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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | EXPEDIENTE : 09898-2011-0-1801-JR-LA-15
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : BAUTISTA CHIRINOS, JULIO DACIO
ESPECIALISTA : LIZANA QUISPE BERCELIA YULE
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE ,
DEMANDANTE : ORIZANO ORDOÑEZ, JAVIER
Resolución Número 32
Lima, veinticuatro de marzo
Del año dos mil veintidós.-
Dando cuenta de dos escritos presentado por el DEMANDADO en forma electrónica de fecha 16
de marzo del 2022: Al Principal, primer, segundo otrosí: A lo expuesto: Con el arancel judicial
efectuado por recurso de apelación, en ese sentido, se procede emitir el siguiente pronunciamiento:
Autos y Vistos, Atendiendo:
Primero: Mediante sentencia recaída en la Resolución N° 31 de fecha 31 de enero del 2022, que
resolvió declarar fundada en parte la demanda sobre Beneficios Sociales.-
Segundo: El recurso de apelación interpuesto por esta parte se encuentra debidamente fundamentado
al haber señalado sus agravios de hecho y derecho dentro del plazo de ley, en ese sentido, y de
conformidad con el inciso 1) del Artículo 53° de la Ley Procesal de Trabajo, Ley 26636, se Resuelve:
CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO interpuesta por la parte
demandada contra la (sentencia N° 00011-2022-26° JETTL) recaída en la Resolución N° 31,
debiendo elevare los presentes actuados al Superior de Grado. Al tercer otrosí: Por señalado casilla
electrónica N°693. Al cuarto otrosí: Por apersonado a los apoderados a la señora Cristina Patricia
Mateo Medina con DNI N°40416417, Correo cmateodiamante@gmail.com, y la señora: Merlyn Rocio
Barrantes García con DNI N°40084650, Correo mb.abogados.perú@gmail.com,. Al quinto otrosí:
Téngase por adjuntado los poderes vigentes en el presente escrito.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Expediente N° 09898-2011-15°JLL
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S E N T E N C I A N° 00011 - 2022 - 26° JETTL
Expediente : N° 09898-2011-15°JLL
Esp. Legal : Bercelia Lizana Quispe
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y UNO
Lima, treinta y uno de enero
del año dos mil veintidós .-
I. PARTE EXPOSITIVA
DEMANDA:
JAVIER ORIZANO ORDOÑEZ interpone demanda obrante de fojas 128 a 149, contra PESQUERA
DIAMANTE S.A. sobre pago de beneficios sociales y otros.
Petitorio:
El pago correspondiente por la suma de S/.909,635.42.soles por los siguientes conceptos:
1. Reintegros de remuneraciones al 18% del año 1992 a 2009 en base a la nivelación del precio
FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y Produce incluyendo el
pago de aumento por Fonavi de D.L. 25891 y devolviendo los descuentos por quinta
categoría de los años que no sobrepasen.
2. Reintegro de remuneraciones del 18.00% al 22.40% del año 1992 al 2009 en base a la
nivelación del precio FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y
PRODUCE incluyendo el aumento por FONAVI de D.L. 25981 y devolviendo los descuentos
por quinta categoría de los años que no sobrepasan.
3. Reintegro de Bonificación por Ley N° 29351, gratificaciones por fiestas patrias y navidad del
año 1992 a 2009.
4. Reintegro de vacaciones del año 1992 al 2009.
5. Reintegro de Cese y CTS del año 1992 al 2009.
6. Pago de vacaciones truncas del año 1992 al 2009.
7. Reintegro de las cuotas de pesca sur del año 2009.
8. Reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los años 2002 y 2010.
9. Pago de Utilidades y reintegro de utilidades del año 1992 al 2009 sin el descuento de la 5°
categoría que no se encuentra afecto de utilidades.
10. Reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria.
11. Pago de intereses legales, financieros, compensatorios del año 1992 a 2009, pago de costas
y costos del proceso.
Fundamentación de Hecho:
a) El demandante manifiesta haber laborado en diferentes embarcaciones siendo la última la llamada
Constanza de propiedad de la emplazada, iniciando labores en la citada embarcación desde el 01
de febrero de 1992 hasta el 30 de diciembre de 2009.
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b) Refiere que en cuanto contraprestación el actor percibió remuneraciones porcentuales los mismos
que no han sido con los precios establecidos por la sociedad nacional de pescadores ni los
porcentajes del 18% por participación de pesca, sin embargo dicho porcentaje no se encuentra
conforme a lo dispuesto por las Asociaciones Nacionales de armadores pesqueros y la federación
de pescadores y la federación de pescadores de Perú, que establecieron por mutuo acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40% según tonelada métrica de
harina de pescado, contrariamente la emplazada procedió desconocer dicha normatividad legal y
convencional pagando un porcentaje por debajo del 18%..
c) Refiere que el régimen especial de remuneración y condiciones de trabajo de los pescadores
industriales, esta normado por el Decreto Supremo N° 009-76-TR que se encuentra vigente a la
fecha.
d) La emplazada no cumplió con pagar las utilidades de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 677, Decreto Legislativo N° 892 y Decreto Supremo N° 009-98-TR, así como
tampoco cumplió con lo establecido D.L. N° 25981.
Admisión de la Demanda: Mediante Resolución Número 02 del 02 de setiembre 2011 (Fojas 150) se
admite la demanda en la vía del proceso ordinario laboral.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – PESQUERA DIAMANTE S.A.
Mediante escrito de fecha 21 de julio de 2011 (Fojas 367 a 395) la emplazada deduce excepción de
prescripción extintiva, y contesta la demanda en los siguientes términos:
Fundamentación de Hecho:
a) En cuanto a la participación de pesca del 22.40%, este no le corresponde al haberse efectuado el
convenio colectivo de trabajo de 1991 a 1993 celebrado por los armadores de nuevas
embarcaciones y el sindicato de pescadores, donde se estableció que el porcentaje de la
participación es del 18%, asimismo, en cuanto al Decreto Supremo N° 009-76-TR se debe tener
presente que la citada norma fue aplicado para las pequeñas empresas de extracción de
anchoveta (PEEA), no encontrándose la demandada en la citada situación.
b) Respecto al reintegro de remuneración por descuento indebido, no existe ningún importe de
otorgar dado que el demandante se encuentra sujeto a las disposiciones de los convenios
colectivos suscritos por los AANEP y la SUPNEP.
c) A lo que respecta con utilidades, se debe tener presente que nuestra empresa no generó utilidades
en los ejercicios 1993 a 2001 y 2003, sino a partir de los ejercicios 2002, 2004 al 2007, los mismos
que fueron pagados al actor.
d) En cuanto al concepto de Fonavi no le corresponde al demandante el citado concepto, dado su
naturaleza especial de la remuneración del tripulante del pescador, aleatoria, variable y fluctuante
que emana de la Ley General de Pesca, constituida exclusivamente por una participación de pesca
y su volumen de captura no dependen de la voluntad del hombre, sino que está referida a los
fenómenos o resultados regidos por las leyes de probabilidad dentro del mar, por tanto, al ser las
remuneraciones imprecisas no corresponde el pago del citado beneficio.
e) Sobre el reintegro de liquidación por bonificación por renuncia voluntaria, el accionante no ha
sustentado por que se tiene que dar un reintegro por dicho beneficio, no justificando su accionar.
AUDIENCIA ÚNICA:
De fojas 397 a 399 corre inserta el acta de la audiencia única llevada a cabo el 29 de marzo del 2011, en
cuyo acto se declaró infundada la excepción de prescripción extintiva, y por saneado el proceso al existir
una relación jurídica procesal válida; dejándose constancia de la imposibilidad de conciliar; se fijaron los
puntos controvertidos; se admitieron y actuaron los medios de prueba obrantes en el expediente. De modo
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que, no existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47°1 de
la Ley N° 26636.
EMISIÓN DE SENTENCIA.
No existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47°2 de la Ley
Procesal del Trabajo N° 26636, el estado es el de expedir sentencia, de conformidad a las directivas
emanadas del pronunciamiento superior.
II. PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: FINALIDAD DEL PROCESO.
1.1. El proceso como conducto objetivo de la función jurisdiccional persigue dos finalidades que se
encuentran claramente expresadas en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual
es un cuerpo normativo aplicable a los procesos laborales de forma supletoria3.
1.2. El tenor del precitado dispositivo es el que sigue:
“Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la
paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los
principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia
correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.”
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA.
2.1. El artículo 196° del Código Procesal Civil enuncia el principio general del derecho a la prueba en
los términos siguientes:
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos.”
2.2. En la legislación procesal laboral, el principio enunciado se encuentra normado en el artículo 27°
de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 del 24 de junio de 1996, bajo el texto que se anota:
“Artículo 27.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
1 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los
medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
2 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los
medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
3 Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636: “En lo no previsto por esta
Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”.
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2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el
contrato individual de trabajo.
3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su
nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”
TERCERO: ASUNTOS DE CONTROVERSIA.
En acto de audiencia única se fijaron como puntos controvertidos los siguientes:
1. Reintegro de remuneraciones al 18% de los años 1992 al 2009
2. Determinar si al demandante le corresponde el pago reintegro remuneraciones del 18% al 22.40% por
tonelada métrica de prima (harina de pescado) del año 1992 al 2009.
3. Los pagos por reintegro de bonificación Ley 29351.
4. Reintegro de las vacaciones de los años 1992 al 2009.
5. El pago de reintegro de cese y CTS del año 1992 al 2009.
6. El pago de vacaciones truncas como motorista de los años 1992 al 2009
7. Reintegro de las cuotas de pesca del sur del año 2009.
8. El pago y reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los años 2009
9. El pago de utilidades y reintegros de utilidades de los años 1992 al 2009 y
10. El pago de la bonificación por renuncia voluntaria.
COMPOSICIÓN DEL CONFLICTO JURÍDICO.
CUARTO: CON RESPECTO A LA RELACIÓN LABORAL
4.1 El demandante manifiesta que ingresó a laborar para la emplazada desde el 01 de febrero de 1992
hasta el 30 de diciembre de 2009; ante lo descrito se hace revisión del Record de Producción del
Beneficiario, obrante a Fojas 76 al 89 y del 1047 al 1058, en el mismo se aprecia que el demandante
desde la semana 14 a la semana 54 del año 1992 laboró para la empresa Pesquera Liguria S.A.; desde la
semana 01 del año 1993 hasta la semana 47 del año 1996 para la empresa Pesquera San Terenzo S.A.,
desde la semana 48 a la semana 53 del año 1996 en la Empresas Pesqueras Asociadas S.A.; desde la
semana 01 hasta la semana 52 de 1997 para la empresa San Terenzo S.A.; desde la semana 01 al 51 de
1998 para Inversiones San Terenzo S.A.; y desde la semana 01 del año 1999 hasta la semana 34 del año
2009 para la empresa pesquera Diamante S.A., de acuerdo al cuadro que sigue:
PERIODO
PESQUERA EMBARCACIÓN SEMANA FECHA
PESQUERA LIGURIA
26/03/1992 AL 31/12/1992
S.A.. ACAMAR 14 AL 54 DE 1992
ALESSIA
PESQUERA SAN ALEXANDRA
01 DE 1993 AL 47 DE 1996 01/01/1993 AL 20/11/1996
TERENZO S.A.. FRANCESCA
ACAMAR
EMPRESAS PESQUERAS GUANAY 48 AL 53 DE 1996 21/11/11996 AL 31/12/1996
ASOCIADAS S.A..
FRANCESCA
PESQUERA SAN ALEXANDRA
01 AL 52 DE 1997 01/01/1997 AL 17/12/1997
TERENZO S.A. PRODUTTORA
MICHELA
INVERSIONES SAN
01 AL 51 DE 1998 01/01/1998 AL 23/12/1998
TERENZO S.A.. MICHELA
MICHELA
PESQUERA DIAMANTE ADRIANA
01 DE 1999 AL 34 DE 2009 01/01/1999 AL 26/08/2009
S.A. DANIELA
CONSTANZA
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4.2 De acuerdo al cuadro expuesto, se puede observar que el demandante prestó labores para
distintas empresas pesqueras, las mismas que fueron Liguria S.A., San Terenzo S.A., Empresas
Pesqueras Asociadas S.A., Inversiones San Terenzo S.A. y Diamante S.A.; que de la revisión de la
escritura pública de fecha 31 de octubre de 2007 (Fojas 344 a 361), se aprecia la fusión sociedades
anónimas realizada por la Pesquera Diamante S.A. con las empresas Consorcio Malla S.A.; Pesquera
Polar S.A.; Pesquera Atlántico S.R.L.; Icapesca S.A. y Pesquera Lerici S.A., de la misma manera, a fojas
1823 a 1872 se encuentra el Testimonio de fusión celebrado el 30 de diciembre de 1998 con Inversiones
San Terenzo S.A., Pesquera Esmeralda y Pesquera Diamante S.A., en el que la empresa Diamante S.A.
absorbe de manera universal a las empresa Inversiones San Terenzo S.A. y Pesquera Esmeralda S.A.C.,
extinguiéndose estas últimas, no encontrándose dentro de la citadas fusiones las empresas Pesquera
Liguria S.A, Pesquera San Terenzo S.A. y Empresas Pesqueras Asociadas S.A., sin embargo, y de la
valoración de las boletas de remuneraciones obrante a Fojas 474 a 495, se verifica que la emplazada
reconoce como fecha de inicio de la relación laboral desde el 13 de enero de 1994, el mismo comprende
a la semana 03 del año 1994, es así que de la revisión del cuadro inmerso se observa que en el citado
periodo el demandante se encontraba realizando labores para la empresa Pesquera San Terenzo S.A. en
la embarcación Alexandra, por lo que de la revisión del Certificado de Matriculas de naves y artefactos
navales, fojas 899, se puede apreciar que la emplazada adquirió la embarcación Alexandra, asumiendo
Pesquera Diamante S.A. la responsabilidad del empleador por haberse efectuado la figura de la sucesión
empresarial asumiendo los pasivos y activos de las empresas absorbidas, y adquiriendo la titularidad de la
relación laboral con el actor, como consecuencia de la reorganización societaria, por lo que se tiene
acreditada la relación laboral por el periodo desde el 13 de enero de 1994 hasta el 26 de agosto de
2009.
4.3 En cuanto al periodo 26 de marzo de 1992 al 12 de enero de 1994, no se encuentra medios
probatorios que acredite que el actor haya laborado para la empresa Pesquera Diamante S.A., por lo que
se desestima este periodo para las pretensiones reclamadas.
QUINTO: DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE ANCHOVETA (PEEA)
5.1 Dado que el pedido del actor se encuentra suscrito en el Decreto Supremo N° 009-76-TR, fojas
144 parte pertinente, y teniendo presente lo acreditado por el demandante en cuanto a la prestación de su
servicio estuvo en base al porcentaje del 22.40% por participación de pesca; y de acuerdo a lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1867-2006 DEL SANTA, de fecha 31
de mayo del 2007, que sienta precedente de observancia obligatoria, y que se cita de manera extensa
para una mayor comprensión lo siguiente:
“(…) sin embargo posteriormente invocando la conveniencia de desagregar la actividad de extracción de
anchoveta a fin de mantener los niveles de productividad y consolidar el desarrollo de la industria
pesquera de consumo humano indirecto, mediante Decreto Ley número veintiuno mil quinientos cincuenta
y ocho publicado el veintiuno de Julio de mil novecientos setenta y seis se transfiere la flota de Pesca
Perú y todo su sistema de apoyo a Pequeñas Empresas del Sector Privado que formen los trabajadores a
su servicio así como por terceros que se dediquen a la extracción de anchoveta la misma que será
procesada para su uso industrial por Pesca Perú. Séptimo: Que, de acuerdo a los términos del artículo
segundo de este Decreto Ley para ser calificada como una Pequeña Empresa de Extracción de
Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, conforme al Decreto Ley número veintiuno mil cuatrocientos treinta y cinco, Ley
de la Pequeña Empresa del Sector Privado publicada el veinticinco de febrero de mil novecientos setenta
y seis; ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no exceda en su conjunto de seiscientas
veinte toneladas métricas; iii) Sus ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el
artículo tercero del Decreto Ley número dos mil cuatrocientos treinta y cinco, esto es ochocientos veinte
sueldos mínimos vitales de la Provincia de Lima; y iv) Dedicarse a su actividad económica sólo con las
embarcaciones y redes transferidas por Pesca Perú salvo autorización expresa del Ministerio de
Economía y Finanzas. Octavo: Que, además bajo el marco protector y tuitivo del derecho del trabajo, y
con el objeto de regular la relación laboral entre las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los
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trabajadores a su servicio, la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley número veintiuno mil
quinientos cincuenta y ocho reservó a un Reglamento posterior la regulación positiva de tal aspecto que
viene a concretizarse a través del Decreto Supremo número cero cero nueve - setenta y seis -TR del
veintiuno de Julio de mil novecientos setenta y seis que al definir la entidad, forma y variables para el
cálculo de la remuneración de dichos trabajadores señala que la remuneración que percibirán los
pescadores que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta será una participación por tonelada
métrica de pesca descargada que fija en el veintidós punto cuarenta por ciento del precio que el armador
percibirá por la venta de anchoveta a Pesca Perú como así aparece de la lectura concordada de su
artículo trece y con su Segunda Disposición Transitoria. Noveno: Que, de este modo el Decreto
Supremo número cero cero nueve - setenta y seis - TR regula en forma exclusiva y excluyente las
condiciones de trabajo y remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas
de Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transferencia de la flota pesquera de Pesca
Perú pues como lo reafirma expresamente en su Segunda Disposición Final sólo rige para las
relaciones entre las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los pescadores con lo cual
queda claro que cualquier contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con una
empresa que reúna las características previamente delimitadas por el Decreto Ley número
veintiuno mil quinientos cincuenta y ocho quedara fuera de su marco y ámbito de regulación y ello
es así en razón a que el hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo constituyó
precisamente la actividad productiva de los pescadores en las embarcaciones objeto de la
transferencia antes invocada. Décimo: Que, no obstante el actor reclama que su remuneración por
participación de pesca deba calcularse aplicando el porcentaje del veintidós punto cuarenta por ciento que
consagra la Segunda Disposición Transitoria del acotado Reglamento cuando en el proceso se encuentra
definido que la empresa demandada se ha constituido bajo la forma societaria de sociedad anónima y que
su actividad económica no la realiza en forma exclusiva con las embarcaciones y redes adquiridas a
Pesca Perú en virtud de la transferencia dispuesta por el Decreto Ley número veintiuno mil quinientos
cincuenta y ocho; sino que emplea embarcaciones de posterior construcción con nuevos equipos y
tecnología. Décimo Primero: Que, así queda claro que el contrato de trabajo que vincula a los co
litigantes queda fuera del ámbito del Decreto Supremo número cero cero nueve - setenta y seis -TR
al adolecer la emplazada de la calidad de Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta por lo
tanto no puede el accionante en su calidad de trabajador pesquero pretender que la norma
contenida en su Segunda Disposición Transitoria sea aplicada para definir la entidad de su
remuneración cuanto más si la aplicación del régimen participativo del veintidós punto cuarenta
por ciento para determinar la remuneración por participación de pesca sólo guarda razonabilidad y
coherencia si atendemos a las características de las embarcaciones de la flota pesquera de Pesca
Perú transferidas en el año de mil novecientos setenta y seis pero no puede pretenderse su
aplicación también cuando nos encontramos frente a embarcaciones que por su modernidad
tienen no sólo una mayor capacidad de bodega sino que por su nueva tecnología importarían un
menor esfuerzo y riesgo para los trabajadores pesqueros comparados con aquellos servicios ejecutados
en faenas de pesca en las embarcaciones antes aludidas. Décimo Segundo: Que, esta última conclusión
es coherente a su vez con el alcance y sentido del Principio de Igualdad consagrado en el inciso segundo
del artículo segundo de la Constitución Política del Estado que no impide al operador del derecho
determinar, entre las personas, distinciones que expresamente obedezcan a las diferencias que las
mismas circunstancias prácticas establecen de manera indubitable, es decir, la existencia de sucesos
espacial y temporalmente localizados que poseen rasgos específicos e intransferibles que hacen que una
relación jurídica sea de un determinado tipo y no de otro, así la diferenciación implica una relación efectiva
entre el trato desigual que se establece, el supuesto de hecho y la finalidad que se persigue alcanzar.
Décimo Tercero: Que, la Sala Superior a pesar que reconoce la aplicación del Decreto Supremo número
cero cero nueve - setenta y seis -TR sólo al ámbito de los trabajadores anchoveteros, señala que a la luz
de lo consagrado en el Convenio Colectivo suscrito por la Federación de Pescadores del Perú el doce de
Junio de mil novecientos ochenta y cinco en cuya cláusula primera se establece como remuneración para
todos los trabajadores pesqueros del litoral peruano la participación en el veintidós punto cuarenta por
ciento de la tonelada métrica de pescado descargado, debe ampararse el reclamo del actor. Décimo
Cuarto: Que, sin embargo este Órgano Superior olvida que por mandato de la Cuarta Disposición
Transitoria y Final del Decreto Ley número veinticinco mil quinientos noventa y tres, Ley que regula las
Relaciones Laborales de los Trabajadores de la Actividad Privada vigente hasta el ocho de enero del dos
mil tres en las negociaciones en trámite o en la primera negociación cuya convención, laudo o resolución
rija a partir de la vigencia de este Decreto Ley (tres de julio de mil novecientos noventa y dos), se deberá
incluir la revisión integral de todos los convenios colectivos vigentes sobre condiciones de trabajo y
remuneraciones entendiéndose que a falta de acuerdo entre las partes los Convenios Colectivos no
ratificados caducarán automáticamente de acuerdo a lo establecido por el inciso d) del artículo cuarenta y
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tres de la Ley referida. Décimo Quinto: Que, entonces si esta Suprema Sala estima que al no haberse
constatado que en el proceso se haya demostrado por lo menos la revisión del Convenio que la Sala
Laboral invoca como título del derecho que reconoce al demandante debe concluirse que ha operado la
caducidad de pleno derecho de este acuerdo por lo que los derechos que reconoce se extinguieron y su
cumplimiento no podría ser exigido por sus beneficiarios sean estos trabajadores o ex trabajadores.
Décimo Sexto: Que, al no contemplarse una norma especial que venga a regular la entidad de la
remuneración que por participación de pesca corresponde al demandante en su calidad de
trabajador pesquero, debe señalarse teniendo en cuenta que de acuerdo al literal “a” del inciso
veinticuatro del artículo dos de Constitución: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda,
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” y que conforme al inciso catorce del artículo dos de la
Constitución que consagra el Principio de Libertad Contractual: “Toda persona tiene derecho: [..]
A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”, que es
jurídicamente posible y permisible que tal remuneración sea delimitada en pleno ejercicio de la
libertad contractual a través de la autonomía privada colectiva de las partes ( trabajador -
empleador ) en tanto su fin sea lícito y no contravenga las leyes de orden público como así lo
contempla también el artículo mil trescientos cincuenta y cuatro del Código Civil norma de desarrollo de tal
principio constitucional, lo cual además encuentra sólido respaldo en lo contemplado en los
numerales uno y dos del artículo veintiocho de la Constitución Política del Estado que cautela el
derecho de sindicación y negociación colectiva como un mecanismo de solución pacifica de los
conflictos laborales (…)” (énfasis agregado).
5.2. De lo expuesto por la máxima instancia jurisdiccional del país, se puede colegir que el Decreto
Supremo N° 009-76-TR está destinado para aquellas pequeñas empresas de extracción de anchoveta, los
cuales podían obtener una ganancia de participación del 22.40%, al así establecerlo la citada normativa,
no obstante, las demás embarcaciones que no cumplieran con las características expuestas por el
Decreto Ley N° 21558 quedarían fuera de su marco de regulación, es así que al no encontrarse regulado
el contrato del trabajador pesquero, ello queda al libre albedrío entre las partes.
5.3 Es de ello, y del caso concreto, debemos de analizar si la emplazada se encontraba consideradas
como una PEEA, siendo así, y de lo establecido en los artículos 60° y 63° del Decreto Legislativo 301
publicada el 30 de julio de 1984; en el que se indica que se denominara pequeña empresa pesquera
aquella que desarrolle actividades de extracción, acuicultura, transformación, y/o comercialización de
productos hidrobiológicos, cuyos ingresos brutos anuales no superen los 900 Unidades impositivas
tributarias (UIT), Así como la inscripción en el registro especial que se llevara en el Registro General de
Pesquería. Que de acuerdo a los actuados consta las declaraciones del Impuesto a la Renta presentadas
por las demandadas a Fojas 343 al 390 y 407 al 424, tal como se aprecia en los cuadros siguientes:
AÑO VALOR 1 UIT BASE LEGAL 900 UIT PESQUERA DIAMANTE S.A.
(S/.)
1995 2,000 D.S.178-94-EF S/. 1,795,500.00 S/. 12,146,743.00
1996 2,200 D.S.012-96-EF S/. 1,796,400.00 S/. 13,432,603.00
1997 2,400 D.S. N° 134-96-EF S/. 2,160,000.00 S/. 31,427,857.00
1998 2,600 D.S. N° 177-97-EF S/. 2,340,000.00 S/. 10,117,413.00
1999 2,800 D.S. N° 123-98-EF S/. 2,520,000.00 S/. 84,437,194.00
2000 2,900 D.S. N° 191-99-EF S/. 2,610,000.00 S/. 145,228,677.00
2001 3,000 D.S. N°145-2000-EF S/. 2,700,000.00 S/. 133,918,716.00
2002 3,100 D.S. N° 241-2001-EF S/. 2,790,000.00 S/. 194,650,575.00
2003 3,100 D.S. N° 191-2002-EF S/. 2,790,000.00 S/. 149,915,248.00
2004 3,200 D.S. N° 192-2003-EF S/. 2,880,000.00 S/. 215,090,486.00
2005 3,300 D.S. N° 177-2004-EF S/. 2,970,000.00 S/. 248,469,990.00
2006 3,400 D.S. N° 176-2005-EF S/. 3,060,000.00 S/. 308,956,564.00
2007 3,450 D.S. N° 213-2006-EF S/. 3,105,000.00 S/. 353,523,079.00
2008 3,500 D.S. N° 209-2007-EF S/. 3,150,000.00 S/. 545,589,796.00
2009 3,550 D.S. N° 169-2008-EF S/. 3,195,000.00 S/. 607,583,667.00
De la revisión del citado cuadro se puede colegir que la demandada superaba la 900 UIT de sus ventas,
por lo que no podían estar consideradas como una pequeña empresa de extracción de anchoveta.
- 7 - Expediente N° 09898-2011-15°JLL
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5.4 Asimismo, es menester acotar que el Decreto Ley N° 21558 señala que una PEEA debe
encontrarse constituida bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada –
EIRL, contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no exceda en su conjunto de seiscientas
veinte toneladas métricas; que sus ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el
artículo tercero del Decreto Ley N° 21558, esto es ochocientos veinte sueldos mínimos vitales de la
Provincia de Lima; y dedicarse a su actividad económica sólo con las embarcaciones y redes transferidas
por Pesca Perú salvo autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas. Es así que, de acuerdo
a la citada norma las PEEAS deben de cumplir ciertas características, de las cuales no se observan en
autos, dado que la empleadora del actor estaban inscritas como Sociedad Anónimas, y la capacidad de
bodega de sus embarcaciones eran superiores a lo señalado en la citada norma, sobre pasando en
conjunto el tonelaje permitido en la citada normativa; por lo que, no encontrándose ningún medio
probatorio que acredite que la demandada sea PEEA, la percepción de la participación de pesca no se
encuentra sujeta al Decreto Supremo N° 009-76-TR.
SEXTO: RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE PESCA DEL 22.40%
6.1 De acuerdo a lo descrito líneas arriba, se determinó que la emplazada no puede estar
consideradas como PEEA la misma que perciben una participación de pesca del 22.40% por tonelada
métrica de harina de pescado, es así, que la parte demandante ha indicado percibir una prestación de
participación de pesca del 22.40% del precio venta de tonelada métrica de harina de pescado por el
periodo reclamado, siendo ello, y de la revisión de las declaraciones juradas de participación de pesca de
los periodos reclamados (Fojas 1063/1787) se observa que la participación pesca otorgada por la
empresa Pesquera Diamante S.A. desde el 01 abril de 1994 al 26 de agosto del 2009 fue del 18.00%.
6.2 Que, las remuneraciones del actor se regulaban por convenios colectivos por ramas, suscritos
entre el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras del Perú – SUPNEP y la
Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras – AANEP, organizaciones gremiales a
los cuales se encontraba afiliada las partes conforme se acredita con las constancias que obran de Fojas
153 y Fojas 1802; por lo que en el periodo reclamado las citadas organizaciones pactaron en el Convenio
Colectivo del periodo abril 1996 – abril 1999 (Fojas 154vuelta a 160) el cual por acuerdo de las
organizaciones gremiales participantes, fue prorrogado hasta el 21 de abril del 2002 (fojas 165);
establecieron en su cláusula primera que la participación de pesca, sería el equivalente del 18% del precio
que por tonelada métrica de pesca descargada le pagan a los armadores las fabricas procesadoras de
harina y aceite de pescado, referido al precio promedio que informa la SOCIEDAD NACIONAL DE
PESQUERÍA – SNP (fojas 155); en el Convenio Colectivo del periodo 2002 – 2007, que tuvo como
periodo de vigencia del 12 de abril del 2002 al 11 de abril del 2007 (fojas 168 a 175); en el cual por
acuerdo de las organizaciones gremiales participantes establecieron en su cláusula primera: La AANEP
conviene que sus asociados abonarán a las dotaciones pesqueras de sus embarcaciones por concepto de
participación de pesca y por cada tonelada métrica de pesca descargada el equivalente al 18% del precio
promedio de referencia que informa la SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA – SNP (fojas 169).
6.3. Asimismo, en el Convenio Colectivo del periodo 2007 – 2012, que tuvo como periodo de vigencia
del 12 de marzo del 2007 al 11 de marzo del 2012 (fojas 177 a 193); en el cual por acuerdo de las
organizaciones gremiales participantes establecieron en su Clausula Primera: De la Participación de
Pesca de la dotación pesquera: Las partes convienen que con efectividad a la vigencia del presente
convenio, la participación de pesca para el consumo humano indirecto, por tonelada métrica de pesca
descargada, será igual al 18% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina pescado.
Asimismo, las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del presente convenio, la participación
de pesca para el consumo humano directo, por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al
22.5% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina pescado. Para determinar el monto
de la participación de pesca, el precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado será el valor
FOB expresado en $/TMB, obtenido en base a la información proporcionada por SUNAT/ADUANET,
vigente en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el primer día
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hábil siguiente después de fecha de corte de la semana correspondiente. En tanto el Ministerio de
Producción publique en su portal: www.produce.gob.pe el referido precio promedio de harina de pescado
calculado según valor FOB expresado en $/TMB, proporcionado por SUNAT-ADUANET, ese dato será el
que se aplique para efectos de determinar el monto de la participación de pesca. Para determinar el pago
en nuevos soles, se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado compra publicado en el Diario Oficial
El Peruano por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el cálculo de la
planilla de participación de pesca, es decir el primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la
semana correspondiente (fojas 179).
6.5. De lo así expuesto, se puede apreciar que es recién con el Convenio Colectivo 2007-2012, que se
hace referencia al precio FOB, ya que en los convenios que estuvieron en vigencia por los periodos 1996-
1999, prorrogado hasta el 2002 y del 2002 al 2007, se establece que la participación de pesca sería el
equivalente del 18% del precio que por tonelada métrica de pesca descargada |
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
EXPEDIENTE N.° 09898-2011-0-1801-JR-LA-15
TRIBUNAL UNIPERSONAL
RESOLUCIÓN N° 37
Lima, 21 de setiembre del 2022
VISTOS:
En Audiencia Pública, de fecha 09 de setiembre del presente año, interviniendo como
Juez Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
ASUNTO:
Resolución materia de apelación: Son materia de impugnación:
La Resolución N° 04 emitida en Audiencia Única de fecha 29 de marzo del 2012,
obrante a fojas 397 a 400, que declara INFUNDADA la Excepción de Prescripción
Extintiva.
La Sentencia N° 00011-2022-26°JETTL , obrante de fojas 1900 a 1924, que declara
FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia, ordena a la demandada pagar a
favor del actor la suma de S/ 21 560,52 Soles, correspondientes a los conceptos
disgregados por reintegro de remuneraciones en la suma de S/ 14 678,64 Soles por
reintegro de gratificaciones en la suma de S/ 2 445,38 Soles; reintegro de vacaciones
en la suma de S/ 1 222,50 Soles, por Compensación por Cese en la Actividad Pesquera
la suma de S/ 122,50 Soles y por reintegro de utilidades la suma de S/ 1 992,00 Soles,
a favor del demandante; con intereses legales, más costas y costos procesales.
Expresión de los agravios de la apelación de Resolución N° 04.- Que, a fojas 407 a
409, obra el escrito de apelación del demandante, donde expresa como agravios:
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
1. Que, habiendo transcurrido el plazo perentorio las acciones derivadas has prescrito,
puesto que desde la fecha en la que resultaron exigibles los derechos reclamados a la
interposición de la demanda, ya han transcurrido más de 3 años desde el momento que
el actor tuvo expedido su derecho para accionar.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 31).- Que,
a fojas 1931 a 1936, obra el escrito de apelación de la demandada Pesquera
Diamante S.A., donde expresa como agravios:
1. Que, de la sentencia se advierte que el Juzgador ha efectuado una liquidación errónea
no habiendo tomado en cuenta el precio promedio de la tonelada métrica de harina de
pescado será el valor FOB expresado en US$/TMB, obtenido en base a la información
proporcionada SUNAT-ADUANET, pero vigente a la fecha de corte para el cálculo de la
planilla de participación de pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la
fecha de corte de la semana correspondiente (clausula primera convenio colectivo de
fecha 12 de marzo de 2007 al 11 de marzo de 2012), y no tomados para el mes de
pesca como erróneamente ha sido calculado.
2. No se ha tomado en cuenta que para determinar el pago en nuevo soles, se utilizara el
tipo de cambio promedio ponderado de compra publicado en el Diario Oficial El
Peruano por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFFPs, en la fecha antes
determinada.
3. No se ha tomado en cuenta que al momento de liquidar, las partes adicionales que
recibe el 1° patrón, 2° patrón y primer motorista, los cuales hacen dos (2) partes
adicionales al total de la tripulación, conforme así se ha establecido en los convenios
colectivos AANEP-SUPNEP (primer clausula) y en el propio contrato de trabajo.
4. Que, el Juzgador ha calculado erróneamente las utilidades por los periodos 2007, 2008
y 2009, puesto que la liquidación no guarda relación ni con lo señalado de modo
contractual entre las partes, ni en lo convenido vía convención colectiva entre la AANEP
y el SUPNEP, ni lo establecido en la Ley (Decreto Legislativo N° 892).
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que –recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo
latino “tantum devolutum quantum apellatum”, en la apelación la competencia del
superior solo alcanza a ésta y a su tramitación; asimismo, mediante Casación N° 626-
01-Arequipa se establece que “El Juez Superior tiene la facultad de poder revisar y
decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el juez inferior, sin embargo cabe
precisar que la extensión de los poderes a la instancia de alzada está presidida por un
postulado que limita su procedimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum
quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer
mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante”1; en ese sentido, sólo
se debe pronunciar sobre los agravios planteados por la demandada en la apelación (de
la sentencia), y lo resuelto por el A-quo en relación a ellos (agravios).
SEGUNDO.- En cuanto a la excepción de prescripción extintiva deducida por la
emplazada, cabe precisar, que las normas con vigencia anterior a la Ley Nº 26513, si
bien establecían el plazo prescriptorio de la acción en materia laboral no señalaban
expresamente el sustento de hecho a partir del cual se computaba dicho plazo,
haciéndose únicamente referencia a la exigibilidad de los derechos reclamados en la
norma acotada, por lo que el hecho del cese del trabajador fue el presupuesto fáctico
adoptado por las diferentes instancias judiciales para iniciar el cómputo de la
prescripción, ello en base a que el reclamo judicial dentro de la relación laboral pone en
peligro la subsistencia de la misma, pues el empleador en represalia contra el trabajador
reclamante puede despedirlo.
TERCERO.- Con la vigencia de la Ley Nº 26513 diversos órganos jurisdiccionales de la
judicatura laboral entendieron que el cómputo de la prescripción operaba a partir del
cese de la relación laboral, pues es a partir de allí que la exigibilidad de los derechos
laborales era incondicional. Las normas posteriores a la ley citada recogen el fin
1 El Peruano 05-11-2001, pág. 7905.
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teleológico descrito anteladamente cual es el proteger a la parte más débil de la relación
laboral que es el trabajador tal como puede advertirse en la Ley Nº 27022 dictada con
posterioridad a la Ley Nº 26513.
CUARTO.- Por otro lado, debe tenerse en cuenta lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación
Nº 623-98 Lima, que establece que no es correcto efectuar el cómputo del plazo de
prescripción de la acción, desde la fecha en que se habían devengado las
remuneraciones que se reclaman, si no desde la fecha de cese, en razón que mientras
subsista la relación laboral, subsiste también la posibilidad de que el empleador honre
sin mayor trámite sus obligaciones o inclusive sustituya en alguna forma las
prestaciones a cumplir, cancele o compense con ocasión del cese, por lo que el inicio
del plazo prescriptorio sólo puede ocurrir una vez extinguido el contrato de trabajo,
criterio que también es adoptado en la Casación Nº 802-96 Piura del seis de octubre de
1997.
QUINTO.- Precisado lo anterior, el plazo de prescripción debe ser computado desde la
fecha del cese, el mismo que en el caso de autos, ha ocurrido el 30 de diciembre del
2009, y al haber interpuesto su demanda el 05 de mayo del 2011, por lo que tomando
en cuenta el plazo de prescripción de 4 años establecido en la Ley Nº 27321, es de
concluir que no ha operado la prescripción, por lo que merece confirmarse Resolución
apelada, en el extremo que declara infundada la excepción de prescripción extintiva
propuesta.
SEXTO.- Para resolver los agravios de la Sentencia, corresponde precisar que si bien
el demandante sostiene que le corresponde el reintegro de participación de pesca,
considerando el precio valor FOB de fecha actualizada, también ha señalado que aún si
se hiciera un recálcalo con el precio considerado por la demandada que es el precio
publicado con atraso al día del corte por el Ministerio de Producción, hay un monto a su
favor.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
SÉPTIMO.- En ese sentido, cabe precisar que el periodo por el cual corresponde emitir
pronunciamiento es el comprendido desde la semana 07 del año 2007 hasta la semana
22 del año 2009, toda vez que el actor no ha cuestionado el periodo 1994-2006 que ha
sido declarado infundada por el A quo. Siendo así, cabe indicar, como bien, lo ha
señalado el juez de la causa, la Convención colectiva suscrita con fecha 12 de abril de
2002, cuya vigencia fue hasta el 12 de marzo de 2007, señala en su primera cláusula
que: «La AANEP conviene que sus asociados abonarán a las dotaciones de las
embarcaciones por concepto de participación de pesca y por cada tonelada métrica el
equivalente al 18% del precio promedio de referencia que informa la Sociedad Nacional
de Pesquería - SNP».
OCTAVO.- De este modo, se tiene que hasta el 11 de marzo de 2007 las
remuneraciones que percibía el actor eran en base al 18% del precio promedio que
informaba la Sociedad Nacional de Pesquería y sobre la base de un precio FOB de
harina de pescado que estableció PRODUCE, recién fue acordado entre el Sindicato
Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú-SUPNEP y la Asociación de
Armadores de las Nuevas Embarcaciones Pesqueras-AANEP a través de la
Convención Colectiva de fecha 12 de marzo de 2007 vigente hasta el 11 de marzo de
2012.
NOVENO.- Donde en la primera cláusula de la citada Convención Colectiva, se
estableció lo siguiente: «Las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del
presente Convenio, la participación de pesca para el consumo humano indirecto,
por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al 18% del 8% del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado». Asimismo señala en su
tercer y cuarto párrafo que «Para determinar el monto de la participación de pesca, el
precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado será el valor FOB
expresado en US$/TMB, obtenido en base a la información proporcionada por SUNAT-
ADUANET, vigente en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de
pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la semana
correspondiente. En tanto el Ministerio de la Producción publique en su portal:
www.produce.gob.pe el referido precio promedio de harina de pescado calculado según
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valor FOB expresado en US$/TMB, proporcionado por SUNAT-ADUANET, ese dato
será el que se aplique para efectos de determinar el monto de la participación de pesca.
Para determinar el pago en nuevos soles, se utilizará el tipo de cambio promedio
ponderado compra publicado en el Diario Oficial El Peruano por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de
participación de pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la fecha de
corte de la semana correspondiente».
DÉCIMO.- Siendo así, respecto al periodo apelado abril 2007- 2010, resulta preciso
indicar que el precio promedio de harina de pescado a considerarse para efectos de
determinar la participación de pesca que le correspondía al actor, es el que se
encuentre publicado por el Ministerio de la Producción en su Portal Institucional, no
obstante, también se debe precisar que el Ministerio de la Producción actualizaba con
cierto retraso los precios promedio de harina de pescado, calculado según el valor FOB
expresado en US$/TMB de los periodos 2007 en adelante, por lo que el precio valor
FOB era publicado en la página Web del Ministerio de la Producción no en el mes que
correspondía, sino en las últimas semanas del mes siguiente, e inclusive en algunos
periodos, la actualización se efectuaba recién en las primeras semanas del mes
subsiguiente. Así, el precio promedio de harina de pescado correspondiente al mes de
enero de 2007, fue publicado en el Portal Institucional del referido Ministerio recién el 26
de febrero de 2007; el precio correspondiente al mes de enero de 2009, fue publicado
recién el 24 de febrero de 2009 y así sucesivamente.
UNDÉCIMO.- Es por ello, que la diferencia existente entre el precio de referencia que
señala la demandada para el pago de la participación de pesca y los precios
considerados por el actor en su demanda, responde fundamentalmente que este último
ha considerado el precio valor FOB de fecha actualizada y no el precio que estaba
vigente en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe) a
la fecha de corte de la semana de pago, por lo que corresponde efectuar el cálculo con
esta última; además se tendrá en cuenta las Declaraciones Juradas de Aportes de
Retenciones Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, que obran en autos
de fojas 1063 a 1787, en las cuales se ha comprobado que el numero de "partes" a
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distribuir no es lo señalado por el Juzgador que considera 2 partes, cuando de dichas
declaraciones se observa lo siguiente: Patrón: 2 Partes. Segundo Patrón: 1.5 (dice 2
pero reparte 1.5). Primer Motorista: 1.5 (dice 2 pero reparte 1.5), siendo así para el
cálculo se considera 1.5 parte para el actor; asimismo para el recalculo de los reintegro
de participación de utilidades 2007-2009, se tendrán en cuanta las declaraciones en las
participaciones en las utilidades de los ejercicios económicos 2007, 2008 y 2009 que
obran de fojas 268 a 270.
DUODÉCIMO.- En ese sentido, corresponde efectuar el recálcalo para el reintegro de la
participación de pesca y su incidencia tanto en los beneficios sociales (Gratificación,
Vacaciones y Compensación por Tiempo de Servicios) como en las utilidades que el
demandante reclama, siendo el monto que debe abonarse a favor del actor es S/
559.38 soles, conforme aparece de los cuadros que se visualizan a continuación:
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DECIMOTERCERO.- En consecuencia, corresponde amparar los agravios de la
demandada parcialmente, confirmando la sentencia apelada y modificando el monto a
abonar.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del artículo
5º de la Ley Procesal del Trabajo N.º 26636: Este Tribunal Unipersonal de la Sala
Laboral Transitoria con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR: La Resolución N° 04 emitida en Audiencia Única de fecha 29 de marzo
del 2012, obrante a fojas 397 a 400, que declara INFUNDADA la Excepción de
Prescripción Extintiva.
2. CONFIRMAR: La Sentencia N° 00011-2022-26°JETTL , obrante de fojas 1900 a 1924,
que declara FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia, MODIFICANDO el
monto a abonar ORDENO a la demandada pagar a favor del actor la suma de S/ 559,38
(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100 SOLES), correspondientes a los
conceptos disgregados por reintegro de remuneraciones en la suma de S/ 393,33
Soles; por reintegro de gratificaciones en la suma de S/ 65,53 Soles; por reintegro de
vacaciones en la suma de S/ 32,76 Soles, por Compensación por Tiempo de Servicios
la suma de S/ 32,76 Soles y por reintegro de utilidades la suma de S/ 35,00 Soles, a
favor del demandante; con intereses legales, más costas y costos procesales.
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En los seguidos por JAVIER ORIZANO ORDOÑEZ contra PESQUERA DIAMANTE
sobre pago de reintegro de participación de pesca y otro; devolviendo al Juzgado de
Origen.
Notifíquese.-
JVB/r.l.c.
VALENZUELA BARRETO
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MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : BAUTISTA CHIRINOS, JULIO DACIO
ESPECIALISTA : LIZANA QUISPE BERCELIA YULE
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE ,
DEMANDANTE : ORIZANO ORDOÑEZ, JAVIER
Resolución Número 32
Lima, veinticuatro de marzo
Del año dos mil veintidós.-
Dando cuenta de dos escritos presentado por el DEMANDADO en forma electrónica de fecha 16
de marzo del 2022: Al Principal, primer, segundo otrosí: A lo expuesto: Con el arancel judicial
efectuado por recurso de apelación, en ese sentido, se procede emitir el siguiente pronunciamiento:
Autos y Vistos, Atendiendo:
Primero: Mediante sentencia recaída en la Resolución N° 31 de fecha 31 de enero del 2022, que
resolvió declarar fundada en parte la demanda sobre Beneficios Sociales.-
Segundo: El recurso de apelación interpuesto por esta parte se encuentra debidamente fundamentado
al haber señalado sus agravios de hecho y derecho dentro del plazo de ley, en ese sentido, y de
conformidad con el inciso 1) del Artículo 53° de la Ley Procesal de Trabajo, Ley 26636, se Resuelve:
CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO interpuesta por la parte
demandada contra la (sentencia N° 00011-2022-26° JETTL) recaída en la Resolución N° 31,
debiendo elevare los presentes actuados al Superior de Grado. Al tercer otrosí: Por señalado casilla
electrónica N°693. Al cuarto otrosí: Por apersonado a los apoderados a la señora Cristina Patricia
Mateo Medina con DNI N°40416417, Correo cmateodiamante@gmail.com, y la señora: Merlyn Rocio
Barrantes García con DNI N°40084650, Correo mb.abogados.perú@gmail.com,. Al quinto otrosí:
Téngase por adjuntado los poderes vigentes en el presente escrito.- |
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S E N T E N C I A N° 00011 - 2022 - 26° JETTL
Expediente : N° 09898-2011-15°JLL
Esp. Legal : Bercelia Lizana Quispe
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y UNO
Lima, treinta y uno de enero
del año dos mil veintidós .-
I. PARTE EXPOSITIVA
DEMANDA:
JAVIER ORIZANO ORDOÑEZ interpone demanda obrante de fojas 128 a 149, contra PESQUERA
DIAMANTE S.A. sobre pago de beneficios sociales y otros.
Petitorio:
El pago correspondiente por la suma de S/.909,635.42.soles por los siguientes conceptos:
1. Reintegros de remuneraciones al 18% del año 1992 a 2009 en base a la nivelación del precio
FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y Produce incluyendo el
pago de aumento por Fonavi de D.L. 25891 y devolviendo los descuentos por quinta
categoría de los años que no sobrepasen.
2. Reintegro de remuneraciones del 18.00% al 22.40% del año 1992 al 2009 en base a la
nivelación del precio FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y
PRODUCE incluyendo el aumento por FONAVI de D.L. 25981 y devolviendo los descuentos
por quinta categoría de los años que no sobrepasan.
3. Reintegro de Bonificación por Ley N° 29351, gratificaciones por fiestas patrias y navidad del
año 1992 a 2009.
4. Reintegro de vacaciones del año 1992 al 2009.
5. Reintegro de Cese y CTS del año 1992 al 2009.
6. Pago de vacaciones truncas del año 1992 al 2009.
7. Reintegro de las cuotas de pesca sur del año 2009.
8. Reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los años 2002 y 2010.
9. Pago de Utilidades y reintegro de utilidades del año 1992 al 2009 sin el descuento de la 5°
categoría que no se encuentra afecto de utilidades.
10. Reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria.
11. Pago de intereses legales, financieros, compensatorios del año 1992 a 2009, pago de costas
y costos del proceso.
Fundamentación de Hecho:
a) El demandante manifiesta haber laborado en diferentes embarcaciones siendo la última la llamada
Constanza de propiedad de la emplazada, iniciando labores en la citada embarcación desde el 01
de febrero de 1992 hasta el 30 de diciembre de 2009.
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b) Refiere que en cuanto contraprestación el actor percibió remuneraciones porcentuales los mismos
que no han sido con los precios establecidos por la sociedad nacional de pescadores ni los
porcentajes del 18% por participación de pesca, sin embargo dicho porcentaje no se encuentra
conforme a lo dispuesto por las Asociaciones Nacionales de armadores pesqueros y la federación
de pescadores y la federación de pescadores de Perú, que establecieron por mutuo acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40% según tonelada métrica de
harina de pescado, contrariamente la emplazada procedió desconocer dicha normatividad legal y
convencional pagando un porcentaje por debajo del 18%..
c) Refiere que el régimen especial de remuneración y condiciones de trabajo de los pescadores
industriales, esta normado por el Decreto Supremo N° 009-76-TR que se encuentra vigente a la
fecha.
d) La emplazada no cumplió con pagar las utilidades de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 677, Decreto Legislativo N° 892 y Decreto Supremo N° 009-98-TR, así como
tampoco cumplió con lo establecido D.L. N° 25981.
Admisión de la Demanda: Mediante Resolución Número 02 del 02 de setiembre 2011 (Fojas 150) se
admite la demanda en la vía del proceso ordinario laboral.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – PESQUERA DIAMANTE S.A.
Mediante escrito de fecha 21 de julio de 2011 (Fojas 367 a 395) la emplazada deduce excepción de
prescripción extintiva, y contesta la demanda en los siguientes términos:
Fundamentación de Hecho:
a) En cuanto a la participación de pesca del 22.40%, este no le corresponde al haberse efectuado el
convenio colectivo de trabajo de 1991 a 1993 celebrado por los armadores de nuevas
embarcaciones y el sindicato de pescadores, donde se estableció que el porcentaje de la
participación es del 18%, asimismo, en cuanto al Decreto Supremo N° 009-76-TR se debe tener
presente que la citada norma fue aplicado para las pequeñas empresas de extracción de
anchoveta (PEEA), no encontrándose la demandada en la citada situación.
b) Respecto al reintegro de remuneración por descuento indebido, no existe ningún importe de
otorgar dado que el demandante se encuentra sujeto a las disposiciones de los convenios
colectivos suscritos por los AANEP y la SUPNEP.
c) A lo que respecta con utilidades, se debe tener presente que nuestra empresa no generó utilidades
en los ejercicios 1993 a 2001 y 2003, sino a partir de los ejercicios 2002, 2004 al 2007, los mismos
que fueron pagados al actor.
d) En cuanto al concepto de Fonavi no le corresponde al demandante el citado concepto, dado su
naturaleza especial de la remuneración del tripulante del pescador, aleatoria, variable y fluctuante
que emana de la Ley General de Pesca, constituida exclusivamente por una participación de pesca
y su volumen de captura no dependen de la voluntad del hombre, sino que está referida a los
fenómenos o resultados regidos por las leyes de probabilidad dentro del mar, por tanto, al ser las
remuneraciones imprecisas no corresponde el pago del citado beneficio.
e) Sobre el reintegro de liquidación por bonificación por renuncia voluntaria, el accionante no ha
sustentado por que se tiene que dar un reintegro por dicho beneficio, no justificando su accionar.
AUDIENCIA ÚNICA:
De fojas 397 a 399 corre inserta el acta de la audiencia única llevada a cabo el 29 de marzo del 2011, en
cuyo acto se declaró infundada la excepción de prescripción extintiva, y por saneado el proceso al existir
una relación jurídica procesal válida; dejándose constancia de la imposibilidad de conciliar; se fijaron los
puntos controvertidos; se admitieron y actuaron los medios de prueba obrantes en el expediente. De modo
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que, no existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47°1 de
la Ley N° 26636.
EMISIÓN DE SENTENCIA.
No existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47°2 de la Ley
Procesal del Trabajo N° 26636, el estado es el de expedir sentencia, de conformidad a las directivas
emanadas del pronunciamiento superior.
II. PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: FINALIDAD DEL PROCESO.
1.1. El proceso como conducto objetivo de la función jurisdiccional persigue dos finalidades que se
encuentran claramente expresadas en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual
es un cuerpo normativo aplicable a los procesos laborales de forma supletoria3.
1.2. El tenor del precitado dispositivo es el que sigue:
“Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la
paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los
principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia
correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.”
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA.
2.1. El artículo 196° del Código Procesal Civil enuncia el principio general del derecho a la prueba en
los términos siguientes:
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos.”
2.2. En la legislación procesal laboral, el principio enunciado se encuentra normado en el artículo 27°
de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 del 24 de junio de 1996, bajo el texto que se anota:
“Artículo 27.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
1 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los
medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
2 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los
medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
3 Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636: “En lo no previsto por esta
Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”.
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2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el
contrato individual de trabajo.
3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su
nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”
TERCERO: ASUNTOS DE CONTROVERSIA.
En acto de audiencia única se fijaron como puntos controvertidos los siguientes:
1. Reintegro de remuneraciones al 18% de los años 1992 al 2009
2. Determinar si al demandante le corresponde el pago reintegro remuneraciones del 18% al 22.40% por
tonelada métrica de prima (harina de pescado) del año 1992 al 2009.
3. Los pagos por reintegro de bonificación Ley 29351.
4. Reintegro de las vacaciones de los años 1992 al 2009.
5. El pago de reintegro de cese y CTS del año 1992 al 2009.
6. El pago de vacaciones truncas como motorista de los años 1992 al 2009
7. Reintegro de las cuotas de pesca del sur del año 2009.
8. El pago y reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los años 2009
9. El pago de utilidades y reintegros de utilidades de los años 1992 al 2009 y
10. El pago de la bonificación por renuncia voluntaria.
COMPOSICIÓN DEL CONFLICTO JURÍDICO.
CUARTO: CON RESPECTO A LA RELACIÓN LABORAL
4.1 El demandante manifiesta que ingresó a laborar para la emplazada desde el 01 de febrero de 1992
hasta el 30 de diciembre de 2009; ante lo descrito se hace revisión del Record de Producción del
Beneficiario, obrante a Fojas 76 al 89 y del 1047 al 1058, en el mismo se aprecia que el demandante
desde la semana 14 a la semana 54 del año 1992 laboró para la empresa Pesquera Liguria S.A.; desde la
semana 01 del año 1993 hasta la semana 47 del año 1996 para la empresa Pesquera San Terenzo S.A.,
desde la semana 48 a la semana 53 del año 1996 en la Empresas Pesqueras Asociadas S.A.; desde la
semana 01 hasta la semana 52 de 1997 para la empresa San Terenzo S.A.; desde la semana 01 al 51 de
1998 para Inversiones San Terenzo S.A.; y desde la semana 01 del año 1999 hasta la semana 34 del año
2009 para la empresa pesquera Diamante S.A., de acuerdo al cuadro que sigue:
PERIODO
PESQUERA EMBARCACIÓN SEMANA FECHA
PESQUERA LIGURIA
26/03/1992 AL 31/12/1992
S.A.. ACAMAR 14 AL 54 DE 1992
ALESSIA
PESQUERA SAN ALEXANDRA
01 DE 1993 AL 47 DE 1996 01/01/1993 AL 20/11/1996
TERENZO S.A.. FRANCESCA
ACAMAR
EMPRESAS PESQUERAS GUANAY 48 AL 53 DE 1996 21/11/11996 AL 31/12/1996
ASOCIADAS S.A..
FRANCESCA
PESQUERA SAN ALEXANDRA
01 AL 52 DE 1997 01/01/1997 AL 17/12/1997
TERENZO S.A. PRODUTTORA
MICHELA
INVERSIONES SAN
01 AL 51 DE 1998 01/01/1998 AL 23/12/1998
TERENZO S.A.. MICHELA
MICHELA
PESQUERA DIAMANTE ADRIANA
01 DE 1999 AL 34 DE 2009 01/01/1999 AL 26/08/2009
S.A. DANIELA
CONSTANZA
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4.2 De acuerdo al cuadro expuesto, se puede observar que el demandante prestó labores para
distintas empresas pesqueras, las mismas que fueron Liguria S.A., San Terenzo S.A., Empresas
Pesqueras Asociadas S.A., Inversiones San Terenzo S.A. y Diamante S.A.; que de la revisión de la
escritura pública de fecha 31 de octubre de 2007 (Fojas 344 a 361), se aprecia la fusión sociedades
anónimas realizada por la Pesquera Diamante S.A. con las empresas Consorcio Malla S.A.; Pesquera
Polar S.A.; Pesquera Atlántico S.R.L.; Icapesca S.A. y Pesquera Lerici S.A., de la misma manera, a fojas
1823 a 1872 se encuentra el Testimonio de fusión celebrado el 30 de diciembre de 1998 con Inversiones
San Terenzo S.A., Pesquera Esmeralda y Pesquera Diamante S.A., en el que la empresa Diamante S.A.
absorbe de manera universal a las empresa Inversiones San Terenzo S.A. y Pesquera Esmeralda S.A.C.,
extinguiéndose estas últimas, no encontrándose dentro de la citadas fusiones las empresas Pesquera
Liguria S.A, Pesquera San Terenzo S.A. y Empresas Pesqueras Asociadas S.A., sin embargo, y de la
valoración de las boletas de remuneraciones obrante a Fojas 474 a 495, se verifica que la emplazada
reconoce como fecha de inicio de la relación laboral desde el 13 de enero de 1994, el mismo comprende
a la semana 03 del año 1994, es así que de la revisión del cuadro inmerso se observa que en el citado
periodo el demandante se encontraba realizando labores para la empresa Pesquera San Terenzo S.A. en
la embarcación Alexandra, por lo que de la revisión del Certificado de Matriculas de naves y artefactos
navales, fojas 899, se puede apreciar que la emplazada adquirió la embarcación Alexandra, asumiendo
Pesquera Diamante S.A. la responsabilidad del empleador por haberse efectuado la figura de la sucesión
empresarial asumiendo los pasivos y activos de las empresas absorbidas, y adquiriendo la titularidad de la
relación laboral con el actor, como consecuencia de la reorganización societaria, por lo que se tiene
acreditada la relación laboral por el periodo desde el 13 de enero de 1994 hasta el 26 de agosto de
2009.
4.3 En cuanto al periodo 26 de marzo de 1992 al 12 de enero de 1994, no se encuentra medios
probatorios que acredite que el actor haya laborado para la empresa Pesquera Diamante S.A., por lo que
se desestima este periodo para las pretensiones reclamadas.
QUINTO: DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE ANCHOVETA (PEEA)
5.1 Dado que el pedido del actor se encuentra suscrito en el Decreto Supremo N° 009-76-TR, fojas
144 parte pertinente, y teniendo presente lo acreditado por el demandante en cuanto a la prestación de su
servicio estuvo en base al porcentaje del 22.40% por participación de pesca; y de acuerdo a lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1867-2006 DEL SANTA, de fecha 31
de mayo del 2007, que sienta precedente de observancia obligatoria, y que se cita de manera extensa
para una mayor comprensión lo siguiente:
“(…) sin embargo posteriormente invocando la conveniencia de desagregar la actividad de extracción de
anchoveta a fin de mantener los niveles de productividad y consolidar el desarrollo de la industria
pesquera de consumo humano indirecto, mediante Decreto Ley número veintiuno mil quinientos cincuenta
y ocho publicado el veintiuno de Julio de mil novecientos setenta y seis se transfiere la flota de Pesca
Perú y todo su sistema de apoyo a Pequeñas Empresas del Sector Privado que formen los trabajadores a
su servicio así como por terceros que se dediquen a la extracción de anchoveta la misma que será
procesada para su uso industrial por Pesca Perú. Séptimo: Que, de acuerdo a los términos del artículo
segundo de este Decreto Ley para ser calificada como una Pequeña Empresa de Extracción de
Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, conforme al Decreto Ley número veintiuno mil cuatrocientos treinta y cinco, Ley
de la Pequeña Empresa del Sector Privado publicada el veinticinco de febrero de mil novecientos setenta
y seis; ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no exceda en su conjunto de seiscientas
veinte toneladas métricas; iii) Sus ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el
artículo tercero del Decreto Ley número dos mil cuatrocientos treinta y cinco, esto es ochocientos veinte
sueldos mínimos vitales de la Provincia de Lima; y iv) Dedicarse a su actividad económica sólo con las
embarcaciones y redes transferidas por Pesca Perú salvo autorización expresa del Ministerio de
Economía y Finanzas. Octavo: Que, además bajo el marco protector y tuitivo del derecho del trabajo, y
con el objeto de regular la relación laboral entre las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los
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trabajadores a su servicio, la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley número veintiuno mil
quinientos cincuenta y ocho reservó a un Reglamento posterior la regulación positiva de tal aspecto que
viene a concretizarse a través del Decreto Supremo número cero cero nueve - setenta y seis -TR del
veintiuno de Julio de mil novecientos setenta y seis que al definir la entidad, forma y variables para el
cálculo de la remuneración de dichos trabajadores señala que la remuneración que percibirán los
pescadores que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta será una participación por tonelada
métrica de pesca descargada que fija en el veintidós punto cuarenta por ciento del precio que el armador
percibirá por la venta de anchoveta a Pesca Perú como así aparece de la lectura concordada de su
artículo trece y con su Segunda Disposición Transitoria. Noveno: Que, de este modo el Decreto
Supremo número cero cero nueve - setenta y seis - TR regula en forma exclusiva y excluyente las
condiciones de trabajo y remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas
de Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transferencia de la flota pesquera de Pesca
Perú pues como lo reafirma expresamente en su Segunda Disposición Final sólo rige para las
relaciones entre las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los pescadores con lo cual
queda claro que cualquier contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con una
empresa que reúna las características previamente delimitadas por el Decreto Ley número
veintiuno mil quinientos cincuenta y ocho quedara fuera de su marco y ámbito de regulación y ello
es así en razón a que el hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo constituyó
precisamente la actividad productiva de los pescadores en las embarcaciones objeto de la
transferencia antes invocada. Décimo: Que, no obstante el actor reclama que su remuneración por
participación de pesca deba calcularse aplicando el porcentaje del veintidós punto cuarenta por ciento que
consagra la Segunda Disposición Transitoria del acotado Reglamento cuando en el proceso se encuentra
definido que la empresa demandada se ha constituido bajo la forma societaria de sociedad anónima y que
su actividad económica no la realiza en forma exclusiva con las embarcaciones y redes adquiridas a
Pesca Perú en virtud de la transferencia dispuesta por el Decreto Ley número veintiuno mil quinientos
cincuenta y ocho; sino que emplea embarcaciones de posterior construcción con nuevos equipos y
tecnología. Décimo Primero: Que, así queda claro que el contrato de trabajo que vincula a los co
litigantes queda fuera del ámbito del Decreto Supremo número cero cero nueve - setenta y seis -TR
al adolecer la emplazada de la calidad de Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta por lo
tanto no puede el accionante en su calidad de trabajador pesquero pretender que la norma
contenida en su Segunda Disposición Transitoria sea aplicada para definir la entidad de su
remuneración cuanto más si la aplicación del régimen participativo del veintidós punto cuarenta
por ciento para determinar la remuneración por participación de pesca sólo guarda razonabilidad y
coherencia si atendemos a las características de las embarcaciones de la flota pesquera de Pesca
Perú transferidas en el año de mil novecientos setenta y seis pero no puede pretenderse su
aplicación también cuando nos encontramos frente a embarcaciones que por su modernidad
tienen no sólo una mayor capacidad de bodega sino que por su nueva tecnología importarían un
menor esfuerzo y riesgo para los trabajadores pesqueros comparados con aquellos servicios ejecutados
en faenas de pesca en las embarcaciones antes aludidas. Décimo Segundo: Que, esta última conclusión
es coherente a su vez con el alcance y sentido del Principio de Igualdad consagrado en el inciso segundo
del artículo segundo de la Constitución Política del Estado que no impide al operador del derecho
determinar, entre las personas, distinciones que expresamente obedezcan a las diferencias que las
mismas circunstancias prácticas establecen de manera indubitable, es decir, la existencia de sucesos
espacial y temporalmente localizados que poseen rasgos específicos e intransferibles que hacen que una
relación jurídica sea de un determinado tipo y no de otro, así la diferenciación implica una relación efectiva
entre el trato desigual que se establece, el supuesto de hecho y la finalidad que se persigue alcanzar.
Décimo Tercero: Que, la Sala Superior a pesar que reconoce la aplicación del Decreto Supremo número
cero cero nueve - setenta y seis -TR sólo al ámbito de los trabajadores anchoveteros, señala que a la luz
de lo consagrado en el Convenio Colectivo suscrito por la Federación de Pescadores del Perú el doce de
Junio de mil novecientos ochenta y cinco en cuya cláusula primera se establece como remuneración para
todos los trabajadores pesqueros del litoral peruano la participación en el veintidós punto cuarenta por
ciento de la tonelada métrica de pescado descargado, debe ampararse el reclamo del actor. Décimo
Cuarto: Que, sin embargo este Órgano Superior olvida que por mandato de la Cuarta Disposición
Transitoria y Final del Decreto Ley número veinticinco mil quinientos noventa y tres, Ley que regula las
Relaciones Laborales de los Trabajadores de la Actividad Privada vigente hasta el ocho de enero del dos
mil tres en las negociaciones en trámite o en la primera negociación cuya convención, laudo o resolución
rija a partir de la vigencia de este Decreto Ley (tres de julio de mil novecientos noventa y dos), se deberá
incluir la revisión integral de todos los convenios colectivos vigentes sobre condiciones de trabajo y
remuneraciones entendiéndose que a falta de acuerdo entre las partes los Convenios Colectivos no
ratificados caducarán automáticamente de acuerdo a lo establecido por el inciso d) del artículo cuarenta y
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tres de la Ley referida. Décimo Quinto: Que, entonces si esta Suprema Sala estima que al no haberse
constatado que en el proceso se haya demostrado por lo menos la revisión del Convenio que la Sala
Laboral invoca como título del derecho que reconoce al demandante debe concluirse que ha operado la
caducidad de pleno derecho de este acuerdo por lo que los derechos que reconoce se extinguieron y su
cumplimiento no podría ser exigido por sus beneficiarios sean estos trabajadores o ex trabajadores.
Décimo Sexto: Que, al no contemplarse una norma especial que venga a regular la entidad de la
remuneración que por participación de pesca corresponde al demandante en su calidad de
trabajador pesquero, debe señalarse teniendo en cuenta que de acuerdo al literal “a” del inciso
veinticuatro del artículo dos de Constitución: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda,
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” y que conforme al inciso catorce del artículo dos de la
Constitución que consagra el Principio de Libertad Contractual: “Toda persona tiene derecho: [..]
A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”, que es
jurídicamente posible y permisible que tal remuneración sea delimitada en pleno ejercicio de la
libertad contractual a través de la autonomía privada colectiva de las partes ( trabajador -
empleador ) en tanto su fin sea lícito y no contravenga las leyes de orden público como así lo
contempla también el artículo mil trescientos cincuenta y cuatro del Código Civil norma de desarrollo de tal
principio constitucional, lo cual además encuentra sólido respaldo en lo contemplado en los
numerales uno y dos del artículo veintiocho de la Constitución Política del Estado que cautela el
derecho de sindicación y negociación colectiva como un mecanismo de solución pacifica de los
conflictos laborales (…)” (énfasis agregado).
5.2. De lo expuesto por la máxima instancia jurisdiccional del país, se puede colegir que el Decreto
Supremo N° 009-76-TR está destinado para aquellas pequeñas empresas de extracción de anchoveta, los
cuales podían obtener una ganancia de participación del 22.40%, al así establecerlo la citada normativa,
no obstante, las demás embarcaciones que no cumplieran con las características expuestas por el
Decreto Ley N° 21558 quedarían fuera de su marco de regulación, es así que al no encontrarse regulado
el contrato del trabajador pesquero, ello queda al libre albedrío entre las partes.
5.3 Es de ello, y del caso concreto, debemos de analizar si la emplazada se encontraba consideradas
como una PEEA, siendo así, y de lo establecido en los artículos 60° y 63° del Decreto Legislativo 301
publicada el 30 de julio de 1984; en el que se indica que se denominara pequeña empresa pesquera
aquella que desarrolle actividades de extracción, acuicultura, transformación, y/o comercialización de
productos hidrobiológicos, cuyos ingresos brutos anuales no superen los 900 Unidades impositivas
tributarias (UIT), Así como la inscripción en el registro especial que se llevara en el Registro General de
Pesquería. Que de acuerdo a los actuados consta las declaraciones del Impuesto a la Renta presentadas
por las demandadas a Fojas 343 al 390 y 407 al 424, tal como se aprecia en los cuadros siguientes:
AÑO VALOR 1 UIT BASE LEGAL 900 UIT PESQUERA DIAMANTE S.A.
(S/.)
1995 2,000 D.S.178-94-EF S/. 1,795,500.00 S/. 12,146,743.00
1996 2,200 D.S.012-96-EF S/. 1,796,400.00 S/. 13,432,603.00
1997 2,400 D.S. N° 134-96-EF S/. 2,160,000.00 S/. 31,427,857.00
1998 2,600 D.S. N° 177-97-EF S/. 2,340,000.00 S/. 10,117,413.00
1999 2,800 D.S. N° 123-98-EF S/. 2,520,000.00 S/. 84,437,194.00
2000 2,900 D.S. N° 191-99-EF S/. 2,610,000.00 S/. 145,228,677.00
2001 3,000 D.S. N°145-2000-EF S/. 2,700,000.00 S/. 133,918,716.00
2002 3,100 D.S. N° 241-2001-EF S/. 2,790,000.00 S/. 194,650,575.00
2003 3,100 D.S. N° 191-2002-EF S/. 2,790,000.00 S/. 149,915,248.00
2004 3,200 D.S. N° 192-2003-EF S/. 2,880,000.00 S/. 215,090,486.00
2005 3,300 D.S. N° 177-2004-EF S/. 2,970,000.00 S/. 248,469,990.00
2006 3,400 D.S. N° 176-2005-EF S/. 3,060,000.00 S/. 308,956,564.00
2007 3,450 D.S. N° 213-2006-EF S/. 3,105,000.00 S/. 353,523,079.00
2008 3,500 D.S. N° 209-2007-EF S/. 3,150,000.00 S/. 545,589,796.00
2009 3,550 D.S. N° 169-2008-EF S/. 3,195,000.00 S/. 607,583,667.00
De la revisión del citado cuadro se puede colegir que la demandada superaba la 900 UIT de sus ventas,
por lo que no podían estar consideradas como una pequeña empresa de extracción de anchoveta.
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5.4 Asimismo, es menester acotar que el Decreto Ley N° 21558 señala que una PEEA debe
encontrarse constituida bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada –
EIRL, contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no exceda en su conjunto de seiscientas
veinte toneladas métricas; que sus ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el
artículo tercero del Decreto Ley N° 21558, esto es ochocientos veinte sueldos mínimos vitales de la
Provincia de Lima; y dedicarse a su actividad económica sólo con las embarcaciones y redes transferidas
por Pesca Perú salvo autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas. Es así que, de acuerdo
a la citada norma las PEEAS deben de cumplir ciertas características, de las cuales no se observan en
autos, dado que la empleadora del actor estaban inscritas como Sociedad Anónimas, y la capacidad de
bodega de sus embarcaciones eran superiores a lo señalado en la citada norma, sobre pasando en
conjunto el tonelaje permitido en la citada normativa; por lo que, no encontrándose ningún medio
probatorio que acredite que la demandada sea PEEA, la percepción de la participación de pesca no se
encuentra sujeta al Decreto Supremo N° 009-76-TR.
SEXTO: RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE PESCA DEL 22.40%
6.1 De acuerdo a lo descrito líneas arriba, se determinó que la emplazada no puede estar
consideradas como PEEA la misma que perciben una participación de pesca del 22.40% por tonelada
métrica de harina de pescado, es así, que la parte demandante ha indicado percibir una prestación de
participación de pesca del 22.40% del precio venta de tonelada métrica de harina de pescado por el
periodo reclamado, siendo ello, y de la revisión de las declaraciones juradas de participación de pesca de
los periodos reclamados (Fojas 1063/1787) se observa que la participación pesca otorgada por la
empresa Pesquera Diamante S.A. desde el 01 abril de 1994 al 26 de agosto del 2009 fue del 18.00%.
6.2 Que, las remuneraciones del actor se regulaban por convenios colectivos por ramas, suscritos
entre el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras del Perú – SUPNEP y la
Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras – AANEP, organizaciones gremiales a
los cuales se encontraba afiliada las partes conforme se acredita con las constancias que obran de Fojas
153 y Fojas 1802; por lo que en el periodo reclamado las citadas organizaciones pactaron en el Convenio
Colectivo del periodo abril 1996 – abril 1999 (Fojas 154vuelta a 160) el cual por acuerdo de las
organizaciones gremiales participantes, fue prorrogado hasta el 21 de abril del 2002 (fojas 165);
establecieron en su cláusula primera que la participación de pesca, sería el equivalente del 18% del precio
que por tonelada métrica de pesca descargada le pagan a los armadores las fabricas procesadoras de
harina y aceite de pescado, referido al precio promedio que informa la SOCIEDAD NACIONAL DE
PESQUERÍA – SNP (fojas 155); en el Convenio Colectivo del periodo 2002 – 2007, que tuvo como
periodo de vigencia del 12 de abril del 2002 al 11 de abril del 2007 (fojas 168 a 175); en el cual por
acuerdo de las organizaciones gremiales participantes establecieron en su cláusula primera: La AANEP
conviene que sus asociados abonarán a las dotaciones pesqueras de sus embarcaciones por concepto de
participación de pesca y por cada tonelada métrica de pesca descargada el equivalente al 18% del precio
promedio de referencia que informa la SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA – SNP (fojas 169).
6.3. Asimismo, en el Convenio Colectivo del periodo 2007 – 2012, que tuvo como periodo de vigencia
del 12 de marzo del 2007 al 11 de marzo del 2012 (fojas 177 a 193); en el cual por acuerdo de las
organizaciones gremiales participantes establecieron en su Clausula Primera: De la Participación de
Pesca de la dotación pesquera: Las partes convienen que con efectividad a la vigencia del presente
convenio, la participación de pesca para el consumo humano indirecto, por tonelada métrica de pesca
descargada, será igual al 18% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina pescado.
Asimismo, las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del presente convenio, la participación
de pesca para el consumo humano directo, por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al
22.5% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina pescado. Para determinar el monto
de la participación de pesca, el precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado será el valor
FOB expresado en $/TMB, obtenido en base a la información proporcionada por SUNAT/ADUANET,
vigente en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el primer día
- 8 - Expediente N° 09898-2011-15°JLL
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hábil siguiente después de fecha de corte de la semana correspondiente. En tanto el Ministerio de
Producción publique en su portal: www.produce.gob.pe el referido precio promedio de harina de pescado
calculado según valor FOB expresado en $/TMB, proporcionado por SUNAT-ADUANET, ese dato será el
que se aplique para efectos de determinar el monto de la participación de pesca. Para determinar el pago
en nuevos soles, se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado compra publicado en el Diario Oficial
El Peruano por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el cálculo de la
planilla de participación de pesca, es decir el primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la
semana correspondiente (fojas 179).
6.5. De lo así expuesto, se puede apreciar que es recién con el Convenio Colectivo 2007-2012, que se
hace referencia al precio FOB, ya que en los convenios que estuvieron en vigencia por los periodos 1996-
1999, prorrogado hasta el 2002 y del 2002 al 2007, se establece que la participación de pesca sería el
equivalente del 18% del precio que por tonelada métrica de pesca descargada |
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
EXPEDIENTE N.° 09898-2011-0-1801-JR-LA-15
TRIBUNAL UNIPERSONAL
RESOLUCIÓN N° 37
Lima, 21 de setiembre del 2022
VISTOS:
En Audiencia Pública, de fecha 09 de setiembre del presente año, interviniendo como
Juez Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
ASUNTO:
Resolución materia de apelación: Son materia de impugnación:
La Resolución N° 04 emitida en Audiencia Única de fecha 29 de marzo del 2012,
obrante a fojas 397 a 400, que declara INFUNDADA la Excepción de Prescripción
Extintiva.
La Sentencia N° 00011-2022-26°JETTL , obrante de fojas 1900 a 1924, que declara
FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia, ordena a la demandada pagar a
favor del actor la suma de S/ 21 560,52 Soles, correspondientes a los conceptos
disgregados por reintegro de remuneraciones en la suma de S/ 14 678,64 Soles por
reintegro de gratificaciones en la suma de S/ 2 445,38 Soles; reintegro de vacaciones
en la suma de S/ 1 222,50 Soles, por Compensación por Cese en la Actividad Pesquera
la suma de S/ 122,50 Soles y por reintegro de utilidades la suma de S/ 1 992,00 Soles,
a favor del demandante; con intereses legales, más costas y costos procesales.
Expresión de los agravios de la apelación de Resolución N° 04.- Que, a fojas 407 a
409, obra el escrito de apelación del demandante, donde expresa como agravios:
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
1. Que, habiendo transcurrido el plazo perentorio las acciones derivadas has prescrito,
puesto que desde la fecha en la que resultaron exigibles los derechos reclamados a la
interposición de la demanda, ya han transcurrido más de 3 años desde el momento que
el actor tuvo expedido su derecho para accionar.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 31).- Que,
a fojas 1931 a 1936, obra el escrito de apelación de la demandada Pesquera
Diamante S.A., donde expresa como agravios:
1. Que, de la sentencia se advierte que el Juzgador ha efectuado una liquidación errónea
no habiendo tomado en cuenta el precio promedio de la tonelada métrica de harina de
pescado será el valor FOB expresado en US$/TMB, obtenido en base a la información
proporcionada SUNAT-ADUANET, pero vigente a la fecha de corte para el cálculo de la
planilla de participación de pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la
fecha de corte de la semana correspondiente (clausula primera convenio colectivo de
fecha 12 de marzo de 2007 al 11 de marzo de 2012), y no tomados para el mes de
pesca como erróneamente ha sido calculado.
2. No se ha tomado en cuenta que para determinar el pago en nuevo soles, se utilizara el
tipo de cambio promedio ponderado de compra publicado en el Diario Oficial El
Peruano por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFFPs, en la fecha antes
determinada.
3. No se ha tomado en cuenta que al momento de liquidar, las partes adicionales que
recibe el 1° patrón, 2° patrón y primer motorista, los cuales hacen dos (2) partes
adicionales al total de la tripulación, conforme así se ha establecido en los convenios
colectivos AANEP-SUPNEP (primer clausula) y en el propio contrato de trabajo.
4. Que, el Juzgador ha calculado erróneamente las utilidades por los periodos 2007, 2008
y 2009, puesto que la liquidación no guarda relación ni con lo señalado de modo
contractual entre las partes, ni en lo convenido vía convención colectiva entre la AANEP
y el SUPNEP, ni lo establecido en la Ley (Decreto Legislativo N° 892).
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CONSIDERANDO:
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que –recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo
latino “tantum devolutum quantum apellatum”, en la apelación la competencia del
superior solo alcanza a ésta y a su tramitación; asimismo, mediante Casación N° 626-
01-Arequipa se establece que “El Juez Superior tiene la facultad de poder revisar y
decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el juez inferior, sin embargo cabe
precisar que la extensión de los poderes a la instancia de alzada está presidida por un
postulado que limita su procedimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum
quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer
mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante”1; en ese sentido, sólo
se debe pronunciar sobre los agravios planteados por la demandada en la apelación (de
la sentencia), y lo resuelto por el A-quo en relación a ellos (agravios).
SEGUNDO.- En cuanto a la excepción de prescripción extintiva deducida por la
emplazada, cabe precisar, que las normas con vigencia anterior a la Ley Nº 26513, si
bien establecían el plazo prescriptorio de la acción en materia laboral no señalaban
expresamente el sustento de hecho a partir del cual se computaba dicho plazo,
haciéndose únicamente referencia a la exigibilidad de los derechos reclamados en la
norma acotada, por lo que el hecho del cese del trabajador fue el presupuesto fáctico
adoptado por las diferentes instancias judiciales para iniciar el cómputo de la
prescripción, ello en base a que el reclamo judicial dentro de la relación laboral pone en
peligro la subsistencia de la misma, pues el empleador en represalia contra el trabajador
reclamante puede despedirlo.
TERCERO.- Con la vigencia de la Ley Nº 26513 diversos órganos jurisdiccionales de la
judicatura laboral entendieron que el cómputo de la prescripción operaba a partir del
cese de la relación laboral, pues es a partir de allí que la exigibilidad de los derechos
laborales era incondicional. Las normas posteriores a la ley citada recogen el fin
1 El Peruano 05-11-2001, pág. 7905.
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teleológico descrito anteladamente cual es el proteger a la parte más débil de la relación
laboral que es el trabajador tal como puede advertirse en la Ley Nº 27022 dictada con
posterioridad a la Ley Nº 26513.
CUARTO.- Por otro lado, debe tenerse en cuenta lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación
Nº 623-98 Lima, que establece que no es correcto efectuar el cómputo del plazo de
prescripción de la acción, desde la fecha en que se habían devengado las
remuneraciones que se reclaman, si no desde la fecha de cese, en razón que mientras
subsista la relación laboral, subsiste también la posibilidad de que el empleador honre
sin mayor trámite sus obligaciones o inclusive sustituya en alguna forma las
prestaciones a cumplir, cancele o compense con ocasión del cese, por lo que el inicio
del plazo prescriptorio sólo puede ocurrir una vez extinguido el contrato de trabajo,
criterio que también es adoptado en la Casación Nº 802-96 Piura del seis de octubre de
1997.
QUINTO.- Precisado lo anterior, el plazo de prescripción debe ser computado desde la
fecha del cese, el mismo que en el caso de autos, ha ocurrido el 30 de diciembre del
2009, y al haber interpuesto su demanda el 05 de mayo del 2011, por lo que tomando
en cuenta el plazo de prescripción de 4 años establecido en la Ley Nº 27321, es de
concluir que no ha operado la prescripción, por lo que merece confirmarse Resolución
apelada, en el extremo que declara infundada la excepción de prescripción extintiva
propuesta.
SEXTO.- Para resolver los agravios de la Sentencia, corresponde precisar que si bien
el demandante sostiene que le corresponde el reintegro de participación de pesca,
considerando el precio valor FOB de fecha actualizada, también ha señalado que aún si
se hiciera un recálcalo con el precio considerado por la demandada que es el precio
publicado con atraso al día del corte por el Ministerio de Producción, hay un monto a su
favor.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
SÉPTIMO.- En ese sentido, cabe precisar que el periodo por el cual corresponde emitir
pronunciamiento es el comprendido desde la semana 07 del año 2007 hasta la semana
22 del año 2009, toda vez que el actor no ha cuestionado el periodo 1994-2006 que ha
sido declarado infundada por el A quo. Siendo así, cabe indicar, como bien, lo ha
señalado el juez de la causa, la Convención colectiva suscrita con fecha 12 de abril de
2002, cuya vigencia fue hasta el 12 de marzo de 2007, señala en su primera cláusula
que: «La AANEP conviene que sus asociados abonarán a las dotaciones de las
embarcaciones por concepto de participación de pesca y por cada tonelada métrica el
equivalente al 18% del precio promedio de referencia que informa la Sociedad Nacional
de Pesquería - SNP».
OCTAVO.- De este modo, se tiene que hasta el 11 de marzo de 2007 las
remuneraciones que percibía el actor eran en base al 18% del precio promedio que
informaba la Sociedad Nacional de Pesquería y sobre la base de un precio FOB de
harina de pescado que estableció PRODUCE, recién fue acordado entre el Sindicato
Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú-SUPNEP y la Asociación de
Armadores de las Nuevas Embarcaciones Pesqueras-AANEP a través de la
Convención Colectiva de fecha 12 de marzo de 2007 vigente hasta el 11 de marzo de
2012.
NOVENO.- Donde en la primera cláusula de la citada Convención Colectiva, se
estableció lo siguiente: «Las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del
presente Convenio, la participación de pesca para el consumo humano indirecto,
por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al 18% del 8% del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado». Asimismo señala en su
tercer y cuarto párrafo que «Para determinar el monto de la participación de pesca, el
precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado será el valor FOB
expresado en US$/TMB, obtenido en base a la información proporcionada por SUNAT-
ADUANET, vigente en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de
pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la semana
correspondiente. En tanto el Ministerio de la Producción publique en su portal:
www.produce.gob.pe el referido precio promedio de harina de pescado calculado según
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valor FOB expresado en US$/TMB, proporcionado por SUNAT-ADUANET, ese dato
será el que se aplique para efectos de determinar el monto de la participación de pesca.
Para determinar el pago en nuevos soles, se utilizará el tipo de cambio promedio
ponderado compra publicado en el Diario Oficial El Peruano por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de
participación de pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la fecha de
corte de la semana correspondiente».
DÉCIMO.- Siendo así, respecto al periodo apelado abril 2007- 2010, resulta preciso
indicar que el precio promedio de harina de pescado a considerarse para efectos de
determinar la participación de pesca que le correspondía al actor, es el que se
encuentre publicado por el Ministerio de la Producción en su Portal Institucional, no
obstante, también se debe precisar que el Ministerio de la Producción actualizaba con
cierto retraso los precios promedio de harina de pescado, calculado según el valor FOB
expresado en US$/TMB de los periodos 2007 en adelante, por lo que el precio valor
FOB era publicado en la página Web del Ministerio de la Producción no en el mes que
correspondía, sino en las últimas semanas del mes siguiente, e inclusive en algunos
periodos, la actualización se efectuaba recién en las primeras semanas del mes
subsiguiente. Así, el precio promedio de harina de pescado correspondiente al mes de
enero de 2007, fue publicado en el Portal Institucional del referido Ministerio recién el 26
de febrero de 2007; el precio correspondiente al mes de enero de 2009, fue publicado
recién el 24 de febrero de 2009 y así sucesivamente.
UNDÉCIMO.- Es por ello, que la diferencia existente entre el precio de referencia que
señala la demandada para el pago de la participación de pesca y los precios
considerados por el actor en su demanda, responde fundamentalmente que este último
ha considerado el precio valor FOB de fecha actualizada y no el precio que estaba
vigente en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe) a
la fecha de corte de la semana de pago, por lo que corresponde efectuar el cálculo con
esta última; además se tendrá en cuenta las Declaraciones Juradas de Aportes de
Retenciones Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, que obran en autos
de fojas 1063 a 1787, en las cuales se ha comprobado que el numero de "partes" a
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distribuir no es lo señalado por el Juzgador que considera 2 partes, cuando de dichas
declaraciones se observa lo siguiente: Patrón: 2 Partes. Segundo Patrón: 1.5 (dice 2
pero reparte 1.5). Primer Motorista: 1.5 (dice 2 pero reparte 1.5), siendo así para el
cálculo se considera 1.5 parte para el actor; asimismo para el recalculo de los reintegro
de participación de utilidades 2007-2009, se tendrán en cuanta las declaraciones en las
participaciones en las utilidades de los ejercicios económicos 2007, 2008 y 2009 que
obran de fojas 268 a 270.
DUODÉCIMO.- En ese sentido, corresponde efectuar el recálcalo para el reintegro de la
participación de pesca y su incidencia tanto en los beneficios sociales (Gratificación,
Vacaciones y Compensación por Tiempo de Servicios) como en las utilidades que el
demandante reclama, siendo el monto que debe abonarse a favor del actor es S/
559.38 soles, conforme aparece de los cuadros que se visualizan a continuación:
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DECIMOTERCERO.- En consecuencia, corresponde amparar los agravios de la
demandada parcialmente, confirmando la sentencia apelada y modificando el monto a
abonar.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del artículo
5º de la Ley Procesal del Trabajo N.º 26636: Este Tribunal Unipersonal de la Sala
Laboral Transitoria con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR: La Resolución N° 04 emitida en Audiencia Única de fecha 29 de marzo
del 2012, obrante a fojas 397 a 400, que declara INFUNDADA la Excepción de
Prescripción Extintiva.
2. CONFIRMAR: La Sentencia N° 00011-2022-26°JETTL , obrante de fojas 1900 a 1924,
que declara FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia, MODIFICANDO el
monto a abonar ORDENO a la demandada pagar a favor del actor la suma de S/ 559,38
(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100 SOLES), correspondientes a los
conceptos disgregados por reintegro de remuneraciones en la suma de S/ 393,33
Soles; por reintegro de gratificaciones en la suma de S/ 65,53 Soles; por reintegro de
vacaciones en la suma de S/ 32,76 Soles, por Compensación por Tiempo de Servicios
la suma de S/ 32,76 Soles y por reintegro de utilidades la suma de S/ 35,00 Soles, a
favor del demandante; con intereses legales, más costas y costos procesales.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
En los seguidos por JAVIER ORIZANO ORDOÑEZ contra PESQUERA DIAMANTE
sobre pago de reintegro de participación de pesca y otro; devolviendo al Juzgado de
Origen.
Notifíquese.-
JVB/r.l.c.
VALENZUELA BARRETO
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MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : BAUTISTA CHIRINOS, JULIO DACIO
ESPECIALISTA : LIZANA QUISPE BERCELIA YULE
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE ,
DEMANDANTE : ORIZANO ORDOÑEZ, JAVIER
Resolución Número 32
Lima, veinticuatro de marzo
Del año dos mil veintidós.-
Dando cuenta de dos escritos presentado por el DEMANDADO en forma electrónica de fecha 16
de marzo del 2022: Al Principal, primer, segundo otrosí: A lo expuesto: Con el arancel judicial
efectuado por recurso de apelación, en ese sentido, se procede emitir el siguiente pronunciamiento:
Autos y Vistos, Atendiendo:
Primero: Mediante sentencia recaída en la Resolución N° 31 de fecha 31 de enero del 2022, que
resolvió declarar fundada en parte la demanda sobre Beneficios Sociales.-
Segundo: El recurso de apelación interpuesto por esta parte se encuentra debidamente fundamentado
al haber señalado sus agravios de hecho y derecho dentro del plazo de ley, en ese sentido, y de
conformidad con el inciso 1) del Artículo 53° de la Ley Procesal de Trabajo, Ley 26636, se Resuelve:
CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO interpuesta por la parte
demandada contra la (sentencia N° 00011-2022-26° JETTL) recaída en la Resolución N° 31,
debiendo elevare los presentes actuados al Superior de Grado. Al tercer otrosí: Por señalado casilla
electrónica N°693. Al cuarto otrosí: Por apersonado a los apoderados a la señora Cristina Patricia
Mateo Medina con DNI N°40416417, Correo cmateodiamante@gmail.com, y la señora: Merlyn Rocio
Barrantes García con DNI N°40084650, Correo mb.abogados.perú@gmail.com,. Al quinto otrosí:
Téngase por adjuntado los poderes vigentes en el presente escrito.- |
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S E N T E N C I A N° 00011 - 2022 - 26° JETTL
Expediente : N° 09898-2011-15°JLL
Esp. Legal : Bercelia Lizana Quispe
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y UNO
Lima, treinta y uno de enero
del año dos mil veintidós .-
I. PARTE EXPOSITIVA
DEMANDA:
JAVIER ORIZANO ORDOÑEZ interpone demanda obrante de fojas 128 a 149, contra PESQUERA
DIAMANTE S.A. sobre pago de beneficios sociales y otros.
Petitorio:
El pago correspondiente por la suma de S/.909,635.42.soles por los siguientes conceptos:
1. Reintegros de remuneraciones al 18% del año 1992 a 2009 en base a la nivelación del precio
FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y Produce incluyendo el
pago de aumento por Fonavi de D.L. 25891 y devolviendo los descuentos por quinta
categoría de los años que no sobrepasen.
2. Reintegro de remuneraciones del 18.00% al 22.40% del año 1992 al 2009 en base a la
nivelación del precio FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y
PRODUCE incluyendo el aumento por FONAVI de D.L. 25981 y devolviendo los descuentos
por quinta categoría de los años que no sobrepasan.
3. Reintegro de Bonificación por Ley N° 29351, gratificaciones por fiestas patrias y navidad del
año 1992 a 2009.
4. Reintegro de vacaciones del año 1992 al 2009.
5. Reintegro de Cese y CTS del año 1992 al 2009.
6. Pago de vacaciones truncas del año 1992 al 2009.
7. Reintegro de las cuotas de pesca sur del año 2009.
8. Reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los años 2002 y 2010.
9. Pago de Utilidades y reintegro de utilidades del año 1992 al 2009 sin el descuento de la 5°
categoría que no se encuentra afecto de utilidades.
10. Reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria.
11. Pago de intereses legales, financieros, compensatorios del año 1992 a 2009, pago de costas
y costos del proceso.
Fundamentación de Hecho:
a) El demandante manifiesta haber laborado en diferentes embarcaciones siendo la última la llamada
Constanza de propiedad de la emplazada, iniciando labores en la citada embarcación desde el 01
de febrero de 1992 hasta el 30 de diciembre de 2009.
- 1 - Expediente N° 09898-2011-15°JLL
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b) Refiere que en cuanto contraprestación el actor percibió remuneraciones porcentuales los mismos
que no han sido con los precios establecidos por la sociedad nacional de pescadores ni los
porcentajes del 18% por participación de pesca, sin embargo dicho porcentaje no se encuentra
conforme a lo dispuesto por las Asociaciones Nacionales de armadores pesqueros y la federación
de pescadores y la federación de pescadores de Perú, que establecieron por mutuo acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40% según tonelada métrica de
harina de pescado, contrariamente la emplazada procedió desconocer dicha normatividad legal y
convencional pagando un porcentaje por debajo del 18%..
c) Refiere que el régimen especial de remuneración y condiciones de trabajo de los pescadores
industriales, esta normado por el Decreto Supremo N° 009-76-TR que se encuentra vigente a la
fecha.
d) La emplazada no cumplió con pagar las utilidades de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 677, Decreto Legislativo N° 892 y Decreto Supremo N° 009-98-TR, así como
tampoco cumplió con lo establecido D.L. N° 25981.
Admisión de la Demanda: Mediante Resolución Número 02 del 02 de setiembre 2011 (Fojas 150) se
admite la demanda en la vía del proceso ordinario laboral.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – PESQUERA DIAMANTE S.A.
Mediante escrito de fecha 21 de julio de 2011 (Fojas 367 a 395) la emplazada deduce excepción de
prescripción extintiva, y contesta la demanda en los siguientes términos:
Fundamentación de Hecho:
a) En cuanto a la participación de pesca del 22.40%, este no le corresponde al haberse efectuado el
convenio colectivo de trabajo de 1991 a 1993 celebrado por los armadores de nuevas
embarcaciones y el sindicato de pescadores, donde se estableció que el porcentaje de la
participación es del 18%, asimismo, en cuanto al Decreto Supremo N° 009-76-TR se debe tener
presente que la citada norma fue aplicado para las pequeñas empresas de extracción de
anchoveta (PEEA), no encontrándose la demandada en la citada situación.
b) Respecto al reintegro de remuneración por descuento indebido, no existe ningún importe de
otorgar dado que el demandante se encuentra sujeto a las disposiciones de los convenios
colectivos suscritos por los AANEP y la SUPNEP.
c) A lo que respecta con utilidades, se debe tener presente que nuestra empresa no generó utilidades
en los ejercicios 1993 a 2001 y 2003, sino a partir de los ejercicios 2002, 2004 al 2007, los mismos
que fueron pagados al actor.
d) En cuanto al concepto de Fonavi no le corresponde al demandante el citado concepto, dado su
naturaleza especial de la remuneración del tripulante del pescador, aleatoria, variable y fluctuante
que emana de la Ley General de Pesca, constituida exclusivamente por una participación de pesca
y su volumen de captura no dependen de la voluntad del hombre, sino que está referida a los
fenómenos o resultados regidos por las leyes de probabilidad dentro del mar, por tanto, al ser las
remuneraciones imprecisas no corresponde el pago del citado beneficio.
e) Sobre el reintegro de liquidación por bonificación por renuncia voluntaria, el accionante no ha
sustentado por que se tiene que dar un reintegro por dicho beneficio, no justificando su accionar.
AUDIENCIA ÚNICA:
De fojas 397 a 399 corre inserta el acta de la audiencia única llevada a cabo el 29 de marzo del 2011, en
cuyo acto se declaró infundada la excepción de prescripción extintiva, y por saneado el proceso al existir
una relación jurídica procesal válida; dejándose constancia de la imposibilidad de conciliar; se fijaron los
puntos controvertidos; se admitieron y actuaron los medios de prueba obrantes en el expediente. De modo
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que, no existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47°1 de
la Ley N° 26636.
EMISIÓN DE SENTENCIA.
No existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47°2 de la Ley
Procesal del Trabajo N° 26636, el estado es el de expedir sentencia, de conformidad a las directivas
emanadas del pronunciamiento superior.
II. PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: FINALIDAD DEL PROCESO.
1.1. El proceso como conducto objetivo de la función jurisdiccional persigue dos finalidades que se
encuentran claramente expresadas en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual
es un cuerpo normativo aplicable a los procesos laborales de forma supletoria3.
1.2. El tenor del precitado dispositivo es el que sigue:
“Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la
paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los
principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia
correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.”
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA.
2.1. El artículo 196° del Código Procesal Civil enuncia el principio general del derecho a la prueba en
los términos siguientes:
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos.”
2.2. En la legislación procesal laboral, el principio enunciado se encuentra normado en el artículo 27°
de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 del 24 de junio de 1996, bajo el texto que se anota:
“Artículo 27.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
1 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los
medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
2 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los
medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
3 Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636: “En lo no previsto por esta
Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”.
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2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el
contrato individual de trabajo.
3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su
nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”
TERCERO: ASUNTOS DE CONTROVERSIA.
En acto de audiencia única se fijaron como puntos controvertidos los siguientes:
1. Reintegro de remuneraciones al 18% de los años 1992 al 2009
2. Determinar si al demandante le corresponde el pago reintegro remuneraciones del 18% al 22.40% por
tonelada métrica de prima (harina de pescado) del año 1992 al 2009.
3. Los pagos por reintegro de bonificación Ley 29351.
4. Reintegro de las vacaciones de los años 1992 al 2009.
5. El pago de reintegro de cese y CTS del año 1992 al 2009.
6. El pago de vacaciones truncas como motorista de los años 1992 al 2009
7. Reintegro de las cuotas de pesca del sur del año 2009.
8. El pago y reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los años 2009
9. El pago de utilidades y reintegros de utilidades de los años 1992 al 2009 y
10. El pago de la bonificación por renuncia voluntaria.
COMPOSICIÓN DEL CONFLICTO JURÍDICO.
CUARTO: CON RESPECTO A LA RELACIÓN LABORAL
4.1 El demandante manifiesta que ingresó a laborar para la emplazada desde el 01 de febrero de 1992
hasta el 30 de diciembre de 2009; ante lo descrito se hace revisión del Record de Producción del
Beneficiario, obrante a Fojas 76 al 89 y del 1047 al 1058, en el mismo se aprecia que el demandante
desde la semana 14 a la semana 54 del año 1992 laboró para la empresa Pesquera Liguria S.A.; desde la
semana 01 del año 1993 hasta la semana 47 del año 1996 para la empresa Pesquera San Terenzo S.A.,
desde la semana 48 a la semana 53 del año 1996 en la Empresas Pesqueras Asociadas S.A.; desde la
semana 01 hasta la semana 52 de 1997 para la empresa San Terenzo S.A.; desde la semana 01 al 51 de
1998 para Inversiones San Terenzo S.A.; y desde la semana 01 del año 1999 hasta la semana 34 del año
2009 para la empresa pesquera Diamante S.A., de acuerdo al cuadro que sigue:
PERIODO
PESQUERA EMBARCACIÓN SEMANA FECHA
PESQUERA LIGURIA
26/03/1992 AL 31/12/1992
S.A.. ACAMAR 14 AL 54 DE 1992
ALESSIA
PESQUERA SAN ALEXANDRA
01 DE 1993 AL 47 DE 1996 01/01/1993 AL 20/11/1996
TERENZO S.A.. FRANCESCA
ACAMAR
EMPRESAS PESQUERAS GUANAY 48 AL 53 DE 1996 21/11/11996 AL 31/12/1996
ASOCIADAS S.A..
FRANCESCA
PESQUERA SAN ALEXANDRA
01 AL 52 DE 1997 01/01/1997 AL 17/12/1997
TERENZO S.A. PRODUTTORA
MICHELA
INVERSIONES SAN
01 AL 51 DE 1998 01/01/1998 AL 23/12/1998
TERENZO S.A.. MICHELA
MICHELA
PESQUERA DIAMANTE ADRIANA
01 DE 1999 AL 34 DE 2009 01/01/1999 AL 26/08/2009
S.A. DANIELA
CONSTANZA
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4.2 De acuerdo al cuadro expuesto, se puede observar que el demandante prestó labores para
distintas empresas pesqueras, las mismas que fueron Liguria S.A., San Terenzo S.A., Empresas
Pesqueras Asociadas S.A., Inversiones San Terenzo S.A. y Diamante S.A.; que de la revisión de la
escritura pública de fecha 31 de octubre de 2007 (Fojas 344 a 361), se aprecia la fusión sociedades
anónimas realizada por la Pesquera Diamante S.A. con las empresas Consorcio Malla S.A.; Pesquera
Polar S.A.; Pesquera Atlántico S.R.L.; Icapesca S.A. y Pesquera Lerici S.A., de la misma manera, a fojas
1823 a 1872 se encuentra el Testimonio de fusión celebrado el 30 de diciembre de 1998 con Inversiones
San Terenzo S.A., Pesquera Esmeralda y Pesquera Diamante S.A., en el que la empresa Diamante S.A.
absorbe de manera universal a las empresa Inversiones San Terenzo S.A. y Pesquera Esmeralda S.A.C.,
extinguiéndose estas últimas, no encontrándose dentro de la citadas fusiones las empresas Pesquera
Liguria S.A, Pesquera San Terenzo S.A. y Empresas Pesqueras Asociadas S.A., sin embargo, y de la
valoración de las boletas de remuneraciones obrante a Fojas 474 a 495, se verifica que la emplazada
reconoce como fecha de inicio de la relación laboral desde el 13 de enero de 1994, el mismo comprende
a la semana 03 del año 1994, es así que de la revisión del cuadro inmerso se observa que en el citado
periodo el demandante se encontraba realizando labores para la empresa Pesquera San Terenzo S.A. en
la embarcación Alexandra, por lo que de la revisión del Certificado de Matriculas de naves y artefactos
navales, fojas 899, se puede apreciar que la emplazada adquirió la embarcación Alexandra, asumiendo
Pesquera Diamante S.A. la responsabilidad del empleador por haberse efectuado la figura de la sucesión
empresarial asumiendo los pasivos y activos de las empresas absorbidas, y adquiriendo la titularidad de la
relación laboral con el actor, como consecuencia de la reorganización societaria, por lo que se tiene
acreditada la relación laboral por el periodo desde el 13 de enero de 1994 hasta el 26 de agosto de
2009.
4.3 En cuanto al periodo 26 de marzo de 1992 al 12 de enero de 1994, no se encuentra medios
probatorios que acredite que el actor haya laborado para la empresa Pesquera Diamante S.A., por lo que
se desestima este periodo para las pretensiones reclamadas.
QUINTO: DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE ANCHOVETA (PEEA)
5.1 Dado que el pedido del actor se encuentra suscrito en el Decreto Supremo N° 009-76-TR, fojas
144 parte pertinente, y teniendo presente lo acreditado por el demandante en cuanto a la prestación de su
servicio estuvo en base al porcentaje del 22.40% por participación de pesca; y de acuerdo a lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1867-2006 DEL SANTA, de fecha 31
de mayo del 2007, que sienta precedente de observancia obligatoria, y que se cita de manera extensa
para una mayor comprensión lo siguiente:
“(…) sin embargo posteriormente invocando la conveniencia de desagregar la actividad de extracción de
anchoveta a fin de mantener los niveles de productividad y consolidar el desarrollo de la industria
pesquera de consumo humano indirecto, mediante Decreto Ley número veintiuno mil quinientos cincuenta
y ocho publicado el veintiuno de Julio de mil novecientos setenta y seis se transfiere la flota de Pesca
Perú y todo su sistema de apoyo a Pequeñas Empresas del Sector Privado que formen los trabajadores a
su servicio así como por terceros que se dediquen a la extracción de anchoveta la misma que será
procesada para su uso industrial por Pesca Perú. Séptimo: Que, de acuerdo a los términos del artículo
segundo de este Decreto Ley para ser calificada como una Pequeña Empresa de Extracción de
Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, conforme al Decreto Ley número veintiuno mil cuatrocientos treinta y cinco, Ley
de la Pequeña Empresa del Sector Privado publicada el veinticinco de febrero de mil novecientos setenta
y seis; ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no exceda en su conjunto de seiscientas
veinte toneladas métricas; iii) Sus ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el
artículo tercero del Decreto Ley número dos mil cuatrocientos treinta y cinco, esto es ochocientos veinte
sueldos mínimos vitales de la Provincia de Lima; y iv) Dedicarse a su actividad económica sólo con las
embarcaciones y redes transferidas por Pesca Perú salvo autorización expresa del Ministerio de
Economía y Finanzas. Octavo: Que, además bajo el marco protector y tuitivo del derecho del trabajo, y
con el objeto de regular la relación laboral entre las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los
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trabajadores a su servicio, la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley número veintiuno mil
quinientos cincuenta y ocho reservó a un Reglamento posterior la regulación positiva de tal aspecto que
viene a concretizarse a través del Decreto Supremo número cero cero nueve - setenta y seis -TR del
veintiuno de Julio de mil novecientos setenta y seis que al definir la entidad, forma y variables para el
cálculo de la remuneración de dichos trabajadores señala que la remuneración que percibirán los
pescadores que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta será una participación por tonelada
métrica de pesca descargada que fija en el veintidós punto cuarenta por ciento del precio que el armador
percibirá por la venta de anchoveta a Pesca Perú como así aparece de la lectura concordada de su
artículo trece y con su Segunda Disposición Transitoria. Noveno: Que, de este modo el Decreto
Supremo número cero cero nueve - setenta y seis - TR regula en forma exclusiva y excluyente las
condiciones de trabajo y remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas
de Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transferencia de la flota pesquera de Pesca
Perú pues como lo reafirma expresamente en su Segunda Disposición Final sólo rige para las
relaciones entre las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los pescadores con lo cual
queda claro que cualquier contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con una
empresa que reúna las características previamente delimitadas por el Decreto Ley número
veintiuno mil quinientos cincuenta y ocho quedara fuera de su marco y ámbito de regulación y ello
es así en razón a que el hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo constituyó
precisamente la actividad productiva de los pescadores en las embarcaciones objeto de la
transferencia antes invocada. Décimo: Que, no obstante el actor reclama que su remuneración por
participación de pesca deba calcularse aplicando el porcentaje del veintidós punto cuarenta por ciento que
consagra la Segunda Disposición Transitoria del acotado Reglamento cuando en el proceso se encuentra
definido que la empresa demandada se ha constituido bajo la forma societaria de sociedad anónima y que
su actividad económica no la realiza en forma exclusiva con las embarcaciones y redes adquiridas a
Pesca Perú en virtud de la transferencia dispuesta por el Decreto Ley número veintiuno mil quinientos
cincuenta y ocho; sino que emplea embarcaciones de posterior construcción con nuevos equipos y
tecnología. Décimo Primero: Que, así queda claro que el contrato de trabajo que vincula a los co
litigantes queda fuera del ámbito del Decreto Supremo número cero cero nueve - setenta y seis -TR
al adolecer la emplazada de la calidad de Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta por lo
tanto no puede el accionante en su calidad de trabajador pesquero pretender que la norma
contenida en su Segunda Disposición Transitoria sea aplicada para definir la entidad de su
remuneración cuanto más si la aplicación del régimen participativo del veintidós punto cuarenta
por ciento para determinar la remuneración por participación de pesca sólo guarda razonabilidad y
coherencia si atendemos a las características de las embarcaciones de la flota pesquera de Pesca
Perú transferidas en el año de mil novecientos setenta y seis pero no puede pretenderse su
aplicación también cuando nos encontramos frente a embarcaciones que por su modernidad
tienen no sólo una mayor capacidad de bodega sino que por su nueva tecnología importarían un
menor esfuerzo y riesgo para los trabajadores pesqueros comparados con aquellos servicios ejecutados
en faenas de pesca en las embarcaciones antes aludidas. Décimo Segundo: Que, esta última conclusión
es coherente a su vez con el alcance y sentido del Principio de Igualdad consagrado en el inciso segundo
del artículo segundo de la Constitución Política del Estado que no impide al operador del derecho
determinar, entre las personas, distinciones que expresamente obedezcan a las diferencias que las
mismas circunstancias prácticas establecen de manera indubitable, es decir, la existencia de sucesos
espacial y temporalmente localizados que poseen rasgos específicos e intransferibles que hacen que una
relación jurídica sea de un determinado tipo y no de otro, así la diferenciación implica una relación efectiva
entre el trato desigual que se establece, el supuesto de hecho y la finalidad que se persigue alcanzar.
Décimo Tercero: Que, la Sala Superior a pesar que reconoce la aplicación del Decreto Supremo número
cero cero nueve - setenta y seis -TR sólo al ámbito de los trabajadores anchoveteros, señala que a la luz
de lo consagrado en el Convenio Colectivo suscrito por la Federación de Pescadores del Perú el doce de
Junio de mil novecientos ochenta y cinco en cuya cláusula primera se establece como remuneración para
todos los trabajadores pesqueros del litoral peruano la participación en el veintidós punto cuarenta por
ciento de la tonelada métrica de pescado descargado, debe ampararse el reclamo del actor. Décimo
Cuarto: Que, sin embargo este Órgano Superior olvida que por mandato de la Cuarta Disposición
Transitoria y Final del Decreto Ley número veinticinco mil quinientos noventa y tres, Ley que regula las
Relaciones Laborales de los Trabajadores de la Actividad Privada vigente hasta el ocho de enero del dos
mil tres en las negociaciones en trámite o en la primera negociación cuya convención, laudo o resolución
rija a partir de la vigencia de este Decreto Ley (tres de julio de mil novecientos noventa y dos), se deberá
incluir la revisión integral de todos los convenios colectivos vigentes sobre condiciones de trabajo y
remuneraciones entendiéndose que a falta de acuerdo entre las partes los Convenios Colectivos no
ratificados caducarán automáticamente de acuerdo a lo establecido por el inciso d) del artículo cuarenta y
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tres de la Ley referida. Décimo Quinto: Que, entonces si esta Suprema Sala estima que al no haberse
constatado que en el proceso se haya demostrado por lo menos la revisión del Convenio que la Sala
Laboral invoca como título del derecho que reconoce al demandante debe concluirse que ha operado la
caducidad de pleno derecho de este acuerdo por lo que los derechos que reconoce se extinguieron y su
cumplimiento no podría ser exigido por sus beneficiarios sean estos trabajadores o ex trabajadores.
Décimo Sexto: Que, al no contemplarse una norma especial que venga a regular la entidad de la
remuneración que por participación de pesca corresponde al demandante en su calidad de
trabajador pesquero, debe señalarse teniendo en cuenta que de acuerdo al literal “a” del inciso
veinticuatro del artículo dos de Constitución: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda,
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” y que conforme al inciso catorce del artículo dos de la
Constitución que consagra el Principio de Libertad Contractual: “Toda persona tiene derecho: [..]
A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”, que es
jurídicamente posible y permisible que tal remuneración sea delimitada en pleno ejercicio de la
libertad contractual a través de la autonomía privada colectiva de las partes ( trabajador -
empleador ) en tanto su fin sea lícito y no contravenga las leyes de orden público como así lo
contempla también el artículo mil trescientos cincuenta y cuatro del Código Civil norma de desarrollo de tal
principio constitucional, lo cual además encuentra sólido respaldo en lo contemplado en los
numerales uno y dos del artículo veintiocho de la Constitución Política del Estado que cautela el
derecho de sindicación y negociación colectiva como un mecanismo de solución pacifica de los
conflictos laborales (…)” (énfasis agregado).
5.2. De lo expuesto por la máxima instancia jurisdiccional del país, se puede colegir que el Decreto
Supremo N° 009-76-TR está destinado para aquellas pequeñas empresas de extracción de anchoveta, los
cuales podían obtener una ganancia de participación del 22.40%, al así establecerlo la citada normativa,
no obstante, las demás embarcaciones que no cumplieran con las características expuestas por el
Decreto Ley N° 21558 quedarían fuera de su marco de regulación, es así que al no encontrarse regulado
el contrato del trabajador pesquero, ello queda al libre albedrío entre las partes.
5.3 Es de ello, y del caso concreto, debemos de analizar si la emplazada se encontraba consideradas
como una PEEA, siendo así, y de lo establecido en los artículos 60° y 63° del Decreto Legislativo 301
publicada el 30 de julio de 1984; en el que se indica que se denominara pequeña empresa pesquera
aquella que desarrolle actividades de extracción, acuicultura, transformación, y/o comercialización de
productos hidrobiológicos, cuyos ingresos brutos anuales no superen los 900 Unidades impositivas
tributarias (UIT), Así como la inscripción en el registro especial que se llevara en el Registro General de
Pesquería. Que de acuerdo a los actuados consta las declaraciones del Impuesto a la Renta presentadas
por las demandadas a Fojas 343 al 390 y 407 al 424, tal como se aprecia en los cuadros siguientes:
AÑO VALOR 1 UIT BASE LEGAL 900 UIT PESQUERA DIAMANTE S.A.
(S/.)
1995 2,000 D.S.178-94-EF S/. 1,795,500.00 S/. 12,146,743.00
1996 2,200 D.S.012-96-EF S/. 1,796,400.00 S/. 13,432,603.00
1997 2,400 D.S. N° 134-96-EF S/. 2,160,000.00 S/. 31,427,857.00
1998 2,600 D.S. N° 177-97-EF S/. 2,340,000.00 S/. 10,117,413.00
1999 2,800 D.S. N° 123-98-EF S/. 2,520,000.00 S/. 84,437,194.00
2000 2,900 D.S. N° 191-99-EF S/. 2,610,000.00 S/. 145,228,677.00
2001 3,000 D.S. N°145-2000-EF S/. 2,700,000.00 S/. 133,918,716.00
2002 3,100 D.S. N° 241-2001-EF S/. 2,790,000.00 S/. 194,650,575.00
2003 3,100 D.S. N° 191-2002-EF S/. 2,790,000.00 S/. 149,915,248.00
2004 3,200 D.S. N° 192-2003-EF S/. 2,880,000.00 S/. 215,090,486.00
2005 3,300 D.S. N° 177-2004-EF S/. 2,970,000.00 S/. 248,469,990.00
2006 3,400 D.S. N° 176-2005-EF S/. 3,060,000.00 S/. 308,956,564.00
2007 3,450 D.S. N° 213-2006-EF S/. 3,105,000.00 S/. 353,523,079.00
2008 3,500 D.S. N° 209-2007-EF S/. 3,150,000.00 S/. 545,589,796.00
2009 3,550 D.S. N° 169-2008-EF S/. 3,195,000.00 S/. 607,583,667.00
De la revisión del citado cuadro se puede colegir que la demandada superaba la 900 UIT de sus ventas,
por lo que no podían estar consideradas como una pequeña empresa de extracción de anchoveta.
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5.4 Asimismo, es menester acotar que el Decreto Ley N° 21558 señala que una PEEA debe
encontrarse constituida bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada –
EIRL, contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no exceda en su conjunto de seiscientas
veinte toneladas métricas; que sus ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el
artículo tercero del Decreto Ley N° 21558, esto es ochocientos veinte sueldos mínimos vitales de la
Provincia de Lima; y dedicarse a su actividad económica sólo con las embarcaciones y redes transferidas
por Pesca Perú salvo autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas. Es así que, de acuerdo
a la citada norma las PEEAS deben de cumplir ciertas características, de las cuales no se observan en
autos, dado que la empleadora del actor estaban inscritas como Sociedad Anónimas, y la capacidad de
bodega de sus embarcaciones eran superiores a lo señalado en la citada norma, sobre pasando en
conjunto el tonelaje permitido en la citada normativa; por lo que, no encontrándose ningún medio
probatorio que acredite que la demandada sea PEEA, la percepción de la participación de pesca no se
encuentra sujeta al Decreto Supremo N° 009-76-TR.
SEXTO: RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE PESCA DEL 22.40%
6.1 De acuerdo a lo descrito líneas arriba, se determinó que la emplazada no puede estar
consideradas como PEEA la misma que perciben una participación de pesca del 22.40% por tonelada
métrica de harina de pescado, es así, que la parte demandante ha indicado percibir una prestación de
participación de pesca del 22.40% del precio venta de tonelada métrica de harina de pescado por el
periodo reclamado, siendo ello, y de la revisión de las declaraciones juradas de participación de pesca de
los periodos reclamados (Fojas 1063/1787) se observa que la participación pesca otorgada por la
empresa Pesquera Diamante S.A. desde el 01 abril de 1994 al 26 de agosto del 2009 fue del 18.00%.
6.2 Que, las remuneraciones del actor se regulaban por convenios colectivos por ramas, suscritos
entre el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras del Perú – SUPNEP y la
Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras – AANEP, organizaciones gremiales a
los cuales se encontraba afiliada las partes conforme se acredita con las constancias que obran de Fojas
153 y Fojas 1802; por lo que en el periodo reclamado las citadas organizaciones pactaron en el Convenio
Colectivo del periodo abril 1996 – abril 1999 (Fojas 154vuelta a 160) el cual por acuerdo de las
organizaciones gremiales participantes, fue prorrogado hasta el 21 de abril del 2002 (fojas 165);
establecieron en su cláusula primera que la participación de pesca, sería el equivalente del 18% del precio
que por tonelada métrica de pesca descargada le pagan a los armadores las fabricas procesadoras de
harina y aceite de pescado, referido al precio promedio que informa la SOCIEDAD NACIONAL DE
PESQUERÍA – SNP (fojas 155); en el Convenio Colectivo del periodo 2002 – 2007, que tuvo como
periodo de vigencia del 12 de abril del 2002 al 11 de abril del 2007 (fojas 168 a 175); en el cual por
acuerdo de las organizaciones gremiales participantes establecieron en su cláusula primera: La AANEP
conviene que sus asociados abonarán a las dotaciones pesqueras de sus embarcaciones por concepto de
participación de pesca y por cada tonelada métrica de pesca descargada el equivalente al 18% del precio
promedio de referencia que informa la SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA – SNP (fojas 169).
6.3. Asimismo, en el Convenio Colectivo del periodo 2007 – 2012, que tuvo como periodo de vigencia
del 12 de marzo del 2007 al 11 de marzo del 2012 (fojas 177 a 193); en el cual por acuerdo de las
organizaciones gremiales participantes establecieron en su Clausula Primera: De la Participación de
Pesca de la dotación pesquera: Las partes convienen que con efectividad a la vigencia del presente
convenio, la participación de pesca para el consumo humano indirecto, por tonelada métrica de pesca
descargada, será igual al 18% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina pescado.
Asimismo, las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del presente convenio, la participación
de pesca para el consumo humano directo, por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al
22.5% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina pescado. Para determinar el monto
de la participación de pesca, el precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado será el valor
FOB expresado en $/TMB, obtenido en base a la información proporcionada por SUNAT/ADUANET,
vigente en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el primer día
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hábil siguiente después de fecha de corte de la semana correspondiente. En tanto el Ministerio de
Producción publique en su portal: www.produce.gob.pe el referido precio promedio de harina de pescado
calculado según valor FOB expresado en $/TMB, proporcionado por SUNAT-ADUANET, ese dato será el
que se aplique para efectos de determinar el monto de la participación de pesca. Para determinar el pago
en nuevos soles, se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado compra publicado en el Diario Oficial
El Peruano por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el cálculo de la
planilla de participación de pesca, es decir el primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la
semana correspondiente (fojas 179).
6.5. De lo así expuesto, se puede apreciar que es recién con el Convenio Colectivo 2007-2012, que se
hace referencia al precio FOB, ya que en los convenios que estuvieron en vigencia por los periodos 1996-
1999, prorrogado hasta el 2002 y del 2002 al 2007, se establece que la participación de pesca sería el
equivalente del 18% del precio que por tonelada métrica de pesca descargada |
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
EXPEDIENTE N.° 09898-2011-0-1801-JR-LA-15
TRIBUNAL UNIPERSONAL
RESOLUCIÓN N° 37
Lima, 21 de setiembre del 2022
VISTOS:
En Audiencia Pública, de fecha 09 de setiembre del presente año, interviniendo como
Juez Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
ASUNTO:
Resolución materia de apelación: Son materia de impugnación:
La Resolución N° 04 emitida en Audiencia Única de fecha 29 de marzo del 2012,
obrante a fojas 397 a 400, que declara INFUNDADA la Excepción de Prescripción
Extintiva.
La Sentencia N° 00011-2022-26°JETTL , obrante de fojas 1900 a 1924, que declara
FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia, ordena a la demandada pagar a
favor del actor la suma de S/ 21 560,52 Soles, correspondientes a los conceptos
disgregados por reintegro de remuneraciones en la suma de S/ 14 678,64 Soles por
reintegro de gratificaciones en la suma de S/ 2 445,38 Soles; reintegro de vacaciones
en la suma de S/ 1 222,50 Soles, por Compensación por Cese en la Actividad Pesquera
la suma de S/ 122,50 Soles y por reintegro de utilidades la suma de S/ 1 992,00 Soles,
a favor del demandante; con intereses legales, más costas y costos procesales.
Expresión de los agravios de la apelación de Resolución N° 04.- Que, a fojas 407 a
409, obra el escrito de apelación del demandante, donde expresa como agravios:
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
1. Que, habiendo transcurrido el plazo perentorio las acciones derivadas has prescrito,
puesto que desde la fecha en la que resultaron exigibles los derechos reclamados a la
interposición de la demanda, ya han transcurrido más de 3 años desde el momento que
el actor tuvo expedido su derecho para accionar.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 31).- Que,
a fojas 1931 a 1936, obra el escrito de apelación de la demandada Pesquera
Diamante S.A., donde expresa como agravios:
1. Que, de la sentencia se advierte que el Juzgador ha efectuado una liquidación errónea
no habiendo tomado en cuenta el precio promedio de la tonelada métrica de harina de
pescado será el valor FOB expresado en US$/TMB, obtenido en base a la información
proporcionada SUNAT-ADUANET, pero vigente a la fecha de corte para el cálculo de la
planilla de participación de pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la
fecha de corte de la semana correspondiente (clausula primera convenio colectivo de
fecha 12 de marzo de 2007 al 11 de marzo de 2012), y no tomados para el mes de
pesca como erróneamente ha sido calculado.
2. No se ha tomado en cuenta que para determinar el pago en nuevo soles, se utilizara el
tipo de cambio promedio ponderado de compra publicado en el Diario Oficial El
Peruano por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFFPs, en la fecha antes
determinada.
3. No se ha tomado en cuenta que al momento de liquidar, las partes adicionales que
recibe el 1° patrón, 2° patrón y primer motorista, los cuales hacen dos (2) partes
adicionales al total de la tripulación, conforme así se ha establecido en los convenios
colectivos AANEP-SUPNEP (primer clausula) y en el propio contrato de trabajo.
4. Que, el Juzgador ha calculado erróneamente las utilidades por los periodos 2007, 2008
y 2009, puesto que la liquidación no guarda relación ni con lo señalado de modo
contractual entre las partes, ni en lo convenido vía convención colectiva entre la AANEP
y el SUPNEP, ni lo establecido en la Ley (Decreto Legislativo N° 892).
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CONSIDERANDO:
PRIMERO.- De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, que –recoge, en parte, el principio contenido en el aforismo
latino “tantum devolutum quantum apellatum”, en la apelación la competencia del
superior solo alcanza a ésta y a su tramitación; asimismo, mediante Casación N° 626-
01-Arequipa se establece que “El Juez Superior tiene la facultad de poder revisar y
decidir sobre todas las cuestiones resueltas por el juez inferior, sin embargo cabe
precisar que la extensión de los poderes a la instancia de alzada está presidida por un
postulado que limita su procedimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum
quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer
mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante”1; en ese sentido, sólo
se debe pronunciar sobre los agravios planteados por la demandada en la apelación (de
la sentencia), y lo resuelto por el A-quo en relación a ellos (agravios).
SEGUNDO.- En cuanto a la excepción de prescripción extintiva deducida por la
emplazada, cabe precisar, que las normas con vigencia anterior a la Ley Nº 26513, si
bien establecían el plazo prescriptorio de la acción en materia laboral no señalaban
expresamente el sustento de hecho a partir del cual se computaba dicho plazo,
haciéndose únicamente referencia a la exigibilidad de los derechos reclamados en la
norma acotada, por lo que el hecho del cese del trabajador fue el presupuesto fáctico
adoptado por las diferentes instancias judiciales para iniciar el cómputo de la
prescripción, ello en base a que el reclamo judicial dentro de la relación laboral pone en
peligro la subsistencia de la misma, pues el empleador en represalia contra el trabajador
reclamante puede despedirlo.
TERCERO.- Con la vigencia de la Ley Nº 26513 diversos órganos jurisdiccionales de la
judicatura laboral entendieron que el cómputo de la prescripción operaba a partir del
cese de la relación laboral, pues es a partir de allí que la exigibilidad de los derechos
laborales era incondicional. Las normas posteriores a la ley citada recogen el fin
1 El Peruano 05-11-2001, pág. 7905.
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teleológico descrito anteladamente cual es el proteger a la parte más débil de la relación
laboral que es el trabajador tal como puede advertirse en la Ley Nº 27022 dictada con
posterioridad a la Ley Nº 26513.
CUARTO.- Por otro lado, debe tenerse en cuenta lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, en la Casación
Nº 623-98 Lima, que establece que no es correcto efectuar el cómputo del plazo de
prescripción de la acción, desde la fecha en que se habían devengado las
remuneraciones que se reclaman, si no desde la fecha de cese, en razón que mientras
subsista la relación laboral, subsiste también la posibilidad de que el empleador honre
sin mayor trámite sus obligaciones o inclusive sustituya en alguna forma las
prestaciones a cumplir, cancele o compense con ocasión del cese, por lo que el inicio
del plazo prescriptorio sólo puede ocurrir una vez extinguido el contrato de trabajo,
criterio que también es adoptado en la Casación Nº 802-96 Piura del seis de octubre de
1997.
QUINTO.- Precisado lo anterior, el plazo de prescripción debe ser computado desde la
fecha del cese, el mismo que en el caso de autos, ha ocurrido el 30 de diciembre del
2009, y al haber interpuesto su demanda el 05 de mayo del 2011, por lo que tomando
en cuenta el plazo de prescripción de 4 años establecido en la Ley Nº 27321, es de
concluir que no ha operado la prescripción, por lo que merece confirmarse Resolución
apelada, en el extremo que declara infundada la excepción de prescripción extintiva
propuesta.
SEXTO.- Para resolver los agravios de la Sentencia, corresponde precisar que si bien
el demandante sostiene que le corresponde el reintegro de participación de pesca,
considerando el precio valor FOB de fecha actualizada, también ha señalado que aún si
se hiciera un recálcalo con el precio considerado por la demandada que es el precio
publicado con atraso al día del corte por el Ministerio de Producción, hay un monto a su
favor.
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SÉPTIMO.- En ese sentido, cabe precisar que el periodo por el cual corresponde emitir
pronunciamiento es el comprendido desde la semana 07 del año 2007 hasta la semana
22 del año 2009, toda vez que el actor no ha cuestionado el periodo 1994-2006 que ha
sido declarado infundada por el A quo. Siendo así, cabe indicar, como bien, lo ha
señalado el juez de la causa, la Convención colectiva suscrita con fecha 12 de abril de
2002, cuya vigencia fue hasta el 12 de marzo de 2007, señala en su primera cláusula
que: «La AANEP conviene que sus asociados abonarán a las dotaciones de las
embarcaciones por concepto de participación de pesca y por cada tonelada métrica el
equivalente al 18% del precio promedio de referencia que informa la Sociedad Nacional
de Pesquería - SNP».
OCTAVO.- De este modo, se tiene que hasta el 11 de marzo de 2007 las
remuneraciones que percibía el actor eran en base al 18% del precio promedio que
informaba la Sociedad Nacional de Pesquería y sobre la base de un precio FOB de
harina de pescado que estableció PRODUCE, recién fue acordado entre el Sindicato
Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú-SUPNEP y la Asociación de
Armadores de las Nuevas Embarcaciones Pesqueras-AANEP a través de la
Convención Colectiva de fecha 12 de marzo de 2007 vigente hasta el 11 de marzo de
2012.
NOVENO.- Donde en la primera cláusula de la citada Convención Colectiva, se
estableció lo siguiente: «Las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del
presente Convenio, la participación de pesca para el consumo humano indirecto,
por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al 18% del 8% del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado». Asimismo señala en su
tercer y cuarto párrafo que «Para determinar el monto de la participación de pesca, el
precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado será el valor FOB
expresado en US$/TMB, obtenido en base a la información proporcionada por SUNAT-
ADUANET, vigente en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de
pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la semana
correspondiente. En tanto el Ministerio de la Producción publique en su portal:
www.produce.gob.pe el referido precio promedio de harina de pescado calculado según
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valor FOB expresado en US$/TMB, proporcionado por SUNAT-ADUANET, ese dato
será el que se aplique para efectos de determinar el monto de la participación de pesca.
Para determinar el pago en nuevos soles, se utilizará el tipo de cambio promedio
ponderado compra publicado en el Diario Oficial El Peruano por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de
participación de pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la fecha de
corte de la semana correspondiente».
DÉCIMO.- Siendo así, respecto al periodo apelado abril 2007- 2010, resulta preciso
indicar que el precio promedio de harina de pescado a considerarse para efectos de
determinar la participación de pesca que le correspondía al actor, es el que se
encuentre publicado por el Ministerio de la Producción en su Portal Institucional, no
obstante, también se debe precisar que el Ministerio de la Producción actualizaba con
cierto retraso los precios promedio de harina de pescado, calculado según el valor FOB
expresado en US$/TMB de los periodos 2007 en adelante, por lo que el precio valor
FOB era publicado en la página Web del Ministerio de la Producción no en el mes que
correspondía, sino en las últimas semanas del mes siguiente, e inclusive en algunos
periodos, la actualización se efectuaba recién en las primeras semanas del mes
subsiguiente. Así, el precio promedio de harina de pescado correspondiente al mes de
enero de 2007, fue publicado en el Portal Institucional del referido Ministerio recién el 26
de febrero de 2007; el precio correspondiente al mes de enero de 2009, fue publicado
recién el 24 de febrero de 2009 y así sucesivamente.
UNDÉCIMO.- Es por ello, que la diferencia existente entre el precio de referencia que
señala la demandada para el pago de la participación de pesca y los precios
considerados por el actor en su demanda, responde fundamentalmente que este último
ha considerado el precio valor FOB de fecha actualizada y no el precio que estaba
vigente en el Portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.produce.gob.pe) a
la fecha de corte de la semana de pago, por lo que corresponde efectuar el cálculo con
esta última; además se tendrá en cuenta las Declaraciones Juradas de Aportes de
Retenciones Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, que obran en autos
de fojas 1063 a 1787, en las cuales se ha comprobado que el numero de "partes" a
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distribuir no es lo señalado por el Juzgador que considera 2 partes, cuando de dichas
declaraciones se observa lo siguiente: Patrón: 2 Partes. Segundo Patrón: 1.5 (dice 2
pero reparte 1.5). Primer Motorista: 1.5 (dice 2 pero reparte 1.5), siendo así para el
cálculo se considera 1.5 parte para el actor; asimismo para el recalculo de los reintegro
de participación de utilidades 2007-2009, se tendrán en cuanta las declaraciones en las
participaciones en las utilidades de los ejercicios económicos 2007, 2008 y 2009 que
obran de fojas 268 a 270.
DUODÉCIMO.- En ese sentido, corresponde efectuar el recálcalo para el reintegro de la
participación de pesca y su incidencia tanto en los beneficios sociales (Gratificación,
Vacaciones y Compensación por Tiempo de Servicios) como en las utilidades que el
demandante reclama, siendo el monto que debe abonarse a favor del actor es S/
559.38 soles, conforme aparece de los cuadros que se visualizan a continuación:
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DECIMOTERCERO.- En consecuencia, corresponde amparar los agravios de la
demandada parcialmente, confirmando la sentencia apelada y modificando el monto a
abonar.
Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en el numeral 2) del artículo
5º de la Ley Procesal del Trabajo N.º 26636: Este Tribunal Unipersonal de la Sala
Laboral Transitoria con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado.
HA RESUELTO:
1. CONFIRMAR: La Resolución N° 04 emitida en Audiencia Única de fecha 29 de marzo
del 2012, obrante a fojas 397 a 400, que declara INFUNDADA la Excepción de
Prescripción Extintiva.
2. CONFIRMAR: La Sentencia N° 00011-2022-26°JETTL , obrante de fojas 1900 a 1924,
que declara FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia, MODIFICANDO el
monto a abonar ORDENO a la demandada pagar a favor del actor la suma de S/ 559,38
(QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 38/100 SOLES), correspondientes a los
conceptos disgregados por reintegro de remuneraciones en la suma de S/ 393,33
Soles; por reintegro de gratificaciones en la suma de S/ 65,53 Soles; por reintegro de
vacaciones en la suma de S/ 32,76 Soles, por Compensación por Tiempo de Servicios
la suma de S/ 32,76 Soles y por reintegro de utilidades la suma de S/ 35,00 Soles, a
favor del demandante; con intereses legales, más costas y costos procesales.
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En los seguidos por JAVIER ORIZANO ORDOÑEZ contra PESQUERA DIAMANTE
sobre pago de reintegro de participación de pesca y otro; devolviendo al Juzgado de
Origen.
Notifíquese.-
JVB/r.l.c.
VALENZUELA BARRETO
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MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : BAUTISTA CHIRINOS, JULIO DACIO
ESPECIALISTA : LIZANA QUISPE BERCELIA YULE
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE ,
DEMANDANTE : ORIZANO ORDOÑEZ, JAVIER
Resolución Número 32
Lima, veinticuatro de marzo
Del año dos mil veintidós.-
Dando cuenta de dos escritos presentado por el DEMANDADO en forma electrónica de fecha 16
de marzo del 2022: Al Principal, primer, segundo otrosí: A lo expuesto: Con el arancel judicial
efectuado por recurso de apelación, en ese sentido, se procede emitir el siguiente pronunciamiento:
Autos y Vistos, Atendiendo:
Primero: Mediante sentencia recaída en la Resolución N° 31 de fecha 31 de enero del 2022, que
resolvió declarar fundada en parte la demanda sobre Beneficios Sociales.-
Segundo: El recurso de apelación interpuesto por esta parte se encuentra debidamente fundamentado
al haber señalado sus agravios de hecho y derecho dentro del plazo de ley, en ese sentido, y de
conformidad con el inciso 1) del Artículo 53° de la Ley Procesal de Trabajo, Ley 26636, se Resuelve:
CONCEDER EL RECURSO DE APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO interpuesta por la parte
demandada contra la (sentencia N° 00011-2022-26° JETTL) recaída en la Resolución N° 31,
debiendo elevare los presentes actuados al Superior de Grado. Al tercer otrosí: Por señalado casilla
electrónica N°693. Al cuarto otrosí: Por apersonado a los apoderados a la señora Cristina Patricia
Mateo Medina con DNI N°40416417, Correo cmateodiamante@gmail.com, y la señora: Merlyn Rocio
Barrantes García con DNI N°40084650, Correo mb.abogados.perú@gmail.com,. Al quinto otrosí:
Téngase por adjuntado los poderes vigentes en el presente escrito.- |
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S E N T E N C I A N° 00011 - 2022 - 26° JETTL
Expediente : N° 09898-2011-15°JLL
Esp. Legal : Bercelia Lizana Quispe
RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y UNO
Lima, treinta y uno de enero
del año dos mil veintidós .-
I. PARTE EXPOSITIVA
DEMANDA:
JAVIER ORIZANO ORDOÑEZ interpone demanda obrante de fojas 128 a 149, contra PESQUERA
DIAMANTE S.A. sobre pago de beneficios sociales y otros.
Petitorio:
El pago correspondiente por la suma de S/.909,635.42.soles por los siguientes conceptos:
1. Reintegros de remuneraciones al 18% del año 1992 a 2009 en base a la nivelación del precio
FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y Produce incluyendo el
pago de aumento por Fonavi de D.L. 25891 y devolviendo los descuentos por quinta
categoría de los años que no sobrepasen.
2. Reintegro de remuneraciones del 18.00% al 22.40% del año 1992 al 2009 en base a la
nivelación del precio FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y
PRODUCE incluyendo el aumento por FONAVI de D.L. 25981 y devolviendo los descuentos
por quinta categoría de los años que no sobrepasan.
3. Reintegro de Bonificación por Ley N° 29351, gratificaciones por fiestas patrias y navidad del
año 1992 a 2009.
4. Reintegro de vacaciones del año 1992 al 2009.
5. Reintegro de Cese y CTS del año 1992 al 2009.
6. Pago de vacaciones truncas del año 1992 al 2009.
7. Reintegro de las cuotas de pesca sur del año 2009.
8. Reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los años 2002 y 2010.
9. Pago de Utilidades y reintegro de utilidades del año 1992 al 2009 sin el descuento de la 5°
categoría que no se encuentra afecto de utilidades.
10. Reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria.
11. Pago de intereses legales, financieros, compensatorios del año 1992 a 2009, pago de costas
y costos del proceso.
Fundamentación de Hecho:
a) El demandante manifiesta haber laborado en diferentes embarcaciones siendo la última la llamada
Constanza de propiedad de la emplazada, iniciando labores en la citada embarcación desde el 01
de febrero de 1992 hasta el 30 de diciembre de 2009.
- 1 - Expediente N° 09898-2011-15°JLL
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b) Refiere que en cuanto contraprestación el actor percibió remuneraciones porcentuales los mismos
que no han sido con los precios establecidos por la sociedad nacional de pescadores ni los
porcentajes del 18% por participación de pesca, sin embargo dicho porcentaje no se encuentra
conforme a lo dispuesto por las Asociaciones Nacionales de armadores pesqueros y la federación
de pescadores y la federación de pescadores de Perú, que establecieron por mutuo acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40% según tonelada métrica de
harina de pescado, contrariamente la emplazada procedió desconocer dicha normatividad legal y
convencional pagando un porcentaje por debajo del 18%..
c) Refiere que el régimen especial de remuneración y condiciones de trabajo de los pescadores
industriales, esta normado por el Decreto Supremo N° 009-76-TR que se encuentra vigente a la
fecha.
d) La emplazada no cumplió con pagar las utilidades de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 677, Decreto Legislativo N° 892 y Decreto Supremo N° 009-98-TR, así como
tampoco cumplió con lo establecido D.L. N° 25981.
Admisión de la Demanda: Mediante Resolución Número 02 del 02 de setiembre 2011 (Fojas 150) se
admite la demanda en la vía del proceso ordinario laboral.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – PESQUERA DIAMANTE S.A.
Mediante escrito de fecha 21 de julio de 2011 (Fojas 367 a 395) la emplazada deduce excepción de
prescripción extintiva, y contesta la demanda en los siguientes términos:
Fundamentación de Hecho:
a) En cuanto a la participación de pesca del 22.40%, este no le corresponde al haberse efectuado el
convenio colectivo de trabajo de 1991 a 1993 celebrado por los armadores de nuevas
embarcaciones y el sindicato de pescadores, donde se estableció que el porcentaje de la
participación es del 18%, asimismo, en cuanto al Decreto Supremo N° 009-76-TR se debe tener
presente que la citada norma fue aplicado para las pequeñas empresas de extracción de
anchoveta (PEEA), no encontrándose la demandada en la citada situación.
b) Respecto al reintegro de remuneración por descuento indebido, no existe ningún importe de
otorgar dado que el demandante se encuentra sujeto a las disposiciones de los convenios
colectivos suscritos por los AANEP y la SUPNEP.
c) A lo que respecta con utilidades, se debe tener presente que nuestra empresa no generó utilidades
en los ejercicios 1993 a 2001 y 2003, sino a partir de los ejercicios 2002, 2004 al 2007, los mismos
que fueron pagados al actor.
d) En cuanto al concepto de Fonavi no le corresponde al demandante el citado concepto, dado su
naturaleza especial de la remuneración del tripulante del pescador, aleatoria, variable y fluctuante
que emana de la Ley General de Pesca, constituida exclusivamente por una participación de pesca
y su volumen de captura no dependen de la voluntad del hombre, sino que está referida a los
fenómenos o resultados regidos por las leyes de probabilidad dentro del mar, por tanto, al ser las
remuneraciones imprecisas no corresponde el pago del citado beneficio.
e) Sobre el reintegro de liquidación por bonificación por renuncia voluntaria, el accionante no ha
sustentado por que se tiene que dar un reintegro por dicho beneficio, no justificando su accionar.
AUDIENCIA ÚNICA:
De fojas 397 a 399 corre inserta el acta de la audiencia única llevada a cabo el 29 de marzo del 2011, en
cuyo acto se declaró infundada la excepción de prescripción extintiva, y por saneado el proceso al existir
una relación jurídica procesal válida; dejándose constancia de la imposibilidad de conciliar; se fijaron los
puntos controvertidos; se admitieron y actuaron los medios de prueba obrantes en el expediente. De modo
- 2 - Expediente N° 09898-2011-15°JLL
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que, no existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47°1 de
la Ley N° 26636.
EMISIÓN DE SENTENCIA.
No existiendo medios probatorios pendientes de actuación, conforme al inciso 1 del artículo 47°2 de la Ley
Procesal del Trabajo N° 26636, el estado es el de expedir sentencia, de conformidad a las directivas
emanadas del pronunciamiento superior.
II. PARTE CONSIDERATIVA
PRIMERO: FINALIDAD DEL PROCESO.
1.1. El proceso como conducto objetivo de la función jurisdiccional persigue dos finalidades que se
encuentran claramente expresadas en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, el cual
es un cuerpo normativo aplicable a los procesos laborales de forma supletoria3.
1.2. El tenor del precitado dispositivo es el que sigue:
“Artículo III.- El Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver
un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica,
haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la
paz social en justicia.
En caso de vacío o defecto en las disposiciones de este Código, se deberá recurrir a los
principios generales del derecho procesal y a la doctrina y jurisprudencia
correspondientes, en atención a las circunstancias del caso.”
SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA.
2.1. El artículo 196° del Código Procesal Civil enuncia el principio general del derecho a la prueba en
los términos siguientes:
“Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos.”
2.2. En la legislación procesal laboral, el principio enunciado se encuentra normado en el artículo 27°
de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636 del 24 de junio de 1996, bajo el texto que se anota:
“Artículo 27.- Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
1 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los
medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
2 Artículo 47.- SENTENCIA.- El proceso se encuentra expedito para sentencia cuando: 1. Ha concluido la actuación de todos los
medios probatorios admitidos y actos de investigación ordenados por el Juez.
3 Tercera Disposición Derogatoria, Sustitutoria y Final de la Ley Procesal del Trabajo N° 26636: “En lo no previsto por esta
Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil”.
- 3 - Expediente N° 09898-2011-15°JLL
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2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en
las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el
contrato individual de trabajo.
3. Al empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su
nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.”
TERCERO: ASUNTOS DE CONTROVERSIA.
En acto de audiencia única se fijaron como puntos controvertidos los siguientes:
1. Reintegro de remuneraciones al 18% de los años 1992 al 2009
2. Determinar si al demandante le corresponde el pago reintegro remuneraciones del 18% al 22.40% por
tonelada métrica de prima (harina de pescado) del año 1992 al 2009.
3. Los pagos por reintegro de bonificación Ley 29351.
4. Reintegro de las vacaciones de los años 1992 al 2009.
5. El pago de reintegro de cese y CTS del año 1992 al 2009.
6. El pago de vacaciones truncas como motorista de los años 1992 al 2009
7. Reintegro de las cuotas de pesca del sur del año 2009.
8. El pago y reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los años 2009
9. El pago de utilidades y reintegros de utilidades de los años 1992 al 2009 y
10. El pago de la bonificación por renuncia voluntaria.
COMPOSICIÓN DEL CONFLICTO JURÍDICO.
CUARTO: CON RESPECTO A LA RELACIÓN LABORAL
4.1 El demandante manifiesta que ingresó a laborar para la emplazada desde el 01 de febrero de 1992
hasta el 30 de diciembre de 2009; ante lo descrito se hace revisión del Record de Producción del
Beneficiario, obrante a Fojas 76 al 89 y del 1047 al 1058, en el mismo se aprecia que el demandante
desde la semana 14 a la semana 54 del año 1992 laboró para la empresa Pesquera Liguria S.A.; desde la
semana 01 del año 1993 hasta la semana 47 del año 1996 para la empresa Pesquera San Terenzo S.A.,
desde la semana 48 a la semana 53 del año 1996 en la Empresas Pesqueras Asociadas S.A.; desde la
semana 01 hasta la semana 52 de 1997 para la empresa San Terenzo S.A.; desde la semana 01 al 51 de
1998 para Inversiones San Terenzo S.A.; y desde la semana 01 del año 1999 hasta la semana 34 del año
2009 para la empresa pesquera Diamante S.A., de acuerdo al cuadro que sigue:
PERIODO
PESQUERA EMBARCACIÓN SEMANA FECHA
PESQUERA LIGURIA
26/03/1992 AL 31/12/1992
S.A.. ACAMAR 14 AL 54 DE 1992
ALESSIA
PESQUERA SAN ALEXANDRA
01 DE 1993 AL 47 DE 1996 01/01/1993 AL 20/11/1996
TERENZO S.A.. FRANCESCA
ACAMAR
EMPRESAS PESQUERAS GUANAY 48 AL 53 DE 1996 21/11/11996 AL 31/12/1996
ASOCIADAS S.A..
FRANCESCA
PESQUERA SAN ALEXANDRA
01 AL 52 DE 1997 01/01/1997 AL 17/12/1997
TERENZO S.A. PRODUTTORA
MICHELA
INVERSIONES SAN
01 AL 51 DE 1998 01/01/1998 AL 23/12/1998
TERENZO S.A.. MICHELA
MICHELA
PESQUERA DIAMANTE ADRIANA
01 DE 1999 AL 34 DE 2009 01/01/1999 AL 26/08/2009
S.A. DANIELA
CONSTANZA
- 4 - Expediente N° 09898-2011-15°JLL
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4.2 De acuerdo al cuadro expuesto, se puede observar que el demandante prestó labores para
distintas empresas pesqueras, las mismas que fueron Liguria S.A., San Terenzo S.A., Empresas
Pesqueras Asociadas S.A., Inversiones San Terenzo S.A. y Diamante S.A.; que de la revisión de la
escritura pública de fecha 31 de octubre de 2007 (Fojas 344 a 361), se aprecia la fusión sociedades
anónimas realizada por la Pesquera Diamante S.A. con las empresas Consorcio Malla S.A.; Pesquera
Polar S.A.; Pesquera Atlántico S.R.L.; Icapesca S.A. y Pesquera Lerici S.A., de la misma manera, a fojas
1823 a 1872 se encuentra el Testimonio de fusión celebrado el 30 de diciembre de 1998 con Inversiones
San Terenzo S.A., Pesquera Esmeralda y Pesquera Diamante S.A., en el que la empresa Diamante S.A.
absorbe de manera universal a las empresa Inversiones San Terenzo S.A. y Pesquera Esmeralda S.A.C.,
extinguiéndose estas últimas, no encontrándose dentro de la citadas fusiones las empresas Pesquera
Liguria S.A, Pesquera San Terenzo S.A. y Empresas Pesqueras Asociadas S.A., sin embargo, y de la
valoración de las boletas de remuneraciones obrante a Fojas 474 a 495, se verifica que la emplazada
reconoce como fecha de inicio de la relación laboral desde el 13 de enero de 1994, el mismo comprende
a la semana 03 del año 1994, es así que de la revisión del cuadro inmerso se observa que en el citado
periodo el demandante se encontraba realizando labores para la empresa Pesquera San Terenzo S.A. en
la embarcación Alexandra, por lo que de la revisión del Certificado de Matriculas de naves y artefactos
navales, fojas 899, se puede apreciar que la emplazada adquirió la embarcación Alexandra, asumiendo
Pesquera Diamante S.A. la responsabilidad del empleador por haberse efectuado la figura de la sucesión
empresarial asumiendo los pasivos y activos de las empresas absorbidas, y adquiriendo la titularidad de la
relación laboral con el actor, como consecuencia de la reorganización societaria, por lo que se tiene
acreditada la relación laboral por el periodo desde el 13 de enero de 1994 hasta el 26 de agosto de
2009.
4.3 En cuanto al periodo 26 de marzo de 1992 al 12 de enero de 1994, no se encuentra medios
probatorios que acredite que el actor haya laborado para la empresa Pesquera Diamante S.A., por lo que
se desestima este periodo para las pretensiones reclamadas.
QUINTO: DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE ANCHOVETA (PEEA)
5.1 Dado que el pedido del actor se encuentra suscrito en el Decreto Supremo N° 009-76-TR, fojas
144 parte pertinente, y teniendo presente lo acreditado por el demandante en cuanto a la prestación de su
servicio estuvo en base al porcentaje del 22.40% por participación de pesca; y de acuerdo a lo resuelto
por la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación N° 1867-2006 DEL SANTA, de fecha 31
de mayo del 2007, que sienta precedente de observancia obligatoria, y que se cita de manera extensa
para una mayor comprensión lo siguiente:
“(…) sin embargo posteriormente invocando la conveniencia de desagregar la actividad de extracción de
anchoveta a fin de mantener los niveles de productividad y consolidar el desarrollo de la industria
pesquera de consumo humano indirecto, mediante Decreto Ley número veintiuno mil quinientos cincuenta
y ocho publicado el veintiuno de Julio de mil novecientos setenta y seis se transfiere la flota de Pesca
Perú y todo su sistema de apoyo a Pequeñas Empresas del Sector Privado que formen los trabajadores a
su servicio así como por terceros que se dediquen a la extracción de anchoveta la misma que será
procesada para su uso industrial por Pesca Perú. Séptimo: Que, de acuerdo a los términos del artículo
segundo de este Decreto Ley para ser calificada como una Pequeña Empresa de Extracción de
Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, conforme al Decreto Ley número veintiuno mil cuatrocientos treinta y cinco, Ley
de la Pequeña Empresa del Sector Privado publicada el veinticinco de febrero de mil novecientos setenta
y seis; ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no exceda en su conjunto de seiscientas
veinte toneladas métricas; iii) Sus ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el
artículo tercero del Decreto Ley número dos mil cuatrocientos treinta y cinco, esto es ochocientos veinte
sueldos mínimos vitales de la Provincia de Lima; y iv) Dedicarse a su actividad económica sólo con las
embarcaciones y redes transferidas por Pesca Perú salvo autorización expresa del Ministerio de
Economía y Finanzas. Octavo: Que, además bajo el marco protector y tuitivo del derecho del trabajo, y
con el objeto de regular la relación laboral entre las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los
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trabajadores a su servicio, la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley número veintiuno mil
quinientos cincuenta y ocho reservó a un Reglamento posterior la regulación positiva de tal aspecto que
viene a concretizarse a través del Decreto Supremo número cero cero nueve - setenta y seis -TR del
veintiuno de Julio de mil novecientos setenta y seis que al definir la entidad, forma y variables para el
cálculo de la remuneración de dichos trabajadores señala que la remuneración que percibirán los
pescadores que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta será una participación por tonelada
métrica de pesca descargada que fija en el veintidós punto cuarenta por ciento del precio que el armador
percibirá por la venta de anchoveta a Pesca Perú como así aparece de la lectura concordada de su
artículo trece y con su Segunda Disposición Transitoria. Noveno: Que, de este modo el Decreto
Supremo número cero cero nueve - setenta y seis - TR regula en forma exclusiva y excluyente las
condiciones de trabajo y remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas
de Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transferencia de la flota pesquera de Pesca
Perú pues como lo reafirma expresamente en su Segunda Disposición Final sólo rige para las
relaciones entre las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los pescadores con lo cual
queda claro que cualquier contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con una
empresa que reúna las características previamente delimitadas por el Decreto Ley número
veintiuno mil quinientos cincuenta y ocho quedara fuera de su marco y ámbito de regulación y ello
es así en razón a que el hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo constituyó
precisamente la actividad productiva de los pescadores en las embarcaciones objeto de la
transferencia antes invocada. Décimo: Que, no obstante el actor reclama que su remuneración por
participación de pesca deba calcularse aplicando el porcentaje del veintidós punto cuarenta por ciento que
consagra la Segunda Disposición Transitoria del acotado Reglamento cuando en el proceso se encuentra
definido que la empresa demandada se ha constituido bajo la forma societaria de sociedad anónima y que
su actividad económica no la realiza en forma exclusiva con las embarcaciones y redes adquiridas a
Pesca Perú en virtud de la transferencia dispuesta por el Decreto Ley número veintiuno mil quinientos
cincuenta y ocho; sino que emplea embarcaciones de posterior construcción con nuevos equipos y
tecnología. Décimo Primero: Que, así queda claro que el contrato de trabajo que vincula a los co
litigantes queda fuera del ámbito del Decreto Supremo número cero cero nueve - setenta y seis -TR
al adolecer la emplazada de la calidad de Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta por lo
tanto no puede el accionante en su calidad de trabajador pesquero pretender que la norma
contenida en su Segunda Disposición Transitoria sea aplicada para definir la entidad de su
remuneración cuanto más si la aplicación del régimen participativo del veintidós punto cuarenta
por ciento para determinar la remuneración por participación de pesca sólo guarda razonabilidad y
coherencia si atendemos a las características de las embarcaciones de la flota pesquera de Pesca
Perú transferidas en el año de mil novecientos setenta y seis pero no puede pretenderse su
aplicación también cuando nos encontramos frente a embarcaciones que por su modernidad
tienen no sólo una mayor capacidad de bodega sino que por su nueva tecnología importarían un
menor esfuerzo y riesgo para los trabajadores pesqueros comparados con aquellos servicios ejecutados
en faenas de pesca en las embarcaciones antes aludidas. Décimo Segundo: Que, esta última conclusión
es coherente a su vez con el alcance y sentido del Principio de Igualdad consagrado en el inciso segundo
del artículo segundo de la Constitución Política del Estado que no impide al operador del derecho
determinar, entre las personas, distinciones que expresamente obedezcan a las diferencias que las
mismas circunstancias prácticas establecen de manera indubitable, es decir, la existencia de sucesos
espacial y temporalmente localizados que poseen rasgos específicos e intransferibles que hacen que una
relación jurídica sea de un determinado tipo y no de otro, así la diferenciación implica una relación efectiva
entre el trato desigual que se establece, el supuesto de hecho y la finalidad que se persigue alcanzar.
Décimo Tercero: Que, la Sala Superior a pesar que reconoce la aplicación del Decreto Supremo número
cero cero nueve - setenta y seis -TR sólo al ámbito de los trabajadores anchoveteros, señala que a la luz
de lo consagrado en el Convenio Colectivo suscrito por la Federación de Pescadores del Perú el doce de
Junio de mil novecientos ochenta y cinco en cuya cláusula primera se establece como remuneración para
todos los trabajadores pesqueros del litoral peruano la participación en el veintidós punto cuarenta por
ciento de la tonelada métrica de pescado descargado, debe ampararse el reclamo del actor. Décimo
Cuarto: Que, sin embargo este Órgano Superior olvida que por mandato de la Cuarta Disposición
Transitoria y Final del Decreto Ley número veinticinco mil quinientos noventa y tres, Ley que regula las
Relaciones Laborales de los Trabajadores de la Actividad Privada vigente hasta el ocho de enero del dos
mil tres en las negociaciones en trámite o en la primera negociación cuya convención, laudo o resolución
rija a partir de la vigencia de este Decreto Ley (tres de julio de mil novecientos noventa y dos), se deberá
incluir la revisión integral de todos los convenios colectivos vigentes sobre condiciones de trabajo y
remuneraciones entendiéndose que a falta de acuerdo entre las partes los Convenios Colectivos no
ratificados caducarán automáticamente de acuerdo a lo establecido por el inciso d) del artículo cuarenta y
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tres de la Ley referida. Décimo Quinto: Que, entonces si esta Suprema Sala estima que al no haberse
constatado que en el proceso se haya demostrado por lo menos la revisión del Convenio que la Sala
Laboral invoca como título del derecho que reconoce al demandante debe concluirse que ha operado la
caducidad de pleno derecho de este acuerdo por lo que los derechos que reconoce se extinguieron y su
cumplimiento no podría ser exigido por sus beneficiarios sean estos trabajadores o ex trabajadores.
Décimo Sexto: Que, al no contemplarse una norma especial que venga a regular la entidad de la
remuneración que por participación de pesca corresponde al demandante en su calidad de
trabajador pesquero, debe señalarse teniendo en cuenta que de acuerdo al literal “a” del inciso
veinticuatro del artículo dos de Constitución: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda,
ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe” y que conforme al inciso catorce del artículo dos de la
Constitución que consagra el Principio de Libertad Contractual: “Toda persona tiene derecho: [..]
A contratar con fines lícitos, siempre que no se contravengan leyes de orden público”, que es
jurídicamente posible y permisible que tal remuneración sea delimitada en pleno ejercicio de la
libertad contractual a través de la autonomía privada colectiva de las partes ( trabajador -
empleador ) en tanto su fin sea lícito y no contravenga las leyes de orden público como así lo
contempla también el artículo mil trescientos cincuenta y cuatro del Código Civil norma de desarrollo de tal
principio constitucional, lo cual además encuentra sólido respaldo en lo contemplado en los
numerales uno y dos del artículo veintiocho de la Constitución Política del Estado que cautela el
derecho de sindicación y negociación colectiva como un mecanismo de solución pacifica de los
conflictos laborales (…)” (énfasis agregado).
5.2. De lo expuesto por la máxima instancia jurisdiccional del país, se puede colegir que el Decreto
Supremo N° 009-76-TR está destinado para aquellas pequeñas empresas de extracción de anchoveta, los
cuales podían obtener una ganancia de participación del 22.40%, al así establecerlo la citada normativa,
no obstante, las demás embarcaciones que no cumplieran con las características expuestas por el
Decreto Ley N° 21558 quedarían fuera de su marco de regulación, es así que al no encontrarse regulado
el contrato del trabajador pesquero, ello queda al libre albedrío entre las partes.
5.3 Es de ello, y del caso concreto, debemos de analizar si la emplazada se encontraba consideradas
como una PEEA, siendo así, y de lo establecido en los artículos 60° y 63° del Decreto Legislativo 301
publicada el 30 de julio de 1984; en el que se indica que se denominara pequeña empresa pesquera
aquella que desarrolle actividades de extracción, acuicultura, transformación, y/o comercialización de
productos hidrobiológicos, cuyos ingresos brutos anuales no superen los 900 Unidades impositivas
tributarias (UIT), Así como la inscripción en el registro especial que se llevara en el Registro General de
Pesquería. Que de acuerdo a los actuados consta las declaraciones del Impuesto a la Renta presentadas
por las demandadas a Fojas 343 al 390 y 407 al 424, tal como se aprecia en los cuadros siguientes:
AÑO VALOR 1 UIT BASE LEGAL 900 UIT PESQUERA DIAMANTE S.A.
(S/.)
1995 2,000 D.S.178-94-EF S/. 1,795,500.00 S/. 12,146,743.00
1996 2,200 D.S.012-96-EF S/. 1,796,400.00 S/. 13,432,603.00
1997 2,400 D.S. N° 134-96-EF S/. 2,160,000.00 S/. 31,427,857.00
1998 2,600 D.S. N° 177-97-EF S/. 2,340,000.00 S/. 10,117,413.00
1999 2,800 D.S. N° 123-98-EF S/. 2,520,000.00 S/. 84,437,194.00
2000 2,900 D.S. N° 191-99-EF S/. 2,610,000.00 S/. 145,228,677.00
2001 3,000 D.S. N°145-2000-EF S/. 2,700,000.00 S/. 133,918,716.00
2002 3,100 D.S. N° 241-2001-EF S/. 2,790,000.00 S/. 194,650,575.00
2003 3,100 D.S. N° 191-2002-EF S/. 2,790,000.00 S/. 149,915,248.00
2004 3,200 D.S. N° 192-2003-EF S/. 2,880,000.00 S/. 215,090,486.00
2005 3,300 D.S. N° 177-2004-EF S/. 2,970,000.00 S/. 248,469,990.00
2006 3,400 D.S. N° 176-2005-EF S/. 3,060,000.00 S/. 308,956,564.00
2007 3,450 D.S. N° 213-2006-EF S/. 3,105,000.00 S/. 353,523,079.00
2008 3,500 D.S. N° 209-2007-EF S/. 3,150,000.00 S/. 545,589,796.00
2009 3,550 D.S. N° 169-2008-EF S/. 3,195,000.00 S/. 607,583,667.00
De la revisión del citado cuadro se puede colegir que la demandada superaba la 900 UIT de sus ventas,
por lo que no podían estar consideradas como una pequeña empresa de extracción de anchoveta.
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5.4 Asimismo, es menester acotar que el Decreto Ley N° 21558 señala que una PEEA debe
encontrarse constituida bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada –
EIRL, contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no exceda en su conjunto de seiscientas
veinte toneladas métricas; que sus ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el
artículo tercero del Decreto Ley N° 21558, esto es ochocientos veinte sueldos mínimos vitales de la
Provincia de Lima; y dedicarse a su actividad económica sólo con las embarcaciones y redes transferidas
por Pesca Perú salvo autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas. Es así que, de acuerdo
a la citada norma las PEEAS deben de cumplir ciertas características, de las cuales no se observan en
autos, dado que la empleadora del actor estaban inscritas como Sociedad Anónimas, y la capacidad de
bodega de sus embarcaciones eran superiores a lo señalado en la citada norma, sobre pasando en
conjunto el tonelaje permitido en la citada normativa; por lo que, no encontrándose ningún medio
probatorio que acredite que la demandada sea PEEA, la percepción de la participación de pesca no se
encuentra sujeta al Decreto Supremo N° 009-76-TR.
SEXTO: RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN DE PESCA DEL 22.40%
6.1 De acuerdo a lo descrito líneas arriba, se determinó que la emplazada no puede estar
consideradas como PEEA la misma que perciben una participación de pesca del 22.40% por tonelada
métrica de harina de pescado, es así, que la parte demandante ha indicado percibir una prestación de
participación de pesca del 22.40% del precio venta de tonelada métrica de harina de pescado por el
periodo reclamado, siendo ello, y de la revisión de las declaraciones juradas de participación de pesca de
los periodos reclamados (Fojas 1063/1787) se observa que la participación pesca otorgada por la
empresa Pesquera Diamante S.A. desde el 01 abril de 1994 al 26 de agosto del 2009 fue del 18.00%.
6.2 Que, las remuneraciones del actor se regulaban por convenios colectivos por ramas, suscritos
entre el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras del Perú – SUPNEP y la
Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras – AANEP, organizaciones gremiales a
los cuales se encontraba afiliada las partes conforme se acredita con las constancias que obran de Fojas
153 y Fojas 1802; por lo que en el periodo reclamado las citadas organizaciones pactaron en el Convenio
Colectivo del periodo abril 1996 – abril 1999 (Fojas 154vuelta a 160) el cual por acuerdo de las
organizaciones gremiales participantes, fue prorrogado hasta el 21 de abril del 2002 (fojas 165);
establecieron en su cláusula primera que la participación de pesca, sería el equivalente del 18% del precio
que por tonelada métrica de pesca descargada le pagan a los armadores las fabricas procesadoras de
harina y aceite de pescado, referido al precio promedio que informa la SOCIEDAD NACIONAL DE
PESQUERÍA – SNP (fojas 155); en el Convenio Colectivo del periodo 2002 – 2007, que tuvo como
periodo de vigencia del 12 de abril del 2002 al 11 de abril del 2007 (fojas 168 a 175); en el cual por
acuerdo de las organizaciones gremiales participantes establecieron en su cláusula primera: La AANEP
conviene que sus asociados abonarán a las dotaciones pesqueras de sus embarcaciones por concepto de
participación de pesca y por cada tonelada métrica de pesca descargada el equivalente al 18% del precio
promedio de referencia que informa la SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA – SNP (fojas 169).
6.3. Asimismo, en el Convenio Colectivo del periodo 2007 – 2012, que tuvo como periodo de vigencia
del 12 de marzo del 2007 al 11 de marzo del 2012 (fojas 177 a 193); en el cual por acuerdo de las
organizaciones gremiales participantes establecieron en su Clausula Primera: De la Participación de
Pesca de la dotación pesquera: Las partes convienen que con efectividad a la vigencia del presente
convenio, la participación de pesca para el consumo humano indirecto, por tonelada métrica de pesca
descargada, será igual al 18% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina pescado.
Asimismo, las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del presente convenio, la participación
de pesca para el consumo humano directo, por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al
22.5% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina pescado. Para determinar el monto
de la participación de pesca, el precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado será el valor
FOB expresado en $/TMB, obtenido en base a la información proporcionada por SUNAT/ADUANET,
vigente en la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el primer día
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hábil siguiente después de fecha de corte de la semana correspondiente. En tanto el Ministerio de
Producción publique en su portal: www.produce.gob.pe el referido precio promedio de harina de pescado
calculado según valor FOB expresado en $/TMB, proporcionado por SUNAT-ADUANET, ese dato será el
que se aplique para efectos de determinar el monto de la participación de pesca. Para determinar el pago
en nuevos soles, se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado compra publicado en el Diario Oficial
El Peruano por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el cálculo de la
planilla de participación de pesca, es decir el primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la
semana correspondiente (fojas 179).
6.5. De lo así expuesto, se puede apreciar que es recién con el Convenio Colectivo 2007-2012, que se
hace referencia al precio FOB, ya que en los convenios que estuvieron en vigencia por los periodos 1996-
1999, prorrogado hasta el 2002 y del 2002 al 2007, se establece que la participación de pesca sería el
equivalente del 18% del precio que por tonelada métrica de pesca descargada |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
Demandante: Carlos Fernando Bazalar Urrunaga
Demandado: CFG Investment S.A.C.
Materia: Reintegro de Remuneraciones
Expediente: Nº 10257-2011-0-1801-JR-LA-09.
Especialista: Miñope Bedregal, Doris
SENTENCIA Nº 249 -2017-18°- JTTL
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISEIS
Lima, catorce de julio
Del año dos mil diecisiete
I. ANTECEDENTES:
Resulta de autos, que por escrito corriente de fojas 55 a 60, y subsanación
de fojas 63 a 78, don CARLOS FERNANDO BAZALAR URRUNAGA
interpone demanda de Reintegro de Remuneraciones contra CFG
INVESTMENT S.A.C. a fin de que cumpla con pagarle la suma de
S/.279,660.23 (Doscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta con
23/100 nuevos soles).
II. EXPOSICIÓN POSTULATORIA EXPRESADA POR LAS PARTES
Del demandante:
Funda su acción en las citas legales que hace mención y en el hecho de
haber laborado para la emplazada desde el 08 de abril de 1999 al 02 de
noviembre de 2010 como Tripulante, indica que en contraprestación por
sus labores percibió remuneraciones porcentuales que no se condicen con
los precios establecidos por la sociedad nacional de pesquería ni con los
porcentajes del 22.40% por participación de pesca conforme a lo dispuesto
por las Asociaciones Nacionales de Armadores Pesqueros y la Federación
de pescadores del Perú (FPP), que establecieron por mutuo acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40%
según la tonelada métrica prima (harina de pescado), en tanto el régimen
especial de remuneración y condiciones de trabajo de los pescadores
industriales, está normado por el Decreto Supremo N° 009-76-TR que se
encuentra vigente a la fecha, pues no existe dispositivo legal que lo haya
derogado de manera expresa, sino más bien éste ha sido restituido por el
Decreto Supremo N° 044-89-TR, constituyendo en la actualidad el único
ente normativo que regula el contrato de trabajo pesquero en toda su
integridad sin distinciones de ninguna índole; por lo que solicita el
reintegro de su remuneración en el porcentaje referido y su incidencia
sobre los beneficios sociales respectivos, indica también que la demandada
no cumplió con el abono de las utilidades, no habiendo percibido pago
alguno por dicho concepto conforme a los parámetros determinados por la
1 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
legislación de la materia; así mismo, pretensiona el pago del incremento del
Fonavi para trabajadores que estaban afectos a dicha contribución,
incremento con el que no ha cumplido la demandada, en igual sentido
solicita, se le abone el reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria
de conformidad a la legislación vigente; razones todas ellas por las cuales
acude a la presente judicatura.
De la demandada:
Admitida que fuera la demanda, mediante resolución número dos, a fojas
79, se corrió traslado a la emplazada, que mediante escrito de fojas 256 a
278, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus
extremos, señalando que el Decreto supremo N° 009-76-TR no es aplicable
a la empresa al no configurarse los supuestos de hecho regulados por dicho
dispositivo legal, asimismo, sostiene que el trabajador no tenía contrato
vigente al 31 de diciembre de 1992, por lo que no le es aplicable el
incremento remunerativo que regulaba el Decreto Ley 25981 (Fonavi), en
cuanto al pago y reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca y cuotas de pesca
sur de los años 2009-2010 , indica que el demandante no ha señalado cual
es el origen de su reclamo ni en que sustenta el mismo, que en cuanto al
pago y reintegro de los beneficios sociales pretensionados, sostiene que ha
cumplido con abonar los mismos según lo dispuesto por ley, por último en
lo que respecta a la Bonificación por renuncia voluntaria, precisa que se ha
cumplido con lo establecido por la legislación de la materia.
III. DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
Citadas las partes a la Audiencia Única, la misma se llevó a cabo en los
términos que obran en el acta que corre en autos de fojas 290 a 294;
oportunidad en la que se estableció la validez de la relación jurídica
procesal, teniéndose por saneado el proceso, se fijaron los puntos
controvertidos, se actuaron los medios probatorios presentados por las
partes, y habiendo precluido la etapa postulatoria y probatoria,
corresponde al estado de la causa emitir sentencia.
IV. ANÁLISIS DEL CASO:
PRIMERO: DE LA FINALIDAD DEL PROCESO:
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es
lograr la paz social en justicia. Asimismo de acuerdo a lo señalado por el
artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable
en vía supletoria para el caso de autos, establece que toda persona tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.-
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SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA:
Que, es principio fundamental en el derecho laboral que las partes
acrediten los hechos que alegan y que conforme al artículo 27º de la Ley
Procesal de Trabajo, el trabajador debe acreditar esencialmente la existencia
de la relación laboral, el despido cuando lo alegue, su nulidad cuando lo
invoque y la hostilidad de la que fuere objeto; y asimismo el demandado
debe probar el cumplimiento de las obligaciones legales, convencionales, la
costumbre, las que contenga el reglamento interno y el contrato individual
de trabajo; que por otro lado el artículo 196º del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente, dispone que la carga de la prueba corresponde a
quien afirma los hechos, teniendo los medios probatorios la finalidad de
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez
respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones.
TERCERO: DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Atendiendo a lo resuelto en Audiencia Única, corresponde emitir
pronunciamiento respecto a determinar:
1. Si le corresponde al demandante los reintegros de remuneraciones al
18% del año 2001 al 2009 incluyendo el pago de aumento por FONAVI
del D.L 25981.
2. Si le corresponde al demandante los reintegros de remuneraciones del
18% al 22.40% del año 1991 al 2010 en base a la nivelación del precio
FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y
PRODUCE, incluyendo el pago de aumento de FONAVI de D.L
25981.
3. Si le corresponde el reintegro de bonificación Ley N° 129351, pago de
reintegro de gratificaciones por fiestas patrias y navidad del año 2001
al 2009.
4. Si le corresponde al demandante el pago de reintegro de vacaciones
del año 2001 al 2009.
5. Si le corresponde al demandante el pago de reintegro de cese y
compensación por tiempo de servicios del año 2001 al 2009.
6. Si corresponde al demandante el pago de reintegro de utilidades de
los años 2001 al 2009.
7. Si le corresponde al demandante el pago de la bonificación por
renuncia voluntaria.
Cabe precisar que en la Diligencia de Audiencia Única el Juzgado se
declaró incompetente para pronunciarse respecto a la pretensión de
restitución de los montos descontados indebidamente por concepto de
impuesto a la renta de quinta categoría.
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CUARTO: DEL RECORD LABORAL DEL DEMANDANTE:
Que, estando a la Liquidación de beneficios sociales que corre a fojas 06, así
como al certificado de trabajo que corre a fojas 07, se tiene que el
demandante laboró para la emplazada desde el 08 de abril de 1999 al 02 de
noviembre de 2010; en este punto resulta oportuno señalar que, la
emplazada a fojas 256 de su escrito de contestación a la demanda, acepta
textualmente que el accionante mantuvo una relación laboral con ésta en el
cargo de tripulante entre el 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de 2010,
acumulando un tiempo de servicios de 11 años, 6 meses y 24 días, y si bien
seguidamente a fojas 257, precisa que el actor laboró inicialmente para la
empresa Pesquera Mistral hasta noviembre de 2008, no obstante ello,
habiéndose corroborado con las documentales de la referencia que la
emplazada al cese liquidó al actor como si hubiere sido su única
empleadora, se colige que ha operado alguna forma de transformación
societaria y patrimonial, por la cual la emplazada ha asumido los pasivos y
responsabilidades de la citada Empresa Pesquera Mistral; razón por la cual
esta Judicatura establece a la demandada como la empleadora del
accionante por el período 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de 2010.
QUINTO: DEL DECRETO SUPREMO N° 009-76-TR - CONTRATO DE
TRABAJO PESQUERO DE LOS PESCADORES ANCHOVETEROS AL
SERVICIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE
ANCHOVETA:
5.1 Que, mediante Decreto Ley N° 21558, del 20 de julio de 1976 se
reprivatizó la extracción de la anchoveta para su transformación en harina
y aceite, constituyéndose las pequeñas empresas de extracción de
anchoveta, a las que les fueron transferidos los trabajadores de la empresa
estatal PESCA PERÚ, que para efectos del régimen laboral de estas
pequeñas empresas se dictó el Decreto Supremo N° 009-76-TR, del 21 de
julio de 1976, que en su Segunda Disposición Final, señala “Sólo rigen para
las relaciones entre las Pequeñas Empresas de extracción de Anchoveta y los
pescadores a su servicio, las remuneraciones y condiciones de trabajo
taxativamente indicados en el presente Decreto Supremo”.
5.2 Que, asimismo dicho cuerpo legal, en su artículo 13°, dispone: “La
remuneración que percibirán los pescadores que realicen la ejecución de la pesca de
anchoveta será una participación por tonelada métrica de pesca descargada (…)”, y
en su segunda disposición transitoria precisa “La participación por tonelada
métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13 queda fijada en S/. 280.00
que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá por la venta de
anchoveta a PESCA PERÚ (…)”; quedando así claro que este criterio
remunerativo es privativo de los pescadores al servicio de las PEEAS.
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5.3 Que, como precedente vinculante tenemos la Casación N° 3846-2006-
ICA, del 04 de agosto de 2009, que en su séptimo considerando, precisa los
requisitos para considerar una empresa dentro del ámbito del Decreto
Supremo N° 009-76-TR: “ Que, de acuerdo a los términos del artículo 2° de este
Decreto Ley, para ser calificado como una pequeña empresa de extracción de
Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de sociedad
comercial de Responsabilidad Limitada conforme al Decreto Ley N° 21435 (Ley de
la Pequeña Empresa); ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no
exceda en su conjunto de 620 toneladas métricas; iii) Sus ingresos percibidos no
deberían exceder del límite establecido en el artículo 3° del Decreto Ley 21435,esto
es 820 sueldos mínimos vitales de la provincia de Lima; y iv) Dedicarse a su
actividad económica sólo con las embarcaciones y redes transferidas por pesca Perú,
salvo autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas”., siendo que
en su noveno considerando indica “ Que, de este modo el Decreto Supremo N°
009-76-TR regula en forma exclusiva y excluyente las condiciones de trabajo y
remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transformación de la flota
pesquera de Pesca Perú, pues como lo reafirma expresamente en la Segunda
Disposición Final sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas de
extracción de anchoveta y los pescadores, con lo cual queda claro que cualquier
contrato de trabajo que no vincula a un trabajador pesquero con una empresa que
reúna las características previamente delimitadas por el Decreto Ley N° 25558
quedara fuera de su marco y ámbito de regulación y ello es así en razón que el
hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo constituyó precisamente
la actividad productiva de los pescadores en las embarcaciones objeto de la
transferencia antes invocada.”.
5.4 En atención a lo transcrito, adviértase que los requisitos señalados son
concurrentes, por lo que la falta de uno de ellos (estar inscrita como
sociedad comercial de responsabilidad limitada) imposibilita la
clasificación de una persona jurídica como pequeña empresa de extracción
de anchoveta, así en el caso de autos y conforme se infiere de la copia de la
Consulta Ruc, que corre a fojas 85, y del Asiento C000053 (Otorgamiento de
Poder), a fojas 81 parte pertinente, la demandada se encuentra registrada
como Sociedad Anónima Cerrada, con la Partida Electrónica N° 11862982
del Registro de Personas Jurídicas de Lima, concluyéndose así que al no
cumplir con el requisito de estar inscrita como sociedad comercial de
responsabilidad limitada, no califica como pequeña empresa, y en tal
sentido no le son aplicables ni exigibles las disposiciones contenidas en el
Decreto Supremo N° 009-76-TR.
5.5 Que, asimismo del presente extremo analizado se advierte que no
existe referencia alguna a la forma de cálculo que reclama el actor, esto es
el 22.40% ó 18% del precio de venta promedio de la tonelada métrica de
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harina de pescado en base al valor FOB expresado en US TMB, según
información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE.
SEXTO: DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 1985 Y 1988:
6.1. Que, la Federación de Pescadores del Perú, en representación de los
trabajadores y la Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros, la
Asociación de Armadores Pesqueros del Sur y la Asociación de Armadores
Pesqueros del Perú en representación de la parte empleadora, suscribieron
un convenio colectivo el 12 de junio de 1985, conforme al cual la
participación de pesca sería del 22.4%, liquidada sobre la base del 10% de
la cotización C&F Hamburgo, información REUTER, de la TM de harina
de pescado menos US $ 30.00 por flete, cuando se trate de descargas
efectuadas en fábricas de la Empresas Estatal PESCA PERÚ.
6.2. Que, el 30 de mayo de 1988, la misma organización sindical y la
Corporación Nacional de Armadores Pesqueros, en representación de la
Asociación de Empleadores mencionadas, modificaron el sistema de
determinación del precio de la materia prima al siguiente: precio de la TM
de harina de pescado CANDF Hamburgo información REUTER del
último día del mes anterior menos el descuento de US $ 44.00 por flete,
bajo los porcentajes de 8.5% en el caso de las descargas de fábricas
asociadas a la SNP y de 10% en el caso de PESCA PERÚ convirtiéndose a
moneda nacional del tipo de cambio que reciba el exportador.
6.3. Que, al no indicar expresamente lo contrario, el beneficio pactado en
el convenio colectivo de 1985 – con la precisión efectuada en 1988- tiene
duración indefinida, conforme a la legislación entonces vigente sobre
negociación colectiva (DS N° 006-71-TR), que en igual sentido al no
haberse precisado que la obligación recaía en las PEEAS, dicho convenio
colectivo resulta aplicable a todo el sector de la Pesca Industrial.
6.4. Que, de los convenios colectivos citados se infiere que no existe
referencia alguna a la base de cálculo que reclama el actor, esto es el
22.40% ó 18% del precio de venta promedio de la tonelada métrica de
harina de pescado en base al valor FOB expresado en US TMB según
información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE.
SEPTIMO: DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 757- LEY MARCO PARA
EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA:
7.1 Que, el Decreto Legislativo N° 757, entró en vigencia el 13 de
setiembre de 1991, siendo que en el inciso b) de su Segunda Disposición
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Complementaria, prohibió los sistemas de reajuste automático de
remuneraciones en función a diversos índices, entre otros, el valor de la
moneda extranjera, aún cuando provengan de convenios colectivos, según
el profesor Javier Neves, este mandato conforma lo que la doctrina califica
como una norma de derecho necesario absoluto, por que excluye
totalmente la presencia de la autonomía colectiva en un cierto campo, esto
afecta al Convenio colectivo de 1985, modificado en 1988, que regula
sistemas indexados de aumentos remunerativos, resultando así que dichos
convenios colectivos quedarían paralizados en su aplicación ante lo
dispuesto por el Decreto Legislativo bajo estudio.
7.2 Que, el cuerpo normativo de la referencia por un lado derogó
tácitamente los preceptos de los Decretos Supremos N° 009-76-TR y 015-76-
PE, que establecían los reajustes automáticos de remuneraciones, y por otro
lado derogó expresamente en el inciso b) de su Primera Disposición Final,
el Decreto Supremo N° 014-89-PE del 24 de noviembre de 1989 y la Ley N°
25200 del 23 de febrero de 1990, normas que en su oportunidad
reunificaron los criterios a nivel nacional para el pago de las empresas
transformadoras a las extractoras, con esta derogación se suprimió la base
que servía de referencia a la participación de pesca del 22.40%, quedando
entonces dicho porcentaje base sin sustento normativo.
OCTAVO: DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL SINDICATO
ÚNICO DE PESCADORES DE NUEVAS EMBARCACIONES DEL
PERÚ:
8.1 Que, la Federación de Pescadores del Perú, después de 1988 no
suscribió nuevos convenios colectivos, en su lugar el Sindicato Único de
Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú SUPNEP, desde mayo de
1991 y con periodicidad generalmente trienal ha venido celebrando los
convenios 1991, 1993, 1996, 1999, 2002 y 2007 siendo que en este último
convenio colectivo celebrado con la Asociación de Armadores de Nuevas
Embarcaciones Pesqueras se estipuló, que: “ Las partes convienen que, con
efectividad a la vigencia del presente Convenio, la participación de pesca para el
consumo humano indirecto, por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al
18% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de
pescado. Asimismo, las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del
presente Convenio, la participación de pesca para el consumo humano directo por
tonelada métrica de pesca descargada, será igual al 22.5% del 8 % del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado. Para determinar el
monto de la participación de pesca, el precio promedio de la Tonelada Métrica
de harina de pescado será el valor FOB expresado en US $/TMB, obtenido
en base a la información proporcionada por SUNAT- ADUANET, vigente en
la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el
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primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la semana
correspondiente. En tanto el Ministerio de la Producción publique en su portal:
www.produce.gob.pe el referido precio $/TMB, proporcionado por SUNAT-
ADUANET, ese dato será el que se aplique para efectos de determinar el monto de
la participación de pesca. Para determinar el pago en nuevos soles, se utilizará el
tipo de cambio promedio ponderado compra publicado en el Diario Oficial el
Peruano por la intendencia de Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el
cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el primer día hábil
siguiente después de la fecha de corte de la semana correspondiente…Los Asociados
a la AANEP se comprometen a cancelar la participación de pesca a los nueve (9)
días de concluida la primera semana de pesca se distribuirá entre toda dotación
pesquera de la siguiente forma”.
8.2 Así y como se observa respecto al convenio de 1997, no se acredita en
autos que el SUPNEP sea una organización sindical mayoritaria, por lo que
sus alcances estarían limitados únicamente a sus afiliados, no habiendo en
ese sentido demostrado el actor que se encuentre afiliado a aquella;
asimismo, de los actuados no se advierte que la emplazada tuviera la
condición de asociada a la AANEP, lo que imposibilita determinar
indubitablemente que al demandante le corresponda el 18% del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado y menos aún en
base al valor FOB expresado en US TMB según información proporcionada
por la Sociedad Nacional de Pesquería y PRODUCE.
8.3 Por todo ello, este despacho conviene en desestimar la pretensión
postulada por el actor, en tanto la base que propone para el cálculo de sus
remuneraciones 18% y 22.40% en base al valor FOB expresado en US TMB
según información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE, no ha sido establecido para su caso por la sucesión normativa
de la referencia.
NOVENO: DEL REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR
INCREMENTO DEL FONAVI:
9.1. Que, con fecha 07 de noviembre de 1992, se dispuso mediante
Decreto Ley Nº 25981, que los trabajadores cuyas remuneraciones
estuvieren afectos a la contribución al FONAVI, tendrían derecho a percibir
un aumento de remuneraciones a partir del 1º de enero de 1993, siendo el
monto de este aumento equivalente al 10% de la parte de su haber mensual
del mes de enero de 1993, que esté afecto a la contribución al FONAVI.
9.2. Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Ley
25981 “Los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están afectas
a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de
diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de
8 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento
será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de
1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI”. De lo cual se advierte,
que constituye un requisito sine quanon el tener contrato vigente al 31 de
diciembre de 1992 y una relación laboral continuada hasta la fecha que se
otorgue el citado incremento.
9.3. Mediante Ley Nº 26233, de fecha 17 de octubre de 1993, en su única
Disposición Final se estableció que los trabajadores que por aplicación del
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron un incremento de sus
remuneraciones a partir del 1º de enero de 1993, continuarán percibiendo
dicho aumento.
9.4. Que, en el caso de autos, estando a que el accionante ingresó a
laborar para la demandada el 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de
2010, no le resulta de alcance las estipulaciones contenidas en dicho
dispositivo legal, en tanto no cumplía el requisito dispuesto por el artículo
2° de la norma en referencia, deviniendo así en infundado el pago del
presente extremo demandado.
NOVENO: DEL PAGO DE REINTEGRO COMPENSACIÓN POR CESE
Y POR TIEMPO DE SERVICIOS, GRATIFICACIONES, LEY N° 29351 Y
VACACIONES:
Que, el accionante solicita el reintegro de pago del concepto de
gratificaciones, reintegro de Ley N° 29351, el reintegro del pago del
concepto de vacaciones, el reintegro del pago del concepto de
compensación por cese y por tiempo de servicios, todo ello sobre el monto
de reintegro de remuneración; empero no habiéndose amparado reintegro
de remuneración alguno en base a los porcentajes postulados por el actor,
por tanto, siguiendo la misma suerte de la pretensión principal, devienen
en infundadas estas pretensiones accesorias.
DÉCIMO: DEL PAGO DE UTILIDADES:
10.1. Que, la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas es un derecho fundamental recogido en el artículo 29° de la
Constitución Política del Perú, mediante el cual el Estado reconoce el
derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y
asimismo promueve otras formas de participación. Así, nuestro texto
constitucional le ha otorgado a esta participación el carácter de derecho
fundamental, para lo cual el Estado tiene el deber de proteger y hacer
efectivo el cumplimiento del mismo. En ese sentido, la regulación específica
y concreta que hace viable lo señalado por nuestra norma suprema son el
9 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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Decreto Legislativo N° 982 y la norma Reglamentaria, D.S. N° 009-98-TR y
las disposiciones aún vigentes del Decreto Legislativo N° 677.
10.2. Que, ahora bien el derecho de los trabajadores a participar en las
utilidades se funda en el esfuerzo diario de aquellos, y que la ley reconoce
como producto del trabajo, entendiéndose a la empresa como una
comunidad de producción que incluye al empleador y a los trabajadores,
que en armonía se esfuerzan por producir lo máximo y lo mejor, para
luego este esfuerzo, determinado en utilidades, se distribuya
equitativamente a cada uno según le corresponda.
10.3. Que, según se advierte de lo expresado por el actor en su escrito de
demanda, a fojas 74 parte pertinente, refiere no haber percibido pago
alguno por este concepto, solicitando así el abono respectivo,
evidenciándose así que no pretensiona un “reintegro” sino el “pago no
percibido”, es decir, su teoría del caso en este extremo (entendida como
aquella versión que construye cada una de las partes respecto de la forma
en que se dieron los hechos, mencionando las pruebas que lo sustentan y la
norma en que respaldan su pretensión), estriba en que la emplazada no le
ha abonado monto alguno por este beneficio, en tal sentido, atendiendo a la
Información recogida en el Informe Pericial N° 119-12-MGA-UPCJ de fojas
322 a 325, teniendo a vista las liquidaciones de pago de participaciones de
utilidades, se advierte que el empleador cumplió con abonarle al
accionante las utilidades correspondientes a los ejercicios 2006 al 2010,
desvirtuándose así la teoría del caso expuesta por el demandante,
determinándose que la emplazada cumplió con pagar oportunamente al
actor las utilidades de los ejercicios indicados, de manera tal, que no existe
participación de utilidades pendiente de pago a la fecha de cese por dichos
períodos.
10.4. De otro lado, con respecto a los ejercicios 1999 al 2005, se advierte
que dicha información no fue proporcionada por la emplazada a la Perito
Judicial en su oportunidad, siendo que tampoco obra en autos copias del
PDT remuneraciones ni la declaración jurada de renta anual, por lo que
deberá tenerse en consideración que el derecho probatorio tiene una
marcada connotación procesal ya que en función de todo medio de prueba
se genera la certidumbre acerca de la verdad de las afirmaciones sobre los
hechos en conflicto de intereses y ésta en su acepción amplia es entendida
como aquel medio útil para dar a conocer algún hecho o circunstancia,
adquiriéndose el conocimiento de la realidad y en su sentido estricto la
prueba puede ser definida como aquellas razones extraídas de los medios
ofrecidos que, en conjunto, dan a conocer los hechos o la realidad a efectos
de resolver la cuestión controvertida de relevancia jurídica y como se ha
10 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
señalado en materia laboral corresponde a las partes probar sus
afirmaciones, esencialmente al trabajador la existencia del vinculo laboral y
al empleador demandado el cumplimiento de las obligaciones contenidas
en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre y el contrato
individual del trabajo, como lo establece el artículo 27° de la Ley Procesal
del Trabajo N° 266336, cuando normativiza la carga de la prueba y cuya
finalidad es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza
en el Juzgador sobre los hechos controvertidos y estas deben ser ofrecidos
en los actos postulatorios, salvo disposición legal distinta y todas ellas una
vez actuadas son merituadas por el Juez en forma conjunta, utilizando una
apreciación razonada atendiendo al principio de la libre apreciación de los
medios probatorios según las reglas de la sana crítica.
10.5. Por tanto, estando a que es carga de la prueba del empleador
demostrar el cumplimiento de pago de sus obligaciones, y de no ser el caso,
acreditar entonces la no generación de utilidades (pérdidas), este despacho
a fin de no dilatar mas la presente causa, en atención al derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva que ampara a todo justiciable, no puede dejar de
administrar justicia, por lo que a pesar de no disponer de la información
establecida por la normativa especial de la materia (días laborados por cada
trabajador, días laborados por todos, suma total de las remuneraciones de
todos los trabajadores y el total de las remuneraciones que corresponda a
cada trabajador en el ejercicio), empero atendiendo a lo dispuesto por el
artículo 2° inciso b) del Decreto Legislativo N° 892: "La participación que
pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto de cada trabajador, como
límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) remuneraciones mensuales
que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio"; con criterio prudencial se
estima acertado tener en consideración el pago solicitado por el
demandante (fojas 71) conforme al siguiente detalle:
Ejercicio 1999 la cantidad de S/.1,268.14 nuevos soles.
Ejercicio 2000 la cantidad de S/.2,987.66 nuevos soles.
Ejercicio 2001 la cantidad de S/.3,598.14 nuevos soles.
Ejercicio 2002 la cantidad de S/.4,697.14 nuevos soles.
Ejercicio 2003 la cantidad de S/.1,698.41 nuevos soles.
Ejercicio 2004 la cantidad de S/.5,874.25 nuevos soles.
Ejercicio 2005 la cantidad de S/.3,526.87 nuevos soles; que sumados dichos
montos se obtiene un total de S/.23,650.51 nuevos soles;
DÉCIMO PRIMERO: DEL REINTEGRO DE LA BONIFICACIÓN POR
RENUNCIA VOLUNTARIA:
11.1. Que, la medida de ordenamiento pesquero contenida en el Decreto
Legislativo Nº 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por
Embarcación, tiene como uno de sus objetivos, reducir el esfuerzo
11 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
pesquero, para lo cual se implementaron una serie de mecanismos
destinados a reducir la flota pesquera anchovetera; por lo que con la
finalidad de proteger los derechos de los trabajadores pesqueros que
pudieran verse afectados por la aplicación de la medida de ordenamiento,
la propia norma establece Programas de Beneficios, a los que
voluntariamente pueden acogerse los trabajadores que prestan sus
servicios en embarcaciones pesqueras, como son: a) Programa de incentivos
a la reconversión laboral; b) Programa de Desarrollo y Promoción de
Mypes; y c) Programa de jubilación anticipada1.
11.2. El Programa de Incentivos a la Reconversión Laboral, dirigido a
favorecer la reinserción de los trabajadores hacia otras actividades
dependientes incluye los siguientes beneficios: a) Bonificaciones por
renuncia voluntaria; b) Capacitación en carreras técnicas para facilitar la
reinserción en otros sectores productivos, la misma que por su naturaleza
no genera una relación de índole laboral; c) Entrega de subvenciones
económicas temporales durante el período de capacitación; d) Asesoría
para la reinserción en el mercado.
11.3. Que, ahora bien, respecto al presente extremo demandado, de la
revisión del petitorio formulado por el accionante y de lo expresado a fojas
74 de su escrito de demanda, advertimos que únicamente se limita a hacer
mención de la legislación de la materia para el otorgamiento de dicho
concepto, empero no precisa, señala, o indica cuando menos de forma
somera, las circunstancias o factores por los cuales sostiene que le
corresponde algún reintegro, es decir que adolece de una teoría del caso en
este punto (entendida como aquella versión que construye cada una de
las partes respecto de la forma en que se dieron los hechos, mencionando
las pruebas que lo sustentan) extremo que no puede ser suplido por el
presente despacho, en tanto el Juez Laboral deberá dirigir su atención a la
dilucidación de aspectos relevantes de la litis contenida en dicha teoría del
caso, es decir, esclarecer, clarificar y elucidar la certeza de la versión
formulada por las partes, empero al carecer la pretensión del accionante de
una teoría del caso resulta imposible determinar el amparo de la misma,
motivo por el cual deviene en improcedente lo peticionado.
DÉCIMO SEG |
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
Demandante: Carlos Fernando Bazalar Urrunaga
Demandado: CFG Investment S.A.C.
Materia: Reintegro de Remuneraciones
Expediente: Nº 10257-2011-0-1801-JR-LA-09.
Especialista: Miñope Bedregal, Doris
SENTENCIA Nº 249 -2017-18°- JTTL
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISEIS
Lima, catorce de julio
Del año dos mil diecisiete
I. ANTECEDENTES:
Resulta de autos, que por escrito corriente de fojas 55 a 60, y subsanación
de fojas 63 a 78, don CARLOS FERNANDO BAZALAR URRUNAGA
interpone demanda de Reintegro de Remuneraciones contra CFG
INVESTMENT S.A.C. a fin de que cumpla con pagarle la suma de
S/.279,660.23 (Doscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta con
23/100 nuevos soles).
II. EXPOSICIÓN POSTULATORIA EXPRESADA POR LAS PARTES
Del demandante:
Funda su acción en las citas legales que hace mención y en el hecho de
haber laborado para la emplazada desde el 08 de abril de 1999 al 02 de
noviembre de 2010 como Tripulante, indica que en contraprestación por
sus labores percibió remuneraciones porcentuales que no se condicen con
los precios establecidos por la sociedad nacional de pesquería ni con los
porcentajes del 22.40% por participación de pesca conforme a lo dispuesto
por las Asociaciones Nacionales de Armadores Pesqueros y la Federación
de pescadores del Perú (FPP), que establecieron por mutuo acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40%
según la tonelada métrica prima (harina de pescado), en tanto el régimen
especial de remuneración y condiciones de trabajo de los pescadores
industriales, está normado por el Decreto Supremo N° 009-76-TR que se
encuentra vigente a la fecha, pues no existe dispositivo legal que lo haya
derogado de manera expresa, sino más bien éste ha sido restituido por el
Decreto Supremo N° 044-89-TR, constituyendo en la actualidad el único
ente normativo que regula el contrato de trabajo pesquero en toda su
integridad sin distinciones de ninguna índole; por lo que solicita el
reintegro de su remuneración en el porcentaje referido y su incidencia
sobre los beneficios sociales respectivos, indica también que la demandada
no cumplió con el abono de las utilidades, no habiendo percibido pago
alguno por dicho concepto conforme a los parámetros determinados por la
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legislación de la materia; así mismo, pretensiona el pago del incremento del
Fonavi para trabajadores que estaban afectos a dicha contribución,
incremento con el que no ha cumplido la demandada, en igual sentido
solicita, se le abone el reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria
de conformidad a la legislación vigente; razones todas ellas por las cuales
acude a la presente judicatura.
De la demandada:
Admitida que fuera la demanda, mediante resolución número dos, a fojas
79, se corrió traslado a la emplazada, que mediante escrito de fojas 256 a
278, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus
extremos, señalando que el Decreto supremo N° 009-76-TR no es aplicable
a la empresa al no configurarse los supuestos de hecho regulados por dicho
dispositivo legal, asimismo, sostiene que el trabajador no tenía contrato
vigente al 31 de diciembre de 1992, por lo que no le es aplicable el
incremento remunerativo que regulaba el Decreto Ley 25981 (Fonavi), en
cuanto al pago y reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca y cuotas de pesca
sur de los años 2009-2010 , indica que el demandante no ha señalado cual
es el origen de su reclamo ni en que sustenta el mismo, que en cuanto al
pago y reintegro de los beneficios sociales pretensionados, sostiene que ha
cumplido con abonar los mismos según lo dispuesto por ley, por último en
lo que respecta a la Bonificación por renuncia voluntaria, precisa que se ha
cumplido con lo establecido por la legislación de la materia.
III. DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
Citadas las partes a la Audiencia Única, la misma se llevó a cabo en los
términos que obran en el acta que corre en autos de fojas 290 a 294;
oportunidad en la que se estableció la validez de la relación jurídica
procesal, teniéndose por saneado el proceso, se fijaron los puntos
controvertidos, se actuaron los medios probatorios presentados por las
partes, y habiendo precluido la etapa postulatoria y probatoria,
corresponde al estado de la causa emitir sentencia.
IV. ANÁLISIS DEL CASO:
PRIMERO: DE LA FINALIDAD DEL PROCESO:
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es
lograr la paz social en justicia. Asimismo de acuerdo a lo señalado por el
artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable
en vía supletoria para el caso de autos, establece que toda persona tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.-
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SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA:
Que, es principio fundamental en el derecho laboral que las partes
acrediten los hechos que alegan y que conforme al artículo 27º de la Ley
Procesal de Trabajo, el trabajador debe acreditar esencialmente la existencia
de la relación laboral, el despido cuando lo alegue, su nulidad cuando lo
invoque y la hostilidad de la que fuere objeto; y asimismo el demandado
debe probar el cumplimiento de las obligaciones legales, convencionales, la
costumbre, las que contenga el reglamento interno y el contrato individual
de trabajo; que por otro lado el artículo 196º del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente, dispone que la carga de la prueba corresponde a
quien afirma los hechos, teniendo los medios probatorios la finalidad de
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez
respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones.
TERCERO: DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Atendiendo a lo resuelto en Audiencia Única, corresponde emitir
pronunciamiento respecto a determinar:
1. Si le corresponde al demandante los reintegros de remuneraciones al
18% del año 2001 al 2009 incluyendo el pago de aumento por FONAVI
del D.L 25981.
2. Si le corresponde al demandante los reintegros de remuneraciones del
18% al 22.40% del año 1991 al 2010 en base a la nivelación del precio
FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y
PRODUCE, incluyendo el pago de aumento de FONAVI de D.L
25981.
3. Si le corresponde el reintegro de bonificación Ley N° 129351, pago de
reintegro de gratificaciones por fiestas patrias y navidad del año 2001
al 2009.
4. Si le corresponde al demandante el pago de reintegro de vacaciones
del año 2001 al 2009.
5. Si le corresponde al demandante el pago de reintegro de cese y
compensación por tiempo de servicios del año 2001 al 2009.
6. Si corresponde al demandante el pago de reintegro de utilidades de
los años 2001 al 2009.
7. Si le corresponde al demandante el pago de la bonificación por
renuncia voluntaria.
Cabe precisar que en la Diligencia de Audiencia Única el Juzgado se
declaró incompetente para pronunciarse respecto a la pretensión de
restitución de los montos descontados indebidamente por concepto de
impuesto a la renta de quinta categoría.
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CUARTO: DEL RECORD LABORAL DEL DEMANDANTE:
Que, estando a la Liquidación de beneficios sociales que corre a fojas 06, así
como al certificado de trabajo que corre a fojas 07, se tiene que el
demandante laboró para la emplazada desde el 08 de abril de 1999 al 02 de
noviembre de 2010; en este punto resulta oportuno señalar que, la
emplazada a fojas 256 de su escrito de contestación a la demanda, acepta
textualmente que el accionante mantuvo una relación laboral con ésta en el
cargo de tripulante entre el 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de 2010,
acumulando un tiempo de servicios de 11 años, 6 meses y 24 días, y si bien
seguidamente a fojas 257, precisa que el actor laboró inicialmente para la
empresa Pesquera Mistral hasta noviembre de 2008, no obstante ello,
habiéndose corroborado con las documentales de la referencia que la
emplazada al cese liquidó al actor como si hubiere sido su única
empleadora, se colige que ha operado alguna forma de transformación
societaria y patrimonial, por la cual la emplazada ha asumido los pasivos y
responsabilidades de la citada Empresa Pesquera Mistral; razón por la cual
esta Judicatura establece a la demandada como la empleadora del
accionante por el período 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de 2010.
QUINTO: DEL DECRETO SUPREMO N° 009-76-TR - CONTRATO DE
TRABAJO PESQUERO DE LOS PESCADORES ANCHOVETEROS AL
SERVICIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE
ANCHOVETA:
5.1 Que, mediante Decreto Ley N° 21558, del 20 de julio de 1976 se
reprivatizó la extracción de la anchoveta para su transformación en harina
y aceite, constituyéndose las pequeñas empresas de extracción de
anchoveta, a las que les fueron transferidos los trabajadores de la empresa
estatal PESCA PERÚ, que para efectos del régimen laboral de estas
pequeñas empresas se dictó el Decreto Supremo N° 009-76-TR, del 21 de
julio de 1976, que en su Segunda Disposición Final, señala “Sólo rigen para
las relaciones entre las Pequeñas Empresas de extracción de Anchoveta y los
pescadores a su servicio, las remuneraciones y condiciones de trabajo
taxativamente indicados en el presente Decreto Supremo”.
5.2 Que, asimismo dicho cuerpo legal, en su artículo 13°, dispone: “La
remuneración que percibirán los pescadores que realicen la ejecución de la pesca de
anchoveta será una participación por tonelada métrica de pesca descargada (…)”, y
en su segunda disposición transitoria precisa “La participación por tonelada
métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13 queda fijada en S/. 280.00
que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá por la venta de
anchoveta a PESCA PERÚ (…)”; quedando así claro que este criterio
remunerativo es privativo de los pescadores al servicio de las PEEAS.
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5.3 Que, como precedente vinculante tenemos la Casación N° 3846-2006-
ICA, del 04 de agosto de 2009, que en su séptimo considerando, precisa los
requisitos para considerar una empresa dentro del ámbito del Decreto
Supremo N° 009-76-TR: “ Que, de acuerdo a los términos del artículo 2° de este
Decreto Ley, para ser calificado como una pequeña empresa de extracción de
Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de sociedad
comercial de Responsabilidad Limitada conforme al Decreto Ley N° 21435 (Ley de
la Pequeña Empresa); ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no
exceda en su conjunto de 620 toneladas métricas; iii) Sus ingresos percibidos no
deberían exceder del límite establecido en el artículo 3° del Decreto Ley 21435,esto
es 820 sueldos mínimos vitales de la provincia de Lima; y iv) Dedicarse a su
actividad económica sólo con las embarcaciones y redes transferidas por pesca Perú,
salvo autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas”., siendo que
en su noveno considerando indica “ Que, de este modo el Decreto Supremo N°
009-76-TR regula en forma exclusiva y excluyente las condiciones de trabajo y
remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transformación de la flota
pesquera de Pesca Perú, pues como lo reafirma expresamente en la Segunda
Disposición Final sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas de
extracción de anchoveta y los pescadores, con lo cual queda claro que cualquier
contrato de trabajo que no vincula a un trabajador pesquero con una empresa que
reúna las características previamente delimitadas por el Decreto Ley N° 25558
quedara fuera de su marco y ámbito de regulación y ello es así en razón que el
hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo constituyó precisamente
la actividad productiva de los pescadores en las embarcaciones objeto de la
transferencia antes invocada.”.
5.4 En atención a lo transcrito, adviértase que los requisitos señalados son
concurrentes, por lo que la falta de uno de ellos (estar inscrita como
sociedad comercial de responsabilidad limitada) imposibilita la
clasificación de una persona jurídica como pequeña empresa de extracción
de anchoveta, así en el caso de autos y conforme se infiere de la copia de la
Consulta Ruc, que corre a fojas 85, y del Asiento C000053 (Otorgamiento de
Poder), a fojas 81 parte pertinente, la demandada se encuentra registrada
como Sociedad Anónima Cerrada, con la Partida Electrónica N° 11862982
del Registro de Personas Jurídicas de Lima, concluyéndose así que al no
cumplir con el requisito de estar inscrita como sociedad comercial de
responsabilidad limitada, no califica como pequeña empresa, y en tal
sentido no le son aplicables ni exigibles las disposiciones contenidas en el
Decreto Supremo N° 009-76-TR.
5.5 Que, asimismo del presente extremo analizado se advierte que no
existe referencia alguna a la forma de cálculo que reclama el actor, esto es
el 22.40% ó 18% del precio de venta promedio de la tonelada métrica de
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harina de pescado en base al valor FOB expresado en US TMB, según
información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE.
SEXTO: DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 1985 Y 1988:
6.1. Que, la Federación de Pescadores del Perú, en representación de los
trabajadores y la Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros, la
Asociación de Armadores Pesqueros del Sur y la Asociación de Armadores
Pesqueros del Perú en representación de la parte empleadora, suscribieron
un convenio colectivo el 12 de junio de 1985, conforme al cual la
participación de pesca sería del 22.4%, liquidada sobre la base del 10% de
la cotización C&F Hamburgo, información REUTER, de la TM de harina
de pescado menos US $ 30.00 por flete, cuando se trate de descargas
efectuadas en fábricas de la Empresas Estatal PESCA PERÚ.
6.2. Que, el 30 de mayo de 1988, la misma organización sindical y la
Corporación Nacional de Armadores Pesqueros, en representación de la
Asociación de Empleadores mencionadas, modificaron el sistema de
determinación del precio de la materia prima al siguiente: precio de la TM
de harina de pescado CANDF Hamburgo información REUTER del
último día del mes anterior menos el descuento de US $ 44.00 por flete,
bajo los porcentajes de 8.5% en el caso de las descargas de fábricas
asociadas a la SNP y de 10% en el caso de PESCA PERÚ convirtiéndose a
moneda nacional del tipo de cambio que reciba el exportador.
6.3. Que, al no indicar expresamente lo contrario, el beneficio pactado en
el convenio colectivo de 1985 – con la precisión efectuada en 1988- tiene
duración indefinida, conforme a la legislación entonces vigente sobre
negociación colectiva (DS N° 006-71-TR), que en igual sentido al no
haberse precisado que la obligación recaía en las PEEAS, dicho convenio
colectivo resulta aplicable a todo el sector de la Pesca Industrial.
6.4. Que, de los convenios colectivos citados se infiere que no existe
referencia alguna a la base de cálculo que reclama el actor, esto es el
22.40% ó 18% del precio de venta promedio de la tonelada métrica de
harina de pescado en base al valor FOB expresado en US TMB según
información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE.
SEPTIMO: DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 757- LEY MARCO PARA
EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA:
7.1 Que, el Decreto Legislativo N° 757, entró en vigencia el 13 de
setiembre de 1991, siendo que en el inciso b) de su Segunda Disposición
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Complementaria, prohibió los sistemas de reajuste automático de
remuneraciones en función a diversos índices, entre otros, el valor de la
moneda extranjera, aún cuando provengan de convenios colectivos, según
el profesor Javier Neves, este mandato conforma lo que la doctrina califica
como una norma de derecho necesario absoluto, por que excluye
totalmente la presencia de la autonomía colectiva en un cierto campo, esto
afecta al Convenio colectivo de 1985, modificado en 1988, que regula
sistemas indexados de aumentos remunerativos, resultando así que dichos
convenios colectivos quedarían paralizados en su aplicación ante lo
dispuesto por el Decreto Legislativo bajo estudio.
7.2 Que, el cuerpo normativo de la referencia por un lado derogó
tácitamente los preceptos de los Decretos Supremos N° 009-76-TR y 015-76-
PE, que establecían los reajustes automáticos de remuneraciones, y por otro
lado derogó expresamente en el inciso b) de su Primera Disposición Final,
el Decreto Supremo N° 014-89-PE del 24 de noviembre de 1989 y la Ley N°
25200 del 23 de febrero de 1990, normas que en su oportunidad
reunificaron los criterios a nivel nacional para el pago de las empresas
transformadoras a las extractoras, con esta derogación se suprimió la base
que servía de referencia a la participación de pesca del 22.40%, quedando
entonces dicho porcentaje base sin sustento normativo.
OCTAVO: DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL SINDICATO
ÚNICO DE PESCADORES DE NUEVAS EMBARCACIONES DEL
PERÚ:
8.1 Que, la Federación de Pescadores del Perú, después de 1988 no
suscribió nuevos convenios colectivos, en su lugar el Sindicato Único de
Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú SUPNEP, desde mayo de
1991 y con periodicidad generalmente trienal ha venido celebrando los
convenios 1991, 1993, 1996, 1999, 2002 y 2007 siendo que en este último
convenio colectivo celebrado con la Asociación de Armadores de Nuevas
Embarcaciones Pesqueras se estipuló, que: “ Las partes convienen que, con
efectividad a la vigencia del presente Convenio, la participación de pesca para el
consumo humano indirecto, por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al
18% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de
pescado. Asimismo, las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del
presente Convenio, la participación de pesca para el consumo humano directo por
tonelada métrica de pesca descargada, será igual al 22.5% del 8 % del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado. Para determinar el
monto de la participación de pesca, el precio promedio de la Tonelada Métrica
de harina de pescado será el valor FOB expresado en US $/TMB, obtenido
en base a la información proporcionada por SUNAT- ADUANET, vigente en
la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el
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primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la semana
correspondiente. En tanto el Ministerio de la Producción publique en su portal:
www.produce.gob.pe el referido precio $/TMB, proporcionado por SUNAT-
ADUANET, ese dato será el que se aplique para efectos de determinar el monto de
la participación de pesca. Para determinar el pago en nuevos soles, se utilizará el
tipo de cambio promedio ponderado compra publicado en el Diario Oficial el
Peruano por la intendencia de Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el
cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el primer día hábil
siguiente después de la fecha de corte de la semana correspondiente…Los Asociados
a la AANEP se comprometen a cancelar la participación de pesca a los nueve (9)
días de concluida la primera semana de pesca se distribuirá entre toda dotación
pesquera de la siguiente forma”.
8.2 Así y como se observa respecto al convenio de 1997, no se acredita en
autos que el SUPNEP sea una organización sindical mayoritaria, por lo que
sus alcances estarían limitados únicamente a sus afiliados, no habiendo en
ese sentido demostrado el actor que se encuentre afiliado a aquella;
asimismo, de los actuados no se advierte que la emplazada tuviera la
condición de asociada a la AANEP, lo que imposibilita determinar
indubitablemente que al demandante le corresponda el 18% del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado y menos aún en
base al valor FOB expresado en US TMB según información proporcionada
por la Sociedad Nacional de Pesquería y PRODUCE.
8.3 Por todo ello, este despacho conviene en desestimar la pretensión
postulada por el actor, en tanto la base que propone para el cálculo de sus
remuneraciones 18% y 22.40% en base al valor FOB expresado en US TMB
según información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE, no ha sido establecido para su caso por la sucesión normativa
de la referencia.
NOVENO: DEL REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR
INCREMENTO DEL FONAVI:
9.1. Que, con fecha 07 de noviembre de 1992, se dispuso mediante
Decreto Ley Nº 25981, que los trabajadores cuyas remuneraciones
estuvieren afectos a la contribución al FONAVI, tendrían derecho a percibir
un aumento de remuneraciones a partir del 1º de enero de 1993, siendo el
monto de este aumento equivalente al 10% de la parte de su haber mensual
del mes de enero de 1993, que esté afecto a la contribución al FONAVI.
9.2. Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Ley
25981 “Los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están afectas
a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de
diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de
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remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento
será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de
1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI”. De lo cual se advierte,
que constituye un requisito sine quanon el tener contrato vigente al 31 de
diciembre de 1992 y una relación laboral continuada hasta la fecha que se
otorgue el citado incremento.
9.3. Mediante Ley Nº 26233, de fecha 17 de octubre de 1993, en su única
Disposición Final se estableció que los trabajadores que por aplicación del
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron un incremento de sus
remuneraciones a partir del 1º de enero de 1993, continuarán percibiendo
dicho aumento.
9.4. Que, en el caso de autos, estando a que el accionante ingresó a
laborar para la demandada el 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de
2010, no le resulta de alcance las estipulaciones contenidas en dicho
dispositivo legal, en tanto no cumplía el requisito dispuesto por el artículo
2° de la norma en referencia, deviniendo así en infundado el pago del
presente extremo demandado.
NOVENO: DEL PAGO DE REINTEGRO COMPENSACIÓN POR CESE
Y POR TIEMPO DE SERVICIOS, GRATIFICACIONES, LEY N° 29351 Y
VACACIONES:
Que, el accionante solicita el reintegro de pago del concepto de
gratificaciones, reintegro de Ley N° 29351, el reintegro del pago del
concepto de vacaciones, el reintegro del pago del concepto de
compensación por cese y por tiempo de servicios, todo ello sobre el monto
de reintegro de remuneración; empero no habiéndose amparado reintegro
de remuneración alguno en base a los porcentajes postulados por el actor,
por tanto, siguiendo la misma suerte de la pretensión principal, devienen
en infundadas estas pretensiones accesorias.
DÉCIMO: DEL PAGO DE UTILIDADES:
10.1. Que, la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas es un derecho fundamental recogido en el artículo 29° de la
Constitución Política del Perú, mediante el cual el Estado reconoce el
derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y
asimismo promueve otras formas de participación. Así, nuestro texto
constitucional le ha otorgado a esta participación el carácter de derecho
fundamental, para lo cual el Estado tiene el deber de proteger y hacer
efectivo el cumplimiento del mismo. En ese sentido, la regulación específica
y concreta que hace viable lo señalado por nuestra norma suprema son el
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Decreto Legislativo N° 982 y la norma Reglamentaria, D.S. N° 009-98-TR y
las disposiciones aún vigentes del Decreto Legislativo N° 677.
10.2. Que, ahora bien el derecho de los trabajadores a participar en las
utilidades se funda en el esfuerzo diario de aquellos, y que la ley reconoce
como producto del trabajo, entendiéndose a la empresa como una
comunidad de producción que incluye al empleador y a los trabajadores,
que en armonía se esfuerzan por producir lo máximo y lo mejor, para
luego este esfuerzo, determinado en utilidades, se distribuya
equitativamente a cada uno según le corresponda.
10.3. Que, según se advierte de lo expresado por el actor en su escrito de
demanda, a fojas 74 parte pertinente, refiere no haber percibido pago
alguno por este concepto, solicitando así el abono respectivo,
evidenciándose así que no pretensiona un “reintegro” sino el “pago no
percibido”, es decir, su teoría del caso en este extremo (entendida como
aquella versión que construye cada una de las partes respecto de la forma
en que se dieron los hechos, mencionando las pruebas que lo sustentan y la
norma en que respaldan su pretensión), estriba en que la emplazada no le
ha abonado monto alguno por este beneficio, en tal sentido, atendiendo a la
Información recogida en el Informe Pericial N° 119-12-MGA-UPCJ de fojas
322 a 325, teniendo a vista las liquidaciones de pago de participaciones de
utilidades, se advierte que el empleador cumplió con abonarle al
accionante las utilidades correspondientes a los ejercicios 2006 al 2010,
desvirtuándose así la teoría del caso expuesta por el demandante,
determinándose que la emplazada cumplió con pagar oportunamente al
actor las utilidades de los ejercicios indicados, de manera tal, que no existe
participación de utilidades pendiente de pago a la fecha de cese por dichos
períodos.
10.4. De otro lado, con respecto a los ejercicios 1999 al 2005, se advierte
que dicha información no fue proporcionada por la emplazada a la Perito
Judicial en su oportunidad, siendo que tampoco obra en autos copias del
PDT remuneraciones ni la declaración jurada de renta anual, por lo que
deberá tenerse en consideración que el derecho probatorio tiene una
marcada connotación procesal ya que en función de todo medio de prueba
se genera la certidumbre acerca de la verdad de las afirmaciones sobre los
hechos en conflicto de intereses y ésta en su acepción amplia es entendida
como aquel medio útil para dar a conocer algún hecho o circunstancia,
adquiriéndose el conocimiento de la realidad y en su sentido estricto la
prueba puede ser definida como aquellas razones extraídas de los medios
ofrecidos que, en conjunto, dan a conocer los hechos o la realidad a efectos
de resolver la cuestión controvertida de relevancia jurídica y como se ha
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señalado en materia laboral corresponde a las partes probar sus
afirmaciones, esencialmente al trabajador la existencia del vinculo laboral y
al empleador demandado el cumplimiento de las obligaciones contenidas
en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre y el contrato
individual del trabajo, como lo establece el artículo 27° de la Ley Procesal
del Trabajo N° 266336, cuando normativiza la carga de la prueba y cuya
finalidad es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza
en el Juzgador sobre los hechos controvertidos y estas deben ser ofrecidos
en los actos postulatorios, salvo disposición legal distinta y todas ellas una
vez actuadas son merituadas por el Juez en forma conjunta, utilizando una
apreciación razonada atendiendo al principio de la libre apreciación de los
medios probatorios según las reglas de la sana crítica.
10.5. Por tanto, estando a que es carga de la prueba del empleador
demostrar el cumplimiento de pago de sus obligaciones, y de no ser el caso,
acreditar entonces la no generación de utilidades (pérdidas), este despacho
a fin de no dilatar mas la presente causa, en atención al derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva que ampara a todo justiciable, no puede dejar de
administrar justicia, por lo que a pesar de no disponer de la información
establecida por la normativa especial de la materia (días laborados por cada
trabajador, días laborados por todos, suma total de las remuneraciones de
todos los trabajadores y el total de las remuneraciones que corresponda a
cada trabajador en el ejercicio), empero atendiendo a lo dispuesto por el
artículo 2° inciso b) del Decreto Legislativo N° 892: "La participación que
pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto de cada trabajador, como
límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) remuneraciones mensuales
que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio"; con criterio prudencial se
estima acertado tener en consideración el pago solicitado por el
demandante (fojas 71) conforme al siguiente detalle:
Ejercicio 1999 la cantidad de S/.1,268.14 nuevos soles.
Ejercicio 2000 la cantidad de S/.2,987.66 nuevos soles.
Ejercicio 2001 la cantidad de S/.3,598.14 nuevos soles.
Ejercicio 2002 la cantidad de S/.4,697.14 nuevos soles.
Ejercicio 2003 la cantidad de S/.1,698.41 nuevos soles.
Ejercicio 2004 la cantidad de S/.5,874.25 nuevos soles.
Ejercicio 2005 la cantidad de S/.3,526.87 nuevos soles; que sumados dichos
montos se obtiene un total de S/.23,650.51 nuevos soles;
DÉCIMO PRIMERO: DEL REINTEGRO DE LA BONIFICACIÓN POR
RENUNCIA VOLUNTARIA:
11.1. Que, la medida de ordenamiento pesquero contenida en el Decreto
Legislativo Nº 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por
Embarcación, tiene como uno de sus objetivos, reducir el esfuerzo
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pesquero, para lo cual se implementaron una serie de mecanismos
destinados a reducir la flota pesquera anchovetera; por lo que con la
finalidad de proteger los derechos de los trabajadores pesqueros que
pudieran verse afectados por la aplicación de la medida de ordenamiento,
la propia norma establece Programas de Beneficios, a los que
voluntariamente pueden acogerse los trabajadores que prestan sus
servicios en embarcaciones pesqueras, como son: a) Programa de incentivos
a la reconversión laboral; b) Programa de Desarrollo y Promoción de
Mypes; y c) Programa de jubilación anticipada1.
11.2. El Programa de Incentivos a la Reconversión Laboral, dirigido a
favorecer la reinserción de los trabajadores hacia otras actividades
dependientes incluye los siguientes beneficios: a) Bonificaciones por
renuncia voluntaria; b) Capacitación en carreras técnicas para facilitar la
reinserción en otros sectores productivos, la misma que por su naturaleza
no genera una relación de índole laboral; c) Entrega de subvenciones
económicas temporales durante el período de capacitación; d) Asesoría
para la reinserción en el mercado.
11.3. Que, ahora bien, respecto al presente extremo demandado, de la
revisión del petitorio formulado por el accionante y de lo expresado a fojas
74 de su escrito de demanda, advertimos que únicamente se limita a hacer
mención de la legislación de la materia para el otorgamiento de dicho
concepto, empero no precisa, señala, o indica cuando menos de forma
somera, las circunstancias o factores por los cuales sostiene que le
corresponde algún reintegro, es decir que adolece de una teoría del caso en
este punto (entendida como aquella versión que construye cada una de
las partes respecto de la forma en que se dieron los hechos, mencionando
las pruebas que lo sustentan) extremo que no puede ser suplido por el
presente despacho, en tanto el Juez Laboral deberá dirigir su atención a la
dilucidación de aspectos relevantes de la litis contenida en dicha teoría del
caso, es decir, esclarecer, clarificar y elucidar la certeza de la versión
formulada por las partes, empero al carecer la pretensión del accionante de
una teoría del caso resulta imposible determinar el amparo de la misma,
motivo por el cual deviene en improcedente lo peticionado.
DÉCIMO SEG |
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Demandante: Carlos Fernando Bazalar Urrunaga
Demandado: CFG Investment S.A.C.
Materia: Reintegro de Remuneraciones
Expediente: Nº 10257-2011-0-1801-JR-LA-09.
Especialista: Miñope Bedregal, Doris
SENTENCIA Nº 249 -2017-18°- JTTL
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISEIS
Lima, catorce de julio
Del año dos mil diecisiete
I. ANTECEDENTES:
Resulta de autos, que por escrito corriente de fojas 55 a 60, y subsanación
de fojas 63 a 78, don CARLOS FERNANDO BAZALAR URRUNAGA
interpone demanda de Reintegro de Remuneraciones contra CFG
INVESTMENT S.A.C. a fin de que cumpla con pagarle la suma de
S/.279,660.23 (Doscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta con
23/100 nuevos soles).
II. EXPOSICIÓN POSTULATORIA EXPRESADA POR LAS PARTES
Del demandante:
Funda su acción en las citas legales que hace mención y en el hecho de
haber laborado para la emplazada desde el 08 de abril de 1999 al 02 de
noviembre de 2010 como Tripulante, indica que en contraprestación por
sus labores percibió remuneraciones porcentuales que no se condicen con
los precios establecidos por la sociedad nacional de pesquería ni con los
porcentajes del 22.40% por participación de pesca conforme a lo dispuesto
por las Asociaciones Nacionales de Armadores Pesqueros y la Federación
de pescadores del Perú (FPP), que establecieron por mutuo acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40%
según la tonelada métrica prima (harina de pescado), en tanto el régimen
especial de remuneración y condiciones de trabajo de los pescadores
industriales, está normado por el Decreto Supremo N° 009-76-TR que se
encuentra vigente a la fecha, pues no existe dispositivo legal que lo haya
derogado de manera expresa, sino más bien éste ha sido restituido por el
Decreto Supremo N° 044-89-TR, constituyendo en la actualidad el único
ente normativo que regula el contrato de trabajo pesquero en toda su
integridad sin distinciones de ninguna índole; por lo que solicita el
reintegro de su remuneración en el porcentaje referido y su incidencia
sobre los beneficios sociales respectivos, indica también que la demandada
no cumplió con el abono de las utilidades, no habiendo percibido pago
alguno por dicho concepto conforme a los parámetros determinados por la
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legislación de la materia; así mismo, pretensiona el pago del incremento del
Fonavi para trabajadores que estaban afectos a dicha contribución,
incremento con el que no ha cumplido la demandada, en igual sentido
solicita, se le abone el reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria
de conformidad a la legislación vigente; razones todas ellas por las cuales
acude a la presente judicatura.
De la demandada:
Admitida que fuera la demanda, mediante resolución número dos, a fojas
79, se corrió traslado a la emplazada, que mediante escrito de fojas 256 a
278, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus
extremos, señalando que el Decreto supremo N° 009-76-TR no es aplicable
a la empresa al no configurarse los supuestos de hecho regulados por dicho
dispositivo legal, asimismo, sostiene que el trabajador no tenía contrato
vigente al 31 de diciembre de 1992, por lo que no le es aplicable el
incremento remunerativo que regulaba el Decreto Ley 25981 (Fonavi), en
cuanto al pago y reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca y cuotas de pesca
sur de los años 2009-2010 , indica que el demandante no ha señalado cual
es el origen de su reclamo ni en que sustenta el mismo, que en cuanto al
pago y reintegro de los beneficios sociales pretensionados, sostiene que ha
cumplido con abonar los mismos según lo dispuesto por ley, por último en
lo que respecta a la Bonificación por renuncia voluntaria, precisa que se ha
cumplido con lo establecido por la legislación de la materia.
III. DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
Citadas las partes a la Audiencia Única, la misma se llevó a cabo en los
términos que obran en el acta que corre en autos de fojas 290 a 294;
oportunidad en la que se estableció la validez de la relación jurídica
procesal, teniéndose por saneado el proceso, se fijaron los puntos
controvertidos, se actuaron los medios probatorios presentados por las
partes, y habiendo precluido la etapa postulatoria y probatoria,
corresponde al estado de la causa emitir sentencia.
IV. ANÁLISIS DEL CASO:
PRIMERO: DE LA FINALIDAD DEL PROCESO:
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es
lograr la paz social en justicia. Asimismo de acuerdo a lo señalado por el
artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable
en vía supletoria para el caso de autos, establece que toda persona tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.-
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SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA:
Que, es principio fundamental en el derecho laboral que las partes
acrediten los hechos que alegan y que conforme al artículo 27º de la Ley
Procesal de Trabajo, el trabajador debe acreditar esencialmente la existencia
de la relación laboral, el despido cuando lo alegue, su nulidad cuando lo
invoque y la hostilidad de la que fuere objeto; y asimismo el demandado
debe probar el cumplimiento de las obligaciones legales, convencionales, la
costumbre, las que contenga el reglamento interno y el contrato individual
de trabajo; que por otro lado el artículo 196º del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente, dispone que la carga de la prueba corresponde a
quien afirma los hechos, teniendo los medios probatorios la finalidad de
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez
respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones.
TERCERO: DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Atendiendo a lo resuelto en Audiencia Única, corresponde emitir
pronunciamiento respecto a determinar:
1. Si le corresponde al demandante los reintegros de remuneraciones al
18% del año 2001 al 2009 incluyendo el pago de aumento por FONAVI
del D.L 25981.
2. Si le corresponde al demandante los reintegros de remuneraciones del
18% al 22.40% del año 1991 al 2010 en base a la nivelación del precio
FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y
PRODUCE, incluyendo el pago de aumento de FONAVI de D.L
25981.
3. Si le corresponde el reintegro de bonificación Ley N° 129351, pago de
reintegro de gratificaciones por fiestas patrias y navidad del año 2001
al 2009.
4. Si le corresponde al demandante el pago de reintegro de vacaciones
del año 2001 al 2009.
5. Si le corresponde al demandante el pago de reintegro de cese y
compensación por tiempo de servicios del año 2001 al 2009.
6. Si corresponde al demandante el pago de reintegro de utilidades de
los años 2001 al 2009.
7. Si le corresponde al demandante el pago de la bonificación por
renuncia voluntaria.
Cabe precisar que en la Diligencia de Audiencia Única el Juzgado se
declaró incompetente para pronunciarse respecto a la pretensión de
restitución de los montos descontados indebidamente por concepto de
impuesto a la renta de quinta categoría.
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CUARTO: DEL RECORD LABORAL DEL DEMANDANTE:
Que, estando a la Liquidación de beneficios sociales que corre a fojas 06, así
como al certificado de trabajo que corre a fojas 07, se tiene que el
demandante laboró para la emplazada desde el 08 de abril de 1999 al 02 de
noviembre de 2010; en este punto resulta oportuno señalar que, la
emplazada a fojas 256 de su escrito de contestación a la demanda, acepta
textualmente que el accionante mantuvo una relación laboral con ésta en el
cargo de tripulante entre el 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de 2010,
acumulando un tiempo de servicios de 11 años, 6 meses y 24 días, y si bien
seguidamente a fojas 257, precisa que el actor laboró inicialmente para la
empresa Pesquera Mistral hasta noviembre de 2008, no obstante ello,
habiéndose corroborado con las documentales de la referencia que la
emplazada al cese liquidó al actor como si hubiere sido su única
empleadora, se colige que ha operado alguna forma de transformación
societaria y patrimonial, por la cual la emplazada ha asumido los pasivos y
responsabilidades de la citada Empresa Pesquera Mistral; razón por la cual
esta Judicatura establece a la demandada como la empleadora del
accionante por el período 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de 2010.
QUINTO: DEL DECRETO SUPREMO N° 009-76-TR - CONTRATO DE
TRABAJO PESQUERO DE LOS PESCADORES ANCHOVETEROS AL
SERVICIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE
ANCHOVETA:
5.1 Que, mediante Decreto Ley N° 21558, del 20 de julio de 1976 se
reprivatizó la extracción de la anchoveta para su transformación en harina
y aceite, constituyéndose las pequeñas empresas de extracción de
anchoveta, a las que les fueron transferidos los trabajadores de la empresa
estatal PESCA PERÚ, que para efectos del régimen laboral de estas
pequeñas empresas se dictó el Decreto Supremo N° 009-76-TR, del 21 de
julio de 1976, que en su Segunda Disposición Final, señala “Sólo rigen para
las relaciones entre las Pequeñas Empresas de extracción de Anchoveta y los
pescadores a su servicio, las remuneraciones y condiciones de trabajo
taxativamente indicados en el presente Decreto Supremo”.
5.2 Que, asimismo dicho cuerpo legal, en su artículo 13°, dispone: “La
remuneración que percibirán los pescadores que realicen la ejecución de la pesca de
anchoveta será una participación por tonelada métrica de pesca descargada (…)”, y
en su segunda disposición transitoria precisa “La participación por tonelada
métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13 queda fijada en S/. 280.00
que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá por la venta de
anchoveta a PESCA PERÚ (…)”; quedando así claro que este criterio
remunerativo es privativo de los pescadores al servicio de las PEEAS.
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5.3 Que, como precedente vinculante tenemos la Casación N° 3846-2006-
ICA, del 04 de agosto de 2009, que en su séptimo considerando, precisa los
requisitos para considerar una empresa dentro del ámbito del Decreto
Supremo N° 009-76-TR: “ Que, de acuerdo a los términos del artículo 2° de este
Decreto Ley, para ser calificado como una pequeña empresa de extracción de
Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de sociedad
comercial de Responsabilidad Limitada conforme al Decreto Ley N° 21435 (Ley de
la Pequeña Empresa); ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no
exceda en su conjunto de 620 toneladas métricas; iii) Sus ingresos percibidos no
deberían exceder del límite establecido en el artículo 3° del Decreto Ley 21435,esto
es 820 sueldos mínimos vitales de la provincia de Lima; y iv) Dedicarse a su
actividad económica sólo con las embarcaciones y redes transferidas por pesca Perú,
salvo autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas”., siendo que
en su noveno considerando indica “ Que, de este modo el Decreto Supremo N°
009-76-TR regula en forma exclusiva y excluyente las condiciones de trabajo y
remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transformación de la flota
pesquera de Pesca Perú, pues como lo reafirma expresamente en la Segunda
Disposición Final sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas de
extracción de anchoveta y los pescadores, con lo cual queda claro que cualquier
contrato de trabajo que no vincula a un trabajador pesquero con una empresa que
reúna las características previamente delimitadas por el Decreto Ley N° 25558
quedara fuera de su marco y ámbito de regulación y ello es así en razón que el
hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo constituyó precisamente
la actividad productiva de los pescadores en las embarcaciones objeto de la
transferencia antes invocada.”.
5.4 En atención a lo transcrito, adviértase que los requisitos señalados son
concurrentes, por lo que la falta de uno de ellos (estar inscrita como
sociedad comercial de responsabilidad limitada) imposibilita la
clasificación de una persona jurídica como pequeña empresa de extracción
de anchoveta, así en el caso de autos y conforme se infiere de la copia de la
Consulta Ruc, que corre a fojas 85, y del Asiento C000053 (Otorgamiento de
Poder), a fojas 81 parte pertinente, la demandada se encuentra registrada
como Sociedad Anónima Cerrada, con la Partida Electrónica N° 11862982
del Registro de Personas Jurídicas de Lima, concluyéndose así que al no
cumplir con el requisito de estar inscrita como sociedad comercial de
responsabilidad limitada, no califica como pequeña empresa, y en tal
sentido no le son aplicables ni exigibles las disposiciones contenidas en el
Decreto Supremo N° 009-76-TR.
5.5 Que, asimismo del presente extremo analizado se advierte que no
existe referencia alguna a la forma de cálculo que reclama el actor, esto es
el 22.40% ó 18% del precio de venta promedio de la tonelada métrica de
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harina de pescado en base al valor FOB expresado en US TMB, según
información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE.
SEXTO: DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 1985 Y 1988:
6.1. Que, la Federación de Pescadores del Perú, en representación de los
trabajadores y la Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros, la
Asociación de Armadores Pesqueros del Sur y la Asociación de Armadores
Pesqueros del Perú en representación de la parte empleadora, suscribieron
un convenio colectivo el 12 de junio de 1985, conforme al cual la
participación de pesca sería del 22.4%, liquidada sobre la base del 10% de
la cotización C&F Hamburgo, información REUTER, de la TM de harina
de pescado menos US $ 30.00 por flete, cuando se trate de descargas
efectuadas en fábricas de la Empresas Estatal PESCA PERÚ.
6.2. Que, el 30 de mayo de 1988, la misma organización sindical y la
Corporación Nacional de Armadores Pesqueros, en representación de la
Asociación de Empleadores mencionadas, modificaron el sistema de
determinación del precio de la materia prima al siguiente: precio de la TM
de harina de pescado CANDF Hamburgo información REUTER del
último día del mes anterior menos el descuento de US $ 44.00 por flete,
bajo los porcentajes de 8.5% en el caso de las descargas de fábricas
asociadas a la SNP y de 10% en el caso de PESCA PERÚ convirtiéndose a
moneda nacional del tipo de cambio que reciba el exportador.
6.3. Que, al no indicar expresamente lo contrario, el beneficio pactado en
el convenio colectivo de 1985 – con la precisión efectuada en 1988- tiene
duración indefinida, conforme a la legislación entonces vigente sobre
negociación colectiva (DS N° 006-71-TR), que en igual sentido al no
haberse precisado que la obligación recaía en las PEEAS, dicho convenio
colectivo resulta aplicable a todo el sector de la Pesca Industrial.
6.4. Que, de los convenios colectivos citados se infiere que no existe
referencia alguna a la base de cálculo que reclama el actor, esto es el
22.40% ó 18% del precio de venta promedio de la tonelada métrica de
harina de pescado en base al valor FOB expresado en US TMB según
información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE.
SEPTIMO: DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 757- LEY MARCO PARA
EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA:
7.1 Que, el Decreto Legislativo N° 757, entró en vigencia el 13 de
setiembre de 1991, siendo que en el inciso b) de su Segunda Disposición
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Complementaria, prohibió los sistemas de reajuste automático de
remuneraciones en función a diversos índices, entre otros, el valor de la
moneda extranjera, aún cuando provengan de convenios colectivos, según
el profesor Javier Neves, este mandato conforma lo que la doctrina califica
como una norma de derecho necesario absoluto, por que excluye
totalmente la presencia de la autonomía colectiva en un cierto campo, esto
afecta al Convenio colectivo de 1985, modificado en 1988, que regula
sistemas indexados de aumentos remunerativos, resultando así que dichos
convenios colectivos quedarían paralizados en su aplicación ante lo
dispuesto por el Decreto Legislativo bajo estudio.
7.2 Que, el cuerpo normativo de la referencia por un lado derogó
tácitamente los preceptos de los Decretos Supremos N° 009-76-TR y 015-76-
PE, que establecían los reajustes automáticos de remuneraciones, y por otro
lado derogó expresamente en el inciso b) de su Primera Disposición Final,
el Decreto Supremo N° 014-89-PE del 24 de noviembre de 1989 y la Ley N°
25200 del 23 de febrero de 1990, normas que en su oportunidad
reunificaron los criterios a nivel nacional para el pago de las empresas
transformadoras a las extractoras, con esta derogación se suprimió la base
que servía de referencia a la participación de pesca del 22.40%, quedando
entonces dicho porcentaje base sin sustento normativo.
OCTAVO: DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL SINDICATO
ÚNICO DE PESCADORES DE NUEVAS EMBARCACIONES DEL
PERÚ:
8.1 Que, la Federación de Pescadores del Perú, después de 1988 no
suscribió nuevos convenios colectivos, en su lugar el Sindicato Único de
Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú SUPNEP, desde mayo de
1991 y con periodicidad generalmente trienal ha venido celebrando los
convenios 1991, 1993, 1996, 1999, 2002 y 2007 siendo que en este último
convenio colectivo celebrado con la Asociación de Armadores de Nuevas
Embarcaciones Pesqueras se estipuló, que: “ Las partes convienen que, con
efectividad a la vigencia del presente Convenio, la participación de pesca para el
consumo humano indirecto, por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al
18% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de
pescado. Asimismo, las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del
presente Convenio, la participación de pesca para el consumo humano directo por
tonelada métrica de pesca descargada, será igual al 22.5% del 8 % del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado. Para determinar el
monto de la participación de pesca, el precio promedio de la Tonelada Métrica
de harina de pescado será el valor FOB expresado en US $/TMB, obtenido
en base a la información proporcionada por SUNAT- ADUANET, vigente en
la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el
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primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la semana
correspondiente. En tanto el Ministerio de la Producción publique en su portal:
www.produce.gob.pe el referido precio $/TMB, proporcionado por SUNAT-
ADUANET, ese dato será el que se aplique para efectos de determinar el monto de
la participación de pesca. Para determinar el pago en nuevos soles, se utilizará el
tipo de cambio promedio ponderado compra publicado en el Diario Oficial el
Peruano por la intendencia de Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el
cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el primer día hábil
siguiente después de la fecha de corte de la semana correspondiente…Los Asociados
a la AANEP se comprometen a cancelar la participación de pesca a los nueve (9)
días de concluida la primera semana de pesca se distribuirá entre toda dotación
pesquera de la siguiente forma”.
8.2 Así y como se observa respecto al convenio de 1997, no se acredita en
autos que el SUPNEP sea una organización sindical mayoritaria, por lo que
sus alcances estarían limitados únicamente a sus afiliados, no habiendo en
ese sentido demostrado el actor que se encuentre afiliado a aquella;
asimismo, de los actuados no se advierte que la emplazada tuviera la
condición de asociada a la AANEP, lo que imposibilita determinar
indubitablemente que al demandante le corresponda el 18% del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado y menos aún en
base al valor FOB expresado en US TMB según información proporcionada
por la Sociedad Nacional de Pesquería y PRODUCE.
8.3 Por todo ello, este despacho conviene en desestimar la pretensión
postulada por el actor, en tanto la base que propone para el cálculo de sus
remuneraciones 18% y 22.40% en base al valor FOB expresado en US TMB
según información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE, no ha sido establecido para su caso por la sucesión normativa
de la referencia.
NOVENO: DEL REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR
INCREMENTO DEL FONAVI:
9.1. Que, con fecha 07 de noviembre de 1992, se dispuso mediante
Decreto Ley Nº 25981, que los trabajadores cuyas remuneraciones
estuvieren afectos a la contribución al FONAVI, tendrían derecho a percibir
un aumento de remuneraciones a partir del 1º de enero de 1993, siendo el
monto de este aumento equivalente al 10% de la parte de su haber mensual
del mes de enero de 1993, que esté afecto a la contribución al FONAVI.
9.2. Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Ley
25981 “Los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están afectas
a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de
diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de
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remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento
será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de
1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI”. De lo cual se advierte,
que constituye un requisito sine quanon el tener contrato vigente al 31 de
diciembre de 1992 y una relación laboral continuada hasta la fecha que se
otorgue el citado incremento.
9.3. Mediante Ley Nº 26233, de fecha 17 de octubre de 1993, en su única
Disposición Final se estableció que los trabajadores que por aplicación del
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron un incremento de sus
remuneraciones a partir del 1º de enero de 1993, continuarán percibiendo
dicho aumento.
9.4. Que, en el caso de autos, estando a que el accionante ingresó a
laborar para la demandada el 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de
2010, no le resulta de alcance las estipulaciones contenidas en dicho
dispositivo legal, en tanto no cumplía el requisito dispuesto por el artículo
2° de la norma en referencia, deviniendo así en infundado el pago del
presente extremo demandado.
NOVENO: DEL PAGO DE REINTEGRO COMPENSACIÓN POR CESE
Y POR TIEMPO DE SERVICIOS, GRATIFICACIONES, LEY N° 29351 Y
VACACIONES:
Que, el accionante solicita el reintegro de pago del concepto de
gratificaciones, reintegro de Ley N° 29351, el reintegro del pago del
concepto de vacaciones, el reintegro del pago del concepto de
compensación por cese y por tiempo de servicios, todo ello sobre el monto
de reintegro de remuneración; empero no habiéndose amparado reintegro
de remuneración alguno en base a los porcentajes postulados por el actor,
por tanto, siguiendo la misma suerte de la pretensión principal, devienen
en infundadas estas pretensiones accesorias.
DÉCIMO: DEL PAGO DE UTILIDADES:
10.1. Que, la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas es un derecho fundamental recogido en el artículo 29° de la
Constitución Política del Perú, mediante el cual el Estado reconoce el
derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y
asimismo promueve otras formas de participación. Así, nuestro texto
constitucional le ha otorgado a esta participación el carácter de derecho
fundamental, para lo cual el Estado tiene el deber de proteger y hacer
efectivo el cumplimiento del mismo. En ese sentido, la regulación específica
y concreta que hace viable lo señalado por nuestra norma suprema son el
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Decreto Legislativo N° 982 y la norma Reglamentaria, D.S. N° 009-98-TR y
las disposiciones aún vigentes del Decreto Legislativo N° 677.
10.2. Que, ahora bien el derecho de los trabajadores a participar en las
utilidades se funda en el esfuerzo diario de aquellos, y que la ley reconoce
como producto del trabajo, entendiéndose a la empresa como una
comunidad de producción que incluye al empleador y a los trabajadores,
que en armonía se esfuerzan por producir lo máximo y lo mejor, para
luego este esfuerzo, determinado en utilidades, se distribuya
equitativamente a cada uno según le corresponda.
10.3. Que, según se advierte de lo expresado por el actor en su escrito de
demanda, a fojas 74 parte pertinente, refiere no haber percibido pago
alguno por este concepto, solicitando así el abono respectivo,
evidenciándose así que no pretensiona un “reintegro” sino el “pago no
percibido”, es decir, su teoría del caso en este extremo (entendida como
aquella versión que construye cada una de las partes respecto de la forma
en que se dieron los hechos, mencionando las pruebas que lo sustentan y la
norma en que respaldan su pretensión), estriba en que la emplazada no le
ha abonado monto alguno por este beneficio, en tal sentido, atendiendo a la
Información recogida en el Informe Pericial N° 119-12-MGA-UPCJ de fojas
322 a 325, teniendo a vista las liquidaciones de pago de participaciones de
utilidades, se advierte que el empleador cumplió con abonarle al
accionante las utilidades correspondientes a los ejercicios 2006 al 2010,
desvirtuándose así la teoría del caso expuesta por el demandante,
determinándose que la emplazada cumplió con pagar oportunamente al
actor las utilidades de los ejercicios indicados, de manera tal, que no existe
participación de utilidades pendiente de pago a la fecha de cese por dichos
períodos.
10.4. De otro lado, con respecto a los ejercicios 1999 al 2005, se advierte
que dicha información no fue proporcionada por la emplazada a la Perito
Judicial en su oportunidad, siendo que tampoco obra en autos copias del
PDT remuneraciones ni la declaración jurada de renta anual, por lo que
deberá tenerse en consideración que el derecho probatorio tiene una
marcada connotación procesal ya que en función de todo medio de prueba
se genera la certidumbre acerca de la verdad de las afirmaciones sobre los
hechos en conflicto de intereses y ésta en su acepción amplia es entendida
como aquel medio útil para dar a conocer algún hecho o circunstancia,
adquiriéndose el conocimiento de la realidad y en su sentido estricto la
prueba puede ser definida como aquellas razones extraídas de los medios
ofrecidos que, en conjunto, dan a conocer los hechos o la realidad a efectos
de resolver la cuestión controvertida de relevancia jurídica y como se ha
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señalado en materia laboral corresponde a las partes probar sus
afirmaciones, esencialmente al trabajador la existencia del vinculo laboral y
al empleador demandado el cumplimiento de las obligaciones contenidas
en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre y el contrato
individual del trabajo, como lo establece el artículo 27° de la Ley Procesal
del Trabajo N° 266336, cuando normativiza la carga de la prueba y cuya
finalidad es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza
en el Juzgador sobre los hechos controvertidos y estas deben ser ofrecidos
en los actos postulatorios, salvo disposición legal distinta y todas ellas una
vez actuadas son merituadas por el Juez en forma conjunta, utilizando una
apreciación razonada atendiendo al principio de la libre apreciación de los
medios probatorios según las reglas de la sana crítica.
10.5. Por tanto, estando a que es carga de la prueba del empleador
demostrar el cumplimiento de pago de sus obligaciones, y de no ser el caso,
acreditar entonces la no generación de utilidades (pérdidas), este despacho
a fin de no dilatar mas la presente causa, en atención al derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva que ampara a todo justiciable, no puede dejar de
administrar justicia, por lo que a pesar de no disponer de la información
establecida por la normativa especial de la materia (días laborados por cada
trabajador, días laborados por todos, suma total de las remuneraciones de
todos los trabajadores y el total de las remuneraciones que corresponda a
cada trabajador en el ejercicio), empero atendiendo a lo dispuesto por el
artículo 2° inciso b) del Decreto Legislativo N° 892: "La participación que
pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto de cada trabajador, como
límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) remuneraciones mensuales
que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio"; con criterio prudencial se
estima acertado tener en consideración el pago solicitado por el
demandante (fojas 71) conforme al siguiente detalle:
Ejercicio 1999 la cantidad de S/.1,268.14 nuevos soles.
Ejercicio 2000 la cantidad de S/.2,987.66 nuevos soles.
Ejercicio 2001 la cantidad de S/.3,598.14 nuevos soles.
Ejercicio 2002 la cantidad de S/.4,697.14 nuevos soles.
Ejercicio 2003 la cantidad de S/.1,698.41 nuevos soles.
Ejercicio 2004 la cantidad de S/.5,874.25 nuevos soles.
Ejercicio 2005 la cantidad de S/.3,526.87 nuevos soles; que sumados dichos
montos se obtiene un total de S/.23,650.51 nuevos soles;
DÉCIMO PRIMERO: DEL REINTEGRO DE LA BONIFICACIÓN POR
RENUNCIA VOLUNTARIA:
11.1. Que, la medida de ordenamiento pesquero contenida en el Decreto
Legislativo Nº 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por
Embarcación, tiene como uno de sus objetivos, reducir el esfuerzo
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pesquero, para lo cual se implementaron una serie de mecanismos
destinados a reducir la flota pesquera anchovetera; por lo que con la
finalidad de proteger los derechos de los trabajadores pesqueros que
pudieran verse afectados por la aplicación de la medida de ordenamiento,
la propia norma establece Programas de Beneficios, a los que
voluntariamente pueden acogerse los trabajadores que prestan sus
servicios en embarcaciones pesqueras, como son: a) Programa de incentivos
a la reconversión laboral; b) Programa de Desarrollo y Promoción de
Mypes; y c) Programa de jubilación anticipada1.
11.2. El Programa de Incentivos a la Reconversión Laboral, dirigido a
favorecer la reinserción de los trabajadores hacia otras actividades
dependientes incluye los siguientes beneficios: a) Bonificaciones por
renuncia voluntaria; b) Capacitación en carreras técnicas para facilitar la
reinserción en otros sectores productivos, la misma que por su naturaleza
no genera una relación de índole laboral; c) Entrega de subvenciones
económicas temporales durante el período de capacitación; d) Asesoría
para la reinserción en el mercado.
11.3. Que, ahora bien, respecto al presente extremo demandado, de la
revisión del petitorio formulado por el accionante y de lo expresado a fojas
74 de su escrito de demanda, advertimos que únicamente se limita a hacer
mención de la legislación de la materia para el otorgamiento de dicho
concepto, empero no precisa, señala, o indica cuando menos de forma
somera, las circunstancias o factores por los cuales sostiene que le
corresponde algún reintegro, es decir que adolece de una teoría del caso en
este punto (entendida como aquella versión que construye cada una de
las partes respecto de la forma en que se dieron los hechos, mencionando
las pruebas que lo sustentan) extremo que no puede ser suplido por el
presente despacho, en tanto el Juez Laboral deberá dirigir su atención a la
dilucidación de aspectos relevantes de la litis contenida en dicha teoría del
caso, es decir, esclarecer, clarificar y elucidar la certeza de la versión
formulada por las partes, empero al carecer la pretensión del accionante de
una teoría del caso resulta imposible determinar el amparo de la misma,
motivo por el cual deviene en improcedente lo peticionado.
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Demandante: Carlos Fernando Bazalar Urrunaga
Demandado: CFG Investment S.A.C.
Materia: Reintegro de Remuneraciones
Expediente: Nº 10257-2011-0-1801-JR-LA-09.
Especialista: Miñope Bedregal, Doris
SENTENCIA Nº 249 -2017-18°- JTTL
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISEIS
Lima, catorce de julio
Del año dos mil diecisiete
I. ANTECEDENTES:
Resulta de autos, que por escrito corriente de fojas 55 a 60, y subsanación
de fojas 63 a 78, don CARLOS FERNANDO BAZALAR URRUNAGA
interpone demanda de Reintegro de Remuneraciones contra CFG
INVESTMENT S.A.C. a fin de que cumpla con pagarle la suma de
S/.279,660.23 (Doscientos setenta y nueve mil seiscientos sesenta con
23/100 nuevos soles).
II. EXPOSICIÓN POSTULATORIA EXPRESADA POR LAS PARTES
Del demandante:
Funda su acción en las citas legales que hace mención y en el hecho de
haber laborado para la emplazada desde el 08 de abril de 1999 al 02 de
noviembre de 2010 como Tripulante, indica que en contraprestación por
sus labores percibió remuneraciones porcentuales que no se condicen con
los precios establecidos por la sociedad nacional de pesquería ni con los
porcentajes del 22.40% por participación de pesca conforme a lo dispuesto
por las Asociaciones Nacionales de Armadores Pesqueros y la Federación
de pescadores del Perú (FPP), que establecieron por mutuo acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40%
según la tonelada métrica prima (harina de pescado), en tanto el régimen
especial de remuneración y condiciones de trabajo de los pescadores
industriales, está normado por el Decreto Supremo N° 009-76-TR que se
encuentra vigente a la fecha, pues no existe dispositivo legal que lo haya
derogado de manera expresa, sino más bien éste ha sido restituido por el
Decreto Supremo N° 044-89-TR, constituyendo en la actualidad el único
ente normativo que regula el contrato de trabajo pesquero en toda su
integridad sin distinciones de ninguna índole; por lo que solicita el
reintegro de su remuneración en el porcentaje referido y su incidencia
sobre los beneficios sociales respectivos, indica también que la demandada
no cumplió con el abono de las utilidades, no habiendo percibido pago
alguno por dicho concepto conforme a los parámetros determinados por la
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legislación de la materia; así mismo, pretensiona el pago del incremento del
Fonavi para trabajadores que estaban afectos a dicha contribución,
incremento con el que no ha cumplido la demandada, en igual sentido
solicita, se le abone el reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria
de conformidad a la legislación vigente; razones todas ellas por las cuales
acude a la presente judicatura.
De la demandada:
Admitida que fuera la demanda, mediante resolución número dos, a fojas
79, se corrió traslado a la emplazada, que mediante escrito de fojas 256 a
278, contesta la demanda, negándola y contradiciéndola en todos sus
extremos, señalando que el Decreto supremo N° 009-76-TR no es aplicable
a la empresa al no configurarse los supuestos de hecho regulados por dicho
dispositivo legal, asimismo, sostiene que el trabajador no tenía contrato
vigente al 31 de diciembre de 1992, por lo que no le es aplicable el
incremento remunerativo que regulaba el Decreto Ley 25981 (Fonavi), en
cuanto al pago y reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca y cuotas de pesca
sur de los años 2009-2010 , indica que el demandante no ha señalado cual
es el origen de su reclamo ni en que sustenta el mismo, que en cuanto al
pago y reintegro de los beneficios sociales pretensionados, sostiene que ha
cumplido con abonar los mismos según lo dispuesto por ley, por último en
lo que respecta a la Bonificación por renuncia voluntaria, precisa que se ha
cumplido con lo establecido por la legislación de la materia.
III. DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:
Citadas las partes a la Audiencia Única, la misma se llevó a cabo en los
términos que obran en el acta que corre en autos de fojas 290 a 294;
oportunidad en la que se estableció la validez de la relación jurídica
procesal, teniéndose por saneado el proceso, se fijaron los puntos
controvertidos, se actuaron los medios probatorios presentados por las
partes, y habiendo precluido la etapa postulatoria y probatoria,
corresponde al estado de la causa emitir sentencia.
IV. ANÁLISIS DEL CASO:
PRIMERO: DE LA FINALIDAD DEL PROCESO:
La finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivos los derechos sustanciales, mientras que la finalidad abstracta es
lograr la paz social en justicia. Asimismo de acuerdo a lo señalado por el
artículo primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, aplicable
en vía supletoria para el caso de autos, establece que toda persona tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus
derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.-
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SEGUNDO: CARGA DE LA PRUEBA:
Que, es principio fundamental en el derecho laboral que las partes
acrediten los hechos que alegan y que conforme al artículo 27º de la Ley
Procesal de Trabajo, el trabajador debe acreditar esencialmente la existencia
de la relación laboral, el despido cuando lo alegue, su nulidad cuando lo
invoque y la hostilidad de la que fuere objeto; y asimismo el demandado
debe probar el cumplimiento de las obligaciones legales, convencionales, la
costumbre, las que contenga el reglamento interno y el contrato individual
de trabajo; que por otro lado el artículo 196º del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente, dispone que la carga de la prueba corresponde a
quien afirma los hechos, teniendo los medios probatorios la finalidad de
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez
respecto de los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones.
TERCERO: DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Atendiendo a lo resuelto en Audiencia Única, corresponde emitir
pronunciamiento respecto a determinar:
1. Si le corresponde al demandante los reintegros de remuneraciones al
18% del año 2001 al 2009 incluyendo el pago de aumento por FONAVI
del D.L 25981.
2. Si le corresponde al demandante los reintegros de remuneraciones del
18% al 22.40% del año 1991 al 2010 en base a la nivelación del precio
FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería y
PRODUCE, incluyendo el pago de aumento de FONAVI de D.L
25981.
3. Si le corresponde el reintegro de bonificación Ley N° 129351, pago de
reintegro de gratificaciones por fiestas patrias y navidad del año 2001
al 2009.
4. Si le corresponde al demandante el pago de reintegro de vacaciones
del año 2001 al 2009.
5. Si le corresponde al demandante el pago de reintegro de cese y
compensación por tiempo de servicios del año 2001 al 2009.
6. Si corresponde al demandante el pago de reintegro de utilidades de
los años 2001 al 2009.
7. Si le corresponde al demandante el pago de la bonificación por
renuncia voluntaria.
Cabe precisar que en la Diligencia de Audiencia Única el Juzgado se
declaró incompetente para pronunciarse respecto a la pretensión de
restitución de los montos descontados indebidamente por concepto de
impuesto a la renta de quinta categoría.
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CUARTO: DEL RECORD LABORAL DEL DEMANDANTE:
Que, estando a la Liquidación de beneficios sociales que corre a fojas 06, así
como al certificado de trabajo que corre a fojas 07, se tiene que el
demandante laboró para la emplazada desde el 08 de abril de 1999 al 02 de
noviembre de 2010; en este punto resulta oportuno señalar que, la
emplazada a fojas 256 de su escrito de contestación a la demanda, acepta
textualmente que el accionante mantuvo una relación laboral con ésta en el
cargo de tripulante entre el 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de 2010,
acumulando un tiempo de servicios de 11 años, 6 meses y 24 días, y si bien
seguidamente a fojas 257, precisa que el actor laboró inicialmente para la
empresa Pesquera Mistral hasta noviembre de 2008, no obstante ello,
habiéndose corroborado con las documentales de la referencia que la
emplazada al cese liquidó al actor como si hubiere sido su única
empleadora, se colige que ha operado alguna forma de transformación
societaria y patrimonial, por la cual la emplazada ha asumido los pasivos y
responsabilidades de la citada Empresa Pesquera Mistral; razón por la cual
esta Judicatura establece a la demandada como la empleadora del
accionante por el período 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de 2010.
QUINTO: DEL DECRETO SUPREMO N° 009-76-TR - CONTRATO DE
TRABAJO PESQUERO DE LOS PESCADORES ANCHOVETEROS AL
SERVICIO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE EXTRACCIÓN DE
ANCHOVETA:
5.1 Que, mediante Decreto Ley N° 21558, del 20 de julio de 1976 se
reprivatizó la extracción de la anchoveta para su transformación en harina
y aceite, constituyéndose las pequeñas empresas de extracción de
anchoveta, a las que les fueron transferidos los trabajadores de la empresa
estatal PESCA PERÚ, que para efectos del régimen laboral de estas
pequeñas empresas se dictó el Decreto Supremo N° 009-76-TR, del 21 de
julio de 1976, que en su Segunda Disposición Final, señala “Sólo rigen para
las relaciones entre las Pequeñas Empresas de extracción de Anchoveta y los
pescadores a su servicio, las remuneraciones y condiciones de trabajo
taxativamente indicados en el presente Decreto Supremo”.
5.2 Que, asimismo dicho cuerpo legal, en su artículo 13°, dispone: “La
remuneración que percibirán los pescadores que realicen la ejecución de la pesca de
anchoveta será una participación por tonelada métrica de pesca descargada (…)”, y
en su segunda disposición transitoria precisa “La participación por tonelada
métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13 queda fijada en S/. 280.00
que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá por la venta de
anchoveta a PESCA PERÚ (…)”; quedando así claro que este criterio
remunerativo es privativo de los pescadores al servicio de las PEEAS.
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5.3 Que, como precedente vinculante tenemos la Casación N° 3846-2006-
ICA, del 04 de agosto de 2009, que en su séptimo considerando, precisa los
requisitos para considerar una empresa dentro del ámbito del Decreto
Supremo N° 009-76-TR: “ Que, de acuerdo a los términos del artículo 2° de este
Decreto Ley, para ser calificado como una pequeña empresa de extracción de
Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de sociedad
comercial de Responsabilidad Limitada conforme al Decreto Ley N° 21435 (Ley de
la Pequeña Empresa); ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no
exceda en su conjunto de 620 toneladas métricas; iii) Sus ingresos percibidos no
deberían exceder del límite establecido en el artículo 3° del Decreto Ley 21435,esto
es 820 sueldos mínimos vitales de la provincia de Lima; y iv) Dedicarse a su
actividad económica sólo con las embarcaciones y redes transferidas por pesca Perú,
salvo autorización expresa del Ministerio de Economía y Finanzas”., siendo que
en su noveno considerando indica “ Que, de este modo el Decreto Supremo N°
009-76-TR regula en forma exclusiva y excluyente las condiciones de trabajo y
remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transformación de la flota
pesquera de Pesca Perú, pues como lo reafirma expresamente en la Segunda
Disposición Final sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas de
extracción de anchoveta y los pescadores, con lo cual queda claro que cualquier
contrato de trabajo que no vincula a un trabajador pesquero con una empresa que
reúna las características previamente delimitadas por el Decreto Ley N° 25558
quedara fuera de su marco y ámbito de regulación y ello es así en razón que el
hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo constituyó precisamente
la actividad productiva de los pescadores en las embarcaciones objeto de la
transferencia antes invocada.”.
5.4 En atención a lo transcrito, adviértase que los requisitos señalados son
concurrentes, por lo que la falta de uno de ellos (estar inscrita como
sociedad comercial de responsabilidad limitada) imposibilita la
clasificación de una persona jurídica como pequeña empresa de extracción
de anchoveta, así en el caso de autos y conforme se infiere de la copia de la
Consulta Ruc, que corre a fojas 85, y del Asiento C000053 (Otorgamiento de
Poder), a fojas 81 parte pertinente, la demandada se encuentra registrada
como Sociedad Anónima Cerrada, con la Partida Electrónica N° 11862982
del Registro de Personas Jurídicas de Lima, concluyéndose así que al no
cumplir con el requisito de estar inscrita como sociedad comercial de
responsabilidad limitada, no califica como pequeña empresa, y en tal
sentido no le son aplicables ni exigibles las disposiciones contenidas en el
Decreto Supremo N° 009-76-TR.
5.5 Que, asimismo del presente extremo analizado se advierte que no
existe referencia alguna a la forma de cálculo que reclama el actor, esto es
el 22.40% ó 18% del precio de venta promedio de la tonelada métrica de
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harina de pescado en base al valor FOB expresado en US TMB, según
información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE.
SEXTO: DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 1985 Y 1988:
6.1. Que, la Federación de Pescadores del Perú, en representación de los
trabajadores y la Sociedad Nacional de Armadores Pesqueros, la
Asociación de Armadores Pesqueros del Sur y la Asociación de Armadores
Pesqueros del Perú en representación de la parte empleadora, suscribieron
un convenio colectivo el 12 de junio de 1985, conforme al cual la
participación de pesca sería del 22.4%, liquidada sobre la base del 10% de
la cotización C&F Hamburgo, información REUTER, de la TM de harina
de pescado menos US $ 30.00 por flete, cuando se trate de descargas
efectuadas en fábricas de la Empresas Estatal PESCA PERÚ.
6.2. Que, el 30 de mayo de 1988, la misma organización sindical y la
Corporación Nacional de Armadores Pesqueros, en representación de la
Asociación de Empleadores mencionadas, modificaron el sistema de
determinación del precio de la materia prima al siguiente: precio de la TM
de harina de pescado CANDF Hamburgo información REUTER del
último día del mes anterior menos el descuento de US $ 44.00 por flete,
bajo los porcentajes de 8.5% en el caso de las descargas de fábricas
asociadas a la SNP y de 10% en el caso de PESCA PERÚ convirtiéndose a
moneda nacional del tipo de cambio que reciba el exportador.
6.3. Que, al no indicar expresamente lo contrario, el beneficio pactado en
el convenio colectivo de 1985 – con la precisión efectuada en 1988- tiene
duración indefinida, conforme a la legislación entonces vigente sobre
negociación colectiva (DS N° 006-71-TR), que en igual sentido al no
haberse precisado que la obligación recaía en las PEEAS, dicho convenio
colectivo resulta aplicable a todo el sector de la Pesca Industrial.
6.4. Que, de los convenios colectivos citados se infiere que no existe
referencia alguna a la base de cálculo que reclama el actor, esto es el
22.40% ó 18% del precio de venta promedio de la tonelada métrica de
harina de pescado en base al valor FOB expresado en US TMB según
información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE.
SEPTIMO: DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 757- LEY MARCO PARA
EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN PRIVADA:
7.1 Que, el Decreto Legislativo N° 757, entró en vigencia el 13 de
setiembre de 1991, siendo que en el inciso b) de su Segunda Disposición
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Complementaria, prohibió los sistemas de reajuste automático de
remuneraciones en función a diversos índices, entre otros, el valor de la
moneda extranjera, aún cuando provengan de convenios colectivos, según
el profesor Javier Neves, este mandato conforma lo que la doctrina califica
como una norma de derecho necesario absoluto, por que excluye
totalmente la presencia de la autonomía colectiva en un cierto campo, esto
afecta al Convenio colectivo de 1985, modificado en 1988, que regula
sistemas indexados de aumentos remunerativos, resultando así que dichos
convenios colectivos quedarían paralizados en su aplicación ante lo
dispuesto por el Decreto Legislativo bajo estudio.
7.2 Que, el cuerpo normativo de la referencia por un lado derogó
tácitamente los preceptos de los Decretos Supremos N° 009-76-TR y 015-76-
PE, que establecían los reajustes automáticos de remuneraciones, y por otro
lado derogó expresamente en el inciso b) de su Primera Disposición Final,
el Decreto Supremo N° 014-89-PE del 24 de noviembre de 1989 y la Ley N°
25200 del 23 de febrero de 1990, normas que en su oportunidad
reunificaron los criterios a nivel nacional para el pago de las empresas
transformadoras a las extractoras, con esta derogación se suprimió la base
que servía de referencia a la participación de pesca del 22.40%, quedando
entonces dicho porcentaje base sin sustento normativo.
OCTAVO: DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL SINDICATO
ÚNICO DE PESCADORES DE NUEVAS EMBARCACIONES DEL
PERÚ:
8.1 Que, la Federación de Pescadores del Perú, después de 1988 no
suscribió nuevos convenios colectivos, en su lugar el Sindicato Único de
Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú SUPNEP, desde mayo de
1991 y con periodicidad generalmente trienal ha venido celebrando los
convenios 1991, 1993, 1996, 1999, 2002 y 2007 siendo que en este último
convenio colectivo celebrado con la Asociación de Armadores de Nuevas
Embarcaciones Pesqueras se estipuló, que: “ Las partes convienen que, con
efectividad a la vigencia del presente Convenio, la participación de pesca para el
consumo humano indirecto, por tonelada métrica de pesca descargada, será igual al
18% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica de harina de
pescado. Asimismo, las partes convienen que, con efectividad a la vigencia del
presente Convenio, la participación de pesca para el consumo humano directo por
tonelada métrica de pesca descargada, será igual al 22.5% del 8 % del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado. Para determinar el
monto de la participación de pesca, el precio promedio de la Tonelada Métrica
de harina de pescado será el valor FOB expresado en US $/TMB, obtenido
en base a la información proporcionada por SUNAT- ADUANET, vigente en
la fecha de corte para el cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el
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primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la semana
correspondiente. En tanto el Ministerio de la Producción publique en su portal:
www.produce.gob.pe el referido precio $/TMB, proporcionado por SUNAT-
ADUANET, ese dato será el que se aplique para efectos de determinar el monto de
la participación de pesca. Para determinar el pago en nuevos soles, se utilizará el
tipo de cambio promedio ponderado compra publicado en el Diario Oficial el
Peruano por la intendencia de Banca, Seguros y AFP en la fecha de corte para el
cálculo de la planilla de participación de pesca, es decir, el primer día hábil
siguiente después de la fecha de corte de la semana correspondiente…Los Asociados
a la AANEP se comprometen a cancelar la participación de pesca a los nueve (9)
días de concluida la primera semana de pesca se distribuirá entre toda dotación
pesquera de la siguiente forma”.
8.2 Así y como se observa respecto al convenio de 1997, no se acredita en
autos que el SUPNEP sea una organización sindical mayoritaria, por lo que
sus alcances estarían limitados únicamente a sus afiliados, no habiendo en
ese sentido demostrado el actor que se encuentre afiliado a aquella;
asimismo, de los actuados no se advierte que la emplazada tuviera la
condición de asociada a la AANEP, lo que imposibilita determinar
indubitablemente que al demandante le corresponda el 18% del precio
promedio de la Tonelada Métrica de harina de pescado y menos aún en
base al valor FOB expresado en US TMB según información proporcionada
por la Sociedad Nacional de Pesquería y PRODUCE.
8.3 Por todo ello, este despacho conviene en desestimar la pretensión
postulada por el actor, en tanto la base que propone para el cálculo de sus
remuneraciones 18% y 22.40% en base al valor FOB expresado en US TMB
según información proporcionada por la Sociedad Nacional de Pesquería y
PRODUCE, no ha sido establecido para su caso por la sucesión normativa
de la referencia.
NOVENO: DEL REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR
INCREMENTO DEL FONAVI:
9.1. Que, con fecha 07 de noviembre de 1992, se dispuso mediante
Decreto Ley Nº 25981, que los trabajadores cuyas remuneraciones
estuvieren afectos a la contribución al FONAVI, tendrían derecho a percibir
un aumento de remuneraciones a partir del 1º de enero de 1993, siendo el
monto de este aumento equivalente al 10% de la parte de su haber mensual
del mes de enero de 1993, que esté afecto a la contribución al FONAVI.
9.2. Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° del Decreto Ley
25981 “Los trabajadores dependientes cuyas remuneraciones están afectas
a la contribución al FONAVI, con contrato de trabajo vigente al 31 de
diciembre de 1992, tendrán derecho a percibir un incremento de
8 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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remuneraciones a partir del 1 de enero de 1993. El monto de este aumento
será equivalente al 10% de la parte de su haber mensual del mes de enero de
1993 que esté afecto a la contribución al FONAVI”. De lo cual se advierte,
que constituye un requisito sine quanon el tener contrato vigente al 31 de
diciembre de 1992 y una relación laboral continuada hasta la fecha que se
otorgue el citado incremento.
9.3. Mediante Ley Nº 26233, de fecha 17 de octubre de 1993, en su única
Disposición Final se estableció que los trabajadores que por aplicación del
artículo 2º del Decreto Ley Nº 25981, obtuvieron un incremento de sus
remuneraciones a partir del 1º de enero de 1993, continuarán percibiendo
dicho aumento.
9.4. Que, en el caso de autos, estando a que el accionante ingresó a
laborar para la demandada el 08 de abril de 1999 al 02 de noviembre de
2010, no le resulta de alcance las estipulaciones contenidas en dicho
dispositivo legal, en tanto no cumplía el requisito dispuesto por el artículo
2° de la norma en referencia, deviniendo así en infundado el pago del
presente extremo demandado.
NOVENO: DEL PAGO DE REINTEGRO COMPENSACIÓN POR CESE
Y POR TIEMPO DE SERVICIOS, GRATIFICACIONES, LEY N° 29351 Y
VACACIONES:
Que, el accionante solicita el reintegro de pago del concepto de
gratificaciones, reintegro de Ley N° 29351, el reintegro del pago del
concepto de vacaciones, el reintegro del pago del concepto de
compensación por cese y por tiempo de servicios, todo ello sobre el monto
de reintegro de remuneración; empero no habiéndose amparado reintegro
de remuneración alguno en base a los porcentajes postulados por el actor,
por tanto, siguiendo la misma suerte de la pretensión principal, devienen
en infundadas estas pretensiones accesorias.
DÉCIMO: DEL PAGO DE UTILIDADES:
10.1. Que, la participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas es un derecho fundamental recogido en el artículo 29° de la
Constitución Política del Perú, mediante el cual el Estado reconoce el
derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa y
asimismo promueve otras formas de participación. Así, nuestro texto
constitucional le ha otorgado a esta participación el carácter de derecho
fundamental, para lo cual el Estado tiene el deber de proteger y hacer
efectivo el cumplimiento del mismo. En ese sentido, la regulación específica
y concreta que hace viable lo señalado por nuestra norma suprema son el
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Decreto Legislativo N° 982 y la norma Reglamentaria, D.S. N° 009-98-TR y
las disposiciones aún vigentes del Decreto Legislativo N° 677.
10.2. Que, ahora bien el derecho de los trabajadores a participar en las
utilidades se funda en el esfuerzo diario de aquellos, y que la ley reconoce
como producto del trabajo, entendiéndose a la empresa como una
comunidad de producción que incluye al empleador y a los trabajadores,
que en armonía se esfuerzan por producir lo máximo y lo mejor, para
luego este esfuerzo, determinado en utilidades, se distribuya
equitativamente a cada uno según le corresponda.
10.3. Que, según se advierte de lo expresado por el actor en su escrito de
demanda, a fojas 74 parte pertinente, refiere no haber percibido pago
alguno por este concepto, solicitando así el abono respectivo,
evidenciándose así que no pretensiona un “reintegro” sino el “pago no
percibido”, es decir, su teoría del caso en este extremo (entendida como
aquella versión que construye cada una de las partes respecto de la forma
en que se dieron los hechos, mencionando las pruebas que lo sustentan y la
norma en que respaldan su pretensión), estriba en que la emplazada no le
ha abonado monto alguno por este beneficio, en tal sentido, atendiendo a la
Información recogida en el Informe Pericial N° 119-12-MGA-UPCJ de fojas
322 a 325, teniendo a vista las liquidaciones de pago de participaciones de
utilidades, se advierte que el empleador cumplió con abonarle al
accionante las utilidades correspondientes a los ejercicios 2006 al 2010,
desvirtuándose así la teoría del caso expuesta por el demandante,
determinándose que la emplazada cumplió con pagar oportunamente al
actor las utilidades de los ejercicios indicados, de manera tal, que no existe
participación de utilidades pendiente de pago a la fecha de cese por dichos
períodos.
10.4. De otro lado, con respecto a los ejercicios 1999 al 2005, se advierte
que dicha información no fue proporcionada por la emplazada a la Perito
Judicial en su oportunidad, siendo que tampoco obra en autos copias del
PDT remuneraciones ni la declaración jurada de renta anual, por lo que
deberá tenerse en consideración que el derecho probatorio tiene una
marcada connotación procesal ya que en función de todo medio de prueba
se genera la certidumbre acerca de la verdad de las afirmaciones sobre los
hechos en conflicto de intereses y ésta en su acepción amplia es entendida
como aquel medio útil para dar a conocer algún hecho o circunstancia,
adquiriéndose el conocimiento de la realidad y en su sentido estricto la
prueba puede ser definida como aquellas razones extraídas de los medios
ofrecidos que, en conjunto, dan a conocer los hechos o la realidad a efectos
de resolver la cuestión controvertida de relevancia jurídica y como se ha
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DÉCIMO OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
señalado en materia laboral corresponde a las partes probar sus
afirmaciones, esencialmente al trabajador la existencia del vinculo laboral y
al empleador demandado el cumplimiento de las obligaciones contenidas
en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre y el contrato
individual del trabajo, como lo establece el artículo 27° de la Ley Procesal
del Trabajo N° 266336, cuando normativiza la carga de la prueba y cuya
finalidad es acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza
en el Juzgador sobre los hechos controvertidos y estas deben ser ofrecidos
en los actos postulatorios, salvo disposición legal distinta y todas ellas una
vez actuadas son merituadas por el Juez en forma conjunta, utilizando una
apreciación razonada atendiendo al principio de la libre apreciación de los
medios probatorios según las reglas de la sana crítica.
10.5. Por tanto, estando a que es carga de la prueba del empleador
demostrar el cumplimiento de pago de sus obligaciones, y de no ser el caso,
acreditar entonces la no generación de utilidades (pérdidas), este despacho
a fin de no dilatar mas la presente causa, en atención al derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva que ampara a todo justiciable, no puede dejar de
administrar justicia, por lo que a pesar de no disponer de la información
establecida por la normativa especial de la materia (días laborados por cada
trabajador, días laborados por todos, suma total de las remuneraciones de
todos los trabajadores y el total de las remuneraciones que corresponda a
cada trabajador en el ejercicio), empero atendiendo a lo dispuesto por el
artículo 2° inciso b) del Decreto Legislativo N° 892: "La participación que
pueda corresponderle a los trabajadores tendrá respecto de cada trabajador, como
límite máximo, el equivalente a 18 (dieciocho) remuneraciones mensuales
que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio"; con criterio prudencial se
estima acertado tener en consideración el pago solicitado por el
demandante (fojas 71) conforme al siguiente detalle:
Ejercicio 1999 la cantidad de S/.1,268.14 nuevos soles.
Ejercicio 2000 la cantidad de S/.2,987.66 nuevos soles.
Ejercicio 2001 la cantidad de S/.3,598.14 nuevos soles.
Ejercicio 2002 la cantidad de S/.4,697.14 nuevos soles.
Ejercicio 2003 la cantidad de S/.1,698.41 nuevos soles.
Ejercicio 2004 la cantidad de S/.5,874.25 nuevos soles.
Ejercicio 2005 la cantidad de S/.3,526.87 nuevos soles; que sumados dichos
montos se obtiene un total de S/.23,650.51 nuevos soles;
DÉCIMO PRIMERO: DEL REINTEGRO DE LA BONIFICACIÓN POR
RENUNCIA VOLUNTARIA:
11.1. Que, la medida de ordenamiento pesquero contenida en el Decreto
Legislativo Nº 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por
Embarcación, tiene como uno de sus objetivos, reducir el esfuerzo
11 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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pesquero, para lo cual se implementaron una serie de mecanismos
destinados a reducir la flota pesquera anchovetera; por lo que con la
finalidad de proteger los derechos de los trabajadores pesqueros que
pudieran verse afectados por la aplicación de la medida de ordenamiento,
la propia norma establece Programas de Beneficios, a los que
voluntariamente pueden acogerse los trabajadores que prestan sus
servicios en embarcaciones pesqueras, como son: a) Programa de incentivos
a la reconversión laboral; b) Programa de Desarrollo y Promoción de
Mypes; y c) Programa de jubilación anticipada1.
11.2. El Programa de Incentivos a la Reconversión Laboral, dirigido a
favorecer la reinserción de los trabajadores hacia otras actividades
dependientes incluye los siguientes beneficios: a) Bonificaciones por
renuncia voluntaria; b) Capacitación en carreras técnicas para facilitar la
reinserción en otros sectores productivos, la misma que por su naturaleza
no genera una relación de índole laboral; c) Entrega de subvenciones
económicas temporales durante el período de capacitación; d) Asesoría
para la reinserción en el mercado.
11.3. Que, ahora bien, respecto al presente extremo demandado, de la
revisión del petitorio formulado por el accionante y de lo expresado a fojas
74 de su escrito de demanda, advertimos que únicamente se limita a hacer
mención de la legislación de la materia para el otorgamiento de dicho
concepto, empero no precisa, señala, o indica cuando menos de forma
somera, las circunstancias o factores por los cuales sostiene que le
corresponde algún reintegro, es decir que adolece de una teoría del caso en
este punto (entendida como aquella versión que construye cada una de
las partes respecto de la forma en que se dieron los hechos, mencionando
las pruebas que lo sustentan) extremo que no puede ser suplido por el
presente despacho, en tanto el Juez Laboral deberá dirigir su atención a la
dilucidación de aspectos relevantes de la litis contenida en dicha teoría del
caso, es decir, esclarecer, clarificar y elucidar la certeza de la versión
formulada por las partes, empero al carecer la pretensión del accionante de
una teoría del caso resulta imposible determinar el amparo de la misma,
motivo por el cual deviene en improcedente lo peticionado.
DÉCIMO SEG |
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SEGUNDA SALA LABORAL
Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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Demandante : Segundo Rigoberto Polo Guanilo
Demandado : Pesquera Diamante S.A.
Materia : Reintegro de Remuneraciones y otros.
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, dos de diciembre el año dos mil diecinueve.-
VISTOS
En Audiencia Pública; con la prórroga de ley, e interviniendo como Juez Superior ponente la
señora Delcy Maricela García Román
ASUNTO
1. Recurso de Apelación interpuesto por la demandada Pesquera Diamante S.A. mediante
escrito que obran a fojas 349 a 351, contra la Resolución N° 04, emitida en la
Audiencia Única de fecha 14 de marzo de 2012, de fojas 339 a 342, que declara
infundada la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado.
2. Recurso de Apelación interpuesto por la demandada Pesquera Diamante S.A. mediante
escrito que obra a fojas 515 a 520, contra la Sentencia de fecha 29 de agosto del 2017,
fojas 488 a 513, que declara fundada en parte la demanda.
Agravios de la Parte Demandada
La demandada expresa los siguientes agravios:
i) Respecto a la Excepción de falta de Legitimidad para Obrar del Demandado,
sostiene que la demandada carece de falta de legitimidad para obrar en el extremo
demandado por el actor respecto a la supuesta devolución de las retenciones de Quinta
Categoría, toda vez que su representada como empleador tenía la obligación de retener el
importe de dicho impuesto para ser pagados a la SUNAT, pues en todo caso el
demandante debería accionar en este extremo contra de la SUNAT quien le bebería
devolver dichas retenciones y no su representada, pues conforme a las normas tributarias
solo actúan como ente retenedor.
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Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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La demandada en cuanto a la Sentencia expresa los siguientes agravios:
i) Sostiene que el Aquo no ha tomado en cuenta que todo trabajador dedicado a la
actividad pesquera, por cada faena de pesca, recibe una participación porcentual sobre la
materia prima comercializada el armador, como producto de dicha pesca, sin tener en
cuenta para nada los gastos operativos de la embarcación, lo cual significa que en la
práctica, cada vez que percibe una remuneración porcentual ya está recibiendo un pago a
cuenta de la utilidad que rinde el negocio.
ii) El nuevo régimen de participación en las utilidades no es aplicable a los tripulantes de
embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza singular de la actividad que
desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos dentro de un sistema
especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del
Pescador.
FUNDAMENTOS
1. Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente a este proceso, establece que en la apelación la competencia del
superior solo alcanza a ésta y a su tramitación. De esta forma, corresponde a este órgano
jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada,
pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito, ya que
se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda
instancia.
En cuanto a la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado
2. Corresponde indicar que: “La legitimidad para obrar, como elemento básico para poder obtener un
pronunciamiento sobre el fondo, es la adecuación correcta de los sujetos que participan en la relación
jurídica sustantiva, a los que van a participar en la relación jurídica procesal. Esta idoneidad es la
conexión lógica entre ambas relaciones es la legitimidad para obrar”1; ésta constituye un medio
procesal del que se vale la demandada en defensa de sus derechos, discrepando de la
1
Documentos de Lectura: Código Procesal Civil de 1992, Poder Judicial, Consejo Ejecutivo, Lima 1993, página diez.
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Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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titularidad que se le imputa en la acción; atendiendo a que intervenir en un proceso,
consiste en ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial lo que lo autoriza
para actuar como demandante o demandado, respectivamente, y para que pueda
considerarse la existencia del mismo, basta la afirmación sustentada en la apariencia de que
se es titular de una relación sustancial, dejando al debate probatorio de fondo, la
acreditación de la referida condición. En tal sentido la legitimidad para obrar o legitimatio
ad causam supone la calidad entre las personas integrantes de la relación jurídica
sustantiva y las partes que conforman la relación jurídica procesal lo que no es
equivalente a la titularidad efectiva del derecho, ya que se determinará con
pronunciamiento de fondo en la sentencia, sobre el derecho pretendido.
3. En caso de autos, la emplazada Pesquera Diamante S.A. sustenta su apelación señalando
que el Aquo que no ha tomado en cuenta que el demandante reclama también la
devolución de la Quinta Categoría como descuento indebido del año 1999 al 2010,
siendo que su representada solo actúa como ente retenedor, por lo que carece de falta de
legitimidad para obrar ante dicho reclamo, el cual debe ser dirigido a la Superintendencia
de Nacional de Administración Tributaria.
4. Conforme se verifica del escrito de demanda2 y del escrito de subsanación de demanda
[68-84] el actor reclama el reintegro de remuneraciones al 18% del año1999 al 2010 en
base a la nivelación FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería
incluyendo el pago de aumento por FONAVI, devolviendo los descuentos por quinta
categoría, así como el reintegro de bonificación de la Ley 29351, vacaciones, CTS,
vacaciones, cuotas de pesca sur, reintegro de bonificación por renuncia voluntaria y el
reintegro de utilidades de los años 1999 a 2010, pues alega que ha laborado para la
demandada en el cargo de Motorista.
5. Al respecto, se debe precisar que teniendo en cuenta que la pretensión del actor se funda
en el reintegro de remuneraciones y reintegro de beneficios sociales, por tanto, existiría
una relación directa entre los sujetos del derecho sustantivo y procesal, ahora si la
demandada tienen responsabilidad o no en el derecho discutido, y si le corresponde a
ésta o no la devolución del impuesto a la renta por quinta categoría que le fue retenido al
actor, ello debe ser materia de análisis al momento de emitir el pronunciamiento de
fondo de la litis, razones por las cuales deben desestimarse los agravios formulados
2 Fojas 59 a 64
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por la demandada, y confirmarse la resolución número cuatro que declara
infundada la citada excepción.
En Cuanto a la Sentencia
6. La demandada señala como agravios que el Aquo no ha tomado en cuenta que todo
trabajador dedicado a la actividad pesquera, por cada faena de pesca, recibe una
participación porcentual sobre la materia prima comercializada el armador, como
producto de dicha pesca, sin tener en cuenta para nada los gastos operativos de la
embarcación, lo cual significa que en la práctica, cada vez que percibe una remuneración
porcentual ya está recibiendo un pago a cuenta de la utilidad que rinde el negocio;
además precisa que el nuevo régimen de participación en las utilidades no es aplicable a
los tripulantes de embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza singular de la
actividad que desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos dentro de un
sistema especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador.
7. Cabe precisar que en la sentencia recurrida se ha amparado únicamente la pretensión de
pago de utilidades del año 2000, y se ha declarado infundada la demanda respecto a los
extremos referidos a reintegro de remuneraciones, reintegro de bonificación
extraordinaria Ley N° 29351, gratificaciones, vacaciones, CTS, reintegro de cuotas de
pesca, reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria, decisión con la que el actor se
habría encontrado conforme al no haber interpuesto recurso de apelación contra la
misma.
8. Es preciso acotar que no se encuentra en discusión la existencia de la relación laboral
entre las partes, lo cual se encuentra acreditado con el Certificado de Trabajo que obra a
fojas 6, y la copia del documento Producción por Beneficiario [fs. 13-21].
9. En cuanto a la carga de la prueba, cabe señalar que en el proceso laboral, la ley establece
en su artículo 27° que: "(…) Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales,
los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo (…)"
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10. Es decir nuestro ordenamiento jurídico exige a cada una de las partes que quien alega un
hecho debe probarlo; sin embargo, ello en el proceso laboral está en función a las labores
propias de cada una de las partes; otorgando una distribución racional y equilibrada de
ésta, que en el caso del empleador debe probar el cumplimiento de sus obligaciones
legales, laborales y las que derivan del contrato de trabajo; y en el caso del trabajador se
encuentra ceñido a probar el vínculo laboral; relación laboral que se encuentra
establecido en lo dispuesto por el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que señala: "(…) En toda prestación personal de servicios
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado
(…)"; presunción que busca equiparar las desigualdades que se presentan en una relación
laboral, y en la cual el empleador tiene mayores posibilidades de acreditar o probar el
tipo, la forma y el tiempo de servicios prestados por cualquier trabajador, carga
probatoria que la doctrina ha denominado inversión de la carga de la prueba.
Respecto a la Participación en las Utilidades
11. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, reconocido por
la Constitución Política del Estado de 1993 en su artículo 29°, se funda en el esfuerzo
diario de aquellos que la ley reconoce como producto del trabajo, entendiéndose a la
empresa como una comunidad de producción que incluye al empleador y a los
trabajadores que en armonía se esfuerzan por producir lo máximo y lo mejor, para luego,
este esfuerzo determinado en utilidades, se distribuya equitativamente a cada uno según
le corresponda; en tal sentido, tanto el Decreto Legislativo N° 677, como el Decreto
Legislativo N° 892, regulan la participación en las utilidades de la empresas que
desarrollen actividades generadoras de Rentas de Tercera categoría y que estén sujetas al
Régimen Laboral de la Actividad Privada, señalando que la participación de los
trabajadores mediante distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual
antes de impuesto.
12. Debe tenerse en consideración que el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, al
regular el cálculo de la distribución de utilidades, señaló por una parte que el 50% de
dicho beneficio sería distribuido en función a los días laborados por cada trabajador,
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados, y el otro 50%
correspondía a las remuneraciones, señalando que dicho porcentaje se distribuirá en
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proporción a las remuneraciones de cada trabajador, dividiéndose dicho monto entre la
suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio
y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. Precisando la indicada norma que: “Se
entiende por remuneración la prevista en los Artículos 39° y 40° del Texto Único Ordenado de la Ley
de Fomento del Empleo”.
13. Asimismo, la ley establece los porcentajes de participación de los trabajadores varían
según la actividad que desarrolla la empresa.
14. Cabe mencionar que a fin de determinar la actividad que realizan las empresas que se
encuentran obligadas a repartir utilidades, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-98-
TR señala que se debe tomar en cuenta la Clasificación Internacional Industrial Uniforme
de las Naciones Unidas (CIIU), salvo que mediante ley se señale algo distinto y en caso
de que una empresa realice más de una actividad, se tomará en cuenta sólo la actividad
principal, entendiéndose por tal aquella que generó mayores ingresos brutos en el
respectivo año.
15. Estando a lo antes mencionado el porcentaje a distribuir de la ganancia se encuentra
determinado por la actividad económica que desarrolla la empresa, siendo así conforme
se establece en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, las empresas pesqueras,
de telecomunicaciones e industriales deben distribuir el 10% de sus rentas netas
anuales.
16. Las normas antes citadas, señalan expresamente que los trabajadores de las empresas
pesqueras tienen derecho a la participación en las utilidades de la empresa, asimismo
establece su forma de cálculo y distribución; asimismo el artículo 7° de la Ley establece
que al momento del pago de la participación en las utilidades, las empresas entregarán a
los trabajadores y ex trabajadores con derecho a este beneficio una liquidación que
precise la forma en que ha sido calculado.
17. De lo expuesto, se colige que dicha norma en ningún extremo establece que el pago de
las utilidades se podrán percibir con el pago de la remuneración mensual como
erróneamente señala la demandada, y ello además no podría ser así, porque dicho
beneficio económico se paga en función a las ganancias o renta neta tributaria que
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Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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obtenga la empresa en cada ejercicio anual, teniendo en cuenta los días laborados y las
remuneraciones percibidas por cada trabajador de la empresa, operación que lógicamente
se realiza culminado el ejercicio anual, a efectos de determinar el monto concreto que le
corresponde a cada trabajador por utilidades, por lo que debe desestimarse el agravio
formulado por la demandada al respecto.
18. En cuanto al agravio que el nuevo régimen de participación en las utilidades no es
aplicable a los tripulantes de embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza
singular de la actividad que desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos
dentro de un sistema especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador; al respecto, como ya ha quedado establecido en los
fundamentos precedentes, los trabajadores de las empresas pesqueras tienen derecho a la
participación en las utilidades de las empresas pesqueras, por exigencia y disposición
legal, por lo que dicha alegación carece de sustento jurídico; además, la propia
demandada ha cumplido con el pago de dicho concepto a favor del actor en distintos
ejercicios económicos, conforme se verifica de la documentación que obra a fojas 170 a
185, por lo que resulta lógico que ahora pretenda desconocer dicha obligación legal,
motivo por el cual debe desestimarse este agravio de la demandada.
19. Así, en el presente proceso la demandada no ha cumplido con acreditar el pago de las
utilidades del año 2000 a favor del actor, pues no ha adjuntado copia de la liquidación de
distribución de dicho ejercicio económico u otra documentación y/o abonos realizados
por dicho concepto, pues a ésta le corresponde la carga de la prueba al respecto,
conforme así lo exige el artículo 27º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636; y habiendo
la demandada obtenido utilidades en dicho periodo, conforme se indica en el Informe
Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL, obrante de fojas 454 a 468, le corresponde al actor el
reintegro de participación de utilidades por dicho periodo en la suma de S/4,090.98
soles como ha sido válidamente determinado y liquidado por el juez de la causa, por lo
que debe confirmarse la sentencia venida en gardo.
DECISIÓN:
Por estos fundamentos y de conformidad con el inciso 2) del artículo 5° de la Ley Procesal
del Trabajo, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú resuelve:
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Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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1. CONFIRMAR la Resolución N° 04, emitida en la Audiencia Única de fecha 14 de
marzo de 2012, de fojas 339 a 342, que declara infundada la Excepción de Falta de
Legitimidad para Obrar del Demandado.
2. CONFIRMAR la Sentencia de fecha 29 de agosto del 2017, fojas 488 a 513, que
declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, se ORDENA que la
demandada PESQUERA DIAMANTE S.A. cumpla con pagar a favor del actor
SEGUNDO RIGOBERTO POLO GUANILO la suma de S/. 4,090.98 (CUATRO
MIL NOVENTA CON 98/100 SOLES), con lo demás que contiene. En los seguidos
sobre Reintegro de Remuneraciones y Otros; y los devolvieron al Juzgado de origen.-
FUENTES LOBATO CASTRO
HIDALGO
GARCIA ROMAN
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EXPEDIENTE : 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : VELASQUEZ CANO, ROSMEY MATILDE
ESPECIALISTA : GUILLEN ECHEVARRIA, JAVIER
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE ,
DEMANDANTE : POLO GUANILO, SEGUNDO RIGOBERTO
Resolución N° dieciséis (16)
Lima, tres de octubre
Del dos mil diecisiete.
DANDO CUENTA: Advirtiendo de los actuados, que la lectura del
expediente resulta dificultosa dado el volumen de la documentación que obra en el
expediente, por lo que se dispone a fin de facilitar su tramitación APERTURAR EL
TOMO II el cual se inicia con los escritos dado cuenta con la presente resolución.
Dando cuenta del recurso de apelación que antecede presentado por el
demandado: Con la tasa judicial correspondiente; Al principal: ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 364° del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, el recurso de apelación
tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examiné a pedido de parte o
de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, a fin de que sea
anulada o revocada; SEGUNDO: Que, el demandado ha interpuesto recurso de
apelación contra la sentencia N° DOSCIENTOS TREINTA de fecha veintinueve de
agosto del dos mil diecisiete, que declara fundada en parte la demanda, dentro
del término de Ley, fundamentando el agravio y cumpliendo los requisitos
establecidos por los artículos 52° y 53° inciso 1) de la Ley N° 26636 y 364°, 366° y
367° del Código Procesal Civil, SE RESUELVE: CONCEDER LA APELACION
CON EFECTO SUSPENSIVO, debiéndose remitir los autos a la Sala Laboral de
Turno Lima, devuelto sean los cargos de notificación debidamente adheridas por
el asistente judicial. Al único otrosí: Téngase presente. Dando cuenta del escrito
presentado por el demandante con fecha 27.09.2017: Al recurso de apelación se
dispone dar cuenta; ATENDIENDO PRIMERO: Que las normas y formalidades
establecidos en nuestro ordenamiento procesal tiene carácter imperativo conforme
a lo señalado en el artículo noveno del Título Preliminar del C.P.C. SEGUNDO: De
la revisión de los actuados, se aprecia que la pretensión de la demanda supera los
100 URP por lo que corresponde al demandante adjuntar el arancel judicial por
concepto de apelación de sentencia. TERCERO: Que conforme a la Resolución
Administrativa N° 012-2017-CE-PJ, el monto por recurso de apelación de sentencia
es S/. 243.00 soles, y siendo que la parte demandante es quien formula la apelación
le corresponde pagar el 50% de tasa, y a fin de no limitar su derecho a la doble
instancia se resuelve: Declarar INADMISIBLE su recurso, debiendo el demandante
cumplir con adjuntar el pago de la tasa judicial por la suma de S/. 121.50 soles por
concepto de apelación de sentencia; Debiendo cumplir con lo señalado dentro del
término de TRES días bajo apercibimiento de tenerse por no presentado su recurso
de apelación en caso de incumplimiento |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
DÉCIMO SEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO
TRANSITORIO DE LIMA
Expediente N° 10468-2011-
16°
Especialista Legal: Guillén
SENTENCIA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA
Lima, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.-
VISTOS:
Resulta de autos que de fojas 59 a 64 y subsanada de fojas 68 a 84, CARLOS
MARTIN UCHUYA CORREA interpone demanda contra la empresa
PESQUERA DIAMANTE S.A., a efectos que se le pague la suma de
S/.439,203.30 soles por concepto de reintegro de remuneraciones, reintegro de
bonificación Ley N° 29351, reintegro de gratificaciones, reintegro de cese y
CTS, pago de vacaciones truncas, reintegros de las cuotas de pescar del sur,
reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca, pago de utilidades y reintegro de
utilidades, reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria; montos que
solicita conforme a la liquidación efectuada en su escrito de subsanación de
demanda a fojas 70/78, más el pago de intereses legales y compensatorios,
costas y costos del proceso.
El actor sustenta su pretensión en el hecho que trabajó en diferentes
embarcaciones y la última embarcación fue “Polar VI” de propiedad de la
1 demandada, iniciando sus labores desde el 30 de setiembre de 1999 al 09 de
agosto de 2010, además que en su Récord de Pesca otorgado por la Caja de
Beneficios y Seguridad Social del Pescador, se podrá apreciar el tiempo,
tonelaje trabajado y remuneración percibida por el tiempo de pesca.
Que, en contraprestación percibió remuneraciones porcentuales los mismos
que no habrían sido acordes con los precios establecidos por la Sociedad
Nacional de Pescador ni con los porcentajes del 18% por participación de
pesca, sin embargo dicho porcentaje no se encontraría conforme a lo dispuesto
por las Asociaciones Nacionales de Armadores Pesqueros y la Federación de
Pescadores del Perú (FPP), que establecieron por Mutuo Acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40% según
la tonelada métrica prima (harina de pescado), contrariamente la emplazada
procedió desconociendo dicha normatividad legal y convencional pagando
un porcentaje por debajo del 18%.
Que, el Régimen Especial de Remuneración y condiciones de trabajo de los
pescadores industriales, estaría normado por el Decreto Supremo N° 009-76-
TR, que se encuentra vigente a la fecha, pues no existiría dispositivo legal que
lo haya derogado de manera expresa, sino más bien éste habría sido restituido
por el D.S. N° 044-89-TR, constituyendo en la actualidad el único ente
normativo que regula el contrato de trabajo pesquero en toda su integridad
sin distinciones de ninguna índole.
Que, en ese orden de ideas, señala que la actividad pesquera se configura
como un Régimen atípico y remunerativo, donde no se podrá establecer los
términos de duración de una faena pesquera, ni horarios en la prestación de
servicios, resultado del mismo modo, la recepción de una remuneración
variable e indeterminada acorde con su naturaleza y fijado en proporción al
volumen de pesca capturada o descargada, supeditada a factores aleatorios
externos a la producción y/o productividad que le otorgan un método de
2 cálculo o liquidación especial reconocido en Legislación Nacional mediante el
Decreto Supremo N° 009-76-TR y acordado convencionalmente atendiendo a
los usos y costumbres exclusivos de un régimen sustentado en el Riesgo
compartido.
Que, la demandada no habría cumplido con el pago de las utilidades recogido
en las disposiciones del Decreto Legislativo N° 677, Decreto Legislativo N°
892 y Decreto Supremo N° 009-98-TR, los cuales regularían el derecho de los
trabajadores a participar de las utilidades de las empresas que desarrollen
actividades generadoras de rentas de tercera categoría, entre las que se
encontraría la emplazada en el porcentaje del 10% por tratarse de una
empresa pesquera, no habiendo percibido pago alguno por dichos concepto
conforme a los parámetros determinados en nuestra Legislación.
Que, el incremento FONAVI para trabajadores que estaban afectos a la
contribución FONAVI especialmente los del Régimen de la Actividad
Privada, mediante Decreto Legislativo N° 25981, publicado el 23 de diciembre
de 1992, el Gobierno de Alberto Fujimori, publico dicha norma, en cuyo
artículo 2° estableció un incremento de las remuneraciones de los trabajadores
en el 10% de sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, siempre que
su remuneración éste afecta a la contribución FONAVI; que muchas empresas
no habrían otorgado dicho beneficio remunerativo, motivo por el cual el
trabajador que se encuentre afectado por dicha omisión de no haberle
otorgado dicho incremento puede demandar el reintegro de remuneraciones
por incremento FONAVI, el mismo que incidiría en el pago de sus beneficios
sociales.
Que, el Ministerio de la Producción estableció leyes sobre límites máximos de
captura por embarcación establecidos en el Decreto Legislativo N° 1084, su
Reglamento N° 021-2008-PRODUCE, el D.S. N° 007-2011-PRODUCE, decreto
que precisa e incorpora disposiciones al Reglamento del Decreto Legislativo
3 N° 1084, que mediante dichas normas se establecería los parámetros para la
liquidación de la bonificación de renuncia voluntaria, el mismo que en ningún
podría ser inferior al monto de la indemnización especial por despido
arbitrario aplicable a los contratos intermitentes calculada según lo dispuesto
en el D.S. N° 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Competitividad y Productividad Laboral, incrementada en un 50%.
Concluye manifestando que todo lo que tenga que disponer para el
Reglamento normativo del Régimen Remunerativo y Laboral del Sector
Pesquero Industrial, debe efectuarse mediante Leyes Especiales, conforme a lo
dispuesto por el artículo 103° de la Constitución Política del Estado, las
mismas que deberán ser refrendadas por el Ministerio de Trabajo y el
Ministerio de Pesquería – hoy Producción – según lo establece Ley General de
Pesca, porque así es su condición y su estatus jurídico excepcional.
Admitida la demanda y emplazada conforme a Ley, la empresa demandada
deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar y contesta la misma,
según es de verse del escrito de fojas 321 a 355 de autos, negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos.
Señalando que el actor no tendría ningún derecho a ningún reintegro de
remuneración por 22.40% en razón a que por acuerdo de la Asociación de
Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras (AANEP) y el Sindicato
Único de Trabajadores de Nuevas Embarcaciones del Perú, dentro del cual el
actor era afiliado se acordó el pago de sólo el 18% del precio que el armador
percibe por la venta; que durante todo el tiempo de servicios que el actor
habría laborado, han cumplido con efectuar a cabalidad el pago de su
remuneración, no siendo cierto que la suma pagada haya sido reducida en
ninguna forma, ya que se le habría otorgado en estricto cumplimiento a la
4 normatividad vigente, es decir se le abona el 18% del precio que obtienen por
tonelada métrica vendida y descargada.
Que, el D.S. N° 009-76-TR citado por el actor para demandarles el pago del
supuesto reintegro de remuneración por participación de pesca que
supuestamente le adeuda, resultaría aplicable exclusivamente a las Pequeñas
Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEA) y a los pescadores que le
brindan servicios a éstas, que dichas Pequeñas Empresas de Extracción de
Anchoveta (PEEA) se rigen por una regulación especial con características
particulares que las catalogaría como tal, y que estaría por demás ajenas y
distintas a su representada, a sus embarcaciones y a los pescadores que le
brindan servicios.
Asimismo, señalan que a las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta
(PEEA) se originaron en virtud de los Decretos Leyes 21435 y 21558, a
consecuencia de la Reestructuración y Reorganización de la Empresa Nacional
Pesquera S.A. – Pesca Perú, y de la transferencia (Privatización) de la Flota de
esta última en el Sector Privado, que en efecto por Decreto Ley 21558 se
establecieron las regulaciones y requisitos para la formación de las Pequeñas
Empresas de Extracción de Anchovetas, conocidas como PEEA, a efectos de
transferir a éstas la flota de PESCA PERU, que dentro de los requisitos que
debían tener las PEEA, para ser consideradas como tales, y por ello
susceptibles de adquirir las embarcaciones, estaban referidos a tres requisitos
principales, el primero que las embarcaciones que las conformaban provenían
exclusivamente de la privatización de la Flota de PESCA PERU, el segundo
referido a que dichas embarcaciones en su conjunto no podían exceder a una
capacidad de bodega de 690TM y por último que las PEEA debían estar
constituidas bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, que dichas características distinguen notoriamente
a las PEEA con las demás pesqueras, las mismas que coinciden en forma
5 alguna con su empresa, toda vez que las embarcaciones con que cuenta su
empresa habrían sido construidas con posterioridad a dicha normatividad, e
incluso con mucha posterioridad al D.S. N° 009-76-TR, no pudiendo ser del
paquete de embarcaciones de PESCAPERU que fue privatizado, asimismo sus
embarcaciones superan ampliamente la capacidad límite de la bodega
establecida para las PEEA, y siendo que su empresa fueron construidas bajo la
forma societaria de Sociedad Anónima, se verifica rotundamente que su parte
no se encontraría enmarcada dentro de la definición de PEEA y por ello la
norma en análisis no los alcanzaría.
Que en conclusión señalan que al actor no le corresponde reintegro de
remuneración alguna y le resulta de aplicación el Decreto Legislativo N° 757
que ha eliminado el sistema remunerativo privilegiado que tenía parte del
sector pesquero que venía reajustándose automáticamente en forma
exageradamente ascendente por haber estado ligado a la moneda extranjera.
Citadas las partes a Audiencia Única, esta diligencia se llevó a cabo de
acuerdo a los términos del Acta que corre de fojas 364 a 367, acto en el cual
por Resolución N° 04 se declaró infundada la excepción de falta de
legitimidad para obrar del demandado; asimismo se declaró saneado el
proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida, se fijaron los
puntos controvertidos y, actuadas las pruebas ofrecidas por las partes, por lo
que el estado de la causa es la de emitir sentencia; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: CARGA DE LA PRUEBA.- Conforme lo establece el artículo 27º
de la Ley Procesal del Trabajo, corresponde a las partes probar sus
afirmaciones; y esencialmente al trabajador probar la existencia del vínculo
6 laboral, la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad
de la que fuera objeto; y al empleador probar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo y la causa
del despido.
SEGUNDO: MEDIOS PROBATORIOS.- El artículo 197° del Código
Adjetivo, todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma
conjunta, utilizando su apreciación razonada, debiendo expresar en su
resolución las valoraciones esenciales y determinativas que sustentan su
decisión y, teniendo en cuenta que las pruebas en realidad están mezcladas
formando una secuencia integral, un conjunto armonioso y, debiendo ser la
preocupación del Juez reconstruir con base de medios probatorios los hechos
que dan origen al conflicto, las pruebas deberán ser estudiadas en sus
elementos comunes en sus conexiones directas o indirectas, ninguna prueba
deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su
conjunto, dado que sólo teniendo la visión integral de los medios probatorios
se puede sacar conclusiones en busca de la verdad, que es el fin del proceso.
TERCERO: PUNTOS CONTROVERTIDOS.- Como es de verse del
contenido de la demanda y contestación, y la diligencia de Audiencia Única,
constituyen puntos controvertidos del presente proceso: 1) Determinar si le
corresponde o no al actor el reintegro de remuneraciones al 18% del año 1999
al 2010, en base a la nivelación del precio del FOB y precio establecido por la
sociedad nacional de pesquería y PRODUCE incluyendo el pago de aumento
por FONAVI, devolviendo los descuentos por quinta categoría; 2) El monto de
los reintegros de remuneraciones del 18% al 22.40% del año 1999 al 2010 en
base a la nivelación del FOB y precio establecido por la sociedad nacional de
7 pesquería incluyendo el pago de aumento por FONAVI, devolviendo los
descuentos por quinta categoría; 3) El monto por reintegro de bonificación de
la Ley N° 29351, gratificaciones por el periodo de 1999 al 2010; 4) El monto por
reintegro de las vacaciones del año 1999 al 2010; 5) El monto por reintegro de
cese y CTS del año 1999 al 2010; 6) El pago de las vacaciones por el periodo de
1999 al 2010; 7) El monto por reintegro de las cuotas de pesca del sur del años
del 2009 al 2010; 8) El monto por reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los
años 2009 al 2010; 9) El monto por reintegro de utilidades de los años 1999 al
2010; y, finalmente 10) El monto por reintegro de la bonificación por renuncia
voluntaria.
CUARTO: OBSERVACIÓN AL INFORME PERICIAL.- Que, la parte
demandada observa el Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL y anexos de
fojas 480 a 494 señalando como argumentos de su observación: a) Que, el
perito consigna de manera errada los importes abonados de acuerdo al record
de producción que obran en autos; b) Que, el perito ha concluido que
adeudan al actor por concepto de utilidades los años 2000, 2003, 2004, 2005 y
2006, sin embargo no habría demostrado el procedimiento que ha realizada
para llegar a dicha conclusión. Que, al respecto es de señalar que el artículo
36° de la Ley N° 26636 establece que: “La pericia en materia laboral es
esencialmente contable y es practicada por peritos e inspectores judiciales dependientes
de los Juzgados de Trabajo. Su finalidad es presentar al órgano jurisdiccional la
información obtenida de los libros y documentación contable que sirvan para calcular
los montos de los beneficios en litigio”; es por ello, que se aprecia de la revisión
del informe pericial, que se ha establecido la liquidación por participación de
utilidades sobre el posible reintegro a favor del actor por los ejercicios
económicos 2000, 2003, 2004, 2005 y 2006, el mismo que es referencial, y
asimismo guarda relación con la cuestión controvertida del presente proceso,
8 toda vez que coadyuva al cálculo del monto del beneficio en litigio, más aún
se advierte que los mismos no son argumentos válidos para observar el
informe pericial al no haber ofrecido una pericia de parte, dado que lo
señalado se deberá tener en cuenta al momento de resolver la presente litis;
por lo que corresponde desestimar el extremo observado; Por estas
consideraciones expuestas, se declara: INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandada.
QUINTO: RELACIÓN LABORAL.- Que de la revisión de los actuados, se
advierte que no se encuentra en discusión el vínculo laboral existente entre las
partes, el cual se inició conforme lo señala la parte demandante y no ha sido
contradicha por la parte demandada Pesquera Diamante S.A., el 30 de
setiembre de 1999 al 09 de agosto de 2010, en el cargo de 1° Motorista de la
embarcación “Polar IV” y que se corrobora con las boletas de pago a fojas
02/04, Hoja de Liquidación de Bonificación Especial por Renuncia Voluntaria
a fojas 05, Certificado de Trabajo a fojas 06 y el Reporte de Producción emitido
por la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador obrante de fojas 13 a
21. Asimismo, es de precisar que considerando la fusión por absorción de las
empresas Pesquera Polar S.A., Consorcio Malla S.A. y Pesquera Diamante
S.A., vigente a partir del 01 de noviembre del 2007, corresponde señalar que la
Ley General de Sociedades Nº 26887, en su artículo 344° se señala que: “Por la
fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos
prescritos por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas: 1) La fusión de
dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante origina la
extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión
en bloque, y a título universal de sus patrimonios a la nueva sociedad; o, 2) La
absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas.
9 La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los
patrimonios de las absorbidas. En ambos casos los socios o accionistas de las
sociedades que se extinguen por la fusión reciben acciones o participaciones como
accionistas o socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso.”; en
ese sentido, estando a que con la Escritura Pública otorgada por Notario
Público Ricardo José Barba Castro, de Fusión de Sociedades Anónimas,
celebradas entre la Empresa Pesquera Diamante SA., Consorcio Malla S.A.,
Pesquera Polar S.A., Pesquera Atlántico S.R.L., Icapesca S.A., y Pesquera
Lerigi S.A., obrante a fojas 123 a 140, se acredita la fusión por absorción por
parte de la demandada Pesquera Diamante S.A. a la empresa Consorcio Malla
S.A., asumiendo a título universal y en bloque el íntegro de su patrimonio;
hecho jurídico que produce la extinción de la empresa Consorcio Malla S.A.,
al asumir Pesquera Diamante S.A. todo su bloque patrimonial (activo o
pasivo); en tal virtud; le corresponde a Pesquera Diamante S.A. asumir todas
las obligaciones que pudiera haber adquirido la empresa absorbida Consorcio
Malla S.A. con sus trabajadores. Por lo que, siendo materia controvertida en el
presente proceso, determinar si corresponde aplicar la remuneración del actor
en base al 18% y si corresponde se le aplique lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 009-76-TR, respecto al pago de la participación de pesca del 18%
al 22.40%.
SEXTO: ANTECEDENTES NORMATIVOS.- Que conforme lo señala el
artículo 2° del Decreto Ley N° 21558: “La actividad de extracción de anchoveta
será efectuada por empresas que se constituyan al amparo del Decreto Ley 21435 bajo
la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, denominadas
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…)”; asimismo el artículo 1° del
Decreto Supremo N° 009-76-TR, señala: “Por el contrato de trabajo pesquero de los
pescadores anchoveteros al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de
10 Anchoveta, un pescador se obliga a prestar servicios en una embarcación,
interviniendo en las faenas para la extracción de esta especie, actividad eminentemente
de temporada.”; y en su Segunda Disposición Transitoria, señala: “La
participación por tonelada métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13
queda fijada en S/. 280.00 que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá
por la venta de anchoveta a PESCA PERU.”.
SÉTIMO: REINTEGRO DE REMUNERACIONES.- Que siendo que el
demandante reclama que se le ha efectuado un pago diminuto de las
participaciones de pesca abonadas en los años 1999 al 2010 conforme a la
liquidación efectuada en su demanda; que siendo ello así y conforme se
desprende del Informe Pericial N° 0086-6-06-16°-JTL-PJ-JCL y anexos de fojas
385 a 398, el mismo que al ser observado por la parte demandada, se declaró
fundada la observación por Resolución N° 11 a fojas 476/477, comisionándose
al perito adscrito a que elabore un nuevo informe; mandato que fue cumplido
mediante Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL y anexos de fojas 480 a 494, el
mismo que al ser materia observación, fue declarada infundada en la presente
resolución. Es así que, del Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL, en su
contenido se aprecia que el actor ha percibido su remuneración en base al
porcentaje de tonelada métrica del 18%; por lo que siendo ello así deviene en
infundado el extremo reclamado, de reintegro de remuneraciones, respecto al
18% de la participación de pesca.
OCTAVO: Asimismo, respecto a la pretensión de reintegro del 18% al 22.40%
por participación de pesca, en base al precio FOB; ante ello cabe señalar que
conforme se ha determinado en el considerando precedente, el actor desde el
inicio de su relación laboral ha venido percibiendo el porcentaje de tonelada
métrica en 18%; por lo que se debe tener presente que conforme lo señala el
artículo 2° del Decreto Ley N° 21558: “La actividad de extracción de anchoveta
11 será efectuada por empresas que se constituyan al amparo del Decreto Ley 21435 bajo
la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, denominadas
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…)”; asimismo el artículo 1° del
Decreto Supremo N° 009-76-TR, señala: “Por el contrato de trabajo pesquero de los
pescadores anchoveteros al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de
Anchoveta, un pescador se obliga a prestar servicios en una embarcación,
interviniendo en las faenas para la extracción de esta especie, actividad eminentemente
de temporada.”; y en su Segunda Disposición Transitoria, señala: “La
participación por tonelada métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13
queda fijada en S/. 280.00 que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá
por la venta de anchoveta a PESCA PERU.”.
NOVENO: Que, para estos efectos, se debe tomar en cuenta lo dispuesto por
la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República (Casación Nº 723-2002-del Santa) de fecha 25 de junio
de 2003 y del 05 de septiembre del 2003 (Casación Nº 951-2002- del Santa), que
señalan que debe dilucidarse cual es el origen de las embarcaciones donde la
demandante prestó sus servicios, puesto que el Decreto Supremo Nº 009-76-
TR, establece el porcentaje del 22.40% que se dictó para regular las relaciones
laborales entre las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEAS) y
los trabajadores de las Embarcaciones transferidas a esas entidades a tenor de
lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 21558
de fecha 20 de julio de 1976, por lo que dichas embarcaciones se deben regir
por tales normas, mientras que de no estar incluidas dentro de estos
parámetros por diversas causas como modernidad de la embarcación, mayor
capacidad, mejor tecnología, etc., podían estar reguladas por convenios o
pactos.
12 DÉCIMO: Que, de acuerdo a los términos del artículo segundo del Decreto
Ley N° 21558, para ser calificada como una Pequeña Empresa de Extracción
de Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, conforme al Decreto Ley
N° 21435, Ley de la Pequeña Empresa del Sector Privado publicada el 25 de
febrero de 1976; ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no
exceda en su conjunto de seiscientas veinte toneladas métricas; iii) Sus
ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el artículo
tercero del Decreto Ley N° 21435, esto es ochocientos veinte sueldos mínimos
vitales de la Provincia de Lima; y, iv) Dedicarse a su actividad económica sólo
con las embarcaciones y redes transferidas por Pesca Perú salvo autorización
expresa del Ministerio de Economía y Finanzas.
DÉCIMO PRIMERO: Que, además bajo el marco protector y tuitivo del
derecho del trabajo, y con el objeto de regular la relación laboral entre las
pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los trabajadores a su servicio
la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley N° 21558, reservó a un
Reglamento posterior la regulación positiva de tal aspecto que viene a
concretizarse a través del Decreto Supremo N° 009–76–TR, de fecha 21 de julio
de 1976, que al definir la entidad, forma y variables para el cálculo de la
remuneración de dichos trabajadores, señala que la remuneración que
percibirán los pescadores que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta
será una participación por tonelada métrica de pesca descargada que fija en el
22.40% del precio que el armador percibirá por la venta de anchoveta a Pesca
Perú como así aparece de la lectura concordada de su artículo 13° y con su
Segunda Disposición Transitoria.
13 DÉCIMO SEGUNDO: Que, de este modo el Decreto Supremo N° 009–76–TR,
regula en forma exclusiva y excluyente las condiciones de trabajo y
remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transferencia de la flota
pesquera de Pesca Perú, pues como lo reafirma expresamente en su Segunda
Disposición Final, sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas
de extracción de anchoveta y los pescadores, con lo cual queda claro que
cualquier contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con una
empresa que reúna las características previamente delimitadas por el Decreto
Ley N° 21558, quedará fuera de su marco y ámbito de regulación y ello es así
en razón que el hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo
constituyó precisamente la actividad productiva de los pescadores en las
embarcaciones objeto de la transferencia antes invocada; que estando que el
actor reclama el reintegro de su remuneración por participación de pesca,
solicitando que la misma deba calcularse aplicando el porcentaje del 22.40%
que consagra la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo N°
009–76-TR; siendo ello así, corresponde determinar en base a los parámetros
desglosados en líneas precedentes, si la empresa demandada reúne las
características a que hace referencia el Decreto Ley N° 21558 y con ello, si se
encuentra obligada a abonar a favor del actor un porcentaje por participación
de pesca del 22.40%; que de la Ficha RUC de la empresa demandada a fojas
117/121 parte pertinente se desprende que ésta es una Sociedad Anónima, de
lo que se desprende que la demandada no cumple con las características para
ser considerada una PEEA, y por ello no le resulta aplicable lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 009–76-TR.
DÉCIMO TERCERO: Respecto a lo establecido por la Segunda Disposición
Complementaria del Decreto Legislativo N° 757, modificado por el Decreto
14 Ley N° 25541, que se refiere a la prohibición de que los pactos o convenios
colectivos de trabajo contenga sistemas de reajuste automático de
remuneraciones, fijados en función a índices de variación de precios o ser
pactados en moneda extranjera y lo establecido en el artículo 1º del Decreto
Ley N° 25876, que precisó que: ”las disposiciones legales pactos o convenios
colectivos, costumbre, transacciones o pronunciamientos judiciales o administrativos
que establecen sistemas de reajuste automático de remuneraciones de aplicación
colectiva en función a la variación de precios, al valor de moneda extranjera,
remuneración base o cualquier otra de similar naturaleza, sea cual fuera su
denominación, expresión, mecanismo, procedimiento y/o metodología, concluyeron
definitivamente en su aplicación y ejecución el 13 de diciembre de 1991, fecha en que
entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la
actividad privada”; a criterio nuestro no revocan, no extinguen, ni concluyen lo
estipulado por el artículo 13º del Decreto Supremo N° 009-76-TR; pues las
prohibiciones y limitaciones contenidas en los Decretos Legislativos aludidos;
se dictaron en el marco de la política gubernamental para el crecimiento de la
inversión privada, cuyo objetivo era evitar que se continué aplicando el
sistema de reajuste automático de remuneraciones y que las remuneraciones
de los trabajadores dependientes se incrementará en función de factores
externos a la producción como son: los índices generales de variación de
precios establecidos por el INEI, la base del promedio del costo de vida, el
tipo de cambio de la moneda extranjera y otros similares y no estaban
dirigidas a suprimir las diferentes formas de remuneración existentes a esa
fecha, dentro de las cuales una de las más importantes es la que consagra la
participación del trabajador en la producción, reconocida incluso en el artículo
29° de la Constitución Política del Estado de 1993, la que tiene como
expresiones las comisiones laborales y el destajo, cuyo sustento es la
variabilidad de la remuneración sobre la base de la productividad del
15 trabajador, la cual es un factor interno y propio de la relación de trabajo, como
sucedía en el caso de la remuneración del pescador anchovetero, referido en el
artículo 13° del Decreto Supremo N° 009-76-TR, que establece una forma de
participación en la productividad, ya que se determina en función a las
toneladas métricas de pesca descargada y a un porcentaje del precio que se
paga por cada una de ellas; de lo que se infiere que el régimen salarial del
trabajo pesquero no contiene ningún factor de reajuste automático que lo
coloque en las prohibiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 757, ni
en los Decretos Leyes N° 25541 y N° 26876, resultando por tanto inaceptable la
alegación de la abrogación de dicho Decreto Supremo. Conforme a lo
señalado precedentemente ésta Judicatura concluye que no le asiste al actor
el derecho para el pago de la participación en la pesca en el porcentaje
correspondiente al 22.40%, del valor de la venta del producto de la faena;
conclusión que determina implícitamente como consecuencia que los
derechos laborales que le correspondan al actor debe ser calculada en base
al 18%, conforme lo ha venido efectuando la empresa demandada,
deviniendo en infundado el extremo demandado.
DÉCIMO CUARTO: REINTEGRO DE BONIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA LEY N° 29351, GRATIFICACIONES, VACACIONES,
CESE Y CTS.- Que es de verse del petitorio de la demanda y liquidación
correspondiente, que la misma se solicita sobre la base del reintegro del
22.40% del porcentaje de tonelada métrica, y siendo que el mismo se ha
declarado infundado, deviene en infundado también los derechos que de ellos
derivan.
DÉCIMO QUINTO: REINTEGRO DE CUOTAS DE PESCA DEL SUR Y
REINTEGRO DE LA 1° Y 2° CUOTA DE PESCA DE LOS AÑOS 1999 AL
16 2010.- Que la parte demandante solicita el pago por concepto Pesca de
Temporada de Sur y Reintegro de la 1° y 2° Cuota de Pesca de 2009 de los
años 1999 al 2010; sin embargo es de verse de los fundamentos de hecho de la
demanda, que el actor ha omitido señalar los fundamentos fácticos, adjuntar
el dispositivo legal y medios probatorios que sustentan su pretensión, por lo
que deviene en infundado los extremos demandados.
DÉCIMO SEXTO: REINTEGRO DE UTILIDADES.- Que conforme al
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, los trabajadores de las empresas
comprendidas en dicho dispositivo participan en las utilidades de la empresa
mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual
antes de impuestos, asimismo, el artículo 4° de éste dispositivo dispone que la
participación en las utilidades se calculará sobre el saldo de la renta imponible
del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de
ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta, por
consiguiente, de ello se concluye que el dispositivo legal citado hace mención
a un concepto tributario de renta o utilidad, el cual debe ser determinado con
arreglo a las disposiciones legales sobre la materia y con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el país, conforme dispone la Ley
General de Sociedades, más aún, la Ley de Impuesto a la Renta, Decreto
Legislativo N° 774, establece que la base imponible para la participación de
utilidades es la utilidad contable (utilidad neta antes de impuestos y
participaciones) más las adiciones tributarias para determinar la Renta
Imponible menos las deducciones tributarias (diferentes tasas de
depreciación, provisión desvalorización de maquinaria y equipo), es decir,
datos éstos que resultan ser el sustento de los consignados en las
Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta que presentan los empleadores
a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y los cuales, al
17 igual que las Declaraciones, como es lógico, son objeto de verificación por
parte de la entidad señalada a quien le compete su fiscalización.
DÉCIMO SÉTIMO: Estando que la parte demandante, solicita el pago de las
Utilidades por los Ejercicios Económicos 1999 al 2010, para lo cual debe
tenerse presente que conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del
Decreto Legislativo N° 892, es condición primaria para acceder a éste derecho
que la empresa haya obtenido utilidades a ser distribuidas entre sus
trabajadores, ante lo cual, es de verse del Cuadro sobre utilidades contenido
en el Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL a fojas 481 parte pertinente, que
en el período 1999 la empresa demandada obtuvo pérdidas tributarias,
motivo por el cual no hubo parti |
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SEGUNDA SALA LABORAL
Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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Demandante : Segundo Rigoberto Polo Guanilo
Demandado : Pesquera Diamante S.A.
Materia : Reintegro de Remuneraciones y otros.
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, dos de diciembre el año dos mil diecinueve.-
VISTOS
En Audiencia Pública; con la prórroga de ley, e interviniendo como Juez Superior ponente la
señora Delcy Maricela García Román
ASUNTO
1. Recurso de Apelación interpuesto por la demandada Pesquera Diamante S.A. mediante
escrito que obran a fojas 349 a 351, contra la Resolución N° 04, emitida en la
Audiencia Única de fecha 14 de marzo de 2012, de fojas 339 a 342, que declara
infundada la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado.
2. Recurso de Apelación interpuesto por la demandada Pesquera Diamante S.A. mediante
escrito que obra a fojas 515 a 520, contra la Sentencia de fecha 29 de agosto del 2017,
fojas 488 a 513, que declara fundada en parte la demanda.
Agravios de la Parte Demandada
La demandada expresa los siguientes agravios:
i) Respecto a la Excepción de falta de Legitimidad para Obrar del Demandado,
sostiene que la demandada carece de falta de legitimidad para obrar en el extremo
demandado por el actor respecto a la supuesta devolución de las retenciones de Quinta
Categoría, toda vez que su representada como empleador tenía la obligación de retener el
importe de dicho impuesto para ser pagados a la SUNAT, pues en todo caso el
demandante debería accionar en este extremo contra de la SUNAT quien le bebería
devolver dichas retenciones y no su representada, pues conforme a las normas tributarias
solo actúan como ente retenedor.
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Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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La demandada en cuanto a la Sentencia expresa los siguientes agravios:
i) Sostiene que el Aquo no ha tomado en cuenta que todo trabajador dedicado a la
actividad pesquera, por cada faena de pesca, recibe una participación porcentual sobre la
materia prima comercializada el armador, como producto de dicha pesca, sin tener en
cuenta para nada los gastos operativos de la embarcación, lo cual significa que en la
práctica, cada vez que percibe una remuneración porcentual ya está recibiendo un pago a
cuenta de la utilidad que rinde el negocio.
ii) El nuevo régimen de participación en las utilidades no es aplicable a los tripulantes de
embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza singular de la actividad que
desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos dentro de un sistema
especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del
Pescador.
FUNDAMENTOS
1. Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente a este proceso, establece que en la apelación la competencia del
superior solo alcanza a ésta y a su tramitación. De esta forma, corresponde a este órgano
jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada,
pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito, ya que
se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda
instancia.
En cuanto a la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado
2. Corresponde indicar que: “La legitimidad para obrar, como elemento básico para poder obtener un
pronunciamiento sobre el fondo, es la adecuación correcta de los sujetos que participan en la relación
jurídica sustantiva, a los que van a participar en la relación jurídica procesal. Esta idoneidad es la
conexión lógica entre ambas relaciones es la legitimidad para obrar”1; ésta constituye un medio
procesal del que se vale la demandada en defensa de sus derechos, discrepando de la
1
Documentos de Lectura: Código Procesal Civil de 1992, Poder Judicial, Consejo Ejecutivo, Lima 1993, página diez.
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titularidad que se le imputa en la acción; atendiendo a que intervenir en un proceso,
consiste en ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial lo que lo autoriza
para actuar como demandante o demandado, respectivamente, y para que pueda
considerarse la existencia del mismo, basta la afirmación sustentada en la apariencia de que
se es titular de una relación sustancial, dejando al debate probatorio de fondo, la
acreditación de la referida condición. En tal sentido la legitimidad para obrar o legitimatio
ad causam supone la calidad entre las personas integrantes de la relación jurídica
sustantiva y las partes que conforman la relación jurídica procesal lo que no es
equivalente a la titularidad efectiva del derecho, ya que se determinará con
pronunciamiento de fondo en la sentencia, sobre el derecho pretendido.
3. En caso de autos, la emplazada Pesquera Diamante S.A. sustenta su apelación señalando
que el Aquo que no ha tomado en cuenta que el demandante reclama también la
devolución de la Quinta Categoría como descuento indebido del año 1999 al 2010,
siendo que su representada solo actúa como ente retenedor, por lo que carece de falta de
legitimidad para obrar ante dicho reclamo, el cual debe ser dirigido a la Superintendencia
de Nacional de Administración Tributaria.
4. Conforme se verifica del escrito de demanda2 y del escrito de subsanación de demanda
[68-84] el actor reclama el reintegro de remuneraciones al 18% del año1999 al 2010 en
base a la nivelación FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería
incluyendo el pago de aumento por FONAVI, devolviendo los descuentos por quinta
categoría, así como el reintegro de bonificación de la Ley 29351, vacaciones, CTS,
vacaciones, cuotas de pesca sur, reintegro de bonificación por renuncia voluntaria y el
reintegro de utilidades de los años 1999 a 2010, pues alega que ha laborado para la
demandada en el cargo de Motorista.
5. Al respecto, se debe precisar que teniendo en cuenta que la pretensión del actor se funda
en el reintegro de remuneraciones y reintegro de beneficios sociales, por tanto, existiría
una relación directa entre los sujetos del derecho sustantivo y procesal, ahora si la
demandada tienen responsabilidad o no en el derecho discutido, y si le corresponde a
ésta o no la devolución del impuesto a la renta por quinta categoría que le fue retenido al
actor, ello debe ser materia de análisis al momento de emitir el pronunciamiento de
fondo de la litis, razones por las cuales deben desestimarse los agravios formulados
2 Fojas 59 a 64
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por la demandada, y confirmarse la resolución número cuatro que declara
infundada la citada excepción.
En Cuanto a la Sentencia
6. La demandada señala como agravios que el Aquo no ha tomado en cuenta que todo
trabajador dedicado a la actividad pesquera, por cada faena de pesca, recibe una
participación porcentual sobre la materia prima comercializada el armador, como
producto de dicha pesca, sin tener en cuenta para nada los gastos operativos de la
embarcación, lo cual significa que en la práctica, cada vez que percibe una remuneración
porcentual ya está recibiendo un pago a cuenta de la utilidad que rinde el negocio;
además precisa que el nuevo régimen de participación en las utilidades no es aplicable a
los tripulantes de embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza singular de la
actividad que desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos dentro de un
sistema especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador.
7. Cabe precisar que en la sentencia recurrida se ha amparado únicamente la pretensión de
pago de utilidades del año 2000, y se ha declarado infundada la demanda respecto a los
extremos referidos a reintegro de remuneraciones, reintegro de bonificación
extraordinaria Ley N° 29351, gratificaciones, vacaciones, CTS, reintegro de cuotas de
pesca, reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria, decisión con la que el actor se
habría encontrado conforme al no haber interpuesto recurso de apelación contra la
misma.
8. Es preciso acotar que no se encuentra en discusión la existencia de la relación laboral
entre las partes, lo cual se encuentra acreditado con el Certificado de Trabajo que obra a
fojas 6, y la copia del documento Producción por Beneficiario [fs. 13-21].
9. En cuanto a la carga de la prueba, cabe señalar que en el proceso laboral, la ley establece
en su artículo 27° que: "(…) Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales,
los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo (…)"
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10. Es decir nuestro ordenamiento jurídico exige a cada una de las partes que quien alega un
hecho debe probarlo; sin embargo, ello en el proceso laboral está en función a las labores
propias de cada una de las partes; otorgando una distribución racional y equilibrada de
ésta, que en el caso del empleador debe probar el cumplimiento de sus obligaciones
legales, laborales y las que derivan del contrato de trabajo; y en el caso del trabajador se
encuentra ceñido a probar el vínculo laboral; relación laboral que se encuentra
establecido en lo dispuesto por el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que señala: "(…) En toda prestación personal de servicios
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado
(…)"; presunción que busca equiparar las desigualdades que se presentan en una relación
laboral, y en la cual el empleador tiene mayores posibilidades de acreditar o probar el
tipo, la forma y el tiempo de servicios prestados por cualquier trabajador, carga
probatoria que la doctrina ha denominado inversión de la carga de la prueba.
Respecto a la Participación en las Utilidades
11. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, reconocido por
la Constitución Política del Estado de 1993 en su artículo 29°, se funda en el esfuerzo
diario de aquellos que la ley reconoce como producto del trabajo, entendiéndose a la
empresa como una comunidad de producción que incluye al empleador y a los
trabajadores que en armonía se esfuerzan por producir lo máximo y lo mejor, para luego,
este esfuerzo determinado en utilidades, se distribuya equitativamente a cada uno según
le corresponda; en tal sentido, tanto el Decreto Legislativo N° 677, como el Decreto
Legislativo N° 892, regulan la participación en las utilidades de la empresas que
desarrollen actividades generadoras de Rentas de Tercera categoría y que estén sujetas al
Régimen Laboral de la Actividad Privada, señalando que la participación de los
trabajadores mediante distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual
antes de impuesto.
12. Debe tenerse en consideración que el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, al
regular el cálculo de la distribución de utilidades, señaló por una parte que el 50% de
dicho beneficio sería distribuido en función a los días laborados por cada trabajador,
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados, y el otro 50%
correspondía a las remuneraciones, señalando que dicho porcentaje se distribuirá en
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proporción a las remuneraciones de cada trabajador, dividiéndose dicho monto entre la
suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio
y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. Precisando la indicada norma que: “Se
entiende por remuneración la prevista en los Artículos 39° y 40° del Texto Único Ordenado de la Ley
de Fomento del Empleo”.
13. Asimismo, la ley establece los porcentajes de participación de los trabajadores varían
según la actividad que desarrolla la empresa.
14. Cabe mencionar que a fin de determinar la actividad que realizan las empresas que se
encuentran obligadas a repartir utilidades, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-98-
TR señala que se debe tomar en cuenta la Clasificación Internacional Industrial Uniforme
de las Naciones Unidas (CIIU), salvo que mediante ley se señale algo distinto y en caso
de que una empresa realice más de una actividad, se tomará en cuenta sólo la actividad
principal, entendiéndose por tal aquella que generó mayores ingresos brutos en el
respectivo año.
15. Estando a lo antes mencionado el porcentaje a distribuir de la ganancia se encuentra
determinado por la actividad económica que desarrolla la empresa, siendo así conforme
se establece en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, las empresas pesqueras,
de telecomunicaciones e industriales deben distribuir el 10% de sus rentas netas
anuales.
16. Las normas antes citadas, señalan expresamente que los trabajadores de las empresas
pesqueras tienen derecho a la participación en las utilidades de la empresa, asimismo
establece su forma de cálculo y distribución; asimismo el artículo 7° de la Ley establece
que al momento del pago de la participación en las utilidades, las empresas entregarán a
los trabajadores y ex trabajadores con derecho a este beneficio una liquidación que
precise la forma en que ha sido calculado.
17. De lo expuesto, se colige que dicha norma en ningún extremo establece que el pago de
las utilidades se podrán percibir con el pago de la remuneración mensual como
erróneamente señala la demandada, y ello además no podría ser así, porque dicho
beneficio económico se paga en función a las ganancias o renta neta tributaria que
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obtenga la empresa en cada ejercicio anual, teniendo en cuenta los días laborados y las
remuneraciones percibidas por cada trabajador de la empresa, operación que lógicamente
se realiza culminado el ejercicio anual, a efectos de determinar el monto concreto que le
corresponde a cada trabajador por utilidades, por lo que debe desestimarse el agravio
formulado por la demandada al respecto.
18. En cuanto al agravio que el nuevo régimen de participación en las utilidades no es
aplicable a los tripulantes de embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza
singular de la actividad que desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos
dentro de un sistema especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador; al respecto, como ya ha quedado establecido en los
fundamentos precedentes, los trabajadores de las empresas pesqueras tienen derecho a la
participación en las utilidades de las empresas pesqueras, por exigencia y disposición
legal, por lo que dicha alegación carece de sustento jurídico; además, la propia
demandada ha cumplido con el pago de dicho concepto a favor del actor en distintos
ejercicios económicos, conforme se verifica de la documentación que obra a fojas 170 a
185, por lo que resulta lógico que ahora pretenda desconocer dicha obligación legal,
motivo por el cual debe desestimarse este agravio de la demandada.
19. Así, en el presente proceso la demandada no ha cumplido con acreditar el pago de las
utilidades del año 2000 a favor del actor, pues no ha adjuntado copia de la liquidación de
distribución de dicho ejercicio económico u otra documentación y/o abonos realizados
por dicho concepto, pues a ésta le corresponde la carga de la prueba al respecto,
conforme así lo exige el artículo 27º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636; y habiendo
la demandada obtenido utilidades en dicho periodo, conforme se indica en el Informe
Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL, obrante de fojas 454 a 468, le corresponde al actor el
reintegro de participación de utilidades por dicho periodo en la suma de S/4,090.98
soles como ha sido válidamente determinado y liquidado por el juez de la causa, por lo
que debe confirmarse la sentencia venida en gardo.
DECISIÓN:
Por estos fundamentos y de conformidad con el inciso 2) del artículo 5° de la Ley Procesal
del Trabajo, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú resuelve:
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1. CONFIRMAR la Resolución N° 04, emitida en la Audiencia Única de fecha 14 de
marzo de 2012, de fojas 339 a 342, que declara infundada la Excepción de Falta de
Legitimidad para Obrar del Demandado.
2. CONFIRMAR la Sentencia de fecha 29 de agosto del 2017, fojas 488 a 513, que
declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, se ORDENA que la
demandada PESQUERA DIAMANTE S.A. cumpla con pagar a favor del actor
SEGUNDO RIGOBERTO POLO GUANILO la suma de S/. 4,090.98 (CUATRO
MIL NOVENTA CON 98/100 SOLES), con lo demás que contiene. En los seguidos
sobre Reintegro de Remuneraciones y Otros; y los devolvieron al Juzgado de origen.-
FUENTES LOBATO CASTRO
HIDALGO
GARCIA ROMAN
8 |
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EXPEDIENTE : 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : VELASQUEZ CANO, ROSMEY MATILDE
ESPECIALISTA : GUILLEN ECHEVARRIA, JAVIER
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE ,
DEMANDANTE : POLO GUANILO, SEGUNDO RIGOBERTO
Resolución N° dieciséis (16)
Lima, tres de octubre
Del dos mil diecisiete.
DANDO CUENTA: Advirtiendo de los actuados, que la lectura del
expediente resulta dificultosa dado el volumen de la documentación que obra en el
expediente, por lo que se dispone a fin de facilitar su tramitación APERTURAR EL
TOMO II el cual se inicia con los escritos dado cuenta con la presente resolución.
Dando cuenta del recurso de apelación que antecede presentado por el
demandado: Con la tasa judicial correspondiente; Al principal: ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 364° del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, el recurso de apelación
tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examiné a pedido de parte o
de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, a fin de que sea
anulada o revocada; SEGUNDO: Que, el demandado ha interpuesto recurso de
apelación contra la sentencia N° DOSCIENTOS TREINTA de fecha veintinueve de
agosto del dos mil diecisiete, que declara fundada en parte la demanda, dentro
del término de Ley, fundamentando el agravio y cumpliendo los requisitos
establecidos por los artículos 52° y 53° inciso 1) de la Ley N° 26636 y 364°, 366° y
367° del Código Procesal Civil, SE RESUELVE: CONCEDER LA APELACION
CON EFECTO SUSPENSIVO, debiéndose remitir los autos a la Sala Laboral de
Turno Lima, devuelto sean los cargos de notificación debidamente adheridas por
el asistente judicial. Al único otrosí: Téngase presente. Dando cuenta del escrito
presentado por el demandante con fecha 27.09.2017: Al recurso de apelación se
dispone dar cuenta; ATENDIENDO PRIMERO: Que las normas y formalidades
establecidos en nuestro ordenamiento procesal tiene carácter imperativo conforme
a lo señalado en el artículo noveno del Título Preliminar del C.P.C. SEGUNDO: De
la revisión de los actuados, se aprecia que la pretensión de la demanda supera los
100 URP por lo que corresponde al demandante adjuntar el arancel judicial por
concepto de apelación de sentencia. TERCERO: Que conforme a la Resolución
Administrativa N° 012-2017-CE-PJ, el monto por recurso de apelación de sentencia
es S/. 243.00 soles, y siendo que la parte demandante es quien formula la apelación
le corresponde pagar el 50% de tasa, y a fin de no limitar su derecho a la doble
instancia se resuelve: Declarar INADMISIBLE su recurso, debiendo el demandante
cumplir con adjuntar el pago de la tasa judicial por la suma de S/. 121.50 soles por
concepto de apelación de sentencia; Debiendo cumplir con lo señalado dentro del
término de TRES días bajo apercibimiento de tenerse por no presentado su recurso
de apelación en caso de incumplimiento |
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DÉCIMO SEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO
TRANSITORIO DE LIMA
Expediente N° 10468-2011-
16°
Especialista Legal: Guillén
SENTENCIA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA
Lima, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.-
VISTOS:
Resulta de autos que de fojas 59 a 64 y subsanada de fojas 68 a 84, CARLOS
MARTIN UCHUYA CORREA interpone demanda contra la empresa
PESQUERA DIAMANTE S.A., a efectos que se le pague la suma de
S/.439,203.30 soles por concepto de reintegro de remuneraciones, reintegro de
bonificación Ley N° 29351, reintegro de gratificaciones, reintegro de cese y
CTS, pago de vacaciones truncas, reintegros de las cuotas de pescar del sur,
reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca, pago de utilidades y reintegro de
utilidades, reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria; montos que
solicita conforme a la liquidación efectuada en su escrito de subsanación de
demanda a fojas 70/78, más el pago de intereses legales y compensatorios,
costas y costos del proceso.
El actor sustenta su pretensión en el hecho que trabajó en diferentes
embarcaciones y la última embarcación fue “Polar VI” de propiedad de la
1 demandada, iniciando sus labores desde el 30 de setiembre de 1999 al 09 de
agosto de 2010, además que en su Récord de Pesca otorgado por la Caja de
Beneficios y Seguridad Social del Pescador, se podrá apreciar el tiempo,
tonelaje trabajado y remuneración percibida por el tiempo de pesca.
Que, en contraprestación percibió remuneraciones porcentuales los mismos
que no habrían sido acordes con los precios establecidos por la Sociedad
Nacional de Pescador ni con los porcentajes del 18% por participación de
pesca, sin embargo dicho porcentaje no se encontraría conforme a lo dispuesto
por las Asociaciones Nacionales de Armadores Pesqueros y la Federación de
Pescadores del Perú (FPP), que establecieron por Mutuo Acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40% según
la tonelada métrica prima (harina de pescado), contrariamente la emplazada
procedió desconociendo dicha normatividad legal y convencional pagando
un porcentaje por debajo del 18%.
Que, el Régimen Especial de Remuneración y condiciones de trabajo de los
pescadores industriales, estaría normado por el Decreto Supremo N° 009-76-
TR, que se encuentra vigente a la fecha, pues no existiría dispositivo legal que
lo haya derogado de manera expresa, sino más bien éste habría sido restituido
por el D.S. N° 044-89-TR, constituyendo en la actualidad el único ente
normativo que regula el contrato de trabajo pesquero en toda su integridad
sin distinciones de ninguna índole.
Que, en ese orden de ideas, señala que la actividad pesquera se configura
como un Régimen atípico y remunerativo, donde no se podrá establecer los
términos de duración de una faena pesquera, ni horarios en la prestación de
servicios, resultado del mismo modo, la recepción de una remuneración
variable e indeterminada acorde con su naturaleza y fijado en proporción al
volumen de pesca capturada o descargada, supeditada a factores aleatorios
externos a la producción y/o productividad que le otorgan un método de
2 cálculo o liquidación especial reconocido en Legislación Nacional mediante el
Decreto Supremo N° 009-76-TR y acordado convencionalmente atendiendo a
los usos y costumbres exclusivos de un régimen sustentado en el Riesgo
compartido.
Que, la demandada no habría cumplido con el pago de las utilidades recogido
en las disposiciones del Decreto Legislativo N° 677, Decreto Legislativo N°
892 y Decreto Supremo N° 009-98-TR, los cuales regularían el derecho de los
trabajadores a participar de las utilidades de las empresas que desarrollen
actividades generadoras de rentas de tercera categoría, entre las que se
encontraría la emplazada en el porcentaje del 10% por tratarse de una
empresa pesquera, no habiendo percibido pago alguno por dichos concepto
conforme a los parámetros determinados en nuestra Legislación.
Que, el incremento FONAVI para trabajadores que estaban afectos a la
contribución FONAVI especialmente los del Régimen de la Actividad
Privada, mediante Decreto Legislativo N° 25981, publicado el 23 de diciembre
de 1992, el Gobierno de Alberto Fujimori, publico dicha norma, en cuyo
artículo 2° estableció un incremento de las remuneraciones de los trabajadores
en el 10% de sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, siempre que
su remuneración éste afecta a la contribución FONAVI; que muchas empresas
no habrían otorgado dicho beneficio remunerativo, motivo por el cual el
trabajador que se encuentre afectado por dicha omisión de no haberle
otorgado dicho incremento puede demandar el reintegro de remuneraciones
por incremento FONAVI, el mismo que incidiría en el pago de sus beneficios
sociales.
Que, el Ministerio de la Producción estableció leyes sobre límites máximos de
captura por embarcación establecidos en el Decreto Legislativo N° 1084, su
Reglamento N° 021-2008-PRODUCE, el D.S. N° 007-2011-PRODUCE, decreto
que precisa e incorpora disposiciones al Reglamento del Decreto Legislativo
3 N° 1084, que mediante dichas normas se establecería los parámetros para la
liquidación de la bonificación de renuncia voluntaria, el mismo que en ningún
podría ser inferior al monto de la indemnización especial por despido
arbitrario aplicable a los contratos intermitentes calculada según lo dispuesto
en el D.S. N° 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Competitividad y Productividad Laboral, incrementada en un 50%.
Concluye manifestando que todo lo que tenga que disponer para el
Reglamento normativo del Régimen Remunerativo y Laboral del Sector
Pesquero Industrial, debe efectuarse mediante Leyes Especiales, conforme a lo
dispuesto por el artículo 103° de la Constitución Política del Estado, las
mismas que deberán ser refrendadas por el Ministerio de Trabajo y el
Ministerio de Pesquería – hoy Producción – según lo establece Ley General de
Pesca, porque así es su condición y su estatus jurídico excepcional.
Admitida la demanda y emplazada conforme a Ley, la empresa demandada
deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar y contesta la misma,
según es de verse del escrito de fojas 321 a 355 de autos, negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos.
Señalando que el actor no tendría ningún derecho a ningún reintegro de
remuneración por 22.40% en razón a que por acuerdo de la Asociación de
Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras (AANEP) y el Sindicato
Único de Trabajadores de Nuevas Embarcaciones del Perú, dentro del cual el
actor era afiliado se acordó el pago de sólo el 18% del precio que el armador
percibe por la venta; que durante todo el tiempo de servicios que el actor
habría laborado, han cumplido con efectuar a cabalidad el pago de su
remuneración, no siendo cierto que la suma pagada haya sido reducida en
ninguna forma, ya que se le habría otorgado en estricto cumplimiento a la
4 normatividad vigente, es decir se le abona el 18% del precio que obtienen por
tonelada métrica vendida y descargada.
Que, el D.S. N° 009-76-TR citado por el actor para demandarles el pago del
supuesto reintegro de remuneración por participación de pesca que
supuestamente le adeuda, resultaría aplicable exclusivamente a las Pequeñas
Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEA) y a los pescadores que le
brindan servicios a éstas, que dichas Pequeñas Empresas de Extracción de
Anchoveta (PEEA) se rigen por una regulación especial con características
particulares que las catalogaría como tal, y que estaría por demás ajenas y
distintas a su representada, a sus embarcaciones y a los pescadores que le
brindan servicios.
Asimismo, señalan que a las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta
(PEEA) se originaron en virtud de los Decretos Leyes 21435 y 21558, a
consecuencia de la Reestructuración y Reorganización de la Empresa Nacional
Pesquera S.A. – Pesca Perú, y de la transferencia (Privatización) de la Flota de
esta última en el Sector Privado, que en efecto por Decreto Ley 21558 se
establecieron las regulaciones y requisitos para la formación de las Pequeñas
Empresas de Extracción de Anchovetas, conocidas como PEEA, a efectos de
transferir a éstas la flota de PESCA PERU, que dentro de los requisitos que
debían tener las PEEA, para ser consideradas como tales, y por ello
susceptibles de adquirir las embarcaciones, estaban referidos a tres requisitos
principales, el primero que las embarcaciones que las conformaban provenían
exclusivamente de la privatización de la Flota de PESCA PERU, el segundo
referido a que dichas embarcaciones en su conjunto no podían exceder a una
capacidad de bodega de 690TM y por último que las PEEA debían estar
constituidas bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, que dichas características distinguen notoriamente
a las PEEA con las demás pesqueras, las mismas que coinciden en forma
5 alguna con su empresa, toda vez que las embarcaciones con que cuenta su
empresa habrían sido construidas con posterioridad a dicha normatividad, e
incluso con mucha posterioridad al D.S. N° 009-76-TR, no pudiendo ser del
paquete de embarcaciones de PESCAPERU que fue privatizado, asimismo sus
embarcaciones superan ampliamente la capacidad límite de la bodega
establecida para las PEEA, y siendo que su empresa fueron construidas bajo la
forma societaria de Sociedad Anónima, se verifica rotundamente que su parte
no se encontraría enmarcada dentro de la definición de PEEA y por ello la
norma en análisis no los alcanzaría.
Que en conclusión señalan que al actor no le corresponde reintegro de
remuneración alguna y le resulta de aplicación el Decreto Legislativo N° 757
que ha eliminado el sistema remunerativo privilegiado que tenía parte del
sector pesquero que venía reajustándose automáticamente en forma
exageradamente ascendente por haber estado ligado a la moneda extranjera.
Citadas las partes a Audiencia Única, esta diligencia se llevó a cabo de
acuerdo a los términos del Acta que corre de fojas 364 a 367, acto en el cual
por Resolución N° 04 se declaró infundada la excepción de falta de
legitimidad para obrar del demandado; asimismo se declaró saneado el
proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida, se fijaron los
puntos controvertidos y, actuadas las pruebas ofrecidas por las partes, por lo
que el estado de la causa es la de emitir sentencia; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: CARGA DE LA PRUEBA.- Conforme lo establece el artículo 27º
de la Ley Procesal del Trabajo, corresponde a las partes probar sus
afirmaciones; y esencialmente al trabajador probar la existencia del vínculo
6 laboral, la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad
de la que fuera objeto; y al empleador probar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo y la causa
del despido.
SEGUNDO: MEDIOS PROBATORIOS.- El artículo 197° del Código
Adjetivo, todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma
conjunta, utilizando su apreciación razonada, debiendo expresar en su
resolución las valoraciones esenciales y determinativas que sustentan su
decisión y, teniendo en cuenta que las pruebas en realidad están mezcladas
formando una secuencia integral, un conjunto armonioso y, debiendo ser la
preocupación del Juez reconstruir con base de medios probatorios los hechos
que dan origen al conflicto, las pruebas deberán ser estudiadas en sus
elementos comunes en sus conexiones directas o indirectas, ninguna prueba
deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su
conjunto, dado que sólo teniendo la visión integral de los medios probatorios
se puede sacar conclusiones en busca de la verdad, que es el fin del proceso.
TERCERO: PUNTOS CONTROVERTIDOS.- Como es de verse del
contenido de la demanda y contestación, y la diligencia de Audiencia Única,
constituyen puntos controvertidos del presente proceso: 1) Determinar si le
corresponde o no al actor el reintegro de remuneraciones al 18% del año 1999
al 2010, en base a la nivelación del precio del FOB y precio establecido por la
sociedad nacional de pesquería y PRODUCE incluyendo el pago de aumento
por FONAVI, devolviendo los descuentos por quinta categoría; 2) El monto de
los reintegros de remuneraciones del 18% al 22.40% del año 1999 al 2010 en
base a la nivelación del FOB y precio establecido por la sociedad nacional de
7 pesquería incluyendo el pago de aumento por FONAVI, devolviendo los
descuentos por quinta categoría; 3) El monto por reintegro de bonificación de
la Ley N° 29351, gratificaciones por el periodo de 1999 al 2010; 4) El monto por
reintegro de las vacaciones del año 1999 al 2010; 5) El monto por reintegro de
cese y CTS del año 1999 al 2010; 6) El pago de las vacaciones por el periodo de
1999 al 2010; 7) El monto por reintegro de las cuotas de pesca del sur del años
del 2009 al 2010; 8) El monto por reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los
años 2009 al 2010; 9) El monto por reintegro de utilidades de los años 1999 al
2010; y, finalmente 10) El monto por reintegro de la bonificación por renuncia
voluntaria.
CUARTO: OBSERVACIÓN AL INFORME PERICIAL.- Que, la parte
demandada observa el Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL y anexos de
fojas 480 a 494 señalando como argumentos de su observación: a) Que, el
perito consigna de manera errada los importes abonados de acuerdo al record
de producción que obran en autos; b) Que, el perito ha concluido que
adeudan al actor por concepto de utilidades los años 2000, 2003, 2004, 2005 y
2006, sin embargo no habría demostrado el procedimiento que ha realizada
para llegar a dicha conclusión. Que, al respecto es de señalar que el artículo
36° de la Ley N° 26636 establece que: “La pericia en materia laboral es
esencialmente contable y es practicada por peritos e inspectores judiciales dependientes
de los Juzgados de Trabajo. Su finalidad es presentar al órgano jurisdiccional la
información obtenida de los libros y documentación contable que sirvan para calcular
los montos de los beneficios en litigio”; es por ello, que se aprecia de la revisión
del informe pericial, que se ha establecido la liquidación por participación de
utilidades sobre el posible reintegro a favor del actor por los ejercicios
económicos 2000, 2003, 2004, 2005 y 2006, el mismo que es referencial, y
asimismo guarda relación con la cuestión controvertida del presente proceso,
8 toda vez que coadyuva al cálculo del monto del beneficio en litigio, más aún
se advierte que los mismos no son argumentos válidos para observar el
informe pericial al no haber ofrecido una pericia de parte, dado que lo
señalado se deberá tener en cuenta al momento de resolver la presente litis;
por lo que corresponde desestimar el extremo observado; Por estas
consideraciones expuestas, se declara: INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandada.
QUINTO: RELACIÓN LABORAL.- Que de la revisión de los actuados, se
advierte que no se encuentra en discusión el vínculo laboral existente entre las
partes, el cual se inició conforme lo señala la parte demandante y no ha sido
contradicha por la parte demandada Pesquera Diamante S.A., el 30 de
setiembre de 1999 al 09 de agosto de 2010, en el cargo de 1° Motorista de la
embarcación “Polar IV” y que se corrobora con las boletas de pago a fojas
02/04, Hoja de Liquidación de Bonificación Especial por Renuncia Voluntaria
a fojas 05, Certificado de Trabajo a fojas 06 y el Reporte de Producción emitido
por la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador obrante de fojas 13 a
21. Asimismo, es de precisar que considerando la fusión por absorción de las
empresas Pesquera Polar S.A., Consorcio Malla S.A. y Pesquera Diamante
S.A., vigente a partir del 01 de noviembre del 2007, corresponde señalar que la
Ley General de Sociedades Nº 26887, en su artículo 344° se señala que: “Por la
fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos
prescritos por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas: 1) La fusión de
dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante origina la
extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión
en bloque, y a título universal de sus patrimonios a la nueva sociedad; o, 2) La
absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas.
9 La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los
patrimonios de las absorbidas. En ambos casos los socios o accionistas de las
sociedades que se extinguen por la fusión reciben acciones o participaciones como
accionistas o socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso.”; en
ese sentido, estando a que con la Escritura Pública otorgada por Notario
Público Ricardo José Barba Castro, de Fusión de Sociedades Anónimas,
celebradas entre la Empresa Pesquera Diamante SA., Consorcio Malla S.A.,
Pesquera Polar S.A., Pesquera Atlántico S.R.L., Icapesca S.A., y Pesquera
Lerigi S.A., obrante a fojas 123 a 140, se acredita la fusión por absorción por
parte de la demandada Pesquera Diamante S.A. a la empresa Consorcio Malla
S.A., asumiendo a título universal y en bloque el íntegro de su patrimonio;
hecho jurídico que produce la extinción de la empresa Consorcio Malla S.A.,
al asumir Pesquera Diamante S.A. todo su bloque patrimonial (activo o
pasivo); en tal virtud; le corresponde a Pesquera Diamante S.A. asumir todas
las obligaciones que pudiera haber adquirido la empresa absorbida Consorcio
Malla S.A. con sus trabajadores. Por lo que, siendo materia controvertida en el
presente proceso, determinar si corresponde aplicar la remuneración del actor
en base al 18% y si corresponde se le aplique lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 009-76-TR, respecto al pago de la participación de pesca del 18%
al 22.40%.
SEXTO: ANTECEDENTES NORMATIVOS.- Que conforme lo señala el
artículo 2° del Decreto Ley N° 21558: “La actividad de extracción de anchoveta
será efectuada por empresas que se constituyan al amparo del Decreto Ley 21435 bajo
la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, denominadas
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…)”; asimismo el artículo 1° del
Decreto Supremo N° 009-76-TR, señala: “Por el contrato de trabajo pesquero de los
pescadores anchoveteros al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de
10 Anchoveta, un pescador se obliga a prestar servicios en una embarcación,
interviniendo en las faenas para la extracción de esta especie, actividad eminentemente
de temporada.”; y en su Segunda Disposición Transitoria, señala: “La
participación por tonelada métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13
queda fijada en S/. 280.00 que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá
por la venta de anchoveta a PESCA PERU.”.
SÉTIMO: REINTEGRO DE REMUNERACIONES.- Que siendo que el
demandante reclama que se le ha efectuado un pago diminuto de las
participaciones de pesca abonadas en los años 1999 al 2010 conforme a la
liquidación efectuada en su demanda; que siendo ello así y conforme se
desprende del Informe Pericial N° 0086-6-06-16°-JTL-PJ-JCL y anexos de fojas
385 a 398, el mismo que al ser observado por la parte demandada, se declaró
fundada la observación por Resolución N° 11 a fojas 476/477, comisionándose
al perito adscrito a que elabore un nuevo informe; mandato que fue cumplido
mediante Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL y anexos de fojas 480 a 494, el
mismo que al ser materia observación, fue declarada infundada en la presente
resolución. Es así que, del Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL, en su
contenido se aprecia que el actor ha percibido su remuneración en base al
porcentaje de tonelada métrica del 18%; por lo que siendo ello así deviene en
infundado el extremo reclamado, de reintegro de remuneraciones, respecto al
18% de la participación de pesca.
OCTAVO: Asimismo, respecto a la pretensión de reintegro del 18% al 22.40%
por participación de pesca, en base al precio FOB; ante ello cabe señalar que
conforme se ha determinado en el considerando precedente, el actor desde el
inicio de su relación laboral ha venido percibiendo el porcentaje de tonelada
métrica en 18%; por lo que se debe tener presente que conforme lo señala el
artículo 2° del Decreto Ley N° 21558: “La actividad de extracción de anchoveta
11 será efectuada por empresas que se constituyan al amparo del Decreto Ley 21435 bajo
la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, denominadas
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…)”; asimismo el artículo 1° del
Decreto Supremo N° 009-76-TR, señala: “Por el contrato de trabajo pesquero de los
pescadores anchoveteros al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de
Anchoveta, un pescador se obliga a prestar servicios en una embarcación,
interviniendo en las faenas para la extracción de esta especie, actividad eminentemente
de temporada.”; y en su Segunda Disposición Transitoria, señala: “La
participación por tonelada métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13
queda fijada en S/. 280.00 que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá
por la venta de anchoveta a PESCA PERU.”.
NOVENO: Que, para estos efectos, se debe tomar en cuenta lo dispuesto por
la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República (Casación Nº 723-2002-del Santa) de fecha 25 de junio
de 2003 y del 05 de septiembre del 2003 (Casación Nº 951-2002- del Santa), que
señalan que debe dilucidarse cual es el origen de las embarcaciones donde la
demandante prestó sus servicios, puesto que el Decreto Supremo Nº 009-76-
TR, establece el porcentaje del 22.40% que se dictó para regular las relaciones
laborales entre las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEAS) y
los trabajadores de las Embarcaciones transferidas a esas entidades a tenor de
lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 21558
de fecha 20 de julio de 1976, por lo que dichas embarcaciones se deben regir
por tales normas, mientras que de no estar incluidas dentro de estos
parámetros por diversas causas como modernidad de la embarcación, mayor
capacidad, mejor tecnología, etc., podían estar reguladas por convenios o
pactos.
12 DÉCIMO: Que, de acuerdo a los términos del artículo segundo del Decreto
Ley N° 21558, para ser calificada como una Pequeña Empresa de Extracción
de Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, conforme al Decreto Ley
N° 21435, Ley de la Pequeña Empresa del Sector Privado publicada el 25 de
febrero de 1976; ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no
exceda en su conjunto de seiscientas veinte toneladas métricas; iii) Sus
ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el artículo
tercero del Decreto Ley N° 21435, esto es ochocientos veinte sueldos mínimos
vitales de la Provincia de Lima; y, iv) Dedicarse a su actividad económica sólo
con las embarcaciones y redes transferidas por Pesca Perú salvo autorización
expresa del Ministerio de Economía y Finanzas.
DÉCIMO PRIMERO: Que, además bajo el marco protector y tuitivo del
derecho del trabajo, y con el objeto de regular la relación laboral entre las
pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los trabajadores a su servicio
la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley N° 21558, reservó a un
Reglamento posterior la regulación positiva de tal aspecto que viene a
concretizarse a través del Decreto Supremo N° 009–76–TR, de fecha 21 de julio
de 1976, que al definir la entidad, forma y variables para el cálculo de la
remuneración de dichos trabajadores, señala que la remuneración que
percibirán los pescadores que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta
será una participación por tonelada métrica de pesca descargada que fija en el
22.40% del precio que el armador percibirá por la venta de anchoveta a Pesca
Perú como así aparece de la lectura concordada de su artículo 13° y con su
Segunda Disposición Transitoria.
13 DÉCIMO SEGUNDO: Que, de este modo el Decreto Supremo N° 009–76–TR,
regula en forma exclusiva y excluyente las condiciones de trabajo y
remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transferencia de la flota
pesquera de Pesca Perú, pues como lo reafirma expresamente en su Segunda
Disposición Final, sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas
de extracción de anchoveta y los pescadores, con lo cual queda claro que
cualquier contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con una
empresa que reúna las características previamente delimitadas por el Decreto
Ley N° 21558, quedará fuera de su marco y ámbito de regulación y ello es así
en razón que el hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo
constituyó precisamente la actividad productiva de los pescadores en las
embarcaciones objeto de la transferencia antes invocada; que estando que el
actor reclama el reintegro de su remuneración por participación de pesca,
solicitando que la misma deba calcularse aplicando el porcentaje del 22.40%
que consagra la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo N°
009–76-TR; siendo ello así, corresponde determinar en base a los parámetros
desglosados en líneas precedentes, si la empresa demandada reúne las
características a que hace referencia el Decreto Ley N° 21558 y con ello, si se
encuentra obligada a abonar a favor del actor un porcentaje por participación
de pesca del 22.40%; que de la Ficha RUC de la empresa demandada a fojas
117/121 parte pertinente se desprende que ésta es una Sociedad Anónima, de
lo que se desprende que la demandada no cumple con las características para
ser considerada una PEEA, y por ello no le resulta aplicable lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 009–76-TR.
DÉCIMO TERCERO: Respecto a lo establecido por la Segunda Disposición
Complementaria del Decreto Legislativo N° 757, modificado por el Decreto
14 Ley N° 25541, que se refiere a la prohibición de que los pactos o convenios
colectivos de trabajo contenga sistemas de reajuste automático de
remuneraciones, fijados en función a índices de variación de precios o ser
pactados en moneda extranjera y lo establecido en el artículo 1º del Decreto
Ley N° 25876, que precisó que: ”las disposiciones legales pactos o convenios
colectivos, costumbre, transacciones o pronunciamientos judiciales o administrativos
que establecen sistemas de reajuste automático de remuneraciones de aplicación
colectiva en función a la variación de precios, al valor de moneda extranjera,
remuneración base o cualquier otra de similar naturaleza, sea cual fuera su
denominación, expresión, mecanismo, procedimiento y/o metodología, concluyeron
definitivamente en su aplicación y ejecución el 13 de diciembre de 1991, fecha en que
entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la
actividad privada”; a criterio nuestro no revocan, no extinguen, ni concluyen lo
estipulado por el artículo 13º del Decreto Supremo N° 009-76-TR; pues las
prohibiciones y limitaciones contenidas en los Decretos Legislativos aludidos;
se dictaron en el marco de la política gubernamental para el crecimiento de la
inversión privada, cuyo objetivo era evitar que se continué aplicando el
sistema de reajuste automático de remuneraciones y que las remuneraciones
de los trabajadores dependientes se incrementará en función de factores
externos a la producción como son: los índices generales de variación de
precios establecidos por el INEI, la base del promedio del costo de vida, el
tipo de cambio de la moneda extranjera y otros similares y no estaban
dirigidas a suprimir las diferentes formas de remuneración existentes a esa
fecha, dentro de las cuales una de las más importantes es la que consagra la
participación del trabajador en la producción, reconocida incluso en el artículo
29° de la Constitución Política del Estado de 1993, la que tiene como
expresiones las comisiones laborales y el destajo, cuyo sustento es la
variabilidad de la remuneración sobre la base de la productividad del
15 trabajador, la cual es un factor interno y propio de la relación de trabajo, como
sucedía en el caso de la remuneración del pescador anchovetero, referido en el
artículo 13° del Decreto Supremo N° 009-76-TR, que establece una forma de
participación en la productividad, ya que se determina en función a las
toneladas métricas de pesca descargada y a un porcentaje del precio que se
paga por cada una de ellas; de lo que se infiere que el régimen salarial del
trabajo pesquero no contiene ningún factor de reajuste automático que lo
coloque en las prohibiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 757, ni
en los Decretos Leyes N° 25541 y N° 26876, resultando por tanto inaceptable la
alegación de la abrogación de dicho Decreto Supremo. Conforme a lo
señalado precedentemente ésta Judicatura concluye que no le asiste al actor
el derecho para el pago de la participación en la pesca en el porcentaje
correspondiente al 22.40%, del valor de la venta del producto de la faena;
conclusión que determina implícitamente como consecuencia que los
derechos laborales que le correspondan al actor debe ser calculada en base
al 18%, conforme lo ha venido efectuando la empresa demandada,
deviniendo en infundado el extremo demandado.
DÉCIMO CUARTO: REINTEGRO DE BONIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA LEY N° 29351, GRATIFICACIONES, VACACIONES,
CESE Y CTS.- Que es de verse del petitorio de la demanda y liquidación
correspondiente, que la misma se solicita sobre la base del reintegro del
22.40% del porcentaje de tonelada métrica, y siendo que el mismo se ha
declarado infundado, deviene en infundado también los derechos que de ellos
derivan.
DÉCIMO QUINTO: REINTEGRO DE CUOTAS DE PESCA DEL SUR Y
REINTEGRO DE LA 1° Y 2° CUOTA DE PESCA DE LOS AÑOS 1999 AL
16 2010.- Que la parte demandante solicita el pago por concepto Pesca de
Temporada de Sur y Reintegro de la 1° y 2° Cuota de Pesca de 2009 de los
años 1999 al 2010; sin embargo es de verse de los fundamentos de hecho de la
demanda, que el actor ha omitido señalar los fundamentos fácticos, adjuntar
el dispositivo legal y medios probatorios que sustentan su pretensión, por lo
que deviene en infundado los extremos demandados.
DÉCIMO SEXTO: REINTEGRO DE UTILIDADES.- Que conforme al
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, los trabajadores de las empresas
comprendidas en dicho dispositivo participan en las utilidades de la empresa
mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual
antes de impuestos, asimismo, el artículo 4° de éste dispositivo dispone que la
participación en las utilidades se calculará sobre el saldo de la renta imponible
del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de
ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta, por
consiguiente, de ello se concluye que el dispositivo legal citado hace mención
a un concepto tributario de renta o utilidad, el cual debe ser determinado con
arreglo a las disposiciones legales sobre la materia y con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el país, conforme dispone la Ley
General de Sociedades, más aún, la Ley de Impuesto a la Renta, Decreto
Legislativo N° 774, establece que la base imponible para la participación de
utilidades es la utilidad contable (utilidad neta antes de impuestos y
participaciones) más las adiciones tributarias para determinar la Renta
Imponible menos las deducciones tributarias (diferentes tasas de
depreciación, provisión desvalorización de maquinaria y equipo), es decir,
datos éstos que resultan ser el sustento de los consignados en las
Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta que presentan los empleadores
a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y los cuales, al
17 igual que las Declaraciones, como es lógico, son objeto de verificación por
parte de la entidad señalada a quien le compete su fiscalización.
DÉCIMO SÉTIMO: Estando que la parte demandante, solicita el pago de las
Utilidades por los Ejercicios Económicos 1999 al 2010, para lo cual debe
tenerse presente que conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del
Decreto Legislativo N° 892, es condición primaria para acceder a éste derecho
que la empresa haya obtenido utilidades a ser distribuidas entre sus
trabajadores, ante lo cual, es de verse del Cuadro sobre utilidades contenido
en el Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL a fojas 481 parte pertinente, que
en el período 1999 la empresa demandada obtuvo pérdidas tributarias,
motivo por el cual no hubo parti |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA LABORAL
Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
__________________________________________________________________________
Demandante : Segundo Rigoberto Polo Guanilo
Demandado : Pesquera Diamante S.A.
Materia : Reintegro de Remuneraciones y otros.
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, dos de diciembre el año dos mil diecinueve.-
VISTOS
En Audiencia Pública; con la prórroga de ley, e interviniendo como Juez Superior ponente la
señora Delcy Maricela García Román
ASUNTO
1. Recurso de Apelación interpuesto por la demandada Pesquera Diamante S.A. mediante
escrito que obran a fojas 349 a 351, contra la Resolución N° 04, emitida en la
Audiencia Única de fecha 14 de marzo de 2012, de fojas 339 a 342, que declara
infundada la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado.
2. Recurso de Apelación interpuesto por la demandada Pesquera Diamante S.A. mediante
escrito que obra a fojas 515 a 520, contra la Sentencia de fecha 29 de agosto del 2017,
fojas 488 a 513, que declara fundada en parte la demanda.
Agravios de la Parte Demandada
La demandada expresa los siguientes agravios:
i) Respecto a la Excepción de falta de Legitimidad para Obrar del Demandado,
sostiene que la demandada carece de falta de legitimidad para obrar en el extremo
demandado por el actor respecto a la supuesta devolución de las retenciones de Quinta
Categoría, toda vez que su representada como empleador tenía la obligación de retener el
importe de dicho impuesto para ser pagados a la SUNAT, pues en todo caso el
demandante debería accionar en este extremo contra de la SUNAT quien le bebería
devolver dichas retenciones y no su representada, pues conforme a las normas tributarias
solo actúan como ente retenedor.
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Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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La demandada en cuanto a la Sentencia expresa los siguientes agravios:
i) Sostiene que el Aquo no ha tomado en cuenta que todo trabajador dedicado a la
actividad pesquera, por cada faena de pesca, recibe una participación porcentual sobre la
materia prima comercializada el armador, como producto de dicha pesca, sin tener en
cuenta para nada los gastos operativos de la embarcación, lo cual significa que en la
práctica, cada vez que percibe una remuneración porcentual ya está recibiendo un pago a
cuenta de la utilidad que rinde el negocio.
ii) El nuevo régimen de participación en las utilidades no es aplicable a los tripulantes de
embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza singular de la actividad que
desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos dentro de un sistema
especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del
Pescador.
FUNDAMENTOS
1. Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente a este proceso, establece que en la apelación la competencia del
superior solo alcanza a ésta y a su tramitación. De esta forma, corresponde a este órgano
jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada,
pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito, ya que
se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda
instancia.
En cuanto a la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado
2. Corresponde indicar que: “La legitimidad para obrar, como elemento básico para poder obtener un
pronunciamiento sobre el fondo, es la adecuación correcta de los sujetos que participan en la relación
jurídica sustantiva, a los que van a participar en la relación jurídica procesal. Esta idoneidad es la
conexión lógica entre ambas relaciones es la legitimidad para obrar”1; ésta constituye un medio
procesal del que se vale la demandada en defensa de sus derechos, discrepando de la
1
Documentos de Lectura: Código Procesal Civil de 1992, Poder Judicial, Consejo Ejecutivo, Lima 1993, página diez.
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titularidad que se le imputa en la acción; atendiendo a que intervenir en un proceso,
consiste en ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial lo que lo autoriza
para actuar como demandante o demandado, respectivamente, y para que pueda
considerarse la existencia del mismo, basta la afirmación sustentada en la apariencia de que
se es titular de una relación sustancial, dejando al debate probatorio de fondo, la
acreditación de la referida condición. En tal sentido la legitimidad para obrar o legitimatio
ad causam supone la calidad entre las personas integrantes de la relación jurídica
sustantiva y las partes que conforman la relación jurídica procesal lo que no es
equivalente a la titularidad efectiva del derecho, ya que se determinará con
pronunciamiento de fondo en la sentencia, sobre el derecho pretendido.
3. En caso de autos, la emplazada Pesquera Diamante S.A. sustenta su apelación señalando
que el Aquo que no ha tomado en cuenta que el demandante reclama también la
devolución de la Quinta Categoría como descuento indebido del año 1999 al 2010,
siendo que su representada solo actúa como ente retenedor, por lo que carece de falta de
legitimidad para obrar ante dicho reclamo, el cual debe ser dirigido a la Superintendencia
de Nacional de Administración Tributaria.
4. Conforme se verifica del escrito de demanda2 y del escrito de subsanación de demanda
[68-84] el actor reclama el reintegro de remuneraciones al 18% del año1999 al 2010 en
base a la nivelación FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería
incluyendo el pago de aumento por FONAVI, devolviendo los descuentos por quinta
categoría, así como el reintegro de bonificación de la Ley 29351, vacaciones, CTS,
vacaciones, cuotas de pesca sur, reintegro de bonificación por renuncia voluntaria y el
reintegro de utilidades de los años 1999 a 2010, pues alega que ha laborado para la
demandada en el cargo de Motorista.
5. Al respecto, se debe precisar que teniendo en cuenta que la pretensión del actor se funda
en el reintegro de remuneraciones y reintegro de beneficios sociales, por tanto, existiría
una relación directa entre los sujetos del derecho sustantivo y procesal, ahora si la
demandada tienen responsabilidad o no en el derecho discutido, y si le corresponde a
ésta o no la devolución del impuesto a la renta por quinta categoría que le fue retenido al
actor, ello debe ser materia de análisis al momento de emitir el pronunciamiento de
fondo de la litis, razones por las cuales deben desestimarse los agravios formulados
2 Fojas 59 a 64
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por la demandada, y confirmarse la resolución número cuatro que declara
infundada la citada excepción.
En Cuanto a la Sentencia
6. La demandada señala como agravios que el Aquo no ha tomado en cuenta que todo
trabajador dedicado a la actividad pesquera, por cada faena de pesca, recibe una
participación porcentual sobre la materia prima comercializada el armador, como
producto de dicha pesca, sin tener en cuenta para nada los gastos operativos de la
embarcación, lo cual significa que en la práctica, cada vez que percibe una remuneración
porcentual ya está recibiendo un pago a cuenta de la utilidad que rinde el negocio;
además precisa que el nuevo régimen de participación en las utilidades no es aplicable a
los tripulantes de embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza singular de la
actividad que desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos dentro de un
sistema especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador.
7. Cabe precisar que en la sentencia recurrida se ha amparado únicamente la pretensión de
pago de utilidades del año 2000, y se ha declarado infundada la demanda respecto a los
extremos referidos a reintegro de remuneraciones, reintegro de bonificación
extraordinaria Ley N° 29351, gratificaciones, vacaciones, CTS, reintegro de cuotas de
pesca, reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria, decisión con la que el actor se
habría encontrado conforme al no haber interpuesto recurso de apelación contra la
misma.
8. Es preciso acotar que no se encuentra en discusión la existencia de la relación laboral
entre las partes, lo cual se encuentra acreditado con el Certificado de Trabajo que obra a
fojas 6, y la copia del documento Producción por Beneficiario [fs. 13-21].
9. En cuanto a la carga de la prueba, cabe señalar que en el proceso laboral, la ley establece
en su artículo 27° que: "(…) Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales,
los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo (…)"
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10. Es decir nuestro ordenamiento jurídico exige a cada una de las partes que quien alega un
hecho debe probarlo; sin embargo, ello en el proceso laboral está en función a las labores
propias de cada una de las partes; otorgando una distribución racional y equilibrada de
ésta, que en el caso del empleador debe probar el cumplimiento de sus obligaciones
legales, laborales y las que derivan del contrato de trabajo; y en el caso del trabajador se
encuentra ceñido a probar el vínculo laboral; relación laboral que se encuentra
establecido en lo dispuesto por el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que señala: "(…) En toda prestación personal de servicios
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado
(…)"; presunción que busca equiparar las desigualdades que se presentan en una relación
laboral, y en la cual el empleador tiene mayores posibilidades de acreditar o probar el
tipo, la forma y el tiempo de servicios prestados por cualquier trabajador, carga
probatoria que la doctrina ha denominado inversión de la carga de la prueba.
Respecto a la Participación en las Utilidades
11. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, reconocido por
la Constitución Política del Estado de 1993 en su artículo 29°, se funda en el esfuerzo
diario de aquellos que la ley reconoce como producto del trabajo, entendiéndose a la
empresa como una comunidad de producción que incluye al empleador y a los
trabajadores que en armonía se esfuerzan por producir lo máximo y lo mejor, para luego,
este esfuerzo determinado en utilidades, se distribuya equitativamente a cada uno según
le corresponda; en tal sentido, tanto el Decreto Legislativo N° 677, como el Decreto
Legislativo N° 892, regulan la participación en las utilidades de la empresas que
desarrollen actividades generadoras de Rentas de Tercera categoría y que estén sujetas al
Régimen Laboral de la Actividad Privada, señalando que la participación de los
trabajadores mediante distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual
antes de impuesto.
12. Debe tenerse en consideración que el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, al
regular el cálculo de la distribución de utilidades, señaló por una parte que el 50% de
dicho beneficio sería distribuido en función a los días laborados por cada trabajador,
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados, y el otro 50%
correspondía a las remuneraciones, señalando que dicho porcentaje se distribuirá en
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proporción a las remuneraciones de cada trabajador, dividiéndose dicho monto entre la
suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio
y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. Precisando la indicada norma que: “Se
entiende por remuneración la prevista en los Artículos 39° y 40° del Texto Único Ordenado de la Ley
de Fomento del Empleo”.
13. Asimismo, la ley establece los porcentajes de participación de los trabajadores varían
según la actividad que desarrolla la empresa.
14. Cabe mencionar que a fin de determinar la actividad que realizan las empresas que se
encuentran obligadas a repartir utilidades, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-98-
TR señala que se debe tomar en cuenta la Clasificación Internacional Industrial Uniforme
de las Naciones Unidas (CIIU), salvo que mediante ley se señale algo distinto y en caso
de que una empresa realice más de una actividad, se tomará en cuenta sólo la actividad
principal, entendiéndose por tal aquella que generó mayores ingresos brutos en el
respectivo año.
15. Estando a lo antes mencionado el porcentaje a distribuir de la ganancia se encuentra
determinado por la actividad económica que desarrolla la empresa, siendo así conforme
se establece en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, las empresas pesqueras,
de telecomunicaciones e industriales deben distribuir el 10% de sus rentas netas
anuales.
16. Las normas antes citadas, señalan expresamente que los trabajadores de las empresas
pesqueras tienen derecho a la participación en las utilidades de la empresa, asimismo
establece su forma de cálculo y distribución; asimismo el artículo 7° de la Ley establece
que al momento del pago de la participación en las utilidades, las empresas entregarán a
los trabajadores y ex trabajadores con derecho a este beneficio una liquidación que
precise la forma en que ha sido calculado.
17. De lo expuesto, se colige que dicha norma en ningún extremo establece que el pago de
las utilidades se podrán percibir con el pago de la remuneración mensual como
erróneamente señala la demandada, y ello además no podría ser así, porque dicho
beneficio económico se paga en función a las ganancias o renta neta tributaria que
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obtenga la empresa en cada ejercicio anual, teniendo en cuenta los días laborados y las
remuneraciones percibidas por cada trabajador de la empresa, operación que lógicamente
se realiza culminado el ejercicio anual, a efectos de determinar el monto concreto que le
corresponde a cada trabajador por utilidades, por lo que debe desestimarse el agravio
formulado por la demandada al respecto.
18. En cuanto al agravio que el nuevo régimen de participación en las utilidades no es
aplicable a los tripulantes de embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza
singular de la actividad que desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos
dentro de un sistema especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador; al respecto, como ya ha quedado establecido en los
fundamentos precedentes, los trabajadores de las empresas pesqueras tienen derecho a la
participación en las utilidades de las empresas pesqueras, por exigencia y disposición
legal, por lo que dicha alegación carece de sustento jurídico; además, la propia
demandada ha cumplido con el pago de dicho concepto a favor del actor en distintos
ejercicios económicos, conforme se verifica de la documentación que obra a fojas 170 a
185, por lo que resulta lógico que ahora pretenda desconocer dicha obligación legal,
motivo por el cual debe desestimarse este agravio de la demandada.
19. Así, en el presente proceso la demandada no ha cumplido con acreditar el pago de las
utilidades del año 2000 a favor del actor, pues no ha adjuntado copia de la liquidación de
distribución de dicho ejercicio económico u otra documentación y/o abonos realizados
por dicho concepto, pues a ésta le corresponde la carga de la prueba al respecto,
conforme así lo exige el artículo 27º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636; y habiendo
la demandada obtenido utilidades en dicho periodo, conforme se indica en el Informe
Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL, obrante de fojas 454 a 468, le corresponde al actor el
reintegro de participación de utilidades por dicho periodo en la suma de S/4,090.98
soles como ha sido válidamente determinado y liquidado por el juez de la causa, por lo
que debe confirmarse la sentencia venida en gardo.
DECISIÓN:
Por estos fundamentos y de conformidad con el inciso 2) del artículo 5° de la Ley Procesal
del Trabajo, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú resuelve:
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1. CONFIRMAR la Resolución N° 04, emitida en la Audiencia Única de fecha 14 de
marzo de 2012, de fojas 339 a 342, que declara infundada la Excepción de Falta de
Legitimidad para Obrar del Demandado.
2. CONFIRMAR la Sentencia de fecha 29 de agosto del 2017, fojas 488 a 513, que
declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, se ORDENA que la
demandada PESQUERA DIAMANTE S.A. cumpla con pagar a favor del actor
SEGUNDO RIGOBERTO POLO GUANILO la suma de S/. 4,090.98 (CUATRO
MIL NOVENTA CON 98/100 SOLES), con lo demás que contiene. En los seguidos
sobre Reintegro de Remuneraciones y Otros; y los devolvieron al Juzgado de origen.-
FUENTES LOBATO CASTRO
HIDALGO
GARCIA ROMAN
8 |
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EXPEDIENTE : 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : VELASQUEZ CANO, ROSMEY MATILDE
ESPECIALISTA : GUILLEN ECHEVARRIA, JAVIER
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE ,
DEMANDANTE : POLO GUANILO, SEGUNDO RIGOBERTO
Resolución N° dieciséis (16)
Lima, tres de octubre
Del dos mil diecisiete.
DANDO CUENTA: Advirtiendo de los actuados, que la lectura del
expediente resulta dificultosa dado el volumen de la documentación que obra en el
expediente, por lo que se dispone a fin de facilitar su tramitación APERTURAR EL
TOMO II el cual se inicia con los escritos dado cuenta con la presente resolución.
Dando cuenta del recurso de apelación que antecede presentado por el
demandado: Con la tasa judicial correspondiente; Al principal: ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 364° del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, el recurso de apelación
tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examiné a pedido de parte o
de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, a fin de que sea
anulada o revocada; SEGUNDO: Que, el demandado ha interpuesto recurso de
apelación contra la sentencia N° DOSCIENTOS TREINTA de fecha veintinueve de
agosto del dos mil diecisiete, que declara fundada en parte la demanda, dentro
del término de Ley, fundamentando el agravio y cumpliendo los requisitos
establecidos por los artículos 52° y 53° inciso 1) de la Ley N° 26636 y 364°, 366° y
367° del Código Procesal Civil, SE RESUELVE: CONCEDER LA APELACION
CON EFECTO SUSPENSIVO, debiéndose remitir los autos a la Sala Laboral de
Turno Lima, devuelto sean los cargos de notificación debidamente adheridas por
el asistente judicial. Al único otrosí: Téngase presente. Dando cuenta del escrito
presentado por el demandante con fecha 27.09.2017: Al recurso de apelación se
dispone dar cuenta; ATENDIENDO PRIMERO: Que las normas y formalidades
establecidos en nuestro ordenamiento procesal tiene carácter imperativo conforme
a lo señalado en el artículo noveno del Título Preliminar del C.P.C. SEGUNDO: De
la revisión de los actuados, se aprecia que la pretensión de la demanda supera los
100 URP por lo que corresponde al demandante adjuntar el arancel judicial por
concepto de apelación de sentencia. TERCERO: Que conforme a la Resolución
Administrativa N° 012-2017-CE-PJ, el monto por recurso de apelación de sentencia
es S/. 243.00 soles, y siendo que la parte demandante es quien formula la apelación
le corresponde pagar el 50% de tasa, y a fin de no limitar su derecho a la doble
instancia se resuelve: Declarar INADMISIBLE su recurso, debiendo el demandante
cumplir con adjuntar el pago de la tasa judicial por la suma de S/. 121.50 soles por
concepto de apelación de sentencia; Debiendo cumplir con lo señalado dentro del
término de TRES días bajo apercibimiento de tenerse por no presentado su recurso
de apelación en caso de incumplimiento |
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DÉCIMO SEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO
TRANSITORIO DE LIMA
Expediente N° 10468-2011-
16°
Especialista Legal: Guillén
SENTENCIA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA
Lima, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.-
VISTOS:
Resulta de autos que de fojas 59 a 64 y subsanada de fojas 68 a 84, CARLOS
MARTIN UCHUYA CORREA interpone demanda contra la empresa
PESQUERA DIAMANTE S.A., a efectos que se le pague la suma de
S/.439,203.30 soles por concepto de reintegro de remuneraciones, reintegro de
bonificación Ley N° 29351, reintegro de gratificaciones, reintegro de cese y
CTS, pago de vacaciones truncas, reintegros de las cuotas de pescar del sur,
reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca, pago de utilidades y reintegro de
utilidades, reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria; montos que
solicita conforme a la liquidación efectuada en su escrito de subsanación de
demanda a fojas 70/78, más el pago de intereses legales y compensatorios,
costas y costos del proceso.
El actor sustenta su pretensión en el hecho que trabajó en diferentes
embarcaciones y la última embarcación fue “Polar VI” de propiedad de la
1 demandada, iniciando sus labores desde el 30 de setiembre de 1999 al 09 de
agosto de 2010, además que en su Récord de Pesca otorgado por la Caja de
Beneficios y Seguridad Social del Pescador, se podrá apreciar el tiempo,
tonelaje trabajado y remuneración percibida por el tiempo de pesca.
Que, en contraprestación percibió remuneraciones porcentuales los mismos
que no habrían sido acordes con los precios establecidos por la Sociedad
Nacional de Pescador ni con los porcentajes del 18% por participación de
pesca, sin embargo dicho porcentaje no se encontraría conforme a lo dispuesto
por las Asociaciones Nacionales de Armadores Pesqueros y la Federación de
Pescadores del Perú (FPP), que establecieron por Mutuo Acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40% según
la tonelada métrica prima (harina de pescado), contrariamente la emplazada
procedió desconociendo dicha normatividad legal y convencional pagando
un porcentaje por debajo del 18%.
Que, el Régimen Especial de Remuneración y condiciones de trabajo de los
pescadores industriales, estaría normado por el Decreto Supremo N° 009-76-
TR, que se encuentra vigente a la fecha, pues no existiría dispositivo legal que
lo haya derogado de manera expresa, sino más bien éste habría sido restituido
por el D.S. N° 044-89-TR, constituyendo en la actualidad el único ente
normativo que regula el contrato de trabajo pesquero en toda su integridad
sin distinciones de ninguna índole.
Que, en ese orden de ideas, señala que la actividad pesquera se configura
como un Régimen atípico y remunerativo, donde no se podrá establecer los
términos de duración de una faena pesquera, ni horarios en la prestación de
servicios, resultado del mismo modo, la recepción de una remuneración
variable e indeterminada acorde con su naturaleza y fijado en proporción al
volumen de pesca capturada o descargada, supeditada a factores aleatorios
externos a la producción y/o productividad que le otorgan un método de
2 cálculo o liquidación especial reconocido en Legislación Nacional mediante el
Decreto Supremo N° 009-76-TR y acordado convencionalmente atendiendo a
los usos y costumbres exclusivos de un régimen sustentado en el Riesgo
compartido.
Que, la demandada no habría cumplido con el pago de las utilidades recogido
en las disposiciones del Decreto Legislativo N° 677, Decreto Legislativo N°
892 y Decreto Supremo N° 009-98-TR, los cuales regularían el derecho de los
trabajadores a participar de las utilidades de las empresas que desarrollen
actividades generadoras de rentas de tercera categoría, entre las que se
encontraría la emplazada en el porcentaje del 10% por tratarse de una
empresa pesquera, no habiendo percibido pago alguno por dichos concepto
conforme a los parámetros determinados en nuestra Legislación.
Que, el incremento FONAVI para trabajadores que estaban afectos a la
contribución FONAVI especialmente los del Régimen de la Actividad
Privada, mediante Decreto Legislativo N° 25981, publicado el 23 de diciembre
de 1992, el Gobierno de Alberto Fujimori, publico dicha norma, en cuyo
artículo 2° estableció un incremento de las remuneraciones de los trabajadores
en el 10% de sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, siempre que
su remuneración éste afecta a la contribución FONAVI; que muchas empresas
no habrían otorgado dicho beneficio remunerativo, motivo por el cual el
trabajador que se encuentre afectado por dicha omisión de no haberle
otorgado dicho incremento puede demandar el reintegro de remuneraciones
por incremento FONAVI, el mismo que incidiría en el pago de sus beneficios
sociales.
Que, el Ministerio de la Producción estableció leyes sobre límites máximos de
captura por embarcación establecidos en el Decreto Legislativo N° 1084, su
Reglamento N° 021-2008-PRODUCE, el D.S. N° 007-2011-PRODUCE, decreto
que precisa e incorpora disposiciones al Reglamento del Decreto Legislativo
3 N° 1084, que mediante dichas normas se establecería los parámetros para la
liquidación de la bonificación de renuncia voluntaria, el mismo que en ningún
podría ser inferior al monto de la indemnización especial por despido
arbitrario aplicable a los contratos intermitentes calculada según lo dispuesto
en el D.S. N° 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Competitividad y Productividad Laboral, incrementada en un 50%.
Concluye manifestando que todo lo que tenga que disponer para el
Reglamento normativo del Régimen Remunerativo y Laboral del Sector
Pesquero Industrial, debe efectuarse mediante Leyes Especiales, conforme a lo
dispuesto por el artículo 103° de la Constitución Política del Estado, las
mismas que deberán ser refrendadas por el Ministerio de Trabajo y el
Ministerio de Pesquería – hoy Producción – según lo establece Ley General de
Pesca, porque así es su condición y su estatus jurídico excepcional.
Admitida la demanda y emplazada conforme a Ley, la empresa demandada
deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar y contesta la misma,
según es de verse del escrito de fojas 321 a 355 de autos, negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos.
Señalando que el actor no tendría ningún derecho a ningún reintegro de
remuneración por 22.40% en razón a que por acuerdo de la Asociación de
Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras (AANEP) y el Sindicato
Único de Trabajadores de Nuevas Embarcaciones del Perú, dentro del cual el
actor era afiliado se acordó el pago de sólo el 18% del precio que el armador
percibe por la venta; que durante todo el tiempo de servicios que el actor
habría laborado, han cumplido con efectuar a cabalidad el pago de su
remuneración, no siendo cierto que la suma pagada haya sido reducida en
ninguna forma, ya que se le habría otorgado en estricto cumplimiento a la
4 normatividad vigente, es decir se le abona el 18% del precio que obtienen por
tonelada métrica vendida y descargada.
Que, el D.S. N° 009-76-TR citado por el actor para demandarles el pago del
supuesto reintegro de remuneración por participación de pesca que
supuestamente le adeuda, resultaría aplicable exclusivamente a las Pequeñas
Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEA) y a los pescadores que le
brindan servicios a éstas, que dichas Pequeñas Empresas de Extracción de
Anchoveta (PEEA) se rigen por una regulación especial con características
particulares que las catalogaría como tal, y que estaría por demás ajenas y
distintas a su representada, a sus embarcaciones y a los pescadores que le
brindan servicios.
Asimismo, señalan que a las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta
(PEEA) se originaron en virtud de los Decretos Leyes 21435 y 21558, a
consecuencia de la Reestructuración y Reorganización de la Empresa Nacional
Pesquera S.A. – Pesca Perú, y de la transferencia (Privatización) de la Flota de
esta última en el Sector Privado, que en efecto por Decreto Ley 21558 se
establecieron las regulaciones y requisitos para la formación de las Pequeñas
Empresas de Extracción de Anchovetas, conocidas como PEEA, a efectos de
transferir a éstas la flota de PESCA PERU, que dentro de los requisitos que
debían tener las PEEA, para ser consideradas como tales, y por ello
susceptibles de adquirir las embarcaciones, estaban referidos a tres requisitos
principales, el primero que las embarcaciones que las conformaban provenían
exclusivamente de la privatización de la Flota de PESCA PERU, el segundo
referido a que dichas embarcaciones en su conjunto no podían exceder a una
capacidad de bodega de 690TM y por último que las PEEA debían estar
constituidas bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, que dichas características distinguen notoriamente
a las PEEA con las demás pesqueras, las mismas que coinciden en forma
5 alguna con su empresa, toda vez que las embarcaciones con que cuenta su
empresa habrían sido construidas con posterioridad a dicha normatividad, e
incluso con mucha posterioridad al D.S. N° 009-76-TR, no pudiendo ser del
paquete de embarcaciones de PESCAPERU que fue privatizado, asimismo sus
embarcaciones superan ampliamente la capacidad límite de la bodega
establecida para las PEEA, y siendo que su empresa fueron construidas bajo la
forma societaria de Sociedad Anónima, se verifica rotundamente que su parte
no se encontraría enmarcada dentro de la definición de PEEA y por ello la
norma en análisis no los alcanzaría.
Que en conclusión señalan que al actor no le corresponde reintegro de
remuneración alguna y le resulta de aplicación el Decreto Legislativo N° 757
que ha eliminado el sistema remunerativo privilegiado que tenía parte del
sector pesquero que venía reajustándose automáticamente en forma
exageradamente ascendente por haber estado ligado a la moneda extranjera.
Citadas las partes a Audiencia Única, esta diligencia se llevó a cabo de
acuerdo a los términos del Acta que corre de fojas 364 a 367, acto en el cual
por Resolución N° 04 se declaró infundada la excepción de falta de
legitimidad para obrar del demandado; asimismo se declaró saneado el
proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida, se fijaron los
puntos controvertidos y, actuadas las pruebas ofrecidas por las partes, por lo
que el estado de la causa es la de emitir sentencia; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: CARGA DE LA PRUEBA.- Conforme lo establece el artículo 27º
de la Ley Procesal del Trabajo, corresponde a las partes probar sus
afirmaciones; y esencialmente al trabajador probar la existencia del vínculo
6 laboral, la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad
de la que fuera objeto; y al empleador probar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo y la causa
del despido.
SEGUNDO: MEDIOS PROBATORIOS.- El artículo 197° del Código
Adjetivo, todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma
conjunta, utilizando su apreciación razonada, debiendo expresar en su
resolución las valoraciones esenciales y determinativas que sustentan su
decisión y, teniendo en cuenta que las pruebas en realidad están mezcladas
formando una secuencia integral, un conjunto armonioso y, debiendo ser la
preocupación del Juez reconstruir con base de medios probatorios los hechos
que dan origen al conflicto, las pruebas deberán ser estudiadas en sus
elementos comunes en sus conexiones directas o indirectas, ninguna prueba
deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su
conjunto, dado que sólo teniendo la visión integral de los medios probatorios
se puede sacar conclusiones en busca de la verdad, que es el fin del proceso.
TERCERO: PUNTOS CONTROVERTIDOS.- Como es de verse del
contenido de la demanda y contestación, y la diligencia de Audiencia Única,
constituyen puntos controvertidos del presente proceso: 1) Determinar si le
corresponde o no al actor el reintegro de remuneraciones al 18% del año 1999
al 2010, en base a la nivelación del precio del FOB y precio establecido por la
sociedad nacional de pesquería y PRODUCE incluyendo el pago de aumento
por FONAVI, devolviendo los descuentos por quinta categoría; 2) El monto de
los reintegros de remuneraciones del 18% al 22.40% del año 1999 al 2010 en
base a la nivelación del FOB y precio establecido por la sociedad nacional de
7 pesquería incluyendo el pago de aumento por FONAVI, devolviendo los
descuentos por quinta categoría; 3) El monto por reintegro de bonificación de
la Ley N° 29351, gratificaciones por el periodo de 1999 al 2010; 4) El monto por
reintegro de las vacaciones del año 1999 al 2010; 5) El monto por reintegro de
cese y CTS del año 1999 al 2010; 6) El pago de las vacaciones por el periodo de
1999 al 2010; 7) El monto por reintegro de las cuotas de pesca del sur del años
del 2009 al 2010; 8) El monto por reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los
años 2009 al 2010; 9) El monto por reintegro de utilidades de los años 1999 al
2010; y, finalmente 10) El monto por reintegro de la bonificación por renuncia
voluntaria.
CUARTO: OBSERVACIÓN AL INFORME PERICIAL.- Que, la parte
demandada observa el Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL y anexos de
fojas 480 a 494 señalando como argumentos de su observación: a) Que, el
perito consigna de manera errada los importes abonados de acuerdo al record
de producción que obran en autos; b) Que, el perito ha concluido que
adeudan al actor por concepto de utilidades los años 2000, 2003, 2004, 2005 y
2006, sin embargo no habría demostrado el procedimiento que ha realizada
para llegar a dicha conclusión. Que, al respecto es de señalar que el artículo
36° de la Ley N° 26636 establece que: “La pericia en materia laboral es
esencialmente contable y es practicada por peritos e inspectores judiciales dependientes
de los Juzgados de Trabajo. Su finalidad es presentar al órgano jurisdiccional la
información obtenida de los libros y documentación contable que sirvan para calcular
los montos de los beneficios en litigio”; es por ello, que se aprecia de la revisión
del informe pericial, que se ha establecido la liquidación por participación de
utilidades sobre el posible reintegro a favor del actor por los ejercicios
económicos 2000, 2003, 2004, 2005 y 2006, el mismo que es referencial, y
asimismo guarda relación con la cuestión controvertida del presente proceso,
8 toda vez que coadyuva al cálculo del monto del beneficio en litigio, más aún
se advierte que los mismos no son argumentos válidos para observar el
informe pericial al no haber ofrecido una pericia de parte, dado que lo
señalado se deberá tener en cuenta al momento de resolver la presente litis;
por lo que corresponde desestimar el extremo observado; Por estas
consideraciones expuestas, se declara: INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandada.
QUINTO: RELACIÓN LABORAL.- Que de la revisión de los actuados, se
advierte que no se encuentra en discusión el vínculo laboral existente entre las
partes, el cual se inició conforme lo señala la parte demandante y no ha sido
contradicha por la parte demandada Pesquera Diamante S.A., el 30 de
setiembre de 1999 al 09 de agosto de 2010, en el cargo de 1° Motorista de la
embarcación “Polar IV” y que se corrobora con las boletas de pago a fojas
02/04, Hoja de Liquidación de Bonificación Especial por Renuncia Voluntaria
a fojas 05, Certificado de Trabajo a fojas 06 y el Reporte de Producción emitido
por la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador obrante de fojas 13 a
21. Asimismo, es de precisar que considerando la fusión por absorción de las
empresas Pesquera Polar S.A., Consorcio Malla S.A. y Pesquera Diamante
S.A., vigente a partir del 01 de noviembre del 2007, corresponde señalar que la
Ley General de Sociedades Nº 26887, en su artículo 344° se señala que: “Por la
fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos
prescritos por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas: 1) La fusión de
dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante origina la
extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión
en bloque, y a título universal de sus patrimonios a la nueva sociedad; o, 2) La
absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas.
9 La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los
patrimonios de las absorbidas. En ambos casos los socios o accionistas de las
sociedades que se extinguen por la fusión reciben acciones o participaciones como
accionistas o socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso.”; en
ese sentido, estando a que con la Escritura Pública otorgada por Notario
Público Ricardo José Barba Castro, de Fusión de Sociedades Anónimas,
celebradas entre la Empresa Pesquera Diamante SA., Consorcio Malla S.A.,
Pesquera Polar S.A., Pesquera Atlántico S.R.L., Icapesca S.A., y Pesquera
Lerigi S.A., obrante a fojas 123 a 140, se acredita la fusión por absorción por
parte de la demandada Pesquera Diamante S.A. a la empresa Consorcio Malla
S.A., asumiendo a título universal y en bloque el íntegro de su patrimonio;
hecho jurídico que produce la extinción de la empresa Consorcio Malla S.A.,
al asumir Pesquera Diamante S.A. todo su bloque patrimonial (activo o
pasivo); en tal virtud; le corresponde a Pesquera Diamante S.A. asumir todas
las obligaciones que pudiera haber adquirido la empresa absorbida Consorcio
Malla S.A. con sus trabajadores. Por lo que, siendo materia controvertida en el
presente proceso, determinar si corresponde aplicar la remuneración del actor
en base al 18% y si corresponde se le aplique lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 009-76-TR, respecto al pago de la participación de pesca del 18%
al 22.40%.
SEXTO: ANTECEDENTES NORMATIVOS.- Que conforme lo señala el
artículo 2° del Decreto Ley N° 21558: “La actividad de extracción de anchoveta
será efectuada por empresas que se constituyan al amparo del Decreto Ley 21435 bajo
la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, denominadas
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…)”; asimismo el artículo 1° del
Decreto Supremo N° 009-76-TR, señala: “Por el contrato de trabajo pesquero de los
pescadores anchoveteros al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de
10 Anchoveta, un pescador se obliga a prestar servicios en una embarcación,
interviniendo en las faenas para la extracción de esta especie, actividad eminentemente
de temporada.”; y en su Segunda Disposición Transitoria, señala: “La
participación por tonelada métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13
queda fijada en S/. 280.00 que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá
por la venta de anchoveta a PESCA PERU.”.
SÉTIMO: REINTEGRO DE REMUNERACIONES.- Que siendo que el
demandante reclama que se le ha efectuado un pago diminuto de las
participaciones de pesca abonadas en los años 1999 al 2010 conforme a la
liquidación efectuada en su demanda; que siendo ello así y conforme se
desprende del Informe Pericial N° 0086-6-06-16°-JTL-PJ-JCL y anexos de fojas
385 a 398, el mismo que al ser observado por la parte demandada, se declaró
fundada la observación por Resolución N° 11 a fojas 476/477, comisionándose
al perito adscrito a que elabore un nuevo informe; mandato que fue cumplido
mediante Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL y anexos de fojas 480 a 494, el
mismo que al ser materia observación, fue declarada infundada en la presente
resolución. Es así que, del Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL, en su
contenido se aprecia que el actor ha percibido su remuneración en base al
porcentaje de tonelada métrica del 18%; por lo que siendo ello así deviene en
infundado el extremo reclamado, de reintegro de remuneraciones, respecto al
18% de la participación de pesca.
OCTAVO: Asimismo, respecto a la pretensión de reintegro del 18% al 22.40%
por participación de pesca, en base al precio FOB; ante ello cabe señalar que
conforme se ha determinado en el considerando precedente, el actor desde el
inicio de su relación laboral ha venido percibiendo el porcentaje de tonelada
métrica en 18%; por lo que se debe tener presente que conforme lo señala el
artículo 2° del Decreto Ley N° 21558: “La actividad de extracción de anchoveta
11 será efectuada por empresas que se constituyan al amparo del Decreto Ley 21435 bajo
la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, denominadas
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…)”; asimismo el artículo 1° del
Decreto Supremo N° 009-76-TR, señala: “Por el contrato de trabajo pesquero de los
pescadores anchoveteros al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de
Anchoveta, un pescador se obliga a prestar servicios en una embarcación,
interviniendo en las faenas para la extracción de esta especie, actividad eminentemente
de temporada.”; y en su Segunda Disposición Transitoria, señala: “La
participación por tonelada métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13
queda fijada en S/. 280.00 que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá
por la venta de anchoveta a PESCA PERU.”.
NOVENO: Que, para estos efectos, se debe tomar en cuenta lo dispuesto por
la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República (Casación Nº 723-2002-del Santa) de fecha 25 de junio
de 2003 y del 05 de septiembre del 2003 (Casación Nº 951-2002- del Santa), que
señalan que debe dilucidarse cual es el origen de las embarcaciones donde la
demandante prestó sus servicios, puesto que el Decreto Supremo Nº 009-76-
TR, establece el porcentaje del 22.40% que se dictó para regular las relaciones
laborales entre las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEAS) y
los trabajadores de las Embarcaciones transferidas a esas entidades a tenor de
lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 21558
de fecha 20 de julio de 1976, por lo que dichas embarcaciones se deben regir
por tales normas, mientras que de no estar incluidas dentro de estos
parámetros por diversas causas como modernidad de la embarcación, mayor
capacidad, mejor tecnología, etc., podían estar reguladas por convenios o
pactos.
12 DÉCIMO: Que, de acuerdo a los términos del artículo segundo del Decreto
Ley N° 21558, para ser calificada como una Pequeña Empresa de Extracción
de Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, conforme al Decreto Ley
N° 21435, Ley de la Pequeña Empresa del Sector Privado publicada el 25 de
febrero de 1976; ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no
exceda en su conjunto de seiscientas veinte toneladas métricas; iii) Sus
ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el artículo
tercero del Decreto Ley N° 21435, esto es ochocientos veinte sueldos mínimos
vitales de la Provincia de Lima; y, iv) Dedicarse a su actividad económica sólo
con las embarcaciones y redes transferidas por Pesca Perú salvo autorización
expresa del Ministerio de Economía y Finanzas.
DÉCIMO PRIMERO: Que, además bajo el marco protector y tuitivo del
derecho del trabajo, y con el objeto de regular la relación laboral entre las
pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los trabajadores a su servicio
la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley N° 21558, reservó a un
Reglamento posterior la regulación positiva de tal aspecto que viene a
concretizarse a través del Decreto Supremo N° 009–76–TR, de fecha 21 de julio
de 1976, que al definir la entidad, forma y variables para el cálculo de la
remuneración de dichos trabajadores, señala que la remuneración que
percibirán los pescadores que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta
será una participación por tonelada métrica de pesca descargada que fija en el
22.40% del precio que el armador percibirá por la venta de anchoveta a Pesca
Perú como así aparece de la lectura concordada de su artículo 13° y con su
Segunda Disposición Transitoria.
13 DÉCIMO SEGUNDO: Que, de este modo el Decreto Supremo N° 009–76–TR,
regula en forma exclusiva y excluyente las condiciones de trabajo y
remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transferencia de la flota
pesquera de Pesca Perú, pues como lo reafirma expresamente en su Segunda
Disposición Final, sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas
de extracción de anchoveta y los pescadores, con lo cual queda claro que
cualquier contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con una
empresa que reúna las características previamente delimitadas por el Decreto
Ley N° 21558, quedará fuera de su marco y ámbito de regulación y ello es así
en razón que el hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo
constituyó precisamente la actividad productiva de los pescadores en las
embarcaciones objeto de la transferencia antes invocada; que estando que el
actor reclama el reintegro de su remuneración por participación de pesca,
solicitando que la misma deba calcularse aplicando el porcentaje del 22.40%
que consagra la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo N°
009–76-TR; siendo ello así, corresponde determinar en base a los parámetros
desglosados en líneas precedentes, si la empresa demandada reúne las
características a que hace referencia el Decreto Ley N° 21558 y con ello, si se
encuentra obligada a abonar a favor del actor un porcentaje por participación
de pesca del 22.40%; que de la Ficha RUC de la empresa demandada a fojas
117/121 parte pertinente se desprende que ésta es una Sociedad Anónima, de
lo que se desprende que la demandada no cumple con las características para
ser considerada una PEEA, y por ello no le resulta aplicable lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 009–76-TR.
DÉCIMO TERCERO: Respecto a lo establecido por la Segunda Disposición
Complementaria del Decreto Legislativo N° 757, modificado por el Decreto
14 Ley N° 25541, que se refiere a la prohibición de que los pactos o convenios
colectivos de trabajo contenga sistemas de reajuste automático de
remuneraciones, fijados en función a índices de variación de precios o ser
pactados en moneda extranjera y lo establecido en el artículo 1º del Decreto
Ley N° 25876, que precisó que: ”las disposiciones legales pactos o convenios
colectivos, costumbre, transacciones o pronunciamientos judiciales o administrativos
que establecen sistemas de reajuste automático de remuneraciones de aplicación
colectiva en función a la variación de precios, al valor de moneda extranjera,
remuneración base o cualquier otra de similar naturaleza, sea cual fuera su
denominación, expresión, mecanismo, procedimiento y/o metodología, concluyeron
definitivamente en su aplicación y ejecución el 13 de diciembre de 1991, fecha en que
entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la
actividad privada”; a criterio nuestro no revocan, no extinguen, ni concluyen lo
estipulado por el artículo 13º del Decreto Supremo N° 009-76-TR; pues las
prohibiciones y limitaciones contenidas en los Decretos Legislativos aludidos;
se dictaron en el marco de la política gubernamental para el crecimiento de la
inversión privada, cuyo objetivo era evitar que se continué aplicando el
sistema de reajuste automático de remuneraciones y que las remuneraciones
de los trabajadores dependientes se incrementará en función de factores
externos a la producción como son: los índices generales de variación de
precios establecidos por el INEI, la base del promedio del costo de vida, el
tipo de cambio de la moneda extranjera y otros similares y no estaban
dirigidas a suprimir las diferentes formas de remuneración existentes a esa
fecha, dentro de las cuales una de las más importantes es la que consagra la
participación del trabajador en la producción, reconocida incluso en el artículo
29° de la Constitución Política del Estado de 1993, la que tiene como
expresiones las comisiones laborales y el destajo, cuyo sustento es la
variabilidad de la remuneración sobre la base de la productividad del
15 trabajador, la cual es un factor interno y propio de la relación de trabajo, como
sucedía en el caso de la remuneración del pescador anchovetero, referido en el
artículo 13° del Decreto Supremo N° 009-76-TR, que establece una forma de
participación en la productividad, ya que se determina en función a las
toneladas métricas de pesca descargada y a un porcentaje del precio que se
paga por cada una de ellas; de lo que se infiere que el régimen salarial del
trabajo pesquero no contiene ningún factor de reajuste automático que lo
coloque en las prohibiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 757, ni
en los Decretos Leyes N° 25541 y N° 26876, resultando por tanto inaceptable la
alegación de la abrogación de dicho Decreto Supremo. Conforme a lo
señalado precedentemente ésta Judicatura concluye que no le asiste al actor
el derecho para el pago de la participación en la pesca en el porcentaje
correspondiente al 22.40%, del valor de la venta del producto de la faena;
conclusión que determina implícitamente como consecuencia que los
derechos laborales que le correspondan al actor debe ser calculada en base
al 18%, conforme lo ha venido efectuando la empresa demandada,
deviniendo en infundado el extremo demandado.
DÉCIMO CUARTO: REINTEGRO DE BONIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA LEY N° 29351, GRATIFICACIONES, VACACIONES,
CESE Y CTS.- Que es de verse del petitorio de la demanda y liquidación
correspondiente, que la misma se solicita sobre la base del reintegro del
22.40% del porcentaje de tonelada métrica, y siendo que el mismo se ha
declarado infundado, deviene en infundado también los derechos que de ellos
derivan.
DÉCIMO QUINTO: REINTEGRO DE CUOTAS DE PESCA DEL SUR Y
REINTEGRO DE LA 1° Y 2° CUOTA DE PESCA DE LOS AÑOS 1999 AL
16 2010.- Que la parte demandante solicita el pago por concepto Pesca de
Temporada de Sur y Reintegro de la 1° y 2° Cuota de Pesca de 2009 de los
años 1999 al 2010; sin embargo es de verse de los fundamentos de hecho de la
demanda, que el actor ha omitido señalar los fundamentos fácticos, adjuntar
el dispositivo legal y medios probatorios que sustentan su pretensión, por lo
que deviene en infundado los extremos demandados.
DÉCIMO SEXTO: REINTEGRO DE UTILIDADES.- Que conforme al
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, los trabajadores de las empresas
comprendidas en dicho dispositivo participan en las utilidades de la empresa
mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual
antes de impuestos, asimismo, el artículo 4° de éste dispositivo dispone que la
participación en las utilidades se calculará sobre el saldo de la renta imponible
del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de
ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta, por
consiguiente, de ello se concluye que el dispositivo legal citado hace mención
a un concepto tributario de renta o utilidad, el cual debe ser determinado con
arreglo a las disposiciones legales sobre la materia y con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el país, conforme dispone la Ley
General de Sociedades, más aún, la Ley de Impuesto a la Renta, Decreto
Legislativo N° 774, establece que la base imponible para la participación de
utilidades es la utilidad contable (utilidad neta antes de impuestos y
participaciones) más las adiciones tributarias para determinar la Renta
Imponible menos las deducciones tributarias (diferentes tasas de
depreciación, provisión desvalorización de maquinaria y equipo), es decir,
datos éstos que resultan ser el sustento de los consignados en las
Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta que presentan los empleadores
a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y los cuales, al
17 igual que las Declaraciones, como es lógico, son objeto de verificación por
parte de la entidad señalada a quien le compete su fiscalización.
DÉCIMO SÉTIMO: Estando que la parte demandante, solicita el pago de las
Utilidades por los Ejercicios Económicos 1999 al 2010, para lo cual debe
tenerse presente que conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del
Decreto Legislativo N° 892, es condición primaria para acceder a éste derecho
que la empresa haya obtenido utilidades a ser distribuidas entre sus
trabajadores, ante lo cual, es de verse del Cuadro sobre utilidades contenido
en el Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL a fojas 481 parte pertinente, que
en el período 1999 la empresa demandada obtuvo pérdidas tributarias,
motivo por el cual no hubo parti |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA LABORAL
Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
__________________________________________________________________________
Demandante : Segundo Rigoberto Polo Guanilo
Demandado : Pesquera Diamante S.A.
Materia : Reintegro de Remuneraciones y otros.
RESOLUCIÓN NÚMERO TRES
Lima, dos de diciembre el año dos mil diecinueve.-
VISTOS
En Audiencia Pública; con la prórroga de ley, e interviniendo como Juez Superior ponente la
señora Delcy Maricela García Román
ASUNTO
1. Recurso de Apelación interpuesto por la demandada Pesquera Diamante S.A. mediante
escrito que obran a fojas 349 a 351, contra la Resolución N° 04, emitida en la
Audiencia Única de fecha 14 de marzo de 2012, de fojas 339 a 342, que declara
infundada la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado.
2. Recurso de Apelación interpuesto por la demandada Pesquera Diamante S.A. mediante
escrito que obra a fojas 515 a 520, contra la Sentencia de fecha 29 de agosto del 2017,
fojas 488 a 513, que declara fundada en parte la demanda.
Agravios de la Parte Demandada
La demandada expresa los siguientes agravios:
i) Respecto a la Excepción de falta de Legitimidad para Obrar del Demandado,
sostiene que la demandada carece de falta de legitimidad para obrar en el extremo
demandado por el actor respecto a la supuesta devolución de las retenciones de Quinta
Categoría, toda vez que su representada como empleador tenía la obligación de retener el
importe de dicho impuesto para ser pagados a la SUNAT, pues en todo caso el
demandante debería accionar en este extremo contra de la SUNAT quien le bebería
devolver dichas retenciones y no su representada, pues conforme a las normas tributarias
solo actúan como ente retenedor.
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA LABORAL
Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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La demandada en cuanto a la Sentencia expresa los siguientes agravios:
i) Sostiene que el Aquo no ha tomado en cuenta que todo trabajador dedicado a la
actividad pesquera, por cada faena de pesca, recibe una participación porcentual sobre la
materia prima comercializada el armador, como producto de dicha pesca, sin tener en
cuenta para nada los gastos operativos de la embarcación, lo cual significa que en la
práctica, cada vez que percibe una remuneración porcentual ya está recibiendo un pago a
cuenta de la utilidad que rinde el negocio.
ii) El nuevo régimen de participación en las utilidades no es aplicable a los tripulantes de
embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza singular de la actividad que
desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos dentro de un sistema
especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del
Pescador.
FUNDAMENTOS
1. Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil, in fine del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente a este proceso, establece que en la apelación la competencia del
superior solo alcanza a ésta y a su tramitación. De esta forma, corresponde a este órgano
jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada,
pronunciándose respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito, ya que
se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda
instancia.
En cuanto a la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del Demandado
2. Corresponde indicar que: “La legitimidad para obrar, como elemento básico para poder obtener un
pronunciamiento sobre el fondo, es la adecuación correcta de los sujetos que participan en la relación
jurídica sustantiva, a los que van a participar en la relación jurídica procesal. Esta idoneidad es la
conexión lógica entre ambas relaciones es la legitimidad para obrar”1; ésta constituye un medio
procesal del que se vale la demandada en defensa de sus derechos, discrepando de la
1
Documentos de Lectura: Código Procesal Civil de 1992, Poder Judicial, Consejo Ejecutivo, Lima 1993, página diez.
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA LABORAL
Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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titularidad que se le imputa en la acción; atendiendo a que intervenir en un proceso,
consiste en ser el sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial lo que lo autoriza
para actuar como demandante o demandado, respectivamente, y para que pueda
considerarse la existencia del mismo, basta la afirmación sustentada en la apariencia de que
se es titular de una relación sustancial, dejando al debate probatorio de fondo, la
acreditación de la referida condición. En tal sentido la legitimidad para obrar o legitimatio
ad causam supone la calidad entre las personas integrantes de la relación jurídica
sustantiva y las partes que conforman la relación jurídica procesal lo que no es
equivalente a la titularidad efectiva del derecho, ya que se determinará con
pronunciamiento de fondo en la sentencia, sobre el derecho pretendido.
3. En caso de autos, la emplazada Pesquera Diamante S.A. sustenta su apelación señalando
que el Aquo que no ha tomado en cuenta que el demandante reclama también la
devolución de la Quinta Categoría como descuento indebido del año 1999 al 2010,
siendo que su representada solo actúa como ente retenedor, por lo que carece de falta de
legitimidad para obrar ante dicho reclamo, el cual debe ser dirigido a la Superintendencia
de Nacional de Administración Tributaria.
4. Conforme se verifica del escrito de demanda2 y del escrito de subsanación de demanda
[68-84] el actor reclama el reintegro de remuneraciones al 18% del año1999 al 2010 en
base a la nivelación FOB y precio establecido por la sociedad nacional de pesquería
incluyendo el pago de aumento por FONAVI, devolviendo los descuentos por quinta
categoría, así como el reintegro de bonificación de la Ley 29351, vacaciones, CTS,
vacaciones, cuotas de pesca sur, reintegro de bonificación por renuncia voluntaria y el
reintegro de utilidades de los años 1999 a 2010, pues alega que ha laborado para la
demandada en el cargo de Motorista.
5. Al respecto, se debe precisar que teniendo en cuenta que la pretensión del actor se funda
en el reintegro de remuneraciones y reintegro de beneficios sociales, por tanto, existiría
una relación directa entre los sujetos del derecho sustantivo y procesal, ahora si la
demandada tienen responsabilidad o no en el derecho discutido, y si le corresponde a
ésta o no la devolución del impuesto a la renta por quinta categoría que le fue retenido al
actor, ello debe ser materia de análisis al momento de emitir el pronunciamiento de
fondo de la litis, razones por las cuales deben desestimarse los agravios formulados
2 Fojas 59 a 64
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Expediente Nº 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
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por la demandada, y confirmarse la resolución número cuatro que declara
infundada la citada excepción.
En Cuanto a la Sentencia
6. La demandada señala como agravios que el Aquo no ha tomado en cuenta que todo
trabajador dedicado a la actividad pesquera, por cada faena de pesca, recibe una
participación porcentual sobre la materia prima comercializada el armador, como
producto de dicha pesca, sin tener en cuenta para nada los gastos operativos de la
embarcación, lo cual significa que en la práctica, cada vez que percibe una remuneración
porcentual ya está recibiendo un pago a cuenta de la utilidad que rinde el negocio;
además precisa que el nuevo régimen de participación en las utilidades no es aplicable a
los tripulantes de embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza singular de la
actividad que desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos dentro de un
sistema especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y Seguridad Social
del Pescador.
7. Cabe precisar que en la sentencia recurrida se ha amparado únicamente la pretensión de
pago de utilidades del año 2000, y se ha declarado infundada la demanda respecto a los
extremos referidos a reintegro de remuneraciones, reintegro de bonificación
extraordinaria Ley N° 29351, gratificaciones, vacaciones, CTS, reintegro de cuotas de
pesca, reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria, decisión con la que el actor se
habría encontrado conforme al no haber interpuesto recurso de apelación contra la
misma.
8. Es preciso acotar que no se encuentra en discusión la existencia de la relación laboral
entre las partes, lo cual se encuentra acreditado con el Certificado de Trabajo que obra a
fojas 6, y la copia del documento Producción por Beneficiario [fs. 13-21].
9. En cuanto a la carga de la prueba, cabe señalar que en el proceso laboral, la ley establece
en su artículo 27° que: "(…) Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente:
1. Al trabajador probar la existencia del vínculo laboral.
2. Al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales,
los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo (…)"
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10. Es decir nuestro ordenamiento jurídico exige a cada una de las partes que quien alega un
hecho debe probarlo; sin embargo, ello en el proceso laboral está en función a las labores
propias de cada una de las partes; otorgando una distribución racional y equilibrada de
ésta, que en el caso del empleador debe probar el cumplimiento de sus obligaciones
legales, laborales y las que derivan del contrato de trabajo; y en el caso del trabajador se
encuentra ceñido a probar el vínculo laboral; relación laboral que se encuentra
establecido en lo dispuesto por el artículo 4° del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el
Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que señala: "(…) En toda prestación personal de servicios
remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado
(…)"; presunción que busca equiparar las desigualdades que se presentan en una relación
laboral, y en la cual el empleador tiene mayores posibilidades de acreditar o probar el
tipo, la forma y el tiempo de servicios prestados por cualquier trabajador, carga
probatoria que la doctrina ha denominado inversión de la carga de la prueba.
Respecto a la Participación en las Utilidades
11. El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, reconocido por
la Constitución Política del Estado de 1993 en su artículo 29°, se funda en el esfuerzo
diario de aquellos que la ley reconoce como producto del trabajo, entendiéndose a la
empresa como una comunidad de producción que incluye al empleador y a los
trabajadores que en armonía se esfuerzan por producir lo máximo y lo mejor, para luego,
este esfuerzo determinado en utilidades, se distribuya equitativamente a cada uno según
le corresponda; en tal sentido, tanto el Decreto Legislativo N° 677, como el Decreto
Legislativo N° 892, regulan la participación en las utilidades de la empresas que
desarrollen actividades generadoras de Rentas de Tercera categoría y que estén sujetas al
Régimen Laboral de la Actividad Privada, señalando que la participación de los
trabajadores mediante distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual
antes de impuesto.
12. Debe tenerse en consideración que el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, al
regular el cálculo de la distribución de utilidades, señaló por una parte que el 50% de
dicho beneficio sería distribuido en función a los días laborados por cada trabajador,
entendiéndose como tal los días real y efectivamente trabajados, y el otro 50%
correspondía a las remuneraciones, señalando que dicho porcentaje se distribuirá en
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proporción a las remuneraciones de cada trabajador, dividiéndose dicho monto entre la
suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que correspondan al ejercicio
y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que
corresponda a cada trabajador en el ejercicio. Precisando la indicada norma que: “Se
entiende por remuneración la prevista en los Artículos 39° y 40° del Texto Único Ordenado de la Ley
de Fomento del Empleo”.
13. Asimismo, la ley establece los porcentajes de participación de los trabajadores varían
según la actividad que desarrolla la empresa.
14. Cabe mencionar que a fin de determinar la actividad que realizan las empresas que se
encuentran obligadas a repartir utilidades, el artículo 3 del Decreto Supremo N° 009-98-
TR señala que se debe tomar en cuenta la Clasificación Internacional Industrial Uniforme
de las Naciones Unidas (CIIU), salvo que mediante ley se señale algo distinto y en caso
de que una empresa realice más de una actividad, se tomará en cuenta sólo la actividad
principal, entendiéndose por tal aquella que generó mayores ingresos brutos en el
respectivo año.
15. Estando a lo antes mencionado el porcentaje a distribuir de la ganancia se encuentra
determinado por la actividad económica que desarrolla la empresa, siendo así conforme
se establece en el artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, las empresas pesqueras,
de telecomunicaciones e industriales deben distribuir el 10% de sus rentas netas
anuales.
16. Las normas antes citadas, señalan expresamente que los trabajadores de las empresas
pesqueras tienen derecho a la participación en las utilidades de la empresa, asimismo
establece su forma de cálculo y distribución; asimismo el artículo 7° de la Ley establece
que al momento del pago de la participación en las utilidades, las empresas entregarán a
los trabajadores y ex trabajadores con derecho a este beneficio una liquidación que
precise la forma en que ha sido calculado.
17. De lo expuesto, se colige que dicha norma en ningún extremo establece que el pago de
las utilidades se podrán percibir con el pago de la remuneración mensual como
erróneamente señala la demandada, y ello además no podría ser así, porque dicho
beneficio económico se paga en función a las ganancias o renta neta tributaria que
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obtenga la empresa en cada ejercicio anual, teniendo en cuenta los días laborados y las
remuneraciones percibidas por cada trabajador de la empresa, operación que lógicamente
se realiza culminado el ejercicio anual, a efectos de determinar el monto concreto que le
corresponde a cada trabajador por utilidades, por lo que debe desestimarse el agravio
formulado por la demandada al respecto.
18. En cuanto al agravio que el nuevo régimen de participación en las utilidades no es
aplicable a los tripulantes de embarcaciones pesqueras, pues debido a la naturaleza
singular de la actividad que desarrollan los pescadores, estos se encuentran comprendidos
dentro de un sistema especial de seguridad social a cargo de la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador; al respecto, como ya ha quedado establecido en los
fundamentos precedentes, los trabajadores de las empresas pesqueras tienen derecho a la
participación en las utilidades de las empresas pesqueras, por exigencia y disposición
legal, por lo que dicha alegación carece de sustento jurídico; además, la propia
demandada ha cumplido con el pago de dicho concepto a favor del actor en distintos
ejercicios económicos, conforme se verifica de la documentación que obra a fojas 170 a
185, por lo que resulta lógico que ahora pretenda desconocer dicha obligación legal,
motivo por el cual debe desestimarse este agravio de la demandada.
19. Así, en el presente proceso la demandada no ha cumplido con acreditar el pago de las
utilidades del año 2000 a favor del actor, pues no ha adjuntado copia de la liquidación de
distribución de dicho ejercicio económico u otra documentación y/o abonos realizados
por dicho concepto, pues a ésta le corresponde la carga de la prueba al respecto,
conforme así lo exige el artículo 27º de la Ley Procesal del Trabajo Nº 26636; y habiendo
la demandada obtenido utilidades en dicho periodo, conforme se indica en el Informe
Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL, obrante de fojas 454 a 468, le corresponde al actor el
reintegro de participación de utilidades por dicho periodo en la suma de S/4,090.98
soles como ha sido válidamente determinado y liquidado por el juez de la causa, por lo
que debe confirmarse la sentencia venida en gardo.
DECISIÓN:
Por estos fundamentos y de conformidad con el inciso 2) del artículo 5° de la Ley Procesal
del Trabajo, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad
que le confiere la Constitución Política del Perú resuelve:
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1. CONFIRMAR la Resolución N° 04, emitida en la Audiencia Única de fecha 14 de
marzo de 2012, de fojas 339 a 342, que declara infundada la Excepción de Falta de
Legitimidad para Obrar del Demandado.
2. CONFIRMAR la Sentencia de fecha 29 de agosto del 2017, fojas 488 a 513, que
declara fundada en parte la demanda; en consecuencia, se ORDENA que la
demandada PESQUERA DIAMANTE S.A. cumpla con pagar a favor del actor
SEGUNDO RIGOBERTO POLO GUANILO la suma de S/. 4,090.98 (CUATRO
MIL NOVENTA CON 98/100 SOLES), con lo demás que contiene. En los seguidos
sobre Reintegro de Remuneraciones y Otros; y los devolvieron al Juzgado de origen.-
FUENTES LOBATO CASTRO
HIDALGO
GARCIA ROMAN
8 |
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EXPEDIENTE : 10468-2011-0-1801-JR-LA-16
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : VELASQUEZ CANO, ROSMEY MATILDE
ESPECIALISTA : GUILLEN ECHEVARRIA, JAVIER
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE ,
DEMANDANTE : POLO GUANILO, SEGUNDO RIGOBERTO
Resolución N° dieciséis (16)
Lima, tres de octubre
Del dos mil diecisiete.
DANDO CUENTA: Advirtiendo de los actuados, que la lectura del
expediente resulta dificultosa dado el volumen de la documentación que obra en el
expediente, por lo que se dispone a fin de facilitar su tramitación APERTURAR EL
TOMO II el cual se inicia con los escritos dado cuenta con la presente resolución.
Dando cuenta del recurso de apelación que antecede presentado por el
demandado: Con la tasa judicial correspondiente; Al principal: ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 364° del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, el recurso de apelación
tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examiné a pedido de parte o
de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, a fin de que sea
anulada o revocada; SEGUNDO: Que, el demandado ha interpuesto recurso de
apelación contra la sentencia N° DOSCIENTOS TREINTA de fecha veintinueve de
agosto del dos mil diecisiete, que declara fundada en parte la demanda, dentro
del término de Ley, fundamentando el agravio y cumpliendo los requisitos
establecidos por los artículos 52° y 53° inciso 1) de la Ley N° 26636 y 364°, 366° y
367° del Código Procesal Civil, SE RESUELVE: CONCEDER LA APELACION
CON EFECTO SUSPENSIVO, debiéndose remitir los autos a la Sala Laboral de
Turno Lima, devuelto sean los cargos de notificación debidamente adheridas por
el asistente judicial. Al único otrosí: Téngase presente. Dando cuenta del escrito
presentado por el demandante con fecha 27.09.2017: Al recurso de apelación se
dispone dar cuenta; ATENDIENDO PRIMERO: Que las normas y formalidades
establecidos en nuestro ordenamiento procesal tiene carácter imperativo conforme
a lo señalado en el artículo noveno del Título Preliminar del C.P.C. SEGUNDO: De
la revisión de los actuados, se aprecia que la pretensión de la demanda supera los
100 URP por lo que corresponde al demandante adjuntar el arancel judicial por
concepto de apelación de sentencia. TERCERO: Que conforme a la Resolución
Administrativa N° 012-2017-CE-PJ, el monto por recurso de apelación de sentencia
es S/. 243.00 soles, y siendo que la parte demandante es quien formula la apelación
le corresponde pagar el 50% de tasa, y a fin de no limitar su derecho a la doble
instancia se resuelve: Declarar INADMISIBLE su recurso, debiendo el demandante
cumplir con adjuntar el pago de la tasa judicial por la suma de S/. 121.50 soles por
concepto de apelación de sentencia; Debiendo cumplir con lo señalado dentro del
término de TRES días bajo apercibimiento de tenerse por no presentado su recurso
de apelación en caso de incumplimiento |
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DÉCIMO SEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO
TRANSITORIO DE LIMA
Expediente N° 10468-2011-
16°
Especialista Legal: Guillén
SENTENCIA NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA
Lima, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.-
VISTOS:
Resulta de autos que de fojas 59 a 64 y subsanada de fojas 68 a 84, CARLOS
MARTIN UCHUYA CORREA interpone demanda contra la empresa
PESQUERA DIAMANTE S.A., a efectos que se le pague la suma de
S/.439,203.30 soles por concepto de reintegro de remuneraciones, reintegro de
bonificación Ley N° 29351, reintegro de gratificaciones, reintegro de cese y
CTS, pago de vacaciones truncas, reintegros de las cuotas de pescar del sur,
reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca, pago de utilidades y reintegro de
utilidades, reintegro de la bonificación por renuncia voluntaria; montos que
solicita conforme a la liquidación efectuada en su escrito de subsanación de
demanda a fojas 70/78, más el pago de intereses legales y compensatorios,
costas y costos del proceso.
El actor sustenta su pretensión en el hecho que trabajó en diferentes
embarcaciones y la última embarcación fue “Polar VI” de propiedad de la
1 demandada, iniciando sus labores desde el 30 de setiembre de 1999 al 09 de
agosto de 2010, además que en su Récord de Pesca otorgado por la Caja de
Beneficios y Seguridad Social del Pescador, se podrá apreciar el tiempo,
tonelaje trabajado y remuneración percibida por el tiempo de pesca.
Que, en contraprestación percibió remuneraciones porcentuales los mismos
que no habrían sido acordes con los precios establecidos por la Sociedad
Nacional de Pescador ni con los porcentajes del 18% por participación de
pesca, sin embargo dicho porcentaje no se encontraría conforme a lo dispuesto
por las Asociaciones Nacionales de Armadores Pesqueros y la Federación de
Pescadores del Perú (FPP), que establecieron por Mutuo Acuerdo la
remuneración del trabajador pescador industrial en el orden del 22.40% según
la tonelada métrica prima (harina de pescado), contrariamente la emplazada
procedió desconociendo dicha normatividad legal y convencional pagando
un porcentaje por debajo del 18%.
Que, el Régimen Especial de Remuneración y condiciones de trabajo de los
pescadores industriales, estaría normado por el Decreto Supremo N° 009-76-
TR, que se encuentra vigente a la fecha, pues no existiría dispositivo legal que
lo haya derogado de manera expresa, sino más bien éste habría sido restituido
por el D.S. N° 044-89-TR, constituyendo en la actualidad el único ente
normativo que regula el contrato de trabajo pesquero en toda su integridad
sin distinciones de ninguna índole.
Que, en ese orden de ideas, señala que la actividad pesquera se configura
como un Régimen atípico y remunerativo, donde no se podrá establecer los
términos de duración de una faena pesquera, ni horarios en la prestación de
servicios, resultado del mismo modo, la recepción de una remuneración
variable e indeterminada acorde con su naturaleza y fijado en proporción al
volumen de pesca capturada o descargada, supeditada a factores aleatorios
externos a la producción y/o productividad que le otorgan un método de
2 cálculo o liquidación especial reconocido en Legislación Nacional mediante el
Decreto Supremo N° 009-76-TR y acordado convencionalmente atendiendo a
los usos y costumbres exclusivos de un régimen sustentado en el Riesgo
compartido.
Que, la demandada no habría cumplido con el pago de las utilidades recogido
en las disposiciones del Decreto Legislativo N° 677, Decreto Legislativo N°
892 y Decreto Supremo N° 009-98-TR, los cuales regularían el derecho de los
trabajadores a participar de las utilidades de las empresas que desarrollen
actividades generadoras de rentas de tercera categoría, entre las que se
encontraría la emplazada en el porcentaje del 10% por tratarse de una
empresa pesquera, no habiendo percibido pago alguno por dichos concepto
conforme a los parámetros determinados en nuestra Legislación.
Que, el incremento FONAVI para trabajadores que estaban afectos a la
contribución FONAVI especialmente los del Régimen de la Actividad
Privada, mediante Decreto Legislativo N° 25981, publicado el 23 de diciembre
de 1992, el Gobierno de Alberto Fujimori, publico dicha norma, en cuyo
artículo 2° estableció un incremento de las remuneraciones de los trabajadores
en el 10% de sus remuneraciones a partir del 01 de enero de 1993, siempre que
su remuneración éste afecta a la contribución FONAVI; que muchas empresas
no habrían otorgado dicho beneficio remunerativo, motivo por el cual el
trabajador que se encuentre afectado por dicha omisión de no haberle
otorgado dicho incremento puede demandar el reintegro de remuneraciones
por incremento FONAVI, el mismo que incidiría en el pago de sus beneficios
sociales.
Que, el Ministerio de la Producción estableció leyes sobre límites máximos de
captura por embarcación establecidos en el Decreto Legislativo N° 1084, su
Reglamento N° 021-2008-PRODUCE, el D.S. N° 007-2011-PRODUCE, decreto
que precisa e incorpora disposiciones al Reglamento del Decreto Legislativo
3 N° 1084, que mediante dichas normas se establecería los parámetros para la
liquidación de la bonificación de renuncia voluntaria, el mismo que en ningún
podría ser inferior al monto de la indemnización especial por despido
arbitrario aplicable a los contratos intermitentes calculada según lo dispuesto
en el D.S. N° 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo N° 728, Ley de
Competitividad y Productividad Laboral, incrementada en un 50%.
Concluye manifestando que todo lo que tenga que disponer para el
Reglamento normativo del Régimen Remunerativo y Laboral del Sector
Pesquero Industrial, debe efectuarse mediante Leyes Especiales, conforme a lo
dispuesto por el artículo 103° de la Constitución Política del Estado, las
mismas que deberán ser refrendadas por el Ministerio de Trabajo y el
Ministerio de Pesquería – hoy Producción – según lo establece Ley General de
Pesca, porque así es su condición y su estatus jurídico excepcional.
Admitida la demanda y emplazada conforme a Ley, la empresa demandada
deduce la excepción de falta de legitimidad para obrar y contesta la misma,
según es de verse del escrito de fojas 321 a 355 de autos, negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos.
Señalando que el actor no tendría ningún derecho a ningún reintegro de
remuneración por 22.40% en razón a que por acuerdo de la Asociación de
Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras (AANEP) y el Sindicato
Único de Trabajadores de Nuevas Embarcaciones del Perú, dentro del cual el
actor era afiliado se acordó el pago de sólo el 18% del precio que el armador
percibe por la venta; que durante todo el tiempo de servicios que el actor
habría laborado, han cumplido con efectuar a cabalidad el pago de su
remuneración, no siendo cierto que la suma pagada haya sido reducida en
ninguna forma, ya que se le habría otorgado en estricto cumplimiento a la
4 normatividad vigente, es decir se le abona el 18% del precio que obtienen por
tonelada métrica vendida y descargada.
Que, el D.S. N° 009-76-TR citado por el actor para demandarles el pago del
supuesto reintegro de remuneración por participación de pesca que
supuestamente le adeuda, resultaría aplicable exclusivamente a las Pequeñas
Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEA) y a los pescadores que le
brindan servicios a éstas, que dichas Pequeñas Empresas de Extracción de
Anchoveta (PEEA) se rigen por una regulación especial con características
particulares que las catalogaría como tal, y que estaría por demás ajenas y
distintas a su representada, a sus embarcaciones y a los pescadores que le
brindan servicios.
Asimismo, señalan que a las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta
(PEEA) se originaron en virtud de los Decretos Leyes 21435 y 21558, a
consecuencia de la Reestructuración y Reorganización de la Empresa Nacional
Pesquera S.A. – Pesca Perú, y de la transferencia (Privatización) de la Flota de
esta última en el Sector Privado, que en efecto por Decreto Ley 21558 se
establecieron las regulaciones y requisitos para la formación de las Pequeñas
Empresas de Extracción de Anchovetas, conocidas como PEEA, a efectos de
transferir a éstas la flota de PESCA PERU, que dentro de los requisitos que
debían tener las PEEA, para ser consideradas como tales, y por ello
susceptibles de adquirir las embarcaciones, estaban referidos a tres requisitos
principales, el primero que las embarcaciones que las conformaban provenían
exclusivamente de la privatización de la Flota de PESCA PERU, el segundo
referido a que dichas embarcaciones en su conjunto no podían exceder a una
capacidad de bodega de 690TM y por último que las PEEA debían estar
constituidas bajo la forma societaria de Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, que dichas características distinguen notoriamente
a las PEEA con las demás pesqueras, las mismas que coinciden en forma
5 alguna con su empresa, toda vez que las embarcaciones con que cuenta su
empresa habrían sido construidas con posterioridad a dicha normatividad, e
incluso con mucha posterioridad al D.S. N° 009-76-TR, no pudiendo ser del
paquete de embarcaciones de PESCAPERU que fue privatizado, asimismo sus
embarcaciones superan ampliamente la capacidad límite de la bodega
establecida para las PEEA, y siendo que su empresa fueron construidas bajo la
forma societaria de Sociedad Anónima, se verifica rotundamente que su parte
no se encontraría enmarcada dentro de la definición de PEEA y por ello la
norma en análisis no los alcanzaría.
Que en conclusión señalan que al actor no le corresponde reintegro de
remuneración alguna y le resulta de aplicación el Decreto Legislativo N° 757
que ha eliminado el sistema remunerativo privilegiado que tenía parte del
sector pesquero que venía reajustándose automáticamente en forma
exageradamente ascendente por haber estado ligado a la moneda extranjera.
Citadas las partes a Audiencia Única, esta diligencia se llevó a cabo de
acuerdo a los términos del Acta que corre de fojas 364 a 367, acto en el cual
por Resolución N° 04 se declaró infundada la excepción de falta de
legitimidad para obrar del demandado; asimismo se declaró saneado el
proceso y la existencia de una relación jurídica procesal válida, se fijaron los
puntos controvertidos y, actuadas las pruebas ofrecidas por las partes, por lo
que el estado de la causa es la de emitir sentencia; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: CARGA DE LA PRUEBA.- Conforme lo establece el artículo 27º
de la Ley Procesal del Trabajo, corresponde a las partes probar sus
afirmaciones; y esencialmente al trabajador probar la existencia del vínculo
6 laboral, la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad
de la que fuera objeto; y al empleador probar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo y la causa
del despido.
SEGUNDO: MEDIOS PROBATORIOS.- El artículo 197° del Código
Adjetivo, todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma
conjunta, utilizando su apreciación razonada, debiendo expresar en su
resolución las valoraciones esenciales y determinativas que sustentan su
decisión y, teniendo en cuenta que las pruebas en realidad están mezcladas
formando una secuencia integral, un conjunto armonioso y, debiendo ser la
preocupación del Juez reconstruir con base de medios probatorios los hechos
que dan origen al conflicto, las pruebas deberán ser estudiadas en sus
elementos comunes en sus conexiones directas o indirectas, ninguna prueba
deberá ser tomada en forma aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su
conjunto, dado que sólo teniendo la visión integral de los medios probatorios
se puede sacar conclusiones en busca de la verdad, que es el fin del proceso.
TERCERO: PUNTOS CONTROVERTIDOS.- Como es de verse del
contenido de la demanda y contestación, y la diligencia de Audiencia Única,
constituyen puntos controvertidos del presente proceso: 1) Determinar si le
corresponde o no al actor el reintegro de remuneraciones al 18% del año 1999
al 2010, en base a la nivelación del precio del FOB y precio establecido por la
sociedad nacional de pesquería y PRODUCE incluyendo el pago de aumento
por FONAVI, devolviendo los descuentos por quinta categoría; 2) El monto de
los reintegros de remuneraciones del 18% al 22.40% del año 1999 al 2010 en
base a la nivelación del FOB y precio establecido por la sociedad nacional de
7 pesquería incluyendo el pago de aumento por FONAVI, devolviendo los
descuentos por quinta categoría; 3) El monto por reintegro de bonificación de
la Ley N° 29351, gratificaciones por el periodo de 1999 al 2010; 4) El monto por
reintegro de las vacaciones del año 1999 al 2010; 5) El monto por reintegro de
cese y CTS del año 1999 al 2010; 6) El pago de las vacaciones por el periodo de
1999 al 2010; 7) El monto por reintegro de las cuotas de pesca del sur del años
del 2009 al 2010; 8) El monto por reintegro de la 1° y 2° cuota de pesca de los
años 2009 al 2010; 9) El monto por reintegro de utilidades de los años 1999 al
2010; y, finalmente 10) El monto por reintegro de la bonificación por renuncia
voluntaria.
CUARTO: OBSERVACIÓN AL INFORME PERICIAL.- Que, la parte
demandada observa el Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL y anexos de
fojas 480 a 494 señalando como argumentos de su observación: a) Que, el
perito consigna de manera errada los importes abonados de acuerdo al record
de producción que obran en autos; b) Que, el perito ha concluido que
adeudan al actor por concepto de utilidades los años 2000, 2003, 2004, 2005 y
2006, sin embargo no habría demostrado el procedimiento que ha realizada
para llegar a dicha conclusión. Que, al respecto es de señalar que el artículo
36° de la Ley N° 26636 establece que: “La pericia en materia laboral es
esencialmente contable y es practicada por peritos e inspectores judiciales dependientes
de los Juzgados de Trabajo. Su finalidad es presentar al órgano jurisdiccional la
información obtenida de los libros y documentación contable que sirvan para calcular
los montos de los beneficios en litigio”; es por ello, que se aprecia de la revisión
del informe pericial, que se ha establecido la liquidación por participación de
utilidades sobre el posible reintegro a favor del actor por los ejercicios
económicos 2000, 2003, 2004, 2005 y 2006, el mismo que es referencial, y
asimismo guarda relación con la cuestión controvertida del presente proceso,
8 toda vez que coadyuva al cálculo del monto del beneficio en litigio, más aún
se advierte que los mismos no son argumentos válidos para observar el
informe pericial al no haber ofrecido una pericia de parte, dado que lo
señalado se deberá tener en cuenta al momento de resolver la presente litis;
por lo que corresponde desestimar el extremo observado; Por estas
consideraciones expuestas, se declara: INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandada.
QUINTO: RELACIÓN LABORAL.- Que de la revisión de los actuados, se
advierte que no se encuentra en discusión el vínculo laboral existente entre las
partes, el cual se inició conforme lo señala la parte demandante y no ha sido
contradicha por la parte demandada Pesquera Diamante S.A., el 30 de
setiembre de 1999 al 09 de agosto de 2010, en el cargo de 1° Motorista de la
embarcación “Polar IV” y que se corrobora con las boletas de pago a fojas
02/04, Hoja de Liquidación de Bonificación Especial por Renuncia Voluntaria
a fojas 05, Certificado de Trabajo a fojas 06 y el Reporte de Producción emitido
por la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador obrante de fojas 13 a
21. Asimismo, es de precisar que considerando la fusión por absorción de las
empresas Pesquera Polar S.A., Consorcio Malla S.A. y Pesquera Diamante
S.A., vigente a partir del 01 de noviembre del 2007, corresponde señalar que la
Ley General de Sociedades Nº 26887, en su artículo 344° se señala que: “Por la
fusión dos a más sociedades se reúnen para formar una sola cumpliendo los requisitos
prescritos por esta ley. Puede adoptar alguna de las siguientes formas: 1) La fusión de
dos o más sociedades para constituir una nueva sociedad incorporante origina la
extinción de la personalidad jurídica de las sociedades incorporadas y la transmisión
en bloque, y a título universal de sus patrimonios a la nueva sociedad; o, 2) La
absorción de una o más sociedades por otra sociedad existente origina la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o sociedades absorbidas.
9 La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los
patrimonios de las absorbidas. En ambos casos los socios o accionistas de las
sociedades que se extinguen por la fusión reciben acciones o participaciones como
accionistas o socios de la nueva sociedad o de la sociedad absorbente, en su caso.”; en
ese sentido, estando a que con la Escritura Pública otorgada por Notario
Público Ricardo José Barba Castro, de Fusión de Sociedades Anónimas,
celebradas entre la Empresa Pesquera Diamante SA., Consorcio Malla S.A.,
Pesquera Polar S.A., Pesquera Atlántico S.R.L., Icapesca S.A., y Pesquera
Lerigi S.A., obrante a fojas 123 a 140, se acredita la fusión por absorción por
parte de la demandada Pesquera Diamante S.A. a la empresa Consorcio Malla
S.A., asumiendo a título universal y en bloque el íntegro de su patrimonio;
hecho jurídico que produce la extinción de la empresa Consorcio Malla S.A.,
al asumir Pesquera Diamante S.A. todo su bloque patrimonial (activo o
pasivo); en tal virtud; le corresponde a Pesquera Diamante S.A. asumir todas
las obligaciones que pudiera haber adquirido la empresa absorbida Consorcio
Malla S.A. con sus trabajadores. Por lo que, siendo materia controvertida en el
presente proceso, determinar si corresponde aplicar la remuneración del actor
en base al 18% y si corresponde se le aplique lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 009-76-TR, respecto al pago de la participación de pesca del 18%
al 22.40%.
SEXTO: ANTECEDENTES NORMATIVOS.- Que conforme lo señala el
artículo 2° del Decreto Ley N° 21558: “La actividad de extracción de anchoveta
será efectuada por empresas que se constituyan al amparo del Decreto Ley 21435 bajo
la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, denominadas
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…)”; asimismo el artículo 1° del
Decreto Supremo N° 009-76-TR, señala: “Por el contrato de trabajo pesquero de los
pescadores anchoveteros al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de
10 Anchoveta, un pescador se obliga a prestar servicios en una embarcación,
interviniendo en las faenas para la extracción de esta especie, actividad eminentemente
de temporada.”; y en su Segunda Disposición Transitoria, señala: “La
participación por tonelada métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13
queda fijada en S/. 280.00 que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá
por la venta de anchoveta a PESCA PERU.”.
SÉTIMO: REINTEGRO DE REMUNERACIONES.- Que siendo que el
demandante reclama que se le ha efectuado un pago diminuto de las
participaciones de pesca abonadas en los años 1999 al 2010 conforme a la
liquidación efectuada en su demanda; que siendo ello así y conforme se
desprende del Informe Pericial N° 0086-6-06-16°-JTL-PJ-JCL y anexos de fojas
385 a 398, el mismo que al ser observado por la parte demandada, se declaró
fundada la observación por Resolución N° 11 a fojas 476/477, comisionándose
al perito adscrito a que elabore un nuevo informe; mandato que fue cumplido
mediante Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL y anexos de fojas 480 a 494, el
mismo que al ser materia observación, fue declarada infundada en la presente
resolución. Es así que, del Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL, en su
contenido se aprecia que el actor ha percibido su remuneración en base al
porcentaje de tonelada métrica del 18%; por lo que siendo ello así deviene en
infundado el extremo reclamado, de reintegro de remuneraciones, respecto al
18% de la participación de pesca.
OCTAVO: Asimismo, respecto a la pretensión de reintegro del 18% al 22.40%
por participación de pesca, en base al precio FOB; ante ello cabe señalar que
conforme se ha determinado en el considerando precedente, el actor desde el
inicio de su relación laboral ha venido percibiendo el porcentaje de tonelada
métrica en 18%; por lo que se debe tener presente que conforme lo señala el
artículo 2° del Decreto Ley N° 21558: “La actividad de extracción de anchoveta
11 será efectuada por empresas que se constituyan al amparo del Decreto Ley 21435 bajo
la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, denominadas
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (…)”; asimismo el artículo 1° del
Decreto Supremo N° 009-76-TR, señala: “Por el contrato de trabajo pesquero de los
pescadores anchoveteros al servicio de la Pequeña Empresa de Extracción de
Anchoveta, un pescador se obliga a prestar servicios en una embarcación,
interviniendo en las faenas para la extracción de esta especie, actividad eminentemente
de temporada.”; y en su Segunda Disposición Transitoria, señala: “La
participación por tonelada métrica de pesca descargada a la que se refiere el Art. 13
queda fijada en S/. 280.00 que equivale al 22.40% del precio que el armador percibirá
por la venta de anchoveta a PESCA PERU.”.
NOVENO: Que, para estos efectos, se debe tomar en cuenta lo dispuesto por
la Sala Transitoria de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República (Casación Nº 723-2002-del Santa) de fecha 25 de junio
de 2003 y del 05 de septiembre del 2003 (Casación Nº 951-2002- del Santa), que
señalan que debe dilucidarse cual es el origen de las embarcaciones donde la
demandante prestó sus servicios, puesto que el Decreto Supremo Nº 009-76-
TR, establece el porcentaje del 22.40% que se dictó para regular las relaciones
laborales entre las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEAS) y
los trabajadores de las Embarcaciones transferidas a esas entidades a tenor de
lo dispuesto en la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley Nº 21558
de fecha 20 de julio de 1976, por lo que dichas embarcaciones se deben regir
por tales normas, mientras que de no estar incluidas dentro de estos
parámetros por diversas causas como modernidad de la embarcación, mayor
capacidad, mejor tecnología, etc., podían estar reguladas por convenios o
pactos.
12 DÉCIMO: Que, de acuerdo a los términos del artículo segundo del Decreto
Ley N° 21558, para ser calificada como una Pequeña Empresa de Extracción
de Anchoveta resultaba necesario: i) Constituirse bajo la forma societaria de
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, conforme al Decreto Ley
N° 21435, Ley de la Pequeña Empresa del Sector Privado publicada el 25 de
febrero de 1976; ii) Contar con embarcaciones cuya capacidad de bodega no
exceda en su conjunto de seiscientas veinte toneladas métricas; iii) Sus
ingresos percibidos no debían exceder del límite establecido en el artículo
tercero del Decreto Ley N° 21435, esto es ochocientos veinte sueldos mínimos
vitales de la Provincia de Lima; y, iv) Dedicarse a su actividad económica sólo
con las embarcaciones y redes transferidas por Pesca Perú salvo autorización
expresa del Ministerio de Economía y Finanzas.
DÉCIMO PRIMERO: Que, además bajo el marco protector y tuitivo del
derecho del trabajo, y con el objeto de regular la relación laboral entre las
pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los trabajadores a su servicio
la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Ley N° 21558, reservó a un
Reglamento posterior la regulación positiva de tal aspecto que viene a
concretizarse a través del Decreto Supremo N° 009–76–TR, de fecha 21 de julio
de 1976, que al definir la entidad, forma y variables para el cálculo de la
remuneración de dichos trabajadores, señala que la remuneración que
percibirán los pescadores que realicen la ejecución de la pesca de anchoveta
será una participación por tonelada métrica de pesca descargada que fija en el
22.40% del precio que el armador percibirá por la venta de anchoveta a Pesca
Perú como así aparece de la lectura concordada de su artículo 13° y con su
Segunda Disposición Transitoria.
13 DÉCIMO SEGUNDO: Que, de este modo el Decreto Supremo N° 009–76–TR,
regula en forma exclusiva y excluyente las condiciones de trabajo y
remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta constituidas a partir de la transferencia de la flota
pesquera de Pesca Perú, pues como lo reafirma expresamente en su Segunda
Disposición Final, sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas
de extracción de anchoveta y los pescadores, con lo cual queda claro que
cualquier contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con una
empresa que reúna las características previamente delimitadas por el Decreto
Ley N° 21558, quedará fuera de su marco y ámbito de regulación y ello es así
en razón que el hecho determinante de este nuevo marco jurídico laboral lo
constituyó precisamente la actividad productiva de los pescadores en las
embarcaciones objeto de la transferencia antes invocada; que estando que el
actor reclama el reintegro de su remuneración por participación de pesca,
solicitando que la misma deba calcularse aplicando el porcentaje del 22.40%
que consagra la Segunda Disposición Transitoria del Decreto Supremo N°
009–76-TR; siendo ello así, corresponde determinar en base a los parámetros
desglosados en líneas precedentes, si la empresa demandada reúne las
características a que hace referencia el Decreto Ley N° 21558 y con ello, si se
encuentra obligada a abonar a favor del actor un porcentaje por participación
de pesca del 22.40%; que de la Ficha RUC de la empresa demandada a fojas
117/121 parte pertinente se desprende que ésta es una Sociedad Anónima, de
lo que se desprende que la demandada no cumple con las características para
ser considerada una PEEA, y por ello no le resulta aplicable lo dispuesto en el
Decreto Supremo N° 009–76-TR.
DÉCIMO TERCERO: Respecto a lo establecido por la Segunda Disposición
Complementaria del Decreto Legislativo N° 757, modificado por el Decreto
14 Ley N° 25541, que se refiere a la prohibición de que los pactos o convenios
colectivos de trabajo contenga sistemas de reajuste automático de
remuneraciones, fijados en función a índices de variación de precios o ser
pactados en moneda extranjera y lo establecido en el artículo 1º del Decreto
Ley N° 25876, que precisó que: ”las disposiciones legales pactos o convenios
colectivos, costumbre, transacciones o pronunciamientos judiciales o administrativos
que establecen sistemas de reajuste automático de remuneraciones de aplicación
colectiva en función a la variación de precios, al valor de moneda extranjera,
remuneración base o cualquier otra de similar naturaleza, sea cual fuera su
denominación, expresión, mecanismo, procedimiento y/o metodología, concluyeron
definitivamente en su aplicación y ejecución el 13 de diciembre de 1991, fecha en que
entró en vigencia el Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la
actividad privada”; a criterio nuestro no revocan, no extinguen, ni concluyen lo
estipulado por el artículo 13º del Decreto Supremo N° 009-76-TR; pues las
prohibiciones y limitaciones contenidas en los Decretos Legislativos aludidos;
se dictaron en el marco de la política gubernamental para el crecimiento de la
inversión privada, cuyo objetivo era evitar que se continué aplicando el
sistema de reajuste automático de remuneraciones y que las remuneraciones
de los trabajadores dependientes se incrementará en función de factores
externos a la producción como son: los índices generales de variación de
precios establecidos por el INEI, la base del promedio del costo de vida, el
tipo de cambio de la moneda extranjera y otros similares y no estaban
dirigidas a suprimir las diferentes formas de remuneración existentes a esa
fecha, dentro de las cuales una de las más importantes es la que consagra la
participación del trabajador en la producción, reconocida incluso en el artículo
29° de la Constitución Política del Estado de 1993, la que tiene como
expresiones las comisiones laborales y el destajo, cuyo sustento es la
variabilidad de la remuneración sobre la base de la productividad del
15 trabajador, la cual es un factor interno y propio de la relación de trabajo, como
sucedía en el caso de la remuneración del pescador anchovetero, referido en el
artículo 13° del Decreto Supremo N° 009-76-TR, que establece una forma de
participación en la productividad, ya que se determina en función a las
toneladas métricas de pesca descargada y a un porcentaje del precio que se
paga por cada una de ellas; de lo que se infiere que el régimen salarial del
trabajo pesquero no contiene ningún factor de reajuste automático que lo
coloque en las prohibiciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 757, ni
en los Decretos Leyes N° 25541 y N° 26876, resultando por tanto inaceptable la
alegación de la abrogación de dicho Decreto Supremo. Conforme a lo
señalado precedentemente ésta Judicatura concluye que no le asiste al actor
el derecho para el pago de la participación en la pesca en el porcentaje
correspondiente al 22.40%, del valor de la venta del producto de la faena;
conclusión que determina implícitamente como consecuencia que los
derechos laborales que le correspondan al actor debe ser calculada en base
al 18%, conforme lo ha venido efectuando la empresa demandada,
deviniendo en infundado el extremo demandado.
DÉCIMO CUARTO: REINTEGRO DE BONIFICACIÓN
EXTRAORDINARIA LEY N° 29351, GRATIFICACIONES, VACACIONES,
CESE Y CTS.- Que es de verse del petitorio de la demanda y liquidación
correspondiente, que la misma se solicita sobre la base del reintegro del
22.40% del porcentaje de tonelada métrica, y siendo que el mismo se ha
declarado infundado, deviene en infundado también los derechos que de ellos
derivan.
DÉCIMO QUINTO: REINTEGRO DE CUOTAS DE PESCA DEL SUR Y
REINTEGRO DE LA 1° Y 2° CUOTA DE PESCA DE LOS AÑOS 1999 AL
16 2010.- Que la parte demandante solicita el pago por concepto Pesca de
Temporada de Sur y Reintegro de la 1° y 2° Cuota de Pesca de 2009 de los
años 1999 al 2010; sin embargo es de verse de los fundamentos de hecho de la
demanda, que el actor ha omitido señalar los fundamentos fácticos, adjuntar
el dispositivo legal y medios probatorios que sustentan su pretensión, por lo
que deviene en infundado los extremos demandados.
DÉCIMO SEXTO: REINTEGRO DE UTILIDADES.- Que conforme al
artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, los trabajadores de las empresas
comprendidas en dicho dispositivo participan en las utilidades de la empresa
mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual
antes de impuestos, asimismo, el artículo 4° de éste dispositivo dispone que la
participación en las utilidades se calculará sobre el saldo de la renta imponible
del ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de
ejercicios anteriores de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta, por
consiguiente, de ello se concluye que el dispositivo legal citado hace mención
a un concepto tributario de renta o utilidad, el cual debe ser determinado con
arreglo a las disposiciones legales sobre la materia y con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el país, conforme dispone la Ley
General de Sociedades, más aún, la Ley de Impuesto a la Renta, Decreto
Legislativo N° 774, establece que la base imponible para la participación de
utilidades es la utilidad contable (utilidad neta antes de impuestos y
participaciones) más las adiciones tributarias para determinar la Renta
Imponible menos las deducciones tributarias (diferentes tasas de
depreciación, provisión desvalorización de maquinaria y equipo), es decir,
datos éstos que resultan ser el sustento de los consignados en las
Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta que presentan los empleadores
a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y los cuales, al
17 igual que las Declaraciones, como es lógico, son objeto de verificación por
parte de la entidad señalada a quien le compete su fiscalización.
DÉCIMO SÉTIMO: Estando que la parte demandante, solicita el pago de las
Utilidades por los Ejercicios Económicos 1999 al 2010, para lo cual debe
tenerse presente que conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° del
Decreto Legislativo N° 892, es condición primaria para acceder a éste derecho
que la empresa haya obtenido utilidades a ser distribuidas entre sus
trabajadores, ante lo cual, es de verse del Cuadro sobre utilidades contenido
en el Informe Pericial N° 269-17-JTL-PJ-JCL a fojas 481 parte pertinente, que
en el período 1999 la empresa demandada obtuvo pérdidas tributarias,
motivo por el cual no hubo parti |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00004-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : CONSERVERA DE LAS AMERICAS SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP FABIO ANDRES VASQUEZ DOMECQ ,
Resolución N° CINCO (05)
Paita, Diez de abril
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante resolución N° CUATRO, de fecha 09 de julio del 2013, se
resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte ejecutante AFP
INTEGRA contra CONSERVERA DE LAS AMERICAS SA; sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en consecuencia se
ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado CONSERVERA
DE LAS AMERICAS SA, cumpla con pagar la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y
DOS CON 69/100 SOLES (S/662.69) por concepto de aportes previsionales
impagos contenidos en las liquidaciones para cobranza anexados a la
demanda, más los intereses moratorios que se devenguen a partir del día
siguiente de la fecha de la liquidación puesta a cobro hasta la fecha
efectiva del pago total de la obligación, concepto que se liquidará en
ejecución de sentencia. ORDENA el pago de costos y costas (folios 50-52).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(AUTO DE EJECUCIÓN), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
partes han sido válidamente notificadas con fecha 18 de julio del 2014;
(folios 53-54), por lo que, a la fecha corresponde declarare firme y
consentido el AUTO DE EJECUCIÓN, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las
especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales ubicados en la
sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de Piura, ello, con el fin
de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor tiempo
posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo real y en
beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en general”,
por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el
plazo de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos
con las resoluciones que emanen del presente proceso, bajo
apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de incumplimiento;
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (AUTO DE
EJECUCIÓN), de fecha 09 de julio del 2013.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento
de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
3. REQUERIR a la parte demandada CONSERVERA DE LAS AMERICAS SA
cumpla con lo ordenado en la resolución N° 04 de fecha 09de julio de
2013.
4. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez
que suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por
disposición superior.
5. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
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EXPEDIENTE : 00021-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : AGUEDA VANESSA DEL ROSSIO PANTA COCIOS
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA
ARCOPA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP REP ANTONIO CESAR VEGA REYNA ,
Resolución Nueve (09)
Paita, 04 de febrero del 2022.-
AUTO
I.- OBJETO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN:
1. Proveer escrito N° 283-2018, presentado por la parte ejecutante, PROFUTURO
AFP, mediante el cual solicita se ordene embargo en inicio de ejecución forzada
y señala Casilla judicial.
2. Proveer escrito N°52-2020, presentado por la parte ejecutada ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A ARCOPA S.A, mediante el cual
Designa abogado defensor, señala domicilio procesal y autoriza.
3. Proveer escrito N°237-2012, presentado por la abogada SUSAN JULISSA
HUACCHILLO MORE, mediante el cual Devuelve Cedula de notificación N°
1064-2018-JP-LA, y copia de de Resolución N° 08.
II.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
4. Que, la ejecutante PROFUTURO AFP, solicita que en inicio a la ejecución
forzada se trabe embargo en forma de retención sobre bienes y fondos que la
ejecutada tenga en cuentas corrientes, cuentas de ahorros, cuentas de crédito,
fondos y valores que tenga la entidad ejecutada, debiendo para su ejecución
curarse oficio a las instituciones Bancarias o financieras BANCO
CONTINENTAL BBVA y BANCO DE CREDITO DEL PERU BCP, precisando
que el embargo deberá trabarse hasta por la suma de QUINIENTOS CUATRO
CON 00/100 SOLES ( S/ 504.00), a efectos de cubrir la cancelación de los costos
del proceso aprobado mediante resolución N°08.
5. De la revisión de autos se aprecia que mediante Resolución N° 04 de fecha 05 de
junio del 2014,obrante a fojas 23 al 26, se resolvió declarar FUNDADA la demanda interpuesta por la PROFUTURO AFP,, sobre obligación de Dar suma
de Dinero, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A
ARCOPA S.A, ORDENANDO llevar adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con pagar a la ejecutante la suma de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON 10/100 SOLES (S/4,827.10), más los
intereses devengados, costas y costos del proceso.
6. Que, mediante resolución N° 08 de fecha 20 de agosto del 2018 se resolvió
APROBAR , los costos del proceso en la suma de CUATROSCIENTOS
OCHENTA CON 00/100 SOLES(S/480.00) mas VEINTICUATRO CON
00/100 SOLES ( S/24.00) por concepto del cinco por ciento destinado al
Colegio del abogados de eta ciudad, REQUIRIENDOSELE a la ejecutada
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A ARCOPA, a fin de
que cumplan en el plazo de tres días, con pagar a favor de la ejecutante
PROFUTURO AFP la suma de QUINIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES
(S/504.00) , bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada ;resolución que
ha sido notificada a los sujetos procesales, tal y como se puede corroborar con
las constancias de notificación N° 1064-2018 y N° 1065-2018 que obran a fojas 54
y 55.
7. De conformidad con la parte final del artículo 716° del Código Procesal Civil
establece que: “Si el título de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese
liquidación aprobada, se concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución con
arreglo al subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada…”
8. Siendo que la resolución N° 08 ha sido correctamente notificada conforme es de
verificarse de la constancia de notificación que obra a fojas 54 y 55, y
observándose el tiempo transcurrido sin que la misma haya dado cumplimiento
a lo ordenado por este juzgado, por lo que se debe hacer efectivo el
apercibimiento decretado en autos.
9. Para llevar a cabo la ejecución forzada, debe previamente afectarse bienes del
ejecutado. En tal sentido corresponde amparar el pedido de embargo en forma
de retención que debe recaer en las cuentas corrientes, cuentas de ahorros,
cuentas de crédito, etc. en moneda nacional o extranjera que el obligado tenga
en el BANCO CONTINENTAL BBVA Y BANCO DE CREDITO DEL PERU
BCP. 10. Encontrándose en ejecución de sentencia el presente proceso y encontrándose
pendiente de pago la suma ordenada, lo solicitado por la ejecutante constituye
una medida ejecutiva de embargo en forma de retención la cual se encuentra
prevista en los artículos 642 y 657 del código procesal civil en la siguiente
manera:
Embargo.-
Artículo 642.- Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se
puede solicitar embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o
derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, con las
reservas que para este supuesto señala la ley. (Negrita agregado)
Artículo 657.- Embargo en forma de retención
“Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en
posesión de terceros, cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al
poseedor retener el pago a la orden del Juzgado, depositando el dinero en el
Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el retenedor asume las
obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga a disposición
del Juez.
(…)”(Negrita agregado)
11. A fin de garantizar el pago de la suma ordenada en sentencia, lo solicita por la
ejecutante, resulta lo más adecuado, ya que se va afectar las sumas de dinero
que pudiera tener la ejecutada en las entidades financieras BANCO
CONTIENTAL BBVA y BANCO DE CREDITO DEL PERU BCP.
12. En cuanto al monto de la afectación, se está solicitando que la Medida Cautelar
será para responder hasta por el monto de S/ 504.00 soles, a efectos de cubrir
cancelación de los costos del proceso requeridos, por lo que, el Juzgador
considera razonable conceder la medida cautelar por el monto de S/ 504.00
soles
13. Para que se ejecute la retención ordenada, corresponde oficiar a la entidades
financieras señalada a fin de cumpla con retener de las cuentas de la empresa
ejecutada la suma de S/ 504.00 soles, y una vez efectuada la retención la debe
poner a disposición del juzgado vía depósito judicial en el Banco de la Nación.
III. DECISIÓN: Por estas consideraciones y de conformidad con lo prescrito en el artículo 50 del código
antes acotado: SE RESUELVE:
1. HACER EFECTIVO el apercibimiento decretado en autos INICIESE LA
EJECUCIÓN FORZADA; pudiendo solicitar la parte ejecutada las medidas de
ejecución forzada que considere.
2. TRÁBESE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN hasta por la suma de
QUINIENTOS CUATRO CON 00/100 SOLES (S/504.00), de los fondos existentes
en las cuentas corrientes o de ahorro en moneda nacional o extranjera, que tenga la
ejecutada ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A ARCOPA,
debiéndose OFICIAR al BBVA BANCO CONTINENTAL y BANCO DE
CREDITO DEL PERU BCP para que cumpla con dicho fin.
3. Al escrito N° N°52-2020: TENGASE por Designado al Abogado defensor al Dr.
Cesar Antonio Vega Rodríguez, con registro ICAP 1404; por señalado su domicilio
procesal en Casilla Judicial Nº 240 de la Mini Central de notificaciones de Paita
y casilla electrónica Nº 20366, donde se le notificarán las resoluciones que emanen
de la presente causa.
Al Otrosí Digo: TÉNGASE POR AUTORIZADA a la persona que indica el escrito
que se da cuenta, en calidad de asistente del estudio Jurídico, para las funciones de
recoger oficios, edictos, coordinar la entrega y diligenciamiento de exhortos, y en
general cualquier trámite que signifique impulso del proceso.
4. Al escrito N° N°237-2018: TENGASE por devuelta la cedula de notificación.
TENGASE PRESENTE.
5. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Jueza que suscribe e
interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
6. NOTIFÍQUESE--------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00028-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° Seis (06)
Paita, Tres de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Cuatro (Sentencia) de fecha 05 de
Junio del año 2014, se resolvió declarar FUNDADA la demanda formulada por
AFP HORIZONTE, sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE DINERO en vía
Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.; en
consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 17/100 SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y
costas del proceso.SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los
sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio impugnatorio
alguno contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma
la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(Sentencia) de fecha 05 de junio del año 2014.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en
Sentencia.
3.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00028-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° Seis (06)
Paita, Tres de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Cuatro (Sentencia) de fecha 05 de
Junio del año 2014, se resolvió declarar FUNDADA la demanda formulada por
AFP HORIZONTE, sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE DINERO en vía
Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A.; en
consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
cumpla con pagar la suma DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
CINCO CON 17/100 SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y
costas del proceso.SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los
sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio impugnatorio
alguno contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma
la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE
RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO
(Sentencia) de fecha 05 de junio del año 2014.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en
Sentencia.
3.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZ. PAZ LETRADO PERMANENTE - Sede Amarilis
EXPEDIENTE : 00033-2012-0-1219-JP-CI-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
JUEZ : NELLY FONSECA LIVIAS
ESPECIALISTA : FERNANDO RUBEN BAILON MALPARTIDA
DEMANDADO : HUERTAS JARA, ALEXANDER PRIMITIVO
DEMANDANTE : PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DE HUANUCO ,
RESOLUCION N°. 21.-
Amarilis, veinticinco de Marzo
Del Año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Por revisado la presente causa y
conforme a su estado; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante Sentencia
numero ciento catorce guión dos mil quince, contenida en la Resolución número
diecinueve, obrante de fojas 187 al 201, que resuelve declarando fundada la demanda
interpuesta por Pedro Iban Albornoz Ortega, en su condición de Procurador Público
del Gobierno Regional de Huánuco, sobre indemnización por daños y perjuicios,
contra Alexander Primitivo Huertas Jara. Segundo.- Que, estando al tiempo
transcurrido no fue materia de impugnación la mencionada resolución, en el plazo que
establece el Artículo 376° del Código Procesal Civil, teniendo en cuenta que las partes
procesales fueron válidamente notificadas, conforme es de verse de las cédulas de
notificación físicas que obran a fojas 202 y 203. Tercero.- Que, el inciso dos del
artículo 123° del Código Procesal Civil indica: “Una resolución adquiere la calidad
de cosa juzgada cuando las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejen transcurrir los plazos sin formularlos…”, tal como se tiene en
el caso de autos. Por estos fundamentos y de conformidad a lo establecido por el
cuerpo legal adjetivo indicado; SE RESUELVE: declarar CONSENTIDA la
Sentencia numero ciento catorce guión dos mil quince, de fecha dieciséis de Julio del
dos mil quince, en los seguidos por Procurador Público del Gobierno Regional de
Huánuco, sobre Indemnización por daños y perjuicios, contra Alexander Primitivo
Huertas Jara. Interviniendo el secretario judicial que da cuenta por disposición
superior. Hágase saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00067-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : AGUEDA VANESSA DEL ROSSIO PANTA COCIOS
DEMANDADO : ARAMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP ANA MAPOLA CUADRADO
ZEGARRA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dieciséis de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
14 de noviembre del año 2012, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 09/100 SOLES, más los intereses moratorios
pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente
notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito
por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. TERCERO:Se
advierte del escrito digitalizado número 111-2021 no proveído en su
momento, donde designa abogado, domicilio procesal y autorización, de fecha
23 de junio de 2021, presentado por el demandado. Por estas consideraciones;
SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
Ejecución) de fecha 14 de noviembre del año 2012.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en
Sentencia.
3.-TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del
artículo 74º y 80 del Código Procesal Civil.
4.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240
DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366,
donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
5.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica
para fines procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE
SANTIAGO CHINININ CHAMBA y JOSSELYN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN
para los fines pertinentes en el proceso.
6.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
7.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00067-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : AGUEDA VANESSA DEL ROSSIO PANTA COCIOS
DEMANDADO : ARAMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP ANA MAPOLA CUADRADO
ZEGARRA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dieciséis de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
14 de noviembre del año 2012, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 09/100 SOLES, más los intereses moratorios
pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que, estando debidamente
notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito
por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. TERCERO:Se
advierte del escrito digitalizado número 111-2021 no proveído en su
momento, donde designa abogado, domicilio procesal y autorización, de fecha
23 de junio de 2021, presentado por el demandado. Por estas consideraciones;
SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
Ejecución) de fecha 14 de noviembre del año 2012.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en
Sentencia.
3.-TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el letrado CESAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del
artículo 74º y 80 del Código Procesal Civil.
4.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240
DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366,
donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
5.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica
para fines procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE
SANTIAGO CHINININ CHAMBA y JOSSELYN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN
para los fines pertinentes en el proceso.
6.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
7.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00078-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICI SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP ANA PAOLA CUADRADO ZEGARRA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, Tres de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
25 de septiembre del año 2012, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 86/100 SOLES, más los intereses moratorios
pactados, costos y costas del proceso.SEGUNDO: Que, estando debidamente
notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito
por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
Ejecución) de fecha 25 de septiembre del año 2012.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en
Sentencia.
3.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00078-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICI SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP ANA PAOLA CUADRADO ZEGARRA ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, Tres de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
25 de septiembre del año 2012, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 86/100 SOLES, más los intereses moratorios
pactados, costos y costas del proceso.SEGUNDO: Que, estando debidamente
notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada,
adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito
por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por estas
consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
Ejecución) de fecha 25 de septiembre del año 2012.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en
Sentencia.
3.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2° JUZGADO CIVIL - Sede Central
EXPEDIENTE : 00112-2012-0-1101-JR-CI-02
MATERIA : ACCION DE CUMPLIMIENTO
JUEZ : LAPA YAURI VIVIANA
ESPECIALISTA : CEPIDA GUERRERO IVAN
APODERADO : ESPEZA REYMUNDO, FELICINIO
PERITO : ROMERO ESPINOZA, MAXIMA MARGARITA
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DEL GORE HVCA
DEMANDADO : DIRECTOR DE LA UGEL DE ACOBAMBA,
DEMANDANTE : EVANGELISTA ALEJO, FAUSTINO NICOLAS J.
RESOLUCIÓN N° 33.
Huancavelica, 19 de octubre del año 2022.
AUTOS Y VISTOS: De oficio, de acuerdo al estado de la presente causa; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Conforme indica el artículo 379° del Código Procesal Civil, consentida la
Sentencia en segunda instancia que contiene un mandato y devuelto el expediente al
Juez de la demanda, la Sentencia adquiere la calidad de título de ejecución judicial.
Segundo.- De la revisión de autos se advierte que mediante la Sentencia a fs. 67/71,
se declaro fundada en parte la demanda constitucional de Proceso de Cumplimiento
interpuesto por el demandante Faustino Nicolas J. Evangelista Alejo, ordenando que el
Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Acobamba ejecute y dé
cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 1044-2010, mediante la
cual se declaro procedente el pago dispuesto en la Resolución Directoral N° 0054, la
suma ascendente a Dos Mil Setecientos Setenta y Dos con 00/100 (S/. 2,772.00)
establecida por el decreto de urgencia N°037-94; asimismo, se ordena el pago de los
intereses legales conforme a la ley. Por otro lado mediante Resolución N°12 a fs.
94/95 se aprueba el reembolso de los costos del proceso a pedido del demandante,
por el importe de Setecientos Nuevos Soles (S/. 700.00), mas un cinco por ciento para
el Colegio de Abogados, debiendo en su caso la parte demandada realizar todos los
actos pertinentes para cumplir con tal finalidad, bajo responsabilidad.
Tercero.- En cumplimiento a lo resuelto mediante la Sentencia, este despacho
mediante oficios a fs. 96 y 263-A requirió el cumplimiento de lo ordenado en dicha
Sentencia; asimismo, es preciso mencionar que la parte demandante no efectúa actos
que importen impulso procesal a fin de dar cumplimiento a la Sentencia, lo cual
demuestra su desinterés y desidia. En tales circunstancias, y a fin de realizar la
descarga procesal de este juzgado, es justificable su remisión a la oficina de archivo
central; sin perjuicio que el interesado puede a futuro continuar con el trámite de su
ejecución, previo desarchivamiento.
Cuarto.- En este orden de ideas y no habiendo actos procesales pendientes de
cumplimiento por parte de este despacho, debe expedirse la resolución
correspondiente conforme a su estado y remitir todo lo actuado al archivo central de
esta sede judicial; por estos fundamentos; SE RESUELVE:
1. Archivar Definitivamente en ejecución de sentencia el presente proceso.
2. Remitir los autos a la Oficina de Archivo Central de esta sede judicial, con la
debida nota de atención. Asume funciones la Magistrada que suscribe, actuando
con el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior. Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2º JUZGADO MIXTO - CASTILLA
EXPEDIENTE : 00128-2012-0-2011-JM-CI-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : DIAZ ROJAS JULIO SALVADOR
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA ,
DEMANDANTE : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD ELECTRONOROESTE SA ENOSA ,
RESOLUCIÓN NRO. 24.
Piura, catorce de marzo de
dos mil dieciocho.
Dado cuenta con el oficio que antecede remitido por la secretaria de la Tercera
Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia
de la República, remitiendo el presente proceso y adjuntando el auto calificatorio,
dictamen N° 1304-2016 y Casación N°14244-2015 de fecha dieciocho de agosto de
dos mil diecisiete: TÉNGASE por recibido la presente causa y Cúmplase con lo
ejecutoriado mediante sentencia casatoria, contenida en la resolución de fecha 18
de agosto de 2017, que declara fundado el recurso de casación interpuesto por la
Municipalidad distrital de Castilla, Casar la sentencia de vista contenida en la
resolución veintiuno, nula la misma, confirma la sentencia apelada que declara
infundada la demanda, en consecuencia ARCHIVAR definitivamente el presente
proceso en el modo y forma de ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00144-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, Dos de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
14 de Noviembre del año 2012, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP HORIZONTE S.A., sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTS Y TRES CON 07/100 SOLES, más los intereses
moratorios pactados, costos y costas del proceso.SEGUNDO: Que, estando
debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de
lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por
estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
Ejecución) de fecha 14 de noviembre del año 2012.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en
Sentencia.
3.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00144-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, Dos de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
14 de Noviembre del año 2012, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP HORIZONTE S.A., sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma CINCUENTA Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS NOVENTS Y TRES CON 07/100 SOLES, más los intereses
moratorios pactados, costos y costas del proceso.SEGUNDO: Que, estando
debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de
lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por
estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
Ejecución) de fecha 14 de noviembre del año 2012.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en
Sentencia.
3.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL
DE LA JUEZ SUPERIOR CARMEN ESPÍRITU CATAÑO
EXPEDIENTE : 00173-2012-0-2603-JM-CI-01
MATERIA : RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE
RELATORA : ALEMÁN DOMÍNGUEZ CLAUDIA P.
LITIS CONSORTE : MUNIC. PROV. DE CONTRALMIRANTE VILLAR
SILVA ZAPATA, MARTHA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
VILCAROMERO RAMOS, ZENAIDA MILAGROS
DEMANDADO : LÓPEZ GARCÍA, CARLA VANESSA
GONZALES ORBEGOSO RODRÍGUEZ, LUIS ALBERTO
ORELLANA VALDIVIEZO, GUSTAVO ARNALDO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANOAS DE PUNTA SAL
QUINTANA BARZOLA, JOSÉ FRANCISCO
EMPRESA DE SERVICIOS TURÍSTICOS SAC.
FLORES SILVA, SIMEÓN
OLIVARES VDA. DE ZACARÍAS, INÉS
DEMANDANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO OCHENTA Y UNO.
Tumbes, diecinueve de abril de dos mil veintiuno.-
11
VISTOS; conforme el acta de vista de causa que antecede y estando al estado del
proceso, se procede a resolver la presente causa; y, CONSIDERANDO:
I. ASUNTO:
Recurso de apelación interpuesto por el demandado Luis Alberto Gonzales Orbegoso
Rodríguez contra la SENTENCIA contenida en la resolución número SETENTA Y UNO
de fecha treinta de octubre del año dos mil diecinueve, expedida por el Juzgado Mixto de
Contralmirante Villar que resuelve declarando:
- infundada las cuestiones probatorias - tachas, interpuesta por Luis Alberto
Gonzales Orbegoso Rodríguez, mediante escrito de fojas doscientos
dieciocho/doscientos veinticinco.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- infundada las observaciones al informe pericial formuladas por el demandado de
Gustavo Arnaldo Orellana Valdiviezo.-.-.-.-.-.-.-
- FUNDADA la pretensión contenida en la demanda de cincuenta y cinco, subsanada
a fojas ochenta y dos, interpuesta por Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC, en contra de Simeón Flores Silva, Santos Martha Silva
Zapata, Luis Alberto Gonzales Orbegoso Rodríguez, Gustavo Arnaldo Orellana
Valdiviezo, Zenaida Milagros Vilcaromero Ramos, Carla Vanessa López García,
José Francisco Quintana Barzola, sobre reivindicación y accesión de edificación
construida de mala fe; con lo demás que contiene.- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL
Del OFICIO de elevación de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte y el
CONCESORIO de apelación contenida en la resolución número SETENTA Y TRES de
fecha veinte de enero del año dos mil veinte, solo se aprecia la apelación contra la
sentencia, sin embargo, de la revisión de los actuados se verifica los siguientes
concesorios de apelación:
Mediante resolución número SETENTA1 (antes OCHENTA) de fecha nueve de
octubre del año dos mil diecinueve se concede la apelación sin efecto suspensivo
y con la calidad de diferida interpuesta por Carlos Alberto José Angosto Valdez
apoderado de Luis Alberto Gonzáles Orbegoso Rodríguez contra la resolución
número SESENTA Y NUEVE2 (antes SETENTA Y NUEVE) de fecha veintitrés de
setiembre del año dos mil diecinueve que RESUELVE: 1) IMPROCEDENTE el
ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos consistente en el levantamiento
topográfico de determinación de línea de alta marea (LAM) y su paralela a los 50
metros del mes de julio del 2018.
Mediante resolución número CINCUENTA Y NUEVE de fecha quince de marzo del
año dos mil dieciocho, se resuelve:
o Se concede la apelación a interpuesta por el demandado Gustavo
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Arnaldo Orellana Valdiviezo, sin efecto suspensivo y con la calidad de
diferida, en contra de la resolución número CINCUENTA Y OCHO, que
declara improcedente el pedido de reprogramación solicitado por Gustavo
Arnaldo Orellana Valdiviezo y Abog, Christian Vidal Vergara Tinoco, se le
sanciona al pago de 01 URP de forma solidaria.
o Se concede la apelación interpuesta por el Ministerio de Transporte y
Comunicaciones, sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida en contra
de la resolución número CINCUENTA Y SIETE, que DECLARA
IMPROCEDENTE la solicitud del MINISTERIO DE TRANSPORTE Y
COMUNICACIÓN.
o Teniendo en cuenta que la entidad demandante MINISTERIO DE
TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN no ha interpuesto recurso de apelación
contra la SENTENCIA, por lo que en aplicación del párrafo infine del
artículo 369 del Código Procesal Civil, su apelación deviene en ineficaz.
II. RESUMEN DE LAS APELACIONES CONTRA LOS AUTOS:
El juzgador de primera instancia, funda su decisión esencialmente con los siguientes
fundamentos:
1 Corregido por Resolución Número SETENTA Y DOS de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve.
2 Corregido por Resolución Número SETENTA Y DOS de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
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AUTO contenido en la Resolución Nro. CINCUENTA Y OCHO, el juzgador
esencialmente sustenta su decisión en los siguientes fundamentos:
PRIMERO.- en el proceso de audiencia el abogado de Gustavo Arnaldo Orellana
Valdivieso en el escrito 2018, solicita la reprogramación de la presente diligencia,
sustentada en que no se le ha emplazado, con el informe pericial. SEGUNDO.- tal
como señala el artículo 203 del CPC, la fecha fijada para la audiencia de pruebas es
inaplazable, y se realizara en el local del juzgado, claro está bajo las garantías del
debido proceso.
TERCERO.- tal como se aprecia del sistema integrado judicial, cuyo reporte se
imprime en el presente acto y con el acto de notificación de folios 1595, se aprecia
que se ha notificado a Gustavo Arnaldo Valdiviezo con la res 55, de folios 1544 que
cita para el día de la fecha a la continuación de la actividad probatoria, así mismo
expresa la cedula electrónica 67-2018-jm-ci, el escrito 2017-166632, que para el
efecto es el código de digitalización del dictamen pericial que obra de folios 1571 a
1593, cuyo cargo obra en folio 1570, donde consigna folios que continúe el dictamen
pericial (24 fs) en el cargo de entrega de cedula de notificación electrónica de folios
1595, señala se notifica a folios 25, entonces advertimos, que se ha notificado el
dictamen pericial, (…) y que su pedido de reprogramación, sustentado de que no se
le ha corrido traslado del informe pericial, es una solicitud dilatoria, para la continuidad
del debido proceso y para tal efecto corresponde al despacho hacer efectivo la
facultad sancionadora del juez, prevista en el artículo 9 de la Ley Orgánica Del Poder
Judicial, imponiéndose la multa correspondiente que debe ser, una suma solidaria,
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considerando que se permite no continuar con la actividad probatorio , que considera
proporcionalmente al pedido, y el tiempo que nos ocupa, emitir un pronunciamiento
donde la notificación ha sido efectuada de forma correcta, en uso razonable de 01
URP, consideraciones por la cuelas se declara, improcedente el pedido de
reprogramación solicitado por GUSTAVO ARNALDO ORELLANA VALDIVIEZO y
Abog, CHRISTIAN VIDAL VERGARA TINOCO, se le sanciona, al pago de 01 URP de
forma solidaria; con lo demás que contiene.-
AUTO contenido en la Resolución Nro. SESENTA Y NUEVE (antes SETENTA
Y NUEVE),
Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 429° del Código
Procesal Civil, se pueden ofrecer medios probatorios referidos a hechos nuevos y a
los mencionados por la otra parte al contestar la demanda o reconvenir. Segundo: El
juzgado evaluando el documento presentado, consistente en el levantamiento
topográfico de determinación de línea de alta marea (LAM) y su paralela a los 50
metros del mes de julio del 2018, que se pretende incorporar al proceso como medios
probatorio extemporáneo, este no configura como hecho nuevos relativo a la
pretensión principal, puesto que si bien dicho documento ha sido expedido con
posterioridad a la contestación a la demanda, este no informa sobre algún hecho
nuevo, sino a precisiones técnicas que bien pudieron ser presentados como medios
probatorios en la contestación a la demanda, si se hubiera tenido la diligencia debida
por parte del recurrente, situación que escapa a la responsabilidad o consideración de
este Juzgado, razón por la cual debe desestimarse el ofrecimiento del mismo.
APELACIÓN contra el AUTO contenido en la resolución número
CINCUENTA Y OCHO, el demandado Gustavo Arnaldo Orellana Valdiviezo
funda su recurso de impugnación, básicamente: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
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1. Que, se incurre en error en el tercer considerando de la resolución impugnada, por
cuanto el Reporte del Sistema Integrado Judicial, por una posible falla del sistema, ha
consignado la notificación del escrito que contiene el dictamen pericial sin que las
fojas notificadas fueron en total 25, lo que implica que haya sido notificado el
dictamen pericial.
Del propio contenido de la notificación electrónica se puede apreciar que el único
objeto de tal comunicación fue la "RES. CINCUENTA Y CINCO" mas no el escrito que
contiene el dictamen pericial.
2. De otro lado, el juzgador ha señalado que el pedido solo ha sido una medida
dilatoria y por ello ha impuesto una multa ascendente a una URP. Mientras que el
recurrente alega que su proceder ha sido de buena fe a fin de ejercer una mejor
defensa, con conocimientos técnicos sobre la materia abordada en el peritaje;
sosteniendo que el titular de la casilla, es otro abogado con quien ejerce una defensa
colegiada; por lo que recién pudo tener conocimiento del mismo, el día 15 de febrero
de 2018 al revisar el Expediente físico.
Entonces, al haber obrado de buena fe y con la convicción de no haber sido notificado
con el dictamen pericial, no es dable una sanción pecuniaria; por lo que solicita se
declare fundado el recurso de apelación, se revoque la resolución recurrida y se corra
traslado del dictamen pericial, para proceder a formular las observaciones bien
sustentadas, de conformidad con el artículo 266 del Código Procesal Civil.
APELACIÓN contra el AUTO contenido en la resolución número SESENTA Y
NUEVE (antes SETENTA Y NUEVE), el demandado Luis Alberto Gonzáles
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Orbegoso por medio de su Apoderado Carlos Alberto José Angosto Valdez funda
su recurso de impugnación, básicamente:
- Se debe buscar que los justiciables no sean sometidos a instancias vinculadas con la
arbitrariedad o de los caprichos a quien debe resolver el caso.
- El derecho a probar, como lo ha señalado el Tribunal en la sentencia recaída en el
Expediente Nº 010-2002-AI, una de las garantías que asiste a las partes del proceso
es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten crear la
convicción en el juzgador de que sus argumentos son los correctos. De esta manera,
solo con los medios probatorios necesarios, el juzgador podrá sentenciar
adecuadamente. Por tanto, existe un derecho constitucional a probar, constituye un
derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos
que configuran su pretensión o su defensa.
- El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el derecho a la
defensa comporta en estricto el derecho a no quedar en estado de indefensión en
ningún estado del proceso; pero no cualquier imposibilidad de ejercer estos medios
produce un estado de indefensión que atenta contra el contenido constitucionalmente
protegido del derecho, sino que es constitucionalmente relevante cuando se genera
una indebida y arbitraria actuación del órgano que investiga o juzga al individuo, como
ha sucedido en el presente caso.
- A tenor de lo dispuesto en el artículo 189 del Código Procesal Civil, a excepción de lo
dispuesto en el Art. 374 del glosado dispositivo procesal, en cuanto permite la
presentación de medios probatorios extemporáneos en los escritos de apelación o de
absolución de agravios solo en los procesos de conocimiento o abreviados, y siempre
que están referidos a: la concurrencia de hechos relevantes para el derecho pero
acaecidos después de concluida la etapa de postulación del proceso y cuando se CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
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trata de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del proceso o que
comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con anterioridad.
- En consideración a lo mencionado y estando a que mediante Escrito de fecha
02MAY2019 ofreció como medio probatorio Extemporáneo Copia del Levantamiento
topográfico determinación de la línea de más alta marea (LAM) y su paralela de los
cincuenta (50) metros solicitados por la Asociación Junta Vecinal Eco turística
Canoas de Punta Sal, del cual, el recurrente recién había tomado conocimiento y que
el mismo era de fecha Julio del 2018, escrito que fue rechazado conforme a las
consideraciones contenidas en la Resolución Nº 77 de fecha 28 JUN 2019, en tal
sentido, se volvió a presentar como medio probatorio extemporáneo, el documento
mencionado, sustentándome para ello en el Art. 429 del Código Procesal Civil.
- El Levantamiento topográfico ofrecido, es justamente para probar la veracidad de mis
argumentos de defensa, por lo que el mismo contiene precisiones técnicas que lo
respaldan por los profesionales intervinientes que concluye que el terreno materia de
Litis se encontraría técnicamente dentro de la franja menor a los 50 metros un área
total 32,607.382 m2, paralela a la línea de más alta marea (LAM), que es jurisdicción
de la Autoridad Marítima Nacional.
- En cuanto que el Juez considera que se ha tenido que presentar dicho documento en la
contestación de la demanda, corresponde precisar que tal argumento resulta contrario
a ley por cuanto no se repara en lo dispuesto en el Art. 429 del Código Procesal Civil,
estando a que el documento ha sido expedido con posterioridad a la contestación de
la demanda.
- En el presente caso como se ha mencionado al Declarar Improcedente el Medio
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probatorio presentando en forma extemporánea en base a consideraciones que no se
han confrontado en forma fáctica y a las normas legales, hecho por lo cual la
resolución materia de impugnación adolece de una verdadera motivación, por lo que
se atenta contra la eficacia y validez del proceso.
III. SÍNTESIS DE LA APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA:
SENTENCIA contenida en la resolución número SETENTA Y UNO, el juzgador
de origen, funda su decisión esencialmente con los siguientes fundamentos:
Pronunciamiento respecto a las cuestiones probatorias: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
2.- Respecto de las observaciones al informe pericial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
(…)
2.2. El Juzgado considera que el dictamen pericial es un documento ilustrativo, la
metodología comprende tres áreas fundamentales a saber3, que la información utilizada
se encuentra sustentada, el análisis efectuado sea interrelacionado con el empleo de
procedimientos o métodos de investigación que permitan arribar a las conclusiones
finales; en dicho sentido el dictamen pericial ha sido claro, preciso y detallado para
señalar ubicación de los 48,057.79 metros cuadrados, inscrito en la Partida N°11000687
de la Oficina Registral Región Grau, Sede Tumbes y el título archivado Nº 2180, que
contiene la Partida, lo cual es correcto a entender del presente Despacho, observaciones
que en realidad no son tales, si aclaraciones que han sido absueltas correctamente por
3 El perito y el Dictamen pericial. Autor Ing. Fernando Velazco Castro. Colegio de Ingenieros del Perú. Concejo Departamental de
Lima. Centro de Peritaje “Guillermo Vaudenay Reyes”. Octubre 2013. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
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los peritos y que son aspectos que corresponden a la valoración misma de la prueba
pericial4; (…).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
(…)
Conclusión5.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
11.- En consecuencia en el presente caso, teniendo en cuenta que conforme el artículo
923 del Código Civil, la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar,
disponer y reivindicar un bien;.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.1. Los medios de prueba
aportados6 por el accionante Estado Peruano - Ministerio de Transportes y
Comunicaciones - MTC, prueban el dominio7 y el derecho a la posesión de conformidad
con el artículo 923 del Código Civil, de 48,057.79 metros cuadrados, inmatriculados a su
favor en virtud de la Ley 26512, Decreto Supremo 027-93-TCC, Decreto Supremo 14-95-
MTC, y las publicaciones efectuadas en el diario el Peruano según título 2180, rubro
C00002, títulos de dominio, del Registro de la Propiedad Inmueble de la Partida
Nº11000687, de la Oficina Registral Región Grau, Sede Tumbes; se ha identificado el
objeto determinado que coincide con el título o realidad material sobre la cual versa la
controversia, entiéndase área o cabida materia de reivindicación con los datos técnicos
proporcionados por el demandante se ha determinado la entidad física,
individualizándose los 48,057.79 metros cuadrados, se ha probado que el objeto
controvertido es el mismo que señala en la demanda y plano de ubicación, al encontrase
con datos técnicos, acreditándose la posesión que ostentan los demandados se
encuentra sobre dicha área y en contra de quienes procede la reivindicación pues no
cuentan con algún título jurídico que les permita gozar de algún derecho preferente sobre
el bien, por consiguiente se ha identificado el espacio físico que se pretende reivindicar,
66
lo que garantiza el otorgamiento de la tutela jurisdiccional efectiva a la parte
demandante, en razón de existir un solo titular del derecho.-.-.-.-
11.2. Se ha extraído los siguientes criterios deducidos de la experiencia, la lógica y el
sentido común para resolver los conflictos, como son los medios supletorios
instrumentales, pero extra-título, que coadyuvan al fin tales como los planos catastrales,
de los títulos archivados y sobre el derecho de vía se ha acreditado la afectación a una
4 La pericia como medio de prueba fue creado con el objeto de examinar cuestiones que si bien merecían conocimientos
especializados sólo servían para otorgar al Juez elementos de mera convicción. Es decir permitían, y a la fecha sigue siendo igual,
comprobar a través de elementos científicos, artísticos o industriales cuál es la relación existente entre los hechos controvertidos y el
derecho de los justiciables a fin de permitir una correcta administración de justicia. En definitiva, la pericia sirve para ayudar y
colaborar a los conocimientos del Juez dejando en claro que no determinan probatoriamente nada, sólo fijan futuras pautas a seguir
para permitir una adecuada decisión judicial. La Pericia Civil. Deficiencias y Alternativas de aplicación. Enrique Varsi
Rospigliosi.
5 Uno de los atributos del derecho de propiedad es la reivindicación, entendida inicialmente como la pretensión real destinada a
conseguir la restitución de la posesión del bien, de la que se encuentra privado el propietario, de persona que solo tiene la calidad de
poseedor; sin embargo, en virtud a que por su propia naturaleza el derecho sobre el mismo bien, el ejercicio del atributo
reivindicativo comprende también la posibilidad de recuperar la posesión del bien de persona que incluso se atribuye derecho de
propiedad, para cuya dilucidación serán aplicables las reglas contempladas en el Código Civil sobre el concurso de acreedores,
prioridad registral, oponibilidad derecho reales y fe pública registral. Casación N°4834-2013-Lima, Reivindicación, Corte Suprema
de Justicia de la República Sala Civil Transitoria del 10 de diciembre del 2014. F.j. 6.
6 Mediante la libre apreciación, el juez tiene libertad de selección y valoración de cada medio probatorio; el juez califica el valor de
cada prueba producida en el proceso sin tener reglas que le señalen el camino a seguir. La eficacia la consigue de su pleno
raciocinio, sin tener el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que
fuesen esenciales y decisivas para la sentencia. MARIANELLA LEDESMA NARVAEZ, en Los Nuevos Procesos de Ejecución
y Cautelar. Primera Edición, noviembre 2008, Gaceta Jurídica, Lima-Perú pag. 724ss; asimismo, sobre la valoración de la prueba,
aparece la Casación N° 2283-00-CALLAO, publicada en El Peruano, 1 de marzo de 2004, pronunciándose respecto a la falta de
valoración del expediente acumulado, ofrecido como prueba. Dice la Sala Suprema que si bien este expediente no fue mencionado
en la sentencia de vista ello no significa que no se haya evaluado, pues conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil, en la
resolución únicamente serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten la decisión.
7 “Prueba del dominio significa, pues, prueba de tres cosas: Primera. El hecho constitutivo del dominio, causa remota o modo de
adquirir. Segunda. La sucesión válida de titulares (tracto regresivo). Tercera. La titularidad actual del actor en su existencia y
subsistencia” Nuñez Lagos Op. Cit., p 30. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
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finalidad pública determinada, bienes de titularidad pública, dotándoles de un régimen
jurídico de protección y uso de bienes, en el supuesto normativo de los 20 metros 20
metros al lado del eje de la vía, que es la razón pública que motiva la afectación de los
bienes estatales destinados al uso público, que señala bajo la condición de
imprescriptible que no es posible derivar de la posesión prolongada que se alega,
derecho de propiedad alguno, que se encuentra bajo la posesión por parte de los
demandados, quienes han reconocido la titularidad de propiedad de la parte demandante
y que su posesión se encuentra en el área que indica el demandante inmatriculo a su
favor, predio denominado “Unidad de Peaje de Cancas”, posesión que al haber sido
formulada libremente y con la asesoría del letrado de su elección, entonces tiene la
condición de prueba incontrovertible, por tanto, hay coincidencia de que los predios
controvertidos de posesión de los demandados se ubican físicamente dentro del área de
propiedad del demandante, se ha cumplido con el requisito de la reivindicación,
consistente en la posesión de la parte demandada en los 48,057.79 metros cuadrados
de propiedad del demandante, corresponde, estimar la demanda de reivindicación,
procediendo a la entrega del bien o puesta en posesión, incluso forzadamente en contra
la posesión que ejercen los demandados Simeon Flores Silva y Santos Martha Silva
Zapata, 343.00 metros cuadrados lado playa y 2,778.00 metros cuadrados lado cerro,
Luis Alberto Gonzales Orbegoso Rodríguez 924.00 metros cuadrados, Gustavo Arnaldo
Orellana Valdiviezo 702.19 metros cuadrados, Zenaida Milagros Vilcaromero Ramos
1,067.81 metros cuadrados, Carla Vanessa Lopez García 7x7 metros, José Francisco
Quintana Barzola 12 metros cuadrados y a quienes de ella deriven sus derechos, incluso
sobre la ampliación de posesión de área o cabida efectuada por los demandados
77
posterior a los actos postulatorios que se encuentren dentro de los 48,057.79 metros
cuadrados de propiedad del demandante, acorde con lo previsto en el artículo 123 del
Código Procesal Civil, teniendo en cuenta además, que el artículo 923 del Código Civil
señala la propiedad debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los
límites de la ley, ello no significa que una persona ajena pueda privar de la posesión a
una persona que ha cumplido con acreditar los requisitos de procedencia de la
reivindicatoria8, en el presente caso utilizándose los elementos descriptivos
fundamentales del área a reivindicar, como lo es los datos técnicos con lo que se ha
dilucidado el debate sobre el objeto, compulsando los títulos o balancing de los títulos y
la posesión ejercida por cada uno de las partes, en especial de los demandados,
quedando clausurada la controversia al determinarse que poseen los 48,057.79 metros
cuadrados que se reclama.-.-.-.-.-.-.-.-.-
11.3. Por lo expuesto, la parte demandante acredita título de propiedad sobre un bien
inmueble individualizado de 48,057.79 metros cuadrados inmatriculadas a su favor,
además afectados al uso público como derecho de vía, mientras que los demandados
son poseedores, dicha posesión como objeto determinado coincide con el del título de la
demandante, se encuentra además en parte del derecho de vía, dicho extremo no ha
sido controvertido por los demandados, pues los demandados admiten poseedores del
área o cabida, de la cual no se ha cumplido con los requisitos para que se produzca la
adquisición de la propiedad como una forma de vencer a la reivindicación, se ha probado
que el objeto controvertido es el mismo al que se refiere el título de propiedad de
8 …por aplicación del aforismo iura novit curia, el juez tiene el poder-deber de identificar el derecho comprometido en la causa, aun
cuando no se encuentre expresamente invocado en la demanda. De este modo el juez, como director del proceso, dice el derecho
antes de emitir sentencia (Taipe Chávez, Sara. Algunas Reflexiones sobre el iura novit curia. En: Derecho Procesal. II Congreso
Internacional. Lima 2002. Pág. 215), lo que no implica, en ningún caso, la modificación del objeto de la pretensión o de los términos
de la demanda; es decir, que ello no puede suponer fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las
partes. Tribunal Constitucional EXP. Nº 2192-2004-AA /TC. F.j. 15. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
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48,057.79 metros cuadrados, por lo cual, la demanda de reivindicación es fundada,
habiéndose verificado individualmente la falta de título suficiente de los demandados.-
Respecto de la pretensión de accesión de edificaciones de mala fe:-
12.- 12.1. Las hipótesis más usuales de "accesión de edificaciones" son la construcción
en terreno ajeno, la construcción extralimitada y la construcción con materiales ajenos;
en la construcción en suelo ajeno el Código Civil distingue en sus artículo 941, 942 y
943, entre constructor de buena fe, propietario del suelo de mala fe y constructor de mala
fe, habiendo en el presente proceso acumulado las pretensiones de reivindicación y
declaración de accesión, demolición; la sanción de perder lo que se edificó en terreno
ajeno, ya sea porque no se le restituirá el valor de la fábrica o porque se destruirá ésta,
no se sustenta primordialmente en la forma en que se ingresó a ejercer la posesión del
terreno, sino en el modo en que se realiza la edificación, en este caso, "cuando se
edifique de mala fe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
12.2. De conformidad con el art. 943 del Código Civil si el constructor obra de mala fe9,
se aplica con mayor razón la máxima superficies solo cedit, en consecuencia, el dueño
del terreno se convierte automáticamente en titular de la edificación, sin obligación de
pagar valor alguno. En forma alternativa, el dueño puede exigir la demolición de lo
edificado, más el pago de la indemnización correspondiente; La accesión de propiedad
por edificación de mala fe en terreno ajeno previsto en el artículo 943, tiene 2 elementos
objetivos consistentes en que, el propietario del bien puede optar alternativamente por
exigir la demolición de lo edificado si le causare perjuicio, más el pago de la
indemnización correspondiente o hacer suyo lo edificado sin obligación de pagar su
valor, por otro lado, dicha norma exige que se pruebe la mala fe del invasor que ha
88
edificado; En el presente caso se ha acreditado que los 48,057.79 metros cuadrados que
señala la pretensión de la demanda a fojas cincuenta y cinco, subsanada a fojas ochenta
y dos, son ocupados actualmente por Simeón Flores Silva, Santos Martha Silva Zapata,
Luis Alberto Gonzales Orbegoso Rodríguez, Gustavo Arnaldo Orellana Valdiviezo,
Zenaida Milagros Vilcaromero Ramos, Carla Vanessa López García, José Francisco
Quintana Barzola, esta posesión de los demandados se encuentra inmersa dentro del
predio inscrito en la Partida N°11000687 de la Oficina Registral Región Grau, Sede
Tumbes, de propiedad Estatal y que además comprende el derecho de vía, siempre bajo
la titularidad del Estado representado por la entidad pública que conforma el Sistema
Nacional de Bienes Estatales, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC;.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
12.3. Considerando que la pretensión exige acreditarse la mala fe del invasor, acorde
con el principio de congruencia procesal la pretensión postulada contiene en los
fundamentos alegación sobre dicha pretensión, se suma según la inspección judicial y la
pericia, anexos y planos de fojas de fojas mil quinientos setenta y uno/mil quinientos
noventa y tres, que se ha probado la edificación se ha realizado en suelo ajeno de mala
fe10 porque al encontrarse dentro del predio denominado “Unidad de Peaje de Cancas”,
9 La buena fé (bona fides) se refiere a cualquier causa imaginable para la retención y el que cree tener la causa legal requerida en la
especie, se llama poseedor de buena fé (bona fidei possessor). Por esto en la usucapión se llama así el que por la causa justa de
posesión (justa possessionis causa), cree adquirir realmente la propiedad. También por lo mismo se da este nombre en al
reivindicación a todo demandado que cree reter con buen derecho, ya deribe este derecho de su propiedad, o de un simple contrato
con un propietario (por ejemplo, el contrato de arrendamiento) aunque de ningún modo pretenda este último caso tener la posesión
jurídica. Tratado de la posesión, según los principios de derecho romano por M.D.C. de Savigny. Madrid. Imprenta de la
Sociedad Literaria y tipográfica de la calle de la Manzan num. 14. Año 1845. Pág. 53.
10 “… la mala fe, como antítesis de la buena en el sentido de lealtad o ausencia de intención malévola, no es otra cosa que la
deslealtad o la intención de dañar o perjudicar. Como idea contraria a la de buena fe – creencia, el concepto de mala fe esta
condicionado, lógicamente, al que se tenga de la buena fe. Si para la existencia de ésta solo se exige que la falsa creencia derive de
un error, la mala fe será simplemente el conocimiento de la falta de derecho o de la ilegitimidad de una situación. En cambio se
considera buena fe únicamente la que emana de una creencia excusable o diligente, mala fe será no solo el conocimiento de la falta
de derecho, de la ilegitimidad de una situación, sino también la creencia errónea, pero no excusable o diligente, de tener un derecho, CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TUMBES
SALA ESPECIALIZADA EN LO CIVIL
con un área de 48,057.79 metros cuadrados, inscrito en la Partida N°11000687 de la
Oficina Registral Región Grau, Sede Tumbes, afectado además al uso público mediante
Decreto Supremo 017-2007-MTC, Reglamento de Jerarquización Vial, Resolución
Ministerial N° 660-2008-MTC/02, el Decreto Ley Nº20081 del 18 de julio de 1973,
delimitado mediante Resolución Ministerial Nº855-2005-MTC/02, (esta además
comprende a la carretera) de la carretera Sullana - Aguas Verdes, precisando que el
ancho del derecho de vía es de 40m (20m ac/lado del eje de la vía), estas normas de
orden público y de obligatorio cumplimiento señalan se encuentra prohibida las
construcciones, implicando la ocupación indefinida de terrenos ubicados en el derecho
de vía, con lo cual se verifica la mala fe como intención perversa o convicción íntima de
no actuar legítimamente, ya sea por existir una prohibición legal contenido en el Decreto
Supremo Nº034-2008-MTC artículos 6 y 37.4, que aprueba el Reglamento Nacional de
Gestión de Infraestructura Vial, por saber que se lesiona un derecho ajeno y porque los
demandados al construir sobre los 48,057.79 metros cuadrados, sabían que el terreno
en el cual edifica no les pertenecía, pues nadie puede tener la creencia en una situación
aparentemente legítima, sin título del área que alegan poseer, máxime, si en el modo en
que se construye la edificación en un predio denominado “Unidad de Peaje de Cancas”,
es la circunstancia que determina la accesión a que se refiere el artículo 943 del Código
Civil.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
12.4. Asimismo, se ha probado que dicha posesión implica la ocupación indefinida de
terrenos ubicados en la propiedad del demandante y del derecho de vía, siendo además
que los demandados ha obrado de mala fe al edificar estas estructuras que se
encuentran en el predio denominado “Unidad de Peaje de Cancas”, la cual para el caso
99
presente comprende 40m (20m ac/lado del eje de la vía), zona que por Ley es dedicada
a obras complementarias, servicios, áreas previstas para futuras obras de ensanche o
mejoramiento, y zonas de seguridad para el usuario, como tal, un bien de dominio
público11, asimismo, corresponde señalar que la pretensión sobre accesión de edificación
de mala fe, en el aporte probatorio tiene corroboración periférica, porque según la
inspección |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00189-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : CONSIGNACION
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : MURO ACOSTA, LICEC KARIN
DEMANDANTE : CONSERVERA DE LAS AMERICAS SA REP IVETTE JEANETTE
GIRON PALACIOS ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, Cuatro de marzo
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante resolución N° TRES, de fecha 29 de agosto del 2013, se
resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte ejecutante
CONSERVERA DE LAS AMERICAS contra LICEC KARIN MURO ACOSTA; sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado LICEC KARIN MURO ACOSTA, cumpla con pagar la suma de
TRESCIENTOS DIECISEIS CON 84/100 SOLES (S/316.84) por concepto de
aportes previsionales impagos contenidos en las liquidaciones para
cobranza anexados a la demanda, más los intereses moratorios que se
devenguen a partir del día siguiente de la fecha de la liquidación puesta a
cobro hasta la fecha efectiva del pago total de la obligación, concepto
que se liquidará en ejecución de sentencia. ORDENA el pago de costos y
costas (folios 21-23).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 11 de septiembre y 18 noviembre del
2013; (folios 24-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma;
en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las
especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales ubicados en la
sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de Piura, ello, con el fin
de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor tiempo
posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo real y en
beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en general”,
por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el
plazo de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos
con las resoluciones que emanen del presente proceso, bajo
apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de incumplimiento;
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA), de
fecha 29 de agosto del 2013.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento
de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
3. REQUERIR a la parte demandada LICEC KARIN MURO ACOSTA cumpla
con lo ordenado en la resolución N° 03 de fecha 29 de agosto de 2013.
4. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez
que suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por
disposición superior.
5. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00189-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : CONSIGNACION
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : MURO ACOSTA, LICEC KARIN
DEMANDANTE : CONSERVERA DE LAS AMERICAS SA REP IVETTE JEANETTE
GIRON PALACIOS ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, Cuatro de marzo
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante resolución N° TRES, de fecha 29 de agosto del 2013, se
resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte ejecutante
CONSERVERA DE LAS AMERICAS contra LICEC KARIN MURO ACOSTA; sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el
ejecutado LICEC KARIN MURO ACOSTA, cumpla con pagar la suma de
TRESCIENTOS DIECISEIS CON 84/100 SOLES (S/316.84) por concepto de
aportes previsionales impagos contenidos en las liquidaciones para
cobranza anexados a la demanda, más los intereses moratorios que se
devenguen a partir del día siguiente de la fecha de la liquidación puesta a
cobro hasta la fecha efectiva del pago total de la obligación, concepto
que se liquidará en ejecución de sentencia. ORDENA el pago de costos y
costas (folios 21-23).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del
Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 11 de septiembre y 18 noviembre del
2013; (folios 24-26), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la misma;
en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del Sistema
de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en todas las
especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales ubicados en la
sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de Piura, ello, con el fin
de que los actos de comunicación procesal se realicen en el menor tiempo
posible, lográndose a través de ello, que se realicen en tiempo real y en
beneficio de la administración de justicia y de los justiciables en general”,
por lo que siendo así, se le debe requerir a las partes que cumplan en el
plazo de tres días con precisar su casilla electrónica a efectos de notificarlos
con las resoluciones que emanen del presente proceso, bajo
apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de incumplimiento;
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (SENTENCIA), de
fecha 29 de agosto del 2013.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo apercibimiento
de imponerse multa de (01 URP) en caso de incumplimiento.
3. REQUERIR a la parte demandada LICEC KARIN MURO ACOSTA cumpla
con lo ordenado en la resolución N° 03 de fecha 29 de agosto de 2013.
4. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez
que suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por
disposición superior.
5. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE SOL Y MAR
EXPEDIENTE : 00194-2012-0-2005-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : BURGOS SOLIS LEANDRO FAVIO
ESPECIALISTA : GIANCARLO VICENTE SANTOS GARCIA
DEMANDADO : ZONA DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO ,
DEMANDANTE : PRODUMAR SAC ,
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN N° DIEZ (10)
Paita, treinta y uno de marzo del
Año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS; con los presentes actuados; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante resolución número 09 de fecha 22.03.2022, se resuelve:
FUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR DE
LA DEMANDADA, formulada por la codemandada Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, y en consecuencia se da por concluido el presente
proceso respecto de la codemandada Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo. CONTINUAR con el presente proceso contra la demandada ZONA DE
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PAITA, correspondiendo en
consecuencia EMPLAZAR con la presente resolución, auto admisorio,
demanda y anexos a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Piura
para que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES cumplan con contestar la
demanda, bajo apercibimiento de declarársele rebelde y continuarse con el
proceso según su estado. REQUIERASE por segunda y última vez a la parte
demandada - ZONA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PAITA,
para que en el plazo de cinco días hábiles cumpla con remitir copias del
expediente administrativo que ha dado creación al presente proceso, bajo
apercibimiento de tener en cuenta su conducta procesal en caso de
incumplimiento. Asimismo, cumpla con señalar su casilla electrónica.
REQUIERASE a la parte demandante PRODUMAR S.A.C para que en el plazo
de tres días de notificado con la presente resolución cumpla con señalar su
Casilla Electrónica – SINOE, bajo apercibimiento de concluirse el proceso,
por falta de interés, en caso de incumplimiento.
SEGUNDO: El artículo IV del Título Preliminar, señala: “Que el proceso se
promueve solo a iniciativa de parte, la que invocara interés y legitimidad para
obrar” (…)
TERCERO: El artículo 146° del Código Procesal Civil refiere textualmente que:
“Los plazos previstos en este Código son perentorios. No pueden ser
prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales. La misma regla se aplica al plazo judicial. A falta de plazo
legal, lo fija el Juez”. Por lo expuesto, se advierte que la parte demandante-
PRODUMAR SAC, ha sido debidamente notificado con la Resolución N° 09, el
día 24.03.2022; sin embargo, este no ha cumplido con señalar su Casilla
Electrónica; por lo que, corresponde, hacer efectivo el apercibimiento y
declarar concluido el proceso por falta de interés para obrar de la parte
demandante, disponiendo su archivo en el modo y forma de Ley.
CUARTO: Lo antes señalado, encuentra sustento en tanto si bien toda
persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional, el ejercicio del mismo, debe
realizarse respetando los plazos y los demás procedimientos señalados en
nuestra normatividad, precisión que resulta concordante con lo dispuesto en
el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil de aplicación
supletoria, que establece que las normas procesales son de carácter
imperativo y, por ende de obligatorio cumplimiento.
DECISION:
Por los fundamentos expuestos; SE RESUELVE:
1. HAGASE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO, dispuesto en la resolución
numero 09 de fecha 22.03.2022; en consecuencia.
2. DECLARESE LA CONCLUSIÓN del presente proceso por desinterés
procesal de la entidad demandante- PRODUMAR SAC, por falta de interés
procesal.
3. DISPÓNGASE la devolución de los anexos presentados con la demanda a la
parte demandante.
4. CONSENTIDA O EJECUTORIADA, que se la presente resolución
ARCHIVESE DEFINTIVAMENTE el presente proceso.
5. NOTIFÍQUESE, conforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
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JUZGADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA – SEDE SOL Y MAR
EXPEDIENTE : 00194-2012-0-2005-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : LEANDRO FAVIO BURGOS SOLIS
ESPECIALISTA : GIANCARLO VICENTE SANTOS GARCIA
DEMANDADO : ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE
PAITA
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
DEMANDANTE : PRODUMAR S.A.C
A U T O
RESOLUCIÓN NÚMERO: 09 (NUEVE)
Paita, veintidós de marzo
Del dos mil veintidós.-
AUTOS y VISTOS; en el proceso Contencioso
Administrativo seguido por PRODUMAR SAC contra la ZONA DE TRABAJO
Y PROMOCION DEL EMPLEO DE PAITA, Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO.
PRIMERO: Mediante escrito presentado por la demandada Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo con fecha 20 de agosto del 2014 deduce
excepción de Falta de Legitimidad para Obrar del demandado, señalando
que es de público conocimiento que en el marco de la Ley N° 24650 – Ley de
Bases de la Regionalización, el D.S N° 071-88-PCM, T.U.O de la Ley de Bases de
la Regionalización y el D.S N° 012-1-90-PCM que aprueba la “Directiva de
Transferencia de Funciones, personal y diversos recursos a los Gobiernos
Regionales” el sector de Trabajo y Promoción del Empleo transfirió a las
Direcciones Regionales de Trabajo con los precitados recursos a los Gobiernos
Regionales. Siendo ello así, la Comisión de Transferencia Sectorial del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo designa mediante Resolución Ministerial N°
064-2006-TR, culminó el proceso de efectivizacion de la transferencia
suscribiendo las correspondientes Acta de Entrega y Recepción con los
Presidentes Regionales mediante Resolución Ministerial N° 090-2008-TR,
aprobándose la transferencia de funciones sectoriales entre otros del Gobierno
Regional de Piura, siendo a partir de esa fecha competente para las mismas.
Siendo así, se aprecia del propio tenor de la Resolución impugnada, que dicho
acto administrativo fue expedido por la Zona de Trabajo y Promoción del
Empleo de Paita como autoridades administrativas en el procedimiento
sancionador N° 005-2009-DRTPE-PIURA-ZTPEP, por lo que dicha autoridad forma
parte de la Dirección Regional de Inspección de Trabajo, siendo esta una
dependencia del Gobierno Regional de Piura y no del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo.
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JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
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SEGUNDO: Siendo así, mediante Resolución N° 08 de fecha 02 de abril del año
2018 obrante a folios 74, se tiene por interpuesta la excepción formulada por la
parte demandada Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, corriéndose
traslado a la parte demandante para que en el plazo de tres días de
notificada con la misma absuelva dicha excepción. Siendo así, se advierte
mediante cédula de notificación a folios 75 que la parte demandante ha sido
debidamente notificada con la Resolución N° 08, asimismo, no se advierte que
haya formulado absolución alguna contra dicha excepción.
TERCERO: Estando a lo expuesto y a efecto de resolver la excepción de Falta
de Legitimidad para Obrar corresponde determinar, que implica dicha
excepción; la misma que plantea la imposibilidad de que exista un
pronunciamiento válido sobre el fondo por no haber coincidencia entre las
partes que conforman la relación jurídico sustantiva y las que integran la
relación jurídico procesal; esto es: a) que, el demandante no sea titular de la
pretensión que se está intentando, o en todo caso no sea el único; o b) que la
pretensión intentada contra el demandado o demandados sea
completamente ajena a éste, o que no fuera el único a ser emplazado.
CUARTO: En ese orden de ideas es de verse que conforme al Manual de
Organización y Funciones – MOF de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo – Piura1, se indica que la Dirección Regional de Trabajo
y Promoción del Empleo es un órgano desconcentrado del Gobierno Regional
de Piura y encargado de la ejecución e implementación de las políticas
regionales y/o nacionales en el ámbito regional depende funcional,
administrativa y presupuestalmente del Gobierno Regional de Piura, y
depende Jerárquicamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del
Gobierno Regional de Piura. Asimismo, en su punto 3 de dicho Manual se
indica como una de sus funciones principales, entre otras, “Resolver como
instancia regional de trabajo y promoción del empleo, en los procedimientos
administrativos que traten sobre materia de trabajo y promoción del empleo,
en el marco de la normatividad vigente”.
Asimismo, es de verse que el literal “p” del artículo 48 de la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, señala como una de sus funciones de los
Gobiernos de Trabajo y Promoción del Empleo: “p.- Resolver como Instancia
Regional de Trabajo, en los procedimientos administrativos que tratan sobre materias
de trabajo, promoción del empleo y fomento de la pequeña y micro empresa.”
QUINTO: En ese orden de ideas, se puede concluir que el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo carece de legitimidad para obrar como demandado
en el presente proceso, dado que la resolución materia de impugnación
mediante el presente proceso contencioso administrativo ha sido emitida por
la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Paita la cual se encuentra
sujeta a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del
1 Al cual se puede acceder en la siguiente dirección electrónica
http://trabajo.regionpiura.gob.pe/documentos/instrumentos-gestion/MOF2016.pdf
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JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
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Gobierno Regional de Piura, quien tiene la competencia funcional para
resolver como instancia regional de trabajo y promoción del empleo, los
procedimientos administrativos que traten sobre materia de trabajo y
promoción del empleo; por lo tanto, en base a los fundamentos y razones
anteriormente expuestas deviene en fundada la excepción de falta de
legitimidad para obrar del demandado formulada por la demandada
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
SEXTO: Siendo así, y habiéndose amparado la excepción de Falta de
Legitimidad para Obrar del demandado formulada por la codemandada
Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, corresponde excluir de la
presenta relación jurídico procesal a la parte codemandada Ministerio del
Trabajo y Promoción del Empleo, concluyéndose el presente proceso respecto
de aquella, y en consecuencia proseguir el presente proceso contra la Zona
de Trabajo y Promoción del Empleo de Paita, debiendo asimismo emplazarse
al Procurador Público del Gobierno Regional de Piura para que asuma la
correspondiente defensa.
POR LO TANTO, en base a los fundamentos y razones que anteceden, SE
RESUELVE:
1. Declarar FUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA
OBRAR DE LA DEMANDADA, formulada por la codemandada
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y en consecuencia
se da por concluido el presente proceso respecto de la
codemandada Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
2. CONTINUAR con el presente proceso contra la demandada ZONA
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PAITA,
correspondiendo en consecuencia EMPLAZAR con la presente
resolución, auto admisorio, demanda y anexos a la Procuraduría
Pública del Gobierno Regional de Piura para que en el plazo de
DIEZ DÍAS HÁBILES cumplan con contestar la demanda, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde y continuarse con el
proceso según su estado.
3. REQUIERASE por segunda y última vez a la parte demandada -
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PAITA, para que
en el plazo de cinco días hábiles cumpla con remitir copias del
expediente administrativo que ha dado creación al presente
proceso, bajo apercibimiento de tener en cuenta su conducta
procesal en caso de incumplimiento. Asimismo, cumpla con
señalar su casilla electrónica.
4. REQUIERASE a la parte demandante PRODUMAR S.A.C para que
en el plazo de tres días de notificado con la presente resolución
cumpla con señalar su Casilla Electrónica – SINOE, bajo
Página 3 de 4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
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apercibimiento de concluirse el proceso, por falta de interés, en
caso de incumplimiento.
5. Notifíquese a las partes procesales conforme a Ley.
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO
EXPEDIENTE : 00205-2012-0-0701-JP-LA-07
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : INGA MENDEZ RAFAEL MATEO
ESPECIALISTA : RAMIREZ GUTIERREZ GIANCARLO
DEMANDADO : MIN DE DEFENSA MARINA DE GUERRA OGA
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE
DEFENSAMARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA
SEÑOR JUEZ:
Doy cuenta a Usted que, a consecuencia del brote del COVID – 19 que se
encuentra atravesando nuestro país, el Gobierno ha establecido medidas de
prevención de permanecer en nuestros domicilios y a consecuencia de ello,
la Presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, mediante
Resolución Administrativa N°- 000265-2029, dispone la instalación del
Servicio VPN para el trabajo remoto de los expedientes a mi cargo, por lo
que doy cuenta de los autos en la fecha. Lo que informo a usted para los
fines pertinentes.
Callao, 29 de setiembre de 2020
Resolución N° 9
Callao, veintinueve de setiembre
Del año dos mil veinte
DANDO CUENTA: A la razón que antecede, téngase presente. Al escrito
8662-2019 de fecha 06.12.2019 presentado por la parte demandada y;
ATENDIENDO:
PRIMERO: Mediante escrito de fecha 16.10.2013 el demandado dedujo
nulidad del acto de notificación del emplazamiento, aduciendo que las
copias adjuntadas son ilegibles y que el derecho de defensa se le ha
recortado al no poder contradecir la demanda oportunamente. SEGUNDO: La nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley,
sin embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de los
requisitos indispensables para la obtención de su finalidad
TERCERO: Se advierte de las copias de la notificación enviada y que
adjunta como medio probatorio que no son legibles los montos que allí se
detallan por lo que, estando a lo expuesto se resuelve: DECLARAR
FUNDADA la nulidad del ato de notificación del emplazamiento; en
consecuencia: SOBRECÁRTESE al demandado con la demanda, sus
anexos y el auto admisorio. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-
PJ, en el cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, la
secretaria judicial quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado
recientemente conocimiento del presente expediente y del estado; a fin de
resolver de acuerdo a las funciones asignadas mediante la resolución antes
mencionada.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00208-2012-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : EXPORTADORA CETUS SAC ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP ANA PAOLA CUADRADO ZEGARRA ,
Resolución N° Ocho (08)
Paita, 18 de abril del 2022.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante resolución N° Siete (SENTENCIA) de fecha 19 de mayo del
2014, se resolvió DECLARAR FUNDADA, la contradicción por la causal de,
CANCELACION DE LA DEUDA, formulada por la ejecutada EXPORTADORA
CETUS S.A.C, en consecuencia INFUNDADA, la demanda sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (pago de aportes previsionales)
interpuesta por la ejecutante AFP HORIZONTE , contra EXPORTADORA
CETUS S.A.C. SEGUNDO: Que, estando debidamente notificada la parte
ejecutante ; con la Resolución N° Siete de SENTENCIA ,según constancia de
notificación con numero 823-2014, con fecha 30 de mayo del 2014, ha
transcurrido el plazo previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley
Procesal del Trabajo para interponer recurso de apelación contra la citada
resolución ,correspondiendo declarar firme y consentida la sentencia, y
disponer el archivo definitivo ,ejecutando los términos que contiene la misma;
en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio. TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal
Civil, es importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la presente causa; por estas consideraciones;
SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° Siete (SENTENCIA)
de fecha 19 de mayo del 2014.
2.- ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE EN EL MODO Y FORMA DE LEY.
REMITASE, el mismo al archivo Modular para su conservación y custodia.
3.- DEVUELVASE, los anexos presentados a la parte ejecutante, dejando
copia certificada y constancia de su entrega en autos.
4.- Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe e interviniendo la Secretaria Judicial que da cuenta por disposición
superior. NOTIFÍQUESE conforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SAN MIGUEL
EXPEDIENTE Nº : 00379-2012-0-1824-JP-CI-02
JUEZ : AGUIRRE MAYOR, JIMMY MARTIN
ESPECIALISTA : CHUECAS GONZALES, JENNIFER PAOLA
DEMANDANTE : RED ASISTENCIAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD
DEMANDADO : GARCIA AMPUERO, ROXANA
MATERIA : OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHO
San Miguel, veintiocho de octubre
del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS; Que, es materia de pronunciamiento la demanda
ejecutiva y anexos presentada por RED ASISTENCIAL REBAGLIATI DEL SEGURO SOCIAL DE
SALUD- EDDALUD, representada por su apoderado Roebro Carlos Ashtu Bernuy, contra ROXANA
GARCIA AMPUERO sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO en vía de proceso único de
ejecución, puestos los autos a Despacho para resolver con lo demás que contiene, y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, del Pagare No.0212911, de folios 08, materia de ejecución, y con las instrumentales
obrantes de folios 06/07 y 10, se ha acreditado el interés para obrar, activa y pasiva de las partes,
condiciones de la acción que permiten expedir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la
controversia. SEGUNDO: Que, se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos y/o de
ejecución; de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 688º del Código Procesal Civil; que en el caso de autos se trata del primero de ellos, esto es el
Pagaré emitido de conformidad con lo previsto por el artículo 158º de la Ley de Títulos Valores Nº 27287.
TERCERO: Que, con la presente acción el ejecutante RED ASISTENCIAL REBAGLIATI DEL SEGURO
SOCIAL DE SALUD- ESSALUD pretenda que la ejecutada ROXANA GARCIA AMPUERO pague la
suma ascendente de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 81/100 SOLES importe del precitado
pagare, puesto a cobro más intereses compensatorios y moratorios, costas y costos del proceso.
CUARTO: Que, el contrato es un titulo valor ,en virtud de la cual una persona, se celebra con otra
persona, en la que el contratado, es el obligado principal y es quien responde por el incumplimiento en el
pago del mencionado titulo , en consecuencia teniendo en cuenta el principio de literalidad del titulo valor, que significa que para determinar el contenido y alcances del titulo valor solamente podrá
recurrirse a lo que se haya expresado en el mismo titulo; de esta manera, ni acreedor ni deudor podrán
alegar cuestiones que no emanen literalmente de lo manifestado en el titulo valor. QUINTO: Que,
conforme a lo previsto por el artículo 1220° del Código Civil que “la prueba de pago incumbe a quien
pretende haberlo efectuado”, siendo que en el presente caso la ejecutada ha formulado contradicción
al mandato ejecutivo, mediante escrito de folios 24/25, señalando que es cierto que su sr. Padre se
atendió en el hospital Rebagliati de Essalud, por emergencia para las atenciones médicas desde el día
04 de octubre del 2002, y culmino el día 11 de octubre del 2002, y que siempre se registraba en el seguro
personal completo, del cual siempre registraba su pago puntualmente, y justo ese mes registro su pago
con un día de retraso, y lo peor se enfermó gravemente, y tuvo que llevarlo de emergencia, y al
encontrarse desesperada por la salud de su sr. Padre, firmo el referido pagare, sin percatarse de la
cláusula, donde perdía su atención e hizo una deuda que no la pudo pagar hasta la fecha, y agrega que
tiene la voluntad de realizar el pago y que nunca eludió su responsabilidad, por la que se somete al acto
conciliatorio, y que le brinden las facilidades para el pago, por cuanto refiere que es el sostén de su
familia y de su referido padre; y que fue absuelta por la ejecutante, mediante escrito de folios 36/37,
señalando que la obligación está contenida en el Pagare, y que si bien es cierto se le brindo al paciente
todas las facilidades para su atención médicas, no contaba con derecho para recibir dichas atenciones
brindadas, por lo que debe desestimarse los argumentos de la contradicción, y alega que la ejecutada no
formula contradicción, sino por el contrario se allana a la pretensión, reconociendo la emisión del pagare;,
por lo que se advierte de autos, que la ejecutada no ha probado haber pagado la obligación puesta a
cobro, además tratándose de título ejecutivo, el obligado que cumple con la prestación esta facultado
para exigir la entrega del titulo valor cancelando o en su defecto la anotación que debe hacerse en el
mismo Título conforme a lo establecido por el articulo 17° de la Ley de Títulos Valores N° 27827, lo cual
no ha ocurrido en el caso de autos . SEXTO: Que, siendo esto así, acreditada la obligación con el referido
Titulo valor, el cual reúne los presupuestos contenidos en el artículo 689° del Código Procesal Civil esto
es contiene una obligación ,cierta expresa y exigible, y además liquidable en tal sentido de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 1219º inciso 1) del Código Civil, “Es efecto de las obligaciones, entre
otras, autorizar al acreedor a emplear las medidas legales pertinentes a fin de que el deudor le
procure aquello que se encuentra obligado”, en consecuencia, la demanda debe ser estimada
SÉTIMO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 412º del Código Procesal Civil, el pago de
las costas y costos son de cargo de la parte vencida, en tal sentido, atendiendo que en el caso de autos
existe parte vencida, el pago de las costas y costos debe ser estimado, debiendo liquidarse en ejecución
de sentencia.
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo, 690-E del Código Procesal
Civil; SE RESUELVE: Declarar INFUNDADA LA CONTRADICCION, formulada por la parte ejecutada, de
folios 24/25, y FUNDADA la demanda de folios 11/14, interpuesta por RED ASISTENCIAL
REBAGLIATI DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD contra ROXANA GARCIA AMPUERO en condición de Obligado Principal, sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, en consecuencia
ORDENO LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN hasta que la ejecutada cumpla con pagar a favor del
ejecutante la suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 81/100 SOLES (S/.6, 527.81) más los
intereses que correspondan, costas y costos del proceso. Consentida y/o ejecutoriada que sea la
presente resolución CÚMPLASE o ARCHÍVENSE los autos en el modo y forma de ley. AVOCÁNDOSE al
conocimiento de la presente causa, el Señor Juez que suscribe por disposición Superior.
NOTIFÍQUESE. -- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE SAN MIGUEL
EXPEDIENTE Nº : 00379-2012-0-1824-JP-CI-02
JUEZ : AGUIRRE MAYOR, JIMMY MARTIN
ESPECIALISTA : CHUECAS GONZALES, JENNIFER PAOLA
DEMANDANTE : RED ASISTENCIAL DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD
DEMANDADO : GARCIA AMPUERO, ROXANA
MATERIA : OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO
AUTO FINAL
RESOLUCIÓN NÚMERO: OCHO
San Miguel, veintiocho de octubre
del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS; Que, es materia de pronunciamiento la demanda
ejecutiva y anexos presentada por RED ASISTENCIAL REBAGLIATI DEL SEGURO SOCIAL DE
SALUD- EDDALUD, representada por su apoderado Roebro Carlos Ashtu Bernuy, contra ROXANA
GARCIA AMPUERO sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO en vía de proceso único de
ejecución, puestos los autos a Despacho para resolver con lo demás que contiene, y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, del Pagare No.0212911, de folios 08, materia de ejecución, y con las instrumentales
obrantes de folios 06/07 y 10, se ha acreditado el interés para obrar, activa y pasiva de las partes,
condiciones de la acción que permiten expedir un pronunciamiento válido sobre el fondo de la
controversia. SEGUNDO: Que, se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos y/o de
ejecución; de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 688º del Código Procesal Civil; que en el caso de autos se trata del primero de ellos, esto es el
Pagaré emitido de conformidad con lo previsto por el artículo 158º de la Ley de Títulos Valores Nº 27287.
TERCERO: Que, con la presente acción el ejecutante RED ASISTENCIAL REBAGLIATI DEL SEGURO
SOCIAL DE SALUD- ESSALUD pretenda que la ejecutada ROXANA GARCIA AMPUERO pague la
suma ascendente de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 81/100 SOLES importe del precitado
pagare, puesto a cobro más intereses compensatorios y moratorios, costas y costos del proceso.
CUARTO: Que, el contrato es un titulo valor ,en virtud de la cual una persona, se celebra con otra
persona, en la que el contratado, es el obligado principal y es quien responde por el incumplimiento en el
pago del mencionado titulo , en consecuencia teniendo en cuenta el principio de literalidad del titulo valor, que significa que para determinar el contenido y alcances del titulo valor solamente podrá
recurrirse a lo que se haya expresado en el mismo titulo; de esta manera, ni acreedor ni deudor podrán
alegar cuestiones que no emanen literalmente de lo manifestado en el titulo valor. QUINTO: Que,
conforme a lo previsto por el artículo 1220° del Código Civil que “la prueba de pago incumbe a quien
pretende haberlo efectuado”, siendo que en el presente caso la ejecutada ha formulado contradicción
al mandato ejecutivo, mediante escrito de folios 24/25, señalando que es cierto que su sr. Padre se
atendió en el hospital Rebagliati de Essalud, por emergencia para las atenciones médicas desde el día
04 de octubre del 2002, y culmino el día 11 de octubre del 2002, y que siempre se registraba en el seguro
personal completo, del cual siempre registraba su pago puntualmente, y justo ese mes registro su pago
con un día de retraso, y lo peor se enfermó gravemente, y tuvo que llevarlo de emergencia, y al
encontrarse desesperada por la salud de su sr. Padre, firmo el referido pagare, sin percatarse de la
cláusula, donde perdía su atención e hizo una deuda que no la pudo pagar hasta la fecha, y agrega que
tiene la voluntad de realizar el pago y que nunca eludió su responsabilidad, por la que se somete al acto
conciliatorio, y que le brinden las facilidades para el pago, por cuanto refiere que es el sostén de su
familia y de su referido padre; y que fue absuelta por la ejecutante, mediante escrito de folios 36/37,
señalando que la obligación está contenida en el Pagare, y que si bien es cierto se le brindo al paciente
todas las facilidades para su atención médicas, no contaba con derecho para recibir dichas atenciones
brindadas, por lo que debe desestimarse los argumentos de la contradicción, y alega que la ejecutada no
formula contradicción, sino por el contrario se allana a la pretensión, reconociendo la emisión del pagare;,
por lo que se advierte de autos, que la ejecutada no ha probado haber pagado la obligación puesta a
cobro, además tratándose de título ejecutivo, el obligado que cumple con la prestación esta facultado
para exigir la entrega del titulo valor cancelando o en su defecto la anotación que debe hacerse en el
mismo Título conforme a lo establecido por el articulo 17° de la Ley de Títulos Valores N° 27827, lo cual
no ha ocurrido en el caso de autos . SEXTO: Que, siendo esto así, acreditada la obligación con el referido
Titulo valor, el cual reúne los presupuestos contenidos en el artículo 689° del Código Procesal Civil esto
es contiene una obligación ,cierta expresa y exigible, y además liquidable en tal sentido de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 1219º inciso 1) del Código Civil, “Es efecto de las obligaciones, entre
otras, autorizar al acreedor a emplear las medidas legales pertinentes a fin de que el deudor le
procure aquello que se encuentra obligado”, en consecuencia, la demanda debe ser estimada
SÉTIMO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 412º del Código Procesal Civil, el pago de
las costas y costos son de cargo de la parte vencida, en tal sentido, atendiendo que en el caso de autos
existe parte vencida, el pago de las costas y costos debe ser estimado, debiendo liquidarse en ejecución
de sentencia.
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo, 690-E del Código Procesal
Civil; SE RESUELVE: Declarar INFUNDADA LA CONTRADICCION, formulada por la parte ejecutada, de
folios 24/25, y FUNDADA la demanda de folios 11/14, interpuesta por RED ASISTENCIAL
REBAGLIATI DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD contra ROXANA GARCIA AMPUERO en condición de Obligado Principal, sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, en consecuencia
ORDENO LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN hasta que la ejecutada cumpla con pagar a favor del
ejecutante la suma de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 81/100 SOLES (S/.6, 527.81) más los
intereses que correspondan, costas y costos del proceso. Consentida y/o ejecutoriada que sea la
presente resolución CÚMPLASE o ARCHÍVENSE los autos en el modo y forma de ley. AVOCÁNDOSE al
conocimiento de la presente causa, el Señor Juez que suscribe por disposición Superior.
NOTIFÍQUESE. -- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 01° JUZGADO DE PAZ LETRADO (SEDE LINCE - SAN ISIDRO)
EXPEDIENTE : 00412-2012-0-1802-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : VALERA MALAGA, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VELARDE ROMERO DAVID IGNACIO
DEMANDADO : BANDA FLORES, RUFINA AVELINA
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD
RAZON
Señor Juez:
Doy cuenta a usted, que he asumido funciones desde el pasado 26 de enero
del 2022 y que las herramientas de trabajo (SIJ, correo, y otros) se me vienen
implementando con el pasar de los días – sin haberse culminado ello a la fecha –.
Asimismo, debo señalar que el presente proceso corresponde a la carga dejada por el
colaborador Fredy Gonzales Taype – Especialista legal a cargo del trámite del mismo,
quien fue promovido como Juez Supernumerario desde el 06 de enero de este año; por
lo cual el suscrito actúa en el trámite de la presente causa por disposición superior,
quien a su vez se encuentra atendiendo los requerimientos pendientes y tratando de
absolver la carga correspondiente.
Lo que informo para los fines que estime pertinente.
San Isidro, 27 de junio del 2022.
RESOLUCIÓN N° 32
San Isidro, veintisiete de junio
Del dos mil veintidós. –
DADO CUENTA EN LA FECHA: Vista la razón
que antecede: Téngase presente su mérito y; AUTOS Y VISTOS; ATENDIENDO;
Primero: Que, conforme lo dispone el Principio de Vinculación plasmado en el artículo
IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las normas contenidas en dicho
cuerpo normativo son de carácter imperativo y, por tanto, de obligatorio cumplimiento
por parte del Juzgador, las partes procesales y terceros. Segundo: Por otro lado,
debemos recordar que el derecho al debido proceso es un principio de la
administración de justicia – previsto en el artículo 139° numeral 3 de la Constitución
Política del Estado y el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil – en
mérito del cual se establece que toda persona está facultada para exigir al Estado un
juzgamiento imparcial y justo ante un juez responsable, competente e independiente;
prestación jurisdiccional que además debe ser otorgada con un mínimo de garantías.
Tercero: Asimismo, debemos recordar que la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando un acto procesal careciere
de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, tal como lo prescribe
el artículo 171° del Código Procesal Civil. Cuarto: Al respecto, el último párrafo del
artículo 176° del Código Procesal Civil establece que los Jueces sólo declararán de
oficio las nulidades insubsanables mediante resolución motivada, reponiendo el
proceso al estado que corresponda. Quinto: Ahora bien, de la revisión de autos se
desprende que mediante Sentencia contenida en la Resolución N° 08 de fecha 24 de
septiembre del 2013, esta judicatura declaró fundada la demanda interpuesta por el
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social De Salud ESSALUD y,
en consecuencia, ordenó a la demandada Rufina Avelina Banda Flores que pague al
accionante la suma de S/. 1,272.87 (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS con
87/100 SOLES), más los intereses legales y las costas y costos del proceso. Sexto: Que,
ante el incumplimiento por parte de la emplazada – respecto al mandato antes
mencionado –, mediante Resolución N° 22 de fecha 02 de agosto del 2016 se dio inicio a
la ejecución forzada, trabándose embargo en forma de retención hasta por la suma
puesta a cobro sobre las cuentas corrientes que pudiera tener dicha parte en diversas
entidades financieras que se mencionaron en su oportunidad. Séptimo: Que, a través
del tiempo la accionante ha logrado hacerse cobro de S/. 50.00 (CINCUENTA con
00/100 SOLES) – a través del Certificado de Depósito Judicial N° 2015004603690 que
presento la emplazada – y, USD$ 392.55 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS con 55/100
DOLARES AMERICANOS) – a través del Certificado de Depósito Judicial N°
2017000502276 que presento el Banco BBVA Continental producto del embargo antes
citado –. Octavo: En mérito a lo antes expuesto, el accionante el 01 de junio del 2021
presentó un escrito adjuntando un “Estado de Cuenta de Liquidaciones” y, un
“Calculo de Intereses” en virtud de los cuales refiere que la emplazada le adeuda la
suma de S/. 559.45 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con 45/100 SOLES) por
concepto de intereses legales – por cuanto ya le ha cancelado la suma de S/. 1,358.39
(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 39/100 SOLES) a través de los
Certificados de Depósito Judicial mencionados en el considerando séptimo de la
presente resolución –. Noveno: Ante tal escrito, por Resolución N° 31 de fecha 27 de
julio del 2021 se requirió a la parte demandada que cumpla con pagar el saldo
pendiente por concepto de liquidación de intereses en el término de tres días – incluso,
bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada –; empero, es de verificarse de autos
que a la data no solo no se ha corrido traslado a la emplazada respecto a la propuesta
de liquidación que presento el demandante el 01 de junio del 2021, sino que tampoco se
ha aprobado algún monto por concepto de intereses legales; por lo que podemos
colegir con absoluta certeza, que el requerimiento contenido en la resolución
precedente no correspondía ser emitido aún. Decimo: Estando a las consideraciones
antes expuestas, a fin de no afectar el derecho al contradictorio y más aún, al debido
proceso, SE RESUELVE: Declarar NULA la Resolución N° 31 de fecha 27 de julio del
2021 y, reponiendo la causa conforme a su estado, se dispone SOBRECARTAR a la emplazada el escrito de fecha 01 de junio del 2021 a fin que absuelva lo pertinente
conforme a su derecho en un plazo no mayor a TRES DIAS y, vencido que sea el plazo
con o sin su absolución, pónganse los autos en despacho para emitir la resolución
correspondiente. Al escrito digital con número de ingreso 5285-2022 presentado por el
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud ESSALUD el 23 de
mayo del 2022; AL PRINCIPAL: Estese a lo dispuesto en la presente resolución y,
pídase en su oportunidad. Al Primer Otrosí: Téngase presente. Al Segundo Otrosí:
Téngase por señalado el domicilio procesal electrónico que se indica y presente en su
oportunidad. Reasumiendo funciones en la presente causa el señor Juez que suscribe por
disposición superior e, interviniendo el Especialista Legal que suscribe por promoción del titular
y disposición superior. Notifíquese. – |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 01° JUZGADO DE PAZ LETRADO (SEDE LINCE - SAN ISIDRO)
EXPEDIENTE : 00412-2012-0-1802-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : VALERA MALAGA, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VELARDE ROMERO DAVID IGNACIO
DEMANDADO : BANDA FLORES, RUFINA AVELINA
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD
RAZON
Señor Juez:
Doy cuenta a usted, que he asumido funciones desde el pasado 26 de enero
del 2022 y que las herramientas de trabajo (SIJ, correo, y otros) se me vienen
implementando con el pasar de los días – sin haberse culminado ello a la fecha –.
Asimismo, debo señalar que el presente proceso corresponde a la carga dejada por el
colaborador Fredy Gonzales Taype – Especialista legal a cargo del trámite del mismo,
quien fue promovido como Juez Supernumerario desde el 06 de enero de este año; por
lo cual el suscrito actúa en el trámite de la presente causa por disposición superior,
quien a su vez se encuentra atendiendo los requerimientos pendientes y tratando de
absolver la carga correspondiente.
Lo que informo para los fines que estime pertinente.
San Isidro, 27 de junio del 2022.
RESOLUCIÓN N° 32
San Isidro, veintisiete de junio
Del dos mil veintidós. –
DADO CUENTA EN LA FECHA: Vista la razón
que antecede: Téngase presente su mérito y; AUTOS Y VISTOS; ATENDIENDO;
Primero: Que, conforme lo dispone el Principio de Vinculación plasmado en el artículo
IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las normas contenidas en dicho
cuerpo normativo son de carácter imperativo y, por tanto, de obligatorio cumplimiento
por parte del Juzgador, las partes procesales y terceros. Segundo: Por otro lado,
debemos recordar que el derecho al debido proceso es un principio de la
administración de justicia – previsto en el artículo 139° numeral 3 de la Constitución
Política del Estado y el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil – en
mérito del cual se establece que toda persona está facultada para exigir al Estado un
juzgamiento imparcial y justo ante un juez responsable, competente e independiente;
prestación jurisdiccional que además debe ser otorgada con un mínimo de garantías.
Tercero: Asimismo, debemos recordar que la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando un acto procesal careciere
de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, tal como lo prescribe
el artículo 171° del Código Procesal Civil. Cuarto: Al respecto, el último párrafo del
artículo 176° del Código Procesal Civil establece que los Jueces sólo declararán de
oficio las nulidades insubsanables mediante resolución motivada, reponiendo el
proceso al estado que corresponda. Quinto: Ahora bien, de la revisión de autos se
desprende que mediante Sentencia contenida en la Resolución N° 08 de fecha 24 de
septiembre del 2013, esta judicatura declaró fundada la demanda interpuesta por el
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social De Salud ESSALUD y,
en consecuencia, ordenó a la demandada Rufina Avelina Banda Flores que pague al
accionante la suma de S/. 1,272.87 (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS con
87/100 SOLES), más los intereses legales y las costas y costos del proceso. Sexto: Que,
ante el incumplimiento por parte de la emplazada – respecto al mandato antes
mencionado –, mediante Resolución N° 22 de fecha 02 de agosto del 2016 se dio inicio a
la ejecución forzada, trabándose embargo en forma de retención hasta por la suma
puesta a cobro sobre las cuentas corrientes que pudiera tener dicha parte en diversas
entidades financieras que se mencionaron en su oportunidad. Séptimo: Que, a través
del tiempo la accionante ha logrado hacerse cobro de S/. 50.00 (CINCUENTA con
00/100 SOLES) – a través del Certificado de Depósito Judicial N° 2015004603690 que
presento la emplazada – y, USD$ 392.55 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS con 55/100
DOLARES AMERICANOS) – a través del Certificado de Depósito Judicial N°
2017000502276 que presento el Banco BBVA Continental producto del embargo antes
citado –. Octavo: En mérito a lo antes expuesto, el accionante el 01 de junio del 2021
presentó un escrito adjuntando un “Estado de Cuenta de Liquidaciones” y, un
“Calculo de Intereses” en virtud de los cuales refiere que la emplazada le adeuda la
suma de S/. 559.45 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con 45/100 SOLES) por
concepto de intereses legales – por cuanto ya le ha cancelado la suma de S/. 1,358.39
(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 39/100 SOLES) a través de los
Certificados de Depósito Judicial mencionados en el considerando séptimo de la
presente resolución –. Noveno: Ante tal escrito, por Resolución N° 31 de fecha 27 de
julio del 2021 se requirió a la parte demandada que cumpla con pagar el saldo
pendiente por concepto de liquidación de intereses en el término de tres días – incluso,
bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada –; empero, es de verificarse de autos
que a la data no solo no se ha corrido traslado a la emplazada respecto a la propuesta
de liquidación que presento el demandante el 01 de junio del 2021, sino que tampoco se
ha aprobado algún monto por concepto de intereses legales; por lo que podemos
colegir con absoluta certeza, que el requerimiento contenido en la resolución
precedente no correspondía ser emitido aún. Decimo: Estando a las consideraciones
antes expuestas, a fin de no afectar el derecho al contradictorio y más aún, al debido
proceso, SE RESUELVE: Declarar NULA la Resolución N° 31 de fecha 27 de julio del
2021 y, reponiendo la causa conforme a su estado, se dispone SOBRECARTAR a la emplazada el escrito de fecha 01 de junio del 2021 a fin que absuelva lo pertinente
conforme a su derecho en un plazo no mayor a TRES DIAS y, vencido que sea el plazo
con o sin su absolución, pónganse los autos en despacho para emitir la resolución
correspondiente. Al escrito digital con número de ingreso 5285-2022 presentado por el
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud ESSALUD el 23 de
mayo del 2022; AL PRINCIPAL: Estese a lo dispuesto en la presente resolución y,
pídase en su oportunidad. Al Primer Otrosí: Téngase presente. Al Segundo Otrosí:
Téngase por señalado el domicilio procesal electrónico que se indica y presente en su
oportunidad. Reasumiendo funciones en la presente causa el señor Juez que suscribe por
disposición superior e, interviniendo el Especialista Legal que suscribe por promoción del titular
y disposición superior. Notifíquese. – |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 01° JUZGADO DE PAZ LETRADO (SEDE LINCE - SAN ISIDRO)
EXPEDIENTE : 00412-2012-0-1802-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : VALERA MALAGA, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VELARDE ROMERO DAVID IGNACIO
DEMANDADO : BANDA FLORES, RUFINA AVELINA
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS
DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD
RAZON
Señor Juez:
Doy cuenta a usted, que he asumido funciones desde el pasado 26 de enero
del 2022 y que las herramientas de trabajo (SIJ, correo, y otros) se me vienen
implementando con el pasar de los días – sin haberse culminado ello a la fecha –.
Asimismo, debo señalar que el presente proceso corresponde a la carga dejada por el
colaborador Fredy Gonzales Taype – Especialista legal a cargo del trámite del mismo,
quien fue promovido como Juez Supernumerario desde el 06 de enero de este año; por
lo cual el suscrito actúa en el trámite de la presente causa por disposición superior,
quien a su vez se encuentra atendiendo los requerimientos pendientes y tratando de
absolver la carga correspondiente.
Lo que informo para los fines que estime pertinente.
San Isidro, 27 de junio del 2022.
RESOLUCIÓN N° 32
San Isidro, veintisiete de junio
Del dos mil veintidós. –
DADO CUENTA EN LA FECHA: Vista la razón
que antecede: Téngase presente su mérito y; AUTOS Y VISTOS; ATENDIENDO;
Primero: Que, conforme lo dispone el Principio de Vinculación plasmado en el artículo
IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil, las normas contenidas en dicho
cuerpo normativo son de carácter imperativo y, por tanto, de obligatorio cumplimiento
por parte del Juzgador, las partes procesales y terceros. Segundo: Por otro lado,
debemos recordar que el derecho al debido proceso es un principio de la
administración de justicia – previsto en el artículo 139° numeral 3 de la Constitución
Política del Estado y el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil – en
mérito del cual se establece que toda persona está facultada para exigir al Estado un
juzgamiento imparcial y justo ante un juez responsable, competente e independiente;
prestación jurisdiccional que además debe ser otorgada con un mínimo de garantías.
Tercero: Asimismo, debemos recordar que la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando un acto procesal careciere
de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, tal como lo prescribe
el artículo 171° del Código Procesal Civil. Cuarto: Al respecto, el último párrafo del
artículo 176° del Código Procesal Civil establece que los Jueces sólo declararán de
oficio las nulidades insubsanables mediante resolución motivada, reponiendo el
proceso al estado que corresponda. Quinto: Ahora bien, de la revisión de autos se
desprende que mediante Sentencia contenida en la Resolución N° 08 de fecha 24 de
septiembre del 2013, esta judicatura declaró fundada la demanda interpuesta por el
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social De Salud ESSALUD y,
en consecuencia, ordenó a la demandada Rufina Avelina Banda Flores que pague al
accionante la suma de S/. 1,272.87 (UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS con
87/100 SOLES), más los intereses legales y las costas y costos del proceso. Sexto: Que,
ante el incumplimiento por parte de la emplazada – respecto al mandato antes
mencionado –, mediante Resolución N° 22 de fecha 02 de agosto del 2016 se dio inicio a
la ejecución forzada, trabándose embargo en forma de retención hasta por la suma
puesta a cobro sobre las cuentas corrientes que pudiera tener dicha parte en diversas
entidades financieras que se mencionaron en su oportunidad. Séptimo: Que, a través
del tiempo la accionante ha logrado hacerse cobro de S/. 50.00 (CINCUENTA con
00/100 SOLES) – a través del Certificado de Depósito Judicial N° 2015004603690 que
presento la emplazada – y, USD$ 392.55 (TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS con 55/100
DOLARES AMERICANOS) – a través del Certificado de Depósito Judicial N°
2017000502276 que presento el Banco BBVA Continental producto del embargo antes
citado –. Octavo: En mérito a lo antes expuesto, el accionante el 01 de junio del 2021
presentó un escrito adjuntando un “Estado de Cuenta de Liquidaciones” y, un
“Calculo de Intereses” en virtud de los cuales refiere que la emplazada le adeuda la
suma de S/. 559.45 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con 45/100 SOLES) por
concepto de intereses legales – por cuanto ya le ha cancelado la suma de S/. 1,358.39
(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 39/100 SOLES) a través de los
Certificados de Depósito Judicial mencionados en el considerando séptimo de la
presente resolución –. Noveno: Ante tal escrito, por Resolución N° 31 de fecha 27 de
julio del 2021 se requirió a la parte demandada que cumpla con pagar el saldo
pendiente por concepto de liquidación de intereses en el término de tres días – incluso,
bajo apercibimiento de iniciarse ejecución forzada –; empero, es de verificarse de autos
que a la data no solo no se ha corrido traslado a la emplazada respecto a la propuesta
de liquidación que presento el demandante el 01 de junio del 2021, sino que tampoco se
ha aprobado algún monto por concepto de intereses legales; por lo que podemos
colegir con absoluta certeza, que el requerimiento contenido en la resolución
precedente no correspondía ser emitido aún. Decimo: Estando a las consideraciones
antes expuestas, a fin de no afectar el derecho al contradictorio y más aún, al debido
proceso, SE RESUELVE: Declarar NULA la Resolución N° 31 de fecha 27 de julio del
2021 y, reponiendo la causa conforme a su estado, se dispone SOBRECARTAR a la emplazada el escrito de fecha 01 de junio del 2021 a fin que absuelva lo pertinente
conforme a su derecho en un plazo no mayor a TRES DIAS y, vencido que sea el plazo
con o sin su absolución, pónganse los autos en despacho para emitir la resolución
correspondiente. Al escrito digital con número de ingreso 5285-2022 presentado por el
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud ESSALUD el 23 de
mayo del 2022; AL PRINCIPAL: Estese a lo dispuesto en la presente resolución y,
pídase en su oportunidad. Al Primer Otrosí: Téngase presente. Al Segundo Otrosí:
Téngase por señalado el domicilio procesal electrónico que se indica y presente en su
oportunidad. Reasumiendo funciones en la presente causa el señor Juez que suscribe por
disposición superior e, interviniendo el Especialista Legal que suscribe por promoción del titular
y disposición superior. Notifíquese. – |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 00450-2012-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TORRES CADILLO ROSA ISABEL
ESPECIALISTA : GARCIA ROJAS MARIELLA NATALI
APODERADO : SANCHEZ FARFAN, KETTY MATILDE
DEMANDADO : TAURUS EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES SAC ,
COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO
WORK LTDA ,
EMPRESA VLACAR SAC ,
DEMANDANTE : MORENO VERGARAY, JUAN
Resolución Nro. CINCUENTA Y NUEVE
Chimbote, diez de diciembre
Del año dos mil diecinueve.-
AUTOS Y VISTOS, Dado cuenta con el escrito que antecede,
TENGASE por absuelto el traslado del escrito de observación en los términos que
expone; y siendo el estado del proceso el de resolver; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, conforme lo establece el artículo 407° del Código Procesal Civil
-aplicable supletoriamente al caso de autos-, antes que la resolución cause
ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin trámite alguno, corregir
cualquier error material evidente que contenga una determinada resolución.
SEGUNDO.- Que, en el caso de autos, por error involuntario, se ha consignado
erróneamente los números de las resoluciones en autos: i) resolución de fecha
25.07.2018, como “Resolución Nro. CUARENTA Y TRES”; ii) resolución de fecha
13.08.2018, como “Resolución Nro. CUARENTA Y CUATRO”; iii) resolución de
fecha 05.09.2018, como “Resolución Nro. CUARENTA Y CINCO”; iv) resolución de
fecha 04.10.2018, como “Resolución Nro. CUARENTA Y SEIS”; v) resolución de
fecha 28.11.2018, como “Resolución Nro. CUARENTA Y SIETE”; vi) resolución de
fecha 17.12.2018, como “Resolución Nro. CUARENTA Y OCHO”; DEBIENDO SER
LO CORRECTO: i) resolución de fecha 25.07.2018, como “Resolución Nro.
CINCUENTA Y TRES”; ii) resolución de fecha 13.08.2018, como “Resolución Nro.
CINCUENTA Y CUATRO”; iii) resolución de fecha 05.09.2018, como “Resolución
Nro. CINCUENTA Y CINCO”; iv) resolución de fecha 04.10.2018, como “Resolución Nro. CINCUENTA Y SEIS”; v) resolución de fecha 28.11.2018, como
“Resolución Nro. CINCUENTA Y SIETE”; vi) resolución de fecha 17.12.2018, como
“Resolución Nro. CINCUENTA Y OCHO”; siendo así, y a fin de evitar futuras
nulidades y advirtiendo los errores materiales evidentes, debe procederse a
realizar su debida corrección, quedando subsistente lo demás que contiene en
las referidas resoluciones.
TERCERO.- Que, dado a que el error involuntario indicado precedentemente,
constituye un error de cita, mejor dicho un error material que no enerva o altera
en nada sobre el fondo de la resolución aludida, la corrección establecida en el
artículo 407° del Código Procesal Civil es procedente.
CUARTO.- Que, el demandante por intermedio de su abogado defensor, mediante
escrito de fojas 630/631, presenta la propuesta de los costos procesales, en el
15% del monto del capital.
QUINTO.- Que, corrido el traslado mediante resolución número cuarenta y ocho,
la propuesta de costos procesales a la demandada, quien observa los mismos
alegando que conforme a los Arts. 34° y 26° del Código de Ética de los Colegios de
Abogados del Perú, los honorarios profesionales deben ser fijados en el 10% de la
IUT del presente año (S/.3,850.00 soles), entre otros fundamentos.
SEXTO.- Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso de Ejecución
bajo los alcances establecidos por la Ley N° 29497 – Ley Procesal del Trabajo la
cual establece que la condena de los costos del proceso se regulan conforme a la
norma procesal civil (artículo 14° de la citada norma adjetiva).
SÉTIMO.- Que, según lo establecido por el artículo 411° del Código Procesal
Civil “son costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un
cinco por ciento destinado del Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo,
para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de
auxilio judicial”.
OCTAVO.- Que, por otro lado de conformidad a lo dispuesto por el artículo 414°
del Código Procesal Civil, es el Juzgador quien regulara los alcances de la condena
en costas y costos, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados,
en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión. NOVENO.- Que, se debe tener presente que el Juez a fin de fijar los costos
procesales a merita la actuación del abogado de la parte vencedora, valorando el
asesoramiento legal realizada en el proceso, debiendo tenerse en cuenta que en el
Nuevo Proceso Laboral conforme a lo prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de
la Ley 29497, sobre la prevalencia de las exposiciones orales sobre las
escritas, estando referido a que los letrados oralizan su demanda, fundamentan
sus exposiciones de hecho, es decir sus alegatos de apertura y de clausura en las
Audiencias Señaladas.
DÉCIMO.- Que, de lo expuesto se aprecia que la regulación de los costos los hace el
Juez, y sobre la base de la observancia de diversos factores, como los indicados.
DÉCIMO PRIMERO.- Que, contrastando los actos procesales, así como la
intervención del letrado en la Audiencia programada, se tiene que los costos del
proceso deben fijarse por el juzgador, la misma que deberá atender a las
incidencias del procesos, tales como: 1) la duración del proceso, el cual es un
proceso rápido al tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de Trabajo 29497,
2) instancias jurisdiccionales (dos instancias), 3) el abogado defensor no ha
desplegado defensa en segunda instancia.
DÉCIMO SEGUNDO.- Que, en este orden de ideas, se debe fijar los costos
procesales con criterio de proporcionalidad y de acuerdo a los fundamentos
expuestos en la presente resolución, por lo que en atención a ello, el juzgador en la
presente causa, debe tener en cuenta los montos ordenados cancelar: i) por
concepto de capital, en la suma total de S/.6,414.41 SOLES, ii) los intereses
legales e intereses bancarios derivados de la CTS reconocidos en los presente
actuados, en la suma de S/.2,6410.35 SOLES; iii) más el 5% destinado para el
Colegio de Abogados del Santa, al haberse declarado fundada en parte la
pretensión planteada por el accionante, en segunda instancia; en tal sentido,
resulta razonable y equitativo regular los mismos en la suma de S/.905.51 SOLES
como HONORARIOS PROFESIONALES, más el 5% destinado para el Colegio de
Abogados del Santa ascendente a la suma de S/.42.31 SOLES. Por los fundamentos expuestos, SE RESUELVE:
(cid:1) CORREGIR la parte expositiva de las siguiente resoluciones, sólo en el
extremo de la numeración, DEBIENDO SER LO CORRECTO: i) resolución de
fecha 25.07.2018, como “Resolución Nro. CINCUENTA Y TRES”; ii) resolución de
fecha 13.08.2018, como “Resolución Nro. CINCUENTA Y CUATRO”; iii)
resolución de fecha 05.09.2018, como “Resolución Nro. CINCUENTA Y CINCO”;
iv) resolución de fecha 04.10.2018, como “Resolución Nro. CINCUENTA Y SEIS”;
v) resolución de fecha 28.11.2018, como “Resolución Nro. CINCUENTA Y SIETE”;
vi) resolución de fecha 17.12.2018, como “Resolución Nro. CINCUENTA Y
OCHO”; siendo así, y a fin de evitar futuras nulidades y advirtiendo los errores
materiales evidentes, debe procederse a realizar su debida corrección, quedando
subsistente lo demás que contiene en las referidas resoluciones.
(cid:1) DECLARAR FUNDADA EN PARTE la observación de los costos procesales
realizado por la demandada; en consecuencia,
(cid:1) REGÚLESE LOS COSTOS PROCESALES EN LA SUMA DE S/.905.51 SOLES;
como HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO, más el 5% a favor
del Colegio de Abogados del Santa en la suma de S/.42.31 SOLES, sumas
que debe cumplir con pagar la demandada dentro del plazo del TERCER
DÍA, bajo apercibimiento de ley, en caso de incumplimiento. Avocándose a
la causa la Señorita Juez que suscribe.- NOTIFÍQUESE.- |
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EXPEDIENTE : 00450-2012-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : BANCES TABOADA KELLY KATHERINE
ESPECIALISTA : GARCIA ROJAS MARIELLA NATALI
APODERADO : SANCHEZ FARFAN, KETTY MATILDE
DEMANDADO : TAURUS EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES SAC ,
COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO
WORK LTDA ,
EMPRESA VLACAR SAC ,
DEMANDANTE : MORENO VERGARAY, JUAN
Resolución Nro. CUARENTA Y SEIS
Chimbote, cuatro de octubre
Del dos mil dieciocho
Dando cuenta en la fecha por recargadas labores del
juzgado: AUTOS Y VISTOS; y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- La codemandada VLACAR S.A.C formula observación al informe
pericial de la liquidación de intereses legales por considerar que la obligación
principal ascendente a S/. 1,982.74 soles que canceló mediante resolución
número cincuenta de fecha 13 de abril del 2018 (fs.579) como consecuencia de
medida cautelar; del mismo modo que los intereses legales ascendente a la
suma de S/. 381.08 se cancelaron mediante resolución número treinta y nueve
de fecha 26 de abril del 2017 (fs.561), por ello considera que ya no corresponde
nueva liquidación de intereses legales y tampoco identifica a que empresa
codemandada corresponde dicha liquidación;
SEGUNDO.-Que, por sentencia de vista de fecha 4 de set. 378/386) revocando la
apelada y declarando fundada en parte la demanda la señora juez del Sexto
Juzgado Laboral ordenó a pagar a la Cooperativa de Trabajo y Fomento del
Empleo Work Ltda. la suma de S/.4,431.67 y confirmando la apelada se ordenó
pago solidario de las empresas TAURUS EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES
SAC Y VLACAR SAC la suma de S/. 1,982.74 soles;
TERCERO.-Que, de la liquidación de los intereses legales y financieros o
bancarios puesto a conocimiento de las partes, es evidente que
corresponde a la parte ejecutada Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Work Ltda. por cuanto se ha liquidado los intereses en base al monto
de los beneficios sociales ordenados a pagar en la sentencia de vista antes
referida, es decir, por concepto de vacaciones, utilidades y compensación por
tiempo de servicios, en forma clara y concreta;
CUARTO.- Siendo como se expone, las observaciones que formula la
codemandada VLACAR SAC es manifiestamente improcedente, porque pago
de los intereses liquidados corresponde reconocer y abonar a la ejecuta
Cooperativa de Trabajo y Fomento del Empleo Work Ltda. pues en la sentencia
de vista se ordenó pago divisible de a obligación estableciendo sumas liquidas
para cada codemandada y el pago de los intereses legales, siendo accesorios a
la obligación principal, corre la suerte del principal;
QUINTO.- Finalmente, si bien es cierto por resolución número treinta de fecha 4
de marzo del 2016 fs. 492, se aprobó la liquidación de intereses en la suma de
S/. 381.08 soles y que dicho monto ha sido cancelado por la ejecutada como
indica en su escrito de observación, también los es que en la liquidación del
perito contable se está deduciendo dicho monto, razones por las cuales,
tampoco existe error, siendo el caso, que el perito ha liquidado teniendo en
consideración el capital ordenado a pagar, el periodo devengado y utilizando la
tasas en base factores y que los mismos no han sido materia de observación.
Por todo, APRUEBASE la liquidación de intereses legales en la suma de S/ 1,677.79
soles mas la suma de S/962.56 soles por intereses bancarios sumas que deberá
abonar la ejecutada COOPERATIVA DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO
WORK LTDA.; Avocándose al conocimiento del proceso la Señorita Juez e
Interviniendo la Especialista Judicial que da cuenta por Disposición del
Superior. Avocándose al proceso la Señorita Juez que autoriza por disposición Superior.
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
Fecha: 06/01/2014 12:24:00
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL
EXPEDIENTE : 00458-2012-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: MARIA JULIA
DELGADO REGALADO
Fecha: 06/01/2014 18:20:22 ESPECIALISTA : MARIA JULIA DELGADO REGALADO
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE SA.
DEMANDANTE : QUEZADA BERMUDEZ, DANIEL
RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIUNO
Chimbote, veintisiete de Diciembre
Del dos mil trece.-
AUTOS y VISTOS, Dado cuenta con los dos escritos que antecede; Y
Considerando, PRIMERO: Que, mediante resolución número veinte-sentencia, se
declaro fundada en parte la demanda y ordena para que el demandado cumpla
con el pago de S/. 211.08. SEGUNDO: Que, dicha resolución fue debidamente
notificada a las partes con fecha doce de Diciembre del año en curso; TERCERO:
Que, la demandada dentro del plazo de ley recurre a este Juzgado las partes a fin
de presentar el recurso de apelación, por lo que se debe de proveer con arreglo a
Ley su dicho recurso; CUARTO: Que, el recurso impugnatorio, reúne los requisitos
de admisibilidad y procedibilidad previsto en el artículo 32 de la NLPT N° 29497;
QUINTO: Que, teniendo el recurso de apelación, como objeto de que el Superior
en Grado examine la resolución que le produzca agravio, es procedente admitirlo;
por estas consideraciones; SE RESUELVE: CONCEDER APELACIÓN CON
EFECTO SUSPENSIVO a la demandante DANIEL QUEZADA BERMUDEZ y a la
parte demandada PESQUERA DIAMANTE contra la sentencia que corre en autos;
en consecuencia ELÉVESE los autos al Superior en Grado con el oficio respectivo.
Notifíquese. – |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE DEL SANTA
Juez: EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 01/04/2013 16:22:37
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - Sede Central
EXPEDIENTE : 00458-2012-0-2501-JP-LA-02
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE DEL SANTA
Secretario: MARIA JULIA
DELGADO REGALADO MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
Fecha: 01/04/2013 16:39:05
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA ESPECIALISTA : MARIA JULIA DELGADO REGALADO
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : EMPRESA PESQUERA DIAMANTE SA ,
DEMANDANTE : QUEZADA BERMUDEZ, DANIEL
RESOLUCION NÚMERO: SIETE
Chimbote, tres de Enero
Del año dos mil trece.-
AUTOS Y VISTOS, Dado cuenta, con el escrito de apelación presentado por el
demandante que antecede; Y CONSIDERANDO, Primero: Que, mediante
resolución número seis-Sentencia de fecha quince de enero del año en curso,
se declaro fundada en parte la excepción de incompetencia Territorial deducida
por la demandada. Segundo: Que, dicha resolución fue notificada a la parte
demandada el día dieciocho de Diciembre a horas cuatro y treinta en el
despacho del Juzgado, habiendo el demandante interpuesto el recurso
impugnatorio dentro del plazo establecido por ley. Tercero: Que, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud departe o de tercero legitimado, la resolución que les produzca
agravio, con el propósito de que sea anulado o revocado, total o parcialmente
es procedente admitirlo, por estas consideraciones; SE RESUELVE:
CONCEDER EL RECURSO DE APELACION CON EFECTO SUSPENSIVO al
demandante QUEZADA BERMUDES DANIEL contra la sentencia que corre
en autos; ELEVESE los autos al Superior con el OFICIO correspondiente
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZG DE TRABAJO TRANSITORIO-SEDE MARTIRES PETROLEROS (EX 1°)
EXPEDIENTE : 00497-2012-0-3102-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : CONTRERAS LOPEZ VICTOR ABRAHAM
ESPECIALISTA : BALCAZAR CABRERA BLANCA ROSA
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL
DE PIURA ,
DEMANDANTE : PRODUMAR SAC
Resolución Nro trece
Talara 15 de noviembre del 2021
(trabajo remoto)
I. ANTECEDENTES
1. Mediante resolución número DOCE de fecha 01.09.2020, el Juzgado declaró (…)
DECLARAR FUNDADA LA EXCEPCION DE CADUCIDAD, interpuesta por
PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, en
consecuencia, NULO TODO LO ACTUADO, ARCHÍVESE la demanda consentida o
ejecutoriada que fuera la presente(…).
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISION
RESPECTO AL ARCHIVO DEL AUTO DE CONCLUSIÓN:
1. El artículo 123° inciso 2 del Código Procesal Civil prescribe: “Una resolución adquiere la
autoridad de cosa juzgada cuando: 2) Las partes renuncia expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos”.
2. De conformidad con lo establecido el artículo 146° del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al presente Proceso Laboral, los plazos son perentorios. No pueden ser
prorrogados por las partes con relación a determinados actos procesales, aplicándose esta
misma regla al plazo Judicial,
3. En tal sentido se verifica que la parte demandante fue debidamente notificada con la
resolución número DOCE el día 01.06.2021 conforme al cargo de notificación anexado,
sin que hasta la fecha interponga recurso impugnatorio de apelación contra la
referida resolución, por lo que le corresponde a esta judicatura declarar consentida y
firme la resolución número DOCE.
RESPECTO A LA DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS:
1. Mediante escritos de fechas 12.11.2021 la empresa SAVIA PERU S.A. solicita la
devolución del depósito judicial N° 2021004602148 por la suma de S/1500.00 soles, el
cual ha sido ingresado de MANERA ERRONEA al presente proceso, por cuanto al
haber colocado el año diferente fue ingreso a este proceso; en tal sentido se ha procedido a
revisar el icono del DEPOSITOS judiciales, en el SIJ y se verifica que realmente se
encuentra el citado depósito; por cuanto al no haber pago alguno en este proceso, este
Juzgador cree por conveniente DEVOLVER EL CITADO DEPOSITO A LA
EMPRESA RECURRENTE; debiéndose hacer entrega del mismo de manera física al
represente legal con poder actual a al momento de su entrega, de su endose.
III. DECISION Por las consideraciones citadas, el Juez del Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de
Talara, RESUELVO:
1. TENER POR CONSENTIDA la resolución número DOCE, en consecuencia;
1. ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE los actuados, y CUMPLA el Asistente Judicial
de esta secretaría con remitir los autos al Archivo Central de esta Corte, para su custodia.
OFICIO para tal fin.
2. AFECTAR, ENDOSAR Y DEVOLVER EL DEPOSITO depósito judicial N°
2021004602148 por la suma de S/1500.00 soles a favor de la empresa SAVIA PERU S.A.
a favor de su represente legal con poder actual a al momento de su entrega, de su endose.
3. CUMPLIDO a que sea procédase a archivar el presente proceso. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZG DE TRABAJO TRANSITORIO-SEDE MARTIRES PETROLEROS (EX 1°)
EXPEDIENTE : 00497-2012-0-3102-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : CONTRERAS LOPEZ VICTOR ABRAHAM
ESPECIALISTA : BALCAZAR CABRERA BLANCA ROSA
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL
DE PIURA ,
DEMANDANTE : PRODUMAR SAC ,
Resolución Nro. DOCE (12)
Talara, primero de septiembre del dos mil veinte.
AUTOS Y VISTOS; de la revisión de autos, proveyendo con arreglo a
ley, Y CONSIDERANDO:
I. ANTECEDEDENTES:
Mediante Resolución N° 11 de fecha 23 de abril del 2019, entre otros, se
tiene por deducida la Excepción de Caducidad, confiriéndose traslado a la
parte demandante a fin de que absuelva en el plazo de 03 días.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
Respecto de la Excepción de Caducidad
Primero. La excepción es un medio de defensa técnico mediante el cual la
parte demandada cuestiona la relación jurídica procesal o la posibilidad de
expedirse un fallo sobre el fondo, por la omisión o defecto de un presupuesto
procesal o de una condición de la acción, respectivamente. Por ello se afirma
que la excepción es un medio de defensa que la ley concede a la parte
demandada a fin que, si advirtiere la ausencia o algún defecto de un
presupuesto procesal o de una de las condiciones de la acción, haciendo uso de
este instrumento procesal, pueda solicitar la paralización parcial o definitiva del
proceso con la imposibilidad de establecer una relación jurídica procesal válida
que permite emitir una sentencia de fondo. En tal sentido, se tiene que: “es un
medio de defensa destinado a extinguir el ejercicio específico del derecho de
acción respecto de una pretensión procesal determinada, por haber sido
interpuesto fuera del plazo previsto por la norma positiva para dicha pretensión”
(Monroy Gálvez).
Segundo. El maestro Monroy Gálvez señala que la excepción es un instituto
procesal a través del cual el emplazado ejerce su derecho de defensa
denunciando la existencia de una relación jurídica procesal inválida por
omisión o defecto en algún presupuesto procesal, o, el impedimento de
pronunciarse sobre el fondo de la controversia por omisión en defecto en una
condición de la acción. Tercero. Debe señalarse que si bien la excepción de prescripción extintiva
constituye un medio de defensa técnico destinado a extinguir el ejercicio
específico del derecho de promover una pretensión procesal, por haber sido
interpuesta fuera del plazo previsto por la norma positiva; la caducidad en
cambio implica la pérdida del derecho mismo a promover un proceso judicial o
a continuar uno ya iniciado; en esencia importa la extinción, por el transcurso
del tiempo, no sólo del derecho a demandar sino la extinción del derecho
mismo.
Cuarto. En cuanto a los efectos, cabe señalar que si se declara infundada tal
excepción, se declarara también el saneamiento del proceso, en virtud del
artículo 449° del Código Procesal Civil; empero, si se declara fundada la
excepción produce la anulación de lo actuado y la conclusión del proceso sin
declaración sobre el fondo, conforme al artículo 321° y 451° de la norma
procesal civil citada.
Quinto. Si bien es cierto que, toda persona tiene derecho a la Tutela
Jurisdiccional Efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o interés, con
sujeción al debido proceso, conforme a lo expresado en el artículo I del Título
Preliminar del Código Procesal Civil; también lo es que debe cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley especial.
Sexto. Tal como informa la doctrina: “Tratándose de la caducidad el orden
público está más acentuado que en la prescripción, puesto que su elemento más
importante es el caso previsto en la ley de cada caso en que se origine un
derecho susceptible de caducidad. En este instituto, más que en la prescripción,
se aprecia el imperativo de la ley por definir o resolver una situación jurídica o su
cambio. Por ello, refiriéndose a los plazos de caducidad, Josserand dice que
funcionan como una guillotina, sin tener en cuenta ninguna consideración, porque
son completamente extraños a toda idea de prueba y de presunción, instituyen
una realidad, no consagran un cálculo de probabilidades; van directamente al fin
sin que nada pueda hacer que se desvíen; son verdaderas medidas de policía
jurídica, libres de toda aleación” (Fernando Vidal Ramírez; La Prescripción y la
Caducidad en el Código Civil Peruano; Lima; Cultural Cuzco S.A Editores, 1985;
pp. 204).
Séptimo. La parte demandada sustenta su pretensión argumentando que la
demanda data del 06.12.2012 y siendo que la Resolución Directoral 068-2009-
GOB.REG.DRTPE-PIURA-DPSC del 09.06.2009, que dio por agotada la vía
administrativa fue notificada a la parte demandante el 02.07.2009, ha operado
el plazo de caducidad; corrido traslado del mismo al actor, se observa que éste
no ha cumplido con absolver la misma. Octavo. Al respecto, de la revisión de autos se observa que la parte
demandante pretende que se declare la nulidad de las resoluciones expedidas
en el Expediente N° PS-062-2008-DRTPE-PIURA-ZTPET, específicamente de
las: a) Resolución Directoral N° 068-2009-GOB.REG.DRTPE-PIURA-DPSC del
09.06.2009, que declara infundado su recurso de apelación; y, de la b)
Resolución Zonal N° 01-19-C-020-2009-DRTPE del 13.03.2009, que le impone
una multa ascendente a la suma de S/.1,925.00; y como consecuencia de ello,
se declare nulo todo lo actuado.
Noveno. Siendo así, el artículo 18º inciso 1 del Decreto Supremo Nº 011-
2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley N° 27584 – Ley que regula el Proceso
Contencioso Administrativo, señala: “La demanda deberá ser interpuesta dentro
de los siguientes plazos: 1. Cuando el objeto de la impugnación sean las
actuaciones a que se refieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del Artículo 4º de esta
Ley, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento o notificación
de la actuación impugnada, o lo que ocurra primero. (…)”, asimismo el artículo
22º inciso 2 de la misma norma prescribe: “La demanda será declarada
improcedente en los siguientes supuestos: (…) 2. Cuando se interponga fuera de
los plazos exigidos en la presente Ley. El vencimiento del plazo para plantear la
pretensión por parte del administrado, impide el inicio de cualquier otro proceso
judicial con respecto a la misma actuación impugnable”.
Décimo. Revisados los actuados se advierte que de folios 57 a 59 obra la
Resolución Directoral N° 068-2009-GOB.REG.DRTPE-PIURA-DPSC de fecha 09
de junio de 2009, mediante la cual se declara infundado el recurso de apelación
interpuesto por la recurrente, confirmándose lo resuelto por Autoridad de
Trabajo y se tiene por agotada la vía administrativa (resolución que es materia
de cuestionamiento en los presentes actuados); asimismo, a fojas 60 corre la
cédula de notificación dirigida a la parte demandante, en donde se advierte que
dicha parte fue notificada con la referida resolución el día 02 de julio de 2009.
Undécimo. En ese sentido, al haber transcurrido el plazo de caducidad
previsto por el artículo 18º inciso 1 del Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS que
aprueba el TUO de la Ley N° 27584, resulta que a la interposición de la
demanda de fecha 06 de diciembre de 2012, ya habría transcurrido el plazo
de caducidad previsto en el citado artículo; consecuentemente, deviene en
fundada la excepción de caducidad, y conforme al artículo 451° inciso 5 del
C.P.C, aplicado de forma supletoria corresponde dar por concluido el proceso y
anular todo lo actuado
III. DECISION:
Por las consideraciones anteriormente citadas y normas legales hechas
referencia, así como el artículo 20° del TUO de la Ley 27584, el Señor
Juez del Juzgado Laboral de Trabajo Transitorio de Talara, con las
facultades que le concede la Constitución Política del Estado; RESUELVO: 1. DECLARAR FUNDADA LA EXCEPCION DE CADUCIDAD, interpuesta
por el GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, debidamente representada
por Rosa Mercedes Chinchay Labrin, en consecuencia:
2. NULO TODO LO ACTUADO, ARCHÍVESE la demanda consentida o
ejecutoriada que fuera la presente.
3. Se avoca al conocimiento de la presente causa el Magistrado que
suscribe, en virtud de la Resolución Administrativa N° 000081-2020-P-
CSJSU-PJ de fecha 31 de enero del año en curso. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN: Doy cuenta a Usted Señor Juez que se provee los escritos pendientes a la fecha,
al ser que el citado expediente materia de litis se encontraba en búsqueda en el archivo
modular de este Juzgado; habiéndose ya encontrado se procede a dar trámite a lo escritos
pendientes. Lo que informo para los fines pertinentes.
JUZG DE TRABAJO TRANSITORIO-SEDE MARTIRES PETROLEROS (EX 1°)
EXPEDIENTE : 00497-2012-0-3102-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : BORRERO VELASQUEZ GALO
ESPECIALISTA : BALCAZAR CABRERA BLANCA ROSA
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
PIURA
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO DE PIURA
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
REPRESENTADO POR EL PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS
ASUNTOS JUDICIALES DEL SECTOR
DEMANDANTE : PRODUMAR SAC
Resolución Nro. ONCE
Talara 23 de Abril del 2019.
AUTOS Y VISTOS; con la razón citada, téngase presente y
estando la presente causa en estado de resolver, la excepción formulada por Procurador
Público Adjunto de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo Y, CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES:
1. Mediante resolución N° UNO de fecha 12.12.2012, se admite a trámite la demanda de
interpuesta por la empresa PRODUMAR SAC contra la ZONA DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE TALARA sobre proceso Contencioso
Administrativo, confiriéndosele traslado de la demanda a la parte demandada a fin de
que absuelva el mismo.
2. Con resolución N° 06 de fecha 14.08.2013, se tiene por contestada la demanda por
parte del Procurador Publico Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, y por deducida la excepción de falta de
legitimidad para obrar del demandado, sosteniendo a) Que el presente caso se
pretende la nulidad de la Resolución Zonal N° 01-19-C-020-2009/DRTPE/PIURA-
ZTPET y de la citación programada para el dia 16.12.2008, todas expedidas dentro del
expediente N° PS-062-2008-DRTPE-PIURA-ZTPET, que le impusiera una multa
ascendiente a S/1,925.00 soles. b) Señala que la Ley N° 24650 Ley de Bases de la
Regionalización, el D.S. N° 071-88-PCM, TUO de la Ley de Bases de la
Regionalización y el D.S. N° 012-1-90-PCM que aprueba la “Directiva de trasferencia
de funciones, personal y diversas recursos de los Gobiernos Regionales”, el Sector
Trabajo y Promoción del Empleo trasfirió a las Direcciones Regionales de Trabajo
con los precitados recursos a los Gobiernos Regionales de ese entonces. c) Siendo así
la Comisión de Trasferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo designada mediante Resolución Ministerial N° 064-2006-TR, culminó el
proceso de efectivización de la trasferencia suscribiendo las correspondientes Actas de
entrega y Recepción con los Presidentes Regionales, mediante Resolución Ministerial
N° 090-2008-TR publicada el 02 de abril del 2008 en el Diario Oficial el Peruano
aprobándose la trasferencia de funciones sectoriales entre otro del Gobierno Regional de Piura, siendo a partir de esa fecha competente para las mismas. d) En tal sentido y
que resulta claro en el caso de autos la empresa demandante pretende la Nulidad de la
Resolución Zonal N° 01-19-C-020-2009/DRTPE/PIURA-ZTPET y de la citación
programada para el dia 16.12.2008, todas expedidas dentro del expediente N° PS-062-
2008-DRTPE-PIURA-ZTPET que le impusiera una multa ascendiente a S/1,925.00
soles; y como se aprecia estas fueron expedidos en Piura por el Director de Prevención
y Solución de Conflictos Laborales (e) como autoridades administrativas del
procedimiento sancionador N° PS- 062-2008-DRTPE-PIURA-ZTPET regulado en el
D.L. N° 910- Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador,
debiendo precisar que como se aprecia del propio membrete de las citadas
resoluciones, ambas autoridades forman parte de la Dirección regional de Trabajo y
Promoción del Empleo, siendo esta una dependencia del Gobierno regional de Piura y
no se su representada Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. e) En tal
sentido señala que su representada carece de legitimidad parar obrar como demandado
en el presente proceso, por cuanto la Resolución Ministerial debió corregir la relación
procesal sustantiva confiriéndosele traslado al Procurador del Gobierno regional de
Piura y no a su representada.
3. Corrido el respectivo traslado conforme se advierte de cargo de notificación de folios
123, la parte demandante no ha cumplido con absolver, pese a tener conocimiento de
la misma.
4. En este orden de ideas y revisado los actuado se advierte que mediante resolución N°
10 de fecha 04.07.2018 se resuelve notificar a la Dirección regional de Trabajo y a la
Procuraduría Publica del Gobierno Regional de Piura a efectos de que absuelva la
Excepción de Falta de Legitimidad para obrar respecto a la demandada y la
Denuncia Civil formulada.
5. En tal sentido mediante escrito N° 6431-2018 la Procuradora Publica del Gobierno
Regional de Piura, contesta demanda y deduce la excepción de Caducidad e
Improcedencia de la demanda por haber caducado el derecho de Acción (art. 427° del
inciso 3 del CPPC).
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
Delimitación de la excepción.
2.1 La excepción es un instituto procesal a través del cual el emplazado ejerce su derecho
de defensa denunciando la existencia de una relación jurídica procesal inválida por
omisión o defecto en algún presupuesto procesal, o, el impedimento de pronunciarse
sobre el fondo de la controversia por omisión o defecto en una condición de la acción.1
Sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado.
2.2 Respecto a la legitimidad para obrar, debemos precisar que “…es la relación lógico
jurídico que debe existir ente el vínculo material y procesal, de manera que quienes son
parte en la relación jurídico material deben conservar tal calidad en la misma posición
en la relación jurídico procesal, esto es, tener legitimidad para obrar es tener la facultad,
el poder para afirmar, en la demanda ser titular de un determinado derecho sujeto
material que será objeto del pronunciamiento de fondo. Tal facultad o poder no se
refiere al derecho en sí, sino se refiere únicamente a la posibilidad de recurrir al Poder
Judicial afirmando tener derecho de algo o sobre algo e imputando que otro, el
1 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, citado a Monroy Gálvez en COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL. Tomo II, 3ra Edición. Editorial IDEMSA, Lima Perú, pág. 393 demandado es el indicado a satisfacer su reclamación o pretensión” (CAS. N° 5615-
2007-LIMA)2.
2.3 “…Existe legitimidad para obrar cuando no media coincidencia entre las personas que
efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley […]habilita
especialmente para pretender o para contradecir respecto de la materia sobre la cual
versa el proceso …”. “La excepción de falta de legitimidad para obrar plantea la
posibilidad de que exista un pronunciamiento válido en el fondo por no haber
coincidencia entre las partes que conforman la relación sustantiva y las que integran la
relación jurídico procesal, esto es : […] b) que la pretensión intentada contra el
demandado sea completamente ajena a éste …”3.
2.4 La legitimidad para obrar es una de las condiciones del ejercicio válido de la acción, que
en la doctrina ha sido conceptuada de distintos modos: a) como la relación lógica de
correspondencia que existe o debe existir entre el demandante concretamente
considerado y la persona a quien en abstracto la norma jurídica confiere el derecho
(legitimidad activa), o entre el demandado concretamente considerado y la persona que
en abstracto debe cumplir una obligación (legitimidad pasiva); b) también como la
posición habilitante para formular una pretensión o para contradecirla, y que surge de la
afirmación de ser titular de un derecho (legitimidad activa) o de la imputación de una
obligación o deber jurídico (legitimidad pasiva). En consecuencia, cuando el Juez
examina si la demandante tiene o no legitimidad para obrar, debe verificar si existe esa
relación formal de correspondencia; o, en la otra acepción, si es la persona habilitada
para demandar la pretensión. Por tanto, en general, al resolver una excepción de falta
de legitimidad para obrar no debe juzgar la justicia de la pretensión ni el fondo de la
litis, ya que estos aspectos de la pretensión deben ser objeto de pronunciamiento en la
sentencia, mediante el respectivo juicio de fundabilidad y luego de haberse desarrollado
la actividad probatoria sobre los hechos controvertidos en el principal.
2.5 De lo acotado por la parte demanda, se tiene que mediante Resolución Ministerial N°
090-2008-TR , en su artículo 1°, se señala – Aprobación de Transferencia de
funciones sectoriales.- “Declarar que los Gobiernos Regionales de Ancash, Apurímac,
Arequipa, Cajamarca , Cusco, Huancavelica , Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco ,
Piura , Puno, San Martin , Tacna y Tumbes, han concluido el proceso de transferencia de
funciones sectoriales en materia de trabajo y promoción del empleo y la pequeña
y micro empresa, de acuerdo al Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente
resolución, siendo a partir de la fecha competentes para el ejercicio de las mismas”. Bajo dicho
contexto normativo, se aprecia que desde el Gobierno Nacional se ha transferido al
Gobierno Regional de Piura, funciones en materia de trabajo y promoción del empleo y
la pequeña y micro empresa; en ese sentido, ésta última es la encargada a nivel de la
Región de Piura, de velar por todos los aspectos relacionados a materia laboral, en
ejecución de los planes de gobierno sobre aquella materia jurídica, por lo tanto resulta
fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demando formulada por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, disponiendo su extromisión del
proceso.
2.6 Del mismo modo la Procurador Publico Adjunto a cargo de los Asuntos
Judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, formula denuncia
civil contra el Gobierno Regional de Piura, por lo que habiéndose determinado que es
dicha entidad pública es la encargada a nivel de la Región Piura de velar por la ejecución
2 MARIANELLA LEDESMA NARVAEZ, Comentarios al Código Procesal Civil, Gaceta Jurídica, Tomo
II, 1° Ed. Pág. 478
3 Cas. 3954-2001/santa Chimbote, publicada en el Diario El Peruano el 31-07-2002.págs 9043-9044. de los planes de gobierno en materia laboral, es que resulta fundada debiendo
emplazarse a la misma, lo cual ya sucedió en el presente caso.
2.7 La Procuraduría Pública del Gobierno Regional, representada por el letrada Rosa
Mercedes Chinchay Labrin, mediante escrito de fecha 18.07.2018, contesta la demanda
instaurada en su contra y deduce la excepción de excepción de Caducidad e
Improcedencia de la demanda por haber caducado el derecho de Acción (art. 427° del
inciso 3 del CPPC), la misma ha sido presentada dentro del plazo de ley, conforme se
advierte del asiento de notificación que fue válidamente emplazada el día 11.07.2018,
obrante en autos, por lo que corresponde tener por contestada la demanda, de
conformidad con lo previsto en el artículo 28º inciso 2 literal c) del Decreto Supremo
N° 013-2008 JUS, TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo:
“Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación. Los
plazos aplicables son: (…) b) Cinco días para interponer excepciones o defensas,
contados desde la notificación de la demanda; c) Diez días para contestar la
demanda, contados desde la notificación de la resolución que la admite a trámite;” en
tal razón computando el plazo antes citado téngase por contestada interpuesta dentro
del plazo establecido por Ley;
III.- DECISIÓN:
Por tales consideraciones y en virtud a la normativa citada, SE RESUELVE:
1. DECLARAR Fundada la excepción de Falta de Legitimidad para obrar del
demandado, propuesta por el Procurador Publico Adjunto a cargo de los Asuntos
Judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en consecuencia se debe
de excluir del presente proceso debiendo, continuar con la entidad competente
misma que es el Gobierno Regional de Piura.
2. DECLARAR FUNDADA la Denuncia Civil formulada contra el Gobierno Regional
de Piura, por los fundamentos antes citados.
3. Téngase por absuelta la demanda por parte de la PROCURADORA PUBLICA
DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, por ofrecidos los medios probatorios
que indica, asimismo téngase por apersonado al proceso a la Procuradora que
subscribe, consecuentemente.
4. Téngase por DEDUCIDA la EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD e Improcedencia de
la demanda por haber caducado el derecho de Acción (art. 427° del inciso 3 del CPPC),
CONFIÉRASE TRASLADO por el plazo de TRES DÍAS, a la parte demandante a
fin de que la absuelva el mismo. Téngase por señalado su domicilio procesal en casilla
electrónica N° 22193 y Judicial N° 156- Sullana. Al Primer sí Digo: OTORGAR las
Facultades de Representación general a los Letrados indicados, con las prerrogativas
establecidas en el artículo 74° y 80° del Código Procesal Civil. Al segundo sí Digo:
Téngase presente lo cual ya obra en el expediente materia de litis de folios 21 al 76.
5. Al escrito N° 7307-2018 presentado por la Central de Notificaciones, misma que
devuelve los cargos debidamente notificados: Agréguese a los autos.
6. Avocándose el señor Juez al conocimiento de la presente causa por disposición
Superior. Interviniendo la especialista legal que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Sullana
Primer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Talara
Sede Mártires Petroleros s/n
SENTENCIA Nº 264-2017-1°J.T.T.T.
PRIMER JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO -AV. MÁRTIRES
PETROLEROS
EXPEDIENTE : 00498-2012-0-3102-JR-LA-01
JUEZA : RUIZ BENITES RUTH IVONNE
ESPECIALISTA : URDIALES ALBÁN, KAROL SUSÁN
MATERIA : CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEMANDADO : ZONA DE TRABAJO Y PROMOCIÒN DEL EMPLEO DE
TALARA.
DEMANDANTE : PRODUMAR SAC
RESOLUCIÓN NÚMERO: ONCE (11)
TALARA, 29 DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DICEISIETE
I. ANTECEDENTES
PRODUMAR SAC, interpone Proceso Contencioso Administrativo contra
la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Talara. Con la finalidad que: i)
Se declare la nulidad de la Resolución Zonal Nº 01-2019-C-089-
2008/DRTPE-PIURA-ZTPET, de fecha 17 de Noviembre del 2008; emitida en
el expediente N° PS 038-2008-DRTPE-PIURA- ZTPE1.
Mediante resolución número Uno2 se admitió la demanda, disponiéndose
el trámite en el proceso contencioso administrativo, vía procedimiento especial,
confiriéndose traslado a la demandada por el plazo de diez días, quien contestó
la demanda3, admitiéndose su escrito mediante resolución número Nueve4, en
la cual, se declaró saneado el proceso y se fijaron los siguientes puntos
controvertidos: 1)Si procede la nulidad de la Resolución Zonal Nº 01-2019-C-
089-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET, de fecha 17 de Noviembre del 2008; emitida
en el expediente N° PS 038-2008-DRTPE-PIURA- ZTPE. Se admitieron los
medios probatorios de ambas partes, careciendo de objeto la convocatoria a la
1A folios 09 a 12
2 A Folios 13
3 Escrito de contestación de demanda de folios 112 a 117.
4 De folios 239 a 240
1 Corte Superior de Justicia de Sullana
Primer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Talara
Sede Mártires Petroleros s/n
audiencia de pruebas; además, se dispuso se remita el expediente a la Fiscalía
Mixta de Talara para que emita su Dictamen respectivo5.
Finalmente, mediante resolución número Diez6, se les concede a las
partes el plazo de ley para la presentación de sus alegatos pertinentes.
Siendo el estado del proceso el de sentenciar, se procede a expedir la
presente dentro de las recargadas labores que afronta este despacho judicial.
II. PRETENSIÓN Y ARGUMENTOS DE LAS PARTES
2.1 ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE PRODUMAR SAC
- Refiere que en el presente caso de autos se tiene la Resolución Zonal Nº
01-2019-C-089-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET, en la cual se observa que
en el cargo de notificación de dicho acto administrativo, solo consta el
sello de la empresa, encontrándose totalmente vacíos los espacios que
obligatoriamente deben ser llenados a mano; día, mes y hora en que
supuestamente se efectuó la notificación, así como el nombre, DNI, firma
y relación con el notificado de la persona que supuestamente recibió la
notificación.
- Señala la actora que en este presente caso no estamos invocando
normas contenidas en el Titulo II de le Ley N° 27444, sino que sus
fundamentos se basan en normas contenidas en el Título Preliminar
(numerales1.4 y 1.2 del artículo IV), Título I (artículo21) y en el Titulo IV
(numerales 3 y 2 del artículo 230) de dicha norma, por lo que no cabría
aplicar lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 10° de le Ley General
de Inspección, resultando que lo correcto es aplicar lo dispuesto en la
citada Undécima Disposición Final y Transitoria de la Ley General de
Inspección y recurrir a la Ley N° 27444 para complementar sus
disposiciones de manera armoniosa.
5 Dictamen Nº 14-2017-MP-FN-FPMT, de folios 244 a 248.
6 Folios 249
2 Corte Superior de Justicia de Sullana
Primer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Talara
Sede Mártires Petroleros s/n
- Adicionalmente, se debe tener presente que el citado artículo 10° de la
Ley General de Inspección no hace referencia alguna a lo no aplicación
de las normas del Código Procesal Civil, por lo que tampoco debería
denegarse la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil
a las actuaciones inspectivas.
- Expone mayores fundamentos de hecho y de derecho, y ofrece sus
medios probatorios.
-
2.2 ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA
2.2.1. MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÒN DE EMPLEO DE TALARA
- Formula Excepción de Falta de Legitimidad para obrar, respecto a la
demandada admitida por resolución N° Tres del 08.04.2013, notificada a
su representada el 10.05.2013.
- Señala mediante el presente proceso se pretende la nulidad de la
Resolución Zonal Nº 01-2019-C-089-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET, que
fuera expedita en el expediente de conciliación signado con el N° 038-
2008-DRTPE-PIURA- ZTPE.
- Refiere que la Comisión de Transferencia Sectorial del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo designada mediante Resolución
Ministerial N°064-2006-TR, culminó el proceso de efectivización de la
transferencia suscribiendo las correspondientes Actas de Entrega y
Recepción con los Presidentes Regionales, mediante Resolución
Ministerial N° 090-2008-TR, publicada el 02 de abril del 2008 en el
Diario Oficial El Peruano aprobándose la trasferencia de funciones
sectoriales entre otros del Gobierno Regional de Piura, siendo a
partir de esa fecha competente para las mismas.
- Añade que en el caso de autos la empresa demandante pretende la
nulidad de la citada resolución, pero como se aprecia de la propia
3 Corte Superior de Justicia de Sullana
Primer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Talara
Sede Mártires Petroleros s/n
Resolución impugnada por la demandante que corre aparejada en el
escrito de demanda, dichos actos administrativos fueron expedidos en
Piura por el Director de Prevención y Solución de Conflictos Laborales
como autoridades administrativas en el procedimiento sancionador N°
038-2008-DRTPE-PIURA- ZTPE. Regulado en el Derecho Legislativo N°
910- Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador,
debiendo precisar que tal como se aprecia del propio membrete de la
citada resolución, las autoridades forman parte de la Dirección Regional
de Trabajo y promoción del Empleo de Piura, siendo esta una
dependencia del Gobierno Regional de Piura y no de su representada
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
- Refiere que su representada Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo carece de legitimidad para obrar como demandado en el presente
proceso, hecho que encuentra sustento jurídico en el artículo 47° de la
Constitución Política del Perú, desarrollado por el numeral 12.1 del
artículo12° del Decreto Legislativo N° 1068 del Sis tema de Defensa
Jurídica del Estado que señala “ Los Procuradores Públicos del (…) Poder
Ejecutivo (…) ejercen la defensa jurídica del estado de acuerdo a la
Constitución, al presente Decreto Legislativo y sus reglamento” y en el
numeral 16.1 del artículo16° del citado Decreto Legislativo que a letra
dice: “Los Procuradores Públicos Regionales ejercen la defensa jurídica
de los intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo
Gobierno Regional, de acuerdo a la Constitución”, al presente Decreto
Legislativo, a su ley orgánica y su reglamento, quienes tienen sus oficinas
en la sedes oficiales de los departamentos y mantienen niveles de
coordinación con el ente rector.
- Por lo antes citado y conforme a la presunción iuris tantum el
conocimiento de las normas desde su publicación y una obligación del
Juzgador conocer y aplicar el derecho, el inferior conocedor de la citada
Resolución Ministerial debió corregir la relación procesal sustantiva
4 Corte Superior de Justicia de Sullana
Primer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Talara
Sede Mártires Petroleros s/n
corriéndole traslado de la demanda al Procurador del Gobierno Regional
de Piura y no a su representada.
- Formula Denuncia Civil contra el Gobierno Regional de Piura, atendiendo
a que resulta ser la entidad que deberá ser emplazada en este proceso
en el marco de la Ley N° 24650, Ley de Bases de la Regionalización el
D.S. N° 071.88-PCM, TUO de la Ley de Bases de funciones, personal y
diversos recursos a los Gobiernos Regionales”, el Sector Trabajo y
Promoción del Empleo transfirió las Direcciones Regionales de Trajo con
los precitados recursos a los Gobiernos Regionales de ese entonces, a
excepción de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
de Lima y Callao.
- Expone mayores fundamentos de hecho y de derecho, y ofrece sus
medios probatorios.
2.2.2. ARGUMENTOS DEL PROCURADOR PÚBLICO: GOBIERNO REGIONAL DE
PIURA
- Es objeto de autos la pretensión de la parte demandante PRODUMAR
SAC, se declare judicialmente la Nulidad de la Resolución Zonal Nº 01-
2019-C-089-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET, de fecha 17 de Noviembre del
2008; Precisa en su petitorio, que se agotó la vía administrativa con la
expedición de la Resolución Directoral N° 102-2009-GOB.REG. DRTPE-
PIURA-DPSC, de fecha 24 de agosto del 2009. Es decir, en el fondo
pretende la nulidad la notificación de la Resolución Zonal N° 01-19-C-
089-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET de fecha 17 de noviembre del 2008.
- Dicha pretensión carece de asidero legal por cuanto a lo tipificado por él,
no se encuentra incursa en ninguna de ellas, pues cumple con los
requisitos de validez de los actos administrativos que establece el artículo
3° de la ley, es decir se ha emitido motivadamente, por órgano
competente y dentro de un procedimiento administrativo regular, no
5 Corte Superior de Justicia de Sullana
Primer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Talara
Sede Mártires Petroleros s/n
habiendo el demandante indicado en que causal se encuentra incursa el
acto impugnado.
- Refiere que la demandante no ha cuestionado la validez de la notificación
en la vía administrativa, de modo tal que su representada no ha emitido
ningún pronunciamiento al respecto. Lo correcto e idóneo legalmente, es
que la empresa demandante ha cuestionado la validez de la notificación
de la Resolución Zonal N° 01-19-C-089-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET de
fecha 17.11.2008 y que su representada haya emitido un pronunciamiento
al respecto, y no acudir directamente a las instancias judiciales en aras de
pretender la nulidad de la notificación de actos administrativos válidos.
- Señala que el procedimiento correcto o legal, es que la demandante
hubiera accionado administrativamente ante la entidad (cuestionando la
validez de la notificación de la Resolución N° 01-19-C-089-2008/DRTPE-
PIURA-ZTPET) y esta al emitir un pronunciamiento amparando o
desestimando lo peticionado después de realizar las actuaciones
administrativas correspondientes, es decir, que requiera la realización de
un procedimiento administrativo para posteriormente si considera afectado
su derecho, recién recurrir a las instancias judiciales.
- Refiere que la empresa demandante al formular su recurso de apelación
en sede administrativa no alegó vicios en el acto de notificación del acto
administrativo de la Resolución Zonal N° 01-19-C-089-2008/DRTPE-
PIURA-ZTPET, en aplicación del artículo 27.2 de la norma antes acotada
en el párrafo precedente, de haber existido algún vicio en el acto de
notificación, el mismo ha sido saneado, al haber procedido la administrada
como si hubiera sido notificada debidamente, asimismo se acreditado que
interpuso recurso de apelación contra la resolución administrativa que
supuestamente afectada sus intereses, desvirtuándose así cualquier
afectación al debido proceso, dado que pudo ejercer su derecho de
6 Corte Superior de Justicia de Sullana
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Sede Mártires Petroleros s/n
defensa al haber impugnado la resolución citada, alegando el vicio en la
notificación de los actos administrativos.
III. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
3.1 Es objeto de pretensión de PRODUMAR SAC, que se declare la nulidad
de la Resolución Zonal Nº 01-2019-C-089-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET,
de fecha 17 de Noviembre del 2008; emitida en el expediente N° PS 038-
2008-DRTPE-PIURA- ZTPE, en donde se observa que el cargo de
notificación de dicho acto administrativo, no ha sido correctamente
diligenciado y que solo consta el sello de la empresa, encontrándose
totalmente vacíos los espacios que obligatoriamente deben ser llenados a
mano; día, mes y hora en que supuestamente se efectuó la notificación,
así como el nombre, DNI, firma y relación con el notificado de la persona
que supuestamente recibió la notificación; acción que la dirige contra La
Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Talara.
3.2 Mediante Resolución N° Ocho7 de fecha 12.08.2016 se resuelve declarar
infundada Excepción de Falta de Legitimidad para obrar interpuesta por
parte del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo se
Resuelve declarar fundada la denuncia civil a la codemandada Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura.
3.3 El artículo 148° de la Constitución Política del Estado establece que: “Las
resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de
impugnación mediante la acción contencioso-administrativa.”, y a su
vez el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el
Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el Decreto Legislativo
Nº 1067, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, establece en
su artículo 1°, “La acción contencioso administrativa prevista en el
Artículo 148º de la Constitución Política tiene por finalidad el control
jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración
7 A fojas 144 a 145
7 Corte Superior de Justicia de Sullana
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Sede Mártires Petroleros s/n
pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los
derechos e intereses de los administrados.”
3.4 Nuestro ordenamiento procesal se rige por el principio de la libre
valoración de la prueba o de apreciación razonada, que establece que
todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta
utilizando su apreciación razonada, tal como lo ordena el artículo 197° del
Código Procesal Civil, aplicable por remisión expresa de la Primera
Disposición Final del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, que agrega la
obligación del Juzgador de expresar en la resolución las valoraciones
esenciales y determinantes que sustentan su decisión, por lo que “ (...) la
ley no impone normas generales para acreditar algunos hechos, ni
determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que deja al
juzgador en la libertad para admitir toda prueba que estime útil al
esclarecimiento de la verdad y para apreciarla conforme a las reglas de la
lógica y de la experiencia común; se trata de un convencimiento lógico y
motivado, basado en elementos probatorios objetivos”8.
3.5 Los vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho
se encuentran establecidos en el artículo 10° de la Ley 27444, Ley
Procedimiento Administrativo General; por lo que corresponde a este
órgano jurisdiccional determinar si las resoluciones administrativas
impugnadas se encuentran incursas en alguna de ellas y de ser el caso,
proceder a declarar su nulidad.
3.6 En el presente caso, debe indicarse que siendo el procedimiento
administrativo cuestionado uno derivado de una actuación inspectiva
corresponde aplicar al mismo las disposiciones previstas en la Ley N°
28806 y su reglamento y sólo de manera supletoria las disposiciones
contenidas en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, en cuanto no contradigan o se opongan a la Ley N° 28806, en
cuyo caso prevalecerán sus propias disposiciones, tal como lo prevé la
8 Casación N° 2558-2001-Puno; El Peruano 01-04-2002.
8 Corte Superior de Justicia de Sullana
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Undécima Disposición Final y Transitoria de la mencionada Ley General
de Inspección del Trabajo.
3.7 A folios 36, obra la Resolución Zonal N° 01-19-C-089-2008-DRTPE-
PIURA-ZTPET de fecha 17 de noviembre de 2018, emitida en el
expediente N° PS 038-2008-DRTPE-PIURA- ZTPE, por la cual se impone
multa a Proveedora de Productos Marinos SAC con 5% de 11 UIT
equivalente a tres mil ochocientos cincuenta nuevos soles (S/.3,850.00)
por infracción grave a la labor inspectiva; resolución que fue recepcionada
con sello de la empresa el día 14 de enero del 2009 a las 11:00 horas,
conforme consta en la cédula de notificación obrante a folios 39.
Posteriormente, con fecha 20 de enero de 2009, Proveedora de
Productos Marinos SAC interpuso recurso de apelación (folios 47 a 49),
siendo concedido el recurso de apelación conforme se advierte a folios
50. Sin embargo, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo a través de la Resolución Directoral N° 024-2009-
REG.DRTPE.PIURA –DPSC de fecha 27 de febrero de 2009 (folios 35),
declara de oficio de la nulidad del concesorio de fecha 21 de enero del
2009, al haber presentado el recurso de apelación en forma
extemporánea. A folios 70 a 75, obra el recurso de queja/nulidad
interpuesto por la parte demandante el 27 de abril de 2009,
fundamentando su pedido en que la demandada no ha tenido en cuenta el
plazo establecido para interponer los recursos de impugnación previstos
por la Ley General de Inspección de Trabajo. Finalmente, se expidió la
Resolución Directoral N° 102-2009-GOB.REG-DRTPE-PIURA-DPSC de
fecha 24 de agosto de 2009 (folios 78 a 79) se declaró improcedente la
queja y/o nulidad interpuesta por la demandante, confirmando lo resuelto
por la Autoridad Administrativa de Trabajo.
3.8 A nivel administrativo, Proveedora de productos Marinos SAC Produmar,
interpone recurso de queja/nulidad de fecha 27 de abril de 20099, contra
9 Folios 70 a 75.
9 Corte Superior de Justicia de Sullana
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la resolución N° 01-19-C-089-2008-DRTPE-PIURA-ZTPET del 17 de
noviembre de 2008, por cuanto supuestamente no ha tenido en cuenta la
Resolución Administrativa N° 1325-CME-PJ que aprueba el cuadro de
distancia entre ciudades de Paita a Piura y de Piura a Talara y que
equivale a dos días hábiles adicionales al plazo establecido para
interponer los recursos de impugnación previstos por la Ley General de
Inspección de Trabajo.
3.9 A nivel judicial la parte demandante a través de su apoderado, solicita la
nulidad de la resolución Directoral N° 102-2009-HOB.REG.DRTPE-
PIURA-DPSC, por cuanto la resolución N° 01-19-C-089-2008-DRTPE-
PIURA-ZTPET del 17 de noviembre de 2008 no ha sido notificada
correctamente, ya que el cargo de notificación sólo consta el sello de la
empresa, encontrándose totalmente vacíos los espacios que
obligatoriamente deben ser llenados a mano: día, mes y hora, firma y
relación con el notificado de la persona que supuestamente recibió la
notificación; por lo que al no haberse producido la notificación conforme a
ley del requerimiento en cuestión, no pueden ser multados, ya que no se
ha cumplido con las normas constitucionales que garantizan el debido
proceso (artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú).
3.10 Respecto al plazo, el artículo 49 de la Ley General de Inspección del
Trabajo, precisa: “El único medio de impugnación previsto en el
procedimiento sancionador es el recurso de apelación. Se interpone
contra la resolución que pone fin al procedimiento administrativo, dentro
del tercer día hábil posterior a su notificación. Contra el auto que
declara inadmisible o improcedente el recurso se puede interponer queja
por denegatoria de apelación, dentro del segundo día hábil de notificado.
El Reglamento determina los demás términos y condiciones para el
ejercicio de este medio de impugnación”.
3.11 Respecto de la notificación, el artículo 21 numeral 4 del Procedimiento
Administrativo General, Ley 27444, respecto de la notificación personal,
10 Corte Superior de Justicia de Sullana
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señala: “La notificación personal, se entenderá con la persona que deba
ser notificada o su representante legal, pero de no hallarse presente
cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, podrá
entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio,
dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su
relación con el administrado”.
3.12 Por su parte, los artículos 26 y 27 numerales 1 y 2 de la Ley 27444,
establecen: “26.1 En caso que se demuestre que la notificación se ha
realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará
se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin
perjuicio para el administrado. 26.2 La desestimación del
cuestionamiento a la validez de una notificación, causa que dicha
notificación opere desde la fecha en que fue realizada. Artículo 27.-
Saneamiento de notificaciones defectuosas 27.1 La notificación
defectuosa por omisión de alguno de sus requisitos de contenido, surtirá
efectos legales a partir de la fecha en que el interesado manifiesta
expresamente haberla recibido, si no hay prueba en contrario. 27.2
También se tendrá por bien notificado al administrado a partir de la
realización de actuaciones procedimentales del interesado que
permitan suponer razonablemente que tuvo conocimiento oportuno
del contenido o alcance de la resolución, o interponga cualquier
recurso que proceda. No se considera tal, la solicitud de notificación
realizada por el administrado, a fin que le sea comunicada alguna
decisión de la autoridad.
3.13 Conforme se ha precisado en considerandos precedentes, la parte
demandante al formular su recurso de apelación en sede administrativa
no alegó vicios en el acto de notificación del acto administrativo de la
Resolución N° 01-19-C-089-2008-DRTPE-PIURA-ZTPET del 17 de
noviembre de 2008, pues su fundamento se basó en el plazo adicional
que tenía para apelar y no en una supuesta mala notificación, por lo que
11 Corte Superior de Justicia de Sullana
Primer Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Talara
Sede Mártires Petroleros s/n
la resolución que se impugna a nivel judicial fue expedida conforme a ley,
respetando sus derechos, ya que tuvo pleno conocimiento de la multa
impuesta, convalidando con sus actos posteriores cualquier vicio que
supuestamente pudiera existir, por lo que la demanda deviene en
infundada.
IV. DECISIÓN
LA SEÑORA JUEZA DEL PRIMER JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE
TALARA, Administrando Justicia a nombre de La Nación, FALLO:
1- Declarar INFUNDADA la demanda interpuesta por PRODUMAR SAC
contra ZONA DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE TALARA Y
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE PIURA;
sobre acción contenciosa.
2- CONSENTIDA Y/O EJECUTORIADA que sea, archívese definitivamente los
autos.
3- NOTIFÍQUESE.- Avocándose la señora jueza que suscribe e interviene
la secretaria judicial por disposición superior.-
12 |
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Juez: MENDOZA ELIAS MARCO ANTONIO
Fecha: 17/08/2016 21:22:02
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: SULLANA/TALARA
FIRMA DIGITAL
RAZÓN:
Señor Juez; doy cuenta a Ud., que se provee a la fecha, porque después de una búsqueda
exhaustiva se ubica el expediente principal en físico, asimismo cabe mencionar que el expediente
precitado ha sido encontrado en el archivo modular, teniendo en cuenta que el encargado de
CORTE SUPERIOR DE SULLANA
Secretario: ECHE RAMOS JHAN archivo modular el señor Makay Cornejo han cesado sus funciones en los primeros días de marzo
CARLOS
Fecha: 17/08/2016 22:39:34 del presente año, y no hay personal a cargo del mismo, además de las recargadas labores que afronta
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: SULLANA/TALARA esta Secretaria, y la lentitud de sistema integrado judicial, lo que informo para los fines pertinentes.
FIRMA DIGITAL
Talara, 15 de agosto 2016.
____________________
Jhan Carlos Eche Ramos
Secretario Judicial
JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO - SEDE MARTIRES PETROLEROS
EXPEDIENTE : 00498-2012-0-3102-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : MENDOZA ELIAS MARCO ANTONIO
ESPECIALISTA : ECHE RAMOS JHAN CARLOS
DEMANDADO : ZONA DE TRABAJO Y PROMIOCION DEL EMPLEO DE
TALARA ,
DEMANDANTE : PRODUMAR SAC ,
RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO (8)
Talara, doce de agosto
Del año dos mil dieciséis.-
AUTOS Y VISTOS: Con la razón que antecede, téngase presente, y proveyendo el escrito con
registro de ingreso N° 3178-2016, presentado de la denuncia civil la Procuraduría del Gobierno
Regional
y estando pendiente resolver la excepción de caducidad deducida por la demandada, se procede a
resolver el mismo; I CONSIDERANDO.-
1. La demandada Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo deduce excepción de falta de
legitimidad para obrar y formula denuncia civil contra el Gobierno Regional de Piura, con
respecto a la primera sostiene como fundamento que la Comisión de Transferencia Sectorial del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo designada mediante Resolución Ministerial N°
064-2006-TR, culmino el proceso de efectivización de la transferencia suscribiendo las
correspondientes Actas de Entrega y Recepción con los Presidentes de los Gobiernos
Regionales mediante Resolución Ministerial N° 090-2008-TR, publicada el 02.04.2008 en el
Diario oficial el peruano, se aprobó la transferencia de funciones sectoriales entre otros del
Gobierno Regional de Piura, siendo a partir de la fecha competentes para las mismas.
2. Los plazos previstos en el artículo 28° inciso 2 b) de la Ley N° 27584 Ley del Proceso
Contencioso Administrativo - Decreto Supremo 013-2008 JUS: que prescribe: "Los plazos
aplicables son cinco días para interponer excepciones o defensas, contados desde la notificación de la demanda".
3. La excepción es un medio de defensa que la ley concede a la parte demandada a fin de que si
advirtiere la ausencia o algún defecto de un presupuesto procesal o de una de las condiciones de
la acción, haciendo uso de este instrumento procesal, pueda solicitar la paralización parcial o
definitiva del proceso con la imposibilidad de establecer una relación jurídica procesal válida que
permite emitir una sentencia de fondo.
4. Los efectos de las excepciones contenidos en el artículo 451° inciso 5° del Código Procesal
Civil; que prescribe: "Una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las excepciones
enumeradas en el Artículo 446, el cuaderno de excepciones se agrega al principal y produce los efectos siguiente:
Anular lo actuado y dar por concluido el proceso, si se trata de las excepciones de incompetencia, representación
insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad para obrar del
demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por conciliación o
transacción, caducidad, prescripción extintiva o convenio arbitral." concordado con el artículo 448° del Código Procesal Civil; que prescribe: "Sólo se admitirán los medios probatorios documentales que se
ofrezcan en el escrito en que se proponen las excepciones o en que se absuelven."
5. De la revisión de autos se aprecia que la demandada Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, en su escrito donde propone la excepción de falta de legitimidad para obrar, no adjunta
el medio probatorio de la Resolución N° 090-2008-TR. publicada el 02.04.2008 la misma que es
esencial para determinar si se aprobó la transferencia de funciones sectoriales entre otros del
Gobierno Regional de Piura y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 448° del Código
Procesal Civil; que prescribe: "Sólo se admitirán los medios probatorios documentales que se ofrezcan en el
escrito en que se proponen las excepciones o en que se absuelven.", siendo así la excepción de caducidad
deviene en infundada, debido a que la emplazada al momento de deducir dicha excepción de
caducidad no cumplió con adjuntar medio probatorio que acredite su dicho; y, pese al tiempo
transcurrido no lo hizo; incumpliendo normas de carácter imperativo.
6. Con respecto a la denuncia civil formulada por la demandada Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo contra el Gobierno Regional de Piura formulada por la demandada,
sostiene como fundamento que debe ser emplazada en este proceso en el marco de la Ley N°
24650 Ley de Bases de Regionalización, el D.S. N° 071-88-PCM, TUO de la Ley de Bases de la
Regionalización y el D.S. N° 012-1-90-PCM, que aprueba la "Directiva de transferencia de
funciones, personal y diversos recursos a los Gobiernos Regionales", el Sector Trabajo y
Promoción del Empleo transfirió las Direcciones Regionales de Trabajo".
7. De conformidad con el artículo 102° del Código Procesal Civil prescribe: "El demandado que
considere que otra persona, además de él o en su lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho
discutido, debe denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin de que se le notifique del inicio del proceso".
8. En autos de folios 7 a 8 obra la Resolución Directoral N° 102-2009-GOB.REG.-DRTPE-
PIURA-DPSC, emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, que es
un órgano adscrito al Gobierno Regional de Piura en consecuencia las acciones que tomen en la
secuela del proceso le afectan directamente ya que es la institución que ha emitido la resolución
precitada.
9. De otro lado mediante escrito N° 3178-2016, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional
absuelve la denuncia civil, señalando que la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Piura, es una dependencia que corresponde a la Procuraduría Pública del Gobierno
Regional de Piura, ejerza su defensa judicial, y solicita se le corra traslado de la demandada a fin
de ejercer la defensa judicial de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Piura, siendo así y de conformidad con el artículo 15 de TUO. de la Ley 27584 aprobado por
Decreto Supremo N°013-2008-JUS, prescribe: Legitimidad para obrar pasiva: "La demanda
Contenciosa se dirige contra la entidad administrativa que expidió en última instancia el acto o la declaración
administrativa impugnada. ", siendo así corresponde integrar al proceso a la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Piura representada por el Procurador Público del Público
del Gobierno Regional, traslado de la demandada y anexos, auto admisorio, debiendo contestar
la demandada dentro del plazo perentorio de DIEZ DIAS comparezcan al proceso, conteste la
demanda, señale domicilio procesal y casilla electrónica, conforme a lo dispuesto en la
Resolución Administrativa N°278-2015-P-CSJUSU/PJ, se dispuso a partir del día 07 de
setiembre del 2015, la puesta en marcha del Sistema de Notificaciones Electrónicas y el artículo
155-B de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía.
Por las consideraciones expuestas RESUELVO:
1. DECLARO INFUNDADA la Excepción de Falta de Legitimidad para Obrar por parte de la
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por cuanto se la ha codemandado civilmente
10. FUNDADA la Denuncia Civil, notifíquese a la codemandada Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Piura representada por el Procurador Público del Gobierno Regional,
la demandada, sus anexos, auto admisorio, a fin de que haga valer su derecho conforme a ley;
debiendo contestar la demandada dentro del plazo perentorio de DIEZ DIAS comparezcan al
proceso, conteste la demanda, señale domicilio procesal y casilla electrónica, conforme a lo
dispuesto en la Resolución Administrativa N°278-2015-P-CSJUSU/PJ, se dispuso a partir del
día 07 de setiembre del 2015, la puesta en marcha del Sistema de Notificaciones Electrónicas y el
artículo 155-B de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía.
2. Avocándose el señor Juez al conocimiento de la presente causa por disposición Superior.
Notifíquese conforme a Ley.- |
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JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TALARA
SENTENCIA N° 0223-2020-JETT-T
JUZG DE TRABAJO TRANSITORIO-SEDE MARTIRES PETROLEROS (EX 1°)
EXPEDIENTE : 00501-2012-0-3102-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : CONTRERAS LOPEZ VICTOR ABRAHAM
ESPECIALISTA : RANGEL RIVERA MAGGY
DEMANDADO : PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO ,
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE
TALARA ,
DEMANDANTE : PRODUMAR SAC ,
SENTENCIA
En la ciudad de Sullana, el Señor Juez del Juzgado Especializado de Trabajo
Transitorio de Talara, en el Expediente N° 00501-2012-0-3102-JR-LA-01,
seguido por la empresa PRODUMAR SAC., contra la ZONA DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO DE TALARA, con conocimiento de la Procuraduría
Pública del Gobierno Regional de Piura encargado de los asuntos Judiciales de
la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo con sede en Piura; ha
emitido la siguiente resolución:
RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE (07)
Talara, veintisiete de octubre del dos mil veinte.
I. ANTECEDENTES:
Iter procesal:
1. La empresa PRODUMAR SAC., interpone demanda contenciosa
administrativa contra la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de
Talara, con conocimiento de la Procuraduría Pública del Gobierno
Regional de Piura encargado de los asuntos Judiciales de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo con sede en Piura, a efectos
que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en la
Resolución Zonal N° 01-19-C-091-2008-DRTPE-PIURA-ZTPET de fecha
17 de noviembre de 2008 que le impone una MULTA a la demandada
equivalente al 5% de 11 UIT (Unidades Impositivas Tributarias)
ascendente a la suma de S/.3,850.00 (Tres Mil Ochocientos Cincuenta
con 00/100 Soles) por infracción muy grave a la labor inspectiva.
2. Mediante resolución número 01, de fecha 12 de diciembre del 2012, se
admite a trámite la demanda en la vía del procedimiento ordinario,
confiriéndose traslado a la demandada por el plazo de diez días, bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía; y se requiere las copias CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TALARA
certificadas del Expediente Administrativo que dio origen a la presente
litis.
3. De folios 18 a 94 corre el expediente administrativo remitido por la
entidad demandada, el mismo que se puso a conocimiento de las partes
procesales mediante resolución número 02 de fecha 22 de enero de
2013.
4. Se emite la resolución número 04 de fecha 08 de mayo del 2013 se
resuelve tener por apersonado al procurador público a cargo de los
asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y
por contestada la demanda, en los términos que expone.
5. Mediante resolución número 05 de fecha 06 de enero del 2014 resuelve
declarar fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del
demandado propuestas por el procurador público del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo, en consecuencia declara nulo todos los
actuados por invalidez insubsanable de la relación jurídica procesal (…).
6. Seguidamente con la resolución número 06 de fecha 19 de octubre del
2020 resuelve: Declarar REBELDE a la entidad demandada ZONA DE
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE TALARA, en consecuencia,
se declare saneado el proceso al existir una relación jurídica procesal
valida, se fijan puntos controvertidos, se admiten medios probatorios, se
prescinde de audiencia de actuación de prueba Se prescinde de la
audiencia de pruebas, ingresen los autos a despacho para sentenciar
II. Argumentos de la parte demandante:
1. Señala que la Ley de General de inspección no contiene una norma
destinada a regular las formalidades de las notificaciones, por lo que al
amparo de lo dispuesto en si undécima Disposición Final y Transitoria
resulta aplicable la Ley N°27444 “ Ley del Procedimiento Administrativo
General” la cual establece en el numeral 3 de su artículo 21° en relación
a la notificación personal (que es el caso que les ocupa) en el acto de
notificación se debe señalar la fecha y hora en que es efectuada,
recabando el nombre y firma de la persona que recibe la notificación, por
lo que no basta con que simplemente conste un sello de recepción con la
fecha, asimismo, el numeral 4) del artículo en mención establece que, de
no hallarse presente el presentante legal de la persona que debe ser
notificada, la notificación se entiende realizada con la persona que se
encuentre en el domicilio, dejándose constancia de su nombre,
documento de identidad y su relación con el administrado.
2. Refiere que se tiene de la Resolución Zonal N°01-19-C-091-
2008/DRTPE-PIURA-ZTPET, se observa que el cargo de notificación de
dicho actos administrativos solo consta el sello de la empresa,
encontrándose totalmente vacía los espacios que obligatoriamente deben
ser llenados a la mano: día, mes y hora en que supuestamente se CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TALARA
efectuó la notificación, así como el nombre, DNI, firma y relación con el
notificado de la persona que la recibió, la notificación.
3. Indica que de lo dispuesto en el artículo 16° y 21° (numeral 3 y 4)de le
Ley N°27444 “Ley del Proceso Administrativo General”, la notificación de
dicha resolución Zonal es a todas luces nula al no haber sido realizadas
conforme a Ley; ya que no consta el nombre, documento de identidad,
firma ni la relación con el administrado de la persona que la recibió, de
esta manera, al haberse producido la notificación conforme a Ley del
requerimiento en cuestión no pueden ser multados, ya que no se han
cumplido con las normas constitucionales que garantizan el debido
proceso (artículo 139° de la constitución).
III. Argumentos de la parte demandada:
La demandada no contesta demanda, declarándosele rebelde.
IV. Puntos controvertidos:
En la etapa de saneamiento, se fijaron como puntos controvertidos,
a) Determinar si corresponde declarar la nulidad del acto administrativo
contenido en la Resolución Zonal N° 01-19-C-091-2008-DRTPE-
PIURA-ZTPET de fecha 17 de noviembre de 2008 que le impone una
MULTA a la demandada equivalente al 5% de 11 UIT (Unidades
Impositivas Tributarias) ascendente a la suma de S/.3,850.00 (Tres
Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 Soles) por infracción muy
grave a la labor inspectiva.
V. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
Consideraciones Generales
Primero. El Estado garantiza a toda persona sea natural o jurídica, el derecho
a ejercer la tutela jurisdiccional efectiva en defensa de sus derechos, la misma
que debe ejercitarse con sujeción a un debido proceso de conformidad con lo
establecido en el inciso 3 del Artículo 139º de la Constitución Política del
Estado en concordancia con el Artículo I del Título Preliminar del Código
Procesal Civil, éste último de aplicación supletoria a estos autos.
Segundo. El proceso contencioso administrativo previsto en el Artículo 148° de
la Constitución Política, no sirve únicamente como medio para controlar en
sede de la judicatura ordinaria, las actuaciones de la Administración Pública
sujetas al Derecho Administrativo, sino que más bien, su sentido es
principalmente el de la tutela de los derechos e intereses de los administrados
en su relación con la Administración. Por esta razón, el artículo 5 de la Ley N°
27584 faculta no solo plantear la nulidad de los actos administrativos
impugnados, sino también el reconocimiento o restablecimiento del derecho o CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
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interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios
para tales fines.
Tercero. Es principio rector en materia procesal que las partes en litis,
sustenten los hechos en que fundan su demanda o contradicción, por lo que se
ha determinado que el contenido esencial del derecho a probar consiste en
el derecho de todo sujeto procesal legitimado para intervenir en la
actividad probatoria y valoren debidamente los medios probatorios
aportados al proceso para acreditar los hechos que configuran su
pretensión; constituyéndose así en uno de los principios que sirven de pauta
para la valoración de la prueba es el de unidad del material probatorio, según el
cual los medios probatorios deben ser valorados en forma conjunta.
Cuarto. La prueba en el proceso contencioso administrativo, como en
cualquier otra clase de proceso o de procedimiento, se orienta a acreditar o a
determinar la existencia o inexistencia de hechos controvertidos o litigiosos que
son relevantes para adoptar la decisión. La prueba debe estar orientada hacia
la búsqueda de decisiones que, para ser justas, deban fundarse sobre una
determinación verdadera de los hechos afirmados por las partes en el proceso,
que, después de los actos postulatorios (demanda y contestación), resulten
controvertidos y relevantes para adoptar la decisión. Para PRIORI POSADA1 en
el proceso contencioso administrativo se han formulado fundamentalmente dos
posiciones en doctrina: a) La prueba pugna con la esencia de los procesos
administrativos, pues siendo la función del proceso contencioso administrativo
la sola revisión de lo decidido por la Administración resulta innecesario la
actuación de medios probatorios sobre los hechos que se controvierten, pues
todo ya ha sido actuado en el procedimiento administrativo, y b) La prueba está
justificada en los procesos administrativos, pues el proceso contencioso
administrativo no es sólo un proceso de revisión del acto, sino que en él se
pretende una tutela efectiva de situaciones jurídicas de los particulares, es por
ello que es perfectamente posible e incluso necesario que en el proceso se
actúen medios probatorios que tengan por finalidad generar convicción en el
Juez sobre los hechos controvertidos.
Quinto. El sistema jurídico establece los requisitos necesarios para que
cualquier voluntad potencial como objeto determinado alcance la categoría de
acto jurídico reconocible, que permite individualizarlo o verificar su existencia.
Cuando estos requisitos no concurren, la voluntad expresada resulta inválida;
al respecto, se tiene que la nulidad de un acto administrativo puede ser
declarada conforme a lo establecido por el artículo 10° de la Ley N° 27444,
según el cual:
1PRIORI POSADA, Giovanni. “Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo”, ARA Editores, Lima,
2006, p. 175, citando a Jesús GONZÁLES PÉREZ CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
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"Artículo 10.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno
derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas
reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez,
salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del
acto a que se refiere el Artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la
aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por
los que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios
al ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los
requisitos, documentación o trámites esenciales para su
adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción
penal, o que se dicten como consecuencia de la misma".
Sexto. Asimismo, se debe tener en cuenta que la motivación de un acto
administrativo, viene a ser una garantía constitucional del administrado que
busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir los actos
administrativos. Así lo ha indicado el Tribunal Constitucional en su Sentencia
N° 8495-2006-PA/TC, que: “un acto administrativo dictado al amparo de una
potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando solo
expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa,
o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa
las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar
una decisión no solo significa expresar únicamente bajo que norma legal se
expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma
sucinta – pero suficiente – las razones de hecho y el sustento jurídico que
justifican la decisión tomada”. Por ello se debe entender que un acto
administrativo que contravenga un mandato legal expreso y que no sea
motivado (dar razón de tal decisión), se entiende que ha incurrido en causal de
nulidad, por ello es ineficaz.
Del caso de autos:
Séptimo. Es pretensión de la Empresa Produmar SAC., que se declare la
nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución Zonal N° 01-19-C-
091-2008-DRTPE-PIURA-ZTPET de fecha 17 de noviembre de 2008 que le
impone una MULTA a la demandada equivalente al 5% de 11 UIT (Unidades
Impositivas Tributarias) ascendente a la suma de S/.3,850.00 (Tres Mil
Ochocientos Cincuenta con 00/100 Soles) por infracción muy grave a la labor
inspectiva. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
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Octavo. Al respecto, en el caso de autos la empresa recurrente manifiesta que
han sido notificados con la Resolución Zonal N° 01-19-C-091-2008/DRTPE-
PIURA-ZTPET el día 14 de enero del 2009, empero, según refiere la emplazada
no se ha cumplido con la formalidad legal establecida, dado que en el acto de
notificación se debe señalar la fecha y hora en que es efectuada, recabando el
nombre y firma de la persona que recibe la notificación, por lo que no basta con
que simplemente conste un sello de recepción con la fecha, como ha ocurrido
en autos.
Noveno. Ante ello, es necesario indicar que el artículo 1° de la Ley General de
Inspección del Trabajo – Ley Nº 28806, establece que el Procedimiento
Administrativo Sancionador en la inspección del trabajo, es el procedimiento
administrativo especial que se inicia siempre de oficio con la notificación del
documento de imputación de cargos, que comprende los actos y diligencias
conducentes a la determinación de la existencia o no de la responsabilidad
administrativa en la comisión de infracciones en materia socio laboral y a la
labor inspectiva, así como por infracciones en materia de seguridad y salud en
el trabajo advertidas mediante las actas de infracción derivadas de actuaciones
de investigación o comprobatorias de la inspección del trabajo.
Décimo. En ese sentido, siendo que el procedimiento sancionador se
encuentra regulado por las disposiciones contempladas en el capítulo IV de la
Ley Nº 28806, Ley General de Inspección de Trabajo y las que disponga su
Reglamento, Decreto Supremo Nº 019-2006-TR. En lo demás no contemplado,
como la formalidad a seguir en el acto de notificación de las resoluciones
administrativas, es de aplicación la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
Undécimo. Con relación a la formalidad en las notificaciones de un acto
administrativo, debemos recurrir a lo establecido en el artículo 21.1° de la Ley
27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, el cual señala que “la
notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el
último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el
órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro
del último año”. Disposición que debe ser complementada con el artículo 21.3
del mismo cuerpo normativo donde se prescribe que “En el acto de notificación
personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en
que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se
entienda la diligencia. (…)”.
Duodécimo. La notificación es un acto directamente vinculado con el debido
procedimiento y el derecho de defensa de los administrados, por lo que se ha
puesto especial cuidado en la búsqueda de la localización del administrado; y,
estando que en este procedimiento es exigencia que en el primer escrito de los CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
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administrados señalen tanto su domicilio real como un domicilio – distinto o el
mismo – para efecto de la recepción de las notificaciones del procedimiento,
revisados los actuados se observa que la empresa recurrente ha consignado
como su domicilio para estos efectos la situada en la Zona Industrial II, Mz “A”
lote 03 – Paita, conforme se aprecia del escrito de descargos que obra de fojas
30 a 32. Dirección a donde se han cursado todas las notificaciones en el
procedimiento administrativo.
Decimotercero. Asimismo, el artículo 21.4 de la Ley N° 27444 dispone que
“La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o
su representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el
momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la persona que se
encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de
identidad y de su relación con el administrado.”
Decimocuarto. En otras palabras, cuando al momento de efectuar la
notificación el interesado no se encuentre en el domicilio, la actuación podrá
entenderse con la persona presente en dicho lugar, dejándose constancia de su
identificación y su vínculo con el interesado; excepcionalmente, la legislación
permite validar una notificación personal aun cuando no sea recibida por su
real destinatario (sujeto pasivo), sino solo por un tercero (sujeto receptor),
cuando la autoridad razonablemente puede convencerse que por la naturaleza
de la relación existente entre ambas, el interesado tomará conocimiento del
acto.
Decimoquinto. Teniendo en cuenta dichos parámetros facticos y legales, es
menester señalar que de la revisión del Expediente Administrativo N° PS-040-
2008-DRTPE-PIURA-ZTPET, que obra en autos de folios 18 a 93, se puede
observar que no corre la cédula de notificación correspondiente a la Resolución
Zonal N° 01-19-C-091-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET, la cual es objeto de
cuestionamiento por parte de la demandante en su escrito postulatorio de
demanda; sin embargo, es preciso señalar que en el referido expediente
administrativo si obran las demás cedulas de notificación pertenecientes a los
otros actos administrativos dirigidos a la empresa recurrente, las mismas que
obran de folios 25, 35, 50, 53, 58 y 89, en las que se puede constatar que las
mismas han sido debidamente notificadas a la empresa demandada en su
domicilio ubicado en la Zona Industrial II, Mz. A, Lote 03 - Paita, observando
las formalidades establecidas en el artículo 21° de la Ley 27444, citada
anteriormente.
Decimosexto. Por consiguiente, teniendo en cuenta lo discernido, de los
medios probatorios que obran en el expediente, no se advierte lo alegado por la
parte demandante, en el sentido que la resolución zonal es nula al no haber
sido realizada conforme a ley, ya que no consta el nombre, documento de CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
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identidad, firma ni relación con el administrado de la persona que lo recibió,
por cuanto de los cargos de notificación mencionados en el considerando
anterior se advierte que la notificación personal ha sido diligenciada en el
domicilio ofrecido por la propia Produmar SAC., además que se ha dejado
constancia sobre la entrega de las copias del acto notificado, así como se ha
señalado la fecha y hora en que estas han sido efectuadas, recabando el
nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia; razones por
la cuales, la Resolución Zonal N° 01-19-C-091-2008-DRTPE-PIURA-ZTPET de
fecha 17 de noviembre de 2008 que le impone una MULTA a la demandada
equivalente al 5% de 11 UIT (Unidades Impositivas Tributarias) ascendente a la
suma de S/.3,850.00 (Tres Mil Ochocientos Cincuenta con 00/100 Soles) por
infracción muy grave a la labor inspectiva, cuenta con una motivación válida y
no se evidencian que se haya basado en criterios subjetivos; en consecuencia
corresponde declarar infundada la demanda al no evidenciarse que las
mismas hayan incurrido en alguna causal de nulidad prevista en el artículo 10°
de la Ley N° 27444.
Decimoséptimo. Finalmente, siendo el presente proceso uno contencioso
administrativo y conforme al artículo 50 del Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS, las partes procesales no podrán ser condenadas a ninguna de las partes
al pago de costos y costas.
VI. DECISIÓN:
Estando a las consideraciones expuestas, de conformidad con lo prescrito
por los artículos 138°, 143° y 148° de la Constitución Política del Estado;
y el artículo 51° del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
impartiendo Justicia a nombre de la Nación: el señor Juez del JUZGADO
ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TALARA;
RESUELVO:
1. DECLARO INFUNDADA la demanda interpuesta por el PRODUMAR
SAC., contra la ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
DE TALARA, con conocimiento de la Procuraduría Pública del
Gobierno Regional de Piura encargado de los asuntos Judiciales de la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo con sede en
Piura; sobre PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
2. Consentida y/o Ejecutoriada que fuere la presente: ARCHIVESE en su
oportunidad lo actuado en el modo y forma de ley.
3. NOTIFIQUESE a las partes conforme a las normas procesales que
rigen la materia. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Doy cuenta a Usted señor Juez, que se procede a dar el impulso procesal a la
fecha del presente expediente al haberse encontrado en el archivo modular de este
Juzgado, debido al levantamiento de la Cuarentena a nivel nacional iniciada desde el
16 de marzo del presente año debido a la pandemia COVID19. Lo que informo a usted
para los fines que estime pertinentes.
JUZG DE TRABAJO TRANSITORIO-SEDE MARTIRES PETROLEROS (EX 1°)
EXPEDIENTE : 00501-2012-0-3102-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : CONTRERAS LOPEZ VICTOR ABRAHAM
ESPECIALISTA : RANGEL RIVERA MAGGY
DEMANDADO : PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO ,
ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE
TALARA ,
DEMANDANTE : PRODUMAR SAC ,
Resolución Nro.06
Talara 19 de Octubre del 2020.-
AUTOS Y VISTOS; Con la razón citada, Téngase presente Y
CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES:
Mediante resolución N° 05 de fecha 06.01.2014, se resuelve DECLARAR
FUNDADA LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR
DEL DEMANDADO, propuestas por el Procurador Público Adjunto del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; consecuentemente,
DECLÁRESE NULO TODO LO ACTUADO POR INVALIDEZ INSUBSANABLE
DE LA RELACIÓN JURÍDICO PROCESAL, respecto al excepcionante,
debiéndose continuar con el proceso, con el Procurador Público del Gobierno
Regional de Piura encargado de los asuntos Judiciales de la Dirección
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo con sede en Piura, a quien se le
debe emplazar con la demanda, resolución número uno, escrito con Registro
Nº 1802-2013, resolución número cuatro y con la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
Primero. La entidad demandada ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO DE TALARA a través del Procurador Público del Gobierno Regional de
Piura encargado de los asuntos Judiciales de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo con sede en Piura, ha sido notificada con la resolución que
admite a trámite la demanda, con la copia de la demanda y anexos, el día
27.03.2014, conforme consta de la cédula de notificación que obra a fojas 125,
sin que, a la fecha haya absuelto la demanda puesta a su conocimiento; por lo
que de conformidad con el artículo 458° del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente a la presente causa, deberá declararse su rebeldía. Segundo. Asimismo, es deber del juzgador al momento de calificar tanto la
demanda como contestación de la misma, verificar únicamente el cumplimiento de
los requisitos de admisibilidad y presupuestos de procedencia de estas, a que se
refieren artículos 442, 443 y 444 del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente a esta clase de procesos, los mismos que se cumplen en el
presente caso.
Tercero. De otro lado, de conformidad con la nueva normativa de la Ley N°
30914 publicada por el Diario Oficial el Peruano con fecha 14.02.2019 en donde
modifica el artículo 25° de La ley 27584 (Ley que regula el proceso contencioso
administrativo), disponiendo que la Fiscalía ya no intervenga en calidad de
dictaminador en este tipo de procesos; debiendo dársele el trámite
correspondiente.
III. DECISIÓN
Estando a las consideraciones expuestas, el Primer Juzgado Especializado
Civil de Sullana, resuelve:
1. Declarar REBELDE a la entidad demandada ZONA DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO DE TALARA, en consecuencia:
2. DECLARESE SANEADO el proceso al existir una relación jurídica procesal
válida.
3. FIJESE COMO PUNTOS CONTROVERTIDOS:
a) Determinar si corresponde declarar la nulidad del acto administrativo
contenido en la Resolución Zonal N° 01-19-C-091-2008-DRTPE-PIURA-
ZTPET de fecha 17 de noviembre de 2008 que le impone una MULTA a la
demandada equivalente al 5% de 11 UIT (Unidades Impositivas
Tributarias) ascendente a la suma de S/.3,850.00 (Tres Mil Ochocientos
Cincuenta con 00/100 Soles) por infracción muy grave a la labor
inspectiva.
4. ADMITASE los siguientes medios probatorios:
De la parte demandante: Documentales consistente en:
- Resolución Directoral N° 104-2009-GOB.REG.DRTPE-PIURA de folios 08 y
09.
- Exhibición que efectuará la demandada del Expediente Administrativo PS
N° 040-2008-DRTPE.PIURA-ZTPET que obra de fojas 18 a 94.
5. PRESCINDIR de la realización de la Audiencia de Actuación de Pruebas.
6. INGRESEN los autos a despacho para sentenciar.
7. PRECÍSESE a las partes procesales que en lo futuro deberán, ingresar sus
escritos a través de la Mesa de Partes Electrónica en la siguiente dirección:
https://casillas.pj.gob.pe/sinoe/login.xhtml. AVOQUESE al conocimiento
de la presente causa el Magistrado que suscribe, en virtud de la Resolución
Administrativa N° 000081-2020-P-CSJSU-PJ de fecha 31 de enero del año
en curso. NOTIFIQUESE, con las formalidades de Ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TALARA
SENTENCIA N° 208-2019-JTTT-T
JUZG DE TRABAJO TRANSITORIO-SEDE MARTIRES PETROLEROS (EX 1°)
EXPEDIENTE : 00503-2012-0-3102-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : BORRERO VELASQUEZ GALO
ESPECIALISTA : MIRANDA SAAVEDRA SANDRA ROSELLY
DEMANDADO : ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE
TALARA
DEMANDANTE : PRODUMAR SAC
SENTENCIA
En la ciudad de Talara, el Señor Juez del Juzgado de Trabajo Transitorio de
Talara, en el Expediente N° 00503-2012-0-3102-JR-LA-01, seguido por
PRODUMAR SAC, contra LA ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL
EMPLEO DE TALARA; ha emitido la siguiente resolución:
RESOLUCIÓN NÚMERO: NUEVE (09)
SULLANA, VEINTICINCO DE JUNIO
DEL DOS MIL DIECINUEVE
I. ANTECEDENTES:
1. La Empresa PRODUMAR SAC, interpone demanda Contenciosa
Administrativa a fin que: a) se declare la nulidad de la Resolución Zonal
Nº 01-19-C-093-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET de fecha 17 de noviembre
de 2008 emitida en el Expediente Nº PS 042-2008-DRTPE-PIURA-
ZTPET.
2. Mediante resolución número 01 de fecha 12 de diciembre del 2012, se
resuelve admitir a trámite la demanda en la vía del Proceso Especial,
confiriéndose traslado a la demandada por el plazo de diez días a fin
que absuelva la demanda, asimismo se le requiere a la parte
demandada cumpla con remitir copias certificadas del expediente
administrativo materia de la presente litis.
3. Por resolución número 02 de fecha 08 de abril del 2013: se integra la
resolución número uno de fecha doce de diciembre del dos mil doce, la
presente resolución por tanto: admítase la presente demanda contra el
Procurador Público del Ministerio de Trabajo con Sede en Lima y
Dirección Regional de Trabajo de Piura, en consecuencia se le confiere
traslado para que en el plazo de diez días comparezca al proceso y
conteste la demanda.
4. Asimismo se emite la resolución número 04 de fecha 22 de mayo del
2012 la misma que resuelve: a) tener por apersonada a la instancia al
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la persona del
Procurador Público Pedro Antonio Moreno Prieto; b) por deducida la
excepción de falta de legitimidad para obrar, confiriéndose traslado a la
parte demandante a fin que la absuelva. Por ofrecidos los medios
probatorios que propone; c) por formulada la denuncia civil contra el CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
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Gobierno Regional de Piura, córrase traslado, para que se absuelta
dentro del plazo de ley.
5. A través de la resolución número 06 de fecha 18 de enero del 2019 se
resuelve: a) tener por apersonado al proceso y por contestada la
demanda por la Procuradora Pública del Gobierno Regional de Piura la
letrada Rosa Mercedes Chinchay Labrín; b) se declara saneado el
proceso al existir una relación jurídica procesal válida; c) se fijan los
puntos controvertidos; d) se admiten los medios probatorios de las
partes procesales; e) se prescinde de la realización de la audiencia de
actuación de pruebas; f) se ordena que se remitan los autos al
Ministerio Público a fin que actúe conforme a sus atribuciones.
6. Mediante resolución número 07 de fecha 06 de marzo del 2019, se
agrega a los autos el Dictamen Fiscal Nº 49-2019-MP-FN-FPM.Talara y
de conformidad a la Ley Nº 30914 que regula el artículo 25º de la Ley Nº
27584, el cual dispone que la fiscalía ya no interviene en calidad de
dictaminador en este tipo de procesos, debiéndose dársele el trámite
correspondiente, siendo así, ingresen los autos a despacho para emitir
la resolución a que hubiera lugar.
7. Se expide la resolución número 08 de fecha 16 de mayo del 2019, la
cual: a) declarar fundada la excepción de Falta de Legitimidad para
obrar del demandado, propuesta por el Procurador Público adjunto a
cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, en consecuencia se debe de excluir del presente proceso
debiendo, continuar con la entidad competente misma que es el
Gobierno Regional de Piura; b) declara fundada la denuncia civil
formulada contra el Gobierno Regional de Piura, por los fundamentos
antes citadas; c) tener por absuelta la demanda por parte de la
Procuradora Pública del Gobierno Regional de Piura, por ofrecidos los
medios probatorios que indica, asimismo téngase por apersonado al
proceso a la Procuradora que suscribe, consecuentemente ingresen los
autos a despacho a fin de emitir la sentencia correspondiente.
II. PRETENSIÓN Y ARGUMENTOS DE LAS PARTES:
2.1. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE.
1. La empresa demandante señala que la Ley General de Inspección no
contiene una norma destinada a regular las formalidades de las
notificaciones, por lo que al amparo de lo dispuesto en su Undécima
Disposición Final y Transitoria resulta aplicable la Ley Nº 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General, la cual establece en el numeral 3
de su artículo 23º en relación a la notificación personal que el acto de
notificación se debe señalar la fecha y hora en que se efectúa,
recabando el nombre y firma de la persona que recibe la notificación,
por lo que no basta con que simplemente conste un sello de recepción y
fecha. Asimismo el numeral 4 del artículo en mención establece que de
no hallarse presente el representante legal de la persona que debe ser
notificada, la resolución se entiende realizada con la persona que se CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
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encuentre en el domicilio, dejándose constancia de su nombre,
documento de identidad y su relación con el administrativo.
2. Agrega que se tiene de la Resolución Zonal Nº 01-19-C-093-
2008/DRTPE-PIURA-ZTPET, se observa que el cargo de notificación de
dicho acto administrativo sólo consta el sello de la empresa,
encontrándose totalmente vacíos los espacios que obligatoriamente
deben ser llenados a mano: día, mes y hora en que supuestamente se
efectúo la notificación de la persona que supuestamente recibió la
notificación.
3. Así al amparo de lo dispuesto los artículo 16º y 21º (numerales 3 y 4) de
la Ley Nº 27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”, la
notificación de dicha resolución zonal es a todas luces nula al no haber
sido realizadas conforme a ley; ya que no consta el nombre,
documentos de identidad, firma ni la relación con el administrado de la
persona que la recibió. De esta manera al no haberse producido la
notificación conforme a ley del requerimiento en cuestión no pueden ser
multados, ya que no se ha cumplido con las normas constitucionales
que garantizan el debido proceso (artículo 139º de la Constitución
inciso 3).
4. Expresa más fundamentos fácticos, fundamenta jurídicamente su
petitorio y ofrece sus medios probatorios.
2.2. ARGUMENTOS DE LA DEMANDADA DIRECCIÓN REGIONAL DE
TRABAJO DE PIURA:
1. Menciona que la pretensión carece de asidero legal por cuanto, como
puede verificarse dicha resolución administrativa se ha emitido
conforme a derecho. El artículo 10º de la Ley Nº 27444 – Ley
Procedimiento Administrativo General establece expresamente las
causales de nulidad de un acto administrativo. Si nos remitimos a
dichas causales se puede establecer que las resoluciones en cuestión,
no se encuentran incursas en ninguna de ellas; pues, cumplen con los
requisitos de validez de los actos administrativos que establece el
artículo 3º de la Ley; es decir se han emitido motivadamente, por
órgano competente y dentro de un procedimiento administrativo
regular.
2. Agrega que efectivamente la Resolución Zonal Nº 01-19-C-093-2008-
DRTPE-PIURA-ZTPET de fecha 17 de noviembre del 2018 le fue
notificada al demandante, el día 14 de enero del 2009, conforme consta
del cargo de notificación que corre a fojas 20 del expediente
administrativo, el cual tendrá a la vista al momento de resolver, por
ende, se concluye que el acto de notificación de la resolución que
impuso la multa se materializó con las formalidades previstas en el
artículo 21 de la Ley Nº 27444.
3. Añade que de autos se advierte que con fecha 20 de enero del 2009
mediante escrito de registro Nº 477-2009, el demandante interpone
recurso de apelación contra la Resolución Zonal Nº 01-19-C-093-2008- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
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DRTPE-PIURA-ZTPET de fecha 17 de noviembre del 2008, sin tener en
cuenta el plazo para interponer dicho recurso que vencía el 19 de enero
del 2009 (motivo por el cual su representada, con resolución S/N de
fecha 07 de abril del 2009 declara inadmisible por extemporáneo dicho
recurso de impugnación.
4. Expone mayores fundamentos de hecho y de derecho y ofrece sus
medios probatorios.
III. PUNTOS CONTROVERTIDOS:
Se fijaron como puntos controvertidos sujetos a prueba los siguientes:
1. Determinar la NULIDAD de la Resolución Zonal N° 01-19-C-093-
2008/DRTPE-PIURA-ZTPET de fecha 17.011.2008 emitida en el
expediente N° PS 042-2008-DRTPE-PIURA-ZTPET.
IV. MEDIOS PROBATORIOS:
1. De la parte demandante: la documental consistente en: Resolución
Directoral N° 106-2009-GOB.REG.DRTPE-PIURA-DPSC de fecha
24.08.2009.
2. De la parte demandada: Expediente Administrativo.
V. DICTAMEN FISCAL:
De conformidad a la Ley Nº 30914 que modifica el numeral 25.1 de la Ley
Nº 27584, ley que regula el proceso contencioso administrativo señala:
“Luego de expedido el auto de saneamiento o de realizada la audiencia de
pruebas, según sea el caso, el expediente queda expedito para dictar
sentencia”; por lo tanto se prescinde del dictamen fiscal.
VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
1. El Estado garantiza a toda persona sea natural o jurídica, el derecho a
ejercer la tutela jurisdiccional efectiva en defensa de sus derechos, la
misma que debe ejercitarse con sujeción a un debido proceso de
conformidad con lo establecido en el inciso 3 del Artículo 139º de la
Constitución Política del Estado en concordancia con el Artículo I del
Título Preliminar del Código Procesal Civil, éste último de aplicación
supletoria a estos autos.
2. El artículo 148° de la Constitución Política del Estado establece que:
“Las resoluciones administrativas que causan estado son
susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso
administrativa.”, y a su vez el Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo,
modificado por el Decreto Legislativo Nº 1067, aprobado por Decreto
Supremo Nº 013-2008-JUS, establece en su artículo 1°, “La acción
contencioso administrativa prevista en el Artículo 148º de la
Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el
Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TALARA
sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los
derechos e intereses de los administrados.”
3. Nuestro ordenamiento procesal se rige por el principio de la libre
valoración de la prueba o de apreciación razonada, que establece que
todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma
conjunta utilizando su apreciación razonada, tal como lo ordena el
artículo 197° del Código Procesal Civil, aplicable por remisión expresa
de la Primera Disposición Final del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS,
que agrega la obligación del Juzgador de expresar en la resolución las
valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión, por
lo que “ (...) la ley no impone normas generales para acreditar algunos
hechos, ni determina abstractamente el valor de las pruebas, sino que
deja al juzgador en la libertad para admitir toda prueba que estime útil
al esclarecimiento de la verdad y para apreciarla conforme a las reglas
de la lógica y de la experiencia común; se trata de un convencimiento
lógico y motivado, basado en elementos probatorios objetivos”.
4. Los vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno
derecho se encuentran establecidos en el artículo 10° de la Ley 27444,
Ley Procedimiento Administrativo General; por lo que corresponde a
este órgano jurisdiccional determinar si las resoluciones
administrativas impugnadas se encuentran incursas en alguna de ellas
y de ser el caso, proceder a declarar su nulidad.
De la pretensión de la demanda.
5. La parte demandante pretende: a) se declare la nulidad de la Resolución
Zonal Nº 01-19-C-093-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET de fecha 17 de
noviembre de 2008 emitida en el Expediente Nº PS 042-2008-DRTPE-
PIURA-ZTPET.
De la materia controvertida.
6. En el presente caso, la parte demandante está cuestionado la
notificación de la Resolución Zonal Nº 01-19-C-093-2008/DRTPE-
PIURA-ZTPET de fecha 17 de noviembre del 2008, emitida en el
Expediente Nª PS 042-2008-DRTPE-Piura-ZTPET, en donde se le
impone una multa por una infracción muy grave contra labor inspectiva
consistente en la inasistencia a la diligencia (…)
7. Teniendo en cuenta que nos encontramos ante un expediente
administrativo tramitado en virtud de La Ley General de Inspección del
Trabajo – Ley 28806, cabe preciar, que la misma en su artículo 101
señala que no corresponde aplicar las disposiciones contenidas en el
Título II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, salvo por expresa remisión a las mismas; por lo que si me
1 Las actuaciones de la Inspección del Trabajo son diligencias previas al procedimiento sancionador en
materia sociolaboral, cuyo inicio y desarrollo se regirá por lo dispuesto en las normas sobre Inspección del
Trabajo, no siendo de aplicación las disposiciones al procedimiento administrativo general, contenidas en el
Título II de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, salvo por expresa remisión a las
mismas. (…) CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TALARA
remito a su disposición undécima de la norma citada, nos señala lo
siguiente: “Con las excepciones previstas, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones contenidas en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, en cuanto no contradigan o se opongan a la presente
Ley, en cuyo caso prevalecerán sus propias disposiciones”.
8. Bajo dicho panorama normativo, se puede apreciar que la Ley 28806,
sólo proscribe la aplicación del Título II de la Ley 27444, más no de las
demás normas contenidas en dicho cuerpo legal, siempre y cuando no
se opongan a la primera.
9. Ahora bien, la notificación tiene varias funciones. En primer lugar, la
notificación se requiere para que el acto administrativo pueda ser eficaz.
En segundo lugar, busca que el acto administrativo pueda ser cumplido
en los términos en él expresados. Es decir, en la medida de que el
administrado se entere del contenido del acto administrativo, podrá
cumplir con lo dispuesto por este. En tercer lugar y algo que a veces no
se advierte con facilidad, se concentra en otorgarle certeza al acto
administrativo, pues mientras este se mantenga en la esfera de la
entidad, nadie sabe que existe. Es recién con la notificación que se
evidencia su existencia y que hay una decisión de la administración.
10. En ese sentido tenemos que el artículo 20° de la Ley N° 27444 establece
las formas válidas de notificación del acto administrativo, las cuales
podrán ser efectuadas mediante notificación personal al administrado,
interesado o afectado por el acto en su domicilio; mediante telegrama,
correo certificado, telefax, correo electrónico, o cualquier otro medio que
permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo
recibe, siempre que el empleo de éste haya sido solicitado expresamente
por el administrado; y, mediante publicación en el Diario Oficial y en
uno de los diarios de mayor circulación en el territorio nacional. En
cuanto a la notificación personal, los incisos 1 y 2 del artículo 21°, de la
misma ley, disponen que ella se hará en el domicilio que conste en el
expediente, o en el último domicilio que la persona a quién deba
notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro
procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año; y, en
caso que no se haya señalado domicilio, la autoridad debe agotar su
búsqueda mediante los medios que estén a su alcance, recurriendo a
fuentes de información de las entidades de la localidad.
11. Asimismo el artículo 21º incisos 21.3 de la Ley Nº 27444 Ley de
Procedimiento Administrativo prescribe: “En el acto de notificación debe
entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es
efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se
entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar así en el acta”,
asimismo el incido 21.4 del mismo cuerpo legal indica: “La notificación
personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su
representante legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos
en el momento de entregar la notificación, podrá entenderse con la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TALARA
persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su
nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado”.
12. En el caso que nos ocupa, la empresa demandante está cuestionando el
hecho que en la notificación realizada de la Resolución Zonal Nº 01-19-
C-093-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET de fecha 17 de noviembre del 2008,
no se ha consignado el nombre, DNI y firma de la persona que
supuestamente recibió la notificación; sin embargo de la revisión de la
citada notificación, obrante a folios 35, se advierte que en la misma se
encuentra plasmado el sello de recepción de la empresa PRODUMAR
S.A.C, en donde se consigna la fecha, hora y firma de la persona
encargada de la recepción de documentos, por lo que para esta
judicatura aquella notificación es válida, toda vez que no se puede
comparar a una notificación que se realiza a una persona natural donde
esta misma pone su nombre y firma, dado que en las personas jurídicas
públicas y en muchas ocasiones en las privadas, existe una estructura
orgánica, donde existen diferentes áreas de gestión, siendo que en las
instituciones públicas, el área de recepción de documentos se denomina
“Mesa de Partes”, en donde al momento de recibir notificaciones solo
consignan el sello de la institución con la palabra de recibido, así como
la hora, fecha y rubrica de la persona que recibió; y en relación a las
empresas privadas, es probable que aquellas áreas de recepción de
documentos puedan tener diferente denominación, pero es evidente que
al haber consignado el sello de la empresa, así como la hora, fecha y
rúbrica de la persona que recibió, se entiende que existe un área
específica para recepción de documentos, resultando poco convincente
para esta judicatura que en toda notificación realizada en aquella
empresa, el encargado siempre consigne su nombre y firma, o peor aún
que sea el propio representante el que reciba personalmente las
notificaciones, considerando las múltiples funciones que debe tener por
ostentar dicho cargo.
13. Sin perjuicio de ello, cabe precisar que el Tribunal Constitucional en la
sentencia recaída en el Exp. 04344-2016-PA/TC, publicada en su portal
web el 13 de diciembre del año 2018, tiene el mismo criterio, al
considerar lo siguiente: “contrariamente a lo indicado en las resoluciones
judiciales precitadas, el hecho que la cédula de notificación únicamente
cuente con el sello de recepción y no se encuentre firmada,
definitivamente no merma su mérito. Si esa cédula nunca hubiese
ingresado a las instalaciones de la Central de Notificaciones Privada
‘Pegaso Verde’, no se explicaría por qué tendría el sello”.
14. Por todo ello, este juzgador considera que la notificación que contenía la
Resolución Zonal Nº 01-19-C-093-2008/DRTPE-PIURA-ZTPET de fecha
17 de noviembre del 2008, resulta válida, deviniendo en infundada la
demanda formulada por PRODUMAR S.A.C.
15. De conformidad con el artículo 50 del Decreto Supremo N° 013-2008-
JUS las partes del proceso contencioso administrativo no podrán ser
condenadas al pago de costos y costas. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TALARA
VII.- DECISIÓN:
Estando a las consideraciones expuestas, de conformidad con lo prescrito
por los artículos 138°, 143° y 148° de la Constitución Política del Estado;
y el artículo 51° del T.U.O. de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
impartiendo Justicia a nombre de la Nación: el Señor Juez del PRIMER
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO DE TALARA; RESUELVO:
1. DECLARO INFUNDADA en todos sus extremos la demanda
interpuesta por la empresa PRODUMAR S.A.C, sobre Acción
Contenciosa Administrativa contra DIRECCION REGIONAL DE
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO con conocimiento de la
PROCURADORÍA PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL
PIURA.
2. Consentida o ejecutoriada que fuere, Archívese en su oportunidad
lo actuado en la forma de ley.
3. NOTIFIQUESE con las formalidades de ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZG DE TRABAJO TRANSITORIO-SEDE MARTIRES PETROLEROS (EX 1°)
EXPEDIENTE : 00503-2012-0-3102-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : BORRERO VELASQUEZ GALO
ESPECIALISTA : BALCAZAR CABRERA BLANCA ROSA
DEMANDADO : ZONA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO DE
TALARA ,
PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS
JUDICIALES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO ,
PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
PIURA ,
DEMANDANTE : PRODUMAR SAC ,
Resolución Nro. 08
Talara 16 de Mayo del 2019.
AUTOS Y VISTOS; con el estado del proceso y verificados los
actuados se advierte que está pendiente de resolver, la excepción formulada por Procurador
Público Adjunto de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo Y, CONSIDERANDO:
I. ANTECEDENTES:
1. Mediante resolución N° UNO de fecha 12.12.2012, se admite a trámite la demanda de
interpuesta por la empresa PRODUMAR SAC, contra la ZONA DE TRABAJO Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE TALARA, sobre proceso contencioso
administrativo, confiriéndosele traslado de la demanda a la parte demandada a fin de
que absuelva el mismo.
2. Con resolución N° 04 de fecha 22.05.2013, se tiene por contestada la demanda por
parte del Procurador Publico Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, y por deducida la excepción de falta de
legitimidad para obrar del demandado, sosteniendo a) Que el presente caso se
pretende la nulidad de la Resolución Zonal N° 01-19-C-093-2008/DRTPE/PIURA-
ZTPET de fecha 17.11.2008, que fuera expedida en el expediente de conciliación
signado con el N° 042-2008-DRTPE-PIURA-ZTPEP. b) Señala que la Ley N° 24650
Ley de Bases de la Regionalización, el D.S. N° 071-88-PCM, TUO de la Ley de Bases
de la Regionalización y el D.S. N° 012-1-90-PCM que aprueba la “Directiva de
trasferencia de funciones, personal y diversas recursos de los Gobiernos Regionales”,
el Sector Trabajo y Promoción del Empleo trasfirió a las Direcciones Regionales de
Trabajo con los precitados recursos a los Gobiernos Regionales de ese entonces. c)
Siendo así la Comisión de Trasferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo designada mediante Resolución Ministerial N° 064-2006-TR,
culminó el proceso de efectivización de la trasferencia suscribiendo las
correspondientes Actas de entrega y Recepción con los Presidentes Regionales,
mediante Resolución Ministerial N° 090-2008-TR publicada el 02 de abril del 2008 en
el Diario Oficial el Peruano aprobándose la trasferencia de funciones sectoriales entre
otro del Gobierno Regional de Piura, siendo a partir de esa fecha competente para las
mismas. d) En tal sentido señala que su representada carece de legitimidad parar obrar
como demandado en el presente proceso, por cuanto la Resolución Ministerial debió
corregir la relación procesal sustantiva confiriéndosele traslado al Procurador del
Gobierno regional de Piura y no a su representada. 3. Corrido el respectivo traslado conforme se advierte de cargo de notificación de folios
119, la parte demandante no ha cumplido con absolver, pese a tener conocimiento de
la misma.
4. En este orden de ideas y revisado los actuado se advierte que mediante resolución N°
05 de fecha 01.06.2018 se resuelve notificar a la Procuraduría Publica del Gobierno
Regional de Piura a efectos de que absuelva la Excepción de Falta de Legitimidad
para obrar respecto a la demandada y la Denuncia Civil formulada.
5. En tal sentido mediante escrito N° 6010-2018 la Procuradora Publica del Gobierno
Regional de Piura, contesta demanda.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
Delimitación de la excepción.
2.1 La excepción es un instituto procesal a través del cual el emplazado ejerce su derecho
de defensa denunciando la existencia de una relación jurídica procesal inválida por
omisión o defecto en algún presupuesto procesal, o, el impedimento de pronunciarse
sobre el fondo de la controversia por omisión o defecto en una condición de la acción.1
Sobre la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado.
2.2 Respecto a la legitimidad para obrar, debemos precisar que “…es la relación lógico
jurídico que debe existir ente el vínculo material y procesal, de manera que quienes son
parte en la relación jurídico material deben conservar tal calidad en la misma posición
en la relación jurídico procesal, esto es, tener legitimidad para obrar es tener la facultad,
el poder para afirmar, en la demanda ser titular de un determinado derecho sujeto
material que será objeto del pronunciamiento de fondo. Tal facultad o poder no se
refiere al derecho en sí, sino se refiere únicamente a la posibilidad de recurrir al Poder
Judicial afirmando tener derecho de algo o sobre algo e imputando que otro, el
demandado es el indicado a satisfacer su reclamación o pretensión” (CAS. N° 5615-
2007-LIMA)2.
2.3 “…Existe legitimidad para obrar cuando no media coincidencia entre las personas que
efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley […]habilita
especialmente para pretender o para contradecir respecto de la materia sobre la cual
versa el proceso …”. “La excepción de falta de legitimidad para obrar plantea la
posibilidad de que exista un pronunciamiento válido en el fondo por no haber
coincidencia entre las partes que conforman la relación sustantiva y las que integran la
relación jurídico procesal, esto es : […] b) que la pretensión intentada contra el
demandado sea completamente ajena a éste …”3.
2.4 La legitimidad para obrar es una de las condiciones del ejercicio válido de la acción, que
en la doctrina ha sido conceptuada de distintos modos: a) como la relación lógica de
correspondencia que existe o debe existir entre el demandante concretamente
considerado y la persona a quien en abstracto la norma jurídica confiere el derecho
(legitimidad activa), o entre el demandado concretamente considerado y la persona que
en abstracto debe cumplir una obligación (legitimidad pasiva); b) también como la
posición habilitante para formular una pretensión o para contradecirla, y que surge de la
afirmación de ser titular de un derecho (legitimidad activa) o de la imputación de una
obligación o deber jurídico (legitimidad pasiva). En consecuencia, cuando el Juez
1 HINOSTROZA MINGUEZ, Alberto, citado a Monroy Gálvez en COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL. Tomo II, 3ra Edición. Editorial IDEMSA, Lima Perú, pág. 393
2 MARIANELLA LEDESMA NARVAEZ, Comentarios al Código Procesal Civil, Gaceta Jurídica, Tomo
II, 1° Ed. Pág. 478
3 Cas. 3954-2001/santa Chimbote, publicada en el Diario El Peruano el 31-07-2002.págs 9043-9044. examina si la demandante tiene o no legitimidad para obrar, debe verificar si existe esa
relación formal de correspondencia; o, en la otra acepción, si es la persona habilitada
para demandar la pretensión. Por tanto, en general, al resolver una excepción de falta
de legitimidad para obrar no debe juzgar la justicia de la pretensión ni el fondo de la
litis, ya que estos aspectos de la pretensión deben ser objeto de pronunciamiento en la
sentencia, mediante el respectivo juicio de fundabilidad y luego de haberse desarrollado
la actividad probatoria sobre los hechos controvertidos en el principal.
2.5 De lo acotado por la parte demanda, se tiene que mediante Resolución Ministerial N°
090-2008-TR , en su artículo 1°, se señala – Aprobación de Transferencia de
funciones sectoriales.- “Declarar que los Gobiernos Regionales de Ancash, Apurímac,
Arequipa, Cajamarca , Cusco, Huancavelica , Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco ,
Piura , Puno, San Martin , Tacna y Tumbes, han concluido el proceso de transferencia de
funciones sectoriales en materia de trabajo y promoción del empleo y la pequeña
y micro empresa, de acuerdo al Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente
resolución, siendo a partir de la fecha competentes para el ejercicio de las mismas”. Bajo dicho
contexto normativo, se aprecia que desde el Gobierno Nacional se ha transferido al
Gobierno Regional de Piura, funciones en materia de trabajo y promoción del empleo y
la pequeña y micro empresa; en ese sentido, ésta última es la encargada a nivel de la
Región de Piura, de velar por todos los aspectos relacionados a materia laboral, en
ejecución de los planes de gobierno sobre aquella materia jurídica, por lo tanto resulta
fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demando formulada por el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, disponiendo su extromisión del
proceso.
2.6 Del mismo modo el Procurador Publico Adjunto a cargo de los Asuntos
Judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, formula denuncia
civil contra el Gobierno Regional de Piura, por lo que habiéndose determinado que es
dicha entidad pública la encargada, a nivel de la Región Piura, de velar por la ejecución
de los planes de gobierno en materia laboral, es que resulta fundada debiendo
emplazarse a la misma, lo cual ya sucedió en el presente caso.
2.7 La Procuraduría Pública del Gobierno Regional, representada por el letrada Rosa
Mercedes Chinchay Labrin, mediante escrito de fecha 06.07.2018, contesta la demanda
instaurada en su contra, la misma ha sido presentada dentro del plazo de ley, conforme
se advierte del asiento de notificación que fue válidamente emplazada el día 20.06.2018,
obrante en autos, por lo que corresponde tener por contestada la demanda, de
conformidad con lo previsto en el artículo 28º inciso 2 literal c) del Decreto Supremo
N° 013-2008 JUS, TUO de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo:
“Los plazos previstos en esta ley se computan desde el día siguiente de recibida la notificación. Los
plazos aplicables son: (…) b) Cinco días para interponer excepciones o defensas, contados
desde la notificación de la demanda; c) Diez días para contestar la demanda,
contados desde la notificación de la resolución que la admite a trámite;” en tal razón
computando el plazo antes citado téngase por contestada interpuesta dentro del plazo
establecido por Ley;
III.- DECISIÓN:
Por tales consideraciones y en virtud a la normativa citada, SE RESUELVE:
1. DECLARAR Fundada la excepción de Falta de Legitimidad para obrar del
demandado, propuesta por el Procurador Publico Adjunto a cargo de los Asuntos
Judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en consecuencia se debe
de excluir del presente proceso debiendo, continuar con la entidad competente
misma que es el Gobierno Regional de Piura. 2. DECLARAR FUNDADA la Denuncia Civil formulada contra el Gobierno Regional
de Piura, por los fundamentos antes citados.
3. Téngase por absuelta la demanda por parte de la PROCURADORA PUBLICA
DEL GOBIERNO REGIONAL DE PIURA, por ofrecidos los medios probatorios
que indica, asimismo téngase por apersonado al proceso a la Procuradora que
subscribe, consecuentemente, INGRESEN los autos a despacho a fin de emitir la
Sentencia correspondiente de conformidad con lo estipulado en la resolución N° 07.
NOTIFÍQUESE. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE SULLANA
Juez: MANSILLA TUDELA JENNIFER LINDSAY
Fecha: 28/01/2017 11:32:13
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: SULLANA/SULLANA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - SAN MARTIN
EXPEDIENTE : 00508-2012-0-3101-JP-LA-02
CORTE SUPERIOR DE SULLANA
Secretario: OJEDA RIVERA
HERBERT LANDORMY MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
Fecha: 30/01/2017 08:53:44
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL JUEZ : MANSILLA TUDELA JENNIFER LINDSAY
D.Judicial: SULLANA/SULLANA
FIRMA DIGITAL ESPECIALISTA : OJEDA RIVERA HERBERT LANDORMY
DEMANDADO : AGROPESCA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
RESOLUCIÓN NUMERO OCHO
Sullana, veintiocho de Enero
Año dos mil Diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta, con los actuados
judiciales proveyendo según el estado del proceso; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: La ejecución de las sentencias laborales, a favor de la parte
vencedora en el proceso, se constituye en ejercicio del derecho a la tutela
jurisdiccional y a no dudar es la parte más importante de la implementación de
las decisiones que han adoptado los Jueces del Poder Judicial, respecto de
aquellas sentencias que han devenido en consentidas o ejecutoriadas. Es decir el
vencido ya utilizo todos los medios impugnatorios dentro del proceso para hacer
valer sus intereses y pretensiones; y, entonces en esta parte de la ejecución le
toca acatar estrictamente la resolución. Eso es respeto del Estado de Derecho,
en cuanto se acepta que Estado es el árbitro de aquellos conflictos que no han
logrado ponerse de acuerdo las partes. El artículo 138 de la Constitución es
categórico en ello: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo
y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con
arreglo a la Constitución y a las leyes.”.-
SEGUNDO: La Constitución Política, regula el derecho a la ejecución de las
resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, como una
manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3)
del artículo 139º de la Constitución. También se encuentra aludido en el
segundo párrafo del inciso 2) del mismo artículo 139º, cuando se menciona que
"ninguna autoridad puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en
autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar su ejecución".
TERCERO: El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza
que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un
pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido1.
CUARTO: De autos se advierte que mediante Resolución N°. 04, (auto
final) de fecha 27 de Enero del 2015: Se Declara Fundada La Demanda
incoada por AFP INTEGRA. , sobre Obligación de Dar Suma de Dinero- Pago
de aportes previsionales, contra AGROPESCA DEL PERU SAC, habiéndose
ordenado llevar a cabo la ejecución forzada.
En atención a los considerandos expuestos; SE RESUELVE:
1.- REQUERIR a la parte ejecutada AGROPESCA DEL PERU SAC, para que
dentro del plazo de DIEZ DÍAS cumpla con cancelar a favor de la ejecutante
AFP INTEGRA la suma de CIENTO CATORCE CON 59 /100 SOLES (S/
114.59), en merito de las liquidaciones para cobranza e aportes previsionales
del sistema privado de pensiones materia de ejecución que obra de folios 11,
bajo apercibimiento de llevarse a cabo la ejecución forzada ordenada en la
resolución numero 04-
2.- AVOCANDOSE al conocimiento de la presente causa la Señora Juez que
suscribe,
3.- INTERVINIENDO el especialista legal que da cuenta por disposición
superior y en cumplimiento a la Directiva Nº 009-2016-CE-PJ. “Directiva de los
actos procesales desarrollados en las sub áreas que conforman el área de
apoyo a las causas del Módulo Corporativo Laboral de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo”.
4.-CUMPLAN,los abogados de las partes procesales con precisar casilla
electrónica, , bajo apercibimiento de imponerse multa consistente en Cinco
Unidades de Referencia Procesal (5URP), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 155-G-de la ley Nº 30229, Resolución Administrativa Nº 069-2015-CE-
PJ, de fecha 12 de Febrero del año 2015,y resolución Administrativa Nº 278-
2015-P-CSJSU/PJ, de fecha 04 de setiembre del año 2015.-
5.- NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
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Juez: MANSILLA TUDELA JENNIFER LINDSAY
Fecha: 28/01/2017 11:32:13
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: SULLANA/SULLANA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - SAN MARTIN
EXPEDIENTE : 00508-2012-0-3101-JP-LA-02
CORTE SUPERIOR DE SULLANA
Secretario: OJEDA RIVERA
HERBERT LANDORMY MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
Fecha: 30/01/2017 08:53:44
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL JUEZ : MANSILLA TUDELA JENNIFER LINDSAY
D.Judicial: SULLANA/SULLANA
FIRMA DIGITAL ESPECIALISTA : OJEDA RIVERA HERBERT LANDORMY
DEMANDADO : AGROPESCA DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
RESOLUCIÓN NUMERO OCHO
Sullana, veintiocho de Enero
Año dos mil Diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta, con los actuados
judiciales proveyendo según el estado del proceso; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: La ejecución de las sentencias laborales, a favor de la parte
vencedora en el proceso, se constituye en ejercicio del derecho a la tutela
jurisdiccional y a no dudar es la parte más importante de la implementación de
las decisiones que han adoptado los Jueces del Poder Judicial, respecto de
aquellas sentencias que han devenido en consentidas o ejecutoriadas. Es decir el
vencido ya utilizo todos los medios impugnatorios dentro del proceso para hacer
valer sus intereses y pretensiones; y, entonces en esta parte de la ejecución le
toca acatar estrictamente la resolución. Eso es respeto del Estado de Derecho,
en cuanto se acepta que Estado es el árbitro de aquellos conflictos que no han
logrado ponerse de acuerdo las partes. El artículo 138 de la Constitución es
categórico en ello: “La potestad de administrar justicia emana del pueblo
y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con
arreglo a la Constitución y a las leyes.”.-
SEGUNDO: La Constitución Política, regula el derecho a la ejecución de las
resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, como una
manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, reconocido en el inciso 3)
del artículo 139º de la Constitución. También se encuentra aludido en el
segundo párrafo del inciso 2) del mismo artículo 139º, cuando se menciona que
"ninguna autoridad puede (...) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en
autoridad de cosa juzgada (...) ni retardar su ejecución".
TERCERO: El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza
que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un
pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido1.
CUARTO: De autos se advierte que mediante Resolución N°. 04, (auto
final) de fecha 27 de Enero del 2015: Se Declara Fundada La Demanda
incoada por AFP INTEGRA. , sobre Obligación de Dar Suma de Dinero- Pago
de aportes previsionales, contra AGROPESCA DEL PERU SAC, habiéndose
ordenado llevar a cabo la ejecución forzada.
En atención a los considerandos expuestos; SE RESUELVE:
1.- REQUERIR a la parte ejecutada AGROPESCA DEL PERU SAC, para que
dentro del plazo de DIEZ DÍAS cumpla con cancelar a favor de la ejecutante
AFP INTEGRA la suma de CIENTO CATORCE CON 59 /100 SOLES (S/
114.59), en merito de las liquidaciones para cobranza e aportes previsionales
del sistema privado de pensiones materia de ejecución que obra de folios 11,
bajo apercibimiento de llevarse a cabo la ejecución forzada ordenada en la
resolución numero 04-
2.- AVOCANDOSE al conocimiento de la presente causa la Señora Juez que
suscribe,
3.- INTERVINIENDO el especialista legal que da cuenta por disposición
superior y en cumplimiento a la Directiva Nº 009-2016-CE-PJ. “Directiva de los
actos procesales desarrollados en las sub áreas que conforman el área de
apoyo a las causas del Módulo Corporativo Laboral de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo”.
4.-CUMPLAN,los abogados de las partes procesales con precisar casilla
electrónica, , bajo apercibimiento de imponerse multa consistente en Cinco
Unidades de Referencia Procesal (5URP), de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 155-G-de la ley Nº 30229, Resolución Administrativa Nº 069-2015-CE-
PJ, de fecha 12 de Febrero del año 2015,y resolución Administrativa Nº 278-
2015-P-CSJSU/PJ, de fecha 04 de setiembre del año 2015.-
5.- NOTIFÍQUESE conforme a ley. |
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Juez: MONTES ABREGU JUAN
Fecha: 04/09/2014 09:28:24
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: JUNIN/CHANCHAMAYO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO - Sede La Merced - NLPT
EXPEDIENTE : 00509-2012-0-1505-JR-LA-01
MATERIA : INDEM. POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR FALTA GRAVE
DEL TRABAJADOR
CORTE SUPERIOR DE JUNIN
Secretario: CINTHYA CARDENAS
COLONIO JUEZ : MONTES ABREGU JUAN
Fecha: 08/09/2014 18:42:20
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : CINTHYA CARDENAS COLONIO
D.Judicial: JUNIN/CHANCHAMAYO
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : AHUMADA CORTES, GUILLERMO ANTONIO
DEMANDANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
RESOLUCION Nro. Diecisiete
La Merced, veintidós de agosto
Del dos mil catorce.-
AUTOS Y VISTOS: Proveyendo el escrito presentado por el Procurador Publico del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y;
CONSIDERANDO:
Primero.- Que, de conformidad con lo dispuesto en la primera parte del inciso tres del
artículo 139° de la Constitución Política del Estado, es principio y función jurisdiccional,
cautelar la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva,
precisamente uno de los elementos del debido proceso es hacer efectiva las normas
constitucionales, sustantivas y procesales conforme a los mandatos que ellas
contienen.
Segundo.- Que, de la revisión efectuada se tiene que con fecha once de junio del año
dos mil trece se ha emitido la Sentencia N°276-2013-LA, en la que se resuelve
“declarar fundada la demanda de fojas noventa y ocho a ciento catorce
interpuesta por Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra Guillermo
Antonio Ahumada Cortes sobre el pago de Indemnización, en consecuencia,
ordeno al demandado cumpla con pagar a favor de la demandante el monto de
ciento cinco mil ochocientos sesenta y nueve nuevos soles con treinta y ocho
céntimos por concepto de indemnización-daño emergente”, por lo que mediante
acta de notificación de sentencia de fecha diecisiete de junio del dos mil trece han sido
debidamente notificada tanto (demandante como demandado) tal como obra a fojas
doscientos nueve, siendo así mediante resolución cinco de fecha veintidós de julio del
año dos mil trece, se ha declarado consentida la sentencia antes mencionada, siendo
esta notificada en su domicilio procesal.
Tercero.- Que, mediante solicitud de medida cautelar de embargo en forma de
retención presentado por el Procurador Publico del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones que obra a fojas trescientos cuarenta al trescientos cuarenta y seis, y
siendo esta admitida mediante resolución dos de fecha once de junio del dos mil trece
en la que se resuelve entre otros aspectos “ordenar se proceda en retener la
cuentas de acreencias y valores del demandado existentes en el Banco
Interbank, ubicado en Avenida Rivera Navarrete N° 665-San Isidro, Banco de la
Nación, ubicado en Avenida Canaval y Moreyra N° 150 – San Isidro, Banco
Continental, ubicado en Avenida República de Panamá N°. 3055-San Isidro y
Banco de Crédito, ubicado en Jirón Lampa N°. 499 – Cercado de Lima, hasta por
el monto de ciento cinco mil ochocientos sesenta y nueve nuevos soles con
treinta y ocho céntimos, constituyéndose en órgano de auxilio judicial
(retenedor) las propias entidades financieras, informando a este órgano
jurisdiccional una vez materializado el embargo ordenado, para cuyo fin cúrsese
los oficios correspondientes”. Por lo que estando a lo ordenado esta Judicatura ha
cursado los oficios respectivos a cada uno de los bancos antes mencionados. Cuarto.- Siendo así es de tener presente en primer término que, el Banco de la Nación
remite Carta EF/92.3212 N°09041-2013 de fecha siete de agosto del 2013, quien
informa que el demandado registra cuenta de ahorros aperturada por el Ministerio del
Interior PNP por concepto de pensión con fecha 19.06.1992, asimismo informa que el
departamento de Asesoría Jurídica señala que dentro de los alcances del articulo 648
numeral 6 del CPC, las remuneraciones y pensiones son inembargables, cuando no
excedan de cinco Unidades de Referencia Procesal (S/. 1,850.00), así mismo el Banco
Continental refiere que el demandado a la fecha no cuenta con fondos susceptibles de
embargo, Del mismo el Banco Interbank señala que el demandado es cliente del
banco pero no mantiene cuentas con saldos susceptibles de embargo, y por último el
Banco de Crédito informa que el demandado no es proveedor ni presta servicio alguno
para su entidad.
Quinto.- Que, mediante escrito de fecha veintiséis de junio del año dos mil catorce, el
Procurador Publico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita que se
requiera al demandado señale uno o más bienes libres de gravamen, bajo
apercibimiento de declararse su disolución y liquidación. Al respecto mediante
resolución dieciséis de fecha dos de julio del dos mil catorce se requiere al demandado
cumpla con señalar uno o más bienes de libre de gravamen o bienes parcialmente
gravados con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la obligación, siendo así se
le concede al demandado el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de dar estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 962-A, siendo esta debidamente notificada
en su domicilio procesal en el Jirón Lima N°264 (2do piso)-La Merced señalado
mediante escrito de fecha cinco de noviembre del dos mil doce que obra a fojas 171,
por lo que el demandado hasta la fecha no ha cumplido con señalar lo ordenado en la
resolución dieciséis.
Sexto.- Que, al respecto es de señalar que la Ley N°27809 Ley General del Sistema
Concursal (aplicable supletoriamente al presente caso) quien ha previsto que el objeto
de la Ley es “la recuperación del crédito mediante la regulación de
procedimientos concursales que promuevan la asignación eficiente de recursos
a fin de conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor”, así
también el literal c) referido al DEUDOR del articulo uno de la norma antes
mencionada refiere que toda “Persona natural o jurídica, sociedades conyugales y
sucesiones indivisas. Se incluye a las sucursales en el Perú de organizaciones o
sociedades extranjeras”, por lo que esta norma es aplicable a todas las personas
naturales deudoras y siendo compatible en el presente caso, y estando a lo antes
vertido;
SE RESUELVE: REMITASE en copia certificada las piezas procesales a la Comisión
de Procedimientos Concursales del INDECOPI, para que esté de acuerdo a sus
facultades pueda seguir el trámite correspondiente HAGASE SABER.- |
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Relator: ANA MARIA VENEROS LAVERIAN
Fecha: 18/11/2014 16:53:36
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
SALA LABORAL - Sede Periférica I
EXPEDIENTE NÚMERO: 00517-2012-0-2501-SP-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
RELATOR : ANA VENEROS LAVERIAN
DEMANDADO : CULTIMARINE SAC
DEMANDANTE : MELENDEZ GAMEZ FELIPA
RESOLUCION NÚMERO: VEINTE
Chimbote, dieciocho de noviembre
Del dos mil catorce.-
SENTENCIA EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA SALA LABORAL DE LA
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución número trece de fecha
dieciséis de agosto del dos mil trece que declara fundada en parte la demanda interpuesta por FELIPA
MELENDEZ GAMEZ contra la demandada la empresa CULTIMARINE S.A.C., disponiéndose que dentro
del tercer día la demandada cumpla con abonar a favor de la actora la suma de S/.1,623.30 por los
conceptos de indemnización especial por despido arbitrario, vacaciones dobles del período 2009-2010,
simples 2010-2011, vacaciones truncas, intereses legales y costos del proceso.
FUNDAMENTOS DEL APELANTE
La demandada como fundamento de su apelación, sostiene: i) La actora no ha sido
despedida al contrario ella decidió abandonar sus labores como antes ya lo había hecho en el primer
período comprendido del 28 de abril del 2009 al 23 de marzo del 2011 y el Juez ha valorado la copia
certificada de la Constatación Policial de fecha 26 de octubre del 2011, el cual constituye un documento
que ha sido actuado y solicitado unilateralmente por la demandante; ii) Asimismo alega que la
demandante ha realizado afirmaciones que no se ajustan a la verdad de los hechos, por cuanto alega que
ha laborado en forma permanente e ininterrumpida, hecho que fue desmentido y aclarado por el propio
Juez en el numeral 4 de la parte considerativa de la apelada, resultando evidente la mala fe por su parte,
hecho que deben ser evaluados al momento de resolver; iii) Con respecto al cálculo de la indemnización,
es errónea al haberse considerado como período trabajado el de dos meses, siendo que debió
considerarse sólo los días efectivamente trabajados por la demandante durante el segundo período
1 comprendido del 25 de agosto al 24 de octubre del 2011, es decir 40 días, correspondiéndole por este
concepto la suma de S/.39.01 nuevos soles; iv) Con respecto a las vacaciones dobles 2009-2010; simples
2010-2011 y truncas, se debe tener en cuenta que la demandante gozó de vacaciones físicas y
remuneradas por 14 días, siendo que el récord de días trabajados no era suficiente para que tome
vacaciones por 15 días; entre otros argumentos que alega.
FUNDAMENTOS DE LA SALA
1.- El artículo 27 de la Constitución Política del Estado, señala que la ley otorga al trabajador
adecuada protección contra el despido y en base a dicha norma constitucional, el trabajador
sólo puede ser despedido por causales relacionadas con la capacidad o conducta prevista en
la ley y de acuerdo al procedimiento previsto en el artículo 31 del Decreto Supremo No. 003-97-
TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.
2. Los contratos de trabajo a plazo fijo, pueden celebrarse cuando así lo requieran las
necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como cuan lo exija la
naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a
ejecutar, excepto los contratos de temporada que por su propia naturaleza pueden ser
permanentes, conforme señala el artículo 53 del Decreto Supremo No. 003-97-TR.
3.- Esta norma sustantiva, en su artículo 54° del Decreto Supremo No. 003-97-TR, establece las
diferentes modalidades de contratación temporal, señalando en el artículo 64 los contratos de
servicio intermitente, siendo éstas aquellos celebrados entre un empleador y un trabajador, para
cubrir las necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza son
permanentes pero discontinuas; precisando, que en esta clase de contratos el trabajador tendrá
derecho preferente en la contratación y en su artículo 77 señala como uno de los supuestos
de desnaturalización del contrato de trabajo, el hecho que el trabajador continúe trabajando
después del vencimiento del contrato de trabajo a plazo fijo.
4.- En el caso de autos, no existe controversia con respecto al vínculo laboral y que el mismo queda
acreditada con los contratos de trabajo de fojas 239/243 boletas de pago de fojas 244/273,
formatos de fojas 274/360; que asimismo, no existe controversia que entre las partes
suscribieron contrato de trabajo a plazo fijo por el periodo comprendido entre 25 de agosto del
2011 al 31 de diciembre del 2011, desempeñando como operario en el criadero de conchas de
abanico, como se aprecia del contrato de trabajo de fojas 239.
5.- La actora demanda pago de indemnización por despido arbitrario, bajo argumento que el día 24
de octubre del 2011 por motivos de salud, se vio obligada a retirarse del centro de trabajo
aproximadamente a las 18:40 horas, lo cual hizo de conocimiento a sus superiores, pero que al
pretender regresar el día siguiente no se le permitió el ingreso al centro de labores, manifestándole el
vigilante de la empresa que por órdenes del Ing.Chamorro quien es el Jefe de Planta no se le permite
2 el ingreso y que se considere despedida; motivo por el cual se constituyó a la Policía Nacional, con el
fin de que realicen la verificación del despido, concluyéndose que la demandada, sin mediar
justificación alguna, le impidió el acceso a la empresa razón por la cual, considera despido
injustificado; por su parte la demandada contradice y sostiene que no ha existido despido, sin
embargo, apersonado la actora con miembro policial, tampoco reincorporó a la actora en su
centro de trabajo.
6.- Que, siendo como se expone, habiéndose acreditado que la actora fue despedida sin causa
justificada alguna, al impedírsele el ingreso al centro de labores el día 25 de octubre del 2011 pese a
que su último contrato de trabajo vencía el 31 de diciembre del 2011 y además no se cumplió con
lo establecido en el artículo 31 del Decreto Supremo N°003-97-TR, sin tener en consideración, que la
demandada no está imputando comisión de falta grave laboral para estar obligada a observar las
formalidades del despido y al haberse resuelto el contrato de trabajo de manera unilateral, la
demandada tiene la obligación de pagar la indemnización prevista en el artículo 76° de la norma antes
mencionada.
7.- Que, si bien es cierto, la demandada a lo largo del proceso señala que el cese de la
relación laboral fue por voluntad propia de la actora, sin embargo, ello constituye sólo un dicho
sin ningún medio de prueba que lo acredite, máxime si de la lectura de la Copia Certificada de la
Denuncia de fojas 6 se aprecia que al constituirse la autoridad policial al centro de labores fue atendido
por el vigilante César Ramírez Salazar, quien manifestó que la actora si ha laborado en dicho lugar y
que por ordenes del Ing. Chamorro no le permitió el ingreso, desconociendo los motivos, documentos
que no ha sido tachado ni contradicho por la demandada, manteniendo su valor probatorio y con ello
acredita fehacientemente su despido, por tanto la apelada en este extremo debe ser confirmada.
8.- Habiendo apelado el extremo del cálculo de la indemnización por despido arbitrario, se debe tener en
cuenta lo establecido en el artículo 76° del Texto Único Ordenado del D. Leg. Nº 728,Ley de
Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) D.S. Nº 003-97-TR, en cual estable que al resolver
arbitrariamente el contrato, deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a una
remuneración y media ordinaria mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento del
contrato, con el límite de doce (12) remuneraciones y estando a que la actora sólo laboró hasta el 24
de octubre del 2011, le corresponde la indemnización por 2 meses y 08 días que faltaba
hasta su vencimiento y se liquida en base a su jornal diario de S/. 26.34 y de acuerdo al
régimen especial agrícola y de la siguiente forma: Por meses: 2/12 x S/.26.34 x 15 x 1.50 =
S/.98.77 ; por días: 8/360 x S 26.34 x 15 x 1.50 = S/.13.17 y suman S/. 111.94 nuevos soles
9.- Con respecto a las vacaciones del 28 de abril del 2009 al 15 de mayo del 2011 son 02 años y 18
meses y le corresponde quince días doble remuneración por el primer período, por encontrarse
dentro régimen regulado por la Ley N°27360, que establece el descanso vacacional en 15 días
calendarios remunerados por año de servicios o fracción que le corresponde: S/.702.30 (2 x 23.41
x 15); por 18 días le corresponde en forma proporcional: S/. 17.56 (18/360 x 15 x 23.41) y suman
3 S/.719.86 nuevos soles, del cual se deduce la suma de S/.384.31 conforme a la liquidación de
beneficios sociales de fojas 61 y la suma de S/. 284.29 abonados en la cuenta No.31017999788094
Banco de Crédito del Perú de fojas 58/59, resulta un reintegro de S/.51.26 nuevos soles.Con
respecto a las vacaciones del período 25 de agosto del 2011 al 25 de octubre del 2011, son dos mes
y un día y se liquida con la remuneración S/ 26.34 y resulta: S/. 66.95 (2/12 x S/.26.34 x 15 + 1/360
x S/.26.34 x 15) y la demandada depositó en su cuenta del Banco de Crédito del Perú la suma de
S/.37.97 nuevos soles como se aprecia de fojas 146 y resulta un reintegro por este periodo la suma
de S/.28.98 y por ambos períodos suman S/.80.24 nuevos soles.
Por los fundamentos expuestos la Sala laboral
RESUELVE:
CONFIRMESE la sentencia de fecha dieciséis de agosto del dos mil trece obrante de folios 365 a 372 que
declara fundada en parte la demanda interpuesta por FELIPA MELENDEZ GAMEZ, contra la
CULTIMARINE S.A.C; MODIFIQUESE en cuanto al monto, en consecuencia NOTIFIQUESE a la
demandada para que dentro del tercer día, cumpla con abonar a favor del actor la suma de S/.192.88
nuevos soles por concepto de indemnización por despido arbitrario y pago de vacaciones conforme a lo
establecido en el considerando noveno de la presente resolución; más sus intereses legales; además
reconozca a favor del actor como costos del proceso el 15% del monto ordenado pagar, más el 5% para el
Colegio de Abogados del Santa, sin costas; y los devolvieron al Juzgado de su procedencia. Juez Superior
Titular doctor Raúl Rodríguez Soto.
SS.:
Rodríguez Soto.-
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Juez: PAUL KARL QUEZADA APIAN
Fecha: 17/09/2013 14:19:37
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
8° JUZGADO DE TRABAJO - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00517-2012-0-2501-SP-LA-01
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE DEL SANTA
Secretario: ROXANA GIOVANNA MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
YSIDRO HINOSTROZA
Fecha: 17/09/2013 17:56:35 ESPECIALISTA : ROXANA GIOVANNA YSIDRO HINOSTROZA
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA DEMANDADO : CULTIMARINE SAC ,
FIRMA DIGITAL
DEMANDANTE : MELENDEZ GAMEZ, FELIPA
Resolución Nro. QUINCE
Chimbote, trece de setiembre del
Dos mil trece.
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito que
antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la parte demandada, interpone
recurso de apelación contra la sentencia contenida en la resolución número trece
emitida en autos, la misma que declara fundada en parte la demanda interpuesta por
Felipa Meléndez Gámez sobre pago de indemnización por despido arbitrario y otros;
SEGUNDO: Que, el recurso de apelación presentado por la emplazada, reúne los
requisitos previstos por el artículo 32 de la Ley 29497, concordante con los artículos
366 y 371 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al Proceso Laboral, pues
se verifica que se encuentran dentro del plazo legal, señalando los errores de hecho y
derecho en los que a criterio del impugnante ha incurrido la resolución apelada;
asimismo, ha sustentado su pretensión impugnativa; que, siendo esto así, y en
aplicación a la normatividad glosada: SE RESUELVE: CONCEDER a la parte
demandada EMPRESA CULTIMARINE S.A.C., APELACION CON EFECTO
SUSPENSIVO contra la SENTENCIA contenida en la resolución número TRECE, de
fecha dieciséis de agosto del año dos mil trece y ELEVENSE los autos por ante el
Superior Jerárquico con la debida nota de atención. Al primer otrosí: Por delegadas las
facultades de representación al letrado que se indica. Al segundo otrosí: No
habiéndose adjuntado las documentales que se indican: Improcedente lo solicitado. Al
tercer otrosí: Téngase presente. NOTIFIQUESE conforme a ley. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO 03
EXPEDIENTE : 00610-2012-0-1801-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CHAGUA PAYANO FENIRUPD LEKY
ESPECIALISTA : ULLOA CHAVEZ D'YANYRA KEYLA MILAGROS
DEMANDADO : OYOLA RAMOS, MARTHA EDELMIRA
SALAZAR GUZMAN, EDISON JUNIOR
DEMANDANTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
AUTO FINAL
RESOLUCION NUMERO 17
Lima, 10 de julio del dos mil veinte. –
I. AUTOS Y VISTOS:
Primero: Por escrito de fojas cinco a diez, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero -
FONDEPES, representado por el Procurador Público a cargo de los asuntos del
Ministerio de de la Producción, interpone demanda de obligación de dar suma de dinero
en la Vía del Proceso Único de Ejecución contra MARTHA EDELMIRA OYOLA
RAMOS, y EDISON JUNIOR SALAZAR GUZMAN, para que le pague la suma de
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE SOLES, importe del pagaré que
recauda a su demanda, haciendo extensiva su pretensión a los intereses compensatorios
y moratorios, costas y costos.
Segundo: Expedido y notificado el auto de mandato ejecutivo, los ejecutados no
formularon contradicción en el plazo legal respectivo. Puesto los autos a despacho, el
estado del proceso es el de expedir el auto a que se refiere la última parte del artículo
690–E del Código Procesal Civil. Y,
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Calificada positivamente la demanda, y no habiéndose desvirtuado el
mérito ejecutivo del pagaré que obra adherido en autos a fojas cuatro, subsisten los
fundamentos que sirvieron de base para dictar el auto de mandato ejecutivo de fojas
once.
SEGUNDO: El supracitado título valor, reúne los requisitos señalados en el artículo
158.1 de la Ley de Títulos-Valores 27287, y contiene la cláusula respectiva que libera al
tenedor de la obligación de protestar el documento, conforme a la autorización señalada
en el numeral 81.1. de la acotada Ley Cambiaria; por lo que constituye título para ejercitar la acción cambiaria promoviendo proceso de ejecución, a tenor de lo previsto
en el artículo 688 inciso 4 del Código Adjetivo.
TERCERO: En el proceso ejecutivo, el momento procesal para que los ejecutados
hagan valer contra la pretensión ejecutiva del demandante, toda la gama de
posibilidades a que se contrae el artículo 690-D del Código Procesal Civil, es la
contradicción; si ésta no es interpuesta oportunamente, precluye dentro del proceso de
ejecución, toda posibilidad de cognición sobre la relación obligacional contenida en el
título ejecutivo.
CUARTO: La situación jurídico-factual descrita en el considerando anterior, resulta de
aplicación al presente caso, toda vez que los ejecutado pese a su válido emplazamiento
no han formulado contradicción a la ejecución dentro del plazo previsto legalmente;
siendo ello así, debe procederse conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo
690-E del Código Adjetivo.
QUINTO: Al no haberse acreditado el cumplimiento de la obligación demandada,
mediante el pago en los términos que establece el artículo 1220 del Código Civil, la
demanda debe ser amparada, teniéndose presente que en el título objeto de ejecución
existe pacto respecto de los intereses.
Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con el primer párrafo del artículo
ciento treinta y ocho de la Carta Constitucional del Estado, la suscrita Magistrada,
emite la siguiente:
III. DECISION:
FALLA: Declarando FUNDADA la demanda interpuesta de fojas cinco a once, en
consecuencia, ORDENO: LLÉVESE ADELANTE LA EJECUCIÓN, hasta que los
ejecutados MARTHA EDELMIRA OYOLA RAMOS y EDISON JUNIOR
SALAZAR GUZMAN, paguen al ejecutante FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, la suma de CUATRO MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE SOLES, más intereses pactados, costas y costos del
proceso.
Al escrito de fecha 20 de septiembre del 2019: A lo solicitado por la accionante, estese
a lo resuelto en la presente resolución.
Notificándose. – |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO 03
EXPEDIENTE : 00610-2012-0-1801-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CHAGUA PAYANO FENIRUPD LEKY
ESPECIALISTA : ULLOA CHAVEZ D'YANYRA KEYLA MILAGROS
DEMANDADO : OYOLA RAMOS, MARTHA EDELMIRA
SALAZAR GUZMAN, EDISON JUNIOR
DEMANDANTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES
AUTO FINAL
RESOLUCION NUMERO 17
Lima, 10 de julio del dos mil veinte. –
I. AUTOS Y VISTOS:
Primero: Por escrito de fojas cinco a diez, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero -
FONDEPES, representado por el Procurador Público a cargo de los asuntos del
Ministerio de de la Producción, interpone demanda de obligación de dar suma de dinero
en la Vía del Proceso Único de Ejecución contra MARTHA EDELMIRA OYOLA
RAMOS, y EDISON JUNIOR SALAZAR GUZMAN, para que le pague la suma de
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE SOLES, importe del pagaré que
recauda a su demanda, haciendo extensiva su pretensión a los intereses compensatorios
y moratorios, costas y costos.
Segundo: Expedido y notificado el auto de mandato ejecutivo, los ejecutados no
formularon contradicción en el plazo legal respectivo. Puesto los autos a despacho, el
estado del proceso es el de expedir el auto a que se refiere la última parte del artículo
690–E del Código Procesal Civil. Y,
II. CONSIDERANDO:
PRIMERO: Calificada positivamente la demanda, y no habiéndose desvirtuado el
mérito ejecutivo del pagaré que obra adherido en autos a fojas cuatro, subsisten los
fundamentos que sirvieron de base para dictar el auto de mandato ejecutivo de fojas
once.
SEGUNDO: El supracitado título valor, reúne los requisitos señalados en el artículo
158.1 de la Ley de Títulos-Valores 27287, y contiene la cláusula respectiva que libera al
tenedor de la obligación de protestar el documento, conforme a la autorización señalada
en el numeral 81.1. de la acotada Ley Cambiaria; por lo que constituye título para ejercitar la acción cambiaria promoviendo proceso de ejecución, a tenor de lo previsto
en el artículo 688 inciso 4 del Código Adjetivo.
TERCERO: En el proceso ejecutivo, el momento procesal para que los ejecutados
hagan valer contra la pretensión ejecutiva del demandante, toda la gama de
posibilidades a que se contrae el artículo 690-D del Código Procesal Civil, es la
contradicción; si ésta no es interpuesta oportunamente, precluye dentro del proceso de
ejecución, toda posibilidad de cognición sobre la relación obligacional contenida en el
título ejecutivo.
CUARTO: La situación jurídico-factual descrita en el considerando anterior, resulta de
aplicación al presente caso, toda vez que los ejecutado pese a su válido emplazamiento
no han formulado contradicción a la ejecución dentro del plazo previsto legalmente;
siendo ello así, debe procederse conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo
690-E del Código Adjetivo.
QUINTO: Al no haberse acreditado el cumplimiento de la obligación demandada,
mediante el pago en los términos que establece el artículo 1220 del Código Civil, la
demanda debe ser amparada, teniéndose presente que en el título objeto de ejecución
existe pacto respecto de los intereses.
Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con el primer párrafo del artículo
ciento treinta y ocho de la Carta Constitucional del Estado, la suscrita Magistrada,
emite la siguiente:
III. DECISION:
FALLA: Declarando FUNDADA la demanda interpuesta de fojas cinco a once, en
consecuencia, ORDENO: LLÉVESE ADELANTE LA EJECUCIÓN, hasta que los
ejecutados MARTHA EDELMIRA OYOLA RAMOS y EDISON JUNIOR
SALAZAR GUZMAN, paguen al ejecutante FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, la suma de CUATRO MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE SOLES, más intereses pactados, costas y costos del
proceso.
Al escrito de fecha 20 de septiembre del 2019: A lo solicitado por la accionante, estese
a lo resuelto en la presente resolución.
Notificándose. – |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00611-2012-0-2501-SP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
DEMANDADO : CASAMAR SAC ,
DEMANDANTE : GARCIA ROJAS, ENRIQUE
Resolución Nro. TREINTA Y OCHO
Chimbote, trece de enero del dos mil diecisiete.-
Por devuelto el expediente por la Sala Laboral Permanente,
CUMPLASE lo ejecutoriado, habiéndose confirmado la sentencia, la misma que
declara fundada en parte la demanda; TÉNGASE presente, en consecuencia;
REQUIERASE a la ejecutada CASAMAR S.A.C., a fin que dentro del plazo del tercer día
cumpla con pagar a favor del actor la suma de S/. 7,301.92 (SIETE MIL TRESCIENTOS
UNO Y 92/100 SOLES), por concepto de Pago de beneficios sociales, bajo
apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. De otro lado, habiendo entrado en
vigencia para esta sede judicial el SINOE para todos los procesos judiciales, de
conformidad con el artículo 155-D y 155-I de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
CUMPLAN las partes del presente proceso, en el plazo de CINCO DIAS con señalar su
casilla electrónica, bajo apercibimiento de multa de 1URP en caso de incumplimiento,
de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 7.4.2 de la Directiva N°
006-2015-CE-PJ sobre "Lineamiento para el diligenciamiento de las notificaciones
electrónicas". Avocándose al conocimiento del proceso la Señora Jueza que suscribe
por disposición Superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | SALA LABORAL - Sede Periférica I
EXPEDIENTE NÚMERO : 00611-2012-0-2501-SP-LA-01.
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES.
RELATOR : VENEROS LAVERIÁN ANA MARÍA.
DEMANDADO : CASAMAR S.A.C.
DEMANDANTE : GARCÍA ROJAS ENRIQUE.
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTISIETE.
Chimbote, tres de noviembre
del dos mil dieciséis.-
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución número treinticuatro de fecha
18 de enero del 2016, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por don Enrique Rojas García
contra CASAMAR S.A.C., sobre pago de beneficios sociales y otro, disponiendo que la demandada cumpla
con abonar al actor la suma de S/ 7,301.92 soles, por pago de compensación por tiempo de servicios del
01 de diciembre de 1995 al 30 de abril del 2010; más los intereses legales, costas y costos del proceso,
que liquidarán en ejecución de sentencia, sin la imposición de multa a la demandada; e infundada con
respecto al extremo de pago de remuneraciones adeudadas del mes de junio del 2010, horas extras de
enero a junio del 2010, gratificaciones de julio y diciembre del 2009 y utilidades de 1995 al 2009.
FUNDAMENTOS DE LA PARTE APELANTE:
La parte demandada argumenta su apelación señalando que, no concuerdan con el modo y forma
que se ha liquidado el noveno considerando de la sentencia emitida; agrega que el modo y forma que se ha
utilizado para la liquidación no es el especificado en el Decreto Legislativo Nº 650, el cual establece en uno
de sus articulados la forma que se debe determinar la remuneración compensable de todo trabajador, siendo
que en el caso de autos, se ha tomado remuneraciones que no corresponden al mes que le toca liquidar, lo
que ha determinado que estas remuneraciones sean superiores a la que realmente corresponde,
otorgándole así una remuneración mucho mayor a la que debe reconocérsele; por otro lado, su
representada se encuentra en insolvencia desde el año 2002, por lo que dicho crédito debe ser reconocido
en instancia administrativa como se ha hecho en este caso y pagarse según cronograma que se establece
con dicho fin, siendo que el período 1995 al 2002 debe ser abonado vía administrativa y no judicial, así como
el reconocimiento de su monto.
FUNDAMENTOS DEL SUPERIOR:
PRIMERO: Que, el recurso de apelación es uno de los medios impugnatorios más importantes dentro de
nuestra normatividad procesal, pues hace viable, no sólo la revisión de los errores in iudicando sino
1 también de los errores in procedendo, siendo que con dicho recurso lo que se pretende es la eliminación de
la resolución del Juez inferior y su sustitución por otra que dicte el Superior Jerárquico, para tal finalidad, el
apelante tiene como obligación la de indicar de manera clara, precisa y consistente, los errores en los que
hubiese incurrido el Juzgador.
SEGUNDO: Que, Roberto G. Loutayf Ranea en su libro “El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso
Civil” (Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1989, pp. 116), alude que “El principio de congruencia –dice
De la Rúa- tiene en segunda instancia manifestaciones específicas; más limitantes y rigurosas, “porque el
juicio de apelación tiene un objeto propio, que son las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la
voluntad de éstos limita o condiciona más al juez del recurso. Sus agravios constituyen el ámbito exclusivo
sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum”; por lo que, en aplicación del indicado
principio, corresponde emitir pronunciamiento respecto a los argumentos expresados por la parte
demandada en su recurso impugnatorio.
TERCERO: Que, Marianella Ledesma Narváez, en su Libro “Comentarios al Código Procesal Civil, Tomo II”
(Editorial Gaceta Jurídica S.A.; Primera Edición; Lima-Perú; 2008; Pág. 156) señala que: “La
fundamentación del agravio es importante porque limita los poderes del juez superior; fija el objetivo de la
alzada y por exclusión lo que no es objeto de impugnación adquiere autoridad de cosa juzgada. La
expresión de agravios es la pretensión de la segunda instancia. Esta solo se abre por iniciativa de la parte
que interpone el recurso y dentro de los límites de su pedido, todo ello como expresión del principio
dispositivo que inspira al proceso civil”; además, la CAS Nº 1203-99 establece que: “Es indispensable que
el recurso de apelación contenga una fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de
derecho incurrido en la resolución impugnada y precisando su naturaleza, de tal modo que el agravio fija la
pretensión de la Sala de revisión, pues la idea del perjuicio ha de entenderse como base objetiva del
recurso, por ende, los alcances de la impugnación de la resolución recurrida determinará los poderes del
órgano superior para resolver, de forma congruente la materia objeto del recurso”; del mismo modo, la
Sentencia recaída en el Exp. Nº 047-2005 (Data 35,000 Gaceta Jurídica) ha establecido que: “Es
indispensable que el recurso de apelación contenga una fundamentación del agravio, indicando el error
de hecho o derecho incurrido en la resolución impugnada y precisando su naturaleza, de tal modo que el
agravio u ofensa fija la pretensión de la sala de revisión, pues la idea del perjuicio debe entenderse como
base objetiva del recurso, por ende los alcances de la impugnación recurrida determinará los poderes de la
Sala Superior para resolver de forma congruente la materia objeto de recurso.”.
CUARTO: Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y teniendo en cuenta el agravio
del recurso de apelación, atinente a que no se ha efectuado el cálculo del concepto estimado
favorablemente conforme al Decreto Legislativo 650, así como se han considerado remuneraciones que no
corresponden al mes que le toca liquidar; al respecto, es de indicar que la emplazada no señala en
específico cuál es el agravio que le ocasiona la forma de cálculo efectuado en la venida en grado, así como
la diferencia que existe con la que refiere se establece en el dispositivo legal que invoca; por otro lado, no
señala cuáles son las remuneraciones que no corresponden tomarse en cuenta para determinar la
2 remuneración computable, que permita llegar a importe distinto del que se señala en la venida en grado,
por lo que dichos argumentos, en la forma en que se han esgrimido, no resultan atendibles.
QUINTO: Que, por otro lado, conforme al octavo considerando de la recurrida, el A’quo especifica “al actor
mediante Resolución N°1574-2002/CRP-ODI-PU de fecha 25 de abril del 2002, obrante de folios 26 a 28 y
235 a 237, la Comisión de Reestructuración Patrimonial de la Oficina Descentralizada del INDECOPI en la
Pontificia Universidad Católica del Perú, le reconoce diversos créditos labores frente a la demandada,
dentro de los que se encontraría inmerso en parte uno de los conceptos demandados en el presente
expediente como es la Compensación por Tiempo de Servicio; sin embargo, no habiéndose acreditado su
pago, y considerando que el fuero de atracción indicado en el artículo 74.6 de la Ley 27809- Ley
General del Sistema Concursal, no prohíbe de modo alguno que el acreedor, en este caso, el trabajador
reclame judicialmente la declaratoria de sus beneficios sociales, y siendo que el Poder Judicial es el
encargado de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a Ley, tal y como
lo reconoce la Constitución Política del Estado, que admitir lo contrario estaría desviando la jurisdicción
predeterminada y así violando la tutela jurídica efectiva al negarse el acceso a la administración de
justicia, siendo esto una garantía de la función jurisdiccional, por lo que estando al legitimo interés para
obrar del actor, se debe de emitir pronunciamiento, en base a lo anteriormente expuesto”; respecto a lo cual
la parte demandada no revierte que el crédito reconocido en instancia administrativa es tan sólo parte del
período materia de la presente, en relación al cual además no se ha acreditado su pago, pudiendo el
acreedor efectuar su reclamación mediante esta vía; siendo así, corresponde igualmente desestimar lo
alegado por la emplazada; por tales consideraciones, el Tribunal Unipersonal de esta Corte Superior:
RESUELVE:
CONFIRMANDO la sentencia contenida en la resolución número treinticuatro de fecha 18 de
enero del 2016, que declara fundada en parte la demanda interpuesta por don Enrique Rojas García contra
CASAMAR S.A.C., sobre pago de beneficios sociales y otro, disponiéndose que la demandada cumpla con
abonar al actor la suma de S/ 7,301.92 soles, por pago de compensación por tiempo de servicios del 01 de
diciembre de 1995 al 30 de abril del 2010; más los intereses legales, costas y costos del proceso, que
liquidarán en ejecución de sentencia, sin la imposición de multa a la demandada; e infundada con respecto
al extremo de pago de remuneraciones adeudadas del mes de junio del 2010, horas extras de enero a junio
del 2010, gratificaciones de julio y diciembre del 2009 y utilidades de 1995 al 2009; y, DEVUÉLVASE al
Juzgado de origen.
S.
Chiu Pardo, W.
3 |
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EXPEDIENTE : 00633-2012-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : GARCIA SOLORZANO EVELY TEOFILA
ESPECIALISTA : TORRES CADILLO ROSA ISABEL (EJECUCIÓN JPL
APODERADO : PESQUERA DIAMANTE SA ,
DEMANDADO : EMPRESA MARICULTURA EL DORADO SAC ,
DEMANDANTE : VERONA CAMPOVERDE, YONI ORLANDO
Resolución Nro. SESENTA Y SEIS
Chimbote, seis de octubre
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha con el
escrito de la parte demandante que antecede; y de la revisión de los actuados; Y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, la parte demandante solicita se fijen los costos procesales en el
importe de S/2,000.00 soles, habiéndose corrido traslado a la demandada.
SEGUNDO: Puesto en conocimiento de la parte demandada, ésta ha absuelto,
manifestando que: i) dicha propuesta de liquidación de costos del proceso no cuenta
con el sustento correspondiente, al solo indicar (se cita textualmente): “teniéndose en
cuenta: El tiempo de duración del proceso, toda vez que data desde el año 2012 (10
años de duración); así mismo tendrá en consideración, las instancias mediante el cual
se ha tramitado el proceso; así como los recursos presentados por la defensa, los que
acreditan el trabajo efectuado por la Letrada recurrente.”; y demás fundamentos que
expone:
TERCERO: Que, conforme lo prescribe el artículo 414º del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al presente proceso “El Juez regulará los alcances de la
condena de costas y costos, tanto respecto del monto como de los obligados y
beneficiarios, en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión”.
Es decir, el juez debe fijar el monto de los costos del proceso en forma prudencial,
atendiendo no sólo a la duración del proceso e instancias jurisdiccionales, sino
también a la naturaleza de la pretensión, su complejidad, el monto del petitorio, la
buena fe procesal de la parte vencida y las circunstancias que se hayan dado en el
proceso.
CUARTO: Que, el nuevo modelo procesal del trabajo se tiene que impera el principio
de oralidad en el que los abogados deben sustentar su defensa técnica en audiencia
y haciendo uso de las técnicas de litigación oral, con lo que se concluye que la
presentación de escritos en la mayoría de procesos son sólo para la demanda y
contestación de demanda.
QUINTO: Que, conforme se ha establecido en la sentencia de vista se resolvió:
“…CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número treinta y tres, la misma que declara NFUNDADA
LA TACHA a los Tareos u hojas de control de asistencia del año 2008 al 2010 presentadas por la parte
demandante, formulada por la parte demandada, conforme a los fundamentos contenidos en los considerandos
quinto y sexto precedentes; asimismo, FUNDADA EN PARTE la demanda, interpuesta por YONI ORLANDO
VERONA CAMPOVERDE contra EMPRESA MARICULTURA EL DORADO S.A.C. sobre PAGO DE VACACIONES E
INDEMNIZACIÓN VACACIONAL DEL PERÍODO COMPRENDIDO DESDE EL 08.05.2008 AL 07.05.2009,
conforme a la Ley N° 27360, más el PAGO DE LAS VACACIONES TRUNCAS del período comprendido desde el
08.05.2009 al 31.12.2009, conforme a la Ley N° 27360, y del período comprendido desde el 01.01.2010
hasta el 08.06.2010, conforme al régimen común; más el PAGO DE GRATIFICACIONES, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS y ASIGNACIÓN FAMILIAR del período comprendido desde el 01.01.2010 hasta
el 08.06.2010, conforme al régimen común, conforme a los considerandos antes expuestos, por lo que la
demandada deberá pagar al actor la suma de S/. 2,234.51 nuevos soles (DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 51/100 NUEVOS SOLES); más intereses legales, con costos, sin costas del presente proceso; e
INFUNDADA la demanda, respecto a las pretensiones de PAGO DE GRATIFICACIONES Y COMPENSACIÓN POR
TIEMPO DE SERVICIOS del período comprendido desde el 08.05.2008 al 31.12.2009, conforme a la Ley N°
27360, PAGO DE ASIGNACIÓN FAMILIAR y UTILIDADES del período comprendido desde el 08.05.2008 al
31.12.2009, PAGO DE UTILIDADES del período comprendido desde el 01.01.2010 hasta el 08.06.2010, bajo
el régimen laboral común, y PAGO DE HORAS EXTRAS en atención a 3 horas diarias de lunes a sábado dentro de
la semana, durante el período comprendido desde el 08.05.2009 hasta el 08.06.2010, conforme a los fundamentos
expuestos en los considerandos precedentes…”.
Y por resolución numero SESENTA Y DOS, se resuelve: “…APROBAR la liquidación de intereses
legales y bancarios, en la suma de S/.461.68 soles…”.
SEXTO: De lo que se deduce que el monto solicitado por el demandante resulta
excesivo, teniendo en cuenta que el proceso se ha desarrollado de manera regular,
sin mayores incidencias; por lo que atendiendo a que los costos procesales son fijados
por el juez en virtud al principio de razonabilidad; y, como lo ha señalado el máximo
intérprete de la Constitución “el juzgador se guía por las reglas de la razonabilidad y la
aceptabilidad, elementos de valoración que secundan el concepto de equidad, el
mismo que habilita al juzgador a adoptar una decisión en concordancia de justicia
con la dimensión del proceso incoado”, debe regularse los costos procesales
solicitados por la parte accionante.
SETIMO: Asimismo, respecto al monto propuesto por el actor, debe tomarse con
reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su monto en ejercicio
de su derecho constitucional a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el
Juzgador quien las fija y/o regula; en el caso concreto, considerando las incidencias
del proceso, la misma que se ha tramitado en tres instancias por impugnación de la
demandada, resulta razonable y equitativo regular los mismos. Por estas
consideraciones, SE RESUELVE:
1) REGULAR Y FIJAR los costos procesales en la suma de S/350.00 soles, más el 5%
destinados al Colegio de Abogados del Santa, en la suma de S/17.50 soles,
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución; en consecuencia;
2) REQUIÉRASE a la demandada para que dentro del plazo de TRES DÍAS cumpla
con abonar a favor del accionante la suma fijada, bajo apercibimiento de
embargo en caso de incumplimiento. Interviniendo la especialista legal que da
cuenta por disposición del Superior. Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 00633-2012-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TELLO MONZON MARIANNELA GIOVANNA
ESPECIALISTA : YSIDRO HINOSTROZA ROXANA GIOVANNA
APODERADO : PESQUERA DIAMANTE SA ,
DEMANDADO : EMPRESA MARICULTURA EL DORADO SAC ,
DEMANDANTE : VERONA CAMPOVERDE, YONI ORLANDO
Resolución Nro. CINCUENTA Y SIETE
Chimbote, veinticuatro de enero del
Dos mil diecisocho.
AUTO DE VISTA
I. ASUNTO:
Viene en grado de apelación contra la resolución número CINCUENTA Y TRES de fecha
veinte de enero del año dos mil diecisiete, del proceso seguido por YONI ORLANDO
VERONA CAMPOVERDE contra EMPRESA MARICULTURA EL DORADO S.A.C. que declara
FUNDADO aplicar el principio de carácter persecutorio del crédito laboral del actor
sobre la Embarcación Pesquera “Don Lucho” con matrícula N° CE-15791-PM, que fue
de propiedad de la ejecutada y en la actualidad ha transferido en propiedad a
PESQUERA DIAMANTE S.A.C.; en consecuencia se requiere a PESQUERA DIAMANTE
S.A.C., a fin de que dentro del término del quinto día de notificada cumpla con pagar
a favor del actor la suma de S/. 2234.51 por concepto de capital, bajo apercibimiento
de ejecución forzada sobre la E/P “DON LUCHO”.
II. FUNDAMENTOS DE LA PARTE APELANTE
La parte apelante (demandada) alega esencialmente: 1) Que, el Juzgado no se ha
detenido a analizar y por ende no ha aplicado lo estipulado el literal a) del artículo 3°
del Decreto Legislativo 856, pues el empleador del demandante, Empresa Maricultura
El Dorado S.A.C. no ha sido declarado insolvente, y de ser el caso que lo haya sido, la
transferencia de la E/P Don lucho II, no se efectuó dentro de los seis meses anteriores a
la supuesta insolvencia de la empresa, dado que la transferencia de la mencionada
embarcación se realizó mediante escritura pública del 24 de diciembre del 2010; 2)
Que, el empleador simplemente no señala bien libre ya sea porque no los tiene o
porque desea evitar la ejecución, no debería dar lugar a la persecución de los bienes
de un tercero, sencillamente, la empresa demandada, sus accionistas y sus directores,
con el simple silencio están sustrayéndose de su obligación sin ningún tipo de
razonabilidad y por lo demás, con el perjuicio de un tercero adquirente de buena fe,
dado que la hipótesis de persecutoriedad contra terceras empresas, por tanto, en
caso de silencio sobre el señalamiento de bienes libres por parte de la empleadora o demandada en éste caso la Empresa Maricultura El Dorado S.A.C. se debe aplicar la
persecutoriedad contra los accionistas y directores de la persona jurídica que tiene
obligaciones laborales, las mismas que no han cumplido, entre otros fundamentos que
el A´quo ha incurrido en error al declarar improcedente el pedido realizado por la
demandada, respecto del criterio de priorización, ya que oportunamente se ha puesto
de conocimiento del despacho judicial que se cumplirá con los requerimiento de
pago en estricta aplicación de la Ley N° 30137, y asimismo, sostiene que la
demandada de ninguna forma pretende desconocer o dilatar el presente proceso,
puesto que esta respetando la primera disposición complementaria transitoria del
reglamento de la Ley N° 30137; por lo expuesto, la parte demandada solicita que la
presente impugnación sea estimada.
III. FUNDAMENTOS DE LA INSTANCIA:
PRIMERO.- En principio, y conforme a lo establecido por el artículo 364° del Código
Procesal Civil, se debe señalar que el juez superior tiene la facultad de poder revisar y
decidir sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el juez inferior; sin
embargo la extensión de los poderes de la instancia de alzada, está presidida por un
postulado que limita su conocimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum
quantum devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer
mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante.
SEGUNDO: Que, el artículo 24º de la Constitución Política del Estado señala que el
pago de las remuneraciones y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad
sobre cualquier otra obligación del empleador.
TERCERO: Que, el artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 856 establece la preferencia o
prioridad para el pago de los créditos laborales, se ejerce con carácter persecutorio
de los bienes del negocio en los siguientes casos: 1.- Cuando el empleador ha sido
declarado insolvente, y como consecuencia de ello se ha procedido a la disolución y
liquidación de la empresa o su declaración judicial de quiebra; 2.- En los casos de
extinción de las relaciones laborales e incumplimiento de las obligaciones con los
trabajadores por simulación o fraude a la Ley, es decir, cuando compruebe que el
empleador injustificadamente disminuya o distorsiona la producción para originar el
cierre del centro de trabajo o transfiere activos a terceros o los aporta para la
constitución de nuevas empresas, o cuando abandona el centro de trabajo y; 3.- En el
supuesto del artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 856, al indicar que esta
persecutoriedad también procede cuando en un proceso judicial el empleador no
pone a disposición del juzgado bien o bienes libres suficientes para poder responder
por los créditos laborales adeudado; CUARTO: Que, conforme se ha establecido en la sentencia de vista de folios 663 a 667,
el Colegiado confirma la sentencia que declara fundada la demanda sobre
beneficios sociales, ordenando a pagar a la demandadas Maricultura El Dorado
S.A.C., la suma de S/. 2,234.51; posteriormente, mediante resolución número cuarenta
se requiere que la demandada cumpla con señalar bienes libres, no habiendo la
demandada cumplido con lo ordenado; es por ello que el demandante solicita la
aplicación del principio persecutorio sobre la Embarcación Pesquera “Don Lucho II”
de propiedad ahora de la apelante PESQUERA DIAMANTE S.A.;
QUINTO: Que, en el caso de autos, según es de apreciarse de la partida N° 50000379
obrante a folios 802 a 804 se observa que la embarcación “Don Lucho II”, era de
propiedad de Maricultura El Dorado S.A.C, la misma que fue transferida por escisión a
favor de Pesquera Alcacer S.A.C., posteriormente la empresa Compañía Pesquera del
Pacifico Centro S.A. adquiere el dominio del referido embarcación pesquera, por
fusión en su calidad de sociedad absorbente y ésta a su vez transfiere mediante
contrato de compra venta a Pesquera Diamante S.A.C., inscrita en el asiento C00004 a
folios 804, quien es su actual propietaria;
SEXTO: Que, en tal sentido, se concluye que en el caso de autos, se dan presupuestos
para amparar la persecutoriedad del bien peticionado por el demandante, al haberse
acreditado que la embarcación pesquera ha sido anteriormente de propiedad de
Maricultura el Dorado S.A.C. y que luego de los actos de disposición a que se ha
hecho referencia en considerando supra dicho activo fijo ha pasado a ser de
propiedad de la Empresa Pesquera Diamante S.A., respecto de quién en forma
razonada se ha encontrado en posición de conocer que la demandada ha contado
con trabajadores, sujetos al pago de créditos laborales ante el incumplimiento de su
ex empleadora, como ha sido el caso de autos, concluyendo que las transferencias
de propiedad se ha efectuado con el único fin de eludir el pago de los créditos
laborales del demandante, lo cual contraviene lo dispuesto por la Constitución Política
del Perú que en su artículo 24 establece que el pago de la remuneración y de los
beneficios sociales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador,
desarrollado por el Decreto Legislativo Número 856, ya mencionado, que dispone la
aplicación del carácter persecutorio de los bienes del negocio conforme al artículo
tercero inciso b) En los casos de extinción de las obligaciones laborales e
incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores, por simulación o fraude a la
ley, es decir cuando se compruebe que el empleador injustificadamente disminuye o
distorsiona la producción para originar el cierre del centro de trabajo o transfiere
activos fijos a terceros, tal y conforme ha sido efectuado con la transferencia de la
embarcación pesquera “Don Lucho II” la cual fue adquirida por la apelante Pesquera Diamante S.A.C., en mérito a lo cual debe responder por el crédito reconocido en
autos;
SÉTIMO: Que, además, la ejecutoria de la Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de la República, recaída en el Expediente con número
CAS-1097-2011- LIMA, establece el criterio que: “No se trata de identificar quien o
quienes ejercen actualmente la posesión de los bienes de la empresa originaria, o si
hay algún vínculo familiar o personal de los terceros adquirientes con el empleador, lo
que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza de que pertenecieron al
empleador deudor y eventualmente realizarlos”; y en el presente caso se tiene la
certeza que la embarcación pesquera sobre el cual se solicita la aplicación del
principio persecutorio perteneció a la demandada; razón por la cual la recurrida debe
confirmarse.
IV. PARTE RESOLUTIVA: En tal sentido, el Tercer Juzgado Laboral de esta Corte Superior:
RESUELVE: CONFIRMAR la resolución número CINCUENTA Y TRES de fecha veinte de
enero del año dos mil diecisiete, del proceso seguido por YONI ORLANDO VERONA
CAMPOVERDE contra EMPRESA MARICULTURA EL DORADO S.A.C. que declara
FUNDADO aplicar el principio de carácter persecutorio del crédito laboral del actor
sobre la Embarcación Pesquera “Don Lucho” con matrícula N° CE-15791-PM, que fue
de propiedad de la ejecutada y en la actualidad ha transferido en propiedad a
PESQUERA DIAMANTE S.A.C.; en consecuencia se requiere a PESQUERA DIAMANTE
S.A.C., a fin de que dentro del término del quinto día de notificada cumpla con pagar
a favor del actor la suma de S/. 2,234.51 por concepto de capital, bajo apercibimiento
de ejecución forzada sobre la E/P “DON LUCHO”; y los DEVOLVIERON a su Juzgado de
origen. LLAMESE la atención a la secretaria al no haber dado cuenta oportuna del
presente proceso al encontrarse en apelación de autos. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 00633-2012-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES
JUEZ : ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
ESPECIALISTA : BEATRIZ JARAMILLO AYALA
APODERADO : PESQUERA DIAMANTE S.A.
DEMANDADO : EMPRESA MARICULTURA EL DORADO SAC
DEMANDANTE : VERONA CAMPOVERDE, YONI ORLANDO
Resolución Nro. CINCUENTA Y TRES
Chimbote, veinte de enero
Del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Con los autos y resolviendo la
solicitud del carácter persecutorio del negocio; CONSIDERANDO: PRIMERO: Que,
según lo establecido por el artículo 24° de la Constitución Política del Perú, el pago
de la remuneración y créditos laborales tienen prioridad sobre cualquier otra
obligación del empleador; principio constitucional que es recogido por el D.
Legislativo N° 856, norma laboral que en mérito al carácter protector de los
créditos laborales establece el carácter persecutorio de los bienes del negocio frente
ante la inseguridad jurídica de los derechos fundamentales e irrenunciables del
trabajador; SEGUNDO: Que, si bien el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 856
establece que para que funcione el principio de carácter persecutorio de negocio es
necesario se cumpla presupuestos procesales, sin embargo, el artículo 24° de la
Constitución Política del Perú establece, en su segundo párrafo, que, “El pago de la
remuneración y los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre
cualquier otra obligación del empleador”. Es decir, que dicha norma constitucional
no establece ningún requisito o condición previa para que los trabajadores sean
pagados de manera preferente frente a otros acreedores; TERCERO: Que, en
autos, por resolución de vista de fecha dieciocho de mayo del dos mil dieciséis el
Superior confirma la sentencia que se declara fundada en parte la demanda y se
reconoce el crédito laboral del demandante, sentencia que ha adquirido la calidad
de cosa juzgada al ser declarada consentida la sentencia, y pese haberse requerido
a la demandada el cumplimiento del pago la misma no ha cumplido con honrar el
beneficio laboral del trabajador por lo cual el demandante recurre al Juzgado a fin
que se aplique el principio de carácter persecutorio de bien negocio sobre la E/P
“DON LUCHO II” con matricula N° CE-15791- PM, que ha sido transferida por
compra – venta a la Pesquera Diamante S.A.; CUARTO: Que, como se puede
apreciar de las certificados compendioso de dominio que obra a folios 802/805; se
encuentra registrada en la partida N°. 50000379 se tiene que Maricultura el Dorado
SAC respecto a la E/P “Don Lucho II” con matricula N°. CE-15791-PM primero lo
transfirió a la Pesquera Alcacer SAC con fecha 21-12-2010 y posterior por fusión transfiere a la Compañía Pesquera Del Pacifico Centro S.A y esta empresa
sucesivamente vende a Pesquera Diamante S.A. con fecha 26/06/2012; por lo cual
se demuestra la vinculación de la empresa citadas con el bien sobre el cual se
solicita se aplique el carácter persecutorio, QUINTO: Que; la PESQUERA DIAMANTE
S.A. absuelve el traslado según escrito de folios 892/895 solicitando que en su
oportunidad se declare improcedente y demás fundamentos de hecho y derecho
que alega; SEXTO: Que, en el presente caso estamos ante beneficios sociales que
tienen carácter alimentario, debiendo agregar que en la medida que no exista un
fondo de garantía salarial o un seguro que pague al trabajador los beneficios
sociales adeudados ante una falencia económica del empleador, el sistema legal
debe reconocer la preferencia en el pago de los beneficios sociales ante otros
créditos no cancelados por el empleador. Evidentemente la cobranza y su
enunciado tienen su base en el carácter tuitivo del derecho laboral, de tal manera
que el crédito laboral tiene preferencia sobre cualquier otro tipo de obligación del
empleador tal como lo precisa el artículo 24° de la Constitución Política de cuya
interpretación incluso se señala que no es necesario otro requisito o condición para
que los trabajadores sean pagados de manera preferente, que el sólo hecho de
identificar los bienes del empleador y tener la certeza de que pertenecieron al
momento en que los beneficios sociales fueron incumplidos su pago; SEPTIMO:
Que, conforme se puede apreciar de autos y de los asientos registrales que obra a
folios 802 /805 el merito a la partida registral N°. 50000379 y la ficha registral de
compra venta celebrada entre la demandada y Pesquera Diamante S.A , se acredita
que la E/P “DON LUCHO”, ha sido propiedad de la demandada y en la actualidad es
de Pesquera Diamante S.A.C., lo que comporta una transferencia de bienes de una
empresa a otra, cuando la demandada tenia pleno conocimiento del presente
proceso judicial, iniciado el once de abril del dos mil dieciséis, evidenciado su
actitud dolosa de desprenderse de sus bienes a fin de sustraerse al cumplimento de
sus deudas laborales; OCTAVO: Que, al respecto los contratos reflejan los
acuerdos de las partes dentro de la esfera de lo concertado en el derecho privado,
también lo es que tales acuerdos no pueden colisionar ni desnaturalizar normas de
derecho público, poniéndose condiciones que transgreden la legislación de
persecutoriedad de los bienes del negocio, establecida en el Decreto Legislativo
NO. 856, en todo caso, lo pactado en el contrato de compra venta, solo podrá
sufrir efectos entre las partes firmantes y el eventual incumplimiento de algunas
de sus cláusulas solo incumbe aquellas, pero no tienen incidencia alguna y menos
aún eficacia jurídica en el ámbito laboral, cuando se trata de poner limitaciones
que la Ley no contempla por los casos de persecutoriedad; NOVENO: Que, adentro
de este contexto se tiene que: a) existe el reconocimiento de un derecho de naturaleza laboral, y por su carácter alimentario es preferente ante otra cualquier
obligación; b) está demostrado que la E/P “DON LUCHO”, era de propiedad de la
demandada y en la actualidad ha transferido en propiedad a PESQUERA DIAMANTE
S.A.; y c) Que, se ha verificado el incumplimiento reiterado del empleador en el
pago de los beneficios sociales y la ausencia de bienes adicionales del empleador
que cubra los adeudos laborales; razones por la cual es procedente la aplicación del
principio del carácter persecutorio del bien del negocio la misma que alcanza al
actual propietario del inmueble sobre el cual se solicitado la aplicación del carácter
persecutorio debiendo ser esta la obligada a honrar el crédito laboral reconocido en
autos; POR LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS y de acuerdo a lo establecido
por el artículo 24 de la Constitución Política del Perú, se declara FUNDADO
aplicar el principio de carácter persecutorio del crédito laboral del actor sobre la
Embarcación Pesquera “DON LUCHO” con matricula N° CE-15791-PM, que fue de
propiedad de la ejecutada y en la actualidad ha transferido en propiedad a
PESQUERA DIAMANTE S.A.C; en consecuencia REQUIÉRASE a PESQUERA
DIAMANTE S.A.C, a fin que dentro del término del quinto día de notificada cumpla
con pagar a favor del actor la suma de S/. 2,234.51 (DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO CON 51/100 SOLES), por concepto de capital; bajo
apercibimiento de ejecución forzada, sobre la E/P “DON LUCHO” con matrícula N°
CE- 15791-P; Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 00633-2012-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS
ECONOMICOS
JUEZ : PAUL KARL QUEZADA APIAN
ESPECIALISTA : BRONCANO CHERO FRIDA MARILU
DEMANDADO : EMPRESA MARICULTURA EL DORADO SAC ,
DEMANDANTE : VERONA CAMPOVERDE, YONI ORLANDO
RESOLUCION NUMERO: CUARENTISIETE
Chimbote, mayo cinco
Del dos mil dieciséis.-
AUTO DE VISTA EMITIDO POR EL OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO
EN LO LABORAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
AUTOS Y VISTOS; viene en grado de apelación la resolución número cuarenta
y tres de fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, que declara improcedente
la acción persecutoria solicitada por el demandante sobre la Embarcación Pesquera “Mi
Leslie II” con matricula CE-1337-PM, que fue de propiedad de la demandada y que en
la actualidad ha sido transferido en propiedad a Pesquera Cantabria S.A., y dado cuenta
con los autos para resolver y; CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, por escrito de
folios 711 a 717, el demandante, solicita la aplicación del carácter persecutorio del
crédito laboral sobre la embarcación pesquera “MI LESLIE II” con Matricula CE-1337-
PM, el mismo que pertenecía a una de las codemandadas Maricultura El Dorado S.A.C.,
y la que hoy ejerce propiedad la empresa PESQUERA CANTABRIA S.A., quien debe
cumplir con cancelar la suma de S/ 2,234.51 por concepto de capital; en mérito a los
fundamentos que expone; SEGUNDO: Que, corrido traslado de la solicitud de acción
persecutoria a la demandada como a la adquirente Pesquera Cantabria S.A.; conforme se
puede verificar de las constancia de notificación, obrante a folios 726 a 727, y de que se
advierte que dichas empresas no han presentado la absolución pertinente; por lo que el
A´quo procedió a resolverlo declarando la improcedencia del persecutorio;
TERCERO: TERCERO: Que, antes de entrar al análisis de los agravios planteados
por el apelante, se debe, en principio, señalar que la preferencia constitucional y legal
del pago o cobro de las deudas laborales, se encuentra recogida en el artículo 24º de la
Constitución Política, que establece que el pago de la remuneración y de los beneficios
sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador;
asimismo el Decreto Legislativo Nº 856, precisa los alcances y prioridades de los
créditos laborales, que se concretan en la acción persecutoria, la cual se enmarca
necesariamente a partir de dos presupuestos a) la irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores; y b) Su abono con carácter prioritario, siendo que estos dos presupuestos
dan fundamento a la acción persecutoria tendiente al cobro de las acreencias laborales, y
regulada en el artículo 3º de la referida norma, siendo este el contexto dentro del cual se
debe emitir pronunciamiento; CUARTO: Que, en autos está plenamente establecido y
reconocido el crédito laboral del demandante, según resolución número treinta y tres
obrante a folios 615 a 637, en que se declara fundada en parte la demanda interpuesta
por el actor don YONI ORLANDO VERONA CAMPOVERDE contra la demandada;
sentencia que ha sido confirmada por el superior a través de la resolución de vista
número treinta y seis de folios 663 a 667 ordenando a la demandada cumpla con el pago
en la suma de S/ 2,234.51 soles, más intereses legales, con costos y sin costas; monto
que la demandada a la fecha no han cumplido con pagarlo, y no habiendo señalado
bienes libre de gravamen, el actor solicita la acción persecutoria contra los bienes que
fueran de propiedad de la demandada MARICULTURA EL DORADO S.A.C., y luego
transferidos a PESQUERA CANTABRIA S.A.; QUINTO: En tal contexto, se debe
reparar en el acto de disposición patrimonial; siendo que está probado en autos que la
Embarcación Pesquera “MIS LELIE II”, según literal de inscripción obrante a folios
694 a 695; ha sido de propiedad de la empresa codemandada MARICULTURA EL
DORADO S.A.C. siendo transferida por ESCISION a la empresa PESQUERA
CANTABRIA S.A., lo que corrobora con el certificado compendioso de dominio de
folio 696; de lo que se colige que la demandada, a pesar de tener una obligación laboral
que asumir, no ha cumplido con señalar los bienes libres fuera de gravamen, con lo que
denota una voluntad de incumplimiento de sus obligaciones laborales, por lo que resulta
procedente la acción persecutoria solicitada; SEXTO: Que, la acción persecutoria de los
beneficios sociales se enmarca necesariamente a partir de dos presupuestos: a)La
irrenunciabilidad de derechos de los trabajadores; y b) Su abono con carácter prioritario,
los mismos que dan fundamento o fuerza de la acción persecutoria tendiente al cobro de
las acreencias laborales, teniendo como finalidad apremiar los bienes del empleador
deudor, pues éstos constituyen la garantía para el pago de las acreencias laborales,
siendo necesario para ello identificar los bienes, tener la certeza de que pertenecieron al
empleador, tal como sucede en el caso de autos, al verificarse que la embarcación
pesquera ha pertenecido a la demandada; SETIMO: Que, abundando en la conclusión
precedente, cabe señalar que el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 18 de
diciembre del 2007, recaída en el Expediente Nº 00122-2007-PA/TC1 ha establecido
1 En la misma línea se puede verificar en el pronunciamiento expedido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria que el carácter persecutorio de los derechos laborales se extiende incluso, hacia los
bienes que su empleador haya transferido a terceros, independientemente si este tercero
adquirente tuvo o no buena fe al hacerse de la propiedad del bien, siendo que esto
último no está en discusión, sino tan solo que el bien perteneció a la demandada; en la
misma línea también debemos traer a colación el Pleno Nacional Laboral del 2012, que
en el tema 4 sobre el crédito laboral frente al tercero adquirente, ha concluido que “La
preferencia del crédito laboral si es oponible frente al tercero adquirente de buena fe;
pues el fraude al que se refiere el Decreto Legislativo N° 856 es al fraude a la ley mas
no al fraude entre acreedores”, OCTAVO: Que, por otro lado, debe tenerse en cuenta
que la empresa Pesquera Cantabria S.A., quien según documentales de folios 697 a 699
y 744 a 746, se apersona en distintos procesos judiciales señalando “pagamos intereses
legales”, en virtud del cual se verifica que dicha empresa asume ser acreedora de la
demandada por ser propietaria de la embarcación pesquera “Mi Leslie II”, y sobre la
cual se demuestra el cumplimiento del pago de los interés legales; razón por la cual la
recurrida debe revocarse y declararse fundada. Por estas consideraciones, el Octavo
Juzgado Laboral de esta Corte Superior; SE RESUELVE: REVOCAR la resolución
número cuarenta y tres de fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciséis, que
declara improcedente la acción persecutoria, y REFORMANDOLA se resuelve
declarar FUNDADA la solicitud de aplicación del carácter persecutorio del crédito
laboral del actor sobre la Embarcación Pesquera: “MI LESLIE II” con matrícula N°
CE-1337-PM; en consecuencia, REQUIÉRASE a la empresa PESQUERA
CANTABRIA S.A., a fin que dentro del término del quinto día de notificada cumpla
con pagar a favor del actor la suma de S/ 2,234.51 (DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO SOLES Y 51/100 CENTIMOS) por concepto de capital,
intereses legales y costos procesales incluido el 5% para el Colegio de Abogados del
Santa, bajo apercibimiento de ejecución forzada, sobre la nave pesquera antes
mencionada; y los DEVOLVIERON a su Juzgado de origen.
de la Corte Suprema de la República, recaída en el Expediente con número CAS-1097-2011-LIMA. |
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EXPEDIENTE : 00633-2012-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
ESPECIALISTA : LUNA CARRANZA CARMEN GRACIELA
DEMANDADO : EMPRESA MARICULTURA EL DORADO SAC.
DEMANDANTE : VERONA CAMPOVERDE, YONI ORLANDO
Resolución Nro. CUARENTA Y TRES
Chimbote, veinticinco de enero
Del año dos mil dieciséis.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con los autos para resolver y; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, por escrito de folios 711 a 717, el demandante, solicita la aplicación
del carácter persecutorio del crédito laboral sobre la embarcación pesquera “MI
LESLIE II” con Matricula CE-1337- PM, el mismo que pertenecía a la demandada
Maricultura El Dorado S.A.C., y la que hoy ejerce propiedad la empresa PESQUERA
CANTABRIA S.A., a fin de que garantice el cumplimiento de la obligación en la suma
de S/ 2, 234.51 soles, por concepto de capital, en mérito a los fundamentos que
expone;
SEGUNDO: Que, mediante resolución número cuarenta y uno, de fecha veintitrés de
setiembre del año dos mil quince, se ha corrido traslado de la solicitud de acción
persecutoria a las demandadas Pesquera Cantabria S.A. Y a la Empresa El Dorado,
las mismas que fueron válidamente notificada mediante resolución número cuarenta y
dos, de fecha nueve de diciembre del año del dos mil quince, con fechas 11 y 22 de
diciembre del año dos mil quince, sin haber cumplido ninguna de ellas, con absolver la
misma; por lo que la demandante, mediante el escrito que se da cuenta solicita se
emita la resolución que corresponda sobre aplicación de carácter persecutorio.
TERCERO: Que, mediante resolución número treinta y tres de fecha tres de febrero
del año dos mil quince, de folios 615 a 637, se declara fundada en parte la demanda
interpuesta por el actor don YONI ORLANDI VERONA CAMPOVERDE contra la
Empresa MARICULTURA EL DORADO S.A.C.; y ordena a pagar a la demandada la
suma de S/ 2, 234.51soles, sentencia que fue confirmada mediante sentencia de vista
contenida en la resolución número treinta y seis de fecha dieciocho de mayo del año
dos mil quince, de folios 663 a 667; y mediante resolución número cuarenta de fecha diez de julio del año dos mil quince, se ha requerido a la demandada MARICULTURA
EL DORADO, que cumpla con señalar bienes libres susceptible de ejecución forzada
por la suma de S/. 2, 234.51 nuevos soles, sin que hasta la fecha haya cumplido con
realizarlo.
CUARTO: Que, el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 85 6 establece que para que
funcione el principio de carácter persecutorio de negocio es necesario se cumpla
presupuestos procesales, para dar preferencia o prioridad y solo en las siguientes
ocasiones: “ a) Cuando el empleador ha sido declarado insolvente, y como
consecuencia de ello se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o su
declaración judicial de quiebra. La acción alcanza a las transferencias de activos fijos o
de negocios efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la declaración de
insolvencia del acreedor; y b) En los casos de extinción de las relaciones laborales e
incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores por simulación o fraude a la
ley, es decir, cuando se compruebe que el empleador injustificadamente disminuye o
distorciona la producción para originar el cierre del centro de trabajo o transfiere
activos fijos a terceros o los aporta para la constitución de nuevas empresas, o cuando
abandona el centro de trabajo.”. Asimismo el Artículo 4° de la misma ley expresa que:
La preferencia o prioridad también se ejerce cuando en un proceso judicial el
empleador no ponga a disposición del juzgado bien o bienes libres suficientes para
responder por los créditos laborales adeudados materia de la demanda.
QUINTO: Por otro lado de la verificación de los autos se puede advertir que la parte
demandante no ha presentado documento idóneo que acredite que la empresa
demandada ha sido declarado insolvente, asimismo no se ha demostrado que en los
casos de extinción de las relaciones e incumplimiento de las obligaciones con el
demandante ha sido evadido por simulación o fraude a la ley.
SEXTO: Sin perjuicio del considerando anterior se puede apreciar del certificado
compendioso de dominio que obra a folios 694; se encuentra registrada la
TRANSFERENCIA POR ESCISIÓN, del bloque patrimonial transferido por escisión de
la anterior propietaria MARICULTURA EL DORADO S.A.C,, en el asiento C00002 de
la partida Registral en referencia, fue presentado el día 01/12/2011, bajo el Nº 2011-
00024455 del tomo 0087, y registrado el día 16 de diciembre del 2011; habiendo
adquirido PESQUERA CANTABRIA S.A., la embarcación pesquera “ MI LESLIE II”, en
vía de fusión por absorción con Pesquera LESLIE S.A.C, fusión que se encuentra
inscrita en el asiento B00007 de la partida N° 11384605, del Registro de Personas Jurídicas de Lima, entre otros, según consta de la Escritura Pública de fecha 29 de
diciembre del año 2011; es decir antes de la interposición de la presente
demanda, que ocurrió el 11 de Abril del año 2012, por lo que no podemos asumir
como presunción en contra de la demandada que ha existido simulación o fraude en
las transferencias descritas en el presente considerando.
SETIMO: Asimismo, la abogada del actor ha invocado jurisprudencia emitida en esta
Corte Superior de Justicia y el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 2012
(tema 04); que como se aprecia de los mismos, no son sino interpretaciones judiciales,
las cuales se emiten en emiten, en el primer caso, en atención a las labores
jurisdiccionales y en el segundo caso, en atención a labores de unificación de criterios
jurisdiccionales (extra procesales), pero que aún en este último supuesto se evidencia
pues opiniones contradictorias en torno al tema debatido, en ese sentido no existiendo
precedente judicial vinculante para la magistrada que sea de estricto cumplimiento y
en atención a lo prescrito en el artículo 139 inciso segundo de nuestra carta Magna
actual, en el que se establece la independencia en el ejercicio de la función
jurisdiccional, se discrepa con las posiciones antes señaladas e invocadas por la
actora en su solicitud de aplicación del carácter persecutorio del crédito laboral de
autos.
Por estas consideraciones, SE RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE la
aplicación del principio de carácter persecutorio del crédito laboral del actor sobre la
Embarcación Pesquera “MI LESLIE II” con matrícula N° CE-1337-PM, que fue de
propiedad de la demandada y que en la actualidad ha sido transferido en propiedad a
PESQUERA CANTABRIA S.A. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
Fecha: 29/05/2015 12:40:19
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 00633-2012-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: LOLI CRESPIN
MAXIMO JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
Fecha: 01/06/2015 09:25:25
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : LOLI CRESPIN MAXIMO
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : EMPRESA MARICULTURA EL DORADO SAC.
DEMANDANTE : VERONA CAMPOVERDE, YONI ORLANDO
Resolución Nro. TREINTA Y SIETE
Chimbote, veintiocho de mayo
Del año dos mil quince.-
Dado cuenta con el expediente devuelto por Tercer Juzgado Especializado de
trabajo, CÚMPLASE lo ejecutoriado, habiéndose confirmando la sentencia que declara
fundada en parte la demanda, PONGASE A CONOCIMIENTO DE LAS PARTES
PROCESALES, en consecuencia REQUIERASE a la demandada EMPRESA
MARICULTURA EL DORADO SAC a fin que dentro del plazo de TRES DÍAS
HÁBILES cumpla con pagar a favor del actor la suma de S/. 2,234.51 (Dos Mil
Doscientos Treinta y Cuatro con 51/100 Nuevos Soles), por concepto de capital, bajo
apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento. Avocándose al conocimiento
del presente proceso la señora Juez Titular que suscribe e interviniendo el secretario
judicial que da cuenta por disposición superior. Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE DEL SANTA
Juez: TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
Fecha: 09/10/2013 09:24:10
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL
EXPEDIENTE : 00633-2012-0-2501-JR-LA-03
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE DEL SANTA
Secretario: MARIA JULIA
DELGADO REGALADO MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
Fecha: 09/10/2013 12:26:12
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
FIRMA DIGITAL
ESPECIALISTA : MARIA JULIA DELGADO REGALADO
DEMANDADO : EMPRESA MARICULTURA EL DORADO SAC ,
DEMANDANTE : VERONA CAMPOVERDE, YONI ORLANDO
RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECIOCHO
Chimbote, nueve de Octubre
Del dos mil trece.-
AUTOS y VISTOS, Dado cuenta, con el escrito que antecede; Y Considerando,
PRIMERO: Que, mediante resolución número dieciséis-sentencia, se declaro
fundada en parte la demanda y ordena para que el demandado cumpla con el pago
de S/. 993.58. SEGUNDO: Que, dicha resolución fue debidamente notificada a las
partes con fecha veintiséis de setiembre del año en curso; TERCERO: Que, la
demandante dentro del plazo de ley recurre a este Juzgado a fin de presentar el
recurso de apelación, por lo que se debe de proveer con arreglo a Ley su dicho
recurso; CUARTO: Que, el recurso impugnatorio, reúne los requisitos de
admisibilidad y procedibilidad previsto en el artículo 32 de la NLPT N° 29497;
QUINTO: Que, teniendo el recurso de apelación, como objeto de que el Superior
en Grado examine la resolución que le produzca agravio, es procedente admitirlo;
por estas consideraciones; SE RESUELVE: CONCEDER APELACIÓN CON
EFECTO SUSPENSIVO al demandante a través de su apoderada, YONI
ORLANDO VERONA CAMPOVERDE contra la sentencia que corre en autos; en
consecuencia ELÉVESE los autos al Superior en Grado con el oficio respectivo.
Notifíquese. – |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: LUIS AYCA GALLEGOS
Fecha: 10/10/2012 09:30:15
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
EXPEDIENTE NRO. : 00725-2012-0-2301-JR-LA-01
DEMANDANTE : JOSE ORLANDO GUISA BRAVO
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
PRETENSION : CESE DE ACTOS DE HOSTILIDAD DEL EMPLEADOR
Visado: TURPO HUARICACHA,
ROSSANA ESPECIALISTA LEGAL : ROSSANA TURPO HUARICACHA
Fecha: 10/10/2012 09:32:47
Razón: RES. JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NRO. 09
Tacna, diez de octubre
Del año dos mil doce.
VISTOS.-
La demanda corriente a folios ciento cincuenticuatro a folios ciento setenticuatro
interpuesto por José Orlando Guisa Bravo en contra del Banco de la Nación, con el
siguiente petitorio: Pretensión Principal el Cese del Acto de Hostilidad y la pretensión
accesoria de la Imputación de una multa; con el fundamento de hecho siguiente: Que,
la relación laboral que mantiene con la demandada es en la condición de trabajador
permanente, con 41 años y 09 meses de servicios sujeto a plazo indeterminado,
habiendo ingresado el 16 de setiembre del año 1970; ocupando los cargos y
categorías de Auxiliar de oficina, recibidor pagador, jefe de las secciones de
administración, operaciones, contabilidad y caja; sub administrador y administrador de
la sucursal Tacna y administrador de la agencia de Tarapoto y sucursales de Iquitos,
Ica, Puno, Sub gerente Jefe de la División zonal Centro Oriente Sede Lima y Jefe de la
División Soporte Regional VI sede Huancayo. Siendo trasladado posteriormente a la
División de soporte regional VI – Tacna para brindar funciones de apoyo a partir del 06
de febrero del 2012 decisión que fue materia de reconsideración la misma que fue
desestimada. Es decir, que se ha dispuesto el traslado /rotación para ocupar una plaza
sin cargo como “personal de apoyo” (cargo inexistente en los instrumentos de gestión
de la demandada y que no guarda ninguna similitud con el cargo de administrador de
sucursal C en el que ha sido nombrado) Situación que se subsume en el acto de
hostilidad calificado como tal previsto en el literal g) del artículo 30° del Decreto
Supremo N° 003-97-TR. Lo cual constituye un acto de hostilización referido a la
reducción inmotivada del cargo que ostentaba el actor y que a su vez se encuentra
reprimido y proscrito en nuestra legislación laboral.
Por Resolución número uno se admite a trámite la demanda, se corre traslado a la
parte demandada, se fija hora y fecha para Audiencia de Conciliación.
1 En fecha veintidos de agosto del año dos mil doce se verifica la Audiencia de
Conciliación, a la que asisten el actor y la emplazada mediante su administrador, no
arriban a ningún acuerdo conciliatorio, se fijan las pretensiones y se entrega al
demandante el escrito la contestación.
La demandada contesta la demanda negándola y contradiciéndola con el siguiente
fundamento: El demandante incurre en un evidente error cuando sostiene como
pretensión que se le retorne al cargo de administrador de sucursal C; pues ello si
configuraría un acto de hostilidad pues los cargos de administrador son ejercidos por
personal de la institución que tiene a lo máximo categoría de apoderado la cual resulta
ser inferior a la categoría de subgerente que hoy en día ostenta el actor. En realidad la
decisión del cambio temporal de lugar de trabajo y variación de su cargo se debe al
poder de dirección que tiene su representada (jus variandi).
En fecha tres de octubre de los corrientes se lleva a cabo la Audiencia de
Juzgamiento, en la que asisten las partes, sustentan sus posiciones (confrontación),
se determina los hechos que no requieren de actuación probatoria, se admiten las
pruebas de los hechos que requieren de actuación probatoria, se actúan los medios
probatorios admitidos, las partes efectúan sus alegatos orales y se difiere el fallo de la
sentencia para ser dictada en la fecha; y,
FUNDAMENTOS:
PRIMERO: Antecedentes.
El demandante pretende mediante el petitorio de la demanda el Cese de Actos de
Hostilidad y la imposición de una multa al Banco de la Nación. Sustentándola en que
la relación laboral que mantiene con la demandada es en la condición de trabajador
permanente, con 41 años y 09 meses de servicios sujeto a plazo indeterminado,
habiendo ingresado el 16 de setiembre del año 1970; ocupando los cargos y
categorías de Auxiliar de oficina, recibidor pagador, jefe de las secciones de
administración, operaciones, contabilidad y caja; sub administrador y administrador de
la sucursal Tacna y administrador de la agencia de Tarapoto y sucursales de Iquitos,
Ica, Puno, Sub gerente Jefe de la División zonal Centro Oriente Sede Lima y Jefe de la
División Soporte Regional VI sede Huancayo. Siendo trasladado posteriormente a la
División de soporte regional VI – Tacna para brindar funciones de apoyo a partir del 06
de febrero del 2012 decisión que fue materia de reconsideración la misma que fue
desestimada. Es decir, que se ha dispuesto el traslado /rotación para ocupar una plaza
sin cargo como “personal de apoyo” (cargo inexistente en los instrumentos de gestión
de la demandada y que no guarda ninguna similitud con el cargo de administrador de
sucursal C en el que ha sido nombrado) Situación que se subsume en el acto de
2 hostilidad calificado como tal previsto en el literal g) del artículo 30° del Decreto
Supremo N° 003-97-TR. Lo cual constituye un acto de hostilización referido a la
reducción inmotivada del cargo que ostentaba el actor y que a su vez se encuentra
reprimido y proscrito en nuestra Legislación Laboral.
Mientras que la demandada el Banco de la Nación sucursal de Tacna, sustenta que el
demandante incurre en un evidente error cuando sostiene como pretensión que se le
retorne al cargo de administrador de sucursal C; pues ello si configuraría un acto de
hostilidad pues los cargos de administrador son ejercidos por personal de la institución
que tiene a lo máximo categoría de apoderado la cual resulta ser inferior a la categoría
de subgerente que hoy en día ostenta el actor. En realidad la decisión del cambio
temporal de lugar de trabajo y variación de su cargo se debe al poder de dirección que
tiene su representada (jus variandi).
SEGUNDO: Análisis de la controversia y Marco Normativo.
De la configuración del acto de hostilidad.
2.1. Los actos de hostilidad son todos aquellos hechos realizados por el empleador en
desmedro de los derechos y dignidad del trabajador que evitan el desarrollo normal de
la relación laboral, siendo considerados como situaciones equiparables al despido
(artículo 30º del Decreto Supremo 003-97-TR), regulándose entre éstos, los actos
contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad el trabajador; y la reducción
inmotivada del cargo (literal g) y b) del artículo citado).
El jus variandi, con el cual fundamenta su Posición la demandada, es “la potestad del
empleador de variar, dentro de ciertos límites las modalidades de prestación en las
tareas del trabajador”1, es decir esta facultad supone “...una variación unilateral , no
sustancial, no esencial de las condiciones de trabajo, y los actos que califiquen como
alteración del empleador, en la medida que son modificaciones esenciales,
sustanciales, y que el empleador no los puede ejecutar en forma arbitraria y que,
además, se encuentran limitados a los casos donde exista un acuerdo con los
trabajadores [...] una ley expresa facultativa y se presentan supuestos configurantes
de razonabilidad y necesidad...”2 Este mismo criterio lo encontramos en el artículo 93
del Decreto Supremo Nº 003-97-TR.
1 PLA Rodríguez, Américo, “Curso de Derecho Laboral” citado por TOYAMA Miyagusuku, Jorge, en
Instituciones de Derecho Laboral, Gaceta Jurídica Editores, Lima, 2004. Pág. 207-208.
2 TOYAMA Miyagusuku, Jorge. “Instituciones de Derecho Laboral”, Gaceta Jurídica Editores, Lima, 2004.
Pág. 207.
3 Decreto Supremo N° 003-97-TR, T.U.O. del D.Leg. 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, artículo 9.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su
empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes
necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar disciplinariamente, dentro de los limites de la
razonabilidad, cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador.
3 2.2. Dicho poder de dirección le permite en consecuencia al empleador, entre otras
atribuciones introducir cambios en la forma y modo de prestación de la relación de
trabajo, lo que puede incluir modificaciones razonables en el tiempo y lugar, sujeto a
criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo,
en armonía con el respeto de los derechos fundamentales del trabajador de
conformidad con el tercer párrafo del artículo 23° de la Constitución Política del Estado
en cuanto señala que:”Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los
derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”.
2.3. Los actos de hostilidad constituyen precisamente supuestos en los cuales el
empleador se excede en sus facultades de dirección por lo que en estos casos se
faculta al trabajador a solicitar el cese de la conducta hostil o equiparar dicha conducta
a un acto de despido indirecto. En ambos supuestos de conformidad con el artículo
30° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; el trabajador antes de accionar judicialmente
deberá emplazar por escrito a su empleador imputándole el acto de hostilidad
correspondiente otorgándole un plazo razonable no menor de seis días naturales par
que efectúe su descargo o o enmiende su conducta según sea el caso.
2.4. Carga de la Prueba: El artículo 23° de la Ley N° 29497 en materia proba toria
dispone que el demandante tiene la carga de la prueba del acto de hostilidad
padecido; y del demandado la carga de la prueba sobre el cumplimiento de las
normas legales y la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.
Y en aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezca indicios
que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el Juez debe darlo por
cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar
que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su
proporcionalidad.
Lo que implica en que el actor tiene que probar el acto de hostilidad del cual es objeto
por parte de la demandada; y la emplazada el cumplimiento de las normas laborales y
la existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.
2.5. En el presente caso, el acto alegado como hostil en la demanda radica en el
traslado del demandante de Jefe de la División Soporte Regional VI Sede Huancayo a
la División de Soporte Regional X-Tacna para que brinde “funciones de apoyo” a
partir del 06 de febrero del 2012, según se advierte del memorando EF/92.2000
N°106-2012 de fecha 03 de febrero del 2012. Ante ello el demandante ha cumplido
con cursar la correspondiente carta notarial al Presidente Ejecutivo del Banco de la
El empleador esta facultado para introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así
como la forma y modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo
en cuenta las necesidades del centro de trabajo.(*)
4 Nación a fin de que deje sin efecto el acto de hostilidad laboral (folio 26/30)4.
Obteniendo respuesta negativa al respecto, mediante la carta N° EF/92.1000 N°47-
2012 corriente a folios veinticuatro, manifestándole al actor de que el cargo de Jefe de
la División Soporte Regional VI Huancayo es un cargo de confianza y que se ha
acordado dar por terminada la designación del cargo mencionado; razón por la cual
deberá hacerse cargo de las funciones encomendadas en la sucursal Tacna, División
Soporte Regional X, bajo responsabilidad funcional.
Quedando de esta manera concluido el trámite de cese de hostilidades internamente
ante el Banco de la Nación. Razón por la cual, el actor acudió al órgano jurisdiccional a
fin de que cesen los actos de hostilidad por parte del Banco demandado.
2.6. Para tal efecto pasamos a analizar el documento denominado “Desplazamiento de
Personal” corriente de folios ciento cuatro a folios ciento veinticinco, considera en el
numeral 6.8 que “Traslado” es la acción de personal que permite desplazar de manera
permanente a un trabajador de su dependencia de origen a otra de destino, a una
plaza vacante según el cuadro de asignación de personal –CAP conservando su cargo
o equivalente y nivel adquirido. Además en el numeral 8.2 se advierte que para el
traslado debe existir plaza vacante del mismo nivel del cargo o equivalente y de igual
remuneración adquirida. Sin embargo, es de verse del memorando N° EF/92.2000 N°
106-2012 de fecha 03 de febrero del 2012, de la carta EF/92.3500 N° 022-2012, cuyos
documentos contienen el traslado del actor a la División Soporte Regional Tacna X-
Tacna, en donde no se le indica la plaza que va ha ocupar en el lugar de destino;
señalando solamente que deberá “brindar funciones de apoyo” incumpliendo de esta
manera con lo previsto en el documento denominado “desplazamiento de personal”
(conservando su cargo o equivalene y nivel adquirido). Y como lo manifestó oralmente
el actor en la audiencia de juzgamiento, que no realiza función alguna en la División de
Soporte Regional X-Tacna, dedicándose solamente a cumplir con estar presente
durante la jornada laboral, sin habérsele designado tarea ni función alguna; lo que fue
confirmado por el representante el administrador de la sucursal del Banco señor Aldo
Calle al expresar que no tenía conocimiento que funciones realizaba el demandante en
el segundo piso del banco. Corroborándose tal hecho con las boletas de pago
obrantes de folios doscientos setenta y dos a folios doscientos setenta y ocho, de
donde se aprecia lo siguiente” Categoría: Sub Gerente. Cargo: S/cargo.
2.7. Se ha acreditado que el actor fue ascendido con efectividad a partir del 1° de
octubre de 1997 al cargo de Administrador de Sucursal “C” con la categoría de
4 Art. 30° del D.S.N° 003-97-TR. Que establece:“ El trabajador antes de accionar judicialmente deber{a
emplazar por escrito a su empleador imputándole el acto de hostilidad correspondiente, otorgándole un
plazo razonable no menor de seis días naturales para que efectúe su descargo o enmiende su conducta
según sea el caso”
5 “Apoderado General” conforme se aprecia del memorando EF/92.2611 N° 3367-97 de
fecha 27 de octubre de 1997 corriente a folios dieciséis; y este hecho es corroborado
con el documento obrante a folios catorce, denominado:”Cargo y categorías
Jefaturales de la red de agencias” (igualmente se advierte del listado de cargos a folios
127) en la que se aprecia que en las sucursales de Lima y provincia el cargo de
administrador de sucursal A-B y C tienen la categoría de Apoderado General; tal como
así lo reconoció el señor Aldo Calle Representante y Administrador de la Sucursal del
Banco de la Nación en Tacna. Lo que implica que el actor tiene el cargo de carrera de
“administrador de Sucursal C” con la categoría de “Apoderado General”; y que el cargo
que ostento de Jefe de División de Soporte de Huancayo VI sede Huancayo, era de
confianza.
2.8. En consecuencia, al actor no se le ha asignado funciones de ninguna clase, ni de
Sub Gerente (categoría con la que aparece en las diferentes boletas de pago del año
2012) ni en su cargo de carrera como Administrador Sucursal C. incumpliendo de esta
manera el Banco demandado con darle las funciones que según el Manual de
organización y Funciones debería estar desarrollando el actor (Folio 36/69). Siendo
así, los presupuestos de la causal de hostilidad invocada por el demandante
relacionados con la reducción inmotivada del cargo y contra la dignidad del trabajador
se ha configurado; por tanto el traslado del actor para que brinde “funciones de apoyo”
constituye actos de hostilidad. Más aún al no haber cumplido la demandada con
exhibir el documento “Acción de Desplazamiento de Personal” que debería contener el
cargo, categoría, dependencia de origen y de destino respectivamente y la vigencia del
mismo (tan igual como el formato que obra folios 118); e igualmente no cumplió con
exhibir la documentación correspondiente al cuadro de asignación de personal, el
cuadro nominativo de personal y de la resolución mediante el cual se aprueban los
cargos y categorías jefaturales de la Red de agencias del banco de la Nación vigentes
en la actualidad, con lo que se reafirma que hubo reducción inmotivada del cargo.
2.9. Por su parte la emplazada para justificar el traslado del actor del Banco de la
Nación Sucursal de Huancayo a la Sucursal del Banco de la Nación de Tacna, lo hace
ejerciendo el derecho al Ius Variandi (artículo 9° del D.S.N° 003-97-TR) que faculta al
empleador de organizar y dirigir el trabajo de sus trabajadores. Pero debemos
entender que el límite a la aplicación del ius variandi es la Razonabilidad (que no sea
arbitraria); y en el presente caso, la demandada al no darle funciones específicas al
actor al nivel de la jerarquía de su cargo, se le está hostilizando y atentando contra su
dignidad de trabajador, quien ha venido laborando durante mas de 41 años de
prestación personal de servicios ocupando diferentes cargos desde Auxiliar de oficina,
recibidor pagador, jefe de las secciones de administración, operaciones, contabilidad y
6 caja, sub administrador y administrador de la sucursal Tacna y otras agencias hasta
llegar a Sub Gerente Jefe de la División Zonal Centro Oriente sede Lima y finalmente
Jefe de la División de soporte Regional VI sede Huancayo, siendo calificado en las
evaluaciones como “sobresaliente” (folio 34). Todo lo cual no ha sido objetado por la
emplazada. Por tanto, la demandada no ha llegado a desvirtuar de manera alguna los
fundamentos de la demanda.
2.10. En tal sentido, se ha configurado el acto de hostilidad, razón por la cual debe
disponerse el cese de los actos de hostilidad de parte del Banco demandado, con el
retorno del actor a las funciones que desempeñaba de acuerdo a la categoría de
“Apoderado General” como Administrador Sucursal C del Banco de la Nación, tal como
así lo demanda en su petitorio de la demanda; además de la imposición de la multa
correspondiente equivalente a una unidad de referencia procesal.
TERCERO: Costas y Costos del Proceso. De acuerdo con la Sétima Disposición
Final de la ley N° 29497 “En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al
pago de costos, que comprende los honorarios del Abogado de la parte vencedora. Y
de conformidad con el artículo 413° del Código Procesal Civil aplicable
supletoriamente están exentos de la condena en costas las entidades del Estado,
estando inmerso el Banco de la Nación, razón por la cual se le exonera de dicho pago.
Debiendo pagar los costos del proceso.
Consecuentemente, de acuerdo a las facultades otorgadas por la Ley Orgánica del
Poder Judicial.
FALLO:
1. Declarando Fundada la demanda interpuesta por José Orlando Guisa Bravo en
contra del Banco de la Nación sobre El cese del Acto de Hostilidad y la imposición de
una multa. ORDENO a la demandada cese el acto de hostilidad. DISPONIENDO que
se cumpla con restituir las funciones al demandante en el cargo de Administrador de
Sucursal “C” del Banco de la Nación.
2. Se le impone a la demandada la multa de una unidad de referencia procesal, que
deberá ser abonada una vez que quede consentida o ejecutoriada.
3. Con costos del proceso y sin Costas.
Así lo pronunció mando y firmo en el Primer Juzgado de Trabajo Permanente de
Tacna. Tómese Razón y Hágase Saber.
7 |
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Juez: JAIME LA ROSA CHIPANA
Fecha: 07/01/2013 18:15:06
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 00725-2012-96-2301-JR-LA-01
MATERIA : CESE DE ACTOS DE HOSTILIDAD DEL EMPLEADOR
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: CANDELARIA PARI
CHURA ESPECIALISTA : CANDELARIA PARI CHURA
Fecha: 07/01/2013 18:18:44
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL DEMANDANTE : GUISA BRAVO, JOSE ORLANDO
Resolución Nro.07
Tacna, siete de enero del año dos mil trece.-
VISTO: El recurso de reposición, formulado por la defensa de la parte solicitante;
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: La defensa técnica del solicitante don José Orlando Guisa Bravo, formula recurso de
reposición en contra de la resolución número cuatro, que dispone pedir informe al Banco de la
Nación respecto al cumplimiento de la resolución de la Medida Cautelar, alegando que dicha
parte ha solicitado se levante el acta de verificación del cumplimiento del mandato cautelar, es
decir, si el solicitante esta cumpliendo sus labores como administrador de sucursal C y si se le ha
asignado dichas funciones; que con la resolución expedida se contraviene las normas que
garantizan a un debido proceso, al no atenderse lo peticionado y no se puede desnaturalizar la
petición del recurrente, sustituyendo la verificación del cumplimiento del mandato cautelar con la
remisión de un informe en tal condición.
SEGUNDO: Que, el recurso de reposición procede contra decretos a fin de que el Juez los
revoque, conforme a lo dispuesto por el artículo 362° del Código Procesal Civil.
TERCERO: Que, conforme se advierte de autos, mediante resolución número 01 de fecha
dieciséis de noviembre del año dos mil doce (fojas 249/250), se ha dispuesto restituir al
solicitante en sus funciones como administrador Sucursal “C” de Banco de la Nación a mérito de
la sentencia recaída en el proceso principal de fecha 10.10.2012 (fojas 182/188); con fecha 21
de diciembre del 2012 el solicitante peticiona se autorice a la Especialista Legal levante el acta
para verificar el cumplimiento de mandato cautelar, toda vez que se ha reconocido al actor su
cargo y categoría ante la Sucursal C Tacna de la División de Soporte Regional X Tacna del
Departamento de Red de Agencias del Banco de la Nación, con efectividad a partir del
28.11.2012, según carta EF/92.2331 N° 336-2012 de fecha 30.11.2012 (fojas 276) y que a la
fecha no viene ocupando tal cargo ni se le ha asignado funciones.
CUARTO: Que, la medida cautelar, denominada también preventiva o precautoria, es un instituto
procesal a través del cual el órgano jurisdiccional, a petición de parte, adelanta algunos o todos
los efectos del fallo definitivo, con el objeto de asegurar la eficacia o el cumplimiento de la
sentencia a dictarse, en razón de existir la verosimilitud en el derecho invocado y peligro en la
demora producida por la espera del fallo definitivo. Vale decir, la medida precautoria asegura la
eficacia práctica de la sentencia, de modo que lo ordenado en ella sea ejecutado o cumplido,
caracterizándose el proceso en que se dicta por ser sumarísimo y por que concluye con el
otorgamiento de una providencia cautelar, cuando el Juez así lo decida y sin oír a la otra parte
(inaudita pars). En el presente caso, existe una sentencia dictada a favor del demandante sobre Cese de Actos de Hostilidad y además, se adelanta los efectos de la sentencia, al haber sido
impugnada esta.
QUINTO: Que, en el presente caso, al haberse dispuesto pedir informe a la Entidad demandada,
sobre el cumplimiento de la decisión cautelar, se contraviene el Principio de Congruencia, es
decir, entre lo peticionado por el demandante y lo ordenado en autos (resolución materia de
reposición) y además, el Juez debe evitar cualquier acto dilatorio, que contravenga la ejecución
de la medida cautelar dictada en autos, mas aun cuanto existe amparo o Tutela Jurisdiccional
sobre la materia controvertida de Cese de Actos de Hostilidad en favor del solicitante, según
sentencia dictada en el proceso principal, por lo que, corresponde acoger el recurso formulado,
debiendo acogerse lo solicitado, destinado a verificar el cumplimiento del mandato cautelar.
Además, resulta inoficioso pedir informe al Banco de la Nación, cuando dicha parte ya ordenó en
la carta EF/2331 N° 336.2012 el desplazamiento provisional del actor al cargo de Administrador
Sucursal “C” (fojas 282). En consecuencia, de conformidad con lo prescrito por el artículo 362°
del Código Procesal Civil.
SE RESUELVE:
1) Declarar FUNDADO el recurso de reposición formulado por la defensa técnica del
demandante don José Orlando Guisa Bravo, declarándose sin efecto la resolución número
cuatro de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil doce.
2) Proveyendo con arreglo a ley el escrito de fecha veintiuno de diciembre del año dos mil
doce, presentado por el abogado del actor: conforme lo solicitado, autorícese a la
Especialista Legal, a fin que se constituya a las Instalaciones de la Entidad demandada, para
que levante el acta de verificación de cumplimiento del mandato cautelar, sobre las labores
que viene desempeñando actualmente el titular de la medida cautelar y las funciones
asignadas; habilitándose día y hora para dicha diligencia, en coordinación con la Especialista
a cargo.- TR Y HS.- |
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Juez: JAIME LA ROSA CHIPANA
Fecha: 18/12/2012 15:49:59
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 00725-2012-96-2301-JR-LA-01
MATERIA : CESE DE ACTOS DE HOSTILIDAD DEL EMPLEADOR
ESPECIALISTA : CANDELARIA PARI CHURA
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: CANDELARIA PARI
CHURA DEMANDANTE : GUISA BRAVO, JOSE ORLANDO
Fecha: 18/12/2012 15:52:05
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
Resolución Nro. 02
TACNA, doce de diciembre
De dos mil doce.-
DE OFICIO: AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: Primero: Conforme a lo previsto
por el artículo 176 (último párrafo) del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria al caso de
autos conforme a la habilitación de la Primera Disposición Complementaria de la Ley N° 29497 –
Nueva Ley Procesal de Trabajo), se faculta al propio órgano jurisdiccional declarar la nulidad de
actos procesales que este dentro de su competencia, pero, sólo frente a nulidades
insubsanables, mediante resolución motivada. Así tenemos que lo reconoce la Corte Suprema
de la República, cuando establece que: “cualquier órgano jurisdiccional por el sólo hecho de
serlo tiene lo que en doctrina se llama potestad nulificante del juzgador y que ha sido acogido en
el último párrafo del artículo 176 del Código Adjetivo, entendida como aquella facultad de
declarar una nulidad aún cuando no haya sido solicitada, si considera que el acto viciado
(incluido el proceso todo) puede alterar sustancialmente los fines abstracto y concreto del
proceso y la decisión que en él va a recaer” (CAS N° 2197-99-Lima, El Peruano, 17-09-2000, p.
6270). Por su parte, el artículo 173 del mismo texto procesal, que regula el tema de la extensión
de la nulidad, prevé que: “La invalidación de una parte del acto procesal no afecta a las otras que
resulten independientes de ella, ni impide la producción de efectos para los cuales el acto es
idóneo, salvo disposición expresa en contrario”. Segundo: En el presente caso, de la revisión
de lo actuado se desprende que mediante escrito de folios 234 a 248, don José Orlando Guisa
Bravo solicita medida cautelar innovativa y se disponga la inmediata suspensión del acto
violatorio para que se le desplace provisionalmente al cargo de Administrador de Sucursal C del
Banco de la Nación – Tacna, en lugar del cargo asignado como personal de apoyo, hasta la
culminación de la sentencia definitiva; sustentado esta pretensión cautelar, medularmente, en la
sentencia de primer grado de fecha 10 de octubre de 2012 corriente en copia certificada de folios
182 a 188. Al respecto, de la revisión de la citada sentencia se infiere que el Juzgado fallo,
textualmente, que: “Fundada la demanda interpuesta por José Orlando Guisa Bravo en contra
del Banco de la Nación sobre el cese del Acto de Hostilidad y la imposición de una multa.
ORDENO a la demandada cese el acto de hostilidad. DISPONIENDO que se cumpla con restituir
las funciones al demandante en el cargo de Administrador de Sucursal C del Banco de la
Nación (…)”, conforme fuera peticionada en la demanda. Por Resolución N° 01 de fecha 16 de
noviembre de 2012 (folios 249 a 250) se resuelve declarar fundada la pretensión cautelar en los
términos solicitados. Sin bien el Juzgado, ha expuesto la sustentación del caso para amparar la
pretensión cautelar planteada, no obstante ello, advierte que ha incurrido en nulidad insalvable
en el extremo de la acotada Resolución N° 01 donde ha dispuesto que la restitución deba
hacerse en el Banco de la Nación – Tacna (El resaltado es agregado). Esto porque en la
sentencia de primer grado (expedida en el Principal) en ningún extremo se ha dispuesto que la
restitución del demandante debe hacerse en el Banco de la Nación – Tacna, sino,
genéricamente, en el Banco de la Nación. Por tanto, no pudiendo extenderse los efectos de la
decisión cautelar, más allá de lo decidido en el principal (más allá que esté en grado de
impugnación), porque esto contravendría su naturaleza instrumental (conforme se desprende de
lo previsto por el artículo 611 del Código Procesal Civil). Por consiguiente, corresponde declarar la nulidad del extremo antes resaltado, dejándose subsistente lo demás que contiene al no
afectarle la deficiencia procesal advertida. Por tales consideraciones y normas acotadas: SE
RESUELVE: declarar la nulidad de oficio del extremo de la Resolución N° 01 de fecha dieciséis
de noviembre del año dos mil doce, mediante el cual se dispone restituir a don José Orlando
Guisa Bravo en la funciones como Administrador de Sucursal “C” del Banco de la Nación –
“Tacna”, deviniendo en nulo e insubsistente el término del lugar “Tacna”, conforme a los
fundamentos expuestos y dejándose subsistente los demás conforme esta ordenado;
comuníquese a la demandada mediante oficio, con copia de la presente resolución. Regístrese
y notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE TACNA
Juez: JAIME LA ROSA CHIPANA
Fecha: 19/11/2012 12:27:02
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 00725-2012-96-2301-JR-LA-01
MATERIA : CESE DE ACTOS DE HOSTILIDAD DEL EMPLEADOR
ESPECIALISTA : CANDELARIA PARI CHURA
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: CANDELARIA PARI
CHURA DEMANDANTE : GUISA BRAVO, JOSE ORLANDO
Fecha: 19/11/2012 12:33:38
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL Resolución Nro.01
Tacna, dieciséis de noviembre del año dos mil doce.-
VISTOS: El escrito de medida cautelar innovativa dentro del proceso y;
CONSIDERANDO:
Primero: El artículo 55 de la Ley N° 29497 – Nueva Ley Procesal de Trabajo
(en adelante NLPT) son procedentes las medidas cautelares reguladas en este
capítulo (refiriéndose al capítulo IV de la NLPT, Proceso Cautelar), lo cierto es
también que no lo restringe sólo a ellas, sino que, por el contrario, de un modo
claramente optimizador, permite también la procedencia de cualquier otra
contemplada en la norma procesal civil u otro dispositivo legal, sea esta para
futura ejecución forzada, temporal sobre el fondo, de innovar o de no innovar,
e incluso una genérica no prevista en las normas procesales.
Segundo: Así mismo el artículo 615 del Código Procesal Civil, aplicable al caso
de autos, procede especialmente medida cautelar a favor de quien ha
obtenido una sentencia favorable, aunque fuera impugnada, debiendo
solicitarse y ejecutarse en cuerda separada. La misma en efecto resulta
especial en la medida que exime al peticionante de dos requisitos: a)
Fundamentación de la petición cautelar y b) ofrecimiento de contracautela; ello
en razón de que para expedir una sentencia de mérito, el juez formó convicción
sobre los hechos que sustentaban la inicial demanda, por lo que dada la etapa
procesal, en este momento existe más que una verosimilitud. Tal precepto,
desde luego exime al órgano jurisdiccional del examen sobre estos dos
extremos, de modo que allí radica su naturaleza especial conforme le reconoce
el ordenamiento procesal. Por todo ello, se infiere claramente que es el propio
del ordenamiento procesal el que abre las puertas para que se pueda
conceder medida innovativa, la misma que consiste en una diligencia
excepcional que tiende a alterar el estado de hecho o de derecho existente
antes de la petición de su dictado; medida que se traduce en la injerencia del
Juez en la esfera de la libertad de los justiciables a través de la orden de que
se cese una actividad contraria a derecho o de que se retrotraigan las resultas
consumadas de un actividad de igual tenor. En suma, se trata de modificar un
estado (cuya legalidad se cuestiona), por otro que importa el restablecimiento
de un situación jurídica regular, de allí que se denomine “innovativa”, a
diferencia de las denominadas medidas cautelares “conservativas”.
Tercero: En el presente caso, según el escrito de medida cautelar
Innovativa, presentado por JOSE ORLANDO GUISA BRAVO, luego de
haber obtenido sentencia favorable de primera instancia, peticiona se dicte
medida cautelar innovativa, ordenándose sea desplazado provisionalmente
al cargo de “Administrador de Sucursal C ” del Banco de la Nación Tacna
en lugar del cargo “Asignado como “Personal de Apoyo” (toda vez que, en su concepto, éste último constituye una reducción inmotivada del cargo y
categoría laboral que le corresponde).
Cuarto: Al respecto, examinada la petición cautelar conjunta y razonadamente
con los recaudos acompañados se tiene que, efectivamente, con fecha 10 de
Octubre del año 2012 el Primer Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de Tacna, expide sentencia de primera instancia declarando fundada la
demanda en cuanto al extremo de cese de actos de hostilidad y la imposición
de una multa, interpuesta por el recurrente en contra del Banco de la Nación –
Sucursal Tacna, disponiéndose, consecuentemente, en forma literal, que: “… a)
ORDENO a la demandada cese de actos de hostilidad y la imposición de una
multa. . b). DISPONGO que se cumpla con restituir las funciones al
demandante en el cargo de Administrador De Sucursal C del Banco de la
Nación. C). MULTAR a la demandada de una unidad de referencia procesal,
que deberá se abonada una vez que quede consentida …” .
Quinto: Que siendo ello así, en el presente caso concurre el presupuesto
exigido para la procedencia de medida cautelar; si bien a la luz del reporte del
SIJ de expediente se advierte que el Expediente Principal ha sido
remitido a la Sala Civil transitoria por motivo del recurso de apelación, el
Juzgado considera que tal circunstancia no enerva el derecho a formular la
petición y obtener la medida, tal como se ha precisado en el considerando
primero de la presente (ello, obviamente, sin perjuicio de la incidencia que
pueda tener sobre la medida lo que se resuelve en definitiva en el principal, con
ocasión del referido recurso extraordinario de casación). Por tanto, corresponde
amparar la petición cautelar. Por consiguiente, al amparo de las normas
acotadas y en mérito de las consideraciones que anteceden.
SE RESUELVE:
ADMITIR la demanda de MEDIDA CAUTELAR INNOVATIVA a favor de él
demandante JOSE ORLANDO GUISA BRAVO, En consecuencia, el Banco
de la Nación en el plazo de dos días debe proceder a restituir al recurrente
en las funciones como ADMINISTRADOR DE SUCURSAL “C” del Banco de
la Nación –Tacna; y, para los efectos de su ejecución, cúrsese el oficio
respectivo al domicilio señalado por el propio recurrente sito en la “Avenida
República de Panamá N° 3664 del Distrito de San Isidro de la Provincia y
Departamento de Lima”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 367 del
Código Procesal Civil, segundo párrafo, debiendo informar documentalmente
en el mismo plazo el estricto cumplimiento de lo dispuesto. Al otrosí:
Agréguese a sus autos los anexos.
Regístrese y Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 01271-2012-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
ESPECIALISTA : GARCIA SOLORZANO EVELY TEOFILA
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
PESQUERA DIAMANTE SA ,
DEMANDANTE : CESPEDES CRISANTO, SANTOS BENITO
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y TRES
Chimbote, cinco de agosto
Del dos mil dieciséis.
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con los actuados; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Por resolución número ocho, se expidió sentencia declarando fundada la
demanda y disponiendo que la demandada pague al actor por pago de beneficios
sociales el importe de S/. 15,955.80 soles; más intereses legales y costos del proceso;
SEGUNDO: Por resolución número treinta y tres se tuvo por consignada la suma
dispuesta a pagar en sentencia, ordenándose la entrega al demandante,
materializándose con fecha 19 de enero del 2016 (ver folios 448); luego, a través de la
resolución número treinta y seis se aprobó la liquidación de intereses legales y
bancarios en la suma de S/. 4,226.92 soles que la demandada ha cumplido con pagar,
disponiéndose también la entrega al demandante mediante resolución número treinta
y siete. Finalmente, se regularon y pagaron los costos del proceso, en mérito a las
resoluciones número cuarenta y uno y cuarenta y dos, respectivamente; TERCERO:
Siendo así, habiéndose ejecutado por completo la sentencia emitida en autos, la misma
que fue declarada consentida por resolución número nueve, no existiendo pretensiones
pendientes de satisfacer, corresponde disponer la conclusión de la ejecución del
presente proceso. Por estos considerandos SE DISPONE: Declarar la CONCLUSIÓN
DE LA EJECUCIÓN del proceso. Siendo el estado: ARCHÍVESE
DEFINITIVAMENTE los actuados en el modo y forma de ley. Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 01271-2012-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
ESPECIALISTA : GARCIA SOLORZANO EVELY TEOFILA
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
PESQUERA DIAMANTE SA ,
DEMANDANTE : CESPEDES CRISANTO, SANTOS BENITO
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y UNO.
Chimbote, veintiséis de julio
Del dos mil dieciséis.
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por la
parte demandante; a lo expuesto, téngase por absuelto el traslado conferido mediante
resolución número veintiséis; y ATENDIENDO a que: PRIMERO: Mediante escrito de
fecha 11 de julio del 2016, el demandante recurre a este Juzgado solicitando que se fijen
los costos procesales en el monto de s/. 4,000.00 soles, alegando que debe tenerse en
cuenta las instancias recorridas, el tiempo y defensa desplegada. Petición que se le
concedió traslado a la demandada mediante resolución número treinta y ocho.
SEGUNDO: Puesto en conocimiento de la parte demandada, ésta ha observado dentro
del plazo perentorio concedido manifestando que: i) que la propuesta no se ajusta a la
Tabla de honorarios profesionales aprobado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados de
Lima; siendo así, los costos generados en el presente proceso son de S/. 790.00 soles; agrega, ii)
los costos procesales deben ser fijados en atención a la labor desplegada por el abogado defensor y
la complejidad del proceso; por lo que lo pretendido, resulta ser muy excesivo no resultando
proporcional con la secuela del proceso; y demás argumentos que en ella expone,
solicitando se tenga por observada la liquidación de los costos procesales y declarar
oportunamente fundada la misma. TERCERO: Que, conforme lo prescribe el artículo
414º del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso “El Juez
regulará los alcances de la condena de costas y costos, tanto respecto del monto como de los
obligados y beneficiarios, en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión”.
Es decir, el juez debe fijar el monto de los costos del proceso en forma prudencial,
atendiendo no sólo a la duración del proceso e instancias jurisdiccionales, sino también
a la naturaleza de la pretensión, su complejidad, el monto del petitorio, la buena fe
procesal de la parte vencida y las circunstancias que se hayan dado en el proceso. CUARTO: Así, respecto a que la propuesta de costos procesales no se ajusta a la Tabla
de honorarios profesionales aprobado por la Junta Directiva del Colegio de Abogados
de Lima es de indicar en primer lugar que la Tabla a la que se hace referencia no
vincula al suscrito a fin de fijar los honorarios profesionales; por cuanto, los costos
procesales como se ha hecho referencia en el considerando anterior, se fijan en relación
a las incidencias del proceso así como a la naturaleza de la pretensión, su complejidad,
el monto del petitorio, la buena fe procesal de la parte vencida; entre otros;
consecuentemente, dicho extremo de la observación formulada no resulta atendible.
QUINTO: En tal contexto de lo actuado se tiene, que el accionante interpuso su
demanda con fecha 05 de julio del 2012; por lo que a la fecha han transcurrido
aproximadamente cuatro años; asimismo, del nuevo modelo procesal del trabajo se
tiene que impera el principio de oralidad en el que los abogados deben sustentar su
defensa técnica en audiencia y haciendo uso de las técnicas de litigación oral, con lo
que se concluye que la presentación de escritos en la mayoría de procesos son sólo para
la demanda y contestación de demanda. Por otro lado, de la sentencia emitida en autos
obrante de folios 59 a 66, que fuera declarada consentida, se verifica que el monto
ordenado cancelar a favor del demandante incluyendo los intereses legales aprobados
mediante resolución número treinta y seis (de folios 464) asciende a la suma de S/.
20,182.72 soles; de lo que se deduce que el monto solicitado por el demandante resulta
excesivo, teniendo en cuenta que el proceso se ha desarrollado de manera regular, sin
mayores incidencias, pues la sentencia y los intereses legales no han sido materia de
apelación; por lo que atendiendo a que los costos procesales son fijados por el juez en
virtud al principio de razonabilidad; y, como lo ha señalado el máximo intérprete de la
Constitución “el juzgador se guía por las reglas de la razonabilidad y la aceptabilidad,
elementos de valoración que secundan el concepto de equidad, el mismo que habilita al juzgador
a adoptar una decisión en concordancia de justicia con la dimensión del proceso incoado”, debe
regularse los costos procesales solicitados por la parte accionante. SEXTO: Asimismo,
respecto al monto propuesto por el actor, debe tomarse con reserva en la medida que
las partes pueden pactar libremente su monto en ejercicio de su derecho constitucional
a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el Juzgador quien las fija y/o regula; en
el caso concreto, considerando las incidencias del proceso, la misma que se ha
tramitado en dos instancias por impugnación de la resolución número veintisiete que
declaró procedente la acción persecutoria, que la demandada no apeló la sentencia ni la
liquidación de intereses legales, resulta razonable y equitativo regular los mismos en el importe de S/. 2,420.00 soles, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados del
Santa ascendente a la suma de S/. 121.00 soles. Por estas consideraciones, SE
RESUELVE:
1. DECLARAR FUNDADA EN PARTE la propuesta de observación a los costos
procesales formulada por la demandada PESQUERA DIAMANTE S.A.;
consecuentemente,
2. FIJAR los costos procesales en la suma de S/. 2,420.00 soles (DOS MIL
CUATROCIENTOS VEINTE SOLES) más el importe de S/. 121.00 soles (CIENTO
VEINTIÚN SOLES), destinados al Colegio de Abogados del Santa, conforme a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; del mismo
modo,
3. REQUIÉRASE a la demandada para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES
cumpla con abonar a favor del accionante la suma fijada, bajo apercibimiento de ley en
caso de incumplimiento. Notifíquese.- |
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Juez: EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 15/06/2015 15:34:15
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 01271-2012-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: LUNA CARRANZA JUEZ : EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
CARMEN GRACIELA
Fecha: 15/06/2015 21:11:52 ESPECIALISTA : LUNA CARRANZA CARMEN GRACIELA
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
FIRMA DIGITAL
DEMANDANTE : CESPEDES CRISANTO, SANTOS BENITO
RESOLUCIÓN Nro. VEINTITRÉS
Chimbote, diez de junio
del año dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito
presentado por el abogado de la parte demandante, y según su estado se procede
emitir la siguiente resolución: Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, Pesquera Diamante S.A mediante escrito de fecha 09 de abril del año
en curso, deduce la nulidad desde la resolución número once de fecha 26 de julio
del 20014 hasta la resolución número dieciocho de fecha 07 de noviembre del 2014,
alegando que de la revisión del proceso de advierte que desde la resolución número
11 de fecha 26 de julio del año 2014, en la que se corre traslado para absolver la
acción persecutoria y demás resoluciones han sido notificadas a un domicilio que no
le pertenece esto es en Av. Los Pescadores Mz. E Lote 1 Zona Industrial 27 de Octubre;
cuando el domicilio real de su representada es en el COMPLEJO PESQUERO S/N
SAMANCO-DISTRITO SAMANCO-ANCASH/SANTA/SANTA, manifestando que ha tomado
conocimiento del embargo retenido por el Banco de Crédito del Perú en sus cuentas
bancarias, y que existía una acción persecutoria supuestamente notificada a través
de la resolución número once; resolución 16; auto de declara procedente la acción
persecutoria resolución número diecisiete, que declara consentida la resolución
número dieciséis, ordenado que su representada pague la suma de abone a favor del
actor la suma de S/. 15, 955.80 nuevos soles, y por último la resolución número
dieciocho que ordena el embargo de las cuentas bancarias, sin embargo, dichos
actos procesales nunca le han sido notificados en su domicilio real correcto,
vulnerándose su derecho de defensa y el debido proceso.
SEGUNDO.- Que, el actor mediante el escrito que se da cuenta absuelve traslado de
la nulidad manifestando que la empresa pesquera demandante señala que ha sido
notificada en la Av. Los Pescadores Mz. E Lote 01 Zona Industrial de 27 de Octubre –
Chimbote, y agrega que es incorrecto ya que dicho domicilio es de la empresa
Fabrica de Conservas Islay S.A. donde se le ha emplazado con la demanda e indica
que su domicilio es en el COMPLEJO PESQUERO S/N SAMANCO DISTRITO DE SAMANCO.
TERCERO: Que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la Ley y que la
nulidad de los actuados puede declararse de oficio, conforme señala los artículos 171° y 176° del Código Procesal Civil aplicable en forma supletoria al procesal laboral y
el artículo 174° del mismo Código Procesal, en su parte in fine precisa que: Quien
formula nulidad tiene que acreditar estar perjudicado con el acto procesal viciado y,
en su caso, precisar la defensa que no pudo realizar como consecuencia directa del
acto procesal cuestionado. Asimismo, acreditara interés propio y específico con
relación a su pedido;
CUARTO: Que, se entiende por nulidad procesal aquel estado de anormalidad del
actor procesal, originado en la carencia de alguno de los elementos constitutivos, o en
vicios existentes sobre ellos, que potencialmente coloca en situación de ser declarado
judicialmente inválido. El principio de legalidad o especificidad de las nulidades,
implica que la nulidad es aquella sanción por la cual la ley priva a un acto procesal de
sus efectos normales;
QUINTO: Que, en autos a folios 102 a 104, obra el escrito de fecha 22 de julio del año
2014, donde el demandante SANTOS BENITO CESPEDES CRISANTO, solicita se aplique
carácter persecutorio sobre el bien inmueble embarcación pesquera “ESTHER 5,”
(ACTUALMENTE “CHIARA”) de propiedad de la empresa Pesquera DIAMANTE S.A. por
ser quien adquirió la propiedad de FABRICAS CONSERVAS ISLAY S.A, y cumpla con
pagar la suma de S/. 15, 955.80 nuevos soles, señalando que la empresa Pesquera
DIAMANTE S.A, tiene su domicilio real ubicado en Jr. TANGAY N° 268, Urbanización
Buenos Aires –Segunda Etapa-Distrito de Nuevo Chimbote, habiéndose procedido
mediante resolución número once, de folios 105, a correr traslado a pesquera
Diamante S.A en dicho domicilio, tal como se puede corroborar de las constancias de
notificación de folios 108 a 109.
SEXTO: Que, de la ficha Ruc, de PESQUERA DIAMANTE S.A, que obra en autos a folios
178 a 182, de advierte que el domicilio fiscal de dicha empresa es en CAL. AMADOR
MERINO REYNA, 307 SAN ISIDRO LIMA, y que en Chimbote entre otros tiene como su
domicilio en el COMPLEJO PESQUERO SAMANCO PESQUERO SAMANCO S/N km. 400
Panamericana Norte Cruce SAMANCO SAN JACINTO, y siendo que en el presente
proceso desde la emisión de la resolución número once de fecha veintitrés de julio del
año dos mil catorce, de folios 105, hacía adelante se ha notificado a la demandada
PESQUERA DIAMANTE S.A. en JR. TANGAY N°268 URB. BUENOS AIRES-ANCASH/SANTA
/NUEVO CHIMBOTE, domicilio que no le corresponde a la demandada y siendo que la
parte demandante, en su escrito de absolución de nulidad, que se da cuenta,
tampoco ha desvirtuado de modo alguno lo alegado por la nulidicente respecto a
que su domicilio de la demandada sea en el domicilio antes mencionado, en
consecuencia se tiene que la nulidad deducida por Pesquera Diamante S.A, debe ser
estimada.
Por estas consideraciones: SE RESUELVE: • DECLARAR FUNDADA la nulidad deducida por la Empresa Pesquera Diamante
S.A mediante escrito de fecha 09 de abril del año en curso. En consecuencia:
NULO todo lo actuado desde el emplazamiento de la RESOLUCIÓN NÚMERO
ONCE a la Empresa Pesquera Diamante S.A, de folios 105, hasta la
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTE, de fecha siete de abril del año dos mil quince,
que obra en autos a folios 158.
• En consecuencia: Se DISPONE LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE DEPÓSITO
JUDICIAL, N° 2015078103148 por la suma de S/. 15955.80 al representante legal
de Pesquera DIAMANTE S.A. dejándose constancia en autos. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 11/11/2014 08:20:16
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - Sede Central
EXPEDIENTE : 01271-2012-0-2501-JR-LA-02
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
Secretario: KELLY KATHERINE
BANCES TABOADA
Fecha: 11/11/2014 09:34:35 BENEFICIOS ECONOMICOS
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL JUEZ : EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
ESPECIALISTA: KELLY KATHERINE BANCES TABOADA
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
DEMANDANTE : CESPEDES CRISANTO, SANTOS BENITO
RESOLUCIÓN NUMERO: DIECISIETE.
Chimbote, diez de noviembre del
Año dos mil catorce.-
AUTOS y VISTOS: Dado cuenta con el escrito que antecede, presentado por
el abogado del demandante, y habiendo sido designada la suscrita con fecha tres de
noviembre como secretaria del Pool de los Juzgados de Paz Letrado de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo de esta sede judicial, y CONSIDERANDO: PRIMERO: Con fecha seis de octubre
del año dos mil catorce se ha expedido la resolución numero dieciséis que resuelve declarar
FUNDADA la aplicación del principio persecutorio; SEGUNDO: La parte demandante y
demandada han sido válidamente notificadas, (ver fjs. 128 y 131) habiendo transcurrido el
plazo de ley sin que hayan interpuesto recurso impugnatorio alguno contra dicha resolución;
TERCERO: De conformidad con el artículo 376° del Código Procesal Civil aplicable
supletoriamente al caso de autos el plazo para interponer recurso de apelación contra autos
resolutivos se interponen dentro del plazo de tres días, por lo que se advierte en el presente
caso, que éste ha vencido. Por estas consideraciones: SE RESUELVE: DECLÁRESE
CONSENTIDA la resolución numero DIECISEIS, en tal sentido, REQUIERASE a la Empresa
Pesquera DIAMANTE S.A.C. para que cumpla en el plazo de tres días con abonar a favor del
actor la suma de S/. 15,955.80, bajo apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento.
Interviniendo la secretaria que da cuenta por disposición superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 17/10/2014 15:26:41
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - Sede Central
EXPEDIENTE : 01271-2012-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: BEATRIZ JARAMILLO JUEZ : EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
AYALA
Fecha: 17/10/2014 17:23:51 ESPECIALISTA : BEATRIZ JARAMILLO AYALA
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
FIRMA DIGITAL
DEMANDANTE : CESPEDES CRISANTO, SANTOS BENITO
Resolución Nro. DIECISEIS
Chimbote, seis de octubre
Del dos mil catorce.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito que
antecede y de la revisión de los autos se advierte que se encuentra pendiente por
resolver la solicitud de carácter persecutorio de bienes; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: El demandante solicita se aplique el carácter persecutorio sobre los bienes
del negocio contra la empresa Pesquera Diamante S.A. alegando que esta empresa
ha adquirido mediante compra venta la embarcación ESTHER 5; por lo que será esta,
como nueva propietaria, cumpla con cancelar todos los beneficios sociales ordenados
en la sentencia. Asimismo, señala que pese a los reiterados requerimientos
efectuados por el órgano jurisdiccional la demandada no ha cumplido con poner a
disposición del juzgado los bienes con los que operaba las faenas de pesca, entre
otras razones.
SEGUNDO: Que., por resolución once se corre traslado a la empresa Pesquera
Diamante S.A.C. con el escrito de carácter persecutorio para que en el plazo de cinco
días cumpla con absolver lo conveniente, notificado con fecha quince de agosto del
año en curso según constancia de aviso; no habiendo hasta la fecha absuelto el
traslado.
TERCERO: El artículo 24° de la Constitución Política del Perú señala, en su segundo
párrafo, que: “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador
tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador”. Asimismo, el artículo 2
del Decreto Legislativo N°. 856 prescribe que: “Los Créditos Laborales a que se refiere
el artículo anterior tiene prioridad sobre cualquier otra obligación de la empresa o
empleador. Los bienes de éste se encuentran afectos al pago del íntegro de los
créditos laborales adeudados. Si estos no alcanzaren el pago se efectuará a prorrata.
El privilegio se extiende a quien sustituya total o parcialmente al empleador en el pago
directo de tales obligaciones; a su vez en el artículo 3 de la misma norma señala que
“La preferencia o prioridad citada en el artículo precedente se ejerce, con carácter
persecutorio de los bienes del negocio, sólo en las siguientes ocasiones:” a) Cuando el
empleador ha sido declarado insolvente, y como consecuencia de ello se ha procedido
a la disolución y liquidación de la empresa o su declaración judicial de quiebra. La
acción alcanza a las transferencias de activos fijos o de negocios efectuadas dentro de
los seis meses anteriores a la declaración de insolvencia del acreedor; b) En los casos de extinción de las relaciones laborales e incumplimiento de las obligaciones con los
trabajadores por simulación o fraude a la ley, es decir, cuando se compruebe que el
empleador injustificadamente disminuye o distorsiona la producción para originar el
cierre del centro de trabajo o transfiere activos fijos a terceros o los aporta para la
constitución de nuevas empresas, o cuando abandona el centro de trabajo.
Finalmente, el artículo 4° del mencionado Decreto Legislativo señala que: “La
preferencia o prioridad también se ejerce cuando en un proceso judicial el empleador
no ponga a disposición del juzgado bien o bienes libres suficientes para responder por
los créditos laborales adeudados materia de la demanda.”
CUARTO: De la revisión de los anexos presentados por la parte demandante se
verifica que la embarcación PESQUERA ESTHER 85 era de propiedad de la empresa
pesquera Fábrica de Conservas Islay S.A, .; siendo que a la actualidad es propiedad
de PESQUERA DIAMANTE S.A. conforme fluye de la Resolución Directoral N°. 271-
2006-PRODUCE/DGEPP. Por lo que en atención a lo expuesto resulta verdad que la
embarcación pesquera ESTHER 5 ha pertenecido a la demandada.
QUINTO: Al respecto, cabe señalar también que la Corte Suprema en la Casación N°.
2117-2003-LA LIBERTAD ha señalado que el juzgador para declarar la aplicación del
principio de persecutoriedad debe valorar los actos de desposesión sobre el bien y si
los mismos se enmarcan en cualquiera de los supuestos contenidos en el Decreto
Legislativo N°. 856.
SEXTO: En atención a lo expuesto se llega a determinar, primero, que la embarcación
pesquera ESTHER 5 ha sido transferida a la empresa Pesquera Diamante S.A.;
segundo, que la demandada no ha cumplido con el pago de los beneficios sociales a
favor del demandante pese a los constantes requerimientos efectuados en autos; y,
tercero, que no ha puesto a disposición de este juzgado bienes que hagan posible la
satisfacción y cumplimiento de lo ordenado por este órgano jurisdiccional; todo ello
permite concluir que la demandada se ha desprendido de los bienes con el ánimo de
no honrar sus deudas a favor del demandante y que han sido reconocidos
judicialmente a través del presente proceso habiendo adquirido, esta decisión, la
calidad de cosa juzgada; por lo que corresponde amparar la petición de principio
persecutorio; máxime si tenemos en cuenta que estos beneficios tiene el carácter
alimentario.
POR TALES CONSIDERACIONES y de conformidad con lo previsto en los
dispositivos legales anteriormente citados, SE RESUELVE:
(cid:1) DECLARAR fundada la aplicación del principio persecutorio del crédito laboral
del actor sobre la Embarcación Pesquera ESTHER 5 con matrícula CE11484-
PM, que fue de propiedad de la demandada y que en la actualidad es
propiedad de la Empresa Pesquera DIAMANTE S.A.; en consecuencia:
REQUIÉRASE a la Empresa Pesquera Diamante S.A.C. a fin de que en el
plazo de cinco días CUMPLA con cancelar a favor del demandante la suma de
S/. 15,955.80 (Quince mil novecientos cincuenta y cinco con 80/100 Nuevos
Soles); bajo apercibimiento de ejecución forzada. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE DEL SANTA
Juez: EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 22/10/2013 11:53:42
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - Sede Central
EXPEDIENTE : 01271-2012-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE DEL SANTA OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
Secretario: BEATRIZ JARAMILLO
AYALA ESPECIALISTA : BEATRIZ JARAMILLO AYALA
Fecha: 23/10/2013 07:50:17
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL DEMANDANTE : CESPEDES CRISANTO, SANTOS BENITO
Resolución Nro. NUEVE
Chimbote, veintiuno de octubre
Del dos mil trece.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con los autos y escrito del
demandante que anteceden; Y CONSIDERANDO: PRIMERO. Que, mediante resolución
número siete (sentencia) de fecha veintiséis de Setiembre del dos mil trece se declaró
fundada la demanda interpuesta; SEGUNDO.- Que, conforme es de advertirse de autos
las partes en conflicto no han interpuesto ningún recurso impugnativo contra la resolución
número siete que contiene la sentencia, pese a encontrarse debidamente notificadas. Por
estos fundamentos corresponde al estado del proceso declarar su consentimiento, y en
aplicación del artículo 123° inciso 2) del Código procesal Civil; SE RESUELVE:
DECLARESE CONSENTIDA la sentencia recaída en el presente proceso, Resolución
Número siete, su fecha veintiséis de setiembre del año dos mil trece, que declara fundada
la demanda interpuesta; la misma que adquiere la autoridad de cosa juzgada, en
consecuencia REQUIERASE a la demandada para que en el plazo de tres días cumpla
con cancelar la suma de S/.15,955.80 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO CON 80/100 NUEVOS SOLES), bajo apercibimiento de ejecución ley y
FORMECESE el cuaderno de multa y remítase a la oficina de Recaudación para el tramite
respectivo; Notifíquese |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 35° Juzgado de Trabajo Permanente Sub Especialidad Contencioso Administrativo de la
Corte Superior de Justicia de Lima
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
EXPEDIENTE : 01362-2012-0-1801-JR-LA-68
MATERIA : NULIDAD O INEFICACIA DE ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : LEON PILCO RORIC REY
ESPECIALISTA : CHOCANO SANCHEZ GLADYS VICTORIA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : TORRES SANCHEZ OSCAR ELIAS
S E N T E N C I A
RESOLUCIÓN Nº Veintiuno
Lima, veintinueve de abril
Del dos mil veintiuno.
VISTOS:
Resulta de autos que por escrito de fojas 19 a 27 y subsanado a fojas 35, OSCAR
ELIAS TORRES SANCHEZ, interpone demanda contenciosa administrativa contra la
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ.
DESARROLLO DEL PROCESO:
De la demanda:
Petitorio:
La parte demandante interpone la presente acción con la finalidad que:
1.- Se declare la nulidad del Oficio N° V.200-002379, de fecha 03 de junio de 2011,
que denegó su solicitud.
2.- Se ordene a la demandada que cumpla con pagar el reintegro de su Remuneración
Compensatoria por Tiempo de Servicios – CTS, más el pago de costas y costos.
Fundamentación Fáctica:
La parte demandante fundamenta su demanda señalando:
1. Que, mediante Resolución Directoral N° 1852-2008, MGP/DGP, de fecha 03 de
noviembre de 2008, se resolvió pasarlo a la situación de retiro a su solicitud,
situación en la que se encuentra hasta la fecha.
2. Por Resolución Jefatural N° RJ 846-2008 MGP/DEP, de fecha 11 de diciembre de
2008, expedida por el Jefe del Departamento de Expedientes y Pensiones, se le
otorgó por única vez, la Remuneración Compensatoria por Tiempo de Servicios, de
conformidad con el artículo 5°, inciso d) del Decreto Supremo N° 213-90-EF, de
fecha 19 de junio de 1990, por la suma ascendente a S/. 907.80 nuevos soles, por
haber pasado a la situación de retiro. Sin embargo, el cálculo de la liquidación por
Remuneración Compensatoria por Tiempo de Servicios, fue erróneo, puesto que se
han incumplido normas de obligatorio cumplimiento. 3. La liquidación contenida en la citada resolución considera los siguientes conceptos:
Remuneración Básica: S/. 0.04 nuevos soles + Remuneración Reunificada: S/. 30.22
nuevos soles = Remuneración Principal de S/. 30.26 nuevos soles, monto que,
multiplicado por los 30 años de servicios prestados, hacen un total de S/. 907.80
nuevos soles.
4. Dicha liquidación fue errónea, toda vez que, no se consideró lo dispuesto por el
Decreto de Urgencia N° 105-2001, así como sus normas complementarias, Decreto
Supremo N° 196-2001-EF, vigentes desde el 1 de setiembre de 2001.
5. Con fecha 23 de febrero de 2011 solicitó el pago de reintegro por concepto de la
remuneración compensatoria por tiempo de servicios – CTS, pero la demandada
mediante el Oficio N° V.200-002379, de fecha 03 de junio de 2011, dio respuesta a
su solicitud señalando que la Resolución Jefatural N° 846-2008 MGP/DEP ha
quedado firme por el transcurso del tiempo; asimismo, refiere que, conforme a lo
establecido en el artículo 4° del Decreto Supremo N° 196-2001-EF, toda retribución
que se otorgue en función a la remuneración básica, remuneración principal o
remuneración total permanente, deben continuar percibiéndose en los mismos
montos, sin reajustarse, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 847.
6. No encontrándose conforme con lo resuelto, con fecha 27 de junio de 2011,
interpuso recurso de reconsideración, sin embargo, la demandada no emitió
pronunciamiento, habiendo transcurrido en exceso el plazo establecido por la ley, ha
operado el silencio administrativo negativo, por lo que interpuso recurso de
apelación contra la Resolución Ficta Denegatoria, el 26 de agosto de 2011, el mismo
que tampoco fue resuelto, quedando agotada la vía administrativa.
Admisión de la demanda:
Mediante resolución número dos, de fecha 12 de octubre de 2012, de folios 36, se
admite a trámite la demanda en la vía especial y se corre traslado de ley.
De la contestación de la demanda:
Por escrito de fecha 21 de febrero de 2013 (Folios 43 a 49) la parte demandada
deduce la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y caducidad;
asimismo, contesta la demanda en los siguientes términos:
1. Señala que la parte demandante pasó a la situación de retiro por la causal de “a
su solicitud”, mediante la Resolución Directoral N° 1852-2008-MGP/DGP, de fecha
03 de noviembre de 2007, y que por Resolución Jefatural N° 846-2008-MGP/DEP,
de fecha 11 de diciembre de 2008, se le otorgó por única vez la suma de S/.
907.80 por equivalente a 30 remuneraciones principales de su grado vigente a la
fecha de su cambio de situación y en concordancia con sus 30 años de servicios
prestados al Estado en la Marina de Guerra del Perú.
2. La parte demandante ha debido señalar con total claridad y de manera concreta
en qué causal del artículo 10° de la Ley N° 27444, se encuentra amparada su
pretensión de nulidad de la resolución Ficta lo cual no se ha verificado en los
autos, ello implica una limitación del derecho de contradicción del demandado.
3. Por decreto de Urgencia N° 062-2009 “Dictan normas de carácter urgente que
determina la aplicación de la tercera disposición complementaria del Decreto
Supremo N° 213-90-EF y disposiciones conexas”, dispuso que la tercera
disposición complementaria del Decreto Supremo N° 213-90-EF y sus disposiciones
conexas, no resultan aplicables al personal militar y policial en actividad y
pensionistas del Régimen del Decreto Legislativo N° 19846, a partir de la entrada
en vigencia de la Ley N° 26553, Ley N° 25388, Decreto Legislativo. N° 25986, Ley
N° 26268, Ley N° 26404 y la Ley N° 26553 como Decreto Legislativo. 4. Conforme a la Teoría de los hechos cumplidos, las leyes se aplican de manera
inmediata a las situaciones existentes; por lo que en el presente caso lo normado
en el citado Decreto de Urgencia le alcanza al demandante.
5. Sostiene que se le abono al demandante su CTS de acuerdo al dispositivo legal
cuando se encontraba vigente a la fecha de su cese, por tanto, es infundada su
demanda.
Saneamiento Procesal
Por resolución número seis, de fecha 11 de abril de 2014 (folios 85-87), se declaró
infundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa; y por
resolución trece, del 27 de agosto de 2018 (folios 129-132) se declaró infundada la
excepción de caducidad, y, consecuentemente, se declaró saneado el proceso,
admitieron los medios probatorios de las partes y fijaron los puntos controvertidos
siguientes:
1) Determinar si corresponde ordenar que la entidad demandada cumpla con
reconocer el reintegro de la COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS) a
favor del demandante, en atención a lo previsto el Decreto Supremo Nro. 213-90-
EF, más intereses legales correspondientes.
Tramitados los autos de acuerdo a su naturaleza, la causa queda expedita para
sentenciar.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De la Tutela Jurisdiccional
La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud
del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales,
independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que
pueda, o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo, la tutela judicial
efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una
sentencia, resulte eficazmente cumplido1. En consecuencia, con la tutela judicial
efectiva no solo se persigue asegurar el acceso del justiciable a los diversos
mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento, sino también se busca garantizar
que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado.
SEGUNDO: Del Proceso Contencioso Administrativo:
a. De la finalidad. Conforme lo señala el artículo 148° de la Constitución Política del
Perú, “Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de
impugnación mediante la acción contencioso-administrativa”. El artículo primero
del Texto Único Ordenado de la Ley 27584, aprobado por Decreto Supremo Nº
011-2019-JUS, prevé: “La acción contencioso administrativo prevista por el
artículo 148° de la Constitución Política de Estado tiene por finalidad el control
jurídico de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e interés de los
administrados”.
b. De la carga de la prueba. Según lo señalado por el artículo 32° de la citada ley, la
carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su
pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una
sanción o medida correctivas, o cuando por razón de su función o especialidad la
1STC N° 00763-2005-AA, Fundamento 6. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00763-2005-AA.html entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los hechos, la
carga de probar corresponde a ésta.
c. Valoración de la prueba. En el proceso contencioso administrativo, todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las
valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión, tal como lo
prescribe el artículo 197° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente.
TERCERO: De la Nulidad del Acto Administrativo.
3.1. El artículo 9º de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444,
consagra de modo expreso la presunción de validez de los actos administrativos,
conforme al cual todo acto se considera válido en tanto que su nulidad no sea
expresamente declarada en sede administrativa mediante los mecanismos que la ley
establece o en sede judicial como resultado de los procesos judiciales tramitados con
ese propósito. En consecuencia, los particulares y los servidores públicos podrán
oponerse o negarse al cumplimiento de los mismos, sólo respecto de los actos
administrativos expresamente declarados nulos.
3.2. El artículo 10° de la normativa acotada señala las causales de nulidad del acto
administrativo, tales como: 1) La contravención a la Constitución, a las leyes o a las
normas reglamentarias; 2) El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de
validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que
se refiere el artículo 14°; 3) Los actos expresos o los que resulten como consecuencia
de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se
adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico, o
cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su
adquisición; 4) Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, o
que se dicten como consecuencia de la misma.
CUARTO: De la actuación administrativa
4.1. En el presente caso, el demandante solicitó el reintegro del pago de la
remuneración básica que se empleó como base de cálculo para el pago de su CTS
(folios 03), solicitud que fue atendida mediante Oficio V.200-002379, de fecha 03 de
junio de 2011 (folios 04), a través del cual se le comunica que la Resolución Jefatural
N° 846-2008 MGP/DEP, que resolvió otorgarle la remuneración compensatoria por
tiempo de servicios, había quedado firme al no haber sido impugnada en el plazo
establecido por la ley. No encontrándose conforme con lo resuelto, con fecha 27 de
junio de 2011, interpuso recurso de reconsideración (folios 05-08), sin embargo, la
demandada no emitió pronunciamiento, por lo que, con fecha 26 de agosto de 2011,
interpuso recurso de apelación contra la resolución denegatoria ficta, el mismo que
tampoco fue resuelto, quedando agotada la vía administrativa.
4.2. La parte demandante no se encuentra de acuerdo con lo resuelto por la
demandada, pues considera que tiene derecho al reintegro de su compensación por
tiempo de servicios, en la medida que no se ha considerado en su cálculo la
remuneración básica que asciende a S/. 50.00 soles. Por su parte, la demandada
sostiene que abono su CTS conforme a la norma vigente a la fecha de su pase al
retiro, por lo que la demanda deviene en infundada.
4.3. A fin de dilucidar la pretensión de las partes y resolver la presente controversia,
debe tenerse en cuenta lo siguiente. QUINTO: De la Compensación por Tiempo de Servicios
5.1. La compensación por tiempo de servicios es un beneficio social de carácter
económico que tiene por finalidad prever las contingencias que origina el cese laboral,
tanto para el trabajador como para su familiar. En efecto, el Tribunal Constitucional, en
el fundamento 22 de la STC N° 03052-2009-PA/TC ha señalado: “(…) la compensación
por tiempo de servicios tiene la calidad de beneficio social de previsión de las
contingencias que origina el cese en el trabajo y de promoción del trabajador y su
familia; lo que ha pretendido el legislador, es que este beneficio funcione como una
especie de ahorro forzoso que permite cubrir algunas eventualidades frente a la
pérdida de trabajo. En este sentido, la Corte Constitucional de Colombia, refiriéndose al
auxilio de cesantía, considera que éste es “un ahorro forzoso del trabajador, que el
empleador está obligado a cancelar a la terminación del vínculo laboral y que al
empleado le sirve para subvencionar sus necesidades mientras permanece
cesante” (Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Sala Plena. Sentencia C-310/07 del 3
de mayo de 2007. M.P. Nilson Pinilla Pinilla)”.
5.2. El artículo 1° del Decreto Ley N° 22404 establece que “El presente Decreto Ley
establece el Régimen de Remuneraciones que se aplica a todos los trabajadores de la
Administración Pública, con excepción de aquellos que tengan régimen propio por
mandato expreso de la Ley y los que se encuentran sujetos al régimen laboral de la
actividad privada”. Asimismo, el artículo 18° del referido Decreto Ley señala que: “La
Remuneración compensatoria por Tiempo de Servicios es aquella que se otorga al
personal empleado nombrado de la Administración Pública como indemnización al
cesar en sus funciones, en relación con el tiempo de servicios laborado en jornada
legal de trabajo, el que en ningún caso, excederá el equivalente a 30 años de
servicios.”
5.3. Respecto a la Compensación por Tiempo de Servicios - CTS de las fuerzas
armadas, estas tienen un régimen propio y se encuentra regulado en el literal d) del
artículo 5) del Decreto Supremo N° 213-90-EF, del 19 de julio de 1990, que dispone
que:
“Compensación por Tiempo de Servicios (1);
Se otorgará una sola vez al momento de pasar a la Situación de Retiro en un
monto resultante de multiplicar el número de años de servicios prestados o
fracción igual o mayor de seis meses, por el equivalente al 50% del monto de la
Remuneración Principal para el Personal con menos de 20 años de servicios; para
el Personal que tenga 20 años de servicios o más se multiplicará por el 100% del
monto de la Remuneración Principal. Sin exceder a 30 años de servicios”.
SEXTO: Análisis del caso concreto
6.1. En el presente caso, es de verse la Resolución Directoral N° 1852-2008-MGP/DGP
de fecha 03 de noviembre de 2008 (Folios 13), mediante la cual la demandada dispuso
pasar de la Situación de Retiro a su solicitud al Técnico 1 Enf. Oscar Elías Torres
Sánchez. Asimismo, por Resolución Directoral N° 2104-2008-MGP/DGP de fecha 12 de
diciembre de 2008 (Folios 66), se reconoció a favor del demandante 30 años, 10
meses y 2 días de servicios prestados al Estado y se le otorgó una pensión de retiro
renovable; y, por Resolución Jefatural N° 846-2008-MGP/DGP de fecha 11 de
diciembre de 2008 (Folios 14), se otorgó al demandante la Remuneración
Compensatoria por Tiempo de Servicios, ascendente a la suma de S/. 907.80 soles.
6.2. La parte demandante no está de acuerdo con el monto abonado por
compensación por tiempo de servicio, pues considera que la suma entregada es menor a la que le corresponde, ya que en el cálculo no se ha considerado el reajuste de la
remuneración básica que asciende a S/. 50.00 soles, conforme lo dispuesto en el
Decreto de Urgencia 105-2001. Por su parte, la demandada alega que cumplió con
efectuar el cálculo de compensación por tiempo de servicio de conformidad al Decreto
Supremo N° 213-90-EF.
6.3. En consecuencia, corresponde determinar si la parte demandante tiene derecho al
reintegro de la CTS, o en su defecto, verificar si el monto otorgado se encuentra con
arreglo a ley.
6.4. Del cálculo de la CTS prevista en el Decreto Supremo Nº 213-90-EF
6.4.1. El literal d) del artículo 5) del Decreto Supremo N° 213-90-EF, establece que: Se
otorgará una sola vez al momento de pasar a la Situación de Retiro en un monto
resultante de multiplicar el número de años de servicios prestados o fracción igual o
mayor de seis meses, por el equivalente al 50% del monto de la Remuneración
Principal para el Personal con menos de 20 años de servicios; para el Personal que
tenga 20 años de servicios o más se multiplicará por el 100% del monto de la
Remuneración Principal. Sin exceder a 30 años de servicios”.
6.4.2. Bajo el marco normativo citado, la CTS de la demandante se calcula en función
del tiempo de servicios efectivos prestados y su remuneración principal. El artículo 4°
Decreto Supremo N° 057-86-PCM, establece que la “remuneración principal” es la
compensación que percibe el trabajador y que se encuentra conformada por la
remuneración básica y la remuneración reunificada.
6.4.3. Ahora bien, de la Liquidación de la CTS contenida en la Resolución Jefatural N°
846-2008-MGP/DGP de fecha 11 de diciembre de 2008 (Folios 14), se advierte que la
demandada otorgó al demandante por dicho concepto la suma de S/. 907.80 nuevos
soles, cuyo cálculo se ha efectuado sobre la base de multiplicar la remuneración
principal que ascendería a S/. 30.26 soles por los 30 años de servicios del
demandante; sin embargo, dicha liquidación no ha considerado la remuneración básica
(S/. 50.00) que percibía el demandante al momento de su cese, sino un monto inferior.
En efecto, de la misma Resolución Jefatural N° 846-2008-MGP/DGP, se desprende que
la demandada calculó la remuneración principal del demandante sobre la base sumar
el monto de S/. 0.04 por concepto de remuneración básica y S/. 30.22 por
remuneración reunificada.
6.4.4. Entonces, la demandada para efecto del cálculo de la remuneración principal no
ha considerado el reajuste de la remuneración básica, dispuesto por el artículo 12 y 2
del Decreto de Urgencia N° 105-2001, que establece en la suma de S/ 50.00, monto
que venía percibiendo el demandante antes de su cese, conforme aparece de su boleta
de pago, de folios 72, monto que sirve de base para el cálculo de la remuneración
principal, conforme al control de legalidad efectuado por la Corte Suprema en la
Casación 6670-2009-Cusco, que señaló lo siguiente:
“El Decreto de Urgencia N° 105-2001 fijo a partir del uno de setiembre de dos mil
uno, la remuneración básica en cincuenta nuevos soles (S/. 50.00 Nuevos Soles)
para los servidores públicos en él detallados, dentro de los cuales se encuentran los
2 Fíjase, a partir del 1 de setiembre del año 2001, en CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) la
Remuneración Básica de los siguientes servidores públicos:
a) (…) miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional desde el grado de Capitán hasta el último grado del
personal subalterno o sus equivalentes. profesores que se desempeñan en el área de la docencia y docentes de la Ley N°
24029 – Ley del Profesorado, con la dación de su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 196-2001-EF, específicamente el artículo 4° (…) preciso la
aplicación del artículo 2° del Decreto de Urgencia N° 105-2001, variando lo que
este Decreto de Urgencia disponía, que el incremento (los S/. 50.00) reajustaba
automáticamente en el mismo monto, la remuneración principal a la que se refiere
el Decreto Supremo N° 057-86-PCM (artículo 4: “La Remuneración Principal es la
compensación que percibe el trabajador y que resulta de adicionar la
Remuneración Básica y la Remuneración Reunificada”) contrariando el texto
expreso de la ley y el principio de jerarquía de las normas que implica el
sometimiento de los poderes públicos a la Constitución y al resto de las normas
jurídicas”
6.4.5. En tal sentido, en mérito al razonamiento esgrimido en la resolución casatoria
citada, el incremento de la remuneración básica previsto en el artículo 1° del Decreto de
Urgencia N° 105-2001 tiene incidencia en la remuneración principal, por lo que, su
cálculo debe efectuarse considerando el reajuste de la remuneración básica. Siendo ello
así, la remuneración básica del demandante asciende a la suma de S/ 50.00, conforme
aparece de su boleta de pago, y lo dispuesto en el Decreto de Urgencia mencionado,
que sumado a la suma de S/. 30.22 por concepto de remuneración reunificada, resulta
S/. 80.22 nuevos soles, por concepto de remuneración principal, conforme a lo
dispuesto en el artículo 4° Decreto Supremo N° 057-86-PCM, y no la suma de S/. 30.26
soles, que aparece en la liquidación contenida en Resolución Jefatural N° 846-2008-
MGP/DGP.
6.4.6. En tal entendido, el cálculo de la CTS del demandante, efectuado por la
demandada, no se encuentra con arreglo a ley, en la medida que se ha otorgado sobre
la base de un cálculo errado de la remuneración principal, toda vez que ésta en
realidad asciende a la suma de S/. 80.22 soles, conforme a lo señalado
precedentemente, monto que multiplicado por los 30 años de servicios del
demandante, resulta la suma de S/. 2, 406.60 soles, por concepto de compensación
por tiempo de servicios, y no el monto otorgado. En ese sentido, la demandada al
haber otorgado a la parte demandante un monto menor al señalado, ha incurrido en
vulneración del principio de legalidad, por lo que, el demandante tiene derecho al
reintegro solicitado, el cual asciende a la suma de S/. 1 498.80 soles, descontando el
monto recibido, razón por la cual debe estimarse en parte este extremo de la
demanda.
6.5. De los intereses legales
6.5.1. Habiéndose estimado en parte la pretensión principal, corresponde amparar la
pretensión accesoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 87° del Código Procesal
Civil, aplicable de modo supletorio al caso de autos. En ese sentido, los artículos 1°3 y
3°4 del Decreto Ley N 25920, disponen que el interés legal laboral, sin capitalización, se
genera desde el incumplimiento de la obligación hasta el día de su pago efectivo, sin
necesidad de que el trabajador afectado exija, judicial o extrajudicialmente su pago;
3 "Artículo 1.- A partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de
carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es
capitalizable."
4 “El artículo 3º.- El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de
aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún
daño.” consecuentemente, al haberse reconocido el derecho a un reintegro a la parte
demandante, corresponde que la entidad demandada le abone los intereses legales
correspondientes.
6.7. Siendo ello así, el acto administrativo cuestionado que desestima el reintegro
solicitado, se encuentra incurso en la causal de nulidad, prevista en el inciso 1) del
artículo 10° de la Ley N° 27444; razón por la cual debe estimarse en parte la demanda.
SETIMO: Pagos de costas y costos:
7.1. Estando las partes exoneradas de la condena de los costos y costas, conforme a lo
previsto en el artículo 49° del TUO de la ley 27584, no procede ordenar el pago de
costas y costos.
DECISIÓN:
Por lo expuesto precedentemente, el señor Juez del 35° Juzgado de Trabajo
Permanente en la Sub Especialidad Contencioso Administrativo Laboral, impartiendo
Justicia en Nombre de la Nación, falla:
1. Declarar FUNDADA en parte la demanda, interpuesta por OSCAR ELIAS
TORRES SANCHEZ contra la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ; en
consecuencia, NULO el Oficio N° V.200-002379, de fecha 03 de junio de 2011; sin
costas ni costos del proceso.
2. ORDENO a la MARINA DE GUERRA DEL PERÚ que, dentro del plazo de treinta
días, cumpla con disponer el pago del reintegro de la compensación por tiempo de
servicios a favor de la demandante, en la suma S/. 1 498.80 soles (Mil
Cuatrocientos Noventa y Ocho con 80/100 soles), más intereses legales
correspondientes. Notifíquese |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia del Callao
Segunda Sala Civil
“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
Expediente N° : 01383-2012-0-701-JR-LA-03
Demandante : CUETO CASTILLO MARJORIE OFELIA
Demandado : INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP
Materia : DECLARACIÓN DE RELACION LABORAL Y BENEFICIOS SOCIALES
Ponente : Teresa Soto Gordon
Vista : 09 de enero de 2019
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIDÓS
Callao, dieciocho de enero
de dos mil diecinueve.-
I. ASUNTO
Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y por la parte demandada contra la sentencia contenida en la
resolución número quince, de fecha 25 de setiembre de 2017, de folios 706/730,
que resuelve declarar FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por MARJORIE
OFELIA CUETO CASTILLO contra INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP,
sobre Incumplimiento de Disposición y Normas Laborales; en consecuencia,
ORDENO que la demandada pague al actor la suma de S/. 60,654.41 (SESENTA MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 41/100 NUEVOS SOLES); derivados de los
siguientes conceptos: Compensación por Tiempo de Servicios la suma de S/.
13,281.01 Nuevos Soles, Gratificaciones la suma de S/. 23,233.33 Nuevos Soles,
Vacaciones la suma de S/.24,140.00 Nuevos Soles, y Certificado de Trabajo, más
intereses financieros por concepto de C.T.S. e intereses legales por los demás
conceptos. Sin costas ni costos por ser la demandada ente integrante de la
Administración Pública; e INFUNDADA la demanda respecto al pago de Reintegro
de Remuneraciones.
II. ANTECEDENTES
Demanda
Mediante escrito (folios 356/402) presentado con fecha 13 de junio de 2012, doña
Marjorie Ofelia Cueto Castillo interpone demanda contra el INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP, a efectos que se disponga el pago de
beneficios económicos por la suma de S/.342,563.11, consistentes en reintegro de
remuneraciones (S/.199,250.80), Gratificaciones (S/.55,714.00), Vacaciones
(S/.57,500.00), compensación por tiempo de servicios (S/.30,098.31), así como el
pago de intereses legales, costas y costos del proceso.
Señala como fundamentos que ingreso a trabajar para el Instituto Tecnológico
Pesquero desde el 01 de febrero de 2001 hasta el 30 de junio de 2008,
desempeñándose como Asistente Profesional en Análisis Microbiológico (Analista)
de la División de Laboratorios de la Dirección de Desarrollo Industrial y Servicios,
realizando las funciones específicas previstas en el Manual de Organización y
Funciones (MOF) del I.T.P..
Indica también haber suscrito sendos contratos de servicios no personales,
realizando las mismas funciones en forma permanente e ininterrumpida desde su
fecha de ingreso hasta su fecha de cese, siendo sometida a subordinación, sujeta
a horario de trabajo, por lo que los derechos que reclama se sustentan en la
aplicación del principio de primacía de la realidad.
Contestación de Demanda
Mediante escrito de fecha 30 de julio de 2012 (folios 407/418), la demandada
interpuso las excepciones de prescripción, oscuridad y ambigüedad en el modo
de proponer la demanda e incompetencia por razón de la materia, así mismo
contesta la demanda señalando como fundamentos de su contestación que:
La actora brindó sus servicios profesionales de apoyo en la División de Laboratorios
de la Dirección de Desarrollo Industrial y Servicios de manera individual y
autónoma para su representada, sin que en dicha prestación de servicios medie
dependencia o subordinación, como está acreditado con las órdenes de servicios
e informes de actividades acompañados por la propia demandante.
Añade que sólo se puede ingresar a laborar a una entidad del Estado siempre y
cuando exista una vacante de acuerdo a sus normas organizativas internas CAP,
MOF y un concurso público para cubrir la misma, situación que no fue el caso de
la actora.
Audiencia Única:
Se lleva a cabo el 11 de julio de 2013 (folios 420/422), resolviéndose las
excepciones declarándose infundadas las mismas a través de la resolución
número tres, así como saneado el proceso y la existencia de una relación válida
entre las partes, se fijaron los puntos controvertidos y se actuaron los medios
probatorios. La demandada apeló la resolución número tres.
Auto de Vista de la Sala Laboral Transitoria:
Mediante Auto de Vista de fecha 17 de julio de 2014 (folios 479/483), la Sala
Laboral Transitoria resolvió confirmar la resolución número tres en el extremo que
declara infundadas las excepciones de incompetencia y de prescripción, y revoca el extremo que declara infundada la excepción de oscuridad o
ambigüedad en el modo de proponer la demanda y reformándola la declara
improcedente.
Sentencia:
Mediante resolución número quince, de fecha 28 de setiembre de 2017, de folios
706/730, la Juez resuelve declarar FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta, la
misma que es apelada por las partes.
Apelación de la parte demandante:
Mediante escrito de fecha 09 de noviembre de 2017 (folios 434/437), la
demandante impugna la sentencia en el extremo que declara infundada la
pretensión de reintegro de remuneraciones así como el monto ordenado a pagar
solicitando que sea revocada la misma, señalando como agravios en concreto lo
siguiente:
1. Se atenta contra el Principio de Congruencia porque en la sentencia se
reconoce expresamente que la suscrita laboró como Profesional Asistente
en Análisis Microbiológico (analista); sin embargo deniega el derecho a
que se le reintegre las remuneraciones que precisamente corresponde al
Profesional Asistente en Análisis Microbiológico (analista), sin más
argumento que su propio criterio al señalar que: “(…) tal calificación solamente la
ostenta el personal que se halla incorporado válidamente en el cuadro de asignación de
personal y que desempeña los cargos estructurados y determinados por ella (…)”.
2. El Despacho no ha tenido en consideración que el sustento de todas sus
pretensiones se basa precisamente en la aplicación del Principio de
Primacía de la Realidad, ya que en la realidad ejerció funciones del cargo
de Profesional Asistente en Análisis Microbiológico (analista), reconocido
por el Despacho en el literal f) del fundamento sexto de la sentencia, sin
embargo no se le abonó la remuneración que corresponde a dicho cargo,
el mismo que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del
ITP es la suma de S/.3,750.00 mensuales.
3. A partir de la improcedencia del reintegro de sus remuneraciones el
Despacho efectúa la liquidación de los demás beneficios sociales por lo
que solicita su reintegro teniéndose en cuenta la remuneración de
S/.3,750.00 mensuales que le corresponde, ya que está fehacientemente
acreditado que ejerció las funciones del cargo Profesional de Asistente en
Análisis Microbiológico (analista).
Apelación de la parte demandada:
Mediante escrito de fecha 09 de noviembre de 2017 (folios 739/754), la
demandada impugna la sentencia señalando como agravios, en concreto lo
siguiente: 1. La sentencia desconoce lo dispuesto en los artículos 1760, 1764, 1765 y 1766
del Código Civil en los cuales se norma el contrato de locación de servicios.
La sentencia determina que no se ha demostrado la autonomía de las
prestaciones de la demandante ni tampoco la cancelación de sus
beneficios sociales aplicando el principio de laboralidad, cuando los
medios probatorios mencionados en el considerando que se analiza la
naturaleza de las prestaciones bajo locación de servicios son básicamente
los contratos de prestación de servicios, los recibos por honorarios, los
informes de labores y de conformidad los cuales muy por el contrario a lo
pensado por el Juez éstos evidencian que las actividades realizadas eran
de naturaleza civil y no laboral, así mismo no se ha presentado
documentación alguna que permita establecer el elemento de la
subordinación, por ello lo expuesto en la sentencia es errado, ya que se ha
demostrado que la vinculación contractual fue de naturaleza civil.
2. La sentencia ampara una relación laboral desconociendo el Régimen
Laboral de la Contratación Administrativa de Servicios – CAS, establecido
en el Decreto Legislativo N° 1057; incurriendo en errores in judicando al
realizar una valoración errónea de los medios probatorios e inaplicar lo
dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria del mencionado
decreto legislativo.
Ha operado la voluntad de las partes, existiendo una apreciación errónea
por parte del Juzgados, ya que para este, en base al principio de
irrenunciabilidad de los derechos laborales, sería imposible jurídicamente
que el demandante a través de la firma de los contratos CAS haya podido
generar un vínculo contractual independiente del periodo previo de
locación de servicios supuestamente desnaturalizado.
3. La sentencia evidencia una motivación aparente en torno a los
fundamentos expuestos que amparan la demanda, incurriendo en un error
in procedendo, vulnerándose su derecho al debido proceso y a la
motivación de sentencias judiciales previstos en el artículo 139° de la
Constitución Política del Estado.
Respecto al caso concreto, se ha acreditado la contratación por parte del
ITP con el demandante bajo la modalidad órdenes de servicios y
Contratación Administrativas de Servicios, existiendo una valoración
probatoria ya que el vínculo contractual se inició como consecuencia de lo
dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 1057, la cual permitía la novación de contractual entre las
partes, existiendo también una omisión al referirse a la aplicación normativa
de dicho apartado legal. La resolución incurre en un vicio denominado motivación aparente, pues al
analizarse los elementos de juicio no se evidencia que hay fundamento
alguno en lo expresado y decidido.
III. FUNDAMENTOS
PRIMERO: La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el
poder judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la constitución y a
las leyes Conforme el artículo 138º de la Constitución Política del Perú.
SEGUNDO: El artículo 364º del Código Procesal Civil, establece que el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio,
con el propósito de que la anule o revoque, total o parcialmente.
TERCERO: El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada total o
parcialmente. Por consiguiente, de acuerdo a los principios procesales, el
contenido del recurso de apelación establece la competencia de la función
jurisdiccional del juez superior, toda vez que aquello que se denuncie como
agravio comportará la materia que el impugnante desea que el ad quem revise,
estando entonces conforme con los demás puntos o extremos que contenga la
resolución impugnada, en caso de existir, principio este expresado en el aforismo
tantum apelatum quantum devollutum (Cas. N° 3518-2002 LIMA, 06/05/2003).
Medio impugnatorio que rige conforme lo dispuesto en el artículo 370 del Código
Procesal Civil, aplicable supletoriamente.
Absolviendo los agravios de la apelación formulada por la parte demandante.-
CUARTO: Dado cuenta al primer agravio, debemos señalar que el principio de
congruencia constituye un postulado de lógica formal que debe imperar en todo
orden de razonamiento, toda vez que el juez debe decidir según las pretensiones
deducidas en el juicio y en armonía con la relación jurídica procesal establecida,
sin alterar ni modificar los aspectos esenciales de la materia controvertida, en esto
se sustenta la garantía constitucional de este fundamento que impide al juez fallar
sobre puntos que no han sido objeto del litigio, tanto más si la litis fija los límites y los
poderes del juez; por ende, en virtud de dicho principio, las resoluciones judiciales
deben expedirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones
formuladas por las partes.
La demandante sostiene que al denegarse el reintegro de remuneraciones que
pretende, se ha afectado el principio de congruencia, pues refiere que aun
cuando ha laborado como Profesional Asistente en Análisis Microbiológico
(analista) la Juzgadora considera que dicha calificación solamente la ostenta el
personal que se halla incorporado válidamente en el cuadro de asignación de
personal y que desempeña los cargos estructurados y determinados por ella. Al respecto, debemos precisar que el derecho de las partes a obtener una
resolución motivada no exige del juez una determinada extensión de la
motivación, siendo que su contenido se respeta siempre que exista
fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí
misma, la resolución exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada,
aún si ésta fuera breve o concisa [STC No.1230-2002-HC/TC, STC No.04228-2005-
HC/TC].
En tal sentido, se advierte que la Juez de la causa en el sexto considerando de su
sentencia ha expuesto en forma ordenada y coherente su análisis, habiendo
valorado las pruebas incorporadas en el proceso de manera conjunta aplicando
su apreciación razonada, la fundamentación jurídica y las razones por las que
considera que no le corresponde a la actora el pago de reintegro de
remuneraciones, tal como se aprecia del literal g) del punto 6.1 del Sexto en
donde señala que: “(…) las actividades realizadas por la actora no coinciden con las funciones
específicas del Profesional Asistente en Análisis Microbiológica descritas en el MOF, pues según el
MOF son funciones del supervisión, no habiendo la actora acreditado realizar las funciones
especificadas en el MOF punto 10.7.5.4 ni haber sido contratada en el citado cargo (…)”; por lo
tanto, no se advierte afectación al Principio de Congruencia ni transgresión
alguna al deber de motivación exigido por el artículo 139.5 de la Constitución
Política del Estado, debiendo desestimarse este agravio.
QUINTO: Respecto al segundo y tercer agravio de la demandante, en los que se
indica que por el Principio de Primacía de la Realidad se demuestra que en
realidad ejerció funciones del cargo de Profesional Asistente en Análisis
Microbiológico (analista), y que por tanto le correspondía la suma mensual de
S/.3,750.00 de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) del ITP y que
en función de dicho monto le corresponde un reintegro de remuneraciones;
debemos señalar en principio que la Primacía de la realidad constituye: “(…) un
elemento implícito de nuestro ordenamiento y concretamente impuesto por la propia naturaleza
tuitiva de la Constitución política del Estado de mil novecientos noventa y tres, que ha visto el
trabajo como un deber y un derecho base del bienestar social y medio de la realización de la
persona (artículo 22°); y además como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 23°)
delimita que el juez en caso de la discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de
documentos o de acuerdos, debe darle preferencia a lo primero, esto es, a lo que ocurre en el
terreno de los hechos o de la realidad, pues el contrato de trabajo constituye un contrato realidad,
esto se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el servicio con
prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a dicha relación” (Casación N° 476-
2005, 05 de enero de 2007).
En el presente caso, la demandante no ha demostrado ni acreditado haber
desarrollado las funciones que se establecen en el MOF respecto al cargo de
Asistente en Análisis Microbiológico, por cuanto no ha señalado en su demanda ni
acompaña prueba alguna que nos haga advertir que dentro de sus labores
asignadas haya tenido las de supervisión, por lo que estos agravios devienen en no
amparables. Absolviendo los agravios de la apelación formulada contra la sentencia.-
SEXTO: Dando cuenta al primer agravio, en el que se indica que la Juzgadora
desconoce lo dispuesto en los artículos 1760, 1764, 1765 y 1766 del Código Civil en
los cuales se norma el contrato de locación de servicios y de que no se ha
probado la existencia del elemento subordinación no generándose vínculo laboral
alguno.
Al respecto, es necesario señalar que cada vez es más frecuente que a la relación
de trabajo se la disfrace con una relación de carácter civil o comercial o con otra
figura distinta para sustraer al trabajador el ámbito de aplicación de las normas
laborales; razón por la cual para calificar si una relación jurídica es de naturaleza
laboral y por ende si está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho
de Trabajo, el Juez de tener en consideración las instituciones y normas del
Derecho de Trabajo.
SÉPTIMO: Debe tenerse en cuenta, también, que las instituciones y normas del
Derecho del Trabajo están sujetas a principios informadores, uno de ellos es el
principio de la primacía de la realidad, el cual permite determinar si una relación
jurídica es de naturaleza laboral o no, pues conforme a dicho principio, resulta
indiferente la calificación que las partes atribuyan a una relación jurídica, así
como los documentos, pues lo que va a primar son los actos realizados en la
ejecución del contrato, y no los documentos ni la denominación que se le haya
dado.
OCTAVO.- En el caso concreto el conflicto intersubjetivo radica en la naturaleza
de la relación jurídica que vinculó a las partes, pues por una parte, el demandante
señala que prestó para la demandada una relación de naturaleza laboral; a
diferencia de la demandada que sostiene que la relación fue de carácter civil, sin
subordinación; por lo cual corresponde acudir el principio de la primacía de la
realidad a efecto de determinar si entre las partes hubo o no un contrato de
trabajo.
NOVENO.- En tal orientación resulta pertinente conocer el contenido del contrato
y los actos realizados en ejecución del mismo; pues bien; a folios 12/85 obran los
contratos denominados “Locación de Servicios” así como sus adendas; siendo que
del contenido de los contratos de “Locación de Servicios” (folios 12/13) se aprecia
los servicios prestados por la demandante y el pago recibido por los mismos, los
que correspondieron inicialmente a la suma de S/. 1,000.00 por cada mes como
contraprestación de servicios prestados, posteriormente a las sumas de S/.1,400.00
y finalmente al importe de S/.1,800.00 mensuales. DÉCIMO.- Así tenemos del primer contrato de locación de servicios suscrito el 31 de
enero de 2001 (folios 12/13), que en sus cláusulas primera, cuarta, quinta y sexta se
indicó lo siguiente:
“PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRRAAAA:::: OOOOBBBBJJJJEEEETTTTOOOO....---- (…), el ITP contrata los servicios que brinda EL LOCADOR para
que realice aaaaccccttttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeeessss ddddeeee iiiinnnnvvvveeeessssttttiiiiggggaaaacccciiiióóóónnnn eeeennnn eeeellll LLLLaaaabbbboooorrrraaaattttoooorrrriiiioooo FFFFííííssssiiiiccccoooo –––– QQQQuuuuíííímmmmiiiiccccoooo ddddeeeellll IIIITTTTPPPP,
asimismo implemente metodologías de análisis sensorial y cumpla actividades de
aaaannnnáááálllliiiissssiiiissss ddddeeee llllaaaabbbboooorrrraaaattttoooorrrriiiioooo, para lo cual ddddeeeebbbbeeeerrrráááá ccccoooonnnnccccuuuurrrrrrrriiiirrrr aaaa lllloooossss llllaaaabbbboooorrrraaaattttoooorrrriiiioooossss ddddeeee llllaaaa
DDDDiiiirrrreeeecccccccciiiióóóónnnn ddddeeee IIIInnnnvvvveeeessssttttiiiiggggaaaacccciiiióóóónnnn yyyy DDDDeeeessssaaaarrrrrrrroooolllllllloooo ddddeeeellll IIIITTTTPPPP yyyy ccccoooooooorrrrddddiiiinnnnaaaarrrr ssssuuuussss sssseeeerrrrvvvviiiicccciiiioooossss ccccoooonnnn eeeellll
DDDDiiiirrrreeeeccccttttoooorrrr ddddeeee ddddiiiicccchhhhoooo óóóórrrrggggaaaannnnoooo”
(…)
CCCCUUUUAAAARRRRTTTTAAAA:::: RRRREEEETTTTRRRRIIIIBBBBUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN:::: Los servicios de EL LOCADOR a que se refieren las
cláusulas anteriores serán rrrreeeettttrrrriiiibbbbuuuuiiiiddddoooossss ccccoooonnnn llllaaaa ssssuuuummmmaaaa ddddeeee SSSS////.... 1111,,,,000000000000....00000000 ((((UUUUnnnn MMMMiiiillll yyyy 00000000////111100000000
NNNNuuuueeeevvvvoooossss SSSSoooolllleeeessss)))) mmmmeeeennnnssssuuuuaaaalllleeeessss, (…). Para proceder al pago de sus honorarios ddddeeeebbbbeeeerrrráááá
pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaarrrr uuuunnnn iiiinnnnffffoooorrrrmmmmeeee mmmmeeeennnnssssuuuuaaaallll ssssoooobbbbrrrreeee eeeellll aaaavvvvaaaannnncccceeee ddddeeee lllloooossss sssseeeerrrrvvvviiiicccciiiioooossss materia del presente
contrato.
(…)
QQQQUUUUIIIINNNNTTTTAAAA:::: GGGGAAAASSSSTTTTOOOOSSSS....---- En ccccaaaassssoooo eeeellll IIIITTTTPPPP rrrreeeeqqqquuuuiiiieeeerrrraaaa lllloooossss sssseeeerrrrvvvviiiicccciiiioooossss ddddeeee EEEELLLL LLLLOOOOCCCCAAAADDDDOOOORRRR ffffuuuueeeerrrraaaa ddddeeee
LLLLiiiimmmmaaaa MMMMeeeettttrrrrooooppppoooolllliiiittttaaaannnnaaaa,,,, lllloooossss ggggaaaassssttttoooossss ddddeeee mmmmoooovvvviiiilllliiiiddddaaaadddd,,,, aaaalllloooojjjjaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo yyyy aaaalllliiiimmmmeeeennnnttttaaaacccciiiióóóónnnn sssseeeerrrráááá
ssssuuuuffffrrrraaaaggggaaaaddddoooossss ppppoooorrrr eeeellll IIIITTTTPPPP, debiendo EL LOCADOR rrrreeeennnnddddiiiirrrr ccccuuuueeeennnnttttaaaa ddddeeeellll ggggaaaassssttttoooo ccccoooonnnnffffoooorrrrmmmmeeee aaaa llllaaaassss
ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiioooonnnneeeessss iiiinnnntttteeeerrrrnnnnaaaassss ddddeeeellll IIIITTTTPPPP.
SSSSEEEEXXXXTTTTAAAA:::: RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEELLLL CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAATTTTOOOO....---- El incumplimiento de las obligaciones de las
partes será causal de resolución del contrato. Igualmente las partes acuerdan
resolver el contrato antes del plazo fijado para su vencimiento y sin expresión de
causa, cursando para ello un pre aviso con ocho (8) días calendario a la otra
parte.”
((((NNNNeeeeggggrrrriiiittttaaaassss yyyy ssssuuuubbbbrrrraaaayyyyaaaaddddoooo nnnnuuuueeeessssttttrrrroooo))))
DÉCIMO PRIMERO.- A su vez, a folio 205 obra el Memorándum N° 308-2002-ITP/DI de
fecha 26 de agosto de 2002, que tiene por “ASUNTO: Designación del Comité de
Acciones Correctivas para Auditoría Interna LABS-ITP”, en el cual la Ing. María
Estela – Directora de Investigaciones del Instituto Tecnológico Pesquero comunica
a la demandante junto a la Ing. Maritza Barriga S. y la Lic. Carmen Fernández T.
que: “(…) han sido designadas para conformar el Comité de Acciones
Correctivas para la Auditoría Interna LABS – ITP 2002”.
A folios 207 obra el Memorándum N° 353-2002-ITP/DI de fecha 17 de setiembre de
2002, que tiene por “ASUNTO: Participación de la Ing. Marjorie Cueto en el Congreso
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Agro Industrial (CONEIA)”, en el cual la Ing.
María Estela – Directora de Investigaciones del Instituto Tecnológico Pesquero se
dirige al Ing. Juan Neira G – Dirección General Técnica para informarle que: “(…)
se confirma que para la participación de la Ing. Marjorie Cueto Castillo (…) en el
Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Agroindustrial, la Universidad
Nacional de Trujillo solventará los pasajes, de hospedaje y alimentación de la
mencionada profesional.” Para posteriormente señalar que: “En tal sentido, la Ing.
M. Cueto estará participando en dicho Congreso, lo que informo a Ud. para
consideración de su asistencia los días del 25 al 27 de setiembre.””. Del mismo modo, a folios 302, obra el Memorándum N° 099-2007-ITP/DPS-LABS de
fecha 07 de mayo de 2007, que tiene por “ASUNTO: Compensación de Horas por
Curso de Capacitación”, en el cual la Ing. María Estela Ayala – Jefa de
Laboratorio (e) del Instituto Tecnológico Pesquero se dirige al Econ. Alberto Pezo
de la Oficina de Administración indicándole que: “(…) la Ing. Marjorie Cueto
Castillo, del Laboratorio de Microbiología está siguiendo un curso de capacitación a
partir de las 19:00 horas los días Lunes, Miércoles y Viernes, motivo por el cual
solicito disponer su salida en el horario habitual de 17:45, los días 07, 09,
11, 14 y 16 de Mayo. Las horas dejadas de laborar serán compensadas
posteriormente según necesidades del servicio”.
Así mismo, a folios 303 se encuentra la Resolución Ejecutiva N° 042-2007-ITP/DE, de
fecha 27 de julio de 2007, en la que se resuelve en su artículo 1° “Autorizar, el
viaje de la Señorita MARJORIE OFELIA CUETO CASTILLO profesional
Ingeniera en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Pesquero del
Perú – ITP, a la ciudad de Beijin. República Popular de China, desde el 02 de
agosto al 20 de septiembre del 2007, con la finalidad que asista al Curso (…) que
auspicia el Ministerio de Comercio de la República Popular de China-MOFCOM. (…)”
De otro lado, la demandada emitió la Resolución Ejecutiva N° 042-2007-ITP/DE, de
fecha 27 de julio de 2007, en la que se resuelve en su artículo 1° “Autorizar, el viaje
de la Señorita MARJORIE OFELIA CUETO CASTILLO profesional Ingeniera en
Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú – ITP, a
la ciudad de Beijin. República Popular de China, desde el 02 de agosto al 20 de
septiembre del 2007, con la finalidad que asista al Curso (…) que auspicia el
Ministerio de Comercio de la República Popular de China-MOFCOM. (…)”
Y, a folios 304 se encuentra el Memorándum N° 053-2007-ITP/OA-UP de fecha 12 de
octubre de 2007, en el cual el Jefe (e) Unidad de Personal se dirige a la Ing. María
Estela Ayala a fin de solicitarle un breve informe indicando la importancia del curso
que se realizó en Beijig – China, y su aplicación en el ITP.
DÉCIMO SEGUNDO.- Ahora bien, los actuados así descritos denotan que la
demandada requería los servicios de una persona (ver cláusula primera del
contrato de locación de servicios a folio 12), para que realice una serie de
actividades de investigación en el Laboratorio Físico – Químico del ITP,
contratando a la demandante para el desarrollo de las mismas en el ITP, debiendo
presentar el informe de las actividades que realizaba para que se procedería con
el pago de los “honorarios” pactados, que eran la contraprestación por sus
servicios prestados.
Así mismo, la demandada tenía la facultad de disponer de la permanencia de la
demandante en sus instalaciones, pues podía disponer su desplazamiento a otros
lugares para que efectuara sus labores fuera de Lima como se indica en la
Cláusula Quinta del primer contrato de folio 12. Además, la demandada autorizaba viajes y capacitaciones para la demandante
dentro y fuera del país como se aprecia del Memorándum N° 353-2002-ITP/DI (folio
207) que autoriza su viaje a la ciudad de Trujillo, y de la Resolución Ejecutiva N°
042-2007-ITP/DE (folio 303) en la que se autorizó su viaje como profesional
profesional Ingeniera en Industrias Alimentarias del Instituto Tecnológico Pesquero
del Perú – ITP, a la ciudad de Beijin. República Popular de China.
De otro lado, la demandada dispuso que la demandante conformara el Comité
de Acciones Correctivas para la Auditoría Interna LABS – ITP 2002, como se ve del
Memorándum N° 308-2002-ITP/DI (folio 205).
Todo ello demuestra que la demandada hacía uso de su poder de dirección sobre
la demandante y que ésta como subordinada debía cumplir no sólo con dar
cuenta de las actividades realizadas (emitiendo informes para el pago de los
servicios prestados como se indica en los contratos denominados de locación de
servicios) sino que en caso de desplazamientos dentro del interior del país dar
cuenta de los gastos, e incluso contaba con autorizaciones o permisos por parte
de su empleadora para asistir a capacitaciones en el interior y exterior, como se
ha detallado precedentemente, a través de Memorándums y resoluciones
administrativas como la Ejecutiva N° 042-2007-ITP/DE emitida por la demandada.
Aunado a ello, no sólo desarrollaba sus labores dentro de las instalaciones de la
demandada como se indicó en el Contrato de folios 12/13, sino que debía cumplir
con horarios de trabajo y compensación de horas por capacitaciones, como se
indica en el Memorándum N° 099-2007-ITP/DPS-LABS que trata sobre la
compensación de horas de la demandante por un curso de capacitación en el
que la Jefa de Laboratorio (e) del Instituto Tecnológico Pesquero solicitando a la
Oficina de Administración que la Ing. Marjorie Cueto Castillo, del Laboratorio de
Microbiología al estar siguiendo un curso de capacitación se dispusiera su salida
en el horario habitual de 17:45, los días 07, 09, 11, 14 y 16 de Mayo (de 2007)
precisando que las horas dejadas de laborar serían posteriormente compensadas.
En tal sentido, está acreditado el elemento de la subordinación, lo que aunado
con la prestación de los servicios y la contraprestación que la demandada
denominó “honorarios”, (cuyo recibos para el pago de los mismos por cierto obran
de folios 132/174), demuestra la concurrencia de los tres elementos esenciales del
contrato de trabajo, por lo que esta realidad prima sobre las calificaciones que las
partes han efectuado respecto a la relación jurídica que les vinculó y sobre los
documentos, por ello resulta indiferente que al contrato de trabajo lo hayan
calificado como uno de “locación de servicios” y a la contraprestación lo hayan
denominado “honorarios” en vez de remuneración, por tanto debe desestimarse
el primer agravio.
DÉCIMO TERCERO.- Absolviendo el segundo agravio de la demandada que señala
que se ha desconocido el Régimen Laboral de la Contratación Administrativa de
Servicios – CAS, establecido en el Decreto Legislativo N° 1057 al realizar una
valoración errónea de los medios probatorios inaplicando lo dispuesto en su Cuarta Disposición Complementaria; así como dando cuenta del extremo del
tercer agravio que indica que la contratación de la demandante fue a través de
órdenes de servicios y Contratación Administrativas de Servicios y que el vínculo
contractual se inició como consecuencia de lo dispuesto en la Cuarta Disposición
Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1057 que permitía la novación de
contractual entre las partes.
Sobre el particular, cabe señalar que la demandante no suscribió ningún contrato
bajo la modalidad CAS ni laboró bajo ese régimen para la demandada por el
periodo laborado, por lo que deben desestimarse estos agravios; tanto más si en la
etapa de Actuación de los Medios de Prueba de la Audiencia Única (folio 422) la
Juzgadora señaló que los contratos administrativos de servicios no son materia de
pretensión de la demanda; por lo que la petición de la demandada en su escrito
de apelación de que se aplique la Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo N° 1057, deviene en no amparable.
DÉCIMO CUARTO.- Absolviendo el tercer agravio en el extremo que señala que la
sentencia evidencia una motivación aparente, vulnerándose el derecho al debido
proceso y a la motivación de sentencias judiciales previstos en el artículo 139° de
la Constitución Política del Estado.
Es menester indicar, que en virtud del principio de primacía de la realidad, los
hechos (los cuales se encuentran acreditados con los documentos que forman
parte de los actuados) prevalecen sobre las formas y apariencias del contrato civil
con el que se pretendía encubrir una relación laboral; siendo que en el presente
caso, la Juzgadora ha fundamentado el motivo de su decisión, pues del
contenido de la sentencia se aprecia que ha efectuado el desarrollo normativo y
análisis correspondiente al resolver lo que es materia de la pretensión, por lo que
debe desestimarse este agravio.
DÉCIMO QUINTO.- De otro lado, cabe precisar que al no haber sido amparada la
pretensión de reintegro de remuneraciones de la demandante y no habiendo sido
materia de cuestionamiento por parte de la demandante el monto ordenado a
pagar en la sentencia de primera instancia, no se procede a la reliquidación de
los beneficios sociales otorgados.
Finalmente, no habiendo aportado las partes nuevos elementos de juicio que
hagan variar lo discernido en la recurrida, y siendo que los agravios formulados
tanto por la parte demandante como por la parte demandada han sido
desestimados, debe confirmarse la sentencia apelada.
IV. DECISIÓN FINAL
Por estas consideraciones expuestas:
CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución número quince, de fecha
25 de setiembre de 2017, de folios 706/730, que resuelve declarar FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por MARJORIE OFELIA CUETO CASTILLO contra
INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP, sobre Incumplimiento de
Disposición y Normas Laborales; en consecuencia, ORDENO que la demandada
pague al actor la suma de S/. 60,654.41 (SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO CON 41/100 NUEVOS SOLES); derivados de los siguientes conceptos:
Compensación por Tiempo de Servicios la suma de S/. 13,281.01 Nuevos Soles,
Gratificaciones la suma de S/. 23,233.33 Nuevos Soles, Vacaciones la suma de
S/.24,140.00 Nuevos Soles, y Certificado de Trabajo, más intereses financieros por
concepto de C.T.S. e intereses le |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE CALLAO
Secretario De Sala: MERBY RAQUEL MOTTA ARCE
Fecha: 15/11/2016 17:01:36
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CALLAO/CALLAO
FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO
SALA CIVIL TRANSITORIA
EXPEDIENTE : 01453-2012-0-0701-JR-LA-01
MATERIA : ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
LITISCONSORTE NECEARIO: JORGE LUIS DE PAZ COSSIO - Representado
por su curador Pedro Carlos de Paz Cossio.
DEMANDANTE : FELICITA YATO ALZAMORA
PONENTE : DRA. TERESA SOTO GORDON
VISTA DE LA CAUSA : 12 DE SETIEMBRE DE 2016
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 31
Callao, 02 de noviembre de 2016
I. Matéria de apelación:
Vista la causa en audiencia pública el 12 de setiembre de 2016. Viene en grado de
apelación:
1. La resolución número 06 de fecha 15 de enero de 2012 (folios 152/156), que
declaró infundada las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento
de la vía administrativa.
2. La sentencia contenida en la resolución número 21 de fecha 07 de marzo de
2016 (folios 436/455); que declaró fundada la demanda y ordenó a la
demandada cumpla conforme corresponda a sus atribuciones en el plazo
de 15 días con expedir resolución administrativa que reconozca a favor de la
demandante pensión de viudez (conviviente supérstite) considerando como
fecha de inicio, la fecha de notificación con la sentencia y en el equivalente
al 50% de la pensión que percibía quien en vida fue Pedro Eugenio de Paz
Delgado al momento de su fallecimiento. Sin costas, ni costos.
II.- Antecedentes
Demanda
Mediante escrito de demanda de fecha 19 de junio de 2012 (folios 44/48), Felicita
Alzamora Yato interpuso demanda contenciosa administrativa contra la Marina de
Guerra del Perú a fin de que se le ordene que emita una resolución administrativa
en el que se le reconozca una pensión de viudez a su favor, bajo el régimen
1 pensionario del Decreto Ley Nro. 20530, más los intereses, costas y costos del
proceso.
Fundamentó su demandada básicamente en los siguientes puntos:
- Que mediante sentencia expedida por el Segundo Juzgado de Familia del
Callao se declaró la unión del hecho entre quien en vida fue Pedro Eugenio
de Paz Delgado y su persona, la cual se encuentra inscrito en la Partida
Nro. 70368224 del Registro de personas naturales de los Registro Públicos
del Callao.
- Mediante Resolución Ministerial de fecha 06 de enero de 1938 se pasó al
retiro a quien en vida fue Pedro Eugenio de Paz Delgado. Mismo que
falleció el 01 de enero de 2010.
- En su condición de conviviente supérstite solicitó a la entidad demandada
para que le otorgue una pensión, la cual le fue denegada a través de la carta
de fecha 03 de febrero de 2011, bajo el amparo de la Ley Nro. 19846 y su
Reglamento del Decreto Supremo Nro. 009-DE-CCFA.
- Que solicitó se tome en cuenta la interpretación realizada por el Tribunal
Constitucional en el expediente Nro. 06572-2006-PA/TC, pero su petición
fue denegada.
Contestación de la demanda
Mediante escrito de fecha 05 de noviembre de 2012 (folios 66/74), La Marina de
Guerra del Perú dedujo las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de
la vía administrativa; asimismo, procedió a contestar la demanda solicitando que se
declare infundada la misma por los siguientes argumentos:
- Que solo podrían generarse derechos pensionarios entre las parejas de
hecho si la norma así lo especificara; pero que en el presente caso el
Decreto Ley Nro. 19846 – Ley de pensiones del Personal Militar y Policial, y
su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nro. 009-DEC CFA,
regulan únicamente el otorgamiento de pensión a favor de la cónyuge -
situación legal que debe acreditarse son la partida de matrimonio civil.
- El artículo 326 del Código Civil establece que con el fenecimiento de la
unión de hecho por el deceso del causante, solo se genera derechos
respecto a la sociedad de gananciales; no formando parte de éste la
pensión de sobrevivientes.
- Que el Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente Nro.
06572-2006-PA/TC no es aplicable al presente caso, al no pronunciarse
sobre el Decreto Ley Nro. 19846 y su reglamento, además, de no tener
carácter vinculante.
Resolución de excepciones
Mediante resolución número 06, de fecha 15 de enero de 2013 (folios 152/156) se
declaró infundada las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento de la vía
administrativa. Resolución que fue apelada por la demandada el 04 enero de 2013
(folios 160/165); agravios que serán absueltos en el presente pronunciamiento.
2 Fijación de puntos controvertidos
En la misma resolución número 06 se fijó los puntos controvertidos (folios 155):
- Determinar si procede o no que se reconozca, mediante la emisión de una
resolución, una pensión de viudez a favor de la recurrente del que en vida
fue su esposo Pedro Eugenio de Paz Delgado en los términos y condiciones
previstos en el Decreto Ley 20530, mas el pago de costas, costos del
proceso, al denegar la pensión la Marina de Guerra del Perú.
Dictamen fiscal
El 26 de marzo de 2013, la Primera Fiscalía Provincial de Familia emitió dictamen
fiscal Nro. 60 – 2013-MP-1ra.FPF-DJ/CALLAO (folios 169/170), en el que opinó se
suspenda la tramitación del proceso hasta que se establezca correctamente la
relación procesal, debiendo el juzgador proceder a regularizar el proceso
emplazando con la demanda en calidad de litisconsorte necesario pasivo a Jorge
Luis de Paz Cossio - hijo interdicto del Causante Pedro Eugenio de Paz Delgado,
quien viene percibiendo una pensión de orfandad de un monto igual al 100% de la
pensión que percibía el titular al momento de su fallecimiento (01 de enero de
2010).
Integración de litisconsorte necesario
Mediante resolución número 08, de fecha 15 de mayo de 2013 (folios 171/172) se
dispuso integrar a la relación jurídica procesal al señor José Luis de Paz Cossio,
debidamente representado por su curador Pedro Carlos de Paz Cossio en calidad
de Litisconsorte Necesario Pasivo; y mediante resolución número 09 de fecha 03 de
junio de 2013 (folios 232), se dispuso se le notifique al curador a fin de que
cumplan con contestar la demanda dentro del término de 10 días. Al no contestar,
se le declaró rebelde mediante resolución número 10 de fecha 01 de agosto de
2013 (folios 234).
Mediante resolución número 13, de fecha 19 de mayo de 2014 (folios 339/340); se
dispuso se notifique nuevamente a Jorge Luis de Paz Cossio, esta vez en su
domicilio ubicado en Avenida Grau Nro. 800 – Barranco y a su curador en la Calle
Johannes Brahms 258 – Departamento 402 – Urbanización San Borja; al sustentar
que se evidencia que la anterior notificación no cumplió con lo establecido en el
artículo 161 del Código Procesal Civil.
Mediante resolución número 15 de fecha 23 de setiembre de 2014 (folios 389), se
declaró rebelde al litisconsorte necesario pasivo, al no haber contestado la
demanda en el plazo de ley.
Mediante escrito de fecha 13 de enero de 2015 (folios 403); el litisconsorte
necesario pasivo interpuso recurso de nulidad contra dicha resolución; sosteniendo
básicamente que los plazos debieron considerarse desde la notificación al curador
- 11 de agosto de 2014; y no desde la notificación al interdicto – 25 de julio de
2014. Recurso de nulidad que fue declarado infundada mediante resolución número
18 de fecha 18 de mayo de 2015 (folios 423/426). Pronunciamiento que no fue
apelado por ninguna de las partes; por tanto quedó consentida.
Dictamen fiscal
3 El 11 de noviembre de 2013 (folios 306/309); la Primera Fiscalía Provincial de
Familia emitió el Dictamen fiscal Nro. 232-2013-MP-1ª.FPF-DJ/CALLAO, opinando
que se declare fundada la demanda.
Sentencia
El 07 de marzo de 2016 (folios 436/455), se emitió sentencia de primera instancia
declarando fundada la demanda. Sentencia que fue apelada por la demandada
Marina de Guerra del Perú; agravios que serán absueltos en el presente
pronunciamiento.
Fundamentos del recurso de apelación contra la resolución número 06 que
declaró infundada las excepciones de caducidad y de falta de agotamiento
de la vía administrativa
Mediante escrito de fecha 04 de febrero de 2013 (folios 160/165); la demandada
Marina de Guerra del Perú invocó los siguientes agravios:
En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
- Conforme a lo dispuesto por el artículo 208 y 209 de la Ley Nro. 27444 “Ley
de Procedimiento Administrativo General”, el que no se encuentra conforme
con lo resuelto por una autoridad administrativa puede interponer los
recursos impugnatorios que la norma acotada señala, esto es, el recurso de
reconsideración ente el mismo órgano que emite la resolución o recurso de
apelación.
- El accionante si no estuvo conforme con la respuesta del Oficio V.200-194
de fecha 03 de febrero de 2011, tuvo la oportunidad de agotar la vía
administrativa; prueba de ello es que el demandante no adjunta escrito de
impugnación alguno dentro del término de ley. Asimismo, el plazo para
generar cualquier reclamo venció en exceso, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 206.3 y 207.2 de la Ley Nro. 27444 “Ley de
Procedimiento Administrativo General”, tal como puede comprobarse de los
propios anexos adjuntados en la sentencia.
En cuanto a la excepción de caducidad
- El demandante desde la expedición del Oficio V.200-194 de fecha 03 de
febrero de 2011, el cual quedó firme y consentido, tuvo 03 meses para
interponer la demanda en la vía contenciosa administrativa conforme a lo
dispuesto por el artículo 19 inciso 1 del TUO de la Ley Nro. 27584; pero la
demandante interpuso su demanda después de más de un año, el 19 de
junio de 2012; cuando los plazos vencieron en exceso.
- El artículo 19 inciso 1 del TUO de la Ley 27584 establece que el plazo para
iniciar la acción contenciosa administrativa prescriben a los tres meses de
conocimiento o notificación del acto material de impugnación, lo que ocurra
primero, el accionante extemporáneamente interpuso la presente demanda,
4 pues tal como se aprecia en el cargo de la demandada, ésta fue presentada
con fecha 19 de junio de 2012.
Fundamentos del recurso de apelación contra la sentencia que declaró
fundada la demanda
Mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2016 (folios 459/466); la demandada
Marina de Guerra del Perú invocó los siguientes agravios:
- Que solo podrían generarse derechos pensionarios entre las parejas de
hecho si la norma así lo especificara. En el presente caso el Decreto Ley
Nro. 19846 – Ley de pensiones del Personal Militar y Policial y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nro. 009-DEC CFA, regulan
únicamente el otorgamiento de pensión a favor de la cónyuge - situación
legal que debe acreditarse con la partida de matrimonio civil. Argumento que
se encuentra corroborado incluso con los artículos 25 y 28 del Decreto
Legislativo Nro. 1133 que tampoco contempla las uniones de hecho para el
otorgamiento de pensión de viudez. Por lo que lo demandado por la actora
contraviene el principio de legalidad establecido por el artículo IV párrafo II
del Título Preliminar de la Ley Nro. 27444.
- El último párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo Nro. 1133 corrobora
que se mantiene las mismas condiciones y requisitos de derechos y
beneficios del personal de pensionistas de las fuerzas armadas que
pertenezcan al Decreto Ley Nro. 19846, que en modo alguno contempla las
uniones de hecho como causal de pensión de viudez, en concordancia con
el artículo 168 del Constitución Política del Perú.
- En Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente Nro.
00853-2005-PA7TC, en sus fundamentos 4 y 7 ha establecido que la
pensión de sobrevivientes se sustenta en el estado de necesidad en que
quedan aquellas personas que dependían económicamente del fallecido y
que dicho estado debe ser actual. En el presente caso, la demandante no ha
demostrado su estado de necesidad desde el 01 de enero de 2010 (fecha
de fallecimiento de Pedro Eugenio de Paz Delgado) hasta la fecha; por el
contrario, del resultado de búsqueda en la SUNAT de fecha 21 de julio de
2015, se pude verificar que la demandante se encuentra registrada con
número de Ruc 10087384131 desde el 25 de febrero de 1994,
desempeñando la actividad económica de limpieza de edificios, siendo su
estado de contribuyente activo, lo cual corrobora que la demandante no se
encontraba desprotegida ni necesitada económicamente.
III.- FUNDAMENTOS
Primero.- Debido Proceso y objeto del recurso de apelación.-
El numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, precisa que el
debido proceso constituye un principio de la función jurisdiccional. Sobre el cual el
Tribunal Constitucional sostiene que presenta dos expresiones: una formal y otra
5 sustantiva. La expresión formal comprende los principios y reglas relacionados con
las formalidades aplicables a todo proceso judicial, tales como el juez natural, el
procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación. En cambio, la
expresión sustantiva está relacionada con los estándares de razonabilidad y
proporcionalidad que toda decisión judicial debe cumplir (fundamento 48 de la
Sentencia del 27 de noviembre del 2005, recaída en el Expediente N° 0023-2005-
PI/TC).
Segundo.- Por su parte, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente, según lo dispone el artículo 364 del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente. Asimismo, la parte in fine de dicho cuerpo
normativo recoge en parte el aforismo latino “Tantum devolutum quantum
apellatum” por lo que en la apelación la competencia del superior sólo alcanza a
esta y a su tramitación, de modo que corresponde al órgano revisor circunscribirse
únicamente al análisis de la resolución impugnada en lo que ha sido materia de la
misma.
Absolución de agravios del recurso de apelación contra la resolución nro. 06
que declaró infundada las excepciones de falta de agotamiento de la vía
administrativa y de caducidad
En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
Tercero.- Al respecto, el artículo 148 de la Constitución Política del Perú señala
que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de
impugnación mediante la acción contencioso – administrativa.
Entendiéndose de dicho dispositivo, que se trata de aquella actuación que ponga fin
a la instancia administrativa.
Por su parte, el artículo 20 del TUO de la Ley 27584 establece que es requisito para
la procedencia de la demanda el agotamiento de la vía administrativa conforme a
las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General o por
normas especiales.
Cuarto.- Se advierte de autos que la demandante solicitó una pensión de viudez a
la demandada el 31 de mayo de 2010 en mérito a una declaración judicial de
unión de hecho (folios 03/05) y reiteró su pedido el 10 de agosto de 2010 (06/07);
frente a ello, la Marina de Guerra del Perú emitió respuesta mediante la carta
Nro. V.200-194 de fecha 03 de febrero de 2011, indicando que la Ley 19846
únicamente regula el otorgamiento de la pensión de viudez a favor de la Cónyuge,
situación legal que debe acreditarse con la partida de Matrimonio Civil (folios 08).
La demandante interpuso recurso de reconsideración el 13 de abril de 2012 (folios
09/10); en respuesta a ello, la demandada emitió la carta Nro. V.200-2186, de
fecha 24 de mayo de 2012 (folios 21), indicando que al no haberse interpuesto
6 recurso impugnatorio alguno dentro del plazo señalado en la Ley Nro. 27444, la
carta Nro. V.200-194 de fecha 03 de febrero de 2011 quedó firme.
Posteriormente, la demandante procedió a interponer su demanda contencioso
administrativo el 19 de junio de 2012 (folios 44/48), bajo al amparo del artículo 5,
indico 2 del TUO de la Ley Contencioso Administrativo – Ley 27584 - “El
reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la
adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines”.
Quinto.- Ahora bien, corresponde determinar si por la naturaleza de la pretensión
planteada es exigible que la actora agote la vía administrativa.
Al respecto, se advierte de autos que la pretensión se halla referida al contenido
esencial del derecho a la pensión, ya que se pretende el acceso a ella. Por lo cual,
conforme a lo señalado en el fundamento 107 del sentencia del Tribunal
Constitucional recaída en el expediente Nro. 0050-2004-AI, el contenido esencial
del derecho fundamental a la pensión está constituido por tres elementos: El
derecho al acceso a una pensión, el derecho a no ser privado arbitrariamente de
ella y el derecho a una pensión mínima vital.
En consecuencia, la pretensión de la demandante se encuentra dentro del supuesto
de excepción previsto en el numera 41 del artículo 21 del TUO de la Ley Nro.
27584; siendo suficiente la solicitud de pensión de viudez presentado por la actora
el 31 de mayo de 2010 (folios 03/05) y el reitero del pedido el 10 de agosto de 2010
(06/07); solicitud que fuere denegado por la emplazada mediante la carta Nro.
V.200-194, de fecha 03 de febrero de 2011 (folios 08). Por tales consideraciones
debe confirmarse la apelada.
En cuando a la excepción de caducidad
Sexto.- Al respecto, el inciso 1 del artículo 19 del TUO de la Ley 27584 establece
que la demanda deberá ser interpuesta dentro del plazo de 03 meses a contar
desde el conocimiento o notificación de la actuación impugnada, lo que ocurra
primero.
Séptimo.- En el presente caso, se advierte que la carta Nro. V.200-194 de fecha
03 de febrero de 2011 fue notificado a la demandante el 03 de marzo de 2011 –
mediante el cual se indicó que no le corresponde la pensión de viudez (ver reverso
de folios 123); y la carta Nro. V.200-2186, de fecha 24 de mayo de 2012, fue
notificado el 21 de julio de 2010 - mediante el cual se le indicó que quedó firme el
anterior pronunciamiento (ver reverso de folios 124).
En consecuencia, al interponer la actora la demandada contencioso administrativo
el 19 de junio de 2012 (folios 44/48) teniendo en cuenta la fecha de notificación de
1 Artículo 21.- No será exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes
casos: 4) Cuando la pretensión planteada en la demanda esté referida al contenido
esencial del derecho a la pensión y, haya sido denegada en la primera instancia de la sede
administrativa.
7 la carta Nro. V.200-194 – 03 de marzo de 2011; el plazo de caducidad - 03
meses habría transcurrido en exceso; sin embargo, dado que la afectación del
derecho que alega la demandante, al ser un derecho pensionario, es de afectación
continuada, mes a mes, no es amparable la excepción de caducidad. Ello conforme
lo establecido por el Tribunal constitucional en la sentencia recaída en el expediente
Nro. 1417-2005-AA/TC – caso Manuel Anicama Hernández; en cuyo fundamento
59 señaló, “(…) que las afectaciones en materia pensionaria tienen la calidad de
una vulneración continuada, pues tienen lugar mes a mes, motivo por el cual no
existe posibilidad de rechazar reclamos, recursos o demandas que versen sobre
materia previsional, argumentando el vencimiento de plazos prescriptorios o de
caducidad. En tal sentido, en los casos de demandas contencioso administrativas
que versen sobre materia pensionaria, el Juez se encuentra en la obligación de
considerar el inicio del cómputo de los plazos de caducidad previstos en el artículo
17º de la Ley N.º 27584, a partir del mes inmediatamente anterior a aquel en que es
presentada la demanda, lo que equivale a decir, que, en ningún caso, podrá
declararse la improcedencia de tales demandas por el supuesto cumplimiento del
plazo de caducidad”.
En consecuencia, al tratarse la pretensión deducida por la demandante una de
carácter previsional, concretamente el acceso a una pensión de viudez bajo el
régimen pensionario del Decreto Ley Nro. 19846, la afectación es de carácter
continuada, mes a mes; por tanto, el computo del plazo de caducidad debe
contabilizarse a partir del mes inmediatamente anterior a la presentación de la
demanda; y dado que la demanda fue interpuesta el 19 de junio de 2012 (folios
44/48) el plazo de caducidad se iniciaría a contabilizar desde el 19 de mayo de
2012; siendo así no ha operado el plazo de caducidad. Por tanto debe confirmarse
la apelada.
En cuanto a los agravios invocados contra la sentencia que declara fundada
la demanda
Octavo.- Materia controvertida
Determinar si a la demandante le corresponde percibir una pensión de viudez
conforme al Decreto Ley Nro. 19846, en mérito a la declaración judicial de unión de
hecho con quien fue su conviviente don Pedro Eugenio Paz Delgado, ex
pensionista de la Marina de Guerra del Perú, quien falleció el 01 de enero de 2010.
Noveno.- A efectos de absolver los agravios debemos tener en cuenta lo
establecido en los siguientes preceptos normativos:
Del Decreto Ley Nro. 19846 – que unifica el Régimen de pensiones del
personal militar y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por
servicios al Estado:
8 Artículo 212.- La Pensión de Sobrevivientes que causa el personal masculino y
femenino que fallece en la condición prevista en el inciso d) del Artículo 173 será en
la siguiente forma:
a) Cuando acredite veinte o más años de servicios será igual al 100% de la
pensión que percibía el titular al momento de su fallecimiento;
b) Cuando la causal del retiro sea por límite de edad por renovación con
menos de treinta años de servicios y el personal comprendido en los alcances del
Artículo 4 de la presente Ley, la pensión será igual al 100% de la que percibía el
titular al momento del fallecimiento. (…).
El artículo 22.- La pensión de sobrevivientes comprende las de viudez, orfandad y
ascendientes.
El artículo 25.- También se otorgará pensión de orfandad de acuerdo al artículo
anterior. (Artículo 244):
a. A los hijos mayores de dieciocho años con incapacidad para el trabajo,
debidamente certificada por una comisión médica. En el caso de ser
beneficiarios de régimen de seguridad social, se podrá optar por la pensión
o el régimen aludido5. (…).
Del Reglamento de la Ley de Pensiones Militar-Policial - Decreto Supremo N°
009-DE-CCFA de fecha 17 de Diciembre de 1987:
El artículo 37.- La pensión de viudez se otorga de acuerdo a lo siguiente: si el
deceso del causante se produce (…) como consecuencia del servicio y en la
condición prevista en los (…) 366° incisos a) y b) del presente Reglamento, se
regulará de la siguiente manera:
2
Artículo sustituido por el artículo 1 de la Ley Nro. 24533, publicada el 20-06-86
3 Artículo 17.- Causa derecho a pensión de sobrevivientes el servidor que fallece en:
a) Acción de armas
b) Acto o consecuencia del servicio
c) Situación de actividad; y
d) Condición de pensionista.
4 Artículo 24.- La pensión de orfandad es la que corresponde a los hijos del causante, menores de
edad y se otorgará observándose las normas siguientes:
a) Si hubiese un solo hijo y no existiese cónyuge del causante, percibirá el íntegro de la pensión
de sobrevivientes correspondiente; y,
b) Si concurrieses dos o más hijos y no existiese cónyuge del causante, el monto de la pensión
de sobrevivientes correspondiente se distribuirá por partes iguales entre ellos.
5 Literal modificado por la Undécima Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley Nº 29973,
publicada el 24 diciembre 2012. Cuyo texto anterior fue:
a) A los hijos mayores de edad declarados incapaces física o mentalmente por fallo judicial. En
el caso de ser beneficiarios de régimen de seguridad social, se podrá optar por la pensión o
el régimen aludido
6 Artículo 36.- La pensión de sobrevivientes que causa el personal masculino y femenino que fallece
en la condición prevista en el inciso d) del artículo 26 (condición de pensionista), será de la siguiente
forma:
9 a) Si solo hubiese cónyuge sobreviviente, éste percibirá el 100% de la pensión de
sobrevivientes correspondiente.
b) Cuando el cónyuge sobreviviente concurra con hijos menores del causante y/o
los referidos en el inciso a) del artículo 43º del presente Reglamento, la pensión de
sobrevivientes se distribuirá en la forma siguiente: el 50% para el cónyuge
sobreviviente y el otro 50% entre los hijos en partes iguales.
Artículo 43.- También se otorgará pensión de orfandad, de acuerdo con el artículo
anterior, en los casos siguientes:
a) A los hijos mayores de edad declarados incapaces física y/o mentalmente por
Resolución Judicial. En el caso de ser beneficiarios de Régimen de Seguridad
Social, podrá optar por la pensión o el régimen aludido. (…).
Absolución de agravios de la sentencia apelada
Décimo.- En cuanto al agravio, de que el Decreto Ley Nro. 1984, su reglamento
Decreto Supremo Nro. 009-DE-CCFA y el último párrafo del artículo 2 del Decreto
Legislativo Nro. 1133 sólo reconocen el derecho a la pensión del cónyuge
sobreviviente más no a las uniones de hecho; argumento que se encuentra
corroborado incluso con los artículos 25 y 28 del Decreto Legislativo Nro. 1133 que
tampoco contempla las uniones de hecho para el otorgamiento de pensión de
viudez.
Décimo primero.- Al respecto, en el presente caso, la demandante solicita que se
le otorgue una pensión de viudez conforme al Decreto Ley Nº 20530, sin embargo,
conforme a las documentales que obran en los actuados, la contestación de
demanda y otros; lo que realmente solicita es una pensión de viudez conforme al
Decreto Ley Nro. 19846 - Decreto Ley que unifica el Régimen de Pensiones del
Personal Militar y Policial de la Fuerza armada y Fuerzas policiales, alegando tener
una declaración judicial de unión de hecho con quien fue su conviviente don Pedro
Eugenio Paz Delgado, ex pensionista de la Marina de Guerra del Perú, quien
falleció el 01 de enero de 2010.
Décimo segundo.- A fin de absolver los agravios expuestos, corresponde en
principio dilucidar si corresponde otorgar la pensión de sobreviviente a favor de la
concubina supérstite, a pesar de que el Decreto Ley Nro. 19846 y su reglamento
Decreto Supremo Nro. 009-DE-CCFA solo hacen referencia el derecho de pensión
de viudez a favor del cónyuge.
Al respecto, cabe recordar que el Decreto Ley Nro. 19846 data del año 1972; por
ende fue emitido en base a la Constitución de 1933 - misma que adoptó un
a) Cuando acrediten 20 o más años de servicios reconocidos en las Fuerzas Armadas o
Fuerzas Policiales, será igual al 100% de la pensión que percibía el titular la momento de su
fallecimiento.
b) Cuando la causal de retiro por límite de edad en el grado o por renovación con menos de
treinta años de servicios, la pensión será igual al 100% de la que percibía el titular al
momento del fallecimiento.
10 concepto conservador de la familia, no acorde con la configuración de la
Constitución de 1979 ni de la Constitución de 1993. Posteriormente se emitió el
Decreto Supremo Nro. 009-DE-CCFA en 1987 (reglamento del Decreto Ley 19846)
– mismo que a pesar de que ya estaba vigente la Constitución de 1979, desarrolló
su marco normativo en los mismos términos que el Decreto Ley y la Constitución
de 1933.
Décimo tercero.- Es así que la Constitución de 1933, disponía en su artículo 51,
que el matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la protección de la ley; pues
como es conocido tradicionalmente la unión de hecho también denominada
concubinato o unión extramatrimonial, concitaba una percepción negativa y de
rechazo por parte de cierto sector de la sociedad. Reflejo de ello era la ausencia del
reconocimiento de efectos legales a este tipo de uniones. No obstante, el
incremento de las prácticas convivenciales y la mayor secularización de la sociedad
y del Estado (y su legislación) fue imponiendo un contexto a partir del cual se
comenzaron a plantear respuestas; en principio a nivel jurisprudencial (ejm. los
supuestos de enriquecimiento ilícito) y luego a nivel Constitucional a esta realidad
social. Así, la Constitución de 1979 reconoce por primera vez a nivel constitucional
la unión de hecho, al establecer en su artículo 9, que "La unión estable de un varón
y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, por
el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes
que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es aplicable".
Reconocimiento que se mantiene en la Constitución de 1993; que en su artículo 5
estableció, que “La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento
matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes
sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable". Con este
reconocimiento constitucional se legitiman y se salvaguardan los derechos de las
personas que optaron por la convivencia, que también son considerados como
familia.
Décimo cuarto.- Pero esta constitucionalización, también implica reconocer ciertos
efectos jurídicos entre quienes conforman la unión de hecho – como es el caso de
la pensión de viudez para la concubina que acredita tal condición; sobre el cual si
bien el máximo intérprete de la Constitución, Tribunal Constitucional, no tuvo
inicialmente una posición unívoca; debido a que en un inicio denegó un pedido,
pero debido a que el titular (causante) no había cumplido con la edad requerida
para obtener la pensión, es decir, implícitamente reconoció o habilitó el derecho de
los concubinos siempre que el causante fuera pensionista o hubiere tenido derecho
a la pensión [STC Nº 02719-2005-PA/TC]; luego, por medio de otra sentencia,
rechazó tal posibilidad, argumentando que la Constitución favorece el matrimonio y
que la decisión de los concubinos de no contraer matrimonio no generaba la
posibilidad de derechos pensionarios a favor de uno de ellos, por disposición legal
[STC Nº 03605-2005-PA/TC]; más tarde, el Tribunal varió su jurisprudencia,
aceptando la posibilidad que el fallecimiento de un concubino genere derecho a
pensión de sobrevivencia a favor del otro; así, en sentido contrario al criterio
inmediatamente precedente, consideró que de acuerdo al artículo 5º de la
Constitución Política de 1993 y al artículo 326º del Código Civil la unión de hecho
da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de sociedad de gananciales,
11 y al haberse comportado los dos convivientes como cónyuges, asumiendo deberes
similares a los del matrimonio, la conviviente adquiría el derecho a la pensión, pues
esta tiene la calidad de bien integrante de la sociedad de gananciales, que sirve
para el sustento de la familia [STC Nº 09708-2006-PA/TC].
Décimo quinto.- Este último criterio ha sido reiterado por el Tribunal en numerosas
resoluciones posteriores7. Así, en la STC Nº 06572-2006-AA, precisa lo siguiente:
“12. (…) La Constitución de 1979 reconoce por primera vez a nivel
constitucional la unión de hecho. Razones similares justificaron que el
constituyente de 1993 mantuviera la unión de hecho (…). Con este
reconocimiento constitucional se legitiman y se salvaguarda la dignidad de
aquellas personas que habían optado por la convivencia. Asimismo, pasan
a ser considerados familia, por consiguiente merecedora de la protección
del Estado.”
“23. En suma, debe enfatizarse que la unión de hecho genera una
dinámica a partir de la cual se originan dependencias entre los
convivientes. Por ejemplo, es muy común que se dé el caso en donde uno
de ellos se ocupe de las labores que exige el hogar, dejando de lado el
ámbito laboral, mientras que la pareja se desarrollará en el ámbito
profesional, cumpliendo la tarea de brindar los medios económicos que
sustenten la vida en comunidad. Esta sinergia incluye pues un deber de
asistencia mutua”
“25. De otro lado, este Colegiado ya ha establecido que el único titular de
la pensión es quien realiza los aportes, siendo las pensiones de
sobrevivientes el derecho del propio titular proyectado sobre la o las
personas que cumplan con los requisitos para acceder a tales beneficios.
De esta manera la pensión de sobreviviente: «Debe ser concebida como
una garantía para velar por el mantenimiento de una vida acorde con el
principio de dignidad de aquellos que, en razón de un vínculo familiar
directo, dependían económicamente de parte de dicha pensión, es decir,
como una garantía derivada del reconocimiento de la familia como instituto
fundamental de la sociedad (artículo 4 de la Constitución»” (así,
subrayado, en el original).
En la misma sentencia, el Tribunal Constitucional analiza por qué razón el artículo
53º del Decreto Ley Nº 19990 no reconoció al conviviente como derecho habiente
para efectos de pensión, expresando que ello fue así por la inexistencia de
reconocimiento constitucional y legal de la unión de hecho en aquella época (ver
fundamentos 26 a 28).
Décimo sexto.- Este mismo argumento es aplicab |
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EXPEDIENTE : 01462-2012-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : PAUL KARL QUEZADA APIAN
ESPECIALISTA : YSIDRO HINOSTROZA ROXANA GIOVANNA
DEMANDADO : COORPORACION PESQUERA INCA SA COPEINCA ,
DEMANDANTE : BELTRAN CHAVEZ, WALTER JUAN
Resolución Nro. VEINTISIETE
Chimbote, veintinueve de agosto del
Dos mil dieciséis.
AUTO DE VISTA
EMITIDO POR EL OCTAVO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO LABORAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
I. ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número VEINTICUATRO de fecha cinco de
mayo del año dos mil dieciséis, en los seguidos por WALTER JUAN BELTRAN CHAVEZ
contra CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. que aprueba los costos procesales en el
monto de S/. 2,105.82 Soles, más el importe de S/. 105.29 soles destinado al Colegio de
Abogados del Santa, la misma que se da cuenta en la fecha por las recargadas
labores que afronta el juzgado.
II. FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
La parte apelante alega su agravio señalando que: 1. El abogado patrocinante no ha
desempeñado un despliegue extraordinario para el éxito del proceso, circunstancia
que supone un desenvolvimiento normal de la presente litis en el cual la defensa de la
parte accionante no tuvo mayor esfuerzo desplegado; 2.- El letrado solo presento
escritos de mero trámite; y a la verificación de lso actuados no se ha realizado muchos
cuestionamiento a los actos resolutivos emitidos por el Despacho; 3.- Conforme al
artículo 26 de la Tabla de Honorarios Mínimos, el importe por honorarios profesionales
se fija en 10% de la U.I.T.
III. CONSIDERACIONES DE LA INSTANCIA:
1.- En principio, y conforme a lo establecido por el artículo 364° del Código Procesal
Civil, se debe señalar que el juez superior tiene la facultad de poder revisar y decidir
sobre todas las cuestiones propuestas y resueltas por el juez inferior; sin embargo la
extensión de los poderes de la instancia de alzada, está presidida por un postulado
que limita su conocimiento, recogido por el aforismo tantum appellatum quantum
devolutum, en virtud del cual el tribunal de alzada solamente puede conocer
mediante la apelación de los agravios que afectan al impugnante. 2.- En efecto el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine a su solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada total o
parcialmente; por consiguiente, de acuerdo a los principios procesales, el contenido
del recurso de apelación establece la competencia de la función jurisdiccional del
juez superior, toda vez que aquello que se denuncie como agravio comportará la
materia que el impugnante desea que el ad quem revise, estando entonces conforme
con los demás puntos extremos que contenga la resolución impugnada, en caso de
existir1; en consecuencia, corresponde entrar al análisis del agravio de la parte
apelante precisado en su escrito impugnatorio.
3.- Los Costos Procesales están constituidos por los honorarios del abogado del sujeto
procesal que ganó el proceso, más el cinco por ciento destinado al Colegio de
Abogados del Distrito Judicial correspondiente para su Fondo Mutual y para solventar
los honorarios de los abogados apoderados que se designen en caso de auxilio
judicial, de conformidad con el artículo 411º del Código Procesal Civil, aplicable
supletoriamente al caso de autos; por lo que, en el presente caso al existir un
pronunciamiento sobre el fondo mediante sentencia emitida mediante resolución
cinco, obrante a folios 130 a 138, la misma que ha sido confirmada por sentencia de
vista de folios 192 a 195, ordenándose cumpla la demandada con abonar el importe
de S/. 16,136.93, asimismo mediante auto de vista, contenida en la resolución número
diecisiete de folios 257 a 258 se dispone el pago de S/. 1,411.57 Soles por concepto de
intereses legales; todo lo cual ha sido considerado por la A’ quo para fijar los costos
materia de apelación, por lo que corresponde verificar los mismos.
4.- En esa línea debemos sostener que el artículo 418° del Código Procesal Civil, de
aplicación supletoria al caso de autos, prescribe que: “Para hacer efectivo el cobro
de los costos, el vencedor deberá acompañar el documento indubitable y de fecha
cierta que acredite su pago, así como de los tributos que correspondan. Atendiendo a
los documentos presentado, el Juez aprobará el monto”; solo así, se podría ordenar en
vía de devolución que se retorne el gasto a su beneficiario; no obstante, conforme
comenta Marianella Ledesma en su “Comentarios al Código Procesal Civil”. T. II p. 334.
“El Juez no puede ingresar a calificar la calidad de la prestación profesional del
abogado, pues ello no es objeto de la litis, sin embargo puede graduar el monto que
se exige para el reembolso en atención a las incidencias del proceso. Esto permitirá
apreciar al Juez, el grado de intervención del letrado en el proceso para fijar el monto
del reembolso”. Además, se verificará que el A’quo haya tenido en cuenta para fijar
los costos del proceso lo siguiente: 1) La Duración del proceso, 2) Las Incidencias del
1 Casación N° 3518-2002-Lima proceso (doble instancia), y 3) Defensa Ejercida; de ahí que el Juez debe fijar los costos
del proceso en forma prudencial, atendiendo no solo a la duración del proceso e
instancias jurisdiccionales, sino también a la naturaleza de la pretensión, su
complejidad, el monto del petitorio, entre otros, procurando que haya proporción y
equidad.
5.- Si bien es cierto, el abogado del demandante ha acompañado sus recibos de
pago de honorarios profesionales por la suma total de S/. 3,230.70 Soles y que corre a
folios 293, cuyo monto solicita que se fije los costos del proceso; sin embargo, dicha
suma ha sido abonado por libertad contractual con su patrocinado, lo cual no obliga
que el órgano jurisdiccional fije la misma suma y así recupere íntegramente vía
reembolso, por cuanto los costos del proceso se regulan de acuerdo a la complejidad
del asunto controvertido, la esfera de defensa de las partes, las instancias de mérito,
duración del proceso, entre otros, como se ha indicado anteriormente; de igual
manera, el Tribunal Constitucional en su sentencia de Exp. 00052-2010-PA/TC-LIMA, ha
establecido en su quinto considerando que: “Teniendo presentes las razones
esgrimidas por el juzgado y la Sala, este Tribunal considera que los criterios utilizados
para determinar el monto de los honorarios han sido incompletos, pues para ello no
sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación de los abogados, sino que
también deben tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el éxito
obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión debatida, y c)
si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o constantes.”.
6.- En la línea antes expuesta, atendiendo al artículo 12° de la Ley N° 29497, que
establece que en los procesos laborales por audiencias, como lo es este proceso, las
exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la
base de las cuales el juez pronuncia sentencia, resulta claro que el desempeño o la
actividad de la defensa a analizar para los efectos de la fijación de los costos,
corresponde a las actuaciones en audiencia, que en este caso se verifica que el
abogado defensor y titular de la documental de folios 293 Doctor Víctor Enrique
Paredes Villa que sustenta la solicitud de costos del demandante, y que efectúa la
defensa técnica del demandante, al momento de oralizar su alegato inicial,
actuación de los medios probatorios y de cierre, en las varias sesiones de audiencia
única, (ver a folios 114 a 116 y 128 a 129) desarrollo su teoría del caso de manera
consistente y optima que permitió alcanzar que se le reconozca el vinculo laboral con
la empresa demandada y los demás beneficios sociales requeridos declarándose
fundada el presente proceso la misma que fue confirmada por la instancia superior
(véase las sentencias a folios 130 a 138 y 192 a 195), justificando los costos fijados por el
A’ quo; en tal sentido considerando lo antes expuesto, asimismo la presentación de los
escritos, los importes ordenados pagar, la actividad de la defensa técnica, la materia debatida, y tramitación del proceso se debe desestimar el agravio de la empresa
demandada y confirmar la resolución materia de apelación; debiendo modificarse de
manera razonable el monto en la suma de S/. 1,760.00 Soles.
IV. PARTE RESOLUTIVA
Por estas consideraciones, el Juez del Octavo Juzgado Laboral de esta Corte Superior
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33º de la Ley Nº 29497: SE RESUELVE:
CONFIRMAR la resolución número VEINTICUATRO de fecha cinco de mayo del año dos
mil dieciséis, en los seguidos por WALTER JUAN BELTRAN CHAVEZ contra la
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. MODIFIQUESE los costos procesales en el monto
de S/. 1,760.00 Soles, más el importe de S/. 88.00 Soles destinado al Colegio de
Abogados del Santa; y DEVUÉLVASE a su Juzgado de origen. Interviniendo la secretaria
que autoriza por disposición superior.- |
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EXPEDIENTE : 01462-2012-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : BANCES TABOADA KELLY KATHERINE
ESPECIALISTA : ROJAS TAPIA KARIN PAOLA
DEMANDADO : COORPORACION PESQUERA INCA SA COPEINCA ,
DEMANDANTE : BELTRAN CHAVEZ, WALTER JUAN
Resolución Nro. VEINTICUATRO
Chimbote, cinco de mayo
Del dos mil dieciséis.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por
la demandada; se procede a emitir la resolución que corresponda y,
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante escrito de fojas 292/294, la parte
demandante recurre a este Juzgado efectuando la liquidación de los costos del proceso
y presenta su recibo por honorarios profesionales para su respectiva regulación,
indicando que el monto total por concepto de costos procesales asciende a la suma de
S/. 3,230.70 soles; SEGUNDO: Puesto a conocimiento de la parte demandada
mediante resolución precedente, esta observa alegando que: i) los costos presentados por
el abogado del actor resulta ser excesivo; por cuanto, su labor desplegada ha sido un desempeño
normal y ordinario; dado que, en todo el trámite del proceso no se han realizado muchos
cuestionamientos a los actos resolutivos expedidos en el presente expediente; razón por la cual
bajo un criterio de razonabilidad y proporcionalidad, este debe ser reducido a una suma menor,
considerando la Tabla de Honorarios mínimos referenciales del Colegio de Abogados de Lima;
siendo justo por el concepto ya liquidado la suma de S/. 1,613.69 soles; TERCERO: Que,
habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso abreviado laboral bajo los
alcances establecidos por la Ley N° 29497 – Ley Procesal del Trabajo la cual establece
que la condena de los costos y costas del proceso se regulan conforme a la norma
procesal civil (artículo 14° de la citada norma adjetiva); CUARTO: Entonces, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 411º del Código Procesal Civil, aplicado
supletoriamente al caso de autos, son costos del proceso el honorario del abogado de
la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del
Distrito Judicial respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los
Abogados en los casos de auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula sus
alcances tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a
las incidencias del proceso, fundamentando su decisión, a tenor de lo normado por el
artículo 414º del cuerpo legal acotado; QUINTO: En ese orden de ideas, se debe tener presente que el Juez a fin de fijar los costos procesales meritua la actuación del abogado
de la parte vencedora, valorando el asesoramiento legal realizada en el proceso,
debiendo tenerse en cuenta que en el Nuevo proceso Laboral conforme a lo prescrito en
el artículo 12° inciso 12.1 de la Ley 29497, sobre la prevalencia de las exposiciones
orales sobre las escritas, estando referido a que los letrados oralizan su demanda,
fundamentan sus teorías del caso, es decir sus alegatos de apertura y de clausura en la
Audiencia Única, por lo que siendo ello así, y habiéndose realizado en una sola
diligencia la Audiencia Única (a folios 128/129 ) en la que el letrado tuvo participación
activa, además de ello debemos tener en cuenta las incidencias realizadas en el
presente proceso se han desarrollado en dos instancias, obteniéndose sentencia
favorable en la suma de S/.16,136.93 soles (a folios 192/195), así como los intereses
legales ascendiente a S/. 1,411.57 soles (a folios 233/234); SEXTO: Que, contrastando
los actos procesales, así como la intervención del letrado en las Audiencias
programadas (sólo audiencia única), los costos del proceso deben fijarse en atención a las
incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso, el cual es un proceso
rápido al tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de Trabajo 29497, iniciado con
la presentación de la demanda el 26/SET/12, a la actualidad 02/MAY/16, 2) instancias
jurisdiccionales (sólo dos instancias para la sentencia) , 3) la labor del letrado de la parte
vencedora interviniendo sólo en la audiencia única; 4) además se pondera de los
montos ordenados a cancelar por concepto de capital e intereses legales reconocidos
en los presentes actuados, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados del Santa, al
haberse declarado fundada la pretensión planteada por el accionante; SEPTIMO:
Siendo así, de los actuados se advierte que el abogado del accionante planteo la
demanda con fecha 26/SET/12 y sólo intervino en la diligencia de la audiencia única
de fecha 18/JUL/13, conforme se registra en audio y video, desplegando un
desempeño normal y ordinario (sin realizar mayor esfuerzo) ventilado en este nuevo
modelo procesal donde prevalece la oralidad sobre lo escrito; por ello, los costos deben
ser fijados en función a las incidencias acaecidas en el trámite de la causa, atendiendo a
las incidencias del proceso, la duración y su complejidad; así como la intervención del
abogado patrocinante, quien se ha limitado en presentar un total de siete escritos (de las
que se encuentra incluido una demanda tipo) en estado de ejecución de sentencia;
OCTAVO: Asimismo, respecto al importe consignado en el recibo por honorarios
profesionales presentados por el actor, debe tomarse con reserva en la medida que las
partes pueden pactar libremente su monto, en ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el Juzgador quien las fija y/o regula, en el
caso concreto, considerando las incidencias del proceso, la misma que se ha tramitado
en dos instancias por impugnación de la sentencia por parte de la demandada, resulta
razonable y equitativo regular los mismos en un 12 % de la suma total S/. 17,548.50
soles; ascendiendo al importe de S/. 2,105.82 soles, más el 5% destinado para el Colegio
de Abogados del Santa ascendente a la suma de S/. 105.29 soles; en consecuencia y en
mérito a las consideraciones vertidas SE RESUELVE:
1. INFUNDADA la observación presentada por la demandada CORPORACIÓN
PESQUERA INCA S.A.C. – COPEINCA contra la liquidación de costos
procesales efectuada por la parte accionante; asimismo,
2. REGULAR y APROBAR los costos procesales en el monto de S/. 2,105.82 soles
(DOS MIL CIENTO CINCO CON 82/100 SOLES), más el importe de S/. 105.29
soles (CIENTO CINCO CON 29/100 SOLES), destinados al Colegio de
Abogados del Santa, conforme a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución. En consecuencia,
3. REQUIÉRASE a la demandada a fin de que en el plazo de TRES DÍAS
HÁBILES cumpla con cancelar a favor del demandante la suma regulada y
aprobada por conceptos de costos procesales, bajo apercibimiento de ley en
caso de incumplimiento. Notifíquese. |
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EXPEDIENTE : 01750-2012-0-1817-JR-CO-16
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : NUNEZ MATOS, JUAN CARLOS
MARTILLERO : CASAPIA SOTO, GERMAN JOSE
DEMANDADO : PILLACA GOMEZ, MARISOL MIRIAM
JIMENEZ RIOS, GHANDY LARRY
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 30
Miraflores, trece de enero de dos mil dieciséis.-
DADO CUENTA EN LA FECHA, y atendiendo al escrito que
antecede 114193-2015 presentado por el demandante: Téngase presente; y
ATENDIENDO: Primero: Mediante escrito que antecede el ejecutante BANCO
DE CREDITO DEL PERU, solicita la conclusión del presente proceso manifestando
que la deuda puesta a cobro en autos ha sido cancelada; Segundo: El
presente proceso es uno de ejecución de garantías, el mismo que además se
encuentra en etapa de ejecución forzada; Tercero: Que, según lo prevé el
artículo 727° del Código Procesal Civil, la ejecución forzada concluye cuando
se hace pago íntegro al ejecutante con el producto del remate o con la
adjudicación, o si antes el ejecutado paga íntegramente la obligación; Cuarto:
Siendo ello así, habiendo declarado el ejecutante que la obligación puesta a
cobro ha sido cancelada, habiendo su representante legal legalizado su firma,
se ha cumplido los fines del presente proceso, previsto en el artículo III del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, por lo que carece de objeto continuarse
con la presente causa. Razón por la cual, estando a las consideraciones
precedentes y en aplicación de las normas precitadas, se resuelve: Declarar
FUNDADA la solicitud formulada y, en consecuencia, se declara la
CONCLUSIÓN del presente proceso y consentida o ejecutoriada que sea la
presente: archívese definitivamente el proceso, previa devolución de los
anexos acompañados a la demanda; Notificándose.- |
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EXPEDIENTE : 01750-2012-0-1817-JR-CO-16
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : NUNEZ MATOS, JUAN CARLOS
MARTILLERO : CASAPIA SOTO, GERMAN JOSE
DEMANDADO : PILLACA GOMEZ, MARISOL MIRIAM
JIMENEZ RIOS, GHANDY LARRY
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 30
Miraflores, trece de enero de dos mil dieciséis.-
DADO CUENTA EN LA FECHA, y atendiendo al escrito que
antecede 114193-2015 presentado por el demandante: Téngase presente; y
ATENDIENDO: Primero: Mediante escrito que antecede el ejecutante BANCO
DE CREDITO DEL PERU, solicita la conclusión del presente proceso manifestando
que la deuda puesta a cobro en autos ha sido cancelada; Segundo: El
presente proceso es uno de ejecución de garantías, el mismo que además se
encuentra en etapa de ejecución forzada; Tercero: Que, según lo prevé el
artículo 727° del Código Procesal Civil, la ejecución forzada concluye cuando
se hace pago íntegro al ejecutante con el producto del remate o con la
adjudicación, o si antes el ejecutado paga íntegramente la obligación; Cuarto:
Siendo ello así, habiendo declarado el ejecutante que la obligación puesta a
cobro ha sido cancelada, habiendo su representante legal legalizado su firma,
se ha cumplido los fines del presente proceso, previsto en el artículo III del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, por lo que carece de objeto continuarse
con la presente causa. Razón por la cual, estando a las consideraciones
precedentes y en aplicación de las normas precitadas, se resuelve: Declarar
FUNDADA la solicitud formulada y, en consecuencia, se declara la
CONCLUSIÓN del presente proceso y consentida o ejecutoriada que sea la
presente: archívese definitivamente el proceso, previa devolución de los
anexos acompañados a la demanda; Notificándose.- |
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EXPEDIENTE : 01750-2012-0-1817-JR-CO-16
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : NUNEZ MATOS, JUAN CARLOS
MARTILLERO : CASAPIA SOTO, GERMAN JOSE
DEMANDADO : PILLACA GOMEZ, MARISOL MIRIAM
JIMENEZ RIOS, GHANDY LARRY
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 30
Miraflores, trece de enero de dos mil dieciséis.-
DADO CUENTA EN LA FECHA, y atendiendo al escrito que
antecede 114193-2015 presentado por el demandante: Téngase presente; y
ATENDIENDO: Primero: Mediante escrito que antecede el ejecutante BANCO
DE CREDITO DEL PERU, solicita la conclusión del presente proceso manifestando
que la deuda puesta a cobro en autos ha sido cancelada; Segundo: El
presente proceso es uno de ejecución de garantías, el mismo que además se
encuentra en etapa de ejecución forzada; Tercero: Que, según lo prevé el
artículo 727° del Código Procesal Civil, la ejecución forzada concluye cuando
se hace pago íntegro al ejecutante con el producto del remate o con la
adjudicación, o si antes el ejecutado paga íntegramente la obligación; Cuarto:
Siendo ello así, habiendo declarado el ejecutante que la obligación puesta a
cobro ha sido cancelada, habiendo su representante legal legalizado su firma,
se ha cumplido los fines del presente proceso, previsto en el artículo III del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, por lo que carece de objeto continuarse
con la presente causa. Razón por la cual, estando a las consideraciones
precedentes y en aplicación de las normas precitadas, se resuelve: Declarar
FUNDADA la solicitud formulada y, en consecuencia, se declara la
CONCLUSIÓN del presente proceso y consentida o ejecutoriada que sea la
presente: archívese definitivamente el proceso, previa devolución de los
anexos acompañados a la demanda; Notificándose.- |
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MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
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MARTILLERO : CASAPIA SOTO, GERMAN JOSE
DEMANDADO : PILLACA GOMEZ, MARISOL MIRIAM
JIMENEZ RIOS, GHANDY LARRY
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. 30
Miraflores, trece de enero de dos mil dieciséis.-
DADO CUENTA EN LA FECHA, y atendiendo al escrito que
antecede 114193-2015 presentado por el demandante: Téngase presente; y
ATENDIENDO: Primero: Mediante escrito que antecede el ejecutante BANCO
DE CREDITO DEL PERU, solicita la conclusión del presente proceso manifestando
que la deuda puesta a cobro en autos ha sido cancelada; Segundo: El
presente proceso es uno de ejecución de garantías, el mismo que además se
encuentra en etapa de ejecución forzada; Tercero: Que, según lo prevé el
artículo 727° del Código Procesal Civil, la ejecución forzada concluye cuando
se hace pago íntegro al ejecutante con el producto del remate o con la
adjudicación, o si antes el ejecutado paga íntegramente la obligación; Cuarto:
Siendo ello así, habiendo declarado el ejecutante que la obligación puesta a
cobro ha sido cancelada, habiendo su representante legal legalizado su firma,
se ha cumplido los fines del presente proceso, previsto en el artículo III del Título
Preliminar del Código Procesal Civil, por lo que carece de objeto continuarse
con la presente causa. Razón por la cual, estando a las consideraciones
precedentes y en aplicación de las normas precitadas, se resuelve: Declarar
FUNDADA la solicitud formulada y, en consecuencia, se declara la
CONCLUSIÓN del presente proceso y consentida o ejecutoriada que sea la
presente: archívese definitivamente el proceso, previa devolución de los
anexos acompañados a la demanda; Notificándose.- |