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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00218-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA JHANET YAJAIDA SOLANO BALLARTA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, Doce de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS SENTENCIA, de fecha 14 de
marzo del 2014, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte
ejecutante AFP INTEGRA contra AGROPESCA SA; sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en consecuencia
se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado AGROPESCA
SA, cumpla con pagar la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON
35/100 SOLES (S/10,218.35), contenido en las hojas de liquidación para
cobranza N° IN13C00110829, IN13C00110830, IN12C00110831,
IN13C00110832, IN13C00110833, IN13C00110834 y IN13C00110835 más
intereses legales devengados, costas y costos del proceso. (folios 22-24).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 19 y 20 de marzo del 2014, según constancia de
notificación con número 467-2014 y 468-2014 (folios 25-26), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los
términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS SENTENCIA,
de fecha 14 de marzo del 2014.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00218-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA JHANET YAJAIDA SOLANO BALLARTA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, Doce de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS SENTENCIA, de fecha 14 de
marzo del 2014, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte
ejecutante AFP INTEGRA contra AGROPESCA SA; sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en consecuencia
se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado AGROPESCA
SA, cumpla con pagar la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON
35/100 SOLES (S/10,218.35), contenido en las hojas de liquidación para
cobranza N° IN13C00110829, IN13C00110830, IN12C00110831,
IN13C00110832, IN13C00110833, IN13C00110834 y IN13C00110835 más
intereses legales devengados, costas y costos del proceso. (folios 22-24).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 19 y 20 de marzo del 2014, según constancia de
notificación con número 467-2014 y 468-2014 (folios 25-26), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los
términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS SENTENCIA,
de fecha 14 de marzo del 2014.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO CIVIL - SEDE TINGO MARIA
EXPEDIENTE : 00253-2013-0-1201-SP-CA-01
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : FLORES RIVERA EDILBERTO FREED
ESPECIALISTA : MONTALVAN HURTADO, VICTOR HUGO
TERCERO : ,
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DE HUANUCO ,
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO ,
DEMANDANTE : RUBIO MARTEL, LIDIA
Resolución N° 19
//…María, trece de enero del año
dos mil veinte.--------------------------
AUTOS y VISTOS: Con la razón de secretaria que antecede, y
atendiendo el recurso presentado, mediante el cual se solicita el requerimiento
de pago; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 10 (Sentencia Nº 077-2013), de
fecha 26 de abril del 2013, obrante a folios 117 de autos, se declaró fundada en
parte la demanda incoada por LIDIA RUBIO MARTEL contra la Gerencia
Regional de Desarrollo Social de Huánuco; en consecuencia, se ordenó que la
entidad demandada emita una nueva Resolución Administrativa otorgando el
pago de bonificación especial que otorga el D.U. Nº 037-94 conforme a sus
artículo 1º y 2º con retroactividad al 01 de julio del 1994 por ser personal
administrativo nombrado en el cargo de técnico en enfermería nombrado I,
categoría de grupo ocupacional de los técnicos.-
SEGUNDO: Que, mediante escrito que se da cuenta presentado por la parte
demandante Lidia Rubio Martel, obra la copia simple de la Resolución
Directoral de Salud 0491-2019-GRH-HTM-DE/UP de fecha 19 de noviembre
del 2019, emitida por el Director Ejecutivo del Hospital de Tingo María,
mediante el cual resuelve: Reconocer el pago de la bonificación especial que
otorga el D.U. Nº 037-94 a favor de Lidia Rubio Martel (…) En estricto
cumplimiento a lo ordenado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social
del Gobierno Regional de Huánuco a través de la Resolución Gerencial
Regional Nº 1163-2014-GRH/GRDS de fecha 02 de mayo del 2014;
efectuado por el Área de remuneraciones y Pensiones de la Unidad de Personal, tal como se detalla: Total importe a pagar a favor de Lidia Rubio
Martel la suma de Cincuenta y cinco mil ciento cincuenta y siete con
60/100 soles (S/. 55,157.60). (La negrita y el subrayado son nuestras).-
TERCERO: Que, siendo ello así, toda persona y autoridad está obligada a
acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos y sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o
administrativa, teniendo en cuenta la efectividad de las resoluciones judiciales
consagrado en el inciso 2) y 3) del artículo 139º de la Constitución Política del
Estado, concordante con el Artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y
en el caso de autos la parte demandada Gerencia Regional de Desarrollo
Social del Gobierno Regional Huánuco, está obligada a acatar y dar
cumplimiento a la decisión emanada de la Sentencia que en forma expresa,
clara y precisa ha resuelto la Causa expedida por esta Judicatura.-
CUARTO: Asimismo, el desconocimiento o la omisión de dar cumplimiento a
una resolución judicial por parte del funcionario público o los particulares,
constituye no sólo un agravio a la parte favorecida con la decisión contenida en
dicha resolución, sino por el contrario estaría desconociendo los principios de
separación orgánica de poderes y de legalidad, lo que conllevaría a una
anarquía y desorden social, pero sobretodo se desconocería nuestra condición
de sociedad jurídicamente organizada; es por ello que el Juez está en la
obligación de hacer prevalecer sus decisiones judiciales.
QUINTO: Ahora bien, debe requerirse por última vez su cumplimiento del
mismo, a la parte demandada Gerencia Regional de Desarrollo Social del
Gobierno Regional Huánuco considerando que si bien ha cumplido con emitir
la Resolución Gerencial Regional Nº 1163-2014-GRH/GRDS de fecha 02 de
mayo del 2014, dando cumplimiento a la sentencia expedida en autos, sin
embargo, al tener la condición de demandado en el presente proceso
contencioso administrativo, le corresponde también cumplir con el monto
dinerario que se le adeuda al accionante, requerimiento que debe ser bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa,
conforme dispone el artículo 46.1 y 46.2 de la Ley Nº 27584, concordante con
el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.- SEXTO.- Que, mediante el artículo 2º de la Ley Nº 30137, Ley que establece
Criterios para la atención del pago de sentencias judiciales, modificado por la
Ley Nº 30841, la misma que fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el
día 19 de agosto del 2018, en el artículo 2º establece que “2.1. Los Pliegos
cumplen con efectuar el pago por sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada, en función a los criterio siguientes: 1. Materia Laboral; 2. Materia
Previsional; 3. Victimas en actos de defensa del Estado y victimas por
violaciones de derechos humanos; 4. Otras deudas de carácter social; 5.
Deudas no comprendidas en los numerales precedentes. En los casos de los
numerales 1, 2, 3 y 4 se prioriza el pago a los acreedores mayores de
sentencia y cinco años de edad y/o a los acreedores con enfermedad en
fase avanzada y/o Terminal, debidamente diagnosticado y acreditado por
especialista del Ministerio de Salud y/o Essalud”; lo subrayado y negrita es
nuestro. Concordante con la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Año Fiscal 2019;
Por estas consideraciones y de conformidad a la norma legal antes acotada;
SE RESUELVE:
1. REQUERIR a la entidad demandada Gerencia Regional de Desarrollo
Social del Gobierno Regional Huánuco en la persona de su
representante legal, para que en el plazo perentorio de CINCO DÍAS
HÁBILES cumpla con lo dispuesto en la sentencia, esto es que abone a la
parte demandante LIDIA RUBIO MARTEL la suma de Cincuenta y cinco
mil ciento cincuenta y siete con 60/100 soles (S/. 55,157.60), por
concepto de Bonificación a que otorga el D.U. Nº 037-94; bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal, civil y
administrativa, conforme dispone el artículo 46.1 y 46.2 de la Ley Nº
27584, concordante con el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, dejándose constancia en autos1.-
1 Ley 27584 modificado por el Decreto Legislativo 1067.
Artículo 46.- Deber personal de cumplimiento de la sentencia
46.1 Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo 139 de la Constitución Política y el Artículo 4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la
administración pública, sin que éstos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a realizar todos
los actos para la completa ejecución de la resolución judicial.
46.2 El responsable del cumplimiento del mandato judicial será la autoridad de más alta jerarquía de la entidad, el que
podrá comunicar por escrito al Juez qué funcionario será encargado en forma específica de la misma, el que asumirá 2. NOTIFÍQUESE con la presente resolución al Gobernador del Gobierno
Regional de Huánuco, como autoridad de más alta jerarquía del Gobierno
Regional de Huánuco, conforme dispone el artículo 46.2 de la Ley Nº
27584; y sin perjuicio de ello NOTIFÍQUESE al funcionario que asume
actualmente el cargo de Gerencia Regional de Desarrollo Social del
Gobierno Regional de Huánuco y a su Procurador Publico de asuntos
jurídicos del Gobierno Regional de Huánuco, a través de la Central de
Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, adjuntándose
copias simples de la sentencia y presente resolución para su efectivo
cumplimiento.
3. Al otrosí digo: téngase por fijada su casilla electrónica de la recurrente
donde se le harán llegar las resoluciones que se expidan conforme a ley;
4. AVOCANDOSE al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe por disposición Superior; NOTIFÍQUESE a las partes con arreglo
a Ley.-
las responsabilidades que señala el inciso anterior. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el Juez podrá
identificar al órgano responsable dentro de la entidad y otorgarle un plazo razonable para la ejecución de la sentencia. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO CIVIL - SEDE TINGO MARIA
EXPEDIENTE : 00253-2013-0-1201-SP-CA-01
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : GASPAR REYMUNDO ALEX ABEL
ESPECIALISTA : MONTALVAN HURTADO, VICTOR HUGO
TERCERO : ,
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO REGIONAL DE HUANUCO ,
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO ,
DEMANDANTE : RUBIO MARTEL, LIDIA
Resolución N° 18
//…María, siete de junio del año
dos mil diecinueve.-------------------
AUTOS y VISTOS: Con el recurso presentado, mediante el
cual se solicita el requerimiento de pago; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 10 (Sentencia Nº 077-2013), de
fecha 26 de abril del 2013, obrante a folios 117 de autos, se declaró fundada en
parte la demanda incoada por LIDIA RUBIO MARTEL contra la Gerencia
Regional de Desarrollo Social de Huánuco; en consecuencia, se ordenó que la
entidad demandada emita una nueva resolución administrativa otorgándole a la
demandante el pago de la bonificación especial que otorga el D.U. Nº 037-94
conforme a sus artículos 1º Y 2º (en forma permanente) con retroactividad al 01
cde julio de 1994 por ser personal administrativo nombrado en el cargo de
Técnico en Enfermería nombrado I Categoría de Grupo Ocupacional de los
Técnicos (categorizado en virtud del D.S. Nº 107-87-PCM que establecido el
proceso de categorización) Nivel Remunerativo STC de la escala y a 08
correspondiente a la suma de doscientos nuevos soles (S/200.00) deduciendo
lo percibido por el D.S. 019-94-PCM; precisaron más intereses legales que se
generaran sólo ante el retraso de ejecución de la sentencia. Resolución que
quedó firme mediante Sentencia de Vista de fojas 152 de fecha 08 de
noviembre del 2013 de autos.-
SEGUNDO: Que, siendo ello así, toda persona y autoridad está obligada a
acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole
administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos y sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o
administrativa, teniendo en cuenta la efectividad de las resoluciones judiciales
consagrado en el inciso 2) y 3) del artículo 139º de la Constitución Política del
Estado, concordante con el Artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y
en el caso de autos la parte demandada Gerencia Regional de Desarrollo
Social del Gobierno Regional Huánuco, está obligada a acatar y dar
cumplimiento a la decisión emanada de la Sentencia que en forma expresa,
clara y precisa ha resuelto la Causa expedida por esta Judicatura.-
TERCERO: Asimismo, el desconocimiento o la omisión de dar cumplimiento a
una resolución judicial por parte del funcionario público o los particulares,
constituye no sólo un agravio a la parte favorecida con la decisión contenida en
dicha resolución, sino por el contrario estaría desconociendo los principios de
separación orgánica de poderes y de legalidad, lo que conllevaría a una
anarquía y desorden social, pero sobretodo se desconocería nuestra condición
de sociedad jurídicamente organizada; es por ello que el Juez está en la
obligación de hacer prevalecer sus decisiones judiciales.
CUARTO: Ahora bien, debe requerirse por última vez su cumplimiento del
mismo, a la parte demandada Gerencia Regional de Desarrollo Social del
Gobierno Regional Huánuco considerando que si bien ha cumplido con emitir
la Resolución Gerencial Regional Nº 1163-2014-GRH/GRDS de fecha 02 de
mayo del 2014, dando cumplimiento a la sentencia expedida en autos, sin
embargo, al tener la condición de demandado en el presente proceso
contencioso administrativo, le corresponde también cumplir con el monto
dinerario que se le adeuda al accionante, requerimiento que debe ser bajo
apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa,
conforme dispone el artículo 46.1 y 46.2 de la Ley Nº 27584, concordante con
el artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.-
SEXTO.- Que, mediante el artículo 2º de la Ley Nº 30137, Ley que establece
Criterios para la atención del pago de sentencias judiciales, modificado por la
Ley Nº 30841, la misma que fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el
día 19 de agosto del 2018, en el artículo 2º establece que “2.1. Los Pliegos
cumplen con efectuar el pago por sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada, en función a los criterio siguientes: 1. Materia Laboral; 2. Materia
Previsional; 3. Victimas en actos de defensa del Estado y victimas por violaciones de derechos humanos; 4. Otras deudas de carácter social; 5.
Deudas no comprendidas en los numerales precedentes. En los casos de los
numerales 1, 2, 3 y 4 se prioriza el pago a los acreedores mayores de
sentencia y cinco años de edad y/o a los acreedores con enfermedad en
fase avanzada y/o Terminal, debidamente diagnosticado y acreditado por
especialista del Ministerio de Salud y/o Essalud”; lo subrayado y negrita es
nuestro. Concordante con la Ley 30879, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Año Fiscal 2019;
Por estas consideraciones y de conformidad a la norma legal antes acotada;
SE RESUELVE:
1. REQUERIR a la entidad demandada Gerencia Regional de Desarrollo
Social del Gobierno Regional Huánuco en la persona de su
representante legal, para que en el plazo perentorio de CINCO DÍAS
HÁBILES cumpla con lo dispuesto en la sentencia; bajo apercibimiento
de incurrir en responsabilidad penal, civil y administrativa, conforme
dispone el artículo 46.1 y 46.2 de la Ley Nº 27584, concordante con el
artículo 4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dejándose constancia en
autos1.-
2. NOTIFÍQUESE con la presente resolución al Gobernador del Gobierno
Regional de Huánuco, como autoridad de más alta jerarquía del Gobierno
Regional de Huánuco, conforme dispone el artículo 46.2 de la Ley Nº
27584; y sin perjuicio de ello NOTIFÍQUESE al funcionario que asume
actualmente el cargo de Gerencia Regional de Desarrollo Social del
Gobierno Regional de Huánuco y a su Procurador Publico de asuntos
jurídicos del Gobierno Regional de Huánuco, a través de la Central de
Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, adjuntándose
1 Ley 27584 modificado por el Decreto Legislativo 1067.
Artículo 46.- Deber personal de cumplimiento de la sentencia
46.1 Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo 139 de la Constitución Política y el Artículo 4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la
administración pública, sin que éstos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a realizar todos
los actos para la completa ejecución de la resolución judicial.
46.2 El responsable del cumplimiento del mandato judicial será la autoridad de más alta jerarquía de la entidad, el que
podrá comunicar por escrito al Juez qué funcionario será encargado en forma específica de la misma, el que asumirá
las responsabilidades que señala el inciso anterior. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, el Juez podrá
identificar al órgano responsable dentro de la entidad y otorgarle un plazo razonable para la ejecución de la sentencia. copias simples de la sentencia y presente resolución para su efectivo
cumplimiento.
3. Al segundo y tercer otrosí Digo: téngase por señalado su domicilio
procesal y por fijada su casilla electrónica donde se le harán llegar las
resoluciones que se expidan conforme a ley. NOTIFÍQUESE a las partes
con arreglo a Ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 7° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - LA VICTORIA Y SAN LUIS
EXPEDIENTE : 00261-2013-0-1821-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : PANCHANA CESPEDES MILAGRITOS ELIZABETH
ESPECIALISTA : CHUYUS LLANOS SILVIA JANET
DEMANDADO : CCALLA QUINTANA, PATRICIA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. Diecinueve
La Victoria, veintiocho de junio
Del dos mil veintidós.
AUTOS y VISTOS; los autos a despacho; y: CONSIDERANDO:
Primero: Que, el primer párrafo del artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala: “La
dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código”. Asimismo, el
primer párrafo del artículo IX del Título Preliminar del mismo cuerpo de normas, señala: “Las normas
procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario”.
Segundo: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Procesal Civil, “Los plazos
previstos en este Código son perentorios. No pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos
procesales. La misma regla se aplica al plazo judicial. A falta de plazo legal, lo fija el Juez”.
Tercero: Que, conforme lo dispone el artículo 371° del Código Procesal Civil, “Procede la apelación con efecto
suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impiden su continuación, y en los demás
casos previstos en este Código”. Asimismo, el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil señala: “Una
resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 2) Las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos”.
Cuarto: Mediante Resolución Nro. Diecisiete de fecha 10 de noviembre del 2021, se resolvió: “DECLARAR
FUNDADA LA DEMANDA de folios veinte a veinticuatro, sobre obligación de dar suma de dinero, interpuesta por
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra PATRICIA CCALLA QUINTANA, en consecuencia, ORDENO que la
parte demandada cumpla con pagar a la parte demandante BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ la suma de S/.
14,571.69 (CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100 SOLES); más intereses devengados
hasta la fecha en que se produzca el pago, con costas y costos del proceso.”;
Quinto: De la revisión de los actuados, se ha observado que las partes del proceso no han interpuesto recurso
impugnatorio contra la sentencia contenida en la Resolución Nro. Diecisiete de fecha 10 de noviembre del
2021; por lo que, la misma ha quedado consentida;
Por estos fundamentos expuestos precedentemente, se resuelve: Declarar CONSENTIDO la
SENTENCIA contenido en la Resolución Nro. Diecisiete de fecha 10 de noviembre del 2021. - Notifíquese. -
____________________________________________________________________________________________________________________________
Se deja constancia de la firma electrónica de la presente, y de todas las resoluciones que se expedirán en el presente proceso, conforme a lo
establecido en el numeral 7 del artículo 122° del Código Procesal Civil, la Ley N° 27269, el Decreto supremo N° 052-2008-PCM y Ley N°
30229, la cual tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. Dejando constancia que el sistema digital
impregna la firma sólo en el primer folio, dando validez a todo el contenido. Pá gi n a 1 | 1 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 7° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - LA VICTORIA Y SAN LUIS
EXPEDIENTE : 00261-2013-0-1821-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : PANCHANA CESPEDES MILAGRITOS ELIZABETH
ESPECIALISTA : CHUYUS LLANOS SILVIA JANET
DEMANDADO : CCALLA QUINTANA, PATRICIA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE
La Victoria, diez de noviembre
del dos mil veintiuno.-
VISTOS: Resulta de autos, que mediante escrito de folios veinte
a veinticuatro, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ interpone demanda de Obligación de
dar suma de dinero contra PATRICIA CCALLA QUINTANA, a fin de que le pague la
suma ascendente a S/. 14,571.69 (CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON
69/100 SOLES); más intereses compensatorios y moratorios, gastos de cobranza frustrada,
así como costas y costos del proceso.
FUNDAMENTOS DE HECHO:
1. A la demandada Patricia Ccalla Quintana se le otorgó el Crédito Efectivo N°
100191000000000003795041, el cual no fue debidamente honrado, quedando un saldo
pendiente al 18 de marzo del 2013 por la suma de S/. 14,571.69, deuda que ha sido
requerida mediante carta notarial de fecha 18 de marzo del 2013.
2. La obligación a cargo de la demandada se encuentra impaga y es de titularidad de
la recurrente, contando con legitimidad e interés para exigir el monto señalado en su
petitorio, para efectos de acreditar la exigibilidad del cobro adjuntó el Contrato de Crédito
Efectivo, habiendo iniciado previamente la conciliación extrajudicial.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Ampara su demanda en lo dispuesto en los artículos 1219, 1229 y 1868 del Código Civil y
artículos 546 inciso 7 y último párrafo del artículo 547 del Código Procesal Civil.
TRÁMITE:
Admitida la demanda a trámite mediante resolución número uno1, se corrió el traslado
respectivo, la parte demandada no contestó la demanda por lo que, mediante resolución
dos2, se la declaró rebelde y se fijó fecha para la Audiencia Única, la misma que se llevó a
cabo conforme es de verse del acta de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, la
misma que obra en autos, con la sola asistencia del demandante; se saneó el proceso, se fijó
el punto controvertido; se admitieron y se actuaron los medios probatorios, admitiéndose
1 Obrante a fojas 25.
2 Obrante a folios 31. como medio probatorio de oficio el Contrato de Crédito Personal suscrito por la
demandada; expidiéndose con fecha dieciséis de diciembre del dos mil catorce la Sentencia
que declaró infundada la demanda; decisión que fue declarada nula mediante Sentencia de
vista de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciséis3; mediante resolución número diez
de fecha catorce de marzo del dos mil diecisiste4 se admitieron como medios probatorios de
oficio: a) El detalle de las amortizaciones efectuadas por la demandada respecto a la
obligación demandada, debidamente suscritas por el funcionario respectivo; y, b) La
declaración de parte de la demandada, realizándose la audiencia complementaria5 el
veintisiete de junio del dos mil diecisiete, con fecha veintiocho de junio del dos mil
diecisiete la demandante remitió la liquidación de deuda actualizada de la demandada6 por
la suma de S/. 59,460.22; se hizo de conocimiento a las partes que los presentes autos se
encuentran expeditos para sentenciar; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Tutela Jurisdiccional: Nuestra normatividad procesal instituye la tutela
Jurisdiccional, que no es otra cosa, sino la facultad que tiene toda persona de recurrir al
órgano jurisdiccional para hacer efectivo su derecho de acción o contradicción; es decir, una
concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción
frente al poder – deber de la jurisdicción; tutela que no resulta vulnerada al rechazarse una
pretensión, pues no es un derecho incondicional a la prestación jurisdiccional, sino que
requiere del cumplimiento de ciertos requisitos previos e indispensables a través de las vías
procesales legalmente establecidas, lo que tampoco podría calificarse como indefensión,
cuando el recurrente ha tenido a disposición todas las herramientas jurídicas e instancias
para hacer valer su derecho; consecuentemente se entiende como un derecho limitado en
virtud de la concurrencia de otro derecho o libertad constitucionalmente protegido, que
suponga incompatibilidad con el mismo, lo que en síntesis constituye el debido proceso.
SEGUNDO.- Carga de la Prueba y valoración de ésta: El Tribunal Constitucional nacional
ha señalado: “(…) se ha puesto de relieve que una de las garantías que asisten a las partes del
proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios para posibilitar la creación de
convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos”7, y que: “El derecho a la
prueba tiene una doble dimensión o carácter. En su dimensión subjetiva, las partes o un
tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba
necesaria, con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.
En su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el
3 Obrante a folios 87 a 90.
4 Obrante a folios 102 a 104.
5 Obrante a folios 116.
6 Obrante a folios 118.
7 STC N° 1014-2007-PHC/TC. mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia”8 (lo subrayado y énfasis es
nuestro).
Por su parte, el artículo 188° del Código Procesal Civil establece que los medios probatorios
tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el
Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. En tal sentido, la
prueba es el instrumento que utilizan las partes para demostrar la verdad de sus
afirmaciones y del cual se sirve el juez para decidir respecto a la verdad o falsedad de los
enunciados fácticos9.
Así, debe tenerse presente que el éxito de todo alegato está sujeto a la probanza de las
afirmaciones que se realiza, de conformidad con el principio de auto responsabilidad
probatoria recogido en el artículo 196 del Código Procesal Civil.
TERCERO.- Sobre la pretensión: El presente proceso tiene como materia de fondo analizar
el derecho invocado por la entidad accionante Banco de Crédito del Perú para solicitar el
pago de la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100 SOLES,
en la demanda dirigida contra Patricia Ccalla Quintana.
CUARTO: Sobre las obligaciones patrimoniales: En principio toda relación jurídica tiene
por objeto a la prestación, que consistente en el comportamiento que debe observar el sujeto
del deber frente al sujeto del derecho. Al respecto, la relación jurídica patrimonial se
denomina relación obligacional o simplemente obligación; en este tipo de relaciones al sujeto
de derecho se le llama acreedor, y al del deber se le denomina deudor; entonces, la
obligación es el vínculo entre acreedor y deudor, por cuyo vínculo se ejecuta una
prestación pecuniaria de dar, hacer o no hacer, a favor del acreedor.
Además, el inciso 1 del artículo 1219 del Código Civil, establece: “es efecto de las obligaciones
autorizar al acreedor a emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que
está obligado.”
QUINTO.- Con relación al pago: Ahora bien, ante la existencia acreditada de la obligación,
la carga de la prueba se invierte, obligando al deudor a demostrar la cancelación de la
prestación. Así se tiene de autos, que con el mérito de el Estado Cuenta del Saldo deudor
del Crédito Efectivo N° N° 100191000000000003795041 al 18 de marzo del 2013 (folios 08), la
Liquidación de deuda al dieciocho de marzo del dos mil trece (folios 09), el cronograma de
pagos (folios 10 a 11), la Carta Notarial de fecha dieciocho de marzo del dos mil trece (folios
12) y el acta de conciliación N° 594-2013 del once de julio del dos mil trece (folios 13 a 17),
asimismo obra en autos la liquidación de deuda actualizada (folios 118) y conforme se
8 STC N° 1014-2007-PHC/TC.
9 TARUFFO, Michelle. Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad. En: Discusiones, Nº 3, 2003, p.
32. verifica del acta de audiencia complementaria de fecha veintisiete de junio del dos mil
diecisiete (folios 116), la demandada no concurrió para efectos de brindar su declaración
sobre los hechos a pesar de encontrarse debidamente notificada; instrumentales cuyo valor
y eficacia probatoria no han sido cuestionadas en este proceso,a lo que debe sumarse la
presunción relativa de verdad que generan los hechos expuestos por la demandante, originada
por la inasistencia de la demandada Patricia Ccalla Quintana a la conciliación a la cual fue
invitada antes de iniciar el presente proceso, conforme lo establece el art. 15 de la Ley de
Conciliación; acreditándose la relación jurídica obligacional entre las partes y el
reconocimiento en el derecho de la parte actora de exigir la satisfacción de su interés en uso
de su derecho previsto en el artículo 1219º inciso 1 del Código Civil, y de los deudores, el
deber de realizar su prestación. Por tanto el punto controvertido señalado en el acto de la
audiencia ha sido probado a favor de la demandante.
QUINTO.- Estando a lo expuesto precedentemente, y, teniendo en cuenta que la parte
demandada no ha tachado los medios probatorios ofrecidos por la parte demandada,
renunciando además a su derecho al contradictorio al no haber contestado la demanda,
dada su condición de rebelde en el proceso, y no habiendo acreditado que ha cancelado la
suma reclamada en la demanda, ni que la obligación le sea inexigible, siendo ello así y
correspondiendo la prueba de pago a quien pretende haberlo efectuado, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 1229º del Código Civil, se concluye que debe ampararse la
demanda.
SEXTO. – De conformidad con el artículo 132410 del Código Civil, las obligaciones de dar
suma de dinero devengan el interés legal; por consiguiente, si corresponde el pago de los
intereses legales a favor de la parte demandante.
Por estas consideraciones, la Señora Juez del Séptimo Juzgado de Paz Letrado Mixto de La
Victoria y San Luis, Administrando Justicia a nombre de la Nación:
RESUELVE:
DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA de folios veinte a veinticuatro, sobre obligación
de dar suma de dinero, interpuesta por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra
PATRICIA CCALLA QUINTANA, en consecuencia ORDENO que la parte demandada
cumpla con pagar a la parte demandante BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ la suma de
S/. 14,571.69 (CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100 SOLES);
más intereses devengados hasta la fecha en que se produzca el pago, con costas y costos del
proceso. Al escrito N° 4779-2021 presentado por el demandante, estese a lo resuleto en la
presente resolución. NOTIFÍQUESE.
10 Artículo 1324°.- Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú,
desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno. (…) |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 7° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - LA VICTORIA Y SAN LUIS
EXPEDIENTE : 00261-2013-0-1821-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : PANCHANA CESPEDES MILAGRITOS ELIZABETH
ESPECIALISTA : CHUYUS LLANOS SILVIA JANET
DEMANDADO : CCALLA QUINTANA, PATRICIA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. Diecinueve
La Victoria, veintiocho de junio
Del dos mil veintidós.
AUTOS y VISTOS; los autos a despacho; y: CONSIDERANDO:
Primero: Que, el primer párrafo del artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala: “La
dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código”. Asimismo, el
primer párrafo del artículo IX del Título Preliminar del mismo cuerpo de normas, señala: “Las normas
procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario”.
Segundo: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Procesal Civil, “Los plazos
previstos en este Código son perentorios. No pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos
procesales. La misma regla se aplica al plazo judicial. A falta de plazo legal, lo fija el Juez”.
Tercero: Que, conforme lo dispone el artículo 371° del Código Procesal Civil, “Procede la apelación con efecto
suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impiden su continuación, y en los demás
casos previstos en este Código”. Asimismo, el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil señala: “Una
resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 2) Las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos”.
Cuarto: Mediante Resolución Nro. Diecisiete de fecha 10 de noviembre del 2021, se resolvió: “DECLARAR
FUNDADA LA DEMANDA de folios veinte a veinticuatro, sobre obligación de dar suma de dinero, interpuesta por
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra PATRICIA CCALLA QUINTANA, en consecuencia, ORDENO que la
parte demandada cumpla con pagar a la parte demandante BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ la suma de S/.
14,571.69 (CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100 SOLES); más intereses devengados
hasta la fecha en que se produzca el pago, con costas y costos del proceso.”;
Quinto: De la revisión de los actuados, se ha observado que las partes del proceso no han interpuesto recurso
impugnatorio contra la sentencia contenida en la Resolución Nro. Diecisiete de fecha 10 de noviembre del
2021; por lo que, la misma ha quedado consentida;
Por estos fundamentos expuestos precedentemente, se resuelve: Declarar CONSENTIDO la
SENTENCIA contenido en la Resolución Nro. Diecisiete de fecha 10 de noviembre del 2021. - Notifíquese. -
____________________________________________________________________________________________________________________________
Se deja constancia de la firma electrónica de la presente, y de todas las resoluciones que se expedirán en el presente proceso, conforme a lo
establecido en el numeral 7 del artículo 122° del Código Procesal Civil, la Ley N° 27269, el Decreto supremo N° 052-2008-PCM y Ley N°
30229, la cual tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. Dejando constancia que el sistema digital
impregna la firma sólo en el primer folio, dando validez a todo el contenido. Pá gi n a 1 | 1 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 7° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - LA VICTORIA Y SAN LUIS
EXPEDIENTE : 00261-2013-0-1821-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : PANCHANA CESPEDES MILAGRITOS ELIZABETH
ESPECIALISTA : CHUYUS LLANOS SILVIA JANET
DEMANDADO : CCALLA QUINTANA, PATRICIA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE
La Victoria, diez de noviembre
del dos mil veintiuno.-
VISTOS: Resulta de autos, que mediante escrito de folios veinte
a veinticuatro, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ interpone demanda de Obligación de
dar suma de dinero contra PATRICIA CCALLA QUINTANA, a fin de que le pague la
suma ascendente a S/. 14,571.69 (CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON
69/100 SOLES); más intereses compensatorios y moratorios, gastos de cobranza frustrada,
así como costas y costos del proceso.
FUNDAMENTOS DE HECHO:
1. A la demandada Patricia Ccalla Quintana se le otorgó el Crédito Efectivo N°
100191000000000003795041, el cual no fue debidamente honrado, quedando un saldo
pendiente al 18 de marzo del 2013 por la suma de S/. 14,571.69, deuda que ha sido
requerida mediante carta notarial de fecha 18 de marzo del 2013.
2. La obligación a cargo de la demandada se encuentra impaga y es de titularidad de
la recurrente, contando con legitimidad e interés para exigir el monto señalado en su
petitorio, para efectos de acreditar la exigibilidad del cobro adjuntó el Contrato de Crédito
Efectivo, habiendo iniciado previamente la conciliación extrajudicial.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Ampara su demanda en lo dispuesto en los artículos 1219, 1229 y 1868 del Código Civil y
artículos 546 inciso 7 y último párrafo del artículo 547 del Código Procesal Civil.
TRÁMITE:
Admitida la demanda a trámite mediante resolución número uno1, se corrió el traslado
respectivo, la parte demandada no contestó la demanda por lo que, mediante resolución
dos2, se la declaró rebelde y se fijó fecha para la Audiencia Única, la misma que se llevó a
cabo conforme es de verse del acta de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, la
misma que obra en autos, con la sola asistencia del demandante; se saneó el proceso, se fijó
el punto controvertido; se admitieron y se actuaron los medios probatorios, admitiéndose
1 Obrante a fojas 25.
2 Obrante a folios 31. como medio probatorio de oficio el Contrato de Crédito Personal suscrito por la
demandada; expidiéndose con fecha dieciséis de diciembre del dos mil catorce la Sentencia
que declaró infundada la demanda; decisión que fue declarada nula mediante Sentencia de
vista de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciséis3; mediante resolución número diez
de fecha catorce de marzo del dos mil diecisiste4 se admitieron como medios probatorios de
oficio: a) El detalle de las amortizaciones efectuadas por la demandada respecto a la
obligación demandada, debidamente suscritas por el funcionario respectivo; y, b) La
declaración de parte de la demandada, realizándose la audiencia complementaria5 el
veintisiete de junio del dos mil diecisiete, con fecha veintiocho de junio del dos mil
diecisiete la demandante remitió la liquidación de deuda actualizada de la demandada6 por
la suma de S/. 59,460.22; se hizo de conocimiento a las partes que los presentes autos se
encuentran expeditos para sentenciar; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Tutela Jurisdiccional: Nuestra normatividad procesal instituye la tutela
Jurisdiccional, que no es otra cosa, sino la facultad que tiene toda persona de recurrir al
órgano jurisdiccional para hacer efectivo su derecho de acción o contradicción; es decir, una
concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción
frente al poder – deber de la jurisdicción; tutela que no resulta vulnerada al rechazarse una
pretensión, pues no es un derecho incondicional a la prestación jurisdiccional, sino que
requiere del cumplimiento de ciertos requisitos previos e indispensables a través de las vías
procesales legalmente establecidas, lo que tampoco podría calificarse como indefensión,
cuando el recurrente ha tenido a disposición todas las herramientas jurídicas e instancias
para hacer valer su derecho; consecuentemente se entiende como un derecho limitado en
virtud de la concurrencia de otro derecho o libertad constitucionalmente protegido, que
suponga incompatibilidad con el mismo, lo que en síntesis constituye el debido proceso.
SEGUNDO.- Carga de la Prueba y valoración de ésta: El Tribunal Constitucional nacional
ha señalado: “(…) se ha puesto de relieve que una de las garantías que asisten a las partes del
proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios para posibilitar la creación de
convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos”7, y que: “El derecho a la
prueba tiene una doble dimensión o carácter. En su dimensión subjetiva, las partes o un
tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba
necesaria, con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.
En su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el
3 Obrante a folios 87 a 90.
4 Obrante a folios 102 a 104.
5 Obrante a folios 116.
6 Obrante a folios 118.
7 STC N° 1014-2007-PHC/TC. mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia”8 (lo subrayado y énfasis es
nuestro).
Por su parte, el artículo 188° del Código Procesal Civil establece que los medios probatorios
tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el
Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. En tal sentido, la
prueba es el instrumento que utilizan las partes para demostrar la verdad de sus
afirmaciones y del cual se sirve el juez para decidir respecto a la verdad o falsedad de los
enunciados fácticos9.
Así, debe tenerse presente que el éxito de todo alegato está sujeto a la probanza de las
afirmaciones que se realiza, de conformidad con el principio de auto responsabilidad
probatoria recogido en el artículo 196 del Código Procesal Civil.
TERCERO.- Sobre la pretensión: El presente proceso tiene como materia de fondo analizar
el derecho invocado por la entidad accionante Banco de Crédito del Perú para solicitar el
pago de la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100 SOLES,
en la demanda dirigida contra Patricia Ccalla Quintana.
CUARTO: Sobre las obligaciones patrimoniales: En principio toda relación jurídica tiene
por objeto a la prestación, que consistente en el comportamiento que debe observar el sujeto
del deber frente al sujeto del derecho. Al respecto, la relación jurídica patrimonial se
denomina relación obligacional o simplemente obligación; en este tipo de relaciones al sujeto
de derecho se le llama acreedor, y al del deber se le denomina deudor; entonces, la
obligación es el vínculo entre acreedor y deudor, por cuyo vínculo se ejecuta una
prestación pecuniaria de dar, hacer o no hacer, a favor del acreedor.
Además, el inciso 1 del artículo 1219 del Código Civil, establece: “es efecto de las obligaciones
autorizar al acreedor a emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que
está obligado.”
QUINTO.- Con relación al pago: Ahora bien, ante la existencia acreditada de la obligación,
la carga de la prueba se invierte, obligando al deudor a demostrar la cancelación de la
prestación. Así se tiene de autos, que con el mérito de el Estado Cuenta del Saldo deudor
del Crédito Efectivo N° N° 100191000000000003795041 al 18 de marzo del 2013 (folios 08), la
Liquidación de deuda al dieciocho de marzo del dos mil trece (folios 09), el cronograma de
pagos (folios 10 a 11), la Carta Notarial de fecha dieciocho de marzo del dos mil trece (folios
12) y el acta de conciliación N° 594-2013 del once de julio del dos mil trece (folios 13 a 17),
asimismo obra en autos la liquidación de deuda actualizada (folios 118) y conforme se
8 STC N° 1014-2007-PHC/TC.
9 TARUFFO, Michelle. Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad. En: Discusiones, Nº 3, 2003, p.
32. verifica del acta de audiencia complementaria de fecha veintisiete de junio del dos mil
diecisiete (folios 116), la demandada no concurrió para efectos de brindar su declaración
sobre los hechos a pesar de encontrarse debidamente notificada; instrumentales cuyo valor
y eficacia probatoria no han sido cuestionadas en este proceso,a lo que debe sumarse la
presunción relativa de verdad que generan los hechos expuestos por la demandante, originada
por la inasistencia de la demandada Patricia Ccalla Quintana a la conciliación a la cual fue
invitada antes de iniciar el presente proceso, conforme lo establece el art. 15 de la Ley de
Conciliación; acreditándose la relación jurídica obligacional entre las partes y el
reconocimiento en el derecho de la parte actora de exigir la satisfacción de su interés en uso
de su derecho previsto en el artículo 1219º inciso 1 del Código Civil, y de los deudores, el
deber de realizar su prestación. Por tanto el punto controvertido señalado en el acto de la
audiencia ha sido probado a favor de la demandante.
QUINTO.- Estando a lo expuesto precedentemente, y, teniendo en cuenta que la parte
demandada no ha tachado los medios probatorios ofrecidos por la parte demandada,
renunciando además a su derecho al contradictorio al no haber contestado la demanda,
dada su condición de rebelde en el proceso, y no habiendo acreditado que ha cancelado la
suma reclamada en la demanda, ni que la obligación le sea inexigible, siendo ello así y
correspondiendo la prueba de pago a quien pretende haberlo efectuado, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 1229º del Código Civil, se concluye que debe ampararse la
demanda.
SEXTO. – De conformidad con el artículo 132410 del Código Civil, las obligaciones de dar
suma de dinero devengan el interés legal; por consiguiente, si corresponde el pago de los
intereses legales a favor de la parte demandante.
Por estas consideraciones, la Señora Juez del Séptimo Juzgado de Paz Letrado Mixto de La
Victoria y San Luis, Administrando Justicia a nombre de la Nación:
RESUELVE:
DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA de folios veinte a veinticuatro, sobre obligación
de dar suma de dinero, interpuesta por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra
PATRICIA CCALLA QUINTANA, en consecuencia ORDENO que la parte demandada
cumpla con pagar a la parte demandante BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ la suma de
S/. 14,571.69 (CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100 SOLES);
más intereses devengados hasta la fecha en que se produzca el pago, con costas y costos del
proceso. Al escrito N° 4779-2021 presentado por el demandante, estese a lo resuleto en la
presente resolución. NOTIFÍQUESE.
10 Artículo 1324°.- Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú,
desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno. (…) |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 7° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - LA VICTORIA Y SAN LUIS
EXPEDIENTE : 00261-2013-0-1821-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : PANCHANA CESPEDES MILAGRITOS ELIZABETH
ESPECIALISTA : CHUYUS LLANOS SILVIA JANET
DEMANDADO : CCALLA QUINTANA, PATRICIA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. Diecinueve
La Victoria, veintiocho de junio
Del dos mil veintidós.
AUTOS y VISTOS; los autos a despacho; y: CONSIDERANDO:
Primero: Que, el primer párrafo del artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala: “La
dirección del proceso está a cargo del Juez, quien la ejerce de acuerdo a lo dispuesto en este Código”. Asimismo, el
primer párrafo del artículo IX del Título Preliminar del mismo cuerpo de normas, señala: “Las normas
procesales contenidas en este Código son de carácter imperativo, salvo regulación permisiva en contrario”.
Segundo: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 146 del Código Procesal Civil, “Los plazos
previstos en este Código son perentorios. No pueden ser prorrogados por las partes con relación a determinados actos
procesales. La misma regla se aplica al plazo judicial. A falta de plazo legal, lo fija el Juez”.
Tercero: Que, conforme lo dispone el artículo 371° del Código Procesal Civil, “Procede la apelación con efecto
suspensivo contra las sentencias y autos que dan por concluido el proceso o impiden su continuación, y en los demás
casos previstos en este Código”. Asimismo, el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil señala: “Una
resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada cuando: 2) Las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos”.
Cuarto: Mediante Resolución Nro. Diecisiete de fecha 10 de noviembre del 2021, se resolvió: “DECLARAR
FUNDADA LA DEMANDA de folios veinte a veinticuatro, sobre obligación de dar suma de dinero, interpuesta por
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra PATRICIA CCALLA QUINTANA, en consecuencia, ORDENO que la
parte demandada cumpla con pagar a la parte demandante BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ la suma de S/.
14,571.69 (CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100 SOLES); más intereses devengados
hasta la fecha en que se produzca el pago, con costas y costos del proceso.”;
Quinto: De la revisión de los actuados, se ha observado que las partes del proceso no han interpuesto recurso
impugnatorio contra la sentencia contenida en la Resolución Nro. Diecisiete de fecha 10 de noviembre del
2021; por lo que, la misma ha quedado consentida;
Por estos fundamentos expuestos precedentemente, se resuelve: Declarar CONSENTIDO la
SENTENCIA contenido en la Resolución Nro. Diecisiete de fecha 10 de noviembre del 2021. - Notifíquese. -
____________________________________________________________________________________________________________________________
Se deja constancia de la firma electrónica de la presente, y de todas las resoluciones que se expedirán en el presente proceso, conforme a lo
establecido en el numeral 7 del artículo 122° del Código Procesal Civil, la Ley N° 27269, el Decreto supremo N° 052-2008-PCM y Ley N°
30229, la cual tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. Dejando constancia que el sistema digital
impregna la firma sólo en el primer folio, dando validez a todo el contenido. Pá gi n a 1 | 1 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 7° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - LA VICTORIA Y SAN LUIS
EXPEDIENTE : 00261-2013-0-1821-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : PANCHANA CESPEDES MILAGRITOS ELIZABETH
ESPECIALISTA : CHUYUS LLANOS SILVIA JANET
DEMANDADO : CCALLA QUINTANA, PATRICIA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE
La Victoria, diez de noviembre
del dos mil veintiuno.-
VISTOS: Resulta de autos, que mediante escrito de folios veinte
a veinticuatro, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ interpone demanda de Obligación de
dar suma de dinero contra PATRICIA CCALLA QUINTANA, a fin de que le pague la
suma ascendente a S/. 14,571.69 (CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON
69/100 SOLES); más intereses compensatorios y moratorios, gastos de cobranza frustrada,
así como costas y costos del proceso.
FUNDAMENTOS DE HECHO:
1. A la demandada Patricia Ccalla Quintana se le otorgó el Crédito Efectivo N°
100191000000000003795041, el cual no fue debidamente honrado, quedando un saldo
pendiente al 18 de marzo del 2013 por la suma de S/. 14,571.69, deuda que ha sido
requerida mediante carta notarial de fecha 18 de marzo del 2013.
2. La obligación a cargo de la demandada se encuentra impaga y es de titularidad de
la recurrente, contando con legitimidad e interés para exigir el monto señalado en su
petitorio, para efectos de acreditar la exigibilidad del cobro adjuntó el Contrato de Crédito
Efectivo, habiendo iniciado previamente la conciliación extrajudicial.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
Ampara su demanda en lo dispuesto en los artículos 1219, 1229 y 1868 del Código Civil y
artículos 546 inciso 7 y último párrafo del artículo 547 del Código Procesal Civil.
TRÁMITE:
Admitida la demanda a trámite mediante resolución número uno1, se corrió el traslado
respectivo, la parte demandada no contestó la demanda por lo que, mediante resolución
dos2, se la declaró rebelde y se fijó fecha para la Audiencia Única, la misma que se llevó a
cabo conforme es de verse del acta de fecha veinticuatro de junio del dos mil catorce, la
misma que obra en autos, con la sola asistencia del demandante; se saneó el proceso, se fijó
el punto controvertido; se admitieron y se actuaron los medios probatorios, admitiéndose
1 Obrante a fojas 25.
2 Obrante a folios 31. como medio probatorio de oficio el Contrato de Crédito Personal suscrito por la
demandada; expidiéndose con fecha dieciséis de diciembre del dos mil catorce la Sentencia
que declaró infundada la demanda; decisión que fue declarada nula mediante Sentencia de
vista de fecha veinticinco de abril del dos mil dieciséis3; mediante resolución número diez
de fecha catorce de marzo del dos mil diecisiste4 se admitieron como medios probatorios de
oficio: a) El detalle de las amortizaciones efectuadas por la demandada respecto a la
obligación demandada, debidamente suscritas por el funcionario respectivo; y, b) La
declaración de parte de la demandada, realizándose la audiencia complementaria5 el
veintisiete de junio del dos mil diecisiete, con fecha veintiocho de junio del dos mil
diecisiete la demandante remitió la liquidación de deuda actualizada de la demandada6 por
la suma de S/. 59,460.22; se hizo de conocimiento a las partes que los presentes autos se
encuentran expeditos para sentenciar; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Tutela Jurisdiccional: Nuestra normatividad procesal instituye la tutela
Jurisdiccional, que no es otra cosa, sino la facultad que tiene toda persona de recurrir al
órgano jurisdiccional para hacer efectivo su derecho de acción o contradicción; es decir, una
concepción garantista y tutelar que encierra todo lo concerniente al derecho de acción
frente al poder – deber de la jurisdicción; tutela que no resulta vulnerada al rechazarse una
pretensión, pues no es un derecho incondicional a la prestación jurisdiccional, sino que
requiere del cumplimiento de ciertos requisitos previos e indispensables a través de las vías
procesales legalmente establecidas, lo que tampoco podría calificarse como indefensión,
cuando el recurrente ha tenido a disposición todas las herramientas jurídicas e instancias
para hacer valer su derecho; consecuentemente se entiende como un derecho limitado en
virtud de la concurrencia de otro derecho o libertad constitucionalmente protegido, que
suponga incompatibilidad con el mismo, lo que en síntesis constituye el debido proceso.
SEGUNDO.- Carga de la Prueba y valoración de ésta: El Tribunal Constitucional nacional
ha señalado: “(…) se ha puesto de relieve que una de las garantías que asisten a las partes del
proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios para posibilitar la creación de
convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos”7, y que: “El derecho a la
prueba tiene una doble dimensión o carácter. En su dimensión subjetiva, las partes o un
tercero legitimado en un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba
necesaria, con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa.
En su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el
3 Obrante a folios 87 a 90.
4 Obrante a folios 102 a 104.
5 Obrante a folios 116.
6 Obrante a folios 118.
7 STC N° 1014-2007-PHC/TC. mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia”8 (lo subrayado y énfasis es
nuestro).
Por su parte, el artículo 188° del Código Procesal Civil establece que los medios probatorios
tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el
Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. En tal sentido, la
prueba es el instrumento que utilizan las partes para demostrar la verdad de sus
afirmaciones y del cual se sirve el juez para decidir respecto a la verdad o falsedad de los
enunciados fácticos9.
Así, debe tenerse presente que el éxito de todo alegato está sujeto a la probanza de las
afirmaciones que se realiza, de conformidad con el principio de auto responsabilidad
probatoria recogido en el artículo 196 del Código Procesal Civil.
TERCERO.- Sobre la pretensión: El presente proceso tiene como materia de fondo analizar
el derecho invocado por la entidad accionante Banco de Crédito del Perú para solicitar el
pago de la suma de CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100 SOLES,
en la demanda dirigida contra Patricia Ccalla Quintana.
CUARTO: Sobre las obligaciones patrimoniales: En principio toda relación jurídica tiene
por objeto a la prestación, que consistente en el comportamiento que debe observar el sujeto
del deber frente al sujeto del derecho. Al respecto, la relación jurídica patrimonial se
denomina relación obligacional o simplemente obligación; en este tipo de relaciones al sujeto
de derecho se le llama acreedor, y al del deber se le denomina deudor; entonces, la
obligación es el vínculo entre acreedor y deudor, por cuyo vínculo se ejecuta una
prestación pecuniaria de dar, hacer o no hacer, a favor del acreedor.
Además, el inciso 1 del artículo 1219 del Código Civil, establece: “es efecto de las obligaciones
autorizar al acreedor a emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que
está obligado.”
QUINTO.- Con relación al pago: Ahora bien, ante la existencia acreditada de la obligación,
la carga de la prueba se invierte, obligando al deudor a demostrar la cancelación de la
prestación. Así se tiene de autos, que con el mérito de el Estado Cuenta del Saldo deudor
del Crédito Efectivo N° N° 100191000000000003795041 al 18 de marzo del 2013 (folios 08), la
Liquidación de deuda al dieciocho de marzo del dos mil trece (folios 09), el cronograma de
pagos (folios 10 a 11), la Carta Notarial de fecha dieciocho de marzo del dos mil trece (folios
12) y el acta de conciliación N° 594-2013 del once de julio del dos mil trece (folios 13 a 17),
asimismo obra en autos la liquidación de deuda actualizada (folios 118) y conforme se
8 STC N° 1014-2007-PHC/TC.
9 TARUFFO, Michelle. Algunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdad. En: Discusiones, Nº 3, 2003, p.
32. verifica del acta de audiencia complementaria de fecha veintisiete de junio del dos mil
diecisiete (folios 116), la demandada no concurrió para efectos de brindar su declaración
sobre los hechos a pesar de encontrarse debidamente notificada; instrumentales cuyo valor
y eficacia probatoria no han sido cuestionadas en este proceso,a lo que debe sumarse la
presunción relativa de verdad que generan los hechos expuestos por la demandante, originada
por la inasistencia de la demandada Patricia Ccalla Quintana a la conciliación a la cual fue
invitada antes de iniciar el presente proceso, conforme lo establece el art. 15 de la Ley de
Conciliación; acreditándose la relación jurídica obligacional entre las partes y el
reconocimiento en el derecho de la parte actora de exigir la satisfacción de su interés en uso
de su derecho previsto en el artículo 1219º inciso 1 del Código Civil, y de los deudores, el
deber de realizar su prestación. Por tanto el punto controvertido señalado en el acto de la
audiencia ha sido probado a favor de la demandante.
QUINTO.- Estando a lo expuesto precedentemente, y, teniendo en cuenta que la parte
demandada no ha tachado los medios probatorios ofrecidos por la parte demandada,
renunciando además a su derecho al contradictorio al no haber contestado la demanda,
dada su condición de rebelde en el proceso, y no habiendo acreditado que ha cancelado la
suma reclamada en la demanda, ni que la obligación le sea inexigible, siendo ello así y
correspondiendo la prueba de pago a quien pretende haberlo efectuado, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 1229º del Código Civil, se concluye que debe ampararse la
demanda.
SEXTO. – De conformidad con el artículo 132410 del Código Civil, las obligaciones de dar
suma de dinero devengan el interés legal; por consiguiente, si corresponde el pago de los
intereses legales a favor de la parte demandante.
Por estas consideraciones, la Señora Juez del Séptimo Juzgado de Paz Letrado Mixto de La
Victoria y San Luis, Administrando Justicia a nombre de la Nación:
RESUELVE:
DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA de folios veinte a veinticuatro, sobre obligación
de dar suma de dinero, interpuesta por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra
PATRICIA CCALLA QUINTANA, en consecuencia ORDENO que la parte demandada
cumpla con pagar a la parte demandante BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ la suma de
S/. 14,571.69 (CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 69/100 SOLES);
más intereses devengados hasta la fecha en que se produzca el pago, con costas y costos del
proceso. Al escrito N° 4779-2021 presentado por el demandante, estese a lo resuleto en la
presente resolución. NOTIFÍQUESE.
10 Artículo 1324°.- Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú,
desde el día en que el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno. (…) |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN: DOY CUENTA a usted señor magistrado que en la fecha se está dando cuenta del
escrito que sucede, debido a que la suscrita asume funciones de secretaria judicial del Segundo
Juzgado de Paz Letrado, del Juzgado Especializado de Trabajo, así como de éste órgano
jurisdiccional, debiéndose de tener en cuenta la recargadas labores que asume la servidora
judicial.
Lo que informo a usted para los fines de ley.
Sullana, 27 de Diciembre del 2018.
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - SEDE MARIA AUXILIADORA
EXPEDIENTE : 00305-2013-0-3101-JP-LA-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
JUEZ : MANSILLA TUDELA JENNIFER LINDSAY
ESPECIALISTA : BAUTISTA REBOLLEDO VANIA MARISA EDITH
DEMANDADO : AGROINDUSTRIAS DEL CHIRA SRL AGROCHIRA SRL ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución Nro. OCHO (08)
Sullana, Veintisiete de Diciembre
Del Dos Mil Dieciocho
AUTO DE FIRME POR CONSENTIDA
AUTOS Y VISTOS: Con la razón y el escrito con registro Nª 2991-2018 de fecha
13/12/2018 presentado por la ejecutada AGROINDUSTRIAS DEL CHIRA S.R.L.; Y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante resolución número CINCO (AUTO FINAL) de fecha nueve de setiembre
del dos mil catorce, se resolvió: “1. Declarar fundada la demanda interpuesta por Prima AFP.,
contra AGROINDUSTRIAS DEL CHIRA S.R.L., sobre obligación de dar suma de dinero – pago
de aportes previsionales. 2. Ordeno llevar adelante la ejecución hasta que la ejecutada
AGROINDUSTRIAS DEL CHIRA S.R.L, pague a la ejecutante Profuturo AFP., la suma de Cuatro
Mil Trescientos Treinta y Ocho con 58/100 soles (S/.4,338.58); 3. Más los intereses reguladas
según las normas previsionales que se generen hasta la fecha efectiva de pago, costas y costos;
debiéndose proceder a los descuentos correspondientes en ejecución de sentencia en cuanto a
los pagos efectuados por la ejecutada”.
SEGUNDO: Hasta la fecha- conforme se verifica de autos y del Sistema Informático Judicial-, no
se ha interpuesto medio impugnatorio alguno contra dicha resolución, pese a encontrarse
válidamente notificadas las partes procesales, conforme aparece de folios ochenta a ochenta y
uno.
TERCERO: Habiendo vencido el plazo para interposición de los recursos impugnatorios (véase
artículo 691° del Código Procesal Civil, concordado con el inciso 1 del artículo 376° del mismo cuerpo normativo, ambos en aplicación supletoria al caso de autos), resulta procedente se
declare firme por consentida dicha resolución, de conformidad con lo establecido en el numeral 2
del Artículo 123º del Código Procesal Civil, también aplicable por supletoriedad.
CUARTO: La ejecutada AGROINDUSTRIAS DEL CHIRA S.R.L, mediante escrito de fecha 13 de
diciembre del 2018, señala que ha regularizado administrativamente su obligación pendiente de
pago, por lo que solicita se tenga por cancelado el adeudo materia del presente proceso.
Por las consideraciones glosadas: SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME POR CONSENTIDA la resolución número CINCO (AUTO FINAL) de
fecha nueve de setiembre del dos mil catorce, que obra de folios 59 a 64.
2. CÚMPLASE con el AUTO FINAL recaído en autos en sus propios términos.
3. TÉNGASE POR CANCELADA la deuda puesta a cobro por parte de AGROINDUSTRIAS
DEL CHIRA S.R.L, que consiste en el pago de aportes al Sistema Privado de Pensiones,
correspondiente a los meses de marzo del 2012, abril del 2012, mayo del 2012, setiembre del
2012, octubre del 2012, noviembre del 2012, diciembre del 2012, enero del 2013, febrero del
2013, más los intereses legales moratorios.
4. En cuanto a las costas y costos del proceso: REQUIERASE una vez que la parte
demandante lo solicite.
5. Al Primer Otrosí Digo: Por DELELGADA la representación procesal a la letrada que
suscribe el escrito presentado. Al Segundo Otrosí Digo: TÉNGASE PRESENTE.
6. SE HACE CONSTAR que la firma digital tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso
de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve manifestación de voluntad; tal y
conforme se ha establecido en los Artículos 1°, 2°, 3° y otros aplicables de la Ley de Firmas y
Certificados Digitales- LEY Nº 27269; en concordancia, con los Artículos 1°, 2°, 3°, 6 y
demás pertinentes del Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 052-2008-PCM, modificado por la Primera Disposición
Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 026-2016-PCM. En tal sentido,
CERTIFICO, con mi sola firma física e impresión de sello, la suscripción DIGITAL de la
presente resolución, tanto por la Magistrada Jennifer Lindsay Mansilla Tudela, como por la
Especialista de la causa, que da FE DEL ACTO, siendo las firmas digitales las mismas que
aparecen en la resolución descargada en el Sistema Integrado Judicial (SIJ), que para este
efecto se imprime, procediendo de esta manera a incorporar una copia de la resolución al
expediente físico. INTERVINIENDO la secretaria judicial que da cuenta por disposición
superior.
7. NOTIFÍQUESE conforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00376-2013-0-1201-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : TORRES BOZA MIRIAM LILI
ESPECIALISTA : FERNANDEZ RIVERA MARIA ELENA
DEMANDADO : BARBARAN SALINAS, ISABEL MERCEDES
DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION ,
RESOLUCIÓN N° 23.
Huánuco, veintiséis de noviembre
del año dos mil veintiuno.---------
AUTOS Y VISTOS:
ASUNTO:
Es materia de pronunciamiento, la solicitud de cancelación de deuda efectuada por
la demandada Isabel Mercedes Barbaran Salinas, mediante escrito de fecha 26 de
setiembre de 2019, de la página 141 a 142 del presente expediente; cuyo argumento
esencial radica en que, el juzgado emitió el auto final en contra de mi persona, a fin
de que cumpla con pagar a su favor la suma de S/. 6,830.39, habiendo cancelado la
suma de S/. 12,693, incrementando la suma de S/. 2,302.40 de intereses legales, es
decir, téngase por cumplido el mandato judicial del auto final.
RAZONAMIENTO:
1. Considerando que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es aquél que
pertenece a todo sujeto de derecho y le permite estar en aptitud de exigir que
sus conflictos de intereses o incertidumbres sean resueltos a través de un proceso
en el que se respeten garantías procedimentales mínimas, y se concluya con una
decisión objetivamente justa, aun cuando no necesariamente sea favorable a sus
intereses. No obstante, de lo señalado se colige que si bien este derecho implica
el acceso a la jurisdicción a efectos de peticionar la tutela de nuestras situaciones
jurídicas, ésta tutela efectiva no comprende el de obtener una decisión
judicial en cada acto procesal acorde a los propios intereses que se formulan,
pues lo verdaderamente trascendental es que el justiciable tiene derecho a
que se dicte una resolución en derecho, siempre que se cumpla con los
requisitos procesales para ello.
El antecedente de la deuda cuya cancelación se solicita.-
2. De la revisión de los antecedentes procesales, se tiene que mediante Auto
Resolutivo de Ejecución N° 09-2015, obrante a fojas ochenta y tres a noventa y
cuatro, el Juzgado resolvió:
“1. DECLARAR INFUNDADA la contradicción formulada por la ejecutada ISABEL MERCEDES
BARBARAN a través de su escrito de folios 69 a 73, basada en las causales de Inexigibilidad o Iliquidez de la Obligación Título Valor completado en forma Contraria a Acuerdos y
Nulidad Formal o Falsedad del Título Ejecutivo;
2. FUNDADA la demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero - Proceso Único de Ejecución
postulada por el BANCO DE LA NACIÓN, debidamente representado por su Apoderada Legal
Graciela Aida Vidal Palomino, mediante escrito de fojas 12 a 17, subsanada a folios 59 del
presente expediente, contra la ejecutada ISABEL MERCEDES BARBARAN SALINAS; en
consecuencia,
3. ORDENO: LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN FORZADA hasta que la ejecutada ISABEL
MERCEDES BARBARAN SALINAS, cumplan con pagar a la ejecutante BANCO DE LA NACIÓN, la
suma de S/. 6,830.39 (seis mil ochocientos treinta con 39/100 nuevos soles); más los
intereses compensatorios y moratorios, así como costas y costos del proceso”.
Cuya resolución que fue declarada consentida por resolución Nº 12, de fecha 24 de
marzo de 2015, que obra en la página 100; con lo cual adquirió la calidad de cosa
juzgada.
3. Al respecto, ambas partes del proceso deben tener muy en cuenta que los
mandatos judiciales son de obligatorio cumplimiento, bajo responsabilidad, tal
como lo señala el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los siguientes
términos:
“Artículo 4.- Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la
administración de justicia.-
Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus
propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa
que la ley señala.
Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización
jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el
órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de
cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos
en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine
en cada caso (…)”.
Análisis del caso planteado.-
4. Bajo el contexto citado, la demandada Isabel Mercedes Barbaran Salinas,
mediante escrito de fecha 26 de setiembre de 2019, de la página 141, está
pretendiendo que se declare la cancelación total de la deuda, cuyo pago se
ordenó, mediante resolución N° 11, que contiene el Auto Definitivo N° 09-
2021, obrante en autos, aduciendo que, ha cancelado la suma de S/. 12,693,
incrementando la suma de S/. 2,302.40 de intereses legales, solicitado tener
por cumplido el mandato judicial del auto final. 5. Ahora bien, de la revisión de los comprobantes de pago que obran en el
expediente, específicamente en el anverso y reverso de las páginas 164, 165,
166 y 167, presentados por la parte demandante Banco de la Nación,
mediante escrito de fojas 168 a 169, en el que se advierte un rubro
“desembolso”, por la suma de S/. 12,693.00, la misma que comparado con
el monto consignado en el pagaré suscrito por la demandada, el compromiso
de pago asciende a la suma de S/. 12,693.00, por lo que claramente se
advierte, que dicho rubro está referido al monto del dinero entregado a la
demandada en calidad de préstamo, mas no, al pago que ella haya efectuado
a favor de la demandante; por otro lado, se observa del rubro “Saldo actual”,
el mismo que de haberse cancelado la deuda debería figurar en S/. 0.00, pero
se indica la suma de S/. 314.67, que estando a lo señalado por el abogado
defensor de la parte demandante, en su escrito de fojas 168 a 169, la
demandada no ha cancelado la deuda en su totalidad, por lo que existe un
saldo deudor ascendente a la suma de S/. 314.67 (Trescientos catorce y
67/100 soles); lo que obviamente corresponde al pago parcial del total de la
deuda.
6. A tal efecto, la demandada debe tener en cuenta que de acuerdo al artículo
1220 del Código Civil, se entiende efectuado el pago sólo cuando se ha
ejecutado íntegramente la prestación. En el presente caso, el pago
efectuado por la deudora es sólo de manera parcial, Motivo por el cual no
es posible amparar el pedido de cancelación solicitada.
DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas;
SE RESUELVE:
1. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de cancelación de deuda efectuada por
la demandada Isabel Mercedes Barbaran Salinas, mediante escrito de fecha 26 de
setiembre de 2019 de la página 141 a 142 del presente expediente.
2. TENER por efectuado como PAGO PARCIAL del total de la deuda ordenada
mediante resolución N° 11, que contiene el Auto Resolutivo de Ejecución N°
09-2015, obrante a fojas ochenta y tres a noventa y cuatro, en la suma de
S/6,515.72 (Seis Mil Quinientos Quince y 72/100 Soles).NOTIFÍQUESE con las
formalidades de ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
Fecha: 21/01/2015 08:38:24
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00446-2013-0-2501-JP-LA-02
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: CESPEDES CUENCA MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
MARIA DEL CARMEN
Fecha: 21/01/2015 10:16:43 AFPS
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA JUEZ : ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
FIRMA DIGITAL
ESPECIALISTA : CESPEDES CUENCA MARIA DEL CARMEN
DEMANDADO : GENESIS EIRL ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE ,
Resolución Número: CINCO
Chimbote, diecinueve de enero
Del dos mil quince
AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con los presentes actuados;
Y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante resolución número CUATRO de fecha
18 de noviembre del 2013, se expidió sentencia declarando FUNDADA la demanda
tramitada en el Proceso Único de Ejecución interpuesta por AFP HORIZONTE S.A.
contra GENESIS E.IR.L. SEGUNDO: De la revisión de los autos, se advierte que
ninguna de las partes ha interpuesto medio impugnatorio de apelación contra la
sentencia, dentro del plazo estipulado en la ley procesal laboral, pese a estar
debidamente notificadas conforme se aprecia de los cargos de notificación que
obran de folios 63/65 y de conformidad con el artículo 123° inciso 2 del Código
Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso, corresponde declarar
consentida la sentencia.- Por los considerandos expuestos, SE RESUELVE:
DECLARAR CONSENTIDA LA SENTENCIA emitida mediante resolución CUATRO
de fecha 18 de noviembre del 2013, la misma que adquiere la autoridad de Cosa
Juzgada; en consecuencia: NOTIFÍQUESE a la ejecutada GENESIS E.IR.L. a fin
de que en el término de TRES DÍAS CUMPLA con pagar a la ejecutante la suma de
S/. 2,493.41 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 41/100
NUEVOS SOLES), más los intereses legales, costas y costos procesales
correspondientes ordenados en la sentencia obrante en autos; bajo
apercibimiento de ley, en caso de incumplimiento. Avocándose al conocimiento
del presente proceso el señor Juez que suscribe e interviniendo la Especialista Legal
que da cuenta por disposición superior. Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
Fecha: 08/01/2015 16:38:45
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 00476-2013-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: BEATRIZ JARAMILLO
AYALA JUEZ : ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
Fecha: 08/01/2015 18:24:03
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : BEATRIZ JARAMILLO AYALA
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : EMPRESA PESQUERA HAYDUK SA ,
DEMANDANTE : CORDOVA JIMENEZ, MANUEL PEDRO
Resolución Nro. NUEVE
Chimbote, ocho de Enero
Del dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito de la demandada que
antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO: Qué, mediante escrito que se provee, la demandada
interpone recurso de apelación contra la sentencia contenida en la resolución número ocho, la misma que
declara fundada en parte la demanda; SEGUNDO: Que, si bien es cierto el artículo 367° del Código
Procesal Civil en su segundo párrafo, aplicado en forma supletoria al proceso laboral, prescribe que “La
apelación o adhesión que no acompañen el recibo de tasa, se interpongan fuera del plazo, que no
tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano declaradas inadmisibles o
improcedentes, según sea el caso”; en este sentido por Cas. N° 2058-2007 – Huánuco, publicada en
El Peruano el día 20-09,2008; se determina que: “la presentación de la tasa judicial para la interposición
de un recurso de apelación constituye sólo requisito de admisibilidad del mismo, cuya omisión no puede
motivar la nulidad de lo actuado sino sólo la subsanación de la omisión incurrida”; por la consideración
expuesta y conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 367° del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley N° 27703 el cual establece que “para los fines a que se refiere el artículo 357°,
se ordenará que el recurrente subsane en un plazo no mayor de cinco días, la omisión o defecto
que se pueda advertir en el recibo de pago de la tasa respectiva….De no subsanarse la omisión o
defecto, se rechazará el recurso y será declarado inadmisible; TERCERO: Que, revisado el escrito
de apelación se advierte que la demandada si bien es cierto ha presentado su escrito en el término de ley
no ha cumplido con adjuntar el respectivo arancel judicial por apelación de sentencia; por estas
consideraciones y en concordancia con el tercer párrafo del artículo 367° del Código Procesal Civil; SE
RESUELVE: CONCÉDASE a la demandada el plazo de TRES DIAS a efectos de que cumpla con
subsanar la omisión descrita en el tercer considerando, bajo apercibimiento de rechazarse el recurso de
apelación y ser declarado inadmisible en caso de incumplimiento; Avocándose al conocimiento del
proceso el Señor Juez que suscribe por disposición Superior Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO DE BREÑA
EXPEDIENTE Nº : 00480-2013-0-1818-JP-CI-01
ESPECIALISTA : LOYAGA DE LA CRUZ, PAUL
DEMANDANTE : ESSALUD
DEMANDADO : ROMERO RODRIGUEZ, FERNANDO
MATERIA : OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO
AUTO FINAL
Resolución Nro.- 05
Breña, doce de junio
Del dos mil veintitrés. -
AUTOS Y VISTOS; Que, es materia de pronunciamiento
la demanda ejecutiva y anexos que ha presentado HOSPITAL NACIONAL EDGARDO
REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD debidamente
representado por don Víctor Hugo Luna Obando contra FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ
sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO en vía de proceso único de ejecución,
puestos los autos a Despacho para resolver con lo demás que contiene, y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o
defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso, conforme lo prescribe
el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
SEGUNDO: Que, los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta,
utilizando su apreciación razonada, sin embargo, en la resolución solo serán expresada las
valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su decisión, conforme a lo preceptuado
en el artículo 197° del Código Acotado.
TERCERO: De conformidad con el artículo 196° del Código Procesal Civil, la carga de la
prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien la
contradice alegando hechos nuevos, por lo que en este proceso le corresponde al demandante
acreditar la existencia de la relación obligacional, y luego la exigibilidad de la suma puesta a
cobro.
1 CUARTO: Para analizar la controversia promovida es necesario precisar:
1) Títulos Ejecutivos: Los títulos de ejecución se ejecutan mediante el desarrollo de los
procesos de ejecución. Los procesos de ejecución no buscan constitución de un
derecho o la declaración una relación jurídica, sino satisfacer un derecho ya declarado.
Dicho proceso tiene como fundamento el título, el cual contiene la declaración del
derecho, constituyendo este título la pretensión del ejecutante y sobre el cual va
desarrollar la actividad jurisdiccional, la cual no solo se limitará a declarar el derecho,
sino que comprende la ejecución de ese derecho ya reconocido. Los títulos ejecutivos,
en la doctrina comprenden dos concepciones, dentro del aspecto substancial,
constituyen un acto configurativo de una declaración de certeza judicial o presunta del
derecho, mientras que en el aspecto formal, constituye un documento que constata la
declaración de un derecho o acredita la existencia de un acto jurídico determinado, de
ahí deriva su propia naturaleza, puesto que el solo mérito de dicho documento,
constituye medio de prueba suficiente para que el acreedor obtenga efectos
inmediatos. Nuestro ordenamiento procesal reconoce que los títulos ejecutivos
provienen de una actividad judicial o por el ejercicio del principio de autonomía privada
de las partes, la cual comprende los acuerdos por conciliación o transacción
homologadas y las sentencias firmes, tal conforme lo establece el artículo 688° del
Código Procesal Civil.
2) La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido: El artículo
688° inciso 6 del Código Procesal Civil, señala que son títulos ejecutivos la prueba
anticipada que contiene un documento privado reconocido.
QUINTO: En el presente proceso la pretensión del demandante HOSPITAL NACIONAL
EDGARDO REBAGLIATI MARTINS DEL SEGURO SOOCIAL DE SALUD-ESSALUD es que
el demandado FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ le pague la suma de S/. 409.69 soles por
Reconocimiento de documentos y absolución de posiciones tramitado por ante este juzgado
(Exp. N° 130-2009-NC), el mismo que surge del pagaré (Fs. 18) emitido en garantía por el
demandado FERNENDO ROMERO RODRIGUEZ a favor de la ejecutante, asimismo, la carta
de garantía (Fs. 17), suscrito por el mismo con fecha 22 de febrero de 1999.
Asimismo, se aprecia del Acta de Audiencia de Actuación y Declaración Judicial, de fecha 5 de
mayo del 2010, obrante de fojas 31 a 32, la absolución de posiciones, así como el
Reconocimiento del pagaré y carta de garantía antes señalado, apreciándose que conforme al
2 artículo 299° del Código Procesal Civil, actuada la Prueba anticipada se entregó el expediente
al interesado.
SEXTO: Que, habiendo el ejecutado FERNANDO ROMERO RODRIGUEZ deducido excepción
de prescripción extintiva en su escrito de fecha 4 de setiembre del 2013, de fojas 64 a 68, por
cuanto ya transcurrió más de 10 años para interponer la acción personal ya que la carta de
garantía como el pagaré fueron suscritos con fecha 22 de febrero de 1999; en ese sentido, si
bien la ejecutante señala en su escrito de absolución, de fojas 72 a 73, que curso carta notarial
de fecha 10 de noviembre del 2008 a la ejecutada a fin de que cumpla con cancelar la
obligación contraída, interrumpiendo el plazo prescriptorio, también se aprecia de autos que no
obra ninguna carta notarial adjunta al escrito de absolución; por otro lado, se aprecia que la
interposición de la demanda de prueba anticipada fue con fecha 19 de octubre del 2009,
conforme se aprecia de fojas 13, en se sentido, no hubo interrupción de la prescripción antes
de los 10 años de haber firmado el pagaré y la carta de compromiso antes señaladas; teniendo
presente que conforme al inciso 1 del artículo 2001° del Código Civil señala que a los 10 años
prescribe la acción personal; en ese sentido habiendo transcurrido más de 10 años a la fecha
de interposición de la Prueba anticipada y la presente acción, de conformidad con lo previsto en
el inciso 5 del artículo 451° del Código procesal Civil, se dispone: Declarar FUNDADA la
Excepción de Prescripción Extintiva deducida por la parte ejecutada, en consecuencia:
Anular lo actuado y dar por concluido el presente proceso; sin costas ni costos, consentida
y/o ejecutoriada que sea la presente resolución CÚMPLASE o ARCHÍVENSE los autos en el
modo y forma de ley. NOTIFIQUESE. -
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EXPEDIENTE : 00488-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O
INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
ESPECIALISTA : BEATRIZ JARAMILLO AYALA
DEMANDADO : CULTIMARINE SAC ,
DEMANDANTE : ECHEVARRIA ESQUIVES, LUIS DEYVI
Resolución Nro. DIECIOCHO
Chimbote, veintidós de Octubre
Del dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS, Dado cuenta con el escrito que
antecede, y siendo el estado del proceso se procede a emitir la siguiente
resolución; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito de fojas
391/393, la parte demandante recurre a este Juzgado efectuando la
liquidación de costos del proceso y presenta recibos por honorarios
profesionales para su respectiva regulación, indicando que el monto total
por costos procesales asciende a la suma de S/. 500.00 nuevos soles;
SEGUNDO: Puesto en conocimiento de la parte demandada mediante
resolución número diecisiete, conforme se advierte de la constancia de
notificación y cargo de entrega de casilla judicial; notificada con fecha cinco
de octubre del año en curso; esta no ha observado dentro del plazo
concedido, por lo que se procede a resolver los costos procesales;
TERCERO: Habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso abreviado
laboral bajo los alcances establecidos por la Ley N° 29497 – Ley Procesal
del Trabajo la cual establece que la condena de los costos y costas del
proceso se regulan conforme a la norma procesal civil (artículo 14° de la
citada norma adjetiva); CUARTO: Entonces, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 411º del Código Procesal Civil, aplicado
supletoriamente al caso de autos, son costos del proceso el honorario
del abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento
destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo
para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados
en los casos de auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula sus
alcances tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados,
en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión,
a tenor de lo normado por el artículo 414º del cuerpo legal acotado;
QUINTO: En ese orden de ideas, se debe tener presente que el Juez a fin
de fijar los costos procesales meritua la actuación del abogado de la parte
vencedora, valorando el asesoramiento legal realizada en el proceso,
debiendo tenerse en cuenta que en el Nuevo proceso Laboral conforme a lo
prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de la Ley 29497, sobre la prevalencia
de las exposiciones orales sobre las escritas, estando referido a que los
letrados oralizan su demanda, fundamentan sus teorías del caso, es decir
sus alegatos de apertura y de clausura en la Audiencia Única, por lo que
siendo ello así, y habiéndose realizado las Audiencias de Única (ver folios
334/337) en la que el letrado tuvo participación activa, además de ello
debemos tener en cuenta las incidencias realizadas en el presente proceso
se han desarrollado en una instancia, obteniéndose sentencia favorable en la suma de S/. 1,353.71 nuevos soles (ver fojas 355), así como los
intereses legales ascendiente a S/. 81.02 nuevos soles (ver fojas 380);
SEXTO: Contrastando los actos procesales, así como la intervención del
letrado en las Audiencias programadas (ver folios 334/337), los costos del
proceso deben fijarse en atención a las incidencias del proceso, tales como:
1) la duración del proceso, el cual es un proceso rápido al tramitarse el
mismo con la nueva ley Procesal de Trabajo 29497, iniciado con la
presentación de la demanda el 07/04/13, a la actualidad 22/10/15, 2)
instancias jurisdiccionales (una instancias para la sentencia y para los
intereses legales), 3) la labor del letrado de la parte vencedora
interviniendo en la audiencia única ; 4) además se pondera los montos
ordenados a cancelar por concepto de capital e intereses legales
reconocidos en los presentes actuados, más el 5% destinado para el Colegio
de Abogados del Santa, al haberse declarado fundada la pretensión
planteada por el accionante; SEPTIMO: Siendo así, de los actuados se
advierte que el abogado del accionante planteó la demanda con fecha
07/04/13 y sólo intervino en la audiencia única de fecha 16/10/14
conforme se registra en audio y video, desplegando un desempeño normal y
ordinario (sin realizar mayor esfuerzo) ventilado en este nuevo modelo
procesal donde prevalece la oralidad sobre lo escrito; por ello, los costos
deben ser fijados en función a las incidencias acaecidas en el trámite de la
causa, atendiendo a las incidencias del proceso, la duración y su
complejidad; así como la intervención del abogado patrocinante, quien se
ha limitado en presentar escritos de mero trámite (de las que se encuentra
incluido una demanda tipo) en estado de ejecución de sentencia; OCTAVO:
Respecto al importe consignado en el recibo por honorarios profesionales
presentados por el actor, debe tomarse con reserva en la medida que las
partes pueden pactar libremente su monto, en ejercicio de su derecho
constitucional a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el Juzgador
quien las fija y/o regula, en el caso concreto, considerando las incidencias
del proceso, la misma que se ha tramitado en una instancia, por lo que
resulta razonable y equitativo regular los mismos en un monto prudencial
teniendo en cuenta la duración del proceso; en consecuencia y en mérito a
las consideraciones vertidas SE RESUELVE:
1. REGULAR y APROBAR los costos procesales en el monto de S/.
250.00 nuevos soles (DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
NUEVOS SOLES), más el importe de S/. 12.50 nuevos soles
(DOCE CON 50/100 NUEVOS SOLES), destinados al Colegio de
Abogados del Santa, conforme a los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente resolución.
2. En consecuencia, REQUIÉRASE a la demandada a fin de que en el
plazo de cinco días hábiles cumpla con cancelar a favor del
demandante la suma regulada y aprobada por conceptos de costos,
bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. Notifíquese.- |
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Juez: TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
Fecha: 18/11/2014 09:53:53
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL
EXPEDIENTE : 00488-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: KELLY KATHERINE BENEFICIOS ECONOMICOS
BANCES TABOADA
Fecha: 18/11/2014 16:26:26
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
ESPECIALISTA: KELLY KATHERINE BANCES TABOADA
DEMANDADO : CULTIMARINE SAC ,
DEMANDANTE : ECHEVARRIA ESQUIVES, LUIS DEYVI
RESOLUCIÓN NUMERO: DIEZ.
Chimbote, diecisiete de noviembre del
Año dos mil catorce.-
AUTOS y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por el demandante
que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO: Con fecha veintitrés de octubre del año dos mil
catorce, se ha expedido la resolución número nueve en la que se resuelve declarar FUNDADA
en parte la demanda; SEGUNDO: La parte demandante y demandada han sido válidamente
notificadas, conforme se encuentra consignado en el acta de notificación de sentencia, obrante
a folios 352 de autos; en tal sentido habiendo transcurrido el plazo de ley sin que hayan
interpuesto recurso impugnatorio alguno contra dicha resolución; TERCERO: De conformidad
con el artículo 32° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo N° 29497 el plazo para interponer
recurso de apelación contra la Sentencia expedida en autos es de cinco días, por lo que se
advierte en el presente caso, que éste ha vencido. Por estas consideraciones: SE RESUELVE:
DECLÁRESE CONSENTIDA la SENTENCIA, contenida en la resolución número nueve, en tal
sentido, REQUIERASE a la demandada cumpla en el plazo de tres días con abonar a favor del
actor la suma de S/. 1,353.71 nuevos soles, bajo apercibimiento de ley en caso de embargo
en caso de incumplimiento. Interviniendo la secretaria que da cuenta por disposición superior.
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 00489-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
ESPECIALISTA : BEATRIZ JARAMILLO AYALA
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA COPEINCA ,
DEMANDANTE : CASTILLO MARTINEZ, PAULINO
Resolución Nro. VEINTITRES
Chimbote, veintinueve de Setiembre
Del dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS: Puestos los autos y con el
escrito que antecede presentado por la parte demandante; Y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito que obra en autos, el abogado del demandante -
vencedor formula liquidación de costos procesales en la suma de S/. 600.00
(Seiscientos con 00/100 nuevos soles), para lo cual adjunta los documentos
respectivos, los mismos que se pone a conocimiento de la parte demandada por el
plazo de tres días, conforme se desprende de la resolución número veintiuno;
SEGUNDO: Que, por escrito de fojas 232/235 la demandada observa los costos
procesales alegando que no ha cumplido con presentar documentos indubitable y
de fecha cierta que acredite el pago de los costos, Además debe apreciarse la
objetividad del monto de los costos la buena fe procesal de la parte vencida y
demás fundamentos que expone Asimismo por escrito que se da cuenta el abogado
del demandante solicita se resuelve la observación por los fundamentos expuestos;
TERCERO: habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso abreviado
laboral bajo los alcances establecidos por la Ley N° 29497 – Ley Procesal del
Trabajo la cual establece que la condena de los costos y costas del proceso se
regulan conforme a la norma procesal civil (artículo 14° de la citada norma
adjetiva); CUARTO: Entonces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
411º del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al caso de autos, son
costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un
cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial
respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los
Abogados en los casos de auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula
sus alcances tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en
atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión, a tenor de
lo normado por el artículo 414º del cuerpo legal acotado; QUINTO: En ese orden
de ideas, se debe tener presente que el Juez a fin de fijar los costos procesales
meritua la actuación del abogado de la parte vencedora, valorando el
asesoramiento legal realizada en el proceso, debiendo tenerse en cuenta que en el
Nuevo proceso Laboral conforme a lo prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de la
Ley 29497, sobre la prevalencia de las exposiciones orales sobre las escritas,
estando referido a que los letrados oralizan su demanda, fundamentan sus teorías
del caso, es decir sus alegatos de apertura y de clausura en la Audiencia Única, por
lo que siendo ello así, y habiéndose realizado las Audiencias de Única (ver folios 57
a 59) en la que el letrado tuvo participación activa, además de ello debemos tener
en cuenta las incidencias realizadas en el presente proceso se han desarrollado en
dos instancias, obteniéndose sentencia favorable en la suma de S/.3,054.93
nuevos soles (ver fojas 133/135), así como los intereses legales ascendiente a S/.
362.93 nuevos soles (ver fojas 203); SEXTO: Que, contrastando los actos
procesales, así como la intervención del letrado en las Audiencias programadas
(sólo audiencia única), los costos del proceso deben fijarse en atención a las
incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso, el cual es un proceso rápido al tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de Trabajo 29497,
iniciado con la presentación de la demanda el 09/04/13, a la actualidad 29/09/15,
2) instancias jurisdiccionales (dos instancias para la sentencia y una para los
intereses legales) , 3) la labor del letrado de la parte vencedora interviniendo en la
audiencia única y en la vista de la causa; 4) además se pondera los montos
ordenados a cancelar por concepto de capital e intereses legales reconocidos en los
presentes actuados, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados del Santa al
haberse declarado fundada la pretensión planteada por el accionante; SETIMO:
Siendo así, de los actuados se advierte que el abogado del accionante planteo la
demanda con fecha 09/04/13 y sólo intervino en la audiencia única de fecha
17/07/13 conforme se registra en audio y video, desplegando un desempeño
normal y ordinario (sin realizar mayor esfuerzo) ventilado en este nuevo modelo
procesal donde prevalece la oralidad sobre lo escrito; por ello, los costos deben ser
fijados en función a las incidencias acaecidas en el trámite de la causa, atendiendo
a las incidencias del proceso, la duración y su complejidad; así como la intervención
del abogado patrocinante, quien se ha limitado en presentar escritos de mero
trámite (de las que se encuentra incluido una demanda tipo) en estado de ejecución
de sentencia; OCTAVO: Respecto al importe consignado en el recibo por honorarios
profesionales presentados por el actor, debe tomarse con reserva en la medida que
las partes pueden pactar libremente su monto, en ejercicio de su derecho
constitucional a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el Juzgador quien las
fija y/o regula, en el caso concreto, considerando las incidencias del proceso, la
misma que se ha tramitado en dos instancias por impugnación de la sentencia por
parte de la demandada, por lo que resulta razonable y equitativo regular los
mismos en un monto prudencial ,este Despacho debe proceder a regular los costos
de conformidad con lo previsto por el artículo 414º del Código Adjetivo antes
citado, que prescribe que; “El Juez regulará los alcances de la condena en costas
y costos, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en
atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión”; ello en mérito
a que resulta su facultad. Por estas consideraciones y regulando con criterio
discrecional; SE RESUELVE:
a) Declarar FUNDADA EN PARTE la observación planteada por la demandada; y,
b) APROBAR COSTOS en la suma de S/. 520.00 (QUINIENTOS VEINTE CON
00/100 NUEVOS SOLES), más s/. 26.00 (VEINTISEIS Y 00/100 NUEVOS
SOLES) para el Colegio de Abogados del Santa; montos que deberá pagar la parte
demandada, dentro del plazo de CINCO DÍAS a favor del demandante, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 00506-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
ESPECIALISTA : BEATRIZ JARAMILLO AYALA
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : TRUJILLO ACOSTA, EMEL MARINO
Resolución Nro. TREINTA
Chimbote, veintinueve de Setiembre
Del dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS: Puestos los autos y con el
escrito que antecede presentado por la parte demandante; Y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito que obra en autos, el abogado del demandante -
vencedor formula liquidación de costos procesales en la suma de S/. 600.00
(Seiscientos con 00/100 nuevos soles), para lo cual adjunta los documentos
respectivos, los mismos que se pone a conocimiento de la parte demandada por el
plazo de tres días, conforme se desprende de la resolución número veintiocho;
SEGUNDO: Que, por escrito de fojas 274/276 la demandada observa los costos
procesales alegando que no ha cumplido con presentar documentos indubitable y
de fecha cierta que acredite el pago de los costos, Además debe apreciarse la
objetividad del monto de los costos la buena fe procesal de la parte vencida y
demás fundamentos que expone Asimismo por escrito que se da cuenta el abogado
del demandante solicita se resuelve la observación por los fundamentos expuestos;
TERCERO: habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso abreviado
laboral bajo los alcances establecidos por la Ley N° 29497 – Ley Procesal del
Trabajo la cual establece que la condena de los costos y costas del proceso se
regulan conforme a la norma procesal civil (artículo 14° de la citada norma
adjetiva); CUARTO: Entonces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
411º del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al caso de autos, son
costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un
cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial
respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los
Abogados en los casos de auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula
sus alcances tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en
atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión, a tenor de
lo normado por el artículo 414º del cuerpo legal acotado; QUINTO: En ese orden
de ideas, se debe tener presente que el Juez a fin de fijar los costos procesales
meritua la actuación del abogado de la parte vencedora, valorando el
asesoramiento legal realizada en el proceso, debiendo tenerse en cuenta que en el
Nuevo proceso Laboral conforme a lo prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de la
Ley 29497, sobre la prevalencia de las exposiciones orales sobre las escritas,
estando referido a que los letrados oralizan su demanda, fundamentan sus teorías
del caso, es decir sus alegatos de apertura y de clausura en la Audiencia Única, por
lo que siendo ello así, y habiéndose realizado las Audiencias de Única (ver folios 70
a 72 y 100/101) en la que el letrado tuvo participación activa, además de ello
debemos tener en cuenta las incidencias realizadas en el presente proceso se han
desarrollado en dos instancias, obteniéndose sentencia favorable en la suma de
S/.3,369.64 nuevos soles (ver fojas 144/148), así como los intereses legales
ascendiente a S/. 402.91 nuevos soles (ver fojas 220); SEXTO: Que, contrastando
los actos procesales, así como la intervención del letrado en las Audiencias
programadas (sólo audiencia única), los costos del proceso deben fijarse en
atención a las incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso, el
cual es un proceso rápido al tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de
Trabajo 29497, iniciado con la presentación de la demanda el 12/04/13, a la actualidad 29/09/15, 2) instancias jurisdiccionales (dos instancias para la
sentencia y una para los intereses legales) , 3) la labor del letrado de la parte
vencedora interviniendo en la audiencia única y en la vista de la causa; 4) además
se pondera los montos ordenados a cancelar por concepto de capital e intereses
legales reconocidos en los presentes actuados, más el 5% destinado para el Colegio
de Abogados del Santa al haberse declarado fundada la pretensión planteada por el
accionante; SETIMO: Siendo así, de los actuados se advierte que el abogado del
accionante planteo la demanda con fecha 12/04/12 y sólo intervino en la audiencia
única de fecha 21/03/14 y 16/06/14 conforme se registra en audio y video,
desplegando un desempeño normal y ordinario (sin realizar mayor esfuerzo)
ventilado en este nuevo modelo procesal donde prevalece la oralidad sobre lo
escrito; por ello, los costos deben ser fijados en función a las incidencias acaecidas
en el trámite de la causa, atendiendo a las incidencias del proceso, la duración y su
complejidad; así como la intervención del abogado patrocinante, quien se ha
limitado en presentar escritos de mero trámite (de las que se encuentra incluido
una demanda tipo) en estado de ejecución de sentencia; OCTAVO: Respecto al
importe consignado en el recibo por honorarios profesionales presentados por el
actor, debe tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar
libremente su monto, en ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de
contratar; sin embargo, siendo el Juzgador quien las fija y/o regula, en el caso
concreto, considerando las incidencias del proceso, la misma que se ha tramitado
en dos instancias por impugnación de la sentencia por parte de la demandada, por
lo que resulta razonable y equitativo regular los mismos en un monto prudencial
,este Despacho debe proceder a regular los costos de conformidad con lo previsto
por el artículo 414º del Código Adjetivo antes citado, que prescribe que; “El Juez
regulará los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del monto
como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso,
fundamentando su decisión”; ello en mérito a que resulta su facultad. Por estas
consideraciones y regulando con criterio discrecional; SE RESUELVE:
a) Declarar FUNDADA EN PARTE la observación planteada por la demandada; y,
b) APROBAR COSTOS en la suma de S/. 520.00 (QUINIENTOS VEINTE CON
00/100 NUEVOS SOLES), más s/. 26.00 (VEINTISEIS Y 00/100 NUEVOS
SOLES) para el Colegio de Abogados del Santa; montos que deberá pagar la parte
demandada, dentro del plazo de CINCO DÍAS a favor del demandante, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: VICTOR JACK OJEDA VARGAS
Fecha: 04/07/2014 18:17:26
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL
EXPEDIENTE : 00508-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: MARIA JULIA
DELGADO REGALADO JUEZ : VICTOR JACK OJEDA VARGAS
Fecha: 07/07/2014 07:56:58
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : MARIA JULIA DELGADO REGALADO
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : TECNOLOGIA DE ALIMENTOS,
DEMANDANTE : TEJEDA ABREGO, RAUL ROSAS
RESOLUCION NÚMERO: SIETE
Chimbote, primero de Julio
Del dos mil catorce.-
AUTOS Y VISTOS, Dado cuenta, con los autos que antecede; Y Considerando,
Primero: Que, mediante resolución número seis – sentencia, de fecha doce de
junio del año en curso se declaró fundada la demanda. Segundo: Que, dicha
resolución se le ha notificado a las partes con fecha doce de Junio del mismo año
en el despacho del señor Juez, no habiendo interpuesto recurso impugnatorio
alguno contra la resolución expedida, pese al tiempo transcurrido, Tercero: Que,
con escrito de fecha cuatro de junio del año en curso el demandado apela el auto
emitido en la audiencia de fecha treinta de marzo del año en curso, en donde el
demandado y su Representante legal es multado con dos unidades de referencia
procesal, el cual fue apelado sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida,
reservándose para que sea resuelto conjuntamente con la sentencia en caso sea
apelada, y advirtiéndose que la demandada no ha interpuesto apelación contra la
sentencia es el caso declarar consentida dicha resolución; Cuarto: Que, conforme
lo establece inciso 2 del artículo 123º del Código Procesal Civil, una resolución
adquiere la autoridad de cosa Juzgada cuando las partes renuncien expresamente
a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos,
operando de esta manera el principio de preclusión de actos procesales. Por estas
consideraciones; Se Resuelve: Declárese 1) CONSENTIDA la resolución número
seis – sentencia, de fecha doce de junio del año en curso que declaró fundada la
demanda; 2) fórmese el cuaderno de MULTA y REMÍTASE a la Oficina de de
Recaudaciones de esta sede Judicial. REQUIERASE a la demandada para que en
el plazo de CINCO DIAS cumpla con el pago de S/. 175.77 NUEVOS SOLES.
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE CALLAO
Juez: QUIJANO SORIA, ROSARIO
Fecha: 24/06/2014 17:37:04
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CALLAO/CALLAO
FIRMA DIGITAL
2°JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO
EXPEDIENTE : 00511-2013-0-0701-JR-LA-02
CORTE SUPERIOR DE CALLAO MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
Secretario: ROMAN AMPUERO
SUSANA JUEZ : QUIJANO SORIA, ROSARIO
Fecha: 24/06/2014 17:42:01 ESPECIALISTA : ROMAN AMPUERO SUSANA
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CALLAO/CALLAO DEMANDADO : INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU ,
FIRMA DIGITAL PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE PRODUCCION ,
DEMANDANTE : ROJAS YNGA, PHOOL WINDHER
Resolución Nro. 8
Callao, diecinueve de Junio
Del año dos mil catorce.-
DADO CUENTA: Al escrito de apelación, ingresado con N°
1835-2014, interpuesto por la parte demandada Procurador Publico del Ministerio de la
Producción. A la impugnación, VISTOS: el escrito que da mérito a la presente; y,
CONSIDERANDO:
1. Mediante escrito que antecede, la parte demandada interpone recurso impugnatorio de
apelación contra la Sentencia emitida mediante resolución N° 06 de fecha 11 de Junio del
2014, que declara INFUNDADA la Excepción de Prescripción Extintiva propuesta por la
parte apelante así como FUNDADA en parte la demanda en el extremo que se declara la
existencia de un contrato de trabajo.
2. El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano Jurisdiccional Superior examine la
solicitud, de parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el
propósito de que esta sea anulada o revocada, total o parcialmente.
3. Del recurso de apelación formulado se aprecia que el recurrente ha cumplido con
fundamentar, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión
impugnatoria, conforme lo dispone el artículo 366° del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria en el presente proceso; así como interponerlo dentro del plazo establecido en
el artículo 32° de la Nueva Ley General del Trabajo – Ley N° 29497.
4. Del artículo 371° del Código antes citado, de aplicación supletoria en el presente proceso,
se desprende que, la apelación contra sentencias se concederán con efecto suspensivo,
dado que ella tiene por naturaleza concluir el proceso en caso de no ser impugnada.
En consecuencia y estando a lo expuesto en párrafos precedentes y normas glosadas, SE
RESUELVE: CONCEDER LA APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO a la parte demandada contra
la sentencia expedida mediante resolución N° 06 de fecha 11 de Junio del 2014, debiendo
elevar los autos al Superior Jerárquico con la debida nota de atención dentro del plazo
correspondiente. Al Primer Otrosi: Téngase por delegada las facultades de representación a
favor de las personas que menciona. Al Segundo Otrosi: Téngase presente.- Notifíquese.- |
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Juez: QUIJANO SORIA, ROSARIO
Fecha: 11/06/2014 17:51:49
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CALLAO/CALLAO
FIRMA DIGITAL
Corte Superior de Justicia del Callao
Segundo Juzgado Laboral
EXPEDIENTE : 0511-2013-0-0701-JR-LA-02
CORTE SUPERIOR DE CALLAO
Secretario: ROMAN AMPUERO DEMANDANTE : Phool Winder ROJAS YNGA
SUSANA
Fecha: 11/06/2014 17:57:33
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU
D.Judicial: CALLAO/CALLAO
FIRMA DIGITAL MATERIA : Desnaturalización de Contrato y Pago de BBSS
JUEZ : Rosario Angela Quijano Soria
ESPECIALISTA : Susana Roman Ampuero
SENTENCIA
RESOLUCION Nº 06
Callao, once de junio
Del dos mil catorce.-
I.- PARTE EXPOSITIVA
1.1.- PRETENSIÓN:
Resulta que, de la página 49 a 65 subsanada a fojas 70 al 72, don Phool Windher Rojas Ynga,
interpone demanda contra el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCION (EX
INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU -ITP) sobre Declaración de
Desnaturalización de Contrato de Locación de Servicios, Pago de Beneficios Sociales
(compensación por tiempo de servicios, indemnización por vacaciones no gozadas y vacaciones
truncas, mas intereses legales, costos y costas del proceso.
1.2.- SÍNTESIS DE LA ETAPA POSTULATORIA
1.2.1.Fundamentos de hecho del demandante.-
• Manifiesta laboró para la demandada de la siguiente forma : a) Del 01 de agosto de 1999
al 30 de junio del 2008 bajo aparentes contratos de locación de servicios no personales
y b) Del 30 de junio del 2008 al 31 de julio del 2012 contratado bajo el Régimen Laboral
Especial de Contratación Administrativa de Servicios, desempeñando el cargo de Jefe
de Informática y Sistemas de la demandada, siendo su última remuneración percibida
equivalente a S/.2,400.00 nuevos soles.
• Precisa que su relación con la demandada fue de naturaleza laboral, en razón a que
estaba sujeto a un horario de trabajo, tenía un espacio físico, asignado para el desarrollo
de sus labores estando sujeto a subordinación al someter sus servicios a la
coordinación previa con el Jefe de la Oficina de Informática y con el Jefe de la Oficina
de Administración respectivamente, cumplía misiones encargadas por el Jefe de la
Oficina de Administración de ITP así como recibía llamadas de atención y/o sanciones
por parte de la citada persona así como amonestaciones por parte del Director
Ejecutivo del ITP, estaba sometido al reglamento interno de la institución, estaba
sujeto a acciones de auditoria externa, emitía actos administrativos en calidad de Jefe
de la Oficina de Informática.
• Que durante el tiempo que duró la relación laboral con la demandada bajo un supuesto
“contrato de locación de servicios”, desde el 01 de agosto de 1999 hasta el 30 de junio
del 2008, no se le abonó los beneficios laborales como son gratificaciones, vacaciones
y compensación por tiempo de servicios los que liquida conforme al detalle contenido
en la demanda. Fundamentos Jurídicos: Art.4°, 9° del D.S.N°003-97-TR – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Art.1° Ley 25139, art. 21° del Decreto
Legislativo N°650, art.2. D.U. 115-2001, Art.2° D.U.N°057-2002, Art.2° del D.U.N°013-
2003 modificado por el artículo 2° D.U.N°024-2003. Art.23° del D.Leg.N°713, numeral 1
del art.2°, 16°, 24°, numeral 23.2 del art.23° de la Ley N°29497. Ofrece los medios
probatorios.
Mediante resolución número 02 de fecha 15 de agosto del 2013 que obra en las páginas 73 a 75, se
admitió la demanda en la vía del proceso ordinario laboral y se fijó la fecha de audiencia de conciliación.
1.3.- AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:
Según acta de registro de audiencia de conciliación de páginas 160 a 161, según audio y video
que se encuentra registrado en el sistema informático judicial, se verifica que las partes no
llegaron a acuerdo conciliatorio, por mantener sus puntos de vista. Acto seguido se procedió a
precisar las pretensiones materia de juicio:
Pretensión Principal: Pago de Beneficios Sociales, desde el 01 de agosto de 1999 hasta el 30
de junio del 2008 que incluye gratificaciones, compensación por tiempo de servicios,
indemnización por vacaciones no gozadas y vacaciones truncas todo por el monto de
S/.84,836.66 nuevos soles.
Se deja expreso que en el escrito de subsanación de la demanda se precisó como pretensión
principal la Declaración de una relación de naturaleza laboral entre el 01 de agosto de 1999 al
30 de junio del 2008 y conforme es de verse del petitorio de la demanda también constituye
pretensión el pago de intereses legales, costas y costos del proceso.
1.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.-
La parte demandada con escrito de páginas 150 y 159, se apersona al proceso, interpone la
excepción de prescripción extintiva y contesta la demanda manifestando que niega y contradice
todos los extremos manifestando:
• Que se demanda el pago de beneficios sociales por un monto de S/.84,836.66 nuevo
soles, desconociendo que dichos beneficios son incompatibles con la modalidad
locación civiles y con el Decreto Legislativo N°1057.
• Que el demandante fue locador de servicios por períodos interrumpidos y
posteriormente mediante contratos administrativos de servicios CAS.
• Que como prestador de servicios técnicos en diseño de la página web, proyectos
informáticos para ITP cobró retribuciones y no remuneraciones, como producto de un
proceso de selección de menor cuantía dentro del marco de la Ley 26850, en el área
de Sistemas y su mantenimiento de manera individual autónoma para su representada,
sin que en dicha prestación de servicios medie dependencia o subordinación.
• Asimismo añade que sólo se puede ingresar a laborar a una entidad del Estado,
siempre y cuando exista una vacante de acuerdo a sus normas organizativas internas
Cuadro de Asignación de Personal y Manual de Organización y Funciones así como de
un concurso publico para cubrir la misma, situación que no fue el caso del demandante,
tanto más si el demandante suscribió los contratos de locación de servicios de manera
libre y espontánea, no existiendo coacción, engaño o cualquier otro elemento que haya
viciado o inducido a error su libre voluntad. Fundamentos de Derecho: Ley 26850,
modificado por Ley N°28267, D.S.N°012-2001-PCM y su Reglamento el D.S. N°013-
2001-PCM, actualmente D.S. N°083-2004-PCM y su Reglamento el D.S.N°084-2004- PCM, Arts. 1764°, 1765°, 1766°, 1767°, 1768° del Código Civil, D.Leg.N°1057,
Art.1764° y 1969 del Código Civil. Ofrece sus medios probatorios.
1.5.- AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO.-
Ésta se llevó a cabo el día 13 de mayo del 2013, según acta de registro de audiencia de
juzgamiento de páginas 162 a 164, según audio y video que se encuentra registrado en el
sistema informático judicial en el número de expediente en el día y hora señaladas. La audiencia
se llevó a cabo con la participación del demandante y su abogado, se dejó constancia de la
inconcurrencia de la parte demandada, la parte demandante sustentó los hechos en los que
funda sus pretensiones, la parte demandada sus defensas de fondo; se enunciaron los hechos
que no requerían de actuación probatoria, las pruebas admitidas de las partes, se actuaron las
mismas, la parte demandante formuló sus alegatos finales, se dicta el fallo declarando fundada
la demanda, señalando fecha y hora para su emisión y notificación de la sentencia, la que es
emitida en la fecha por las recargadas labores.
II.- PARTE CONSIDERATIVA:
2.1.Defensa procesales – excepción de prescripción extintiva
1. En cuanto a la excepción de prescripción extintiva de la acción se debe tener presente que
ésta es una institución jurídica de naturaleza procesal, según la cual el transcurso de un
determinado lapso de tiempo extingue la acción que el sujeto tiene para exigir un derecho ante
los órganos jurisdiccionales, entendiéndose que por ella no se cuestiona el derecho que la
acción contiene como pretensión de índole material, sino, la consecuencia que el transcurso del
tiempo genera debido a la inacción del accionante a ejercitar su derecho, sin embargo, también
corresponde anotar que quien se beneficia con la prescripción puede renunciar a ella pues
nuestro ordenamiento le permite la posibilidad de que en el proceso judicial que se promueva,
demuestre el cumplimiento de sus obligaciones laborales, y tal situación es entendida así cuando
no ejerce la defensa procesal señalada;
2. En tal sentido, el artículo único de la Ley N° 27321, denominada Ley que establece nuevo
plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación laboral, establece: “Las acciones
por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 (cuatro) años, contados desde el
día siguiente en que se extingue el vínculo laboral”, asimismo, su segunda disposición
complementaria, transitoria y final señala: “La prescripción iniciada antes de la vigencia de esta
Ley se rige por la ley anterior”, es así, que la Ley anterior a su vigencia era la Ley N° 27022, que
en su artículo único dispuso: “Las acciones por derechos derivados de la relación laboral
prescriben a los dos años, contados a partir del día siguiente en que se extingue el vínculo
laboral”;
3. En el presente caso, la defensa del emplazado sostiene que el demandante solicita que se le
reconozca beneficios económicos del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 1999 al 30
de junio de 2008, es así, que el plazo de prescripción previsto en la Ley N° 27321, es de 04 años
de producido el cese del trabajador, y al haberse determinado el limite temporal del petitorio por
lo que habiéndose interpuesto la demanda el 03 de julio del 2013 el plazo ha vencido en exceso.
4. Que, el abogado defensor del accionante señaló que el objeto de la demanda, versa sobre
una relación laboral que tuvo el demandante con el ITP, entre el 01 de agosto de 1999 al 30 de
junio de 2008, sin embargo, a partir del 01 de julio del año 2008, inmediatamente después y por
disposición legal, y como lo reconoce la parte demandada del régimen contratado anteriormente
que era bajo una aparente locación de servicios seguidamente fue contratado por un régimen
Contratación Administrativa de Servicios, en buena cuenta no habiendo interrupción, no
habiendo solución de continuidad, quiere decir que el trabajador ha laborado de manera
ininterrumpida desde el 01 de agosto del 1999 al 31 de julio del 2012. 5. Al respecto, se debe tener presente que si bien corresponderá en el pronunciamiento de
fondo, dilucidar si la prestación de servicios de la accionante por el periodo del 01 de agosto de
1999 al 31 de julio de 2008 reúne los requisitos establecidos para determinar su naturaleza
laboral, sin embargo, las partes están de acuerdo que por el periodo comprendido entre el 01 de
julio de 2008 al 31 de julio de 2012, el vinculo jurídico que sostuvieron correspondía a un
contrato de trabajo del régimen laboral de los contratos CAS., por lo que se estableció como
hecho no necesitado de prueba el período de prestación de servicios desde el 01 de agosto de
1999 al 31 de julio del 2012.
6. En tal sentido, se debe tener presente que el enunciado normativo aplicable al caso de autos
(citado en el fundamento 2), refiere que el computo del plazo de prescripción se inicia con la
extinción del vinculo laboral, esto es, establece un supuesto general en el que las partes del
contrato de trabajo del régimen laboral de la actividad privada se desvinculan definitivamente y el
trabajador deja de prestar sus servicios generándose con ello que se supriman los efectos de la
subordinación que sería el factor determinante para que el trabajador durante la vigencia de la
relación laboral se consideré limitado para formular reclamaciones para el cumplimiento de sus
derechos laborales.
7. Esta posición también ha sido expuesta por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República en el fundamento 2.10 de la
resolución emitida en la Casación Laboral N° 6734-2013 Tacna, en la que señaló: “…este
Colegiado Supremo comparte el criterio de cierto sector de la doctrina y de la judicatura que
señala que para la aplicación del plazo prescriptorio se debe tener en consideración que no
puede correr desde cualquier momento, sino desde que se encuentra extinguida la relación
laboral, esto por cuanto, el trabajador se encuentra -respecto de su empleador- en una relación
de dependencia, de subordinación, que implica una situación subjetiva tal que impide que el
trabajador pueda tomar decisiones de manera espontánea y libre, por cuanto frente a un reclamo
de cualquier naturaleza dirigida al empleador puede acarrear la toma de una represalia por parte
de este último”.
8. Así tenemos, que en el caso analizado el demandante al concluir su contrato de locación de
servicios, el 30 de junio de 2008, no se desvinculó definitivamente del emplazado, por el
contrario, siguió prestando servicios sin solución de continuidad pero esta vez sujeta al régimen
laboral especial de los contratos CAS, siendo así, en el supuesto que se determine el carácter
laboral de la prestación del actor (01 de agosto de 1999 al 30 de junio de 2008), las partes
habrían seguido vinculadas laboralmente, y sólo habría operado el cambio del régimen laboral al
que se sometía la relación jurídica.
9. Por lo que siendo ello así, y atendiendo a que el demandante continúo prestando sus servicios
y novó su vinculo a los contratos CAS, el computó del plazo de prescripción se debe realizar
desde que cesó en éste último régimen, esto es, desde el 01 de agosto del 2012, y al haberse
presentado la demanda el 03 de julio de 2013, aún no habrían transcurrido los 04 años, por lo
que corresponde declarar infundada la excepción de prescripción.
2.2.- Fundamentos del Proceso Laboral.-
10. Que, según el artículo III del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley
29497, se sostiene como fundamento de todo proceso laboral, el hecho que los jueces deben
evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma,
interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad
del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de
razonabilidad. Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del
proceso. Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de veracidad, probidad,
lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus abogados y terceros.
2.2.- Finalidad del Proceso y Carga Probatoria.-
11. Que, la finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre jurídica, ambas con relevancia jurídica, a tenor de lo previsto en el artículo III del
Título Preliminar del Código Procesal Civil; dentro de un debido proceso, como una garantía
constitucional, siendo que la carga de la prueba conforme a lo previsto en el artículo 23.1 de la
Ley Procesal del Trabajo, corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a
quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a las siguientes reglas especiales de
distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales: 1.
Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a
plazo indeterminado, salvo prueba en contrario. 2. Incumbe al demandado que sea señalado
como empleador la carga de la prueba de: a) El pago, el cumplimiento de las normas legales, el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad; b) La existencia de
un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado; c) El estado del vínculo laboral y la causa
del despido. En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios
que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe darlo por cierto, salvo
que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación
objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Los indicios pueden
ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y
los antecedentes de la conducta de ambas partes.
2.3.- Interpretación de los Derechos Laborales.-
12. La Décima Disposición Complementaria de La Nueva Ley Procesal del Trabajo prescribe que,
conforme a la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos
laborales, individuales o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el Perú,
sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y los criterios o decisiones adoptados por los tribunales internacionales constituidos
según tratados de los que el Perú es parte, ello en concordancia con el artículo IV del Título Preliminar
referido a la Interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos de la justicia
laboral de ámbito constitucional (precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional) e infraconstitucional
(precedentes vinculantes del Corte Suprema de Justicia de la República). Siendo así, encontramos
relativo al tema materia de pretensión en autos la Recomendación N° 198 de la OIT.
2.4.- Recomendación Número 198 de la OIT Sobre Relación de Trabajo 2006, (15 de junio del 2006).-
13. La Recomendación entre sus considerandos sostiene que la protección de los trabajadores constituye
la esencia del mandato de la Organización Internacional del Trabajo de conformidad con los Principios
establecidos en la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 1998 y el
Programa Decente. Que, las dificultades que supone actualmente determinar la existencia de una
relación de trabajo, cuando no resultan claros los derechos y obligaciones respectivos de las partes
interesadas, cuando se ha intentado encubrir la relación de trabajo, o cuando hay insuficiencias o
limitaciones en la legislación, en su interpretación o en su aplicación. Que observa que hay situaciones en
las cuales los acuerdos contractuales pueden tener como consecuencia privar a los trabajadores de la
protección a la que tienen derecho. Que, además esa protección debería ser accesible a todos, en
especial a trabajadores vulnerables y basarse en leyes eficaces, efectivas y de amplio alcance, con
resultados rápidos y que fomenten el cumplimiento voluntario. Que, considera que la incertidumbre acerca
de la existencia de una relación de trabajo tiene que resolverse de modo que garantice una competencia
leal y la protección efectiva de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo de una manera
conforme con la legislación o la práctica nacionales. Que, con el fin de facilitar la determinación de la existencia de una relación de trabajo, los Miembros deberían considerar, en el marco de la política
nacional a que se hace referencia en la presente Recomendación, la posibilidad de: a) admitir una amplia
variedad de medios para determinar la existencia de una relación de trabajo; b) consagrar una presunción
legal de la existencia de una relación de trabajo cuando se dan uno o varios indicios. Los miembros
deberían considerar la posibilidad de definir en su legislación o por otros medios, indicios específicos que
permitan determinar la existencia de una relación de trabajo. Entre estos indicios podrían figurar los
siguientes: a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra
persona; que el mismo implica la integración del trabajo en la organización de la empresa; que es
efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente
por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el
trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del
trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona
que requiere el trabajo; b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador, de que
dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye
pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derecho
como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los
viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existan riesgos
financieros para el trabajador.
2.5.- La presunción de laboralidad.-
14. La recomendación enunciada precedentemente ha quedado plasmada en el artículo 23.2 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, que contiene el principio de laboralidad, cuando enuncia que:
“Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo
indeterminado, salvo prueba en contrario”; presunción juris tantum, pues es un supuesto que admite
prueba en contrario, de lo que es de colegir que para que el trabajador pueda accionar, bastará
únicamente que se encuentre ligado directamente al empleador, siendo que una vez cumplida la carga
de la prueba con respecto a la prestación, el demandado habrá: “de demostrar por ejemplo que no
obstante tratarse de un servicio personal, él no fue continuado sino instantáneo, o que no fue subordinado
o dependiente sino autónomo, o que lo que se quiere evidenciar como salario, fue simplemente el
honorario o precio de una obra o la labor determinada, modalidades que pueden conducir a la
determinación de la existencia de una relación jurídica de contenido ajeno al derecho del trabajo y por
consecuencia a colocar al reclamante fuera del amparo que le discierne la discutida presunción.
15. Al respecto tenemos que Oxal Victor Avalos Jara en relación a esta presunción sostiene que “Si uno
lee la norma puede colegir que al demandante solo le compete acreditar la prestación personal de
servicios – entiéndase no una prestación de servicios subordinados, sino simplemente una prestación de
servicios -, y si ello ocurre el juez deberá presumir que entre las partes en litigio existe una relación
laboral de plazo indeterminado. Es decir el demandante no tiene que probar la subordinación, sino que
solo la existencia de una relación prestacional. Esto lo podría realizar con la presentación de sus recibos
por honorarios profesionales, la impresión de un correo electrónico, un fotocheck, la copia del contrato de
locación de servicios o, en general, con cualquier medio de prueba que sustente que entre las partes
existió una relación contractual de tipo prestacional. Frente a esta presunción de tipo iuris tantum, le
incumbe al demandado – si es que así lo considera conveniente – acreditar, por un lado, que la relación
no fue de plazo indeterminado o, por otro lado, que la relación laboral presumida nunca existió. En
resumen, con esta disposición se está asumiendo la existencia de una relación laboral a plazo
indeterminado aun cuando en algunos casos el demandante no prueba la presencia de subordinación”.
(En Comentarios a la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Oxal Víctor Avalos Jara, Primera Edic. Edit
Juristas Editores EIRL Junio 2011 Lima Perú, pág. 357), al respecto también César Puntriano Rosas ha
indicado que “La presunción de laboralidad se esgrime como una herramienta de facilitación probatoria al
trabajador, tradicionalmente débil ante el empleador, con la finalidad que le resulte más sencillo el poder
demostrar la existencia de una relación laboral, y a su vez pueda exigir los derechos laborales que
legalmente le corresponden”. (Wilfredo Sanguinetti; El retorno de la Presunción de laboralidad; Blog.
Internet).
2.6.- Naturaleza de la relación existente entre las partes.- 16. Que, siendo pretensión de la demanda que se declare la desnaturalización de los contratos de
servicios no personales y de locación de servicios suscritos entre el demandante y la demandada entre el
01 de agosto de 1999 hasta el 30 de junio del 2008, en virtud del principio de primacía de la realidad; y,
que dada la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado, no corresponde ser modificado el
estatus laboral en aplicación al principio de irrenunciabilidad de derechos y principio protector; siendo que
la parte demandada contradice negando la existencia de la relación laboral, pues expresa que desde el
01 de agosto de 1999 al 30 de junio del 2008, mantuvieran una relación laboral con el demandante
mediante contratos por locación de servicios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, siendo sustituida ésta mediante un Contrato Administrativo de Servicios, en
virtud de lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1057 a partir del 01 de enero del 2009 al 31 de julio
del 2012, no existiendo elemento que haya viciado o inducido a error a su libre voluntad, por lo que no
puede alegar que existió un supuesto contrato laboral.
17. Siendo así, estando que conforme lo precisan ambas y quedara como hecho no necesitado de
pruebas en la audiencia de juzgamiento, el demandante prestó servicios personales a la demandada por
el período comprendido desde el 01 de agosto de 1999 al 31 de julio del 2012, se tiene acreditada la
prestación de servicios del demandante a favor de la demandada; advirtiéndose que la cuestión
controvertida consiste en determinar qué tipo de relación hubo entre el demandante y la emplazada, esto
es, si hubo una relación laboral de “trabajador subordinado” o una relación civil de “locador independiente
y no subordinado” entre agosto de 1999 y junio del 2008, y si la relación existente pudo cambiar o no con
una de contratación administrativa de servicios; deviniendo en necesario en principio hacer una distinción
entre lo que es un contrato de trabajo y lo que es un contrato de locación de servicios, cuáles son los
elementos que les son propios y disímiles, para luego establecer si existió una relación laboral a plazo
indeterminado o una relación de naturaleza civil; y, si esta pudo novarse o no con la suscripción del
contrato administrativo de servicios.
2.7.- Contrato de Trabajo:
18. De conformidad a lo establecido en el Artículo 4º del D.S. Nº003-97-TR, TUO de la Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, “En toda prestación personal de servicios remunerados y
subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”, del que se tiene
como elementos esenciales, la prestación de servicios en forma personal, la subordinación, y la
remuneración. La prestación personal de servicios exige que el trabajador preste los servicios de
manera personal y directa. La actividad puesta a disposición del empleador, cuya utilización es objeto del
contrato de trabajo, debe ser indesligable de la personalidad del trabajador. La remuneración definida
como el íntegro de lo que el empleador paga al trabajador como contraprestación por sus servicios, en
dinero o en especie, cualquiera sea la denominación que se le dé, siempre que sea de su libre
disposición. La naturaleza de la contraprestación como pago por la ejecución de los servicios, proviene
directamente del trabajo realizado diariamente y cumplen con la naturaleza salarial de que puede
evaluarse en efectivo, independientemente de su denominación. El vínculo de subordinación jurídica
implica que el trabajador debe prestar sus servicios bajo la dirección del empleador, el cual tiene
facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución
de las mismas y sancionar disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier
infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. –
2.8.- Contrato de Locación de Servicios:
19. El contrato de locación de servicios ha sido definido en el Artículo 1764°del Código Civil como aquél
acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle
sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. De lo que se
advierte conforme a la definición dada por el Código Civil, como elementos la independencia, la
retribución y la prestación de servicios; siendo el elemento esencial de este contrato la independencia
del locador frente al comitente en la prestación de sus servicios; esto es no se presenta la
subordinación o dependencia del contratado. Si bien el locador se encuentra sujeto al cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el contrato, pero no llega a tener una situación de dependencia frente a quien
lo contrata; por lo que es de concluir que el elemento determinante, característico y diferenciador
con el contrato de trabajo por tanto es la subordinación del trabajador al empleador, lo cual como se ha indicado precedentemente le otorga a este último la facultad de dar órdenes, instrucciones o
directrices a los trabajadores con relación al trabajo por el que se les contrató (poder de dirección), así
como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento de sus obligaciones de trabajo (poder
sancionador o disciplinario).
2.9.-Comprobación de la Existencia de la Relación Laboral a plazo indeterminado y la presunción
de laboralidad.-
20. Que, para efectos de establecer la naturaleza de los servicios prestados por el demandante en el
periodo de agosto de 1999 a junio del 2008, debemos analizar si se presentan los tres elementos
esenciales de un contrato de trabajo; entorno a lo cual al demandante le corresponde acreditar la
prestación personal de servicios, presumiéndose la existencia de los demás elementos, esto es la
remuneración y la subordinación, a tenor de la presunción de laboralidad contenida en el artículo 23.2 de
la Nueva Ley Procesal de trabajo antes desarrollada.
21.Que atendiendo a que la prestación de servicios no ha sido materia de controversia, corresponde
precisar las características del mismo a efectos de establecer si concurren los elementos esenciales
del contrato de trabajo. A fojas 4 obra la constancia suscrita por el Jefe de Personal de la demandada de
fecha 07 de agosto del 2012 donde se aprecia las siguientes características que el demandante
desempeñó el cargo de Jefe de Informática y Sistemas del Instituto Tecnológico Pesquero ITP desde el
01 de agosto de 1999 al 30 de junio del 2008 conforme es de verse que obra a foja 4, asimismo se
aprecia de la Constancia de Prestación de servicios de fojas 42 que el Jefe de la Oficina de
Administración con fecha 14 de junio del 2007, expide una constancia respecto a la prestación del
servicio del demandante donde precisa “…viene prestando servicios contratado bajo la modalidad de
“locación de servicios”, desde el 1° de agosto de 1999 hasta la fecha, cumpliendo actividades de
Responsable del Área de Informática de la Oficina de Administración, con el honorario mensual de
S/.2,400.00”.
22. Que conforme es de verse del contenido del Memorandum N°1011-2005-ITP/OA fojas 45, expedido
por el Jefe de la Oficina de Administración solicitando a las diversas áreas para que proporcionen
información al demandante a fin que pueda cumplir con la misión encargada por dicha Jefatura, con el
Memorandum N°11-2008-ITP/OA emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Administración, se le comunica
la suspensión por los días 17 y 18 de enero del 2008 debido a las reiteradas tardanzas al centro de
trabajo, a fojas 47 obra el Memorandum N°014-2008-ITP/DE, expedido por el Director Ejecutivo (e) de la
demandada, mediante el cual se le llama la atención por las deficiencias administrativas contenidas en
las observaciones en los Informes de Auditoría Externa N°s 021-2005-3-0118 y 027-2007-3-0118.
23. Que de todo lo expuesto se acredita que el demandante ejercía un cargo dentro de la organización
demandada y que estaba sujeto al poder de control y poder sancionador de dicha parte, características
de una relación contractual sujeta a subordinación.
24. Que con los contratos de locación de servicios que obran de fojas 5 al 8 y de fojas 11 al 41 fluye que
el demandante recibió como contraprestación la suma de S/.720.00 nuevos soles desde el 16 de
octubre al 31 de diciembre de 1999; S/.745.00 mensuales desde el 01 de julio del 2000 al 31 de
diciembre del 2000; desde el 01 de enero al 31 de marzo del 2002 la suma de S/.1,400.00 mensuales;
del 03 de julio al 29 de agosto del 2002, la suma de S/,1,400.00 mensuales; mayo y junio del 2003 la
suma de S/.1,400.00 mensuales; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto del 2004 la suma
de S/.1,400.00 mensual; en los meses de noviembre al diciembre del 2004 recibió la suma total de
S/,3600.00 y atendiendo al com |
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EXPEDIENTE : 00516-2013-0-0701-JR-LA-04
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : QUIJANO SORIA, ROSARIO ANGELA
ESPECIALISTA : HEREDIA NECIOSUP CARLOS ALBERTO
TERCERO : FISCALIA SUPERIOR MIXTA DEL CALLAO
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE
LA MARINA DE GUERRA DEL PERU
MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : PARRA CESPEDES, RISSELL ABELARDO
RAZON:
Señora Juez, hago de su conocimiento que, ingrese a laborar el día tres de octubre del
presente año, mediante el CONCURSO CAS N°20-2022-CALLAO, MEMORANDO N° 02153-
2022-CCRRHH-UAF-GAD-CSJCL-PJ, en calidad de Secretario Judicial del Cuarto Juzgado de
Trabajo del Callao, encontrándose con resolución número veinte de fecha 02 de agosto de
2018, la cual, RESUELVE: REVOCARON la sentencia contenida en la resolución número
trece de fecha cinco de junio de dos mil diecisiete, (..), que declara FUNDADA LA DEMANDA,
interpuesta por RISSEL PARRA CESPEDES sobre proceso contencioso administrativo, en
consecuencia, NULA la Resolución de la Comandancia General de Operaciones del Pacifico
R/CGOP N°003-2013 de fecha 20 de mayo de 2013 y la papeleta de arresto de fecha 25 de
marzo de 2013 (…), REFORMANDOLA se declare: a)FUNDADA EN PARTE la demanda
interpuesta por RISSEL PARRA CESPEDES contra la MARINA DE GUERRA DEL PERU sobre
proceso contencioso administrativo, en consecuencia; NULO el procedimiento administrativo
impugnado hasta el momento anterior a las elevación de conclusiones y recomendaciones, del
ACTA N°001-2012 y ORDENARON que la autoridad administrativa proceda conforme a ley,
bien a emitir pronunciamiento o a ampliar la investigación garantizándose el debido
procedimiento; se provee en la fecha, por las recargadas labores del Juzgado. Es cuanto
informo a Ud.
Callao, 01 de diciembre del 2022
RESOLUCIÓN NUMERO VEINTIDOS:
Callao, cinco de diciembre del año dos mil veintidós. -
DADO CUENTA: Estando a la razón que antecede, téngase presente.
PUESTO A DESPACHO EN LA FECHA, téngase por recibido del Superior, CUMPLASE LO
EJECUTORIADO; póngase en conocimiento de las partes del proceso;
Avocándose a conocimiento del proceso la señora juez interviniente y actuando en sede judicial,
el secretario designado, según la razón dada ut supra. NOTIFICÁNDOSE. |
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EXPEDIENTE : 00516-2013-0-0701-JR-LA-04
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : GONZALES ZURITA WILLIAM ENRIQUE
ESPECIALISTA : MELCHOR JUSTO HUIVIN GARCIA
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO ENCARGADO DE LOS
ASUNTOS JUDICIALES DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : PARRA CESPEDES, RISSEL
RESOLUCIÓN N° 14
Callao, veintiuno de julio
del dos mil diecisiete
Dado cuenta, el escrito N° 21637-2017, EXPIDASE las copias
certificadas solicitadas, señalando que en el presente proceso se ha expedido
sentencia. Al escrito N° 21699-2017, AUTOS Y VISTOS y ATENDIENDO:
PRIMERO: Que, la parte demandada mediante el escrito de la referencia se
apersona e interpone recurso de apelación contra la sentencia de fecha 11 de
julio del 2017, que falla declarando fundada la demanda; SEGUNDO: Que, el
recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o
parcialmente; TERCERO: Que, quien interpone apelación debe fundamentarla,
indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución precisando
la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, así como
también debe acompañar el recibo de pago de la tasa judicial respectiva
cuando ésta fuera exigible, y presentando el recurso impugnatorio dentro del
plazo legal, que en el caso de la apelación de sentencia es de cinco días,
según el inciso g) del numeral 2.2 del punto 28.2 del artículo 28º del Texto
Único Ordenado de la Ley N.º 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso
Administrativo; CUARTO: Siendo que de la revisión de autos se verifica que la
recurrente ha interpuesto apelación observando la totalidad de los requisitos de
forma y fondo exigibles, con excepción del pago del arancel judicial por
apelación de sentencia, en razón de la exoneración derivada de su condición
de entidad de la Administración Pública, por lo que se RESUELVE:
CONCEDER RECURSO APELACION CON EFECTO SUSPENSIVO contra la sentencia de fecha 11 de julio del 2017, debiéndose elevar los autos a la
instancia superior. Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 00539-2013-23-1201-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : TORRES BOZA MIRIAM LILI
ESPECIALISTA : DENISE SALAZAR ROJAS
DEMANDADO : ALBINO ESPINOZA, JABIER
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU REPRES MILUSKA
KRYSIA CALIXTO LLANOS ,
Resolución Nro.10
Huánuco, veintisiete de junio
Del año dos mil diecisiete.------)
AUTOS Y VISTOS: El escrito con ingreso Nro. 2909-2017,
presentado en representación de la accionante, a lo solicitado: Al Principal; Y
CONSIDERANDO: Primero.- Que, conforme lo dispuesto en el artículo 123° del
Código Procesal Civil, una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada, cuando: a)
No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o b) Las
partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir
los plazos sin formularlos; es decir una resolución queda consentida cuando pudiendo el
justificable afectado ejercitar contra ella un medio impugnatorio no lo hace, dejando
vencer el plazo, por lo que al ocurrir ello adquiere la calidad de cosa juzgada, y es
inmutable, impugnable e inmodificable, no pudiendo ser objeto de ningún recurso para
revocarla o modificarla; Segundo.- Que, mediante resolución número nueve de fecha
doce de abril del año dos mil diecisiete, se ha resuelto declarar fundada el pedido
efectuado por la ejecutante Banco de Crédito del Perú, debidamente representado por
su apoderado legal Miluska Krysia Calixto Llanos, ordenándose el levantamiento de la
medida cautelar de embargo fuera del proceso en forma de inscripción dictada mediante
resolución número 01 de fecha 15 de enero del 2014, y aclarada mediante resolución N°
04, de fecha 06 de marzo del 2014, la misma que ha sido notificada válidamente a las
partes del presente proceso, conforme obra de las constancias de notificación de fojas 93
al 95, y no ha sido pasible de impugnación alguna. Por estos fundamentos fácticos y al
amparo de lo prescrito por el artículo 123° inciso 2) del Código Procesal Civil; SE
RESUELVE: declarar CONSENTIDA la resolución número NUEVE de fecha doce
de abril del año dos mil diecisiete. En consecuencia: CÚRSESE los partes judiciales a
la Oficina de Registros Públicos de Huánuco para el levantamiento de la medida cautelar; OFICÍESE para dicho fin. Al Otrosí: Téngase presente. NOTIFICÁNDOSE
con las formalidades de ley. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huánuco
Jr. Hermilio Valdizán Nro. 130– Huánuco
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Huánuco, 27 de junio del 2017.
Oficio N° –2017-2do.JPLM-CSJHN/PJ.
SEÑOR:
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE LA OFICINA
REGISTRAL DE HUÁNUCO
Ciudad.-
Ref. Oficio N° 326-14-1er. JPL-CSHN/PJ.
Tengo el agrado dirigirme a Usted con la finalidad de
SOLICITAR se sirva ordenar a quien corresponda, LEVANTE la MEDIDA
CAUTELAR de EMBARGO ordenada en el presente proceso, al haberse emitido las
Res. Nº 09 y 10, los cuales se acompañan en copias certificadas. La misma que recayó
sobre el inmueble ubicado en el Lote 6 de la manzana E de la Urbanización María Luisa
del Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de Huánuco, inscrito en la
PARTIDA ELECTRÓNICA N° 02009755. Por haber dispuesto así mi Despacho en los
seguidos por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ; debidamente representado por su
apoderado legal Miluska Krysia Calixto Llanos sobre MEDIDA CAUTELAR, Exp. Nº
539 -2013-23 CI. Va en Fs. ( ).
Es propicia la oportunidad de expresar las muestras de mi especial
consideración y deferencia personal.
ATENTAMENTE. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE HUANUCO
Juez: TORRES BOZA MIRIAM LILI
Fecha: 18/04/2017 12:25:01
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUANUCO/HUANUCO
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 00539-2013-23-1201-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : TORRES BOZA MIRIAM LILI
CORTE SUPERIOR DE HUANUCO
Secretario: DENISE SALAZAR
ROJAS ESPECIALISTA : DENISE SALAZAR ROJAS
Fecha: 18/04/2017 17:10:42
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : ALBINO ESPINOZA, JABIER
D.Judicial: HUANUCO/HUANUCO
FIRMA DIGITAL DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU REPRES MILUSKA
KRYSIA CALIXTO LLANOS ,
Resolución Nro.09
Huánuco, doce de abril
Del año dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS:
Puestos los autos a despacho para resolver conforme lo ordenado en la
resolución que antecede, en consecuencia; Y
CONSIDERANDO:
Primero.- La parte ejecutante solicita el Levantamiento de la Medida Cautelar,
el Embargo en forma de Inscripción que pesa sobre los derechos y acciones
que le corresponde al cónyuge obligado don Jabier Albino Espinoza sobre el
bien inmueble de su propiedad ubicada en el Lote 6 de la manzana E de la
Urbanización María Luisa del Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de
Huánuco, inscrito en la Partida Electrónica N° 02009755, en atención a que el
demandado ha cumplido con cancelar el integro de la deuda que tenía con
el Banco de Crédito del Perú.
Segundo: Que, el objeto de la medida cautelar es el de asegurar el
cumplimiento de la decisión definitiva, acorde a lo dispuesto por el artículo
608° del Código Procesal Civil.
Tercero: Que, mediante resolución N° 01 de fecha 15 de enero del 2014 que
obra a folios 39 al 41 de autos y resolución aclaratoria N° 04 de fecha 06 de
marzo del 2014 a folios 60 al 61 de autos, que; SE RESUELVE: “DECRETAR la medida
cautelar de EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION que deberá recaer sobre los derechos y
acciones que le correspondería al cónyuge obligado a don JABIER ALBINO ESPINOZA al fenecimiento de la sociedad de gananciales hasta por la suma de S/.10,000.00 DIEZ MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES, sobre el inmueble de su propiedad ubicado en el lote 6 de la manzana E de la
Urbanización María Luisa del Distrito de Amarilis, Provincia y departamento de Huánuco, inscrita
en la partida registral número 02009755 del Registro de Propiedad inmueble de Huánuco,
afectándose dicha medida hasta por la suma de DIEZ MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/.
10,000.00)”; Medida Cautelar que fue debidamente ejecutada como consta de
la Anotación de Inscripción emitida por la Zona Registral N° VIII SEDE
HUANUCO, que se encuentra a fojas 74 de autos.
Cuarto: Que, del estudio de autos fluye que mediante escrito de fecha 20 de
enero del 2017, solicita el levantamiento de la Medida Cautelar en forma de
inscripción que pesa sobre el bien inmueble inscrito en la Partida electrónica
N° 02009755, ya que el demandado JABIER ALBINO ESPINOZA ha cumplido con
cancelar el integro de la deuda que tenía, tal como es de verse de la
constancia que emite el Banco de Crédito del Perú que corre a folios 82 de
autos, en donde se indica que la situación del crédito es cancelado, y del
Auto Final que obra en el proceso principal tal como se ve en la copia de la
resolución N° 08 de fecha cuatro de noviembre del dos mil catorce que se
adjunta a la presente, con lo cual se ha prueba el cumplimiento de la
obligación exigida; razones por las que procede amparar la solicitud
efectuada por la empresa ejecutante.
Por estos fundamentos y de conformidad al artículo 139 inciso 5º de la
Constitución Política del Estado, concordante con el artículo 12° de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, artículos III, y IX del Título Preliminar del Código
Procesal Civil, concordante con el artículo 608° del mismo cuerpo de leyes;
SE RESUELVE:
1. Declarar FUNDADA el pedido efectuado por la parte ejecutante BANCO
DE CREDITO DEL PERU debidamente representado por su apoderado
legal MILUSKA KRYSIA CALIXTO LLANOS mediante el escrito de fecha 20
de enero del año 2017 obrante a folios 84 y 85 de autos; en
consecuencia;
2. LEVÁNTESE la MEDIDA CAUTELAR de EMBARGO EN FORMA DE
INSCRIPCIÓN dictada mediante resolución N° 01, de fecha 15 de enero
del 2014 que obra a folios 39 al 41 de autos y aclarada mediante resolución N° 04, de fecha 06 de marzo del 2014 que obra a folios 60 al
61 de autos, que recayó sobre el inmueble ubicado en el Lote 6 de la
manzana E de la Urbanización María Luisa del Distrito de Amarilis,
Provincia y Departamento de Huánuco, inscrito en la PARTIDA
ELECTRÓNICA N° 02009755, hasta por la suma de DIEZ MIL SOLES (S/.
10,000.00); y una vez firme la presente resolución;
3. CÚRSESE los Partes Judiciales a la Oficina Registral de Huánuco para los
fines pertinentes. NOTIFIQUESE con arreglo a ley.- |
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Juez: ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
Fecha: 07/07/2015 11:00:38
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 00589-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: LOLI CRESPIN
MAXIMO JUEZ : ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
Fecha: 09/07/2015 08:19:29
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : LOLI CRESPIN MAXIMO
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.
DEMANDANTE : GUERRA CASTILLO, JORGE LUIS
Resolución Nro. DIECISEIS
Chimbote, seis de julio
Del año dos mil quince.-
Dado cuenta con el expediente devuelto por Quinto Juzgado Especializado de
trabajo, TÉNGASE por recibido y CÚMPLASE lo ejecutoriado, habiéndose
confirmado la sentencia que declara fundada en parte la demanda, PONGASE A
CONOCIMIENTO DE LAS PARTES PROCESALES, en consecuencia
REQUIERASE a la demandada CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. a fin
que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES cumpla con pagar a favor del actor la
suma de S/. 10,814.76 (Diez Mil Ochocientos Catorce con 76/100 Nuevos Soles), por
concepto de capital y la suma de S/. 1,400.00 (Un Mil Cuatrocientos y 00/100
Nuevos Soles) por concepto de costos del proceso, bajo apercibimiento de embargo en
caso de incumplimiento. Avocándose al conocimiento del presente proceso el señor
Juez Titular que suscribe e interviniendo el secretario judicial que da cuenta por
disposición superior. Notifíquese. |
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Juez: MARIA MELENDEZ AMADOR
Fecha: 15/06/2015 09:51:07
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
5° JUZGADO LABORAL - NLPT
EXPEDIENTE : 00589-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: ROJAS TAPIA KARIN JUEZ : MARIA MELENDEZ AMADOR
PAOLA
Fecha: 15/06/2015 12:40:44 ESPECIALISTA : ROJAS TAPIA KARIN PAOLA
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
DEMANDADO : EMPRESA PESQUERA CORPORACION PESQUERA INCA
FIRMA DIGITAL
SAC ,
DEMANDANTE : GUERRA CASTILLO, JORGE LUIS
Resolución Nro. DIECISEIS
Chimbote, cuatro de junio
del dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito,
presentado por la parte demandada, solicitando corrección de la resolución
quince, la misma que contiene la sentencia de vista; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, por resolución número quince se emitió sentencia de vista la
misma que se declaró fundada en parte la demanda interpuesta por don
JORGE LUIS GUERRA CASTILLO contra la CORPORACION PESQUER INCA
S.A., sobre REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR PARTICIPACION DE
PESCA; disponiéndose a la demandada deberá abonar a favor del actor la
suma S/. 10,814.76 nuevos soles; además del pago por costos del proceso en la
suma de S/. 1,400.00 nuevos soles, que incluye el 5% para el Colegio de
Abogados del Santa; SEGUNDO: Que, mediante escrito que se provee, la
empresa demandada solicita la corrección de la sentencia de vista en el
sentido de que en el Punto octavo el Juez señala que en la semana 03 del año
2011 existen diferencias remunerativas entre los trabajadores, por lo que
existe un reintegro de S/. 480.00 nuevos soles, hecho que es totalmente falso,
ya que se acreditado con el acta de reunión, que los tripulantes que no
firmaron el convenio de reestructuración salarial en la cual está incluido el
demandante, por voluntad propia percibirán el porcentaje del 20% del 8% de
valor FOB y otros fundamente que expone; TERCERO: Así pues, el artículo
407 del Código Procesal Civil aplicado de manera supletoria para el caso de
autos establece: “El Juez puede corregir, de oficio o a pedido de parte y sin
trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga. Los
errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución
de la resolución. Mediante la corrección las partes también piden al Juez que
complete la resolución respecto de puntos controvertidos pero no resueltos”;
CUARTO: Siendo así, se puede advertir de la propia sentencia de vista (véase a
folios 272 a 277) que la decisión de pagar a tripulantes de manera diferenciada es inaceptable en la actividad de pesca, pues siempre tendrá que
repartirse en parte iguales para los tripulantes por tener la misma condición,
cargo y hacer la misma labor, careciendo la desigualdad introducida en
función de la firma o no de convenios individuales, por lo que este deviene en
infundado la corrección solicitada. Por estas consideraciones, SE RESUELVE:
DECLARAR INFUNDADA la solicitud de corrección de la sentencia de vista
contenida en la resolución número quince, formulada por la parte demandada.
NOTIFÍQUESE y devuélvase a su Juzgado de origen.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
Fecha: 05/08/2015 10:04:56
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 00631-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: GOMEZ MEDRANO
HEBER JONATAN ESPECIALISTA : GOMEZ MEDRANO HEBER JONATAN
Fecha: 06/08/2015 08:03:54
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC COPEINCA ,
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL DEMANDANTE : ADRIANZEN DIAZ, MANUEL
Resolución Nro. VEINTISIETE.
Chimbote, tres de agosto
Del dos mil quince.
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito que antecede, y siendo el
estado del proceso se procede a emitir la siguiente resolución; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que,
mediante escrito de fojas 156/159, la parte demandante recurre a este Juzgado efectuando la liquidación
de costos del proceso y presenta su recibo por honorarios profesionales para su respectiva regulación,
indicando que el monto total por costos procesales asciende a la suma de S/. 350.00 nuevos soles;
SEGUNDO: Que, puesto en conocimiento de la parte demandada mediante resolución número veintiséis,
conforme se advierte de la constancia de notificación obrante a folios 241; esta no ha observado dentro
del plazo concedido y a pesar del tiempo transcurrido los costos procesales propuestos por la abogada del
accionante; TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso abreviado laboral
bajo los alcances establecidos por la Ley N° 29497 – Ley Procesal del Trabajo la cual establece que la
condena de los costos y costas del proceso se regulan conforme a la norma procesal civil (artículo 14° de
la citada norma adjetiva); CUARTO: Entonces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 411º del
Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al caso de autos, son costos del proceso el honorario
del abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del
Distrito Judicial respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en
los casos de auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula sus alcances tanto respecto del monto
como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su
decisión, a tenor de lo normado por el artículo 414º del cuerpo legal acotado; QUINTO: En ese orden de
ideas, se debe tener presente que el Juez a fin de fijar los costos procesales meritua la actuación del
abogado de la parte vencedora, valorando el asesoramiento legal realizada en el proceso, debiendo tenerse
en cuenta que en el Nuevo proceso Laboral conforme a lo prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de la
Ley 29497, sobre la prevalencia de las exposiciones orales sobre las escritas, estando referido a que los
letrados oralizan su demanda, fundamentan sus teorías del caso, es decir sus alegatos de apertura y de
clausura en la Audiencia Única, por lo que siendo ello así, y habiéndose realizado la Audiencia Única en
dos diligencias (ver folios 70/72 y 95/96) en la que la letrada tuvo participación activa, además de ello
debemos tener en cuenta las incidencias realizadas en el presente proceso, la cual se ha desarrollado en
dos instancias, obteniéndose sentencia favorable en la suma de S/.1,317.73 nuevos soles (ver folios
133/135), así como los intereses legales ascendiente a S/. 410.54 nuevos soles (a folios 209/210);
SEXTO: Que, contrastando los actos procesales, así como la intervención del letrado en las Audiencias
programadas (audiencia única y vista de la causa), los costos del proceso deben fijarse en atención a las
incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso, el cual es un proceso rápido al tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de Trabajo 29497, iniciado con la presentación de la demanda el
30/ABR/13, a la actualidad 03/AGO/15, 2) instancias jurisdiccionales (dos instancias tanto para la
sentencia e intereses legales) , 3) la labor del letrado de la parte vencedora interviniendo en la audiencia
única y en la vista de la causa; 4) además se pondera los montos ordenados a cancelar por concepto de
capital e intereses legales reconocidos en los presentes actuados, más el 5% destinado para el Colegio de
Abogados de la Libertad, al haberse declarado fundada la pretensión planteada por el accionante;
SEPTIMO: Siendo así, de los actuados se advierte que la abogada del accionante planteo la demanda con
fecha 30/ABR/13 e intervino en las dos diligencias de la audiencia única de fecha 17/OCT/13 y
20/MAR/14 conforme se registra en los audios y videos, desplegando un desempeño normal y ordinario
(sin realizar mayor esfuerzo) ventilado en este nuevo modelo procesal donde prevalece la oralidad sobre
lo escrito; por ello, los costos deben ser fijados en función a las incidencias acaecidas en el trámite de la
causa, atendiendo a las incidencias del proceso, la duración y su complejidad; así como la intervención
del abogado patrocinante, quien se ha limitado en presentar un total de siete escritos (de las que se
encuentra incluido una demanda tipo) en estado de ejecución de sentencia; OCTAVO: De la misma
forma, respecto al importe consignado en el recibo por honorarios profesionales presentados por el actor,
debe tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su monto, en ejercicio de
su derecho constitucional a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el Juzgador quien las fija y/o
regula, en el caso concreto, considerando las incidencias del proceso, la misma que se ha tramitado en dos
instancias por impugnación de la sentencia por parte del accionante y de los intereses legales por parte de
la demandada, por lo que resulta razonable y equitativo regular los mismos en un 15% de la suma total S/.
1,728.27 nuevos soles; ascendiendo al importe de S/. 259.00 nuevos soles, más el 5% destinado para el
Colegio de Abogados de la Libertad ascendente a la suma de S/. 13.00 nuevos soles; en consecuencia y en
mérito a las consideraciones vertidas SE RESUELVE:
1. REGULAR y APROBAR los costos procesales en el monto de S/. 259.00 nuevos soles
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 NUEVOS SOLES), más el importe de
S/. 13.00 nuevos soles (TRECE CON 00/100 NUEVOS SOLES), destinados al Colegio de
Abogados de la Libertad, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
2. En consecuencia, REQUIÉRASE a la demandada a fin de que en el plazo de TRES DÍAS
HÁBILES cumpla con cancelar a favor del demandante la suma regulada y aprobada por
conceptos de costos procesales, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.
Notifíquese. |
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Juez: PAUL KARL QUEZADA APIAN
Fecha: 01/06/2015 11:20:32
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
8° JUZGADO LABORAL - NLPT
EXPEDIENTE : 00631-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: FERRE RODRIGUEZ JUEZ : PAUL KARL QUEZADA APIAN
SILVIA AURORA
Fecha: 01/06/2015 12:00:35
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA : FERRE RODRIGUEZ SILVIA AURORA
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC COPEINCA ,
DEMANDANTE : ADRIANZEN DIAZ, MANUEL
Resolución Nro. VEINTIDOS
Chimbote, veintinueve de mayo del
Año dos mil quince.-
AUTO DE VISTA
ASUNTO:
Viene en grado la apelación la resolución número dieciocho de fecha veinticuatro de Noviembre
del año dos mil catorce, que declara infundada la observación presentada por la demandada a la
liquidación de intereses legales y se aprueba la misma en la suma de S/. 410.54 nuevos soles.
FUNDAMENTOS DE LA APELANTE:
La demandada refiere que el Juzgador ha aplicado erróneamente los porcentajes correspondientes a
las tasas emitidas por el Banco central de Reserva del Perú, ello en razón a que el BDR determina
en forma diaria la tasa de intereses legal mediante la publicación de la Tasa de intereses legal laboral
y la publicación del Factor diario, las cuales no han sido tomadas en cuenta; así miso refiere que la
obligación resulta ser exigible con posterioridad al mes de Abril del 2013 hasta tan solo el 10 de
octubre del 2014, lo cual él A quo restringe su pronunciamiento a lo informado únicamente por el
perito revisor.
CONSIDERACIONES:
PRIMERO.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte o de un tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con
el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme al artículo 364 del
Código Procesal Civil. El recurso de apelación hace viable no sólo la revisión de los errores
materiales sino también de los errores sustanciales, pues por medio de dicho recurso se pretende la
eliminación de la resolución del Juez inferior y su sustitución por otra que dicte el Superior
Jerárquico. SEGUNDO: Que, Roberto G. Loutayf Ranea1, alude que “El principio de congruencia –dice De la
Rúa- tiene en segunda instancia manifestaciones específicas; más limitantes y rigurosas, “porque el
juicio de apelación tiene un objeto propio, que son las pretensiones impugnativas de los recurrentes,
y la voluntad de éstos limita o condiciona más al juez del recurso. Sus agravios constituyen el
ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum”; por lo que,
en aplicación del indicado Principio, corresponde emitir pronunciamiento respecto a los
argumentos expresados por las parte demandada en su respectivo recurso impugnatorio
TERCERO: En ese sentido, habiendo la parte demandada apelado la resolución que aprueba los
intereses legales, se tiene de la revisión exhaustiva de autos, que la liquidación de intereses legales
obrante a folios 165, se ha emitido tomando en consideración lo resuelto en la sentencia contenida
en la resolución número ocho, la misma que se ha declarado fundada en parte la demanda de pago
de reintegro de Utilidades del año 2001 y 2002, la cual fue confirmada mediante resolución de vista
número nueve; siendo el monto del capital la suma de S/.1,317.73 nuevos soles; por lo que, la
pericia practicada en autos se encuentra conforme al período y monto ordenado en dichas
sentencias, habiéndose aplicado el interés laboral según Ley N° 25920, esto es que se encuentra
conforme a ley.
CUARTO: Es de precisar que, conforme lo establece el artículo 63° de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo: “La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por el término de cinco (5) días hábiles
siguientes a su notificación. En caso de que la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado
debe necesariamente presentar una liquidación alternativa. Vencido el plazo el juez, con vista a las
liquidaciones que se hubiesen presentado, resuelve acerca del monto fundamentándolo.”; y siendo que el presente
caso la demandada al formular su observación respectiva, no presentó su liquidación alternativa, en
tal sentido, prevalece el cálculo realizado por el órgano de auxilio judicial, debiendo desestimarse los
fundamentos del recurso de apelación. Por estas consideraciones, la Juez del Octavo Juzgado
Laboral de esta Corte Superior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33º de la Ley Nº
29497:
RESUELVE:
CONFIRMANDO la resolución número dieciocho de fecha 24 de Noviembre del año 2014, que
declara infundada la observación presentada por la demandada a la liquidación de intereses legales y
se aprueba la misma en la suma de S/. 410.54 nuevos soles, disponiendo su devolución a su
Juzgado de origen. Notifíquese. –
1 Roberto G. Loutayf Ranea - “El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil”, Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina,
1989, pp. 116. |
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2° JUZGADO DE PAZ LETRADO
EXPEDIENTE : 00635-2013-0-2601-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : MELENDEZ LIPA ANGELA ROXANA
ESPECIALISTA : GLEIDI ISABEL ZURITA MONDRAGON
DEMANDADO : GALAN DE ZAPATA, JUANA VICTORIA
ZAPATA CORNEJO, FEDERICO
DEMANDANTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES,
SENTENCIA 039 – 2018
RESOLUCIÓN Nº 11:
Tumbes, dieciséis de marzo,
Del año dos mil dieciocho.-
I. PARTE EXPOSITIVA.
VISTOS: La demanda del folio veintitrés interpuesta por FONDO NACIONAL
DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, debidamente representada por
Procuradora Pública Dra. Blanca Estela Zumaeta Oropeza, en contra de
FEDERICO ZAPATA CORNEJO y JUANA VICTORIA GALAN DE ZAPATA,
que contiene la pretensión de Obligación de Dar Suma de Dinero.----------------
1.1.- DE LA DEMANDA. ------------------------------------------------------------------
Petitorio: La demandante solicita que los demandados cumplan con pagar a
su representada el monto de dos mil cuatrocientos noventa y cinco con
25/100 dólares americanos ($ 2,495.25) o su equivalente en moneda nacional
al tipo de cambio de venta, establecido por la Superintendencia de Banca y
Seguros (al 20-08-2013 US $ 1.00 equivalente a s/. 2.797.22, tipo de cambio
de venta), ascendente a la suma de seis mil novecientos setenta y nueve con
22/100 soles (S/. 6,979.22) por préstamo realizado al demandado, más
intereses moratorios y compensatorios.------------------------------------------------
Fundamentación fáctica de la demanda: La demandante en su escrito de
demanda afirma que: 1) Mediante Decreto Supremo N° 010-92, de fecha cinco
de junio del año mil novecientos noventa y dos, se creó el Fondo Nacional de
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Desarrollo Pesquero – FONDEPES, cuya finalidad es apoyar técnica y
financieramente a las comunidades pesqueras, artesanales, etc., por lo que
dicha finalidad persigue el incremento sostenido de la producción pesquera
procedente de la pesca artesanal y de la acuicultura. 2) Alega que con fecha
diecinueve de marzo del año mil novecientos noventa y siete, los
codemandados Federico Zapata Cornejo y Juana Victoria Galán De Zapata
suscribieron un Convenio – FONDEPES – BANCO REGIONAL DEL NORTE de
constitución de primera y preferencial prenda industrial, con el Banco
Regional del Norte S.A. e inscrito en la Oficina Registral Regional Región Grau,
en la ficha registral N° 448 del Registro de Prenda Industrial, de la citada
institución registral, por lo que afirma la demandante, en dicho contrato se
prendaron lo siguientes bienes, con la siguientes características: Motor fuera
de borda, marca YAMAHA, modelo E115AMH6ESL, Serie N° 020261DE115HP
y Motor gasolinero, marca BRIGGS STRATTON DE 16 HP, serie N° K-5093,
con accesorios y propulsión completa. 3) El monto otorgado en calidad de
préstamo a los co-demandados, fue por la suma de $ 4,584.04, desembolsado
el 11-08-1999; y pagaderos a 48 cuotas; el mismo que tenía vencimiento el
23–08–2003, por lo que afirma que, a pesar del tiempo transcurrido hasta la
fecha, no han cancelado la deuda. 4) En ese sentido, hasta la fecha los co-
demandados, mantienen una deuda ascendente a la suma de US $ 2,495.25
dólares americanos, que solo constituye el capital de la deuda. 5) Asimismo
expone que, al ser su representada una institución pública, los co-
demandados han ingresado en programas de restructuración de deuda, en
virtud de aplicación del Decreto Supremo N° 001-2007- PRODUCE y su
ampliatoria, el Decreto Supremo N° 012 – 2007 – PRODUCE, por lo que a
pesar de las facilidades que se les ha brindado a los co-demandados no han
cumplido con pagar la deuda nacida del contrato, en razón de que acumulan
más de cuatro cuotas consecutivas impagas, por lo que perdieron el beneficio
de restructuración de deuda. 6) Finalmente afirma que, el no pago de la
prestación por parte de los co-demandados perjudica a su representada en dos
sentidos: a) proseguir con el desarrollo normal de las actividades y, b)
Continuar otorgando mayores créditos en el sector de la pesca artesanal.-------
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Fundamentación jurídica de la demanda. ------------------------------------------
Fundamenta su demanda en lo dispuesto en los artículos 1220°,1219° inc. 1
del Código Civil; artículos 424° y 425°, 7° y 547° del Código Procesal Civil.-----
1.2.- DE LA CONTESTACION. ----------------------------------------------------------
Fundamentos de la Contestación: El demandado no contesta la demanda,
por lo que mediante resolución número ocho, de fecha veintisiete de junio del
año en curso, se le declara rebelde, condición jurídica que causa presunción
legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la Demanda, conforme
lo establece el artículo 461° del Código Procesal Civil.-------------------------------
1.3.- ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. -------------------------------------------------
Mediante Resolución número dos, de fecha veintitrés de diciembre del año dos
mil trece, obrante a fojas treinta y ocho, se admitió a trámite la demanda y se
confirió traslado a los demandados, quienes no contestan la demanda dentro
del plazo establecido, por lo que mediante resolución número ocho, obrante en
el folio setenta y nueve, de fecha veintisiete de junio del año dos mil diecisiete,
se les declara rebelde a los demandados; la audiencia única se realizó el día
cuatro de septiembre del año dos mil diecisiete, tal como se desprende del acta
obrante en el folio noventa y dos y siguientes; con lo que la causa queda
expedita para ser sentenciada.-----------------------------------------------------------
II.- PARTE CONSIDERATIVA:
FUNDAMENTACIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE LA SENTENCIA:
PRIMERO: MARCO NORMATIVO.------------------------------------------------------
1.1.- De los fines del proceso: Que lo que caracteriza a un proceso es su fin,
el cual consiste en la decisión de un conflicto de intereses mediante un fallo
que permita la satisfacción del interés público y general o eliminar una
incertidumbre con relevancia jurídica, por lo que no debe entenderse al
proceso como la simple tutela de los derechos subjetivos de una persona
natural o jurídica, pues lo que se persigue, es el respeto de la dignidad
humana y el establecimiento de la armonía y la paz social en justicia mediante
la intervención del órgano jurisdiccional, de conformidad a lo señalado en el
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil.--------------------------
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1.2.- De la Tutela Jurisdiccional Efectiva: Conforme a lo preceptuado en el
artículo Primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, toda persona
tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya sea para el ejercicio o
defensa de sus derechos o intereses; es en razón a esta norma adjetiva que la
accionante ha interpuesto la presente acción judicial sustentando válida y
jurídicamente su pretensión; del mismo modo, la parte demandada tiene
expedito su derecho de defensa; todo ello con sujeción a un debido proceso.----
1.3.- De la Carga de la Prueba: Es sustancial a criterio del Juzgador precisar
tanto al demandante como al demandado que deben tener en cuenta que, de
acuerdo con nuestro Código Procesal Civil, la carga de la prueba
corresponde a quién afirma hechos que configuren su pretensión o a
quiénes los contradicen alegando nuevos hechos; en caso contrario, dichas
afirmaciones serán declaradas infundadas; debiendo el Juez valorar todos los
medios probatorios presentados por la partes en forma conjunta, a fin de
producir certeza respecto de los puntos controvertidos fijados en la audiencia
y fundamentar sus decisiones, en mérito a lo actuado en el Proceso y de
acuerdo al Derecho; ello en estricto cumplimiento a lo previsto en los artículos
1961, 200° y 1972 del Código Procesal Civil.-------------------------------------------
1.4.- De la prenda: El Código Civil de 1984 en su artículo 1055 establecía: “La
prenda se constituye sobre un bien mueble, mediante su entrega física o
jurídica, para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación." (Este artículo
ha sido derogado por la ley de garantía mobiliaria del 2006) El texto original del
artículo 1055 del Código Civil peruano de 1984 (que es el antecedente
legislativo nacional inmediato de la garantía mobiliaria) calificaba a la prenda
como un derecho real de garantía el cual recae sobre bienes muebles y
supone su desplazamiento, es decir entrega real de la cosa gravada. Al
constituir esta un derecho real de garantía, el acreedor tendrá respecto de los
bienes que integran el patrimonio del deudor, el derecho de realizarlos y
hacerse pago con su importe en caso de incumplimiento. -------------------------
1 Artículo 196.- Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.
2Artículo 197.- Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan su decisión.
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SEGUNDO: De la pretensión del proceso y contestación: Pretensión: La
parte demandante pretende que la parte demandada le pague la suma de
$ 2, 495.25 (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 25/100
DÓLARES AMERICANOS), o su equivalente en moneda nacional al tipo de
cambio de venta establecido por la Superintendencia de Banca y Seguros al
20-08-2013 US$1.00 equivalente a S/. 2,797.00 siendo el monto del petitorio
en moneda nacional la suma de S/6,979.22 SEIS MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y NUEVE ON 22/100 SOLES, más los intereses moratorios y
compensatorios acumulados, en base al contrato de prenda industrial
celebrado entre los demandados y FONDEPES. Contestación: La parte
demandada se encuentra en calidad de rebelde por lo que se tiene presunción
relativa de los hechos expuestos en la demanda. ------------------------------------
TERCERO: DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.- En la
audiencia única llevada a cabo en el proceso se han fijado como puntos
controvertidos los siguientes: 1) Determinar si los demandados se encuentran
obligados a pagar el monto de seis mil novecientos setenta y nueve con
22/100 soles, ello en merito a los contratos de prenda suscritos con la parte
demandante. 2) Si corresponde ordenar el pago de los intereses
compensatorios y moratorios.------------------------------------------------------------
RESPECTO AL FONDO DEL ASUNTO: -----------------------------------------------
CUARTO: DEL MARCO NORMATIVO: ------------------------------------------------
Para efectos de emitir pronunciamiento de fondo, para el caso concreto de
autos, se debe tener en cuenta lo siguiente: A) Derechos y acciones del
acreedor como efecto de las obligaciones: Que el artículo 1219 inciso 1) del
Código Civil, prescribe que “… Es efecto de las obligaciones autorizar al
acreedor para lo siguiente: …1.- Emplear las medidas legales a fin de que el
deudor le procure aquello a que está obligado...”; B) Noción de pago: Que el
artículo 1220 del Código Civil, prescribe que “…Se entiende efectuado el pago
sólo cuando se ha ejecutado íntegramente la prestación…”; C) Pago de
intereses Legales: Que el artículo 1245 del Código Civil, prescribe que
“…Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe
abonar el interés legal …” y; D) Inejecución de obligaciones dinerarias: Que
la primera parte del artículo 1324 del Código Civil, prescribe que “…Las
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obligaciones de dar sumas de dinero devengan el interés legal que fija el Banco
Central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra en mora,
sin necesidad de que el acreedor pruebe haber sufrido daño alguno…”.----------
QUINTO: PRESUPUESTOS FÁCTICOS ACREDITADOS.---------------------------
2.1.- Mediante Documento Privado de Constitución de Prenda Industrial, de
fecha diecisiete de agosto del año mil novecientos noventa y nueve, los
codemandados suscribieron primera y preferencial prenda industrial por la
suma de cuatro mil quinientos ochenta y cuatro con 04/100 dólares
americanos, a favor del Banco Regional del Norte, dando en prenda los
siguientes bienes: Motor fuera de borda, marca YAMAHA, modelo E115AMH
6ESL, Serie N° 020261 DE 115HP y Motor gasolinero, marca BRIGGS
STRATTON DE 16 HP, serie N° K-5093, con accesorios y propulsión completa;
tal como se desprende del documento obrante en el folio cinco a siete. ----------
2.2.- Mediante Decreto Supremo N° 001- 2007 – PRODUCE, expedido el
veinticinco de enero del año dos mil siete, obrante en el folio diez, se
establecen disposiciones para la reestructuración de deudas que mantengan
los beneficiarios de los programas crediticios del Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero – FONDEPES, acreditándose que las deudas que tuvieron los
beneficiarios de créditos en el sector pesquero, entraron en un programa de
reestructuración de pago. ----------------------------------------------------------------
2.3.- A folios dieciséis, obra el estado de cuenta individual al 20/08/2013, del
cual se desprende que el monto de crédito fue de cuatro mil quinientos
ochenta y cuatro con 04/100 dólares americanos, así como la amortización del
crédito, por el monto de dos mil ochenta y ocho con 79/100 dólares
americanos, asimismo el vencimiento del crédito el cual tiene como última
cuota de pago, la fecha veintitrés de agosto del año dos mil tres. En el folio
dieciocho, se tiene el Cronograma Referencial de Pagos, donde se acredita la
existencia de crédito a favor de los demandados y vencimiento del mismo
(veintitrés de agosto del año dos mil tres).---------------------------------------------
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SEXTO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL PRIMER PUNTO
CONTROVERTIDO: Respecto a Determinar si los demandados se encuentran
obligados a pagar el monto de seis mil novecientos setenta y nueve con 22/100
soles, ello en merito a los contratos de prenda suscrito con la parte demandante:
6.1. Sobre el particular, es de advertirse que en el escrito postulatorio de fojas
veintitrés se hace mención a la deuda que se ha contraído mediante contrato
de prenda de fecha diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve
que obra a fojas cinco a siete, en el cual se prendaron lo siguientes bienes
muebles: un motor fuera de borda, marca YAMAHA, modelo E115AMH 6ESL,
Serie N° 020261 DE 115HP y, un motor gasolinero, marca BRIGGS STRATTON
DE 16 HP, serie N° K-5093, con accesorios y propulsión completa; y no al
contrato de prenda que se suscribió el diecinueve de marzo de 1997 que obra
a fojas ocho y nueve, por lo que dicho contrato no será materia de discusión
en el presente proceso.--------------------------------------------------------------------
6.2.- En cuanto al contrato de fecha diecisiete de agosto de mil novecientos
noventa y nueve, tenemos que el mismo se refiere a una prenda que fue
constituida en el año 1999, cuando se encontraba en vigencia el artículo 1055
del Código Civil que recogía la figura de la prenda como una garantía real
mediante la cual, a través de la entrega de un bien mueble se aseguraba el
pago de una obligación, y en cuanto a su formalidades y requisitos de validez,
establecía que la prenda debía constar en documento de fecha cierta para que
pueda surtir efectos contra terceros, asimismo en el contenido de dicho
documento se debía mencionar la obligación principal y contener la
designación del bien gravado (artículos 1061 y 1062 derogados); en cuanto a
los requisitos de validez el artículo 1058 establecía que son requisitos de
validez de la prenda que quien grave el bien sea su propietario o quien esté
autorizado legalmente, además que el bien se entregue física o jurídicamente
al acreedor, a la persona designada por este o a la que señalen las partes(…).--
6.3.- En ese sentido se advierte que del contrato de Constitución de Primera y
Preferencial Prenda Industrial que obra a fojas cinco a siete, ha sido suscrito
con las formalidades de ley de aquel entonces. Es importante mencionar que el
contrato sub materia, se trata de una “prenda industrial sin desplazamiento”,
es decir que el bien dado en garantía quedaba en poder del deudor. Esta
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excepción a la regla solo era permitida cuando expresamente la ley lo
autorizaba, tal era el caso de la prenda industrial, minera, agrícola, entre
otras. De lo que se infiere que el acreedor de la deuda, al haberse vencido el
plazo y sin haberse cumplido la obligación, no tenía como hacer efectivo su
derecho, con lo que se acredita a su vez, que existe una obligación entre
FONDEPES y los Co-demandados Juana Victoria Galán de Zapata y Federico
Zapata Cornejo, en base al contrato de constitución de primera y preferencial
prenda industrial suscrito.---------------------------------------------------------------
6.4.- Conforme a ello, nos encontramos frente a una obligación reconocida
mediante documento privado, y que por tanto resulta de obligatorio
cumplimiento para las partes que la han celebrado estando a la fuerza
vinculante de los contratos que prevé el artículo 1361 del Código Civil. Sobre
el particular la Corte Suprema refiere que “La libertad para contratar es la
capacidad de toda persona para decidir si contrata o no y con quién contrata; y
por otro lado, la libertad contractual es la capacidad de determinar el contenido
de los contratos” 3; igualmente, respecto de la fuerza vinculatoria del contrato
prevista en el artículo 1361 del Código Civil, la propia Corte Suprema ha
indicado que “Los contratos son expresión del acuerdo de voluntad común de
las partes, mediante los cuales se crean obligaciones de cumplimiento
obligatorio en cuanto se haya expresado en ellos, en aplicación del principio
pacta sunt servanda”. En tal sentido existe la obligación de los deudores de
pagar la suma demandada.---------------------------------------------------------------
6.5.- Aunado a ello, habiendo procedido la demandante con deducir los
montos amortizados por los codemandados, se tiene como resultado el monto
que se reclama ($ 2,495.25), en ese sentido queda establecido para esta
judicatura, la existencia de una relación acreedor-deudor entre la parte
demandante y la parte demandada, relación que nace del contrato de
“Constitución de Primera y Preferencial Prenda Industrial”, el cual tiene
como fecha de suscripción, el diecisiete de agosto del año mil novecientos
noventa y nueve (folio 05 a 07), en donde se prenda viene muebles de pesca,
por motivo del préstamo realizados a los demandados, por el monto de cuatro
mil quinientos ochenta y cuatro con 04/100 dólares americanos.-----------------
3 Casación 764-97-Cajamarca; Sala Civil de la Corte Suprema, El Peruano, 21-01-1999, pág. 2509.
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6.6. Sobre el monto exigido por la parte accionante, la cual solicita el pago del
monto de dos mil cuatrocientos noventa y cinco con 25/100 dólares
americanos ($ 2,495.25), o su equivalente en moneda nacional al tipo de
cambio de venta, establecido por la Superintendencia de Banca y Seguros (al
20-08-2013 equivalente a s/. 2.797.22, tipo de cambio de venta), ascendente a
la suma de seis mil novecientos setenta y nueve con 22/100 soles
(S/. 6, 979.22); se tiene en cuenta que los demandados han sido declarados
rebeldes, condición jurídica que causa presunción legal relativa sobre la verdad
de los hechos expuestos en la Demanda, conforme lo establece el artículo 461°
del Código Procesal Civil.------------------------------------------------------------------
6.7. Asimismo se tiene a la vista en folios dieciséis el Estado de Cuenta
Individual de los codemandados al 20/08/2013, donde se acredita la
amortización del crédito inicial, es decir los pagos realizados por los co-
demandados y que han sido registrados por FONDEPES; en virtud a ello, fluye
que los co-demandados si bien han realizado pagos sobre el crédito adeudado,
en primer término no han sido conforme a las fechas establecidas en el
cronograma de pagos (folio 18), e incluso han realizado pagos después de la
fecha de vencimiento de pago; en segundo término, del estado de cuenta en
mención, fluye que el total de dinero pagado por los codemandados, asciende
a la suma de dos mil ochenta y ocho con 79/100 dólares americanos, por lo
que al ser deducido el monto aportado por los demandados, con el monto
inicial del préstamo, se genera como deuda del crédito, el monto de dos mil
cuatrocientos noventa y cinco con 25/100 dólares americanos ($ 2,495.25);
teniendo en cuenta que los codemandados no han desvirtuado si han
realizado más pagos, o si han realizado la totalidad del pago, al haber sido
declarados rebeldes; en ese sentido queda establecido para esta judicatura que
el crédito otorgado por la parte demandante se encuentra impago pese a las
facilidades de pago y los programas de refinanciamiento de deudas
establecidas en el Decreto Supremo N° 001-2007-PRODUCE y Decreto
Supremo N° 012-2007-PRODUCE; por lo que, al no existir prueba alguna que
acredite el pago de la obligación puesta a cobro por el demandante, la
demanda debe ser estimada, debiendo disponerse que los demandados
procedan al pago de la obligación pendiente a favor del demandante.------------
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SEPTIMO: PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL SEGUNDO PUNTO
CONTROVERTIDO: Respecto si corresponde ordenar el pago de los intereses
compensatorios y moratorios.-------------------------------------------------------------
7.1. En el contrato de constitución de prenda, obrante en el folio seis, si bien
es cierto no se establece el pago de intereses; sin embargo tampoco existe
cláusula que establezca que el préstamo de dinero se realiza sin la generación
de intereses, o exonerando de los mismos al deudor; así el artículo 1663° del
Código Civil establece “El mutuatario debe abonar intereses al mutuante salvo
pacto en distinto”, lo que se configura en el presente proceso, debido a que no
existe pacto distinto entre el demandante y la parte demandada sobre los
intereses, por lo que queda establecido que los demandados tienen la
obligación de abonar al demandante intereses, ello al haber incumplido la
parte demandada con la obligación contenida en el documento privado de
constitución de prenda industrial.------------------------------------------------------
7.2. Por ello, al haber sido amparada la pretensión de obligación de dar suma
de dinero, se debe disponer el pago de intereses pactados, no apareciendo del
contrato la tasa de interés a aplicarse, el demandado debe sujetarse al pago de
los intereses legales que se hubieren generado, de conformidad con lo
normado por el artículo 1245 del Código Civil y el artículo 1324° del Código
Civil que prescribe: “Las obligaciones de dar sumas de dinero devengan el
interés legal que fija el Banco Central de Reserva del Perú, desde el día en que
el deudor incurra en mora, sin necesidad de que el acreedor pruebe haber
sufrido daño alguno”. ---------------------------------------------------------------------
OCTAVO: DE LAS COSTAS Y COSTOS.----------------------------------------------
Conforme lo establece el artículo 412 del Código Procesal Civil “El reembolso
de las costas y costos del proceso, no requiere ser demandado y es de cargo de
la parte vencida, salvo declaración judicial expresa y motivada de
exoneración”. De la revisión de autos, se advierte que la entidad demandante
no ha efectuado gastos económicos por aranceles judiciales, no
correspondiendo disponer su pago a cargo de la demandada. Con relación al
pago de costos, se advierte que el demandante ha sido asesorado por letrado,
siendo así, debe disponerse su pago a cargo de la parte demandada. ------------
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III. PARTE RESOLUTIVA:
Por estos fundamentos, conforme al artículo 138 de la Constitución Política del
Estado, impartiendo justicia en nombre del Pueblo de quien emana esta
potestad,
FALLO: Declarando, -----------------------------------------------------------------------
1) FUNDADA la demanda de OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO
interpuesta por el FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-
FONDEPES, en contra de FEDERICO ZAPATA CORNEJO Y JUANA
VICTORIA GALAN DE ZAPATA.
2) En consecuencia, DISPONGO: Que los demandados acudan a favor de
FONDEPES con la suma de US$ 2,495.25 (DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 25/100 DOLARES AMERICANOS) o su equivalente
en moneda nacional de S/. 6,979.22 (SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 22/100 SOLES), más intereses legales generados hasta la fecha
de pago, MÁS COSTOS. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.-
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 00644-2013-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
ESPECIALISTA : MEJIA QUEVEDO CECILIA LISSET
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SA ,
DEMANDANTE : VEGA ENADO, YONI MAXI
Resolución Nro. VEINTISEIS
Chimbote, veintidós de setiembre
Del año dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por el
demandante; se procede a emitir la resolución que corresponda Y, CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante escrito de fojas 308/311, la parte demandante recurre a este Juzgado efectuando la
liquidación de costos del proceso y presenta su recibo por honorarios profesionales para su respectiva
regulación, indicando que el monto total por concepto de costos procesales asciende a la suma de S/.
3,259.56 nuevos soles; SEGUNDO: Que, puesto en conocimiento de la parte demandada mediante
resolución número veinticuatro, conforme se advierte de la constancia de notificación y cargo de entrega
de cedulas electrónicas obrante es autos; esta ha observado dentro del plazo concedido manifestando que:
i) los costos procesales deben ser fijados en atención a la labor desplegada por el abogado defensor y la
complejidad del proceso; por lo que lo pretendido, resulta ser muy excesivo; y demás argumentos que en
ella expone, solicitando se tenga por observada la liquidación de los costos procesales; TERCERO: Que,
habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso abreviado laboral bajo los alcances establecidos por
la Ley N° 29497 – Ley Procesal del Trabajo la cual establece que la condena de los costos y costas del
proceso se regulan conforme a la norma procesal civil (artículo 14° de la citada norma adjetiva);
CUARTO: Entonces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 411º del Código Procesal Civil,
aplicado supletoriamente al caso de autos, son costos del proceso el honorario del abogado de la parte
vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial
respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de
auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula sus alcances tanto respecto del monto como de los
obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su decisión, a tenor
de lo normado por el artículo 414º del cuerpo legal acotado; QUINTO: En ese orden de ideas, se debe
tener presente que el Juez a fin de fijar los costos procesales meritua la actuación del abogado de la parte
vencedora, valorando el asesoramiento legal realizada en el proceso, debiendo tenerse en cuenta que en el
Nuevo proceso Laboral conforme a lo prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de la Ley 29497, sobre la
prevalencia de las exposiciones orales sobre las escritas, estando referido a que los letrados oralizan su
demanda, fundamentan sus teorías del caso, es decir sus alegatos de apertura y de clausura en la
Audiencia Única, por lo que siendo ello así, el letrado tuvo participación activa, además de ello debemos
tener en cuenta las incidencias realizadas en el presente proceso; SEXTO: Que, contrastando los actos
procesales, así como la intervención del letrado en las Audiencias programadas, los costos del proceso
deben fijarse en atención a las incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso, el cual es un proceso rápido al tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de Trabajo 29497, iniciado con la
presentación de la demanda el 12/ABR/12, 2) instancias jurisdiccionales, 3) la labor del letrado de la parte
vencedora; 4) además se pondera de los montos ordenados a cancelar por concepto de capital e intereses
legales reconocidos en los presentes actuados, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados del
Santa , al haberse declarado fundada la pretensión planteada por el accionante; SEPTIMO: Siendo así, de
los actuados se advierte que el abogado del accionante planteo la demanda con fecha 12/ABR/12,
desplegando un desempeño normal y ordinario (sin realizar mayor esfuerzo) ventilado en este nuevo
modelo procesal donde prevalece la oralidad sobre lo escrito; por ello, los costos deben ser fijados en
función a las incidencias acaecidas en el trámite de la causa, atendiendo a las incidencias del proceso, la
duración y su complejidad; así como la intervención del abogado patrocinante; OCTAVO: Asimismo,
respecto al importe consignado en el recibo por honorarios profesionales presentados por el actor, debe
tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su monto, en ejercicio de su
derecho constitucional a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el Juzgador quien las fija y/o regula,
en el caso concreto, considerando las incidencias del proceso. En consecuencia y en mérito a las
consideraciones vertidas SE RESUELVE:
1. DECLARAR INFUNDADA la observación a los costos procesales formulada por la empresa
demandada; consecuentemente,
2. REGULAR y APROBAR los costos procesales en el monto de S/. 1694.00 nuevos soles (MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES), más el importe de
S/. 84.00 nuevos soles (OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES), destinados al
Colegio de Abogados del Santa, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente resolución.
3. En consecuencia, REQUIÉRASE a la demandada a fin de que en el plazo de TRES DÍAS
HÁBILES cumpla con cancelar a favor del demandante la suma regulada y aprobada por
conceptos de costos, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO (JPL Rímac)
EXPEDIENTE : 01032-2013-0-1820-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : ESTRADA HERRERA JESUS ALEXANDER
ESPECIALISTA : ALVARADO HERNANDEZ CARLOS ALFONSO
DEMANDADO : RIOS ZAVALA, MARIO ANTONIO
DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION
RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE.
Rímac, 05 de abril de 2021.
Dando cuenta al escrito presentado a través de la
Mesa de Partes Electrónica Virtual de esta sede por la parte demandante
signado con el N° 963-2020 debido a la excesiva carga procesal soportada por
la Secretaría Civil: Téngase presente lo expuesto y en cuanto a la medida de
ejecución de embargo en forma de retención sobre los fondos, valores,
depósitos en cuenta corriente, a plazos, ahorros, cheques, títulos valores así
como sobre otras acreencias en favor de la parte demandada que tenga en las
Entidades del Sistema Bancario y Financiero, por lo que de ser así; y,
ATENDIENDO: PRIMERO: Que, la parte recurrente viene solicitando el
embargo en forma de retención sobre los fondos, valores, depósitos en cuenta
corriente, a plazos, ahorros, cheques, títulos valores así como sobre otras
acreencias en favor de la parte demandada que tenga en las Entidades del
Sistema Bancario y Financiero, entre éstas, ante el Banco Falabella Perú S.A.,
Banco Ripley S.A., Banco Internacional del Perú - Interbank, Banco de la
Nación, Banco BBVA - Banco Continental, Banco Scotiabank, Banco de Crédito
del Perú, Banco Pichincha, Mi Banco - Banco de la Micro Empresa S.A., Banco
Azteca del Perú S.A., Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. -
Caja Arequipa, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Piura, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo, Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana y Caja Metropolitana Lima, entre otros
argumentos, peticionando de esta manera que en atención a su solicitud y el
Art. 657° del Código Adjetivo, se proceda al embargo en forma de retención
para efectivizar el cumplimiento del auto final recaído en la presente litis;
SEGUNDO: Que, estando a que dentro de este proceso ha recaído auto final
consentido con autoridad de cosa juzgada que amparó la demanda incoada, no
puede soslayarse que la medida peticionada por la parte accionante busca la
ejecución y cumplimiento de la decisión jurisdiccional definitiva en sus propios
términos, deviniendo en una medida de ejecución, y en ese entendido, resulta
procedente trabar la medida peticionada por la parte ejecutante con el objeto
de satisfacer la acreencia puesta a cobro judicialmente, máxime si se advierte
en autos que la parte demandada hasta la fecha no habría dado cumplimiento
a su obligación legal y moral conforme corresponde pese ha haber sido
requerido para tal efecto bajo apremio expreso de iniciarse la ejecución forzada
en virtud de la resolución N° 05 expedida en autos debidamente notificado con
la misma, por lo que deviene en amparable lo peticionado por la parte
ejecutante, considerando así el Juzgador que la medida peticionada resulta
adecuada y razonable al haber alegado la parte recurrente motivos fundados y
suficientes para la concesión de la misma, ya que no se evidencia prima facie
otra medida igualmente satisfactoria para alcanzar la eficacia y ejecutabilidad
del auto final recaído en la litis; sin embargo, en virtud del Principio de
Proporcionalidad antes invocado, debe considerarse igualmente que los efectos de la medida a conceder deben ser lo menos gravoso posibles para el
afectado, por lo que el monto hasta por el que corresponde ordenar la
afectación resulta adecuado al pedido por la parte actora atendiendo la cuantía
adeudada por la parte obligada y los eventuales intereses legales y demás
gastos judiciales ha generarse hasta el momento en que se efectivice la
cancelación íntegra de lo adeudado, y de ser así, no constituye ejercicio
abusivo del Derecho proscrito constitucionalmente en la parte in fine del Art.
103° de nuestra Carta Magna en concordancia con el Art. II del Título
Preliminar del Código Civil; TERCERO: Que, encontrándose los autos en
ejecución, la parte demandante se encuentra exceptuada de ofrecer
contracautela, tal como lo señala el Art. 615º del Código Procesal Civil
aplicable extensivamente a la presente litis, siendo necesaria la presente
decisión por las razones antes expuestas; y, por tales motivaciones de
conformidad con lo dispuesto por el Art. 657º del Código Procesal Civil,
TRÁBESE MEDIDA DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN hasta por la
suma de S/. 2 039.67 soles sobre los fondos, valores, depósitos en cuenta
corriente, a plazos, ahorros, cheques, títulos valores así como sobre otras
acreencias en favor de la parte demandada MARCO ANTONIO RÍOS ZAVALA
identificado con D.N.I. N° 08842824 que tenga en las Entidades del Sistema
Bancario y Financiero, entre éstas, ante el Banco Falabella Perú S.A., Banco
Ripley S.A., Banco Internacional del Perú - Interbank, Banco de la Nación,
Banco BBVA - Banco Continental, Banco Scotiabank, Banco de Crédito del
Perú, Banco Pichincha, Mi Banco - Banco de la Micro Empresa S.A., Banco
Azteca del Perú S.A., Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. -
Caja Arequipa, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Piura, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo, Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana y Caja Metropolitana Lima;
EFECTUÁNDOSE EL EMBARGO ELECTRÓNICAMENTE tratándose de las
citadas Entidades acotadas y otras cuya viabilidad sea posible a través
del embargo electrónico implementado por la Corte Superior de Justicia
de Lima en esta sede judicial; sin perjuicio de OFICIARSE a la
Superintendencia de Banca y Seguros también para tal efecto en relación a las
demás Instituciones Bancarias y Financieras aún no adscritas, a fin que a su
vez, oficie a las mismas para que procedan a la retención ordenada y pongan a
disposición de este Juzgado mediante certificado de depósito judicial
oportunamente cuando sea requerido, bajo responsabilidad y sin perjuicio del
doble pago a que se contrae el Articulo 660° del Código Acotado. Al primer,
segundo, tercer y cuarto otro si digo: Téngase presente en lo que fuere de
Ley. Al quinto otro si digo: Téngase por VARIADO el domicilio procesal
postal por el que se indica y presente la casilla electrónica designada con el
N° 93701 en donde deberán efectuarse las notificaciones ulteriores y
pendientes, así como la representación procesal que invoca, quedando
subrogado el Abogado patrocinante que fuera designado en autos
anteriormente, igualmente, téngase presente el correo electrónico gmail y
teléfono móvil consignados. Al sexto otro si digo: Téngase presente sólo para
los fines que se precisan a excepción de la lectura de expediente que ésta
reservado únicamente para las partes procesales, apoderados y Abogados
patrocinantes de conformidad con el Art. 138° del Código Procesal Civil.
NOTIFICÁNDOSE.----- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Tercer Juzgado de Paz Letrado del Rímac
Av. Amancaes N° 824-826-828 Urbanización
Ciudad y Campo - Rímac
Rímac, 05 de abril de 2021.
Oficio N° 1032-2013-CI-3JPLR-JAEH-CAAH.
SEÑORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS DEL
PERÚ.
Los Laureles N° 214 - San Isidro - Lima.
Presente.-
Tengo el agrado de dirigirme a usted en los
autos seguidos por EL BANCO DE LA NACIÓN contra MARIO ANTONIO
RÍOS ZAVALA sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, a fin de poner en su
conocimiento que mi Despacho por resolución N° 07 de fecha 05 de abril de
2021 ha ordenado el embargo en forma de retención sobre los fondos, valores,
depósitos en cuenta corriente, a plazos, ahorros, cheques, títulos valores así
como sobre otras acreencias en favor de la parte demandada MARIO
ANTONIO RÍOS ZAVALA identificado con D.N.I. N° 08842824; por lo que de
ser así, se le ordena disponer las providencias necesarias del caso para que
todas las entidades bancarias y financieras del Perú CUMPLAN con retener
conforme al mandato decretado por la Judicatura a mi cargo, hasta por la suma
de S/. 2 039.67 soles (DOS MIL TREINTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y
SIETE SOLES), adjuntándose en copia certificada la resolución N° 07 que
ordena dicha retención.
Con las expresiones de mi mayor
consideración y estima.
Atentamente, |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO (JPL Rímac)
EXPEDIENTE : 01032-2013-0-1820-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : ESTRADA HERRERA JESUS ALEXANDER
ESPECIALISTA : ALVARADO HERNANDEZ CARLOS ALFONSO
DEMANDADO : RIOS ZAVALA, MARIO ANTONIO
DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION
RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE.
Rímac, 05 de abril de 2021.
Dando cuenta al escrito presentado a través de la
Mesa de Partes Electrónica Virtual de esta sede por la parte demandante
signado con el N° 963-2020 debido a la excesiva carga procesal soportada por
la Secretaría Civil: Téngase presente lo expuesto y en cuanto a la medida de
ejecución de embargo en forma de retención sobre los fondos, valores,
depósitos en cuenta corriente, a plazos, ahorros, cheques, títulos valores así
como sobre otras acreencias en favor de la parte demandada que tenga en las
Entidades del Sistema Bancario y Financiero, por lo que de ser así; y,
ATENDIENDO: PRIMERO: Que, la parte recurrente viene solicitando el
embargo en forma de retención sobre los fondos, valores, depósitos en cuenta
corriente, a plazos, ahorros, cheques, títulos valores así como sobre otras
acreencias en favor de la parte demandada que tenga en las Entidades del
Sistema Bancario y Financiero, entre éstas, ante el Banco Falabella Perú S.A.,
Banco Ripley S.A., Banco Internacional del Perú - Interbank, Banco de la
Nación, Banco BBVA - Banco Continental, Banco Scotiabank, Banco de Crédito
del Perú, Banco Pichincha, Mi Banco - Banco de la Micro Empresa S.A., Banco
Azteca del Perú S.A., Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. -
Caja Arequipa, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Piura, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo, Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana y Caja Metropolitana Lima, entre otros
argumentos, peticionando de esta manera que en atención a su solicitud y el
Art. 657° del Código Adjetivo, se proceda al embargo en forma de retención
para efectivizar el cumplimiento del auto final recaído en la presente litis;
SEGUNDO: Que, estando a que dentro de este proceso ha recaído auto final
consentido con autoridad de cosa juzgada que amparó la demanda incoada, no
puede soslayarse que la medida peticionada por la parte accionante busca la
ejecución y cumplimiento de la decisión jurisdiccional definitiva en sus propios
términos, deviniendo en una medida de ejecución, y en ese entendido, resulta
procedente trabar la medida peticionada por la parte ejecutante con el objeto
de satisfacer la acreencia puesta a cobro judicialmente, máxime si se advierte
en autos que la parte demandada hasta la fecha no habría dado cumplimiento
a su obligación legal y moral conforme corresponde pese ha haber sido
requerido para tal efecto bajo apremio expreso de iniciarse la ejecución forzada
en virtud de la resolución N° 05 expedida en autos debidamente notificado con
la misma, por lo que deviene en amparable lo peticionado por la parte
ejecutante, considerando así el Juzgador que la medida peticionada resulta
adecuada y razonable al haber alegado la parte recurrente motivos fundados y
suficientes para la concesión de la misma, ya que no se evidencia prima facie
otra medida igualmente satisfactoria para alcanzar la eficacia y ejecutabilidad
del auto final recaído en la litis; sin embargo, en virtud del Principio de
Proporcionalidad antes invocado, debe considerarse igualmente que los efectos de la medida a conceder deben ser lo menos gravoso posibles para el
afectado, por lo que el monto hasta por el que corresponde ordenar la
afectación resulta adecuado al pedido por la parte actora atendiendo la cuantía
adeudada por la parte obligada y los eventuales intereses legales y demás
gastos judiciales ha generarse hasta el momento en que se efectivice la
cancelación íntegra de lo adeudado, y de ser así, no constituye ejercicio
abusivo del Derecho proscrito constitucionalmente en la parte in fine del Art.
103° de nuestra Carta Magna en concordancia con el Art. II del Título
Preliminar del Código Civil; TERCERO: Que, encontrándose los autos en
ejecución, la parte demandante se encuentra exceptuada de ofrecer
contracautela, tal como lo señala el Art. 615º del Código Procesal Civil
aplicable extensivamente a la presente litis, siendo necesaria la presente
decisión por las razones antes expuestas; y, por tales motivaciones de
conformidad con lo dispuesto por el Art. 657º del Código Procesal Civil,
TRÁBESE MEDIDA DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN hasta por la
suma de S/. 2 039.67 soles sobre los fondos, valores, depósitos en cuenta
corriente, a plazos, ahorros, cheques, títulos valores así como sobre otras
acreencias en favor de la parte demandada MARCO ANTONIO RÍOS ZAVALA
identificado con D.N.I. N° 08842824 que tenga en las Entidades del Sistema
Bancario y Financiero, entre éstas, ante el Banco Falabella Perú S.A., Banco
Ripley S.A., Banco Internacional del Perú - Interbank, Banco de la Nación,
Banco BBVA - Banco Continental, Banco Scotiabank, Banco de Crédito del
Perú, Banco Pichincha, Mi Banco - Banco de la Micro Empresa S.A., Banco
Azteca del Perú S.A., Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa S.A. -
Caja Arequipa, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco, Caja Municipal de
Ahorro y Crédito Piura, Caja Municipal de Ahorro y Crédito Trujillo, Caja
Municipal de Ahorro y Crédito Sullana y Caja Metropolitana Lima;
EFECTUÁNDOSE EL EMBARGO ELECTRÓNICAMENTE tratándose de las
citadas Entidades acotadas y otras cuya viabilidad sea posible a través
del embargo electrónico implementado por la Corte Superior de Justicia
de Lima en esta sede judicial; sin perjuicio de OFICIARSE a la
Superintendencia de Banca y Seguros también para tal efecto en relación a las
demás Instituciones Bancarias y Financieras aún no adscritas, a fin que a su
vez, oficie a las mismas para que procedan a la retención ordenada y pongan a
disposición de este Juzgado mediante certificado de depósito judicial
oportunamente cuando sea requerido, bajo responsabilidad y sin perjuicio del
doble pago a que se contrae el Articulo 660° del Código Acotado. Al primer,
segundo, tercer y cuarto otro si digo: Téngase presente en lo que fuere de
Ley. Al quinto otro si digo: Téngase por VARIADO el domicilio procesal
postal por el que se indica y presente la casilla electrónica designada con el
N° 93701 en donde deberán efectuarse las notificaciones ulteriores y
pendientes, así como la representación procesal que invoca, quedando
subrogado el Abogado patrocinante que fuera designado en autos
anteriormente, igualmente, téngase presente el correo electrónico gmail y
teléfono móvil consignados. Al sexto otro si digo: Téngase presente sólo para
los fines que se precisan a excepción de la lectura de expediente que ésta
reservado únicamente para las partes procesales, apoderados y Abogados
patrocinantes de conformidad con el Art. 138° del Código Procesal Civil.
NOTIFICÁNDOSE.----- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Tercer Juzgado de Paz Letrado del Rímac
Av. Amancaes N° 824-826-828 Urbanización
Ciudad y Campo - Rímac
Rímac, 05 de abril de 2021.
Oficio N° 1032-2013-CI-3JPLR-JAEH-CAAH.
SEÑORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS DEL
PERÚ.
Los Laureles N° 214 - San Isidro - Lima.
Presente.-
Tengo el agrado de dirigirme a usted en los
autos seguidos por EL BANCO DE LA NACIÓN contra MARIO ANTONIO
RÍOS ZAVALA sobre Obligación de Dar Suma de Dinero, a fin de poner en su
conocimiento que mi Despacho por resolución N° 07 de fecha 05 de abril de
2021 ha ordenado el embargo en forma de retención sobre los fondos, valores,
depósitos en cuenta corriente, a plazos, ahorros, cheques, títulos valores así
como sobre otras acreencias en favor de la parte demandada MARIO
ANTONIO RÍOS ZAVALA identificado con D.N.I. N° 08842824; por lo que de
ser así, se le ordena disponer las providencias necesarias del caso para que
todas las entidades bancarias y financieras del Perú CUMPLAN con retener
conforme al mandato decretado por la Judicatura a mi cargo, hasta por la suma
de S/. 2 039.67 soles (DOS MIL TREINTA Y NUEVE PUNTO SESENTA Y
SIETE SOLES), adjuntándose en copia certificada la resolución N° 07 que
ordena dicha retención.
Con las expresiones de mi mayor
consideración y estima.
Atentamente, |
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2° JUZGADO DE PAZ LETRADO (JPL Rímac)
EXPEDIENTE : 01158-2013-0-1820-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : OYARCE MONCAYO, ESKHOL VALENTIN
ESPECIALISTA : ALLEMANT LUNA, JUAN ANTONIO
DEMANDADO : ANDRADE VENERO, MARIA TERESA GUADALUPE
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
RESOLUCIÓN NUMERO TRECE
Rímac, cuatro de julio
del año dos mil dieciocho.-
VISTOS; Que, resulta de autos que por escrito de fojas
veintiséis a treinta y cuatro, subsanada a fojas treinta y nueve y cuarenta BANCO DE
CRÉDITO DEL PERÚ en vía de proceso abreviado interpone demanda de
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO contra MARÍA TERESA
GUADALUPE ANDRADE VENERO, a fin de que cumpla con pagarle la suma de
SESENTISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 27/100 NUEVOS SOLES
importe a que asciende el saldo deudor del Crédito Personal N°
100193000000000003356794, según liquidación practicada al cuatro de diciembre
del dos mil doce; y en forma accesoria demanda el pago de los intereses devengados y
que se devenguen durante el presente proceso, así como las costas y costos que origine
el mismo. Manifiesta como fundamento de hecho de su petitorio que a solicitud de la
señora María Teresa Guadalupe Andrade Venero – en adelante La Cliente – con fecha
treinta y uno de julio del dos mil ocho suscribieron con ellos – un Contrato de Crédito
Personal, por medio del cual el Banco de Crédito del Perú – en adelante el Banco – le
confirió un crédito hasta por la suma de ochenta y tres mil quinientos con 00/100
nuevos soles, suma que debía ser pagada en el plazo de cuarenta y ocho meses,
mediante cuotas mensuales afectas a una tasa de interés compensatorio anual de
dieciocho por ciento y moratorio anual de veintidós por ciento, tal como se detalla en la
“Hoja Resumen”, que forma parte integrante del Contrato y para efectos de orden
contable, éste crédito fue signado como Crédito Personal N°
10019300000000003356794 y no obstante las condiciones acordadas, la clienta sólo
cumplió con pagar cuarenta y uno de las cuarenta y ocho cuotas pactadas, conforme se
aprecia del Estado de Cuenta de Saldo Deudor de este crédito y en vista de tal situación, 2
luego de haber agotado todas las gestiones directas para exhortar a la Cliente a
regularizar su crédito, con fecha cuatro de diciembre del dos mil once le cursaron una
carta notarial por medio de la cual les comunicaban su decisión de dar por terminado el
Contrato y por vencidos todos los plazos acordados a su favor, no obstante la deudora
no cumplió con honrar su crédito, habiendo como último recurso para lograr una
solución pacífica a esta situación de morosidad, procedieron a invitarlo a una
Conciliación Extrajudicial ante el Centro de Conciliación D’el Pacífico, sin embargo no
lograron llegar a ningún acuerdo con la Cliente, motivo por el cual se dio por concluido
el proceso por falta de acuerdo entre las partes. Ampara su demanda en los demás
fundamentos de hecho que menciona y en los dispositivos legales que indica. Admitida
a trámite la demanda por resolución de fojas cuarenta y uno como proceso abreviado y
corrido traslado a la demandada, ésta no cumplió con contestar la demanda, por lo que
por resolución de fojas cincuenta y siete se tuvo por contestada la demanda en su
rebeldía y estando a que se han verificado los requisitos de la demanda, la capacidad
procesal de las partes y la competencia del Juzgado, no habiéndose deducido
excepciones ni defensas previas, estando a lo prescrito por el artículo cuatrocientos
sesenta y cinco del Código Procesal Civil se declaró saneado el presente proceso,
estableciéndose una relación jurídico procesal válida entre las partes, en consecuencia
de conformidad con lo previsto por el artículo cuatrocientos sesenta y ocho del cuerpo
legal acotado se ordenó notificar a las partes para que dentro del tercero día cumplan
con proponer sus puntos controvertidos, mediante escrito de fojas sesenta y uno la
demandada cumple con proponer sus puntos controvertidos, haciéndolo la parte
demandante mediante escrito de fojas setenta y setenta y uno y por resolución de fojas
setenta y dos se fijaron los puntos controvertidos, declarándose el juzgamiento
anticipado del proceso ordenándose traer los autos para sentenciar, se expidió la
sentencia de fojas setenta y tres y setenta y cuatro de fecha veintinueve de marzo del dos
mil catorce que declaró fundada la demanda de fojas veintiséis a treinta y cuatro,
subsanada a fojas treinta y nueve y cuarenta, ordenando que la demandada María Teresa
Guadalupe Andrade Venero pague al Banco de Crédito del Perú la suma de sesenta y
seis mil setecientos noventa con 27/100 soles, mas intereses devengados y que se
devenguen durante el proceso, con costas y costos, la misma que fuera apelada por la
demandada elevándose los autos al Vigésimo Juzgado Especializado en lo Civil la que
mediante resolución de vista de fojas ciento cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y seis
de fecha treinta de noviembre del dos mil dieciséis según los términos de dicha 3
resolución ordenándose se expida nueva sentencia, por lo que devuelto los autos por el
Superior por resolución de fojas ciento sesenta y cuatro se ha ordenado traer los autos
para expedir nueva sentencia; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, al expedir
sentencia el Juez debe pronunciarse sobre la cuestión controvertida en forma expresa,
precisa, motivada y oportuna, cumpliendo los requisitos de forma y fondo, teniendo los
medios probatorios por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir
certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones,
así como la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su
pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos y de otro lado todos los
medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta utilizando su
apreciación razonada, conforme a los artículos ciento veintidós, ciento ochenta y ocho,
ciento noventa y seis y ciento noventa y siete del Código Procesal Civil; SEGUNDO.-
Que, se desprende de la resolución de fojas setenta y dos que se ha fijado como punto
controvertido: a).- Determinar si la demandada María Teresa Guadalupe Andrade
Venero se encuentra obligada a pagar a la entidad actora la suma de sesenta y seis
setecientos noventa nuevos soles con veintisiete céntimos, mas intereses, costas y
costos y, b).- Si la obligación de pago referida se encuentra vigente, por lo que los
medios probatorios deberán circunscribirse en acreditar tales circunstancias;
TERCERO.- Que, si bien la parte demandante con la solicitud de crédito de fojas once
a quince, estado de Cuenta de Saldo Deudor de fojas diecinueve y veinte tiene
acreditado el monto de la obligación cuyo pago por parte de la demandada reclama
mediante el presente proceso; sin embargo debe tenerse presente que no existe
concordancia entre lo demandado y lo que ha sido materia de solicitud de conciliación,
conforme además ha sido expresado por el A QUI en la Ejecutoria Superior de folios
ciento cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y seis; CUARTO.- Que, efectivamente que
mientras se demanda el pago de la suma de sesenta y seis mil setecientos noventa con
27/100 soles importe a que asciende el saldo deudor del Crédito Personal N°
100193000000000003356794 de autos según documentos de fojas veinte y
veintiuno, según la liquidación de la deuda efectuada por la demandante, no se
encuentra determinado el periodo de incumplimiento de pago total o parcial de la deuda
puesta a cobro, pese a que el Juzgado a requerido a la demandante su presentación en
atención a lo ordenado en la citada Ejecutoria Superior, incumpliendo de esta forma lo
dispuesto por el artículo ciento noventa y seis del Código Procesal Civil; QUINTO.-
Que, conforme a la solicitud de conciliación de fojas veinticuatro y veinticinco, las 4
partes llevaron a cabo la conciliación extrajudicial conforme al Acta de Conciliación de
fojas veintitrés en las que las partes concurrieron al Centro de Conciliación “D’ El
Pacífico” sin arribar a acuerdo alguno; SEXTO.- Que, sin embargo el contenido del
acta y de la demanda, obrante en autos, los que no guardan correlación con los hechos
expuestos en los fundamentos cuarto, quinto y sexto considerando de la Ejecutoria
Superior de folios ciento cincuenta y cuatro a ciento cincuenta y seis de autos, siendo
esta última vinculante para este Despacho, por lo que al no existir concordancia entre lo
demandado y lo solicitado como punto conciliable en la demanda de autos, la pretensión
demandada no resulta procedente, más aún cuando es de advertirse en autos que no se
dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo ciento noventa y seis del Código
Procesal Civil que dispone que la carga de probar corresponde a quien afirma hechos
que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos, y que
fueron requeridos por éste Despacho en la resolución número once de folios ciento
sesenta y cinco; por estas consideraciones de conformidad con los dispositivos antes
mencionados conforme al artículo doscientos del mismo Código Procesal Civil,
Administrando Justicia a Nombre de la Nación, el Segundo Juzgado de Paz
Letrado del Rimac; FALLA: declarando IMPROCEDENTE la demanda de fojas
veintiséis a treinta y cuatro, subsanada a fojas treinta y nueve a cuarenta
interpuesta por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra MARIA TERESA
GUADALUPE ANDRADE VENERO sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE
DINERO; dejándose a salvo el derecho de la demandante para que lo haga valer
con arreglo a ley; sin costas ni costos.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE HUANUCO
Juez: CERCEDO FALCON, JUANA SILVIA
Fecha: 23/02/2017 16:24:54
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUANUCO/HUANUCO
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO CIVIL - SEDE ANEXO
EXPEDIENTE : 01194-2013-79-1201-JM-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CERCEDO FALCON, JUANA SILVIA
CORTE SUPERIOR DE HUANUCO
Secretario: INA BUSTILLOS LUNA ESPECIALISTA : INA BUSTILLOS LUNA
Fecha: 24/02/2017 10:40:27
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : RONCAGLIOLO EGOAVIL JULIO CESAR Y, CAMARA BRAVO
D.Judicial: HUANUCO/HUANUCO
FIRMA DIGITAL SONIA ELVIRA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU REPRES APOD MILUSKA KRYSIA
CALIXTO LLANOS,
Resolución Nro. 11
Huánuco, veintitrés de febrero
del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: El Oficio N° 298-2017 presentado
por el Jefe del Archivo General de esta Corte Superior de Justicia, a
través del cual remite el presente cuaderno de medida cautelar, en
consecuencia, TENGASE por cumplido lo ordenado por este despacho
judicial; y, PROVEYENDOSE, el escrito número 366-2017 presentado por
la apoderada de la entidad financiera ejecutante, AL PRINCIPAL:
CONSIDERANDO:
Primero: Que, en la sustanciación de un juicio, cualquiera que fuera su
clase, naturaleza y cuantía, sólo puede llegar a su término, mediante
resoluciones que se califican con el adjetivo de judiciales, porque se
expiden por quienes están encargados de la función judicial, los mismos
que genéricamente se denominan Jueces.
Segundo: Que, conforme lo establece el artículo 123° del Código
Procesal Civil, aplicadada supletoriamente al presente proceso; una
resolución adquiere la autoridad de cosa Juzgada cuando: a) No
proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o
b) Las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos, es decir una
resolución queda consentida cuando pudiendo el justiciable afectado,
ejercitar contra ella un medio impugnatorio y no lo hace, dejando
vencer el plazo, por lo que al ocurrir ello adquiere la calidad de
autoridad de cosa juzgada, y es inmutable, inimpugnable e inmodificable, no pudiendo ser objeto de ningún recurso para revocarla
o modificarla.
Tercero: Que, en el presente proceso se ha expedido la resolución
número ocho, de fecha veintidós de junio del dos mil catorce, mediante
la cual se resuelve "Declarar fundada la oposición formulada por los
ejecutados Julio César Roncagliolo Egoavil y Sonia Elvira Cámara Bravo,
en consecuencia, Levántese la medida cautelar dictada en autos, y
consentida y/o ejecutoriada que sea la presente cúrsese oficio a la
Oficina Registral de esta ciudad"; sin embargo, revisado los actuados se
aprecia que el recurso de apelación que se interpuso contra el citado
acto procesal ha sido rechazado, tal como se desprende de la
resolución número diez de fojas ciento ocho; por lo que, en atención a
ello debe declararse consentida la citada resolución judicial, en
consecuencia, debe cursarse los partes judiciales a la Oficina Registral
de Huánuco, para que se levante la medida cautelar dictada en autos.
Por estos fundamentos y de conformidad con la norma legal antes
acotada. SE RESUELVE:
1. Declarar CONSENTIDA la resolución número ocho, de fecha veintidós
de junio del dos mil catorce.
2. En consecuencia, REMITASE los partes judiciales a la Oficina Registral
de Huánuco, a efectos de que se levante la medida cautelar
ordenada en la resolución número tres, para cuyo fin OFICIESE.
3. ARCHIVESE conforme corresponda, en el presente año judicial;
DEVUELVASE los anexos presentados, bajo cargo, dejándose
constancia de su entrega y remítase al ARCHIVO GENERAL para su
custodio.
4. AL PRIMER OTROSI DIGO: TENGASE presente; y, AL SEGUNDO OTROSI
DIGO: TENGASE por variado su domicilio procesal electrónico, la
misma que es en la casilla electrónica número 18519, para efectos
de las notificaciones correspondientes. NOTIFIQUESE a las partes con
las formalidades de ley.- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO
Segundo Juzgado Civil de Huánuco
Jr. Hermilio Valdizán Nro. 130– Huánuco
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Huánuco, 23 de Febrero del 2017.
OFICIO Nro. -2017-2do.JC-HCO/PJ
SEÑOR:
JEFE DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE HUÁNUCO
Ciudad.-
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de
REMITIRLE ADJUNTO AL PRESENTE, LOS PARTES JUDICIALES recaído en el
Expediente N° 1194-2013-79-JM-CI-02 seguido por EL BANCO DE
CRÉDITO DEL PERÚ contra JULIO CÉSAR RONCAGLIOLO EGOAVIL y SONIA
ELVIRA CÁMARA BRAVO, sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO,
que se remiten para su respectivo levantamiento de la medida cautelar,
en merito a lo ordenado en la resolución número tres, debiendo de dar
cuenta de la diligencia encomendada, bajo responsabilidad funcional.
Va en fojas ( ).
Aprovecho la oportunidad para manifestarle a usted
las muestras de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente
JCF/ibl |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 01212-2013-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : RECONOCIMIENTO DE CATEGORIA Y OTROS
RELATORA : LUIS AMERICO BUSTINZA SAIRA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
DEMANDANTE : TATYANA DYERCKA ZEVALLOS CANCINOS
AUTO DE VISTA
Resolución N° 81
Tacna, veintiocho de octubre
Del año dos mil veinte.
VISTOS: En Audiencia Pública, el proceso laboral seguido por Tatyana
Dyercka Zevallos Cancinos, en contra del Banco de la Nación sobre
Reconocimiento de Categoría y otros. Interviniendo como ponente el señor
Juez Superior Ayca Gallegos. Esta Sala Laboral expide la siguiente resolución:
Objeto del recurso.
Es materia de revisión, la resolución número setenta y cuatro de fecha once de
octubre del dos mil diecinueve, que obra de folios 1892 a 1894, que resuelve:
Aprobar el monto de los costos procesales del presente proceso en la suma de
S/. 40,385.00 (cuarenta mil trescientos ochenta y cinco con 00/100 soles), más
un cinco por ciento (5%) de dicho monto que viene hacer S/ 2,019.25,
destinado al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna; haciendo un total de S/
42,404.25 (cuarenta y dos mil cuatrocientos cuatro con 25/100 soles).
Pretensión Impugnatoria y expresión de agravios de la parte demandada
(folios 1903 a 1906):
La parte demandada por intermedio de su abogado defensor, interpone recurso
impugnatorio de apelación en contra de la resolución antes descrita, señalando
esencialmente lo siguiente: i) Que la resolución apelada sustenta su decisión
señalando que se ha celebrado un contrato de locación de servicios con el
abogado patrocinador del demandante, que se le ha extendido el respectivo
recibo por honorario y se ha efectuado los pagos de los impuestos. ii) Que para
fijar la liquidación de costos se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo
418 del Código Procesal Civil, sobre la acreditación con documento indubitable
y de fecha cierta, no solo del pago de honorarios profesionales sino del
documento de la prestación del servicio; sobre éste extremo se aprecia que el
contrato de locación de servicios adjunto no es de fecha cierta, ya que la
legalización del mismo es del año 2019 y no del 2013, que es la fecha de inicio
del presente proceso, dando la posibilidad de que estos se hayan suscrito con
1 fecha posterior a la que se indica. iii) Por otro lado, la suma pretendida, como
costos del proceso resulta excesiva y desproporcional con el resultado del
proceso. Si bien es cierto la parte y su abogado pueden pactar libremente los
honorarios por los servicios que preste este último, los mismos deben ser
fijados dentro de los márgenes de proporcionalidad y razonabilidad, tomando
como referencia por ejemplo la escala de honorarios que fija el Colegio de
Abogados. iv) No se ha efectuado un análisis sobre el éxito obtenido y su
trascendencia, y la novedad o dificultad de la cuestión debatida.-
FUNDAMENTOS:
Antecedentes.
1.- De autos fluye que el presente proceso se encuentra en etapa de ejecución
de sentencia, ello al haber quedado consentida la sentencia emitida mediante
resolución número dos de fecha treinta y uno de octubre del dos mil trece, que
obra de folios 1089 a 1102, la misma que fuera revocada por Sentencia de
Vista número siete de fecha doce de marzo del dos mil catorce que obra de
folios 1149 a 1161, que declaro Fundada en Parte la demanda de
Reconocimiento de Categoría, Reintegro de Remuneraciones y Beneficios
Sociales, ordenándose a su vez el pago de intereses legales y costos del
proceso; siendo ello así, la parte demandante conforme es de verse del escrito
que obra de folios 1860 a 1863, peticiona la aprobación de los costos del
proceso en la suma de S/ 40, 385.00, que corresponde a los honorarios
profesionales del abogado patrocinante, acompañando para tal efecto los
recibos por honorarios, el contrato de locación de servicios y el pago del
impuesto respectivo; ante ello la juez de la causa pone de conocimiento del
pedido a la parte contraria la misma que absuelve conforme es de verse del
escrito de folios 1874 a 1875, señalando básicamente que debe considerarse lo
establecido en el artículo 418 del Código Procesal Civil, por lo que expide la
resolución que es materia de grado.
2.- Que la juez de la causa sustenta su decisión señalando lo siguiente: “(…)
Analizando la cuestión materia de pronunciamiento, con relación específica al
documento indubitable de fecha cierta que acredite el pago de los honorarios, este
despacho judicial considera que aquel está probado con el recibo por honorarios
número E001-22 de RUC 10004879436, perteneciente a Vargas Cancino Wilfredo
(fojas 1,847) donde se hace explícita referencia al presente proceso, con precisión de
su monto y, así mismo, en su parte superior reza el nombre de la defensa técnica,
quién es su emisor. De otro lado, en cuanto a las incidencias del proceso, de lo
actuado se aprecia objetivamente que la defensa técnica de la parte demandante,
Vargas Cancino Wilfredo, ha tenido una activa participación en el séquito del proceso
tal como lo patentiza ha suscrito la demanda (fojas 180 a 211), ha prestado su
asistencia técnica – legal en la Audiencia de Conciliación (fojas 783 a 785), Audiencia
de Juzgamiento (fojas 1,085 a 1,088), Audiencia de Vista de la Causa (fojas 1,147 a
1,1148), así como escritos varios obrantes a (fojas 1176 a 1177, 1258 a 1259, 1378 a
1384, 1415 a 1417, 1434 a 1435, 1439 a 1440, 1479 a 1480, 1499 a 1500, 1541 a
1542, 1577 a 1579, 1589 a 1591, 1595 a 1596, 1622, 1639 a 1647, 1684, 1718, 1727,
2 1740, 1759 a 1763, 1769, 1773, 1784, 1799, 1816, 1828 a 1829, 1832, 1843, 1860 a
1863, 1879 y 1885 a 1889). Denotándose de tales antecedentes procesales que los
servicios profesionales han sido fijos y constantes. De igual modo, es importante
resaltar que lo pretendido no entraña una novedad dentro del campo de los litigios
laborales, por cuanto, como se dejó expresado anteriormente, su cuantificación es una
facultad del órgano jurisdiccional. En suma, consecuente con las razones expuestas,
este despacho judicial considera que el monto de los costos procesales, debe
ascender a la suma de S/ 40, 385.00 (cuarenta mil trescientos ochenta y cinco con
00/100 soles) más un cinco por ciento (5%) de dicho monto que viene hacer S/
2,019.25 (dos mil diecinueve con 25/100 soles) destinado al Ilustre Colegio de
Abogado de Tacna; haciendo un total de S/ 42,404.25 (cuarenta y dos mil
cuatrocientos cuatro con 25/100 soles), en razón que dicho monto guarda congruencia
con las circunstancias y particularidades del caso concreto. (…)”
Delimitación del objeto de pronunciamiento.
3. Para efectos de resolver el grado, se debe tener en cuenta que el derecho al
debido proceso incluye, como contenido, el derecho a obtener de los órganos
jurisdiccionales una respuesta razonada, motivada, fundada en derecho y
congruente con las pretensiones oportunamente propuestas por las partes
(derecho a la motivación de la resolución judicial). En la vía recursiva, la
motivación congruente se manifiesta a través del principio tantum apellatum
quantum devolutum que, según la STC 05901-2008- PA/TC, garantiza que el
órgano jurisdiccional al resolver la impugnación solo debe pronunciarse sobre
aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el recurso.
Por ello, el Tribunal Constitucional en las sentencias Números 00686-2007-
PA/TC y 05085-2009-PA/TC, ha considerado que la motivación es
incongruente cuando: a) el órgano jurisdiccional se pronuncia sobre agravios
que no fueron alegados en el medio impugnatorio; y b) el órgano jurisdiccional
omite pronunciarse sobre agravios que fueron propuestos en el medio
impugnatorio. Lo antes expuesto, concuerda con lo establecido en el artículo
370° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, según
el cual el Juez Superior solo puede conocer de aquellos extremos que le son
sometidos por las partes mediante apelación y en la medida del agravio sufrido
en la sentencia de primera instancia, solamente absolverá los extremos que
han sido objeto de la debida fundamentación y precisado el error de hecho y de
derecho en que ha incurrido la sentencia, exigencias que no son puramente
formales, pues ellas constituyen el thema decidendum del órgano jurisdiccional
esto es la base objetiva del recurso, la misma que determina los alcances de la
impugnación y las facultades que goza la instancia superior para resolver el
tema; siendo esto así este órgano revisor debe circunscribirse únicamente al
análisis de la resolución impugnada por la parte demandada.
4.- Marco Normativo.
De la condena de costos del proceso.-
4.1.- El artículo 14 de la Ley N° 29497, establece: “La condena en costas y
costos se regula conforme a la norma procesal civil. El juez exonera al
3 prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones reclamadas no
superan las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP), salvo que la
parte hubiese obrado con temeridad o mala fe. También hay exoneración si, en
cualquier tipo de pretensión, el juez determina que hubo motivos razonables
para demanda”. En ese sentido, el artículo 414 del Código Procesal Civil,
precisa los alcances de la condena en costas y costos, a saber: “El Juez
regulará los alcances de la condena en costas y costos, tanto respecto del
monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del
proceso, fundamentando su decisión”.
4.2.- La doctrina ha entendido que el pago de los costos procesales tiene su
fundamentación en el hecho de que la intervención del abogado es vital para el
proceso judicial porque, en un sistema como el nuestro, la justicia no podría
funcionar si el juez tan solo tuviera contacto directo con la impericia jurídica de
los litigantes (…)1.
4.3.- En tal sentido, se entiende que el juez puede graduar el monto que se
exige para el reembolso en atención a las "incidencias del proceso". Esto
permitirá apreciar al juez el grado de intervención del letrado en el proceso para
fijar el monto del reembolso. Además, debe tenerse en cuenta que el
reembolso se dirige a la parte beneficiada y no al abogado. Finalmente,
debemos incidir que el establecimiento de costos del proceso, tiene la calidad
de reembolso más no puede entenderse como una forma de enriquecimiento.
4.4.- Es menester precisar que, este Colegiado es del criterio que para fijar el
monto de los costos del proceso no es indispensable que se realice el pago a la
SUNAT en primer término, pues se entiende que primero se debe contar con la
base imponible, que en este caso es fijado por el juez. En ese sentido, cabe
traer a colación el Pleno Jurisdiccional Civil de Lima realizado el 06 y 07 de
junio de 2008, donde el Pleno acordó por mayoría lo siguiente: Los costos
procesales se fijan sin ser necesario para el Juez que se haya acreditado el
pago del tributo correspondiente, el cual únicamente es exigible para hacer
efectivo el cobro del depósito judicial.
5.- Criterios para determinar el quantum de los costos del proceso:
5.1.- Debemos indicar que el Código de Ética del Abogado, promulgado
mediante Resolución de Presidencia de Junta de Decanos N° 001-2012-
JDCAP-P, de fecha 14 de abril de 2012, en la Sección Quinta desarrolla el
tema de los honorarios profesionales y en el artículo 50° prescribe: “El abogado
y su cliente establecerán de mutuo acuerdo y libremente, el importe y
1 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella. “Comentarios al Código Procesal Civil”. Primera edición. Editorial Gaceta
Jurídica. Lima. 2008. T-II. p. 310.
4 modalidad de los honorarios profesionales, debiendo tomarse como base para
fijarlos la tabla de honorarios mínimos del respectivo Colegio de Abogados”.
5.2.- En atención a este dispositivo deberíamos remitirnos a la tabla de
honorarios mínimos del Colegio de Abogado de Tacna, sin embargo este
Colegio no ha desarrollado la referida tabla, por lo cual, a fin de tener un
referente, nos remitiremos a la Tabla de Honorarios Profesionales del Colegio
de Abogado de Lima, esta tabla ha sido desarrollado teniendo en consideración
que el abogado, como toda persona tiene el derecho a ganar su sustento de
manera digna, y las características socio económicas de nuestra sociedad. El
artículo 12° prescribe que: “En ningún caso en procesos judiciales, el honorario
podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de una Unidad Impositiva
Tributaria (U.I.T.), con excepción de los procesos penales”.
5.3.- Por ello, si se llegase a graduar el quantum de los costos, este se hará
solo sobre el monto fijado; siempre que no esté acreditado el pago del
impuesto a la renta. Así, el artículo 414° del Código Procesal Civil, establece
que los costos se fijan en función a las incidencias del proceso, sin embargo
nos preguntamos qué aspectos deben ser considerados dentro de las
incidencias del proceso, para encontrar una respuesta, remitámonos a la
jurisprudencia recaída en el Expediente N° 00052-2010-PA/TC, Tribunal
Constitucional, que indica lo siguiente: “Que teniendo presente las razones
esgrimidas por el Juzgado y la Sala, este Tribunal considera que los criterios
utilizados para determinar el monto de los honorarios han sido incompletos,
pues para ello no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación de
los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios
relevantes, tales como: a) el éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o
dificultad de la cuestión debatida, y c) si los servicios profesionales fueron
aislados, fijos o constantes”; reiterando que estos criterios se deben tomar en
cuenta, solo cuando no se ha cumplido con acreditar el pago de los tributos.
5.4.- Empero, en el caso que se acredite haber efectuado el pago de los
tributos por los honorarios del abogado defensor, en la sentencia antes referida
el Tribunal Constitucional preciso lo siguiente “(…) Que, consecuentemente,
debe estimarse el recurso de agravio constitucional y ordenarse al Trigésimo
Segundo Juzgado Civil de Lima que determine que los costos del Exp. Nº
07034-2006-PA/TC sean conforme a lo pactado por la demandante con sus
abogados, porque los abogados de la demandante ya abonaron los impuestos
correspondientes por los servicios que le prestaron. En efecto, no resulta
razonable que el juez exija primero el pago del impuesto a la renta, para que
después termine regulando el monto de los costos, pues justamente el pago del
impuesto a la renta tiene como base imponible el monto de los costos que se
reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe ser el íntegro del
impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, que el juez no puede fijar una
suma inferior. (…)”; éste criterio ha sido corroborado en el Expediente N°
5 00735-2014-PA/TC, que en su fundamento jurídico 4, ha precisado lo siguiente:
“(…) 4. Que en cuanto al pago de los costos, conviene recordar que en la
resolución emitida en el Exp. N° 00052-2010-PA/TC el Tribunal Constitucional
estableció dos reglas, a saber: a.- La primera regla se aplica cuando no se ha
demostrado el pago del impuesto a la renta y consiste en que para determinar
el monto de los honorarios no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la
participación de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros
criterios relevantes, tales como el éxito obtenido y su trascendencia, la novedad
o dificultad de la cuestión debatida, y si los servicios profesionales fueron
aislados, fijos o constantes. b.- La segunda regla se aplica cuando el juez de
ejecución requiere el pago del impuesto a la renta o en autos se encuentra
probado que este impuesto ha sido pagado y consiste en que sí se abonó el
impuesto referido por el servicio profesional prestado, no resulta razonable que
el juez regule el monto de los costos, pues justamente el pago del impuesto a
la renta tiene como base imponible el monto pactado de los costos (servicios
profesionales) que se reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe
ser el íntegro del porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, el
juez de ejecución no puede fijar una suma inferior. 5. Que las reglas
reseñadas deben ser respetadas y cumplidas por los jueces de ejecución.
Teniendo presente ello, consideramos que la Segunda Sala Civil de Lima ha
resuelto el pedido de costos en contra de lo establecido en la resolución
emitida en el Exp. N° 00052-2010-PA/TC, por cuanto a fojas 124 y 125 obran
los comprobantes de pago del impuesto a la renta; es decir, no podía fijar una
suma inferior al íntegro del porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó.
Por dicha razón, este Tribunal Constitucional considera que la Segunda Sala
Civil de Lima no podía regular el honorario pactado por el demandante con sus
abogados en ejercicio de su derecho a la libertad de contratar que según el
artículo 62° de la Constitución garantiza que "Los términos contractuales no
pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase".
(…)”
Análisis del caso.
6. En tal sentido, de lo expuesto en la pretensión impugnatoria y lo resuelto en
primera instancia, la controversia gira en determinar si corresponde ordenar el
pago por costos procesales en la suma solicitada por la parte demandante.
Que conforme es de verse del presente proceso, tenemos que la parte
demandante peticiona la aprobación y el pago de los costos del proceso,
acompañando para tal efecto la siguiente documentación: el Recibo por
Honorarios Electrónico N° E001-22 de fecha 20 de Mayo del 2016, por la suma
de S/ 40,385.00 (folios 1847); el Contrato de Locación de Servicios
Profesionales celebrado entre el demandante y su abogado defensor Wilfredo
Vargas Cancino, de fecha 27 de mayo del 2013 (folios 1848 a 1844); la Boleta
de Pago con número de operación 50826928, por la suma S/ 19,868.00, por
concepto de Rentas Regular – Rentas Trab, Periodo 13/2016 (folios 1850); así
6 como las Constancias de Declaración Pago Anual Impuesto a la Renta – 2016
(folios 1851); y Formulario Virtual N° 703 Renta Anual Persona Natural 2016
(folios 1852 a 1859); acreditándose con todo ello el pago por los servicios
prestados, vale decir, los honorarios profesionales de su abogado defensor, así
como el pago de los tributos respectivos, conforme a lo dispuesto en el artículo
418 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos.
7.- Que conforme se ha señalado, el Tribunal Constitucional en el Expediente
N° 00052-2010-PA/TC, ha establecido dos reglas, considerando el pago de los
tributos, para que el juez de ejecución fije el pago de los costos del proceso; así
tenemos que en caso la parte no haya acreditado el pago de los tributos, el
juez deberá considerar diversos factores tales como el tiempo de duración del
proceso, la participación de los abogados, el éxito obtenido, la trascendencia, la
novedad o dificultad de la cuestión debatida, y si los servicios profesionales
fueron aislados o constantes; y en caso la parte haya acreditado el pago de los
tributos el Tribunal Constitucional ha señalado que “no resulta razonable que el
juez regule el monto de los costos, pues justamente el pago del impuesto a la
renta tiene como base imponible el monto pactado de los costos (servicios
profesionales) que se reclama. En este supuesto, el pago de los costos debe
ser el íntegro del porcentaje del impuesto a la renta que ya se pagó, es decir, el
juez de ejecución no puede fijar una suma inferior”.
8.- En ese orden de ideas, tenemos que la parte demandante ha acreditado el
pago del impuesto por los honorarios profesionales de su abogado
patrocinante, conforme es de verse de la Boleta de Pago con número de
operación 50826928, por la suma S/ 19,868.00, por concepto de Rentas
Regular – Rentas Trab, Periodo 13/2016 (folios 1850), por lo que siguiendo el
criterio establecido por el Tribunal Constitucional, debe procederse a pagar el
íntegro de lo acordado entre la parte demandante y su abogado defensor, pues
justamente el pago del impuesto que ya se pagó, tiene como base imponible el
monto pactado por costos del proceso; consideraciones por las cuales se tiene
que la resolución apelada ha sido expedida de acuerdo a lo actuado y a
derecho, debiendo desestimarse los argumentos vertidos en el recurso de
apelación y confirmarse la resolución venida en grado.-
Por tanto, al amparo de las normas acotadas, en mérito a las consideraciones
expuestas que anteceden y de conformidad con el artículo 4.2 a) de la Nueva
Ley Procesal del Trabajo:
CONFIRMARON la resolución número setenta y cuatro de fecha once de
octubre del dos mil diecinueve, que obra de folios 1892 a 1894, que resuelve:
Aprobar el monto de los costos procesales del presente proceso en la suma de
S/. 40,385.00 (cuarenta mil trescientos ochenta y cinco con 00/100 soles), más
un cinco por ciento (5%) de dicho monto que viene hacer S/ 2,019.25,
7 destinado al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna; haciendo un total de S/
42,404.25 (cuarenta y dos mil cuatrocientos cuatro con 25/100 soles). Y los
devolvieron. Tómese Razón y Hágase Saber.
S.S.
GORDILLO COSSIO
BEGAZO DE LA CRUZ
AYCA GALLEGOS.
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EXPEDIENTE : 01212-2013-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MENDOZA CASTRO, SALINOVA
ESPECIALISTA : OCHOA ARAGON, FREDDY FIDEL
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION,
DEMANDANTE : ZEVALLOS CANCINOS, TATYANA DYERCKA
Resolución Nro. 40
TACNA, dieciocho de abril de dos mil diecisiete.-
DADO CUENTA EN LA FECHA: DE OFICIO: Puestos los autos a
despacho para resolver.- AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO:
Previo a resolver, conviene tener en cuenta que la ejecución de resoluciones
constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela
judicial. En efecto, en la sentencia 0015-2001-AI/TC, 0016-2001-AI/TC y 004-2002-
AI/TC, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que “[e]l derecho a la
ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de
efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por
su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de
orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo
decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela,
a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar
a ello, por el daño sufrido” [fundamento 11]. En esta misma línea de razonamiento,
ha precisado también en otra sentencia que “la tutela jurisdiccional que no es
efectiva no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al
establecer que: “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello
que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela
jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-AA/TC,
fundamento 64). Todo lo anterior, debe entenderse en función estricta a lo
previsto por el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017 93-JUS, que a la letra
dice: Las decisiones que emitan los magistrados del Poder Judicial deben ser
acatadas y cumplidas en sus propios términos; no pudiendo calificarse su
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances,
bajo responsabilidad civil, penal o administrativa. (Las negritas y subrayado son
agregados). Tal precepto sanciona, así, el principio de vinculación de las
1 resoluciones. De esta forma, queda claro que los términos de la sentencia no
pueden ser alterada ni interpretados ni por las partes ni por las partes, dado
que de por medio está el principio de seguridad jurídica y el acotado principio
de vinculaciones de resoluciones judiciales. SEGUNDO: En el presente caso,
tenemos que se trata de un proceso iniciado por TATYANA DYRECKA ZEVALLOS
CANCINOS contra BANCO DE LA NACIÓN que ha concluido con sentencia
parcialmente favorable en ambas instancias de mérito (las mismas que corren
de fojas 1089/1102 y de fojas 1149/1161, Tomo III) y se ha declarado
improcedente el recurso de casación interpuesto en su momento por la parte
demandada (fojas 1247/1253, Tomo III); ordenándose, concretamente, por la
Sala Laboral de Tacna: “… REVOCARON la sentencia apelada, corriente de folios mil
ochentinueve a mil ciento dos y corregida de folios mil ciento treinticinco a mil ciento treintisiete, de fecha
treintiuno de octubre del año dos mil trece, que declara Fundada la demanda presentada por Tatyana
Dyercka Zevallos Cancinos en contra del Banco de la Nación, sobre Reconocimiento de Categoría,
Reintegro de Remuneraciones y otros, en consecuencia: a) Ordena a la demandada cumpla con reconocer
a la actora en el reconocimiento de Técnico III y de su correspondiente Remuneración Básica Mensual, en
el cargo de RecibidorPagador, en lugar de la Categoría de Técnico I, en el cargo de RecibidorPagador,
desde el 04-09-2007; b) Como consecuencia de dicho reconocimiento de categoría, se proceda con el
reintegro de la Remuneración Básica Mensual y demás beneficios laborales (compensación por tiempo de
servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, horas extras y otros, calculados en función de la
Remuneración Básica Mensual), que le corresponde a la accionante por las diferenciales que ha dejado de
percibir como Recibidor-Pagador en la Categoría de Profesional III, desde el 04-09- 2007, hasta la
correspondiente nivelación u homologación que se liquidarán en ejecución de sentencia. REFORMÁNDOLA
declararon Fundada en parte la demanda interpuesta por Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos en contra del
Banco de la Nación, sobre reconocimiento de categoría y reintegro de remuneraciones y demás beneficios
económicos laborales; en consecuencia DISPUSIERON que la demandada reconozca a la demandante el
cargo de Recibidor-Pagador y la Categoría de Técnico III a partir del cuatro de setiembre del año dos mil
siete, únicamente durante el tiempo de la encargatura y para fines estrictamente remunerativos.
MANDARON a reintegrar las remuneraciones y demás beneficios económicos laborales
(compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, horas
extras y otros que percibiera la demandante, calculados en función de la Remuneración
Básica Mensual), que le corresponde a Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos por las
diferenciales que ha dejado de percibir como Recibidor-Pagador en la Categoría de Técnico
III, desde el cuatro de setiembre del año dos mil siete y durante todo el tiempo de la
encargatura. DECLARARON Improcedente la misma demanda sobre recategorización. CONFIRMARON la
sentencia en los extremos que declara fundadas las pretensiones a los intereses laborales y costos del
proceso. INTEGRARON la sentencia declarándose Infundada la excepción de incompetencia propuesta por
la entidad demandada.” (El subrayado y las negritas son agregados). En la etapa de
ejecución de sentencia se tiene que la parte demandante peticiona que se
2 realice un informe pericial respecto del periodo que va del 01 de diciembre de
2014 a febrero de 2017 (fojas 1577/1579, Tomo IV), indicando que su petición
la formula conforme a lo ordenado en la sentencia que tiene la calidad de
cosa juzgada, agregando que sólo se ha liquidado el periodo comprendido
del 04 de septiembre de 2007 al 30 de noviembre de 2014 y, así mismo, resalta
que la sentencia indica “… durante todo el tiempo de encargatura,”, exponiendo,
también, que hasta la fecha todavía tiene la encargatura. TERCERO: Sobre el
particular, este despacho judicial considera que debe declarar improcedente
lo peticionado por la parte demandante, pues, si bien, tal como lo anota, la
sentencia indica que los reintegros de remuneraciones y demás beneficios
económicos laborales (compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones,
asignación familiar, horas extras y otros que percibiera la demandante, calculados en función
de la Remuneración Básica Mensual) deben efectuarse por todo el tiempo de la
encargatura, no obstante ello, lo cierto es también que la misma sentencia ha
fijado un parámetro de tiempo claramente definido, indicando, textualmente:
“… desde el cuatro de setiembre del año dos mil siete…” (Sic), de modo tal que no estando
dentro de ese parámetro de tiempo lo solicitado, es por este motivo que
deviene en improcedente lo peticionado. Asumir una postura contraria
terminaría por desnaturalizar la ejecución de la sentencia en sus propios
términos, en la medida que se incurría en una evidente alteración de su
sentido y contenido, lo cual está prohibido, tal como se ha visto anteriormente.
Es más, la propia parte demandante es consciente de esta situación procesal,
pues, su observación primigenia que está contenida en su escrito con registro
n.° 17202-2015 (fojas 1273/1384, Tomo III), no ha sido admitida por la judicatura,
dado que la liquidación ordenada hacer fue por el periodo que va del
04.09.2007 hasta el 30 de noviembre de 2014, según se puede observar de lo
decretado por Resolución Nro. 13 de fecha 04 de septiembre de 2015 (fojas
1386, Tomo III), que por cierto tiene el carácter de firme, al no haber sido
impugnada en su oportunidad; no pudiéndose por tanto discutirse sobre un
asunto anteriormente ya resuelto; tanto más si el monto global liquidado en la
etapa de ejecución de sentencia fue debidamente aprobado por Resolución
Nro. 19 de fecha 06 de abril de 2016 (fojas 1436/1437, Tomo IIII), sin mayor
objeción de las partes. Siendo pertinente agregar como antecedente procesal
que la parte demandante, contrario a lo hoy expuesto, a través de su escrito
3 con registro n.° 1840-2016 (fojas 1438/1440, Tomo III) –aunque primero mostro su
disconformidad- expreso su conformidad con el monto establecido,
peticionando incluso que se haga su requerimiento de pago. Por tanto, bajo
las consideraciones expuestas y normas invocadas, SE RESUELVE: Declarar
IMPROCEDENTE la petición de la parte demandante que se realice informe
pericial respecto del periodo que va del 01 de diciembre de 2014 a febrero de
2017 (mediante escrito de fojas 1577/1579, Tomo IV).- Regístrese y notifíquese.-
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EXPEDIENTE : 01212-2013-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MENDOZA CASTRO, SALINOVA
ESPECIALISTA : OCHOA ARAGON, FREDDY FIDEL
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : ZEVALLOS CANCINOS, TATYANA DYERCKA
Resolución Nro. 39
TACNA, dieciocho de abril de dos mil diecisiete.-
DADO CUENTA EN LA FECHA: DE OFICIO: Puestos los autos a
despacho para resolver.- AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO:
Previo a resolver, conviene tener en cuenta que la ejecución de resoluciones
constituye parte inseparable de la exigencia de efectividad de la tutela
judicial. En efecto, en la sentencia 0015-2001-AI/TC, 0016-2001-AI/TC y 004-2002-
AI/TC, el Tribunal Constitucional ha dejado establecido que “[e]l derecho a la
ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción específica de la exigencia de
efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por
su propio carácter, tiene una vis expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de
orden procesal (...). El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo
decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela,
a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar
a ello, por el daño sufrido” [fundamento 11]. En esta misma línea de razonamiento,
ha precisado también en otra sentencia que “la tutela jurisdiccional que no es
efectiva no es tutela”, reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución al
establecer que: “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello
que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela
jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-AA/TC,
fundamento 64). A lo dicho debe indicarse que conforme a lo previsto por el
artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
aprobado por Decreto Supremo N° 017 93-JUS, las decisiones que emitan los
magistrados del Poder Judicial deben ser acatadas y cumplidas en sus propios
términos; no pudiendo calificarse su contenido o sus fundamentos, restringir sus
efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o
administrativa. Tal precepto sanciona, así, el principio de vinculación de las
resoluciones. SEGUNDO: En el presente caso, tenemos que se trata de un
1 proceso iniciado por TATYANA DYRECKA ZEVALLOS CANCINOS contra BANCO DE LA
NACIÓN que ha concluido con sentencia parcialmente favorable en ambas
instancias de mérito (las mismas que corren de fojas 1089/1102 y de fojas
1149/1161, Tomo III) y se ha declarado improcedente el recurso de casación
interpuesto en su momento por la parte demandada (fojas 1247/1253, Tomo III);
ordenándose, concretamente, por la Sala Laboral de Tacna: “… REVOCARON la
sentencia apelada, corriente de folios mil ochentinueve a mil ciento dos y corregida de folios mil ciento
treinticinco a mil ciento treintisiete, de fecha treintiuno de octubre del año dos mil trece, que declara
Fundada la demanda presentada por Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos en contra del Banco de la Nación,
sobre Reconocimiento de Categoría, Reintegro de Remuneraciones y otros, en consecuencia: a) Ordena a
la demandada cumpla con reconocer a la actora en el reconocimiento de Técnico III y de su
correspondiente Remuneración Básica Mensual, en el cargo de RecibidorPagador, en lugar de la Categoría
de Técnico I, en el cargo de RecibidorPagador, desde el 04-09-2007; b) Como consecuencia de dicho
reconocimiento de categoría, se proceda con el reintegro de la Remuneración Básica Mensual y demás
beneficios laborales (compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación
familiar, horas extras y otros, calculados en función de la Remuneración Básica Mensual), que le
corresponde a la accionante por las diferenciales que ha dejado de percibir como Recibidor-Pagador en la
Categoría de Profesional III, desde el 04-09- 2007, hasta la correspondiente nivelación u homologación
que se liquidarán en ejecución de sentencia. REFORMÁNDOLA declararon Fundada en parte la demanda
interpuesta por Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos en contra del Banco de la Nación, sobre
reconocimiento de categoría y reintegro de remuneraciones y demás beneficios económicos laborales; en
consecuencia DISPUSIERON que la demandada reconozca a la demandante el cargo de Recibidor-Pagador
y la Categoría de Técnico III a partir del cuatro de setiembre del año dos mil siete, únicamente durante el
tiempo de la encargatura y para fines estrictamente remunerativos. MANDARON a reintegrar las
remuneraciones y demás beneficios económicos laborales (compensación por tiempo de servicios,
gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, horas extras y otros que percibiera la demandante,
calculados en función de la Remuneración Básica Mensual), que le corresponde a Tatyana Dyercka
Zevallos Cancinos por las diferenciales que ha dejado de percibir como Recibidor-Pagador en la Categoría
de Técnico III, desde el cuatro de setiembre del año dos mil siete y durante todo el tiempo de la
encargatura. DECLARARON Improcedente la misma demanda sobre recategorización. CONFIRMARON la
sentencia en los extremos que declara fundadas las pretensiones a los intereses laborales y costos del
proceso. INTEGRARON la sentencia declarándose Infundada la excepción de incompetencia propuesta por
la entidad demandada.” (Sic). En la etapa de ejecución de sentencia se tiene que el
monto total ordenado a pagar es la suma total de S/. 252 736.81 (doscientos
cincuenta y dos mil setecientos treinta y seis con 81/100 soles) –confróntese
Resolución Nro. 20 de fecha 06 de abril de 2016, fojas 1441/1442, Tomo III-, sin
ninguna especificación y/o autorización de algún descuento, de modo tal que
las deducciones realizadas por la parte demandada respecto de los
conceptos de impuesto a la renta 5ta. Categoría, aporte al Fondo de
Pensiones, Comisión de Integra y Prima Seguro –según la hoja de liquidación
2 por mandato judicial que obra a fojas 1456, Tomo III-, por el monto global de
S/. 74 465.52 (setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco con 42/100
soles), conforme lo ha objetado la parte demandante (véase escrito de fojas
1589/1591, Tomo IV), resulta un actuar contrario al principio de cosa juzgada,
motivo por el cual el monto descontado debe ser reintegrado al demandante.
Sin bien al momento de absolver su traslado (fojas 1609/1617, Tomo IV), la parte
demandada refiere que los descuentos efectuados están amparados en el
artículo 34 literal a) del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la
Renta y que el Poder Judicial no está facultado para resolver aspectos
referidos a cargas laborales – descuentos de ley (invocando a tal efecto el
Pleno Jurisdiccional Laboral de 1999); argumentando finalmente en base a
una serie de resoluciones judiciales que cita que existen pronunciamientos
similares en dicho sentido (no obstante ello, ninguna de tales resoluciones han
sido adjuntadas, conforme lo ha observado el personal de mesa de partes –
véase fojas 1608, Tomo IV-). TERCERO: Sobre el particular, en relación estricta al
cuestionamiento de la parte demandante, este despacho judicial considera
que efectivamente no debió efectuarse ningún descuento al monto ordenado
pagar en razón que ninguna de las sentencias emitidas en el séquito del
presente proceso y que cuentan con autoridad de cosa juzgada admiten
excepción alguna a su cumplimiento sobre dicho descuento, debiendo en tal
sentido ponderarse los propios términos en que ellas mismas se expresa lo
decidido. Y es que, tal como lo ha resaltado el Tribunal Constitucional, las
sentencias judiciales se ejecutan en sus propios términos y no dejan margen de
acción para que su cumplimiento sea pensado, merituado y/o evaluado por
la parte encargada de ejecutarla (Cfr. EXP. N.° 01538-2010-PA/TC, LIMA, TELEFÓNICA DEL
PERÚ S.A.A., fundamento 5.), no existiendo por lo demás en el caso de autos
motivos razonables para proceder a su incumplimiento toda vez que las
deducciones hechas constituye un asunto que debió ser discutido en el mismo
proceso judicial y no puede hacerse esto en la etapa de ejecución de
sentencia. Al respecto, si bien la parte demandada sostiene que existe el Pleno
Jurisdiccional Laboral de 1999 (Acuerdo Nº 08-99: Incompetencia de los Juzgados de
Trabajo para determinar Monto de las Retenciones de Tributos a cargo del Empleado) que
apoya su posición, lo cierto es también que dicho Pleno, en rigor, no tiene el
carácter de vinculante, dado que según la redacción del artículo 116 del
3 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula dicha
figura jurídica, establece que: “Los integrantes de las Salas Especializadas, pueden
reunirse en plenos jurisdiccionales nacionales, regionales o distritales a fin de concordar
jurisprudencia de su especialidad, a instancia de los órganos de apoyo del Poder Judicial” y,
en cualquier caso, para el presente caso prevalece la doctrina jurisprudencial
establecida por el Tribunal Constitucional en casos similares donde consta que
se ha amparado lo hoy observado por la parte demandante (por ejemplo, STC
01538-2010-PA/TC; STC 05492-2011-PA/TC, entre otras sentencias relevantes e
uniformes); siendo, así las cosas, resulta de aplicación el artículo VI, tercer
parágrafo, del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que a la
letra dice: “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de
los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.” (Las
negritas y subrayado es agregado). De igual forma, aun cuando existan
pronunciamientos judiciales de otros órganos jurisdiccional del Poder Judicial
especializados en materia laboral que apoyan también la posición de la parte
demandada (aunque valga recalcarlo no se ha adjuntado ninguno de ellos),
ergo, en cualquier caso, prevalece la doctrina jurisprudencia del Tribunal
Constitucional antes invocada por mandato expreso del citado artículo VI. En
tal orden de ideas, lo observado por la parte demandante resulta amparable,
debiendo en tal sentido hacerse el requerimiento de pago respectivo del
monto descontado que asciende a S/. 74 465.52 (setenta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y cinco con 42/100 soles). CUARTO: Finalmente, es
preciso dejar sentando que esta determinación judicial se hace en función a
los alcances que tiene un proceso judicial donde las partes tienen la
posibilidad razonable de alegar lo respectivo a favor de sus posiciones y, así
también, tener la facultad de formular cualquier cuestionamiento a los
términos de la sentencia, pero, esto deben hacerlo en la etapa oportuna y
dentro de los plazos legales que franquea el ordenamiento jurídico; ergo, esto
de ninguna manera constituye un escollo a la obligación legal de todo
ciudadano de hacer sus declaraciones de ingresos y/o rentas ante la entidad
estatal pertinente, según sea el caso, y sea ésta la que exija directamente el
pago del impuesto a la renta o cualquier otro concepto establecido por ley,
según corresponda. Por tanto, bajo las consideraciones expuestas y normas
invocadas, SE RESUELVE: 1) Declarar FUNDADA la observación de la parte
4 demandante en relación a los descuentos de impuesto a la renta de 5ta.
Categoría, aporte al Fondo de Pensiones, Comisión de Integra y Prima Seguro
que asciende a la suma global de S/. 74 465.52 (setenta y cuatro mil
cuatrocientos sesenta y cinco con 42/100 soles), respecto del monto total
ordenado a pagar en este proceso judicial con autoridad de cosa juzgada; y,
2) ORDENAR que la parte demandada, BANCO DE LA NACIÓN, cumpla con el
pago de S/. 74 465.52 (setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco con
42/100 soles) a favor de la parte demandante, TATYANA DYRECKA ZEVALLOS
CANCINOS, en el plazo de quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de
imponerle la multa de cinco (05) unidades de referencia procesal, conforme a
lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. Sin perjuicio
de las notificaciones electrónicas de Ley, cumpla el asistente judicial adscrito a
este despacho judicial con cursar el oficio referencial al titular de la entidad
demandada.- Regístrese y notifíquese.-
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PRIMER JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
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1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 01212-2013-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O
INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : AYCA GALLEGOS, LUIS
ESPECIALISTA : GOMEZ CAYRO, MARIA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : ZEVALLOS CANCINOS, TATYANA DYERCKA
Resolución N° 30
Tacna, dos mil diecisiete
Enero, once.-
Proveyendo el escrito N° 598; AL PRINCIPAL Y OTROSI: A lo solicitado,
téngase por variado el domicilio procesal lugar donde se hará llegar las
notificaciones de ley y téngase por integradas a las abogadas que indica para
los fines de ley. Revisado el proceso se tiene que a fojas 1999 y siguientes la
demandante solicita aprobación de dictamen pericial, tomando en cuenta el
transcurso del tiempo ya que mediante resolución 29 de fecha 24 de Octubre
del 2016 se dispuso que se ponga los autos a despacho para resolver
habiéndose notificado electrónicamente a las partes el 27 de Octubre del 2016
existiendo un excesivo retraso para resolver habiéndose remitido el expediente
al Archivo Modular por el anterior servidor Judicial, sin haber emitido
pronunciamiento correspondiente, situación que no puede quedar en
inadvertida por tanto deberá ser puesta en conocimiento del órgano de control
a fin de que proceda conforme a sus atribuciones y resolviendo con arreglo a
ley;
I.- MATERIA:
Determinar si procede declarar fundada o infundado el informe pericial
II.-FUNDAMENTOS:
PRIMERO: Según el artículo 63 de la Ley N.° 29497 – Nueva Ley Procesal de
Trabajo: “Los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las
remuneraciones devengadas y los intereses, se liquidan por la parte
vencedora, la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
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juzgado o recurrir a los programas informáticos de cálculo de intereses
implementados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La
liquidación presentada será puesta en conocimiento del obligado por el
término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que
la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado debe
necesariamente presentar una liquidación alternativa. Vencido el plazo el juez,
con vista a las liquidaciones que se hubiesen presentado, resuelve acerca del
monto fundamentándolo”.
SEGUNDO: En el presente caso, se tiene que merced al pedido de liquidación
de intereses legales presentado por la parte demandante (fojas 1479),
mediante Resolución Nro. 26 de fecha 19 de Julio del 2016 se dispuso que el
perito verificador adscrito al Juzgado realice el cálculo de los citados intereses.
Con fecha 03 de Agosto del 2016, dándose cumplimiento a lo ordenado, la
señorita contadora Veronica Huanacuni Vilca, Perito Verificador del Juzgado,
presenta el Informe contable N° 0013-2016VHV-PJ-JL-CSJT (fojas 1486 a
1488); el mismo que ha sido puesto en conocimiento de las partes, según lo
decretado por Resolución Nro.27 de fecha 08 de Agosto del 2016 (fojas 1489)
y de la constancia de notificación electrónica que corre a folios 1490. Al
respecto, de la revisión del Informe citado se aprecia que la perito no ha
tomado en cuenta como parámetros objetivos para realizar la liquidación de
intereses legales, pues como es de ver de autos, la perito ha considerado como
fecha de deuda desde el 30-09-2007; sin embargo del informe emitido se
advierte que los devengados comienzan desde 04 de Setiembre del 2007 hasta
el 30 de Noviembre del 2014, por tanto debió de haberse calculado mes a mes;
pues conforme al mismo informe ha tomando el factor de 0.21345 la misma
que resulta de restar, del factor acumulado al 29 de Setiembre del 2007 al
factor acumulado al 02 de Mayo del 2016; por otra parte en cuento a las horas
extras y gratificaciones toma como referencia las fechas del 16 de Diciembre
del 2007 al 02 de Mayo del 2016, sin haber tomado en cuenta el Texto Unico
del impuesto a la renta e informe N° 259-2015-JHL-PJETP-CSJT aprobado por
el Juzgado, habiendo arribado al monto de S/. 56,016.24 (cincuenta y seis mil
con 24/100 nuevos soles). En síntesis, se colige que el informe emitido no es
claro, pues no ha estructurado los intereses legales de los reintegros
remunerativos adecuadamente pues estos se efectúan mes a mes sobre la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
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suma efectivamente pagada, esto es sobre el monto de S/159,663.57 y los
intereses financieros sobre el monto de S/18,607.72 Nuevos soles. Sumado a
ello, se tiene que el demandado al haber observado, en cuanto al monto y en lo
que respecta al aspecto metodológico, mostrando con tal conducta procesal su
no conformidad. Así las cosas, conforme al precepto legal invocado, el monto
de los intereses legales debe ser desaprobado y solicitar que la perito adscrita
al juzgado cumpla con efectuar nueva liquidación especificando de manera
clara conforme a los fundamentos expuestos en la presente. Por tales
consideraciones,
III.- DECISION:
PRIMERO: DESAPROBAR el monto de los intereses legales del presente
proceso que asciende a la suma de S/.56,016.24 (cincuenta y seis mil con
16/24 nuevos soles).
SEGUNDO: Se ordena que pase los autos a la perito adscrita al Juzgado a fin
de que cumpla con realizar nuevo informe pericial tomando en cuenta los
fundamentos expuestos en la presente resolución, debiendo el Asistente
Judicial remitirlo mediante cargo respectivo. Remítase copia de los actuados
pertinentes a la Oficina de Control Interno de la ODECMA, a fin de que
proceda conforme a sus atribuciones.- Regístrese y notifíquese.- Asume
funciones la Especialista legal que suscribe por disposición Superior.- |
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Juez: CORNEJO CHAVEZ, YOHEL
Fecha: 19/06/2015 15:09:08
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 01212-2013-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: FLORES LUQUE,
MERY U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
Fecha: 19/06/2015 15:20:53
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL JUEZ : CORNEJO CHAVEZ, YOHEL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL ESPECIALISTA : FLORES LUQUE, MERY
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : ZEVALLOS CANCINOS, TATYANA DYERCKA
Resolución Nro.11
Tacna, diecinueve de junio
Del año dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS:
El escrito con registro n.° 12889-2015.- Pedido de ejecución de sentencia
presentado por Tatyana Dyercka Zeballos Cancinos a través de su defensa
técnica, señor abogado Wilfredo Vargas Cancino; y,
ATENDIENDO A:
1. Que, según lo previsto por el artículo 4 del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo N° 017 93- JUS:
“Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus
propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala.”
(Las negritas son agregadas) Tal precepto sanciona, así, el principio de vinculación
de las resoluciones. La razón de ser de tal precepto es la seguridad jurídica, de
manera que se genere certeza en la plena vigencia del ordenamiento jurídico.
Justamente para su concretización se ha facultado a los magistrados a poder
realizar determinados apercibimientos y en caso de incumplimiento a
efectivizarlos, según corresponda. Así, por ejemplo, a tenor de lo establecido
en el inciso 1 del artículo 53 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria
merced a la disposición contenida en la Primera Disposición Complementaria
de la Ley n.° 29497 – Nueva Ley Procesal de Trabajo, en adelante NLPT),
atendiendo a la conducta procesal que deben observar las partes, el Juez
puede imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de la su
decisión.
2. En ese mismo sentido, no debe perderse de vista que la Corte Suprema de
la República del Perú ha establecido que: “… la autoridad de cosa juzgada reside en
la sentencia y sus caracteres son la inmutabilidad y la coercibilidad, es decir proyecta sus
efectos hacia el pasado y hacia el futuro, y las partes se encuentran obligadas a cumplir y hacer
cumplir el pronunciamiento judicial sobre el caso juzgado, lo que además queda protegido por
la excepción res judicata.” (Cfr. Cas. N° 2056-989-Lima, El Peruano, 19-03- 1999, p. 2832).
3. Del marco normativo invocado, queda claro que existe el deber jurídico de
cumplimiento irrestricto, específico y concreto de la parte vencida en juicio de
realizar todas las gestiones necesarias, dentro de su competencia, respecto a
la instrumentalización de lo sentenciado, a fin de dar cabal y efectivo
cumplimiento en sus propios términos.
4. En el presente caso, se tiene que mediante sentencia de fecha 31 de
octubre del 2013, contenida en la resolución N°02 (fojas 1089 a 1102), se
declara fundada la demanda y ordena que la demandada cumpla con
reconocer o recategorizar al actor en la categoría de tecnico III, en el cargo
de recibidor - pagador, en lugar de la categoría de Técnico I, desde el
04.09.2007. Luego de la apelación presentada por la parte demandada, el
superior en grado por sentencia de vista contenida en la Resolución Nro. 07 de
12 de marzo de 2014 (fojas 1149 a 1161) se resolvió, en lo que interesa resaltar
aquí, REFORMARLA declarando fundada en parte la demanda, interpuesta
por Gino Joaquín Portocarrero Antezana, en contra del Banco de la Nación
sobre reconocimiento de categoría y reintegro de remuneraciones y demás
beneficios económicos laborales y se dispuso que la demandada reconozca a
la demandante el cargo de recibidor – pagador y la categoría de tecnico III a
partir del 04.09.2007, únicamente durante el tiempo de la encargatura y para
fines estrictamente remunerativos; ordenando a reintegrar las remuneraciones
y demás beneficios económicos laborales (C.T.S., gratificaciones, vacaciones,
asignación familiar, horas extras y otros que percibiera la demandante,
calculados en función de la remuneración básica mensual), que le
corresponde al demandante por las diferenciales que ha dejado de percibir como recibidor – pagador en la categoría de técnico III, desde el 04.09.2007 y
durante todo el tiempo de la encargatura, más intereses legales y costos del
proceso. Posteriormente, mediante auto calificatorio del recurso, Cas. Lab. N°
5631-2014, Tacna de 24 de octubre de 2014 (en copia certificada de fojas 1247
a 1253) la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República se resolvió declarar improcedente el
recurso de casación interpuesto por la parte demandada. Gozando lo
estimado con la autoridad de cosa juzgada.
6. Por tanto, bajo los antecedentes procesales descritos, procede amparar el
pedido de ejecución de sentencia en los términos precisados por la parte
demandante; concediéndole para tal efecto un plazo prudencial de cinco (5)
días hábiles. Por tanto, conforme a las consideraciones expuestas y normas
invocadas, SE RESUELVE: Requerir al Banco de la Nación, a través del Señor
Aldo Calle Rojas, en su condición de apoderado, cumpla con lo ordenado
mediante sentencia de vista contenida en la Resolución Nro. 07 de 12 de
marzo de 2014 (fojas 1149 a 1161), esto es, 1) Reconocer a favor del
demandante Tatyana Dyercka Zeballos Cancinos el cargo de recibidor –
pagador y categoría de técnico III a partir del 04.09.2007, únicamente durante
el tiempo de la encargatura y para fines estrictamente remunerativos; y, 2)
Reintegrar las remuneraciones y demás beneficios económicos laborales
(compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones,
asignación familiar, horas extras y otros que percibiera el demandante,
calculados en función de la remuneración básica mensual), que le
corresponda a la demandante por las diferenciales que ha dejado de percibir
como recibidor – pagador en la categoría de técnico III, desde el 04.09.2007 y
durante todo el tiempo de la encargatura. Para lo cual la entidad
demandada deberá presentar la liquidación de diferenciales de los
conceptos laborales económicos antes indicados, en el plazo de cinco (5) días
hábiles.- Regístrese y notifíquese.- |
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Secretario De Sala: ANTONIO DAMIAN, KATI
Fecha: 24/03/2014 11:46:10
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
EXPEDIENTE Nº : 01212-2013
DEMANDANTE : Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos
DEMANDADO : Banco de la Nación
MATERIA : Reconocimiento de Categoría y otros
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCION Nº : 07
Tacna, doce de Marzo
Del año dos mil catorce.-
VISTOS: Interviniendo como ponente la señora Juez Superior Begazo De La
Cruz; en audiencia pública oralizada, el proceso laboral seguido por Tatyana
Dyercka Zevallos Cancinos sobre reconocimiento de categoría,
recategorización, reintegro de Remuneración Básica Mensual y demás
beneficios laborales, pago de intereses legales y costos, contra el Banco de la
Nación, con asistencia de las partes y los señores abogados que las
representan. ----------------------------------------------------------------------------------------
Objeto del recurso:
Es materia de revisión la Sentencia del treintiuno de octubre del año dos mil
trece, corriente de folios mil ochentinueve a mil ciento dos y corregida de folios
mil ciento treinticinco a mil ciento treintisiete, que declara Fundada la demanda
presentada por Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos en contra del Banco de la
Nación, sobre Reconocimiento de Categoría, Reintegro de Remuneraciones y
otros, en consecuencia: a) Ordena a la demandada cumpla con reconocer a la
actora en el reconocimiento de Técnico III y de su correspondiente
Remuneración Básica Mensual, en el cargo de Recibidor-Pagador, en lugar de
la Categoría de Técnico I, en el cargo de Recibidor-Pagador, desde el 04-09-
2007; b) Como consecuencia de dicho reconocimiento de categoría, se
proceda con el reintegro de la Remuneración Básica Mensual y demás
beneficios laborales (compensación por tiempo de servicios, gratificaciones,
vacaciones, asignación familiar, horas extras y otros, calculados en función de
la Remuneración Básica Mensual), que le corresponde a la accionante por las
diferenciales que ha dejado de percibir como Recibidor-Pagador en la
Categoría de Profesional III, desde el 04-09-2007, hasta la correspondiente nivelación u homologación que se liquidarán en ejecución de sentencia; c) Más
intereses legales laborales d) Con costos del proceso. Decisión recurrida por la
parte demandada.----------------------------------------------------------------------------------
CONSIDERANDO:
1.- Fundamentos de la pretensión impugnatoria.-------------------------------------
Conforme se desprende del escrito que corre de folios mil ciento once a mil
ciento venticuatro, el Banco de la Nación, representado por su apoderado y
administrador de la Agencia 2, Javier Miguel del Priego Palomino, interpone
recurso de apelación contra la Sentencia para que la misma sea revocada por
los siguientes fundamentos: Que la resolución apelada atenta contra los
artículos 103 y 139 de la Constitución Política del Perú ya que se atenta contra
el principio que la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las
consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene
efectos retroactivos, tampoco se ampara el abuso del derecho y no se cumple
con la observancia del debido proceso, escasa motivación escrita del fallo y
transgresión al derecho de defensa, no se ha observado el principio de
veracidad y la correcta interpretación, análisis y aplicación de las normas en la
resolución de conflictos de la justicia laboral; que en su momento procedieron a
contestar la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus aspectos;
que la demandante lo que busca es un prematuro ascenso sin pasar por las
evaluaciones que corresponde para acceder al mismo; que otros trabajadores
ostentan mayores categorías por sus calificaciones profesionales, por su
tiempo de servicios y por su especialización en el puesto perciben mayores
remuneraciones; que la accionante ingresó a laborar bajo contrato sujeto a
modalidad para cumplir funciones de Promotor de Servicios sin categoría a
partir del seis de marzo del 2006, posteriormente reingresa a laborar bajo
contrato indeterminado con fecha 25 de mayo del 2009 en la categoría de
Técnico I, cargo Promotor de Servicios; que la demandante no puede
homologar su remuneración a la del trabajador Víctor Alberto Rodríguez Ara
porque no guarda características de similitud en cuanto a años de servicios en
la institución, ni capacitaciones profesionales, así como tampoco
especializaciones en cuanto a las funciones desempeñadas y aceptar
homologarla con dicho trabajador si constituye un verdadero trato diferenciado
injustificado y discriminatorio que de amparase significaría un abuso del
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; que lo existe en el presente caso es
una diferenciación de remuneraciones que tiene fundamentos objetivos
razonables, por lo que no existe fundamento alguno para que se ampare la
pretensión formulada de inobservar el procedimiento de ascensos y de manera fraudulenta obtener una mayor remuneración; que conforme lo establece el
Informe EF/92.2335 N° 099-2013 a la demandante le corresponde la
remuneración de la Categoría Técnico I, puesto que al momento de adquirir la
condición de trabajador a plazo indeterminado contaba únicamente con
estudios en la carrera de Administración de Empresas, por lo que no resulta
válida la afirmación de la demandante sobre la supuesta discriminación; que la
pretensión de la demandante debe denegarse totalmente pues lo que pretende
es un ascenso de Técnico I a Técnico III si tener que pasar por el proceso de
evaluación previa, puesto que a la fecha no cumple con los requisitos para
obtener un ascenso de la manera regular en la que se ha establecido en la
Directiva BN-DIR-2300 N° 040-03 de fecha 24 de junio del 2010; que
finalmente, en cuanto a las costas del proceso, sostiene que son
improcedentes, toda vez que, conforme la modificación introducida en el literal
g) del artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por Ley 27231, el
Banco de la Nación se encuentra Exonerado por ser un organismo Público
Descentralizado del Sector Economía y Finanzas, de acuerdo a lo dispuesto en
el Decreto Legislativo número 183.------------------------------------------------------------
2.- Marco normativo de la Excepción de incompetencia por el territorio.----
2.1.- En términos generales, la competencia de los órganos jurisdiccionales se
fija atendiendo a distintos criterios, tales como la naturaleza de la pretensión o
de localización. Así el artículo 14 del Código Procesal Civil consagra, de
manera general el factor territorial de atribución de competencia, pudiendo
definirse como el ámbito espacial dentro del cual un órgano jurisdiccional ejerce
su función exclusiva o preventivamente, respecto de otro órgano jurisdiccional
del mismo grado y funciones. En tal sentido, son dos elementos los que deben
confluir para la atribución específica de la competencia territorial: a) por un lado
la circunscripción geográfica rigurosamente delimitada y b) por el otro, el
elemento de sujeción o conexión previsto por la Ley (confróntese al respecto
CARLOS ARELLANO GARCÍA, Teoría General del Proceso. Editorial Porrúa,
México – mil novecientos noventa y cinco. Página trescientos setenta y
uno). El elemento que normalmente se utiliza para vincular el proceso a la
competencia de determinado juez es el lugar donde están las partes, de allí
que nuestro ordenamiento haya optado por el fuero personal como el criterio
común para fijar la competencia territorial; es decir, cuando se trata de
demandar a una persona natural el juez competente, en primer lugar, lo será el
de su domicilio, salvo que la ley disponga lo contrario, en tanto que si la
persona a ser demandada es una jurídica, conforme prescripción contenida en
el artículo 17 del mismo Código Procesal Civil, es competente el Juez del
domicilio donde tiene su sede principal. Esta regla, obviamente, no es absoluta, en razón de que el artículo 24 del mismo texto procesal consagra lo que la
doctrina denomina la competencia concurrente facultativa (considerando varios
supuestos), pudiendo incluso prorrogarse la misma (conforme las reglas
establecidas en los artículos 25 y 26 del acotado Código Adjetivo).-----------------
2.2.- Ahora bien la posibilidad de prórroga tratándose del factor de atribución
territorial de la competencia, importa una consecuencia adicional: no es posible
que el Juez, de oficio, declare su incompetencia amparado en este factor (salvo
que, por disposición legal, ésta sea improrrogable), según se desprende del
artículo 35 del Código Procesal Civil. La razón que explica esta restricción es
clara: pudiendo prorrogarse tácitamente la misma, no podría el órgano
jurisdiccional, de oficio, declarar su incompetencia por razón del territorio (salvo
casos de improrrogabilidad) cuando las partes tienen la potestad de fijarla (al
demandar, por un lado, o al comparecer al proceso el demandado sin hacer
reserva o dejar transcurrir el plazo sin cuestionar la competencia, por el otro.--
3.- Competencia territorial en materia laboral.-----------------------------------------
Así delimitado el marco normativo general, tratándose del proceso laboral,
conforme se desprende de la prescripción contenida en el artículo 6 de la Ley
29497, desde el punto de vista territorial, se ha establecido un sistema de
competencia concurrente facultativa especial. En efecto, el referido artículo
señala lo siguiente: “A elección del demandante es competente el juez del lugar
del domicilio principal del demandado o el del último lugar donde se
prestaron los servicios” (subrayado añadido). Del texto trascrito se puede
apreciar que, por un lado quien tiene la facultad de optar es el demandante; y
puede únicamente entre dos posibilidades: a) por un lado, puede demandar en
el domicilio principal del demandado; b) pero también puede hacerlo en el lugar
de la última prestación de los servicios; es decir que, lo determinante, para la
segunda posibilidad, no es la existencia de sucursales o agencias u otro tipo de
dependencia del principal; sino, simplemente, el lugar donde el trabajador
laboró (independientemente de cualquier otra consideración).------------------------
4.- Caso de autos.--------------------------------------------------------------------------------
En el presente caso tenemos que Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos,
interpone demanda laboral de reintegro de remuneraciones y otros, (folios
ciento ochenta a doscientos once), la misma que dirige contra Banco de la
Nación, quien al momento de contestar la demanda (folios setecientos setenta
a setecientos ochentidós) deduce la excepción de incompetencia por razón del
territorio, bajo el argumento de que el domicilio principal de la parte demandada se encuentra ubicado en Avenida República de Panamá número tres mil
seiscientos sesenta y cuatro, distrito de San Isidro, provincia y departamento de
Lima. La señora Juez, al momento de resolver, declara infundada la excepción
(véase acápite i y i repetido, del fundamento II de la Parte Considerativa)
aplicando el artículo 6 de la Ley 29497, indicando que la demandante tenía la
facultad de elegir, como lugar para interponer la demanda, entre la ciudad
donde se encuentra el domicilio principal del demandado (Lima) o la ciudad del
último lugar donde se prestaron los servicios (Tacna). El razonamiento
efectuado por la señora Juez se ajusta tanto al marco normativo como a lo
actuado durante el proceso, ya que lo determinante no es el lugar del domicilio
principal, sino como claramente señala la Ley el último lugar donde se
prestaron los servicios, por lo que no resulta atendible el argumento de que
el domicilio principal del Banco de la Nación se encuentra ubicado en Lima,
pues no es la existencia de esta dependencia la que determina la competencia,
sino, se reitera, el lugar donde el trabajador prestó últimamente los servicios,
siendo evidente que este lugar es Tacna, de manera que debe desestimarse
este extremo de la pretensión.------------------------------------------------------------------
5.- Equivalencia remunerativa.---------------------------------------------------------------
A tenor de la previsión contenida en el Artículo 23, cuarto párrafo, de la
Constitución Política del Estado, nadie está obligado a prestar trabajo sin
retribución o sin su libre consentimiento; de otro lado, el Artículo 24, de la
misma Carta Magna establece que el trabajador tiene derecho a una
remuneración equitativa y suficiente, que procure para él y su familia, el
bienestar material y espiritual; finalmente, el Artículo 26 siempre de la Norma
Fundamental señala que en la relación laboral se respetan los siguientes
principios: 1) igualdad de oportunidades sin discriminación; 2) carácter
irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley y, 3)
interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el
sentido de una norma. De los preceptos citados interesa resaltar, en primer
lugar, que la remuneración viene a ser un elemento esencial de la relación
laboral consistente, según definición legal contenida en el artículo 6 del Decreto
Supremo número 003-97-TR (Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo
número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral) “en el íntegro de
lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera
sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre
disposición”. Según se desprende de lo expuesto, la remuneración no viene a
ser sino la contraprestación por los servicios prestados. En tal contexto, y en
segundo lugar, la remuneración equitativa a que se refiere el texto
constitucional no viene a constituir sino aquella igual, equivalente o correspondiente, de manera objetiva, a la prestación realizada; esto es, el valor
estandarizado que el empleador, en condiciones ordinarias, atribuye a las
labores que los trabajadores realizan y que encuentran su expresión objetiva
en la ecuación “a determinado cargo o función equivale determinada categoría
remunerativa”. En otros términos, la propia organización estructura las
categorías remunerativas (es decir, las remuneraciones mismas) en función de
la categoría funcional (cargo), de tal suerte que, en el plano de la realidad (más
allá de las denominaciones que se pueda dar al cargo de determinado
trabajador), debe primar el principio constitucional de equidad (equivalencia),
de manera que lo determinante, más allá de las denominaciones, será el cargo
desempeñado materialmente lo que determine la remuneración dentro de la
organización.----------------------------------------------------------------------------------------
6.- Principios de Igualdad y no discriminación.----------------------------------------
6.1.- Simplemente como una cuestión adicional, toda vez que se hace mención
al tema, debe tenerse presente el significado del principio de igualdad: “ante
supuestos de hecho iguales deben aplicarse las mismas consecuencias
jurídicas”. Si bien el principio no impide que se introduzcan diferencias de trato,
siempre que resulten fundadas y razonables. En este sentido, FRANCISCO
EGUIGUREN PRAELI (Estudios Constitucionales. Ara Editores, Lima – dos mil
dos, página ciento tres) recoge algunos criterios esbozados por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos respecto de cuándo es admisible o no, desde
la perspectiva constitucional, un trato diferenciado, y que resultan útiles al
momento de analizar cada caso concreto. Así tenemos: a) El derecho a la
igualdad de trato y la prohibición de toda forma de discriminación no debe
entenderse como una proscripción al establecimiento de diferenciaciones de
trato legítimas; b) Una distinción resulta discriminatoria cuando carece de
justificación objetiva y razonable, la que a su vez debe apreciarse y justificarse
en relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada; c) Esta
finalidad perseguida con el trato diferenciado no sólo debe resultar legítima,
sino que debe respetar una razonable relación de proporcionalidad entre los
medios empleados y los fines buscados; d) Dado que el derecho a la igualdad
protege a todos aquellos que se encuentran en una situación semejante o
comparable, el trato distinto debe explicarse por la apreciación objetiva de
situaciones de hecho esencialmente diferentes; e) Por último, la existencia de
ciertas categorías de personas o grupos que sufren limitaciones en algunos de
sus derechos, por relaciones de sujeción o de condiciones específicas de
vulnerabilidad, torna admisible el establecimiento de un trato diferenciado.-------
6.2.- Bajo el marco normativo expuesto en el quinto considerando de la presente, resulta evidente que si, en el plano de la realidad, a un trabajador se
le asigna un cargo distinto para el cual fue contratado, desarrollando funciones
propias de dicho cargo, y cuyo nivel remunerativo es mayor; entonces, deberá
remunerársele conforme al cargo que desempeña; pudiendo considerarse
discriminatorio, el que no se le pague así, con relación a quien está en su
misma situación y recibe un trato diferenciado. Pero, se insiste, lo
determinante, en este caso, es la aplicación del principio de equidad
(equivalencia) antes anotado.-------------------------------------------------------------------
7.- Promoción en el centro de trabajo.----------------------------------------------------
Por otro lado, el hecho de que el empleador promueva al trabajador dentro de
la empresa, mediante “encargaturas”, sólo constituye una manifestación de la
facultad propia del empleador que se inserta dentro de las facultades generales
de dirección, recogidas en el artículo 9 del Decreto Supremo número 003-97-
TR (Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral). Tal circunstancia, empero, no genera
un derecho adquirido por el trabajador, quien para acceder de manera definitiva
a un cargo de superior nivel dentro de la estructura de la empresa, debe
someterse a las reglas preestablecidas. En el caso concreto del Banco de la
Nación, conforme se desprende de Anexo 1 D de la contestación a la demanda
(folios seiscientos ochentitrés a seiscientos ochentinueve), existe la Directiva
BN-DIR-2300 Nº 040-03, que establece las normas que regulan los procesos
de ascensos y promociones de los trabajadores del Banco de la Nación. Así las
cosas, resulta evidente que, por un lado, cuando el empleador “encarga”
transitoriamente a un trabajador el desarrollo de funciones propias de un nivel
remunerativo superior al suyo, resulta procedente demandar que se le
reconozca el desempeño de tales funciones en aras de que se le remunere por
la labor desarrollada conforme a dicho nivel; reconocimiento que no puede
extenderse más allá del tiempo que dure el encargo. A contrario, no resulta
procedente la demanda de “recategorización” que tiene por finalidad la
promoción definitiva del trabajador a un cargo o nivel distinto del suyo, con
base, únicamente, a encargaturas y sin haberse sometido a las reglas
establecidas por el empleador para acceder, de manera permanente, a cargo
distinto.------------------------------------------------------------------------------------------------
8.- Costos del proceso.-------------------------------------------------------------------------
En cuanto al pago de costos, si bien, a tenor de la prescripción contenida en el
artículo 47 de la Constitución Política, el Estado está exonerado del pago de
gastos judiciales; sin embargo, dicha exoneración no puede extenderse al pago de los costos procesales; es decir, no existiendo prohibición
constitucional para condenar al Estado al pago de dicho concepto, es posible
disponer su pago cuando norma especial así lo establezca. Este es el caso de
los procesos laborales, ya que, tal como prescribe la Séptima Disposición
Complementaria de la Ley 29497 el Estado puede ser condenado al pago de
los costos. Conforme se desprende de la redacción de la norma, a diferencia
del proceso civil (en que rige el principio de condena, salvo cuando se trata del
Estado), la imposición de los costos, para el Estado, no es imperativa
(adviértase que el uso del verbo “poder” en el modo indicativo denota
únicamente la posibilidad de imponer el pago de costos); siendo ello así, en
consideración de este Colegiado, su imposición exige una justificación en la
que se analice la conducta procesal del Estado como parte, pudiendo bien
disponer su pago, bien exonerarlo de hacerlo. En cualquier caso, tratándose de
una disposición especial, no resulta de aplicación la exoneración prevista en el
artículo 413 del Código Procesal Civil.-------------------------------------------------------
9.- Caso de autos.--------------------------------------------------------------------------------
9.1.- En el presente caso tenemos que Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos
interpone demanda laboral sobre reconocimiento de categoría
(recategorización) y reintegro de remuneraciones y demás beneficios laborales
económicos. Más concretamente peticiona el reconocimiento de la categoría
Técnico III y su correspondiente remuneración básica mensual en el cargo de
Recibidor-Pagador, en lugar de la Categoría de Técnico I, en el cargo de
Promotor de Servicios, desde el cuatro de setiembre del año dos mil siete
(recategorización), a consecuencia de ello solicita el reintegro de la
Remuneración Básica Mensual y demás beneficios laborales (compensación
por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar y otros
calculados en base a la Remuneración Básica Mensual), por las diferenciales
que dejó de percibir como Recibidor-Pagador en la Categoría de Técnico III
desde el cuatro de setiembre del año dos mil siete; demanda también el pago
de los intereses legales laborales y los costos del proceso, ambos a liquidarse
en ejecución de sentencia. Para tal efecto sostiene que ingresó a laborar para
la entidad demandada (Banco de la Nación-Sucursal Tacna) en el cargo de
Promotor de Servicios, sin categoría, desde el seis de marzo del año dos mil
seis hasta el tres de setiembre del año dos mil siete, para luego seguir
desempeñándose en el cargo de Recibidor-Pagador sin que se le asigne la
categoría de Técnico III (desde el cuatro de setiembre del año dos mil siete);
que la actual Remuneración Básica Mensual de la recurrente asciende a la
suma de dos mil cuatrocientos cincuenticinco nuevos soles, correspondiente al
cargo de Promotor de Servicios con la categoría de Técnico I, cuando debió estar percibiendo la Remuneración Básica Mensual correspondiente a la de un
Técnico III, por lo que desde ese momento debió de percibir la remuneración
que corresponde a dicho cargo y categoría; esto es, cuatro mil quinientos
veintiocho nuevos soles con sesentiún céntimos de nuevo sol (tomando como
referencia la remuneración que percibe Víctor Alfredo Rodríguez Ara); la
diferencia remunerativa de dos mil setentitrés nuevos soles con sesentiún
céntimos de nuevo sol tiene incidencia en la percepción de los beneficios
colaterales que se calculan en base a la Remuneración Básica Mensual (como
la compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, horas
extras, asignación familiar y otros).------------------------------------------------------------
9.2.- Por su parte, el Banco de la Nación, al contestar la demanda (folios
setecientos setenta a setecientos ochentidós), niega la misma, considerando
que viene percibiendo correctamente la remuneración que corresponde a su
categoría de Técnico I; que si otros trabajadores, con similares características a
la suya, perciben remuneraciones mayores es porque ostentan mayores
categorías por sus calificaciones profesionales, por su tiempo de servicios y por
su especialización; admite que la demandante ingresó a laborar a la institución
el seis de marzo del dos mil seis con un contrato sujeto a modalidad para
cumplir funciones de Promotor de Servicios hasta el veinticuatro de marzo del
dos mil nueve, posteriormente reingresa a laborar mediante contrato a plazo
indeterminado, Categoría Técnico I y cargo de Promotor de Servicios y en la
actualidad viene ejerciendo similar cargo de Promotor de Servicios, Categoría
Técnico I en la Sucursal C Tacna; que la demandante no puede homologar su
remuneración a la del servidor Víctor Alberto Rodríguez Ara puesto que no
guarda características de similitud en cuanto a años de servicios,
capacitaciones profesionales ni especialización adecuada en cuanto a las
funciones desempeñadas, estimando que no se afecta el principio de igualdad
y de no discriminación. Por otro lado, sostiene que el Banco de la Nación, como
empresa de Derecho Público, integrante del Sector Economía y Finanzas, que
regula su política remunerativa y de gestión de personal mediante reglamentos
y directivas, éstas tienen que ser observadas a fin de efectivizar algún tipo de
promoción o ascenso de personal, encontrándose regulados en la Directiva
BN-DIR-2300 Número 040-03; que tanto los ascensos como las promociones
vienen a ser procesos técnicos que requieren evaluaciones previas a efectos
de verificar si el aspirante cumple con los requisitos exigidos por la
normatividad, siendo de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas
en la Directiva.--------------------------------------------------------------------------------------
9.3.- La señora Juez, al momento de fallar declara fundada la demanda en
todos sus extremos a partir de dos premisas: a) que no se pueden establecer diferencias arbitrarias en la relación laboral porque vulneran el principio de
discriminación y b) se debe respetar el principio de que a igual trabajo igual
remuneración; a partir de allí, determina que la actora viene desempeñándose
como Recibidor-Pagador desde el cuatro de setiembre del año dos mil siete,
estimando a partir de allí que procede tanto el reconocimiento de la categoría y
el cargo como la remuneración (concluyendo que existe vulneración del
principio de no discriminación, comparando la remuneración de la demandante
con la de Víctor Alberto Rodríguez Ara- y de a igual trabajo igual
remuneración); estimando que también resultan procedentes las pretensiones
al pago de intereses y costos.------------------------------------------------------------------
9.4.- Absolviendo el grado tenemos que, no existe controversia con respecto al
hecho de que la demandante formalmente estaba contratada como Promotor
de Servicios, más sí en cuanto a que la demandante se desempeñó como
Recibidor-Pagador, ya que tal hecho no lo admite la entidad demandada
sosteniendo en su escrito de contestación de demanda de que la demandante
cumplió funciones de Promotor de Servicios, cargo que viene ejerciendo hasta
la actualidad, desprendiéndose de las copias de los Memorandos que obran de
folios noventicuatro a ciento dos, ciento siete a ciento trece, así como de las
copias de Acción de Desplazamiento de Personal que obran de folios
setentinueve a noventidós, que efectivamente la demandante desempeñó
funciones de Recibidor-Pagador. De otro lado, en cuanto al momento en que
se le asigna para el cargo de Recibidor-Pagador, la demandante señala que
fue a partir del cuatro de setiembre del año dos mil siete y la entidad
demandada no admite tal hecho. Al respecto, resulta correcta la conclusión de
la señora Juez en el sentido que el cargo de Recibidor-Pagador lo desempeñó
desde ésta última fecha, acreditándose tal hecho, efectivamente, con la copia
del Memorando que obra en el folio noventa y cuatro, mediante el cual José
Maza (Jefe de Departamento Red de Agencias) le comunica al Administrador
del AB Huaral que se ha dispuesto la acción de personal de Promotor de
Servicios a Recibidor-Pagador. Conforme se desprende de lo expuesto, la
demandante, efectivamente, desarrolló funciones de Recibidor-Pagador,
correspondiendo a tal cargo la Categoría de Técnico III. En tal sentido, en
consideración del Colegiado no resulta determinante el argumento relativo a la
vulneración de los principios de igualdad y no discriminación; siendo más bien
que, en el presente caso se lesionó el precepto constitucional que manda a
pagar remuneraciones equitativas (y que la señora Juez traduce en la
expresión a igual trabajo, igual remuneración); es decir, si fue la propia
demandada la que encargó a la demandante el desempeño de funciones de
Recibidor-Pagador, debió remunerarle conforme corresponde a tal cargo y
categoría remunerativa; se insiste, en virtud del precepto constitucional, por lo que es este el argumento central para amparar la demanda, de allí que no
incidan en el sentido de lo resuelto los argumentos de la apelación referidos a
que no se le puede homologar a Rodríguez Ara, reiterando que lo determinante
no son las capacitaciones, el record laboral o la especialización, sino el hecho
objetivo de que se le dio la encargatura de Recibidor-Pagador, debiendo
reconocérsele tal cargo y categoría de Técnico III únicamente para efectos
remunerativos (de reintegro). Si bien lleva razón la señora Juez en este punto;
sin embargo, yerra al declarar fundada la demanda en todos sus extremos,
toda vez que, según se ha indicado, el reconocimiento del cargo y categoría
sólo pueden serlo con fines remunerativos (de manera que se refleje lo que en
realidad ocurrió); mas no puede serlo para efectos de recategorización, pues
ello importaría un verdadero ascenso sin haber observado las normas legales
que regulan esta materia, siendo amparable este argumento de la apelación,
debiendo revocarse la recurrida para efectos de declarar improcedente este
extremo de la demanda (al no existir amparo legal para que, sobre la base de
los hechos invocados, se cambie de manera permanente el estatus laboral del
servidor, quien solamente se desempeñó como “encargado”). Sobre este
punto, la defensa de la parte demandante sostiene que la encargatura no podía
extenderse más allá de los doce meses y que las mismas se habrían
desnaturalizado. Al respecto cabe indicar que en el régimen laboral de la
actividad privada (que es el régimen laboral bajo el cual se encuentra la
demandante) no existe la figura del encargo, donde se le asigne a un
trabajador funciones temporales de mayor responsabilidad, siendo que el
encargo es propio de un régimen de carrera (previsto en el Reglamento del
Decreto Legislativo N° 276), por lo que su aplicación en el régimen laboral de la
actividad privada, si bien es posible, no necesariamente puede efectuarse bajo
las mismas condiciones que en el régimen laboral de la actividad pública, sino
que por el contrario, deberán adecuarse las disposiciones de un régimen a las
necesidades del otro, es así que si se adopta una decisión de encargo, ésta
debe quedar plasmada en las directivas internas de la entidad, como ser el
Reglamento Interno de Trabajo, donde debe regularse las condiciones para la
realización del encargo (como ser la temporalidad), situación que no se ha
acreditado en autos, por lo que el hecho de que la demandante haya laborado
más de doce meses por encargo, no implica que se haya una desnaturalización
de las encargaturas, tal como alegara la defensa de la parte demandada
durante la audiencia de vista de la causa.---------------------------------------------------
9.5.- Con relación al pago de costos, según se ha precisado, si es posible la
condena, tal como ha hecho el señor Juez, debiendo tenerse presente que se
debe declarar fundada en parte la demanda, habiendo optado la demandada
por una actitud procesal de defensa activa, deduciendo una excepción y negando el derecho de la parte actora, por lo que se justifica la condena.---------
9.6.- Finalmente, se advierte de la sentencia apelada que en la parte resolutiva
se ha obviado emitir pronunciamiento sobre la Excepción de Incompetencia
formulada por la entidad demandada, al respecto se advierte de la parte
considerativa de la impugnada que la señora Juez de la causa ha analizado los
fundamentos fácticos y jurídicos de dicho medio de defensa, concluyendo que
la misma debe declararse infundada, por lo que de conformidad con lo
establecido en el artículo 370 del Código Procesal Civil, debe integrarse dicho
extremo.----------------------------------------------------------------------------------------------
Por tanto, al amparo de las normas acotadas, en mérito de las consideraciones
que anteceden y de conformidad con el artículo 42 del Texto Único Ordenado
de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
REVOCARON la sentencia apelada, corriente de folios mil ochentinueve a mil
ciento dos y corregida de folios mil ciento treinticinco a mil ciento treintisiete, de
fecha treintiuno de octubre del año dos mil trece, que declara Fundada la
demanda presentada por Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos en contra del
Banco de la Nación, sobre Reconocimie |
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Juez: MENDOZA CASTRO, SALINOVA
Fecha: 22/11/2013 23:35:50
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 01212-2013-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O
INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE TACNA
Secretario: FLORES LUQUE MERY ESPECIALISTA : FLORES LUQUE MERY
Fecha: 22/11/2013 23:36:53
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : BANCO DE LA NACION,
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL DEMANDANTE : ZEVALLOS CANCINOS, TATYANA DYERCKA
Resolución Nro.04
Tacna, veintidós de noviembre
Del dos mil trece.-
Al escrito con registro N° 23224-2013.- AUTOS y VISTOS: La solicitud de
corrección de sentencia presentada por la accionante Tatyana Dyercka
Zevallos Cancinos; y, CONSIDERANDO: Primero: De conformidad con lo
previsto por el artículo 407 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al
caso “antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y
sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores
numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución”. Del
texto legal citado se infiere claramente que si es posible hacer correcciones
respecto a errores materiales evidentes, errores ortográficos y numéricos; claro
está, siempre cuando no impliquen una modificación y/o alteración sustancial
de lo decidido. Segundo: En el presente caso, de la revisión de la sentencia de
fecha 31 de octubre del 2013 que corre de folios 1089 a 1102, se advierte que
se ha incurrido en errores involuntarios en la consignación de pretensión de
demanda, cargo, fechas y otros, conforme al siguiente detalle: a) DICE: (Pág.1)
Solicita lo siguiente: 1….en el cargo de Recibidor – Pagador, en lugar de la categoría
de Técnico I, en el cargo de Recibidor - Pagador, desde el 04.09.2007, DEBE
DECIR: Solicita lo siguiente: 1. …en el cargo de Recibidor – pagador, en lugar de la
categoría de Técnico I, en el cargo de Promotor de Servicios, desde el 04.09.2007.
b) DICE: (Pág.2) Sobre los siguientes fundamentos de hecho que sustenta su
pretensión.- Que, la accionante es de profesión Administrador de Empresas mantiene
vínculo laboral con la entidad demandada, habiendo ocupado primigeniamente el
cargo de PROMOTOR DE SERVICIOS, sin categoría (desde la fecha de ingreso
06.03.2006 hasta el 03-09-2007), para seguir desempeñando en el cargo real de
RECIBIDOR PAGADOR, con Categoría TÉCNICO I (desde el 04.09.2007 a la
fecha), sujeto al régimen laboral General de la Actividad Privada (D. Leg. N° 728 y
su TUO D.S. N° 003- 97 –TR), que actualmente se encuentra laborando en la
Agencia “C” del Banco de la Nación de Gregorio Albarracín reemplazando a un
trabajador estable de la entidad, siendo titular en el cargo antes señalado en la
Sucursal “C” del Banco de la Nación de esta ciudad, que pertenece a la División
Soporte Regional X Sede Tacna, ostentando la condición de TRABAJADOR
NOMBRADO. Que ha tomado conocimiento que otros trabajadores de la entidad
demandada, vienen laborando en la actualidad ocupando el cargo de Recibidor-
Pagador con la categoría de Técnico III, le corresponde la suma de S/. 4,528.61;
tomando como referencia la remuneración básica mensual del trabajador de la entidad
demandada Sr. Víctor Alberto Rodríguez Ara; percibiendo el actor actualmente la
suma de S/. 2,640.00, en el cargo de “RECIBIDOR - PAGADOR” y categoría
“TÉCNICO III”. DEBE DECIR: Sobre los siguientes fundamentos de hecho que
sustenta su pretensión.- Que, la accionante es de profesión Administrador de
Empresas mantiene vínculo laboral con la entidad demandada, habiendo ocupado primigeniamente el cargo de PROMOTOR DE SERVICIOS, sin categoría (desde la
fecha de ingreso 06.03.2006 hasta el 03-09-2007), para seguir desempeñando en el
cargo real de RECIBIDOR PAGADOR, con Categoría TÉCNICO I (desde el
04.09.2007 a la fecha), sujeto al régimen laboral General de la Actividad Privada
(D.Leg. N° 728 y su TUO D.S. N° 003- 97 –TR), que a ctualmente se encuentra
laborando en el Banco de la Nación – Sucursal C Tacna, ostentando la condición
de TRABAJADORA NOMBRADA. Que ha tomado conocimiento que otros
trabajadores de la entidad demandada, vienen laborando en la actualidad ocupando el
cargo de Recibidor-Pagador con la categoría de Técnico III, le corresponde la suma
de S/. 4,528.61; tomando como referencia la remuneración básica mensual del
trabajador de la entidad demandada Sr. Víctor Alberto Rodríguez Ara; percibiendo la
actora actualmente la suma de S/. 2,455.00, en el cargo de “PROMOTOR DE
SERVICIOS” y categoría “TÉCNICO I”. c) DICE: (Pág.4) Delimitación de la
controversia. 1) La demandante peticiona en su demanda el reconocimiento de la
CATEGORÍA DE TÉCNICO III y de su correspondiente Remuneración Básica
Mensual, en el cargo de Recibidor-Pagador, en lugar de la Categoría de Técnico I, en
el cargo de Recibidor- Pagador, desde el 04.09.2007; como consecuencia de ello, se
reintegre sus remuneraciones y demás beneficios laborales. DEBE DECIR:
Delimitación de la controversia. 1) La demandante peticiona en su demanda el
reconocimiento de la CATEGORÍA DE TÉCNICO III y de su correspondiente
Remuneración Básica Mensual, en el cargo de Recibidor-Pagador, en lugar de la
Categoría de Técnico I, en el cargo de Promotor de Servicios, desde el 04.09.2007;
como consecuencia de ello, se reintegre sus remuneraciones y demás beneficios
laborales. .d) DICE: (Pág. 10) iv. De los argumentos expuestos por la demandada
que pasamos a resumir: f. Que lo que pretende la actora es un ascenso de Técnico III
a Profesional III sin pasar por los procesos técnicos de evaluación previa. DEBE
DECIR: iv. De los argumentos expuestos por la demandada que pasamos a resumir:
f. Que lo que pretende la actora es un ascenso de Técnico I a Técnico III sin pasar
por los procesos técnicos de evaluación previa. e) DICE: (Pág.11) Con relación a la
pretensión de Reintegro de remuneraciones y demás beneficios laborales. La
demandante señala que la actual remuneración básico mensual que viene percibiendo
asciende a la suma de S/. 2,455.00, que corresponde a la categoría remunerativa de
Técnico I, en el cargo de Promotor de Servicios, cuando debería percibir como la
categoría de Técnico 1, la suma de S/. 4,528.61. DEBE DECIR: La demandante
señala que la actual remuneración básico mensual que viene percibiendo asciende a
la suma de S/. 2,455.00, que corresponde a la categoría remunerativa de Técnico I, en
el cargo de Promotor de Servicios, cuando debería percibir como la categoría de
Técnico III, la suma de S/. 4,528.61. f) DICE: (Pág.13) viii. (…) tanto es más, si tanto
el trabajador comparativo como la actora desempeñan el mismo cargo y las mismas
labores como Analistas de la misma entidad y bajo el mismo régimen laboral privado.
Por tanto se colige que en el presente caso se vulnera el derecho a la igualdad del
demandante para percibir una remuneración por igual labor - por igual categoría o
grupo ocupacional – en la misma institución que la que percibe el trabajador con el que
se compara; por consiguiente, también corresponde acoger esta pretensión de la
demanda, sobre reintegro de remuneración básica y demás beneficios laborales
derivados como consecuencia de la diferencia de remuneraciones dejadas de percibir
como analista, reconocimiento que deberá efectuarse desde el 04 de septiembre del
2007, hasta la correspondiente nivelación u homologación en ejecución de sentencia.
DEBE DECIR: viii. (…) tanto es más, si tanto el trabajador comparativo como la actora
desempeñan el mismo cargo y las mismas labores como Recibidor – Pagador de la
misma entidad y bajo el mismo régimen laboral privado. Por tanto se colige que en el
presente caso se vulnera el derecho a la igualdad de la demandante para percibir una
remuneración por igual labor - por igual categoría o grupo ocupacional – en la misma
institución que la que percibe el trabajador con el que se compara; por consiguiente, también corresponde acoger esta pretensión de la demanda, sobre reintegro de
remuneración básica y demás beneficios laborales derivados como consecuencia de la
diferencia de remuneraciones dejadas de percibir como Recibidor Pagador,
reconocimiento que deberá efectuarse desde el 04 de septiembre del 2007, hasta la
correspondiente nivelación u homologación en ejecución de sentencia. g) DICE:
(Pág. 14) III. PARTE RESOLUTIVA ORDENO que el demandado CUMPLA con
reconocer a la actora, en la reconocimiento de la categoría de TECNICO III y de su
correspondiente Remuneración Básica Mensual, en el cargo de Recibidor- Pagador,
en lugar de la Categoría de Técnico I, en el cargo de Recibidor-Pagador, desde el
04.09.2007. Como consecuencia, de dicho reconocimiento de categoría, se proceda
con el reintegro de la Remuneración Básica Mensual y demás beneficios laborales
(compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación
familiar, horas extras y otros calculadas en función a la Remuneración Básica
Mensual), que le corresponde a la accionante por las diferenciales que ha dejado de
percibir como Analista en la Categoría de Profesión al III desde el 04.09.2007,
hasta la correspondiente nivelación u homologación que se liquidarán en ejecución de
sentencia. DEBE DECIR: ORDENO que el demandado CUMPLA con reconocer a la
actora, en el reconocimiento de la categoría de TECNICO III y de su correspondiente
Remuneración Básica Mensual, en el cargo de Recibidor- Pagador, en lugar de la
Categoría de Técnico I, en el cargo de Promotor de Servicios, desde el 04.09.2007.
Como consecuencia, de dicho reconocimiento de categoría, se proceda con el
reintegro de la Remuneración Básica Mensual y demás beneficios laborales
(compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación
familiar, horas extras y otros calculadas en función a la Remuneración Básica
Mensual), que le corresponde a la accionante por las diferenciales que ha dejado de
percibir como Recibidor - Pagador en la Categoría de Profesión al III desde el
04.09.2007, hasta la correspondiente nivelación u homologación que se liquidarán en
ejecución de sentencia.- Por consiguiente, estando a lo descrito el Juzgado
determina que lo advertido se trata de errores materiales evidentes
correspondiendo por tanto efectuar la corrección del caso en dicho sentido. Por
tales consideraciones y normas invocadas: SE RESUELVE declarar FUNDADA
la solicitud presentada por la accionante Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos,
en consecuencia, se dispone la corrección de la sentencia de fecha 31 de
octubre del 2013, corriente de folios 999 a 1013, conforme a lo anotado en el
segundo considerando de la presente resolución, dejándola subsistente en lo
demás que contiene. AL OTROSI DIGO: Téngase presente.- Hágase saber.- |
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Juez: MENDOZA CASTRO, SALINOVA
Fecha: 31/10/2013 16:59:29
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
Primer Juzgado Especializado de Trabajo.
_____________________________________________________________________________
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE TACNA
Secretario: FLORES LUQUE MERY
Fecha: 31/10/2013 21:05:20 1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA EXPEDIENTE : 01212-2013-0-2301-JR-LA-01
FIRMA DIGITAL
DEMANDANTE : ZEVALLOS CANCINOS, TATYANA DYERCKA
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION
NATURALEZA : ORDINARIO
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
SUMILLA : RECONOCIMIENTO DE CATEGORIA, REINTEGRO DE REMUNERACIONES
Y OTROS.
ESPECIALISTA: FLORES LUQUE MERY.
JUEZ : MENDOZA CASTRO, SALINOVA
Resolución Nro. 02
SENTENCIA
Tacna, 31 de Octubre del 2013
I. PARTE EXPOSITIVA
Demanda ( a folios 180 a 211): Con fecha 27 de Mayo del 2013, doña TATYANA DYERCKA
ZEVALLOS CANCINOS interpone demanda en contra de BANCO DE LA NACION., sobre
RECONOCIMIENTO DE CATEGORIA, REINTEGRO DE REMUNERACIONES Y OTROS.
Solicita lo siguiente:
1. El reconocimiento de la categoría de TECNICO III y de su correspondiente
Remuneración Básica Mensual, en el cargo de Recibidor- Pagador, en lugar de la
Categoría de Técnico I, en el cargo de Recibidor-Pagador, desde el 04.09.2007.
2. El reintegro de la Remuneración Básica mensual y demás beneficios laborales
(compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar,
bonificaciones, horas extras y otros calculadas en función a la Remuneración Básica
Mensual), que le corresponde al accionante por las diferenciales que ha dejado de
percibir como Recibidor-Pagador en la Categoría de Técnico III desde el 04.09.2007,
hasta la correspondiente nivelación u homologación que se liquidarán en ejecución de
sentenciar.
3. El pago de los intereses legales laborales que se liquidaran en ejecución de sentencia
conforme a lo previsto por el Decreto Ley N° 25920.
4. El pago de los costos del proceso que se liquidaran en ejecución de sentencia de
acuerdo a lo previsto por la séptima Disposición Complementaria de la Ley N° 29497.
Sobre los siguientes fundamentos de hecho que sustenta su pretensión.
- Que, la accionante es de profesión Administrador de Empresas mantiene vínculo laboral
con la entidad demandada, habiendo ocupado primigeniamente el cargo de
PROMOTOR DE SERVICIOS, sin categoría (desde la fecha de ingreso 06.03.2006 hasta el 03-09-2007), para seguir desempeñando en el cargo real de RECIBIDOR-
PAGADOR, con Categoría TÉCNICO I (desde el 04.09.2007 a la fecha), sujeto al
régimen laboral General de la Actividad Privada (D. Leg. N° 728 y su TUO D.S. N° 003-
97 –TR), que actualmente se encuentra laborando en la Agencia “C” del Banco de la
Nación de Gregorio Albarracin reemplazando a un trabajador estable de la entidad,
siendo titular en el cargo antes señalado en la Sucursal “C” del Banco de la Nación de
esta ciudad, que pertenece a la División Soporte Regional X Sede Tacna, ostentando la
condición de TRABAJADOR NOMBRADO.
- Que, acumula un record de 7 años, 2 meses y 12 días, de forma continua e
ininterrumpida en la Sucursal “C” del Banco de la Nación de Tacna.
- Que, la actual remuneración básico mensual que viene percibiendo la accionante
asciende a la suma de S/. 2,455.00, en el cargo formal de PROMOTOR DE SERVICIOS
con la categoría de Técnico I, manifestando desde más de tres años a la fecha (es decir
desde el 04.09.2007) debió estar percibiendo la remuneración básica mensual
correspondiente a la de un Técnico III.
- Que ha tomado conocimiento que otros trabajadores de la entidad demandada, vienen
laborando en la actualidad ocupando el cargo de Recibidor-Pagador con la categoría de
Técnico III, le corresponde la suma de S/. 4,528.61; tomando como referencia la
remuneración básica mensual del trabajador de la entidad demandada Sr. Víctor Alberto
Rodríguez Ara; percibiendo el actor actualmente la suma de S/. 2,640.00, en el cargo de
“RECIBIDOR - PAGADOR” y categoría “TÉCNICO III”.
- Que, viene dejando de percibir la demandante desde el 04.09.2007, la suma de S/.
2,073.61, que tiene a su vez su incidencia en la percepción de beneficios laborales y
económicos colaterales que se calculan en función a la remuneración básica mensual,
pidiendo compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación
familiar, horas extras y otros.
- Exige que su derecho calificado como fundamental se materialice en el cumplimiento de
principios de igualdad y de no discriminación.
Contestación de la demanda (a fojas 770 a 782): Con fecha 02 de Agosto de 2013 la
parte demandada Banco de la Nación por su representante el Sr. Aldo Calle Rojas, contesta
la demanda con los siguientes argumentos:
- Que, se declare infundada la demanda en todos sus extremos.
- Que la demandante pretende que nuestra entidad la reconozca un mayor monto de
remuneración al que le corresponde categoría Técnico III, encubriendo su pretensión en
una de velación y homologación de remuneración, lo que se busca es un prematuro
ascenso sin pasar por las evaluaciones que corresponden.
- Que el actor incurre en error, al sostener que los trabajadores con similares
características a la suya perciben remuneraciones mayores, cuando dichas personas
ostentan mayores categorías por sus calificaciones profesionales, por su tiempo de
servicio y por su especialización.
- Sobre la relación laboral.- La accionante ingreso a laborar a la institución con un
contrato de trabajo sujeto a plazo determinado para cumplir funciones de PROMOTOR
DE SERVICIOS, con una remuneración aproximada de S/. 1,300.00 a partir del 06-03-
2006 y de manera sucesiva se renovó hasta el 24-03-2009.
- Posteriormente mediante Carta EF/92.2300 N° 0381-2009 de fecha 25/05/2009, por
disposición de la Gerencia General, reingresa a laborar bajo contrato a plazo
indeterminado, con categoría Técnico I en la Sucursal C Tacna. - Sobre la improcedencia de la homologación con el trabajador Víctor Alberto Rodríguez
Ara, la recurrente no puede homologar su remuneración con dicho servidor puesto que
no guarda características de similitud en cuanto a los años de servicios en la institución,
ni capacitaciones profesionales, así como tampoco especializaciones en cuanto a
funciones desempeñadas teniendo fecha diferente de antigüedad con la accionante. del
cual cumplió requisitos de ascensos establecidos por la institución habiendo sido
ascendido en 5 oportunidades siendo el último ascenso de fecha 12/02/1998
otorgándole la categoría de Técnico III.
- Que, la accionante con apenas 7 años y ocho meses de servicio como trabajador a
plazo indeterminado con categoría remunerativa quiere percibir los mismos beneficios
que su supuesto homólogo.
- Sobre la no afectación al principio de igualdad y no discriminación, que siguiendo los
lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional, se tiene que, lo que existe en el
presente caso es una diferenciación de remuneración que tiene fundamentos objetivos
razonables diferencia en función al tiempo de servicios, a la capacitación personal y la
especialización en el puesto, que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas
en las calificaciones exigidas para un empleo determinado, no serán consideradas como
discriminación así lo establece la OIT N° 111, por ende, no existe fundamento alguno
para que se ampare la pretensión. Que conforme al Memorándum EF/92.2331 N° 2252-
2009 al referido trabajador le corresponde la remuneración de la Categoría Técnico I,
cargo Recibidor – Pagador, puesto que ostenta una categoría inferior a un trabajador
con mayor antigüedad o mayores especializaciones, por lo tanto no resulta válida la
afirmación sobre la supuesta discriminación.
- Que, como establece el informe referido del trabajador le corresponde la remuneración
de Técnico I, puesto que al momento de adquirir la condición de trabajador a plazo
indeterminado contaba únicamente con estudios superiores incompletos de la carrera de
Administración de Empresas, circunstancia que no es mencionada por el demandante y
que resulta ser relevante en la determinación del monto de su remuneración.
- Sobre la regulación del otorgamiento de ascensos en el Banco de la Nación.- Que, los
ascensos y promociones se encuentran regulado por la Directiva BN – DIR – 2300 N°
040-03 del 24/06/2010: “Es el proceso técnico de personal mediante el cual, previa
evaluación, se autoriza el desplazamiento vertical en la estructura de categorías de un
trabajador contratado a plazo indeterminado, este desplazamiento puede significar un
cambio de cargo a una plaza vacante de un cargo a una plaza vacante de un cargo de
mas alto nivel de responsabilidad, de remuneración básica mayor y que demanda
mayores calificaciones, o pueden ser desplazados efectivo de categoría mas no de
cargo; y Promoción, es el proceso técnico de personal mediante el cual, se producen
incrementos en los niveles remunerativos dentro de la misma categoría como estimulo a
la labor del trabajador”. Por ende, el ascenso como la promoción, son procesos técnicos
que quieren de evaluaciones previas a efectos de verificar si el aspirante al
desplazamiento vertical de categoría o remuneración cumple con los requisitos exigidos
por la norma, pues lo que pretende la recurrente es un ascenso de Técnico I a Técnico
III sin pasar por los procesos de evaluación previa.
- En cuanto a las costas del proceso, que su representada se encuentra exonerada del
pago de costas y costos del proceso deviniendo en consecuencia en improcedente este
extremo de la demanda.
Actos Procesales: Se admitió la demanda (fojas 133 a 157), se llevó a cabo la Audiencia de
Conciliación (fojas 783 a 785) con asistencia de las partes, posteriormente se llevó a cabo la Audiencia de Juzgamiento (folios 1085 a 1088) y conforme a su estado, es el de expedir
sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
i. Excepción de Competencia.
Previo al análisis de fondo, corresponde emitir pronunciamiento sobre la excepción de
competencia propuesta por la Entidad demandada, entre los fundamentos, la
demandada alega, que el órgano jurisdiccional competente es el Juez del domicilio
principal del Banco de la Nación que se encuentra ubicado en la ciudad de Lima y
además, la División Soporte Regional X Tacna en la práctica ha sido desactivada, la
demandante no depende de la Sucursal C Tacna, sino de la Macro Región V Sede
Arequipa, en calidad de prueba señala que la demanda fue recepcionada por parte de la
Secretaría General, sección Trámite Documentario del Banco de la Nación en Lima el
09/05/2013.
i. Que, en cuanto a la excepción de competencia (incompetencia) por el territorio
deducida por la entidad emplazada; ésta debe declararse infundada, básicamente,
porque, si bien la entidad demandada ha logrado acreditar que la entidad demandada
tiene su Sede en la ciudad de Lima; el artículo 6 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo,
el cual le otorga al demandante la facultad de elegir, como lugar para interponer su
demanda, entre la ciudad donde se encuentra el domicilio principal del demandado
(Lima) o la ciudad del último lugar donde se prestaron los servicios (Tacna);
justamente es este último supuesto el que habilita a la accionante para presentar su
demanda en esta ciudad, toda vez que en ésta se ubica su último centro de trabajo; el
criterio adoptado en la ley procesal es válido, debido a que el domicilio principal del
empleador no siempre coincide con el domicilio donde viene prestando sus servicios el
trabajador.
Delimitación de la controversia.
1) La demandante peticiona en su demanda el reconocimiento de la CATEGORÍA DE
TÉCNICO III y de su correspondiente Remuneración Básica Mensual, en el cargo de
Recibidor-Pagador, en lugar de la Categoría de Técnico I, en el cargo de Recibidor-
Pagador, desde el 04.09.2007; como consecuencia de ello, se reintegre sus
remuneraciones y demás beneficios laborales.
2) La Entidad demandada, señala que el actor esta encubriendo su pretensión en una de
nivelación y homologación de remuneración, lo que se busca es un prematuro ascenso
sin pasar por las evaluaciones que corresponden. Frente a las posiciones de las partes,
entonces corresponde determinar si le corresponde a la recurrente el reconocimiento de
categoría de Técnico III y de su correspondiente Remuneración Básica Mensual en el
cargo de Recibidor-Pagador, en lugar de Técnico I en el mismo cargo y demás beneficios
laborales por las diferenciales que ha dejado de percibir desde el mes de Septiembre del
2007.
Record laboral del actor
3) La accionante afirma ingresado a laborar el 06.03.2006 con vínculo laboral vigente y
viene laborando de manera ininterrumpida, primigeniamente en el cargo de “Recibidor-
Pagador” sin categoría desde el 06.03.2006 hasta 24.09.2009, para finalmente tener la condición de trabajador nombrado, y ocupar el mismo cargo de Recibidor-Pagador pero
con la categoría de Técnico I desde el 24.09.2009 a la actualidad.
5.1 Que, el demandante para efectos de poder acreditar la titularidad del derecho invocado y
sostener que se ha vulnerado su derecho al Reconocimiento de Categoría y a percibir
una remuneración justa, y que se vulnera el derecho a la igualdad, éste ha presentado
una serie de documentos para corroborar los hechos anotados en la demanda, cuya
validez documentaria no ha sido cuestionada, siendo que por el Principio de Validez
Documentaria se tiene por válido todo documento, salvo acreditación contraria que
recaerá en la parte que alega su falsedad o nulidad.
Por lo tanto en aplicación del artículo 29 de la Ley N° 29497, sobre Presunciones Legales
derivadas de la conducta de las partes, por el cual el juez puede extraer conclusiones en
contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso, es así
que se determina que la demandante viene prestando sus servicios como Recibidor-
Pagador, que corresponde a la categoría de Técnico III en lugar de técnico I.
ii. Antes de analizar el tema de fondo, corresponde transcribir lo que dice el Tribunal
Constitucional sobre los principios constitucionales vinculados al derecho del trabajo, en el
Expediente N° 008-2005-PI/TC, en donde se desarrolla el marco Constitucional del Trabajo:
“c.3.) Los principios laborales constitucionales
1. 20. Denominase como tales a aquellas reglas rectoras que informan la
elaboración de las normas de carácter laboral, amén de servir de fuente de
inspiración directa o indirecta en la solución de conflictos, sea mediante la
interpretación, aplicación o integración normativas.
La relación laboral se caracteriza en sí misma por la desigualdad, lo que hace
que el empleador devenga en la parte “fuerte” e “imponente” y el trabajador en la
parte “débil” e “impotente”.
(...).
Para hacer frente a ello se afirman los principios protectores o de igualación
compensatoria, por el cual, reconociéndose la existencia asimétrica de la relación
laboral, se promueve por la vía constitucional y legal la búsqueda de un equilibrio
entre los sujetos de la misma. Al respecto, el artículo 26° de la Constitución
expresa una pluralidad de principios de dicha naturaleza; a saber:
c.3.1. Indubio pro operario
2. 21. Hace referencia a la traslación de la vieja regla del derecho romano indubio
pro reo. Nuestra Constitución exige la interpretación favorable al trabajador en
caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma, vale decir que se acredite
que a pesar de los aportes de las fuentes de interpretación, la norma deviene
indubitablemente en un contenido incierto e indeterminado.
(…)
El principio indubio pro operario será aplicable cuando exista un problema de
asignación de significado de los alcances y contenido de una norma. Ergo, nace
de un conflicto de interpretación, mas no de integración normativa. La noción de
“norma” abarca a la misma Constitución, los tratados, leyes, los reglamentos, los
convenios colectivos de trabajo, los contratos de trabajo, etc.
(…)
c.3.2.) La igualdad de oportunidades 3. 22. Hace referencia a la regla de no discriminación en materia laboral. En
puridad, plantea la plasmación de la isonomia en el trato previsto implícitamente
en el inciso 2) del artículo 2º de la Constitución; el cual específicamente hace
referencia a la igualdad ante la ley.
c.3.3.) Referencia a la regla de no discriminación en materia laboral
4. 23. Esta regla de igualdad asegura, en lo relativo a los derechos laborales, la
igualdad de oportunidades de acceso al empleo.
Tal como se ha precisado anteriormente, la isonomia entre las personas se
manifiesta en dos planos: La igualdad ante la ley y la igualdad de trato (en este
caso aplicable al ámbito de las actividades laborales).
La igualdad ante la ley obliga a que el Estado asuma una determinada conducta al
momento de legislar o de impartir justicia.
Al respecto, el artículo 103° de la Constitución compromete al Estado a no dictar
leyes por razón de las personas, sino por la naturaleza de las cosas. El artículo 22º
de la Ley Orgánica del Poder Judicial exige a dicho ente no apartarse de sus
precedentes judiciales, salvo que existan razones justificadas para ello; y el
artículo VII del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional, prescribe que el Tribunal
Constitucional sólo podrá apartarse de sus precedentes vinculantes cuando
exprese los fundamentos de hecho y derecho que sustenten la sentencia y las
razones del apartamiento del precedente jurisprudencial.
La igualdad de oportunidades –en estricto, igualdad de trato– obliga a que la
conducta ya sea del Estado o los particulares, en relación a las actividades
laborales, no genere una diferenciación no razonable y, por ende, arbitraria.
En ese sentido, la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al
trabajador en sus características innatas como ser humano (lo propio y privativo
de la especie), o cuando se vulnera la cláusula de no discriminación prevista por
la Constitución.
Miguel Rodríguez Piñeiro y Mejía Fernández López [Igualdad y discriminación.
Madrid, Tecnos, 1986, p. 47) exponen que para establecer si una conducta en
una empresa es discriminatoria o una diferenciación es razonable, es necesario
precisar cuándo dos situaciones reales son equiparables y cuándo sus similitudes
predominan sobre sus diferencias.
La discriminación en materia laboral, strictu sensu, se acredita por los dos tipos
de acciones siguientes:
Por accaón directa: la conducta del empleador forja una distinción basada en una
razón inconstitucional. En esta hipótesis, la intervención y el efecto perseguibles se
fundamentan en un juicio y una decisión carente de razonabilidad y
proporcionalidad.
Tal el caso de la negación de acceso al empleo derivada de la opción política o
sexual del postulante, por la concesión de mayores beneficios a unos trabajadores
sobre otros, por su mera condición de no afiliados a una organización sindical, el
despido por el solo hecho del ejercicio de las actividades sindicales, etc.
Por acción indirecta: la conducta del empleador forja una distinción basada en
una discrecionalidad antojadiza y veleidosa revestida con la apariencia de “lo
constitucional”, cuya intención y efecto perseguible, empero, son intrínsecamente
discriminatorios para uno o más trabajadores. Tal el caso, por ejemplo, de las reglas de evaluación laboral sobre la base de
exigencia de conocimientos no vinculados con la actividad laboral del o los
trabajadores.
Dichas acciones, proscritas por la Constitución, pueden darse en las condiciones o
circunstancias siguientes:
Acto de diferenciación arbitraria al momento de postular a un empleo.
Acto de diferenciación arbitraria durante la relación laboral (formación y
capacitación laboral, promociones, otorgamiento de beneficios, etc.).
Mediante la Ley N.º 26772, modificada por la Ley N.º 27270, se regulan los actos
de discriminación, tanto en el acceso al empleo como en el trato dentro de una
relación laboral.
En ese contexto, se proscribe la utilización de criterios de selección que carezcan
de una justificación objetiva y razonable; la adhesión a criterios de selección
simultáneamente distintos, cuando las situaciones de postulación son idénticas;
amén de tratos diferenciados basado en motivos de raza, sexo, religión, opinión,
origen social, etc.
c.3.4.) La irrenunciabilidad de derechos
5. 24. Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los
derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. Al respecto, es
preciso considerar que también tienen la condición de irrenunciables los derechos
reconocidos por los tratados de Derechos Humanos, toda vez que estos constituyen
el estándar mínimo de derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus
ciudadanos [Remotti Carbonell, José Carlos: La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Estructura, funcionamiento y jurisprudencia, Barcelona,
Instituto Europeo de Derecho, 2003, p. 18].
En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo V del Título
Preliminar del Código Civil, la renuncia a dichos derechos sería nula y sin efecto
legal alguno.
Así, conforme se desprende de lo previsto en el inciso 2) del artículo 26.º de la
Constitución, la irrenunciabilidad sólo alcanza a aquellos “(...) derechos
reconocidos por la Constitución y la ley”.
No cubre, pues, a aquellos provenientes de la convención colectiva de trabajo o la
costumbre.
(…)
Ante este tipo de modalidad normativa, el trabajador puede libremente decidir
sobre la conveniencia, o no, de ejercitar total o parcialmente un derecho de
naturaleza individual.
(…)
Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha señalado que se debe considerar el principio a
igual trabajo igual remuneración en la Sentencia EXP. N.° 04922-2007-PA/TC, en los seguidos
por SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE SUNAT/SUPERINTENDENCIA
NACIONAL ADJUNTA DE ADUANAS, en dicho proceso los trabajadores de Aduanas Percibían
una remuneración inferior a los trabajadores de Superintendencia Nacional Tributaria pese a
estar fusionados se mantenía una diferencia remunerativa en dicho caso el Tribunal dispuso la
homologación. Para lo cual se pasa a transcribir la sentencia la parte pertinente. (…)
6. Sobre el particular este Colegiado ha precisado[1] que:
“la discriminación en materia laboral aparece cuando se afecta al
trabajador en sus características innatas como ser humano (lo propio y
privativo de la especie), o cuando se vulnera la cláusula de no
discriminación prevista por la Constitución.
Asimismo la discriminación en materia laboral, strictu sensu, se acredita
por los dos tipos de acciones siguientes: 1) acción directa: cuando la
conducta del empleador forja una distinción basada en una razón
inconstitucional. En esta hipótesis, la intervención y el efecto perseguibles
se fundamentan en un juicio y una decisión carente de razonabilidad y
proporcionalidad;. y 2) por acción indirecta: cuando la conducta del
empleador forja una distinción basada en una discrecionalidad antojadiza y
veleidosa revestida con la apariencia de “lo constitucional”, cuya intención
y efecto perseguible, empero, son intrínsecamente discriminatorios para uno
o más trabajadores.”
Por tanto dichas acciones proscritas por la Constitución pueden darse en
las condiciones o circunstancias siguientes:
- Acto de diferenciación arbitraria al momento de postular a un empleo.
- Acto de diferenciación arbitraria durante la relación laboral
(formación y capacitación laboral, promociones, otorgamiento de
beneficios, etc.).
7. En ese orden de ideas este Colegiado considera pertinente analizar la
homologación de remuneraciones de los ex - trabajadores de Aduanas, con los
servidores que laboran en SUNAT. El Decreto Supremo Nº 061-2002-PCM de
fecha 11 de julio de 2002, dispuso la fusión por absorción de la
Superintendencia Nacional de Aduana – SUNAD y la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, correspondiendo a SUNAT la
calidad de incorporante y a ADUANAS la calidad de incorporada. Dicho
proceso comprendió la transferencia de recursos, personal, acervo
documentario y materiales a SUNAT, conforme fluye del artículo 1º y 2º del
citado decretó. Asimismo se señalo que el proceso de fusión concluirá en un
plazo no mayor de 120 días calendarios. En virtud de dicho dispositivo los
trabajadores de SUNAD pasaron a depender y pertenecer laboralmente de
SUNAT.
8. En efecto se puede extraer que el sentido del Decreto Supremo N.º 095-2002-
EF es nivelar a los ex – servidores de SUNAD, con sus homólogos de SUNAT.
Siendo pertinente iniciar tal homologación con los altos cargos de la alta
dirección de Aduanas, y posteriormente nivelar los demás cargos, en tanto
concluya la encargatura de estudiar y elaborar un nuevo Sistema de
remuneraciones de los servidores del Estado, tal como se estableció en el
quinto considerando del referido Decreto Supremo, que expresamente señala:
“(...) es conveniente realizar una adecuación progresiva de las remuneraciones
percibidas por los servidores de la Superintendencia Nacional de Aduanas con
sus homólogos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria,
siendo pertinente iniciar tal acción con los cargos de la Alta Dirección de
Aduanas, en tanto concluya el encargo asignado a la Comisión Multisectorial
de Alto Nivel constituida mediante Decreto Supremo N.º 125-2001-PCM, que
se encargara de estudiar, elaborar y proponer un régimen de la carrera administrativa, así como un nuevo Sistema de Remuneraciones de los
servidores del Estado.”
9. En el presente caso para poder acreditar la titularidad del derecho invocado y
sostener que se ha vulnerado su derecho a percibir una remuneración justa, y
que se vulnera el derecho a la igualdad, los demandantes han presentado una
serie de documentos, siendo los más importantes los siguientes:
- A fojas 284 obra la boleta de pago del demandante Castillo
Gonzáles, observándose que este ostenta el cargo de Técnico I
percibiendo un ingreso de S/. 1,899.69 Mil ochocientos noventa y
nueve nuevos soles con sesenta y nueve céntimos; sin embargo en la
estructura salarial del cuarto trimestre 2007 de la SUNAT [2], la
categoría de Técnico tiene un promedio de S/. 2,209.00 Dos mil
doscientos nueve nuevos soles.
- A fojas 287, obra la boleta de pago de uno de los demandantes de la
Ex Aduanas, observándose que el cargo profesional que ostenta es de
Especialista de Aduanas I, cuyo ingreso mensual asciende la suma de
S/.7,724.48 Siete mil setecientos veinticuatro nuevos soles con
cuarenta y ocho céntimos. Sin embargo, a fojas 288 obra la
declaración jurada de una trabajadora de la SUNAT cuyo ingreso
mensual es de S/. 8,704.00 Ocho mil setecientos cuatro nuevo soles.
Asimismo para acreditar el cargo, se presentó los datos personales
que obra a fojas 296, cuya categoría asignada es la Profesional
Especialista.
10. De manera que el personal de la ex – Superintendencia Nacional Adjunta de
Aduanas, que se encuentra en igual nivel y categoría que el personal que
trabaja en SUNAT, reciben una remuneración mucho menor no obstante tener
el mismo nivel y pertenecer a una misma institución SUNAT.
11. También se extrae que desde la fecha de expedición del Decreto Supremo N.º
095-2002-EF, solo se ha homologado las remuneraciones del personal de la
alta dirección de la Ex - SUNAD, es decir han transcurrido más de 5 años sin
que la SUNAT realice la respectiva homologación a los ex - trabajadores de
SUNAD. Ello significa que no se ha contemplado una justificación objetiva y
razonable para el tratamiento diferenciado en cuestiones remunerativas entre
el personal que labora en la misma entidad emplazada, no obstante tratarse de
una misma institución. Por consiguiente dicha omisión de la demandada al no
homologar las remuneraciones resulta ser discriminatoria e irrazonable. Por
tanto se colige que en el presente caso se vulnera el derecho a la igualdad de
los demandantes para percibir una remuneración por igual labor y por igual
categoría que la que perciben los trabajadores originarios de le entidad
emplazada.
iii. En efecto, por disposición expresa del Artículo IV del Titulo Preliminar de la Ley Nº 29497
que expresamente dispone "Articulo IV.- Interpretación y aplicación de las normas en la
resolución de los conflictos de la justicia laboral.- Los jueces laborales, bajo
responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados
internacionales de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica,
incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales,
así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia de la República.", es decir obliga necesariamente tener presente los principios laborales que bien los ha desarrollado el Tribunal Constitucional con los que se
llega a la siguientes conclusiones aplicables en el presente caso:
a. El Trabajo es un derecho fundamental.
b. En el trabajo se debe respectar el principio de irrenunciabilidad de derechos.
c. No se puede establecer diferencias arbitrarias en la relación laboral porque vulneran el
principio no discriminación.
d. Se debe respectar el principio de igual trabajo igual remuneración.
iv. De los argumentos expuestos por la demandada que pasamos a resumir:
a. Que, lo que pretende la demandante es que la demandada le reconozca un mayor
monto de remuneración a pesar de encontrarse percibiendo correctamente la
remuneración que corresponde a su categoría de Técnico I.
b. Que, encubriendo su pretensión en una nivelación y homologación lo que pretende el
actor es un prematuro ascenso sin pasar por las evaluaciones que corresponden.
c. Que el actor incurre en error al sostener que trabajadores con similares características
a la suya perciben remuneraciones mayores, cuando éstos ostentan mayores
categorías.
d. Que, posteriormente mediante Carta EF/92.2300 N° 0381-2009 de fecha 25/05/2009,
por disposición de la Gerencia General, reingresa a laborar bajo contrato a plazo
indeterminado, con categoría Técnico I en la Sucursal C Tacna.
e. Que la homologación con el trabajador Víctor Alberto Rodríguez Ara es improcedente
porque no guarda similitud en cuanto a los años de servicios en la Institución, ni
capacitaciones profesionales y especializaciones adecuadas.
f. Que lo que pretende la actora es un ascenso de Técnico III a Profesional III sin pasar
por los procesos técnicos de evaluación previa.
g. Que su representada se encuentra exonerado del pago de costas y costos del
proceso.
v. De los actuados se tiene que la demandante es de profesión Administrador de Empresas,
según título profesional de fecha 25.11.2004 (fojas 68); desde el 25 de mayo del 2009 viene
ocupando el cargo de Promotor de Servicios, conforme da cuenta el Correo EF/92.3510 Nº
2571-2007 de fecha 27.10.2010, cuya copia corre en autos a fojas 97, en el que el jefe de
departamento de red de agencias Emilio rojas, comunica que se ha dispuesto la ampliación
de encargo de puesto de la demandante a Recibidor Pagador, que detalladamente mediante
Memorándum EF/92.3510 Nº2671-2007 (fojas 97) de fecha 27.12.2007 comunica a la
demandante, su traslado con encargo de funciones del cargo de Promotor de Servicios a
Recibidor-Pagador, “sin categoría”; posteriormente, mediante documento denominado
Acción de Desplazamiento EF/92.2331 N°631-2011-RH (foja 73) de fecha 14/09/2009, se le
asigna el cargo de recibido pagador, conforme a las boletas de pago exhibidas (fojas 690 a
715), figura como técnico 1; cuando debió estar considerada como técnico III; debido que
para acceder a ello cumple con los requisitos, siendo que también la demandante es de
profesión administrador de empresas; todo lo cual, permite concluir, que a la demandante le
asiste el derecho de ser reconocida como Técnico III, en atención a las principios laborales
invocados precedentemente.
Con relación a la pretensión de Reintegro de remuneraciones y demás beneficios
laborales. vi. La demandante señala que la actual remuneración básico mensual que viene percibiendo
asciende a la suma de S/. 2,455.00, que corresponde a la categoría remunerativa de Técnico
I, en el cargo de Promotor de Servicios, cuando debería percibir como la categoría de
Técnico 1, la suma de S/. 4,528.61. De los actuados, se tiene de las boleta de pago
exhibidas por el representante de la Entidad demandada en el acto de la audiencia de
juzgamiento que corren a fojas 1085 a 1088, correspondientes a la demandante, en la última
boleta de pagos del mes Abril 2013 (fojas 695) la demandante percibe como
REM.ORD.MENS: (…), remuneración Básica de S/. 2,455.00 y en total S/. 2,589.06, con
Categoría Técnico I, cargo: con el cargo de |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE NRO. 01212-2013-82-2301-JR-LA-01
EXPEDIENTE No. : 01212-2013-82-2301-JR-LA-01
DEMANDANTE : TATYANA DYERCKA ZEVALLOS CANCINOS
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
AUTO DE VISTA
Resolución Nro. 06
Tacna, catorce de Mayo
De dos mil dieciocho.-
VISTOS: El cuaderno de apelación derivado del Proceso Laboral seguido
por Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos en contra del Banco de la Nación.
Interviene como ponente el Señor Juez Superior Flores Alanoca.
Objeto del recurso
Es materia de revisión la resolución número cuarenta de fecha dieciocho de
abril de dos mil diecisiete1 que resuelve: 1) Declarar IMPROCEDENTE la
petición de la parte demandante que se realice informe pericial respecto del
periodo que va del 01 de diciembre de 2014 a febrero de 2017 (mediante
escrito de fojas 1577/1579, Tomo IV). Decisión recurrida por la parte
demandante.
CONSIDERANDO
Primero.- Pretensión impugnatoria
Conforme se desprende del escrito de fecha veinticuatro de abril de dos mil
diecisiete2 la parte demandante, interpone apelación en contra de la
resolución antes descrita, sosteniendo: a) Que en ejecución de sentencia, se
expidió el requerimiento para que la entidad demandada de estricto
cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de vista a través de la resolución
Nro. 11 en la que el Aquo dispuso entre otros extremos que se le reconozca
a la recurrente en el cargo de recibidor-pagador con la categoría de técnico
1 Folios 525-528.
2 Folios 532-540.
Página 1 de 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE NRO. 01212-2013-82-2301-JR-LA-01
III a partir del 04.09.2007, únicamente durante el tiempo de la encargatura y
para fines estrictamente remunerativos. Asimismo, se ordenó reintegrar las
remuneraciones y demás beneficios laborales-económicos que le
corresponda a la accionante por las diferenciales que ha dejado de percibir
en el cargo y categoría desde el 04.09.2017 y durante todo el tiempo de la
encargatura. b) Que si bien es cierto, en ejecución de sentencia, la entidad
demandada ha liquidado lo ordenado en la sentencia recaída en autos desde
el 04.09.2007 a Noviembre de 2014, ello no quiere decir que en la sentencia
que tiene calidad de cosa juzgada se haya determinado un parámetro o
limitación temporal para la liquidación de lo ordenado en la sentencia,
prueba de ello, es que en la sentencia de vista en la parte resolutiva
solamente se hace mención que se deben reintegrar las remuneraciones y
demás beneficios económicos laborales desde el 04.09.2007, precisando
que debe hacerse durante todo el tiempo de la encargatura. c) en ningún
extremo de la sentencia se señala que desde el 04.09.2007 a 30.11.2014 se
deberá reconocer el cargo y categoría a la recurrente y ordenar el pago de
los reintegro materia de Litis.
Segundo.- Del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales
como derecho fundamental.-
Tal como lo dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
“Toda persona y autoridad está obligada a acatar y a dar cumplimiento a las
decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad
judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido
o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo
responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. (…)”; en
efecto, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, en su
condición de derecho fundamental, tiene un reconocimiento formal en el
artículo 139 inciso 2 de la Constitución Política del Estado, cuyo tenor señala
que: “ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones que han
pasado en autoridad de cosa juzgada (…) ni retardar su ejecución”; derecho
que también goza de reconocimiento a nivel interamericano, pues el artículo
25 inciso 2 numeral c) de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos establece con claridad que los Estados partes tienen la obligación
de “garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda
decisión en que se haya estimado procedente el recurso”, lo que se traduce
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en que el fin será la protección efectiva los derechos declarados y
reconocidos. Así también lo entiende el Tribunal Constitucional, quien al
interpretar el contenido de este derecho ha señalado, en la sentencia
recaída en el Expediente Nº 02813-2007-PA/TC, que la finalidad de este
derecho consiste en: “que las sentencias y resoluciones judiciales no se
conviertan en simples declaraciones de intención sin efectividad alguna. Ello
obedece a que el ideal de justicia material consustancial al Estado
Democrático y Social de Derecho que emerge de los principios, valores y
derechos constitucionales, requiere una concreción, no solo con el
pronunciamiento judicial que declara o constituye el derecho o impone la
condena, sino mediante su efectivización o realización material”; por lo que,
el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales supondrá la
posibilidad de que la tutela ofrecida por el juez constitucional opere
generando consecuencias fácticas en el ámbito de los derechos
fundamentales de toda persona.
Tercero.- Caso de autos
3.1.- De la revisión de autos se desprende que, el presente proceso laboral
se encuentra en ejecución, habiéndose dictado sentencia de vista3 que
resuelve declarar fundada en parte la demanda interpuesta por Tatyana
Dyercka Zeballos Cancinos en contra del Banco de la Nación sobre
reconocimiento de categoría y reintegro de remuneraciones y demás
beneficios económicos laborales, en consecuencia, dispusieron que la
demandada reconozca a la demandante el cargo de recibidor-pagador y la
categoría de Técnico III a partir del cuatro de setiembre del año dos mil
siete, únicamente durante el tiempo de la encargatura y para fines
estrictamente remunerativos. Mandaron a reintegrar las remuneraciones y
demás beneficios económicos laborales (compensación por tiempo de
servicios, gratificaciones, vacaciones, asignación familiar, horas extras y
otros que percibiera la demandante, calculados en función de la
remuneración básica mensual) que le corresponde a Tatyana Dyercka
Zevallos Cancinos por las diferenciales que ha dejado percibir como
recibidor-pagador en la categoría de Técnico III desde el cuatro de
setiembre del años dos mil siete y durante todo el tiempo de la
3 108 a 120
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encargatura. Declararon improcedente la misma demanda sobre
recategorización, confirmaron la sentencia en los extremos que declara
fundadas las pretensiones de intereses laborales y costos del proceso.
Integraron la sentencia declarándose infundada la excepción de
incompetencia propuesta por la entidad demandada.
3.2 Que por escrito de fecha diez de marzo de dos mil diecisiete4 la parte
demandante solicita que el perito verificador del juzgado practique el informe
pericial contable para que se liquide el nuevo periodo del reintegro de
remuneraciones y demás beneficios económicos comprendido del
01.12.2014 a febrero 2017 de acuerdo a lo ordenado en la sentencia de
autos con autoridad de cosa juzgada, procediendo, posteriormente, la
señora Jueza, a emitir la resolución numero cuarenta (materia de grado) que
declara improcedente su petición.
3.3.- Del análisis de la resolución apelada se advierte que la razón
fundamental por la cual la señora jueza de la causa declara improcedente la
petición de practicar nueva liquidación pericial por el periodo 01.12.2014 a
02.2017 formulado de la parte demandante es porque si bien la sentencia
indica que los reintegros de remuneraciones y demás beneficios económicos
laborales deben efectuarse por todo el tiempo de la encargatura, no
obstante ello, lo cierto es también que la misma sentencia ha fijado un
parámetro de tiempo claramente definido, indicando textualmente “… desde
el cuatro de setiembre de dos mil siete”, de modo tal que no estando dentro
de ese parámetro de tiempo lo solicitado, concluye que deviene en
improcedente lo solicitado por la demandante.
3.4.- La parte demandante apela la resolución venida en grado de apelación,
señalando que la sentencia no ha determinado un parámetro temporal de
liquidación.
3.5.- Absolviendo el grado, se tiene que la sentencia de vista reconoce que
la demandante ocupaba el cargo de Técnico III por lo que dispone el
reintegro de remuneración y demás beneficios, precisando que ello no
significa recagetorización5 , es por tal que dispone que se le reconozca a
4 Folios 470-472
5 Folios. 118
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la demandante el cargo de recibidor – pagador (categoría Técnico III) a
partir del 04.09.2007 únicamente durante tiempo de la encargatura y
para fines estrictamente remunerativos. Seguidamente, en ejecución, la
demandante solicita su liquidación6 de remuneración y beneficios sociales
señalando que viene desempeñando la categoría Técnico III del periodo
04.09.2007 a 30.11.2014, informe pericial que es calculado y aprobado
mediante resolución número 197. Posteriormente, la demandante solicita una
nueva liquidación del periodo del 01.12.2014 a 02.2017 en virtud que
continua laborando como recibidor-pagador adjuntando sus boletas de pago
de los meses de diciembre 2014 a febrero 20178. Sobre el particular, se
debe indicar que la sentencia al disponer el pago como recibidor –pagador
(Técnico III) desde el 04 de Setiembre de 2007 y durante todo el tiempo de
la encargatura, se refiere al tiempo que dure la encargatura de los hechos
que han sido materia de probanza y contradictorio en el proceso, pues
téngase presente que inicialmente la demandante tuvo que probar que se
encontraba desempeñando labores de recibidor-pagador, hecho que fue
negado por la demandada (señaló que ocupa un cargo similar de promotor
de servicios, categoría Técnico I9), lo cual mediante sentencia se determinó
que efectivamente tenía la encargatura de recibidor –pagador (Técnico III) y
se dispuso el reintegro de remuneraciones y demás beneficios sociales. En
tal sentido, la solicitud de efectuar una nueva liquidación del periodo
01.12.2014 a 02.2017, constituye un periodo que no fue materia de análisis
en la sentencia dictada en autos, dado que las boletas de los meses de
diciembre 2014 a febrero 20187 han sido recientemente adjuntadas.
3.6 Por ultimo, se precisa que lo resuelto por el Aquo no vulnera la cosa
juzgada, en la medida que no se ha modificado ni alterado los términos de la
sentencia, pues se ha ordenado pagar el reintegro de remuneraciones en
base a la encargatura que ostentaba, mas no se reconoce la
recategorización. Razones por las cuales no corresponde amparar la
pretensión impugnatoria.
6 Folios 271
7 Folios 328
8 Folios 443-469
9 Folios 42
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Por tanto, al amparo de las normas acotadas y en mérito de las
consideraciones que anteceden:
CONFIRMARON la resolución número cuarenta de fecha dieciocho de abril
de dos mil diecisiete10 que resuelve: 1) Declarar IMPROCEDENTE la
petición de la parte demandante que se realice informe pericial respecto del
periodo que va del 01 de diciembre de 2014 a febrero de 2017 (mediante
escrito de fojas 1577/1579, Tomo IV). Remítase copias certificadas de la
presente resolución al Juzgado de origen, conforme lo establecido en el
artículo 383° del Código Procesal Civil y una vez quede consentida
archívese. Tómese razón y hágase saber.-
S.S.
GORDILLO COSSIO
FLORES ALANOCA
VICENTE AGUILAR
10 Folios 525-528.
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EXPEDIENTE No. : 01212-2013-89-02301-JR-LA-01
DEMANDANTE : TATYANA DYERCKA ZEVALLOS CANCINO
DEMANDADO : BANCO DE LA NACIÓN
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS
AUTO DE VISTA
RESOLUCIÓN NRO. 04
Tacna, cuatro de diciembre
De dos mil diecisiete.-
VISTOS: El cuaderno de apelación derivado del Proceso Laboral seguido
por Tayana Dyercka Zevallos Cancino contra el Banco de la Nación.
Interviene como ponente el Señor Juez Superior Flores Alanoca.
Objeto del recurso
Es materia de revisión la resolución número treinta y nueve de fecha
dieciocho de abril de dos mil diecisiete1 que resuelve: 1) Declarar FUNDADA
la observación de la parte demandante en relación a los descuentos de
impuesto a la renta de 5ta. Categoría, aporte al Fondo de Pensiones,
Comisión de Integra y Prima Seguro que asciende a la suma global de S/. 74
465.52 (setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco con 42/100 soles),
respecto del monto total ordenado a pagar en este proceso judicial con
autoridad de cosa juzgada; y, 2) ORDENAR que la parte demandada,
BANCO DE LA NACIÓN, cumpla con el pago de S/. 74 465.52 (setenta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco con 42/100 soles) a favor de la parte
demandante, TATYANA DYRECKA ZEVALLOS CANCINOS, en el plazo de
quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de imponerle la multa de cinco
(05) unidades de referencia procesal, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución. Decisión recurrida por la parte
demandada.
CONSIDERANDO
Primero.- Pretensión impugnatoria
1 Folios 520 a 524.
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Conforme se desprende del escrito de fecha veinticinco de abril de dos mil
diecisiete2 la parte demandada, Banco de la Nación, interpone apelación en
contra de la resolución antes descrita, sosteniendo: a) Que el requerimiento
efectuado por el juzgado resulta improcedente en razón que contradice la
normatividad legal vigente y lo señalado en la sentencia ejecutoriada, que
establece claramente que los reintegros otorgados corresponde al pago de
beneficios sociales, por tanto se encuentra sujeto al pago del impuesto a la
renta de la quinta categoría establecida en el artículo 34 literal a) del Texto
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobada por Decreto
Supremo N° 179-2004-EF; b) Que el Poder Judicial no se encuentra
facultado para resolver aspectos referidos a cargas laborales – descuentos
de ley, conforme al acuerdo adoptado en el Pleno Jurisdiccional Laboral de
1999; que al respecto existen pronunciamiento de juzgados laborales en
casos similares en este sentido.
Segundo.- Marco Normativo respecto al caso en concreto
Doctrina jurisprudencial vinculante
2.1.- Al respecto, es preciso señalar que el Tribunal Constitucional en la STC
N° 03741-2004-AA/TC ha establecido que: “… la incorporación del
precedente constitucional vinculante, en los términos en que precisa el
Código Procesal Constitucional, genera por otro lado, la necesidad de
distinguirlo de la jurisprudencia que emite este Tribunal. Las sentencias del
Tribunal Constitucional, dado que constituyen la interpretación de la
Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen
como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado.
Asimismo, conforme lo establece el artículo VI del Código Procesal
Constitucional y la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, N.° 28301, los jueces y tribunales interpretan y
aplican las leyes y reglamentos conforme a las disposiciones de la
Constitución y a la interpretación que de ellas realice el Tribunal
Constitucional a través de su jurisprudencia en todo tipo de procesos.
La jurisprudencia constituye, por tanto, la doctrina que desarrolla el
Tribunal en los distintos ámbitos del derecho, a consecuencia de su
2 Folios 534 a 541.
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labor frente a cada caso que va resolviendo. Por otro lado, con objeto de
conferir mayor predecibilidad a la justicia constitucional, el legislador del
Código Procesal Constitucional también ha introducido la técnica del
precedente, en su artículo VII del título preliminar, al establecer que "Las
sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa
juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la
Sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo (...)". De este
modo, si bien tanto la jurisprudencia como el precedente constitucional
tienen en común la característica de su efecto vinculante, en el sentido de
que ninguna autoridad, funcionario o particular puede resistirse a su
cumplimiento obligatorio, el Tribunal, a través del precedente constitucional,
ejerce un poder normativo general, extrayendo una norma a partir de un
caso concreto." De esta forma, queda claro que la doctrina jurisprudencial,
reconocida en el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional, supone una práctica jurisprudencial que vincula, como es
evidente a todos los jueces. Debiendo siempre estarse a la última tendencia
de doctrina jurisprudencial, pues, aunque puedan existir criterios
discordantes por un criterio elemental de temporalidad debe prevaler el más
reciente y porque con ello también se fortalecerá la predictibilidad de la
decisiones.
Tercero.- Etapa de ejecución de sentencia en relación a las retenciones
por los aportes previsionales y pago de impuestos según último
criterio del Tribunal Constitucional.
3.1.- Si bien el Tribunal Constitucional en sentencias anteriores ha
establecido la doctrina jurisprudencial que no es posible efectuar retenciones
por los aportes previsionales ni pago de impuestos sobre las sumas
ordenadas pagar a los trabajadores en la etapa de ejecución de un proceso
laboral si es que tal descuento no está ordenado (así, por ejemplo:
Expediente N° 1538-2010-PA/TC, Exp. N° 0818-2000-AA /TC, entre otros) y
ésta doctrina fue atendida por este Tribunal Superior en casos precedentes,
no obstante ello, lo cierto es también que ahora el Tribunal Constitucional ha
variado de criterio a través del Exp. N° 02183-2012-PA/TC3, con el voto
3 https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/02183-2012-AA.pdf.
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singular de la magistrada Ledesma Narváez y los votos de los magistrados
Urviola Hani y Espinoza – Saldaña Barrera.
3.2.- Así, tenemos que se establece que: “… en el presente caso, el asunto
litigioso radica en determinar si corresponde deducir del pago de lo ordenado
en el proceso laboral subyacente, el impuesto a la renta y las aportaciones a
la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) legalmente establecidas.
2. Al respecto, debemos considerar que el impuesto a la renta de quinta
categoría, conforme a lo establecido en el artículo 34 del Decreto Legislativo
774, Ley del Impuesto a la Renta, grava todo ingreso proveniente del trabajo
personal en relación de dependencia; y, conforme al artículo 75 de la citada
ley, es obligación del empleador, en tanto agente de retención, deducir el
impuesto y depositarlo al fisco. El incumplimiento de esto último genera
infracción tributaria, según el artículo 177, inciso 13, del Texto único
Ordenado (T.U.O). del Código Tributario. Es decir, la retención de quinta
categoría es de imperativo cumplimiento. 3. Del mismo modo, de acuerdo
con el artículo 34 del T.U.O. de la Ley del Sistema Privado de Administración
de Fondos de Pensiones, los aportes correspondientes a la A.FP deben ser
retenidos y pagados por el empleador a la AFP en la que se encuentre
'filiado el trabajador. 4. Por tanto, el hecho que las instancias judiciales del
proceso subyacente hayan omitido, en la sentencia laboral, pronunciarse en
relación a los descuentos antes mencionados, no enerva la obligatoriedad
del cumplimiento de tales deberes, tanto para el trabajador como para la
empleadora Seda Chimbote S.A. Por tal razón, en mi opinión, la Resolución
4, del 18 de mayo de 2011, expedida por los jueces superiores emplazados,
en etapa de ejecución, y que da por válido los descuentos tributarios y
previsionales precitados realizados por el empleador, no ha vulnerado los
derechos a la cosa juzgada ni a la debida motivación del demandante.” (Voto
de la señora magistrada Ledesma Narváez). También se determina que: “…
2. En tal sentido, el que ambas instancias judiciales del proceso laboral
subyacente hayan obviado las referidas retenciones, no enerva la
obligatoriedad del cumplimiento de tales deberes tanto para el actor
(sustantivos, por cuanto es quien va a asumir la carga económica de tales
erogaciones) como para Sedachimbote S.A. (formales, en tanto es quien va
a colaborar en el proceso de recaudación de tales conceptos de carácter
tributario y no tributario). 3. Por consiguiente, no existe afectación de la tutela
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procesal efectiva, el debido proceso y la cosa juzgada.” (Voto del señor
magistrado Urviola Hani).
3.3.- Por tanto, en base a esta última doctrina jurisprudencial en adelante los
empleadores pueden retener del monto ordenado a pagar judicialmente a
favor del trabajador las sumas correspondientes a los descuentos legales
por concepto de impuesto a la renta y aportaciones previsionales, no
obstante no ser parte del mandato de pago, dado que ello no enerva la
obligatoriedad del cumplimiento de tales deberes, tanto para el trabajador
como para el empleador. Bajo este planteamiento esbozado por el Máximo
Intérprete de la Constitución, se entiende que no es posible predicar la
vulneración de los derechos a la cosa juzgada y a la debida motivación, pues
el empleador no se los apropia, sino que los deriva a la autoridad tributaria y
a las entidades previsionales correspondientes. Siendo esto así, este
Tribunal Superior conviene en variar de criterio en relación al tema en
cuestión, sirviendo de sustento todo lo antes expuesto y en aplicación
extensiva del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, tanto más si la aplicación del derecho no estática, sino,
dinámica.
Cuarto.- Caso de autos
4.1.- De la revisión de autos se desprende que, el presente proceso laboral
se encuentra en ejecución de sentencia, habiéndose ordenado pagar el
monto líquido de S/. 252 736.81 (doscientos cincuenta y dos mil setecientos
treinta y seis con 81/100 soles) en virtud a la resolución número veinte de
fecha seis de abril de dos mil dieciséis4. Que por escrito de fecha dos de
mayo de dos mil dieciséis5 la parte demandada informa al juzgado que
cumple el mandato, adjuntando la Liquidación de Devengados por Mandato
Judicial del Mes de Mayo de 20166 donde aparece que se hace el descuento
por renta de quinta categoría S/. 50,812.83 y por aporte de pensiones (AFP
Integra) S/. 23,652.69 y, así también, acompaña la constancia de depósito
judicial N° 2016015102301 por S/. 159,663.577, procediendo posteriormente
4 Folios 333 a 334.
5 Folios 350 a 351.
6 Folios 348.
7 Folios 349.
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el señor Juez, frente a la observación de la parte demandante8, a emitir la
resolución materia de grado.
4.2.- Del análisis de la resolución apelada se advierte que la razón
fundamental por la cual el señor Juez de la causa declara fundada la
observación de la parte demandante sobre el pago de la suma íntegra
dispuesta en la resolución número veinte y requiere a la parte demandada
para que cumpla con el pago restante de S/. 74 465.52 que debe efectuar a
favor de la demandante es porque el presente proceso se encuentra en
ejecución de sentencia. Sin embargo, atendiendo a la última doctrina
jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional sobre la cuestión
materia de pronunciamiento, se debe proceder a la revocatoria de la
resolución apelada, por cuanto, como ya se tiene indicado, con los
descuentos hechos por la parte demandada no se vulnera la cosa juzgada,
en la medida que el empleador no se apropia de ellos, sino que los deriva a
la autoridad tributaria y a la entidad previsional correspondiente, y, así
también, porque existe imperativos legales que no pueden ser desatendidos
ni por el trabajador ni por el empleador, variando así de criterio este
Colegiado en atención a lo antes expuesto. Razones por las cuales
corresponde amparar la pretensión impugnatoria.
Por tanto, al amparo de las normas acotadas y en mérito de las
consideraciones que anteceden:
REVOCARON la resolución número treinta y nueve de fecha dieciocho de
abril de dos mil diecisiete que resuelve: 1) Declarar FUNDADA la
observación de la parte demandante en relación a los descuentos de
impuesto a la renta de 5ta. Categoría, aporte al Fondo de Pensiones,
Comisión de Integra y Prima Seguro que asciende a la suma global de S/. 74
465.52 (setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco con 42/100 soles),
respecto del monto total ordenado a pagar en este proceso judicial con
autoridad de cosa juzgada; y, 2) ORDENAR que la parte demandada,
BANCO DE LA NACIÓN, cumpla con el pago de S/. 74 465.52 (setenta y
cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco con 42/100 soles) a favor de la parte
demandante, TATYANA DYRECKA ZEVALLOS CANCINOS, en el plazo de
8 Folios 482 a 484.
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quince (15) días hábiles, bajo apercibimiento de imponerle la multa de cinco
(05) unidades de referencia procesal, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de la presente resolución. Y REFORMÁNDOLA declararon
IMPROCEDENTE la observación hecha por la parte demandante sobre los
descuentos de impuesto a la renta de 5ta. Categoría, aporte al Fondo de
Pensiones, Comisión de Integra y Prima Seguro por la suma global de S/. 74
465.52 (setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco con 52/100 soles).
Remítase copias certificadas de la presente resolución al Juzgado de origen,
conforme lo establecido en el artículo 383° del Código Procesal Civil y una
vez quede consentida archívese. Tómese razón y hágase saber.-
S.S.
GORDILLO COSSIO
LIMACHE NINAJA
FLORES ALANOCA
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TERCER JUZGADO DE PAZ LETRADO
SEDE RÍMAC
EXPEDIENTE : 01221-2013-0-1820-JP-CI-03
DEMANDANTE : SODIMAC PERÚ S.A.C.
DEMANDADO : SS NOVA FINISHED S.C.R.L.
MATERIA : O.D.S.D.
JUEZ : HÉCTOR MIGUEL DELGADO OLIVARI
ESP. LEGAL : EDITH CARMEN LOVER FERNÁNDEZ
SENTENCIA
RESOLUCIÓN N° 12
Rímac, 23 de noviembre
del 2016.-
VISTOS: La demanda interpuesta por SODIMAC PERÚ S.A.C. contra
SS NOVA FINISHED S.C.R.L. sobre obligación de dar suma de dinero.
Resulta de autos que por escrito de fecha 22 de noviembre del 2013,
obrante de fojas 25 a 31, subsanado de fojas 44 a 46, SODIMAC PERÚ
S.A.C. interpone demanda contra SS NOVA FINISHED S.C.R.L.,
peticionando que cumpla con pagarle la suma de S/. 30 694.47
(treinta mil seiscientos noventa y cuatro con 47/100 soles),
correspondiente a la deuda impaga que mantiene la demandada por los
productos vendidos por la actora, más los intereses moratorios y
compensatorios que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago,
costas y costos del proceso.
Como sustento de su pretensión sostiene que realizó entrega de
materiales solicitados por el deudor, pero hasta la fecha la demanda ha
incumplido con honrar la obligación total; precisa que emitió la factura
N° 77-0002109 de fecha 05 de noviembre del 2011, por el monto de
S/. 49 993 soles, como resultado de la orden de compra de fecha 04 de
noviembre del 2011, los cuales fueron enviados mediante guías de
remisión N° 6186, 6184, 6261, 6292, 6354, 6382, 6379, 6376;
asimismo, que existió un pago parcial por medio de canje de deuda
realizada el 24 de septiembre del 2012, mediante cajas de registro de
concreto para desagüe, realizando abonos por el monto de
S/. 19 298.03 y S/. 0.50 soles, respectivamente, quedando pendiente
un saldo por el monto de S/. 30 694.47 soles. Invoca como
fundamentos jurídicos de su acción los artículos VI, 1219° inciso 1 y 2,
1220°, 1351° del Código Civil, los artículos I, 546°, 547° del Código
Procesal Civil y la Ley N° 26872, Ley de Conciliación.
Por resolución N° 02 de fecha 23 de enero del 2014, a fojas 47, se
admitió a trámite la demanda, corriéndose traslado a la parte demandada; quien se apersonó al proceso y procedió a interponer
denuncia civil y contestar la demanda mediante escrito de fecha 28 de
mayo del 2014, de fojas 70 a 73; sin embargo, dicho escrito fue
rechazado por resolución N° 04 del 26 de diciembre del 2014, a fojas
81, en la que también se declaró la rebeldía del demandado.
Con fecha 09 de septiembre del 2015, se llevó a cabo la audiencia
única, conforme consta del acta respectiva obrante de fojas 107 a 108,
en la que se declaró saneado el proceso, la existencia de una relación
jurídica procesal válida entre las partes, se fijó como punto
controvertido: Determinar si corresponde ordenar el pago de
S/. 30 694.47 soles a cargo del demandado y a favor de la demandante,
más las costas, costos e intereses moratorios y compensatorios; en
dicha diligencia también se admitieron los medios probatorios del
demandante y se dispuso como prueba de oficio, que el demandante
acompañe medio de prueba destinado a acreditar la entrega efectiva a la
parte demandada de los productos señalados en su demanda; siendo
que con fecha 09 de septiembre del 2015, el demandante ha presentado
escrito indicando el cumplimiento de lo ordenado; por lo que mediante
resolución N° 09, se dispuso tener por cumplido el mandato de la
audiencia y poner los autos a despacho para sentencia;
consecuentemente, corresponde al estado del proceso emitir sentencia.
CONSIDERANDO:
1. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para
el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a
un debido proceso, según lo dispone el artículo I del Título
Preliminar del Código Procesal Civil.
2. En todo proceso judicial, la carga de probar los hechos que
configuran la pretensión, corresponde a la parte que los afirma o
a la contraparte que los contradice alegando nuevos hechos,
conforme prevé el artículo 196° del Código Procesal Civil;
asimismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 188° del mismo
cuerpo normativo, serán los medios probatorios los que
produzcan certeza en el Juzgador respecto a los puntos
controvertidos.
3. En el presente caso, SODIMAC PERÚ S.A.C. interpone demanda
contra SS NOVA FINISHED S.C.R.L. con la finalidad de que por
mandato judicial se ordene a la demandada que cumpla con
pagarle la suma de S/. 30 694.47 soles correspondiente a la
deuda impaga que mantiene la demandada por los productos
vendidos por la actora, más los intereses moratorios y
compensatorios que se devenguen hasta la fecha efectiva de pago,
costas y costos del proceso.
4. En base a tal petitorio, en audiencia única de fecha 09 de
septiembre del 2015, cuya acta obra de fojas 107 a 108, se fijó como punto controvertido: Determinar si corresponde ordenar el
pago de S/. 30 694.47 soles a cargo del demandado y a favor de
la demandante, más las costas, costos e intereses moratorios y
compensatorios.
5. Sobre el particular, aparece a fojas 08, la orden de compra
N° 30-2011, de fecha 04 de noviembre del 2011, cursada por la
demandada SS NOVA FINISHED S.C.R.L. a la empresa actora
SODIMAC PERÚ S.A.C., mediante la cual la primera solicita a la
segunda materiales de construcción consistentes en “Cemento
Quisqueya” y “Varillas de Fierro de 3/8”, por un valor total de
S/. 78 175 soles, a ser pagados al crédito y entregados en el
“Colegio I.E. N° 22237 Chincha”; asimismo, corren de fojas 34 a
41, las Guías de Remisión N° 6186, 6184, 6261, 6292, 6354,
6382, 6379, 6376, por las cuales, la actora remite a la
demandada los materiales antes indicados con fechas 05, 16, 19,
28 de noviembre y 02 de diciembre del 2011; generándose por
tales remisiones la Factura N° 77 0002109 de fecha 05 de
noviembre del 2011, por el monto de S/. 49 993 soles, obrante
en copia certificada a fojas 7.
6. Si bien las guías de remisión antes mencionadas, no se
encuentran selladas y/o firmadas por la demandada, en señal de
conformidad de la entrega de la mercadería detallada
precedentemente; ello no impide que la demandante pueda
accionar el cobro del valor de tales productos; por cuanto de fojas
110 a 111, obra el documento denominado “Compromiso de
Pago”, suscrito con fecha 23 de febrero del 2012, por la
demandada SS NOVA FINISHED S.C.R.L. en calidad de deudor de
SODIMAC PERÚ S.A.C., en cuya cláusula primera, la emplazada
“reconoce que en virtud de las relaciones comerciales que
sostiene con SODIMAC adeuda a esta la suma de S/. 49 993
(cuarenta y nueve mil novecientos noventa y tres y 00/100
nuevos soles)”; precisándose a renglón seguido que dicha deuda
tiene como sustento la factura N° 77002109 de fecha 05 de
noviembre del 2011, que es precisamente la factura que genera la
deuda puesta a cobro con la presente demanda.
7. Consta también de la segunda cláusula del “Compromiso de
Pago” en mención, que las partes acordaron que el pago del
monto total de la deuda, será cancelado en 3 cuotas, las 2
primeras de S/. 15 000 soles, con vencimientos el 30 de marzo y
30 de abril del 2012, respectivamente; mientras que la tercera
cuota por el valor de S/. 19 993, con vencimiento el 30 de mayo
del 2012; lo que quiere decir, que a la fecha de interposición de la
demanda, ocurrida el 22 de noviembre del 2013, la obligación se
encontraba vencida. 8. Ahora bien, conforme al estado de saldo deudor anexado por la
demandante a fojas 22 y lo señalado por esta parte, en su escrito
de demanda, la emplazada ha realizado 2 abonos parciales por las
sumas de S/. 19 298.03 y S/. 0.50; quedando un saldo
pendiente de S/. 30 694.47; suma de dinero que la emplazada
no ha acreditado haber cancelado a la demandante; debiendo
precisarse en este punto, que es la parte deudora, quien tiene la
carga de la prueba respecto al pago, conforme a lo previsto en el
artículo 1229° del Código Civil.
9. Cabe anotar que ninguno de los medios probatorios adjuntados a
los autos por la parte demandante, han sido materia de
cuestionamiento por la parte demandada debido a su calidad de
rebelde, por lo que generan plena convicción al juzgador de los
hechos que se pretenden probar, lo mismo ocurre respecto al
monto consignado en el estado de saldo deudor.
10. Finalmente, debe señalarse que tratándose de una obligación de
dar suma de dinero resulta permisible el pago de los intereses
conforme a lo dispuesto por los artículos 1242° y 1243° del Código
Civil, los mismos que deberán ser calculados en etapa de ejecución
de sentencia..
Por estos fundamentos:
SE RESUELVE
Declarar FUNDADA LA DEMANDA de OBLIGACION DE DAR
SUMA DE DINERO interpuesta por SODIMAC PERÚ S.A.C. contra
CORPORACIÓN HICOTEX S.A.C.; en consecuencia, cumpla la
parte demandada con pagar a la actora la suma de
S/. 30 694.47 (treinta mil seiscientos noventa y cuatro con
47/100 soles); más los intereses que se generen por el
incumplimiento de la obligación, costas y costos del proceso, los
mismos que serán liquidados en etapa de ejecución de sentencia..
Notificándose.- |
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EXPEDIENTE : 01280-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
ESPECIALISTA : MEJIA QUEVEDO CECILIA LISSET
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC.
DEMANDANTE : GALLARDO CORDOVA, JOSE
Resolución Nro. VEINTICUATRO
Chimbote, diez de diciembre
Del año dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por la
demandante; se procede a emitir la resolución que corresponda Y, CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante escrito de fojas 342/344, la parte demandante recurre a este Juzgado efectuando la
liquidación de costos del proceso y presenta su recibo por honorarios profesionales para su respectiva
regulación, indicando que el monto total por concepto de costos procesales asciende a la suma de S/.
1,224.00 nuevos soles; SEGUNDO: Que, puesto en conocimiento de la parte demandada mediante
resolución número veintiuno, conforme se advierte de la constancia de notificación y cargo de entrega de
cedulas electrónicas obrante es autos; esta ha observado dentro del plazo concedido manifestando que: i)
La tabla de honorarios mínimos referenciales, es un documento con carácter referencial que tiene por
objeto llenar un vacio normativo en el ejercicio de la profesión, el cual debe ser tenido en cuenta por los
profesionales del derecho; y demás argumentos que en ella expone, solicitando se tenga por observada la
liquidación de los costos procesales; TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del
proceso abreviado laboral bajo los alcances establecidos por la Ley N° 29497 – Ley Procesal del Trabajo
la cual establece que la condena de los costos y costas del proceso se regulan conforme a la norma
procesal civil (artículo 14° de la citada norma adjetiva); CUARTO: Entonces, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 411º del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al caso de autos, son
costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento
destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su fondo mutual y para
cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de auxilio judicial, siendo el Juzgador quien
regula sus alcances tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las
incidencias del proceso, fundamentando su decisión, a tenor de lo normado por el artículo 414º del
cuerpo legal acotado; QUINTO: En ese orden de ideas, se debe tener presente que el Juez a fin de fijar
los costos procesales meritua la actuación del abogado de la parte vencedora, valorando el asesoramiento
legal realizada en el proceso, debiendo tenerse en cuenta que en el Nuevo proceso Laboral conforme a lo
prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de la Ley 29497, sobre la prevalencia de las exposiciones orales
sobre las escritas, estando referido a que los letrados oralizan su demanda, fundamentan sus teorías del
caso, es decir sus alegatos de apertura y de clausura en la Audiencia Única, por lo que siendo ello así, el
letrado tuvo participación activa, además de ello debemos tener en cuenta las incidencias realizadas en el
presente proceso; SEXTO: Que, contrastando los actos procesales, así como la intervención del letrado
en las Audiencias programadas, los costos del proceso deben fijarse en atención a las incidencias del
proceso, tales como: 1) la duración del proceso, el cual es un proceso rápido al tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de Trabajo 29497, 2) instancias jurisdiccionales, 3) la labor del letrado de la parte
vencedora interviniendo sólo en la audiencia única; 4) además se pondera de los montos ordenados a
cancelar por concepto de capital e intereses legales reconocidos en los presentes actuados, más el 5%
destinado para el Colegio de Abogados del Santa , al haberse declarado fundada la pretensión planteada
por el accionante; SEPTIMO: Siendo así, de los actuados se advierte que el abogado del accionante ha
desplegado un desempeño normal y ordinario (sin realizar mayor esfuerzo) ventilado en este nuevo
modelo procesal donde prevalece la oralidad sobre lo escrito; por ello, los costos deben ser fijados en
función a las incidencias acaecidas en el trámite de la causa, atendiendo a las incidencias del proceso, la
duración y su complejidad; así como la intervención del abogado patrocinante; OCTAVO: Asimismo,
respecto al importe consignado en el recibo por honorarios profesionales presentados por el actor, debe
tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su monto, en ejercicio de su
derecho constitucional a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el Juzgador quien las fija y/o regula,
en el caso concreto, considerando las incidencias del proceso. En consecuencia y en mérito a las
consideraciones vertidas SE RESUELVE:
1. DECLARAR INFUNDADA la observación a los costos procesales formulada por la empresa
demandada; consecuentemente,
2. REGULAR y APROBAR los costos procesales en el monto de S/. 1,080.00 nuevos soles (MIL
OCHENTA CON 00/100 NUEVOS SOLES), más el importe de S/. 54.00 nuevos soles
(CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES), destinados al Colegio de
Abogados del Santa, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
3. En consecuencia, REQUIÉRASE a la demandada a fin de que en el plazo de TRES DÍAS
HÁBILES cumpla con cancelar a favor del demandante la suma regulada y aprobada por
conceptos de costos, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. Notifíquese. |
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EXPEDIENTE : 01281-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
ESPECIALISTA : MEJIA QUEVEDO CECILIA LISSET
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : CRUZ SOLANO, JHEBER YOVANI
Resolución Nro. VEINTIUNO
Chimbote, diecinueve de Octubre
Del año dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por la
demandante; se procede a emitir la resolución que corresponda Y, CONSIDERANDO: PRIMERO:
Que, mediante escrito de fojas 727 a 729, la parte demandante recurre a este Juzgado efectuando la
liquidación de costos del proceso y presenta su recibo por honorarios profesionales para su respectiva
regulación, indicando que el monto total por concepto de costos procesales asciende a la suma de S/.
969.00 nuevos soles; SEGUNDO: Que, puesto en conocimiento de la parte demandada mediante
resolución diecinueve, conforme se advierte de la constancia de notificación y cargo de entrega de
cedulas electrónicas obrante es autos; esta ha observado dentro del plazo concedido manifestando que: i)
Los alcances que establece la Tabla de Honorarios mínimos referenciales, el cual viene a ser un
documento que con carácter referencial tiene por objeto llenar un vacío normativo en el ejercicio de la
profesión; y demás argumentos que en ella expone, solicitando se tenga por observada la liquidación de
los costos procesales; TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso abreviado
laboral bajo los alcances establecidos por la Ley N° 29497 – Ley Procesal del Trabajo la cual establece
que la condena de los costos y costas del proceso se regulan conforme a la norma procesal civil (artículo
14° de la citada norma adjetiva); CUARTO: Entonces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
411º del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al caso de autos, son costos del proceso el
honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de
Abogados del Distrito Judicial respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los
Abogados en los casos de auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula sus alcances tanto respecto
del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso,
fundamentando su decisión, a tenor de lo normado por el artículo 414º del cuerpo legal acotado;
QUINTO: En ese orden de ideas, se debe tener presente que el Juez a fin de fijar los costos procesales
meritua la actuación del abogado de la parte vencedora, valorando el asesoramiento legal realizada en el
proceso, debiendo tenerse en cuenta que en el Nuevo proceso Laboral conforme a lo prescrito en el
artículo 12° inciso 12.1 de la Ley 29497, sobre la prevalencia de las exposiciones orales sobre las escritas,
estando referido a que los letrados oralizan su demanda, fundamentan sus teorías del caso, es decir sus
alegatos de apertura y de clausura en la Audiencia Única, por lo que siendo ello así, el letrado tuvo
participación activa, además de ello debemos tener en cuenta las incidencias realizadas en el presente
proceso, obteniéndose sentencia favorable; SEXTO: Que, contrastando los actos procesales, así como la intervención del letrado en las Audiencias programadas, los costos del proceso deben fijarse en atención a
las incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso, el cual es un proceso rápido al
tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de Trabajo 29497, iniciado con la presentación de la
demanda el 29/AGO/13, 2) instancias jurisdiccionales, 3) la labor del letrado de la parte vencedora; 4)
además se pondera de los montos ordenados a cancelar por concepto de capital e intereses legales
reconocidos en los presentes actuados, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados del Santa , al
haberse declarado fundada la pretensión planteada por el accionante; SEPTIMO: Siendo así, de los
actuados se advierte que el abogado del accionante planteo la demanda con fecha 29/AGO/13,
desplegando un desempeño normal y ordinario (sin realizar mayor esfuerzo) ventilado en este nuevo
modelo procesal donde prevalece la oralidad sobre lo escrito; por ello, los costos deben ser fijados en
función a las incidencias acaecidas en el trámite de la causa, atendiendo a las incidencias del proceso, la
duración y su complejidad; así como la intervención del abogado patrocinante; OCTAVO: Asimismo,
respecto al importe consignado en el recibo por honorarios profesionales presentados por el actor, debe
tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su monto, en ejercicio de su
derecho constitucional a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el Juzgador quien las fija y/o regula,
en el caso concreto, considerando las incidencias del proceso; por lo que el argumento, en este sentido,
por parte de la empresa demandada, carece de sustento. En consecuencia y en mérito a las
consideraciones vertidas SE RESUELVE:
1. DECLARAR INFUNDADA la observación a los costos procesales formulada por la empresa
demandada; consecuentemente,
2. REGULAR y APROBAR los costos procesales en el monto de S/. 237.00 nuevos soles
(DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES), más el importe de S/.
11.00 nuevos soles (ONCE CON 00/100 NUEVOS SOLES), destinados al Colegio de
Abogados del Santa, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la
presente resolución.
3. En consecuencia, REQUIÉRASE a la demandada a fin de que en el plazo de TRES DÍAS
HÁBILES cumpla con cancelar a favor del demandante la suma regulada y aprobada por
conceptos de costos, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. Notifíquese.- |
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Juez: TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
Fecha: 20/05/2015 10:19:18
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 01356-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: CESPEDES CUENCA ESPECIALISTA : CESPEDES CUENCA MARIA DEL CARMEN
MARIA DEL CARMEN
Fecha: 20/05/2015 15:22:44 DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA DEMANDANTE : AZAÑERO RUMAY, EDUARDO
FIRMA DIGITAL
Resolución Nro. VEINTIOCHO
Chimbote, diecinueve de mayo
Del dos mil quince.
AUTOS Y VISTOS, Dado cuenta con el escrito que antecede, y siendo el
estado del proceso se procede a emitir la siguiente resolución; Y
CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito de folios 277/280, la parte
demandante recurre a este Juzgado efectuando la liquidación de costos del
proceso y presenta recibos por honorarios profesionales con su respectiva
suspensión de cuarta categoría para su respectiva regulación, indicando que el
monto total por costos procesales asciende a la suma de S/. 2,135.46 nuevos
soles; SEGUNDO: Puesto en conocimiento de la parte demandada mediante
resolución número veintiséis, ésta observa alegando: i) Que la suma propuesta
por el accionante resulta exorbitante, si se tiene en cuenta que en todo el
trámite del presente proceso, no se han realizado muchos cuestionamientos en
cuanto a los actos resolutivos que ha emitido este despacho, los que fueron
realizados en ejercicio de su derecho de defensa que como parte demandada le
corresponde; por lo que, considera justo que por dicho concepto se le abone al
actor el monto de S/. 1,614.88 Nuevos Soles; lo cual justificaría la estimación
del presente cuestionamiento; entre otros fundamentos que esgrime, la misma
que puesta a conocimiento del demandante, procede absolver la observación
formulada por la demandada; TERCERO: Habiéndose tramitado el proceso en
la vía del proceso abreviado laboral bajo los alcances establecidos por la Ley N°
29497 – Ley Procesal del Trabajo la cual establece que la condena de los
costos y costas del proceso se regulan conforme a la norma procesal civil
(artículo 14° de la citada norma adjetiva); CUARTO: Entonces, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 411º del Código Procesal Civil, aplicado
supletoriamente al caso de autos, son costos del proceso el honorario del
abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al
Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su fondo
mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de
auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula sus alcances tanto
respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las
incidencias del proceso, fundamentando su decisión, a tenor de lo normado
por el artículo 414º del cuerpo legal acotado; QUINTO: En ese orden de ideas,
se debe tener presente que el Juez a fin de fijar los costos procesales meritua la
actuación del abogado de la parte vencedora, valorando el asesoramiento legal
realizada en el proceso, debiendo tenerse en cuenta que en el Nuevo proceso
Laboral conforme a lo prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de la Ley 29497,
sobre la prevalencia de las exposiciones orales sobre las escritas, estando
referido a que los letrados oralizan su demanda, fundamentan sus teorías del
caso, es decir sus alegatos de apertura y de clausura en la Audiencia Única, por
lo que siendo ello así, y habiéndose realizado la Audiencia Única (ver folios
105/108) y Audiencia de Vista de la Causa (véase folios 166/167) en la que el
letrado tuvo participación activa, además de ello debemos tener en cuenta las incidencias realizadas en el presente proceso se han desarrollado en dos
instancias, obteniéndose sentencia favorable en la suma de S/. 16,148.80
nuevos soles (ver fojas 168/172), así como los intereses legales ascendiente a
S/. 2,603.30 nuevos soles (ver fojas 260/262); SEXTO: Contrastando los actos
procesales, así como la intervención del letrado en las Audiencias programadas
(ver folios 105/108 y 166/167), los costos del proceso deben fijarse en
atención a las incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso,
el cual es un proceso rápido al tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de
Trabajo 29497, iniciado con la presentación de la demanda el 13/09/13, a la
actualidad 20/05/15, 2) instancias jurisdiccionales (dos instancias para la
sentencia y para los intereses legales), 3) la labor del letrado de la parte
vencedora interviniendo en la audiencia única y audiencia de vista de la causa;
4) además se pondera los montos ordenados a cancelar por concepto de capital
e intereses legales reconocidos en los presentes actuados, más el 5% destinado
para el Colegio de Abogados de Lima, al haberse declarado fundada la
pretensión planteada por el accionante; SEPTIMO: Siendo así, de los actuados
se advierte que el abogado del accionante planteo la demanda con fecha
13/09/13 y sólo intervino en la audiencia única de fecha 27/05/14 y audiencia
de vista de la causa de fecha 07/11/2014 conforme se registra en audio y
video, desplegando un desempeño normal y ordinario (sin realizar mayor
esfuerzo) ventilado en este nuevo modelo procesal donde prevalece la oralidad
sobre lo escrito; por ello, los costos deben ser fijados en función a las
incidencias acaecidas en el trámite de la causa, atendiendo a las incidencias del
proceso, la duración y su complejidad; así como la intervención del abogado
patrocinante, quien se ha limitado en presentar un total de siete escritos (de las
que se encuentra incluido una demanda tipo) en estado de ejecución de
sentencia; OCTAVO: Respecto al importe consignado en el recibo por
honorarios profesionales presentados por el actor, debe tomarse con reserva en
la medida que las partes pueden pactar libremente su monto, en ejercicio de su
derecho constitucional a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el
Juzgador quien las fija y/o regula, en el caso concreto, considerando las
incidencias del proceso, la misma que se ha tramitado en dos instancias por
impugnación de la sentencia y liquidación de intereses legales por parte de la
demandada, por lo que resulta razonable y equitativo regular los mismos en un
10% de la suma total S/. 18,752.10 nuevos soles; ascendiendo al importe de
S/. 1,875.21 nuevos soles, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados
del Lima ascendente a la suma de S/. 93.76 nuevos soles; en consecuencia y
en mérito a las consideraciones vertidas SE RESUELVE:
1. INFUNDADA la observación a los costos procesales formulada por la
empresa demandada; y, REGULAR y APROBAR los costos procesales
en el monto de S/. 1,875.21 nuevos soles (MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CINCO CON 21/100 NUEVOS SOLES), más el importe de S/.
93.76 nuevos soles (NOVENTA Y TRES CON 76/100 NUEVOS SOLES),
destinados al Colegio de Abogados de Lima, conforme a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.
2. En consecuencia, REQUIÉRASE a la demandada a fin de que en el plazo
de TRES DÍAS HÁBILES cumpla con cancelar a favor del demandante
la suma regulada y aprobada por conceptos de costos, bajo
apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada en caso de
incumplimiento. Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
Fecha: 15/01/2015 16:03:59
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL
EXPEDIENTE : 01401-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: CESPEDES CUENCA BENEFICIOS ECONOMICOS
MARIA DEL CARMEN
Fecha: 15/01/2015 16:19:30 JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA ESPECIALISTA: CESPEDES CUENCA MARIA DEL CARMEN
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SA COPEINCA.
DEMANDANTE: YARIHUAMAN TREJO, DANIEL
Resolución Nro. DIECINUEVE
Chimbote, catorce de enero
Del dos mil quince.
AUTOS Y VISTOS, Dado cuenta con el escrito que antecede,
y siendo el estado del proceso se procede a emitir la siguiente resolución; Y
CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito de folios 301/304, la parte
demandante recurre a este Juzgado efectuando la liquidación de costos del proceso
y presenta recibos por honorarios profesionales para su respectiva regulación,
indicando que el monto total por costos procesales asciende a la suma de S/.
1,000.00 nuevos soles; SEGUNDO: Puesto en conocimiento de la parte demandada
mediante resolución número diecisiete, ésta observa alegando que: la suma
propuesta por el accionante resulta exorbitante, pues el letrado del actor ha
desplegado un esfuerzo normal y ordinario, dado que en todo el trámite del
presente proceso, no se ha realizado muchos cuestionamientos en cuanto a los
actos resolutivos que se ha emitido; por lo que considera justo la suma de S/.
72.10 Nuevos Soles, entre otros fundamentos que esgrime, la misma que puesta a
conocimiento del demandante, procede absolver la observación formulada por la
demandada; TERCERO: Habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso
abreviado laboral bajo los alcances establecidos por la Ley N° 29497 – Ley Procesal
del Trabajo la cual establece que la condena de los costos y costas del proceso se
regulan conforme a la norma procesal civil (artículo 14° de la citada norma
adjetiva); CUARTO: Entonces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 411º
del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al caso de autos, son costos
del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco
por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo
para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los
casos de auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula sus alcances tanto
respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las
incidencias del proceso, fundamentando su decisión, a tenor de lo normado por
el artículo 414º del cuerpo legal acotado; QUINTO: En ese orden de ideas, se debe
tener presente que el Juez a fin de fijar los costos procesales meritua la actuación
del abogado de la parte vencedora, valorando el asesoramiento legal realizada en el
proceso, debiendo tenerse en cuenta que en el Nuevo proceso Laboral conforme a
lo prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de la Ley 29497, sobre la prevalencia de
las exposiciones orales sobre las escritas, estando referido a que los letrados
oralizan su demanda, fundamentan sus teorías del caso, es decir sus alegatos de
apertura y de clausura en la Audiencia Única, por lo que siendo ello así, y
habiéndose realizado la Audiencia de Única (ver folios 162/165) en la que el letrado
tuvo participación activa, además de ello debemos tener en cuenta las incidencias
realizadas en el presente proceso se han desarrollado en dos instancias,
obteniéndose sentencia favorable en la suma de S/. 7,548.49 nuevos soles (ver
fojas 237/241), así como los intereses legales ascendiente a S/. 721.07 nuevos
soles (ver fojas 283/285); SEXTO: Contrastando los actos procesales, así como la
intervención del letrado en las Audiencias programadas (ver folios 162/165 y
235/236), los costos del proceso deben fijarse en atención a las incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso, el cual es un proceso rápido al
tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de Trabajo 29497, iniciado con la
presentación de la demanda el 31/05/13, a la actualidad 14/01/15, 2) instancias
jurisdiccionales (dos instancias para la sentencia y una instancia para los intereses
legales), 3) la labor del letrado de la parte vencedora interviniendo en la audiencia
única y en la vista de la causa; 4) además se pondera los montos ordenados a
cancelar por concepto de capital e intereses legales reconocidos en los presentes
actuados, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados de Lima, al haberse
declarado fundada la pretensión planteada por el accionante; SEPTIMO: Siendo
así, de los actuados se advierte que el abogado del accionante planteo la demanda
con fecha 31/05/13 y sólo intervino en la audiencia única de fecha 04/02/14 y
audiencia de vista de la causa de fecha 08/07/14 conforme se registra en audio y
video, desplegando un desempeño normal y ordinario (sin realizar mayor esfuerzo)
ventilado en este nuevo modelo procesal donde prevalece la oralidad sobre lo
escrito; por ello, los costos deben ser fijados en función a las incidencias acaecidas
en el trámite de la causa, atendiendo a las incidencias del proceso, la duración y su
complejidad; así como la intervención del abogado patrocinante, quien se ha
limitado en presentar un total de seis escritos (de las que se encuentra incluido una
demanda tipo) en estado de ejecución de sentencia; OCTAVO: Respecto al importe
consignado en el recibo por honorarios profesionales presentados por el actor, debe
tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su
monto, en ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de contratar; sin
embargo, siendo el Juzgador quien las fija y/o regula, en el caso concreto,
considerando las incidencias del proceso, la misma que se ha tramitado en dos
instancias por impugnación de la sentencia por parte de la demandada, por lo que
resulta razonable y equitativo regular los mismos en un 15% de la suma total S/.
8,269.56 nuevos soles; ascendiendo al importe de S/. 1,240.40 nuevos soles, más
el 5% destinado para el Colegio de Abogados de la Lima ascendente a la suma de
S/. 62.00 nuevos soles; en consecuencia y en mérito a las consideraciones
vertidas SE RESUELVE:
1. INFUNDADA la observación a los costos procesales formulada por la
empresa demandada; y, REGULAR y APROBAR los costos procesales en el
monto de S/. 1,240.40 nuevos soles (MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON
40/100 NUEVOS SOLES), más el importe de S/. 62.00 nuevos soles
(SESENTA Y DOS CON 00/100 NUEVOS SOLES), destinados al Colegio de
Abogados de Lima, conforme a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.
2. En consecuencia, REQUIÉRASE a la demandada a fin de que en el plazo de
TRES DÍAS HÁBILES cumpla con cancelar a favor del demandante la suma
regulada y aprobada por conceptos de costos, bajo apercibimiento de ley en
caso de incumplimiento. Notifíquese. |
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Juez: TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
Fecha: 14/11/2014 09:28:22
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL
EXPEDIENTE : 01401-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: DANIEL MAXIMO OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
ALEGRE CORREA
Fecha: 14/11/2014 18:24:05 JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL ESPECIALISTA : DANIEL MAXIMO ALEGRE CORREA
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SA COPEINCA
DEMANDANTE : YARIHUAMAN TREJO, DANIEL
RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE
Chimbote, trece de noviembre
del año dos mil catorce.-
Dado cuenta con el escrito que antecede; agréguese a autos; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Mediante escrito de fecha 10 de noviembre del 2014, la entidad
demandada observa la liquidación de intereses legales alegando que los intereses
legales deben calcularse con posterioridad al mes de mayo del 2013 en que se
requirió inicialmente el pago hasta el 19 de agosto del 2014 en que se cumplió con el
pago correspondiente.
SEGUNDO: Del escrito de observación se concede traslado a la parte demandante a
fin de que lo absuelva conforme fluye de la resolución número catorce; siendo absuelto
conforme a los términos expuestos en el escrito que se provee.
TERCERO: El artículo 3° del Decreto Ley 25920 prescribe: “El interés legal sobre
los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del día siguiente
de aquél en que se produce el incumplimiento y hasta el día de su pago
efectivo”.
CUARTO: Al respecto cabe señalar que la obligación de pagar intereses legales se
inicia desde el día siguiente en que el empleador tuvo la obligación de cancelar los
beneficios sociales a favor del trabajador, razonar en sentido contrario sería fomentar
el incumplimiento del pago de tales beneficios; siendo esto así, del informe pericial en
el que consta la liquidación de intereses legales se advierte que esta toma como fecha
inicial, la fecha en que los beneficios sociales demandados fueron exigibles conforme
se ha señalado en la sentencia contenida en la resolución seis confirmada mediante
sentencia de vista contenida en la resolución nueve; careciendo de sustento legal lo
alegado por la empresa demandada respecto a que los intereses legales deben
calcularse desde la fecha en que se ha interpuesto la demanda por lo que, deviene en
infundada este extremo de su observación.
Por otro lado, respecto a la fecha de pago de lo ordenado por este órgano
jurisdiccional, cabe señalar que conforme a lo previsto en el dispositivo legal antes
mencionado, los intereses legales deben calcularse hasta la fecha en que se hizo el
pago; por lo que al verificarse que la demandada ha cumplido con adjuntar el certificado de depósito judicial con fecha 19 de agosto del presente año es hasta esa
fecha en que deben calcular se los intereses legales; por lo que al haberse calculado
los intereses legales hasta el 22 de agosto corresponde amparar este extremo de su
observación. Siendo esto así, corresponde efectuar una nueva liquidación el cual se
anexa a la presente resolución y forma parte de la misma. POR TALES CONSIDERACIONES y de conformidad con lo prescrito en los
dispositivos legales anteriormente glosados SE RESUELVE:
(cid:1) Declarar FUNDADA EN PARTE la observación a la liquidación de intereses
legales presentada por la empresa demandada CORPORACION PESQUERA
INCA SAC; para lo cual se practica una nueva liquidación de intereses legales
en el cual se calcula los mismos hasta el 19 de agosto del presente año,
precisándose que el informe pericial donde consta la liquidación antes
mencionada forma parte de la presente resolución.
(cid:1) APRUÉBESE la liquidación de intereses legales, en la suma de S/. 721.07
(Setecientos Veintiuno con 07/100 nuevos soles); en consecuencia
REQUIÉRASE a la demandada a fin de que en el plazo de CINCO DÍAS
HÁBILES cumpla con el pago, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
SALA CIVIL
EXPEDIENTE : 01426-2013-0-3101-JR-CI-02
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
RELATOR : CANDELA CAMPOVERDE OSCAR ADRIAN
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA.
PROCURADOR PÚBLICO DE LA
MUNICIPALIDAD DE SULLANA.
DEMANDANTE : "INVERSIONES PERU PACIFICO S.A."
Señores:
LI CÓRDOVA
Morey Riofrio
Alvarado Reyes
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTICUATRO (24).-
Sullana, Veintidós de enero
del dos mil dieciocho.
I.- RESOLUCIÓN MATERIA DE GRADO. -
Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia contenida en la resolución número dieciocho (18), de fecha
cinco de diciembre de dos mil dieciséis, obrante a folios doscientos
sesenta siete a doscientos setenta y cinco, que resuelve: 1) FUNDADA LA
ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA interpuesta por
INVERSIONES PERU PACIFICO S.A., contra la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SULLANA-
II.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN:
El abogado de la demandada, mediante escrito de fecha 10 de enero de
dos mil diecisiete, interpone recurso de apelación expresando como
fundamentos y agravios centrales los siguientes:
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a) Que, el Juez incurre en error de hecho y de derecho al declarar
fundada la demanda por considerar que la multa impuesta es 15 de
enero de dos mil trece no era posible en aplicación de la Novena
Disposición Final de la Ordenanza Municipal No 001-2013/MPS, que
establecía el plazo de 30 días calendarios para que las empresas se
adecuen a la norma, la cual es una interpretación errónea, al considerar
que el artículo 109 de la Constitución señala que las leyes entran en
vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial "El
Peruano" salvo que la misma ley postergue en todo o en parte su
vigencia. y que las Ordenanzas tienen rango de Ley por esa razón entran
en vigencia desde el día siguiente de su publicación de acuerdo al
artículo 44 de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en
consecuencia vigente al momento de imponer la sanción.
b) Que, el A Quo no precisa la norma vulnerada al imponer la multa
ya que solo consigna de manera genérica el inciso 1) del artículo 10 de la
Ley 27444, incurriendo en defecto de motivación
c) Que, no se ha tenido en cuenta que la infracción cometida es
"verter aguas residuales servidas en vía pública sin el debido
tratamiento" o cual atenta cintra el derecho fundamental de las personas
a gozar de un ambiente equilibrado previsto n el inciso 22 del artículo 2
de la Constitución, en tal sentido refiere que su representada tiene
competencia para aplicar la sanción.
d) Que, no se ha tenido en cuenta la responsabilidad social de la
demandante en el sentido que debe procurar e bien común y bienestar
general, siendo así considera que se ha ocasionado un agravio de
naturaleza procesal porque no se ha motivado adecuadamente la
interpretación de la Novena Disposición Final de la Ordenanza Municipal
001-2013/MPS.
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III.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA:
Elevado los autos, con copia del expediente administrativo que se
agregará; tramitado según su naturaleza, llevada a cabo la Vista de la
Causa, los autos han quedado expeditos para resolver, por lo que la Sala
Especializada en lo Civil de Sullana, con lo opinado en el Dictamen Fiscal
Superior procede a emitir pronunciamiento, atendiendo a los siguientes
fundamentos:
IV.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
A) ASPECTOS GENERALES:
Primero.- Finalidad del Recurso de Apelación.
El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la
resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada
o revocada, total o parcialmente.
Dentro de dicho objeto, el Órgano Jurisdiccional Superior no puede
modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la
otra parte también haya apelado o se haya adherido. Sin embargo, puede
integrar la resolución apelada en la parte decisoria, si la fundamentación
aparece en la parte considerativa.
Segundo.- De la Competencia del Órgano Revisor
En ese sentido, la Corte Suprema ha señalado respecto a los poderes del
Juez de apelación lo siguiente:
“[…] en principio, el Juez Superior de segunda instancia tiene plenitud
de poder para revisar, conocer y decidir sobre todas las cuestiones
propuestas y resueltas por el Juez inferior; … sin embargo, cabe
precisar que la extensión de los poderes de instancia de alzada está
presidida por un postulado que limita el conocimiento del superior,
recogido históricamente en el aforismo: tantum appellatum quantum
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devolutum, en virtud del cual, el Tribunal de alzada solamente puede
conocer mediante apelación de los agravios que afectan al impugnante
[…]1”
“[…] las resoluciones de vista deben ser emitidas en función a los
agravios, errores de hecho y derecho, así como el sustento de la
pretensión impugnatoria que haya expuesto la parte recurrente en su
escrito de apelación; además de guardar coherencia con los
fundamentos de la demanda; es decir los alcances de la impugnación de
la resolución de primera instancia determina los poderes del Superior
Colegiado para resolver de forma congruente la materia objeto del
recurso, de conformidad con el principio de “tantum devolutum quantum
appellatum" […]2”
Tercero.- Finalidad de los Procesos Contencioso Administrativos
El Proceso Contencioso Administrativo no sirve únicamente como medio
para controlar en sede de la judicatura ordinaria, las actuaciones de la
Administración Pública, sujetas al derecho administrativo, sino que más
bien, su sentido es hoy principalmente el de la tutela de los derechos e
intereses de los administrados en su relación con la administración, y es,
en ese sentido que el artículo 5° de la Ley N° 27584 faculta no solo
plantear la nulidad de los actos administrativos impugnados, sino
también el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés
jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios
para tales fines.
En este sentido, el Jurista Juan José Díez Sánchez3, ha señalado:
“[…] con claridad la ley se inscribe en las tendencias más modernas de
la doctrina del Derecho Administrativo comparado … superando el
carácter meramente revisor del proceso contencioso administrativo o
limitado a “enjuiciar la validez del acto impugnado… como si se tratase
de un mero recurso de revisión contra una resolución…”. Por el
contrario, se configura como un “proceso destinado a garantizar la
1 Casación N° 1336-96-Piura. En Diario Oficial El Peruano, 14 de mayo de 1998.
2 Casación N° 3265-2012-Lima Norte, del 16 de Agosto del 2013.
3 “Comentario en torno a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo del Perú” Lima, abril de
2004
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tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos frente a las actuaciones de la administración pública, en el
que el objeto del proceso es lo que el demandante pretende de los
jueces y tribunales (“la pretensión”), y en el que el papel del acto
administrativo impugnable se reduce a un mero presupuesto de
procedibilidad, no pudiendo condicionar este último al ámbito de la
potestad judicial […]”
B) Del Marco Normativo y Jurisprudencial
Cuarto.- De la Ley N° 27444 -Ley del Procedimiento Administrativo
General-
La Ley N° 27444 consagra las causales de nulidad de un acto
administrativo, prescribiendo en su artículo 10° lo siguiente:
Artículo 10°.- Causales de nulidad
Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno
derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas
reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez,
salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto
a que se refiere el Artículo 14.
3. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la
aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los
que se adquiere facultades, o derechos, cuando son contrarios al
ordenamiento jurídico, o cuando no se cumplen con los requisitos,
documentación o trámites esenciales para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción
penal, o que se dicten como consecuencia de la misma.
Asimismo, la Ley N° 27444 consagra los Principios de la potestad
sancionadora administrativa en su artículo 230°, refiriendo a los
principios del debido procedimiento y razonabilidad y proporcionalidad
en sus incisos 2) y 3), en los siguientes términos:
"Artículo 230°.- Principios de la potestad sancionadora
administrativa
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La potestad sancionadora de todas las entidades está regida
adicionalmente por los siguientes principios especiales: […]
2. Debido procedimiento. - Las entidades aplicarán sanciones
sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías del
debido proceso.
3. Razonabilidad4.- Las autoridades deben prever que la comisión
de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor
que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo,
las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al
incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los
siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su
graduación:
a) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico
protegido;
b) EI perjuicio económico causado;
c) La repetición y/o continuidad en la comisión de la
infracción;
d) Las circunstancias de la comisión de la infracción;
e) EI beneficio ilegalmente obtenido; y
f) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del
infractor. […]"
Quinto.- De la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
El máximo intérprete de la Constitución en la sentencia recaída en el
Expediente N° º 2317-2010-AA/TC LIMA, de fecha 03 de septiembre de
2010, se ha pronunciado sobre el Principio del Debido Proceso y su
extensión al ámbito administrativo, en los siguientes términos:
“[…] 3.2. Derecho al debido proceso y a la motivación de los actos
administrativos
… 26.Como este Tribunal tiene señalado, el derecho fundamental al
debido proceso, consagrado en el artículo 139º, numeral 3) de la
Constitución, comprende una serie de garantías, formales y materiales,
de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento efectivo garantiza que el
procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmersa una persona,
pueda considerarse justo (STC N.º 10490-2006-AA, Fundamento 2). De
ahí que este Tribunal haya señalado que el ámbito de irradiación de
este derecho continente no abarca exclusivamente al ámbito judicial,
sino que se proyecta también al ámbito de los procesos administrativos
(STC Nº 07569-2006-AA/TC, Fundamento 6). Por lo demás, así
también lo establece el artículo IV, numeral 1.2 del Título Preliminar de
la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, cuando
4 Numeral modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo Nº 1029, publicado el 24 de junio
de 2008,
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señala que “[l]os administrados gozan de todos los derechos y garantías
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el
derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a
obtener una decisión motivada y fundada en derecho […]” (El
sombreado es nuestro).
En cuanto al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, el
mismo Tribunal Constitucional sostuvo en la sentencia recaída en el
Expediente Nº 04348-2005-PA/TC, fundamento 2) lo siguiente:
“[…] el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no
garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su
contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista: a)
fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas
a aplicar al caso, sino la explicación y justificación de por qué tal caso se
encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan tales normas; b)
congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación
de los argumentos que expresarán la conformidad entre los
pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes;
y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la
decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el
supuesto de motivación por remisión […]”
C) Análisis y conclusión de la pretensión impugnatoria.
Sexto.- En el caso de autos, la litis ha sido promovida por INVERSIONES
PERU PACIFICO, quien mediante escrito presentado con fecha 24 de julio
de dos mil trece, interpone demanda de nulidad del acto administrativo
consistente en la Resolución Gerencial N°501-2013/MPS-GSC y GRD de
fecha 18 de abril de dos mil catorce, por medio de la cual se resuelve
sancionarla con 1000 UIT, y mediante la Resolución de Alcaldía N° 0759-
2013/MPS de fecha 17 de mayo de 2013 se resuelve declarar infundado
su recurso impugnativo agotándose la vía administrativa; en ese sentido
mediante resolución número dos, de fecha veintinueve de agosto de dos
mil trece, el A Quo, resuelve admitir a trámite la demanda Contencioso
Administrativa, contra la Municipalidad Provincial de Sullana; con
conocimiento del Procurador Público, tramitada en la vía especial; siendo
que la Juzgadora mediante resolución número dieciocho, de fecha cinco
de diciembre de dos mil dieciséis, obrante de folios 267 al 275, declara
FUNDADA LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA interpuesta
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por INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. contra la Municipalidad
Provincial de Sullana; motivando con ello a que el demandado interponga
recurso de apelación de sentencia con fecha diez de enero de dos mil
diecisiete, el mismo que corre a folios 284 a 286; siendo en merito a ello,
que este Plenario emitirá pronunciamiento.
Séptimo.- En el presente caso, se tiene que el recurrente, cuestiona la
resolución venida en grado, mediante la cual se declara funda la acción
contencioso administrativa, señalando que: a) La Ordenanza Municipal
No 001-2013, que sirve de sustento a la multa impuesta a la demandante
entró en vigencia al día siguiente de su publicación, esto es el 13 de
enero de 2013; b) El A quo no ha precisado la norma que ha sido
vulnerada con la imposición de la multa; c) Que, la infracción cometida
por el demandante es verter aguas residuales servidas en la vía pública
sin el debido tratamiento; d) Que, no se ha tenido en cuenta la
responsabilidad social de la empresa en el sentido que debe estar
orientado al bien común y bienestar general.
Octavo.- Con respecto a lo antes planteado, la demandada impuso la
sanción mediante la Resolución Gerencia N°501- 2013/MPS-GSC y GRD
de fecha 18 de abril de 2013 contenida en el expediente
administrativo1426-13-C, anexado al presente expediente, mediante la
cual se resuelve:
Artículo Primero: Sancionar con Multa a Inversiones Perú
Pacífico S.A., con RUC N°20260995449, debidamente
representada por su representante legal Ing. ERICK CUADROS
ARENAS con DNI 29630400 ubicado en calle tres Mz d Lotes
1,2,3,6, y 13 del Parque Industrial Sullana, por Verter Aguas
Residuales Servidas en vía pública sin el debido tratamiento
equivalente al 1000% de la UIT, siendo el monto de
S/37,000.00 Nuevos soles, según papeleta de Infracción
Administrativa No 000853, impuesta el día 15 de enero de
2013, la misma que fue notificada en el acto, tal como lo
establece la Ordenanza Municipal N°001-2013-MPS - Código
N°1807.
Artículo Segundo: Autorizar al Ejecutor Coactivo de la
Municipalidad Provincial de Sullana para que proceda a la
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Cobranza Coactiva conforme a la Ley N° 26979, en caso de
incumplimiento de pago de la multa [...]"
En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la referida resolución
fue materia de impugnación, al no estar conforme el demandante en sede
administrativa, generando que se expida la Resolución de Alcaldía N°
0759-2013/MPS de fecha 17 de mayo de 2013 que resuelve declarar
infundado el Recurso de Apelación interpuesto por el Representante
Legal de la empresa Inversiones Perú Pacífico S.A.; y en consecuencia la
demandante agotó la vía administrativa, y al no estar conforme la
Empresa sancionada con multa equivalente a 1000% UIT, acude a la vía
judicial por considerar que la sanción impuesta se ampara en la
Ordenanza N°001-2013/MPS, que fue publicada el 13 de enero de 2013
que aún no estaba vigente para sancionar a las empresas en virtud de la
Novena Disposición Final que establece un plazo de 30 días para
adecuarse a la antes glosada Ordenanza, en tanto la sanción es
consecuencia de la papeleta de Infracción de fecha 15 de enero de 2013,
es decir a sólo dos días de su vigencia, y que el A Quo, a través de la
sentencia recurrida ha amparado la pretensión del demandante.
Cabe precisar, que la potestad sancionadora, es aquella facultad de la
administración pública de imponer sanciones a través de un
procedimiento administrativo, entendida la sanción administrativa como
aquel mal infligido a un administrado como consecuencia de una
conducta ilícita, con finalidad represora, consistiendo la sanción en la
privación de un bien o derecho, o la imposición de un deber, al estar
vedada para la administración pública las sanciones consistentes en
privación de la libertad, reservada al Derecho Penal acorde a lo dispuesto
por la Ley N° 27444; ley que además establece los recursos
impugnatorios a los que tiene derecho el recurrente en caso se emita un
pronunciamiento sobre el fondo del asunto ante la Administración
Pública, hasta agotar la vía administrativa sobre el fondo del asunto, lo
que ha ocurrido en el caso sub examine.
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Noveno.- Para mayor ahondamiento, se tiene lo estipulado por el
artículo 148° de la Constitución Política del Perú, en el cual se establece
que "Las resoluciones administrativas que causan estado son
susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa
administrativa", lo que supone que no toda resolución
administrativa es impugnable en la vía judicial sino únicamente los
que causan estado. Por su parte el artículo 20° de la Ley N° 27584, Ley
que regula el Proceso Contencioso Administrativo modificado por el
Decreto legislativo N° 1067 establece que "Es requisito para la
procedencia de la demanda el agotamiento de la vía
administrativa conforme a las reglas establecidas en la Ley de
Procedimiento Administrativo General o por normas especiales" (lo
resaltado es nuestro).
Décimo. – En atención a los cuestionamientos formulados cabe señalar
que en primer lugar respecto a que la Ordenanza Municipal N°001-
2013/MPS, entró en vigencia al día siguiente de su publicación como
alega la demandada, y su vigencia es a partir del día 13 de enero de
2013, no ha sido cuestionado en la postulación de la demandante sino el
extremo de vigencia para las empresas y la afectación al derecho de
defensa; en efecto por mandato de nuestro ordenamiento Constitucional
las Leyes entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial “El Peruano” y en el caso de las Ordenanzas Regionales y
Municipales; en el diario encargado de los avisos judiciales, en la
capital de la región o provincia, tratándose de entidades de alcance
regional o local; el artículo 109 de la Constitución señala que las leyes
entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial,
salvo que la misma ley postergue en todo o en parte su vigencia. y que
las Ordenanzas Municipales, tienen rango de Ley; y, por esa razón
entran en vigencia desde el día siguiente de su publicación de acuerdo al
artículo 44 de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades5 y en
5 ARTÍCULO 44.- PUBLICIDAD DE LAS NORMAS MUNICIPALES
Las ordenanzas, los decretos de alcaldía y los acuerdos sobre remuneración del
alcalde y dietas de los regidores deben ser publicados:
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consecuencia vigente al momento de imponer la sanción, lo cual como se
ha dejado expuesto no es materia de cuestionamiento; sino que la misma
no facultaba a la demandada para aplicar la sanción antes de los 30 días
que se había otorgado como plazo a las empresas que operan en su
jurisdicción para que se adecuen a las disposiciones de la citada
Ordenanza Municipal por mandato expreso de la Novena Disposición
Final. (Lo resaltado en negrita es nuestro).
Décimo Primero.- Por otro lado se cuestiona cual es la infracción o
vulneración en que se ha incurrido, citándose únicamente el inciso 1) del
artículo 10 de la Ley 27444, incurriendo en defecto de motivación, sin
embargo, como se ha dejado expuesto el citado artículo señala que el
1. En el Diario Oficial El Peruano en el caso de las municipalidades distritales y
provinciales del departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
2. En el diario encargado de las publicaciones judiciales de cada jurisdicción en el
caso de las municipalidades distritales y provinciales de las ciudades que cuenten con
tales publicaciones, o en otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad.
3. En los carteles municipales impresos fijados en lugares visibles y en locales
municipales, de los que dará fe la autoridad judicial respectiva, en los demás casos.
4. En los portales electrónicos, en los lugares en que existan.
Las normas municipales rigen a partir del día siguiente de su publicación, salvo
que la propia norma postergue su vigencia.
No surten efecto las normas de gobierno municipal que no hayan cumplido con el
requisito de la publicación o difusión.
Por otro lado la Ley 29091 aplicable al caso por su concordancia establece:
Artículo 3.- De la publicación de los dispositivos legales
En los supuestos a los que se refiere el artículo 2, la norma legal aprobatoria,
modificatoria o derogatoria deberá publicarse en el Diario Oficial “El Peruano”, cuando se
trate de entidades con alcance nacional; o en el diario encargado de los avisos judiciales,
en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades de alcance regional o local;
en ambos casos deberá indicarse la dirección electrónica en la cual se encuentra
publicada la información.
La publicación de los instrumentos de gestión, así como de los lineamientos,
directivas o reglamentos técnicos en el Portal del Estado Peruano, deberá realizarse al día
siguiente de la aprobación de la norma legal y tendrán vigencia al día siguiente de su
publicación en el Portal del Estado Peruano y en sus Portales Institucionales.
CONCORDANCIAS: D.S. N° 062-2008-PCM, 3ra. Disp. Comp. Trans.
D.S. Nº 006-2009-EF, Segunda Disp. Complem
Artículo 4.- De la exoneración de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano”
Los gobiernos locales que no cuenten con portal institucional deberán publicar los
documentos indicados en el artículo 2, en el diario encargado de los avisos judiciales en la
capital de la provincia.
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acto administrativo es nulo por que contraviene la Constitución, la Ley o
los Reglamentos; en el presente caso, al haberse aplicado la multa
equivalente a 1000% de la UIT, sin haberse cumplido con respetar el
plazo de 30 días que se había otorgado a las empresas para adecuarse a
las disposiciones de la Ordenanza No 001-2013/MPS, se contravine las
propias disposiciones de la norma que la demandada pretende justificar
para aplicar la sanción, incurriendo así en una afectación al debido
proceso que garantiza el numeral 3) del artículo 139 de la Constitución
Política del Estado.
Décimo Segundo. - También ha cuestionado la demandada que, no se
ha tenido en cuenta que la infracción cometida es "verter aguas
residuales servidas en vía pública sin el debido tratamiento" lo cual
atenta contra el derecho fundamental de las personas a gozar de un
ambiente equilibrado previsto en el inciso 22 del artículo 2° de la
Constitución, en tal sentido refiere que su representada tiene
competencia para aplicar la sanción. Conforme se ha dejado expuesto en
líneas precedentes no está en discusión la calificación de la infracción,
sino la imposibilidad de aplicar la sanción en la fecha en que se realiza la
Papeleta de Infracción, por no estar habilitada la demandada por
mandato expreso de su propia norma sancionadora que establece un
periodo de gracia para que las empresas puedan adecuarse a las
disposiciones de la citada Ordenanza, por lo que dicho cuestionamiento
debe desestimarse.
Décimo Tercero.- La demandada, refiere que, no se ha tenido en cuenta
la responsabilidad social de la empresa en el sentido que debe estar
orientado al bien común y bienestar general, siendo así considera que
se ha ocasionado un agravio de naturaleza procesal porque no se ha
motivado adecuadamente la interpretación de la Novena Disposición
Final de la Ordenanza Municipal 001-2013/MPS. Conforme a los
fundamentos establecidos en los considerandos precedentes, se ha
dejado expuesto que quien ha incurrido en una errónea interpretación de
sus propias disposiciones normativas es la demandada al pretender
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sustentar una sanción en una disposición que de manera expresa
establece en su Novena Disposición Final: "Otórguese un plazo de 30
días calendarios para que las empresas se adecúen a las disposiciones
emitidas en la presente ordenanza"; por tanto, la propia demandada ha
aprobado una norma que concede 30 días calendarios a las empresas
para su adecuación; sin embargo, pretende imponer una sanción en
un evidente abuso de derecho que no ampara nuestro ordenamiento
constitucional en la parte in fine del artículo 103; pretendiendo
justificar su accionar en el hecho de que la misma entró en vigencia al
día siguiente de su publicación, lo cual conforme ha quedado explicado,
no le facultaba en modo alguno para sancionar a la demandante por
cuanto a la fecha de imposición de la sanción no se habían vencido los
30 días calendarios para la adecuación dispuesta, en tal sentido aun
cuando el acto verificado - el haberse constatado que la empresa estaba
vertiendo aguas residuales servidas en la vía pública sin el debido
tratamiento,- y en esencia esta circunstancia puede atentar contra el
medio ambiente, y generar una responsabilidad social de la empresa, no
es menos cierto, que al no estar habilitada la demandante para imponer
la sanción en la fecha de ocurrido los hechos por mandato expreso de la
Novena Disposición Final de la Ordenanza N°001-2013/MPS; el acto
administrativo cuestionado en esta vía resulta ser nulo por contravenir a
las propias disposiciones establecidas en la norma que se pretende
amparar, fundamentos por los cuales la consecuencia sería que los actos
administrativos expedidos por la demandada deben declararse nulos, y
en tal sentido debe integrarse la recurrida en armonía con el artículo 407
del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente. (Lo resaltado en
negrita es nuestro).
V. DECISIÓN COLEGIADA:
Por los fundamentos antes expuestos y normas jurídicas citadas;
CONFIRMARON la SENTENCIA contenida en la resolución número
dieciocho (18), de fecha cinco de diciembre de dos mil dieciséis, obrante
a folios doscientos sesenta siete a doscientos setenta y cinco, que
resuelve declarar: 1) FUNDADA LA ACCIÓN CONTENCIOSO
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ADMINISTRATIVA interpuesta por INVERSIONES PERU PACIFICO
S.A., contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA; 2.-
INTEGRANDOLA SE DECLARAN NULAS y SIN EFECTO LEGAL a) La
Resolución de Gerencia N°501- 2013/MPS-GSC y GRD de fecha 18 de
abril de 2013 contenida en el expediente administrativo1426-13-C,
anexado al presente expediente, mediante la cual se resuelve: Artículo
Primero: Sancionar con Multa a Inversiones Perú Pacífico S.A., con RUC
N°20260995449, debidamente representada por su representante legal
Ing. ERICK CUADROS ARENAS con DNI 29630400 ubicado en calle tres Mz
d Lotes 1,2,3,6, y 13 del Parque Industrial Sullana, por Verter Aguas
Residuales Servidas en vía pública sin el debido tratamiento equivalente al
1000% de la UIT, siendo el monto de S/37,000.00 Nuevos soles, según
papeleta de Infracción Administrativa No 000853, impuesta el día 15 de
enero de 2013, la misma que fue notificada en el acto, tal como lo
establece la Ordenanza Municipal N°001-2013-MPS - Código N°1807.
Artículo Segundo: Autorizar al Ejecutor Coactivo de la Municipalidad
Provincial de Sullana para que proceda a la Cobranza Coactiva conforme a
la Ley N° 26979, en caso de incumplimiento de pago de la multa [...]"; y, b)
La Resolución de Alcaldía N° 0759-2013/MPS de fecha 17 de mayo de
2013 que resuelve declarar infundado el Recurso de Apelación
interpuesto por el Representante Legal de la empresa Inversiones Perú
Pacífico S.A. Consentida y/o Ejecutoriada que sea la presente, procédase
conforme a Ley. Actuó como ponente el señor Juez Superior Yone Pedro
Li Córdova. NOTIFIQUESE.
S.S
LI CÓRDOVA
MOREY RIOFRIO
ALVARADO REYES
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Juez: GALLO YAMUNAQUE CARMEN PAOLA
Fecha: 30/12/2016 11:05:47
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: SULLANA/SULLANA
FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL DE
SULLANA
CORTE SUPERIOR DE SULLANA 2° JUZGADO CIVIL - Sede San Martin
Secretario: VALDEZ DEL
ROSARIO ELIANA EXPEDIENTE : 01426-2013-0-3101-JR-CI-02
Fecha: 30/12/2016 11:10:32
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
D.Judicial: SULLANA/SULLANA
FIRMA DIGITAL
JUEZ : GALLO YAMUNAQUE CARMEN PAOLA
ESPECIALISTA : VALDEZ DEL ROSARIO, ELIANA
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA,
PROCURADOR PUBLICO DELA MUNICIPALIDADDE
SULLANA,
DEMANDANTE : INVERSIONES PERU PACIFICO S.A.
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NRO. DIECIOCHO (18)
Sullana, 5 de diciembre del 2016
I. ANTECEDENTES
1.1. De folios 16 a 40 la parte demandante INVERSIONES PERU PACIFICO
S.A., interpone demandada contenciosa administrativa la misma que la dirige
contra la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA, a fin que se
declare la nulidad de la Resolución Gerencial N° 501-2013-GSCyGRD, de fecha
18 de abril del 2013 1
1
1.2. Con Resolución N° Dos, de fecha 29 de agosto del año dos mil trece, obrante de
folios 48 a 49 se admite a trámite la demanda y se corre traslado a la parte
demandada para que conteste la demanda. La entidad edil emplazada contesta la
demanda conforme a los términos del escrito de contestación de demanda de
fojas 56 a 62. Por resolución N° Tres, de folios 64 a 66 se tiene por contestada la
demanda por parte de la Procuradora Pública de la Municipalidad Provincial de
Sullana; saneado el proceso; se fija los puntos controvertidos; se admiten los
medios de prueba de la parte demandante y de la parte demandada. Asimismo,
se prescinde de la realización de la audiencia de pruebas y corriendo como
anexo el expediente administrativo se dispone la remisión del expediente al
Ministerio Público para el dictamen de ley, el cual corre de folios 239 a 242.
Con Resolución N° diecisiete, se ponen los autos a despacho para sentenciar.
II. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDANTE
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2.1 La parte actora expone como fundamento de su demanda que con fecha 15 de
enero del año 2013 la Municipalidad de Sullana en inspección inopinada le
impuso multa equivalente a 1000 UIT según papeleta de infracción
administrativa N° 853 y acta de verificación, las cuales apeladas fueron
declaradas improcedentes. Luego se me notifica la Resolución Gerencial N°
501-2013/MPS-GSCyGRD por medio de la cual se resuelve sancionarlos con
multa equivalente a 1000 UIT y a la vez autorizar al ejecutor coactivo proceder
con la cobranza coactiva correspondiente. Interpuesto recurso de apelación se
declaró infundado con la Resolución de Alcaldía N° 759-2013/MPS, agotándose
la vía y quedando expedita la vía contencioso administrativa.
2.2 La Resolución Gerencial N° 501-2013/MPS-GSCyGRD se fundamenta en la
Ordenanza Municipal N° 001-2013/MPS, la misma que a la fecha de inspección
efectuada por la Municipalidad edil no habría entrado en vigencia. La citada
resolución no hace mención a los mecanismos de defensa ni a la base legal
aplicada. De la lectura de la Resolución Gerencial y del acta de verificación la
norma aparentemente aplicada es la Ordenanza Municipal N° 001-2013/MPS,
sin embargo si observamos a papeleta de infracción se hace mención a la
Ordenanza Municipal N° 029-2011/MPS.
2.3 La resolución gerencial se basa en el acta de verificación y la paleta de
infracción emitidas con fecha 15 de enero del 2013, las cuales tienen las
siguientes nulidades:
a. El acta de verificación no contiene la hora de término de la diligencia. 2
2
b. El acta de verificación no contiene la firma y datos del testigo que sí firma la
papeleta.
c. El acta de verificación no contiene designación expresa a los mecanismos de
defensa provistos.
d. El acta de verificación no hace mención alguna al plazo de descargo al que
tiene derecho la parte administrada.
2.4 La Novena Disposición Final de la Ordenanza Municipal N° 01-2013/MPS
dispuso: "Otórguese un plazo de 30 días calendarios para que las empresas se
adecúen a las disposiciones emitidas en la presente ordenanza". El plazo de
adecuación de la norma era de 30 días. En este caso la autoridad ha vulnerado
nuestro derecho a la legalidad y por ende a la tipicidad e irretroactividad
contenidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General, realizando una
inspección y aplicándonos una sanción con una norma que no ha entrado en
vigencia. La autoridad administrativa no puede aplicar la Ordenanza Municipal
N° 01-2013/MPS, pues no había entrado en vigencia para el 15 de enero del
2013 (habían pasado dos días desde su publicación), con motivo de que la
misma norma había establecido un plazo de 30 días para su adecuación en el
caso de las empresas.
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2.5 Existe falta de motivación, el administrado tiene derecho a conocer el argumento
legal que fundamenta su sanción para poder defenderse adecuadamente. Nos
encontramos aplicando una suerte de adivinanzas a efectos de entender la base
jurídica de la presente sanción, sobre todo cuando la norma a la que hace
referencia el acta de verificación no se encontraba vigente. Puntualiza que de la
lectura íntegra de la papeleta de infracción sólo obtiene que la infracción es la
número 1807, por verter aguas residuales a la vía pública sin el debido
tratamiento, no obtengo otro conocimiento sobre las investigaciones realizadas o
actos accesorios que comprueban la imputación señalada, porque se me multa,
desde cuándo y cuáles son los mecanismos de defensa con los que cuento ante
dicha actuación administrativa. Por otro lado señala que se ha debido notificar
previamente a su representada con la imputación de cargos, a efectos de poder
realizar los descargos, siendo que al haber obviado dicho paso la sanción
impuesta resulta ser manifiestamente nula.
III. ARGUMENTOS DE LA PARTE DEMANDADA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE SULLANA
3.1 En virtud de la Ordenanza Municipal N° 001-2013/MPS se inspecciono y
verificó las instalaciones de la empresa INVERSIONES PERU PACIFICO S.A.
donde se constató el vertimento de aguas servidas a la vía pública sin el debido
tratamiento, motivo por el cual la autoridad municipal impone la papeleta de
infracción administrativa N° 853, con código de infracción 1807. 3
3
3.2 Contradice que se haya vulnerado el principio de legalidad, debido
procedimiento, razonabilidad, informalismo y predictibilidad ya que se sanciona
de acuerdo al principio de razonabilidad por parte de la comuna municipal,
teniendo presente que la multa se impuso por verter aguas residuales.
3.3 La empresa interpone recurso de apelación no emitiendo pronunciamiento
alguno de descargos sustentatorios frente a la imposición de la multa. Depone
que el gobierno local ha seguido un debido procedimiento administrativo en
cuanto a la aplicación de sanciones de acuerdo al RAS y CUIS, lo que da origen
a la Resolución Gerencial N° 501-2013/MPS-GSCyGRD, que sanciona con
multa por verter aguas residuales servidas en la vía pública sin el debido
tratamiento.
3.4 De acuerdo a la constitución tanto la autoridad Nacional del Agua como la
entidad edil son competentes y poseen facultades conforme a la Legislación
Nacional Especial de la materia, citando que en los actuados no se ha generado
ningún conflicto de competencia entre la Municipalidad de Sullana y la
Autoridad Nacional del Agua.
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3.5 La Novena disposición final del Reglamento de Aplicación de Sanciones
Administrativas no prescribe ninguna vigencia de aplicación de dicha norma,
trayendo a colación el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades,
realizándose una interpretación errónea y muy subjetiva de la mencionada
norma, cuando aquello lo que prescribe o contempla es el cambio de medidas
que realicen las empresas con vigencia inmediata de la Ordenanza Municipal N°
001-2013/MPS, máxime Señor Magistrado, que en ningún extremo prescribe
que la norma incoada entrará en vigencia en el plazo de treinta días.
IV. DICTAMEN FISCAL
De folios 239 a 242 obra el dictamen emitido por el representante de la Primera
Fiscalía Civil y Familia de Sullana mediante el cual opina que se declare
fundada la presente acción.
V. PUNTOS CONTROVERTIDOS
Determinar si debe declararse la Nulidad de la Resolución Gerencial N° 2228-
2013/MPS-GSCyCRD, de fecha 29 de noviembre del 2013; de la Resolución
Gerencial N° 501-2013/MPS-GSCyGRD que sanciona a la demandante con
multa por verter aguas residuales en la vía pública sin el debido tratamiento
equivalente al 1000% de la UIT y autoriza al Ejecutor Coactivo de la parte
demandada para que proceda con la cobranza respectiva.
4
4
VI. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA
Delimitación del Petitorio:
6.1 El presente es un Proceso Contencioso Administrativo, presentado por la parte
actora, quien acreditando su legitimidad e interés para obrar recurre a este
órgano jurisdiccional al amparo del artículo 148 de la Constitución Política del
Estado solicitando que el Poder Judicial ejerza el control jurídico sobre las
actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y a la
efectiva tutela de los derechos de los administrados; conforme lo prescribe el
Articulo 1 de la ley 27584 modificado después por el Decreto Legislativo 1067 y
finalmente recogido por el TUO aprobado por el Decreto Supremo 013-2008-
JUS.
Es así que se entiende que la finalidad del proceso contencioso administrativo
radica en el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la
Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de
los derechos e intereses de los administrados. El Poder Judicial controla así la
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constitucionalidad y la legalidad de la actuación administrativa, pero también
brinda además una efectiva tutela a las situaciones jurídicas de los administrados
que pudieran haberse lesionado o que se hallen amenazadas por la actuación
administrativa inconstitucional o ilegal.
Del debido proceso en el ámbito administrativo:
6.2 Uno de los pilares que inspiran el desarrollo de las actividades desplegadas por
los entes administrativos, es el respeto al debido procedimiento, que se deriva en
su contenido esencial, del derecho al debido proceso consagrado en el inciso 3)
del artículo 139º de la Constitución, en cuya virtud es obligación de la
administración respetar y garantizar todos los principios y derechos protegidos
bajo el ámbito de la Constitución.
Al respecto, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída
en el expediente EXP. N.° 3075-2006-PA/TC:
“ (…) el debido proceso es un derecho fundamental de naturaleza
procesal con alcances genéricos, tanto en lo que respecta a los
ámbitos sobre los que se aplica como en lo que atañe a las
dimensiones sobre las que se extiende. Con relación a lo primero,
queda claro que dicho atributo desborda la órbita estrictamente
judicial para involucrarse o extenderse en otros campos como el
administrativo (…)”.
5
5
6.3 Como corolario de lo expresado cabe señalar que el Tribunal Constitucional en
su jurisprudencia ha recogido expresamente el principio de interdicción a la
arbitrariedad dentro del debido proceso y en razón de ello ningún sector del
estado está exonerado de respetar los derechos fundamentales de la persona
como por ejemplo el debido proceso, tanto en su vertiente formal como material;
debido proceso que como tal también se aplica a los órganos de la
Administración Pública:
“las dimensiones del debido proceso no solo responden a
ingredientes formales o procedimentales, sino que se manifiestan en
elementos de connotación sustantiva o material, lo que supone que
su evaluación no solo repara en las reglas esenciales con las que se
tramita un proceso (juez natural, procedimiento preestablecido,
derecho de defensa, motivación resolutoria, instancia plural, cosa
juzgada, etc,) sino que también, y con mayor rigor, se orienta a la
preservación de los estándares o criterios de justicia sustentables de
toda decisión (juicio de razonabilidad, juicio de proporcionalidad,
interdicción de la arbitrariedad, etc.). (EXP. N.° 3075-2006-PA/TC)
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Respecto a la motivación de las decisiones administrativas:
6.4 La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional
directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la
organización del Estado Democrático que se define en los artículos 3º y 43º de la
Constitución, como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o
arbitrario. En el Estado Constitucional Democrático, el poder público está
sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la
Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier
sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la
Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos
como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el
funcionario o colegiado, de ser el caso1.
En el plano legal, el numeral 1.2) del artículo IV del Título Preliminar de la
citada Ley establece que forma parte del debido procedimiento
administrativo el derecho del administrado a obtener una decisión motivada y
fundada en derecho. Dicha motivación debe efectuarse en proporción al
contenido y conforme al ordenamiento jurídico, en concordancia con el numeral
4) del artículo 3.º de la citada ley.
6.5 En igual sentido el Tribunal Constitucional ha expresado:
“(...) el deber de motivar las decisiones administrativas alcanza
6
especial relevancia cuando en las mismas se contienen sanciones”.
6
En la medida que una sanción administrativa supone la afectación
de derechos, su motivación no sólo constituye una obligación legal
impuesta a la Administración, sino también un derecho del
administrado, a efectos de que éste pueda hacer valer los recursos
de impugnación que la legislación prevea, cuestionando o
respondiendo las imputaciones que deben aparecer con claridad y
precisión en el acto administrativo sancionador. De otro lado,
tratándose de un acto de esta naturaleza, la motivación permite a
la Administración poner en evidencia que su actuación no es
arbitraria sino que está sustentada en la aplicación racional y
razonable del derecho y su sistema de fuentes” (la Sentencia N.°
090-2004-AA/TC,)
“la Constitución no garantiza una determinada extensión de la
motivación, por lo que su contenido se respeta siempre que exista
una fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo
resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la
1 Cfr. EXP. N.° 2192-2004-AA /TC
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decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa, o se presenta el
supuesto de motivación por remisión. Tampoco garantiza que, de
manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes
puedan formular dentro del proceso sean objeto de
pronunciamiento expreso y detallado. (…) En suma, garantiza que
el razonamiento guarde relación y sea proporcionado con el
problema que al juez (…) corresponde resolver” (STC N.º 00966-
2007-AA/TC).
Análisis del caso concreto:
6.6 La parte accionante en ejercicio de su derecho de tutela efectiva, acude ante el
órgano jurisdiccional con la finalidad de que se declare la nulidad de la
Resolución Gerencial N° 501-2013/MPS-GSCyGRD que sanciona a la
demandante con multa por verter aguas residuales en la vía pública,
imponiéndole una multa de 1000% de la UIT y autoriza a la parte demandada
para que proceda con la cobranza respectiva.
6.7 La Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, en su artículo 73 inc. d)
establece como materia de competencia municipal:
"(d) Emitir las normas técnicas generales, en materia de organización del
espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del
ambiente". De igual manera el artículo 46 de la misma norma consagra la 7
7
potestad sancionadora de la Municipalidad
6.8 El Tribunal Constitucional en el expediente N.° 2023-2002-AA/TC ha
señalado:
"3. Es necesario abundar en la naturaleza de los actos que el demandante
pretende controvertir en esta vía constitucional, pues solo así se podrá
determinar si ellos configuran una amenaza de violación o una afectación de
derechos fundamentales. En ese sentido, se debe tener en cuenta que “ (...) los
problemas de validez e impugnación de la actividad administrativa giran en
torno a un principio: el de que puede atacarse mediante un recurso
administrativo o acción judicial aquel acto de la administración que produzca
efectos jurídicos inmediatos respecto del impugnante; todo acto de la
administración (o no) que de suyo no produzca efectos jurídicos, no es todavía
directamente impugnable en cuanto a su validez: la noción de acto
administrativo debe entonces recoger ese principio y restringirse a aquellos
actos que producen efectos jurídicos directos, en forma inmediata”, [Gordillo,
Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo III. Fundación de Derecho
Administrativo. Buenos Aires. 2002. Pag. II-2] (subrayado agregado).
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4. En el caso de autos, no puede discutirse que los actos que el demandante
denuncia constituyan actos administrativos, pues estos no surten efectos
jurídicos directos e inmediatos al tratarse de meras opiniones o juicios. Esta
posición ha sido esbozada en el fundamento 1. al desestimarse la excepción
propuesta por la demandada, y también lo ha precisado el accionante en su
recurso extraordinario (fundamento quinto) cuando indica –refiriéndose a los
actos que cuestiona– que estos “no constituyen acto administrativo alguno, el
Memorándum y el oficio cuestionados vía Acción de Amparo, por cuanto no
emanan de decisión alguna”.
5. Debe agregarse que ninguno de estos actos lleva aparejada su ejecutabilidad;
es decir que todos ellos carecen de la fuerza obligatoria que permita alterar o
modificar una situación jurídica concreta".
6.9 En el caso concreto la actuación cuestionada de la entidad demandada de
imponer sanción a la parte actora por verter aguas residuales servidas a la vía
pública sin el debido tratamiento, de la revisión del expediente administrativo
que contiene el acta de verificación de fecha 15 de enero del año 2013 -materia
de nulidad- se advierte que en efecto la sanción interpuesta contempla como
base normativa la ordenanza municipal N° 01-2013/MPS, siendo que la papeleta
de infracción administrativa N° 853 en el rubro de la infracción de igual manera
reproduce la invocación de la antes mencionada norma municipal, puntualizando
que el código de la infracción es 1807. Apreciándose que la papeleta obra
firmada por quien actúa en su representación la Sra. Teresa de Jesús Manrique 8
8
Nole. Por su parte la Resolución Gerencial N° 501-2013/MPS-GSCyGRD, de
fecha 15 de abril del 2013, sustenta su actuar sancionado en la papeleta de
infracción N° 853 y en el acta de verificación aludidos precedentemente;
asimismo, acota que compulsados los actuados administrativos y la normativa
aplicable deviene necesario atender a lo prescrito en la ordenanza municipal N°
001-2013/MPS.
6.10 La Ordenanza Municipal N° 001-2013/MPS aprueba el Reglamento de
Aplicación de Sanciones (RAS) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones
(CUIS) de la Municipalidad Provincial de Sullana. a fojas 153 obra el cuadro de
infracciones y sanciones administrativas del rubro 1800 relacionadas al medio
ambiente, precisando que la infracción de código 1807 "por verter aguas
residuales servidas a la vía púbica sin el debido tratamiento" establece como
sanción pecuniaria para persona jurídica el porcentaje del 1000% de la UIT.
La quinta disposición final de la Ordenanza Municipal N° 001-2013/MPS
establece: "Deróguese la Ordenanza Municipal N° 029-2011/MPS, que contenía
el Reglamento de Aplicación de Multas y Sanciones y el Texto Único Ordenado
de Infracciones, Multas y Sanciones y todas las otras normas municipales que se
opongan a la presente ordenanza". La Novena disposición final prescribe:
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"Otórguese un plazo de 30 días calendarios para que las empresas se adecuen a
las disposiciones emitidas en la presente ordenanza".
6.11 En base a lo expuesto, de la lectura de la Novena disposición final de la
Ordenanza Municipal N° 001-2013/MPS, cabe señalar que estando al plazo
otorgado por dicha norma de 30 días calendarios para adecuación de las
empresas a las disposiciones de dicha norma, y, atendiendo a la fecha en la que
se llevó a cabo la diligencia de inspección que motivó la imposición de la
sanción de multa a la demandante, el 15 de enero del año 2013, se tendría que
para esta última de las fechas mencionadas no habría sido posible aplicar las
disposiciones de la Ordenanza Municipal N° 001-2013/MPS antes del 13 de
febrero del año 2013. Por lo que no obstante haber sido expedida con
posterioridad a esta fecha la Resolución Gerencial N° 501-2013/MPS-
GSCyGRD, de fecha 15 de abril del 2013, que es materia de apelación, esta
contiene la aplicación indebida de una papeleta la cual ha sido impuesta en
contravención a la Novena disposición final de la Ordenanza Municipal N° 001-
2013/MPS. Por lo que, estando a ello, deberá ampararse la pretensión
demandada por la parte actora, al haber incurrido la entidad municipal
demandada en causal de nulidad prevista en el artículo 10 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General que sobre la nulidad de los actos
administrativos sanciona: "Son vicios del acto administrativo, que causan su
nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas
reglamentarias". Consecuentemente deviniendo también en nula la 9
9
DECISIÓN:
Por los fundamentos de hecho y de derecho antes citados, la Juez del Segundo
Juzgado Civil de Sullana RESUELVE:
1. FUNDADA LA ACCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
interpuesta por INVERSIONES PERU PACIFICO S.A., contra la
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA. Consentida y firme que
sea, ARCHIVESE en el modo y forma de ley.
2. Interviene la secretaria de la causa y aprueba la presente resolución, en razón a
que el secretario de la causa viene acatando la huelga nacional indefinida de los
Trabajadores del Poder Judicial desde el día 22 de noviembre del año 2016.
Notifíquese.--
_________________________________________________________________________________________________________
____
Segundo Juzgado Especializado Civil de Sullana
Dirección: Av. Tangará Mz. V lote 1 Urb. Popular Villa Perú Canadá
Carretera Sullana - Paita. |
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EXPEDIENTE : 01437-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
ESPECIALISTA : GOMEZ MEDRANO HEBER JONATAN
DEMANDADO : EMPRESA PESQUERA CENTINELA SAC ,
DEMANDANTE : LUNA RODRIGUEZ, JUAN CIRILO
Resolución Nro. DIECISIETE.
Chimbote, veintinueve de setiembre
Del dos mil quince.
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta los actuados y el escrito presentado por la
demandada; se procede a emitir la resolución que corresponda y, CONSIDERANDO: PRIMERO:
Habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso abreviado laboral bajo los alcances establecidos
por la Ley N° 29497 – Ley Procesal del Trabajo, y atendiendo que dicho dispositivo legal, no establece
expresamente las pautas necesarias para la regulación de costos procesales, es de aplicación en forma
supletoria las disposiciones contenidas en el Código Procesal Civil; SEGUNDO: Según lo establecido
por el artículo 411º del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al caso de autos, son costos del
proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio
de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los
Abogados en los casos de auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula sus alcances tanto respecto
del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso,
fundamentando su decisión, a tenor de lo normado por el artículo 414º del cuerpo legal acotado;
TERCERO: Bajo este contexto, para la fijación del monto de los costos procesales debe tenerse en
cuenta los distintos factores que ha puesto el juego el abogado de su labor de asistencia profesional y
defensa, sin perjuicio de tenerse en cuenta el tiempo de duración del proceso, las instancias agotadas, la
conducta procesal de las partes así como la naturaleza del derecho pretendido; CUARTO: Por otro lado,
se debe tener en cuenta que el demandante no ha cumplido con adjuntar el recibo por honorarios
profesionales, así como tampoco el pago de los tributos correspondientes; cabe indicar que si bien lo
aludido es de obligación del actor cumplir con la presentación de dichas documentales, para la fijación de
los costos procesales; sin embargo, cabe resaltar que conforme lo ha establecido el Pleno Jurisdiccional
Nacional Civil, realizada en la ciudad de Lima en el año dos mil ocho, los costos procesales deben ser
fijados sin que sea necesario para el Juez que se haya acreditado el pago del tributo correspondiente; en
dicho pleno jurisdiccional se ha establecido, que el pago de los tributos correspondientes deben ser
exigidos únicamente para hacer efectivo el cobro del depósito judicial; en este sentido, resulta suficiente
efectuar dicho cálculo con los hechos actuados en la presente causa; QUINTO: Bajo esta premisa, de la
revisión de los actuados se verifica que la presente litis se ha llevado bajo los alances del nuevo modelo
laboral establecido en Ley N° 29497; siendo así, en ese orden de ideas se debe tener presente que el Juez
a fin de fijar los costos procesales meritua la actuación del abogado de la parte vencedora, valorando el
asesoramiento legal realizada en el proceso, debiendo tenerse en cuenta que en el Nuevo proceso Laboral
conforme a lo prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de la Ley N° 29497, sobre la prevalencia de las exposiciones orales sobre las escritas, estando referido a que los letrados oralizan su demanda,
fundamentan sus teorías del caso, es decir sus alegatos de apertura y de clausura en la Audiencia Única,
por lo que siendo ello así, y habiéndose realizado en dos diligencias la Audiencia Única (ver folios
364/366 y 415/416) en la que el letrado tuvo participación activa, además de ello debemos tener en
cuenta las incidencias realizadas en el presente proceso la cual se ha desarrollado en dos instancias,
obteniéndose sentencia favorable en la suma de S/. 205.03 nuevos soles (ver folios 474/477); suma que le
fue pagada al actor por concepto de capital, tal y conforme obra de la constancia de pago obrante a folios
494; asimismo, se le reconoce por resolución numero quince de fecha veinticuatro de diciembre del año
dos mil catorce, la suma de S/. 20.99 nuevos soles por concepto de intereses legales; disponiéndose
además a la entrega del comprobante de pago N° 2014078111475 efectuado por la demandada mediante
escrito de fecha 22/DIC/14 (ver folios 507/508); siendo ello así, y tomando en cuenta que la causa a la
fecha se ha cumplido con el pago del crédito laboral reconocido a favor del actor, por lo que debe
procederse a fijar el monto de costos procesales en forma razonable, merituando la conducta procesal de
la demandada PESQUERA CENTINELA S.A.C; SEXTO: Contrastando los actos procesales, así como la
intervención del letrado en las Audiencias programadas (sólo a partir de la continuación de la audiencia
única), los costos del proceso deben fijarse en atención a las incidencias del proceso, tales como: 1) la
duración del proceso, el cual es un proceso rápido al tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de
Trabajo 29497, iniciado con la presentación de la demanda el 25 de setiembre del 2013, a la actualidad 29
de setiembre del 2015, 2) instancias jurisdiccionales (dos instancias para la sentencia y una instancia para
los intereses legales), 3) la labor del letrado de la parte vencedora interviniendo sólo en la continuación
de la audiencia única; 4) además se pondera los montos ordenados a cancelar por concepto de capital e
intereses legales reconocidos en los presentes actuados, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados
del Santa, (lugar donde se ha ventilado la presente litis), al haberse declarado fundada la pretensión
planteada por el accionante; SEPTIMO: Siendo así, de los actuados se advierte que el abogado del
accionante planteo la demanda con fecha 25 de setiembre del año 2013 y sólo intervino en la continuación
de audiencia única de fecha 25 de junio del año 2014, conforme se registra en audio y video, ventilado en
este nuevo modelo procesal donde prevalece la oralidad sobre lo escrito; por ello, los costos deben ser
fijados en función a las incidencias acaecidas en el trámite de la causa, atendiendo a las incidencias del
proceso, la duración y su complejidad; así como la intervención del abogado patrocinante; es por ello que
el Juez a fin de fijar los costos procesales debe merituar la actuación del abogado de la parte vencedora,
valorar el asesoramiento legal realizada y el resultado favorable tanto en el trámite del proceso como de
ejecución, por lo cual se debe tener presente el capital y el interés que genera el incumplimiento de la
obligación laboral, dentro de este contexto se tiene que el abogado a asesorado al actor desde la
continuación de la audiencia única conforme se colige a folios 415/416; y en la etapa de ejecución de
sentencia, y ha obtenido como sentencia favorable la suma de S/. 205.03 nuevos soles, por pago del
capital y por intereses legales S/. 20.99 nuevos soles; siendo así, por todo lo antes expuesto y en
efectividad al apercibimiento decretado en la parte in fine de la resolución que precede, es necesario fijar
los costos procesales, el mismo que en merito al Principio de Celeridad Procesal, descrito en el Artículo I
del Título Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, de Oficio esta Judicatura lo hace,
de manera razonable conforme a la naturaleza del proceso, las instancias recurridas, la defensa desplegada en un 11% de la suma total S/. 226.02 nuevos soles; ascendiendo al importe de S/. 25.00 nuevos soles,
más el 5% destinado para el Colegio de Abogados del Santa ascendente a la suma de S/. 1.00 nuevos
soles; por estas consideraciones: SE DISPONE:
1. FIJAR los costos procesales en la suma de S/. 25.00 nuevos soles (VEINTICINCO CON
00/100 NUEVOS SOLES) más el importe de S/. 1.00 nuevo sol (UN CON 00/100 NUEVO
SOL), destinados al Colegio de Abogados del Santa, conforme a los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución. En consecuencia,
2. REQUIÉRASE a la demandada para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES cumpla
con abonar a favor del accionante la suma requerida, bajo apercibimiento de ley en caso de
incumplimiento. De la misma forma,
3. CARECE de objeto emitir pronunciamiento a lo solicitado por la demandada; debiendo estar a
lo resuelto en la presente resolución. Notifíquese |
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EXPEDIENTE : 01440-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
JUEZ : ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
ESPECIALISTA : GARCIA SOLORZANO EVELY TEOFILA
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE SA ,
DEMANDANTE : OLIVAREZ SAAVEDRA, ALEJANDRO
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y SEIS
Chimbote, diecisiete de junio
Del dos mil dieciséis.
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito que antecede; y,
CONSIDERANDO: PRIMERO: Por resolución número treinta y tres, se expidió
sentencia de vista, revocando la recurrida; en consecuencia, se declaró fundada la
demanda, disponiéndose que la demandada pague al actor por reintegro de pago de
bonificación por renuncia voluntaria el importe de S/. 152,024.82 soles; más intereses
legales y costos del proceso; SEGUNDO: Por resolución número treinta y ocho se tuvo
por consignada la suma dispuesta a pagar en sentencia, ordenándose la entrega al
demandante, materializándose con fecha 20 de abril del 2015 (ver folios 554 y 555);
luego, a través de la resolución número cuarenta y uno se aprobó la liquidación de
intereses legales en la suma de S/. 20,305.96 soles que la demandada ha cumplido con
pagar, disponiéndose también la entrega al demandante mediante resolución número
cuarenta y dos. Finalmente, se regularon y pagaron los costos del proceso, en mérito a
las resoluciones número cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco, respectivamente;
TERCERO: Siendo así, habiéndose ejecutado por completo la sentencia de vista
emitida en autos, no existiendo pretensiones pendientes de satisfacer, corresponde
disponer la conclusión de la ejecución del presente proceso. Por estos considerandos
SE DISPONE: Declarar la CONCLUSIÓN DE LA EJECUCIÓN del proceso. Siendo el
estado: ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE los actuados en el modo y forma de ley.
Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 01440-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
JUEZ : ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
ESPECIALISTA : GARCIA SOLORZANO EVELY TEOFILA
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE SA ,
DEMANDANTE : OLIVAREZ SAAVEDRA, ALEJANDRO
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y CUATRO.
Chimbote, nueve de junio
Del dos mil dieciséis.
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por
el apoderado de la parte demandada; y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante escrito
presentado con fecha 31 de mayo del 2016, el abogado de la parte demandante recurre a
este juzgado solicitando que se fijen los costos procesales en el 20% de lo ordenado a pagar
en la sentencia (capital e intereses legales), alegando que sustenta su pretensión en el
acuerdo verbal asumido con su patrocinado por los servicios prestados, que como es de
verse los actuados han sido materia de apelación en dos oportunidades y también ha ido en
consulta a la Sala Laboral; petición que se le concedió traslado a la demandada mediante
resolución que precede. SEGUNDO: Dentro del plazo concedido, la emplazada ha
observado la propuesta de costos procesales manifestando que los costos procesales deben ser
fijados en atención a la labor desplegada por el abogado defensor y la complejidad del proceso; además
que el tiempo que ha llevado este proceso no es imputable a su parte sino que se debió a una demora
propia de los órganos jurisdiccionales; por lo que lo pretendido, resulta ser excesiva; y demás
argumentos que en ella expone, solicitando se tenga por observada la liquidación de los
costos procesales y declarar oportunamente fundada la misma. TERCERO: Conforme lo
prescribe el artículo 414º del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente
proceso “El Juez regulará los alcances de la condena de costas y costos, tanto respecto del monto
como de los obligados y beneficiarios, en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su
decisión”. Es decir, el juez debe fijar el monto de los costos del proceso en forma prudencial,
atendiendo no sólo a la duración del proceso e instancias jurisdiccionales, sino también a la
naturaleza de la pretensión, su complejidad, el monto del petitorio, la buena fe procesal de
la parte vencida y las circunstancias que se hayan dado en el decurso del proceso.
CUARTO: En tal contexto, se advierte que el recurrente interpuso su demanda con fecha 27
de setiembre del 2013; por lo que a la fecha han transcurrido aproximadamente dos años y
medio; asimismo, del nuevo modelo procesal del trabajo se tiene que impera el principio de
oralidad en el que los abogados deben sustentar su defensa técnica en audiencia y haciendo
uso de las técnicas de litigación oral, con lo que se concluye que la presentación de escritos en la mayoría de procesos son sólo para la demanda y contestación de demanda. Por otro
lado, de la sentencia de vista obrante a folios 495 a 501 se verifica que el monto ordenado
cancelar a favor del demandante incluyendo los intereses legales aprobados mediante
resolución número cuarenta y uno, que no fuera apelada(ver folios 574 a 775) asciende a la
suma de S/. 172,330.76 soles; a fin de fijar los costos procesales se tiene en cuenta que,
durante el trámite del mismo se han interpuesto medios de defensa técnicos e impugnación
de resoluciones y a la demora en la tramitación; por lo que, atendiendo que los costos
procesales son fijados por el juez en virtud al principio de razonabilidad; y, como lo ha
señalado el máximo intérprete de la Constitución “el juzgador se guía por las reglas de la
razonabilidad y la aceptabilidad, elementos de valoración que secundan el concepto de equidad, el
mismo que habilita al juzgador a adoptar una decisión en concordancia de justicia con la dimensión
del proceso incoado”, debe regularse los costos procesales solicitados por la parte accionante
en dicho contexto. QUINTO: Asimismo, respecto al porcentaje propuesto por el actor, debe
tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su monto en
ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de contratar; sin embargo, siendo el
Juzgador quien las fija y/o regula, en el caso concreto, considerando las incidencias del
proceso, la misma que se ha tramitado en dos instancias por impugnación de sentencia por
parte del demandante, resulta razonable y equitativo regular los mismos en el importe de
S/. 20,000.00 soles, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados del Santa ascendente
a la suma de S/. 1,000.00 soles. De esta manera, una vez consentida y/o ejecutoriada que
sea la presente resolución, el letrado del actor deberá presentar su respectivo honorario
profesional por el monto fijado. Por estas consideraciones y de conformidad con los
dispositivos legales glosados, SE RESUELVE:
1. FIJAR los costos procesales en la suma de S/. 20,000.00 soles (VEINTE MIL SOLES) más
el importe de S/. 1,000.00 soles (MIL SOLES), destinados al Colegio de Abogados del
Santa, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente
resolución; consecuentemente,
2. REQUIÉRASE a la demandada para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES
cumpla con abonar a favor del accionante la suma fijada, bajo apercibimiento de ley en caso
de incumplimiento. Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por disposición Superior.
Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 01440-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
JUEZ : ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
ESPECIALISTA : GOMEZ MEDRANO HEBER JONATAN
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE SA,
DEMANDANTE : OLIVAREZ SAAVEDRA, ALEJANDRO
Resolución Nro. CUARENTA Y UNO.
Chimbote, dieciséis de mayo
Del dos mil dieciséis.
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por el abogado
del actor; se procede a emitir lo que corresponda y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Conforme lo establece el artículo 63° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo: “La
liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por el término de cinco (5) días hábiles
siguientes a su notificación. En caso de que la observación verse sobre aspectos metodológicos de
cálculo, el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa. Vencido el plazo el juez,
con vista a las liquidaciones que se hubiesen presentado, resuelve acerca del monto fundamentándolo.”
SEGUNDO: En ese sentido, habiendo la parte demandada observado la liquidación efectuada por el
perito contable adscrito al juzgado, en base a los argumentos que en ella expone alegando básicamente
que: i) se ha encontrado errores en el cálculo respecto al total de días y en la aplicación de un factor que
no corresponde a las fechas indicadas; asimismo, por otro lado refiere que, ii) el perito no ha señalado de
donde ha obtenido la tasa de interés aplicada y a la vez no ha adjuntado el factor utilizado obtenido
supuestamente a través de la SBS como señala; de esta manera, al haber presentado su liquidación
alternativa respecto al cálculo de derechos accesorios, se dispone poner en conocimiento del actor
mediante resolución precedente por un tiempo perentorio.
TERCERO: Mediante el escrito que se da cuenta el recurrente absuelve el traslado de la observación
formulada por la demandada, solicitando se declare infundada y se le requiera el pago bajo
apercibimiento de embargo; por cuanto refiere que la liquidación de intereses legales ha sido efectuada
correctamente por el perito contable adscrito al juzgado, utilizando el SISTEMA INTERLEG;
demostrando la demandada con ello dilatar la ejecución del proceso;
CUARTO: Por las consideraciones expuestas y en atención a lo dispuesto en la parte in fine del artículo
citado en el primer considerando, se dispone efectuar la liquidación de los intereses legales por el
Especialista Judicial que da cuenta por disposición Superior, a fin de evitar dilaciones innecesarias y
nulidades que perjudiquen la prosecución del presente proceso, siendo por: De esta manera, aplicando el interés laboral según las normas previstas en la Ley Nº 25920, tal como se
indica en el Informe pericial que se adjunta líneas arriba y siendo que la tasa utilizada para el cálculo ha
sido la que fija el Banco Central de Reserva en forma diaria, ello en concordancia con el Sistema
Integrado Judicial que se ha implantado en esta sede judicial, existiendo el programa del INTERLEG,
que proporciona los factores acumulados, en base de los datos proporcionados por el Banco Central de
Reserva, la observación a la liquidación realizada por el perito por parte de la demandada, deviene en
fundada en parte.
QUINTO: Bajo este panorama y conforme a la liquidación efectuada por el Especialista judicial, se tiene
por intereses legales laborales la suma de S/. 20,305.96 soles.
En consecuencia, SE RESUELVE:
1. DECLARAR FUNDADA EN PARTE la observación formulada por la demandada
PESQUERA DIAMANTE S.A a la liquidación de intereses legales; en consecuencia,
2. APRUÉBESE la liquidación de los intereses legales efectuada por el Especialista Legal
ascendiente a la suma de S/. 20,305.96 soles; en este sentido, REQUIÉRASE a la demandada
para que dentro del tercer día hábil de notificada cumpla con abonar al actor la suma de S/.
20,305.96 soles (VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCO CON 96/100 SOLES), bajo
apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 6° JUZGADO LABORAL - NLPT
EXPEDIENTE : 01440-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
JUEZ : ULLOA MORILLO ROSA ELVIRA
ESPECIALISTA : PICON ESPINOZA JOSE FELICIANO
DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE S.A.
DEMANDANTE : OLIVAREZ SAAVEDRA, ALEJANDRO
Resolución Nro. TREINTA Y SEIS
Chimbote, Veintiuno de marzo
Del año dos mil dieciséis.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con los autos devuelto por la
Sala Laboral, estando a lo resuelto; CÚMPLASE lo resuelto, en consecuencia
proveyéndose con arreglo a Ley los escritos de nulidad por ambas partes con fecha 23
y 27 de octubre del año 2015 que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO: Mediante
escrito de fecha 23 de octubre del año 2015, el abogado del demandante, solicita la
nulidad en la sentencia de vista, solamente referida en el punto tres de la parte
resolutiva que dispone elevar los actuados en consulta a la Sala Laboral, conforme a
los fundamentos que expone; Mientras que la demandada mediante escrito de fecha
27 de octubre del año 2015, solicita la nulidad de la resolución de vista número Treinta
y tres al haberse expedido con clara trasgresión a las normas del debido proceso, con
el fundamento que el Juzgado reconoce que el proceso debe iniciar en el Juzgado
de Trabajo y no en el Juzgado de paz, sin embargo al momento de resolver actúa
como instancia revisora al revocar la sentencia, más aún, no obstante a ello, lo eleva
en consulta a la Sala Laboral en base al artículo 408 del código procesal civil, sin
establecer en cuál de las causales se apoya, pues no fundamenta éste punto y demás
argumentos que expone; SEGUNDO: Es necesario tener presente que el artículo 171°
del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente al caso de autos, establece que la
nulidad se sanciona por causa establecida en la Ley, o cuando el acto procesal
careciese de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad; TERCERO:
En ese sentido, respecto a la nulidad formulada por el abogado del demandante,
debe ampararse lo peticionado, toda vez que la consulta dispuesta en el punto tres
de la Resolución de Vista numero Treinta y tres, no se encuentra enmarcada en
ninguno de los presupuestos que prescribe el artículo 408 del Código Procesal Civil,
más aún no se encuentra regulado en la Ley No. 29497, conforme también lo ha
hecho notar la Sala Laboral en la resolución número treinta y cinco, por lo que debe
declararse nula en este extremo; CUARTO. Respecto a la nulidad formulada por la
parte demandada; si bien es cierto que el artículo séptimo de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, regula los casos de incompetencia; en el presente proceso al momento
de admitirse a trámite la demanda, el A.quo de primera instancia ha verificado el
mismo, en merito al escrito postulatorio de demanda, la misma que es liquidada en su
monto de petitorio la suma de S/.11,426.58 Nuevo Soles y; ahora que en la sentencia
en mérito al cálculo realizado, se ha liquidado monto mayor a lo pretendido por el
actor, cálculo de suma mayor que es amparado en el segundo párrafo del artículo 31
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo No 29497, que señala que el Juez puede disponer
el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciere error en el cálculo de los
derechos demandados o error en la innovación de las normas aplicadas (lo resaltado
es nuestro); en ese sentido se ha cálculo el monto que por derecho le corresponde,
por lo que no resulta amparable la nulidad deducida por la demandada, por lo que
deviene en infundada la nulidad formulada por la demandada contra la sentencia de
vista: por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FUNDADA la nulidad formulada por el demandante, SOLAMENTE en el
extremo del Punto tres de la resolución de vista número Treinta y tres, que resuelve
Elevar los actuados en consulta a la Sala Laboral, debiéndose tener presente lo
resuelto por la Sala Laboral en la resolución número treinta y cinco.
2.- DECLARAR INFUNDADA LA NULIDAD formulada por la demandada contra la
sentencia vista número Treinta y tres, en consecuencia conforme al estado del
proceso DEVUÉLVASE los autos al Juzgado de Origen con la debida nota de atención,
para la ejecución respectiva.- Interviniendo el secretario judicial que da cuenta por
disposición del Superior.- Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
Fecha: 28/04/2015 08:56:00
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL - SEDE CENTRAL
EXPEDIENTE : 01440-2013-0-2501-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
JUEZ : ARAUJO IBAÑEZ ERIC OMAR
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: GOMEZ MEDRANO
HEBER JONATAN ESPECIALISTA : GOMEZ MEDRANO HEBER JONATAN
Fecha: 29/04/2015 18:14:17
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : PESQUERA DIAMANTE SA ,
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL DEMANDANTE : OLIVAREZ SAAVEDRA, ALEJANDRO
Resolución Nro. VEINTICINCO.
Chimbote, veintisiete de abril
Del dos mil quince.
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito de apelación presentado por
la parte demandante, se procede a emitir la resolución que corresponde; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: La parte demandante, acude al órgano jurisdiccional a fin de interponer recurso de apelación
contra el auto contenido en la resolución veinticuatro, la misma que declara fundada la excepción de
incompetencia por razón del territorio; en consecuencia, nulo todo lo actuado, disponiéndose la remisión
del presente proceso al Juzgado de Paz Letrado de Nepeña. SEGUNDO: El recurso de apelación tiene
por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine (si existe vicio o error en el acto procesal), a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que
sea anulada o revocada total o parcialmente, medio impugnatorio regido por el principio dispositivo de la
impugnación, en virtud del cual solamente puede conocerse y resolverse una impugnación si es que las
partes lo solicitan; TERCERO: Calificando con arreglo a ley el escrito de apelación que se provee, se
aprecia que el mismo ha sido presentado dentro del plazo legal establecido en el artículo 376 del Código
Procesal Civil; asimismo, cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos en los
artículos 357° y 358° del Código adjetivo, concordante con los artículos 365º y 366º del mismo cuerpo
normativo, aplicables supletoriamente al presente proceso, de conformidad con lo previsto en la Primera
Disposición Complementaria de la Ley N°. 29497, por lo que cabe ser admitido a trámite, debiendo ser
concedida con efecto suspensivo conforme lo previsto por los artículos 368º y 371º del Código
precedentemente citado. Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en los dispositivos
legales anteriormente mencionados. SE RESUELVE:
1. CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO contra el auto contenido en la
resolución VEINTICUATRO, interpuesta por la parte demandante Don ALEJANDRO
OLIVARES SAAVEDRA; en consecuencia, ELEVESE el expediente al Superior Jerárquico
con la debida nota de atención. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1°JUZ.DE PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL DEL CUSCO
EXPEDIENTE : 01440-2013-0-1001-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
JUEZ : NAYDA CASTILLO CRUZ
ESPECIALISTA : ELIZABETH HUAMANI CUEVA
REPRESENTANTE : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO ,
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE SALUD ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
AUTO QUE CONCEDE APELACION DE SENTENCIA
Resolución Nro.10
Cusco, diecisiete de diciembre
Del dos mil quince.-
AL REGISTRO DE INGRESO Nº 6722-2015: A merito de la documentación
que acompaña téngase por apersonado a Leonor del Castillo Farfán
apoderada de la Dirección Regional de Salud de Cusco y por señalado el
domicilio procesal que indica, lugar donde se le harán llegar las resoluciones
que emita este despacho.
AL OTROSI DIGO: VISTOS: El escrito de apelación que precede, y
CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a la norma adjetiva civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca
agravio con el propósito de que sea anulada o revocada total o
parcialmente, todo ello en atención de la pluralidad de instancia establecido
por nuestra norma fundamental. Segundo.- El Artículo 32º de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo, establece que el plazo de apelación de la sentencia es
de cinco días (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente
de la notificación a las partes, en ese entender, habiendo la demandada
interpuesto el recurso impugnatorio dentro del plazo de ley y además que el
mismo reúne los requisitos de ley, este Juzgado, SE RESUELVE: CONCEDER el
recurso de APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, interpuesto por Leonor del
Castillo Farfán apoderada de la Dirección Regional de Salud de Cusco, contra
la sentencia contenido en la resolución nueve del proceso, su fecha
veinticinco de noviembre del año en curso, por el que se resuelve declarar
fundada en parte la demanda de autos, en tal virtud, elévense los autos de la
materia al Superior Jerárquico y con la debida nota de atención. AL OTROSI
DIGO: En mérito a la norma constitucional invocado, téngase en cuenta la
exoneración que indica. AL MÁS DIGO: A sus antecedentes.-H.S.- |
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Juez: NAYDA CASTILLO CRUZ
Fecha: 11/03/2014 12:23:17
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CUSCO/CUSCO
FIRMA DIGITAL
1°JUZ.DE PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL DEL CUSCO
EXPEDIENTE : 01440-2013-0-1001-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
ESPECIALISTA : ELIZABETH HUAMANI CUEVA
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO ,
CORTE SUPERIOR DE CUSCO
Secretario: ELIZABETH HUAMANI DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
CUEVA
Fecha: 12/03/2014 08:15:36
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CUSCO/CUSCO
FIRMA DIGITAL
AUTO QUE CONCEDE APELACION DE SENTENCIA
Resolución Nro.05
Cusco, cinco de marzo
Del dos mil catorce.-
AL REGISTRO DE INGRESO Nº 540-2014: Escrito presentado por AFP
HORIZONTE.
AL PRINCIPAL: VISTOS.- El escrito de apelación que precede, y
CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a la norma adjetiva civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio
con el propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente, todo ello
en atención de la pluralidad de instancia establecido por nuestra norma
fundamental. Segundo.- El Artículo 32º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo,
establece que el plazo de apelación de la sentencia es de cinco días (5) días
hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la notificación a las
partes, en ese entender, habiendo la demandada interpuesto el recurso
impugnatorio dentro del plazo de ley y además que el mismo reúne los
requisitos de ley, este Juzgado, SE RESUELVE: CONCEDER el recurso de
APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, interpuesto por PROFUTURO
AFP., contra la sentencia contenido en la resolución cuatro del proceso, su
fecha catorce de febrero del año en curso, por el que se resuelve declarar
fundada la excepción de prescripción extintiva y declara nulo todo lo actuado y
por concluido el proceso, elévense los autos de la materia al Superior
Jerárquico y con la debida nota de atención. AL OTROSI DIGO: Téngase en
cuenta. AL SEGUNDO OTROSI DIGO: Agréguese a sus antecedentes. H.S.- |
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EXPEDIENTE : 01440-2013-0-1001-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
JUEZ : NAYDA CASTILLO CRUZ
ESPECIALISTA : ELIZABETH HUAMANI CUEVA
REPRESENTANTE : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO ,
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE SALUD ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
AUTO QUE CONCEDE APELACION DE SENTENCIA
Resolución Nro.10
Cusco, diecisiete de diciembre
Del dos mil quince.-
AL REGISTRO DE INGRESO Nº 6722-2015: A merito de la documentación
que acompaña téngase por apersonado a Leonor del Castillo Farfán
apoderada de la Dirección Regional de Salud de Cusco y por señalado el
domicilio procesal que indica, lugar donde se le harán llegar las resoluciones
que emita este despacho.
AL OTROSI DIGO: VISTOS: El escrito de apelación que precede, y
CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a la norma adjetiva civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca
agravio con el propósito de que sea anulada o revocada total o
parcialmente, todo ello en atención de la pluralidad de instancia establecido
por nuestra norma fundamental. Segundo.- El Artículo 32º de la Nueva Ley
Procesal de Trabajo, establece que el plazo de apelación de la sentencia es
de cinco días (5) días hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente
de la notificación a las partes, en ese entender, habiendo la demandada
interpuesto el recurso impugnatorio dentro del plazo de ley y además que el
mismo reúne los requisitos de ley, este Juzgado, SE RESUELVE: CONCEDER el
recurso de APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, interpuesto por Leonor del
Castillo Farfán apoderada de la Dirección Regional de Salud de Cusco, contra
la sentencia contenido en la resolución nueve del proceso, su fecha
veinticinco de noviembre del año en curso, por el que se resuelve declarar
fundada en parte la demanda de autos, en tal virtud, elévense los autos de la
materia al Superior Jerárquico y con la debida nota de atención. AL OTROSI
DIGO: En mérito a la norma constitucional invocado, téngase en cuenta la
exoneración que indica. AL MÁS DIGO: A sus antecedentes.-H.S.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE CUSCO
Juez: NAYDA CASTILLO CRUZ
Fecha: 11/03/2014 12:23:17
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CUSCO/CUSCO
FIRMA DIGITAL
1°JUZ.DE PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL DEL CUSCO
EXPEDIENTE : 01440-2013-0-1001-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
ESPECIALISTA : ELIZABETH HUAMANI CUEVA
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO ,
CORTE SUPERIOR DE CUSCO
Secretario: ELIZABETH HUAMANI DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
CUEVA
Fecha: 12/03/2014 08:15:36
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CUSCO/CUSCO
FIRMA DIGITAL
AUTO QUE CONCEDE APELACION DE SENTENCIA
Resolución Nro.05
Cusco, cinco de marzo
Del dos mil catorce.-
AL REGISTRO DE INGRESO Nº 540-2014: Escrito presentado por AFP
HORIZONTE.
AL PRINCIPAL: VISTOS.- El escrito de apelación que precede, y
CONSIDERANDO: Primero.- Conforme a la norma adjetiva civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio
con el propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente, todo ello
en atención de la pluralidad de instancia establecido por nuestra norma
fundamental. Segundo.- El Artículo 32º de la Nueva Ley Procesal de Trabajo,
establece que el plazo de apelación de la sentencia es de cinco días (5) días
hábiles y empieza a correr desde el día hábil siguiente de la notificación a las
partes, en ese entender, habiendo la demandada interpuesto el recurso
impugnatorio dentro del plazo de ley y además que el mismo reúne los
requisitos de ley, este Juzgado, SE RESUELVE: CONCEDER el recurso de
APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, interpuesto por PROFUTURO
AFP., contra la sentencia contenido en la resolución cuatro del proceso, su
fecha catorce de febrero del año en curso, por el que se resuelve declarar
fundada la excepción de prescripción extintiva y declara nulo todo lo actuado y
por concluido el proceso, elévense los autos de la materia al Superior
Jerárquico y con la debida nota de atención. AL OTROSI DIGO: Téngase en
cuenta. AL SEGUNDO OTROSI DIGO: Agréguese a sus antecedentes. H.S.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3° JUZGADO LABORAL - NLPT
EXPEDIENTE : 01452-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
JUEZ : VELASQUEZ RONCAL JULIO CESAR
ESPECIALISTA : GLORIA ISABEL LEON GUEVARA
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SACCOPEINCA ,
DEMANDANTE : CHAVEZ SUYON, LUIS ALBERTO
Resolución Nro. VEINTINUEVE
Chimbote, quince de octubre
del año dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS; Viene en grado de apelación la
resolución número veintiséis de fecha doce de junio del presente año,
y, CONSIDERANDO: PRIMERO: El apelante la empresa demandada
al fundamentar su recurso impugnatorio manifiesta, entre otros, que
la abogada del demandante, no desempeñó un despliegue
extraordinario que justifique el monto fijado por el A quo, siendo que
no ha realizado un esfuerzo extraordinario para el éxito del proceso,
asimismo manifiesta que si bien el expediente llegó a segunda
instancia fue a razón que la demandada ha accionado sus
mecanismos de defensa, siendo que A quo debió fijar los honorario
regulado entre otras, tomando en consideración la tabla de honorario
profesionales tal como lo regula el Art. 26° de la tabla de honorarios
profesionales; entre otros fundamentos que expone. SEGUNDO: El
Juez debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver
una controversia con relevancia jurídica, haciendo efectivos los
derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz
social en justicia, no siendo un mero espectador que aprueba lo
acordado por las partes, sino que de lo actuado existan elementos
suficientes que produzcan certeza y convicción para un
pronunciamiento justo, por lo que sólo se debe emitir
pronunciamiento en segunda instancia respecto al pago de los costos
procesales. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 411º del Código Procesal Civil, los costos del proceso son el
honorario del abogado de la parte vencedora más un cinco por
ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial
respectivo; consecuentemente, su pago corresponderá a la parte
vencida en el proceso, salvo declaración judicial expresa y motivada
de exoneración; por lo que, en el presente caso al existir un
pronunciamiento sobre el fondo mediante resolución número trece
(sentencia de vista), en el que ordena abonar a la demandada el
monto de S/. 12,090.19 Nuevos Soles (monto capital) y, mediante
resolución número veintitrés de fecha diecisiete de noviembre del dos
mil catorce, la suma de S/. 1,201.21 Nuevos Soles por concepto de
intereses legales; correspondiendo se proceda a la fijación de los
costos del proceso. CUARTO: A fin de proceder a fijar los costos
procesales, el juzgador deberá atender a las incidencias del proceso,
tales como: 1) la duración del proceso, 2) instancias jurisdiccionales, 3) complejidad de la materia litigiosa y 4) la labor desplegada por el
abogado defensor de la parte vencedora; por lo que en atención a ello
el juzgador en el presente caso ha determinado como costos del
proceso la suma de S/.1,994.00 Nuevos Soles, teniendo en cuenta
el equivalente aproximado al 15% del monto del capital e intereses
reconocidos judicialmente, más el 5% destinado para el Colegio de
Abogados del Santa, al haberse declarado fundada la pretensión
planteada por el accionante, conforme se ha detallado
precedentemente QUINTO: El artículo 418 del Código Procesal Civil,
de aplicación supletoria al caso de autos, prescribe que: “Para hacer
efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar el
documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así
como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos
presentado, el Juez aprobará el monto”; solo así, se podría ordenar en
vía de devolución que se retorne el gasto a su beneficiario; no
obstante, conforme comenta Marianella Ledesma en su
“Comentarios al Código Procesal Civil”. T. II p. 334. “El Juez no puede
ingresar a calificar la calidad de la prestación profesional del
abogado, pues ello no es objeto de la litis, sin embargo puede graduar
el monto que se exige para el reembolso en atención a las “incidencias
del proceso. Esto permitirá apreciar al Juez, el grado de intervención
del letrado en el proceso para fijar el monto del reembolso”. Además,
se debe tener presente que en la resolución veintiséis de fecha doce
de junio del año en curso el A’quo ha tenido en cuenta para fijar los
costos del proceso lo siguiente:1) La Duración del proceso, 2) Las
Incidencias del proceso, y 3) Defensa Ejercida; de ahí que el Juez
debe fijar los costos del proceso en forma prudencial, atendiendo no
solo a la duración del proceso e instancias jurisdiccionales, sino
también a la naturaleza de la pretensión, su complejidad, el monto
del petitorio, entre otros, procurando que haya proporción y equidad,
teniendo en cuenta las incidencias del proceso, como la complejidad
de la materia demandada (es un proceso sencillo) y el tiempo
transcurrido (tres años ), habiéndose tramitado el proceso en dos
instancias por impugnación de la sentencia por parte de la
demandada. SEXTO: Si bien es cierto, la abogada del demandante
ha acompañado su recibo de pago de honorarios profesionales por la
suma total de S/. 3,000.00 nuevos soles y que corre de folios 406,
cuyo monto solicita que se fije los costos del proceso; sin embargo,
dicha suma ha sido abonado por libertad contractual con su
patrocinado, lo cual no obliga que el órgano jurisdiccional fije la
misma suma y así recupere íntegramente vía reembolso, por cuanto
los costos del proceso se regulan de acuerdo a la complejidad del
asunto controvertido, la esfera de defensa de las partes, las
instancias de mérito, duración del proceso, entre otros, como se ha
indicado anteriormente; de igual manera, el Tribunal Constitucional
en su sentencia de Exp. 00052-2010-PA/TC-LIMA, ha establecido en
su quinto considerando que: “Teniendo presentes las razones esgrimidas por el juzgado y la Sala, este Tribunal considera que los
criterios utilizados para determinar el monto de los honorarios han
sido incompletos, pues para ello no sólo debe valorarse la razón del
tiempo y la participación de los abogados, sino que también deben
tenerse presente otros criterios relevantes, tales como: a) el éxito
obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión
debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o
constantes.”. En la línea antes expuesta, atendiendo al artículo 12°
de la Ley N° 29497, que establece que en los procesos laborales por
audiencias, como lo es este proceso, las exposiciones orales de las
partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de
las cuales el juez pronuncia sentencia, resulta claro que el
desempeño o la actividad de la defensa a analizar para los efectos de
la fijación de los costos, corresponde a las actuaciones en audiencia,
que en este caso se verifica que el abogado defensor ha oralizado
todo el desarrollo de la Audiencia Única, así también como
autorizado escrito de mero trámite, Por estas consideraciones, el
Juez del Octavo Juzgado Laboral de esta Corte Superior de
Conformidad con lo dispuesto por el artículo 33º de la Ley Nº 29497:
SE RESUELVE: Declarar INFUNDADA la apelación formulada por
la empresa Corporación Pesquera Inca SAC, en consecuencia,
CONFIRMAR la resolución número veintiséis de fecha doce de junio
del dos mil quince, que resuelve regular los Costos del Proceso, en la
suma de S/. 1,994.00 Nuevos Soles, más el cinco por ciento
destinado para el Colegio de Abogados, en los seguidos por LUIS
ALBERTO CHAVEZ SUYON contra CORPORACION PESQUERA
INCA SAC sobre reintegro de remuneraciones; DEVOLVIÉNDOSE
los actuados al Juzgado de origen, con conocimiento de quienes
corresponda. Al escrito del actor, expídase copias certificadas de las
piezas procesales que se indica, dejándose constancia en autos de su
entrega.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 19/06/2015 10:09:55
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO - NLPT
EXPEDIENTE : 01452-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
JUEZ : EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: GOMEZ MEDRANO
HEBER JONATAN ESPECIALISTA : GOMEZ MEDRANO HEBER JONATAN
Fecha: 22/06/2015 08:20:17
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SACCOPEINCA ,
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL DEMANDANTE : CHAVEZ SUYON, LUIS ALBERTO
Resolución Nro. VEINTISEIS.
Chimbote, doce de junio
Del dos mil quince.
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por la
demandada, se procede a emitir la resolución que corresponda Y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que,
mediante escrito de fojas 406/408, la parte demandante recurre a este Juzgado efectuando la liquidación
de costos del proceso y presenta su recibo por honorarios profesionales para su respectiva regulación,
indicando que el monto total por costos procesales asciende a la suma de S/. 3000.00 nuevos soles;
SEGUNDO: Que, puesto en conocimiento de la parte demandada mediante resolución precedente,
conforme se advierte de la constancia de notificación y cargo de entrega de cedulas electrónicas; esta ha
observado dentro del plazo concedido, manifestando que: resulta desproporcional que la letrada
Gaudencia Arellano Correa pretenda cobrar por concepto de costos procesales la cantidad de S/.
3,000.00 nuevos soles, cuando no ha sido la abogada que autorizó el escrito postulatorio de demanda,
apersonándose recién en la audiencia única; por tanto, resulta ser excesivo y no acorde a la complejidad
del proceso; TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso abreviado laboral
bajo los alcances establecidos por la Ley N° 29497 – Ley Procesal del Trabajo la cual establece que la
condena de los costos y costas del proceso se regulan conforme a la norma procesal civil (artículo 14° de
la citada norma adjetiva); CUARTO: Entonces, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 411º del
Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al caso de autos, son costos del proceso el honorario
del abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del
Distrito Judicial respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en
los casos de auxilio judicial, siendo el Juzgador quien regula sus alcances tanto respecto del monto
como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su
decisión, a tenor de lo normado por el artículo 414º del cuerpo legal acotado; QUINTO: En ese orden de
ideas, se debe tener presente que el Juez a fin de fijar los costos procesales meritua la actuación del
abogado de la parte vencedora, valorando el asesoramiento legal realizada en el proceso, debiendo tenerse
en cuenta que en el Nuevo proceso Laboral conforme a lo prescrito en el artículo 12° inciso 12.1 de la
Ley 29497, sobre la prevalencia de las exposiciones orales sobre las escritas, estando referido a que los
letrados oralizan su demanda, fundamentan sus teorías del caso, es decir sus alegatos de apertura y de
clausura en la Audiencia Única, por lo que siendo ello así, y habiéndose realizado la Audiencias Única en
una sola diligencia (ver folios 153/156) en la que la letrada Gaudencia Arellano Correa tuvo
participación activa, además de ello debemos tener en cuenta las incidencias realizadas en el presente
proceso se han desarrollado en dos instancias, obteniéndose sentencia favorable en la suma de
S/.12,090.19 nuevos soles (ver folios 377/381), así como los intereses legales ascendiente a S/. 1,201.21 nuevos soles (a folios 452/454); SEXTO: Que, contrastando los actos procesales, así como la
intervención del letrado en las Audiencias programadas (sólo audiencia única), los costos del proceso
deben fijarse en atención a las incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso, el cual es
un proceso rápido al tramitarse el mismo con la nueva ley Procesal de Trabajo 29497, iniciado con la
presentación de la demanda el 02/OCT/13, a la actualidad 12/JUN/15, 2) instancias jurisdiccionales (dos
instancias para la sentencia y para los intereses legales) , 3) la labor del letrado de la parte vencedora
interviniendo en la audiencia única; 4) además se pondera los montos ordenados a cancelar por concepto
de capital e intereses legales reconocidos en los presentes actuados, más el 5% destinado para el Colegio
de Abogados de la Libertad, al haberse declarado fundada la pretensión planteada por el accionante;
SEPTIMO: Siendo así, de los actuados se advierte que la abogada del accionante planteo la demanda con
fecha 02/OCT/13 y sólo intervino en la audiencia única de fecha 26/DIC/13 conforme se registra en
audio y video, desplegando un desempeño normal y ordinario (sin realizar mayor esfuerzo) ventilado en
este nuevo modelo procesal donde prevalece la oralidad sobre lo escrito; por ello, los costos deben ser
fijados en función a las incidencias acaecidas en el trámite de la causa, atendiendo a las incidencias del
proceso, la duración y su complejidad; así como la intervención del abogado patrocinante, quien se ha
limitado en presentar un total de seis escritos (de las que se encuentra incluido una demanda tipo)
encontrándose en estado de ejecución de sentencia; OCTAVO: Respecto al importe consignado en el
recibo por honorarios profesionales presentados por el actor, debe tomarse con reserva en la medida que
las partes pueden pactar libremente su monto, en ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de
contratar; sin embargo, siendo el Juzgador quien las fija y/o regula, en el caso concreto, considerando las
incidencias del proceso, la misma que se ha tramitado en dos instancias por impugnación de la sentencia y
del auto de aprueba la liquidación de los intereses legales por parte de la demandada, por lo que resulta
razonable y equitativo regular los mismos en un 15% de la suma total S/. 13,291.40 nuevos soles;
ascendiendo al importe de S/. 1,994.00 nuevos soles, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados
de la Libertad ascendente a la suma de S/. 100.00 nuevos soles; en consecuencia y en mérito a las
consideraciones vertidas SE RESUELVE:
1. REGULAR y APROBAR los costos procesales en el monto de S/. 1,994.00 nuevos soles (UN
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES), más el
importe de S/. 100.00 nuevos soles (CIEN CON 00/100 NUEVOS SOLES), destinados al
Colegio de Abogados de la Libertad, conforme a los fundamentos expuestos en la parte
considerativa de la presente resolución.
2. En consecuencia, REQUIÉRASE a la demandada a fin de que en el plazo de TRES DÍAS
HÁBILES cumpla con cancelar a favor del demandante la suma regulada y aprobada por
conceptos de costos procesales, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.
Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 16/07/2014 12:55:27
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - Sede Central
EXPEDIENTE : 01452-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: MARIA JULIA
DELGADO REGALADO JUEZ : EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 16/07/2014 13:13:07
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA ESPECIALISTA : MARIA JULIA DELGADO REGALADO
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC - COPEINCA
DEMANDANTE : CHAVEZ SUYON, LUIS ALBERTO
RESOLUCION NRO. NUEVE
Chimbote, veinticuatro de junio
Del año dos mil catorce.-
AUTOS Y VISTOS: Con el escrito del demandante y con los actuados que anteceden:
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- De autos se advierte que mediante escrito número tres, la demandada
Corporación Pesquera Inca S.A.C. deduce la nulidad del acta de notificación de fecha
10/03/2014 corriente a folios 250 de autos, argumentando según el Tribunal
Constitucional que el derecho de la defensa constituye un derecho fundamental de la
naturaleza procesal que conforma, a su vez el ámbito del debido proceso y sin el cual
no podría reconocerse la garantía de este ultimo. Por ello en tanto el derecho
fundamental, se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier
indefinición y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran
repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes sea en un proceso o un
procedimiento, o en el caso de un tercero con interés. Exp. 8605-2005-AA/TC.
Además señala que por razones de justicia material ya que sería opuesto a toda la
valoración garantista, el hecho que la Nueva Ley Procesal de Trabajo según la
primera disposición transitoria señala que “ el Poder Judicial implementa una Red
Electrónica que permita la notificación de las resoluciones mediante correo electrónico
y publicación simultánea en la pagina del Poder Judicial”
SEGUNDO: La demandada precisa que corresponde ahora acreditar la violación del
derecho de defensa y por ende al debido proceso , así como justificar la necesidad de
su tutela jurisdiccional haciendo saber que si bien es cierto que fue notificado
mediante resolución cinco para concurrir al juzgado el día 10/03/2014 al acto de
notificación de sentencia; al no estar presente tenía la opción de poder visualizar la
sentencia en la página Web del Poder Judicial e interponer el recurso correspondiente
de ser el caso; hecho que no pudo de ser materializado dado que hasta la fecha la
sentencia nunca fue descargada en el sistema. Señala además que debe valorarse el hecho de que constantemente se pidió información sobre el motivo por el cual la
sentencia no estaba publicada, obteniendo como respuesta que aun faltaba ser
descargada y que por lo tanto no estaba notificada y con los demás que alega la
demandada.
TERCERO: Habiéndose corrido traslado de la nulidad a la parte demandante, este
mediante escrito de fecha diecinueve de junio del año en curso absolviendo el
traslado solicita que la nulidad deducida debe ser declarada infundada, en merito a
que de lo manifestado por la emplazada, fluye claramente que tuvo conocimiento del
día y hora en que debería acudir al despacho del juzgado, a fin de ser notificado con la
sentencia, así mismo conforme lo señala constantemente se pidió información sobre el
motivo por el cual la sentencia no estaba publicada…” por lo que la nuliciente ha
tenido conocimiento de la notificación de la sentencia ( …) y que es falso lo
manifestado por la demandada puesto que ambas partes fueron notificados con la
resolución Nº 05, que señala día y hora para la concurrencia al acto de la notificación
con la sentencia.
CUARTO: En este orden de cosas de autos se advierte que mediante resolución
número cinco de fecha veintinueve de enero del año en curso, se señaló fecha para
llevarse a cabo la notificación de la sentencia ,el día 10 de marzo del año en curso a
horas cuatro de la tarde en el local de Juagado, siendo que conforme se aprecia del
acta de notificación de sentencia de folios 250 se procedió a notificar a la parte
demandante, dejándose constancia de la inconcurrencia de la demandada. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que la Primera Disposición Transitoria de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo establece que: “El Poder Judicial implementa una
red electrónica que permita la notificación de las resoluciones mediante correo
electrónico y publicación simultánea en los domicilio electrónicos, el cual opera
como un buzón electrónico ubicado en el servidor. EL ACCESO AL BUZÓN
ES MEDIANTE EL USO DE UNA CONTRASEÑA LOCALIZADA EN LA PÁGINA
WEB DEL PODER JUDICIAL. (…)” negrita nuestro.
QUINTO: Estando al considerando precedente se tiene que si bien es cierto que la
parte demandada tuvo conocimiento del día y hora para dilgencia de la notificación de
la sentencia. Sin embargo, de la revisión del sistema integrado judicial SIJ del Poder
Judicial se observa que la sentencia emitida en la presente causa contenida en la
resolución número seis de fecha diez de marzo del año dos mil catorce, no se
encuentra descargada, la misma que se puede verificar de cualquier computadora
desde la pagina Web del Poder Judicial; ergo no puede ser visualizada por ninguna
de las partes del presente proceso conforme a los lineamientos establecidos por el
Poder Judicial en aplicación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo que regula el desarrollo del presente proceso. Por lo que no habiéndose efectuado el descargo
respectivo la demandada no se encontró plenamente habilitado para tomar
conocimiento de la sentencia emitida en autos por medio de la PÁGINA WEB DEL
PODER JUDICIAL, contraviniéndose de esta manera el principio de interdicción, que
establece que está proscrito todo acto que vulnere o restrinja el ejercicio de un
derecho ( derecho de defensa o pluralidad de instancia) o que afecte el debido
proceso, siendo obligación del Juez en mérito al principio de dirección judicial del
proceso velar y evitar que en proceso se materialicen actos que constituyan actos
de vulneración o que genere indefensión a la partes del proceso, independiente del
rol que a estos les corresponda - demandante o demandada. Máxime si el artículo
47 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo establece que: “La notificación de la
sentencia debe producirse en el día y hora indicada, bajo responsabilidad”.
SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 171 del Código Procesal
Civil, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la Ley. Sin embargo,
puede declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables
para la obtención de su finalidad.
SEPTIMO: En este orden de ideas y habiéndose omitido con descargar la sentencia
en la PÁGINA WEB DEL PODER JUDICIAL, se ha incurrido en causal de nulidad
que amerita ser sancionado con la nulidad del acto procesal cuestionado, por lo
que deviene en amparable la nulidad deducida por la demandada.
OCTAVO: Por otro lado, mediante escrito de fecha diecinueve de junio del presente
año, la parte demandada formuló nulidad de la resolución número siete, la misma que
declara consentida la sentencia, en mérito a los fundamentos que expone. La misma
que puesto a conocimiento de la parte demandante, esta cumple con absolver; dentro
del término de Ley, bajo los términos ahí esgrimidos.
NOVENO: Estando a que la nulidad formulada contra la resolución número siete de
autos, guarda estrecha relación con la nulidad del acta de notificación de la
sentencia, la misma que al ser declarado nulo, la presente nulidad debe ser
amparada. Por estos fundamentos se debe de de declarar fundada la nulidad del acta
de notificación de la sentencia y fundada la nulidad de la resolución número
resolución número siete de autos. SE RESUELVE:
1) DECLARAR FUNDADA LA NULIDAD deducida por la demandada del ACTA DE
NOTIFICACION DE LA SENTENCIA, realizado el día diez de maro del año en curso
a horas cuatro de la tarde,
2).DECLARAR FUNDADA LA NULIDAD de la resolución número siete deducida por
la demandada contra la resolución número siete. 3) En consecuencia: SEÑALESE nueva fecha de notificación con la sentencia la
misma que deberá de llevarse a cabo el día VEINTIDOS DE JULIO del año en curso,
a horas TRES DE LA TARDE, debiendo de concurrir las partes ante el Juzgado el
dia y hora señalado: Publíquese conjuntamente la sentencia la página web del Poder
Judicial, para los fines de ley. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 16/06/2014 12:10:25
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - Sede Central
EXPEDIENTE : 01452-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
ESPECIALISTA : MARIA JULIA DELGADO REGALADO
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: MARIA JULIA
DELGADO REGALADO DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SACCOPEINCA ,
Fecha: 16/06/2014 16:38:29
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDANTE : CHAVEZ SUYON, LUIS ALBERTO
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
RESOLUCIÓN NÚMERO: SIETE
Chimbote, cinco de junio
Del dos mil catorce.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito que antecede: Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución número seis ( sentencia ), se declara
fundada en parte la demanda y ordena que el demandado pague la suma de
S/.12,090.19 nuevos soles a favor del demandante. SEGUNDO: Que, dicha
resolución fue notificada a las partes con fecha diez de marzo del año en curso, no
habiendo las partes interpuesto medio impugnatorio alguno, pese al tiempo
transcurrido, por lo que es del caso declarar consentida dicha resolución;
TERCERO: Que, conforme lo establece inciso 2 del artículo 123º del Código
Procesal Civil, una resolución adquiere la autoridad de cosa Juzgada cuando las
partes renuncien expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan
transcurrir los plazos sin formularlos, operando de esta manera el principio de
preclusión de actos procesales. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
Declárese CONSENTIDA la resolución número seis- sentencia de fecha diez de
Marzo del año en curso: en consecuencia NOTIFIQUESE al demandado para que
en el plazo de TRES DIAS cumpla con el pago ordenado en autos, bajo
apercibimiento de Embargo en caso de incumplimiento. Al escrito de nulidad
presentado por la demandada CORRASE traslado de la nulidad deducida a la parte
demandante por el plazo de TRES DIAS para los fines pertinentes. Notifíquese |
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Juez: EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 28/01/2014 13:03:06
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - Sede Central
EXPEDIENTE : 01458-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: BEATRIZ JARAMILLO ESPECIALISTA : BEATRIZ JARAMILLO AYALA
AYALA
Fecha: 28/01/2014 17:46:23 DEMANDADO : EMPRESA EXALMAR SAC ,
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA DEMANDANTE : INOCENTE LAVERIANO, JULIAN LORENZO
FIRMA DIGITAL
Resolución Nro. CINCO
Chimbote, veintisiete de Enero
Del dos mil trece.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con los autos que
anteceden; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante resolución número
CUATRO de fecha catorce de enero del año dos mil catorce, se expidió sentencia
declarándola fundada la excepción de prescripción extintiva de la acción en
consecuencia nulo todo lo hecho y actuado y por concluido el proceso interpuesta por
la parte la demanda interpuesta por JULIAN LORENZO INOCENTE LAVERIANO
sobre Pago de Beneficios Sociales, SEGUNDO: Que, conforme es de advertirse de
autos, las partes en conflicto no han interpuesto recurso impugnatorio contra la
referida resolución que contiene la sentencia, pese a encontrarse debidamente
notificadas. Por estos fundamentos, y atendiendo al estado del proceso corresponde
declarar su consentimiento, y en aplicación del artículo 123° inciso 2) del Código
Procesal Civil; SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA la sentencia recaída en
el presente proceso, la misma que se encuentra contenida en la resolución número
CUATRO expedida en autos, en consecuencia archívese definitivamente los actuados
en el modo y forma de ley; ; Notifíquese.- |
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Juez: EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
Fecha: 23/12/2014 10:36:05
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL - Sede Central
EXPEDIENTE : 01467-2013-0-2501-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: KELLY KATHERINE JUEZ : EDIXON MIGUEL ESTEBAN DIONICIO
BANCES TABOADA
Fecha: 24/12/2014 10:01:27
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL ESPECIALISTA: KELLY KATHERINE BANCES TABOADA
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : TECNOLOGIA DE ALIMENTOS SA ,
DEMANDANTE : FLORES GOMEZ, SILVERIO JAIME
RESOLUCIÓN NUMERO: DIECISIETE.
Chimbote, diecisiete de diciembre del
Año dos mil catorce.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito presentado por la demandada
que antecede, Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Con fecha primero de diciembre del año dos
mil catorce, se ha expedido la resolución número quince en la que se resuelve declarar
FUNDADA en parte la demanda; SEGUNDO: La parte demandante y demandada han sido
válidamente notificadas, conforme se encuentra consignado en el acta de notificación de
sentencia, obrante a folios 726 y 727 de autos; en tal sentido habiendo transcurrido el plazo de
ley sin que hayan interpuesto recurso impugnatorio alguno contra dicha resolución; TERCERO:
De conformidad con el artículo 32° de la Nueva Ley Procesal de Trabajo N° 29497 el plazo
para interponer recurso de apelación contra la Sentencia expedida en autos es de cinco días,
por lo que se advierte en el presente caso, que éste ha vencido. Por estas consideraciones: SE
RESUELVE: DECLÁRESE CONSENTIDA la SENTENCIA, contenida en la resolución número
quince, y estando a lo expuesto por la demandada; TENGASE por CONSIGNADO el
certificado judicial electrónico N° 2014078110824 por la suma de S/. 21.74 nuevos soles, por
concepto de capital; en consecuencia ENDÓSESE y ENTRÉGUESE al actor el certificado de
depósito judicial electrónico, dejándose constancia en autos de la entrega. Interviniendo la
Secretaria Judicial que da cuenta por disposición Superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2° JUZ. DE PAZ LETRADO - S. Benavides
EXPEDIENTE : 01591-2013-0-1408-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : ELIZABETH CAMPOS CABRERA
ESPECIALISTA : PASCUAL DE LOS RIOS MAQUERA
DEMANDADO : DISTRIBUCIONES DEL ACERO AC E.I.R.L.
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO
SENTENCIA
RESOLUCIÓN N° 21.
Chincha, quince de junio del dos mil veinte.
VISTOS: Resulta de autos que por escrito de fojas 28 y siguientes, el BANCO DE CREDITO DEL PERU
formula demanda de pago de soles, contra DISTRIBUCIONES DEL ACERO A & C EIRL., y contra
AIDEE DEL SOCORRO OJEDA LOPEZ a fin de que por sentencia se le obligue al pago de la suma de
S/ 60,748.56 soles, más intereses, costas y costos, amparándose en los fundamentos de hecho y de
derecho que indica; por resolución número uno de fojas treinta y tres, corregida por resolución número
tres, se admite a trámite la demanda por la vía de proceso abreviado y se corre traslado de la misma
a los emplazados por el término de ley; posteriormente, mediante resolución número diez se acepta el
desistimiento del proceso solicitado por el Banco de Crédito del Perú respecto de la emplazada Aide
del Socorro Ojeda López, disponiendo se continúe el proceso solo respecto de la empresa demandada
Distribuciones del Acero A & C. Seguidamente, se aprecia que mediante resolución número quince de
fojas doscientos sesenta y ocho, se declara la rebeldía de la Empresa Distribuciones Acero A & C EIRL.;
luego, mediante resolución número diecisiete de fecha trece de julio del año dos mil dieciocho se
declara saneado el proceso, fijándose los puntos controvertidos mediante resolución número
diecinueve de fecha diez de julio del año dos mil diecinueve, donde además se señala fecha para la
audiencia de pruebas, la cual se llevó a cabo conforme es de verse del acta de fecha veinte de
setiembre del año dos mil diecinueve obrante de fojas doscientos ochenta y nueve, y
consecuentemente se dispuso se pongan los autos en despacho para emitir sentencia, una vez que
sea notificado el demandado rebelde con las formalidades de ley, razón por la cual en la fecha se
procede a emitir la resolución correspondiente debido a la elevada carga procesal.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- MARCO FÁCTICO.
De la demanda planteada por Banco de Crédito del Perú.
1.1. A través de la presente acción judicial, el Banco de Crédito del Perú pretende que Distribuciones
del Acero A & C EIRL., le abone la suma de SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
65/100 soles (S/ 60,748.65 soles), expone el actor que mediante contrato de crédito negocios se le
otorgó a la obligada una línea de crédito por el monto de S/. 65,430.00 soles, más los intereses
pactados, que debían ser devuelto en cuotas periódicas mensuales, por lo que al mes de mayo, la
demandada debió pagar la suma total de 26,857.04 soles, de los cuales 4,750.74 era la cuota del mes
y 22,106.30 a la deuda atrasada, en razón que la emplazada a dicha fecha ya había utilizado un
total de S/. 55,080.01 de la línea de crédito asignada.
1.2. No, obstante ello, la demandada no cumplió con sus obligaciones de pago, motivo por el cual se
le remitió una carta notarial de requerimiento de pago, con fecha uno de agosto del año dos mil
trece, informándole que su saldo deudor total ascendía al 24 de julio del año 2013 a la suma de S/.
58,642.31 soles y requerirle su pago, sin que hasta la fecha se haya cumplido con cancelarla.
1.3. Ante el no cumplimiento de la obligación la entidad demandante procede a realizar la
liquidación de la deuda conforme al documento de folios seis con vencimiento al 15 de julio del año
dos mil trece y de folios siete con vencimiento al quince de setiembre del año dos mil trece.
De la demandada Distribuciones del Acero A & C EIRL.
Del examen de autos se desprende que la referida empresa no ha absuelto el traslado de la demanda
habiendo sido declarada su rebeldía, según se desprende del texto de la resolución número quince de
fojas doscientos sesenta y ocho, por lo tanto, resulta aplicable al caso la disposición contenida en el artículo 461º del Código Procesal Civil, la declaración de rebeldía causa presunción legal
relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda; sin embargo, ello no
significa que el Juez dejará de evaluar y valorar todos los medios probatorios en forma conjunta de
conformidad a lo establecido en el artículo 197º del citado Código Adjetivo.
SEGUNDO.- MARCO NORMATIVO.
2.1. El artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, establece que “Toda persona tiene
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con
sujeción al debido proceso.”.
2.2. La obligación es una relación jurídica entre dos o más personas naturales o jurídicas determinadas
o indeterminadas, en virtud de la cual una de ellas llamada acreedor, tiene la facultad de exigir a
otra llamada deudor, y ésta la necesidad de cumplir, una prestación a una abstención, que puede ser
de dar, de hacer o no hacer, de valor económico o de valor moral, vale decir que es la situación en la
cual una persona tiene que dar, hacer, o no hacer algo. La etimología de la palabra obligación
proviene del latín, obligare, que significa atar, dejar ligado. En el Derecho, una obligación es un
vínculo jurídico por virtud del cual una persona llamada deudor, queda unida a otra llamada
acreedor, para que de una prestación que puede ser dar algo, realizar una acción o mantener una
abstención, teniendo que ser en los dos primeros casos posibles, lícitos y dentro del comercio de los
hombres. Los sujetos obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar determinados o
ser determinables.
2.3. La fuente de una obligación se entiende como un hecho o un acto jurídico, al cual el
ordenamiento jurídico positivo, es decir, la ley, o del cual provengan efectos regulados por el derecho,
le atribuye la capacidad de originar o de hacer surgir un derecho o una obligación, o también
consisten en el deber de realizar o en la facultad de exigir una prestación, ello quiere decir que la
fuente de la obligación es un hecho jurídico que le da nacimiento, que origina o genera la obligación
la causa del por qué la obligación es la razón jurídica, el antecedente de derecho del cual emanan las
obligaciones, estableciéndose así una relación de causa efecto. La fuente es la causa, la obligación su
resultado, lo cual conlleva a colegir que la fuente de las obligaciones debe concebirse dentro del
dualismo "situación de hecho-norma jurídica".
2.4. En nuestro ordenamiento sustancial, las fuentes de las obligaciones se encuentran previstas en el
libro VII sección primera del Código Civil, es así que el artículo 1351º señala expresamente que como
disposición general que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o
extinguir una relación jurídica patrimonial, es decir que es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito,
manifestado en común entre dos, o más, personas con capacidad, que se obligan en virtud del mismo,
regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden
compelerse de manera recíproca. El contrato, en suma, es un acuerdo de voluntades que genera
«derechos y obligaciones relativos», es decir, sólo para las partes contratantes y sus causahabientes. De
todos modos, el contrato, en general, tiene una connotación patrimonial, y es parte de la categoría
más amplia de los negocios jurídicos. Es función elemental del contrato originar efectos jurídicos (es
decir, obligaciones exigibles), de modo que a aquella relación de sujetos que no derive en efectos
jurídicos no se le puede atribuir cualidad contractual.
2.5. El artículo 188 del Código Procesal Civil establece “Los medios probatorios tienen por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos
controvertidos y fundamentar sus decisiones”; en ese sentido, cabe además señalar que el artículo 196°
de dicha norma legal, prescribe: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a
quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos.”
En ese sentido corresponderá analizar al Juzgado si efectivamente las partes han cumplido con ofrecer
sus medios de prueba vinculados a su pretensión con el fin de ser valorados y emitir la resolución que
corresponda.
TERCERO: ANÁLISIS DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS.
3.1. Conforme se ha señalado la pretensión de la demandante consiste en que mediante sentencia se
disponga que el emplazado DISTRIBUICIONES DEL ACERO A & C EIRL, cumpla con abonarle la suma
de S/. 60,748.56 soles, más los intereses legales que se generen hasta que se haga efectivo el pago de la
obligación, además de los costas y costos del proceso. 3.2. De la revisión de autos se acredita en primer término que, con motivo del contrato de crédito
negocios – se otorgó una linea de crédito a favor del demandado Distribuciones del Acero A & C EIRL,
ascendente a la suma de S/. 65,430.00 soles, la cual se encontraba sujeta a pago de intereses para ser
pagados en forma mensual, la cual se habría incumplido.
3.3. En ese sentido, se aprecia de los documentos adjuntos a la demanda en calidad de medios de
prueba, el estado de cuenta de tarjeta de crédito negocios correspondiente a la empresa demandada
Distribuciones del Acero A & C EIRL., que corresponden a la cuota número ocho del mes de febrero del
año dos mil trece, donde se aprecia que existe una acreencia de S/ 51,824.41 soles, obrante a folios uno,
cuota número nueve del mes de marzo del año dos mil trece y que asciende a un total de S/ 52,946.99
soles que obra a folios 02, y cuota número diez que corresponde al mes de abril del año dos mil trece
ascendente a la suma de 54,010.37 soles, obrante a folios 03, y cuota número once del mes de mayo
del año dos mil trece, ascendente a la suma de 55,080.01 soles, obrante a folios cuatro de los actuados;
con lo que queda acreditado que ante el incumplimiento de la acreencia derivado de la tarjeta de
crédito otorgada por la entidad demandante al demandado, ha venido haciéndose requerimientos de
pago continuos, sin obtener ningún resultado favorable a sus intereses.
3.4. En ese mismo sentido, se encuentra probado que el accionante ante la imposibilidad de hacer
efectivo el cobro de la deuda vencida, cursa una corta notarial de requerimiento de pago de saldo
deudor de su Tarjeta de Crédito Nro. 4099800101031570, en base a la liquidación efectuada al
veinticuatro de julio del año dos mil trece, y que asciende a la suma de S/. 58,642.31 (cincuenta y ocho
mil seiscientos cuarenta y dos con 31/100 soles), la cual fue debidamente diligenciada vía conducto
notarial con fecha cinco de agosto del año dos mil trece, conforme se aprecia de folios cinco y cinco
vuelta, con lo cual no queda duda que la demandante ha accionado de diversas modos a fin de
obtener el cumplimiento de la obligación, sin que se haya obtenido respuesta favorable, o en su
defecto alguna respuesta que indique una inexistencia de la deuda puesta a cobro.
3.5. Aunado a ello tenemos que, mediante resolución número diecinueve de fecha diez de julio del año
dos mil diecinueve, se fijaron los puntos controvertidos, reseñándose que corresponde determinar si la
empresa demandada Distribuidora del Acero A & C EIRL, adeuda al demandante Banco de Crédito
del Perú la suma de S/ 60,748.56 soles, por concepto de capital, mas costos y costas, por lo que este
Despacho considera que de los documentos obrantes a folios uno a cinco que se han analizado en los
fundamentos precedentes, se infiere que efectivamente existe una línea de crédito aperturada a favor
del demandado Distribuidora del Acero A & C EIRL, que se encuentra signado con el código de
tarjeta 4099-8001-0103-1570, del cual ha derivado la obligación requerida para su pago
respectivo; corroborado con el mérito probatorio de la carta notarial de fecha 01 de agosto del año dos
mil trece, donde se hace mención también que se trata de un requerimiento de pago derivado de la
tarjeta de crédito 4099-8001-0103-1570, es decir que no queda dudas de la existencia de la
obligación derivado del uso de tarjeta de crédito para pago a plazos y que ha sido incumplida por el
demandado, mostrando desinterés en sus obligaciones asumidas.
Por otro lado, respecto al monto adeudado tenemos que, es de verse de los documentos probatorios
obrantes de folios uno a cuatro, se han venido actualizando las acreencias de manera mensual con la
finalidad de ser puestos a cobro, sin que se haya obtenido su cobro por parte de la empresa
demandada, de tal modo que la liquidez de la obligación puesta a cobro se encuentra acreditado con
la liquidación de deuda actualizada al mes de setiembre del año dos mil trece, que ha sido ofrecido
como medio probatorio a folios siete de los actuados, y que al no haber sido cuestionado ni tachado en
su eficacia mantiene pleno valor probatorio, y por ende genera certeza en el juzgador de la existencia
de la obligación y liquidez de la misma en el monto ascendente a la suma de sesenta mil setecientos
cuarenta y ocho con 56/100 soles, por lo que la misma merece amparo jurisdiccional.
3.6. Por otro lado tenemos, que Distribuciones del Acero A & C E.I.R.L, pese a encontrarse
debidamente emplazado con el escrito de demanda, no ha cumplido con absolverla dentro del plazo
legal, por lo que fue declarada rebelde conforme se observa de la resolución número quince de fecha
catorce de agosto del año dos mil diecisiete, en consecuencia no ha cuestionado la exigibilidad de la
obligación, pese a que por su calidad de rebelde se le ha procedido a notificar válidamente con las
resoluciones emanadas en el proceso, habiendo mostrado un total desinterés en absolver los
argumentos de la demanda, por lo que, en ese sentido cabe resaltar lo descrito por el artículo 461 del
Código Procesal Civil al indicar que “la declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la
verdad de los hechos expuestos en la demanda”; sin perjuicio de que la juzgadora por respeto al
debido proceso que enmarca además la tutela jurisdiccional efectiva y derecho a la defensa tenga que valorar los medios de prueba ofrecidos, sin afectar los derechos del demandado aunque tenga la
condición de rebelde.
3.7. Siendo así, debe tenerse en consideración lo previsto por el inciso 1º del artículo 1219° del Código
Civil, en cuanto establece que es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor a fin de emplear las
medidas legales con la finalidad que el deudor le procure aquello a que está obligado, como así ha
sucedido en autos, en tal sentido éste Despacho ha calificado los medios probatorios de la parte
demandante llegando a la convicción que se encuentra acreditada la obligación pecuniaria que nace
a raíz de un contrato de crédito negocios, como forma especial de contrato, y que se ha visto plasmado
en la tarjeta de crédito bancario número 4099800101031570, y cuya deuda asciende a la
suma de S/. 60,748.56 soles por parte de la emplazada, existiendo certeza en la pretensión de la
demanda, acreditado con los documentos analizados en los considerandos precedentes, por lo que
debe ampararse la misma; asimismo, procedente el pago de los intereses legales a tenor de lo previsto
por el artículo 1245° del Código Civil, así como el pago de las costas y costos del proceso teniendo en
cuenta que el incumplimiento del obligado en cancelar la deuda puesta a cobro ha generado gastos a
la actora, los cuales deben ser asumidos por la parte deudora.
PARTE RESOLUTIVA:
Por estas consideraciones, Administrando Justicia a Nombre de la Nación en mi calidad de Juez del
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Chincha; FALLO: Declarando FUNDADA la demanda de fojas
veintiocho y siguientes, interpuesta por BANCO DE CREDITO DEL PERU contra
DISTRIBUCIONES DEL ACERO A&C EIRL sobre PAGO DE SOLES, en consecuencia: ORDENO:
Que el demandado DISTRIBUCIONES DEL ACERO A&C EIRL pague a la demandante la suma
de SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 56/100 SOLES (S/. 60,748.56 soles),
más los intereses legales desde la fecha del incumplimiento hasta que opere el pago. Con costas y
costos. Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL PUNO
EXPEDIENTE : 01740-2013-0-2101-JM-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : HUANCA YAMPARA JOSE MANUEL
ESPECIALISTA : RODRIGUEZ QUISPE YESSENIA YAMALY
DEMANDADO : CUBA PINO, JOSE WALTER
FLOR COLQUE, LUCRECIA NELLY
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK
ÍNDICE DE ACTA DE AUDIENCIA UNICA
00:00:01 1.- LUGAR, FECHA Y OBJETO DE LA DILIGENCIA JUDICIAL. -
En Puno, siendo las tres de la tarde del día once de julio del año
dos mil veintitrés, por ante el Primer Juzgado Civil de Puno, que
despacha el Magistrado JOSÉ MANUEL HUANCA YAMPARA, se
llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, en el expediente N°
01740-2013-0-2101-JM-CI-01, seguido por BANCO
INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK, sobre OBLIGACION
DE DAR SUMA DE DINERO.
2.- FORMA DE LA AUDIENCIA.-
Mediante resolución Nro. 16, se convoca a audiencia
PRESENCIAL, la misma que se llevo a cabo en la sala de
audiencias del Juzgado Civil, audiencia que tuvo el siguiente
resultado:
00:00:52 3.- INTERVINIENTES EN LA DILIGENCIA JUDICIAL.-
3.1. DEMANDANTE: BANCO INTERNACIONAL DEL PERU
INTERBANK, representado por su abogado Agripina Mercedes
Juanito Miranda, con CAP Nro. 958, con casilla judicial Nro.
5281, con domicilio procesal en el Jr. Arequipa Nro. 464,
departamento 401, con casilla del poder judicial Nro. 249.
00:03:13 4.- INFORME DEL ESPECIALISTA.-
JUEZ: Solicita informe al especialista de audiencias sobre la
existencia o no de escritos pendientes y respecto a la notificación
a las partes procesales.
ESPECIALISTA DE AUDIENCIA: Informa indicando que a la
fecha no existen escritos pendientes de proveer y que se ha
notificado válidamente a los demandados; detalles quedan
registrados en audio. Se deja constancia de la inasistencia de la parte
demandada LUCRECIA NELLY FLOR COLQUE y JOSE
WALTER CUBA PINO, a pesar de estar válidamente
notificados.
00:03:58 JUEZ: RESOLUCIÓN Nro. 18 (Dieciocho).- Estando a lo
expuesto por la demandante BANCO INTERNACIONAL DEL
PERU INTERBANK, mediante su abogada Agripina Mercedes
Juanito Miranda, en calidad de apoderada conforme al
testimonio de delegación de facultades Nro. 3393, por señalado
su domicilio procesal en el Jr. Arequipa Nro. 464,
departamento 401, y casilla judicial Nro. 5281, lugar donde
se le deberá notificar las resoluciones que se emitan en la secuela
de este proceso.
JUEZ: Pregunta a la parte concurrente su conformidad; a lo cual
la parte señala estar conformes con la resolución; demás detalles
registrados en audio. --------------------------------------------------------
EL JUZGADO DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA ESTA
AUDIENCIA
JUEZ: El Juzgado deja constancia que esta audiencia viene
siendo registrada en audio y video, así como en la modalidad
virtual a través del aplicativo Google Meet, adecuado a la oralidad
en los procesos civiles.
00:05:43 5.- TEORÍA DEL CASO.-
El señor Juez corre traslado al abogado de la parte demandante a
efectos de que exponga su caso, debiendo señalar con claridad y
precisión su petitorio, los fundamentos facticos, citando las
pruebas con las que acredita los hechos de su demanda.
ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE: Expone sus
pretensiones demandadas, presentando su teoría del caso y los
medios probatorios que acreditaran sus pretensiones; demás
fundamentos y detalles registrados en audio. ---------------------------
JUEZ: Advierte que ambos demandados han deducido
excepciones, y al no estar presentes en el acto de audiencia se
procede a dar lectura de la excepción de falta de legitimidad
para obrar de la demandada deducida por la ejecutada Lucrecia
Nelly Flor Colque; demás fundamentos y detalles registrados en
audio. ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE: Absuelve la excepción
de falta de legitimidad para obrar de la demandada, señalando
que toda operación financiera tiene registrada a la sociedad
conyugal, asimismo los documentos están suscritos por ambos
demandados, por lo que se emplaza a ambos deudores,
solicitando se declare improcedente la excepción; demás
fundamentos y detalles registrados en audio. --------------------
JUEZ: Procede a dar lectura de la excepción de representación
defectuosa o insuficiente del demandante planteada por José
Walter Cuba Pino; demás fundamentos y detalles registrados en
audio.
ABOGADO DE LA PARTE DEMANDANTE: Absuelve la
excepción de representación defectuosa o insuficiente del
demandante, señalando que las facultades otorgadas a la
apoderada que interpuso la demanda constan en la sesión de
directorio de fecha 15 de diciembre de 1998, y que está facultada
para interponer demandas ante el poder judicial, y que puede ser
acreditado en el plazo que la judicatura otorgue; demás
fundamentos y detalles registrados en audio. -------------------------------
00:21:33 6.- ADMISIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS DE LAS
EXCEPCIONES.-
JUEZ: RESOLUCIÓN Nro. 19 (Diecinueve).-
VISTOS: y CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Los medios probatorios tienen como finalidad acreditar
los hechos expuestos en la excepción, fundamentar las decisiones
del juez entre otros requisitos que están establecidos en el artículo
188 del Código Procesal Civil.
SEGUNDO: El juzgado para efectos de los medios probatorios tiene
en cuenta en especial; el artículo 196 del Código Procesal Civil
referido a la carga de la prueba, el artículo 197 referido a la
valoración individual y conjunta de los medios probatorios.
TERCERO: En el caso de autos se advierte que tanto la
parte demandante como la parte emplazada han ofrecido medios
probatorios en la etapa correspondiente y el juzgado ha evaluado
el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad.
En consecuencia, SE RESUELVE:
PRIMERO: ADMITIR LOS SIGUIENTES MEDIOS
PROBATORIOS; DE LA PARTE EXCEPCIONANTE LUCRECIA NELLY FLOR COLQUE: Se le admite los medios probatorios que
están establecidos en el rubro de MEDIOS DE PRUEBA del escrito
de excepción: A) DOCUMENTALES: Signados con los numerales:
1, 2, 3 y 4 del escrito de excepción de falta de legitimidad para
obrar de la demandada; SE DECLARA IMPROCEDENTE los
medios probatorios signados con los numerales 5, 6, 7 y 8, por
contravenir lo establecido en el artículo 448° del Código Procesal
Civil. DE LA PARTE EXCEPCIONANTE JOSÉ WALTER CUBA
PINO: Se le admite los medios probatorios que están establecidos
en el rubro de MEDIOS DE PRUEBA del escrito de excepción: A)
DOCUMENTALES: Signados con los numerales 1 y 2 del escrito
de excepción de representación defectuosa o insuficiente del
demandante. DE LA PARTE DEMANDANTE BANCO
INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK: a) Respecto a la
excepción de falta de legitimidad para obrar de la demandada se le
admiten los medios probatorios signados con los numerales 3-A,
3-B, 3-C y 3-D; y, b) Respecto de la excepción de representación
defectuosa o insuficiente del demandante se admiten los medios
probatorios signados con los numerales 3-A Y 3-B de los escritos
de absolución de excepción.
JUEZ: Pregunta a la parte si se encuentra conforme con la
resolución emitida; a lo cual la parte contesta que sí; demás
fundamentos y detalles registrados en audio. -----------------------------
El juzgado da por actuados los medios probatorios
atendiendo la naturaleza de la excepción.
00:26:50 6.- ETAPA DE SANEAMIENTO PROCESAL.-
VISTOS: El expediente y la audiencia desarrollada y
CONSIDERANDOS:
PRIMERO: Que, la etapa de saneamiento procesal es aquella en
que el juez verifica la inexistencia de cuestionamientos de la
relación, la identidad de la relación material con la
relación procesal, el cumplimiento de los requisitos y presupuestos
de la acción, conforme lo establece el artículo 465° del Código
Procesal Civil que señala si el juzgado advierte defectos en la
relación procesal suspenderá el trámite del proceso o en su defecto
declarará nulo todo lo actuado y concluirá el proceso.
SEGUNDO: En el caso de autos los demandados han deducido
excepciones, que serian cuestionamientos a la relación jurídica
procesal: i) Lucrecia Nelly Flor Colque, a deducido la excepción
de falta de legitimidad para obrar de la demandada, señalando que
ella no asumió la obligación, ya que la misma deriva de un convenio con el Poder Judicial y ella nunca laboro en dicha
entidad, correspondiendo la deuda a su co-demandado José
Walter Cuba Pino. La demandante Banco Internacional del Perú
Interbank, señala que el crédito se dio a la sociedad de
gananciales conforme aparece del sistema de su banco, en
consecuencia debe ser asumido por ambos conyugues. ii) José
Walter Cuba Pino, ha planteado la excepción de representación
defectuosa o insuficiente del demandante, señalando que la
demandante no contaría con poder para interponer demandas
ante el Poder Judicial, y se solicita que el proceso se suspenda. El
banco demandante absuelve la excepción señalando que el
documento adjuntado si acredita representación para interponer
demandas; sin embargo, esas facultades no están otorgados
literalmente, y es pasible de subsanación.
TERCERO: Respecto a la excepción de falta de la legitimidad para
obrar de la demandante, se debe tener en cuenta a las partes que
conforman la relación jurídico procesal, siendo materia de
ejecución el pagaré que obra a folios 19 del expediente, en el cual
aparece las firmas de los demandados asumiendo la deuda;
asimismo, la demandante en el segundo fundamento de hecho
señala textualmente “(…) si bien es cierto que se acompaña a la
demanda el pagare suscrito por la recurrente; ese pagare fue
suscrito en forma incompleta (…)”, lo que hace ver que la
excepcionante Lucrecia Nelly Flor Colque, reconoce haber suscrito
el pagaré puesto a ejecución. Por lo que, este juzgado desestima
esta excepción planteada.
CUARTO: Respecto a la excepción de representación defectuosa o
insuficiente planteada por José Walter Cuba Pino, el juzgado tiene
en cuenta lo establecido en el artículo 72° que señala “El poder
para litigar se puede otorgar sólo por escritura pública o por acta
ante el Juez del proceso, salvo disposición legal diferente”, y el
artículo 75° que indica “Facultades Especiales: Se requiere el
otorgamiento de facultades especiales para realizar todos los actos
de disposición de derechos sustantivos y para demandar,
reconvenir (…). El otorgamiento de facultades especiales se rige por
el principio de literalidad. No se presume la existencia de facultades
especiales no conferidas explícitamente”. De la revisión del
expediente, la demandante promovió el presente proceso con la
copia certificada notarial de la sesión ordinaria de directorio, de
fecha 15 de diciembre del año 1998, y la copia del asiento
D000013 de la partida Nro. 11002337, de folios 01 del expediente,
donde no se advierte la literalidad del otorgamiento de facultades
para demandar, así también la propia demandante ha reconocido
la omisión advertida, por lo que esta excepción debe ser estimada. Por los fundamentos expuestos. SE RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA la excepción de falta de
legitimidad para obrar de la demandada deducida por LUCRECIA
NELLY FLOR COLQUE.
SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la excepción de representación
defectuosa o insuficiente deducida por JOSÉ WALTER CUBA
PINO. En consecuencia, conforme al numeral 2) del artículo 451°
se concede el plazo de CINCO DIAS, desde la notificación con la
resolución a la parte demandante a efectos de que subsane la
observación realizada.
TERCERO: DISPONER la suspensión del presente proceso para
reanudarse una vez cumplido lo requerido por el juzgado.
NOTIFIQUESE.-
JUEZ: Pregunta a la parte si se encuentra conforme con la
resolución emitida; a lo cual la parte contesta señalando
encontrarse conforme.
JUEZ: Hace saber a las partes, que esta audiencia se va a
trasuntar en un acta resumen, que será notificada únicamente
a la parte inasistente, en el presente caso las PARTES
ASISTENTES SE DAN POR NOTIFICADAS EN ESTE ACTO DE
AUDIENCIA; sin embargo, si las partes quisieran contar con una
copia de este acta, esta va a estar disponible a partir de las cinco
de la tarde, así como el audio y video, pudiendo solicitarlo a
través de secretaría o de los especialistas de audiencias. Se
dispone que el área de notificaciones, cumpla con notificar
solamente a las partes inasistentes, bajo responsabilidad.
Con lo que concluyó la presente diligencia judicial, siendo las tres
con cuarenta minutos de la tarde del día de la fecha, dando su
conformidad las partes con la grabación de la presente audiencia,
pasándola a firmar el Señor Juez por ante mí, leída y aprobada
que fue la misma, acto procesal del que doy fe para los fines de ley
consiguientes.-
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO CIVIL - SEDE CENTRAL PUNO
EXPEDIENTE : 01740-2013-0-2101-JM-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : HUANCA YAMPARA JOSE MANUEL
ESPECIALISTA : TAPIA SANCHEZ MARY ELENIA
DEMANDADO : CUBA PINO, JOSE WALTER
FLOR COLQUE, LUCRECIA NELLY
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU INTERBANK ,
RESOLUCIÓN Nº 15
Puno, siete de noviembre
De dos mil veintidós.-
ASUNTO
Es materia de pronunciamiento el remedio procesal de nulidad, deducido
por la entidad ejecutante Banco Internacional del Perú - INTERBANK y los
actuados procesales que anteceden.
FUNDAMENTOS
§ Tutela Jurisdiccional efectiva.
1. Que, el derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho genérico y, en tal
virtud, comprende tres derechos específicos: a) derecho de acción, que
corresponde al demandante; b) derecho de contradicción, cuyo titular es el
demandado; y, c) el derecho al debido proceso, que corresponde tanto al
demandante como al demandado. Las principales facetas procesales del debido
proceso, que pacíficamente se han aceptado en la doctrina, son las siguientes: i)
Intervención de un Juez competente, independiente y responsable; ii) Hacerse un
emplazamiento válido en el proceso; iii) Derecho de audiencia o a ser oído; iv)
Tener oportunidad probatoria; v) La fundamentación o motivación de la sentencia;
y, vi) El control constitucional del proceso y doble instancia1(Negrita y Cursiva
Nuestra)
§ Nulidad de Actos Procesales.
2. Conforme lo establece el artículo 171° del Código Procesal Civil “La
nulidad solo se sanciona por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse
cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su
finalidad (…)”2
3. En esa línea el interés para pedir la nulidad está dispuesto en el artículo
174° del Código Procesal Civil “quien formula nulidad tiene que acreditar estar
perjudicado con el acto procesal viciado y, en su caso, precisar la defensa que no pudo
1
Ticona Postigo, Víctor, El Debido Proceso y la Demanda, Tomo I, Rodhas, Pág. 567.
2Articulo 171° primer párrafo del Código Procesal Civil. realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado. Asimismo, acreditara
interés propio y especifico con relación a su pedido”3
4. Ahora, respecto a la oportunidad, el artículo 176° del Código Procesal
Civil señala “el pedido de nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado
tuviera para hacerlo, antes de la sentencia (…) en el primer caso, el juez resolverá previo
traslado por tres días (…)”4.
De la notificación física y electrónica de resoluciones judiciales
5. El artículo 155° del Código Procesal Civil, establece: “El acto de la
notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los interesados el contenido de las
resoluciones judiciales. El Juez, en decisión motivada, puede ordenar que se notifique a
persona ajena al proceso. Las resoluciones judiciales sólo producen efectos en virtud de
notificación hecha con arreglo a lo dispuesto en este Código, salvo los casos expresamente
exceptuados”
6. Al respecto, se tiene lo expresado en la Casación N° 3157-2013-LIMA:
“UNDÉCIMO. No obstante lo señalado, es pertinente traer a colación que la notificación
constituye un acto de comunicación procesal que busca poner en conocimiento de las partes
y demás interesados las providencias judiciales a fin de materializar el derecho de defensa.
La notificación es el acto más importante del proceso pues sin ella las providencias o
resoluciones serían secretas y las partes no tendrían la oportunidad para contradecirlas o
impugnarlas. (…)”.
7. De otro lado, la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través de su artículo
155-E, establece: “Sin perjuicio de la notificación electrónica, las siguientes resoluciones
judiciales deben ser notificadas solo mediante cédula: 1. La que contenga el emplazamiento
de la demanda, la declaración de rebeldía y la medida cautelar. 2. La sentencia o auto que
pone fin al proceso en cualquier instancia. La resolución notificada por cédula surte efecto
desde el día siguiente de notificada”.
8. Asimismo, el artículo 155-D de la citada Ley, señala: “Los abogados de las
partes procesales, sean o no de oficio, los procuradores públicos y los fiscales deben consignar
una casilla electrónica, la cual es asignada por el Poder Judicial sin excepción alguna”.
§ Análisis del caso en concreto.
9. De la revisión de autos, se aprecia que, mediante escrito de folios
doscientos siete a doscientos diez, Banco Internacional del Perú - INTERBANK,
solicita la nulidad de actos procesales, disponiendo se nos notifique válidamente
desde la resolución diez del 24 de mayo del 2021, argumentando básicamente lo
siguiente: a) Señala que, mediante escrito N° 06 de fecha 06 de setiembre de 2016,
solicitó resolver el auto final así como también señaló como domicilio procesal la
3Artículo 174° del Código Procesal Civil.
4Artículo 176° del Código Procesal Civil. Casilla Electrónica N° 5281, escrito que no ha sido proveído a la fecha; asimismo,
señala que en fecha 23 de junio de 2017, ha reiterado nuevamente su pedido con el
escrito N° 07, precisando que aún no habría sido proveído. b) Precisa que, en fecha
24 de mayo de 2021, se emitió la resolución N° 10 por la que resuelve señalar
audiencia única a realizarse en forma virtual para el 22 de junio de 2021,
disponiendo, que se notifique a las partes en sus casillas electrónicas; sin embargo,
dicha notificación nunca se realizó. c) Señala haber sido perjudicado con la omisión
de actos procesales como son proveídos.
10. Mediante escrito de folios veintiuno a veinticuatro de fecha 10 de
setiembre de 2013, la entidad ejecutante Banco Internacional del Perú –
INTERBANK, interpone demanda de obligación de dar suma de dinero, señalando
como domicilio procesal la Casilla Judicial N° 249, habiéndose tramitado el proceso
conforme a su naturaleza. Asimismo, mediante escrito con registro N° 23279-2016,
presentado en fecha 06 de setiembre de 2016, a través del cual, la entidad
ejecutante, señala lo siguiente: “Que, estando a la Resolución N° 09 de fecha 21 de
enero del presente, pendiente de resolver, solicito dictar la resolución
correspondiente; asimismo señalamos mi Casilla Electrónica N° 5281, solicitando
que las ulteriores notificaciones que recaigan en la presente causa me sean
notificadas a la casilla señalada”, aunado a ello, mediante escrito con registro N°
6468-2017, presentado en fecha 23 de junio de 2017, la entidad ejecutante señala
lo siguiente: “Que, siendo el estado procesal de la causa y que mediante escrito N°
06 de fecha 06 de setiembre de 20126, se solicitó resolver la Contradicción que
está pendiente de emitir la resolución correspondiente; pedido que reiteramos
resolver, ya que está afectando el principio de celeridad procesal, ocasionando una
dilación innecesaria del proceso”.
11. Ahora bien, revisado los autos, se advierte que tal como lo señala la
entidad nulidicente, los escritos detalladas en el considerados que anteceden,
signados con los registros N° 23279-2016 y 6468-2017, no habrían sido proveídos
y como consecuencia de ello, no se habría establecido que la Casilla Electrónica de
la entidad ejecutante es la signada con el N° 5281, aspecto que no habría sido
subsanado por el Juzgado, además de que el Juzgado, mediante resolución número
diez de fecha 24 de mayo de 2021, programó fecha para la diligencia de audiencia
única, disponiéndose además la notificación a las Casillas Electrónicas de las
partes, atendiendo a que el país atravesó una crisis sanitaria que impedía la
concurrencia de las partes a los locales del Juzgado; en ese orden de ideas, se
puede llegar a establecer una omisión por parte del Juzgado en proveer los escritos
presentados por la ejecutante, en especial del escrito que precisó la Casilla
Electrónica, pese a ello, el Juzgado notificó la programación de audiencia a la
Casilla Judicial de la ejecutante, tal como se verifica de la constancia de notificación
de folios ciento noventa y cuatro; sin embargo, a criterio de este Juzgado y
atendiendo a la crisis sanitaria que atravesaba nuestro país, la notificación de folios ciento noventa y cuatro, no habría cumplido con su finalidad, más aún
cuando la ejecutante precisó su Casilla Electrónica, a efecto de que se le notifiquen
las ulteriores notificaciones que recaigan en el presente proceso.
12. En ese orden de ideas, se puede llegar a establecer que la notificación de
folios ciento noventa y cuatro, no solamente no cumplió con su finalidad si no
también contravino lo dispuesto por el artículo 157° del Código Procesal Civil, que
establece que la notificación de resoluciones judiciales se realiza a través de las
casillas electrónicas a excepción de las previstas en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que en su artículo 155-E, establece que sin perjuicio de la notificación
electrónica se notifica mediante cedula física las siguientes resoluciones: a) La que
contenga el emplazamiento de la demanda, la declaración de rebeldía y la medida
cautelar; b) La sentencia o auto que pone fin al proceso en cualquier instancia; en
consecuencia, corresponde declarar la nulidad no solamente de la notificación que
traslada a las partes la resolución número diez, sino también la resolución que
declara concluido el proceso por la inconcurrencia de las partes a la diligencia
programada, contenida en la Resolución número once, de fecha uno de julio de dos
mil veintiuno, atendiendo a lo previsto por los artículos 171° y 176° del Código
Procesal Civil y renovando los actos procesales viciados, corresponde proveer los
escritos pendientes y programar fecha para la realización de diligencia de
audiencia única, atendiendo al estado del proceso y conforme a la agenda del
Juzgado.
Por los fundamentos expuestos, el Primer Juzgado Civil de Puno, con la
autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú;
HA RESUELTO:
1) Declarar FUNDADA la solicitud de nulidad de actos procesales,
formulada el Banco Internacional del Perú - INTERBANK, por los fundamentos
expuestos en la presente resolución.
2) Declarar NULA la Resolución número once de fecha 01 de julio de 2021 y
las cédulas de notificación Nº 8952-2021-JR-CI de folios ciento noventa y cuatro y
Nº 12793-2021-JR-CI de folios ciento noventa y ocho, en mérito a los fundamentos
expuestos en la presente resolución.
3) RENOVANDO los actos procesales viciados y proveyendo los escritos con
registros números 23279-2016 y 6468-2017. SE DISPONE: Tener por precisada su Casilla
Electrónica N° 5281, lugar donde se le harán llegar las ulteriores notificaciones que
recaigan en el presente proceso y al pedido de resolución, estese a lo dispuesto en la
presente resolución.
4) SIN OBJETO A EMITIR PRONUNCIAMIENTO, respecto del medio impugnatorio
de apelación, interpuesto por el Banco Internacional del Perú, de folios doscientos catorce
a doscientos diecisiete, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. Hágase
Saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1°JUZ.DE PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL DEL CUSCO
EXPEDIENTE : 01848-2013-0-1001-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
JUEZ : NAYDA CASTILLO CRUZ
ESPECIALISTA : CAPARO MONCADA ARMANDO
EMPLAZADO : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ,
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
SENTENCIA
RESOLUCIÓN Nº 08
Cusco, veintiuno de abril
Del año dos mil quince.-
VISTO; El proceso dado cuenta en la fecha, en los seguidos por AFP
INTEGRA; sobre EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, contra la
DIRECCION REGIONAL DE SALUD-CUSCO.
PARTE EXPOSITIVA
1.- Pretensión.-
La actora interpone la demanda de Ejecución de Obligación de dar Suma de
Dinero con el objeto de:
a) Pretensión Principal.- Que la obligada DIRECCION REGIONAL DE SALUD-
CUSCO; cumpla con pagar la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 61/100 NUEVOS SOLES, (S/. 4577.61), contenidos en
la liquidación para cobranza adjunta a la demanda, por concepto de
aportes previsionales retenidos a trabajadores afiliados a dicha AFP.
b) Pretensión accesoria.- Pago de intereses moratorios por devengados y
por devengarse hasta el pago efectivo de la deuda, los gastos, costas y
costos del proceso.
2.- Fundamentos de la pretensión.-
Conforme se advierte de la demanda de fojas 17 a 21, los fundamentos
fácticos, se encuentran circunscritos a lo siguiente:
• Que, el empleador demandado tiene la obligación de declarar,
retener y pagar a la AFP los aportes del trabajador afiliado al Sistema
Privado de Pensiones y a la fecha no se ha cumplido con efectuar el
pago de dichos aportes con la formalidades establecidas en las
normas previsionales.
• En tal virtud la empresa, amparada en las normas legales vigentes
procedió a emitir las liquidaciones para cobranza, detallando los
afiliados, los periodos impagos y montos adeudados.
1 3.- Actividad Jurisdiccional.-
• Con resolución número uno (folios 22/23), se dicta mandato de
ejecución, con el que fue notificada la entidad demandada y el
Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, conforme se
advierte de la cédula de notificación de folios 25 y 587,
respectivamente.
• Por resolución número dos (folios 583/584), se tiene por apersonado
al representante legal de la entidad demandad y por deducida la
contradicción procesal con la excepción de prescripción extintiva,
se corre traslado a la AFP demandante, traslado que no fue
absuelta.
• Por resolución número tres (folios 619), se declara improcedente la
contradicción de fondo efectuada por la entidad demandada.
• Por resolución numero siete (folios 641/642), se resuelve actuar
pruebas de oficio, disponiéndose el traslado a los sujetos procesales
y al no haber cumplido con absolver el traslado, conforme se ha
ordenado los autos son ingresados a Despacho para dictar
sentencia.
PARTE CONSIDERATIVA
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Delimitación del petitorio principal.
La AFP actora, pretende el pago de la suma de CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 61/100 NUEVOS SOLES, (S/. 4577.61),
por concepto de aportes previsionales de los afiliados Margot Astete
Nuñez, por el periodo de devengue febrero a diciembre 2012; Julissa
Ivonne Pacheco Callirgos, por el periodo de devengue enero del 2013.
SEGUNDO.- De la carga probatoria.
2.1. El artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo regula la distribución
de la carga probatoria de las partes, al establecer: “La carga de la
prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a
las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria,
sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales”.
2.2. Se tiene normado también que corresponde al demandado la carga
de la prueba del pago, del cumplimiento de las normas legales, del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o
inexigibilidad, de conformidad con lo estableciendo en el literal a) del
numeral 23.4 del artículo 23 de la norma procesal citada.
TERCERO.- De la acreditación de la obligación.
3.1. Al caso le resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 34° del Decreto
Supremo 054-97-EF; normatividad que obliga al empleador a retener y
pagar a la AFP en la que se encuentre afiliado el trabajador los aportes
previsionales que corresponda, dentro de los cinco días del mes
siguiente al que se devengaron las remuneraciones afectas.
2 3.2. Ahora bien, ante el incumplimiento de aquella obligación por parte del
empleador, el artículo 37° de la norma citada impone a la AFP la
obligación de interponer la correspondiente demanda de cobranza
judicial de adeudos previsionales, cuando al haber calculado y emitido
la respectiva Liquidación para Cobranza ésta contenga deuda
previsional cierta, que exprese una obligación exigible por razón de
tiempo, lugar y modo.
3.3. De la liquidación para cobranza que obra a folios 05/16, se puede
advertir que cuenta con los requisitos exigidos por el ordenamiento legal
citado, al contener una obligación cierta, expresa, líquida y exigible
respecto a los aportes previsionales de los afiliados y periodo
devengado citados precedentemente, por una suma ascendente a
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 61/100 NUEVOS SOLES, (S/.
4577.61, incluidos los intereses moratorios a la fecha de emisión de dicha
liquidación lo cual es perfectamente posible en aplicación del Literal f,
Art. 37. D.S.054-97-EF.
3.4. En consecuencia, dicho instrumento constituye título ejecutivo conforme
lo preceptuado por el literal g) del artículo 57° de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo – Ley 29497-, por lo tanto, es exigible a la entidad
demandada.
CUARTO.- Del incumplimiento de la obligación.
4.1. Corresponde a la demandada la carga especial probatoria de la
demanda, conforme ya se ha desarrollado (2.2. del considerando
segundo), y para el caso de autos, debe ser efectuado dentro de los
alcances del artículo 38° del D.S. 054-97-EF que regula la contradicción
al mandato ejecutivo.
4.2. Del tenor de dicho dispositivo legal se tiene que para enervar el mérito
ejecutivo del título puesto a cobro, corresponde al ejecutado formular
contradicción, sustentado en uno de los siguientes supuestos:
a) El cumplimiento de su obligación (cancelación de deuda)
b) La falta de formalidad del título ejecutivo (Nulidad formal o falsedad
de la Liquidación para Cobranza),
c) La inexistencia de vínculo laboral o,
d) El error de hecho en la determinación de monto en la Liquidación
para Cobranza, y/o
e) Proponer excepciones o defensas previas.
4.3. En el presente caso, la ejecutada ha formulado contradicción procesal
(excepción de prescripción extintiva) al mandato ejecutivo; sin
embargo, mediante resolución tres de folios 619, se declara
improcedente la contradicción de fondo.
4.4. Que, atendiendo que el proceso no es un fin, sino un medio por el cual
el Juez debe resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y
que su finalidad abstracta es lograr la Paz Social en justicia, de
conformidad con lo previsto en el articulo III del Título Preliminar del
Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria para el presente
3 caso, y estando a los fundamentos del proceso laboral, prescritas en el
artículo III de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, no
podemos soslayar el fundamento de la contradicción de fondo
efectuada por la entidad demandada y los medios probatorios
adjuntos, es así, que las documentales obrantes a folios 30 al 578,
consistentes en la planilla única de pagos de los meses febrero a
diciembre del 2012 y enero del 2013 se actuaron como pruebas de
oficio, mediante resolución siete (fs. 641/642) y siendo que se ha
adjuntado medios probatorios que acreditarían la inexistencia del
vinculo laboral veamos.
QUINTO: Sobre la excepción de prescripción extintiva.
5.1. La excepción de prescripción extintiva, es un medio de defensa de
naturaleza procesal reservado para la parte demandada por el numeral
5 del literal b) del artículo 38 del D.S. 054-97-EF, que textualmente
establece:
“El ejecutado podrá contradecir la ejecución sólo por los
siguientes fundamentos: (…) 5. Las excepciones y defensas previas
señaladas en los Artículos 446 y 455 del Código Procesal Civil”.
De acuerdo a lo regulado por el inciso 12 del artículo 446 del
Código Procesal Civil, dicho medio de defensa se encuentra destinada
a anular el ejercicio específico del derecho de acción respecto de una
pretensión procesal determinada. En consecuencia, se trata de
determinar si se ha ejercitado oportunamente el derecho de acción,
toda vez que la prescripción es una institución jurídica por la cual el
transcurso de determinado lapso de tiempo extingue la acción que el
sujeto procesal tiene para exigir un adeudo judicialmente.
5.2. Es sustento de la prescripción propuesta, la AFP tiene responsabilidad de
interponer la demanda de cobro de adeudos previsionales y hacerlo
oportunamente y que la ley precisa de manera específica contenida en
la Ley 29497, D.S. Nro. 054-97-EF, y su reglamento aprobado por el
Decreto Supremo N° 004-98-EF, articulo 52, norma que se remite a las
normas emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguro, en cuyo
articulo 158 del reglamento del Sistema Privado de Fondo de Pensiones
Titulo V, aprobado por Resolución N° 080-98-E/SAFP, establece los plazos
para la interposición de la demanda judicial; por lo que, en el presente
caso la AFP ha interpuesto la acción de cobro de pago de aportes
previsionales de manera extemporánea. Corrido el traslado no fue
absuelto por la AFP actora.
5.3. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por el artículo IV del Título
Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el Juez Laboral se
encuentra en la responsabilidad y obligación de impartir justicia con
arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de
derechos humanos y la ley, así como interpretar y aplicar la norma
jurídica, según los principios y preceptos constitucionales, así como los
precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia de la República.
5.4. Respecto a la excepción deducida, es importante precisar, que se ha
discutido mucho si este tipo de acciones se encuentra sujeta a
4 prescripción o no, en atención al precedente vinculante contenido en
el Expediente 1417-2005-AA/TC, emitido por el Tribunal Constitucional,
por lo que, resulta imperioso hacer referencia a éste, además del plazo
aplicable.
5.5. Respecto a la prescripción o no de las acciones de cobro de aportes
previsionales, es preciso dejar establecido que si bien el precedente
vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y
concreto que el máximo intérprete de la Constitución decide establecer
como regla general y que, por ende deviene en parámetro normativo
para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga1, su
aplicación a un caso posterior, exige la concurrencia de dos
condiciones; el primero, que exista relación entre el efecto normativo de
aquél al caso al que se desea aplicar, y en segundo lugar, que aquella
decisión del Tribunal Constitucional, de establecer que un caso contiene
reglas que se proyectan para el futuro como precedente vinculante, se
encuentre sujeta a que exista una decisión final; es decir, tenga la
autoridad de cosa juzgada. A falta de uno de ellos, no será posible
aplicarla.
En caso del precedente vinculante contenido en el Expediente
1417-2005-AA/TC (caso Anicama Hernández), no tiene relación entre el
efecto normativo de aquél y el cobro de aportes previsionales a cargo
de las AFPs, puesto que el objeto principal en éste último es el ejercicio
de la administración de los fondos de un afiliado, que trasciende al
requerimiento del cumplimiento de la obligación del empleador de
pagar aquellos aportes retenidos. Distinto es el caso en que sea el
afiliado que exija a la AFP “el pago de sus pensiones”, en cuyo caso si
existe la concurrencia de ambas condiciones, por lo tanto le resultaría
perfectamente aplicable.
En efecto, el contenido normativo de acuerdo a aquel
precedente se encuentra en su fundamento 37 y afirmamos que no
alcanza a los supuestos contemplados en el cobro de aportes
previsionales a cargo de las AFPs, en vista que lo consustancial al
cumplimiento obligatorio de la sentencia (lo vinculante) está orientado
a la regulación y aplicación obligatoria a los siguientes casos: a) El
libre acceso a la pensión, b) Al goce de las pensiones una vez
cumplidos los requisitos para su obtención, c) A la igualdad, d) la
dignidad con trascendencia vital propia de una dimensión sustancial de
la vida y que busque preservar el derecho concreto a un mínimo vital.
Por ello es importante hacer una distinción entre la potestad2 que las
AFPs cuentan para accionar judicialmente el pago de aportes
previsionales de sus afilados, con el derecho del interesado (afiliado) en
exigir los beneficios pensionarios que por ley le asiste una vez cumplido
los requisitos. No podemos olvidar que la obligación que asumen las
AFPs en la “administración” de las CIC (Cuentas individuales de
Capitalización) de sus afiliados, ha sido establecido por el ordenamiento
legal como mecanismo idóneo para garantizar el ejercicio de aquél
1
Ver: Las Sentencias en materia constitucional - La jurisprudencia constitucional: el precedente vinculante
Exp. 0024-2003-AA/TC.
2
Nótese la distinción entre derecho, facultad y potestad.
5 derecho, es decir, de hacer que aquella cuenta se encuentre
incrementada con el pago oportuno de los aportes y que el total de la
cuenta sea administrada, invertida, etc., para que le rente mayor
beneficio al afiliado y por esta actividad la AFP percibe un pago
(comisión). Esta potestad de administrar o gestionar las CIC importa que
las AFPs mensualmente gestionen que aquellas cuentas se vean
incrementadas con los aportes previsionales retenidos por los
empleadores y en caso de incumplimiento inicien “oportunamente” las
acciones legales contra aquél, caso contrario, las AFPs deben constituir
previsiones por los montos dejados de cobrar (Art. 37 D.S. 054-97-EF), por
cada mes de devengue, cuyo monto resulta del cálculo mensual
efectuado sobre la base de la deuda provisional incluido los intereses
moratorios, tomando en consideración la remuneración conocida del
afiliado o en su defecto, lo estimado como remuneración asegurable
máxima para efectos del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de
sepelio (Art. 163 Resolución número 080-98-EF/SAFP).
Es importante precisar que todo este mecanismo ha sido reconocido
por el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el EXP. N.°
08398-2006-PA/TC3, al establecer:
“No puede escudarse la demandada en un supuesto
incumplimiento por parte de la empleadora en el pago de los
aportes del recurrente para que reconocerle a éste el valor correcto
de su CIC. Con esto puede mencionarse algunos mecanismos para
que la AFP Unión Vida exija a la Municipalidad Provincial de Jaén el
cobro de estos aportes. Así, en el Decreto Supremo N.º 054-97-EF,
Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, se hace una explicación
detallada de cómo funcionará el sistema en el caso de que los
aportes no sean entregados justa y fielmente por parte del
empleador”. (el énfasis es nuestro).
Por lo tanto, si el empleador no cumpliera con el pago de los aportes
previsionales de sus trabajadores afiliados a una AFP, ésta
necesariamente deberá cumplir con su obligación de administración o
gestión de la cuenta individual del afiliado, en la forma desarrollada
líneas arriba; es decir, exigir oportunamente, vía judicial, el pago de los
aportes previsionales y en caso de no dar inicio negligentemente
aquella, deberá constituir las provisiones en la CIC del afiliado. La forma
está determinada por el Artículo 37 del D.S. 054-97-EF.
Por todo ello, persistir en la aplicación del precedente vinculante al
caso de cobro de aportes previsionales no hace más que distraer la
atención, confundiendo dos instituciones fundamentales.
a) La irrenunciabilidad de derechos.
b) La prescriptiblidad de derecho.
3
En el caso, la posición de la AFP Unión Vida en su calidad de emplazada, ha referido que no existe norma
alguna por el cual deba hacerse responsable por los montos impagos de su empleador y no exista dinero en
la cuenta individual del afiliado y los mecanismos al que hace referencia es la creación de la contingencia y
los intereses correspondientes, de modo tal que una vez cumplido los requisitos su Cuenta Individual (CIC) no
se vea reducida.
6 La irrenunciabilidad de derechos, se evidencia de su propia naturaleza
de inalienable, en su condición de bienes que se encuentran fuera de
disposición de los hombres. Sobre el particular Víctor Anacleto Guerrero,
en reciente publicación ha referido: “La característica propia del
Derecho Laboral es la tutela del trabajador; lo que hace que, en cierta
manera, en algunas circunstancias coloque a éste como un menor de
edad. Para tal fin considera que la renuncia (abandono voluntario de
un derecho a través de un acto unilateral) lo es por ignorancia o falta
de capacidad de negociación. Sin embargo, el instituto no se
fundamenta en la existencia de un vicio de consentimiento (lo que
algunos autores aceptan), sino en la naturaleza (carácter protectorio)
de la norma. (…) La ley protege el derecho del trabajador de manera
tal que torna imposible su renuncia: sólo admite que se convierta en
derecho natural por transcurso del plazo especificado por ley
(prescripción). La misma no tiene validez, ni deroga el contrato; es
inoponible al trabajador, es ineficaz.”4
Como ya dijimos, para que el trabajador afiliado a una AFP no se
encuentre perjudicado en el pago de sus pensiones y demás beneficios
una vez cumplido los requisitos de ley, el ordenamiento legal le ha
previsto de protección legal, en obligar a la AFP, el “ejercicio oportuno”
del cobro de los aportes previsionales al empleador, y de no hacerlo
(supuesto de negligencia), debe constituir provisiones a dicha cuenta.
Siendo esto así, no existe posibilidad de que una vez cumplido los
requisitos de ley, se le niegue o reduzca al afiliado el pago del total de
sus beneficios, en la forma establecida por ley.
La prescriptibilidad de derechos, es entendida como la sanción legal
que “se impone al titular de un derecho” que, tras su agresión, no
ejercita el medido de defensa en un lapso de tiempo previamente
establecido, entendiéndose además que por la imprescriptibilidad, no
se entiende la negación a un derecho, sino la restricción del remedio
procesal para exigirlo, es decir iniciar la acción judicial correspondiente.
Nota importante es el efecto que éste causa, es decir, no extingue el
derecho, “lo cual equivale a que si se ha producido la prescripción y
hay aún la oportunidad de ejercitar el derecho, este regularmente
podría efectuarse, pero en tal caso, la voluntad del reconocimiento del
derecho extinto estará en la sola voluntad del empleador”5. De ello
resulta claro que la AFP no es titular de la CIC del afiliado, solo la
administra y para ello el ordenamiento legal le otorga la potestad de
ejercitar las acciones legales.
Para finalizar, es importante mencionar que ha sido el propio Tribunal
Constitucional quien se ha encargado de establecer en el Exp. N° 4272-
2006-AA/TC, dictada en fecha 12 de noviembre del 2007, lo siguiente:
“Para el caso de los derechos de naturaleza laboral, este
Tribunal considera necesario variar el criterio adoptado y que
se referido supra, pues una cosa es la irrenunciabilidad de los
4
ANACLETO GUERRERO, Víctor. “MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO” Grijley, 2012. Pág. 33.
5
GÓMEZ VALDEZ, Francisco, “DERECHO DEL TRABAJO” relaciones individuales de trabajo. Editorial San
Marcos E.I.R.L. 3ra edición 2009. Pág. 547
7 derechos, esto es, su naturaleza inalienable en su condición
de bienes fuera de la disposición, incluso llegado el caso, de
sus propios titulares (por ejemplo, no podría argumentarse
válidamente que un trabajador “ha renunciado” al pago de
sus haberes), y otra cosa distinta es la "sanción" legal que se
impone al titular de un derecho que, tras su agresión, no
ejercita el medio de defensa en un lapso previsto
normalmente en la ley.
De este modo, la figura de la prescripción no supone la
denegatoria del derecho en cuestión, sino, en todo caso, la
restricción del remedio procesal para exigirlo, lo cual no
debe olvidarse, constituye también la defensa de otro bien
constitucional, en la medida que se protege por ésta vía la
seguridad jurídica” (el énfasis es nuestro).
No está demás añadir, que el artículo 37 del Decreto Supremo 054-
97-EF, ha calificado como “negligencia” de la AFP, el no iniciar
“oportunamente” el proceso de ejecución, por lo tanto, ¿si una AFP no
inicia oportunamente y en forma negligente el cobro de aportes
previsionales, puede negarse el transcurso del tiempo cargando de toda
la responsabilidad al demandado?. Evidentemente no y como correlato
a ello, el artículo 52° del Decreto Supremo N° 004-98-EF que aprueba el
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de pensiones prevé: “En los casos de demora
en el pago de aportes, las AFPS están obligadas a iniciar contra el
empleador las acciones legales a que se hace referencia en los artículos
37° y 38° de la Ley, dentro de un plazo que determinará la
Superintendencia”, siendo ello así las AFP quedarían supeditadas a cubrir
las aportaciones impagas con sus propios fondos, como sanción a su
inacción o acción tardía, y de este modo salvaguardar los fondos
previsionales de los afiliados, y por ende el derecho fundamental a la
pensión de los mismos.
En consecuencia, de todo lo expuesto podemos concluir dos
aspectos puntuales: a) que al presente caso no le es aplicable el
precedente vinculante citado por la ejecutante; y, b) que la acción de
cobro de aportes previsionales a cargo de las AFPs si prescriben.
5.6. Respecto al plazo de prescripción, el artículo 52° del Decreto Supremo
N° 004-98-EF que aprueba el Reglamento del Texto Único Ordenado de
la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de pensiones
prevé: “En los casos de demora en el pago de aportes, las AFPS están
obligadas a iniciar contra el empleador las acciones legales a que se
hace referencia en los artículos 37° y 38° de la Ley, dentro de un plazo
que determinará la Superintendencia”. En ese contexto dado que la
Superintendencia de Banca y Seguros de las AFPS no señala de manera
expresa cuál es el plazo que tienen las AFP para accionar judicialmente;
por tanto, en atención a lo previsto en el artículo IX del Título Preliminar
8 del Código Civil6, articulo 2000 del Código Civil 7, y el artículo IV del Título
Preliminar de la Ley 29497, que establece: “Los Jueces Laborales, bajo
responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política
del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. …”,
corresponde aplicar los plazos de prescripción establecidos en el inciso
1) del artículo 2001° del Código Civil, esto es que los adeudos
previsionales del empleador deben sujetarse al plazo de prescripción
de 10 años.
5.7. En el presente caso, de la demanda se advierte que la AFP actora
exige el pago de los aportes previsionales de los afiliados Margot Astete
Nuñez, por el periodo de devengue febrero a diciembre 2012; Julissa
Ivonne Pacheco Callirgos, por el periodo de devengue enero del 2013,
los que no han prescrito a la fecha de interposición de la demanda (03
de octubre del 2013); por lo que, no corresponde amparar la excepción
de prescripción extintiva deducida.
SEXTO.- Con relación a la inexistencia de vínculo laboral.
6.1. Al invocar esta causal, la prueba pertinente para demostrar dicho
hecho es la copia de los libros de planilla del mes de devengue.
6.2. Cuando se demanda el pago de un determinado aporte previsional y el
empleador considera que no existe vinculo laboral por el periodo
materia de cobro (mes de devengue) basta con exhibir la planilla de
remuneraciones por cada uno de los meses materia de cobro con la
finalidad que el Juez verifique que efectivamente en los meses materia
de cobro el trabajador no se encuentra registrado.
6.3. Por la naturaleza del procedimiento, el hecho que un trabajador no se
encuentre registrado en planillas o en un determinado mes, implica que
no ha percibido remuneraciones, por tanto, no existe obligación de
retener aporte provisional alguno mucho menos de pagarlo, de allí la
importancia de exhibir la panilla de remuneraciones limitando el debate
a CONTRASTAR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CON CADA UNO DE
LOS MESES MATERIA DE COBRO (MES DE DEVENGUE), es decir del mes de
cada una de las liquidaciones materia de cobro.
6.4. El representante legal la entidad demandada refiere que las
trabajadoras Margot Astete Nuñez, Julissa Pacheco Callirgos, por los
periodos de devengue materia de cobranza, no mantuvieron vínculo
laboral y para acreditar ello adjunta como medios probatorios la planilla
única de pagos que pasaremos a contrastar:
• La AFP actora solicita el pago de aportes previsionales de la
trabajadora Margot Astete Nuñez, por el periodo de devengue
febrero a diciembre 2012; empero, a folios 30 a 512, obra la
planilla de remuneraciones de los meses febrero/2012(fs.30/84),
marzo/2012(fs.85/120),abril/2012(fs.121/165),mayo/2012(fs.166/209
6
Código Civil. Aplicación supletoria del Código Civil. “Artículo IX.- Las disposiciones del Código Civil se
aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no
sean incompatibles con su naturaleza.”
7 Código Civil. Principio de Legalidad en plazos prescriptorios. “Articulo 2000. Sólo la ley puede fijar los plazos
de prescripción.”
9 ),junio/2012(fs.210/258), julio/2012(fs. 259/303), agosto/2012 (fs.
304/346), setiembre/2012(fs. 347/390), octubre/2012 (fs.391/434),
noviembre/2012 (fs. 435/467), diciembre/2012 (fs. 468/512);
documentos de los cuales se advierte que la afiliada Margot
Astete Nuñez que aparecen en el titulo ejecutivo (fs. 05/15) no
mantenía vinculo laboral con la demandada Dirección Regional
de Salud-Cusco en los periodos materia de cobranza judicial; en
consecuencia, no ha percibido remuneración alguna, hecho
que conlleva a que el empleador no pueda retener y mucho
menos pagar a favor de la AFP demandante el monto de su
aporte provisional; en consecuencia, se acredita la inexistencia
del vínculo laboral de los periodos de devengue y por tanto la
inexigibilidad de la deuda.
• Del mismo modo, la AFP actora solicita el pago de aportes
previsionales de la trabajadora Julissa Ivonne Pacheco Callirgos,
por el periodo de devengue enero del 2013; empero, a folios 513
a 578, obra la planilla de remuneraciones del mes enero del
2013; documentos de los cuales se advierte que la afiliada Julissa
Ivonne Pacheco Callirgos que aparece en el titulo ejecutivo (fs.
16) no mantenía vinculo laboral con la demandada Dirección
Regional de Salud-Cusco en el periodo materia de cobranza
judicial; en consecuencia, no ha percibido remuneración alguna,
hecho que conlleva a que el empleador no pueda retener y
mucho menos pagar a favor de la AFP demandante el monto de
su aporte provisional; en consecuencia, se acredita la
inexistencia del vínculo laboral de los periodos de devengue y
por tanto la inexigibilidad de la deuda.
De las pretensiones accesorias.
SEPTIMO.- Del pago de los gastos, e intereses.-
7.1. La AFP actora también pretende el pago de los gastos, e intereses
devengados.
7.2. Atendiendo que de acuerdo a lo establecido por el artículo 87 del
Código Procesal Civil, se entiende a la pretensión accesoria cuando
habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se
amparan también las demás, por lo tanto, la pretensión accesoria sigue
la suerte del principal.
7.3. En el presente caso, la pretensión principal de la demanda resultará
infundada, por lo tanto, no existe intereses legales devengados alguno
a cargo de la demandada, menos de pago de gastos, por ello, en este
extremo la demanda también resulta infundada.
OCTAVO.- De las costas y costos.-
8.1. Que, las costas y costos no requieren ser reclamados por las partes en
los actos postulatorios; sin embargo, en la sentencia debe ser
establecida su cuantía y modo de liquidación.
8.2. Para ello, resulta de aplicación al caso lo previsto por el artículo 14° de
la Nueva Ley Procesal de Trabajo, que textualmente establece: “La
condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal
civil”.
10 8.3. Ahora bien, en ordenamiento Procesal Civil establece que las costas y
costos del Proceso son de cargo de la parte vencida, conforme se tiene
de los regulado por el Artículo 412 del Código Procesal Civil y en la
medida que en autos no se tiene documento alguno que permita
advertir que la demandada haya puesto en conocimiento de la
demandante la conclusión del vínculo laboral de los afiliados de quien
reclamó el pago de aportes previsionales, se concluye que tuvo motivos
suficientes y razonables para instar la acción judicial correspondiente,
impuesto por el artículo 37 del D.S. 054-97-TR, que expresamente
establece que “Toda Administradora de Fondos de Pensiones (AFP),
bajo responsabilidad, tiene la obligación de interponer la
correspondiente demanda de cobranza judicial de adeudos
previsionales, cuando al haber calculado y emitido la respectiva
Liquidación para Cobranza ésta contenga deuda previsional cierta,
que expresa una obligación exigible por razón de tiempo, lugar y
modo”. Siendo esto así, corresponde exonerar a la demandante el
pago de costas y costos.
PARTE RESOLUTIVA
Por estos fundamentos, conforme lo regulado por el inciso 1) del artículo
139° de la Constitución Política del Perú y el artículo 31° de la Ley Nro. 29497,
administrando justicia a nombre de la Nación; FALLO:
(cid:1) DECLARANDO INFUNDADA LA CONTRADICCIÓN PROCESAL formulada
por la demandada DIRECCION REGIONAL DE SALUD-CUSCO, con la
excepción de prescripción extintiva.
(cid:1) DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA de folios 17 a 21, interpuesta
por AFP INTEGRA, sobre EJECUCION DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE
DINERO, contra la DIRECCION REGIONAL DE SALUD-CUSCO, con las
pretensiones de cobro de aportes previsionales (De las trabajadoras
Margot Astete Nuñez, por el periodo de devengue febrero a diciembre
2012; Julissa Ivonne Pacheco Callirgos, por el periodo de devengue
enero del 2013), pago de intereses moratorios, así como gastos, costas y
costos del proceso.
(cid:1) DISPONGO SE ARCHIVE DEFINITIVAMENTE el proceso una vez consentida
sea la presente sentencia, debiendo remitirse al Archivo Central de esta
sede de corte para su custodia; sin costas ni costos del proceso. TÓMESE
RAZÓN Y HÁGASE SABER.-
11 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1°JUZ.DE PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL DEL CUSCO
EXPEDIENTE : 01848-2013-0-1001-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
JUEZ : NAYDA CASTILLO CRUZ
ESPECIALISTA : CAPARO MONCADA ARMANDO
EMPLAZADO : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ,
DEMANDADO : DIRECCION REGIONAL DE SALUD DEL CUSCO ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
SENTENCIA
RESOLUCIÓN Nº 08
Cusco, veintiuno de abril
Del año dos mil quince.-
VISTO; El proceso dado cuenta en la fecha, en los seguidos por AFP
INTEGRA; sobre EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, contra la
DIRECCION REGIONAL DE SALUD-CUSCO.
PARTE EXPOSITIVA
1.- Pretensión.-
La actora interpone la demanda de Ejecución de Obligación de dar Suma de
Dinero con el objeto de:
a) Pretensión Principal.- Que la obligada DIRECCION REGIONAL DE SALUD-
CUSCO; cumpla con pagar la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SIETE CON 61/100 NUEVOS SOLES, (S/. 4577.61), contenidos en
la liquidación para cobranza adjunta a la demanda, por concepto de
aportes previsionales retenidos a trabajadores afiliados a dicha AFP.
b) Pretensión accesoria.- Pago de intereses moratorios por devengados y
por devengarse hasta el pago efectivo de la deuda, los gastos, costas y
costos del proceso.
2.- Fundamentos de la pretensión.-
Conforme se advierte de la demanda de fojas 17 a 21, los fundamentos
fácticos, se encuentran circunscritos a lo siguiente:
• Que, el empleador demandado tiene la obligación de declarar,
retener y pagar a la AFP los aportes del trabajador afiliado al Sistema
Privado de Pensiones y a la fecha no se ha cumplido con efectuar el
pago de dichos aportes con la formalidades establecidas en las
normas previsionales.
• En tal virtud la empresa, amparada en las normas legales vigentes
procedió a emitir las liquidaciones para cobranza, detallando los
afiliados, los periodos impagos y montos adeudados.
1 3.- Actividad Jurisdiccional.-
• Con resolución número uno (folios 22/23), se dicta mandato de
ejecución, con el que fue notificada la entidad demandada y el
Procurador Público del Gobierno Regional de Cusco, conforme se
advierte de la cédula de notificación de folios 25 y 587,
respectivamente.
• Por resolución número dos (folios 583/584), se tiene por apersonado
al representante legal de la entidad demandad y por deducida la
contradicción procesal con la excepción de prescripción extintiva,
se corre traslado a la AFP demandante, traslado que no fue
absuelta.
• Por resolución número tres (folios 619), se declara improcedente la
contradicción de fondo efectuada por la entidad demandada.
• Por resolución numero siete (folios 641/642), se resuelve actuar
pruebas de oficio, disponiéndose el traslado a los sujetos procesales
y al no haber cumplido con absolver el traslado, conforme se ha
ordenado los autos son ingresados a Despacho para dictar
sentencia.
PARTE CONSIDERATIVA
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Delimitación del petitorio principal.
La AFP actora, pretende el pago de la suma de CUATRO MIL
QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 61/100 NUEVOS SOLES, (S/. 4577.61),
por concepto de aportes previsionales de los afiliados Margot Astete
Nuñez, por el periodo de devengue febrero a diciembre 2012; Julissa
Ivonne Pacheco Callirgos, por el periodo de devengue enero del 2013.
SEGUNDO.- De la carga probatoria.
2.1. El artículo 23° de la Nueva Ley Procesal del Trabajo regula la distribución
de la carga probatoria de las partes, al establecer: “La carga de la
prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, sujetos a
las siguientes reglas especiales de distribución de la carga probatoria,
sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales”.
2.2. Se tiene normado también que corresponde al demandado la carga
de la prueba del pago, del cumplimiento de las normas legales, del
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o
inexigibilidad, de conformidad con lo estableciendo en el literal a) del
numeral 23.4 del artículo 23 de la norma procesal citada.
TERCERO.- De la acreditación de la obligación.
3.1. Al caso le resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 34° del Decreto
Supremo 054-97-EF; normatividad que obliga al empleador a retener y
pagar a la AFP en la que se encuentre afiliado el trabajador los aportes
previsionales que corresponda, dentro de los cinco días del mes
siguiente al que se devengaron las remuneraciones afectas.
2 3.2. Ahora bien, ante el incumplimiento de aquella obligación por parte del
empleador, el artículo 37° de la norma citada impone a la AFP la
obligación de interponer la correspondiente demanda de cobranza
judicial de adeudos previsionales, cuando al haber calculado y emitido
la respectiva Liquidación para Cobranza ésta contenga deuda
previsional cierta, que exprese una obligación exigible por razón de
tiempo, lugar y modo.
3.3. De la liquidación para cobranza que obra a folios 05/16, se puede
advertir que cuenta con los requisitos exigidos por el ordenamiento legal
citado, al contener una obligación cierta, expresa, líquida y exigible
respecto a los aportes previsionales de los afiliados y periodo
devengado citados precedentemente, por una suma ascendente a
CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE CON 61/100 NUEVOS SOLES, (S/.
4577.61, incluidos los intereses moratorios a la fecha de emisión de dicha
liquidación lo cual es perfectamente posible en aplicación del Literal f,
Art. 37. D.S.054-97-EF.
3.4. En consecuencia, dicho instrumento constituye título ejecutivo conforme
lo preceptuado por el literal g) del artículo 57° de la Nueva Ley Procesal
del Trabajo – Ley 29497-, por lo tanto, es exigible a la entidad
demandada.
CUARTO.- Del incumplimiento de la obligación.
4.1. Corresponde a la demandada la carga especial probatoria de la
demanda, conforme ya se ha desarrollado (2.2. del considerando
segundo), y para el caso de autos, debe ser efectuado dentro de los
alcances del artículo 38° del D.S. 054-97-EF que regula la contradicción
al mandato ejecutivo.
4.2. Del tenor de dicho dispositivo legal se tiene que para enervar el mérito
ejecutivo del título puesto a cobro, corresponde al ejecutado formular
contradicción, sustentado en uno de los siguientes supuestos:
a) El cumplimiento de su obligación (cancelación de deuda)
b) La falta de formalidad del título ejecutivo (Nulidad formal o falsedad
de la Liquidación para Cobranza),
c) La inexistencia de vínculo laboral o,
d) El error de hecho en la determinación de monto en la Liquidación
para Cobranza, y/o
e) Proponer excepciones o defensas previas.
4.3. En el presente caso, la ejecutada ha formulado contradicción procesal
(excepción de prescripción extintiva) al mandato ejecutivo; sin
embargo, mediante resolución tres de folios 619, se declara
improcedente la contradicción de fondo.
4.4. Que, atendiendo que el proceso no es un fin, sino un medio por el cual
el Juez debe resolver un conflicto de intereses o eliminar una
incertidumbre jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y
que su finalidad abstracta es lograr la Paz Social en justicia, de
conformidad con lo previsto en el articulo III del Título Preliminar del
Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria para el presente
3 caso, y estando a los fundamentos del proceso laboral, prescritas en el
artículo III de la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Ley N° 29497, no
podemos soslayar el fundamento de la contradicción de fondo
efectuada por la entidad demandada y los medios probatorios
adjuntos, es así, que las documentales obrantes a folios 30 al 578,
consistentes en la planilla única de pagos de los meses febrero a
diciembre del 2012 y enero del 2013 se actuaron como pruebas de
oficio, mediante resolución siete (fs. 641/642) y siendo que se ha
adjuntado medios probatorios que acreditarían la inexistencia del
vinculo laboral veamos.
QUINTO: Sobre la excepción de prescripción extintiva.
5.1. La excepción de prescripción extintiva, es un medio de defensa de
naturaleza procesal reservado para la parte demandada por el numeral
5 del literal b) del artículo 38 del D.S. 054-97-EF, que textualmente
establece:
“El ejecutado podrá contradecir la ejecución sólo por los
siguientes fundamentos: (…) 5. Las excepciones y defensas previas
señaladas en los Artículos 446 y 455 del Código Procesal Civil”.
De acuerdo a lo regulado por el inciso 12 del artículo 446 del
Código Procesal Civil, dicho medio de defensa se encuentra destinada
a anular el ejercicio específico del derecho de acción respecto de una
pretensión procesal determinada. En consecuencia, se trata de
determinar si se ha ejercitado oportunamente el derecho de acción,
toda vez que la prescripción es una institución jurídica por la cual el
transcurso de determinado lapso de tiempo extingue la acción que el
sujeto procesal tiene para exigir un adeudo judicialmente.
5.2. Es sustento de la prescripción propuesta, la AFP tiene responsabilidad de
interponer la demanda de cobro de adeudos previsionales y hacerlo
oportunamente y que la ley precisa de manera específica contenida en
la Ley 29497, D.S. Nro. 054-97-EF, y su reglamento aprobado por el
Decreto Supremo N° 004-98-EF, articulo 52, norma que se remite a las
normas emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguro, en cuyo
articulo 158 del reglamento del Sistema Privado de Fondo de Pensiones
Titulo V, aprobado por Resolución N° 080-98-E/SAFP, establece los plazos
para la interposición de la demanda judicial; por lo que, en el presente
caso la AFP ha interpuesto la acción de cobro de pago de aportes
previsionales de manera extemporánea. Corrido el traslado no fue
absuelto por la AFP actora.
5.3. Ahora bien, de acuerdo a lo establecido por el artículo IV del Título
Preliminar de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, el Juez Laboral se
encuentra en la responsabilidad y obligación de impartir justicia con
arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de
derechos humanos y la ley, así como interpretar y aplicar la norma
jurídica, según los principios y preceptos constitucionales, así como los
precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte
Suprema de Justicia de la República.
5.4. Respecto a la excepción deducida, es importante precisar, que se ha
discutido mucho si este tipo de acciones se encuentra sujeta a
4 prescripción o no, en atención al precedente vinculante contenido en
el Expediente 1417-2005-AA/TC, emitido por el Tribunal Constitucional,
por lo que, resulta imperioso hacer referencia a éste, además del plazo
aplicable.
5.5. Respecto a la prescripción o no de las acciones de cobro de aportes
previsionales, es preciso dejar establecido que si bien el precedente
vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y
concreto que el máximo intérprete de la Constitución decide establecer
como regla general y que, por ende deviene en parámetro normativo
para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga1, su
aplicación a un caso posterior, exige la concurrencia de dos
condiciones; el primero, que exista relación entre el efecto normativo de
aquél al caso al que se desea aplicar, y en segundo lugar, que aquella
decisión del Tribunal Constitucional, de establecer que un caso contiene
reglas que se proyectan para el futuro como precedente vinculante, se
encuentre sujeta a que exista una decisión final; es decir, tenga la
autoridad de cosa juzgada. A falta de uno de ellos, no será posible
aplicarla.
En caso del precedente vinculante contenido en el Expediente
1417-2005-AA/TC (caso Anicama Hernández), no tiene relación entre el
efecto normativo de aquél y el cobro de aportes previsionales a cargo
de las AFPs, puesto que el objeto principal en éste último es el ejercicio
de la administración de los fondos de un afiliado, que trasciende al
requerimiento del cumplimiento de la obligación del empleador de
pagar aquellos aportes retenidos. Distinto es el caso en que sea el
afiliado que exija a la AFP “el pago de sus pensiones”, en cuyo caso si
existe la concurrencia de ambas condiciones, por lo tanto le resultaría
perfectamente aplicable.
En efecto, el contenido normativo de acuerdo a aquel
precedente se encuentra en su fundamento 37 y afirmamos que no
alcanza a los supuestos contemplados en el cobro de aportes
previsionales a cargo de las AFPs, en vista que lo consustancial al
cumplimiento obligatorio de la sentencia (lo vinculante) está orientado
a la regulación y aplicación obligatoria a los siguientes casos: a) El
libre acceso a la pensión, b) Al goce de las pensiones una vez
cumplidos los requisitos para su obtención, c) A la igualdad, d) la
dignidad con trascendencia vital propia de una dimensión sustancial de
la vida y que busque preservar el derecho concreto a un mínimo vital.
Por ello es importante hacer una distinción entre la potestad2 que las
AFPs cuentan para accionar judicialmente el pago de aportes
previsionales de sus afilados, con el derecho del interesado (afiliado) en
exigir los beneficios pensionarios que por ley le asiste una vez cumplido
los requisitos. No podemos olvidar que la obligación que asumen las
AFPs en la “administración” de las CIC (Cuentas individuales de
Capitalización) de sus afiliados, ha sido establecido por el ordenamiento
legal como mecanismo idóneo para garantizar el ejercicio de aquél
1
Ver: Las Sentencias en materia constitucional - La jurisprudencia constitucional: el precedente vinculante
Exp. 0024-2003-AA/TC.
2
Nótese la distinción entre derecho, facultad y potestad.
5 derecho, es decir, de hacer que aquella cuenta se encuentre
incrementada con el pago oportuno de los aportes y que el total de la
cuenta sea administrada, invertida, etc., para que le rente mayor
beneficio al afiliado y por esta actividad la AFP percibe un pago
(comisión). Esta potestad de administrar o gestionar las CIC importa que
las AFPs mensualmente gestionen que aquellas cuentas se vean
incrementadas con los aportes previsionales retenidos por los
empleadores y en caso de incumplimiento inicien “oportunamente” las
acciones legales contra aquél, caso contrario, las AFPs deben constituir
previsiones por los montos dejados de cobrar (Art. 37 D.S. 054-97-EF), por
cada mes de devengue, cuyo monto resulta del cálculo mensual
efectuado sobre la base de la deuda provisional incluido los intereses
moratorios, tomando en consideración la remuneración conocida del
afiliado o en su defecto, lo estimado como remuneración asegurable
máxima para efectos del seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos de
sepelio (Art. 163 Resolución número 080-98-EF/SAFP).
Es importante precisar que todo este mecanismo ha sido reconocido
por el Tribunal Constitucional en la sentencia dictada en el EXP. N.°
08398-2006-PA/TC3, al establecer:
“No puede escudarse la demandada en un supuesto
incumplimiento por parte de la empleadora en el pago de los
aportes del recurrente para que reconocerle a éste el valor correcto
de su CIC. Con esto puede mencionarse algunos mecanismos para
que la AFP Unión Vida exija a la Municipalidad Provincial de Jaén el
cobro de estos aportes. Así, en el Decreto Supremo N.º 054-97-EF,
Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de Pensiones, se hace una explicación
detallada de cómo funcionará el sistema en el caso de que los
aportes no sean entregados justa y fielmente por parte del
empleador”. (el énfasis es nuestro).
Por lo tanto, si el empleador no cumpliera con el pago de los aportes
previsionales de sus trabajadores afiliados a una AFP, ésta
necesariamente deberá cumplir con su obligación de administración o
gestión de la cuenta individual del afiliado, en la forma desarrollada
líneas arriba; es decir, exigir oportunamente, vía judicial, el pago de los
aportes previsionales y en caso de no dar inicio negligentemente
aquella, deberá constituir las provisiones en la CIC del afiliado. La forma
está determinada por el Artículo 37 del D.S. 054-97-EF.
Por todo ello, persistir en la aplicación del precedente vinculante al
caso de cobro de aportes previsionales no hace más que distraer la
atención, confundiendo dos instituciones fundamentales.
a) La irrenunciabilidad de derechos.
b) La prescriptiblidad de derecho.
3
En el caso, la posición de la AFP Unión Vida en su calidad de emplazada, ha referido que no existe norma
alguna por el cual deba hacerse responsable por los montos impagos de su empleador y no exista dinero en
la cuenta individual del afiliado y los mecanismos al que hace referencia es la creación de la contingencia y
los intereses correspondientes, de modo tal que una vez cumplido los requisitos su Cuenta Individual (CIC) no
se vea reducida.
6 La irrenunciabilidad de derechos, se evidencia de su propia naturaleza
de inalienable, en su condición de bienes que se encuentran fuera de
disposición de los hombres. Sobre el particular Víctor Anacleto Guerrero,
en reciente publicación ha referido: “La característica propia del
Derecho Laboral es la tutela del trabajador; lo que hace que, en cierta
manera, en algunas circunstancias coloque a éste como un menor de
edad. Para tal fin considera que la renuncia (abandono voluntario de
un derecho a través de un acto unilateral) lo es por ignorancia o falta
de capacidad de negociación. Sin embargo, el instituto no se
fundamenta en la existencia de un vicio de consentimiento (lo que
algunos autores aceptan), sino en la naturaleza (carácter protectorio)
de la norma. (…) La ley protege el derecho del trabajador de manera
tal que torna imposible su renuncia: sólo admite que se convierta en
derecho natural por transcurso del plazo especificado por ley
(prescripción). La misma no tiene validez, ni deroga el contrato; es
inoponible al trabajador, es ineficaz.”4
Como ya dijimos, para que el trabajador afiliado a una AFP no se
encuentre perjudicado en el pago de sus pensiones y demás beneficios
una vez cumplido los requisitos de ley, el ordenamiento legal le ha
previsto de protección legal, en obligar a la AFP, el “ejercicio oportuno”
del cobro de los aportes previsionales al empleador, y de no hacerlo
(supuesto de negligencia), debe constituir provisiones a dicha cuenta.
Siendo esto así, no existe posibilidad de que una vez cumplido los
requisitos de ley, se le niegue o reduzca al afiliado el pago del total de
sus beneficios, en la forma establecida por ley.
La prescriptibilidad de derechos, es entendida como la sanción legal
que “se impone al titular de un derecho” que, tras su agresión, no
ejercita el medido de defensa en un lapso de tiempo previamente
establecido, entendiéndose además que por la imprescriptibilidad, no
se entiende la negación a un derecho, sino la restricción del remedio
procesal para exigirlo, es decir iniciar la acción judicial correspondiente.
Nota importante es el efecto que éste causa, es decir, no extingue el
derecho, “lo cual equivale a que si se ha producido la prescripción y
hay aún la oportunidad de ejercitar el derecho, este regularmente
podría efectuarse, pero en tal caso, la voluntad del reconocimiento del
derecho extinto estará en la sola voluntad del empleador”5. De ello
resulta claro que la AFP no es titular de la CIC del afiliado, solo la
administra y para ello el ordenamiento legal le otorga la potestad de
ejercitar las acciones legales.
Para finalizar, es importante mencionar que ha sido el propio Tribunal
Constitucional quien se ha encargado de establecer en el Exp. N° 4272-
2006-AA/TC, dictada en fecha 12 de noviembre del 2007, lo siguiente:
“Para el caso de los derechos de naturaleza laboral, este
Tribunal considera necesario variar el criterio adoptado y que
se referido supra, pues una cosa es la irrenunciabilidad de los
4
ANACLETO GUERRERO, Víctor. “MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO” Grijley, 2012. Pág. 33.
5
GÓMEZ VALDEZ, Francisco, “DERECHO DEL TRABAJO” relaciones individuales de trabajo. Editorial San
Marcos E.I.R.L. 3ra edición 2009. Pág. 547
7 derechos, esto es, su naturaleza inalienable en su condición
de bienes fuera de la disposición, incluso llegado el caso, de
sus propios titulares (por ejemplo, no podría argumentarse
válidamente que un trabajador “ha renunciado” al pago de
sus haberes), y otra cosa distinta es la "sanción" legal que se
impone al titular de un derecho que, tras su agresión, no
ejercita el medio de defensa en un lapso previsto
normalmente en la ley.
De este modo, la figura de la prescripción no supone la
denegatoria del derecho en cuestión, sino, en todo caso, la
restricción del remedio procesal para exigirlo, lo cual no
debe olvidarse, constituye también la defensa de otro bien
constitucional, en la medida que se protege por ésta vía la
seguridad jurídica” (el énfasis es nuestro).
No está demás añadir, que el artículo 37 del Decreto Supremo 054-
97-EF, ha calificado como “negligencia” de la AFP, el no iniciar
“oportunamente” el proceso de ejecución, por lo tanto, ¿si una AFP no
inicia oportunamente y en forma negligente el cobro de aportes
previsionales, puede negarse el transcurso del tiempo cargando de toda
la responsabilidad al demandado?. Evidentemente no y como correlato
a ello, el artículo 52° del Decreto Supremo N° 004-98-EF que aprueba el
Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de
Administración de Fondos de pensiones prevé: “En los casos de demora
en el pago de aportes, las AFPS están obligadas a iniciar contra el
empleador las acciones legales a que se hace referencia en los artículos
37° y 38° de la Ley, dentro de un plazo que determinará la
Superintendencia”, siendo ello así las AFP quedarían supeditadas a cubrir
las aportaciones impagas con sus propios fondos, como sanción a su
inacción o acción tardía, y de este modo salvaguardar los fondos
previsionales de los afiliados, y por ende el derecho fundamental a la
pensión de los mismos.
En consecuencia, de todo lo expuesto podemos concluir dos
aspectos puntuales: a) que al presente caso no le es aplicable el
precedente vinculante citado por la ejecutante; y, b) que la acción de
cobro de aportes previsionales a cargo de las AFPs si prescriben.
5.6. Respecto al plazo de prescripción, el artículo 52° del Decreto Supremo
N° 004-98-EF que aprueba el Reglamento del Texto Único Ordenado de
la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de pensiones
prevé: “En los casos de demora en el pago de aportes, las AFPS están
obligadas a iniciar contra el empleador las acciones legales a que se
hace referencia en los artículos 37° y 38° de la Ley, dentro de un plazo
que determinará la Superintendencia”. En ese contexto dado que la
Superintendencia de Banca y Seguros de las AFPS no señala de manera
expresa cuál es el plazo que tienen las AFP para accionar judicialmente;
por tanto, en atención a lo previsto en el artículo IX del Título Preliminar
8 del Código Civil6, articulo 2000 del Código Civil 7, y el artículo IV del Título
Preliminar de la Ley 29497, que establece: “Los Jueces Laborales, bajo
responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política
del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. …”,
corresponde aplicar los plazos de prescripción establecidos en el inciso
1) del artículo 2001° del Código Civil, esto es que los adeudos
previsionales del empleador deben sujetarse al plazo de prescripción
de 10 años.
5.7. En el presente caso, de la demanda se advierte que la AFP actora
exige el pago de los aportes previsionales de los afiliados Margot Astete
Nuñez, por el periodo de devengue febrero a diciembre 2012; Julissa
Ivonne Pacheco Callirgos, por el periodo de devengue enero del 2013,
los que no han prescrito a la fecha de interposición de la demanda (03
de octubre del 2013); por lo que, no corresponde amparar la excepción
de prescripción extintiva deducida.
SEXTO.- Con relación a la inexistencia de vínculo laboral.
6.1. Al invocar esta causal, la prueba pertinente para demostrar dicho
hecho es la copia de los libros de planilla del mes de devengue.
6.2. Cuando se demanda el pago de un determinado aporte previsional y el
empleador considera que no existe vinculo laboral por el periodo
materia de cobro (mes de devengue) basta con exhibir la planilla de
remuneraciones por cada uno de los meses materia de cobro con la
finalidad que el Juez verifique que efectivamente en los meses materia
de cobro el trabajador no se encuentra registrado.
6.3. Por la naturaleza del procedimiento, el hecho que un trabajador no se
encuentre registrado en planillas o en un determinado mes, implica que
no ha percibido remuneraciones, por tanto, no existe obligación de
retener aporte provisional alguno mucho menos de pagarlo, de allí la
importancia de exhibir la panilla de remuneraciones limitando el debate
a CONTRASTAR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES CON CADA UNO DE
LOS MESES MATERIA DE COBRO (MES DE DEVENGUE), es decir del mes de
cada una de las liquidaciones materia de cobro.
6.4. El representante legal la entidad demandada refiere que las
trabajadoras Margot Astete Nuñez, Julissa Pacheco Callirgos, por los
periodos de devengue materia de cobranza, no mantuvieron vínculo
laboral y para acreditar ello adjunta como medios probatorios la planilla
única de pagos que pasaremos a contrastar:
• La AFP actora solicita el pago de aportes previsionales de la
trabajadora Margot Astete Nuñez, por el periodo de devengue
febrero a diciembre 2012; empero, a folios 30 a 512, obra la
planilla de remuneraciones de los meses febrero/2012(fs.30/84),
marzo/2012(fs.85/120),abril/2012(fs.121/165),mayo/2012(fs.166/209
6
Código Civil. Aplicación supletoria del Código Civil. “Artículo IX.- Las disposiciones del Código Civil se
aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, siempre que no
sean incompatibles con su naturaleza.”
7 Código Civil. Principio de Legalidad en plazos prescriptorios. “Articulo 2000. Sólo la ley puede fijar los plazos
de prescripción.”
9 ),junio/2012(fs.210/258), julio/2012(fs. 259/303), agosto/2012 (fs.
304/346), setiembre/2012(fs. 347/390), octubre/2012 (fs.391/434),
noviembre/2012 (fs. 435/467), diciembre/2012 (fs. 468/512);
documentos de los cuales se advierte que la afiliada Margot
Astete Nuñez que aparecen en el titulo ejecutivo (fs. 05/15) no
mantenía vinculo laboral con la demandada Dirección Regional
de Salud-Cusco en los periodos materia de cobranza judicial; en
consecuencia, no ha percibido remuneración alguna, hecho
que conlleva a que el empleador no pueda retener y mucho
menos pagar a favor de la AFP demandante el monto de su
aporte provisional; en consecuencia, se acredita la inexistencia
del vínculo laboral de los periodos de devengue y por tanto la
inexigibilidad de la deuda.
• Del mismo modo, la AFP actora solicita el pago de aportes
previsionales de la trabajadora Julissa Ivonne Pacheco Callirgos,
por el periodo de devengue enero del 2013; empero, a folios 513
a 578, obra la planilla de remuneraciones del mes enero del
2013; documentos de los cuales se advierte que la afiliada Julissa
Ivonne Pacheco Callirgos que aparece en el titulo ejecutivo (fs.
16) no mantenía vinculo laboral con la demandada Dirección
Regional de Salud-Cusco en el periodo materia de cobranza
judicial; en consecuencia, no ha percibido remuneración alguna,
hecho que conlleva a que el empleador no pueda retener y
mucho menos pagar a favor de la AFP demandante el monto de
su aporte provisional; en consecuencia, se acredita la
inexistencia del vínculo laboral de los periodos de devengue y
por tanto la inexigibilidad de la deuda.
De las pretensiones accesorias.
SEPTIMO.- Del pago de los gastos, e intereses.-
7.1. La AFP actora también pretende el pago de los gastos, e intereses
devengados.
7.2. Atendiendo que de acuerdo a lo establecido por el artículo 87 del
Código Procesal Civil, se entiende a la pretensión accesoria cuando
habiendo varias pretensiones, al declararse fundada la principal, se
amparan también las demás, por lo tanto, la pretensión accesoria sigue
la suerte del principal.
7.3. En el presente caso, la pretensión principal de la demanda resultará
infundada, por lo tanto, no existe intereses legales devengados alguno
a cargo de la demandada, menos de pago de gastos, por ello, en este
extremo la demanda también resulta infundada.
OCTAVO.- De las costas y costos.-
8.1. Que, las costas y costos no requieren ser reclamados por las partes en
los actos postulatorios; sin embargo, en la sentencia debe ser
establecida su cuantía y modo de liquidación.
8.2. Para ello, resulta de aplicación al caso lo previsto por el artículo 14° de
la Nueva Ley Procesal de Trabajo, que textualmente establece: “La
condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal
civil”.
10 8.3. Ahora bien, en ordenamiento Procesal Civil establece que las costas y
costos del Proceso son de cargo de la parte vencida, conforme se tiene
de los regulado por el Artículo 412 del Código Procesal Civil y en la
medida que en autos no se tiene documento alguno que permita
advertir que la demandada haya puesto en conocimiento de la
demandante la conclusión del vínculo laboral de los afiliados de quien
reclamó el pago de aportes previsionales, se concluye que tuvo motivos
suficientes y razonables para instar la acción judicial correspondiente,
impuesto por el artículo 37 del D.S. 054-97-TR, que expresamente
establece que “Toda Administradora de Fondos de Pensiones (AFP),
bajo responsabilidad, tiene la obligación de interponer la
correspondiente demanda de cobranza judicial de adeudos
previsionales, cuando al haber calculado y emitido la respectiva
Liquidación para Cobranza ésta contenga deuda previsional cierta,
que expresa una obligación exigible por razón de tiempo, lugar y
modo”. Siendo esto así, corresponde exonerar a la demandante el
pago de costas y costos.
PARTE RESOLUTIVA
Por estos fundamentos, conforme lo regulado por el inciso 1) del artículo
139° de la Constitución Política del Perú y el artículo 31° de la Ley Nro. 29497,
administrando justicia a nombre de la Nación; FALLO:
(cid:1) DECLARANDO INFUNDADA LA CONTRADICCIÓN PROCESAL formulada
por la demandada DIRECCION REGIONAL DE SALUD-CUSCO, con la
excepción de prescripción extintiva.
(cid:1) DECLARANDO INFUNDADA LA DEMANDA de folios 17 a 21, interpuesta
por AFP INTEGRA, sobre EJECUCION DE OBLIGACION DE DAR SUMA DE
DINERO, contra la DIRECCION REGIONAL DE SALUD-CUSCO, con las
pretensiones de cobro de aportes previsionales (De las trabajadoras
Margot Astete Nuñez, por el periodo de devengue febrero a diciembre
2012; Julissa Ivonne Pacheco Callirgos, por el periodo de devengue
enero del 2013), pago de intereses moratorios, así como gastos, costas y
costos del proceso.
(cid:1) DISPONGO SE ARCHIVE DEFINITIVAMENTE el proceso una vez consentida
sea la presente sentencia, debiendo remitirse al Archivo Central de esta
sede de corte para su custodia; sin costas ni costos del proceso. TÓMESE
RAZÓN Y HÁGASE SABER.-
11 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE CUSCO
Juez: DIAZ USCA GUDRIEL
Fecha: 01/04/2014 14:25:30
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CUSCO/CUSCO
FIRMA DIGITAL
2°JUZ.DE PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL DEL CUSCO
EXPEDIENTE : 02361-2013-0-1001-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
ESPECIALISTA : FLORENCIO CONDORI ZAPATA
DEMANDADO : PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO,
CORTE SUPERIOR DE CUSCO DEMANDANTE : AFP INTEGRA.
Secretario: FLORENCIO CONDORI
ZAPATA
Fecha: 03/04/2014 16:39:04
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL SENTENCIA
D.Judicial: CUSCO/CUSCO
FIRMA DIGITAL
RESOLUCIÓN Nº 04
Cusco, dos de abril
del año dos mil catorce.-
VISTO; el proceso seguido por la AFP INTEGRA representada por su
apoderada Adriana Elizabeth Kasparette Sotelo; sobre EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO contra PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO; y,
I.- PARTE EXPOSITIVA.
1.- De la demanda.-
1.1.- De la demanda de fojas 8 a 12, se advierte que la actora interpone la demanda
de Ejecución de Obligación de dar Suma de Dinero con el objeto de:
a) Pretensión Principal.- Que la obligada PROYECTO ESPECIAL PLAN
COPESCO cumpla con pagar la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y UNO CON 88/100 NUEVOS SOLES, (S/. 5,661.88),
contenidos en la liquidación para cobranza adjunto a la demanda.
b) Pretensión accesoria.- Pago de intereses moratorios devengados y por
devengarse hasta el pago efectivo de la deuda.
1.2.- Los fundamentos fácticos se encuentran circunscritos a lo siguiente:
• Que, la demandada es empleadora de trabajadores afiliados a la AFP y
no ha cumplido con efectuar el pago de los aportes al Sistema Privado
de Pensiones, en el plazo y las formalidades establecidos en las normas
previsionales.
• En tal virtud la empresa, amparada en las normas legales vigentes
procedió a emitir las liquidaciones para cobranza, detallando las
afiliadas, los periodos impagos y montos adeudados.
2.- De la contradicción.-
2.1.- Por escrito de folios 240 a 242, la demandada a través de su representante,
formula contradicción.
2.2.- Son fundamentos fácticos de la contradicción.
• Afirma que de la revisión de la liquidación para cobranza
correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2013, la
Responsable de Remuneraciones, hace de conocimiento que se ha
realizado la verificación a las planillas del personal de la Entidad y las
personas citadas, no han laborado en la Entidad en los meses de
Enero, Febrero y Marzo del 2013, como consta en la documentación que
presenta.
3.- Actividad Jurisdiccional.-
• Con resolución número uno (folios 13 a 14) se dicta el mandato
ejecutivo, con el que fue notificado válidamente el Procurador Público
del Gobierno Regional del Cusco.
• Por resolución número dos (folios 16) se dispuso se practique la
notificación válida a la entidad demandada, cumpliendo su objetivo,
conforme fluye de la cédula de folios 18.
• Por resolución número tres (folios 243) se tiene por apersonado al
representante de la demandada y se admite la contradicción
1 formulada, disponiéndose se pongan los autos en mesa para emitir
sentencia, la que se cumplió en la fecha y se procede a dictarla.
II.- PARTE CONSIDERATIVA.
PRIMERO: Delimitación del petitorio principal
La AFP actora, pretende el pago de la suma de CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
UNO CON 88/100 NUEVOS SOLES por concepto de aportes previsionales impagos de
los afiliados Choque Cutipa Presentaci, Delgado Mamani Susan Katherine, Huillca
Arphi Verónica Emma, Mar Ayma Joseth Job, por el devengado a los meses de Enero
a Marzo 2013; Córdova Tárrata Yojan, Cueva Ccahuaya Wilfredo, Dávila Huanca
Miguel, Farfán Blanco Adriel, Huari Ataucuri Yudivisa, Lupaca Rivera César Alberto,
Palomino Pedraza Richard Fernando, Pfuño Quispe Jonathan, Pocco Huamán
Francisco, Quispe Huisa Froilán, Quispe Ataucuri Hermógenes, Quispe Cusihuallpa
Patricio, Sumire Ramos Percy, por el devengado a los meses de Febrero y Marzo
2013.
SEGUNDO.- De la inexistencia de vínculo laboral.
2.1. Que, la inexistencia de vinculo laboral es un supuesto de contradicción a la
ejecución, regulada por el inciso 3 del literal b) del artículo 38 del D.S. 054-97-
EF que textualmente establece:
“El ejecutado podrá contradecir la ejecución sólo por los siguientes
fundamentos:
(…)
3. Inexistencia del vínculo laboral con el afiliado durante los meses en que se
habrían devengado los aportes materia de cobranza, lo que se acreditará con
copia de los libros de planillas”
2.2. Así dispuesto, la inexistencia de vínculo laboral se acredita con copia del libro
de planillas y no se puede perder de vista que el concepto plantillas debe ser
entendido conforme al marco legal que la sustenta, esto es, lo establecido por
el D.S. 018-2007-TR que regula el uso de las planillas electrónicas, modificado
por D.S. 015-2010-TR el que en su artículo 1, literal h) se entiende por Planilla
Electrónica como “El documento llevado a través de los medios informáticos
desarrollados por la SUNAT en el que se encuentra la información de los
empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en
formación – modalidad formativa laboral y otros, personal de terceros y
derechohabientes” y que además se encuentra conformada por la información
del Registro de Información Laboral (T-REGISTRO) y la Planilla Mensual de
Pagos (PLAME) que se elabora obligatoriamente a partir de la información
consignada en dicho Registro.
2.3. De las pruebas aportadas por la parte demandada, se advierte:
a) De folios 24 a 71 obran las planillas de pago de la demanda,
correspondiente al mes de enero del 2013, del cual se advierte que los
afiliados Choque Cutipa Presentaci, Delgado Mamani Susan Katherine,
Huillca Arphi Verónica Emma, Mar Ayma Joseth Job no han laborado en
dicho mes. De igual forma, no laboraron en el mes de febrero 2013 –folios
73 a 149- y marzo 2013 – folios 150 a 239.
b) Respecto de los afiliados Córdova Tárrata Yojan, Cueva Ccahuaya Wilfredo,
Dávila Huanca Miguel, Farfán Blanco Adriel, Huari Ataucuri Yudivisa,
Lupaca Rivera César Alberto, Palomino Pedraza Richard Fernando, Pfuño
Quispe Jonathan, Pocco Huamán Francisco, Quispe Huisa Froilán, Quispe
Ataucuri Hermógenes, Quispe Cusihuallpa Patricio, Sumire Ramos Percy,
no han laborado para la demandada en los meses de Febrero y Marzo
2013, conforme se advierte de las copias de planillas que obran de folios 73
a 239.
2.4. Siendo esto así, ha quedado acreditado la inexistencia de vínculo laboral con
los afiliados, durante el periodo que habrían devengado los aportes que
reclama la actora, por la tanto, la contradicción resulta fundada.
2 De las pretensiones accesorias.
TERCERO.- De los intereses devengados.-
3.1. Que, la AFP actora pretende también que la ejecutada cumpla con el pago de
los intereses moratorios devengados desde la fecha de liquidación hasta la
fecha de cancelación de la suma adeudada.
3.2. Que, de conformidad con el artículo 87 del código Procesal Civil, se entiende
que una pretensión es accesoria cuando habiendo varias pretensiones, al
declararse fundada la principal, se amparan también las demás. En
consecuencia, aquél sigue la suerte el principal.
3.3. En el presente caso, la pretensión resulta ser infundada, por lo que la
accesoria de pago de intereses devengado correrán igual destino.
CUARTO.- De las costas y costos.-
4.1. Finalmente, no es necesario que las partes pretendan expresamente el
concepto de costas y costos; sin embargo, éstas deben ser expresamente
establecidas o precisar la forma de liquidarlas en la sentencia, conforme lo
establece el artículo 31 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.
4.2. Para ello, resulta de aplicación al caso lo previsto por el artículo 14° de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo, que textualmente establece: “La condena en
costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. El Juez exonera al
prestador de servicios de costas y costos, si la pretensión reclamada no supera
las setenta unidades de referencia procesal (URP), salvo que la parte hubiese
obrado con temeridad y mala fe. También hay exoneración si, en cualquier tipo
de pretensión, el Juez determinada que hubo motivos razonables para
demandar”.
4.3. Ahora bien, en ordenamiento Procesal Civil establece que las costas y costos
del Proceso son de cargo de la parte vencida, conforme se tiene de los regulado
por el Artículo 412 del Código Procesal Civil y en la medida que la demanda no
será amparada en todos sus extremos, sin embargo, no se debe perder de vista
que el presente caso, no le ha irrogado gasto alguno a la demandada, en la
medida que su defensa se encuentra a cargo de un procurador público y en su
condición de entidad pública, se encontraba exonerado del pago de tasas
judiciales, por lo que corresponde exonerar el concepto de costas y costos.
III.- PARTE RESOLUTIVA.
Por estos fundamentos, conforma lo regulado por el inciso 1 del
artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el artículo 31 de la Ley 29497, el
señor Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral del Cusco, administrando
justicia a nombre de la Nación;
F A L L A:
DECLARANDO FUNDADA LA CONTRADICCIÓN de folios 240 a 242, formulada por
el representante de la demanda, sustentado en la inexistencia de vínculo laboral con
los afiliados al tiempo de devengar los aportes reclamados; en consecuencia,
INFUNDADA LA DEMANDA de folios 8 a 12 sobre EJECUCION DE OBLIGACION DE
DAR SUMA DE DINERO interpuesta por la AFP. INTEGRA mediante su apoderada
Adriana Elizabeth Kasparette Sotelo contra PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO
con las pretensiones de Cobro de aportes previsionales (de los afiliados Choque
Cutipa Presentaci, Delgado Mamani Susan Katherine, Huillca Arphi Verónica Emma,
Mar Ayma Joseth Job, por el devengado a los meses de Enero a Marzo 2013; Córdova
Tárrata Yojan, Cueva Ccahuaya Wilfredo, Dávila Huanca Miguel, Farfán Blanco Adriel,
Huari Ataucuri Yudivisa, Lupaca Rivera César Alberto, Palomino Pedraza Richard
Fernando, Pfuño Quispe Jonathan, Pocco Huamán Francisco, Quispe Huisa Froilán,
Quispe Ataucuri Hermógenes, Quispe Cusihuallpa Patricio, Sumire Ramos Percy, por el
devengado a los meses de Febrero y Marzo 2013) pago de intereses moratorios, así
como costas y costos del proceso.
3 ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE el proceso en el Archivo Central de la Corte
Superior de Justicia del Cusco, una vez consentida o ejecutoriada sea la presente
resolución. Sin costas y sin costos.- TOMESE RAZÓN y HAGASE SABER.
Gdu.
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
PRIMERA SALA CIVIL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 02411-2013-0-2301-JR-CI-01
DEMANDANTE : ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES TACNA CENTRO
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU Y OTRO
LITIS CONSORTE : TORRES ANTECABANA, JUAN ANTONIO
TERCERO : JORGE ALFREDO SALAS VALDEZ
HERNAN SILVA TELLERIA
CASSARETO SOLARI, JOSE
MATERIA : PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCION Nº 59
Tacna, treinta y uno de octubre
Del año dos mil veintitrés.
I.- VISTOS: El recurso de apelación de folios 645 a 649, subsanado a folio 661
interpuesto por el Litisconsorte JUAN ANTONIO TORRES ANTECABANA, en
el proceso civil sobre Prescripción Adquisitiva, los autos elevados a esta
Superior Sala; con informe oral de los abogados José Raúl Aponte Gómez y
Adelaida Soto Saira en la audiencia pública de Vista de la Causa, actuando
como ponente el señor Juez Superior Flores Alanoca.
1.- Objeto del recurso
Es materia de revisión la Sentencia de fecha veintinueve de octubre del año
dos mil veintiuno (Resolución N° 48), corriente a folios 611 a 622, que resuelve:
1. SE DECLARA FUNDADA en todos sus extremos la demanda de
Prescripción Adquisitiva de Dominio interpuesta por la Asociación de
Comerciantes Tacna Centro representada por su Presidenta Verónica Casilda
Alania Ajalla, en contra de B&N S.R.L., representados por Guillermo Enrique
Bedoya Noboa y Jorge Jesús Novoa Málaga, y en contra del Banco de Crédito
del Perú representad por Jesús Cervantes Vega, y como litisconsorte Juan
Antonio Torres Antecabana. 2. DECLARO como Propietarios a la Asociación
de Comerciantes Tacna Centro representada por su Presidenta Verónica
Casilda Alania Ajalla por prescripción adquisitiva del inmueble tienda Z-5
ubicado en la Avenida Augusto B. Leguía N° 918 y 926 y Avenida Dos de Mayo
N° 834 del Centro Comercial Tacna Centro, Distrito, Provincia y Departamento
de Tacna, con un área total de 4.72 m2 y perímetro de 8.45 ml, con los
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siguientes linderos y colindancias: Por el frente con pasaje S/N, en línea recta
de 1.925 ml; por la derecha con la tienda Z-06 en línea recta de 2.450 ml; por la
izquierda con la tienda Z-04; en línea recta de 2.450 ml; Por el fondo con
propiedad de terceros, en línea recta de 1.925 ml. 3. DISPONGO: La
inscripción de la presente sentencia en la Partida N° 05007679 en los Registros
Públicos – Zona Registral XIII – Sede Tacna; y CANCÉLESE la anterior
inscripción registral a nombre de los anteriores propietarios. 4. SIN COSTOS Y
COSTAS.
2.- Delimitación de la pretensión impugnatoria. Que la resolución recurrida
(sentencia) pone fin a la instancia, por lo que la función del superior, es conocer
el proceso en su integridad, además se debe tener en cuenta que el recurso de
apelación contiene implícitamente el de nulidad. Por otro lado, y luego del
control de admisibilidad del recurso y revisión de la concurrencia de los
requisitos para su concesión, este se ajusta a la normativa procesal, siendo
procedente la admisión a trámite del medio impugnatorio presentado.
3.- Fundamentos de la Apelación
Formula apelación el Litisconsorte Juan Antonio Torres Antecabana
(folios 645 a 649, subsanada de folio 661) en contra de la sentencia,
señalando como fundamentos: 1) No se habría acreditado la posesión exigida
por el artículo 950° del Código Civil, ya que no se probó con documento de
fecha cierta, que la posesión indicada que se presume inicia desde el año
2003, se haya prolongado de manera permanente en el tiempo, es decir, más
allá del 2003, debido a que los medios probatorios que se ofrecieron y fueron
tomados en cuenta, son posteriores al intervalo señalado para la prescripción,
es decir del 2003 al 2013. 2) La posesión de manera pública, pacífica y
continua sobre el inmueble materia de litis señalado en el octavo considerando
de la resolución apelada, no se habría probado ya que desde hace muchos
años, es decir desde el año 2009, se encontraba en su posesión continua,
pacífica y publica por más de 10 años, lo que le ha valido para usucapir en la
vía notarial. 3) El A Quo tampoco indicó en la Sentencia que en la diligencia de
inspección judicial en el bien materia de Litis, cuando se identificó el
posesionario, este indicó que estaba en posesión en razón a un título otorgado
por el recurrente, y, eso es tan cierto, que el demandante al no estar en
posesión del bien inmueble sub litis inició un proceso por desalojo por precario
en contra de su arrendatario Benjamín Vargas Mamani, siendo que la Sala Civil
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia mediante Casación N° 3219-2017,
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declaró infundado el citado recurso de casación, todo esto acredita que el
demandante no se encuentra en posesión y que la persona de Juan Antonio
Torres Antecabana estando en posesión y con legítimo derecho inició
prescripción adquisitiva de dominio en la vía notarial, donde se acredita la
posesión desde el 2008 hasta el 2018, por lo que no se tendría por probada la
posesión temporal del 2003 al 2013 que alega la demandante, más aún si se
tiene por cierto que adquirió la propiedad a José Arnaldo Rodríguez Valdivia el
25 de mayo de 1994. 4) Su persona acreditó la posesión efectiva, lo que
significó que la demandante lo denuncie por desalojo, a la vez que ganó la
titularidad del bien de forma legal, por medio de la usucapión de más de 10
años. 5) Las testimoniales señaladas en el punto 8.4 de la recurrida, no pueden
ser sustento para la prescripción, ya que son testimoniales parcializadas debido
a que aquellas personas son dependientes de la asociación, haciendo suponer
que no son testimoniales imparciales, sino direccionadas. 6) La recurrida le
causa agravios ya que el predio sub Litis fue trasferido a terceros, y él se ha
comprometido a salir en juicio, por lo que si ocurre un contratiempo que
amenace su derecho adquirido, estará bajo penalidad de indemnizar por daños
y perjuicios.
II. FUNDAMENTOS:
PRIMERO. Premisas fáctico normativas aplicables al caso de autos
1.- De la prescripción adquisitiva. La adquisición de la propiedad por
prescripción, es aquella institución jurídica que concede al poseedor, para
adquirir el dominio de un bien, por el hecho de estar ejerciendo sobre el mismo,
los atributos propios del derecho de la propiedad, siendo que, en nuestro
sistema jurídico civil, se encuentra normado por el artículo 950° del Código Civil
que dispone: “La propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la
posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se
adquiere a los cinco años cuando median justo título y buena fe”.
Coinciden mayoritariamente los autores respecto a la definición de la institución
en comentario; así, Albaladejo (1994) señala que “(…) la prescripción
adquisitiva es la adquisición de dominio u otro derecho real posible, por la
posesión continuada del mismo durante el tiempo y con las condiciones
que fija la ley como un modo de adquirir propiedad…”1. Por su parte, Peña
Bernaldo De Quirós (1999) menciona que la prescripción adquisitiva: “(…) es la
1 Albaladejo, Manuel. “Derechos de Bienes”, Tomo III, Volumen I. Barcelona. España. 1994. Pág. 166.
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adquisición del dominio –o de un derecho real–, mediante la posesión en un
concepto de dueño –o titular– continuada por el tiempo determinado por la
ley…”2.
De la norma antes citada también se desprende que los elementos de la
prescripción adquisitiva son: el tiempo y la posesión, siendo esta última el
contenido esencial de la usucapión; norma de la cual, además se pueden
distinguir dos clases de prescripción, la ordinaria –corta– y la extraordinaria –
larga–, necesitando en ambas clases lo siguiente:
(i) La posesión, que debe ser continua, pacífica, pública y como
propietario; y,
(ii) El tiempo, pero este no es igual para ambas clases ya que para la
prescripción extraordinaria de bienes inmuebles se necesitan diez años,
mientras que la prescripción ordinaria de bienes inmuebles se necesita
cinco años, siendo que ésta última además necesita como requisitos
especiales que son el justo título y la buena fe, que no son necesarios
para que opere la prescripción extraordinaria.
2.- De la Prueba de la Prescripción Adquisitiva o Usucapión. Los medios de
prueba son los instrumentos utilizados por las partes para trasladar los hechos
a la presencia del Juez3. En el sistema procesal civil peruano rigen los
principios de libertad probatoria –en principio, las partes deciden las pruebas
que se aportan, salvo el caso de las pruebas de oficio– y de valoración
razonada por virtud de las reglas de la sana crítica –apreciación racional y
conjunta de la prueba–, por lo que se descartan los sistemas rígidos, tasados o
formalistas de la prueba.
Por tanto, si los elementos de la usucapión son el tiempo y la posesión,
entonces la prueba aportada por el actor deberá versar sobre dichos
presupuestos. Por su parte, y en sentido inverso, el demandado buscará
contradecir cualquiera de los elementos precitados, aunque sea uno solo de
ellos, con el fin de desvirtuar la pretensión (usucapión). Recuérdese que la
usucapión es un hecho jurídico complejo; es decir, compuesto de distintos
presupuestos que la configuran. Siendo así, el demandante se encuentra
obligado a probar todos los presupuestos.
2 Peña Bernaldo De Quirós, Manuel. “Derechos Reales”. Tomo 1. Madrid 1999. Pág. 121-122.
3 Serra Domínguez, Manuel. “La prueba de las obligaciones”, Estudio de derecho probatorio, Lima: Communitas, 2009.
Pág. 144.
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Siendo así, en el artículo 950° del Código Civil se establece que: “La propiedad
inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica
y pública como propietario durante diez años. Se adquiere a los cinco años
cuando median justo título y buena fe…”. En ese sentido, para la configuración
de la prescripción adquisitiva, se requiere que el actor ejerza su posesión en
concepto de dueño, sobre este punto Gunther Gonzales Barrón señala que: “La
posesión en concepto de propietario es la voluntad dirigida a apropiarse de
la cosa como suya, sin reconocer posesión superior, lo que se manifiesta
mediante la causa posesoria; y, en forma complementaria, por los actos
externos, notorios y constantes del poseedor que la corroboran…”4. Asimismo,
se requiere además la concurrencia de los requisitos de continuidad,
pacificidad y publicidad. A fin de aclarar tales presupuestos, es preciso tener en
cuenta lo señalado por la corte suprema al respecto: “Que la posesión sea
continua, significa que esta se ejerza de manera permanente, sin que exista
interrupción natural o jurídica; el primer caso cuando el poseedor pierde la
posesión o es privado de ella mediante actos perturbatorios o desposesorios
del uso del bien, y el segundo caso se presenta cuando se interpela
judicialmente al poseedor. Que la posesión sea pacífica implica que no ha
sido adquirida y no se mantenga mediante violencia, fuerza o intimidación. Que
la posesión sea pública quiere decir que esta se materialice en actos que
sean de conocimiento público que exterioricen actos económicos sobre el
bien…”5.
Que según lo establece el artículo 950° del Código Civil, “(…) la propiedad
inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión continua, pacífica
y pública como propietario (…)”, nótese que estos vienen a ser esencialmente
los elementos que configuran la adquisición de la propiedad por prescripción –
ya sea de la ordinaria o de la extraordinaria–. Entonces se requiere
fundamentalmente la posesión continua, pacífica, pública y como propietario.
Que estos elementos comunes a ambos tipos de prescripción necesariamente
son analizados en uno u otro caso. En cuanto al plazo, como lo prescribe el
referido dispositivo legal, la usucapión extraordinaria exige que sea por el
término de 10 años; y la ordinaria, por el de 5 años. Con respecto a la
usucapión ordinaria, además de los requisitos señalados anteriormente
(posesión continua, pacífica, pública y como propietario) se requiere acreditar,
además, la existencia del justo título y de la buena fe por parte del usucapiente.
4 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Tratado de Derechos Reales”. Jurista Editores E.I.R.L. 3era Edición; Lima - junio
2013,
Tomo II, p.1096.
5 Casación Nº 887-99-Santa, El Peruano, 21-11-1999, p. 4047.
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En cuanto al justo título, a efectos de aclarar dicho concepto debemos
considerar lo expuesto por nuestra jurisprudencia: “Por la prescripción
adquisitiva de dominio se considera el derecho del poseedor que se creía
propietario exclusivo de la cosa, por entender haberla recibido de su legítimo
propietario, mediante un acto traslativo, que con el fin de trasmitir la propiedad,
estaba revestido de las solemnidades exigidas para su validez; justo título es el
título traslativo que por sí habría bastado para operar la transferencia del
dominio reuniendo las condiciones legales, pero en cual falta la condición de
dueño en la persona que opera la trasmisión…”6. Ello es concordante con lo
explicado por Gunther Gonzales Barrón, quien señala, lo siguiente “(…) el justo
título implica que el poseedor ha tomado control sobre el bien en base a una
“causa de adquisición”, es decir, de un negocio jurídico válido y verdadero, con
virtualidad (potencialidad) de transferir el dominio...”7 En cuanto a la buena fe,
la jurisprudencia ha señalado que. “La buena fe es un estado del espíritu
consistente en creer y estar convencido –por error– que se obra conforme a
ley, y que jurídicamente se toma en consideración para proteger al interesado
con las consecuencias de la irregularidad de su acto…”8 Nuestro Código Civil
en su artículo 906°, con respecto a la posesión ilegítima señala sobre la buena
fe que: “La posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su
legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que
invalida su título. Entonces implicaría primeramente la existencia de un acto
jurídico de transmisión de la propiedad, en el cual el usucapiente haya creído
que quien le ha enajenado el bien sea el verdadero propietario”.
3.- La posesión continua, por un periodo de 10 años. “Dice el artículo 896
del Código Civil que la posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes
inherentes a la propiedad. Los atributos típicos de la propiedad son el uso,
disfrute, disposición y reivindicación (artículo 923° del Código Civil), pero no
son todos. En realidad, el propietario puede actuar sobre el bien del modo más
amplio imaginable, siempre que no contravenga una norma prohibitiva, puede
hacer todo lo que no le esté prohibido. Habrá posesión, cualquiera sea la
conducta sobre el bien, en tanto el comportamiento de la persona corresponda
al ejercicio de algún atributo del dominio. De ahí que la posesión no solo se
genera para quien actúa como dueño, sino también para cualquiera que realiza
la explotación económica del bien, incluso como acto temporal desmembrado
6 Casación Nº 1106-98
7 GONZALES BARRÓN, Gunther. “Tratado de Derechos Reales”. Jurista Editores E.I.R.L. 3era Edición; Lima - junio
2013,
Tomo II, p.1156.
8 Casación Nº 820-2000- Ica, El Peruano, 02-05-2002.
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de la propiedad. Se trata de un derecho real autónomo, el primero del Libro de
Reales, que nace por la sola conducta que despliega una persona respecto a
una cosa, sin importar si tiene derecho o no sobre ella. La posesión es el
derecho que surge del propio comportamiento y del impacto de este sobre los
terceros ajenos a la situación posesoria. El actuar del poseedor genera la
apariencia de que estamos ante una persona con derecho a poseer. Así, es
poseedor quien actúa sobre el bien de la forma como lo haría el propietario, el
copropietario, el usufructuario, el usuario, el titular de una servidumbre, el
superficiario, el arrendatario, el comodatario o cualquier titular de derecho
patrimonial sobre el bien, sea este real o no. Es un derecho real autónomo,
diferente a la titularidad que se refleja en el comportamiento del poseedor. Aquí
vale la pena acuñar una diferencia entre el derecho de posesión y el derecho a
la posesión, entendiendo al primero como el que deriva de la conducta y al
segundo como el que proviene de un título. No todo el que tiene derecho de
posesión ostenta título para poseer, y no todo el que cuenta con título posee el
bien”. [Revista Derecho y Sociedad. La Posesión en el Código Civil peruano.
Por: Martín Mejorada C. Pág. 252-253].
El primer párrafo del artículo 950° del Código Civil, regula la llamada
prescripción larga u ordinaria, en que se sustenta la demanda, la cual establece
que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión
continúa, pacífica y pública como propietario durante diez años. Interpretando
teológicamente los alcances de la citada norma, es evidente que la
concurrencia de los requisitos de continuidad, pacificidad y publicidad de la
posesión que allí se detallan deben configurarse dentro del período de tiempo
establecido para la prescripción, esto es, dentro de un lapso mínimo de diez
años, cumplidos los cuales, se genera un derecho expectaticio sobre el
derecho de propiedad que necesariamente debe ser declarado por autoridad
competente, y en el presente caso, mediante sentencia firme que declare
propietario al beneficiario (Casación 2153-2014, Huánuco).
4.- Requisito de Posesión Pacífica, Pública, Continua y como Propietario.
a) De la posesión pacífica. El requisito de posesión pacífica está referido a
que la posesión no sea mantenida mediante violencia, por lo que la falta
de pacificidad se configurará por la resistencia a la oposición planteada por
el propietario a la posesión. En ese sentido, la Corte Suprema ya ha
señalado en reiteradas oportunidades que el inicio de procesos judiciales
en que se discuta sobre la posesión del bien, rompe con el requisito de
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pacificidad; siendo ello el caso precisar que tal exigencia no solo
comprende los procesos que puedan haberse instaurado por el actual
propietario a quien se demanda, sino también a los anteriores o
posteriores a este o por aquellos con quienes pueda presentarse un
conflicto respecto a la titularidad de dominio o posesión, pues por
pacificidad deberá comprenderse la ausencia de oposición por quien
entiende le asiste algún derecho9.
b) De la posesión Pública. “(…) La posesión pública implica la
exteriorización natural y ordinaria, no forzada, de los actos de control sobre
el bien de acuerdo a los cánones sociales. Una posesión “forzada”, y no
natural, seria aquella que solo se manifiesta en horas a las que
normalmente no hay testigos, por ejemplo, la noche, o que no pueden
advertirse en situaciones ordinarias, como los trabajos subterráneos,
siempre que ambas se realicen exclusivamente en esos momentos o
lugares…”10.
c) De la posesión continua y como propietario. La posesión continua
significa mantener en forma constante el control sobre el bien, por lo
menos de modo potencial, sin que los terceros interfieran sobre este, la
continuidad del hecho posesorio deberá extenderse por el tiempo
establecido en la ley para la consumación de la Usucapión11.
SEGUNDO: Caso de autos
5.- Demanda. En el presente proceso tenemos que la ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES TACNA CENTRO, representada por su Presidente Pedro
Augusto López Espinoza, presentan Demanda de Prescripción Adquisitiva de
Dominio de bien inmueble (folios 26 a 33), en contra de la Empresa B&N S.R.L
representada por Guillermo Enrique Bedoya Novoa, Jesús Novoa Málaga y el
Banco de Crédito del Perú; peticionado como pretensión principal que se
declare a la asociación demandante como propietaria del inmueble (Tienda Z-
5), ubicado entre la Av. Augusto B. Leguía N.º 918-926 y Av. Dos de Mayo N.º
834 del Distrito, Provincia y Departamento de Tacna, por haberla adquirido por
prescripción adquisitiva - usucapión, y que tiene los siguientes linderos y
colindancias: A) Por el Frente, colinda con Pasaje S/N del Centro Comercial
9 Casación N° 3012-2015-Lambayeque, fundamento décimo primero.
10 Gonzales Barrón, Gunther. La Usucapión. Jurista Editores E.I.R.L. Tercera Edición. Mayo 2015. Pág. 212
11 Gonzales Barrón, Gunther. Op. Cit. Pág. 222
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Tacna centro, B) Por el Lado Derecho, colinda con tienda Z-06 del Centro
Comercial Tacna Centro, C) Por el Lado Izquierdo, colinda con la tienda Z-4 del
Centro Comercial Tacna Centro; y, D) Por el Fondo, colinda con propiedad de
terceros y tiene un área construida de 4.72 metros cuadrados, con una puerta
de ingreso de cortina enrollable, tienda que consta inscrita en la Partida N°
05007679 de la Oficina Registral de Tacna, Zona Registral N° Xlll - Sede Tacna
- SUNARP, por poseerla por más de 18 años en forma continua, pacífica y
publica como propietaria; y, como pretensión accesoria, solicita que en la
Partida Registral correspondiente al bien inmueble que se pretende prescribir,
se ordene la Inscripción del derecho de propiedad de la Asociación recurrente
previa cancelación del Asiento Registral a favor del antiguo propietario B&N
S.R.Ltda.
Sostiene como fundamentos que:
• La Asociación de Comerciantes Tacna Centro luego de su inscripción
registral, una de las primeras acciones fue determinar y ubicar las
tiendas abandonadas del inmueble ubicado en la Av. B. Leguía N° 918-
926 y Av. Dos de Mayo N° 834 del Distrito, Provincia y Departamento de
Tacna, ya que las tiendas abandonadas se habían convertido en guarida
de personas de mal vivir que causaban inseguridad a los comerciantes
asociados y clientes, por lo que el veintidós de junio de mil novecientos
noventa y cuatro, tomó posesión inmediata y efectiva de la Tienda Z-5,
esta tienda en un principio se utilizó como almacén de la asociación, en
la que se guardaban las cosas de los asociados, la misma que se
encuentra en posesión por más de dieciocho años de forma continua,
pacífica y publica como propietaria.
• La doctrina es unánime respecto a los elementos de la prescripción
adquisitiva, tales como el tiempo y la posesión, siendo la última esencial,
por lo que, para que la posesión se produzca se necesitan ciertos
requisitos. Es así que, el artículo 950° del Código Civil que regula la
prescripción adquisitiva ordinaria (corta) y extraordinaria (larga), y que
para el presente caso es la prescripción extraordinaria, por haber
ejercido la posesión por más de dieciocho años.
• Durante el tiempo, se han realizado diversos actos de verificación de la
adquisición del derecho de propiedad, tales como diligencias de
constatación de posesión a cargo de Juez de Paz, pago de recibos de
energía eléctrica de la tienda a nombre de la asociación, contratos de
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arrendamiento y pago de impuestos tributarios que demuestran la
posesión continua que ejerce la asociación sobre la Tienda Z-5.
• El tiempo de posesión que ejerce la accionante por más de 18 años de
la tienda usucapida ha sido pacifica, nunca ha existido ni violencia física
ni moral, menos ha existido reclamo alguno por ninguna vía, o persona
natural o jurídica respecto de la posesión y derecho de la propiedad que
ejerce la recurrente sobre la tienda materia de autos, ni siquiera ha
existido reclamo alguno por parte de tercero con el derecho real de
hipoteca inscrito en la partida de la Tienda Z-5, derecho de garantía real
que por el paso del tiempo ha prescrito de forma extintiva; por lo que la
posesión que ejerce la recurrente sobre la Tienda Z-5, es continua,
pacífica y publica, habiendo pagado los servicios de energía eléctrica
por la tienda usucapida o cuando se licita su arrendamiento pagando los
impuestos de ley, por lo que se ha cumplido con todos los requisitos de
ley que sustentan el derecho adquirido de propiedad de la Tienda 7-5,
además por el paso del tiempo y la inacción del tercero con derecho
hipotecario inscrito también operó la prescripción extintiva de tal derecho
de garantía.
6.- Admitida a trámite la demanda, mediante Resolución número uno, del
treinta de octubre del dos mil trece (folio 34) y notificada a la parte demandada
con arreglo a ley, se advierte que mediante Resolución número dieciséis, del
quince de septiembre del dos mil quince (folio 237), se declara rebelde al
demandado Jorge Jesús Novoa Málaga en calidad de representante de B&N
S.R.Ltda.; asimismo, mediante Resolución número treinta y nueve, del veinte
de septiembre del dos mil diecinueve (folio 504), se declara rebelde al
demandado Guillermo Enrique Bedoya Novoa en calidad de representante de
B&N S.R.LTDA; y también se declara la existencia de una relación jurídica
procesal válida de la causa y por saneado el proceso. Posteriormente, el
Juzgado de origen emite la Resolución número veinticuatro, del veinticuatro
de junio del dos mil dieciséis (folio 389 a 390) que declara Fundada la
intervención litisconsorcial pasiva de don Juan Antonio Torres Antecabana al
presente proceso, en consecuencia, téngase por apersonado como
litisconsorte del demandado, e incorpórese al presente proceso en el estado en
que se encuentre; asimismo, téngase por ofrecidos los medios probatorios por
el litisconsorte al ser documentales.
7.- Por otro lado, encontramos la Resolución número cuarenta, del seis de
noviembre del dos mil diecinueve que corra a folios 515 a 516 que fija como
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punto controvertido que será materia de probanza: “1.1.- Identificar la bien
inmueble materia sub litis. 1.2.- Determinar si la parte demandante viene
ejerciendo la posesión de manera pública, pacífica y continua sobre el bien
inmueble materia de Litis, por el periodo permitido por ley y si cuenta con algún
título; 1.3.- Determinar si procede declarar a la parte demandante propietario
por Prescripción Adquisitiva del predio materia de Litis; y, DE FORMA
ACCESORIA 1.4.- Determinar si corresponde la inscripción de la propiedad a
favor de los demandantes en la partida N° 05007679 inscrito en los Registros
Públicos de Tacna”. Por último, encontramos el Acta de Audiencia de Pruebas
Virtual del cinco de diciembre del dos mil diecinueve que corre a folios 543 a
545 donde se actuaron los medios probatorios ofrecidos por la parte
demandante, posteriormente se llevó a cabo la diligencia de Inspección Judicial
con fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve conforme se detalla en el
acta de folios 539 a 541.
8.- Sentencia de Primera Instancia. La señora Juez, al momento de fallar
declara: 1. FUNDADA en todos sus extremos demanda de Prescripción
Adquisitiva de Dominio Interpuesta por la Asociación de Comerciantes Tacna
Centro representada por su Presidenta Verónica Casilda Alania Ajalla, en
contra de B&N S.R.L., representados por Guillermo Enrique Bedoya Noboa y
Jorge Jesús Novoa Málaga, y en contra del Banco de Crédito del Perú
representad por Jesús Cervantes Vega, y como litisconsorte Juan Antonio
Torres Antecabana. 2. DECLARO como Propietarios a la Asociación de
Comerciantes Tacna Centro representada por su Presidenta Verónica Casilda
Alania Ajalla por prescripción adquisitiva del inmueble tienda Z-5 ubicado en la
Avenida Augusto B. Leguía N° 918 y 926 y Avenida Dos de Mayo N° 834 del
Centro Comercial Tacna Centro, Distrito, Provincia y Departamento de Tacna,
con un área total de 4.72 m2 y perímetro de 8.45 ml, con los siguientes linderos
y colindancias: Por el frente con pasaje S/N, en línea recta de 1.925 ml; por la
derecha con la tienda Z-06 en línea recta de 2.450 ml; por la izquierda con la
tienda Z-04; en línea recta de 2.450 ml; Por el fondo con propiedad de terceros,
en línea recta de 1.925 ml. 3. DISPONGO: La inscripción de la presente
sentencia en la Partida N° 05007679 en los Registros Públicos – Zona Registral
XIII – Sede Tacna; y CANCÉLESE la anterior inscripción registral a nombre de
los anteriores propietarios. 4. SIN COSTOS Y COSTAS.
TERCERO: Absolución del grado
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9.- Atendiendo a los argumentos expresados por el recurrente, dirigidos a
desvirtuar el análisis efectuado por el A Quo que lo conllevaron a declarar
fundada la demanda de Prescripción Adquisitiva de Dominio, al respecto,
corresponde a este Colegiado revisar si la asociación accionante cumplió con
los requisitos exigidos por el artículo 950° del Código Civil.
10.- En principio, verificamos el argumento medular de la señora Juez, para
declarar fundada la demanda, es que determina que la actora ha cumplido con
acreditar la concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 950° del Código
Civil, habiendo primeramente identificado el referido bien inmueble (Tienda Z-5),
tal como se tiene del acta de Inspección Judicial que corre a folios 539 a 541,
verificando sus colindancias y ubicación, ello a través de la Memoria Descriptiva,
Plano de Ubicación, Plano Perimétrico, así como el Certificado de Visación de
Planos, documentos obrantes a folios 20 a 23; asimismo, del Acta de
Constatación del tres de abril del año dos mil tres (folio 11), así como el Acta
de Constatación del diez de septiembre del dos mil nueve (folios 12 y 13), de lo
cual se desprende que la demandante Asociación de Comerciantes Tacna
Centro se encontraba en posesión del inmueble sub Litis, y teniendo el
Contrato de Arrendamiento del inmueble Local Comercial Z-05, del dos de
enero del año dos mil catorce (dicho contrato fue celebrado después de la
interposición de la presente demanda); corroborando la posesión continúa sobre
el inmueble sub Litis por más de diez años hasta la interposición de la demanda,
determinándose que durante el tiempo de la posesión de la parte demandante
no ha existido algún cuestionamiento a su posesión ni violencia corroborado
con las declaraciones de los testigos Neri Poma Yucra, Luis Alberto Gómez
Cama y José Julio Mamani Vicente; los mismos han referido que la posesión ha
sido conocido por todos conforme a sus declaraciones uniformes que merecen
certeza; consecuentemente, es objeto de adquisición mediante prescripción
adquisitiva.
11.- En cuanto a la individualización del área objeto de prescripción adquisitiva de
dominio, esta ha sido válidamente identificado por la parte demandante como
“Tienda Z-5”, que se encuentra ubicado en la Avenida Augusto B. Leguía N.º
918-926 y Avenida Dos de Mayo N.º 834 del Distrito, Provincia y Departamento
de Tacna, tal como se aprecia de la Memoria Descriptiva, Plano de Ubicación,
Plano Perimétrico, así como el Certificado de Visación de Planos, que tiene un
área de 4.72 m2, con un perímetro de 8.75 m.l., teniendo como linderos y
colindancias: Por el Frente: Colinda con pasaje S/N, en línea recta 1.925 ml.
Por la Derecha: Colinda con la tienda Z-06, en línea recta de 2.450 ml. Por la
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Izquierda: Colinda con la tienda Z-04, en línea recta de 2.450 ml. Por el
Fondo: Colinda con propiedad de terceros, en línea recta de 1.925 ml., predio
sub Litis que se encuentra inscrito en la Ficha N.º 17937 (actualmente Partida
Registral N° 05007679) del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros
Públicos de Tacna que corre a folios 08 a 09.
12.- Así tenemos que, analizando el requisito del ejercicio de la POSESIÓN
CONTINUA, el mismo se acredita con el Acta de Constatación de fecha tres de
abril del año dos mil tres (folio 13), el señor Juez de Paz del Pueblo Joven Vigil
constata que el puesto de venta signado Z-05 se encuentra al interior de la
Asociación de Comerciantes Tacna Centro, se encuentra en posesión, así
como en la conducción, mantenimiento, administración de la misma, con lo cual
se encuentra acreditada la posesión sobre el predio sub Litis desde el año dos
mil tres; siendo que, con fecha treinta de septiembre del dos mil trece
(conforme se desprende del cargo de recepción de la demanda planteada en el
presente caso, de folios 01), se aprecia que los demandantes interponen
demanda alegando que su posesión la viene ejerciendo por más de diez años,
posesión que está corroborada con el Acta de la diligencia de Inspección
Judicial de fecha cinco de diciembre del dos mil diecinueve (folios 539 a 541),
mediante el cual se constata que actualmente la persona de Benjamín Vargas
Mamani se encuentra en posesión del predio sub Litis en calidad de inquil |
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EXPEDIENTE : 02411-2013-0-2301-JR-CI-01
MATERIA : PRESCRIPCION ADQUISITIVA
RELATOR : LIENDO DUARTE, MACARENA
LITIS CONSORTE : TORRES ANTECABANA, JUAN ANTONIO
TERCERO : JORGE ALFREDO SALAS VALDEZ ,
HERNAN SILVA TELLERIA ,
CASSARETO SOLARI, JOSE
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU
NOVOA MALAGA, JORGE JESUS BN SRL B&N
SRL REPRE POR SU GUILLERMO ENRIQUE BEDOYA NOBOA ,
DEMANDANTE : ASOCIACION DE COMERCIANTES TACNA CENTRO REPRES POR SU
PRESIDENTE VERONICA CASILDA ALANIA AJALLA
Resolución Nro. 54
Tacna tres de mayo
Del año dos mil veintidós.-
Escrito Nro. 2465-2022: AL PRINCIPAL.- Por apersonada a la instancia la Asociación de
Comerciantes Tacna Centro, debidamente representada por Verónica Casilda Alania Ajalla,
por ratificado su domicilio procesal, Casilla Judicial y Casilla Electrónica. AL OTROSI.-
AUTOS Y VISTOS: El recurso de reposición en contra del decreto contenido en la
resolución número cincuenta y tres, en el extremo que dispone: “de forma simultanea
para la absolución en el plazo de diez días, y de forma simultánea, para su absolución en el
plazo de ley de la “prueba extemporánea ofrecida por el apelante al otrosí, del escrito de
apelación”; y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que la parte demandante ASOCIACION DE
COMERCIANTES TACNA CENTRO, interpone reposición en contra de la resolución número
cincuenta y tres de fecha primero de abril del dos mil veintidós, sustentando que: “ LA
SIMPLE MENCIÓN “ADJUNTO MEDIOS DE PRUEBA PARA VALORARSE” de ninguna
manera puede entenderse como un ofrecimiento de medios probatorios, peor aún,
considerarse los mismos, como medios probatorios extemporáneos, situación
indefectiblemente afecta el debido proceso.”. Por tanto debe declarase fundado el recurso
interpuesto y en consecuencia dejar sin efecto el traslado de una prueba extemporánea no
ofrecida por el apelante. SEGUNDO.- Que, el artículo 362° del Código Procesal Civil,
señala que “el recurso de reposición procede contra los decretos a fin de que el Juez los
revoque”; sumado a ello el artículo 363° del Código Procesal Civil indica que “El plazo para
interponerlo es de tres días, contado desde la notificación de la resolución. Si interpuesto el
recurso el Juez advierte que el vicio o error es evidente o que el recurso es notoriamente
inadmisible o improcedente, lo declarará así sin necesidad de trámite.... El auto que
resuelve el recurso de reposición es inimpugnable.” TERCERO.- Que, de la revisión del
recurso planteado, corresponde determinar si se ha incurrido en vicio al expedir la
resolución cincuenta y tres en el extremo que dispone “de forma simultanea (a la
apelación de sentencia) para la absolución en el plazo de ley de la “prueba extemporánea
ofrecida por el apelante al otrosí, del escrito de apelación”. CUARTO.- Que, de fojas seiscientos cuarenta y cinco a seiscientos cuarenta y nueve (645/649) corre el escrito de
apelación a sentencia, interpuesto por Juan Antonio Torres Antecabana, quien en último
folios expone lo siguiente: Adjunto como medios de prueba a valorarse en segunda
instancia: Casación N1 3219-2017. Escritura pública N 14 de fecha 30 de enero del 2020,
por el cual adquiero la propiedad formal por prescripción, titulo suficiente para la
inscripción en los registros públicos, el mismo que acredita que mi persona se encontraba
en posesión desde el año 2009. QUINTO.- Que, conforme a lo dispuesto por el artículo el
artículo 374° del Código Procesal Civil, por el cual “Las partes o terceros legitimados
pueden ofrecer medios probatorios en el escrito de formulación de la apelación o
en el de absolución de agravios, únicamente en los siguientes casos: 1. Cuando los
medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho
o interés discutido, pero acaecidos después de concluida la etapa de postulación del
proceso; y 2. Cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio del
proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con
anterioridad. (…)”sin embargo excepcionalmente y conforme a lo prescrito por el
artículo 429 del Código Procesal Civil una vez interpuesta la demanda, sólo
pueden ser ofrecidos los medios probatorios referidos a hechos nuevos y a los
mencionados por la otra parte al contestar la demanda o reconvenir. De
presentarse documentos, el Juez concederá traslado a la otra parte para que
dentro de cinco días reconozca o niegue la autenticidad de los documentos.
SEXTO: Por tanto siendo que Juan Antonio Torres Antecabana, al interponer
apelación en contra de la Sentencia Resolución número cuarenta y ocho, hace uso del
374° del Código Procesal Civil, por el cual “Las partes o terceros legitimados pueden
ofrecer medios probatorios en el escrito de formulación de la apelación, adjuntando
para ello medios de prueba y solicita se valoren en segunda instancia, se entiende
claramente que para ello, la única manera en que este Colegiado pueda o no valorarlos, es
dando el trámite correspondiente, a dicho extremo de la apelación a Sentencia, esto es
correr traslado por cinco días a las partes procesales. Por tanto el decreto cincuenta y tres
no adolece de vicio o error, siendo ello así se tiene, en principio, que dicha resolución
contiene los requisitos previstos en el artículo 122° 373 tercer párrafo y 374 del Código
Procesal Civil; por lo que no se evidencia error o vicio alguno en la resolución cincuenta y
tres, deviniendo consecuentemente en la improcedencia del recurso de reposición
planteado. Por estas consideraciones: SE RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE el
recurso de reposición planteado por la parte demandante en contra del decreto número
cincuenta y tres, obrante a fojas seiscientos setenta y siete (677) en el extremo que
dispone “de forma simultanea (a la apelación de sentencia) para la absolución en el plazo
de ley de la “prueba extemporánea ofrecida por el apelante al otrosí, del escrito de
apelación”. AL OTROSI.- A los autos.- AL OTROSI.-Téngase presente. Tómese Razón. Y
Hágase Saber.
S.S.
DE LA BARRA BARRERA
JUAREZ TICONA
NALVARTE ESTRADA |
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EXPEDIENTE : 02411-2013-0-2301-JR-CI-01
MATERIA : PRESCRIPCION ADQUISITIVA
JUEZ : ANCO REJAS, MARIA SOLEDAD
ESPECIALISTA : PONCE HUANACUNI, GIAN CARLOS
LITIS CONSORTE : TORRES ANTECABANA, JUAN ANTONIO
TERCERO : JORGE ALFREDO SALAS VALDEZ ,
HERNAN SILVA TELLERIA ,
CASSARETO SOLARI, JOSE
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU RPTDO POR ELENA
MARGARITA ORELLANA CALDERON Y LEONEL
EDWIN MARCA CALDERON ,
NOVOA MALAGA, JORGE JESUS BN SRL REPRES X
JESUS NOVOA
BN SRL REPRE POR SU GUILLERMO ENRIQUE
BEDOYA NOBOA ,
DEMANDANTE : ASOCIACION DE COMERCIANTES TACNA CENTRO
REPRES POR SU PRESIDENTE VERONICA CASILDA
ALANIA AJALLA ,
SENTENCIA
Resolución Nro. 48
Tacna, veintinueve de octubre
Del dos mil veintiuno. -
I.- VISTO:
1. DEMANDA: La demanda de fojas 26 a 33, interpuesta por la Asociación de
Comerciantes Tacna Centro representada por su Presidente del Consejo
Directivo don Pedro Augusto López Espinoza sobre PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA DE DOMINIO, en contra de B&N S.R.L., representados por
Guillermo Enrique Bedoya Noboa y Jorge Jesús Novoa Málaga, y Banco de
Crédito del Perú representada por Jesús Cervantes Vega a fin de que se
declare propietaria a la Asociación de Comerciantes Tacna Centro al haber
adquirido por prescripción adquisitiva –usucapión la propiedad de la tienda Z-5,
ubicada en la Av. Augusto B. Leguía N° 918-926 y Av. Dos de Mayo N° 834 del
Distrito, Provincia y Departamento de Tacna, con los siguientes linderos y
colindancias: por el frente colinda con el pasaje s/n del Centro Comercial
Tacna Centro, por el lado derecho colinda con Tienda Z-06 del Centro
Comercial Tacna Centro; por el lado izquierdo colinda con la tienda Z-4 del
Centro Comercial Tacna Centro y por el fondo colinda con la propiedad de
1 terceros y tiene un Área construida de 4.72 metros cuadrados, con una puerta
de ingreso de cortina enrollable, tienda que consta inscrita en la partida N°
05007679 de la Oficina Registral de Tacna, más de 18 años en forma continua,
pacífica y pública como propietaria: y como pretensión accesoria la inscripción
del derecho de propiedad de la asociación recurrente en la Partida N°
05007679, así como la cancelación del asiento registral a favor del antiguo
propietario B&N S.R.Ltda.
Hechos en que funda el petitorio. Alega la parte demandante: 1) Que, desde
el 22 de junio de 1994 se tomó posesión inmediata y efectiva de la tienda Z-5
esta tienda en un principio se utilizó como almacén de la asociación posesión
inmediata en la que se guardaban las cosas de los asociados, posteriormente
se ha arrendado dicho local -posesión mediata situación que se mantiene a la
actualidad, siendo ello así, indica el accionante que se encuentra en posesión
de la tienda Z-5 por más de 18 años, posesión que mantiene en forma
continua, pacífica y publica como propietaria. 2) Que durante el tiempo, se han
realizado diversos actos de verificación de la adquisición del derecho de
propiedad, tales como diligencias de constatación de posesión a cargo de Juez
de Paz, pago de recibos de energía eléctrica de la tienda a nombre de la
asociación, contratos de arrendamiento y pago de impuestos tributarios que
demuestran la posesión continua que ejerce la asociación sobre la tienda Z-5.
3) Que el tiempo de posesión que ejerce la accionante por más de 18 años de
la tienda usucapida ha sido pacífica, nunca ha existido ni violencia física ni
moral, menos ha existido reclamo alguno por ninguna vía, o persona natural o
jurídica respecto de la posesión y derecho de la propiedad que ejerce la
recurrente sobre la tienda materia de autos, ni siquiera ha existido reclamo
alguno por parte de tercero con el derecho real de hipoteca inscrito en la
partida de la tienda Z-5, derecho de garantía real que por el paso del tiempo
ha prescrito de forma extintiva; por lo que la posesión que ejerce la recurrente
sobre la tienda Z-5, es continua, pacífica y pública, habiendo pagado los
servicios de energía eléctrica por la tienda usucapida o cuando se licita su
arrendamiento pagando los impuestos de ley, por lo que se ha cumplido con
todos los requisitos de ley que sustentan el derecho adquirido de propiedad de
la tienda z-5 por prescripción adquisitiva – usucapión, además por el paso del
tiempo y la inacción del tercero con derecho hipotecario inscrito también operó
la prescripción extintiva de tal derecho de garantía.
2. Admisión de la demanda: A folios 34, mediante Resolución N° 01 de
fecha 30 octubre del 2013 (aclarada por Resolución N° 25) se admite a trámite
la demanda, corregida con resolución 25 de fecha 01 de julio del 2016 obrante
a folios 393 a 394 y se corre traslado a la demandada, en la vía del proceso
Abreviado.
2 3. Apersonamiento y allanamiento a la demanda: Que mediante escrito de
fecha 15 de noviembre del 2013, la parte demandada Banco de crédito del
Perú se apersona al proceso y solicita allanarse a la demanda respecto a sus
pretensiones, cuya declaración de prescripción adquisitiva solicita a su favor la
Asociación de Comerciantes Tacna Centro por el puesto Z-5, en razón a que
dicho inmueble no está incorporado en el patrimonio del Banco.
4. Rebeldía y Saneamiento Procesal: Que a folios 237 obra la resolución
N° 16 de fecha 15 de setiembre del 2015, mediante la cual se resuelve declarar
rebelde al demandado Jorge Jesús Novoa Málaga en calidad de representante
de B&N S.R.L.tda.; asimismo, mediante resolución N° 39 de fecha 20 de
setiembre del 2019, obrante a fojas 504, se resuelve declarar rebelde al
demandado Guillermo Enrique Bedoya Noboa; así como declarar la existencia
de una relación jurídica procesal válida, precluyendo toda petición, referida a
cuestionar la validez de la relación jurídica.
5. Intervención Litisconsorcial: Que mediante Resolución 24, de fecha 24
de junio del 2016, obrante a fojas 389 y 390, se resuelve declarar Fundada la
Intervención Litisconsorcial Pasiva de don Juan Antonio Torres Antecabana
y se dispone se le incorpore al proceso en el estado en que se encuentre, y se
le tiene por ofrecidos los medios probatorios por el litisconsorte al ser
documentales.
6. Medios Probatorios Extemporáneos: Que mediante Resolución N° 36,
de fecha 26 de diciembre del 2017, obrante de fojas 471 a 473, se declara
fundada en parte la solicitud de ofrecimiento de medios probatorios
extemporáneos, presentada por la Asociación de Comerciantes Tacna
Centro a través de su presidente Gladys Hilaria Candia Tapia mediante
escrito de fojas trescientos ochenta; en consecuencia, téngase por ofrecidos
los siguientes medio probatorios extemporáneos: 1) La copia legalizada del
recibo de luz correspondiente al mes de mayo del 2016; 2) Copia legalizada del
estado de cuenta corriente expedido por ELECTROSUR S.A. correspondiente
a la tienda Z-05; 3) La copia legalizada del contrato de arrendamiento
correspondiente al año 2014; 4) La copia certificada de la ficha catastral urbana
individual del local Z-05. Asimismo, se declara IMPROCEDENTE la solicitud de
ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos, presentada por la
Asociación de Comerciantes Tacna Centro a través de su presidente Gladys
Hilaria Candia Tapia mediante escrito de fojas trescientos ochenta, en el
extremo de los siguientes medios probatorios extemporáneos: 1) Copias
legalizadas de los recibos de luz de los meses de setiembre del 2004 y julio
2012, 2) Copia legalizada de la declaración jurada de autoevalúo y el
3 respectivo recibo de pago correspondiente al año 2001 y 3) Copia legalizada
del contrato de arrendamiento del año 2007.
7. Fijación de puntos controvertidos y demás actos procesales. A folios
515 y 516 obra la resolución N° 40 de fecha 06 de noviembre del 2019,
mediante la cual se resuelve fijar como puntos controvertidos de la demanda:
1. Identificar el bien inmueble materia sub litis. 2. Determinar si la parte
demandante viene ejerciendo la posesión de manera pública, pacífica y
continua sobre el bien inmueble materia de litis, por el periodo permitido por ley
y si cuenta con algún título. 3. Determinar si procede declarar a la parte
demandante propietario por Prescripción Adquisitiva del predio materia de litis;
y de forma accesoria 4. Determinar si corresponde la inscripción de la
propiedad a favor de los demandantes en la partida N° 05007679 inscrito en los
Registros Públicos de Tacna. Asimismo se admite medios probatorios de la
parte demandante; no se admite medio probatorio alguno a la demandada B&N
S.R.L., representados por Guillermo Enrique Bedoya Noboa y Jorge Jesus
Novoa Málaga por haber sido declarados rebeldes; no se admite ningún medio
probatorio al demandado Banco de Crédito del Perú por no haberlo ofrecido;
Se admiten los medios probatorios extemporáneos de la parte demandante; se
dispuso la inspección judicial y se fijó fecha para audiencia de pruebas. De
fojas 539 a 541 obra el Acta de Inspección Judicial, diligencia efectuada en el
bien materia de Litis; De fojas 543 a 545 obra el Acta de Audiencia de Pruebas
actuándose los medios probatorios de la parte demandante, recibiéndose las
declaraciones de los testigos ofrecidos por la parte demandante Juana Acero
Quispe, Neri Poma Yucra, Luis Alberto Cama y José Julio Mamani Vicente.
8. Dictamen Fiscal. Que de fojas 597 a 601 obra el Dictamen Fiscal emitido
por el Fiscal Provincial de Familia y Civil que opina declarando Fundada en
todos sus extremos la demanda; siendo el estado del proceso el de emitir
sentencia.Y,
II.- CONSIDERANDO:
Primero. Son principios de la función jurisdiccional: a) La observancia del
derecho fundamental del debido proceso y la tutela jurisdiccional consagrando
por el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución exige entre otros, que la
resolución sea suficientemente motivada y congruente, efectuándose una
apreciación razonada y conjunta de los medios probatorios aportados al
proceso. Por su parte, el debido proceso es un derecho fundamental de
carácter instrumental que se encuentra conformado por un conjunto mínimo de
elementos que deben estar presentes en cualquier clase de procesos para
hacer posible la aplicación de la justicia al caso concreto. b) La motivación
escrita de las resoluciones judiciales, a que se refiere el inciso 5) del artículo
4 139° de la Constitución, obligación Constitucional que implica no sólo expresar
únicamente al amparo de qué norma legal se expide la resolución sino,
fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que
justifican la decisión adoptada.
Segundo. Que el Artículo 196 del Código Procesal Civil prevé: “Salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos
hechos”. En este orden de ideas se tiene entonces que, el Juzgador, para que
se forme convicción sobre la situación de hecho, debe valorar todas las
pruebas ofrecidas oportunamente por las partes de manera conjunta, como lo
establece el artículo 197 del Código Procesal citado. Que, en nuestro sistema
procesal el Juez valora los medios probatorios de acuerdo a las reglas de la
sana crítica, es decir de acuerdo a lo que su experiencia, sus conocimientos y
la lógica le permiten inferir; asimismo, la finalidad de los medios probatorios es
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez
respecto de los puntos controvertidos y fundar sus decisiones, según el Artículo
188 del acotado; de tal manera que los medios probatorios deben mantener
una conexión lógica con los hechos en litigio, de modo que pueda sustentarse
en ellos una conclusión acerca de la verdad de tales hechos.
Tercero. Según aparece del petitorio de la demanda obrante de folios 26 y
siguientes, interpuesta por la Asociación de Comerciantes Tacna Centro
representada por su Presidente del Concejo Directivo don Pedro Augusto
López Espinoza sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio, en contra de B&N
S.R.L., representados por Guillermo Enrique Bedoya Noboa y Jorge Jesus
Novoa Málaga, así como en contra del Banco de Crédito del Perú representada
por Jesús Cervantes Vega a fin de que se declare propietaria a la Asociación
de Comerciantes Tacna Centro al haber adquirido por prescripción adquisitiva –
usucapión la propiedad de la tienda Z-5, ubicada en la Av. Augusto B. Leguía
N° 918-926 y Av. Dos de Mayo N° 834 del Distrito, P rovincia y Departamento
de Tacna, con los siguientes linderos y colindancias: por el frente colinda con el
pasaje s/n del Centro Comercial Tacna Centro, por el lado derecho colinda con
Tienda Z-06 del Centro Comercial Tacna Centro; por el lado izquierdo colinda
con la tienda Z-4 del Centro Comercial Tacna Centro y por el fondo colinda con
la propiedad de terceros y tiene un Área construida de 4.72 metros cuadrados,
con una puerta de ingreso de cortina enrollable, tienda que consta inscrita en la
partida N° 05007679 de la Oficina Registral de Tacna, más de 18 años en
forma continua, pacífica y pública como propietaria: y como pretensión
accesoria la inscripción del derecho de propiedad de la asociación recurrente
en la Partida N° 05007679, así como la cancelación del asiento registral a favor
del antiguo propietario B&N S.R.Ltda.
5 Cuarto. Que, es competencia y potestad del Juzgado resolver el petitorio de la
demanda, y los puntos controvertidos señalados en la Resolución N° 40, de
fecha 06 de noviembre del 2019, obrante a fojas 515 y 516, siendo los
siguientes: 1. Identificar el bien inmueble materia sub litis. 2. Determinar si la
parte demandante viene ejerciendo la posesión de manera pública, pacífica y
continua sobre el bien inmueble materia de litis, por el periodo permitido por ley
y si cuenta con algún título. 3. Determinar si procede declarar a la parte
demandante propietario por Prescripción Adquisitiva del predio materia de litis;
y de forma accesoria 4. Determinar si corresponde la inscripción de la
propiedad a favor de los demandantes en la partida N° 05007679 inscrito en los
Registros Públicos de Tacna.
Quinto. Requisitos de la Prescripción Adquisitiva de dominio de Bien
Inmueble. La prescripción adquisitiva se encuentra regulada por nuestro
ordenamiento jurídico civil en el artículo 950, siendo este un modo de adquirir la
propiedad, por medio de la posesión continúa, pacífica, pública, a título de
dueño, con justo título y por el tiempo fijado por ley; teniendo como elementos
de la prescripción: a) La posesión del usucapiente, que debe ser continúa,
pacífica, pública y a título de propietario, toda vez que sólo puede usucapir
quién posee el bien a título de propietario; y b) El Plazo o transcurso de tiempo
que establece la ley. Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que, “La
usucapión viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho
que corresponde a su relación con la cosa (propiedad, usufructo), por la
continuación de la posesión durante todo el tiempo fijado por ley. Sirve,
además, a la seguridad jurídica del derecho y sin ella nadie estaría cubierto de
pretensiones sin fundamento o extinguidas de antiguo, lo que exige que se
ponga un límite a las pretensiones jurídicas envejecidas. Nuestro ordenamiento
civil señala que la adquisición de la propiedad por prescripción de un inmueble
se logra mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario
durante diez años (denominada usucapión extraordinaria), en tanto que, si
media justo título y buena fe dicho lapso de tiempo se reduce a cinco años
(denominada usucapión ordinaria)”. (Casación N° 2229-2008 –Lambayeque).
Sexto. (Caso de autos).
6.1. En el caso sub materia la demandante Asociación de Comerciantes
Tacna Centro representado por su Presidente Verónica Casilda Alania
Ajalla, pretende se le declare propietaria de la tienda Z-05 ubicado en la
Avenida Augusto B. Leguia N° 918 y 926 y Avenida Dos de Mayo N° 834 del
Centro Comercial Tacna Centro, Distrito, Provincia y Departamento de Tacna,
con un área total de 4.72 m2 y perímetro de 8.45 ml, con las siguientes
colindancias: Por el frente con pasaje S/N, en línea recta de 1.925 ml; por la
derecha con la tienda Z-06, en línea recta de 2.450 ml; por la izquierda con la
6 tienda Z-04, en línea recta de 2.450 ml; Por el fondo con propiedad de terceros,
en línea recta de 1.925 ml, conforme se aprecia de la memoria descriptiva y
plano perimétrico debidamente visados por la Sub Gerencia de
Acondicionamiento Territorial y Licencias de la Municipalidad Provincial de
Tacna (véase en autos que obra de fojas 20 a 23), tienda que se encuentra
inscrita en la partida N° 05007679 de la Oficina Registral de Tacna Zona
Registral N° XIII-Sede Tacna – SUNARP(véase a fojas 24 y 25).
6.2. En el presente caso se pretende la prescripción larga de diez años; al
respecto el primer párrafo del artículo 950 del Código Civil, señala que la
propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión
continua, pacífica y pública como propietario durante diez años; al respecto
recurriremos a la doctrina, la misma que es uniforme, para establecer que se
entiende por cada uno de los requisitos: a) Posesión Continua: Deberá
entenderse como la posesión del bien sin interrupciones; b) Posesión
Pacífica: Es la posesión libre como propietario o con el ánimo de serlo, la
posesión debe ser exenta de violencia física y moral. Ser pacífica significa que
el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza por lo que
deberá hacerlo en forma normal y pacífica, siendo la violencia un hecho que
varía la posesión hasta que cese; c) Posesión Pública: Es la posesión
conocida, es decir, que exista una exteriorización de los actos posesorios, que
actúe conforme lo hace el titular de un derecho. Lo público es lo opuesto a lo
clandestino o secreto. Se fundamenta en que el poseedor debe conducir su
posesión de forma tal que sea conocida por todos, y además conducirse con la
naturalidad que le daría tener un derecho legítimo; g) El plazo o transcurso de
tiempo: Según nuestra legislación, para la prescripción larga se requiere un
plazo de diez años, siendo que dicho plazo debe estar vencido al momento de
interponerse la demanda.
Séptimo. Pronunciamiento sobre el primer punto controvertido- Identificar
el bien materia sub litis.
Al respecto se debe de indicar lo siguiente:
7.1. A folios 20 a 23, obran la Memoria Descriptiva, Plano de Ubicación, Plano
Perimétrico, así como el Certificado de Visación de Planos, cuyas medidas y
colindancias son:
• PREDIO ubicado en la Av. Augusto B. Leguía N° 918-926 y Av. Dos de
Mayo N° 834 – Tienda Z-5 del Distrito, Provincia y Departamento de Tacna;
con los siguientes linderos y colindancias: Por el frente: Colinda con pasaje
S/N, en línea recta 1.925 ml. Por la derecha: Colinda con la tienda Z-06, en
línea recta de 2.450 ml. Por la izquierda: Colinda con la tienda Z-04, en
7 línea recta de 2.450 ml. Por el fondo: Colinda con propiedad de terceros, en
línea recta de 1.925 ml. conforme se aprecia de la copia certificada del plano
perimétrico, el cual se encuentra visado por la Sub Gerencia de
Acondicionamiento Territorial y Licencias – Gerencia de Desarrollo Urbano
de la Municipalidad Provincial de Tacna, predio que se encuentra inscrito en
la ficha N° 17937 de la partida N° 05007679 del Reg istro de Propiedad
Inmueble de la Oficina de Registros Públicos de Tacna.
7.2. Asimismo, el referido bien inmueble ha sido identificado y/o verificado por
la Judicatura, tal como se tiene del acta de Inspección Judicial de folios 539 a
541, conforme a las incidencias ahí descritas.
Octavo. Pronunciamiento sobre el segundo, tercer y cuarto punto
controvertido: - Determinar si la parte demandante viene ejerciendo la
posesión de manera pública, pacífica y continua sobre el bien inmueble
materia de litis, por el periodo permitido por ley y si cuenta con algún
título. - Determinar si procede declarar a la parte demandante propietario
por Prescripción Adquisitiva del predio materia de Litis. Y en forma
accesoria - Determinar si corresponde la inscripción de la propiedad a
favor de los demandantes en la partida N° 05007679 inscrito en los
Registros Públicos de Tacna. Al respecto se indica lo siguiente:
8.1. Posesión continua: Que de autos se aprecia, el Acta de Constatación de
fecha 03 de abril del 2003 (véase a folios 11), así como el Acta de Constatación
de fecha 10 de setiembre del año 2009 (véase a folios 12 y 13), de lo cual se
desprende que la demandante Asociación de Comerciantes Tacna Centro, en
las referidas fechas se encontraba en posesión del bien inmueble materia de
Litis, considerándose como el inicio de la posesión del bien materia de Litis el
día 03 de abril del año 2003; Que a folios 376 y 377 obra copia legalizada del
contrato de arrendamiento del inmueble local comercial Z-05, de fecha 02 de
enero del año 2014, celebrado de una parte por la asociación demandante, en
calidad de Arrendadora y de la otra parte Benjamín Vargas Mamani en calidad
de Arrendatario, dicho contrato fue celebrado después de la interposición de la
presente demanda; Asimismo, obra en autos de folios 539 a 541, el Acta de la
diligencia de Inspección Judicial, habiéndose constatado que el bien materia de
litis tiene el área, así como los linderos y colindancias que aparecen en la
documentación adjuntada por la demandante (Memoria Descriptiva, Plano de
Ubicación, Plano Perimétrico, así como el Certificado de Visación de Planos y
Partida Registral N° 05007679 ) y actualmente se encuentra en posesión del
bien sub Litis la persona de Benjamín Vargas Mamani, señalando “(…) que se
encuentra en posesión del inmueble en calidad de inquilino mostrando su
contrato de arrendamiento de fecha 31 de diciembre del 2014, (…)”; asimismo,
de la mencionada acta se advierte lo siguiente: “En este acto deja constancia la
8 abogada de la parte demandante, señalando que se ha encontrado en
posesión al arrendatario Benjamín Vargas Mamani a quien la demandante
venia arrendando el inmueble materia de litis hasta el año 2014 y que el
contrato mostrado data del año 2014, un año después que interpuesto la
demanda”; que siendo ello así, la posesión de la Asociación demandante en el
bien materia de Litis ha sido continúa por más de diez años hasta la
interposición de la demanda.
8.2. Posesión Pacífica: Que de la revisión de autos, se aprecia que durante el
tiempo de la posesión de la demandante no ha existido algún cuestionamiento
a su posesión ni violencia, por lo que no habiéndose iniciado durante dicho
lapso de tiempo ningún proceso judicial a fin de despojársele de su posesión;
ello se corrobora con las declaraciones de los testigos (Neri Poma Yucra, Luis
Alberto Gomez Cama y José Julio Mamani Vicente) recibidas en la Audiencia
de Pruebas, quienes de manera uniforme han señalado “que nunca ha sido
perturbada la posesión que mantiene la Asociación demandada de la tienda
sub Litis” (véase a fojas 544 y 545 del acta de audiencia, respuesta de la
pregunta cuatro); siendo ello así, el tiempo de la posesión de la demandante ha
sido pacífica; es necesario precisarse, para que la posesión deje de ser
pacífica y se interrumpa la misma, el ejercicio de la posesión debe ser discutida
o controvertida judicialmente (vía acción); de tal manera que la posesión
ejercida por la demandante está acreditada que fue pacífica.
Sobre lo indicado la Corte Suprema ha establecido, a través de la Sentencia
Casatoria número mil novecientos noventa y dos guión dos mil tres guión
Tacna, que el requisito de “la pacificidad como presupuesto para acreditar la
presente acción (prescripción adquisitiva de dominio), significa que la posesión
de quien pretende ser declarado propietario por prescripción debe transcurrir
sin generar ningún conflicto con los derechos de los demás; siendo de
considerar que dicho precepto legal se vulnera cuando aparece de autos que la
posesión ha sido cuestionada a través de algún proceso judicial que se haya
instaurado en su contra y en el cual se discuta del bien sub litis”. En este
sentido la posesión que ejerce la asociación demandante, es ejercida sin
cuestionamiento de terceros.
8.3. Posesión Pública: Es la posesión conocida por todos; al respecto se tiene
que dicha posesión se ejerce a vista del público y/o vecinos; que conforme se
aprecia de autos, a folios 14, 15 y 366 obran los recibos de suministro de
energía eléctrica que corresponden a junio del 2012, enero del 2013 y mayo del
2016, de cuyos recibos se advierte, que la asociación demandante aparece
como titular de dicho servicio público; asimismo a ello, debe agregarse que en
el Acta de Audiencia de Pruebas obrante de folios 543 a 545 se tiene la
declaración testimonial de Juana Acero Quispe, sobre la pregunta 02 referido a
que la asociación demandante tiene la posesión desde hace más de 18 años
9 en forma continua, pacífica y publica, dijo: “Si, es cierto, porque ella también es
inquilina de uno de los puestos N° J-8 y que sabe que la asociación Tacna
Centro es propietaria, del puesto por el cual se le pregunta”; asimismo la
declaración testimonial de Neri Poma Yucra a la misma pregunta 02 dijo: “Si es
cierto, que de ello le consta porque anteriormente la declarante quería alquilar
dicha tienda pero como ya estaba ocupada como depósito de la Asociación de
Comerciantes Tacna Centro, no pudo arrendarla”; a su vez la declaración
testimonial de Luis Alberto Gómez Cama a la misma pregunta dijo: “Si es
cierto, refiere que es inquilino de la tienda N° B-4, y que por ser uno de los
socios de la asociación tiene conocimiento de que la Asociación de
Comerciantes Tacna Centro, que tiene la posesión de la tienda N° Z-5
aproximadamente más de 18 años y la declaración testimonial de Julio
Mamani Vicente a la misma pregunta dijo: “Que le consta porque a veces
trabajó como personal de seguridad”; por lo tanto, resulta importante resaltar
que los referidos testigos son vecinos de la parte demandante, por lo que sus
declaraciones uniformes merecen certeza. Por lo cual teniendo en
consideración que uno de los requisitos para que opere la prescripción
adquisitiva de dominio es que la posesión sea pública, se tiene que la
demandante ha venido ejerciendo la posesión de acuerdo a este requisito
desde el año 2003; En consecuencia, está acreditada que la posesión ejercida
por la asociación demandante del bien inmueble materia de Litis fue pública
por más de 10 años.
8.4. Posesión a título de propietario: Se ha acreditado en autos, que la
demandante ha realizado actos posesorios sobre el bien que desea se declare
la prescripción adquisitiva a su favor, ello teniéndose en cuenta el Acta de
Constatación de fecha 03 de abril del 2003, considerando dicha fecha como el
inicio de la posesión del inmueble sub litis, aunado a ello, en el Acta de
Inspección Judicial de fecha 05 de diciembre del 2019 del cual se verifica y
constata que el bien materia de proceso tiene el área descrita en la demanda
así como sus linderos y colindancias, de acuerdo a la documentación adjuntada
por la demandante, y que hasta la interposición de la demanda, la demandante
ha mantenido la posesión del bien materia de Litis por más de10 años en
calidad de propietaria. Con lo cual y de acuerdo a la presunción iuris tantum
contenida en el artículo 915° del Código Civil, se tiene que la parte demandante
ha estado poseyendo en calidad de propietario el bien materia de litis, por un
plazo que excede los 10 años, por lo que se tiene que la parte demandante
cumple en exceso la condición de posesión continua de 10 años de calidad de
propietario del bien materia de Litis; lo cual se corrobora con las declaraciones
testimoniales uniformes brindadas en audiencia de pruebas (véase de folios
543 a 545). Por lo que se tiene acreditado que la parte demandante ha estado
poseyendo en calidad de propietaria el bien materia de litis, por un plazo que
excede los 10 años.
10 8.5. Que de la valoración de las documentales y actuados en el proceso, se
acredita que concurren los requisitos establecido en el artículo 950° del Código
Civil, para que se configure la prescripción adquisitiva del inmueble sub litis y
declarar el derecho de propiedad mediante prescripción adquisitiva larga a
favor de la parte demandante, ya que la posesión ha sido continua, pacífica y
pública en calidad de propietario respecto del bien materia de sub litis y
ejercida por más de 10 años, siendo procedente declarar el derecho de
propiedad mediante prescripción adquisitiva a favor de la parte demandante.
Consecuentemente habiéndose acreditado los hechos alegados por la
demandante, debe declarársele Propietaria a la demandante por Prescripción
Adquisitiva de la tienda Z-5 ubicado en la Avenida Augusto B. Leguia N° 918 y
926 y Avenida Dos de Mayo N° 834 del Centro Comercial Tacna Centro,
Distrito, Provincia y Departamento de Tacna, con un área total de 4.72 m2 y
perímetro de 8.45 ml; por lo que la demanda en dichos extremos debe
ampararse.
8.6.- Respecto a la pretensión accesoria de inscripción de la propiedad en
los Registros Públicos de Tacna y la Cancelación del Asiento Registral c) 1 de
la partida N° 05007679; que al haberse amparado la pretensión principal, y de
conformidad con lo señalado en el primer párrafo del artículo 87 del Código
Procesal Civil, la pretensión accesoria sigue la suerte del principal; por lo que,
la pretensión accesoria corresponde ser amparada.
Noveno. Costas y Costos.
Respecto al pago de costas y costos del proceso, conforme a lo establecido en
el artículo 412° del Código Procesal Civil, debe exonerarse del pago de las
costas y costos del proceso a la parte vencida, al haber tenido motivos
atendibles para litigar.
Por lo tanto, de conformidad a lo glosado y a lo establecido en el 138° de la
Constitución Política del Perú, y administrando justicia en nombre de la Nación
y con criterio de conciencia.
III.- FALLO:
1. SE DECLARA FUNDADA en todos sus extremos demanda de
Prescripción Adquisitiva de Dominio Interpuesta por la Asociación de
Comerciantes Tacna Centro representada por su Presidenta Verónica
Casilda Alania Ajalla, en contra de B&N S.R.L., representados por
Guillermo Enrique Bedoya Noboa y Jorge Jesús Novoa Málaga, y en
contra del Banco de Crédito del Perú representad por Jesús Cervantes
Vega, y como litisconsorte Juan Antonio Torres Antecabana.
11 2. DECLARO como Propietarios a la Asociación de Comerciantes Tacna
Centro representada por su Presidenta Verónica Casilda Alania Ajalla
por prescripción adquisitiva del inmueble tienda Z-5 ubicado en la
Avenida Augusto B. Leguía N° 918 y 926 y Avenida Dos de Mayo N° 834
del Centro Comercial Tacna Centro, Distrito, Provincia y Departamento
de Tacna, con un área total de 4.72 m2 y perímetro de 8.45 ml, con los
siguientes linderos y colindancias: Por el frente con pasaje S/N, en línea
recta de 1.925 ml; por la derecha con la tienda Z-06 en línea recta de
2.450 ml; por la izquierda con la tienda Z-04; en línea recta de 2.450 ml;
Por el fondo con propiedad de terceros, en línea recta de 1.925 ml.
3. DISPONGO: La inscripción de la presente sentencia en la Partida N°
05007679 en los Registros Públicos – Zona Registral XIII – Sede Tacna;
y CANCÉLESE la anterior inscripción registral a nombre de los
anteriores propietarios.
4. SIN COSTOS Y COSTAS.
Por esta mi sentencia así el pronuncio mando y firmo.
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. -
12 |
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EXPEDIENTE : 02411-2013-0-2301-JR-CI-01
MATERIA : PRESCRIPCION ADQUISITIVA
JUEZ : VERA ESQUIVEL, JUAN MANUEL
ESPECIALISTA : CHOQUE CHOQUEÑA, ZENAIDA
LITIS CONSORTE : TORRES ANTECABANA, JUAN ANTONIO
TERCERO : HERNAN SILVA TELLERIA ,
JORGE ALFREDO SALAS VALDEZ ,
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU RPTDO POR ELENA
MARGARITA ORELLANA CALDERON Y LEONEL EDWIN MARCA
CALDERON ,
NOVOA MALAGA, JORGE JESUS BN SRL REPRES X
JESUS NOVOA
BN SRL REPRE POR SU GUILLERMO ENRIQUE BEDOYA
NOBOA ,
DEMANDANTE : ASOCIACION DE COMERCIANTES TACNA CENTRO
REPRES POR SU PRESIDENTE DEL MCONSEJO DIRECTIVO PEDRO
AUGUSTO LOPEZ ESPINOZA ,
Resolución Nro. 36
Tacna, veintiséis de diciembre
Del dos mil diecisiete
DE OFICIO: VISTOS Y CONSIDERANDOS: PRIMERO: Que, mediante escrito
de fojas trescientos ochenta y siguientes, la demandante Asociación de Comerciantes
Tacna Centro a través de su presidente Gladys Hilaria Candia Tapia ofrece nuevos
medios probatorios, entre ellos: 1) La copia legalizada de los recibos de luz de los
meses de setiembre del 2004, julio 2012 y mayo del 2016, correspondiente a la tienda
Z-05. 2) La copia legalizada del estado de cuenta corriente expedido por
ELECTROSUR S.A. correspondiente a la tienda Z-05, donde consta que el servicio de
energía eléctrica y su medidor está a nombre de la demandante desde el año 1998. 3)
Copia legalizada de la declaración jurada de autoevalúo y el respectivo recibo de pago
correspondiente al año 2001. 4) Copias legalizadas de los contratos de arrendamiento
de los años 2007 y 2014 que la demandante celebró con el señor Benjamín Vargas
Mamani en calidad de arrendadora del local Z-05. 5) La copia certificada de la ficha
catastral urbana individual del local Z-05, materia del presente proceso a nombre de la
demandante con la cual se acredita que la demandante es titular poseedor del bien
inmueble sub litis; corriéndose traslado de los mismos a la parte contraria, la misma que
no cumplió con absolver dentro del plazo de ley; y siendo el estado del proceso, es el de resolverse. SEGUNDO: Que, el artículo 429 del Código Procesal Civil, establece
expresamente: Que después de interpuesta la demanda, solo pueden ser ofrecidos los
medios probatorios referidos a hechos nuevos y a los mencionados por la otra parte al
contestar la demanda o reconvenir. TERCERO: Que, el hecho nuevo es todo
acontecimiento que llega a conocimiento de las partes después de trabada la relación
procesal y que debe hallarse encuadrada en los términos de la causa y objeto de la
pretensión deducida en el proceso; esta alegación de hecho nuevo es excepcional y
procede en tanto los mismos sean conducentes y se encuadren en los términos de la Litis
y del objeto de la pretensión. CUARTO: A consecuencia, de lo vertido en los
considerandos anteriores, sólo de manera extraordinaria y por resolución especial y
debidamente motivada en cada caso concreto, se puede admitir medios probatorios
documentales fuera de la etapa postulatoria. Pero esta posibilidad es limitada, ya que
debe aplicarse solamente, cuando la aplicación del referido medio probatorio permitirá
tomar convicción en el Juzgador, respecto de los hechos controvertidos, teniendo
presente el logro de los fines del proceso. QUINTO: Que, de los medios probatorios
acompañados, se advierte que del punto 1, solo la copia legalizada del recibo de luz
correspondiente al mes de mayo 2016, constituye como medio probatorio
extemporáneo, por cuanto los demás, corresponden a los años 2004 y 2012, fechas
anteriores a la interposición de la demanda; en cuanto al punto 2), copia legalizada del
estado de cuenta corriente expedido por ELECTROSUR S.A. correspondiente a la
tienda Z-05, se advierte que el mismo está referido a un hecho nuevo, pues el estado de
cuenta está comprendido hasta el año 2015, fecha posterior a la interposición de la
demanda, por lo que corresponde su ofrecimiento; en cuanto al punto 3) se trata de
documentos que datan de los años 2001 y 2007, fechas anteriores a la interposición de la
demanda, por lo que no corresponde admitirlo como medio probatorio extemporáneo,
pues el demandante ha podido ofrecerlos en su debida oportunidad; en cuanto al punto
4) sólo la copia legalizada del contrato de arrendamiento correspondiente al año 2014,
constituye como medio probatorio extemporáneo, por cuanto el otro contrato de
arrendamiento, corresponde al año 2007, fecha anterior a la interposición de la
demanda; en cuanto al punto 5), copia certificada de la ficha catastral urbana individual
del local Z-05, se advierte que el mismo está referido a un hecho nuevo, pues en él se
señala como fecha de adquisición del bien el veintiocho de noviembre del dos mil
catorce, fecha posterior a la interposición de la demanda, por lo que corresponde su
ofrecimiento; y advirtiéndose que dichos medios probatorios guardan conexión con el objeto del presente proceso, corresponden su incorporación al presente proceso;
debiendo tenerse en cuenta que la apreciación de los mismos (medios probatorios) se
encuentra reservada para la estación correspondiente, esto es al momento en que el
Juzgador emita la sentencia. SEXTO: En cuanto a los medios probatorios copias
legalizadas de los recibos de luz de los meses de setiembre del 2004 y julio 2012, Copia
legalizada de la declaración jurada de autoevalúo y el respectivo recibo de pago
correspondiente al año 2001 y Copia legalizada del contrato de arrendamiento del año
2007; se advierte de todos ellos, que han sido expedidos con fechas anteriores a la
interposición de la demanda de fojas veintiséis, por lo que, su ofrecimiento ha podido
realizarse conjuntamente con la interposición de la demandada, por lo que devienen
improcedentes, conforme al artículo 429 del Código Procesal Civil. Por las
consideraciones expuestas y en mérito a los artículos 50.1, 121 y 429 del Código
Procesal Civil;
SE RESUELVE:
PRIMERO.- Declarar FUNDADA EN PARTE la solicitud de ofrecimiento de medios
probatorios extemporáneos, presentada por la Asociación de Comerciantes Tacna
Centro a través de su presidente Gladys Hilaria Candia Tapia mediante escrito de fojas
trescientos ochenta; en consecuencia, téngase por ofrecidos los siguientes medio
probatorios extemporáneos: 1) La copia legalizada del recibo de luz correspondiente
al mes de mayo del 2016; 2) Copia legalizada del estado de cuenta corriente expedido
por ELECTROSUR S.A. correspondiente a la tienda Z-05; 3) La copia legalizada del
contrato de arrendamiento correspondiente al año 2014; 4) La copia certificada de la
ficha catastral urbana individual del local Z-05.
SEGUNDO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de ofrecimiento de medios
probatorios extemporáneos, presentada por la Asociación de Comerciantes Tacna
Centro a través de su presidente Gladys Hilaria Candia Tapia mediante escrito de fojas
trescientos ochenta, en el extremo de los siguientes medios probatorios
extemporáneos: 1) Copias legalizadas de los recibos de luz de los meses de setiembre
del 2004 y julio 2012, 2) Copia legalizada de la declaración jurada de autoevalúo y el
respectivo recibo de pago correspondiente al año 2001 y 3) Copia legalizada del
contrato de arrendamiento del año 2007. Hágase Saber.- |
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EXPEDIENTE : 02411-2013-0-2301-JR-CI-01
MATERIA : PRESCRIPCION ADQUISITIVA
JUEZ : ESCALANTE MEDINA, LUIS
ESPECIALISTA : CHOQUE CHOQUEÑA, ZENAIDA
TERCERO : JORGE ALFREDO SALAS VALDEZ ,
HERNAN SILVA TELLERIA ,
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU RPTDO POR ELENA
MARGARITA ORELLANA CALDERON Y LEONEL EDWIN MARCA
CALDERON ,
BN SRL REPRE POR SU GUILLERMO ENRIQUE BEDOYA
NOVOA ,
NOVOA MALAGA, JORGE JESUS BN SRL REPRES POR
JESUS NOVO
DEMANDANTE : ASOCIACION DE COMERCIANTES TACNA CENTRO
REPRES POR SU PRESIDENTE DEL MCONSEJO DIRECTIVO PEDRO
AUGUSTO LOPEZ ESPINOZA ,
Resolución Nro. 25
Tacna, primero de julio
Del dos mil dieciséis
Al escrito con cargo de ingreso N° 19209-2016, presentado por la parte demandante,
téngase por cumplido el mandato dispuesto en autos, y se traslada a la parte contraria
del ofrecimiento de medios probatorios extemporáneos, por el plazo de tres días. AL
OTROSI: Estando a lo solicitado sobre la corrección de los nombres de los
representantes de la demandada B&N, respecto al apellido “NOBOA” del demandado
Guillermo Enrique Bedoya Novoa, así como de la adición del nombre “JORGE” del
demandado Jesús Novoa Málaga. VISTOS Y CONSIDERANDO: PRIMERO: De la
corrección de nombres solicitada por la parte demandante y luego de la revisión de
autos se advierte que, al momento de la interposición de la demanda, conforme obra en
autos de fojas veintiséis y siguientes, se consignó como representantes de la demandada
B&N, a Guillermo Enrique Bedoya Novoa y Jesús Novoa Málaga, por lo que en base a
los datos otorgados por el accionante, mediante resolución número uno de fecha treinta
de octubre del dos mil trece, se admitió la demanda sobre Prescripción Adquisitiva de
Dominio, consignándose como representantes de la demandada B&N, a Guillermo
Enrique Bedoya Novoa y Jesús Novoa Málaga. SEGUNDO: Que, también obra en
autos, a fojas noventa y ocho y noventa y nueve, las fichas de RENIEC de los
mencionados representantes de la demandada B&N, figurando los mismos como.-
GUILLERMO ENRIQUE BEDOYA NOBOA y JORGE JESUS NOVOA MALAGA.
TERCERO: Estando a lo solicitado y luego del cotejo hecho en autos se puede
comprobar que el nombre completo y correcto de Guillermo Enrique Bedoya Novoa es
GUILLERMO ENRIQUE BEDOYA NOBOA, asimismo el nombre completo y
correcto de Jesús Novoa Málaga es JORGE JESUS NOVOA MALAGA; por lo que debe aclararse en dicho extremo la resolución referida, en consecuencia en mérito a los
artículos 50.1 y 121 del Código Procesal Civil; SE RESUELVE: Declarar FUNDADA
la solicitud formulada por la ASOCIACION DE COMERCIANTES TACNA CENTRO
RESPRESENTADA POR GLADYS HILARIA CANDIA TAPIA, en consecuencia se
ACLARA la parte resolutiva de la resolución número uno, de fecha treinta de octubre
del dos mil trece, que obra a fojas treinta y cuatro, en el extremo específico de la
consignación del nombre de Guillermo Enrique Bedoya Novoa y Jesús Novoa Málaga,
representantes de la demandada B&N, siendo lo correcto “GUILLERMO ENRIQUE
BEDOYA NOBOA” y “JORGE JESUS NOVOA MALAGA”, quedando subsistente
todo lo demás que contiene. Tómese Razón y Hágase Saber.---------------------------------
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MATERIA : PRESCRIPCION ADQUISITIVA
JUEZ : ESCALANTE MEDINA, LUIS
ESPECIALISTA : CHOQUE CHOQUEÑA, ZENAIDA
TERCERO : JORGE ALFREDO SALAS VALDEZ ,
HERNAN SILVA TELLERIA ,
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU RPTDO POR ELENA
MARGARITA ORELLANA CALDERON Y LEONEL EDWIN MARCA
CALDERON ,
BN SRL REPRE POR SU GUILLERMO ENRIQUE BEDOYA
NOVOA ,
NOVOA MALAGA, JORGE JESUS BN SRL REPRES POR
JESUS NOVO
DEMANDANTE : ASOCIACION DE COMERCIANTES TACNA CENTRO
REPRES POR SU PRESIDENTE DEL MCONSEJO DIRECTIVO PEDRO
AUGUSTO LOPEZ ESPINOZA ,
Resolución Nro. 24
Tacna, veinticuatro de junio
Del dos mil dieciséis
Puesto los autos a Despacho para resolver la intervención litisconsorcial de don Juan
Antonio Torres Antecabana, y; VISTOS Y CONSIDERANDO. PRIMERO: Que, el
artículo 98 del Código Procesal Civil establece que, quien se considere titular de una
relación jurídica sustancial a la que presumiblemente deban extenderse los efectos de
una sentencia y que por tal razón estuviera legitimado para demandar o haber sido
demandado en el proceso puede intervenir como litisconsorte de una parte, con las
mismas facultades de ésta. SEGUNDO: De fojas doscientos setenta y nueve y
siguientes, don Juan Antonio Torres Antecabana, solicita su intervención litisconsorcial
de la parte demandada, argumentando que, mediante contrato de compra- venta de fecha
25 de mayo de 1994, celebrado con su anterior propietario, José Arnaldo Rodríguez
Valdivia, adquirió el puesto comercial Z-05, ubicado en el Centro Comercial Tacna
Centro, y que si bien es cierto, el inmueble se encuentra registrado en Registros
Públicos a nombre de la empresa B&N S.R.LTDA., esto no significa que el recurrente
deje de ser propietario del puesto comercial antes mencionado; asimismo, corrido el
traslado a la parte demandante, la misma no es absuelta dentro del plazo conferido.
TERCERO.- Que, a fojas doscientos cincuenta y ocho y siguientes, obra la Partida
Registral N° 05007679 (copia certificada), del local comercial Z-05, figurando como
propietario B&N S.R.LTDA., sin embargo a fojas doscientos sesenta y cinco, obra una
copia del contrato privado de traspaso de compra- venta celebrado entre José Arnaldo
Rodríguez Valdivia y Juan Antonio Torres Antecabana, respecto a la tienda comercial
número Z-5, la misma que forma parte del Centro Comercial Tacna Centro, ubicada en
la Avenida Augusto B. Leguía, número 918-919, y la Calle Dos de Mayo de la ciudad
de Tacna, con la cual acredita su derecho de propiedad, dicho documento de compra – venta es reconocido por José Arnaldo Rodríguez Valdivia a través del Acta de
Conciliación N° 0370-2014, celebrado ante el Centro de Conciliación “LUQUE”,
conforme obra en autos, en copia certificada, de fojas doscientos sesenta y seis y
siguiente. Asimismo, de fojas doscientos setenta y cuatro siguientes, obran las copias
certificadas del pago de autoevalúo año 2015, así como recibo de luz, del puesto
comercial Z-05, ubicado en el centro comercial Tacna Centro, figurando como
contribuyente, don Juan Antonio Torres Antecabana; por tanto, estando a su derecho de
propiedad alegado, el mismo que ha sido sustentado con la documentación pertinente, y
a fin de no afectar el ejercicio de su derecho resulta procedente acceder a su solicitud,
por lo que corresponde ser integrado al presente proceso. CUARTO.- Existe
litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta como demandantes
o demandados, porque tienen una misma pretensión o son conexas o porque la sentencia
a expedirse respecto de una puede afectar a la otra; y, en el caso de autos el recurrente
Juan Antonio Torres Antecabana, alega derechos de propiedad sobre el predio materia
de litis; que siendo así, se debe amparar el apersonamiento de Juan Antonio Torres
Antecabana; QUINTO: Que, con fecha anterior a la solicitud de intervención
litisconsorcial, a fojas ciento treinta y cuatro y siguientes Juan Antonio Torres
Antecabana interpone oposición a Prescripción Adquisitiva de dominio de tienda Z-5;
corriéndose traslado de la misma a la parte demandante, quien absolvió, conforme obra
a fojas doscientos trece y siguientes. SEXTO: Que, conforme al artículo 356 del
Código Procesal Civil, la Oposición solo procede en los casos expresamente previstos
por ley, y en el caso de autos (Prescripción Adquisitiva), no se encuentra regulado por
ley, por lo que la solicitud de Oposición planteada por Juan Antonio Torres Antecabana
deviene en improcedente; En consecuencia estando a las consideraciones expuestas, y
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 98, 101 y 356 del Código Procesal
Civil; SE RESUELVE:
PRIMERO: Declarar IMPROCEDENTE la Oposición a la Prescripción Adquisitiva
planteada por don Juan Antonio Torres Antecabana.
SEGUNDO: Declarar FUNDADA la intervención litisconsorcial pasiva de don Juan
Antonio Torres Antecabana al presente proceso, en consecuencia, téngase por
apersonado como litisconsorte del demandado, e incorpórese al presente proceso en el
estado en que se encuentre; asimismo, téngase por ofrecidos los medios probatorios por
el litisconsorte al ser documentales. AL PRIMER OTRO SI DIGO del escrito de fecha
veintiséis de enero del dos mil dieciséis: Téngase presente en lo que fuera de ley.
Tómese Razón y Hágase Saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO DE TRABAJO DEL CUSCO - ACTIVIDAD PRIVADA
EXPEDIENTE : 02463-2013-0-1001-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
JUEZ : COLQUE ROJAS RODOLFO
ESPECIALISTA : ALVAREZ ESTRADA JESSICA
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUZCO ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA,
SENTENCIA DE VISTA.
RESOLUCIÓN N° 06.
Cusco, veinticuatro de julio
Del año dos mil quince.
VISTO; El recurso de apelación presentado por ALFREDO FERNANDEZ TITTO
por en su condición de representante de la Universidad Nacional San Antonio Abada del
Cusco; y,
CONSIDERANDO;
PRIMERO: Antecedentes del Proceso.
• INTEGRA AFP solicita la ejecución de la Liquidación de cobranza de aportes
previsionales retenidos y no pagados correspondiente al periodo de devengue
Marzo del 2013 que obra a folios 03 a 06. Por Resolución N° 01 se admite a
trámite la demanda y se dicta el mandato ejecutivo;
• El represéntate de la demanda no absolvió la demanda ni formulo
contradicción.
• Se dicta sentencia de folios 17 a 20, declarando fundada la demanda;
• La sentencia es apelada por el representante de la demandada (fojas 45 a
46), la que es concedida con efecto suspendido y elevado a esta instancia.
SEGUNDO: Del Recurso de apelación.
2.1. Son fundamentos del recurso de apelación (fojas 45 a 46) los siguientes:
a. Se contradice la sentencia considerado que la liquidación de cobranza
corresponde a docentes contratados que al mes de marzo del 2’013 no
realizaron labores académicas por ser mes de vacaciones;
b. La sentencia emitida se baso únicamente en el aspecto formal de no haber
contradicho la demanda dentro del plazo legal establecido sin tener en
cuenta que las AFPs hacen sus cobros después de varios años lo que
dificulta la ubicación de planillas, lo que no es óbice para verificar los
documentos que presentan, de no hacerlo se deja de lado el principio de
elasticidad.
2.2. En nuestro sistema procesal el recurso de apelación tiene como uno de
sus principales principios el de limitación conocido como “Tantum Apellatum Quantum
Devolutum” sobre el que reposa el principio de congruencia, y que significa que el
órgano revisor al resolver la impugnación debe pronunciarse solamente sobre aquellas
pretensiones o agravios invocados por el impugnante, en este caso, en el recurso de
apelación. Significa ello que el Tribunal revisor sólo puede conocer y decidir aquellas
cuestiones que ha limitado la impugnación del recurrente; en consecuencia, este
Juzgado no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del
recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por
las partes o que no han sido cuestionadas porque éstas han quedado firmes.
2.3 Al respecto, se debe tener en consideración que dentro del presente proceso,
la parte demandada (ejecutada), debe enervar el mérito ejecutivo del mandato y título
con la “contradicción” sustentándola en alguna de las causales establecidas por el
literal b) del artículo 38º del Decreto Supremo Nº 054-97-EF. y aportando los medios
probatorios correspondientes, los cuales deben ser pertinentes y conducentes a esclarecer el conflicto de intereses. Así también; con respecto a las causales de
contradicción; nuestro sistema opta por un modelo de númerus clausus y más aún
establece los medios de prueba que deben presentarse en algunos causales de
contradicción, limitando a su vez, los medios de prueba; en ese orden, el literal b) del
artículo 38º del Decreto Supremo Nº 054-97-EF, establece lo siguiente:
“ b) El ejecutado podrá contradecir la ejecución sólo por los siguientes
fundamentos:
1. Estar cancelada la deuda, lo que se acreditará con copia de la Planilla
de Pagos de Aportes Previsionales debidamente cancelada;
2. Nulidad formal o falsedad de la Liquidación para Cobranza;
3. Inexistencia del vínculo laboral con el afiliado durante los
meses en que se habrían devengado los aportes materia de
cobranza, lo que se acreditará con copia de los libros de planillas;
4. Error de hecho en la determinación de monto consignado como deuda en
la Liquidación para Cobranza, lo que se acreditará con copia de los libros
de planillas o de las boletas de pago de remuneraciones suscritas por el
representante del demandado; y,
5. Las excepciones y defensas previas señaladas en los Artículos 446 y
455 del Código Procesal Civil.
La contradicción se deberá presentar acompañada de prueba documental que
acredite sus fundamentos, salvo los casos a que se refiere el numeral 2
precedente y el inciso 3) del Artículo 446 del Código Procesal Civil. No se admitirá
prueba distinta a los documentos. En caso que la contradicción se fundamente en
supuestos distintos a los enumerados precedentemente o no se acompaña la
prueba documental que corresponda, el Juez declarará liminarmente su
improcedencia imponiendo al demandado que la formuló una multa equivalente
a 10 Unidades de Referencia Procesal”.
Sin embargo, de autos se desprende que durante la etapa postulatoria, la
entidad demandada no ha ejercido el derecho a contradicción, pese a
encontrarse válidamente notificada con el mandato ejecutivo, conforme se tiene
de la cédula de notificación obrante a fojas 16; por tanto, la etapa de contradicción
que tenía la demandada ha precluído.
TERCERO:
3.1. Respecto, de la oportunidad en que deben ser ofrecidos los medios de
prueba; se debe tener en consideración que, nuestro ordenamiento jurídico recoge un
sistema restrictivo de admisión de los medios probatorios extemporáneos, pues éstos
sólo se deben acompañar con la demanda o su respectiva contestación (en la etapa
postulatoria) y luego de esta etapa, sólo es admisible si se llega a determinar que los
medios probatorios hacen referencia a hechos nuevos o que aun siendo antes del
proceso no han podido ser conocidos por la parte; al respecto el artículo 429 de nuestro
Código Procesal Civil, establece lo siguiente: “Después de interpuesta la demanda,
solo pueden ser ofrecidos los medios probatorios referidos a hechos nuevos o a
los mencionados por la otra parte al contestar la demanda o reconvenir (…)”,
debiéndose concordar dicho texto legal con lo preceptuado por el artículo 374 del
mismo cuerpo legal, el cual preceptúa que: “Las partes o terceros legitimados pueden
ofrecer medios probatorios en el escrito de formulación de la apelación o en el de
absolución de agravios, únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de
hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de
concluida la etapa de postulación del proceso; y
2. Cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio
del proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con
anterioridad. Es inimpugnable la resolución por la que el superior declara
inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. Si fueran admitidos y los requiriese, se fijará fecha para la audiencia respectiva, la que será dirigida por el
Juez menos antiguo, si el superior es un órgano colegiado”.
Finalmente; la jurisprudencia, al respecto señala que “(…) Los actos procesales
deben ser ejecutados en las etapas correspondientes. Si el derecho a contradecir el
mandato de ejecución ha precluído, no puede sustituirse este por el recurso de apelación,
en el que se acompañan copia simples de recibos de pago, pues los medios probatorios en
apelación de sentencias está limitado únicamente a procesos de conocimiento y
abreviado (…)”
3.2. En ese orden; si bien la parte demandada ha anexado documentales,
conjuntamente con el recurso de apelación, conforme es de verse de los documentos de
fojas 34 a 36; empero, estos debieron ser presentados al momento de efectuarse la
contradicción del mandato ejecutivo, conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 054-
97-EF; más aún si se considera que el proceso ejecutivo, como es el presente, nace de
un título ejecutivo, cuyas causales de contradicción, se limitan a los establecidos en la
norma jurídica (númerus clausus); sumándose a ello que tratándose del cobro de
aportes previsionales de AFP en la vía ejecutiva, los medios de prueba se limitan a los
documentos; sin embargo, dichos documentos fueron adjuntados al escrito de
apelación, que conforme establece la norma, no procede para este tipo de procesos
“ejecutivo”, más si que dichos medios probatorios tampoco se enmarcan en los
supuestos de prueba nueva, por no tratarse de hechos nuevos, y en tanto la demanda
fue planteada el 23 de diciembre del 2013 (fojas 07); tampoco fueron conocidos
después de la etapa postulatoria, o que para su emisión no se haya podido obtenerse
con fecha posterior al inicio del proceso pues como ya se indico, los documentos
adjuntados en la apelación pudieron ser obtenidos en la etapa postulatoria –
contradicción-; por ende, no puede valorarse los documentos adjuntos como medio de
prueba..
3.3 De lo así expuesto, no corresponde en esta etapa del proceso pronunciarse
respecto a la inexistencia de vinculo laboral, y más aun valorar medios de prueba
presentados con el escrito de apelación, toda vez que estos resultan ser extemporáneos.
CUARTO: Respecto del recurso de apelación,
4.1 La entidad demandada no ha cumplido con ejercer el derecho a
contradicción, pese a encontrarse válidamente notificada con el mandato ejecutivo,
conforme se tiene de la cédula de notificación obrante a fojas 16; por tanto, la etapa de
contradicción que tenía la demandada ha precluido. Esta negligencia no puede ser
subsanada ni subsanada por un recurso de apelación mucho menos por el principio de
elasticidad el cual no puede desconocer el principio de preclusión.
4.2 En este sentido, como podría el Juez de Primera Instancia conocer que
efectivamente habría inexistencia del vinculo como alega en su escrito de apelación la
demandada, indicando “…que la liquidación de cobranza N° IN13c00112706 corresponde
a docentes contratados, los mismos que no laboraron durante el mes de marzo de 2013
por ser vacaciones de docentes ”, sin embargo se debe tener en cuenta el numeral 3 del
inciso b) del artículo 38 del Decreto Supremo N° 054-97-EF, esto es Inexistencia del
vínculo laboral con el afiliado durante los meses en que se habrían devengado los aportes
materia de cobranza, lo que se acreditará con copia de los libros de planillas;
cuando esto no fue invocado en el plazo de Ley mediante la contradicción y permitiendo
que la parte demandante se pronuncie sobre estos argumentos? Evidentemente no era
posible, por que la demandada decidió no enervar el mérito ejecutivo tanto de los títulos
ejecutivos como del mandato ejecutivo. Bajo este escenario, es correcto que el A quo
declare fundada la demanda.
Lo irregular sería declararla infundada, cuando la parte demandada no ha
enervado el merito ejecutivo del título. Acaso el A quo puede formular o proponer
contradicción?, evidentemente no puede hacerlo por que este derecho corresponde
exclusivamente a la pare demandada. 4.3. Por lo señalado precedentemente los argumentos de la apelación no
enervan en absoluto la recurrida; por el contrario se aprecia que la apelada fue dictada
de acuerdo al Estado del Proceso y de acuerdo a derecho.
Por lo anteriormente expuesto; SE RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia
recurrida dictada como Resolución N° 2 que en autos obra a fojas 17 a 20, que falla,
declarando “FUNDADA LA DEMANDA de folios 7 a 12 sobre EJECUCION DE
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, interpuesta por la AFP. INTEGRA mediante
su apoderada (…) contra la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO con las pretensiones de Cobro de aportes previsionales (…) pago de
intereses moratorios, así como costas y costos del proceso. DISPONE SE
ADELANTE LA EJECUCIÓN hasta que la entidad demandante se haga pago del adeudo
materia de cobranza ascendente a la suma de Tres mil ochocientos ochenta y uno CON
13/100 nuevos soles mas intereses moratorios, con costos y costas del proceso, a
liquidarse en ejecución de sentencia (…)” y todo lo demás que contiene; y
devuélvase los actuados al Juzgado de origen para que continúe el trámite de la
presente, en los seguidos por AFP INTEGRA contra la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco.- Dando cuenta la Especialista legal que autoriza por
disposición Superior.- H.S. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE CUSCO
Juez: DIAZ USCA GUDRIEL
Fecha: 29/01/2014 12:19:35
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CUSCO/CUSCO
FIRMA DIGITAL
2°JUZ.DE PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL DEL CUSCO
EXPEDIENTE : 02463-2013-0-1001-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
ESPECIALISTA : MARIELA NIEVES GUZMAN RUIZ
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUZCO ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA.
SENTENCIA : 156-2014
SENTENCIA
RESOLUCIÓN Nº 02
Cusco, veintinueve de enero
del año dos mil catorce.-
VISTO; el proceso dado cuenta en la fecha, en los seguidos por la AFP
INTEGRA representada por su apoderada Jhanet Yajaida Solano Ballarta; sobre
EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO contra UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUZCO; y,
I.- PARTE EXPOSITIVA.
1.- De la demanda.-
1.1.- De fojas 7 a 12, se advierte que la actora interpone la demanda de Ejecución de
Obligación de dar Suma de Dinero con el objeto de:
a) Pretensión Principal.- Que la obligada UNIVERSIDAD NACIONAL SAN
ANTONIO ABAD DEL CUZCO cumpla con pagar la suma de TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 13/100 NUEVOS SOLES, (S/.
3,881.13), contenidos en la liquidación para cobranza adjunto a la
demanda.
b) Pretensión accesoria.- Pago de intereses moratorios por devengados y por
devengarse hasta el pago efectivo de la deuda, costas y costos del proceso.
1.2.- Los fundamentos fácticos se encuentran circunscritos a lo siguiente:
• Que, la demandada es empleadora de trabajadores afiliados a la AFP y
no ha cumplido con efectuar el pago de los aportes al Sistema Privado
de Pensiones, en el plazo y las formalidades establecidos en las normas
previsionales.
• En tal virtud la empresa, amparada en las normas legales vigentes
procedió a emitir las liquidaciones para cobranza, detallando las
afiliadas, los periodos impagos y montos adeudados.
2.- Actividad Jurisdiccional.-
• Con resolución número uno (folios 13 a 14) se dicta el mandato
ejecutivo, con el que fue notificado el ejecutado en el domicilio
proporcionado por la AFP actora, conforme se advierte la notificación de
folios 16; no obstante el tiempo transcurrido no ha formulado
contradicción, siendo el estado del proceso el de emitir sentencia.
II.- PARTE CONSIDERATIVA.
PRIMERO: Delimitación del petitorio principal
La AFP actora, pretende el pago de la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
UNO CON 13/100 NUEVOS SOLES por concepto de aportes previsionales impagos de
los afiliados Acuña Aguirre Nova Eugenia, Acurio Zarate David, Aguilar Condori
Francisco, Allauca Sierra Néstor Raúl, Aparicio Amanca Luis Enrique, Aparicio
Huacarpuma Victoria, Barreto Davila Julio Cesar, Beronica Huaraca Balentin, Bolivar
Yapura Wilber, Cama Valencia José Luis, Camero Pena Giancarlo, Carpio Pacheco
Jessy Aliceth, Carrazco Cuba Maria Elena, Castelo Vega Jean Marcel, Cazorla Medina
Edwin, Ccancce Medina Saturnina Truddy, Cjuno Huanca Olga Libia, Colquehuanca
Arias Ana María, Cotacallapa Sucapuca Mario Roger, Cruz Flores Cynthia, Cruz Sihuincha Cristina, Cuentas Romana Yanet, Del Pozo Loayza Cesar Edinho, Delgado
Panduro Luis Santos, Enciso Huarcaya Jesús Bradil, Escobedo Figueroa Héctor
Rosendo, Espinoza Cárdenas Elias Macrobio, Gamarra Soto Lucio Alberto, García
Morales Washington Raul, Guzmán Figueroa Lizet Gianina, Hermoza Rosell Ramiro,
Herrera Vargas Marco Antonio, Huamán Cusihuaman Abraham, Huamán Apaza
Kelvin Jack, Huaycochea Núñez De La Torre Flor De María, Huillca Cursi Rosario
Sara, Juárez Gonzales Víctor Felipe, Laime Quispe Suyana, Lavilla Abarca Francisca,
Licona Licona Edwin, López Mamani Mario, Luna Flores Valmi Miriam, Miranda Solis
Franklin, Molina Gonzales Luis Javier, Molleapaza Ugarte Susana, Montalvo Gamarra
Jorge Alberto, Motta Flores Madalyne, Ninantay Torres Johnny, Pérez Huallpa
Juvenal, Quispe Ramos Anali, Rodrigo Carrasco Nilo, Rodríguez Achata Liset, Salas
Zúñiga Carmen Rosa, Serrano Del Carpio Judith, Solorzano Gutiérrez Sendy, Soria
Nieto Edgar Mamerto, Tapia Rodríguez Sandra Rosa, Tito Pacheco Rocío, Tito Ramos
Eddy Cesar, Torres Salguero Mirtha, Tupayachi Palomino Ana Cecilia, Ugarte Salva
Efraín, Umeres Cáceres Danilo Guillermo, Vargas Elguera Atilio, Yépez Cajigas Juan,
Zamalloa Puma Alan, Zúñiga Álvarez Luis Nicanor, por el devengado al mes de Marzo
2013.
SEGUNDO.- De la acreditación de la obligación.
2.1. Que, al caso le resulta aplicable lo dispuesto por el articulo 34 del Decreto
Supremo 054-97-EF; normatividad que obliga al empleador a retener y
pagar a la AFP en la que se encuentre afiliado el trabajador los aportes
previsionales que corresponda, dentro de los cinco días del mes siguiente
al que se devengaron las remuneraciones afectas.
2.2. Ahora bien, ante el incumplimiento de aquella obligación por parte del
empleador, el artículo 37 de la norma citada impone a la AFP la obligación de
interponer la correspondiente demanda de cobranza judicial de adeudos
previsionales, cuando al haber calculado y emitido la respectiva Liquidación
para Cobranza ésta contenga deuda previsional cierta, que exprese una
obligación exigible por razón de tiempo, lugar y modo.
2.3. De la liquidación para cobranza que obra de folios 3 a 6, se puede advertir que
cuentan con los requisitos exigidos por el ordenamiento legal citado, al
contener una obligación cierta, expresa, líquida y exigible respecto a los
aportes previsionales de los afiliados y período reclamado por la suma
ascendente a TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 13/100
NUEVOS SOLES, incluidos los intereses moratorios a la fecha de emisión de
dicha liquidación lo cual es perfectamente posible en aplicación del Literal f,
Art. 37. D.S.054-97-EF.
2.4. En consecuencia, dichos instrumentos constituyen título ejecutivo conforme lo
preceptuado por el literal g) del artículo 57 de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo – Ley 29497-, por lo tanto, es exigible a la demandada.
TERCERO.- Del incumplimiento de la obligación.-
3.1. De lo previsto por el artículo 38 del D.S. 054-97-EF se tiene que para enervar
el mérito ejecutivo del título puesto a cobro, corresponde al ejecutado formular
contradicción, sustentado en uno de los siguientes supuestos: a) El
cumplimiento de su obligación (cancelación de deuda), b) La falta de
formalidad del título ejecutivo (Nulidad formal o falsedad de la Liquidación
para Cobranza), c) La inexistencia de vínculo laboral o, d) El error de hecho en
la determinación de monto en la Liquidación para Cobranza, y/o e) Proponer la
excepciones o defensas previas.
3.2. En el presente caso, la ejecutada no ha formulado contradicción a la ejecución,
no obstante encontrarse debidamente notificada con las formalidades previstas
por el artículo 160 del Código Procesal Civil, conforme se advierte la
notificación de folios 16.
3.3. En consecuencia, queda demostrado en autos la existencia del adeudo de la
suma liquida que contiene la liquidación para cobranza y la falta de pago, por
lo tanto, corresponde amparar la demanda. De las pretensiones accesorias.
CUARTO.- De los intereses devengados.-
4.1. Que, la AFP actora pretende también que la ejecutada cumpla con el pago de
los intereses moratorios devengados y por devengarse hasta el pago efectivo de
la acreencia.
4.2. El artículo 35 del Decreto Supremo número 054-97-EF regula que en caso de
que el empleador no hubiera retenido o no hubiera pagado los aportes
previsionales, se encuentra obligado al pago de los intereses moratorios, el que
se entiende hasta la fecha de su cumplimiento.
4.3. Atendiendo que el título ejecutivo adjunto a la demanda cuenta con el cálculo
de intereses moratorios a la fecha de su emisión, corresponde a la demandada
el pago de dicho concepto desde la emisión de la liquidación hasta su
cancelación, liquidado en ejecución de sentencia.
QUINTO.- De las costas y costos.-
5.1. Finalmente, la AFP recurrente también exige el pago de costas y costos del
proceso.
5.2. Para ello, resulta de aplicación al caso lo previsto por el artículo 14° de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo, que textualmente establece: “La condena en
costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. El Juez exonera al
prestador de servicios de costas y costos, si la pretensión reclamada no supera
las setenta unidades de referencia procesal (URP), salvo que la parte hubiese
obrado con temeridad y mala fe. También hay exoneración si, en cualquier tipo
de pretensión, el Juez determinada que hubo motivos razonables para
demandar”.
5.3. Ahora bien, en ordenamiento Procesal Civil establece que las costas y costos
del Proceso son de cargo de la parte vencida, conforme se tiene de los regulado
por el Artículo 412 del Código Procesal Civil y en la medida que la demanda
será amparada en todos sus extremos, corresponde a la empresa ejecutada
pagar a favor de la demandante las costas y costos del proceso, a liquidarse en
ejecución de sentencia.
III.- PARTE RESOLUTIVA.
Por estos fundamentos, conforma lo regulado por el inciso 1 del
artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el artículo 31 de la Ley 29497, el
señor Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral del Cusco, administrando
justicia a nombre de la Nación;
F A L L A:
DECLARANDO FUNDADA LA DEMANDA de folios 7 a 12 sobre EJECUCION DE
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por la AFP. INTEGRA
mediante su apoderada Jhanet Yajaida Solano Ballarta contra UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUZCO con las pretensiones de Cobro de
aportes previsionales (de los afiliados Acuña Aguirre Nova Eugenia, Acurio Zarate
David, Aguilar Condori Francisco, Allauca Sierra Néstor Raúl, Aparicio Amanca Luis
Enrique, Aparicio Huacarpuma Victoria, Barreto Davila Julio Cesar, Beronica Huaraca
Balentin, Bolivar Yapura Wilber, Cama Valencia José Luis, Camero Pena Giancarlo,
Carpio Pacheco Jessy Aliceth, Carrazco Cuba Maria Elena, Castelo Vega Jean Marcel,
Cazorla Medina Edwin, Ccancce Medina Saturnina Truddy, Cjuno Huanca Olga Libia,
Colquehuanca Arias Ana María, Cotacallapa Sucapuca Mario Roger, Cruz Flores
Cynthia, Cruz Sihuincha Cristina, Cuentas Romana Yanet, Del Pozo Loayza Cesar
Edinho, Delgado Panduro Luis Santos, Enciso Huarcaya Jesús Bradil, Escobedo
Figueroa Héctor Rosendo, Espinoza Cárdenas Elias Macrobio, Gamarra Soto Lucio
Alberto, García Morales Washington Raul, Guzmán Figueroa Lizet Gianina, Hermoza
Rosell Ramiro, Herrera Vargas Marco Antonio, Huamán Cusihuaman Abraham, Huamán
Apaza Kelvin Jack, Huaycochea Núñez De La Torre Flor De María, Huillca Cursi Rosario
Sara, Juárez Gonzales Víctor Felipe, Laime Quispe Suyana, Lavilla Abarca Francisca, Licona Licona Edwin, López Mamani Mario, Luna Flores Valmi Miriam, Miranda Solis
Franklin, Molina Gonzales Luis Javier, Molleapaza Ugarte Susana, Montalvo Gamarra
Jorge Alberto, Motta Flores Madalyne, Ninantay Torres Johnny, Pérez Huallpa Juvenal,
Quispe Ramos Anali, Rodrigo Carrasco Nilo, Rodríguez Achata Liset, Salas Zúñiga
Carmen Rosa, Serrano Del Carpio Judith, Solorzano Gutiérrez Sendy, Soria Nieto Edgar
Mamerto, Tapia Rodríguez Sandra Rosa, Tito Pacheco Rocío, Tito Ramos Eddy Cesar,
Torres Salguero Mirtha, Tupayachi Palomino Ana Cecilia, Ugarte Salva Efraín, Umeres
Cáceres Danilo Guillermo, Vargas Elguera Atilio, Yépez Cajigas Juan, Zamalloa Puma
Alan, Zúñiga Álvarez Luis Nicanor, por el devengado al mes de Marzo 2013) pago de
intereses moratorios, así como costas y costos del proceso.
DISPONGO SE ADELANTE LA EJECUCION hasta que la entidad demandante se haga
pago del adeudo materia de cobranza ascendente a la suma de TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 13/100 NUEVOS SOLES, MAS INTERESES
MORATORIOS, CON COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO, a liquidarse en ejecución de
sentencia en la forma descrita, una vez consentida o ejecutoriada sea la presente
resolución.- TOMESE RAZÓN y HAGASE SABER.
Gdu. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO DE TRABAJO DEL CUSCO - ACTIVIDAD PRIVADA
EXPEDIENTE : 02463-2013-0-1001-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
JUEZ : COLQUE ROJAS RODOLFO
ESPECIALISTA : ALVAREZ ESTRADA JESSICA
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUZCO ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA,
SENTENCIA DE VISTA.
RESOLUCIÓN N° 06.
Cusco, veinticuatro de julio
Del año dos mil quince.
VISTO; El recurso de apelación presentado por ALFREDO FERNANDEZ TITTO
por en su condición de representante de la Universidad Nacional San Antonio Abada del
Cusco; y,
CONSIDERANDO;
PRIMERO: Antecedentes del Proceso.
• INTEGRA AFP solicita la ejecución de la Liquidación de cobranza de aportes
previsionales retenidos y no pagados correspondiente al periodo de devengue
Marzo del 2013 que obra a folios 03 a 06. Por Resolución N° 01 se admite a
trámite la demanda y se dicta el mandato ejecutivo;
• El represéntate de la demanda no absolvió la demanda ni formulo
contradicción.
• Se dicta sentencia de folios 17 a 20, declarando fundada la demanda;
• La sentencia es apelada por el representante de la demandada (fojas 45 a
46), la que es concedida con efecto suspendido y elevado a esta instancia.
SEGUNDO: Del Recurso de apelación.
2.1. Son fundamentos del recurso de apelación (fojas 45 a 46) los siguientes:
a. Se contradice la sentencia considerado que la liquidación de cobranza
corresponde a docentes contratados que al mes de marzo del 2’013 no
realizaron labores académicas por ser mes de vacaciones;
b. La sentencia emitida se baso únicamente en el aspecto formal de no haber
contradicho la demanda dentro del plazo legal establecido sin tener en
cuenta que las AFPs hacen sus cobros después de varios años lo que
dificulta la ubicación de planillas, lo que no es óbice para verificar los
documentos que presentan, de no hacerlo se deja de lado el principio de
elasticidad.
2.2. En nuestro sistema procesal el recurso de apelación tiene como uno de
sus principales principios el de limitación conocido como “Tantum Apellatum Quantum
Devolutum” sobre el que reposa el principio de congruencia, y que significa que el
órgano revisor al resolver la impugnación debe pronunciarse solamente sobre aquellas
pretensiones o agravios invocados por el impugnante, en este caso, en el recurso de
apelación. Significa ello que el Tribunal revisor sólo puede conocer y decidir aquellas
cuestiones que ha limitado la impugnación del recurrente; en consecuencia, este
Juzgado no tiene más facultades de revisión que aquellas que han sido objeto del
recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las cuestiones consentidas por
las partes o que no han sido cuestionadas porque éstas han quedado firmes.
2.3 Al respecto, se debe tener en consideración que dentro del presente proceso,
la parte demandada (ejecutada), debe enervar el mérito ejecutivo del mandato y título
con la “contradicción” sustentándola en alguna de las causales establecidas por el
literal b) del artículo 38º del Decreto Supremo Nº 054-97-EF. y aportando los medios
probatorios correspondientes, los cuales deben ser pertinentes y conducentes a esclarecer el conflicto de intereses. Así también; con respecto a las causales de
contradicción; nuestro sistema opta por un modelo de númerus clausus y más aún
establece los medios de prueba que deben presentarse en algunos causales de
contradicción, limitando a su vez, los medios de prueba; en ese orden, el literal b) del
artículo 38º del Decreto Supremo Nº 054-97-EF, establece lo siguiente:
“ b) El ejecutado podrá contradecir la ejecución sólo por los siguientes
fundamentos:
1. Estar cancelada la deuda, lo que se acreditará con copia de la Planilla
de Pagos de Aportes Previsionales debidamente cancelada;
2. Nulidad formal o falsedad de la Liquidación para Cobranza;
3. Inexistencia del vínculo laboral con el afiliado durante los
meses en que se habrían devengado los aportes materia de
cobranza, lo que se acreditará con copia de los libros de planillas;
4. Error de hecho en la determinación de monto consignado como deuda en
la Liquidación para Cobranza, lo que se acreditará con copia de los libros
de planillas o de las boletas de pago de remuneraciones suscritas por el
representante del demandado; y,
5. Las excepciones y defensas previas señaladas en los Artículos 446 y
455 del Código Procesal Civil.
La contradicción se deberá presentar acompañada de prueba documental que
acredite sus fundamentos, salvo los casos a que se refiere el numeral 2
precedente y el inciso 3) del Artículo 446 del Código Procesal Civil. No se admitirá
prueba distinta a los documentos. En caso que la contradicción se fundamente en
supuestos distintos a los enumerados precedentemente o no se acompaña la
prueba documental que corresponda, el Juez declarará liminarmente su
improcedencia imponiendo al demandado que la formuló una multa equivalente
a 10 Unidades de Referencia Procesal”.
Sin embargo, de autos se desprende que durante la etapa postulatoria, la
entidad demandada no ha ejercido el derecho a contradicción, pese a
encontrarse válidamente notificada con el mandato ejecutivo, conforme se tiene
de la cédula de notificación obrante a fojas 16; por tanto, la etapa de contradicción
que tenía la demandada ha precluído.
TERCERO:
3.1. Respecto, de la oportunidad en que deben ser ofrecidos los medios de
prueba; se debe tener en consideración que, nuestro ordenamiento jurídico recoge un
sistema restrictivo de admisión de los medios probatorios extemporáneos, pues éstos
sólo se deben acompañar con la demanda o su respectiva contestación (en la etapa
postulatoria) y luego de esta etapa, sólo es admisible si se llega a determinar que los
medios probatorios hacen referencia a hechos nuevos o que aun siendo antes del
proceso no han podido ser conocidos por la parte; al respecto el artículo 429 de nuestro
Código Procesal Civil, establece lo siguiente: “Después de interpuesta la demanda,
solo pueden ser ofrecidos los medios probatorios referidos a hechos nuevos o a
los mencionados por la otra parte al contestar la demanda o reconvenir (…)”,
debiéndose concordar dicho texto legal con lo preceptuado por el artículo 374 del
mismo cuerpo legal, el cual preceptúa que: “Las partes o terceros legitimados pueden
ofrecer medios probatorios en el escrito de formulación de la apelación o en el de
absolución de agravios, únicamente en los siguientes casos:
1. Cuando los medios probatorios estén referidos a la ocurrencia de
hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero acaecidos después de
concluida la etapa de postulación del proceso; y
2. Cuando se trate de documentos expedidos con fecha posterior al inicio
del proceso o que comprobadamente no se hayan podido conocer y obtener con
anterioridad. Es inimpugnable la resolución por la que el superior declara
inadmisibles los medios probatorios ofrecidos. Si fueran admitidos y los requiriese, se fijará fecha para la audiencia respectiva, la que será dirigida por el
Juez menos antiguo, si el superior es un órgano colegiado”.
Finalmente; la jurisprudencia, al respecto señala que “(…) Los actos procesales
deben ser ejecutados en las etapas correspondientes. Si el derecho a contradecir el
mandato de ejecución ha precluído, no puede sustituirse este por el recurso de apelación,
en el que se acompañan copia simples de recibos de pago, pues los medios probatorios en
apelación de sentencias está limitado únicamente a procesos de conocimiento y
abreviado (…)”
3.2. En ese orden; si bien la parte demandada ha anexado documentales,
conjuntamente con el recurso de apelación, conforme es de verse de los documentos de
fojas 34 a 36; empero, estos debieron ser presentados al momento de efectuarse la
contradicción del mandato ejecutivo, conforme lo establece el Decreto Supremo Nº 054-
97-EF; más aún si se considera que el proceso ejecutivo, como es el presente, nace de
un título ejecutivo, cuyas causales de contradicción, se limitan a los establecidos en la
norma jurídica (númerus clausus); sumándose a ello que tratándose del cobro de
aportes previsionales de AFP en la vía ejecutiva, los medios de prueba se limitan a los
documentos; sin embargo, dichos documentos fueron adjuntados al escrito de
apelación, que conforme establece la norma, no procede para este tipo de procesos
“ejecutivo”, más si que dichos medios probatorios tampoco se enmarcan en los
supuestos de prueba nueva, por no tratarse de hechos nuevos, y en tanto la demanda
fue planteada el 23 de diciembre del 2013 (fojas 07); tampoco fueron conocidos
después de la etapa postulatoria, o que para su emisión no se haya podido obtenerse
con fecha posterior al inicio del proceso pues como ya se indico, los documentos
adjuntados en la apelación pudieron ser obtenidos en la etapa postulatoria –
contradicción-; por ende, no puede valorarse los documentos adjuntos como medio de
prueba..
3.3 De lo así expuesto, no corresponde en esta etapa del proceso pronunciarse
respecto a la inexistencia de vinculo laboral, y más aun valorar medios de prueba
presentados con el escrito de apelación, toda vez que estos resultan ser extemporáneos.
CUARTO: Respecto del recurso de apelación,
4.1 La entidad demandada no ha cumplido con ejercer el derecho a
contradicción, pese a encontrarse válidamente notificada con el mandato ejecutivo,
conforme se tiene de la cédula de notificación obrante a fojas 16; por tanto, la etapa de
contradicción que tenía la demandada ha precluido. Esta negligencia no puede ser
subsanada ni subsanada por un recurso de apelación mucho menos por el principio de
elasticidad el cual no puede desconocer el principio de preclusión.
4.2 En este sentido, como podría el Juez de Primera Instancia conocer que
efectivamente habría inexistencia del vinculo como alega en su escrito de apelación la
demandada, indicando “…que la liquidación de cobranza N° IN13c00112706 corresponde
a docentes contratados, los mismos que no laboraron durante el mes de marzo de 2013
por ser vacaciones de docentes ”, sin embargo se debe tener en cuenta el numeral 3 del
inciso b) del artículo 38 del Decreto Supremo N° 054-97-EF, esto es Inexistencia del
vínculo laboral con el afiliado durante los meses en que se habrían devengado los aportes
materia de cobranza, lo que se acreditará con copia de los libros de planillas;
cuando esto no fue invocado en el plazo de Ley mediante la contradicción y permitiendo
que la parte demandante se pronuncie sobre estos argumentos? Evidentemente no era
posible, por que la demandada decidió no enervar el mérito ejecutivo tanto de los títulos
ejecutivos como del mandato ejecutivo. Bajo este escenario, es correcto que el A quo
declare fundada la demanda.
Lo irregular sería declararla infundada, cuando la parte demandada no ha
enervado el merito ejecutivo del título. Acaso el A quo puede formular o proponer
contradicción?, evidentemente no puede hacerlo por que este derecho corresponde
exclusivamente a la pare demandada. 4.3. Por lo señalado precedentemente los argumentos de la apelación no
enervan en absoluto la recurrida; por el contrario se aprecia que la apelada fue dictada
de acuerdo al Estado del Proceso y de acuerdo a derecho.
Por lo anteriormente expuesto; SE RESUELVE: CONFIRMAR la sentencia
recurrida dictada como Resolución N° 2 que en autos obra a fojas 17 a 20, que falla,
declarando “FUNDADA LA DEMANDA de folios 7 a 12 sobre EJECUCION DE
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO, interpuesta por la AFP. INTEGRA mediante
su apoderada (…) contra la UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL
CUSCO con las pretensiones de Cobro de aportes previsionales (…) pago de
intereses moratorios, así como costas y costos del proceso. DISPONE SE
ADELANTE LA EJECUCIÓN hasta que la entidad demandante se haga pago del adeudo
materia de cobranza ascendente a la suma de Tres mil ochocientos ochenta y uno CON
13/100 nuevos soles mas intereses moratorios, con costos y costas del proceso, a
liquidarse en ejecución de sentencia (…)” y todo lo demás que contiene; y
devuélvase los actuados al Juzgado de origen para que continúe el trámite de la
presente, en los seguidos por AFP INTEGRA contra la Universidad Nacional San
Antonio Abad del Cusco.- Dando cuenta la Especialista legal que autoriza por
disposición Superior.- H.S. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE CUSCO
Juez: DIAZ USCA GUDRIEL
Fecha: 29/01/2014 12:19:35
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: CUSCO/CUSCO
FIRMA DIGITAL
2°JUZ.DE PAZ LETRADO EN MATERIA LABORAL DEL CUSCO
EXPEDIENTE : 02463-2013-0-1001-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR AFPS
ESPECIALISTA : MARIELA NIEVES GUZMAN RUIZ
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUZCO ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA.
SENTENCIA : 156-2014
SENTENCIA
RESOLUCIÓN Nº 02
Cusco, veintinueve de enero
del año dos mil catorce.-
VISTO; el proceso dado cuenta en la fecha, en los seguidos por la AFP
INTEGRA representada por su apoderada Jhanet Yajaida Solano Ballarta; sobre
EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO contra UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUZCO; y,
I.- PARTE EXPOSITIVA.
1.- De la demanda.-
1.1.- De fojas 7 a 12, se advierte que la actora interpone la demanda de Ejecución de
Obligación de dar Suma de Dinero con el objeto de:
a) Pretensión Principal.- Que la obligada UNIVERSIDAD NACIONAL SAN
ANTONIO ABAD DEL CUZCO cumpla con pagar la suma de TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 13/100 NUEVOS SOLES, (S/.
3,881.13), contenidos en la liquidación para cobranza adjunto a la
demanda.
b) Pretensión accesoria.- Pago de intereses moratorios por devengados y por
devengarse hasta el pago efectivo de la deuda, costas y costos del proceso.
1.2.- Los fundamentos fácticos se encuentran circunscritos a lo siguiente:
• Que, la demandada es empleadora de trabajadores afiliados a la AFP y
no ha cumplido con efectuar el pago de los aportes al Sistema Privado
de Pensiones, en el plazo y las formalidades establecidos en las normas
previsionales.
• En tal virtud la empresa, amparada en las normas legales vigentes
procedió a emitir las liquidaciones para cobranza, detallando las
afiliadas, los periodos impagos y montos adeudados.
2.- Actividad Jurisdiccional.-
• Con resolución número uno (folios 13 a 14) se dicta el mandato
ejecutivo, con el que fue notificado el ejecutado en el domicilio
proporcionado por la AFP actora, conforme se advierte la notificación de
folios 16; no obstante el tiempo transcurrido no ha formulado
contradicción, siendo el estado del proceso el de emitir sentencia.
II.- PARTE CONSIDERATIVA.
PRIMERO: Delimitación del petitorio principal
La AFP actora, pretende el pago de la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
UNO CON 13/100 NUEVOS SOLES por concepto de aportes previsionales impagos de
los afiliados Acuña Aguirre Nova Eugenia, Acurio Zarate David, Aguilar Condori
Francisco, Allauca Sierra Néstor Raúl, Aparicio Amanca Luis Enrique, Aparicio
Huacarpuma Victoria, Barreto Davila Julio Cesar, Beronica Huaraca Balentin, Bolivar
Yapura Wilber, Cama Valencia José Luis, Camero Pena Giancarlo, Carpio Pacheco
Jessy Aliceth, Carrazco Cuba Maria Elena, Castelo Vega Jean Marcel, Cazorla Medina
Edwin, Ccancce Medina Saturnina Truddy, Cjuno Huanca Olga Libia, Colquehuanca
Arias Ana María, Cotacallapa Sucapuca Mario Roger, Cruz Flores Cynthia, Cruz Sihuincha Cristina, Cuentas Romana Yanet, Del Pozo Loayza Cesar Edinho, Delgado
Panduro Luis Santos, Enciso Huarcaya Jesús Bradil, Escobedo Figueroa Héctor
Rosendo, Espinoza Cárdenas Elias Macrobio, Gamarra Soto Lucio Alberto, García
Morales Washington Raul, Guzmán Figueroa Lizet Gianina, Hermoza Rosell Ramiro,
Herrera Vargas Marco Antonio, Huamán Cusihuaman Abraham, Huamán Apaza
Kelvin Jack, Huaycochea Núñez De La Torre Flor De María, Huillca Cursi Rosario
Sara, Juárez Gonzales Víctor Felipe, Laime Quispe Suyana, Lavilla Abarca Francisca,
Licona Licona Edwin, López Mamani Mario, Luna Flores Valmi Miriam, Miranda Solis
Franklin, Molina Gonzales Luis Javier, Molleapaza Ugarte Susana, Montalvo Gamarra
Jorge Alberto, Motta Flores Madalyne, Ninantay Torres Johnny, Pérez Huallpa
Juvenal, Quispe Ramos Anali, Rodrigo Carrasco Nilo, Rodríguez Achata Liset, Salas
Zúñiga Carmen Rosa, Serrano Del Carpio Judith, Solorzano Gutiérrez Sendy, Soria
Nieto Edgar Mamerto, Tapia Rodríguez Sandra Rosa, Tito Pacheco Rocío, Tito Ramos
Eddy Cesar, Torres Salguero Mirtha, Tupayachi Palomino Ana Cecilia, Ugarte Salva
Efraín, Umeres Cáceres Danilo Guillermo, Vargas Elguera Atilio, Yépez Cajigas Juan,
Zamalloa Puma Alan, Zúñiga Álvarez Luis Nicanor, por el devengado al mes de Marzo
2013.
SEGUNDO.- De la acreditación de la obligación.
2.1. Que, al caso le resulta aplicable lo dispuesto por el articulo 34 del Decreto
Supremo 054-97-EF; normatividad que obliga al empleador a retener y
pagar a la AFP en la que se encuentre afiliado el trabajador los aportes
previsionales que corresponda, dentro de los cinco días del mes siguiente
al que se devengaron las remuneraciones afectas.
2.2. Ahora bien, ante el incumplimiento de aquella obligación por parte del
empleador, el artículo 37 de la norma citada impone a la AFP la obligación de
interponer la correspondiente demanda de cobranza judicial de adeudos
previsionales, cuando al haber calculado y emitido la respectiva Liquidación
para Cobranza ésta contenga deuda previsional cierta, que exprese una
obligación exigible por razón de tiempo, lugar y modo.
2.3. De la liquidación para cobranza que obra de folios 3 a 6, se puede advertir que
cuentan con los requisitos exigidos por el ordenamiento legal citado, al
contener una obligación cierta, expresa, líquida y exigible respecto a los
aportes previsionales de los afiliados y período reclamado por la suma
ascendente a TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 13/100
NUEVOS SOLES, incluidos los intereses moratorios a la fecha de emisión de
dicha liquidación lo cual es perfectamente posible en aplicación del Literal f,
Art. 37. D.S.054-97-EF.
2.4. En consecuencia, dichos instrumentos constituyen título ejecutivo conforme lo
preceptuado por el literal g) del artículo 57 de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo – Ley 29497-, por lo tanto, es exigible a la demandada.
TERCERO.- Del incumplimiento de la obligación.-
3.1. De lo previsto por el artículo 38 del D.S. 054-97-EF se tiene que para enervar
el mérito ejecutivo del título puesto a cobro, corresponde al ejecutado formular
contradicción, sustentado en uno de los siguientes supuestos: a) El
cumplimiento de su obligación (cancelación de deuda), b) La falta de
formalidad del título ejecutivo (Nulidad formal o falsedad de la Liquidación
para Cobranza), c) La inexistencia de vínculo laboral o, d) El error de hecho en
la determinación de monto en la Liquidación para Cobranza, y/o e) Proponer la
excepciones o defensas previas.
3.2. En el presente caso, la ejecutada no ha formulado contradicción a la ejecución,
no obstante encontrarse debidamente notificada con las formalidades previstas
por el artículo 160 del Código Procesal Civil, conforme se advierte la
notificación de folios 16.
3.3. En consecuencia, queda demostrado en autos la existencia del adeudo de la
suma liquida que contiene la liquidación para cobranza y la falta de pago, por
lo tanto, corresponde amparar la demanda. De las pretensiones accesorias.
CUARTO.- De los intereses devengados.-
4.1. Que, la AFP actora pretende también que la ejecutada cumpla con el pago de
los intereses moratorios devengados y por devengarse hasta el pago efectivo de
la acreencia.
4.2. El artículo 35 del Decreto Supremo número 054-97-EF regula que en caso de
que el empleador no hubiera retenido o no hubiera pagado los aportes
previsionales, se encuentra obligado al pago de los intereses moratorios, el que
se entiende hasta la fecha de su cumplimiento.
4.3. Atendiendo que el título ejecutivo adjunto a la demanda cuenta con el cálculo
de intereses moratorios a la fecha de su emisión, corresponde a la demandada
el pago de dicho concepto desde la emisión de la liquidación hasta su
cancelación, liquidado en ejecución de sentencia.
QUINTO.- De las costas y costos.-
5.1. Finalmente, la AFP recurrente también exige el pago de costas y costos del
proceso.
5.2. Para ello, resulta de aplicación al caso lo previsto por el artículo 14° de la
Nueva Ley Procesal de Trabajo, que textualmente establece: “La condena en
costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. El Juez exonera al
prestador de servicios de costas y costos, si la pretensión reclamada no supera
las setenta unidades de referencia procesal (URP), salvo que la parte hubiese
obrado con temeridad y mala fe. También hay exoneración si, en cualquier tipo
de pretensión, el Juez determinada que hubo motivos razonables para
demandar”.
5.3. Ahora bien, en ordenamiento Procesal Civil establece que las costas y costos
del Proceso son de cargo de la parte vencida, conforme se tiene de los regulado
por el Artículo 412 del Código Procesal Civil y en la medida que la demanda
será amparada en todos sus extremos, corresponde a la empresa ejecutada
pagar a favor de la demandante las costas y costos del proceso, a liquidarse en
ejecución de sentencia.
III.- PARTE RESOLUTIVA.
Por estos fundamentos, conforma lo regulado por el inciso 1 del
artículo 139 de la Constitución Política del Perú y el artículo 31 de la Ley 29497, el
señor Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral del Cusco, administrando
justicia a nombre de la Nación;
F A L L A:
DECLARANDO FUNDADA LA DEMANDA de folios 7 a 12 sobre EJECUCION DE
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por la AFP. INTEGRA
mediante su apoderada Jhanet Yajaida Solano Ballarta contra UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUZCO con las pretensiones de Cobro de
aportes previsionales (de los afiliados Acuña Aguirre Nova Eugenia, Acurio Zarate
David, Aguilar Condori Francisco, Allauca Sierra Néstor Raúl, Aparicio Amanca Luis
Enrique, Aparicio Huacarpuma Victoria, Barreto Davila Julio Cesar, Beronica Huaraca
Balentin, Bolivar Yapura Wilber, Cama Valencia José Luis, Camero Pena Giancarlo,
Carpio Pacheco Jessy Aliceth, Carrazco Cuba Maria Elena, Castelo Vega Jean Marcel,
Cazorla Medina Edwin, Ccancce Medina Saturnina Truddy, Cjuno Huanca Olga Libia,
Colquehuanca Arias Ana María, Cotacallapa Sucapuca Mario Roger, Cruz Flores
Cynthia, Cruz Sihuincha Cristina, Cuentas Romana Yanet, Del Pozo Loayza Cesar
Edinho, Delgado Panduro Luis Santos, Enciso Huarcaya Jesús Bradil, Escobedo
Figueroa Héctor Rosendo, Espinoza Cárdenas Elias Macrobio, Gamarra Soto Lucio
Alberto, García Morales Washington Raul, Guzmán Figueroa Lizet Gianina, Hermoza
Rosell Ramiro, Herrera Vargas Marco Antonio, Huamán Cusihuaman Abraham, Huamán
Apaza Kelvin Jack, Huaycochea Núñez De La Torre Flor De María, Huillca Cursi Rosario
Sara, Juárez Gonzales Víctor Felipe, Laime Quispe Suyana, Lavilla Abarca Francisca, Licona Licona Edwin, López Mamani Mario, Luna Flores Valmi Miriam, Miranda Solis
Franklin, Molina Gonzales Luis Javier, Molleapaza Ugarte Susana, Montalvo Gamarra
Jorge Alberto, Motta Flores Madalyne, Ninantay Torres Johnny, Pérez Huallpa Juvenal,
Quispe Ramos Anali, Rodrigo Carrasco Nilo, Rodríguez Achata Liset, Salas Zúñiga
Carmen Rosa, Serrano Del Carpio Judith, Solorzano Gutiérrez Sendy, Soria Nieto Edgar
Mamerto, Tapia Rodríguez Sandra Rosa, Tito Pacheco Rocío, Tito Ramos Eddy Cesar,
Torres Salguero Mirtha, Tupayachi Palomino Ana Cecilia, Ugarte Salva Efraín, Umeres
Cáceres Danilo Guillermo, Vargas Elguera Atilio, Yépez Cajigas Juan, Zamalloa Puma
Alan, Zúñiga Álvarez Luis Nicanor, por el devengado al mes de Marzo 2013) pago de
intereses moratorios, así como costas y costos del proceso.
DISPONGO SE ADELANTE LA EJECUCION hasta que la entidad demandante se haga
pago del adeudo materia de cobranza ascendente a la suma de TRES MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 13/100 NUEVOS SOLES, MAS INTERESES
MORATORIOS, CON COSTAS Y COSTOS DEL PROCESO, a liquidarse en ejecución de
sentencia en la forma descrita, una vez consentida o ejecutoriada sea la presente
resolución.- TOMESE RAZÓN y HAGASE SABER.
Gdu. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3°JUZ. DE PAZ LETRADO DE CUSCO-S.ExMeson Urb.La Florida C-14
EXPEDIENTE : 02766-2013-0-1001-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : TURPO DIAZ ALIRA
ESPECIALISTA : HUANCA CCAPCHA JUANA PAULA
DEMANDADO : TRACTOMOTRIZ AMAZONAS SRL ,
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
AUTO QUE DECLARA DEUDOR JUDICIAL MOROSO
Resolución Nro.28
Cusco, 22 de diciembre del 2021-
AL ESCRITO NUMERO 14900-2021: VISTO: El escrito que precede de la
entidad demandante en el presente proceso de obligación de dar suma de dinero; y;
CONSIDERANDO:
1. Previó al análisis que corresponde, cabe referir que la ley Nº 30201, permite la
inscripción en el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a solicitud de parte, la
información de toda persona natural o jurídica, declarada como “deudor judicial
moroso” mediante resolución judicial.
2. De la lectura del artículo 692-A del Código Procesal Civil, modificada Ley Nº30201,
podemos advertir que previo a la declaración de deudor judicial moroso, corresponde
decretar un apercibimiento al deudor consistente en que:” en el quinto día de notificado,
señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados, a efectos
que, con su realización, se cumpla el mandato de pago, bajo apercibimiento de
declarársele deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en el Registro de
Deudores Judiciales Morosos”.
3. Asimismo, cabe referir que la inscripción en el Registro de Deudores Judiciales
Morosos, no extingue la obligación del deudor, pues ella únicamente, se extingue por
cualquiera de las modalidades previstas por el Código Civil. Igualmente, se debe tener
en cuenta que la inscripción del deudor en el registro mencionado, constituye título
suficiente para que el acreedor, en caso así lo considere, le atribuya los fines tributarios
y contables pertinentes.
4. Bajo dicha perspectiva, en el caso concreto, mediante Auto Final contenido en la
resolución Nº 07 de fecha 26 de junio del 2014 (folio 61 y siguientes), se declaró
fundada la demanda interpuesta por BANCO CRÉDITO DEL PERÚ representado por
Cesar Aucca Barcena, contra TRACTOMOTRIZ AMAZONAS S.R.L. sobre obligación
de dar suma de dinero, Resolución que fue confirmada por el superior mediante
resolución número 12 de fecha 25 de noviembre del 2014 (folios 96 y siguientes).
5. Sin embargo, pese al mandato contenido en el Auto Final, así como al requerimiento de
pago efectuado mediante resolución Nro. 19 el demandado no ha cumplido hasta la
fecha con el pago del monto adeudado, por lo que a petición del demandante, y de
conformidad a lo previsto en el articulo 692-A del Código Procesal Civil , mediante
1
resolución Nº 24 (folio 162), y resolución 25 se ha requerido al demandado a fin que
cumpla con señalar sus bienes libres de gravamen o parcialmente gravados bajo
apercibimiento de declararse deudor judicial moroso e inscribirse dicho estado en el
Registro de Deudores Judiciales Morosos. Cabe indicar, que dicha resolución ha sido
debidamente notificada al demandado conforme se aprecia de folios 164, 176 , 177 y
179 y 181 sin embargo, pese a ello no cumple con pagar el monto adeudado, ni señala
sus bienes libres de gravamen o parcialmente gravados para fines de proceder a la
ejecución forzada.
6. En consecuencia, estando a lo expuesto en precedencia y atendiendo el pedido
formulado por el demandante, corresponde declarar a la entidad demandado TRACTOMOTRIZ AMAZONAS SRL con RUC 20527454892, como Deudor Judicial
Moroso, debiendo disponerse su inscripción como tal, en el Registro de Deudores
Judiciales Morosos.
Por estos fundamentos, SE RESUELVE: DECLARAR DEUDOR JUDICIAL
MOROSO a TRACTOMOTRIZ AMAZONAS SRL con RUC 20527454892,
representado por MANUEL CANAHUIRI CANSAYA quien adeuda a favor de la
entidad demandante BANCO CREDITO DEL PERU representado por Cesar Aucca
Barcena, la suma de $/. 2,853.13 Dólares Americanos, en tal virtud, INSCRIBASE
dicho estado en el Registro de Deudores Judiciales Morosos, a cargo de esta Corte
Superior de Justicia, ello una vez consentida y/ o ejecutoriada quede la presente
resolución. H.S. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Juez: GANIKU HIGA, JACQUELINE
Fecha: 22/10/2013 08:20:04
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LINCE - SAN ISIDRO
FIRMA DIGITAL
CCOORRTTEE SSUUPPEERRIIOORR DDEE JJUUSSTTIICCIIAA DDEE LLIIMMAA
TTEERRCCEERR JJUUZZGGAADDOO DDEE PPAAZZ LLEETTRRAADDOO DDEE
LLIINNCCEE YY SSAANN IISSIIDDRROO
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE LIMA
Secretario: VARGAS ROJAS, EXPEDIENTE : 04741-2013-0-1802-JP-LA-03
RUBEN
Fecha: 22/10/2013 08:58:49 SECRETARIO : RUBEN VARGAS
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LINCE - SAN
ISIDRO DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : SN POWER PERU SA
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO (AFP)
SSSEEENNNTTTEEENNNCCCIIIAAA
RESOLUCION NÚMERO: CUATRO
Lince, veintiuno de octubre
Del año dos mil trece.-
VISTOS: Resulta de autos que AFP HORIZONTE SA interpone
demanda de obligación de dar suma de dinero en la vía de proceso de ejecución contra SN
POWER PERU SA, a fin que cumpla con pagarle la suma de UN MIL NOVECIENTOS NUEVE
NUEVOS SOLES CON UN CENTIMO, más los intereses, costas y costos del proceso. Como
fundamento la parte demandante señala que la parte demandada ha incumplido con el pago
de los aportes previsionales al Sistema Privado de Pensiones, razón por la cual acudió al
Órgano Jurisdiccional. Mediante resolución uno se emitió el Mandato Ejecutivo obrante a
fojas doce el mismo que fue notificado al ejecutado, sin que formule contradicción dentro del
plazo legal, en consecuencia la causa se encuentra expedita para emitir sentencia, por lo que
se procede a emitirla; y CONSIDERANDO; PRIMERO: Que, según inciso 1 del artículo 1219
del Código Civil: “Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor a emplear las medidas
legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado”; SEGUNDO: El artículo 34°
del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de
Pensiones, D.S. 054-97- EF, señala que los aportes de los trabajadores dependientes de dicho
sistema deben ser retenidos y pagados por la empleadora del trabajador a la AFP en la cual
éste se encuentra afiliado, dentro los cinco primeros días del mes siguiente de aquél en que se
devengaron las remuneraciones afectadas; TERCERO: La presente demanda tiene por objeto
que la parte ejecutada, pague a la AFP demandante la suma de los aportes al Sistema Privado
de Pensiones correspondientes a los trabajadores afiliados a dicha AFP, cuyo monto se
encuentra acreditado con la liquidación para Cobranza de Aportes Provisionales obrante de
folios dos que se recaudan con la demanda y por los períodos devengados que en ellas se
detallan, las mismas que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 37° de la citada
norma, asimismo la obligación reclamada es cierta, expresa, exigible y liquida; CUARTO: En
consecuencia, no habiendo la ejecutada desvirtuado los fundamentos que sirvieron de base
para expedir el auto de pago, ni acreditado haber cancelado la suma puesta a cobro, debe
llevarse adelante la ejecución; por lo que, administrando justicia a nombre de la Nación, La
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro de la Corte Superior de
justicia de Lima, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado
y su Ley Orgánica, así como de las normas previamente glosadas, FALLA: Declarando
FUNDADA la demanda, ORDENANDO: LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN hasta que la
ejecutada SN POWER PERU SA cumpla con pagar al ejecutante AFP HORIZONTE SA, la
suma puesta a cobro ascendente a UN MIL NOVECIENTOS NUEVE NUEVOS SOLES CON
UN CENTIMO incluyendo el pago de intereses moratorios devengados con posterioridad a la
fecha de emisión de la Liquidación presentada, con costas y costos del proceso. Notifíquese.- |
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Juez: GANIKU HIGA, JACQUELINE
Fecha: 24/03/2014 15:36:50
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LINCE - SAN ISIDRO
FIRMA DIGITAL
CCOORRTTEE SSUUPPEERRIIOORR DDEE JJUUSSTTIICCIIAA DDEE LLIIMMAA
TTEERRCCEERR JJUUZZGGAADDOO DDEE PPAAZZ LLEETTRRAADDOO DDEE
LLIINNCCEE YY SSAANN IISSIIDDRROO
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: VARGAS ROJAS, EXPEDIENTE : 07377-2013-0-1802-JP-LA-03
RUBEN
Fecha: 24/03/2014 15:51:11
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL SECRETARIO : RUBEN VARGAS
D.Judicial: LIMA/LINCE - SAN
ISIDRO DEMANDANTE : AFP INTEGRA
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : CENTURY MINING PERU SAC
MATERIA : OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (AFP)
SSSEEENNNTTTEEENNNCCCIIIAAA
RESOLUCIÓN NÚMERO: DOS
Lince, veintiuno de marzo
Del año dos mil catorce.-
VISTOS: Resulta de autos que, AFP INTEGRA interpone demanda de
obligación de dar suma de dinero en la vía de proceso de ejecución contra CENTURY MINING PERU
SAC, a fin que cumpla con pagarle la suma de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES
NUEVOS SOLES CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS, más los intereses, costas y costos del proceso.
Como fundamento la demandante señala que la demandada es empleadora de trabajadores afiliados
a AFP INTEGRA y no ha cumplido con efectuar el pago de los aportes al Sistema Privado de Pensiones
en el plazo y las formalidades establecidos en las normas previsionales, razón por la cual acudió al
Órgano Jurisdiccional. Mediante resolución uno emitió el Mandato Ejecutivo obrante a fojas dieciséis,
el mismo que fue notificado al ejecutado, sin que formule contradicción dentro del plazo legal, en
consecuencia la causa se encuentra expedita para emitir sentencia, por lo que se procede a emitirla; y
CONSIDERANDO; PRIMERO: Que, según inciso 1 del artículo 1219 del Código Civil “Es efecto de las
obligaciones autorizar al acreedor a emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello
a que está obligado”; SEGUNDO: El artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema
Privado de Administración de Fondos de Pensiones, D.S. 054-97- EF, señala que los aportes de los
trabajadores dependientes de dicho sistema deben ser retenidos y pagados por la empleadora del
trabajador a la AFP en la cual éste se encuentra afiliado, dentro los cinco primeros días del mes
siguiente de aquél en que se devengaron las remuneraciones afectadas; TERCERO: La presente
demanda tiene por objeto que la parte ejecutada, pague a la AFP demandante la suma de los aportes
al Sistema Privado de Pensiones correspondientes a los trabajadores afiliados a dicha AFP, cuyo
monto se encuentra acreditado con la liquidación para Cobranza de Aportes Provisionales obrante de
folios cinco a siete que se recaudan con la demanda y por los períodos devengados que en ellas se
detallan, las mismas que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 37° de la citada norma,
asimismo la obligación reclamada es cierta, expresa, exigible y liquida; CUARTO: En consecuencia, no
habiendo la ejecutada desvirtuado los fundamentos que sirvieron de base para expedir el auto de
pago, ni acreditado haber cancelado la suma puesta a cobro, debe llevarse adelante la ejecución; por
lo que, administrando justicia a nombre de la Nación, La Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado de
Lince y San Isidro de la Corte Superior de justicia de Lima, en uso de las atribuciones que le confiere
la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, así como de las normas previamente glosadas,
FALLA: Declarando FUNDADA la demanda, ORDENANDO: LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN hasta
que la ejecutada CENTURY MINING PERU SAC cumpla con pagar al ejecutante AFP INTEGRA, la suma
puesta a cobro ascendente a VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES NUEVOS SOLES CON
NOVENTA Y CINCO CENTIMOS incluyendo el pago de intereses moratorios devengados con
posterioridad a la fecha de emisión de la Liquidación presentada, con costas y costos del proceso.
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
SEÑOR JUEZ:
Doy cuenta a usted; que estando a la carga procesal que soporta esta
secretaria, el especialista legal que interviene en cumplimiento de sus funciones procede a dar
cuenta en la fecha al escrito ingresado con Código de Digitalización N° 341686-2019, lo que se
informa para los fines pertinentes.
Lima, 09 de agosto del 2019
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 07884-2013-0-1801-JR-LA-02
MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
DEMANDADO : UNIVERSIDAD FEDERICO VILLAREAL
DEMANDANTE : NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS
ESPECIALISTA : CHRISTIAN LINARES TINAJEROS
RESOLUCION N° 20
Lima, nueve de agosto del año dos mil diecinueve. -
ANTECEDENTES
Con la razón que antecede, se da cuenta al escrito presentado por la parte demandante de fecha
30 de abril de los corrientes, mediante el cual absuelve el tramite conferido mediante resolución
que antecede y encontrándose pendiente de resolver las observaciones formuladas se procede a
emitir la presente resolución.
FUNDAMENTOS Primero: Mediante resolución N° 02 de fecha 09 de noviembre del 2017 el presente juzgado
dispone comisionar al perito judicial adscrito al juzgado a fin de que efectué la liquidación de los
intereses legales generados en el proceso.
Segundo: Dando respuesta a lo ordenado el perito judicial Zelaya Martínez emite el Informe
Pericial N° 007-2018-2do.JLL-PJ-MZM liquidando por el concepto de intereses la suma de S/.
4,744.00 soles el cual es puesto a conocimiento de las partes con fecha 16 de marzo del 2018
mediante resolución N° 13.
Tercero: Ante esto, la parte demandante mediante escrito de fecha 23 de marzo del 2018
formula observación al citado Informe Pericial fundamentando la misma en que la liquidación
efectuada contraviene el mandato contenido en la Sentencia, pues en su Considerando 29 se
señala expresamente que los intereses se devengan desde el día siguiente que se produjo el
hecho dañoso, apartándose así indebidamente el perito ya que decide aplicar diversas normas
del Código Civil calculando los intereses desde la notificación de la demanda.
Cuarto: Absolviendo el traslado ante la observación formulada, el perito judicial Koch Torres
emite el Informe Pericial N° 027-2018-PJ-DAKT conforme a lo ordenado mediante resolución N°
14 precisando en el que, la Sentencia N° 43 de fecha 29 de enero del 2016 obrante de fojas 213
a 225 en su Considerando 29 ha señalado que los intereses legales cuya condena en aplicación
analógica del artículo 1985 del Código Civil debe producirse desde cuando se verifica
objetivamente la existencia de la hipótesis que produce los daños y perjuicios; por lo que, los
intereses legales ascienden a la suma de S/. 216,574.40 soles.
Quinto: La demandada, al tener conocimiento de lo resuelto en el nuevo Informe Pericial,
mediante escrito de fecha 08 de junio del 2018 formula observación contra este, argumentando
que el cálculo debe efectuarse desde la fecha de interposición de la demanda (02.02.15) hasta el
(15.05.17) fecha de cancelación de la deuda principal y no desde la fecha de origen del
incidente.
Sexto: Absolviendo el traslado, el perito judicial Zelaya Martínez emite el Informe Pericial N°
081-2018-2do.JLL-PJ-MZM señalando en el que ratifica el cálculo de intereses realizado en el
Informe Pericial hallado de fojas 273 a 274, en razón a que dicho calculo se ha efectuado en concordancia con lo dispuesto en el Pleno de Junio del 2008, con respecto al cálculo de
intereses sobre la Indemnización por Daños y Perjuicios.
Séptimo: Frente a esto, el demandante mediante escrito de fecha 11 de septiembre formula
observación contra dicho Informe, argumentando que el mismo no es explicito con relación a la
motivación de la forma de liquidación de intereses que se aplicó en los Informes observados, y
que el mismo debe ser aplicado teniendo en cuenta el Considerando 29 de la Sentencia.
Octavo: El perito judicial absolviendo el traslado emite el Informe Pericial N° 020-2019-2do.JLL-
PJ-MZM precisando que si bien es cierto, lo señalado por el actor, sobre el cálculo de los
intereses legales debería aplicarse de acuerdo a lo ordenado en Sentencia, también es cierto
que tuvo a la vista el Acuerdo suscitado en el Pleno de Junio del 2008, con respecto al cálculo de
intereses por el concepto de daños y perjuicios que señala: “En Conclusión Plenaria: El pleno
adoptó por MAYORIA la postura número 2, que enuncia lo siguiente:”Los intereses
legales en los procesos de indemnización por daños y perjuicios, en materia laboral,
deben calcularse a partir del emplazamiento del demandado”; Y, que en atención a lo
dispuesto en dicho Pleno aplicó para el Cálculo de los Intereses Legales en el Informe
Primigenio observado No.007-2018-2do.JLL-PJ-MZM, de fecha 12.01.18, obrante a fojas 273 a
274, el cual fue observado por el demandante, y procediéndose en absolver con el Informe
Pericial No. 027-2018-PJ-DAKT, que ejecutó los intereses tomando en cuenta lo resuelto en
Sentencia, Informe, que también fue observado por la parte emplazada; concluyendo que al
observar las incongruencias suscitadas por las partes, con respecto a la liquidación de los
intereses legales por concepto de daños y perjuicios en los Informe observados, decide pasar los
autos a Despacho para mejor resolver, en razón de que es un ASUNTO DE PURO DERECHO.
Noveno: Entonces, a fin de resolver la controversia generada respecto al correcto cálculo de los
intereses corresponde indicar que la Sentencia N° 43 de fecha 29 de enero del 2016, expedida
en el caso de autos ha adquirido la calidad de cosa juzgada por haber sido declarada
consentida.
Décimo: En atención a ello, cabe mencionar que una de las garantías de la impartición de
justicia consagrada por la Constitución es la inmutabilidad de la cosa juzgada. Al respecto,
resulta necesario indicar que la Constitución, en su artículo 139, inciso 2), establece que
«Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han
pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar
sentencias ni retardar su ejecución».
Décimo Primero: Asimismo, es preciso establecer que el Tribunal Constitucional, al dotar de
contenido a dicho atributo, ha sostenido que «Mediante la garantía de la cosa juzgada se
instituye el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto
fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante nuevos medios impugnatorios, ya sea
porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en
segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no
pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros
o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó»
(fundamento 38 de la sentencia emitida en el Expediente Nº 4587-2004-AA/TC).
Décimo Segundo: Igualmente, corresponde manifestar que el Tribunal también ha determinado
que «El derecho a la tutela jurisdiccional (art. 139º, inc. 3, Const.) garantiza, entre otros
aspectos, que una sentencia con calidad de cosa juzgada sea cumplida en sus términos. Como
consecuencia de ello, se desprende, por un lado, un mandato de que las autoridades cumplan lo
ordenado o declarado en ella en sus propios términos y, por otro, una prohibición de que
cualquier autoridad, incluida la jurisdiccional, deje sin efecto las sentencias y, en general,
resoluciones que detentan la calidad de cosa juzgada (art. 139º, inc. 2, Const.).» (fundamento 4
de la sentencia emitida en el Expediente Nº 1569-2006-AA/TC).
Décimo Tercero: De acuerdo con lo señalado hasta aquí, se puede concluir que el principio de
cosa juzgada, que rige la función jurisdiccional, le otorga al fallo judicial la calidad de indiscutible
– ya que constituye decisión final -, a la par que garantiza al justiciable la certeza de que su
contenido permanecerá inalterable, independientemente de si el pronunciamiento expedido haya
sido favorable o desfavorable para quien promovió la acción.
Décimo Cuarto: Siendo ello así y teniendo en cuenta que el perito judicial adscrito a esta
Judicatura Koch Torres, al practicar el Informe Pericial N° 027-2018-PJ-DAKT, ha liquidado los
intereses legales de acuerdo a lo ordenado en la Sentencia – Considerando 29, se concluye que
el informe antes señalado ha sido emitido conforme correspondía. Por consiguiente, corresponde amparar la observación formulada por la parte demandante y declarar aprobado el Informe
Pericial N° 027-2018-PJ-DAKT.
DECISION:
1. DECLARESE FUNDADA la observación formulada por la parte demandante.
2. DECLARESE APROBADO el Informe Pericial N° 027-2018-PJ-DAKT y REQUIERASE a
la parte demandada cumpla en el plazo de 05 días de notificada con la presente
resolución con pagar a favor del demandante por el concepto de intereses legales la
suma de S/. 216,574.40 soles, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada en
caso de incumplimiento. |
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EXPEDIENTE : 07884 – 2013 – 0 -1801- JR-LA-02
DEMANDANTE : NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAÑ FEDERICO VILLAREAL
MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
SECRETARIA : DIANA HINOSTROZA HUACCACHI
AUTO N° 08
Lima, siete de junio del dos mil dieciséis.-
ANTECEDENTES
Mediante escrito con de fecha 06 de abril de los corrientes, presentado por la parte demandante
solicita se declare consentida la sentencia y requerimiento de pago.
FUNDAMENTOS:
Primero: El demandante solicita la declaración de consentida la sentencia del auto 06 (sentencia N°
43), que declara fundada en parte la demanda.
Segundo: En la audiencia de juzgamiento celebrado el día 29 de enero de 2014 se cita a las partes
para la entrega de la sentencia el día 29 de enero de los corrientes a horas 4:40 pm.
Tercero: Al respecto el artículo 32 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo Ley N° 29497 dispone “(…)
El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día
hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación (...)”
Cuarto: En ese contexto el plazo de apelación al que refiere el artículo precedente y advirtiéndose
por la carga procesal no se notificó en la fecha procediendo su notificación el día 14 de marzo de los
corrientes, contabilizado desde 15 de marzo del 2016 y venció el día 21 de marzo de los presentes
el que ha transcurrido sin que hayan interpuesto medio impugnatorio motivo por el cual la sentencia
recaída en autos adquiere la calidad de cosa juzgada conforme el artículo 123 del Código Procesal
Civil.
DECISION 1. DECLARESE consentida la resolución N° 06 de fecha 29 de enero del 2016 (Sentencia N°
43) consecuentemente REQUIÉRASE a la parte demandada ORDENO que la demandada
ORDENO que la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL cumpla
con pagar a la demandante DON NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS la suma
ascendente a S/ 80,000.00 NUEVOS SOLES para lo cual se le concede un plazo de tres
días a fin de dar cumplimiento bajo apercibimiento de imponérsele una multa de tres URP
que pueden ser sucesivas y progresivas en caso de incumplimiento. |
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ESP. ARMAS ABANTO
RESOLUCION N° 07
Lima, nueve de marzo del dos mil dieciséis
ANTECEDENTES
El pedido de corrección del demandante
FUNDAMENTOS
Primero: Mediante la resolución N° 06 dictada en autos se ordena a la demandada Universidad
Nacional Federico Villareal cumpla con pagar la suma ascendente a S/.80,000.00 nuevos soles a
favor del demandante empero incurriendo en un error al momento de digitar su nombre.
Cuarto: Al respecto, el artículo 407° del Código Procesal Civil, permite la corrección de las
resoluciones judiciales estableciendo que “Antes de que la resolución cause ejecutoria, el Juez
puede de oficio o pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente
que contenga… (Sic). Mediante la corrección las partes también piden al Juez que complete la
resolución respecto de puntos controvertidos pero no resueltos… (Sic)” tal como sucede en el
caso de autos, por lo que debe procederse a corregir el error anotado.
DECISION
1.- CORRIJASE la resolución N° 06 debiendo decir: “(…) Por estas consideraciones
Administrando Justicia a nombre de la Nación: DECLARO INFUNDADA la excepción de
prescripción deducida por la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL;
y FUNDADA EN PARTE la demanda SOBRE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
de fojas 49 a 73; en consecuencia ORDENO que la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL cumpla con pagar al demandante DON NARCISO ANTONIO
PALACIOS SIGUEÑAS la suma ascendente a S/ 80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100
NUEVOS SOLES), más intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia
observando lo discernido en este pronunciamiento; con costas y costos. Hágase Saber.-
2.- INTEGRESE la presente resolución a la resolución N° 06. |
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ESP. SANCHEZ VIOLETA
RESOLUCION N° 06 ( SENTENCIA N° 43)
Lima, veintinueve de enero del dos mil dieciseis
ANTECEDENTES
Mediante escrito de fojas 67 a 90 DON NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS interpone
DEMANDA SOBRE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS contra la UNIVERSIDAD
NACIONAL FEDERICO VILLARREAL a fin que cumpla con el pago de S/ 58,000.00 por lucro
cesante y S/ 30,000.00 por daño moral. Sostiene que prestó servicios para la demandada
Universidad Nacional Federico Villarreal en calidad de trabajador administrativo desde el 01 de
marzo de 1990 hasta el 30 de abril de 1995 en que se produce su cese a consecuencia de su
despido arbitrario e injustificado que fue finalmente así reconocido por la propia demandada al
expedir la Resolución N° 02046 – 2001 – UNFV que dispuso su reincorporación como su trabajador
lo que se produce en mayo del 2001, por tanto quedan pendiente de resarcimiento los daños y
perjuicios desencadenados por la perdidas de sus remuneraciones y las aflicciones y sufrimientos
padecidos.
Convocada las partes a Audiencia de Conciliación esta se ha desarrollado conforme a los términos
de la grabación en Audio y Video que se anexa al expediente y que en forma sucinta se recoge en
el Acta de fojas 209 a 210, oportunidad en que el Juzgado decide el Juzgamiento del Proceso.
Convocada las partes a Audiencia de Conciliación esta se ha desarrollado conforme a los términos
de la grabación en Audio y Video que se anexa al expediente y que en forma sucinta se recoge en
el Acta de fojas 209 a 210, oportunidad en que el Juzgado decide el Juzgamiento del Proceso.
Convocada las partes a Audiencia de Juzgamiento esta se ha desarrollado conforme a los términos
de la grabación en Audio y Video que se anexa al expediente y que en forma sucinta se recoge en
el Acta de fojas 211 a 212, por lo que tramitada la causa conforme a su naturaleza ha llegado el
momento de sentenciar.
FUNDAMENTOS 1.- Mediante esta acción el demandante persigue el resarcimiento por los daños y perjuicios
originados bajo los supuestos de lucro cesante derivado de las remuneraciones dejadas de percibir
durante todo el tiempo que duro su despido (Aguinaldos, Escolaridad, Canasta, FEDU y
Bonificación ) y daño moral derivado de las aflicciones y sufrimientos que generó la perdida abrupta
de su trabajo ergo de sus remuneraciones con efectos nocivos y perniciosos en su salud física y
mental por todo el lapso en que permaneció fuera de su empleo a consecuencia del despido que
ejecuta la demandada el 30 de abril de 1995.
2.- Aún cuando este Despacho entienda que bajo hechos objetivamente similares es también viable
reconocer el derecho de los trabajadores a ejercitar la acción vinculada en exclusiva al pago de sus
remuneraciones y beneficios devengados por todo el periodo en que los servicios no fueron
prestados a consecuencia de la decisión ilegal de su empleador de despedirlo del empleo, ello no
impide entender dentro del marco del derecho de acceso a la justicia que forma parte del contenido
esencial del derecho a tutela jurisdiccional efectiva reconocido como principio y derecho de la
función jurisdiccional en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado 1 que vía
la acción de indemnización por daños y perjuicios el trabajador pueda alcanzar la reparación de los
supuestos de daños causados por este cese ilegal.
3.- En efecto si bien la acción de pago de remuneraciones devengadas tiene por finalidad alcanzar
el pago de las remuneraciones y beneficios sociales dejados de percibir por el trabajador durante
todo el lapso que se prolongó su ausencia en el empleo como consecuencia de su despido, tal
cometido puede ser también alcanzado vía la acción de indemnización por daños y perjuicios
aunque es claro que los presupuestos de los daños no sólo se circunscribirían al resarcimiento de
los daños englobados bajo el supuesto del lucro cesante en que se subsume el reclamo de todo lo
dejado de percibir en dicho lapso sino también que pueden extenderse a los daños objetivos ( daño
emergente y lucro cesante) y subjetivos ( daño a la persona: daño psicosomático y daño al proyecto
de vida ).
1 Al respecto el Tribunal Constitucional en los fundamentos 23 y 24 de la Sentencia expedida con fecha 26 de marzo del 2007 en el Expediente Nº
0005 – 2006 – PI/TC recuerda que: “ (…)23 El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139.3º de la Constitución
(…)constituye un derecho, por decirlo de algún modo, "genérico" que se descompone en un conjunto de derechos específicos [...], entre otros, el
derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, siendo que jurisprudencialmente se han desarrollado en cada caso particular derechos
relacionados en forma directa a estos, como los derechos al juez natural, la ejecución de las resoluciones judiciales, la independencia judicial, entre
otros. 24 Asimismo, también se ha establecido que el derecho de acceso a la justicia se configura como aquel “derecho de cualquier persona de
promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente [...], siendo que “[s]u contenido protegido no
se agota en garantizar el “derecho al proceso”, entendido como la facultad de excitar la actividad jurisdiccional del Estado y de gozar de determinadas
garantías procesales en el transcurso de él, sino también garantiza que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela idóneo para
asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados…(sic)”. 4.- Constituyen supuestos de la responsabilidad civil:
a.- LA EXISTENCIA DEL DAÑO CAUSADO, así el daño jurídicamente indemnizable es toda lesión
a un interés jurídicamente protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial, es
decir el daño en relación con la obligación de resarcimiento ( daño resarcible ) asume el perjuicio
valorable en terminos economicos y abarca el daño emergente, lucro cesante y los sufrimientos
morales padecidos por la victima del ílicito y otros2.
b.- LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD, en virtud de esta vinculación debe existir una relación de
causa-efecto, es decir, de antecedente-consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el
daño causado a la víctima, pues de lo contrario no existiría responsabilidad civil y no nacería la
obligación legal de indemnizar. Y
c.- LOS FACTORES DE ATRIBUCIÓN, ó de imputación de responsabilidad que pueden ser
subjetivos (dolo o culpa del autor) y objetivos, los cuales tienen diversas expresiones, ya sea que
se trate de un caso de responsabilidad por inejecución de obligaciones mal llamado contractual o
de responsabilidad extracontractual.
5.- El demandante fue despedido el 30 de abril de 1995 y posteriormente repuesta en su empleo en
mayo del 2001 por efectos de la propia decisión adoptada por la demandada en la Resolución
C.T.G. – R- N° 02046 – 2001 – UNFV del 19 de abril del 2001 que ordena su reincorporación a su
servicio administrativo con sus respectivos derechos al expresamente admitir que su cese fue
decidido en forma arbitraria en la medida que los procesos de evaluación que lo justificaban “ (…)
fueron llevados a cabo (…) sin la correcta aplicación del debido proceso, puesto que no existen en
el acervo documentario de la Universidad las actas en las cuales conste la evaluación efectuada
(…) perjudicando a los servidores administrativos que se vieron separados arbitrariamente de esta
Casa Superior de Estudios…(sic)”, así queda claro que la decisión de la accionada de reincorporar
al accionante fue adoptada como consecuencia de reconocer la incompatibilidad de su despido con
la Constitución por haberse efectuado sin causa que válidamente lo justifique.
6.- Justamente al estar amparada la indemnización que por daños y perjuicios se reclama en el
incumplimiento de las obligaciones que nacen del contrato de trabajo es evidente que la
responsabilidad que se imputa a la demandada por los efectos y consecuencia del cese irregular
del demandante acaecido el 30 de abril de 1995 es de naturaleza contractual adscrita al sistema de
inejecución de obligaciones configurada desde los artículos 1321 a 1332 del Código Civil lo cual
2 Visintini, Giovana. “El Daño Resarcible”. En Responsabilidad Civil, nuevas tendencias unificación y reforma 20 años después. Palestra Editores
S.A.C. Lima, 2005. pp. 211 determina que el plazo de prescripción al que se somete el ejercicio de esta acción por su carácter
personal sea el contemplado en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, esto es de 10 años
pues no resulta aplicable el plazo de prescripción al que en forma especial y específica se somete
el ejercicio de la acción por derechos de naturaleza laboral regulado sucesivamente a partir del 29
de julio de 1995 por las Leyes Nº 26513, 27022 y 27321 dada la naturaleza del reclamo que si bien
se origina de un hecho de incontrovertible connotación laboral ( despido irregular o arbitrario ),
mediante esta acción se persigue reparar lesiones producidas a bienes jurídicos de naturaleza
personal.
7.- Aunque el delimitado plazo de 10 años debería prima facie computarse desde el 30 de abril de
1995, también lo es que el reconocimiento del cese irregular de la accionante en términos del
artículo 1991 del Código Civil que señala que “ (…)Puede renunciarse expresa o tácitamente a la
prescripción ya ganada. Se entiende que hay renuncia tácita cuando resulta de la ejecución de un
acto incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción…(sic)” pone de manifiesto la
clara voluntad del Estado Peruano de renunciar a la prescripción ya ganada frente al vencimiento
del plazo de prescripción en cuya vigencia el accionante pudo haber ejercido cualquier acción
judicial derivada del reconocimiento de sus derechos o resarcimiento de las afectaciones
producidas como consecuencia de su cese irregular lo cual lógicamente no supone concluir en su
imprescriptibilidad que por lo demás sólo podría ser expresamente determinada por ley, sino iniciar
un nuevo cómputo de su decurso cuyo término inicial estaría dado necesariamente por el hecho
que configura la tacita renuncia a prescripción ganada, esto es la calificación del cese del
accionante como irregular que se produce a partir de la Resolución C.T.G. – R- N° 02046 – 2001 –
UNFV del 19 de abril del 2001 que por tal razón finalmente ordena su inmediata reincorporación al
servicio administrativo con sus respectivos derechos.
8.- De este modo a consecuencia de la renuncia al plazo prescriptorio ya ganado desde el 30 de
abril de 1995 y que se produce por efectos de la Resolución C.T.G. – R- N° 02046 – 2001 – UNFV
que al reconstituir jurídicamente la relación de trabajo del demandante que a la fecha se encuentra
plenamente vigente impide el computo de algún plazo prescriptorio en la medida que en el ámbito
laboral es la circunstancia del cese el que por antonomasia define el termino inicial y la norma que
fija el plazo prescriptorio aplicable, por tanto es indubitable que a la fecha de interposición de la
demanda el 25 de marzo del 2013 se encontraba plenamente vigente el plazo de prescripción para
el ejercicio de esta acción judicial tendiente al resarcimiento de los supuestos de daños por lucro cesante y daño moral que supuestamente desencadeno el reconocido como cese irregular del
demandante producido el 30 de abril de 1995.
9.- En la dilucidación de la controversia no puede perderse de vista que en la relación laboral se
configura una situación de disparidad donde el empleador asume un status particular de
preeminencia ante el cual el derecho y, en particular, el derecho constitucional y el derecho del
trabajo, se proyecta en sentido tuitivo hacia el trabajador, desde tal perspectiva, las atribuciones o
facultades que la ley reconoce al empleador no pueden vaciar de contenido los derechos del
trabajador, dicho de otro modo, no pueden devenir en una forma de ejercicio irrazonable, es por
esto que la Constitución precisa que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los
derechos constitucionales ni desconocer o disminuir la dignidad del trabajador (art. 23º, segundo
párrafo).
10.- A partir de esta premisa impuesta por la Constitución debe abordarse toda controversia surgida
en las relaciones jurídicas entre empleador y trabajador, en todo momento: al inicio, durante y al
concluir el vínculo laboral lo que engarza con el principio de tutela de la dignidad humana que
impone la defensa de los valores y manifestaciones que la configuran entre ellos de los derechos
fundamentales dentro de los que cabe destacar el derecho al trabajo, por lo que el ejercicio de
cualquier acto, actividad, decisión, facultad, derecho o atribución del empleador debe efectuarse
respetando su contenido esencial por ejemplo en su proyección en el derecho de acceso al empleo
o en el derecho a no ser despedido sin causa justa, caso contrario su infracción merecerá ser
reparada dado que es evidente la necesidad de forjar instrumentos de naturaleza jurídica que
sirvan para brindarles protección ya sea con el propósito de hacer efectiva su realización o con el
propósito de disponer su desagravio en este último caso se sitúa la indemnización ahora
pretendida.
11.- Entonces si el despido del accionante está viciado de inconstitucionalidad ab origen queda
claro que aquella inobservó una de sus principales obligaciones que es la de mantener al trabajador
en su empleo mientras subsista la fuente que le dio origen al haber resuelto su relación de trabajo
vía la ejecución de su despido de forma manifiestamente arbitraria lo que supone el ejercicio desde
ya abusivo de su posición de prevalencia en la relación de trabajo que resulta a todos luces
contrario al sistema de valores y fines en que se sustenta nuestra Constitución Política que al
reconocer al trabajo como un derecho fundamental lo hace también en su vertiente de proteger al
trabajador frente a un despido arbitrario incluyendo dentro de esta categoría ha aquellos que se ejecutan sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin que exista causa alguna
derivada de la conducta o la labor que la justifique.
12.- En este ámbito un límite al ejercicio de las potestades del empleador lo constituye obviamente
el principio – derecho a la dignidad de la persona humana reconocido en el artículo 1 de la
Constitución Política del Estado que determina que su efectivización para encontrarse arreglada a
derecho ha de hacerse con sujeción a la ley y por ello dentro de las limitaciones que se derivan de
tal principio; y también específicamente el respeto de los derechos laborales que la Constitución y
la Ley reconoce a los trabajadores.
13.- En proporción a los contornos de este marco jurídico debe recordarse que el derecho al trabajo
conforme aparecen de las prescripciones contenidas en los artículo 22 y siguientes de la
Constitución Política del Estado de 1993 es por naturaleza tuitivo de allí que sus lineamientos
constitucionales que forman parte de la gama de los derechos fundamentales, no pueden ser
meramente literales o estáticos ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del
derecho en la subordinación funcional y económica, por lo que con el incumplimiento de la
accionada de su obligación de mantener al demandante en el empleo mientras no se configuren
supuestos válidos para su extinción se ha afectado por lo menos el contenido esencial de su
derecho al trabajo consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado y que como
todo derecho se encuentra íntimamente vinculado al principio de derecho de dignidad de la persona
humana pues la Constitución Política del Estado de 1993 consagra al trabajo como un deber y un
derecho base del bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo 22); y además
como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 23), consecuentemente se evidencia
que en el caso sub examine la accionada actuó por los menos con culpa inexcusable que define el
artículo 1319 del Código Civil lo cual justifica la atribución de su responsabilidad en los daños y
perjuicios que el despido ejecutado el 30 de abril de 1995 le ha originado al demandante cuanto
más cuando en general todo despido injustificado trae consigo un daño a la persona que lo sufre,
por cuanto de un momento a otro, en forma intempestiva deja de percibir su remuneración.
14.- Obviamente todo daño a los derechos fundamentales debe ser reparado de manera integral, lo
que implica tanto el aspecto patrimonial como extrapatrimonial, puesto que indemnizar supone
eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se lograría si el daño o
el perjuicio subsisten en cualquier medida, por ende debe efectuarse una comprensión integral de
los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe tender la justicia y es que como lo recuerda la Corte Interamericana de Derechos
Humanos3 cuando no sea posible el restablecimiento de la situación anterior a la violación del
derecho que corresponda reparar, se impone una justa indemnización y las reparaciones, como el
término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las
violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos
tanto material como inmaterial y no pueden implicar el empobrecimiento de la víctima.
15.- El demandante persigue el resarcimiento por Lucro Cesante que es aquel supuesto que
corresponde a las nuevas utilidades que el damnificado habría presumiblemente conseguido sino
se hubiera verificado el hecho ílicito o el incumplimiento denunciado 4, es decir la ganancia dejada
de obtener de obtener o la perdida de los ingresos como consecuencia directa e inmediata del
hecho lesivo de allí que involucre lo que se hubiera podido ganar a futuro de no haberse producido
el supuesto de daño, por ende se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos económicos
futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos5.
16.- En el caso sub examine queda justamente evidenciado que la demandada con su conducta
abiertamente lesiva al resguardo y cautela esencialmente del derecho constitucional al trabajo le ha
ocasionado al accionante un grave perjuicio económico por las remuneraciones, bonificaciones y
beneficios sociales que ha dejado de percibir desde el momento en que se produce su cese
inconstitucional el 30 de abril de 1995 hasta cuando se produce su reincorporación en mayo del
2001, es decir además del quantum de su remuneración, la accionante también dejó de percibir los
demás beneficios económicos legales aplicables a su centro de trabajo ( Aguinaldos, Escolaridad,
Canasta, FEDU y Bonificación).
17.- El demandante igualmente busca el resarcimiento por el supuesto de daño moral que se ve
configurado por la aflicción y el sufrimiento que se genera por la pérdida abrupta de su trabajo y
que desencadena en forma inmediata la perdida de su remuneración con evidente efectos
perniciosos y nocivos sobre su salud física y mental. Empero bajo los términos esbozados la
accionante propiamente acusa un supuesto de daño a la persona que ciertamente comprende
todos los daños que se le puedan causar al ser humano en cualquiera de sus aspectos
3 Fundamentos 39 a 41 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bamaca Velázquez vs. Guatemala. 2003 su fecha
22 de febrero del 2002 ( Reparaciones y Costas )
4 Visintini, Giovana. “El Daño Resarcible”. En Responsabilidad Civil, nuevas tendencias unificación y reforma 20 años después. Palestra Editores
S.A.C. Lima, 2005. pp 213.
5 En el Caso Loayza Tamayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “ (…) los daños materiales abarcaban (…) el monto de los
salarios que la victima ha dejado de percibir (…) más intereses corrientes…(sic)”. estructurales incluyendo, por consiguiente, el mal llamado “daño moral” que otra cosa no es que el
dolor, el sufrimiento, la aflicción de una persona, sólo aludimos a un daño emocional o sentimental
de orden psíquico.
18.- Ciertamente en el daño a la persona que es de naturaleza jurídica y no moral se involucran
todos los daños que se le puedan causar al ser humano y entre ellos el daño psicosomático y el
daño a la libertad o al proyecto de vida. En el daño psicosomático se puede lesionar el soma o
cuerpo o la psique, en este último cabe diferenciar el daño simplemente emocional (generalmente
denominado “daño moral”) del daño psíquico de carácter patológico.
19.- Este indebidamente aludido como daño moral involucra toda lesión en los sentimientos que
determina dolor o sufrimientos físicos o morales, un perturbamiento, una inquietud espiritual o
agravio a las afección legítimas y en general toda clase de padecimientos no susceptibles de
apreciación dineraria6 es decir incide psíquico de la persona más precisamente en el emocional. El
concepto de daño moral tiene sin lugar dudas especial relevancia y trascendencia en el ámbito del
derecho del trabajo desde que una de sus finalidades fundamentales es el de asegurar el respeto
de la dignidad de la persona del trabajador, ello en razón que la circunstancia de la subordinación a
que está sujeto el trabajador en el cumplimiento de su débito laboral podría ser proclive para que la
actuación de la otra parte ( empresario – empleador o principal ), que dirige esa actividad humana,
pueda menoscabar la facultad de actuar que disminuye o en su caso, frustra totalmente la
satisfacción de un interés no patrimonial, por lo que la lesión que en tal sentido se le infiera, exige
una reparación que debe comprender también el resarcimiento del perjuicio sufrido en su vida de
relación, que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., e incluso la pérdida
de "chance", por la privación de la posibilidad futura de ascender en su carrera.
20.- Mientras el supuesto de daño al proyecto de vida atiende a la realización integral de la persona
afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que
le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas es decir tiende a la
realización integral de la persona afectada, por lo que este supuesto de daño incide en las
alteraciones de las condiciones de la existencia que suponen modificaciones del entorno objetivo y
de la relación de ésta con aquél, que suelen prolongarse en el tiempo mucho más allá del momento
en que cesan la aflicción o la congoja ocasionadas por el hecho dañino, a diferencia del daño moral
6 Jiménez Vargas - Machuca, Roxana. ¿ Es posible del resarcimiento del daño inmaterial?. En Responsabilidad Civil II. Editorial Rhodas.Lima 2006.
pp 209 que no tiene que ver con alteraciones de condiciones de la existencia sino con el sufrimiento o la
aflicción subjetivos de la víctima, que son indemnizados, como perjuicios morales, mediante el
reconocimiento del precium doloris.
21.- En el caso sub examine sin necesidad de demostración objetiva y específica distinta el daño a
la persona que propiamente recusa el accionante se va haber determinado a partir de la forma y
circunstancias en que se produce su despido tipificado como arbitrario que bajo el escenario
abusivo en que se ejecuta pone de manifiesto un claro y grave desprecio por el resguardo de su
derecho fundamental a la dignidad, al debido proceso, al trabajo y a la protección adecuada contra
el despido arbitrario que mella profundamente su derecho a permanecer en su empleo y a no ser
despedido sin la existencia de causa justa y debidamente comprobada que lo justifique,
desencadenando en forma inmediata la pérdida de su remuneración necesaria e indispensable
para su subsistencia y la de su familia con dignidad y con ello el cambio drástico y repentino de su
situación económica que trae como consecuencia una profunda agresión a su estabilidad psíquica
y emocional dado el estado de incertidumbre, angustia e impotencia que se generara al verse
imposibilitado sea ya en forma inmediata o mediata de responder adecuadamente y satisfacer
incluso las necesidades más básicas de alimentación, salud y educación, cumplir con las
obligaciones presentes y lógicamente futuras ya asumidas y proyectadas razonablemente a partir
de una fuente de trabajo de naturaleza indeterminada.
22.- También el daño a la persona que configura el accionante bajo la indebida alusión de daño
moral se configura el cambio drástico y de singular entidad que supuso la pérdida de su empleo y
como consecuencia de su remuneración por la decisión arbitraria de la accionada, en el escenario y
contornos en que también se desenvolvía el marco afectivo y espiritual de la vida de su familia, lo
que abunda en reflejar el daño radical y profundo causado al demandante al frustarse el eje central
y decisivo sobre el que gira la entera existencia de la persona con lo que se trunca su destino y se
hace perder sentido a su existencia.
23.- La existencia del daño presunto que subyace a las conclusiones precedentes responde a la
aplicación analógica del criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se
desprende entre otros, de:
•••• Los fundamentos 130 a 133 de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas su fecha 01 de Julio del 2009 expedida en el Caso Acevedo Buendía y Otros “Cesantes y
Jubilados de la Contraloría” vs Perú donde se señala que “ (…) De dichas declaraciones [ afirmaciones hechas por las propias victimas ] se desprende que las víctimas en el presente caso
sufrieron frustraciones y angustias emocionales por el deterioro repentino y drástico de su situación
económica (…) A través de sus declaraciones, las víctimas se han referido a su caso particular y al
de los 273 miembros de la Asociación en general, para informar sobre la cancelación u
obstaculización del goce de sus cesantías y jubilaciones, en la medida que se vieron obligados a
obtener nuevos trabajos, a comprometer su patrimonio y persona a través de préstamos o venta de
sus bienes, o a adaptarse a una nueva realidad socioeconómica (…) Si bien no se trata de un
resultado seguro, que habría de presentarse necesariamente, sino de una situación probable -no
meramente posible- dentro del natural y previsible desenvolvimiento de las víctimas, en el presente
caso es posible presumir que dicha situación resultó interrumpida y contrariada (…) Por tanto, la
Corte observa que la lectura y análisis de las referidas declaraciones permite concluir que las 102
víctimas concernidas (…) y las 171 restantes padecieron una clara incertidumbre e indefensión ante
el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, las que a su vez les motivaron
angustia y sufrimiento psicológico por la imposibilidad o limitación para responder a sus
expectativas y responsabilidades con una pensión reducida sustancialmente de manera repentina.
Tales alteraciones en las condiciones de existencia de las víctimas constituyen un daño no
pecuniario derivado, no obstante, de la falta de cumplimiento de las sentencias del Tribunal
Constitucional (…) en el presente caso la Corte considera adicionalmente que la incertidumbre,
angustia y sufrimiento generados a las 273 víctimas como consecuencia del incumplimiento de las
sentencias judiciales emitidas a su favor, determina la configuración de un daño inmaterial
susceptible de reparación, por vía sustitutiva, mediante una indemnización compensatoria,
conforme a la equidad…(sic)
•••• El fundamento 52 de la Sentencia de Reparaciones y Costas su fecha 10 de setiembre de 1993
expedida en el Caso Aloeboetoe y Otros vs Surinam, fundamento 57 de la Sentencia de
Reparaciones y Costas su fecha 19 de setiembre de 1996 expedida en el Caso Neira Alegria y
Otros vs Perú, fundamento 86 de la Sentencia de Reparaciones y Costas su fecha 27 de noviembre
de 1998 expedida en el Caso Castillo Páez vs Perú, fundamento 138 de la Sentencia de
Reparaciones y Costas su fecha 27 de noviembre de 1998 expedida en el Caso Loayza Tamayo vs
Perú, y en el fundamento 106 de la Sentencia de Reparaciones y Costas su fecha 25 de mayo del
2001 expedida en el Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala donde
señala que “ (…) el daño moral infligido a la víctima resulta evidente, pues es propio de la
naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes (…) , experimente un
profundo sufrimiento moral, el cual se extiende a los miembros más íntimos de la familia, particularmente a aquéllos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la víctima. La Corte
considera que no requiere prueba para llegar a la mencionada conclusión…(sic)”.
24.- De este modo se plantea implícitamente que la sola intensidad y gravedad de las afectaciones
y agresiones a los derechos fundamentales entre ellos obviamente el derecho a la vida, a la
dignidad, a la pensión, al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y a la
remuneración permite reputar como presunto el daño inmaterial ( daño a la persona: daño
psicosomático y daño al proyecto de vida ) que se produce a la víctima que lo padece, es
precisamente dentro de estos linderos de razonamiento cuya aplicación se ve respaldada desde el
bloque de constitucionalidad conformado por el artículo 3 y la Cuarta Disposición Transitoria de la
Constitución Política del Estado y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional que ya expresamente instituye que “ El contenido y alcances de los derechos
constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos
humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte” que en el caso sub examine se
ha reputado como configurado el daño a la persona que implícitamente acusa el actor aunque bajo
la errónea ilusión de daño moral al haberse constatado la gravedad e intensidad de las agresiones
y afectaciones producidas en su esfera personal como consecuencia del ejercicio arbitrario,
irracional y abusivo de la facultad de despedir de la demandada que refleja su proclividad a resolver
la relación de trabajo, fundada única y exclusivamente en su libérrima voluntad y por ello con
manifiesta violación de los derechos fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución
o los tratados relativos a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos cuya
afirmación en el ámbito laboral supone " (…) superar la noción tradicional según la cual el contrato
de trabajo acotaba a favor del empleador una “zona franca y segregada de la sociedad civil “ en la
que los derechos civiles y libertades del trabajador quedaban en la “ puerta de la fábrica “
careciendo, por consiguiente, de relevancia en la vida de la relación de trabajo…(sic) "7.
25.- Identificados los daños ocasionados y determinado al responsable de su resarcimiento queda
la tarea de cuantificar su quantum, que por su naturaleza y contenido debe ser establecido en
proporción al marco que surge de la disposiciones generales contenidas en el artículo 1322 del
7 Blancas Bustamante, Carlos. El despido en el Derecho Laboral Peruano, Ara Editores, 2da Edición Lima, 2006, Pág. 280. Código Civil que delimita que “si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto
preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa” es decir atribuye al Juez la facultad para
establecer su alcance y extensión sin limitación legal tarifada o tasada salvo aquella se deriva en
forma proporcional y razonable de su criterio estimativo que se forja claro está en función a la
entidad y alcance del perjuicio demostrado.
26.- Dentro de este marco jurídico para lo que al lucro cesante interesa debe establecerse en la
suma de S/ 50,000.00 que es fijado ponderando y proyectando el valor y quantum de los salarios y
beneficios legales y convencionales que efectivamente dejó el accionante de percibir, esto es el
monto real ( luego de descuentos por aportes sociales y previsionales) que debió incorporarse a su
esfera de dominio pero que fue truncado a consecuencia del acto inconstitucional de su empleador
y el lapso o extensión durante la cual tal afectación se mantuvo latente que inevitablemente
determina una marcada y progresiva evolución de la entidad de su contraprestación remunerativa y
es que lógicamente se incorporan a su esfera jurídica los incrementos y aumentos que en forma
progresiva se fueron aplicando en su centro de labores a trabajadores ubicados en su mismo nivel
y categoría.
27.- En tanto que por el propiamente denominado daño |
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Juez: CANALES VIDAL, JULIO HEYNER
Fecha: 20/01/2015 09:54:03
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA
EXPEDIENTE : 07884 – 2013 – 0 -1801- JR-LA-02
DEMANDANTE : NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAÑ FEDERICO VILLAREAL
CORTE SUPERIOR DE LIMA MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Secretario: SANCHEZ VIOLETA,
JOSE SECRETARIA : DIANA HINOSTROZA HUACCACHI
Fecha: 20/01/2015 10:59:57
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
AUTO N° 05
Lima, diecinueve de enero del año dos mil quince.-
ANTECEDENTES
Por recibido los autos de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Superior de Justicia con fecha 14 de enero de los corrientes, mediante Sentencia Casación
Laboral N° 17611 – 2013 de fecha 09 de diciembre del 2014, declara fundada el recurso de
casación presentado por la parte demandante revocando la resolución N° 01 de fecha 01 de abril
del 2013, en consecuencia, se ordena se admita la demanda procediéndose a la misma.
FUNDAMENTOS
Primero: Conforme a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29497,
Nueva Ley Procesal del Trabajo corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos
que se originan con ocasión de la prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza
laboral, formativa, cooperativista o administrativa, quedando excluidas las prestaciones de
servicios de carácter civil, salvo que se sustenten en el encubrimiento de relaciones de trabajo.
Segundo: En orden al logro de tal objetivo, constituyen fundamentos del proceso laboral
procurar la igualdad real de la partes, el privilegio del fondo sobre la forma, la interpretación de
los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, la
observancia del debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. Por lo
mismo, los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo del impulso del proceso,
impidiendo y sancionando la inconducta contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y
buena fe de las partes, sus representantes, sus obligados y terceros.
Tercero: Dentro de este ámbito el artículo 16 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo concordado
con los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil define los requisitos, exigencias y anexos que debe reunir la demanda para su admisión, propósito para el cual resulta también de especial
relevancia la observancia de la exigencia formal contemplada en su artículo 13.
Cuarto: Al satisfacer la demanda interpuesta con tales parámetros debe procederse conforme a
la facultad derivada en contrario sensu del artículo 17 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
concordado con el artículo 430 del Código Procesal Civil.
DECISION
1. ADMÍTASE en vía de PROCESO ORDINARIO LABORAL la demanda interpuesta por
NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS sobre INDEMNIZACION POR DAÑOS Y
PERJUICIOS.
2. EMPLÁZESE a la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL, en
su domiciliado en Calle Gonzáles N° 285, Distrito de San Miguel.
3. FÍJESE el desarrollo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN para el día 02 DE
OCTUBRE PROXIMO A HORAS 12:20 DE LA TARDE en la SALA DE AUDIENCIA N°
01 ubicada en el piso 17 del Edificio Alzamora Valdez (ex Ministerio de Educación)
Esquina de Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola – Cercado de Lima.
4. EXHORTAR a los abogados de ambas partes para que conforme artículo 12 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, concurran debidamente preparados en su teoría del
caso, con pleno conocimiento de las técnicas y destrezas propias de la litigación oral en
el proceso laboral.
5. RECOMENDAR a los abogados de las partes que en observancia del artículo 12 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo tomen las previsiones del caso, preparándose,
previamente, para efectuar un discurso sencillo, esquemático y breve, desprendido de
toda retorica innecesaria.
6. ESTABLECER que, como se desprende de los artículos 11, 15 y 29 de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, los apoderados o representantes de las partes tienen la obligación de concurrir con un vasto conocimiento y dominio de los hechos que motivan el proceso,
bajo apercibimiento de imponerse una multa por conducta obstructiva, sin perjuicio de
valorar su conducta procesal.
7. EXHORTAR a la parte demandada para que en proporción a su deber de colaboración
procesal derivado de los artículos 11, 15 y 29 de la Nueva Ley procesal del Trabajo,
acompañe a su contestación o en su defecto traiga cuadros detallados, resumidos y
sistematizados, tanto en soporte magnético como físico, de los estipendios abonados a
la parte accionante, así como un cuadro pormenorizado de los pagos que,
eventualmente, le hubieran realizado respecto a los beneficios sociales u otros
conceptos reclamados en el proceso, bajo apercibimiento de valorar su conducta
procesal, sin perjuicio de la posibilidad de imponérsele una multa. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
SEÑOR JUEZ:
Doy cuenta a usted; que estando a la carga procesal que soporta esta
secretaria, el especialista legal que interviene en cumplimiento de sus funciones procede a dar
cuenta en la fecha al escrito ingresado con Código de Digitalización N° 341686-2019, lo que se
informa para los fines pertinentes.
Lima, 09 de agosto del 2019
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 07884-2013-0-1801-JR-LA-02
MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
DEMANDADO : UNIVERSIDAD FEDERICO VILLAREAL
DEMANDANTE : NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS
ESPECIALISTA : CHRISTIAN LINARES TINAJEROS
RESOLUCION N° 20
Lima, nueve de agosto del año dos mil diecinueve. -
ANTECEDENTES
Con la razón que antecede, se da cuenta al escrito presentado por la parte demandante de fecha
30 de abril de los corrientes, mediante el cual absuelve el tramite conferido mediante resolución
que antecede y encontrándose pendiente de resolver las observaciones formuladas se procede a
emitir la presente resolución.
FUNDAMENTOS Primero: Mediante resolución N° 02 de fecha 09 de noviembre del 2017 el presente juzgado
dispone comisionar al perito judicial adscrito al juzgado a fin de que efectué la liquidación de los
intereses legales generados en el proceso.
Segundo: Dando respuesta a lo ordenado el perito judicial Zelaya Martínez emite el Informe
Pericial N° 007-2018-2do.JLL-PJ-MZM liquidando por el concepto de intereses la suma de S/.
4,744.00 soles el cual es puesto a conocimiento de las partes con fecha 16 de marzo del 2018
mediante resolución N° 13.
Tercero: Ante esto, la parte demandante mediante escrito de fecha 23 de marzo del 2018
formula observación al citado Informe Pericial fundamentando la misma en que la liquidación
efectuada contraviene el mandato contenido en la Sentencia, pues en su Considerando 29 se
señala expresamente que los intereses se devengan desde el día siguiente que se produjo el
hecho dañoso, apartándose así indebidamente el perito ya que decide aplicar diversas normas
del Código Civil calculando los intereses desde la notificación de la demanda.
Cuarto: Absolviendo el traslado ante la observación formulada, el perito judicial Koch Torres
emite el Informe Pericial N° 027-2018-PJ-DAKT conforme a lo ordenado mediante resolución N°
14 precisando en el que, la Sentencia N° 43 de fecha 29 de enero del 2016 obrante de fojas 213
a 225 en su Considerando 29 ha señalado que los intereses legales cuya condena en aplicación
analógica del artículo 1985 del Código Civil debe producirse desde cuando se verifica
objetivamente la existencia de la hipótesis que produce los daños y perjuicios; por lo que, los
intereses legales ascienden a la suma de S/. 216,574.40 soles.
Quinto: La demandada, al tener conocimiento de lo resuelto en el nuevo Informe Pericial,
mediante escrito de fecha 08 de junio del 2018 formula observación contra este, argumentando
que el cálculo debe efectuarse desde la fecha de interposición de la demanda (02.02.15) hasta el
(15.05.17) fecha de cancelación de la deuda principal y no desde la fecha de origen del
incidente.
Sexto: Absolviendo el traslado, el perito judicial Zelaya Martínez emite el Informe Pericial N°
081-2018-2do.JLL-PJ-MZM señalando en el que ratifica el cálculo de intereses realizado en el
Informe Pericial hallado de fojas 273 a 274, en razón a que dicho calculo se ha efectuado en concordancia con lo dispuesto en el Pleno de Junio del 2008, con respecto al cálculo de
intereses sobre la Indemnización por Daños y Perjuicios.
Séptimo: Frente a esto, el demandante mediante escrito de fecha 11 de septiembre formula
observación contra dicho Informe, argumentando que el mismo no es explicito con relación a la
motivación de la forma de liquidación de intereses que se aplicó en los Informes observados, y
que el mismo debe ser aplicado teniendo en cuenta el Considerando 29 de la Sentencia.
Octavo: El perito judicial absolviendo el traslado emite el Informe Pericial N° 020-2019-2do.JLL-
PJ-MZM precisando que si bien es cierto, lo señalado por el actor, sobre el cálculo de los
intereses legales debería aplicarse de acuerdo a lo ordenado en Sentencia, también es cierto
que tuvo a la vista el Acuerdo suscitado en el Pleno de Junio del 2008, con respecto al cálculo de
intereses por el concepto de daños y perjuicios que señala: “En Conclusión Plenaria: El pleno
adoptó por MAYORIA la postura número 2, que enuncia lo siguiente:”Los intereses
legales en los procesos de indemnización por daños y perjuicios, en materia laboral,
deben calcularse a partir del emplazamiento del demandado”; Y, que en atención a lo
dispuesto en dicho Pleno aplicó para el Cálculo de los Intereses Legales en el Informe
Primigenio observado No.007-2018-2do.JLL-PJ-MZM, de fecha 12.01.18, obrante a fojas 273 a
274, el cual fue observado por el demandante, y procediéndose en absolver con el Informe
Pericial No. 027-2018-PJ-DAKT, que ejecutó los intereses tomando en cuenta lo resuelto en
Sentencia, Informe, que también fue observado por la parte emplazada; concluyendo que al
observar las incongruencias suscitadas por las partes, con respecto a la liquidación de los
intereses legales por concepto de daños y perjuicios en los Informe observados, decide pasar los
autos a Despacho para mejor resolver, en razón de que es un ASUNTO DE PURO DERECHO.
Noveno: Entonces, a fin de resolver la controversia generada respecto al correcto cálculo de los
intereses corresponde indicar que la Sentencia N° 43 de fecha 29 de enero del 2016, expedida
en el caso de autos ha adquirido la calidad de cosa juzgada por haber sido declarada
consentida.
Décimo: En atención a ello, cabe mencionar que una de las garantías de la impartición de
justicia consagrada por la Constitución es la inmutabilidad de la cosa juzgada. Al respecto,
resulta necesario indicar que la Constitución, en su artículo 139, inciso 2), establece que
«Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han
pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar
sentencias ni retardar su ejecución».
Décimo Primero: Asimismo, es preciso establecer que el Tribunal Constitucional, al dotar de
contenido a dicho atributo, ha sostenido que «Mediante la garantía de la cosa juzgada se
instituye el derecho de todo justiciable, en primer lugar, a que las resoluciones que hayan puesto
fin al proceso judicial no puedan ser recurridas mediante nuevos medios impugnatorios, ya sea
porque éstos han sido agotados o porque ha transcurrido el plazo para impugnarla; y, en
segundo lugar, a que el contenido de las resoluciones que hayan adquirido tal condición, no
pueda ser dejado sin efecto ni modificado, sea por actos de otros poderes públicos, de terceros
o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso en el que se dictó»
(fundamento 38 de la sentencia emitida en el Expediente Nº 4587-2004-AA/TC).
Décimo Segundo: Igualmente, corresponde manifestar que el Tribunal también ha determinado
que «El derecho a la tutela jurisdiccional (art. 139º, inc. 3, Const.) garantiza, entre otros
aspectos, que una sentencia con calidad de cosa juzgada sea cumplida en sus términos. Como
consecuencia de ello, se desprende, por un lado, un mandato de que las autoridades cumplan lo
ordenado o declarado en ella en sus propios términos y, por otro, una prohibición de que
cualquier autoridad, incluida la jurisdiccional, deje sin efecto las sentencias y, en general,
resoluciones que detentan la calidad de cosa juzgada (art. 139º, inc. 2, Const.).» (fundamento 4
de la sentencia emitida en el Expediente Nº 1569-2006-AA/TC).
Décimo Tercero: De acuerdo con lo señalado hasta aquí, se puede concluir que el principio de
cosa juzgada, que rige la función jurisdiccional, le otorga al fallo judicial la calidad de indiscutible
– ya que constituye decisión final -, a la par que garantiza al justiciable la certeza de que su
contenido permanecerá inalterable, independientemente de si el pronunciamiento expedido haya
sido favorable o desfavorable para quien promovió la acción.
Décimo Cuarto: Siendo ello así y teniendo en cuenta que el perito judicial adscrito a esta
Judicatura Koch Torres, al practicar el Informe Pericial N° 027-2018-PJ-DAKT, ha liquidado los
intereses legales de acuerdo a lo ordenado en la Sentencia – Considerando 29, se concluye que
el informe antes señalado ha sido emitido conforme correspondía. Por consiguiente, corresponde amparar la observación formulada por la parte demandante y declarar aprobado el Informe
Pericial N° 027-2018-PJ-DAKT.
DECISION:
1. DECLARESE FUNDADA la observación formulada por la parte demandante.
2. DECLARESE APROBADO el Informe Pericial N° 027-2018-PJ-DAKT y REQUIERASE a
la parte demandada cumpla en el plazo de 05 días de notificada con la presente
resolución con pagar a favor del demandante por el concepto de intereses legales la
suma de S/. 216,574.40 soles, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada en
caso de incumplimiento. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA
EXPEDIENTE : 07884 – 2013 – 0 -1801- JR-LA-02
DEMANDANTE : NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAÑ FEDERICO VILLAREAL
MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
SECRETARIA : DIANA HINOSTROZA HUACCACHI
AUTO N° 08
Lima, siete de junio del dos mil dieciséis.-
ANTECEDENTES
Mediante escrito con de fecha 06 de abril de los corrientes, presentado por la parte demandante
solicita se declare consentida la sentencia y requerimiento de pago.
FUNDAMENTOS:
Primero: El demandante solicita la declaración de consentida la sentencia del auto 06 (sentencia N°
43), que declara fundada en parte la demanda.
Segundo: En la audiencia de juzgamiento celebrado el día 29 de enero de 2014 se cita a las partes
para la entrega de la sentencia el día 29 de enero de los corrientes a horas 4:40 pm.
Tercero: Al respecto el artículo 32 de la Nueva Ley Procesal de Trabajo Ley N° 29497 dispone “(…)
El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles y empieza a correr desde el día
hábil siguiente de la audiencia o de citadas las partes para su notificación (...)”
Cuarto: En ese contexto el plazo de apelación al que refiere el artículo precedente y advirtiéndose
por la carga procesal no se notificó en la fecha procediendo su notificación el día 14 de marzo de los
corrientes, contabilizado desde 15 de marzo del 2016 y venció el día 21 de marzo de los presentes
el que ha transcurrido sin que hayan interpuesto medio impugnatorio motivo por el cual la sentencia
recaída en autos adquiere la calidad de cosa juzgada conforme el artículo 123 del Código Procesal
Civil.
DECISION 1. DECLARESE consentida la resolución N° 06 de fecha 29 de enero del 2016 (Sentencia N°
43) consecuentemente REQUIÉRASE a la parte demandada ORDENO que la demandada
ORDENO que la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL cumpla
con pagar a la demandante DON NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS la suma
ascendente a S/ 80,000.00 NUEVOS SOLES para lo cual se le concede un plazo de tres
días a fin de dar cumplimiento bajo apercibimiento de imponérsele una multa de tres URP
que pueden ser sucesivas y progresivas en caso de incumplimiento. |
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ESP. ARMAS ABANTO
RESOLUCION N° 07
Lima, nueve de marzo del dos mil dieciséis
ANTECEDENTES
El pedido de corrección del demandante
FUNDAMENTOS
Primero: Mediante la resolución N° 06 dictada en autos se ordena a la demandada Universidad
Nacional Federico Villareal cumpla con pagar la suma ascendente a S/.80,000.00 nuevos soles a
favor del demandante empero incurriendo en un error al momento de digitar su nombre.
Cuarto: Al respecto, el artículo 407° del Código Procesal Civil, permite la corrección de las
resoluciones judiciales estableciendo que “Antes de que la resolución cause ejecutoria, el Juez
puede de oficio o pedido de parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente
que contenga… (Sic). Mediante la corrección las partes también piden al Juez que complete la
resolución respecto de puntos controvertidos pero no resueltos… (Sic)” tal como sucede en el
caso de autos, por lo que debe procederse a corregir el error anotado.
DECISION
1.- CORRIJASE la resolución N° 06 debiendo decir: “(…) Por estas consideraciones
Administrando Justicia a nombre de la Nación: DECLARO INFUNDADA la excepción de
prescripción deducida por la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL;
y FUNDADA EN PARTE la demanda SOBRE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
de fojas 49 a 73; en consecuencia ORDENO que la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL
FEDERICO VILLARREAL cumpla con pagar al demandante DON NARCISO ANTONIO
PALACIOS SIGUEÑAS la suma ascendente a S/ 80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100
NUEVOS SOLES), más intereses legales que se liquidarán en ejecución de sentencia
observando lo discernido en este pronunciamiento; con costas y costos. Hágase Saber.-
2.- INTEGRESE la presente resolución a la resolución N° 06. |
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ESP. SANCHEZ VIOLETA
RESOLUCION N° 06 ( SENTENCIA N° 43)
Lima, veintinueve de enero del dos mil dieciseis
ANTECEDENTES
Mediante escrito de fojas 67 a 90 DON NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS interpone
DEMANDA SOBRE INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS contra la UNIVERSIDAD
NACIONAL FEDERICO VILLARREAL a fin que cumpla con el pago de S/ 58,000.00 por lucro
cesante y S/ 30,000.00 por daño moral. Sostiene que prestó servicios para la demandada
Universidad Nacional Federico Villarreal en calidad de trabajador administrativo desde el 01 de
marzo de 1990 hasta el 30 de abril de 1995 en que se produce su cese a consecuencia de su
despido arbitrario e injustificado que fue finalmente así reconocido por la propia demandada al
expedir la Resolución N° 02046 – 2001 – UNFV que dispuso su reincorporación como su trabajador
lo que se produce en mayo del 2001, por tanto quedan pendiente de resarcimiento los daños y
perjuicios desencadenados por la perdidas de sus remuneraciones y las aflicciones y sufrimientos
padecidos.
Convocada las partes a Audiencia de Conciliación esta se ha desarrollado conforme a los términos
de la grabación en Audio y Video que se anexa al expediente y que en forma sucinta se recoge en
el Acta de fojas 209 a 210, oportunidad en que el Juzgado decide el Juzgamiento del Proceso.
Convocada las partes a Audiencia de Conciliación esta se ha desarrollado conforme a los términos
de la grabación en Audio y Video que se anexa al expediente y que en forma sucinta se recoge en
el Acta de fojas 209 a 210, oportunidad en que el Juzgado decide el Juzgamiento del Proceso.
Convocada las partes a Audiencia de Juzgamiento esta se ha desarrollado conforme a los términos
de la grabación en Audio y Video que se anexa al expediente y que en forma sucinta se recoge en
el Acta de fojas 211 a 212, por lo que tramitada la causa conforme a su naturaleza ha llegado el
momento de sentenciar.
FUNDAMENTOS 1.- Mediante esta acción el demandante persigue el resarcimiento por los daños y perjuicios
originados bajo los supuestos de lucro cesante derivado de las remuneraciones dejadas de percibir
durante todo el tiempo que duro su despido (Aguinaldos, Escolaridad, Canasta, FEDU y
Bonificación ) y daño moral derivado de las aflicciones y sufrimientos que generó la perdida abrupta
de su trabajo ergo de sus remuneraciones con efectos nocivos y perniciosos en su salud física y
mental por todo el lapso en que permaneció fuera de su empleo a consecuencia del despido que
ejecuta la demandada el 30 de abril de 1995.
2.- Aún cuando este Despacho entienda que bajo hechos objetivamente similares es también viable
reconocer el derecho de los trabajadores a ejercitar la acción vinculada en exclusiva al pago de sus
remuneraciones y beneficios devengados por todo el periodo en que los servicios no fueron
prestados a consecuencia de la decisión ilegal de su empleador de despedirlo del empleo, ello no
impide entender dentro del marco del derecho de acceso a la justicia que forma parte del contenido
esencial del derecho a tutela jurisdiccional efectiva reconocido como principio y derecho de la
función jurisdiccional en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado 1 que vía
la acción de indemnización por daños y perjuicios el trabajador pueda alcanzar la reparación de los
supuestos de daños causados por este cese ilegal.
3.- En efecto si bien la acción de pago de remuneraciones devengadas tiene por finalidad alcanzar
el pago de las remuneraciones y beneficios sociales dejados de percibir por el trabajador durante
todo el lapso que se prolongó su ausencia en el empleo como consecuencia de su despido, tal
cometido puede ser también alcanzado vía la acción de indemnización por daños y perjuicios
aunque es claro que los presupuestos de los daños no sólo se circunscribirían al resarcimiento de
los daños englobados bajo el supuesto del lucro cesante en que se subsume el reclamo de todo lo
dejado de percibir en dicho lapso sino también que pueden extenderse a los daños objetivos ( daño
emergente y lucro cesante) y subjetivos ( daño a la persona: daño psicosomático y daño al proyecto
de vida ).
1 Al respecto el Tribunal Constitucional en los fundamentos 23 y 24 de la Sentencia expedida con fecha 26 de marzo del 2007 en el Expediente Nº
0005 – 2006 – PI/TC recuerda que: “ (…)23 El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, reconocido en el artículo 139.3º de la Constitución
(…)constituye un derecho, por decirlo de algún modo, "genérico" que se descompone en un conjunto de derechos específicos [...], entre otros, el
derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, siendo que jurisprudencialmente se han desarrollado en cada caso particular derechos
relacionados en forma directa a estos, como los derechos al juez natural, la ejecución de las resoluciones judiciales, la independencia judicial, entre
otros. 24 Asimismo, también se ha establecido que el derecho de acceso a la justicia se configura como aquel “derecho de cualquier persona de
promover la actividad jurisdiccional del Estado, sin que se le obstruya, impida o disuada irrazonablemente [...], siendo que “[s]u contenido protegido no
se agota en garantizar el “derecho al proceso”, entendido como la facultad de excitar la actividad jurisdiccional del Estado y de gozar de determinadas
garantías procesales en el transcurso de él, sino también garantiza que el proceso iniciado se desarrolle como un procedimiento de tutela idóneo para
asegurar la plena satisfacción de los intereses accionados…(sic)”. 4.- Constituyen supuestos de la responsabilidad civil:
a.- LA EXISTENCIA DEL DAÑO CAUSADO, así el daño jurídicamente indemnizable es toda lesión
a un interés jurídicamente protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial, es
decir el daño en relación con la obligación de resarcimiento ( daño resarcible ) asume el perjuicio
valorable en terminos economicos y abarca el daño emergente, lucro cesante y los sufrimientos
morales padecidos por la victima del ílicito y otros2.
b.- LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD, en virtud de esta vinculación debe existir una relación de
causa-efecto, es decir, de antecedente-consecuencia entre la conducta antijurídica del autor y el
daño causado a la víctima, pues de lo contrario no existiría responsabilidad civil y no nacería la
obligación legal de indemnizar. Y
c.- LOS FACTORES DE ATRIBUCIÓN, ó de imputación de responsabilidad que pueden ser
subjetivos (dolo o culpa del autor) y objetivos, los cuales tienen diversas expresiones, ya sea que
se trate de un caso de responsabilidad por inejecución de obligaciones mal llamado contractual o
de responsabilidad extracontractual.
5.- El demandante fue despedido el 30 de abril de 1995 y posteriormente repuesta en su empleo en
mayo del 2001 por efectos de la propia decisión adoptada por la demandada en la Resolución
C.T.G. – R- N° 02046 – 2001 – UNFV del 19 de abril del 2001 que ordena su reincorporación a su
servicio administrativo con sus respectivos derechos al expresamente admitir que su cese fue
decidido en forma arbitraria en la medida que los procesos de evaluación que lo justificaban “ (…)
fueron llevados a cabo (…) sin la correcta aplicación del debido proceso, puesto que no existen en
el acervo documentario de la Universidad las actas en las cuales conste la evaluación efectuada
(…) perjudicando a los servidores administrativos que se vieron separados arbitrariamente de esta
Casa Superior de Estudios…(sic)”, así queda claro que la decisión de la accionada de reincorporar
al accionante fue adoptada como consecuencia de reconocer la incompatibilidad de su despido con
la Constitución por haberse efectuado sin causa que válidamente lo justifique.
6.- Justamente al estar amparada la indemnización que por daños y perjuicios se reclama en el
incumplimiento de las obligaciones que nacen del contrato de trabajo es evidente que la
responsabilidad que se imputa a la demandada por los efectos y consecuencia del cese irregular
del demandante acaecido el 30 de abril de 1995 es de naturaleza contractual adscrita al sistema de
inejecución de obligaciones configurada desde los artículos 1321 a 1332 del Código Civil lo cual
2 Visintini, Giovana. “El Daño Resarcible”. En Responsabilidad Civil, nuevas tendencias unificación y reforma 20 años después. Palestra Editores
S.A.C. Lima, 2005. pp. 211 determina que el plazo de prescripción al que se somete el ejercicio de esta acción por su carácter
personal sea el contemplado en el inciso 1 del artículo 2001 del Código Civil, esto es de 10 años
pues no resulta aplicable el plazo de prescripción al que en forma especial y específica se somete
el ejercicio de la acción por derechos de naturaleza laboral regulado sucesivamente a partir del 29
de julio de 1995 por las Leyes Nº 26513, 27022 y 27321 dada la naturaleza del reclamo que si bien
se origina de un hecho de incontrovertible connotación laboral ( despido irregular o arbitrario ),
mediante esta acción se persigue reparar lesiones producidas a bienes jurídicos de naturaleza
personal.
7.- Aunque el delimitado plazo de 10 años debería prima facie computarse desde el 30 de abril de
1995, también lo es que el reconocimiento del cese irregular de la accionante en términos del
artículo 1991 del Código Civil que señala que “ (…)Puede renunciarse expresa o tácitamente a la
prescripción ya ganada. Se entiende que hay renuncia tácita cuando resulta de la ejecución de un
acto incompatible con la voluntad de favorecerse con la prescripción…(sic)” pone de manifiesto la
clara voluntad del Estado Peruano de renunciar a la prescripción ya ganada frente al vencimiento
del plazo de prescripción en cuya vigencia el accionante pudo haber ejercido cualquier acción
judicial derivada del reconocimiento de sus derechos o resarcimiento de las afectaciones
producidas como consecuencia de su cese irregular lo cual lógicamente no supone concluir en su
imprescriptibilidad que por lo demás sólo podría ser expresamente determinada por ley, sino iniciar
un nuevo cómputo de su decurso cuyo término inicial estaría dado necesariamente por el hecho
que configura la tacita renuncia a prescripción ganada, esto es la calificación del cese del
accionante como irregular que se produce a partir de la Resolución C.T.G. – R- N° 02046 – 2001 –
UNFV del 19 de abril del 2001 que por tal razón finalmente ordena su inmediata reincorporación al
servicio administrativo con sus respectivos derechos.
8.- De este modo a consecuencia de la renuncia al plazo prescriptorio ya ganado desde el 30 de
abril de 1995 y que se produce por efectos de la Resolución C.T.G. – R- N° 02046 – 2001 – UNFV
que al reconstituir jurídicamente la relación de trabajo del demandante que a la fecha se encuentra
plenamente vigente impide el computo de algún plazo prescriptorio en la medida que en el ámbito
laboral es la circunstancia del cese el que por antonomasia define el termino inicial y la norma que
fija el plazo prescriptorio aplicable, por tanto es indubitable que a la fecha de interposición de la
demanda el 25 de marzo del 2013 se encontraba plenamente vigente el plazo de prescripción para
el ejercicio de esta acción judicial tendiente al resarcimiento de los supuestos de daños por lucro cesante y daño moral que supuestamente desencadeno el reconocido como cese irregular del
demandante producido el 30 de abril de 1995.
9.- En la dilucidación de la controversia no puede perderse de vista que en la relación laboral se
configura una situación de disparidad donde el empleador asume un status particular de
preeminencia ante el cual el derecho y, en particular, el derecho constitucional y el derecho del
trabajo, se proyecta en sentido tuitivo hacia el trabajador, desde tal perspectiva, las atribuciones o
facultades que la ley reconoce al empleador no pueden vaciar de contenido los derechos del
trabajador, dicho de otro modo, no pueden devenir en una forma de ejercicio irrazonable, es por
esto que la Constitución precisa que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los
derechos constitucionales ni desconocer o disminuir la dignidad del trabajador (art. 23º, segundo
párrafo).
10.- A partir de esta premisa impuesta por la Constitución debe abordarse toda controversia surgida
en las relaciones jurídicas entre empleador y trabajador, en todo momento: al inicio, durante y al
concluir el vínculo laboral lo que engarza con el principio de tutela de la dignidad humana que
impone la defensa de los valores y manifestaciones que la configuran entre ellos de los derechos
fundamentales dentro de los que cabe destacar el derecho al trabajo, por lo que el ejercicio de
cualquier acto, actividad, decisión, facultad, derecho o atribución del empleador debe efectuarse
respetando su contenido esencial por ejemplo en su proyección en el derecho de acceso al empleo
o en el derecho a no ser despedido sin causa justa, caso contrario su infracción merecerá ser
reparada dado que es evidente la necesidad de forjar instrumentos de naturaleza jurídica que
sirvan para brindarles protección ya sea con el propósito de hacer efectiva su realización o con el
propósito de disponer su desagravio en este último caso se sitúa la indemnización ahora
pretendida.
11.- Entonces si el despido del accionante está viciado de inconstitucionalidad ab origen queda
claro que aquella inobservó una de sus principales obligaciones que es la de mantener al trabajador
en su empleo mientras subsista la fuente que le dio origen al haber resuelto su relación de trabajo
vía la ejecución de su despido de forma manifiestamente arbitraria lo que supone el ejercicio desde
ya abusivo de su posición de prevalencia en la relación de trabajo que resulta a todos luces
contrario al sistema de valores y fines en que se sustenta nuestra Constitución Política que al
reconocer al trabajo como un derecho fundamental lo hace también en su vertiente de proteger al
trabajador frente a un despido arbitrario incluyendo dentro de esta categoría ha aquellos que se ejecutan sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin que exista causa alguna
derivada de la conducta o la labor que la justifique.
12.- En este ámbito un límite al ejercicio de las potestades del empleador lo constituye obviamente
el principio – derecho a la dignidad de la persona humana reconocido en el artículo 1 de la
Constitución Política del Estado que determina que su efectivización para encontrarse arreglada a
derecho ha de hacerse con sujeción a la ley y por ello dentro de las limitaciones que se derivan de
tal principio; y también específicamente el respeto de los derechos laborales que la Constitución y
la Ley reconoce a los trabajadores.
13.- En proporción a los contornos de este marco jurídico debe recordarse que el derecho al trabajo
conforme aparecen de las prescripciones contenidas en los artículo 22 y siguientes de la
Constitución Política del Estado de 1993 es por naturaleza tuitivo de allí que sus lineamientos
constitucionales que forman parte de la gama de los derechos fundamentales, no pueden ser
meramente literales o estáticos ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del
derecho en la subordinación funcional y económica, por lo que con el incumplimiento de la
accionada de su obligación de mantener al demandante en el empleo mientras no se configuren
supuestos válidos para su extinción se ha afectado por lo menos el contenido esencial de su
derecho al trabajo consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política del Estado y que como
todo derecho se encuentra íntimamente vinculado al principio de derecho de dignidad de la persona
humana pues la Constitución Política del Estado de 1993 consagra al trabajo como un deber y un
derecho base del bienestar social y medio de la realización de la persona (artículo 22); y además
como un objetivo de atención prioritaria del Estado (artículo 23), consecuentemente se evidencia
que en el caso sub examine la accionada actuó por los menos con culpa inexcusable que define el
artículo 1319 del Código Civil lo cual justifica la atribución de su responsabilidad en los daños y
perjuicios que el despido ejecutado el 30 de abril de 1995 le ha originado al demandante cuanto
más cuando en general todo despido injustificado trae consigo un daño a la persona que lo sufre,
por cuanto de un momento a otro, en forma intempestiva deja de percibir su remuneración.
14.- Obviamente todo daño a los derechos fundamentales debe ser reparado de manera integral, lo
que implica tanto el aspecto patrimonial como extrapatrimonial, puesto que indemnizar supone
eximir de todo daño y perjuicio mediante un cabal resarcimiento, lo cual no se lograría si el daño o
el perjuicio subsisten en cualquier medida, por ende debe efectuarse una comprensión integral de
los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe tender la justicia y es que como lo recuerda la Corte Interamericana de Derechos
Humanos3 cuando no sea posible el restablecimiento de la situación anterior a la violación del
derecho que corresponda reparar, se impone una justa indemnización y las reparaciones, como el
término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las
violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos
tanto material como inmaterial y no pueden implicar el empobrecimiento de la víctima.
15.- El demandante persigue el resarcimiento por Lucro Cesante que es aquel supuesto que
corresponde a las nuevas utilidades que el damnificado habría presumiblemente conseguido sino
se hubiera verificado el hecho ílicito o el incumplimiento denunciado 4, es decir la ganancia dejada
de obtener de obtener o la perdida de los ingresos como consecuencia directa e inmediata del
hecho lesivo de allí que involucre lo que se hubiera podido ganar a futuro de no haberse producido
el supuesto de daño, por ende se refiere en forma exclusiva a la pérdida de ingresos económicos
futuros, que es posible cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos5.
16.- En el caso sub examine queda justamente evidenciado que la demandada con su conducta
abiertamente lesiva al resguardo y cautela esencialmente del derecho constitucional al trabajo le ha
ocasionado al accionante un grave perjuicio económico por las remuneraciones, bonificaciones y
beneficios sociales que ha dejado de percibir desde el momento en que se produce su cese
inconstitucional el 30 de abril de 1995 hasta cuando se produce su reincorporación en mayo del
2001, es decir además del quantum de su remuneración, la accionante también dejó de percibir los
demás beneficios económicos legales aplicables a su centro de trabajo ( Aguinaldos, Escolaridad,
Canasta, FEDU y Bonificación).
17.- El demandante igualmente busca el resarcimiento por el supuesto de daño moral que se ve
configurado por la aflicción y el sufrimiento que se genera por la pérdida abrupta de su trabajo y
que desencadena en forma inmediata la perdida de su remuneración con evidente efectos
perniciosos y nocivos sobre su salud física y mental. Empero bajo los términos esbozados la
accionante propiamente acusa un supuesto de daño a la persona que ciertamente comprende
todos los daños que se le puedan causar al ser humano en cualquiera de sus aspectos
3 Fundamentos 39 a 41 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Bamaca Velázquez vs. Guatemala. 2003 su fecha
22 de febrero del 2002 ( Reparaciones y Costas )
4 Visintini, Giovana. “El Daño Resarcible”. En Responsabilidad Civil, nuevas tendencias unificación y reforma 20 años después. Palestra Editores
S.A.C. Lima, 2005. pp 213.
5 En el Caso Loayza Tamayo la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “ (…) los daños materiales abarcaban (…) el monto de los
salarios que la victima ha dejado de percibir (…) más intereses corrientes…(sic)”. estructurales incluyendo, por consiguiente, el mal llamado “daño moral” que otra cosa no es que el
dolor, el sufrimiento, la aflicción de una persona, sólo aludimos a un daño emocional o sentimental
de orden psíquico.
18.- Ciertamente en el daño a la persona que es de naturaleza jurídica y no moral se involucran
todos los daños que se le puedan causar al ser humano y entre ellos el daño psicosomático y el
daño a la libertad o al proyecto de vida. En el daño psicosomático se puede lesionar el soma o
cuerpo o la psique, en este último cabe diferenciar el daño simplemente emocional (generalmente
denominado “daño moral”) del daño psíquico de carácter patológico.
19.- Este indebidamente aludido como daño moral involucra toda lesión en los sentimientos que
determina dolor o sufrimientos físicos o morales, un perturbamiento, una inquietud espiritual o
agravio a las afección legítimas y en general toda clase de padecimientos no susceptibles de
apreciación dineraria6 es decir incide psíquico de la persona más precisamente en el emocional. El
concepto de daño moral tiene sin lugar dudas especial relevancia y trascendencia en el ámbito del
derecho del trabajo desde que una de sus finalidades fundamentales es el de asegurar el respeto
de la dignidad de la persona del trabajador, ello en razón que la circunstancia de la subordinación a
que está sujeto el trabajador en el cumplimiento de su débito laboral podría ser proclive para que la
actuación de la otra parte ( empresario – empleador o principal ), que dirige esa actividad humana,
pueda menoscabar la facultad de actuar que disminuye o en su caso, frustra totalmente la
satisfacción de un interés no patrimonial, por lo que la lesión que en tal sentido se le infiera, exige
una reparación que debe comprender también el resarcimiento del perjuicio sufrido en su vida de
relación, que repercute en sus relaciones sociales, deportivas, artísticas, etc., e incluso la pérdida
de "chance", por la privación de la posibilidad futura de ascender en su carrera.
20.- Mientras el supuesto de daño al proyecto de vida atiende a la realización integral de la persona
afectada, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que
le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas y acceder a ellas es decir tiende a la
realización integral de la persona afectada, por lo que este supuesto de daño incide en las
alteraciones de las condiciones de la existencia que suponen modificaciones del entorno objetivo y
de la relación de ésta con aquél, que suelen prolongarse en el tiempo mucho más allá del momento
en que cesan la aflicción o la congoja ocasionadas por el hecho dañino, a diferencia del daño moral
6 Jiménez Vargas - Machuca, Roxana. ¿ Es posible del resarcimiento del daño inmaterial?. En Responsabilidad Civil II. Editorial Rhodas.Lima 2006.
pp 209 que no tiene que ver con alteraciones de condiciones de la existencia sino con el sufrimiento o la
aflicción subjetivos de la víctima, que son indemnizados, como perjuicios morales, mediante el
reconocimiento del precium doloris.
21.- En el caso sub examine sin necesidad de demostración objetiva y específica distinta el daño a
la persona que propiamente recusa el accionante se va haber determinado a partir de la forma y
circunstancias en que se produce su despido tipificado como arbitrario que bajo el escenario
abusivo en que se ejecuta pone de manifiesto un claro y grave desprecio por el resguardo de su
derecho fundamental a la dignidad, al debido proceso, al trabajo y a la protección adecuada contra
el despido arbitrario que mella profundamente su derecho a permanecer en su empleo y a no ser
despedido sin la existencia de causa justa y debidamente comprobada que lo justifique,
desencadenando en forma inmediata la pérdida de su remuneración necesaria e indispensable
para su subsistencia y la de su familia con dignidad y con ello el cambio drástico y repentino de su
situación económica que trae como consecuencia una profunda agresión a su estabilidad psíquica
y emocional dado el estado de incertidumbre, angustia e impotencia que se generara al verse
imposibilitado sea ya en forma inmediata o mediata de responder adecuadamente y satisfacer
incluso las necesidades más básicas de alimentación, salud y educación, cumplir con las
obligaciones presentes y lógicamente futuras ya asumidas y proyectadas razonablemente a partir
de una fuente de trabajo de naturaleza indeterminada.
22.- También el daño a la persona que configura el accionante bajo la indebida alusión de daño
moral se configura el cambio drástico y de singular entidad que supuso la pérdida de su empleo y
como consecuencia de su remuneración por la decisión arbitraria de la accionada, en el escenario y
contornos en que también se desenvolvía el marco afectivo y espiritual de la vida de su familia, lo
que abunda en reflejar el daño radical y profundo causado al demandante al frustarse el eje central
y decisivo sobre el que gira la entera existencia de la persona con lo que se trunca su destino y se
hace perder sentido a su existencia.
23.- La existencia del daño presunto que subyace a las conclusiones precedentes responde a la
aplicación analógica del criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se
desprende entre otros, de:
•••• Los fundamentos 130 a 133 de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas su fecha 01 de Julio del 2009 expedida en el Caso Acevedo Buendía y Otros “Cesantes y
Jubilados de la Contraloría” vs Perú donde se señala que “ (…) De dichas declaraciones [ afirmaciones hechas por las propias victimas ] se desprende que las víctimas en el presente caso
sufrieron frustraciones y angustias emocionales por el deterioro repentino y drástico de su situación
económica (…) A través de sus declaraciones, las víctimas se han referido a su caso particular y al
de los 273 miembros de la Asociación en general, para informar sobre la cancelación u
obstaculización del goce de sus cesantías y jubilaciones, en la medida que se vieron obligados a
obtener nuevos trabajos, a comprometer su patrimonio y persona a través de préstamos o venta de
sus bienes, o a adaptarse a una nueva realidad socioeconómica (…) Si bien no se trata de un
resultado seguro, que habría de presentarse necesariamente, sino de una situación probable -no
meramente posible- dentro del natural y previsible desenvolvimiento de las víctimas, en el presente
caso es posible presumir que dicha situación resultó interrumpida y contrariada (…) Por tanto, la
Corte observa que la lectura y análisis de las referidas declaraciones permite concluir que las 102
víctimas concernidas (…) y las 171 restantes padecieron una clara incertidumbre e indefensión ante
el incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional, las que a su vez les motivaron
angustia y sufrimiento psicológico por la imposibilidad o limitación para responder a sus
expectativas y responsabilidades con una pensión reducida sustancialmente de manera repentina.
Tales alteraciones en las condiciones de existencia de las víctimas constituyen un daño no
pecuniario derivado, no obstante, de la falta de cumplimiento de las sentencias del Tribunal
Constitucional (…) en el presente caso la Corte considera adicionalmente que la incertidumbre,
angustia y sufrimiento generados a las 273 víctimas como consecuencia del incumplimiento de las
sentencias judiciales emitidas a su favor, determina la configuración de un daño inmaterial
susceptible de reparación, por vía sustitutiva, mediante una indemnización compensatoria,
conforme a la equidad…(sic)
•••• El fundamento 52 de la Sentencia de Reparaciones y Costas su fecha 10 de setiembre de 1993
expedida en el Caso Aloeboetoe y Otros vs Surinam, fundamento 57 de la Sentencia de
Reparaciones y Costas su fecha 19 de setiembre de 1996 expedida en el Caso Neira Alegria y
Otros vs Perú, fundamento 86 de la Sentencia de Reparaciones y Costas su fecha 27 de noviembre
de 1998 expedida en el Caso Castillo Páez vs Perú, fundamento 138 de la Sentencia de
Reparaciones y Costas su fecha 27 de noviembre de 1998 expedida en el Caso Loayza Tamayo vs
Perú, y en el fundamento 106 de la Sentencia de Reparaciones y Costas su fecha 25 de mayo del
2001 expedida en el Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala donde
señala que “ (…) el daño moral infligido a la víctima resulta evidente, pues es propio de la
naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes (…) , experimente un
profundo sufrimiento moral, el cual se extiende a los miembros más íntimos de la familia, particularmente a aquéllos que estuvieron en contacto afectivo estrecho con la víctima. La Corte
considera que no requiere prueba para llegar a la mencionada conclusión…(sic)”.
24.- De este modo se plantea implícitamente que la sola intensidad y gravedad de las afectaciones
y agresiones a los derechos fundamentales entre ellos obviamente el derecho a la vida, a la
dignidad, a la pensión, al trabajo, a la protección adecuada contra el despido arbitrario y a la
remuneración permite reputar como presunto el daño inmaterial ( daño a la persona: daño
psicosomático y daño al proyecto de vida ) que se produce a la víctima que lo padece, es
precisamente dentro de estos linderos de razonamiento cuya aplicación se ve respaldada desde el
bloque de constitucionalidad conformado por el artículo 3 y la Cuarta Disposición Transitoria de la
Constitución Política del Estado y el artículo V del Título Preliminar del Código Procesal
Constitucional que ya expresamente instituye que “ El contenido y alcances de los derechos
constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben interpretarse
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados sobre derechos
humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos
humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte” que en el caso sub examine se
ha reputado como configurado el daño a la persona que implícitamente acusa el actor aunque bajo
la errónea ilusión de daño moral al haberse constatado la gravedad e intensidad de las agresiones
y afectaciones producidas en su esfera personal como consecuencia del ejercicio arbitrario,
irracional y abusivo de la facultad de despedir de la demandada que refleja su proclividad a resolver
la relación de trabajo, fundada única y exclusivamente en su libérrima voluntad y por ello con
manifiesta violación de los derechos fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución
o los tratados relativos a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos cuya
afirmación en el ámbito laboral supone " (…) superar la noción tradicional según la cual el contrato
de trabajo acotaba a favor del empleador una “zona franca y segregada de la sociedad civil “ en la
que los derechos civiles y libertades del trabajador quedaban en la “ puerta de la fábrica “
careciendo, por consiguiente, de relevancia en la vida de la relación de trabajo…(sic) "7.
25.- Identificados los daños ocasionados y determinado al responsable de su resarcimiento queda
la tarea de cuantificar su quantum, que por su naturaleza y contenido debe ser establecido en
proporción al marco que surge de la disposiciones generales contenidas en el artículo 1322 del
7 Blancas Bustamante, Carlos. El despido en el Derecho Laboral Peruano, Ara Editores, 2da Edición Lima, 2006, Pág. 280. Código Civil que delimita que “si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto
preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa” es decir atribuye al Juez la facultad para
establecer su alcance y extensión sin limitación legal tarifada o tasada salvo aquella se deriva en
forma proporcional y razonable de su criterio estimativo que se forja claro está en función a la
entidad y alcance del perjuicio demostrado.
26.- Dentro de este marco jurídico para lo que al lucro cesante interesa debe establecerse en la
suma de S/ 50,000.00 que es fijado ponderando y proyectando el valor y quantum de los salarios y
beneficios legales y convencionales que efectivamente dejó el accionante de percibir, esto es el
monto real ( luego de descuentos por aportes sociales y previsionales) que debió incorporarse a su
esfera de dominio pero que fue truncado a consecuencia del acto inconstitucional de su empleador
y el lapso o extensión durante la cual tal afectación se mantuvo latente que inevitablemente
determina una marcada y progresiva evolución de la entidad de su contraprestación remunerativa y
es que lógicamente se incorporan a su esfera jurídica los incrementos y aumentos que en forma
progresiva se fueron aplicando en su centro de labores a trabajadores ubicados en su mismo nivel
y categoría.
27.- En tanto que por el propiamente denominado daño |
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Juez: CANALES VIDAL, JULIO HEYNER
Fecha: 20/01/2015 09:54:03
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO DE LIMA
EXPEDIENTE : 07884 – 2013 – 0 -1801- JR-LA-02
DEMANDANTE : NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAÑ FEDERICO VILLAREAL
CORTE SUPERIOR DE LIMA MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Secretario: SANCHEZ VIOLETA,
JOSE SECRETARIA : DIANA HINOSTROZA HUACCACHI
Fecha: 20/01/2015 10:59:57
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
AUTO N° 05
Lima, diecinueve de enero del año dos mil quince.-
ANTECEDENTES
Por recibido los autos de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Superior de Justicia con fecha 14 de enero de los corrientes, mediante Sentencia Casación
Laboral N° 17611 – 2013 de fecha 09 de diciembre del 2014, declara fundada el recurso de
casación presentado por la parte demandante revocando la resolución N° 01 de fecha 01 de abril
del 2013, en consecuencia, se ordena se admita la demanda procediéndose a la misma.
FUNDAMENTOS
Primero: Conforme a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 29497,
Nueva Ley Procesal del Trabajo corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos
que se originan con ocasión de la prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza
laboral, formativa, cooperativista o administrativa, quedando excluidas las prestaciones de
servicios de carácter civil, salvo que se sustenten en el encubrimiento de relaciones de trabajo.
Segundo: En orden al logro de tal objetivo, constituyen fundamentos del proceso laboral
procurar la igualdad real de la partes, el privilegio del fondo sobre la forma, la interpretación de
los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, la
observancia del debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. Por lo
mismo, los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo del impulso del proceso,
impidiendo y sancionando la inconducta contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y
buena fe de las partes, sus representantes, sus obligados y terceros.
Tercero: Dentro de este ámbito el artículo 16 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo concordado
con los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil define los requisitos, exigencias y anexos que debe reunir la demanda para su admisión, propósito para el cual resulta también de especial
relevancia la observancia de la exigencia formal contemplada en su artículo 13.
Cuarto: Al satisfacer la demanda interpuesta con tales parámetros debe procederse conforme a
la facultad derivada en contrario sensu del artículo 17 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo
concordado con el artículo 430 del Código Procesal Civil.
DECISION
1. ADMÍTASE en vía de PROCESO ORDINARIO LABORAL la demanda interpuesta por
NARCISO ANTONIO PALACIOS SIGUEÑAS sobre INDEMNIZACION POR DAÑOS Y
PERJUICIOS.
2. EMPLÁZESE a la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL, en
su domiciliado en Calle Gonzáles N° 285, Distrito de San Miguel.
3. FÍJESE el desarrollo de la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN para el día 02 DE
OCTUBRE PROXIMO A HORAS 12:20 DE LA TARDE en la SALA DE AUDIENCIA N°
01 ubicada en el piso 17 del Edificio Alzamora Valdez (ex Ministerio de Educación)
Esquina de Av. Abancay con Av. Nicolás de Piérola – Cercado de Lima.
4. EXHORTAR a los abogados de ambas partes para que conforme artículo 12 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo, concurran debidamente preparados en su teoría del
caso, con pleno conocimiento de las técnicas y destrezas propias de la litigación oral en
el proceso laboral.
5. RECOMENDAR a los abogados de las partes que en observancia del artículo 12 de la
Nueva Ley Procesal del Trabajo tomen las previsiones del caso, preparándose,
previamente, para efectuar un discurso sencillo, esquemático y breve, desprendido de
toda retorica innecesaria.
6. ESTABLECER que, como se desprende de los artículos 11, 15 y 29 de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo, los apoderados o representantes de las partes tienen la obligación de concurrir con un vasto conocimiento y dominio de los hechos que motivan el proceso,
bajo apercibimiento de imponerse una multa por conducta obstructiva, sin perjuicio de
valorar su conducta procesal.
7. EXHORTAR a la parte demandada para que en proporción a su deber de colaboración
procesal derivado de los artículos 11, 15 y 29 de la Nueva Ley procesal del Trabajo,
acompañe a su contestación o en su defecto traiga cuadros detallados, resumidos y
sistematizados, tanto en soporte magnético como físico, de los estipendios abonados a
la parte accionante, así como un cuadro pormenorizado de los pagos que,
eventualmente, le hubieran realizado respecto a los beneficios sociales u otros
conceptos reclamados en el proceso, bajo apercibimiento de valorar su conducta
procesal, sin perjuicio de la posibilidad de imponérsele una multa. |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SÉPTIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LA NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
Esquina Av. Abancay y Colmena - Edificio Javier Alzamora Valdez – Piso 17
RAZON:
Señorita Juez:
En cumplimiento a mis funciones informo a Ud., que se encuentra pendiente de dar cuenta un
escrito de fecha 15-03-2016, debido a la elevada carga procesal, lo que informo a Ud. para los
fines pertinentes.
Lima, 30 de junio de 2016
EXPEDIENTE : 08513-2013-0-1801-JR-LA-07
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC
DEMANDANTE : LINARES DELGADO CESAR ANTONIO
JUEZ : MIRANDA MENDOZA JESSICA
ESPECIALISTA : COTRINA GOYCOCHEA PEDRO
RESOLUCION N° DIECISEIS
Lima, 30 de junio
Del año dos mil dieciséis.-
Con la razón que antecede emitida por el Especialista Legal: Téngase
presente; DANDOSE CUENTA: Al escrito de fecha 15-03-2016 presentado por el demandante,
estando a lo expuesto: Téngase por absuelto el traslado conferido mediante resolución N° 15; y
proveyendo como corresponde el escrito presentado por la demandada con fecha 01-10-2015: y,
ATENDIENDO:
1. Mediante Sentencia de Vista de 05-06-2014 (folios 230-234 y vuelta), la Cuarta Sala
Laboral, revocó la sentencia, de fecha 29-08-2013, reformándola se declaró fundada la
demanda sobre Nivelación Remunerativa respecto de pago de viáticos, ordenando que
la demandada cumpla con pagar a favor del demandante la suma de S/ 20,912.00 Soles,
amparando también intereses legales, con costas y costos.
2. Por resolución N° 08 (folios 237) del 07-07-2014, se requirió a la demandada a fin de
que cumpla con la nivelación remunerativa respecto de viáticos y proceda con el pago
de la deuda a favor del demandante.
3. Mediante escrito de fecha 01-09-2014, la demandada adjunta el Certificado Judicial N°
2014006004065, por el monto de S/ 15,276.83 soles, aduciendo que ha efectuado las
retenciones por mandato de la ley, circunstancia en la cual se genera el presupuesto de
hecho del nacimiento de una obligación de carácter tributario, como es el caso de
efectuar la retención del impuesto a la renta de 5ta. categoría dispuesta por los artículos 71° y 75° de la Ley del Impuesto a la Renta; así como también las retenciones por
concepto de Sistema Privado de Pensiones se debieron a razón de lo dispuesto en el
artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración
de Fondos de Pensiones (SPP).
4. Que, mediante acta de entrega de consignación de fecha 15-09-2014, que obra en
autos, se hace entrega del referido certificado judicial presentado por la emplazada al
demandante.
5. El demandante recurre ante este órgano jurisdiccional peticionando que se cumpla con
el pago total de la sentencia, que las deducciones efectuadas atentan y vulneran el
derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad
de cosa juzgada y a la ejecución de las resoluciones judiciales, por lo que la deducción
de 5ta. Categoría y aporte a la AFP INTEGRA, ha frustrado el cumplimiento cabal y total
de la ordenado en la sentencia; por lo que solicita el reintegro de S/ 5,912.00 soles.
6. Mediante escrito del 01-10-2015, la demandada informa que los descuentos realizados
corresponden al pago por AFP de S/ 2,845.65 soles y pago a la SUNAT por renta de 5ta.
categoría de S/ 3,787.00 soles, solicitando tener por cumplido lo sentenciado
7. De lo expuesto por la misma ejecutante y de las Constancias de Pago se advierte que se
han efectuado retenciones por el concepto de Renta de 5ta. Categoría y pago a AFP.
8. Ahora bien, de lo expuesto, cabe señalar, en primer término, que dentro de una relación
laboral los tributos que corresponden ser pagados por el trabajador son el impuesto
anual a la renta de quinta categoría y el destinado al financiamiento de sus pensiones,
ya sea éste a través del Sistema Nacional de Pensiones o el Fondo de Jubilación
Privada (AFP), los cuales constituyen cargas sociales.
9. Al respecto, es imprescindible señalar que en el Pleno Jurisdiccional de 1998 (Acuerdo
Nº 08-99) se acordó que los Juzgados de Trabajo no son competentes para determinar
las retenciones a cargo del empleador del Impuesto a la Renta y de cualquier otro tributo
o aportación sobre los reintegros de remuneraciones ordenados pagar a favor del
trabajador; igualmente, acordó que la responsabilidad de establecer el monto de la
retención corresponde al empleador.
10. La demandada Corporación Pesquera Inca SAC, dada su condición de empleador, es un
agente de retención designado por la SUNAT, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 71 y 75 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, Decreto Supremo N° 179-
2004-EF, razón por la cual dentro de sus obligaciones se encuentran la de ingresar al
fisco las retenciones efectuadas por quinta categoría.
11. Es preciso indicar que, conforme ha señalado la parte demandada respecto a las
retenciones por concepto de Sistema Privado de Pensiones y del pago de las
remuneraciones devengadas, tienen amparo legal.
12. De lo antes expuesto, se puede determinar que el descuento efectuado por la
demandada ha sido realizado de acuerdo a Ley, dada su calidad de agente retenedor,
más aún si tenemos en cuenta que los conceptos retenidos constituyen cargas sociales a favor del propio actor, y no así un ingreso o beneficio para la demandada. Por tanto,
corresponde desestimar la solicitud del accionante.
13. Sin perjuicio de lo resuelto, cabe señalar, que el Tribunal Constitucional en el expediente
signado con el N° 05492-2011-PA/TC ha establecido que las sentencias recaídas en el
proceso judicial sobre pago de remuneraciones devengadas, no debe admitir excepción
alguna a su cumplimiento total en sus propios términos en que ella misma se expresa,
que dicha sentencia no constituye precedente vinculante, por lo que su contenido es
meramente referencial para el caso de autos.
Por lo que se DECLARA:
(cid:1) INFUNDADO el pedido realizado por la ejecutante, debiendo proseguir el proceso según
su estado.
NOTIFÍQUESE.- |