advierte:
a) Con fecha 17.05.2011 el actor planteó su demanda de Acción de Amparo
b) La demandada, con fecha 16.10.2012, absolvió la demanda.
c) Se emitió sentencia con fecha 23.05.2013 declarando Infundada la demanda,
siendo apelada por el demandante.
d) Por Resolución de vista de fecha 05.06.2014 la Quinta Sala Civil, revoco la
sentencia de primer grado y reformándola declara fundada la demanda.
e) Por resolución N°13 de fecha 23.01.2015 se da cuenta el expediente remitido
por la Quinta Sala Civil.
5. El presente proceso constitucional tuvo como objetivo que la demandada
cumpla con pagar al actor el beneficio de seguro de vida faltante equivalente a 8.468 UIT con el valor actualizado, es decir, con el valor de
la UIT vigente a la fecha de pago, más los intereses legales y costos del
proceso.
6. Que el proceso se tramitó en dos Instancias.
Que el proceso se inició el 17.05.2011 y que a la fecha la sentencia materia de
ejecución, no se encuentra ejecutada en todos sus extremos. Conforme se advierte de
la presente, en la que se viene liquidando los costos.
Ahora, en ejecución también necesita asesoría para efectivizar el cobro de costos.
7. Que los Abogados a la fecha ha presentado 03 escritos, como es:
1) Demanda.
2) Escrito de fecha 20.03.2013 absuelve excepciones
3) Escrito de fecha 01.07.2013 interpone recurso de apelación contra sentencia.
4) Escrito 21.11.2014 requiere cumplimiento se sentencia.
5) Escrito de fecha 16.09.2016 solicita endose de consignación.
6) Escrito de fecha 30.05.2017 se requiera el pago de devengados.
De lo que advierte la actividad de los Abogados, para defender los derechos
conculcados de su patrocinada.
8. Asimismo, debe tenerse cuenta que, para fijar los costos, no sólo el tiempo de
la duración del proceso, si bien, el tema no es complejo debido a la existencia
de abundante jurisprudencia del TC, sin embargo, el proceso ha transcurrido
por dos Instancias, debido a que la pretensión del demandante fue desestima
do en primera instancia.
Por lo que es claro que ha tenido mayores gastos para lograr el éxito en su reclamo, lo
que ocurrió cuando la Sala Superior que revoco la sentencia de primer grado y
reformándola declaro fundada la demanda.
9. Luego de lo expuesto, se puede concluir que estando a los ítems antes
desarrollados, como la duración del proceso, el éxito alcanzado este Despacho
concluye que el monto por todo concepto de los costos a favor del actor debe
ser fijado en el monto de S/. 2,000.00.
10. Además, la demandada debe asumir las consecuencias de no haber cumplido
con otorgar el reintegro de seguro de vida en forma completa, por lo que tuvo
que recurrir al Poder Judicial a fin de que se le restituya sus derechos
conculcados.
Decisión:
Por tales razones: Se fija los costos procesales en la suma de S/.2,000.00 Soles, más el 5% destinado al
Fondo Mutual del Colegio de Abogados de Lima.
Avocándose al conocimiento del proceso la Magistrada que suscribe por disposición
superior. |
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MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : RAMIREZ NINO DE GUZMAN, JORGE LUIS
ESPECIALISTA : TAIPE SALAZAR, RAUL
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU SUB UNIDAD
EJECUTORA II ADMINISTRACION GENERAL ,
DEMANDANTE : CUZCANO MUNAYCO, JESUS ALBERTO
Resolución Nro.29
Lima, 30 de mayo de 2022.
Dado cuenta en la fecha por la excesiva carga procesal que afronta el Juzgado.
AUTOS Y VISTOS
Pedido:
De Oficio se expide la siguiente resolución.
Fundamentos del pedido.
Por resolución 23 de fecha 20.03.2018 se requirió a la demandante a fin de que dentro
del segundo día cumpla con proponer los costos procesales.
No obstante, de encontrarse válidamente notificado conforme se advierte del cargo
corriente en autos, la demandante no cumplió con absolver, por lo que haciéndose
efectivo el apercibimiento se procede a fijar de oficio
Fundamentación de la decisión.
1. Al respecto, prescribe el artículo 56° del Código Procesal Constitucional
(aplicable al caso de autos en virtud de la Primera Disposición Complementaria
Final de la Ley N°31307) “Si la sentencia declara fundada la demanda, se
impondrán las costas y costos que el Juez establezca a la autoridad,
funcionario o persona demandada. Si el amparo fuese desestimado por el
Juez, este podrá condenar al demandante el pago de costas y costos cuando
estime que incurrió en manifiesta temeridad (…)”.
2. En tal sentido, para fijar los costos procesales debe valorarse la duración de
proceso, las instancias en que se litigó y elementos como la naturaleza de la
pretensión y su complejidad (la dificultad de las cuestiones jurídicas debatidas
en el proceso), la intervención de letrado en el proceso, el nivel de elaboración
de los escritos presentados, que son factores relevantes a tener en cuenta al efectuar la liquidación de honorarios profesionales del abogado. Además, se
debe tener en cuenta el criterio señalado, por el Tribunal Constitucional en la
STC N° 00052-2010-PA/TC de fecha 27 de marzo de 2013, que precisó lo
siguiente:
“(…) este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el
monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe
valorarse la razón de tiempo y la participación de los abogados, sino que
también debe tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el
éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o
constantes”.
3. El TC en el Expediente citado anteriormente, estableció 2 reglas, a saber, con
referencia al pago de costos procesales.
a) La primera regla se aplica cuando no se ha demostrado el pago del
impuesto a la renta y consiste en que para determinar el monto de los
honorarios no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación
de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios
relevantes, tales como el éxito obtenido y su trascendencia, la novedad o
dificultad de la cuestión debatida, y si los servicios profesionales fueron
aislados, fijos o constantes. La negrilla es nuestra.
b) La segunda Regla se aplica cuando el juez de ejecución requiere el pago del
impuesto a la renta o en autos se encuentra probado que este impuesto ha
sido pagado y consiste en que si se abonó el impuesto referido por el servicio
profesional prestado, no resulta razonable que el juez regule el monto de los
costos, pues justamente el pago de impuesto a la renta tiene como base
imponible el monto pactado de los costos (servicios profesionales) que se
reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe ser el íntegro del
porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, el juez de
ejecución no puede fijar una suma inferior.
En dicha línea, al no haber presentado el pago del impuesto a la renta, corresponde
aplicar la primera regla.
4. De la revisión de autos, se advierte:
a) Con fecha 17.05.2011 el actor planteó su demanda de Acción de Amparo
b) La demandada, con fecha 16.10.2012, absolvió la demanda.
c) Se emitió sentencia con fecha 23.05.2013 declarando Infundada la demanda,
siendo apelada por el demandante.
d) Por Resolución de vista de fecha 05.06.2014 la Quinta Sala Civil, revoco la
sentencia de primer grado y reformándola declara fundada la demanda.
e) Por resolución N°13 de fecha 23.01.2015 se da cuenta el expediente remitido
por la Quinta Sala Civil.
5. El presente proceso constitucional tuvo como objetivo que la demandada
cumpla con pagar al actor el beneficio de seguro de vida faltante equivalente a 8.468 UIT con el valor actualizado, es decir, con el valor de
la UIT vigente a la fecha de pago, más los intereses legales y costos del
proceso.
6. Que el proceso se tramitó en dos Instancias.
Que el proceso se inició el 17.05.2011 y que a la fecha la sentencia materia de
ejecución, no se encuentra ejecutada en todos sus extremos. Conforme se advierte de
la presente, en la que se viene liquidando los costos.
Ahora, en ejecución también necesita asesoría para efectivizar el cobro de costos.
7. Que los Abogados a la fecha ha presentado 03 escritos, como es:
1) Demanda.
2) Escrito de fecha 20.03.2013 absuelve excepciones
3) Escrito de fecha 01.07.2013 interpone recurso de apelación contra sentencia.
4) Escrito 21.11.2014 requiere cumplimiento se sentencia.
5) Escrito de fecha 16.09.2016 solicita endose de consignación.
6) Escrito de fecha 30.05.2017 se requiera el pago de devengados.
De lo que advierte la actividad de los Abogados, para defender los derechos
conculcados de su patrocinada.
8. Asimismo, debe tenerse cuenta que, para fijar los costos, no sólo el tiempo de
la duración del proceso, si bien, el tema no es complejo debido a la existencia
de abundante jurisprudencia del TC, sin embargo, el proceso ha transcurrido
por dos Instancias, debido a que la pretensión del demandante fue desestima
do en primera instancia.
Por lo que es claro que ha tenido mayores gastos para lograr el éxito en su reclamo, lo
que ocurrió cuando la Sala Superior que revoco la sentencia de primer grado y
reformándola declaro fundada la demanda.
9. Luego de lo expuesto, se puede concluir que estando a los ítems antes
desarrollados, como la duración del proceso, el éxito alcanzado este Despacho
concluye que el monto por todo concepto de los costos a favor del actor debe
ser fijado en el monto de S/. 2,000.00.
10. Además, la demandada debe asumir las consecuencias de no haber cumplido
con otorgar el reintegro de seguro de vida en forma completa, por lo que tuvo
que recurrir al Poder Judicial a fin de que se le restituya sus derechos
conculcados.
Decisión:
Por tales razones: Se fija los costos procesales en la suma de S/.2,000.00 Soles, más el 5% destinado al
Fondo Mutual del Colegio de Abogados de Lima.
Avocándose al conocimiento del proceso la Magistrada que suscribe por disposición
superior. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA CONSTITUCIONAL
S.S. PAREDES FLORES
TAPIA GONZALES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Expediente N° 09152-2011-97 (Ref. Sala N° 00088-20 18-97)
Resolución N° 04
Lima, veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho.-
Habiéndose analizado y debatido la causa atendida en el presente cuaderno de
apelación, conforme lo prescriben los artículos 131° y 133° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, este Colegiado integrado por los señores Paredes Flores,
Tapia Gonzales, quien interviene como ponente, y Rodríguez Rodríguez, ha
emitido la siguiente decisión:
AUTOS Y VISTOS;
Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, por escrito en copia de folios 50 al 55, contra la Resolución N° 14,
de fecha 06 de julio del año 2015, que corre de folios 40 al 42, que rechaza su
solicitud de que la parte demandante presente su propuesta de liquidación y le
impone multa de 3 URP.
La parte apelante señala como agravio de su pretensión impugnatoria que, al
no existir una suma líquida a pagar, el accionante debió acompañar la
respectiva liquidación con la interposición de la demanda, debiendo el Juzgado
requerir al demandante presente su propuesta de liquidación, hasta que su
representada efectúe la liquidación de parte.
ATENDIENDO:
1. Se aprecia de folios 14 al 18, la copia de sentencia de vista de fecha 05 de
junio de 2014, que revoca la sentencia contenida en la Resolución N° 08 de
fecha 23 de mayo de 2013, que corre en copia de folios 09 al 13, que declaró
infundada la demanda, y reformándola, la declara fundada, y ordena a la parte
emplazada cumpla con pagarle al actor el beneficio del seguro de vida faltante
equivalente a 8.468 UIT, con el valor de la UIT vigente a la fecha de pago, más
los intereses legales y costos del proceso.
2. En etapa de ejecución, el Juzgado de origen a través de la Resolución N° 13
del 23 de enero de 2015, en copia a folios 25-26, requiere a la demandada
cumpla con ejecutar su Resolución Directoral N° 1181-2014 MGP/DAP de
fecha 07 de agosto de 2014 (ver folios 135-137), esto es, con efectuar la
liquidación del reintegro del pago de seguro de vida más el cálculo de los intereses legales, en el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de multa
compulsiva y progresiva, resolución que le fue notificada el 17 de abril de 2015
(ver folio 29), solicitando al Juzgado por escrito del 22 de abril de 2015, obrante
en copia de folios 35 al 37, se requiera al demandante presente su propuesta
de liquidación conforme a ley y que se deje sin el efecto apercibimiento, pedido
que fue declarado infundado a través de la Resolución N° 14 de fecha 06 de
julio de 2015, en copia a folios 40-42, que a la vez le impone a la parte
emplazada multa de 03 URP y le vuelve a requerir cumpla con lo ordenado en
el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta,
resolución que viene en apelación.
3. Si bien de lo anterior se desprende la falta de celeridad de la entidad
demandada, a cumplir con lo ordenado por el Juzgado desde la notificación con
la Resolución N° 13 del 23 de enero de 2015 (17 de abril de 2015), sin
embargo se aprecia de folios 46 al 48, que cumple con remitir la liquidación de
reintegro e intereses legales del seguro de vida del actor que asciende a la
suma de S/. 34,512.71 Nuevos Soles, tal como se señala en el Otrosí de su
escrito de apelación del 07 de octubre de 2015 (ver folio 55), esto es, cumple
con el mandato contenido en la Resolución N° 13 luego de haber sido
notificado con la Resolución N° 14 en octubre de 2015 (ver folio 29), y mucho
antes de ser elevado el presente cuaderno de apelación.
4. Siendo esto así, tenemos que el Juez al expedir la Resolución N° 14 que le
impone multa de 03 URP a la parte emplazada, no cumple con graduar
proporcionalmente el referido apremio legal, cuando es deber de los órganos
encargados de impartir justicia la aplicación de criterios y/o parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad en sus diversos actos jurisdiccionales; por lo
que, en esta oportunidad corresponde graduar la multa impuesta a la parte
demandada de modo proporcional a su comportamiento dilatorio, señalando
además que el condicionamiento que realiza para cumplir el mandato no tiene
sustento pues si bien no existen sumas líquidas, sí son perfectamente
liquidables con un simple cálculo aritmético.
DECISIÓN:
Por los fundamentos glosados, se resuelve:
CONFIRMAR la Resolución N° 14, de fecha 06 de julio del año 2015, que corre
de folios 40 al 42, en el extremo que impone multa a la parte demandada,
Revocando el monto de la multa de 03 URP, y Reformándola en dicho
extremo: Fijaron el monto de la multa en 02 URP. Notifíquese y devuélvanse,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 383° del Código Procesal Civil.
En los seguidos por don Jesús Alberto Cuzcano Munayco con la Procuraduría
Pública de la Marina de Guerra del Perú sobre Proceso de Amparo. |
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PRIMERA SALA CONSTITUCIONAL
S.S. PAREDES FLORES
TAPIA GONZALES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Expediente N° 09152-2011-97 (Ref. Sala N° 00088-20 18-97)
Resolución N° 04
Lima, veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho.-
Habiéndose analizado y debatido la causa atendida en el presente cuaderno de
apelación, conforme lo prescriben los artículos 131° y 133° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, este Colegiado integrado por los señores Paredes Flores,
Tapia Gonzales, quien interviene como ponente, y Rodríguez Rodríguez, ha
emitido la siguiente decisión:
AUTOS Y VISTOS;
Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, por escrito en copia de folios 50 al 55, contra la Resolución N° 14,
de fecha 06 de julio del año 2015, que corre de folios 40 al 42, que rechaza su
solicitud de que la parte demandante presente su propuesta de liquidación y le
impone multa de 3 URP.
La parte apelante señala como agravio de su pretensión impugnatoria que, al
no existir una suma líquida a pagar, el accionante debió acompañar la
respectiva liquidación con la interposición de la demanda, debiendo el Juzgado
requerir al demandante presente su propuesta de liquidación, hasta que su
representada efectúe la liquidación de parte.
ATENDIENDO:
1. Se aprecia de folios 14 al 18, la copia de sentencia de vista de fecha 05 de
junio de 2014, que revoca la sentencia contenida en la Resolución N° 08 de
fecha 23 de mayo de 2013, que corre en copia de folios 09 al 13, que declaró
infundada la demanda, y reformándola, la declara fundada, y ordena a la parte
emplazada cumpla con pagarle al actor el beneficio del seguro de vida faltante
equivalente a 8.468 UIT, con el valor de la UIT vigente a la fecha de pago, más
los intereses legales y costos del proceso.
2. En etapa de ejecución, el Juzgado de origen a través de la Resolución N° 13
del 23 de enero de 2015, en copia a folios 25-26, requiere a la demandada
cumpla con ejecutar su Resolución Directoral N° 1181-2014 MGP/DAP de
fecha 07 de agosto de 2014 (ver folios 135-137), esto es, con efectuar la
liquidación del reintegro del pago de seguro de vida más el cálculo de los intereses legales, en el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de multa
compulsiva y progresiva, resolución que le fue notificada el 17 de abril de 2015
(ver folio 29), solicitando al Juzgado por escrito del 22 de abril de 2015, obrante
en copia de folios 35 al 37, se requiera al demandante presente su propuesta
de liquidación conforme a ley y que se deje sin el efecto apercibimiento, pedido
que fue declarado infundado a través de la Resolución N° 14 de fecha 06 de
julio de 2015, en copia a folios 40-42, que a la vez le impone a la parte
emplazada multa de 03 URP y le vuelve a requerir cumpla con lo ordenado en
el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta,
resolución que viene en apelación.
3. Si bien de lo anterior se desprende la falta de celeridad de la entidad
demandada, a cumplir con lo ordenado por el Juzgado desde la notificación con
la Resolución N° 13 del 23 de enero de 2015 (17 de abril de 2015), sin
embargo se aprecia de folios 46 al 48, que cumple con remitir la liquidación de
reintegro e intereses legales del seguro de vida del actor que asciende a la
suma de S/. 34,512.71 Nuevos Soles, tal como se señala en el Otrosí de su
escrito de apelación del 07 de octubre de 2015 (ver folio 55), esto es, cumple
con el mandato contenido en la Resolución N° 13 luego de haber sido
notificado con la Resolución N° 14 en octubre de 2015 (ver folio 29), y mucho
antes de ser elevado el presente cuaderno de apelación.
4. Siendo esto así, tenemos que el Juez al expedir la Resolución N° 14 que le
impone multa de 03 URP a la parte emplazada, no cumple con graduar
proporcionalmente el referido apremio legal, cuando es deber de los órganos
encargados de impartir justicia la aplicación de criterios y/o parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad en sus diversos actos jurisdiccionales; por lo
que, en esta oportunidad corresponde graduar la multa impuesta a la parte
demandada de modo proporcional a su comportamiento dilatorio, señalando
además que el condicionamiento que realiza para cumplir el mandato no tiene
sustento pues si bien no existen sumas líquidas, sí son perfectamente
liquidables con un simple cálculo aritmético.
DECISIÓN:
Por los fundamentos glosados, se resuelve:
CONFIRMAR la Resolución N° 14, de fecha 06 de julio del año 2015, que corre
de folios 40 al 42, en el extremo que impone multa a la parte demandada,
Revocando el monto de la multa de 03 URP, y Reformándola en dicho
extremo: Fijaron el monto de la multa en 02 URP. Notifíquese y devuélvanse,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 383° del Código Procesal Civil.
En los seguidos por don Jesús Alberto Cuzcano Munayco con la Procuraduría
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PRIMERA SALA CONSTITUCIONAL
S.S. PAREDES FLORES
TAPIA GONZALES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Expediente N° 09152-2011-97 (Ref. Sala N° 00088-20 18-97)
Resolución N° 04
Lima, veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho.-
Habiéndose analizado y debatido la causa atendida en el presente cuaderno de
apelación, conforme lo prescriben los artículos 131° y 133° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, este Colegiado integrado por los señores Paredes Flores,
Tapia Gonzales, quien interviene como ponente, y Rodríguez Rodríguez, ha
emitido la siguiente decisión:
AUTOS Y VISTOS;
Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, por escrito en copia de folios 50 al 55, contra la Resolución N° 14,
de fecha 06 de julio del año 2015, que corre de folios 40 al 42, que rechaza su
solicitud de que la parte demandante presente su propuesta de liquidación y le
impone multa de 3 URP.
La parte apelante señala como agravio de su pretensión impugnatoria que, al
no existir una suma líquida a pagar, el accionante debió acompañar la
respectiva liquidación con la interposición de la demanda, debiendo el Juzgado
requerir al demandante presente su propuesta de liquidación, hasta que su
representada efectúe la liquidación de parte.
ATENDIENDO:
1. Se aprecia de folios 14 al 18, la copia de sentencia de vista de fecha 05 de
junio de 2014, que revoca la sentencia contenida en la Resolución N° 08 de
fecha 23 de mayo de 2013, que corre en copia de folios 09 al 13, que declaró
infundada la demanda, y reformándola, la declara fundada, y ordena a la parte
emplazada cumpla con pagarle al actor el beneficio del seguro de vida faltante
equivalente a 8.468 UIT, con el valor de la UIT vigente a la fecha de pago, más
los intereses legales y costos del proceso.
2. En etapa de ejecución, el Juzgado de origen a través de la Resolución N° 13
del 23 de enero de 2015, en copia a folios 25-26, requiere a la demandada
cumpla con ejecutar su Resolución Directoral N° 1181-2014 MGP/DAP de
fecha 07 de agosto de 2014 (ver folios 135-137), esto es, con efectuar la
liquidación del reintegro del pago de seguro de vida más el cálculo de los intereses legales, en el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de multa
compulsiva y progresiva, resolución que le fue notificada el 17 de abril de 2015
(ver folio 29), solicitando al Juzgado por escrito del 22 de abril de 2015, obrante
en copia de folios 35 al 37, se requiera al demandante presente su propuesta
de liquidación conforme a ley y que se deje sin el efecto apercibimiento, pedido
que fue declarado infundado a través de la Resolución N° 14 de fecha 06 de
julio de 2015, en copia a folios 40-42, que a la vez le impone a la parte
emplazada multa de 03 URP y le vuelve a requerir cumpla con lo ordenado en
el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta,
resolución que viene en apelación.
3. Si bien de lo anterior se desprende la falta de celeridad de la entidad
demandada, a cumplir con lo ordenado por el Juzgado desde la notificación con
la Resolución N° 13 del 23 de enero de 2015 (17 de abril de 2015), sin
embargo se aprecia de folios 46 al 48, que cumple con remitir la liquidación de
reintegro e intereses legales del seguro de vida del actor que asciende a la
suma de S/. 34,512.71 Nuevos Soles, tal como se señala en el Otrosí de su
escrito de apelación del 07 de octubre de 2015 (ver folio 55), esto es, cumple
con el mandato contenido en la Resolución N° 13 luego de haber sido
notificado con la Resolución N° 14 en octubre de 2015 (ver folio 29), y mucho
antes de ser elevado el presente cuaderno de apelación.
4. Siendo esto así, tenemos que el Juez al expedir la Resolución N° 14 que le
impone multa de 03 URP a la parte emplazada, no cumple con graduar
proporcionalmente el referido apremio legal, cuando es deber de los órganos
encargados de impartir justicia la aplicación de criterios y/o parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad en sus diversos actos jurisdiccionales; por lo
que, en esta oportunidad corresponde graduar la multa impuesta a la parte
demandada de modo proporcional a su comportamiento dilatorio, señalando
además que el condicionamiento que realiza para cumplir el mandato no tiene
sustento pues si bien no existen sumas líquidas, sí son perfectamente
liquidables con un simple cálculo aritmético.
DECISIÓN:
Por los fundamentos glosados, se resuelve:
CONFIRMAR la Resolución N° 14, de fecha 06 de julio del año 2015, que corre
de folios 40 al 42, en el extremo que impone multa a la parte demandada,
Revocando el monto de la multa de 03 URP, y Reformándola en dicho
extremo: Fijaron el monto de la multa en 02 URP. Notifíquese y devuélvanse,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 383° del Código Procesal Civil.
En los seguidos por don Jesús Alberto Cuzcano Munayco con la Procuraduría
Pública de la Marina de Guerra del Perú sobre Proceso de Amparo. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA CONSTITUCIONAL
S.S. PAREDES FLORES
TAPIA GONZALES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Expediente N° 09152-2011-97 (Ref. Sala N° 00088-20 18-97)
Resolución N° 04
Lima, veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho.-
Habiéndose analizado y debatido la causa atendida en el presente cuaderno de
apelación, conforme lo prescriben los artículos 131° y 133° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, este Colegiado integrado por los señores Paredes Flores,
Tapia Gonzales, quien interviene como ponente, y Rodríguez Rodríguez, ha
emitido la siguiente decisión:
AUTOS Y VISTOS;
Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, por escrito en copia de folios 50 al 55, contra la Resolución N° 14,
de fecha 06 de julio del año 2015, que corre de folios 40 al 42, que rechaza su
solicitud de que la parte demandante presente su propuesta de liquidación y le
impone multa de 3 URP.
La parte apelante señala como agravio de su pretensión impugnatoria que, al
no existir una suma líquida a pagar, el accionante debió acompañar la
respectiva liquidación con la interposición de la demanda, debiendo el Juzgado
requerir al demandante presente su propuesta de liquidación, hasta que su
representada efectúe la liquidación de parte.
ATENDIENDO:
1. Se aprecia de folios 14 al 18, la copia de sentencia de vista de fecha 05 de
junio de 2014, que revoca la sentencia contenida en la Resolución N° 08 de
fecha 23 de mayo de 2013, que corre en copia de folios 09 al 13, que declaró
infundada la demanda, y reformándola, la declara fundada, y ordena a la parte
emplazada cumpla con pagarle al actor el beneficio del seguro de vida faltante
equivalente a 8.468 UIT, con el valor de la UIT vigente a la fecha de pago, más
los intereses legales y costos del proceso.
2. En etapa de ejecución, el Juzgado de origen a través de la Resolución N° 13
del 23 de enero de 2015, en copia a folios 25-26, requiere a la demandada
cumpla con ejecutar su Resolución Directoral N° 1181-2014 MGP/DAP de
fecha 07 de agosto de 2014 (ver folios 135-137), esto es, con efectuar la
liquidación del reintegro del pago de seguro de vida más el cálculo de los intereses legales, en el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de multa
compulsiva y progresiva, resolución que le fue notificada el 17 de abril de 2015
(ver folio 29), solicitando al Juzgado por escrito del 22 de abril de 2015, obrante
en copia de folios 35 al 37, se requiera al demandante presente su propuesta
de liquidación conforme a ley y que se deje sin el efecto apercibimiento, pedido
que fue declarado infundado a través de la Resolución N° 14 de fecha 06 de
julio de 2015, en copia a folios 40-42, que a la vez le impone a la parte
emplazada multa de 03 URP y le vuelve a requerir cumpla con lo ordenado en
el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta,
resolución que viene en apelación.
3. Si bien de lo anterior se desprende la falta de celeridad de la entidad
demandada, a cumplir con lo ordenado por el Juzgado desde la notificación con
la Resolución N° 13 del 23 de enero de 2015 (17 de abril de 2015), sin
embargo se aprecia de folios 46 al 48, que cumple con remitir la liquidación de
reintegro e intereses legales del seguro de vida del actor que asciende a la
suma de S/. 34,512.71 Nuevos Soles, tal como se señala en el Otrosí de su
escrito de apelación del 07 de octubre de 2015 (ver folio 55), esto es, cumple
con el mandato contenido en la Resolución N° 13 luego de haber sido
notificado con la Resolución N° 14 en octubre de 2015 (ver folio 29), y mucho
antes de ser elevado el presente cuaderno de apelación.
4. Siendo esto así, tenemos que el Juez al expedir la Resolución N° 14 que le
impone multa de 03 URP a la parte emplazada, no cumple con graduar
proporcionalmente el referido apremio legal, cuando es deber de los órganos
encargados de impartir justicia la aplicación de criterios y/o parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad en sus diversos actos jurisdiccionales; por lo
que, en esta oportunidad corresponde graduar la multa impuesta a la parte
demandada de modo proporcional a su comportamiento dilatorio, señalando
además que el condicionamiento que realiza para cumplir el mandato no tiene
sustento pues si bien no existen sumas líquidas, sí son perfectamente
liquidables con un simple cálculo aritmético.
DECISIÓN:
Por los fundamentos glosados, se resuelve:
CONFIRMAR la Resolución N° 14, de fecha 06 de julio del año 2015, que corre
de folios 40 al 42, en el extremo que impone multa a la parte demandada,
Revocando el monto de la multa de 03 URP, y Reformándola en dicho
extremo: Fijaron el monto de la multa en 02 URP. Notifíquese y devuélvanse,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 383° del Código Procesal Civil.
En los seguidos por don Jesús Alberto Cuzcano Munayco con la Procuraduría
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PRIMERA SALA CONSTITUCIONAL
S.S. PAREDES FLORES
TAPIA GONZALES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Expediente N° 09152-2011-97 (Ref. Sala N° 00088-20 18-97)
Resolución N° 04
Lima, veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho.-
Habiéndose analizado y debatido la causa atendida en el presente cuaderno de
apelación, conforme lo prescriben los artículos 131° y 133° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, este Colegiado integrado por los señores Paredes Flores,
Tapia Gonzales, quien interviene como ponente, y Rodríguez Rodríguez, ha
emitido la siguiente decisión:
AUTOS Y VISTOS;
Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, por escrito en copia de folios 50 al 55, contra la Resolución N° 14,
de fecha 06 de julio del año 2015, que corre de folios 40 al 42, que rechaza su
solicitud de que la parte demandante presente su propuesta de liquidación y le
impone multa de 3 URP.
La parte apelante señala como agravio de su pretensión impugnatoria que, al
no existir una suma líquida a pagar, el accionante debió acompañar la
respectiva liquidación con la interposición de la demanda, debiendo el Juzgado
requerir al demandante presente su propuesta de liquidación, hasta que su
representada efectúe la liquidación de parte.
ATENDIENDO:
1. Se aprecia de folios 14 al 18, la copia de sentencia de vista de fecha 05 de
junio de 2014, que revoca la sentencia contenida en la Resolución N° 08 de
fecha 23 de mayo de 2013, que corre en copia de folios 09 al 13, que declaró
infundada la demanda, y reformándola, la declara fundada, y ordena a la parte
emplazada cumpla con pagarle al actor el beneficio del seguro de vida faltante
equivalente a 8.468 UIT, con el valor de la UIT vigente a la fecha de pago, más
los intereses legales y costos del proceso.
2. En etapa de ejecución, el Juzgado de origen a través de la Resolución N° 13
del 23 de enero de 2015, en copia a folios 25-26, requiere a la demandada
cumpla con ejecutar su Resolución Directoral N° 1181-2014 MGP/DAP de
fecha 07 de agosto de 2014 (ver folios 135-137), esto es, con efectuar la
liquidación del reintegro del pago de seguro de vida más el cálculo de los intereses legales, en el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de multa
compulsiva y progresiva, resolución que le fue notificada el 17 de abril de 2015
(ver folio 29), solicitando al Juzgado por escrito del 22 de abril de 2015, obrante
en copia de folios 35 al 37, se requiera al demandante presente su propuesta
de liquidación conforme a ley y que se deje sin el efecto apercibimiento, pedido
que fue declarado infundado a través de la Resolución N° 14 de fecha 06 de
julio de 2015, en copia a folios 40-42, que a la vez le impone a la parte
emplazada multa de 03 URP y le vuelve a requerir cumpla con lo ordenado en
el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta,
resolución que viene en apelación.
3. Si bien de lo anterior se desprende la falta de celeridad de la entidad
demandada, a cumplir con lo ordenado por el Juzgado desde la notificación con
la Resolución N° 13 del 23 de enero de 2015 (17 de abril de 2015), sin
embargo se aprecia de folios 46 al 48, que cumple con remitir la liquidación de
reintegro e intereses legales del seguro de vida del actor que asciende a la
suma de S/. 34,512.71 Nuevos Soles, tal como se señala en el Otrosí de su
escrito de apelación del 07 de octubre de 2015 (ver folio 55), esto es, cumple
con el mandato contenido en la Resolución N° 13 luego de haber sido
notificado con la Resolución N° 14 en octubre de 2015 (ver folio 29), y mucho
antes de ser elevado el presente cuaderno de apelación.
4. Siendo esto así, tenemos que el Juez al expedir la Resolución N° 14 que le
impone multa de 03 URP a la parte emplazada, no cumple con graduar
proporcionalmente el referido apremio legal, cuando es deber de los órganos
encargados de impartir justicia la aplicación de criterios y/o parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad en sus diversos actos jurisdiccionales; por lo
que, en esta oportunidad corresponde graduar la multa impuesta a la parte
demandada de modo proporcional a su comportamiento dilatorio, señalando
además que el condicionamiento que realiza para cumplir el mandato no tiene
sustento pues si bien no existen sumas líquidas, sí son perfectamente
liquidables con un simple cálculo aritmético.
DECISIÓN:
Por los fundamentos glosados, se resuelve:
CONFIRMAR la Resolución N° 14, de fecha 06 de julio del año 2015, que corre
de folios 40 al 42, en el extremo que impone multa a la parte demandada,
Revocando el monto de la multa de 03 URP, y Reformándola en dicho
extremo: Fijaron el monto de la multa en 02 URP. Notifíquese y devuélvanse,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 383° del Código Procesal Civil.
En los seguidos por don Jesús Alberto Cuzcano Munayco con la Procuraduría
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PRIMERA SALA CONSTITUCIONAL
S.S. PAREDES FLORES
TAPIA GONZALES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Expediente N° 09152-2011-97 (Ref. Sala N° 00088-20 18-97)
Resolución N° 04
Lima, veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho.-
Habiéndose analizado y debatido la causa atendida en el presente cuaderno de
apelación, conforme lo prescriben los artículos 131° y 133° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, este Colegiado integrado por los señores Paredes Flores,
Tapia Gonzales, quien interviene como ponente, y Rodríguez Rodríguez, ha
emitido la siguiente decisión:
AUTOS Y VISTOS;
Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, por escrito en copia de folios 50 al 55, contra la Resolución N° 14,
de fecha 06 de julio del año 2015, que corre de folios 40 al 42, que rechaza su
solicitud de que la parte demandante presente su propuesta de liquidación y le
impone multa de 3 URP.
La parte apelante señala como agravio de su pretensión impugnatoria que, al
no existir una suma líquida a pagar, el accionante debió acompañar la
respectiva liquidación con la interposición de la demanda, debiendo el Juzgado
requerir al demandante presente su propuesta de liquidación, hasta que su
representada efectúe la liquidación de parte.
ATENDIENDO:
1. Se aprecia de folios 14 al 18, la copia de sentencia de vista de fecha 05 de
junio de 2014, que revoca la sentencia contenida en la Resolución N° 08 de
fecha 23 de mayo de 2013, que corre en copia de folios 09 al 13, que declaró
infundada la demanda, y reformándola, la declara fundada, y ordena a la parte
emplazada cumpla con pagarle al actor el beneficio del seguro de vida faltante
equivalente a 8.468 UIT, con el valor de la UIT vigente a la fecha de pago, más
los intereses legales y costos del proceso.
2. En etapa de ejecución, el Juzgado de origen a través de la Resolución N° 13
del 23 de enero de 2015, en copia a folios 25-26, requiere a la demandada
cumpla con ejecutar su Resolución Directoral N° 1181-2014 MGP/DAP de
fecha 07 de agosto de 2014 (ver folios 135-137), esto es, con efectuar la
liquidación del reintegro del pago de seguro de vida más el cálculo de los intereses legales, en el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de multa
compulsiva y progresiva, resolución que le fue notificada el 17 de abril de 2015
(ver folio 29), solicitando al Juzgado por escrito del 22 de abril de 2015, obrante
en copia de folios 35 al 37, se requiera al demandante presente su propuesta
de liquidación conforme a ley y que se deje sin el efecto apercibimiento, pedido
que fue declarado infundado a través de la Resolución N° 14 de fecha 06 de
julio de 2015, en copia a folios 40-42, que a la vez le impone a la parte
emplazada multa de 03 URP y le vuelve a requerir cumpla con lo ordenado en
el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta,
resolución que viene en apelación.
3. Si bien de lo anterior se desprende la falta de celeridad de la entidad
demandada, a cumplir con lo ordenado por el Juzgado desde la notificación con
la Resolución N° 13 del 23 de enero de 2015 (17 de abril de 2015), sin
embargo se aprecia de folios 46 al 48, que cumple con remitir la liquidación de
reintegro e intereses legales del seguro de vida del actor que asciende a la
suma de S/. 34,512.71 Nuevos Soles, tal como se señala en el Otrosí de su
escrito de apelación del 07 de octubre de 2015 (ver folio 55), esto es, cumple
con el mandato contenido en la Resolución N° 13 luego de haber sido
notificado con la Resolución N° 14 en octubre de 2015 (ver folio 29), y mucho
antes de ser elevado el presente cuaderno de apelación.
4. Siendo esto así, tenemos que el Juez al expedir la Resolución N° 14 que le
impone multa de 03 URP a la parte emplazada, no cumple con graduar
proporcionalmente el referido apremio legal, cuando es deber de los órganos
encargados de impartir justicia la aplicación de criterios y/o parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad en sus diversos actos jurisdiccionales; por lo
que, en esta oportunidad corresponde graduar la multa impuesta a la parte
demandada de modo proporcional a su comportamiento dilatorio, señalando
además que el condicionamiento que realiza para cumplir el mandato no tiene
sustento pues si bien no existen sumas líquidas, sí son perfectamente
liquidables con un simple cálculo aritmético.
DECISIÓN:
Por los fundamentos glosados, se resuelve:
CONFIRMAR la Resolución N° 14, de fecha 06 de julio del año 2015, que corre
de folios 40 al 42, en el extremo que impone multa a la parte demandada,
Revocando el monto de la multa de 03 URP, y Reformándola en dicho
extremo: Fijaron el monto de la multa en 02 URP. Notifíquese y devuélvanse,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 383° del Código Procesal Civil.
En los seguidos por don Jesús Alberto Cuzcano Munayco con la Procuraduría
Pública de la Marina de Guerra del Perú sobre Proceso de Amparo. |
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PRIMERA SALA CONSTITUCIONAL
S.S. PAREDES FLORES
TAPIA GONZALES
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Expediente N° 09152-2011-97 (Ref. Sala N° 00088-20 18-97)
Resolución N° 04
Lima, veintiuno de mayo del año dos mil dieciocho.-
Habiéndose analizado y debatido la causa atendida en el presente cuaderno de
apelación, conforme lo prescriben los artículos 131° y 133° de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, este Colegiado integrado por los señores Paredes Flores,
Tapia Gonzales, quien interviene como ponente, y Rodríguez Rodríguez, ha
emitido la siguiente decisión:
AUTOS Y VISTOS;
Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, por escrito en copia de folios 50 al 55, contra la Resolución N° 14,
de fecha 06 de julio del año 2015, que corre de folios 40 al 42, que rechaza su
solicitud de que la parte demandante presente su propuesta de liquidación y le
impone multa de 3 URP.
La parte apelante señala como agravio de su pretensión impugnatoria que, al
no existir una suma líquida a pagar, el accionante debió acompañar la
respectiva liquidación con la interposición de la demanda, debiendo el Juzgado
requerir al demandante presente su propuesta de liquidación, hasta que su
representada efectúe la liquidación de parte.
ATENDIENDO:
1. Se aprecia de folios 14 al 18, la copia de sentencia de vista de fecha 05 de
junio de 2014, que revoca la sentencia contenida en la Resolución N° 08 de
fecha 23 de mayo de 2013, que corre en copia de folios 09 al 13, que declaró
infundada la demanda, y reformándola, la declara fundada, y ordena a la parte
emplazada cumpla con pagarle al actor el beneficio del seguro de vida faltante
equivalente a 8.468 UIT, con el valor de la UIT vigente a la fecha de pago, más
los intereses legales y costos del proceso.
2. En etapa de ejecución, el Juzgado de origen a través de la Resolución N° 13
del 23 de enero de 2015, en copia a folios 25-26, requiere a la demandada
cumpla con ejecutar su Resolución Directoral N° 1181-2014 MGP/DAP de
fecha 07 de agosto de 2014 (ver folios 135-137), esto es, con efectuar la
liquidación del reintegro del pago de seguro de vida más el cálculo de los intereses legales, en el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de multa
compulsiva y progresiva, resolución que le fue notificada el 17 de abril de 2015
(ver folio 29), solicitando al Juzgado por escrito del 22 de abril de 2015, obrante
en copia de folios 35 al 37, se requiera al demandante presente su propuesta
de liquidación conforme a ley y que se deje sin el efecto apercibimiento, pedido
que fue declarado infundado a través de la Resolución N° 14 de fecha 06 de
julio de 2015, en copia a folios 40-42, que a la vez le impone a la parte
emplazada multa de 03 URP y le vuelve a requerir cumpla con lo ordenado en
el plazo de 02 días, bajo apercibimiento de duplicar la multa impuesta,
resolución que viene en apelación.
3. Si bien de lo anterior se desprende la falta de celeridad de la entidad
demandada, a cumplir con lo ordenado por el Juzgado desde la notificación con
la Resolución N° 13 del 23 de enero de 2015 (17 de abril de 2015), sin
embargo se aprecia de folios 46 al 48, que cumple con remitir la liquidación de
reintegro e intereses legales del seguro de vida del actor que asciende a la
suma de S/. 34,512.71 Nuevos Soles, tal como se señala en el Otrosí de su
escrito de apelación del 07 de octubre de 2015 (ver folio 55), esto es, cumple
con el mandato contenido en la Resolución N° 13 luego de haber sido
notificado con la Resolución N° 14 en octubre de 2015 (ver folio 29), y mucho
antes de ser elevado el presente cuaderno de apelación.
4. Siendo esto así, tenemos que el Juez al expedir la Resolución N° 14 que le
impone multa de 03 URP a la parte emplazada, no cumple con graduar
proporcionalmente el referido apremio legal, cuando es deber de los órganos
encargados de impartir justicia la aplicación de criterios y/o parámetros de
razonabilidad y proporcionalidad en sus diversos actos jurisdiccionales; por lo
que, en esta oportunidad corresponde graduar la multa impuesta a la parte
demandada de modo proporcional a su comportamiento dilatorio, señalando
además que el condicionamiento que realiza para cumplir el mandato no tiene
sustento pues si bien no existen sumas líquidas, sí son perfectamente
liquidables con un simple cálculo aritmético.
DECISIÓN:
Por los fundamentos glosados, se resuelve:
CONFIRMAR la Resolución N° 14, de fecha 06 de julio del año 2015, que corre
de folios 40 al 42, en el extremo que impone multa a la parte demandada,
Revocando el monto de la multa de 03 URP, y Reformándola en dicho
extremo: Fijaron el monto de la multa en 02 URP. Notifíquese y devuélvanse,
con arreglo a lo dispuesto por el artículo 383° del Código Procesal Civil.
En los seguidos por don Jesús Alberto Cuzcano Munayco con la Procuraduría
Pública de la Marina de Guerra del Perú sobre Proceso de Amparo. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09675-2011-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : CAVALIE GARAY JERLYN MYRIAM
PERITO : ALAYO PEREZ, ROSA MARINA
TERCERO : SOTOMAYOR ESPICHAN, JULIO CESARPERITO
CONTABLE
DEMANDADO : CORPORACION HIDRAULICA S.A.C.
DEMANDANTE : MIXERCON S.A
Resolución Nro. TREINTA Y DOS
Miraflores, ocho de junio
Del dos mil veintidós.-
Escrito N° 194463-2021: Al Principal y Primer
Otrosí: Con los documentos que adjunta; téngase por apersonado a VICTOR
LUCIANO MUÑOZ ARTEAGA en representación de MIXERCON S.A.,
teniéndose presente la ratificación de su domicilio procesal postal en la
(CASILLA N°9703) y de su domicilio procesal electrónico en la (CASILLA
ELECTRONICA N°69676) y ATENDIENDO:
Primero: Con el escrito que antecede, la parte ejecutante solicita la
Conclusión del Proceso, atendiendo a que la ejecutada ha cumplido con pagar
la suma adeudada puesta a cobro en el presente proceso;
Segundo: En tal sentido, el justiciable ya no requiere de la protección de la
tutela jurisdiccional, resolviéndose así el conflicto de intereses materia de
la presente acción, no existiendo fundamento alguno que amerite la
continuación de la misma.
Tercero: Mediante resolución número 13 de fecha 13/03/2013 se ha
declarado fundada la demanda y se ha ordenado que CORPORACION
HIDRAULICA S.A.C. cumpla con pagar a MIXERCON S.A. la suma de
S/25,235.14, mas intereses legales, confirmado por el superior jerárquico
mediante resolución de vista número 3 de fecha 10/10/2013, siendo el
estado del presente proceso el de ejecución de sentencia.
Por lo que de conformidad con el Artículo 727° del CPC SE RESUELVE:
DECLARAR la CONCLUSION del PROCESO con declaración sobre el fondo,
disponiendo su ARCHIVO DEFINITIVO, consentida que sea la presente
resolución.
Al Segundo Otrosí: Téngase presente la autorización de la persona que
indica y para lo que señala. Al Tercer Otrosí: Téngase presente la subrogación de los abogados que indica y en reemplazo la designación de los
abogados que señala. Llámese severamente la atención a la especialista
cursora por la demora en proveer el escrito que antecede. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09675-2011-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : CAVALIE GARAY JERLYN MYRIAM
DEMANDADO : CORPORACION HIDRAULICA SAC ,
DEMANDANTE : MIXERCON SA ,
Resolución Nro. VEINTIUNO
Miraflores, treinta y uno de mayo
Del dos mil dieciocho.-
Dado cuenta en la fecha: El escrito del 11/04/2018
N° 39826-2018: Por cumplido el mandato dispuesto mediante resolución
numero 20 y proveyendo conforme a ley: El escrito del 22/11/2017 N°
151383-2017: Al Principal: Téngase presente y ATENDIENDO:
Primero: Mediante resolución de vista número 3 de fecha 10/10/2013 se
confirmó la resolución 13 de fecha 13/03/2013, que declara fundada la
demanda, y en consecuencia se ha ordenado que la demandada Corporación
Hidráulica S.A.C. cumpla con pagar a favor del demandante Mixercon S.A. la
suma de S/. 25,235.14, más intereses legales, costas y costos del proceso;
Segundo: Luego, por resolución número 17 de fecha 10/03/2017 se ha
requerido a la ejecutada a fin que en el término de tres días cumpla con
dicho pago, bajo apercibimiento de dar inicio a la ejecución forzada; no
obstante ello, hasta la fecha no se ha informado sobre el cumplimiento de la
obligación y se debe proceder conforme a lo solicitado por el ejecutante.
Tercero: El Artículo 716 del Código Procesal Civil prescribe que “Si el título
de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación
aprobada, se procederá con arreglo al Subcapítulo sobre medidas cautelares
para futura ejecución forzada”,
Cuarto: La recurrente mediante escrito de su propósito peticiona a este
Judicatura se le conceda medida cautelar de embargo en forma de
retención, precisando que el demandado se ha sustraído de sus obligaciones
de pago siendo necesario el cumplimiento de la obligación ordenada pagar en
la sentencia dictada en autos, siendo así, y estando al evidente peligro en la
demora, traslucido en la posibilidad latente de que el ejecutado pueda
realizar actos de disposición patrimonial respecto de los bienes de su
propiedad, lo cual configuraría que la decisión dictada en autos devenga en
inejecutable;
Quinto: En cuanto al Embargo en forma de Retención, el artículo 657º del
Código Procesal Civil permite afectar los derechos de crédito u otros bienes
del afectado, que se encuentren en posesión de terceros. En este extremo y en la línea de la modernización del despacho judicial, se aplicará la Directiva
001-2015-CE-PJ, denominada “Normas para el Trámite, Diligenciamiento y
Ejecución de Embargos Electrónicos en Forma de Retención sobre Cuentas
Existentes en Entidades Financieras”, aprobada pro R.A. 084-2015-CE-PJ,
la misma que permite el Embargo Electrónico en el caso de los embargos en
forma de retención sobre cuentas bancarias que mantienen los demandados
en las entidades financieras asociadas a la Asociación de Bancos del Perú
(ASBANC), en soles o en dólares americanos de los Estados Unidos de
América.
Por lo que, en aplicación de las normas antes citadas,
SE RESUELVE:
1. DESE INICIO A LA EJECUCIÓN FORZADA y, consecuentemente;
2. ADMITASE a trámite la Medida Cautelar dentro de Proceso
formulada por MIXERCON S.A. contra CORPORACION HIDRULICA
S.A.C. (Medida de Ejecución); en consecuencia, SE
ORDENA:TRABAR EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN (Art.
657º del Código Procesal Civil) hasta por la suma de S/. 25,235.14
(VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
14/100 SOLES) o su equivalente en moneda extranjera al tipo de
cambio del día de ejecución de la retención:
2.1 Sobre las cuentas bancarias, fondos, depósitos y valores,
incluyendo certificados de depósitos (depositados en ahorros,
cuentas corrientes, cuentas a plazo), bienes en custodia, en
cobranza o bajo cualquier modalidad en moneda nacional y/o
extranjera de libre disposición, cuyo titular sea
CORPORACION HIDRAULICA S.A.C (RUC 20510956185) que
tenga en su poder Banco de Crédito del Perú, Banco
Continental, Scotiabank, Banco Cencosud S.A., Banco
Interbank, Banbif – Banco Interamericano de Finanzas, Banco
Financiero del Perú, Citibank del Perú S.A., Mi Banco de la
Microempresa, Deutsche Bank (Perú) S.A., Banco Azteca,
Banco Reipley Perú, Banco Falabella Perú, Banco de Comercio,
Banco Santander Perú; Crediscotia Financiera, entidades que
deberán informar sobre la retención realizada (total o parcial)
o si al afectado no es cliente o registra cuentas sin fondos,
sujetándose en este extremo la medida al Embargo Electrónico
Bancario.
2.2 Sobre las cuentas bancarias, fondos, depósitos y valores,
incluyendo certificados de depósitos (depositados en ahorros,
cuentas corrientes, cuentas a plazo), bienes en custodia, en cobranza o bajo cualquier modalidad en moneda nacional y/o
extranjera de libre disposición, cuyo titular sea
CORPORACION HIDRAULICA S.A.C (RUC 20510956185) que
tenga en su poder HSBC BANK PERU S.A., Banco de la Nación,
Amerika Financiera, Financiera Credinka, Financiera Confianza,
Financiera Efectiva, Financiera Qapaq, Financiera TFC S.A.,
Financiera Uno S.A. sujetándose en este extremo la medida al
procedimiento tradicional previsto en el Art. 658º del Código
Procesal Civil, para cuyo efecto se habilita a la Especialista
Legal de Actos Externos, quien procederá al levantamiento del
acta respectivo (toma de dicho), debiendo la parte demandante
apersonarse al local del juzgado a coordinar dicha diligencia.
Al Otrosí: Previamente; indique en qué norma legal sustenta su pedido.
NOTIFIQUESE la presente resolución solo al demandante.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09675-2011-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : CAVALIE GARAY JERLYN MYRIAM
PERITO : ALAYO PEREZ, ROSA MARINA
TERCERO : SOTOMAYOR ESPICHAN, JULIO CESARPERITO
CONTABLE
DEMANDADO : CORPORACION HIDRAULICA S.A.C.
DEMANDANTE : MIXERCON S.A
Resolución Nro. TREINTA Y DOS
Miraflores, ocho de junio
Del dos mil veintidós.-
Escrito N° 194463-2021: Al Principal y Primer
Otrosí: Con los documentos que adjunta; téngase por apersonado a VICTOR
LUCIANO MUÑOZ ARTEAGA en representación de MIXERCON S.A.,
teniéndose presente la ratificación de su domicilio procesal postal en la
(CASILLA N°9703) y de su domicilio procesal electrónico en la (CASILLA
ELECTRONICA N°69676) y ATENDIENDO:
Primero: Con el escrito que antecede, la parte ejecutante solicita la
Conclusión del Proceso, atendiendo a que la ejecutada ha cumplido con pagar
la suma adeudada puesta a cobro en el presente proceso;
Segundo: En tal sentido, el justiciable ya no requiere de la protección de la
tutela jurisdiccional, resolviéndose así el conflicto de intereses materia de
la presente acción, no existiendo fundamento alguno que amerite la
continuación de la misma.
Tercero: Mediante resolución número 13 de fecha 13/03/2013 se ha
declarado fundada la demanda y se ha ordenado que CORPORACION
HIDRAULICA S.A.C. cumpla con pagar a MIXERCON S.A. la suma de
S/25,235.14, mas intereses legales, confirmado por el superior jerárquico
mediante resolución de vista número 3 de fecha 10/10/2013, siendo el
estado del presente proceso el de ejecución de sentencia.
Por lo que de conformidad con el Artículo 727° del CPC SE RESUELVE:
DECLARAR la CONCLUSION del PROCESO con declaración sobre el fondo,
disponiendo su ARCHIVO DEFINITIVO, consentida que sea la presente
resolución.
Al Segundo Otrosí: Téngase presente la autorización de la persona que
indica y para lo que señala. Al Tercer Otrosí: Téngase presente la subrogación de los abogados que indica y en reemplazo la designación de los
abogados que señala. Llámese severamente la atención a la especialista
cursora por la demora en proveer el escrito que antecede. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09675-2011-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : CAVALIE GARAY JERLYN MYRIAM
DEMANDADO : CORPORACION HIDRAULICA SAC ,
DEMANDANTE : MIXERCON SA ,
Resolución Nro. VEINTIUNO
Miraflores, treinta y uno de mayo
Del dos mil dieciocho.-
Dado cuenta en la fecha: El escrito del 11/04/2018
N° 39826-2018: Por cumplido el mandato dispuesto mediante resolución
numero 20 y proveyendo conforme a ley: El escrito del 22/11/2017 N°
151383-2017: Al Principal: Téngase presente y ATENDIENDO:
Primero: Mediante resolución de vista número 3 de fecha 10/10/2013 se
confirmó la resolución 13 de fecha 13/03/2013, que declara fundada la
demanda, y en consecuencia se ha ordenado que la demandada Corporación
Hidráulica S.A.C. cumpla con pagar a favor del demandante Mixercon S.A. la
suma de S/. 25,235.14, más intereses legales, costas y costos del proceso;
Segundo: Luego, por resolución número 17 de fecha 10/03/2017 se ha
requerido a la ejecutada a fin que en el término de tres días cumpla con
dicho pago, bajo apercibimiento de dar inicio a la ejecución forzada; no
obstante ello, hasta la fecha no se ha informado sobre el cumplimiento de la
obligación y se debe proceder conforme a lo solicitado por el ejecutante.
Tercero: El Artículo 716 del Código Procesal Civil prescribe que “Si el título
de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación
aprobada, se procederá con arreglo al Subcapítulo sobre medidas cautelares
para futura ejecución forzada”,
Cuarto: La recurrente mediante escrito de su propósito peticiona a este
Judicatura se le conceda medida cautelar de embargo en forma de
retención, precisando que el demandado se ha sustraído de sus obligaciones
de pago siendo necesario el cumplimiento de la obligación ordenada pagar en
la sentencia dictada en autos, siendo así, y estando al evidente peligro en la
demora, traslucido en la posibilidad latente de que el ejecutado pueda
realizar actos de disposición patrimonial respecto de los bienes de su
propiedad, lo cual configuraría que la decisión dictada en autos devenga en
inejecutable;
Quinto: En cuanto al Embargo en forma de Retención, el artículo 657º del
Código Procesal Civil permite afectar los derechos de crédito u otros bienes
del afectado, que se encuentren en posesión de terceros. En este extremo y en la línea de la modernización del despacho judicial, se aplicará la Directiva
001-2015-CE-PJ, denominada “Normas para el Trámite, Diligenciamiento y
Ejecución de Embargos Electrónicos en Forma de Retención sobre Cuentas
Existentes en Entidades Financieras”, aprobada pro R.A. 084-2015-CE-PJ,
la misma que permite el Embargo Electrónico en el caso de los embargos en
forma de retención sobre cuentas bancarias que mantienen los demandados
en las entidades financieras asociadas a la Asociación de Bancos del Perú
(ASBANC), en soles o en dólares americanos de los Estados Unidos de
América.
Por lo que, en aplicación de las normas antes citadas,
SE RESUELVE:
1. DESE INICIO A LA EJECUCIÓN FORZADA y, consecuentemente;
2. ADMITASE a trámite la Medida Cautelar dentro de Proceso
formulada por MIXERCON S.A. contra CORPORACION HIDRULICA
S.A.C. (Medida de Ejecución); en consecuencia, SE
ORDENA:TRABAR EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN (Art.
657º del Código Procesal Civil) hasta por la suma de S/. 25,235.14
(VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
14/100 SOLES) o su equivalente en moneda extranjera al tipo de
cambio del día de ejecución de la retención:
2.1 Sobre las cuentas bancarias, fondos, depósitos y valores,
incluyendo certificados de depósitos (depositados en ahorros,
cuentas corrientes, cuentas a plazo), bienes en custodia, en
cobranza o bajo cualquier modalidad en moneda nacional y/o
extranjera de libre disposición, cuyo titular sea
CORPORACION HIDRAULICA S.A.C (RUC 20510956185) que
tenga en su poder Banco de Crédito del Perú, Banco
Continental, Scotiabank, Banco Cencosud S.A., Banco
Interbank, Banbif – Banco Interamericano de Finanzas, Banco
Financiero del Perú, Citibank del Perú S.A., Mi Banco de la
Microempresa, Deutsche Bank (Perú) S.A., Banco Azteca,
Banco Reipley Perú, Banco Falabella Perú, Banco de Comercio,
Banco Santander Perú; Crediscotia Financiera, entidades que
deberán informar sobre la retención realizada (total o parcial)
o si al afectado no es cliente o registra cuentas sin fondos,
sujetándose en este extremo la medida al Embargo Electrónico
Bancario.
2.2 Sobre las cuentas bancarias, fondos, depósitos y valores,
incluyendo certificados de depósitos (depositados en ahorros,
cuentas corrientes, cuentas a plazo), bienes en custodia, en cobranza o bajo cualquier modalidad en moneda nacional y/o
extranjera de libre disposición, cuyo titular sea
CORPORACION HIDRAULICA S.A.C (RUC 20510956185) que
tenga en su poder HSBC BANK PERU S.A., Banco de la Nación,
Amerika Financiera, Financiera Credinka, Financiera Confianza,
Financiera Efectiva, Financiera Qapaq, Financiera TFC S.A.,
Financiera Uno S.A. sujetándose en este extremo la medida al
procedimiento tradicional previsto en el Art. 658º del Código
Procesal Civil, para cuyo efecto se habilita a la Especialista
Legal de Actos Externos, quien procederá al levantamiento del
acta respectivo (toma de dicho), debiendo la parte demandante
apersonarse al local del juzgado a coordinar dicha diligencia.
Al Otrosí: Previamente; indique en qué norma legal sustenta su pedido.
NOTIFIQUESE la presente resolución solo al demandante.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09675-2011-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : CAVALIE GARAY JERLYN MYRIAM
PERITO : ALAYO PEREZ, ROSA MARINA
TERCERO : SOTOMAYOR ESPICHAN, JULIO CESARPERITO
CONTABLE
DEMANDADO : CORPORACION HIDRAULICA S.A.C.
DEMANDANTE : MIXERCON S.A
Resolución Nro. TREINTA Y DOS
Miraflores, ocho de junio
Del dos mil veintidós.-
Escrito N° 194463-2021: Al Principal y Primer
Otrosí: Con los documentos que adjunta; téngase por apersonado a VICTOR
LUCIANO MUÑOZ ARTEAGA en representación de MIXERCON S.A.,
teniéndose presente la ratificación de su domicilio procesal postal en la
(CASILLA N°9703) y de su domicilio procesal electrónico en la (CASILLA
ELECTRONICA N°69676) y ATENDIENDO:
Primero: Con el escrito que antecede, la parte ejecutante solicita la
Conclusión del Proceso, atendiendo a que la ejecutada ha cumplido con pagar
la suma adeudada puesta a cobro en el presente proceso;
Segundo: En tal sentido, el justiciable ya no requiere de la protección de la
tutela jurisdiccional, resolviéndose así el conflicto de intereses materia de
la presente acción, no existiendo fundamento alguno que amerite la
continuación de la misma.
Tercero: Mediante resolución número 13 de fecha 13/03/2013 se ha
declarado fundada la demanda y se ha ordenado que CORPORACION
HIDRAULICA S.A.C. cumpla con pagar a MIXERCON S.A. la suma de
S/25,235.14, mas intereses legales, confirmado por el superior jerárquico
mediante resolución de vista número 3 de fecha 10/10/2013, siendo el
estado del presente proceso el de ejecución de sentencia.
Por lo que de conformidad con el Artículo 727° del CPC SE RESUELVE:
DECLARAR la CONCLUSION del PROCESO con declaración sobre el fondo,
disponiendo su ARCHIVO DEFINITIVO, consentida que sea la presente
resolución.
Al Segundo Otrosí: Téngase presente la autorización de la persona que
indica y para lo que señala. Al Tercer Otrosí: Téngase presente la subrogación de los abogados que indica y en reemplazo la designación de los
abogados que señala. Llámese severamente la atención a la especialista
cursora por la demora en proveer el escrito que antecede. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09675-2011-0-1817-JR-CO-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : DE LA CRUZ TIPIAN CESAR ADOLFO
ESPECIALISTA : CAVALIE GARAY JERLYN MYRIAM
DEMANDADO : CORPORACION HIDRAULICA SAC ,
DEMANDANTE : MIXERCON SA ,
Resolución Nro. VEINTIUNO
Miraflores, treinta y uno de mayo
Del dos mil dieciocho.-
Dado cuenta en la fecha: El escrito del 11/04/2018
N° 39826-2018: Por cumplido el mandato dispuesto mediante resolución
numero 20 y proveyendo conforme a ley: El escrito del 22/11/2017 N°
151383-2017: Al Principal: Téngase presente y ATENDIENDO:
Primero: Mediante resolución de vista número 3 de fecha 10/10/2013 se
confirmó la resolución 13 de fecha 13/03/2013, que declara fundada la
demanda, y en consecuencia se ha ordenado que la demandada Corporación
Hidráulica S.A.C. cumpla con pagar a favor del demandante Mixercon S.A. la
suma de S/. 25,235.14, más intereses legales, costas y costos del proceso;
Segundo: Luego, por resolución número 17 de fecha 10/03/2017 se ha
requerido a la ejecutada a fin que en el término de tres días cumpla con
dicho pago, bajo apercibimiento de dar inicio a la ejecución forzada; no
obstante ello, hasta la fecha no se ha informado sobre el cumplimiento de la
obligación y se debe proceder conforme a lo solicitado por el ejecutante.
Tercero: El Artículo 716 del Código Procesal Civil prescribe que “Si el título
de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación
aprobada, se procederá con arreglo al Subcapítulo sobre medidas cautelares
para futura ejecución forzada”,
Cuarto: La recurrente mediante escrito de su propósito peticiona a este
Judicatura se le conceda medida cautelar de embargo en forma de
retención, precisando que el demandado se ha sustraído de sus obligaciones
de pago siendo necesario el cumplimiento de la obligación ordenada pagar en
la sentencia dictada en autos, siendo así, y estando al evidente peligro en la
demora, traslucido en la posibilidad latente de que el ejecutado pueda
realizar actos de disposición patrimonial respecto de los bienes de su
propiedad, lo cual configuraría que la decisión dictada en autos devenga en
inejecutable;
Quinto: En cuanto al Embargo en forma de Retención, el artículo 657º del
Código Procesal Civil permite afectar los derechos de crédito u otros bienes
del afectado, que se encuentren en posesión de terceros. En este extremo y en la línea de la modernización del despacho judicial, se aplicará la Directiva
001-2015-CE-PJ, denominada “Normas para el Trámite, Diligenciamiento y
Ejecución de Embargos Electrónicos en Forma de Retención sobre Cuentas
Existentes en Entidades Financieras”, aprobada pro R.A. 084-2015-CE-PJ,
la misma que permite el Embargo Electrónico en el caso de los embargos en
forma de retención sobre cuentas bancarias que mantienen los demandados
en las entidades financieras asociadas a la Asociación de Bancos del Perú
(ASBANC), en soles o en dólares americanos de los Estados Unidos de
América.
Por lo que, en aplicación de las normas antes citadas,
SE RESUELVE:
1. DESE INICIO A LA EJECUCIÓN FORZADA y, consecuentemente;
2. ADMITASE a trámite la Medida Cautelar dentro de Proceso
formulada por MIXERCON S.A. contra CORPORACION HIDRULICA
S.A.C. (Medida de Ejecución); en consecuencia, SE
ORDENA:TRABAR EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN (Art.
657º del Código Procesal Civil) hasta por la suma de S/. 25,235.14
(VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
14/100 SOLES) o su equivalente en moneda extranjera al tipo de
cambio del día de ejecución de la retención:
2.1 Sobre las cuentas bancarias, fondos, depósitos y valores,
incluyendo certificados de depósitos (depositados en ahorros,
cuentas corrientes, cuentas a plazo), bienes en custodia, en
cobranza o bajo cualquier modalidad en moneda nacional y/o
extranjera de libre disposición, cuyo titular sea
CORPORACION HIDRAULICA S.A.C (RUC 20510956185) que
tenga en su poder Banco de Crédito del Perú, Banco
Continental, Scotiabank, Banco Cencosud S.A., Banco
Interbank, Banbif – Banco Interamericano de Finanzas, Banco
Financiero del Perú, Citibank del Perú S.A., Mi Banco de la
Microempresa, Deutsche Bank (Perú) S.A., Banco Azteca,
Banco Reipley Perú, Banco Falabella Perú, Banco de Comercio,
Banco Santander Perú; Crediscotia Financiera, entidades que
deberán informar sobre la retención realizada (total o parcial)
o si al afectado no es cliente o registra cuentas sin fondos,
sujetándose en este extremo la medida al Embargo Electrónico
Bancario.
2.2 Sobre las cuentas bancarias, fondos, depósitos y valores,
incluyendo certificados de depósitos (depositados en ahorros,
cuentas corrientes, cuentas a plazo), bienes en custodia, en cobranza o bajo cualquier modalidad en moneda nacional y/o
extranjera de libre disposición, cuyo titular sea
CORPORACION HIDRAULICA S.A.C (RUC 20510956185) que
tenga en su poder HSBC BANK PERU S.A., Banco de la Nación,
Amerika Financiera, Financiera Credinka, Financiera Confianza,
Financiera Efectiva, Financiera Qapaq, Financiera TFC S.A.,
Financiera Uno S.A. sujetándose en este extremo la medida al
procedimiento tradicional previsto en el Art. 658º del Código
Procesal Civil, para cuyo efecto se habilita a la Especialista
Legal de Actos Externos, quien procederá al levantamiento del
acta respectivo (toma de dicho), debiendo la parte demandante
apersonarse al local del juzgado a coordinar dicha diligencia.
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NOTIFIQUESE la presente resolución solo al demandante.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
EXPEDIENTE N.° 09898-2011-0-1801-JR-LA-15
TRIBUNAL UNIPERSONAL
RESOLUCIÓN N° 37
Lima, 21 de setiembre del 2022
VISTOS:
En Audiencia Pública, de fecha 09 de setiembre del presente año, interviniendo como
Juez Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
ASUNTO:
Resolución materia de apelación: Son materia de impugnación:
La Resolución N° 04 emitida en Audiencia Única de fecha 29 de marzo del 2012,
obrante a fojas 397 a 400, que declara INFUNDADA la Excepción de Prescripción
Extintiva.
La Sentencia N° 00011-2022-26°JETTL , obrante de fojas 1900 a 1924, que declara
FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia, ordena a la demandada pagar a
favor del actor la suma de S/ 21 560,52 Soles, correspondientes a los conceptos
disgregados por reintegro de remuneraciones en la suma de S/ 14 678,64 Soles por
reintegro de gratificaciones en la suma de S/ 2 445,38 Soles; reintegro de vacaciones
en la suma de S/ 1 222,50 Soles, por Compensación por Cese en la Actividad Pesquera
la suma de S/ 122,50 Soles y por reintegro de utilidades la suma de S/ 1 992,00 Soles,
a favor del demandante; con intereses legales, más costas y costos procesales.
Expresión de los agravios de la apelación de Resolución N° 04.- Que, a fojas 407 a
409, obra el escrito de apelación del demandante, donde expresa como agravios:
Página 1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
1. Que, habiendo transcurrido el plazo perentorio las acciones derivadas has prescrito,
puesto que desde la fecha en la que resultaron exigibles los derechos reclamados a la
interposición de la demanda, ya han transcurrido más de 3 años desde el momento que
el actor tuvo expedido su derecho para accionar.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 31).- Que,
a fojas 1931 a 1936, obra el escrito de apelación de la demandada Pesquera
Diamante S.A., donde expresa como agravios:
1. Que, de la sentencia se advierte que el Juzgador ha efectuado una liquidación errónea
no habiendo tomado en cuenta el precio promedio de la tonelada métrica de harina de
pescado será el valor FOB expresado en US$/TMB, obtenido en base a la información
proporcionada SUNAT-ADUANET, pero vigente a la fecha de corte para el cálculo de la
planilla de participación de pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la
fecha de corte de la semana correspondiente (clausula primera convenio colectivo de
fecha 12 de marzo de 2007 al 11 de marzo de 2012), y no tomados para el mes de
pesca como erróneamente ha sido calculado.
2. No se ha tomado en cuenta que para determinar el pago en nuevo soles, se utilizara el
tipo de cambio promedio ponderado de compra publicado en el Diario Oficial El
Peruano por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFFPs, en la fecha antes
determinada.
3. No se ha tomado en cuenta que al momento de liquidar, las partes adicionales que
recibe el 1° patrón, 2° patrón y primer motorista, los cuales hacen dos (2) partes
adicionales al total de la tripulación, conforme así se ha establecido en los convenios
colectivos AANEP-SUPNEP (primer clausula) y en el propio contrato de trabajo.
4. Que, el Juzgador ha calculado erróneamente las utilidades por los periodos 2007, 2008
y 2009, puesto que la liquidación no guarda relación ni con lo señalado de modo
contractual entre las partes, ni en lo convenido vía convención colectiva entre la AANEP
y el SUPNEP, ni lo establecido en la Ley (Decreto Legislativo N° 892).
Página 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que –recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo
latino “tantum devolutum quantum apellatum”, en la apelación la competencia del
superior solo alcanza a ésta y a su tramitación; asimismo, mediante Casación N° 626-
01-Arequipa se establece que “El Juez Superior tiene la facultad de poder revisar y
decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el juez inferior, sin embargo cabe
precisar que la extensión de los poderes a la instancia de alzada está presidida por un
postulado que limita su procedimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum
quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer
mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante”1; en ese sentido, sólo
se debe pronunciar sobre los agravios planteados por la demandada en la apelación (de
la sentencia), y lo resuelto por el A-quo en relación a ellos (agravios).
SEGUNDO.- En cuanto a la excepción de prescripción extintiva deducida por la
emplazada, cabe precisar, que las normas con vigencia anterior a la Ley Nº 26513, si
bien establecían el plazo prescriptorio de la acción en materia laboral no señalaban
expresamente el sustento de hecho a partir del cual se computaba dicho plazo,
haciéndose únicamente referencia a la exigibilidad de los derechos reclamados en la
norma acotada, por lo que el hecho del cese del trabajador fue el presupuesto fáctico
adoptado por las diferentes instancias judiciales para iniciar el cómputo de la
prescripción, ello en base a que el reclamo judicial dentro de la relación laboral pone en
peligro la subsistencia de la misma, pues el empleador en represalia contra el trabajador
reclamante puede despedirlo.
TERCERO.- Con la vigencia de la Ley Nº 26513 diversos órganos jurisdiccionales de la
judicatura laboral entendieron que el cómputo de la prescripción operaba a partir del
cese de la relación laboral, pues es a partir de allí que la exigibilidad de los derechos
laborales era incondicional. Las normas posteriores a la ley citada recogen el fin
1 El Peruano 05-11-2001, pág. 7905.
Página 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
teleológico descrito anteladamente cual es el proteger a la parte más débil de la relación
laboral que es el trabajador tal como puede advertirse en la Ley Nº 27022 dictada con
posterioridad a la Ley Nº 26513.
CUARTO.- Por otro lado, debe tenerse en cuenta lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación
Nº 623-98 Lima, que establece que no es correcto efectuar el cómputo del plazo de
prescripción de la acción, desde la fecha en que se habían devengado las
remuneraciones que se reclaman, si no desde la fecha de cese, en razón que mientras
subsista la relación laboral, subsiste también la posibilidad de que el empleador honre
sin mayor trámite sus obligaciones o inclusive sustituya en alguna forma las
prestaciones a cumplir, cancele o compense con ocasión del cese, por lo que el inicio
del plazo prescriptorio sólo puede ocurrir una vez extinguido el contrato de trabajo,
criterio que también es adoptado en la Casación Nº 802-96 Piura del seis de octubre de
1997.
QUINTO.- Precisado lo anterior, el plazo de prescripción debe ser computado desde la
fecha del cese, el mismo que en el caso de autos, ha ocurrido el 30 de diciembre del
2009, y al haber interpuesto su demanda el 05 de mayo del 2011, por lo que tomando
en cuenta el plazo de prescripción de 4 años establecido en la Ley Nº 27321, es de
concluir que no ha operado la prescripción, por lo que merece confirmarse Resolución
apelada, en el extremo que declara infundada la excepción de prescripción extintiva
propuesta.
SEXTO.- Para resolver los agravios de la Sentencia, corresponde precisar que si bien
el demandante sostiene que le corresponde el reintegro de participación de pesca,
considerando el precio valor FOB de fecha actualizada, también ha señalado que aún si
se hiciera un recálcalo con el precio considerado por la demandada que es el precio
publicado con atraso al día del corte por el Ministerio de Producción, hay un monto a su
favor.
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SÉPTIMO.- En ese sentido, cabe precisar que el periodo por el cual corresponde emitir
pronunciamiento es el comprendido desde la semana 07 del año 2007 hasta la semana
22 del año 2009, toda vez que el actor no ha cuestionado el periodo 1994-2006 que ha
sido declarado infundada por el A quo. Siendo así, cabe indicar, como bien, lo ha
señalado el juez de la causa, la Convención colectiva suscrita con fecha 12 de abril de
2002, cuya vigencia fue hasta el 12 de marzo de 2007, señala en su primera cláusula
que: «La AANEP conviene que sus asociados abonarán a las dotaciones de las
embarcaciones por concepto de participación de pesca y por cada tonelada métrica el
equivalente al 18% del precio promedio de referencia que informa la Sociedad Nacional
de Pesquería - SNP».
OCTAVO.- De este modo, se tiene que hasta el 11 de marzo de 2007 las
remuneraciones que percibía el actor eran en base al 18% del precio promedio que
informaba la Sociedad Nacional de Pesquería y sobre la base de un precio FOB de
harina de pescado que estableció PRODUCE, recién fue acordado entre el Sindicato
Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú-SUPNEP y la Asociación de
Armadores de las Nuevas Embarcaciones Pesqueras-AANEP a través de la
Convención Colectiva de fecha 12 de marzo de 2007 vigente hasta el 11 de marzo de
2012.
NOVENO.- Donde en la primera cláusula de la citada Convención Colectiva, se
estableció lo siguiente: «Las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del
presente Convenio, la participación de pesca para el consumo humano indirecto,
por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al 18% del 8% del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado». Asimismo señala en su
tercer y cuarto párrafo que «Para determinar el monto de la participación de pesca, el
precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado será el valor FOB
expresado en US$/TMB, obtenido en base a la información proporcionada por SUNAT-
ADUANET, vigente en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de
pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la semana
correspondiente. En tanto el Ministerio de la Producción publique en su portal:
www.produce.gob.pe el referido precio promedio de harina de pescado calculado según
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valor FOB expresado en US$/TMB, proporcionado por SUNAT-ADUANET, ese dato
será el que se aplique para efectos de determinar el monto de la participación de pesca.
Para determinar el pago en nuevos soles, se utilizará el tipo de cambio promedio
ponderado compra publicado en el Diario Oficial El Peruano por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de
participación de pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la fecha de
corte de la semana correspondiente».
DÉCIMO.- Siendo así, respecto al periodo apelado abril 2007- 2010, resulta preciso
indicar que el precio promedio de harina de pescado a considerarse para efectos de
determinar la participación de pesca que le correspondía al actor, es el que se
encuentre publicado por el Ministerio de la Producción en su Portal Institucional, no
obstante, también se debe precisar que el Ministerio de la Producción actualizaba con
cierto retraso los precios promedio de harina de pescado, calculado según el valor FOB
expresado en US$/TMB de los periodos 2007 en adelante, por lo que el precio valor
FOB era publicado en la página Web del Ministerio de la Producción no en el mes que
correspondía, sino en las últimas semanas del mes siguiente, e inclusive en algunos
periodos, la actualización se efectuaba recién en las primeras semanas del mes
subsiguiente. Así, el precio promedio de harina de pescado correspondiente al mes de
enero de 2007, fue publicado en el Portal Institucional del referido Ministerio recién el 26
de febrero de 2007; el precio correspondiente al mes de enero de 2009, fue publicado
recién el 24 de febrero de 2009 y así sucesivamente.
UNDÉCIMO.- Es por ello, que la diferencia existente entre el precio de referencia que
señala la demandada para el pago de la participación de pesca y los precios
considerados por el actor en su demanda, responde fundamentalmente que este último
ha considerado el precio valor FOB de fecha actualizada y no el precio que estaba
vigente en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe) a
la fecha de corte de la semana de pago, por lo que corresponde efectuar el cálculo con
esta última; además se tendrá en cuenta las Declaraciones Juradas de Aportes de
Retenciones Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, que obran en autos
de fojas 1063 a 1787, en las cuales se ha comprobado que el numero de "partes" a
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distribuir no es lo señalado por el Juzgador que considera 2 partes, cuando de dichas
declaraciones se observa lo siguiente: Patrón: 2 Partes. Segundo Patrón: 1.5 (dice 2
pero reparte 1.5). Primer Motorista: 1.5 (dice 2 pero reparte 1.5), siendo así para el
cálculo se considera 1.5 parte para el actor; asimismo para el recalculo de los reintegro
de participación de utilidades 2007-2009, se tendrán en cuanta las declaraciones en las
participaciones en las utilidades de los ejercicios económicos 2007, 2008 y 2009 que
obran de fojas 268 a 270.
DUODÉCIMO.- En ese sentido, corresponde efectuar el recálcalo para el reintegro de la
participación de pesca y su incidencia tanto en los beneficios sociales (Gratificación,
Vacaciones y Compensación por Tiempo de Servicios) como en las utilidades que el
demandante reclama, siendo el monto que debe abonarse a favor del actor es S/
559.38 soles, conforme aparece de los cuadros que se visualizan a continuación:
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DECIMOTERCERO.- En consecuencia, corresponde amparar los agravios de la
demandada parcialmente, confirmando la sentencia apelada y modificando el monto a
abonar.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del artículo
5º de la Ley Procesal del Trabajo N.º 26636: Este Tribunal Unipersonal de la Sala
Laboral Transitoria con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR: La Resolución N° 04 emitida en Audiencia Única de fecha 29 de marzo
del 2012, obrante a fojas 397 a 400, que declara INFUNDADA la Excepción de
Prescripción Extintiva.
2. CONFIRMAR: La Sentencia N° 00011-2022-26°JETTL , obrante de fojas 1900 a 1924,
que declara FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia, MODIFICANDO el
monto a abonar ORDENO a la demandada pagar a favor del actor la suma de S/ 559,38
(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100 SOLES), correspondientes a los
conceptos disgregados por reintegro de remuneraciones en la suma de S/ 393,33
Soles; por reintegro de gratificaciones en la suma de S/ 65,53 Soles; por reintegro de
vacaciones en la suma de S/ 32,76 Soles, por Compensación por Tiempo de Servicios
la suma de S/ 32,76 Soles y por reintegro de utilidades la suma de S/ 35,00 Soles, a
favor del demandante; con intereses legales, más costas y costos procesales.
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En los seguidos por JAVIER ORIZANO ORDOÑEZ contra PESQUERA DIAMANTE
sobre pago de reintegro de participación de pesca y otro; devolviendo al Juzgado de
Origen.
Notifíquese.-
JVB/r.l.c.
VALENZUELA BARRETO
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