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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 8°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 02214-2012-0-1817-JR-CO-08
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : LA CRUZ CHAVEZ ALDO JAIME
ESPECIALISTA : PEÑA CAMPANA, EIYI OOKII
INTERVINIENTE : OCONNOR SALMON, CESAR IVÁN PERITO
VALLEJO URRETA, CESAR WALTER PERITO
VILLALTA CASTAÑEDA, JORGE OCTAVIO PERITO
: MOGOLLÓN MIRANDA, ARNALDO HUMBERTO
VALDIVIA COLLAZOS, CARMEN ESTHER
ACREEDOR : INVERSIONES REAL PERÚ SAC ACREEDOR NO
SCOTIABANK PERÚ SAA ACREEDOR NO
SERVICIOS COBRANZAS E INVERSIONES ACREEDOR
TIGER EYE SAC ACREEDOR NO EJECUTANTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUNAT
DEMANDADO : SERVICIOS LESAMA SRL
DEMANDANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO OCHENTA Y SEIS
Lima, quince de mayo
del año dos mil veintitrés. -
Estando a la autorización de ingreso de documentos
a través de la Mesa de Partes Virtual firmado digitalmente o con firma
gráfica escaneada establecido en el numeral 2.5 del artículo segundo de la
R.A. Nro. 000023-2021-P-CE-PJ se procede a dar cuenta en la fecha,
debido a las recargadas labores del Juzgado que tramita tanto expedientes
judiciales electrónicos como expedientes judiciales físicos, el escrito
ingresado con el N° 228559-2022 presentado por el demandante Banco de
Crédito del Perú a través de la Mesa de Partes Virtual que se procede a
imprimir y compaginar, ello de conformidad a lo dispuesto en la R.A. N°
000133-2020-CE-PJ;
AL PRINCIPAL: Estando a lo solicitado y Atendiendo:
PRIMERO: Que, el demandante Banco de Crédito del Perú solicita se
proceda efectuar una nueva tasación en forma conjunta de los dos
inmuebles hipotecados, teniendo en cuenta que la tasación del inmueble
inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 se efectuó con fecha 11 de
noviembre del 2019, esto es hace mas de dos años y 10 meses y respecto
de la tasación del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078254
ha sido observada por el acreedor no ejecutante Inversiones Real Perú
S.A.C SEGUNDO: Que, el artículo 729° del Código Procesal Civil, establece que
no es necesaria la tasación si las partes han convenido el valor del bien o su
valor especial para el caso de ejecución forzada; sin embargo, el Juez
puede, de oficio o a petición de parte, ordenar la tasación si considera que
el valor convenido está desactualizado; su decisión es inimpugnable;
TERCERO: Que, para proceder al remate de los bienes inmuebles ubicados
sito en:
Calle 6 Sub Lote 7 del Fundo Oquendo, Cercado del Callao, Provincia
Constitucional del Callao, Departamento de Lima, inscrita en la
Partida Electrónica N° 70078254 de los Registros Públicos de la
Propiedad Inmueble de Lima y Callao
Calle 6, Sub Lote 8, Urbanización Fundo Oquendo, Cercado del
Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima,
inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 de los Registros
Públicos de la Propiedad Inmueble de Lima y Callao
Resulta preciso contar con la tasación actualizada de los mismos, a fin de
asegurar que los referidos bienes inmuebles se sometan a subasta pública
en base a su valor real, a su justiprecio, hecho que no solo va a repercutir
en las partes del proceso, sino también en los posibles postores;
CUARTO: Que, conforme a la revisión de autos, se advierte que la tasación
respecto del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 data
de fecha 11 de noviembre del 2019, la misma que fue aprobada mediante
resolución número ochenta y dos de fecha 27 de abril del 2022
Respecto de la tasación respecto del inmueble inscrito en la Partida
Electrónica N° 70078254, la misma data de fecha 22 de marzo del 2021,
la misma que ha sido objeto de observación por parte del acreedor no
ejecutante Inversiones Real Perú S.A.C mediante resolución de fecha
ochenta y tres de fecha 27 de abril del 2022
Que, conforme a lo solicitado por el ejecutante y atendiendo que las
tasaciones obrantes en autos se encuentran desactualizadas, siendo que en
el caso del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 ha
transcurrido mas de 03 años y seis meses desde su emisión y respecto del
inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078254, ha transcurrido
mas de 02 años y un mes desde su emisión de la referida tasación
comercial, en ese sentido se puede determinar que a la fecha las tasaciones
realizadas se encuentra desactualizadas, conforme a lo establecido también
en reiteradas jurisprudencias; no reflejando a la fecha el valor real de los
bienes inmuebles objeto de garantía; QUINTO: Que, conforme a los fundamentos antes expuestos y en mérito a
lo dispuesto en el artículo 729° del Código Procesal Civil concordante con
la R.A. N° 166-2019-CE-PJ, se resuelve declarar FUNDADO el pedido del
demandante y en consecuencia:
I. PROCÉDASE a efectuar una nueva tasación de los bienes inmuebles
dados en garantía; a fin de determinar el valor actualizado de los
mismos; por lo que el Juzgado dispone:
a) DESÍGNESE dos peritos tasadores a través del sistema rotativo y
aleatorio de la REPEJ a fin de que determinen el valor actualizado de
los bienes inmuebles dados en garantía: a Silvia Elvira Chumpitazi
Serrano y Julio Cesar Ugaz Castillo; quienes deberán aceptar y
juramentar el cargo conferido en el plazo de tres días,
b) FIJAR los honorarios profesionales de dichos órganos de auxilio
judicial en la suma de DIEZ URP para cada uno, monto que resulta
razonable y prudencial teniendo en cuenta los fines del proceso, el
Principio de Economía Procesal preceptuado en los artículos III y V
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Registro aunado a lo
dispuesto en el artículo 271° y Décimo Cuarta Disposición
Complementaria del Código antes acotado;
c) ORDENAR al demandante para que en el término de cinco días de
notificado cumpla con abonar dicho monto mediante depósito
judicial electrónico1 del Banco de la Nación
d) Debiendo presentar los peritos judiciales su informe pericial dentro
del décimo día, después de consignado por el demandante el monto
ordenado.
AL UNICO OTROSI: Téngase presente para su oportunidad.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el Magistrado que
suscribe por disposición superior. Notifíquese. -
1 Directiva N° 004-2013-CE-PJ (14.06-2013) |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 8°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 02214-2012-0-1817-JR-CO-08
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : LA CRUZ CHAVEZ ALDO JAIME
ESPECIALISTA : PEÑA CAMPANA, EIYI OOKII
INTERVINIENTE : OCONNOR SALMON, CESAR IVÁN PERITO
VALLEJO URRETA, CESAR WALTER PERITO
VILLALTA CASTAÑEDA, JORGE OCTAVIO PERITO
: MOGOLLÓN MIRANDA, ARNALDO HUMBERTO
VALDIVIA COLLAZOS, CARMEN ESTHER
ACREEDOR : INVERSIONES REAL PERÚ SAC ACREEDOR NO
SCOTIABANK PERÚ SAA ACREEDOR NO
SERVICIOS COBRANZAS E INVERSIONES ACREEDOR
TIGER EYE SAC ACREEDOR NO EJECUTANTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUNAT
DEMANDADO : SERVICIOS LESAMA SRL
DEMANDANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO OCHENTA Y SEIS
Lima, quince de mayo
del año dos mil veintitrés. -
Estando a la autorización de ingreso de documentos
a través de la Mesa de Partes Virtual firmado digitalmente o con firma
gráfica escaneada establecido en el numeral 2.5 del artículo segundo de la
R.A. Nro. 000023-2021-P-CE-PJ se procede a dar cuenta en la fecha,
debido a las recargadas labores del Juzgado que tramita tanto expedientes
judiciales electrónicos como expedientes judiciales físicos, el escrito
ingresado con el N° 228559-2022 presentado por el demandante Banco de
Crédito del Perú a través de la Mesa de Partes Virtual que se procede a
imprimir y compaginar, ello de conformidad a lo dispuesto en la R.A. N°
000133-2020-CE-PJ;
AL PRINCIPAL: Estando a lo solicitado y Atendiendo:
PRIMERO: Que, el demandante Banco de Crédito del Perú solicita se
proceda efectuar una nueva tasación en forma conjunta de los dos
inmuebles hipotecados, teniendo en cuenta que la tasación del inmueble
inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 se efectuó con fecha 11 de
noviembre del 2019, esto es hace mas de dos años y 10 meses y respecto
de la tasación del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078254
ha sido observada por el acreedor no ejecutante Inversiones Real Perú
S.A.C SEGUNDO: Que, el artículo 729° del Código Procesal Civil, establece que
no es necesaria la tasación si las partes han convenido el valor del bien o su
valor especial para el caso de ejecución forzada; sin embargo, el Juez
puede, de oficio o a petición de parte, ordenar la tasación si considera que
el valor convenido está desactualizado; su decisión es inimpugnable;
TERCERO: Que, para proceder al remate de los bienes inmuebles ubicados
sito en:
Calle 6 Sub Lote 7 del Fundo Oquendo, Cercado del Callao, Provincia
Constitucional del Callao, Departamento de Lima, inscrita en la
Partida Electrónica N° 70078254 de los Registros Públicos de la
Propiedad Inmueble de Lima y Callao
Calle 6, Sub Lote 8, Urbanización Fundo Oquendo, Cercado del
Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima,
inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 de los Registros
Públicos de la Propiedad Inmueble de Lima y Callao
Resulta preciso contar con la tasación actualizada de los mismos, a fin de
asegurar que los referidos bienes inmuebles se sometan a subasta pública
en base a su valor real, a su justiprecio, hecho que no solo va a repercutir
en las partes del proceso, sino también en los posibles postores;
CUARTO: Que, conforme a la revisión de autos, se advierte que la tasación
respecto del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 data
de fecha 11 de noviembre del 2019, la misma que fue aprobada mediante
resolución número ochenta y dos de fecha 27 de abril del 2022
Respecto de la tasación respecto del inmueble inscrito en la Partida
Electrónica N° 70078254, la misma data de fecha 22 de marzo del 2021,
la misma que ha sido objeto de observación por parte del acreedor no
ejecutante Inversiones Real Perú S.A.C mediante resolución de fecha
ochenta y tres de fecha 27 de abril del 2022
Que, conforme a lo solicitado por el ejecutante y atendiendo que las
tasaciones obrantes en autos se encuentran desactualizadas, siendo que en
el caso del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 ha
transcurrido mas de 03 años y seis meses desde su emisión y respecto del
inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078254, ha transcurrido
mas de 02 años y un mes desde su emisión de la referida tasación
comercial, en ese sentido se puede determinar que a la fecha las tasaciones
realizadas se encuentra desactualizadas, conforme a lo establecido también
en reiteradas jurisprudencias; no reflejando a la fecha el valor real de los
bienes inmuebles objeto de garantía; QUINTO: Que, conforme a los fundamentos antes expuestos y en mérito a
lo dispuesto en el artículo 729° del Código Procesal Civil concordante con
la R.A. N° 166-2019-CE-PJ, se resuelve declarar FUNDADO el pedido del
demandante y en consecuencia:
I. PROCÉDASE a efectuar una nueva tasación de los bienes inmuebles
dados en garantía; a fin de determinar el valor actualizado de los
mismos; por lo que el Juzgado dispone:
a) DESÍGNESE dos peritos tasadores a través del sistema rotativo y
aleatorio de la REPEJ a fin de que determinen el valor actualizado de
los bienes inmuebles dados en garantía: a Silvia Elvira Chumpitazi
Serrano y Julio Cesar Ugaz Castillo; quienes deberán aceptar y
juramentar el cargo conferido en el plazo de tres días,
b) FIJAR los honorarios profesionales de dichos órganos de auxilio
judicial en la suma de DIEZ URP para cada uno, monto que resulta
razonable y prudencial teniendo en cuenta los fines del proceso, el
Principio de Economía Procesal preceptuado en los artículos III y V
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Registro aunado a lo
dispuesto en el artículo 271° y Décimo Cuarta Disposición
Complementaria del Código antes acotado;
c) ORDENAR al demandante para que en el término de cinco días de
notificado cumpla con abonar dicho monto mediante depósito
judicial electrónico1 del Banco de la Nación
d) Debiendo presentar los peritos judiciales su informe pericial dentro
del décimo día, después de consignado por el demandante el monto
ordenado.
AL UNICO OTROSI: Téngase presente para su oportunidad.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el Magistrado que
suscribe por disposición superior. Notifíquese. -
1 Directiva N° 004-2013-CE-PJ (14.06-2013) |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 8°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 02214-2012-0-1817-JR-CO-08
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : LA CRUZ CHAVEZ ALDO JAIME
ESPECIALISTA : PEÑA CAMPANA, EIYI OOKII
INTERVINIENTE : OCONNOR SALMON, CESAR IVÁN PERITO
VALLEJO URRETA, CESAR WALTER PERITO
VILLALTA CASTAÑEDA, JORGE OCTAVIO PERITO
: MOGOLLÓN MIRANDA, ARNALDO HUMBERTO
VALDIVIA COLLAZOS, CARMEN ESTHER
ACREEDOR : INVERSIONES REAL PERÚ SAC ACREEDOR NO
SCOTIABANK PERÚ SAA ACREEDOR NO
SERVICIOS COBRANZAS E INVERSIONES ACREEDOR
TIGER EYE SAC ACREEDOR NO EJECUTANTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUNAT
DEMANDADO : SERVICIOS LESAMA SRL
DEMANDANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO OCHENTA Y SEIS
Lima, quince de mayo
del año dos mil veintitrés. -
Estando a la autorización de ingreso de documentos
a través de la Mesa de Partes Virtual firmado digitalmente o con firma
gráfica escaneada establecido en el numeral 2.5 del artículo segundo de la
R.A. Nro. 000023-2021-P-CE-PJ se procede a dar cuenta en la fecha,
debido a las recargadas labores del Juzgado que tramita tanto expedientes
judiciales electrónicos como expedientes judiciales físicos, el escrito
ingresado con el N° 228559-2022 presentado por el demandante Banco de
Crédito del Perú a través de la Mesa de Partes Virtual que se procede a
imprimir y compaginar, ello de conformidad a lo dispuesto en la R.A. N°
000133-2020-CE-PJ;
AL PRINCIPAL: Estando a lo solicitado y Atendiendo:
PRIMERO: Que, el demandante Banco de Crédito del Perú solicita se
proceda efectuar una nueva tasación en forma conjunta de los dos
inmuebles hipotecados, teniendo en cuenta que la tasación del inmueble
inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 se efectuó con fecha 11 de
noviembre del 2019, esto es hace mas de dos años y 10 meses y respecto
de la tasación del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078254
ha sido observada por el acreedor no ejecutante Inversiones Real Perú
S.A.C SEGUNDO: Que, el artículo 729° del Código Procesal Civil, establece que
no es necesaria la tasación si las partes han convenido el valor del bien o su
valor especial para el caso de ejecución forzada; sin embargo, el Juez
puede, de oficio o a petición de parte, ordenar la tasación si considera que
el valor convenido está desactualizado; su decisión es inimpugnable;
TERCERO: Que, para proceder al remate de los bienes inmuebles ubicados
sito en:
Calle 6 Sub Lote 7 del Fundo Oquendo, Cercado del Callao, Provincia
Constitucional del Callao, Departamento de Lima, inscrita en la
Partida Electrónica N° 70078254 de los Registros Públicos de la
Propiedad Inmueble de Lima y Callao
Calle 6, Sub Lote 8, Urbanización Fundo Oquendo, Cercado del
Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima,
inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 de los Registros
Públicos de la Propiedad Inmueble de Lima y Callao
Resulta preciso contar con la tasación actualizada de los mismos, a fin de
asegurar que los referidos bienes inmuebles se sometan a subasta pública
en base a su valor real, a su justiprecio, hecho que no solo va a repercutir
en las partes del proceso, sino también en los posibles postores;
CUARTO: Que, conforme a la revisión de autos, se advierte que la tasación
respecto del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 data
de fecha 11 de noviembre del 2019, la misma que fue aprobada mediante
resolución número ochenta y dos de fecha 27 de abril del 2022
Respecto de la tasación respecto del inmueble inscrito en la Partida
Electrónica N° 70078254, la misma data de fecha 22 de marzo del 2021,
la misma que ha sido objeto de observación por parte del acreedor no
ejecutante Inversiones Real Perú S.A.C mediante resolución de fecha
ochenta y tres de fecha 27 de abril del 2022
Que, conforme a lo solicitado por el ejecutante y atendiendo que las
tasaciones obrantes en autos se encuentran desactualizadas, siendo que en
el caso del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 ha
transcurrido mas de 03 años y seis meses desde su emisión y respecto del
inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078254, ha transcurrido
mas de 02 años y un mes desde su emisión de la referida tasación
comercial, en ese sentido se puede determinar que a la fecha las tasaciones
realizadas se encuentra desactualizadas, conforme a lo establecido también
en reiteradas jurisprudencias; no reflejando a la fecha el valor real de los
bienes inmuebles objeto de garantía; QUINTO: Que, conforme a los fundamentos antes expuestos y en mérito a
lo dispuesto en el artículo 729° del Código Procesal Civil concordante con
la R.A. N° 166-2019-CE-PJ, se resuelve declarar FUNDADO el pedido del
demandante y en consecuencia:
I. PROCÉDASE a efectuar una nueva tasación de los bienes inmuebles
dados en garantía; a fin de determinar el valor actualizado de los
mismos; por lo que el Juzgado dispone:
a) DESÍGNESE dos peritos tasadores a través del sistema rotativo y
aleatorio de la REPEJ a fin de que determinen el valor actualizado de
los bienes inmuebles dados en garantía: a Silvia Elvira Chumpitazi
Serrano y Julio Cesar Ugaz Castillo; quienes deberán aceptar y
juramentar el cargo conferido en el plazo de tres días,
b) FIJAR los honorarios profesionales de dichos órganos de auxilio
judicial en la suma de DIEZ URP para cada uno, monto que resulta
razonable y prudencial teniendo en cuenta los fines del proceso, el
Principio de Economía Procesal preceptuado en los artículos III y V
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Registro aunado a lo
dispuesto en el artículo 271° y Décimo Cuarta Disposición
Complementaria del Código antes acotado;
c) ORDENAR al demandante para que en el término de cinco días de
notificado cumpla con abonar dicho monto mediante depósito
judicial electrónico1 del Banco de la Nación
d) Debiendo presentar los peritos judiciales su informe pericial dentro
del décimo día, después de consignado por el demandante el monto
ordenado.
AL UNICO OTROSI: Téngase presente para su oportunidad.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el Magistrado que
suscribe por disposición superior. Notifíquese. -
1 Directiva N° 004-2013-CE-PJ (14.06-2013) |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 8°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 02214-2012-0-1817-JR-CO-08
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : LA CRUZ CHAVEZ ALDO JAIME
ESPECIALISTA : PEÑA CAMPANA, EIYI OOKII
INTERVINIENTE : OCONNOR SALMON, CESAR IVÁN PERITO
VALLEJO URRETA, CESAR WALTER PERITO
VILLALTA CASTAÑEDA, JORGE OCTAVIO PERITO
: MOGOLLÓN MIRANDA, ARNALDO HUMBERTO
VALDIVIA COLLAZOS, CARMEN ESTHER
ACREEDOR : INVERSIONES REAL PERÚ SAC ACREEDOR NO
SCOTIABANK PERÚ SAA ACREEDOR NO
SERVICIOS COBRANZAS E INVERSIONES ACREEDOR
TIGER EYE SAC ACREEDOR NO EJECUTANTE
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SUNAT
DEMANDADO : SERVICIOS LESAMA SRL
DEMANDANTE : BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
RESOLUCIÓN NÚMERO OCHENTA Y SEIS
Lima, quince de mayo
del año dos mil veintitrés. -
Estando a la autorización de ingreso de documentos
a través de la Mesa de Partes Virtual firmado digitalmente o con firma
gráfica escaneada establecido en el numeral 2.5 del artículo segundo de la
R.A. Nro. 000023-2021-P-CE-PJ se procede a dar cuenta en la fecha,
debido a las recargadas labores del Juzgado que tramita tanto expedientes
judiciales electrónicos como expedientes judiciales físicos, el escrito
ingresado con el N° 228559-2022 presentado por el demandante Banco de
Crédito del Perú a través de la Mesa de Partes Virtual que se procede a
imprimir y compaginar, ello de conformidad a lo dispuesto en la R.A. N°
000133-2020-CE-PJ;
AL PRINCIPAL: Estando a lo solicitado y Atendiendo:
PRIMERO: Que, el demandante Banco de Crédito del Perú solicita se
proceda efectuar una nueva tasación en forma conjunta de los dos
inmuebles hipotecados, teniendo en cuenta que la tasación del inmueble
inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 se efectuó con fecha 11 de
noviembre del 2019, esto es hace mas de dos años y 10 meses y respecto
de la tasación del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078254
ha sido observada por el acreedor no ejecutante Inversiones Real Perú
S.A.C SEGUNDO: Que, el artículo 729° del Código Procesal Civil, establece que
no es necesaria la tasación si las partes han convenido el valor del bien o su
valor especial para el caso de ejecución forzada; sin embargo, el Juez
puede, de oficio o a petición de parte, ordenar la tasación si considera que
el valor convenido está desactualizado; su decisión es inimpugnable;
TERCERO: Que, para proceder al remate de los bienes inmuebles ubicados
sito en:
Calle 6 Sub Lote 7 del Fundo Oquendo, Cercado del Callao, Provincia
Constitucional del Callao, Departamento de Lima, inscrita en la
Partida Electrónica N° 70078254 de los Registros Públicos de la
Propiedad Inmueble de Lima y Callao
Calle 6, Sub Lote 8, Urbanización Fundo Oquendo, Cercado del
Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Lima,
inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 de los Registros
Públicos de la Propiedad Inmueble de Lima y Callao
Resulta preciso contar con la tasación actualizada de los mismos, a fin de
asegurar que los referidos bienes inmuebles se sometan a subasta pública
en base a su valor real, a su justiprecio, hecho que no solo va a repercutir
en las partes del proceso, sino también en los posibles postores;
CUARTO: Que, conforme a la revisión de autos, se advierte que la tasación
respecto del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 data
de fecha 11 de noviembre del 2019, la misma que fue aprobada mediante
resolución número ochenta y dos de fecha 27 de abril del 2022
Respecto de la tasación respecto del inmueble inscrito en la Partida
Electrónica N° 70078254, la misma data de fecha 22 de marzo del 2021,
la misma que ha sido objeto de observación por parte del acreedor no
ejecutante Inversiones Real Perú S.A.C mediante resolución de fecha
ochenta y tres de fecha 27 de abril del 2022
Que, conforme a lo solicitado por el ejecutante y atendiendo que las
tasaciones obrantes en autos se encuentran desactualizadas, siendo que en
el caso del inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078255 ha
transcurrido mas de 03 años y seis meses desde su emisión y respecto del
inmueble inscrito en la Partida Electrónica N° 70078254, ha transcurrido
mas de 02 años y un mes desde su emisión de la referida tasación
comercial, en ese sentido se puede determinar que a la fecha las tasaciones
realizadas se encuentra desactualizadas, conforme a lo establecido también
en reiteradas jurisprudencias; no reflejando a la fecha el valor real de los
bienes inmuebles objeto de garantía; QUINTO: Que, conforme a los fundamentos antes expuestos y en mérito a
lo dispuesto en el artículo 729° del Código Procesal Civil concordante con
la R.A. N° 166-2019-CE-PJ, se resuelve declarar FUNDADO el pedido del
demandante y en consecuencia:
I. PROCÉDASE a efectuar una nueva tasación de los bienes inmuebles
dados en garantía; a fin de determinar el valor actualizado de los
mismos; por lo que el Juzgado dispone:
a) DESÍGNESE dos peritos tasadores a través del sistema rotativo y
aleatorio de la REPEJ a fin de que determinen el valor actualizado de
los bienes inmuebles dados en garantía: a Silvia Elvira Chumpitazi
Serrano y Julio Cesar Ugaz Castillo; quienes deberán aceptar y
juramentar el cargo conferido en el plazo de tres días,
b) FIJAR los honorarios profesionales de dichos órganos de auxilio
judicial en la suma de DIEZ URP para cada uno, monto que resulta
razonable y prudencial teniendo en cuenta los fines del proceso, el
Principio de Economía Procesal preceptuado en los artículos III y V
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como lo
establecido en el Manual de Procedimientos de Registro aunado a lo
dispuesto en el artículo 271° y Décimo Cuarta Disposición
Complementaria del Código antes acotado;
c) ORDENAR al demandante para que en el término de cinco días de
notificado cumpla con abonar dicho monto mediante depósito
judicial electrónico1 del Banco de la Nación
d) Debiendo presentar los peritos judiciales su informe pericial dentro
del décimo día, después de consignado por el demandante el monto
ordenado.
AL UNICO OTROSI: Téngase presente para su oportunidad.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el Magistrado que
suscribe por disposición superior. Notifíquese. -
1 Directiva N° 004-2013-CE-PJ (14.06-2013) |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 16°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 03387-2012-0-1817-JR-CO-16
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
ESPECIALISTA : NUNEZ MATOS, JUAN CARLOS
DEMANDADO : UMPIRE LOPEZ, SUSY PATRICIA
VEGA VILLAJOLI, CARLOS FERNANDO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU RPTDO POR JAVIER
EDUARDO VILLA GARCIA VARGAS ,
Resolución Nro. TRECE
Miraflores, trece de enero de dos mil dieciséis.-
DADO CUENTA EN LA FECHA; y atendiendo al escrito que antecede
114266-2015: Con el Acta de Legalización de firma que se adjunta: Téngase
por cumplido el mandato contenido en la resolución doce; en consecuencia,
proveyendo el escrito de su propósito: Y ATENDIENDO: Primero: Que, mediante
escrito que se da cuenta el apoderado de la ejecutante Banco de Crédito del
Perú solicita la conclusión del presente proceso manifestando que la deuda
puesta a cobro en autos ha sido cancelada; Segundo: Que, el presente
proceso es uno de ejecución de garantías, que se encuentra en etapa
técnica de ejecución, pues el auto final que ordena el remate del inmueble
dado en garantía para el pago del capital demandado, se encuentra
ejecutoriado; por lo que nos encontramos en etapa de ejecución del proceso;
Tercero: Que, siendo así, habiendo declarado el ejecutante que la obligación
puesta a cobro ha sido cancelada, habiendo su representante legal
legalizado su firma, se ha cumplido los fines del presente proceso, previsto en el
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, por lo que carece de
objeto continuarse con la presente causa. Por lo que, estando a las
consideraciones precedentes y en aplicación de las normas precitadas, SE
RESUELVE: FUNDADA la solicitud formulada y, en consecuencia, se declara la
CONCLUSIÓN del presente proceso y consentida o ejecutoriada que sea la
presente: archívese definitivamente el proceso, previa devolución de los
anexos acompañados a la demanda. Notificándose.- |
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EXPEDIENTE : 03486-2012-0-1817-JR-CO-06
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : MEDINA SANDOVAL, VIRGINIA MARIA
ESPECIALISTA : GALVEZ VARGAS, LUIS VICTOR
POR DEFINIR : BEJAR RODRIGUEZ, DANIEL JORGE PERITO
CASTILLO CARDENAS, VICTOR ELEAZAR PERITO
TERCERO : CORDOVA POMA, DOMITILA
DEMANDADO : YARASCA RAYMONDI, ANA LUISA
RAFAEL LAZO, QUELER
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. CUARENTA Y UNO
Lima, quince de agosto del año
Dos mil veintidós. –
Dándose cuenta del escrito de la parte ejecutante signada con el número
132577-2022; Al principal y primer otrosí: Por absuelto el trámite de la observación
en los términos que se indican Y, ATENDIENDO:
PRIMERO: La observación formulada por la Co ejecutado mediante su escrito número
195030-2021, se funda en la variación de las tasas del interés compensatorio, los
mismos que han tenido variaciones considerables, por formar parte de un préstamo
parte del Fondo Hipotecario de Promoción de Mi Vivienda – COFIDE;
SEGUNDO: Del Examen de la liquidación de deuda acompañada por la demandante
mediante su escrito número 81891-2021, se advierte que la parte ejecutante no explica
cual es la metodología utilizada para arribar a los montos propuestos por concepto de
interés legales, mucho menos detalla la fórmula aplicada para tal efecto, limitándose a
señalar las tasas de interés utilizadas y los días transcurridos, omisión que no permite
evaluar adecuadamente la liquidación presentada, en tal sentido habiendo la parte
demandante solicitado la designación de un perito contador, deberá designarse un
perito;
TERCERO: En tal sentido, atendiendo a la naturaleza de la operación a realizar, este
Despacho considera pertinente que la misma se efectuada por un profesional entendido
en la materia, esto en atención a lo normado por el artículo 55° concordante con el
artículo 262° del Código Adjetivo, que faculta al Juzgador a solicitar el concurso de un
órgano de auxilio judicial cuando a criterio del mismo sea necesario su aporte, para el
presente caso inherentes a un contador y/o economista haciendo uso del sistema
aleatorio de designación de peritos judiciales, por lo que deberá declararse Fundada la
demanda observación formulada por la ejecutada;
Por estas consideraciones, se resuelve:
SE RESUELVE:
1. DESAPROBAR la liquidación de deuda acompañada en su escrito número
81891-2021; 2. DESIGNAR, un perito Contador Público Colegiado, de manera aleatoria, de la
nomina del REPEJ, el mismo que deberá jurar y aceptar el cargo, designar su
casilla electrónica, dentro del tercero día de notificado;
3. FIJESE POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL PERITO, la suma de: 03
(TRES) U.R.P, suma que deberá ser abonada por la parte ejecutante;
4. FIJESE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS, para que presente el perito presente
su informe pericial, plazo que se contabiliza desde el día siguiente de notificado
con la consignación de los honorarios. –
Al segundo otrosí: Habiendo la contraria absuelta el trámite; carece de objeto
el pedido que se formula. - |
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EXPEDIENTE : 03486-2012-0-1817-JR-CO-06
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : MEDINA SANDOVAL, VIRGINIA MARIA
ESPECIALISTA : GALVEZ VARGAS, LUIS VICTOR
POR DEFINIR : BEJAR RODRIGUEZ, DANIEL JORGE PERITO
CASTILLO CARDENAS, VICTOR ELEAZAR PERITO
TERCERO : CORDOVA POMA, DOMITILA
DEMANDADO : YARASCA RAYMONDI, ANA LUISA
RAFAEL LAZO, QUELER
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU RPTNTE JAVIER
EDUARDO VILLA GARCIA VARGAS ,
Resolución Nro. VEINTIUNO
Lima, diecinueve de Abril del
Año dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Dándose cuenta en forma conjunta de los escritos
del Banco de Crédito del Perú y de los peritos signado con los números 149659 y
155994: Por absuelto el trámite de la nulidad y observación al informe pericial, en los
términos que se indican Y, ATENDIENDO:
PRIMERO: Mediante escrito de fojas 281 a 285, la Co ejecutada Ana Luisa Yarasca
Raymondi, solicita: a) la Nulidad de la resolución número 18 y de todo lo actuado en
este proceso, por haber sido emplazado en una dirección que no corresponde,
señalando que su domicilio se encuentra ubicada en Jr. Raúl Villarán N° 255,
Urbanización La Viña, Distrito de San Luis, Provincia y Departamento de Lima,
conforme se tiene señalado en la cláusula adicional del contrato de compra venta y b)
formula observación a la valorización del bien inmueble, señalando que los peritos
nunca han visitado su propiedad para realizar la tasación correspondiente y darle un
valor real a la propiedad y, al no haber sido válidamente notificado con el informe
pericial, no se puede determinar si los peritos han tomado en cuenta los requisitos que
obligatoriamente deben contener las pericias sobre valorización;
SEGUNDO: La nulidad es la sanción que se impone a determinado acto procesal,
cuando en su emisión se haya incumplido algún requisito sin el cual le sea imposible
cumplir con su finalidad, conforme lo establece el artículo 171º del Código Procesal
Civil; teniéndose presente que nuestra jurisprudencia, en atención al principio de
conservación de los actos procesales, establece que el criterio para declarar la nulidad
debe ser restrictivo, al constituir un remedio excepcional de ultima ratio;
TERCERO: De otro lado debe tenerse presente que las nulidades si no se denuncian
en una primera oportunidad quedan convalidadas a tenor del tercer párrafo del
artículo 172° del Código Procesal Civil, concordado con el primer párrafo del artículo
176° del mismo cuerpo de leyes; al respecto es preciso señalar que conforme a lo
peticionado por la entidad ejecutante la nulidicente y su co demandado han sido
notificados en el Jr. Raúl Villarán N° 255, Urbanización La Viña, así como en el Jr.
Raúl Villarán N° 257, Urbanización La Viña desde la resolución número dos, a la resolución número ocho; es decir que tanto la demanda como con el Auto final la
nulidicente ha sido válidamente notificado en ambos domicilios, no habiendo
interpuesto recurso impugnatorio alguno contra el Auto final, lo que evidencia que tuvo
pleno conocimiento del desarrollo del proceso;
CUARTO: El departamento objeto de la presente ejecución es parte de un Edificio
Multifamiliar, domiciliando el padre de la nulidicente en el Jr. Raúl villarán N° 257, de
la Urbanización La Viña, que forma parte del mismo predio donde vive la nulidicente
esto es Jr. Raúl Villarán N° 255, de la Urbanización La Viña; sin embargo a lo largo
del presente proceso no se han devuelto ninguna otra cédula de notificación de las
dirigidas a la numeración 257, lo que evidencia que esta tomó conocimiento de las
resoluciones emitidas por éste Despacho; por lo que la nulidad deberá ser
desestimada;
QUINTO: En lo que respecta a la observación existe una evidente contradicción, se
evidencia que la nulidicente tomó conocimiento pleno de la Resolución número 18, toda
vez que en forma literal señala en su recurso: “Que, dentro del plazo establecido en la
Resolución N° 18, observo la valorización del bien inmueble materia de la presente
litis, a efectos de que se declare fundada la observación (…)”, expresión que denota
un claro conocimiento de la resolución en referencia, por lo que el argumento de
desconocimiento del contenido de la resolución número dieciocho, carece de asidero en
razón a lo expresado por la propia nulidicente;
SEXTO: La nulidicente señala que desconocía de la interposición de la presente
demanda; sin embargo conforme se tiene acredita en autos con los cargos obrantes a
fojas 74, 75, 76, 77, 92, 93,94, 95 (recepcionada y firmado por la nulidicente con
indicación de su documento de identidad 09182629), 107, 108, 111, 112 (dirigido a los
ocupantes del inmueble Jr. Raúl Villarán Pasquel N° 255, Interior N° 201,
Urbanización La Viña, Segunda Etapa – San Luis), 113, 114, 116, 117, 118, 119, 128,
129, 130, 131, 139, 140 y 141; en al sentido queda desvirtuada dicha alegación;
SEPTIMO: Conforme se desprende del Informe Pericial de fojas 261 a 273, esta se ha
realizado en virtud de la Inspección Ocular realizada por los peritos los días 11 y 28 de
mayo del dos mil diecisiete y, los familiares de la nulidicente les señalaron no tener
autorización para permitir el acceso al interior del inmueble; por lo que el informe
pericial se ha llevado a cabo con los datos de la Inspección Técnica y los datos
obtenidos de los Registros Públicos, en atención a lo normado por el Reglamento
Nacional de Tasaciones del Perú;
Por estas consideraciones y, de conformidad con lo que dispone
el artículo 128° del Código Procesal Civil, se resuelve:
1. DECLARAR: IMPROCEDENTE, la Nulidad de actuados formulado por la co
ejecutada Ana Luisa Yarasca Raymondi, en el Primer Otrosí de su escrito de
fojas 281 a 285;
2. DECLARAR: IMPROCEDENTE, la observación formulada por la Co
ejecutada Ana Luisa Yarasca Raymondi, contra el Informe pericial de
valorización de fojas 261 a 273;
3. APROBAR: EL INFORME PERICIAL, del Inmueble constituido por la
Sección Inmobiliaria N° 2 (Interior N° 201), Segundo Piso, del Jr. Raúl Villarán Pasquel N° 255 (Lote 15 Mzna C) de la Urbanización La Viña, Segunda Etapa,
Distrito de San Luis, Provincia y Departamento de Lima, en la suma de:
CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA I UNO Y 36/100
DOLARES AMERICANOS (US$ 150,831.36). Notificándose.- |
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ESPECIALISTA : GALVEZ VARGAS, LUIS VICTOR
POR DEFINIR : BEJAR RODRIGUEZ, DANIEL JORGE PERITO
CASTILLO CARDENAS, VICTOR ELEAZAR PERITO
TERCERO : CORDOVA POMA, DOMITILA
DEMANDADO : YARASCA RAYMONDI, ANA LUISA
RAFAEL LAZO, QUELER
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
Resolución Nro. CUARENTA Y UNO
Lima, quince de agosto del año
Dos mil veintidós. –
Dándose cuenta del escrito de la parte ejecutante signada con el número
132577-2022; Al principal y primer otrosí: Por absuelto el trámite de la observación
en los términos que se indican Y, ATENDIENDO:
PRIMERO: La observación formulada por la Co ejecutado mediante su escrito número
195030-2021, se funda en la variación de las tasas del interés compensatorio, los
mismos que han tenido variaciones considerables, por formar parte de un préstamo
parte del Fondo Hipotecario de Promoción de Mi Vivienda – COFIDE;
SEGUNDO: Del Examen de la liquidación de deuda acompañada por la demandante
mediante su escrito número 81891-2021, se advierte que la parte ejecutante no explica
cual es la metodología utilizada para arribar a los montos propuestos por concepto de
interés legales, mucho menos detalla la fórmula aplicada para tal efecto, limitándose a
señalar las tasas de interés utilizadas y los días transcurridos, omisión que no permite
evaluar adecuadamente la liquidación presentada, en tal sentido habiendo la parte
demandante solicitado la designación de un perito contador, deberá designarse un
perito;
TERCERO: En tal sentido, atendiendo a la naturaleza de la operación a realizar, este
Despacho considera pertinente que la misma se efectuada por un profesional entendido
en la materia, esto en atención a lo normado por el artículo 55° concordante con el
artículo 262° del Código Adjetivo, que faculta al Juzgador a solicitar el concurso de un
órgano de auxilio judicial cuando a criterio del mismo sea necesario su aporte, para el
presente caso inherentes a un contador y/o economista haciendo uso del sistema
aleatorio de designación de peritos judiciales, por lo que deberá declararse Fundada la
demanda observación formulada por la ejecutada;
Por estas consideraciones, se resuelve:
SE RESUELVE:
1. DESAPROBAR la liquidación de deuda acompañada en su escrito número
81891-2021; 2. DESIGNAR, un perito Contador Público Colegiado, de manera aleatoria, de la
nomina del REPEJ, el mismo que deberá jurar y aceptar el cargo, designar su
casilla electrónica, dentro del tercero día de notificado;
3. FIJESE POR CONCEPTO DE HONORARIOS DEL PERITO, la suma de: 03
(TRES) U.R.P, suma que deberá ser abonada por la parte ejecutante;
4. FIJESE EL PLAZO DE QUINCE DÍAS, para que presente el perito presente
su informe pericial, plazo que se contabiliza desde el día siguiente de notificado
con la consignación de los honorarios. –
Al segundo otrosí: Habiendo la contraria absuelta el trámite; carece de objeto
el pedido que se formula. - |
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EXPEDIENTE : 03486-2012-0-1817-JR-CO-06
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : MEDINA SANDOVAL, VIRGINIA MARIA
ESPECIALISTA : GALVEZ VARGAS, LUIS VICTOR
POR DEFINIR : BEJAR RODRIGUEZ, DANIEL JORGE PERITO
CASTILLO CARDENAS, VICTOR ELEAZAR PERITO
TERCERO : CORDOVA POMA, DOMITILA
DEMANDADO : YARASCA RAYMONDI, ANA LUISA
RAFAEL LAZO, QUELER
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU RPTNTE JAVIER
EDUARDO VILLA GARCIA VARGAS ,
Resolución Nro. VEINTIUNO
Lima, diecinueve de Abril del
Año dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Dándose cuenta en forma conjunta de los escritos
del Banco de Crédito del Perú y de los peritos signado con los números 149659 y
155994: Por absuelto el trámite de la nulidad y observación al informe pericial, en los
términos que se indican Y, ATENDIENDO:
PRIMERO: Mediante escrito de fojas 281 a 285, la Co ejecutada Ana Luisa Yarasca
Raymondi, solicita: a) la Nulidad de la resolución número 18 y de todo lo actuado en
este proceso, por haber sido emplazado en una dirección que no corresponde,
señalando que su domicilio se encuentra ubicada en Jr. Raúl Villarán N° 255,
Urbanización La Viña, Distrito de San Luis, Provincia y Departamento de Lima,
conforme se tiene señalado en la cláusula adicional del contrato de compra venta y b)
formula observación a la valorización del bien inmueble, señalando que los peritos
nunca han visitado su propiedad para realizar la tasación correspondiente y darle un
valor real a la propiedad y, al no haber sido válidamente notificado con el informe
pericial, no se puede determinar si los peritos han tomado en cuenta los requisitos que
obligatoriamente deben contener las pericias sobre valorización;
SEGUNDO: La nulidad es la sanción que se impone a determinado acto procesal,
cuando en su emisión se haya incumplido algún requisito sin el cual le sea imposible
cumplir con su finalidad, conforme lo establece el artículo 171º del Código Procesal
Civil; teniéndose presente que nuestra jurisprudencia, en atención al principio de
conservación de los actos procesales, establece que el criterio para declarar la nulidad
debe ser restrictivo, al constituir un remedio excepcional de ultima ratio;
TERCERO: De otro lado debe tenerse presente que las nulidades si no se denuncian
en una primera oportunidad quedan convalidadas a tenor del tercer párrafo del
artículo 172° del Código Procesal Civil, concordado con el primer párrafo del artículo
176° del mismo cuerpo de leyes; al respecto es preciso señalar que conforme a lo
peticionado por la entidad ejecutante la nulidicente y su co demandado han sido
notificados en el Jr. Raúl Villarán N° 255, Urbanización La Viña, así como en el Jr.
Raúl Villarán N° 257, Urbanización La Viña desde la resolución número dos, a la resolución número ocho; es decir que tanto la demanda como con el Auto final la
nulidicente ha sido válidamente notificado en ambos domicilios, no habiendo
interpuesto recurso impugnatorio alguno contra el Auto final, lo que evidencia que tuvo
pleno conocimiento del desarrollo del proceso;
CUARTO: El departamento objeto de la presente ejecución es parte de un Edificio
Multifamiliar, domiciliando el padre de la nulidicente en el Jr. Raúl villarán N° 257, de
la Urbanización La Viña, que forma parte del mismo predio donde vive la nulidicente
esto es Jr. Raúl Villarán N° 255, de la Urbanización La Viña; sin embargo a lo largo
del presente proceso no se han devuelto ninguna otra cédula de notificación de las
dirigidas a la numeración 257, lo que evidencia que esta tomó conocimiento de las
resoluciones emitidas por éste Despacho; por lo que la nulidad deberá ser
desestimada;
QUINTO: En lo que respecta a la observación existe una evidente contradicción, se
evidencia que la nulidicente tomó conocimiento pleno de la Resolución número 18, toda
vez que en forma literal señala en su recurso: “Que, dentro del plazo establecido en la
Resolución N° 18, observo la valorización del bien inmueble materia de la presente
litis, a efectos de que se declare fundada la observación (…)”, expresión que denota
un claro conocimiento de la resolución en referencia, por lo que el argumento de
desconocimiento del contenido de la resolución número dieciocho, carece de asidero en
razón a lo expresado por la propia nulidicente;
SEXTO: La nulidicente señala que desconocía de la interposición de la presente
demanda; sin embargo conforme se tiene acredita en autos con los cargos obrantes a
fojas 74, 75, 76, 77, 92, 93,94, 95 (recepcionada y firmado por la nulidicente con
indicación de su documento de identidad 09182629), 107, 108, 111, 112 (dirigido a los
ocupantes del inmueble Jr. Raúl Villarán Pasquel N° 255, Interior N° 201,
Urbanización La Viña, Segunda Etapa – San Luis), 113, 114, 116, 117, 118, 119, 128,
129, 130, 131, 139, 140 y 141; en al sentido queda desvirtuada dicha alegación;
SEPTIMO: Conforme se desprende del Informe Pericial de fojas 261 a 273, esta se ha
realizado en virtud de la Inspección Ocular realizada por los peritos los días 11 y 28 de
mayo del dos mil diecisiete y, los familiares de la nulidicente les señalaron no tener
autorización para permitir el acceso al interior del inmueble; por lo que el informe
pericial se ha llevado a cabo con los datos de la Inspección Técnica y los datos
obtenidos de los Registros Públicos, en atención a lo normado por el Reglamento
Nacional de Tasaciones del Perú;
Por estas consideraciones y, de conformidad con lo que dispone
el artículo 128° del Código Procesal Civil, se resuelve:
1. DECLARAR: IMPROCEDENTE, la Nulidad de actuados formulado por la co
ejecutada Ana Luisa Yarasca Raymondi, en el Primer Otrosí de su escrito de
fojas 281 a 285;
2. DECLARAR: IMPROCEDENTE, la observación formulada por la Co
ejecutada Ana Luisa Yarasca Raymondi, contra el Informe pericial de
valorización de fojas 261 a 273;
3. APROBAR: EL INFORME PERICIAL, del Inmueble constituido por la
Sección Inmobiliaria N° 2 (Interior N° 201), Segundo Piso, del Jr. Raúl Villarán Pasquel N° 255 (Lote 15 Mzna C) de la Urbanización La Viña, Segunda Etapa,
Distrito de San Luis, Provincia y Departamento de Lima, en la suma de:
CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA I UNO Y 36/100
DOLARES AMERICANOS (US$ 150,831.36). Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 15° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 05989-2012-0-1817-JR-CO-15
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : HIDALGO CHAVEZ, JOSE MIGUEL
ESPECIALISTA : PACHAS LOPEZ, WILLIAM GERMAN
DEMANDADO : CORNEJO ESPINOZA, CESAR ANTONIO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Resolución Nro. VEINTICINCO
Lima, diez de mayo
Del dos mil diecisiete.-
Dado cuenta en la fecha el escrito que antecede
presentado por la demandante: Al principal y tercer otrosí: Téngase presente
lo informado respecto a que el vehículo de placa de rodaje D2Z-867 le ha sido
entregado al custodio designado en autos; agregándose al expediente el acta
de Entrega de Vehículo que se adjunta. Al primer otrosí: Previamente adjunte
certificado de gravamen completo y actualizado. Al segundo otrosí: Estando a
lo expuesto y conforme a lo dispuesto en la resolución número 24, se procede
a resolver el pedido de sustitución formulado por el demandado y el de endose
formulado por la demandante; y: ATENDIENDO: PRIMERO: Mediante escrito
de folios 252-254 el demandado solicita la sustitución de la medida cautelar
de embargo en forma de inscripción únicamente respecto del vehículo de
placa de rodaje LIB-377, solicitando por ende el levantamiento de embargo y
la entrega del referido vehículo. SEGUNDO: Al respecto cabe señalar que
mediante la resolución número doce de fecha trece de junio del dos mil
catorce se trabo medida de ejecución de embargo en forma de inscripción
sobre el vehículo de placa de rodaje LIB-377 hasta por la suma de S/.
10,000.00 nuevos soles; precisándose que también se embargaron otros
bienes. TERCERO: En dicho contexto, el primer párrafo del artículo 628 del
Código Procesal Civil establece que, cuando la medida cautelar garantiza una
pretensión dineraria, el afectado puede depositar el monto fijado en la medida,
con lo que el Juez de plano la sustituirá. La suma depositada se mantendrá en
garantía de la pretensión y devengará el interés legal. Esta decisión es
inimpugnable. CUARTO: En ese orden ideas, es de colegirse que en el caso que
nos ocupa se ha configurado el supuesto del artículo 628 de la norma adjetiva, esto es que la medida cautelar que se pretende sustituir garantiza una
pretensión dineraria y que el afectado demandado ha consignado el monto de
S/. 10,000.00 nuevos soles, que resulta ser el monto de afectación del vehículo
antes mencionado, motivo por el cual resulta pertinente declarar fundado el
pedido de sustitución de la medida cautelar, debiendo ordenarse entonces la
desafectación del bien mueble sobre el que recae la medida cautelar. QUINTO:
Finalmente, los argumentos expuestos por la demandante en su escrito de
absolución de folios 259-260 no enervan en modo alguno el pedido de
sustitución, pues lo cierto y concreto es que el monto de la afectación que pesa
sobre el vehículo antes mencionado sólo es hasta por la suma de S/. 10,000.00
soles, monto que además fue peticionado por la propia demandante en su
escrito de solicitud de medida cautelar; adicionalmente cabe indicar que la
ejecutante tiene otro vehículo afectado a su favor, el que además ya se
encuentra en custodia del depositario designado en autos. Estando a las
razones expuestas y de conformidad con el artículo 628 del Código Procesal
Civil, SE RESUELVE:
1. SUSTITUYASE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE
INSCRIPCIÓN ORDENADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NRO. DOCE DE
FECHA 13-06-2014 SÓLO RESPECTO DEL VEHÍCULO DE PLACA DE
RODAJE LIB-377 POR EL DEPÓSITO DE DINERO EN EFECTIVO POR LA
SUMA DE S/. 10,000.00 REALIZADO A TRAVES DEL CERTIFICADO DE
DEPOSITO JUDICIAL NRO. 2017004800098.
2. CONSENTIDA O EJECUTORIADA QUE SEA LA PRESENTE RESOLUCION,
LEVANTESE LA MEDIDA CAUTELAR ORDENADA MEDIANTE LA
RESOLUCION NRO. DOCE DE FECHA 13-06-2014 SOLO RESPECTO DEL
VEHICULO DE PLACA DE RODAJE LIB-377, cursándose los partes
judiciales respectivos. Asimismo ENDOSESE a favor de la ejecutante el
certificado de depósito judicial número 2017004800098 por la suma
de S/. 10,000.00. soles, dejándose constancia en el expediente.
3. CUMPLA EL DEMANDADO CON SEÑALAR SU CASILLA ELECTRONICA Y
CUMPLA CON PAGAR LA MULTA IMPUESTA MEDIANTE LA
RESOLUCIÓN NUMERO 24, bajo apercibimiento de ley. Al cuarto otrosí:
Téngase presente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 15° JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 05989-2012-0-1817-JR-CO-15
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : HIDALGO CHAVEZ, JOSE MIGUEL
ESPECIALISTA : PACHAS LOPEZ, WILLIAM GERMAN
DEMANDADO : CORNEJO ESPINOZA, CESAR ANTONIO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
Resolución Nro. VEINTICINCO
Lima, diez de mayo
Del dos mil diecisiete.-
Dado cuenta en la fecha el escrito que antecede
presentado por la demandante: Al principal y tercer otrosí: Téngase presente
lo informado respecto a que el vehículo de placa de rodaje D2Z-867 le ha sido
entregado al custodio designado en autos; agregándose al expediente el acta
de Entrega de Vehículo que se adjunta. Al primer otrosí: Previamente adjunte
certificado de gravamen completo y actualizado. Al segundo otrosí: Estando a
lo expuesto y conforme a lo dispuesto en la resolución número 24, se procede
a resolver el pedido de sustitución formulado por el demandado y el de endose
formulado por la demandante; y: ATENDIENDO: PRIMERO: Mediante escrito
de folios 252-254 el demandado solicita la sustitución de la medida cautelar
de embargo en forma de inscripción únicamente respecto del vehículo de
placa de rodaje LIB-377, solicitando por ende el levantamiento de embargo y
la entrega del referido vehículo. SEGUNDO: Al respecto cabe señalar que
mediante la resolución número doce de fecha trece de junio del dos mil
catorce se trabo medida de ejecución de embargo en forma de inscripción
sobre el vehículo de placa de rodaje LIB-377 hasta por la suma de S/.
10,000.00 nuevos soles; precisándose que también se embargaron otros
bienes. TERCERO: En dicho contexto, el primer párrafo del artículo 628 del
Código Procesal Civil establece que, cuando la medida cautelar garantiza una
pretensión dineraria, el afectado puede depositar el monto fijado en la medida,
con lo que el Juez de plano la sustituirá. La suma depositada se mantendrá en
garantía de la pretensión y devengará el interés legal. Esta decisión es
inimpugnable. CUARTO: En ese orden ideas, es de colegirse que en el caso que
nos ocupa se ha configurado el supuesto del artículo 628 de la norma adjetiva, esto es que la medida cautelar que se pretende sustituir garantiza una
pretensión dineraria y que el afectado demandado ha consignado el monto de
S/. 10,000.00 nuevos soles, que resulta ser el monto de afectación del vehículo
antes mencionado, motivo por el cual resulta pertinente declarar fundado el
pedido de sustitución de la medida cautelar, debiendo ordenarse entonces la
desafectación del bien mueble sobre el que recae la medida cautelar. QUINTO:
Finalmente, los argumentos expuestos por la demandante en su escrito de
absolución de folios 259-260 no enervan en modo alguno el pedido de
sustitución, pues lo cierto y concreto es que el monto de la afectación que pesa
sobre el vehículo antes mencionado sólo es hasta por la suma de S/. 10,000.00
soles, monto que además fue peticionado por la propia demandante en su
escrito de solicitud de medida cautelar; adicionalmente cabe indicar que la
ejecutante tiene otro vehículo afectado a su favor, el que además ya se
encuentra en custodia del depositario designado en autos. Estando a las
razones expuestas y de conformidad con el artículo 628 del Código Procesal
Civil, SE RESUELVE:
1. SUSTITUYASE LA MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE
INSCRIPCIÓN ORDENADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NRO. DOCE DE
FECHA 13-06-2014 SÓLO RESPECTO DEL VEHÍCULO DE PLACA DE
RODAJE LIB-377 POR EL DEPÓSITO DE DINERO EN EFECTIVO POR LA
SUMA DE S/. 10,000.00 REALIZADO A TRAVES DEL CERTIFICADO DE
DEPOSITO JUDICIAL NRO. 2017004800098.
2. CONSENTIDA O EJECUTORIADA QUE SEA LA PRESENTE RESOLUCION,
LEVANTESE LA MEDIDA CAUTELAR ORDENADA MEDIANTE LA
RESOLUCION NRO. DOCE DE FECHA 13-06-2014 SOLO RESPECTO DEL
VEHICULO DE PLACA DE RODAJE LIB-377, cursándose los partes
judiciales respectivos. Asimismo ENDOSESE a favor de la ejecutante el
certificado de depósito judicial número 2017004800098 por la suma
de S/. 10,000.00. soles, dejándose constancia en el expediente.
3. CUMPLA EL DEMANDADO CON SEÑALAR SU CASILLA ELECTRONICA Y
CUMPLA CON PAGAR LA MULTA IMPUESTA MEDIANTE LA
RESOLUCIÓN NUMERO 24, bajo apercibimiento de ley. Al cuarto otrosí:
Téngase presente.- |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 8497-2012-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : MAI SHI GROUP S.A.C
DEMANDADO : OEFA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ
Lima, veintinueve de marzo
De dos mil veintitrés. -
DANDO CUENTA: Al escrito de fecha seis de febrero de
dos mil veintitrés: presentado por la parte demandada; Al Principal:
Respecto a que solicita se declare el archivo definitivo del presente proceso y A
LO DEMÁS EXPUESTO: TÉNGASE presente y ESTÉSE a lo resuelto en la
presente resolución; Y PROVEYENDO CONFORME A LEY;
CONSIDERANDO: PRIMERO: “Conforme lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, resuelve declarar INFUNDADO el recurso de casación interpuesto
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, de fecha
veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta
y cinco; en consecuencia, no casaron la sentencia de vista de fecha trece de
julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos trece, que declaró
FUNDADA la demanda; en consecuencia, se declara la NULIDAD de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 26 de
diciembre de 2011, así como de la Resolución N° 227- 2012-OEFA/TFA de
fecha 30 de octubre de 2012"; por lo que, al adquirir la acotada sentencia la
calidad de cosa juzgada, corresponde ser ejecutada en todos sus extremos.
SEGUNDO: Que, mediante resolución número ocho de fecha 14 de agosto del
2020, se requiere a la entidad demandada que cumpla con lo ejecutoriado;
siendo ello así, mediante escrito de fecha 01 de diciembre del 2020, la parte
demandada adjunta la copia simple de la Memorando N° 573- 2020-OEFA-TFA-ST
y anexo la Resolución N° 249-2020-OEFA-TFA-SE en el Tribunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA, da cumplimento al mandato judicial, declarar la nulidad de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE-DIGSECOVI del 26.12.2011 y de la Resolución N° 227- 2012-OEFA-TFA de fecha 30.10.2012, en donde se puede
observar que la entidad demandada cumplió con lo ordenado en el mandato
judicial, siendo puesto a conocimiento la acotada documentación a la parte
accionante a través de la resolución número nueve de fecha 11 de mayo del
2021. TERCERO: Que; por tanto, al no haber observación alguna por la parte
demandante, de lo que se puso de conocimiento, mediante resolución número
nueve de fecha 11 de mayo del 2021, que demuestra de por sí el cumplimiento
de lo ordenado en la Sentencia de Vista; se puede inferir y verificar de la copia
de la resolución administrativa presentada, que la entidad demandada ha dado
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia materia de ejecución, en
consecuencia: SE RESUELVE: Téngase POR CUMPLIDO LO ORDENADO en
la Sentencia de Vista contenida en la resolución número Seis de fecha 13 de
julio del 2016; en consecuencia, TÉNGASE POR EJECUTADA LA
SENTENCIA; dándose POR CONCLUIDO EL PROCESO; Notificado la
presente resolución, se pone en conocimiento de las partes del proceso a fin de
que actúen conforme expresa la ley y al estado del proceso, dentro del plazo
de tres días y vencido el referido plazo se remitirá los presentes autos al
ARCHIVO CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA para
su archivo definitivo. NOTIFÍQUESE. - |
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DÉCIMO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 8497-2012-0-1801-JR-CA-10
ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : MAI SHI GROUP S.A.C
DEMANDADO : OEFA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ
Lima, veintinueve de marzo
De dos mil veintitrés. -
DANDO CUENTA: Al escrito de fecha seis de febrero de
dos mil veintitrés: presentado por la parte demandada; Al Principal:
Respecto a que solicita se declare el archivo definitivo del presente proceso y A
LO DEMÁS EXPUESTO: TÉNGASE presente y ESTÉSE a lo resuelto en la
presente resolución; Y PROVEYENDO CONFORME A LEY;
CONSIDERANDO: PRIMERO: “Conforme lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, resuelve declarar INFUNDADO el recurso de casación interpuesto
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, de fecha
veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta
y cinco; en consecuencia, no casaron la sentencia de vista de fecha trece de
julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos trece, que declaró
FUNDADA la demanda; en consecuencia, se declara la NULIDAD de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 26 de
diciembre de 2011, así como de la Resolución N° 227- 2012-OEFA/TFA de
fecha 30 de octubre de 2012"; por lo que, al adquirir la acotada sentencia la
calidad de cosa juzgada, corresponde ser ejecutada en todos sus extremos.
SEGUNDO: Que, mediante resolución número ocho de fecha 14 de agosto del
2020, se requiere a la entidad demandada que cumpla con lo ejecutoriado;
siendo ello así, mediante escrito de fecha 01 de diciembre del 2020, la parte
demandada adjunta la copia simple de la Memorando N° 573- 2020-OEFA-TFA-ST
y anexo la Resolución N° 249-2020-OEFA-TFA-SE en el Tribunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA, da cumplimento al mandato judicial, declarar la nulidad de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE-DIGSECOVI del 26.12.2011 y de la Resolución N° 227- 2012-OEFA-TFA de fecha 30.10.2012, en donde se puede
observar que la entidad demandada cumplió con lo ordenado en el mandato
judicial, siendo puesto a conocimiento la acotada documentación a la parte
accionante a través de la resolución número nueve de fecha 11 de mayo del
2021. TERCERO: Que; por tanto, al no haber observación alguna por la parte
demandante, de lo que se puso de conocimiento, mediante resolución número
nueve de fecha 11 de mayo del 2021, que demuestra de por sí el cumplimiento
de lo ordenado en la Sentencia de Vista; se puede inferir y verificar de la copia
de la resolución administrativa presentada, que la entidad demandada ha dado
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia materia de ejecución, en
consecuencia: SE RESUELVE: Téngase POR CUMPLIDO LO ORDENADO en
la Sentencia de Vista contenida en la resolución número Seis de fecha 13 de
julio del 2016; en consecuencia, TÉNGASE POR EJECUTADA LA
SENTENCIA; dándose POR CONCLUIDO EL PROCESO; Notificado la
presente resolución, se pone en conocimiento de las partes del proceso a fin de
que actúen conforme expresa la ley y al estado del proceso, dentro del plazo
de tres días y vencido el referido plazo se remitirá los presentes autos al
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DEMANDANTE : MAI SHI GROUP S.A.C
DEMANDADO : OEFA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ
Lima, veintinueve de marzo
De dos mil veintitrés. -
DANDO CUENTA: Al escrito de fecha seis de febrero de
dos mil veintitrés: presentado por la parte demandada; Al Principal:
Respecto a que solicita se declare el archivo definitivo del presente proceso y A
LO DEMÁS EXPUESTO: TÉNGASE presente y ESTÉSE a lo resuelto en la
presente resolución; Y PROVEYENDO CONFORME A LEY;
CONSIDERANDO: PRIMERO: “Conforme lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, resuelve declarar INFUNDADO el recurso de casación interpuesto
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, de fecha
veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta
y cinco; en consecuencia, no casaron la sentencia de vista de fecha trece de
julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos trece, que declaró
FUNDADA la demanda; en consecuencia, se declara la NULIDAD de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 26 de
diciembre de 2011, así como de la Resolución N° 227- 2012-OEFA/TFA de
fecha 30 de octubre de 2012"; por lo que, al adquirir la acotada sentencia la
calidad de cosa juzgada, corresponde ser ejecutada en todos sus extremos.
SEGUNDO: Que, mediante resolución número ocho de fecha 14 de agosto del
2020, se requiere a la entidad demandada que cumpla con lo ejecutoriado;
siendo ello así, mediante escrito de fecha 01 de diciembre del 2020, la parte
demandada adjunta la copia simple de la Memorando N° 573- 2020-OEFA-TFA-ST
y anexo la Resolución N° 249-2020-OEFA-TFA-SE en el Tribunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA, da cumplimento al mandato judicial, declarar la nulidad de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE-DIGSECOVI del 26.12.2011 y de la Resolución N° 227- 2012-OEFA-TFA de fecha 30.10.2012, en donde se puede
observar que la entidad demandada cumplió con lo ordenado en el mandato
judicial, siendo puesto a conocimiento la acotada documentación a la parte
accionante a través de la resolución número nueve de fecha 11 de mayo del
2021. TERCERO: Que; por tanto, al no haber observación alguna por la parte
demandante, de lo que se puso de conocimiento, mediante resolución número
nueve de fecha 11 de mayo del 2021, que demuestra de por sí el cumplimiento
de lo ordenado en la Sentencia de Vista; se puede inferir y verificar de la copia
de la resolución administrativa presentada, que la entidad demandada ha dado
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia materia de ejecución, en
consecuencia: SE RESUELVE: Téngase POR CUMPLIDO LO ORDENADO en
la Sentencia de Vista contenida en la resolución número Seis de fecha 13 de
julio del 2016; en consecuencia, TÉNGASE POR EJECUTADA LA
SENTENCIA; dándose POR CONCLUIDO EL PROCESO; Notificado la
presente resolución, se pone en conocimiento de las partes del proceso a fin de
que actúen conforme expresa la ley y al estado del proceso, dentro del plazo
de tres días y vencido el referido plazo se remitirá los presentes autos al
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DEMANDANTE : MAI SHI GROUP S.A.C
DEMANDADO : OEFA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ
Lima, veintinueve de marzo
De dos mil veintitrés. -
DANDO CUENTA: Al escrito de fecha seis de febrero de
dos mil veintitrés: presentado por la parte demandada; Al Principal:
Respecto a que solicita se declare el archivo definitivo del presente proceso y A
LO DEMÁS EXPUESTO: TÉNGASE presente y ESTÉSE a lo resuelto en la
presente resolución; Y PROVEYENDO CONFORME A LEY;
CONSIDERANDO: PRIMERO: “Conforme lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, resuelve declarar INFUNDADO el recurso de casación interpuesto
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, de fecha
veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta
y cinco; en consecuencia, no casaron la sentencia de vista de fecha trece de
julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos trece, que declaró
FUNDADA la demanda; en consecuencia, se declara la NULIDAD de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 26 de
diciembre de 2011, así como de la Resolución N° 227- 2012-OEFA/TFA de
fecha 30 de octubre de 2012"; por lo que, al adquirir la acotada sentencia la
calidad de cosa juzgada, corresponde ser ejecutada en todos sus extremos.
SEGUNDO: Que, mediante resolución número ocho de fecha 14 de agosto del
2020, se requiere a la entidad demandada que cumpla con lo ejecutoriado;
siendo ello así, mediante escrito de fecha 01 de diciembre del 2020, la parte
demandada adjunta la copia simple de la Memorando N° 573- 2020-OEFA-TFA-ST
y anexo la Resolución N° 249-2020-OEFA-TFA-SE en el Tribunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA, da cumplimento al mandato judicial, declarar la nulidad de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE-DIGSECOVI del 26.12.2011 y de la Resolución N° 227- 2012-OEFA-TFA de fecha 30.10.2012, en donde se puede
observar que la entidad demandada cumplió con lo ordenado en el mandato
judicial, siendo puesto a conocimiento la acotada documentación a la parte
accionante a través de la resolución número nueve de fecha 11 de mayo del
2021. TERCERO: Que; por tanto, al no haber observación alguna por la parte
demandante, de lo que se puso de conocimiento, mediante resolución número
nueve de fecha 11 de mayo del 2021, que demuestra de por sí el cumplimiento
de lo ordenado en la Sentencia de Vista; se puede inferir y verificar de la copia
de la resolución administrativa presentada, que la entidad demandada ha dado
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia materia de ejecución, en
consecuencia: SE RESUELVE: Téngase POR CUMPLIDO LO ORDENADO en
la Sentencia de Vista contenida en la resolución número Seis de fecha 13 de
julio del 2016; en consecuencia, TÉNGASE POR EJECUTADA LA
SENTENCIA; dándose POR CONCLUIDO EL PROCESO; Notificado la
presente resolución, se pone en conocimiento de las partes del proceso a fin de
que actúen conforme expresa la ley y al estado del proceso, dentro del plazo
de tres días y vencido el referido plazo se remitirá los presentes autos al
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ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : MAI SHI GROUP S.A.C
DEMANDADO : OEFA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ
Lima, veintinueve de marzo
De dos mil veintitrés. -
DANDO CUENTA: Al escrito de fecha seis de febrero de
dos mil veintitrés: presentado por la parte demandada; Al Principal:
Respecto a que solicita se declare el archivo definitivo del presente proceso y A
LO DEMÁS EXPUESTO: TÉNGASE presente y ESTÉSE a lo resuelto en la
presente resolución; Y PROVEYENDO CONFORME A LEY;
CONSIDERANDO: PRIMERO: “Conforme lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, resuelve declarar INFUNDADO el recurso de casación interpuesto
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, de fecha
veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta
y cinco; en consecuencia, no casaron la sentencia de vista de fecha trece de
julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos trece, que declaró
FUNDADA la demanda; en consecuencia, se declara la NULIDAD de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 26 de
diciembre de 2011, así como de la Resolución N° 227- 2012-OEFA/TFA de
fecha 30 de octubre de 2012"; por lo que, al adquirir la acotada sentencia la
calidad de cosa juzgada, corresponde ser ejecutada en todos sus extremos.
SEGUNDO: Que, mediante resolución número ocho de fecha 14 de agosto del
2020, se requiere a la entidad demandada que cumpla con lo ejecutoriado;
siendo ello así, mediante escrito de fecha 01 de diciembre del 2020, la parte
demandada adjunta la copia simple de la Memorando N° 573- 2020-OEFA-TFA-ST
y anexo la Resolución N° 249-2020-OEFA-TFA-SE en el Tribunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA, da cumplimento al mandato judicial, declarar la nulidad de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE-DIGSECOVI del 26.12.2011 y de la Resolución N° 227- 2012-OEFA-TFA de fecha 30.10.2012, en donde se puede
observar que la entidad demandada cumplió con lo ordenado en el mandato
judicial, siendo puesto a conocimiento la acotada documentación a la parte
accionante a través de la resolución número nueve de fecha 11 de mayo del
2021. TERCERO: Que; por tanto, al no haber observación alguna por la parte
demandante, de lo que se puso de conocimiento, mediante resolución número
nueve de fecha 11 de mayo del 2021, que demuestra de por sí el cumplimiento
de lo ordenado en la Sentencia de Vista; se puede inferir y verificar de la copia
de la resolución administrativa presentada, que la entidad demandada ha dado
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia materia de ejecución, en
consecuencia: SE RESUELVE: Téngase POR CUMPLIDO LO ORDENADO en
la Sentencia de Vista contenida en la resolución número Seis de fecha 13 de
julio del 2016; en consecuencia, TÉNGASE POR EJECUTADA LA
SENTENCIA; dándose POR CONCLUIDO EL PROCESO; Notificado la
presente resolución, se pone en conocimiento de las partes del proceso a fin de
que actúen conforme expresa la ley y al estado del proceso, dentro del plazo
de tres días y vencido el referido plazo se remitirá los presentes autos al
ARCHIVO CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA para
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ESPECIALISTA : SANDRA CRUCES TORRES
DEMANDANTE : MAI SHI GROUP S.A.C
DEMANDADO : OEFA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ
Lima, veintinueve de marzo
De dos mil veintitrés. -
DANDO CUENTA: Al escrito de fecha seis de febrero de
dos mil veintitrés: presentado por la parte demandada; Al Principal:
Respecto a que solicita se declare el archivo definitivo del presente proceso y A
LO DEMÁS EXPUESTO: TÉNGASE presente y ESTÉSE a lo resuelto en la
presente resolución; Y PROVEYENDO CONFORME A LEY;
CONSIDERANDO: PRIMERO: “Conforme lo resuelto por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la
República, resuelve declarar INFUNDADO el recurso de casación interpuesto
por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, de fecha
veintinueve de setiembre de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos treinta
y cinco; en consecuencia, no casaron la sentencia de vista de fecha trece de
julio de dos mil dieciséis, obrante a fojas doscientos trece, que declaró
FUNDADA la demanda; en consecuencia, se declara la NULIDAD de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE/DIGSECOVI de fecha 26 de
diciembre de 2011, así como de la Resolución N° 227- 2012-OEFA/TFA de
fecha 30 de octubre de 2012"; por lo que, al adquirir la acotada sentencia la
calidad de cosa juzgada, corresponde ser ejecutada en todos sus extremos.
SEGUNDO: Que, mediante resolución número ocho de fecha 14 de agosto del
2020, se requiere a la entidad demandada que cumpla con lo ejecutoriado;
siendo ello así, mediante escrito de fecha 01 de diciembre del 2020, la parte
demandada adjunta la copia simple de la Memorando N° 573- 2020-OEFA-TFA-ST
y anexo la Resolución N° 249-2020-OEFA-TFA-SE en el Tribunal de Fiscalización
Ambiental del OEFA, da cumplimento al mandato judicial, declarar la nulidad de la
Resolución Directoral N° 3014-2011-PRODUCE-DIGSECOVI del 26.12.2011 y de la Resolución N° 227- 2012-OEFA-TFA de fecha 30.10.2012, en donde se puede
observar que la entidad demandada cumplió con lo ordenado en el mandato
judicial, siendo puesto a conocimiento la acotada documentación a la parte
accionante a través de la resolución número nueve de fecha 11 de mayo del
2021. TERCERO: Que; por tanto, al no haber observación alguna por la parte
demandante, de lo que se puso de conocimiento, mediante resolución número
nueve de fecha 11 de mayo del 2021, que demuestra de por sí el cumplimiento
de lo ordenado en la Sentencia de Vista; se puede inferir y verificar de la copia
de la resolución administrativa presentada, que la entidad demandada ha dado
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia materia de ejecución, en
consecuencia: SE RESUELVE: Téngase POR CUMPLIDO LO ORDENADO en
la Sentencia de Vista contenida en la resolución número Seis de fecha 13 de
julio del 2016; en consecuencia, TÉNGASE POR EJECUTADA LA
SENTENCIA; dándose POR CONCLUIDO EL PROCESO; Notificado la
presente resolución, se pone en conocimiento de las partes del proceso a fin de
que actúen conforme expresa la ley y al estado del proceso, dentro del plazo
de tres días y vencido el referido plazo se remitirá los presentes autos al
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EXPEDIENTE : 09551-2012-0-1801-JR-CI-07
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : SALDAÑA VILLAVICENCIO MALBINA
ESPECIALISTA : RODRIGUEZ TORRE, VICTOR
DEMANDADO : MINISTERIO DE DEFENSA ,
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
,
MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE GUERRA
DEL PERU ,
DEMANDANTE : ROJAS ORE, PERCY
Resolución Nro. DIECIOCHO
Lima, tres de agosto del año
Dos mil veintiuno
Por devueltos los actuados en la fecha de la TERCERA
SALA CIVIL DE LIMA, compaginado en la fecha y, Estando a que el Superior
en grado CONFIRMO la SENTENCIA contenida en la resolución número
DIECISÉIS su fecha 11 de diciembre del 2019, que declara FUNDADA la
demanda CUMPLASE LO EJECUTORIADO; REQUIRIÉNDOSE a la parte
demandada, a fin de que dentro del plazo de ley CUMPLA con dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 28254 y al artículo 1°
del Decreto Supremo N° 040-2003-EF, reintegrándosele la Asignación Especial
devengada desde el 1 de julio del 2004 y la Ración Única devengada desde el
1 de marzo del 2003, conforme a los fundamentos de la sentencia, debiéndose
efectuar el pago de los intereses legales y los costos procesales
correspondientes; bajo apercibimiento de aplicación de los artículos 22° y
59° del Código Procesal Constitucional, en caso de incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la presente causa la señora Juez por
vacaciones de la señorita Juez Titular. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA CIVIL
Expediente N° 09551-2012-0-1801-JR-CI-07
(Ref. Exp. Sala N° 00210-2021-0)
RESOLUCIÓN N° 06
Lima, veintiuno de mayo
de dos mil veintiuno
VISTOS
Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Solís Macedo.
MATERIA DEL RECURSO
Es materia del grado:
a) La Resolución N° 11, de fecha 24 de agosto de 2018 (fs. 128 a 132) –corregida
en su numeración, mediante la Resolución N° 12, de fecha 23 de noviembre de
2018–, en los extremos que declaró: (i) improcedente la denuncia civil
formulada por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa, (ii)
improcedente la extromisión formulada por la Procuradora Pública del
Ministerio de Defensa y, (iii) infundadas las excepciones de falta de legitimidad
para obrar pasiva, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, incompetencia por la materia, caducidad y, falta de agotamiento de
la vìa preva propuestas por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa.
b) La Resolución N° 14, de fecha 05 de septiembre de 2019 (fs. 194 a 195), en el
extremo que declaró infundadas las excepciones de incompetencia, falta de
agotamiento de la vía administrativa y prescripción deducidas por el Procurador
Público de la Marina de Guerra del Perú; y
c) La Sentencia contenida en la Resolución N° 16, de fecha 11 de diciembre de
2019 (fs. 218 a 229), que declaró fundada la demanda; en consecuencia,
reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho a la
pensión, se ordenó a la parte demandada que cumplan con dar cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 28254 y al artículo 1° del Decreto
Supremo N° 040-2003-EF, en el plazo de dos días hábiles, reintegrándosele la
Asignación Especial devengada desde el 01 de julio de 2004 y la Ración Única
devengada desde el 01 de marzo de 2003, conforme a los fundamentos de la
presente sentencia, debiéndose efectuar el pago los intereses legales y los
costos procesales correspondientes.
1 DESCRIPCIÓN DE LOS AGRAVIOS
1. Respecto de la Resolución N° 11, el codemandado Ministerio de Defensa
interpone recurso de apelación, señalando, básicamente, los siguientes
agravios:
a) Al ser la Marina de Guerra del Perú el directo y único empleador del demandante,
la relación jurídica es única y exclusivamente con esta institución castrense, y no
con el Ministerio de Defensa, por cuanto se pretende cuestionar actuaciones de la
Marina de Guerra del Perú, debiendo ser considerada como codemandada, por lo
que procede la denuncia civil efectuada.
b) Procede la extromisión, por cuanto el Ministerio de Defensa no tiene legitimidad
como demandado, pues la única institución que debe ser considerada
exclusivamente como demandada es la Marina de Guerra del Perú, la que tiene
independencia y autonomía funcional, y específicamente, también en el aspecto de
personal y pago de pensiones, entre otras.
c) Los actos administrativos cuya nulidad se pretende lograr han sido emitidos por la
Marina de Guerra del Perú y no por el Ministerio de Defensa, por lo que aquélla
debió tener la calidad de única demandada, la que tiene organización autónoma y
cuya defensa jurídica está a cargo de su propio procurador.
d) Al pretenderse la nulidad de un acto administrativo expedido por la Marina de
Guerra del Perú, no es el amparo la vía legal que corresponde para tramitar la
presente causa, y por tratarse de un tema distinto al que debe ser tramitado en el
amparo, se crea una oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda.
e) La vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos derivados
de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso
administrativo, además que es propio de ese proceso, la nulidad de actos
administrativos que se pretende en la demanda.
f) La demanda ha sido interpuesta fuera de los sesenta días de haberse tomado
conocimiento de la presunta violación de los derechos constitucionales.
g) No se advierte que la parte demandante haya agotado una vía administrativa al
respecto de lo que pretende.
2. Respecto de la Resolución N° 14, la codemandada, Marina de Guerra del
Perú, interpone recurso de apelación, señalando, básicamente, los siguientes
agravios:
a) El Juzgado Constitucional no es el competente para conocer el proceso, pues lo
solicitado no es el reconocimiento del derecho a la pensión que ya viene
percibiendo el demandante, por un monto mayor al mínimo vital, sino el beneficio
no pensionable de racionamiento y asignación especial, por cual la demanda debe
2 ser tramitada bajo un proceso contencioso administrativo, conforme a la STC N°
01417-2005-PA/TC, que es la vía procedimental específica igualmente satisfactoria
a su derecho.
b) Desde la expedición del Decreto Supremo N° 040-2003-EF y la Ley N° 28254, el
demandante no ha interpuesto recurso alguno, lo que corrobora que dichos
beneficios no le corresponden, debido a su carácter no pensionable.
c) Desde la expedición de los citados dispositivos legales, el demandante interpuso la
demanda con fecha 30 de mayo de 2012, habiendo transcurrido nueve años; por lo
no se ha cumplido con presentar la demanda dentro de los sesenta días hábiles de
producida la supuesta afectación, esto es, desde el 21 de marzo de 2003.
3. Respecto de la Sentencia contenida en la Resolución N° 16
3.1. La codemandada, Marina de Guerra del Perú, interpone recurso de
apelación, señalando, básicamente, los siguientes agravios:
a) Al demandante no le corresponde el incremento del valor de la Ración
Orgánica Única del Decreto Supremo N° 040-2003-EF, en razón que sólo
es para el personal militar en actividad y no tiene carácter remunerativo ni
pensionable.
b) La Ley N° 25413 fue expedida 11 años antes de la emisión del Decreto
Supremo N° 040-2003-EF.
c) Al demandante no le corresponde el beneficio no pensionable de la
Asignación Especial de la Ley N° 28254, pues a la fecha del pase al retiro
del demandante, no lo percibía el personal en actividad ni tampoco se
aplicaba a los pensionistas de la Marina de Guerra del Perú.
d) La Asignación Especial de la Ley N° 28254 se encuentra derogada por la
Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo
N° 1132.
3.2. El codemandado, Ministerio de Defensa, interpone recurso de
apelación, señalando, básicamente, los siguientes agravios:
a) El demandante carece de interés para obrar, pues nunca solicitó
oportunamente el reajuste solicitado ante la autoridad competente,
accionando directamente a la justicia constitucional, sin darle la
oportunidad a la entidad de pronunciarse tras un procedimiento
administrativo. Un beneficio no solicitado implicaría un exceso en la justicia
constitucional, pues menoscaba las atribuciones y competencias de una
entidad administrativa del Estado.
b) La sentencia no delimita con certeza quien es el responsable de la omisión
constitucional denunciada, esto es, la omisión en el pago de los conceptos
3 reclamados, por lo que se debe identificar el responsable del acto lesivo y
contra quién debe dirigirse la demanda y la sentencia. En este caso, la
Marina de Guerra del Perú tiene la calidad de unidad ejecutora, que debe
realizar el pago del concepto reclamado por el actor, en el supuesto
negado que se estime su demanda, no siendo argumentos válidos para
extender la responsabilidad a la recurrente, los criterios de dependencia
presupuestaria o carácter supervisor del Ministerio de Defensa, ni la
garantía de la ejecución de la sentencia.
c) No se ha tomado en cuenta la derogación de la Ley N° 28254 y el Decreto
Supremo N° 040-2003-EF por el Decreto Legislativo N° 1132, por lo que los
derechos reclamados sólo serían reconocidos hasta el 08 de diciembre de
2012.
CONSIDERANDO
1. Respecto de las Resoluciones N° 11 y 14, respecto a la denuncia civil
formulada por el Ministerio de Defensa, conforme lo establece el artículo 102°
del Código Procesal Civil, que regula la institución procesal de la denuncia
civil, “El demandado que considere que otra persona, además de él o en su
lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe
denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin de que se le notifique del
inicio del proceso”. Sin embargo, se advierte de autos que el Procurador
Público de la Marina de Guerra del Perú, cuyo emplazamiento fue solicitado en
la referida denuncia civil, ya se ha apersonado al proceso y ha ejercido la
defensa de los derechos de la institución que representa en la presente causa.
Por tanto, la denuncia civil deviene en improcedente, por innecesaria y, lo
resuelto por el Juez de la causa debe ser confirmado en este extremo.
2. En cuanto a la extromisión formulada por el Ministerio de Defensa, el artículo
107° del Código Procesal Civil establece que “Excepcionalmente, en cualquier
momento el Juez por resolución debidamente motivada, puede separar del
proceso a un tercero legitimado, por considerar que el derecho o interés que lo
legitimaba ha desaparecido o haber comprobado su inexistencia”. Sin
embargo, en tanto la referida disposición normativa está reservada de forma
expresa a los terceros legitimados y no a las partes originarias del proceso, se
advierte de autos que el Ministerio de Defensa no tiene la condición de tercero
legitimado en el presente proceso, sino de codemandado, de acuerdo a los
4 términos planteados en la demanda. Por tanto, la extromisión deviene en
improcedente, y lo resuelto por el Juez de la causa debe ser confirmado en
este extremo.
3. Respecto a la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado
deducida por el Ministerio de Defensa, debe tenerse presente que la falta de
legitimidad para obrar implica la absoluta falta de coincidencia entre los sujetos
que integraron la relación jurídica material o sustantiva y los que forman la
relación jurídica procesal o adjetiva y, que en el caso de la falta de legitimidad
para obrar pasiva viene a ser la falta de coincidencia entre el obligado en la
relación jurídica material y el demandado en la relación jurídico procesal.
Asimismo, la legitimidad para obrar pasiva existirá con la sola invocación que
hace el demandante en su demanda, de que el emplazado es el obligado a
cumplir el derecho reclamado, la cual se constituye en condición mínima para
demandar y entablar válidamente la relación procesal, reservándose para el
respectivo pronunciamiento de fondo, la probanza de su posición como
obligado o no del cumplimiento de dicho derecho.
En ese sentido, en tanto la Marina de Guerra del Perú es una institución de las
Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, conforme lo
estipulado en el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1134 – Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Defensa, existe una relación
funcional entre ambas instituciones demandadas, por lo cual han sido
invocadas por igual por la parte demandante para la satisfacción de su
pretensión; sin embargo, es prematuro determinar en vía de excepción la
legitimidad de la referida codemandada en el presente proceso, toda vez que
corresponde dilucidar como fondo del asunto si resulta procedente el
incremento de la Ración Orgánica Única regulada en el Decreto Supremo N°
040-2003-EF y el pago de la Asignación Especial de la Ley N° 28254, siempre
que previamente se acredite la vulneración de los derechos constitucionales de
la parte demandante, tras haberse actuado y valorado todo el material
probatorio ofrecido por las partes. Por tanto, deberá declararse infundada la
excepción propuesta y, en consecuencia, debe confirmarse lo resuelto por el
Juez de la causa en este extremo.
5 4. En cuanto a la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de
proponer la demanda deducida por el Ministerio de Defensa, debe tenerse
presente que mediante ella se denuncia la omisión o la formulación imprecisa o
ambigua de los enunciados legalmente exigibles al interponer una demanda,
de tal forma que la imprecisión en el planteamiento de la demanda dificulta en
mayor medida la posibilidad de una defensa adecuada1.
En ese sentido, se advierte que el cuestionamiento respecto a la naturaleza de
las pretensiones formuladas por el demandante constituye una mera
apreciación de parte respecto de lo postulado en autos, que debe ser materia
de pronunciamiento de fondo para determinar la fundabilidad o no de lo
pretendido, más aún cuando se puede evidenciar que la demandada ha
contestado las pretensiones planteadas con sus respectivas defensas de forma
y fondo; de tal manera, que no se observa que se haya planteado la demanda
de forma oscura u ambigua, a tal punto que haya impedido u obstaculizado la
defensa de la demandada. Por tanto, la excepción debe ser desestimada,
debiendo confirmarse lo resuelto en este extremo.
5. En cuanto a la excepción de incompetencia deducida por el Ministerio de
Defensa y por la Marina de Guerra del Perú, debe tenerse presente que la
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1417-2005-PA/TC, ha precisado con
carácter vinculante, los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las
pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del derecho
fundamental a la pensión o estar directamente relacionados con él, merecen
protección a través del proceso de amparo. En efecto, el literal c) del
fundamento 37 de la referida Sentencia, que constituye precedente vinculante
de obligatorio cumplimiento, de conformidad con el artículo VII de la Ley N°
28237 – Código Procesal Constitucional, se ha establecido que cualquier
persona que sea titular de una prestación que sea igual o superior al monto de
la pensión mínima, deberá acudir a la vía judicial ordinaria a efectos de
dilucidar en dicha sede los cuestionamientos existentes en relación a la suma
específica de la prestación que le corresponde, a menos que, a pesar de
percibir una pensión o renta superior, por las objetivas circunstancias del caso,
1 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella; Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. 5a.
ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2015, pp. 395 y 397.
6 resulte urgente su verificación a efectos de evitar consecuencias irreparables,
como por ejemplo, los supuestos acreditados de graves estados de salud.
En el presente caso, de autos se aprecia el estado de invalidez total y
permanente del recurrente, por el cual se le dio de baja por la causal de
incapacidad psicofísica, por lesión producida a consecuencia del servicio,
mediante la Resolución Directoral N° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de
septiembre de 1995 (fs. 03), por cuanto “con Oficios S.300-1940 y S.300-2383
de fecha 19 Mayo y 05 Junio 11995, del Director de Salud de la Marina y
Director Ejecutivo del Centro Médico Naval “CMST”, remite las conclusiones de
Juntas de Sanidad Nro. 261-95 del 03 Marzo 1995, pertenecientes al Mar. Aux.
Ima. ROJAS Oré Percy (…) mediante las cuales se recomienda la Baja del
Servicio Activo de la Marina de Guerra del Perú, debido a que las lesiones que
presentan revisten invalidez total y permanente para el Servicio Activo”, de
acuerdo a lo establecido en el primer considerando de la antedicha Resolución
Directoral, hecho que constituye un serio estado de salud, que se encuentra
comprendido en los alcances del inciso c) del fundamento 37 de la STC N°
1417-2005-AA/TC antes mencionada, por lo cual merece el análisis de fondo
de la pretensión demandada.
6. Adicionalmente, debe tenerse presente que el presente caso configura otro
principio que refuerza la decisión de preferir la continuación del proceso antes
que su extinción, frente a una eventual duda de carácter interpretativo, como es
el principio favor actionis o pro actione, recogido en el cuarto párrafo del
artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 28237 – Código Procesal
Constitucional, según el cual “impone a los juzgadores la exigencia de
interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable
a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución sobre el fondo”2,
por lo que la excepción deducida es manifiestamente infundada, debiéndose
confirmar lo resuelto por el Juzgado.
7. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
(vía previa) deducida por el Ministerio de Defensa y por la Marina de Guerra del
Perú, debe tenerse presente que el fundamento 13 de la Sentencia del Tribunal
2 PICÓ I JUNOY, JOAN, Las garantías constitucionales del proceso. 2da. ed., Bosch Editor, Barcelona, 2012, p. 67.
7 Constitucional N° 1776-2004-AA/TC ha establecido con claridad que
“Propugnamos la aplicación de un criterio de flexibilidad, pro accione, el cual
impida que la citada exigencia derive en un formalismo inútil, que impida la
justiciabilidad, a partir de la dirección judicial del proceso prevista en el artículo
III del Título Preliminar (TP) del CPCo. [sic] Entonces, el derecho fundamental
a la pensión, al tener carácter alimenticio, se desprende que el agotamiento de
la vía previa no debe ser exigida en el presente caso, pues no corresponde su
utilización para el acceso pensionario. (…)”, de lo cual se desprende que la
naturaleza del derecho pensionario implica la satisfacción de necesidades
primarias e impostergables, de tal forma, que los formalismos procedimentales
pueden ser flexibles e interpretados a favor del demandante, a fin de analizar la
controversia surgida por la pretensión previsional del actor, máxime si en el
presente caso se ha invocado la existencia de un grave estado de salud –que
determinó su invalidez total y permanente, conforme al primer considerando de
la Resolución Directoral N° 1679-95 MA/DAP– que merece una protección
especial, a efectos de evitar consecuencias que podrían tornarse en
irreparables, tal como esta Sala Superior advirtió en su auto de vista del 11 de
junio de 2013 (fs. 60 a 62), que declaró nula la improcedencia liminar de la
demanda. En tal sentido, deberá declararse infundada la excepción propuesta
y, en consecuencia, debe confirmarse lo resuelto por el Juez de la causa en
este extremo.
8. En cuanto a la excepción de caducidad deducida por el Ministerio de Defensa
y de prescripción deducida por la Marina de Guerra del Perú, debe tenerse
presente que de acuerdo al fundamento 59 de la Sentencia del Tribunal
Constitucional N° 1417-2005-AA/TC, las afectaciones en materia pensionaria
tienen la calidad de una vulneración continuada, pues tienen lugar mes a mes,
motivo por el cual no existe posibilidad de rechazar reclamos, recursos o
demandas que versen sobre materia previsional, argumentando el vencimiento
de plazos prescriptorios o de caducidad; por lo cual la excepción deducida es
manifiestamente infundada, debiéndose confirmar lo resuelto por el Juez de la
causa en este extremo.
9. Respecto de la Sentencia contenida en la Resolución N° 16, mediante el
presente proceso, el demandante, Percy Rojas Oré, ha solicitado que cesen los
8 actos violatorios que vulneran su derecho constitucional a la seguridad social, y
se ordene a la parte demandada, se incremente su pensión de invalidez al
valor de la Ración Orgánica Única ascendente a S/ 6.20 diarios, conforme lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 040-2003-EF, de fecha 01 de marzo de
2003, y el pago de la Asignación Especial dispuesta en la Ley N° 28254, de
fecha 01 de julio de 2004, más el pago de devengados a partir de las fechas
indicadas, así como el pago de los intereses legales y costos del proceso.
10. Conforme se aprecia de la revisión de autos, el demandante, Percy Rojas Oré,
padece una incapacidad psicofísica, conforme se menciona en la Resolución
Directoral N° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de septiembre de 1995 (fs. 03),
por la cual la Marina de Guerra del Perú le dio de Baja por causal de
incapacidad psicofísica, por lesión producida a consecuencia del servicio; por
lo que, atendiendo a las especiales circunstancias del caso y de conformidad
con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1417-2005-PA/TC, que constituye
precedente vinculante de obligatorio cumplimiento, resulta necesario verificar si
en el presente caso se ha vulnerado o no el derecho constitucional invocado,
con la finalidad de evitar consecuencias irreparables.
11. Al respecto, se debe tener presente, que el inciso a) del artículo 11° del
Decreto Ley N° 19846, que regula el Régimen de pensiones del personal militar
y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado, ha
establecido en materia de pensión de invalidez que:
“El personal que en acto o consecuencia del servicio se invalida, cualquiera
que fuese el tiempo de servicios prestados percibirá:
a) El íntegro de las remuneraciones pensionables correspondiente
a las del grado o jerarquía del servidor, en Situación de Actividad;
(…)”
12. Sin embargo, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en reciente
y reiterada jurisprudencia (Cfr. STC N° 0034-2009-PA/TC, 0504-2009-PA/TC,
1855-2009-PA/TC, 1996-2009-PA/TC), dicha disposición, fue modificada
tácitamente por el artículo 2° de la Ley N° 24373, de fecha 29 de noviembre de
1985, norma que a su vez ha sido modificada, primero por el artículo 1° de la
Ley N° 24916, de fecha 03 de noviembre de 1988, y luego por el artículo 2° del
Decreto Legislativo N° 737, de fecha 12 de noviembre de 1991; el que a su vez
9 fue modificado por el artículo único de la Ley N° 25413, de fecha 12 de marzo
de 1992, disponiendo que:
“Los Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez
total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio,
serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata superior
cada cinco años a partir de ocurrido el acto invalidante. (…). Dicho haber
comprende todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y
aguinaldos que por diversos conceptos y bajo diferentes
denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben los
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de
actividad (….)”. (resaltado nuestro).
13. En ese sentido, resulta evidente, que los dispositivos legales que regulan la
pensión de los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han
previsto para sus beneficiarios el otorgamiento, sin distinción alguna, de
todos los goces y beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes
denominaciones perciban los servidores de su mismo grado jerárquico en
situación de actividad, conforme lo ha reconocido también el Tribunal
Constitucional en reiterada jurisprudencia (Cfr. STC N° 3813-2005-PA/TC, N°
3949-2004-PA/TC y N° 1582-2003-AA/TC) y, sin hacer diferencia entre
conceptos pensionables o no pensionables.
Por tanto, si por efecto del aumento de alguno de los goces pensionables o no
pensionables, se incrementa el haber que percibe un militar o policía en
actividad, dicho incremento, debe reflejarse también en la pensión de invalidez
o incapacidad de aquellos pensionistas que por promoción económica hubieran
alcanzado la misma jerarquía o grado, independientemente, de la promoción
económica que cada cinco años le corresponde conforme a ley.
14. En el presente caso, se aprecia que la demandada dispuso otorgar al
demandante una pensión de invalidez, tras haber sido dado de baja con el
grado de Mar. Aux. Ima., como consecuencia de padecer una incapacidad
psicofísica por lesión producida a consecuencia del servicio, conforme se
corrobora con la copia de la Resolución Directoral N° 1679-95 MA/DAP, de
fecha 08 de septiembre de 1995 (fs. 03) y, con la copia de su boleta de pago
(fs. 04), con lo que queda acreditada su situación de pensionista de la Marina
de Guerra del Perú, bajo el régimen de pensiones militar policial establecido en
el Decreto Ley N° 19846.
10 15. De conformidad con el Decreto Supremo N° 040-2003-EF, de fecha 21 de
marzo de 2003, correspondía reajustar a partir del mes de marzo de 2003, el
monto de la Ración Orgánica Única del actor en S/ 6.20 (seis con 20/100
soles) diarios; sin embargo, conforme se aprecia de la boleta de pago de
pensiones del demandante (fs. 04), no se ha cumplido con dicho reajuste,
pues, viene percibiendo mensualmente por racionamiento [“RACMTO-
RM.1391-98-DE”] la suma de S/ 89.90 (ochenta y siete con 00/100 soles), es
decir, S/ 2.99 (dos con 99/100 soles) diarios, lo que ha sido reconocido por las
emplazadas, con lo que se acredita la violación a su derecho a la igualdad en
la aplicación de la ley, en tanto ninguna de dichas demandadas reconoció
oportunamente dicho beneficio a favor del demandante.
16. Asimismo, de conformidad con la Ley N° 28254, de fecha 15 de junio de 2004,
correspondía otorgar una Asignación Especial a favor del personal militar y
policial, en situación de actividad, en dos tramos:
a. Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales a partir del mes de julio de 2004.
b. Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales adicionales a partir del mes de octubre de 2004.
17. Sin embargo, conforme se aprecia de la boleta de pago de pensiones del
demandante (fs. 04), no se ha cumplido con dicho pago de Asignación
Especial, lo que ha sido reconocido por las emplazadas, con lo que se acredita
la violación a su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en tanto
ninguna de dichas demandadas, reconoció oportunamente dicho beneficio a
favor del demandante.
18. No obstante la disposición contenida en el artículo 1° del Decreto Supremo N°
040-2003-EF, de fecha 22 de marzo de 2003, que establece el reajuste de la
ración orgánica única para el personal en situación de actividad y que no tiene
carácter pensionable, así como la disposición contenida en la Cuarta
Disposición Final de la Ley N° 28254, la cual señala que “Los incrementos en
los ingresos del personal que autoriza la presente Ley no tienen carácter ni
naturaleza remunerativa ni pensionable, ni se encuentran afectos a cargas
sociales” y que sólo corresponde al personal en actividad; debe precisarse
que, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, las modificatorias del
artículo 11° del Decreto Ley N° 19846, respecto al régimen de la pensión de
11 invalidez, han tenido como propósito equiparar el haber del personal militar y
policial en retiro discapacitado al del personal en situación de actividad,
comprendiendo sin distinción todos los goces y beneficios para sus
beneficiarios, por lo que corresponde otorgar al demandante dichos beneficios.
19. En consecuencia, al entrar en vigencia el reajuste de la Ración Orgánica Única
desde el mes de marzo de 2003, conforme lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 040-2003-EF, corresponde el pago de los montos dejados de
percibir por dicho concepto, así como de los intereses legales generados
desde la fecha en la cual debió aplicársele el reajuste fijado por dicha norma,
esto es, desde el 01 de marzo de 2003, y de acuerdo a la tasa señalada en el
artículo 1246° del Código Civil, debiéndose efectuar la liquidación respectiva
sin metodología capitalizable, esto es, sin agregar al principal los intereses de
cada período para generar nuevos intereses, de acuerdo a la limitación
contenida en el artículo 1249° del Código Civil, conforme a lo previsto por el
Tribunal Constitucional en la STC N° 02214-2014-PA/TC (Precedente
Puluche), publicada en su portal electrónico el 07 de julio de 2015, al fijar como
doctrina jurisprudencial vinculante de observancia obligatoria para todos los
operadores jurídicos, conforme a lo previsto en el artículo VI del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional, que “el interés legal aplicable
en materia pensionaria no es capitalizable, conforme al artículo 1249° del
Código Civil” (fundamento 20) [resaltado nuestro].
20. Asimismo, al entrar en vigencia el Pago de una Asignación Especial, conforme
la Ley N° 28254, desde el mes de julio de 2004, corresponde el pago de los
montos dejados de percibir por dicho concepto, así como de los intereses
legales generados desde la fecha en la cual debió aplicársele el beneficio
fijado por dicha norma, esto es, desde el 01 de julio de 2004, y de acuerdo a la
tasa señalada en el artículo 1246° del Código Civil, debiéndose efectuar la
liquidación respectiva sin metodología capitalizable, conforme a lo previsto por
el Tribunal Constitucional en la STC N° 02214-2014-PA/TC (Precedente
Puluche).
21. Sin perjuicio de lo expuesto, conforme a lo advertido por el Tribunal
Constitucional en su jurisprudencia (Cfr. STC N° 00262-2013-PA/TC, N° 01170-
12 2012-PA/TC, N° 06355-2013-PA/TC), debe precisarse que la Ley N° 28254 y el
Decreto Supremo N° 040-2003-EF han sido derogados mediante la Segunda y
Tercera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N°
1132, respectivamente, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable
al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del
Perú, con fecha 09 de diciembre de 2012. En tal sentido, los beneficios de
ración orgánica única y asignación especial solicitados y reconocidos en
sentencia, deberán ser incorporados a la pensión del demandante durante su
período de vigencia; esto es, hasta la fecha de derogación de las normas antes
descritas.
22. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 56°
del Código Procesal Constitucional, al haberse declarado fundada la demanda
y estando a que la Marina de Guerra del Perú se encuentra dentro del ámbito
del Ministerio del Defensa, conforme lo estipulado en el artículo 16° del
Decreto Legislativo N° 1134 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa, y que éste, a su vez, se encuentra dentro del ámbito del Poder
Ejecutivo, conforme lo estipulado en el artículo 22° y la Primera Disposición
Final de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el artículo 2°
Decreto Legislativo N° 1134 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa, como entidades del Estado, sólo les corresponde la respectiva
condena de pago de costos.
DECISIÓN
a) CONFIRMARON la Resolución N° 11, de fecha 24 de agosto de 2018 (fs. 128
a 132) –corregida en su numeración, mediante la Resolución N° 12, de fecha
23 de noviembre de 2018–, en los extremos que declaró: (i) improcedente la
denuncia civil formulada por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa,
(ii) improcedente la extromisión formulada por la Procuradora Pública del
Ministerio de Defensa y, (iii) infundadas las excepciones de falta de legitimidad
para obrar pasiva, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, incompetencia por la materia, caducidad y falta de agotamiento de la
vía previa deducidas por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa.
b) CONFIRMARON la Resolución N° 14, de fecha 05 de septiembre de 2019 (fs.
194 a 195), en el extremo que declaró infundadas las excepciones de
13 incompetencia, falta de agotamiento de la vía administrativa y prescripción
deducidas por el Procurador Público de la Marina de Guerra del Perú; y,
c) CONFIRMARON la Sentencia contenida en la Resolución N° 16, de fecha 11
de diciembre de 2019 (fs. 218 a 229), que declaró fundada la demanda; en
consecuencia, reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho a la pensión, se ordenó a la parte demandada que cumplan con dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 28254 y al artículo 1°
del Decreto Supremo N° 040-2003-EF, en el plazo de dos días hábiles,
reintegrándosele la Asignación Especial devengada desde el 01 de julio de
2004 y la Ración Única devengada desde el 01 de marzo de 2003, conforme a
los fundamentos de la presente Sentencia, debiéndose efectuar el pago los
intereses legales y los costos procesales correspondientes.
d) MANDARON devolver los autos al Juzgado de su procedencia, luego que
quede consentida la presente Resolución.
En los autos seguidos por Percy Rojas Oré, con el Ministerio de Defensa y otro, sobre amparo.
CASM//jc
SOLÍS MACEDO ROMERO ZUMAETA
ESCUDERO LÓPEZ
14 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA CIVIL
Exp. N° 9551-2012-0
SS: SOLÍS MACEDO
ROMERO ZUMAETA
ESCUDERO LÓPEZ
Resolución N° 01
Lima, veintitrés de abril
de dos mil veintiuno.-
POR RECIBIDOS los presentes autos, por
prevención, procedente del 07° Juzgado Constitucional de la Corte Superior
de Justicia de Lima, viene en grado de apelación la siguiente resolución:
a) SENTENCIA contenida en la resolución N° 16, de fecha 11 de
diciembre de 2019, que declaró FUNDADA LA DEMANDA DE
AMPARO; habiéndose concedido la apelación a los demandados,
PROCURADOR PÚBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y
PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, mediante
resolución N° 17, de fecha 15 de octubre de 2020.
b) AUTO contenida en la resolución N° 14, de fecha 05 de setiembre de
2019, que declaró INFUNDADAS LAS EXCEPCIONES DE
INCOMPETENCIA, FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA
ADMINISTRATIVA Y DE PRESCRIPCIÓN DEDUCIDAS POR EL
PROCURADOR PÚBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ;
habiéndose concedido apelación sin efecto suspensivo y con la
calidad de diferida, a la demandada, PROCURADOR PÚBLICO DE LA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, mediante resolución N° 15, de fecha
11 de diciembre de 2019.
Este Expediente se eleva sin acompañados. Y conforme a la naturaleza del
proceso y recurso impugnatorio concedido, los señores Magistrados que
conforman el Colegiado de esta Sala Civil que suscriben, se avocan por
prevención en el conocimiento de los actuados judiciales, poniéndose en
conocimiento de todos aquellos que intervienen como sujetos del proceso,
mediante los actos de comunicación procesal, para los fines consiguientes; y
ATENDIENDO:
1. Que, los Procesos Constitucionales tienen por finalidad defender la efectiva
vigencia de los derechos fundamentales haciendo efectiva la estructura
jerárquica normativa establecida por la Constitución como un mecanismo
rápido y urgente en la obtención de la justicia ante la violación o amenaza
de violación de un derecho reconocido por la Constitución.
2. Que, es importante tener presente que los procesos de amparo [y en
general los procesos de la libertad] dada su naturaleza, la exigencia de
cumplir con las formalidades que se exigen en el proceso constitucional
Página 1 de 4 sólo se justifica si con ello se logra la mejor protección de los derechos
fundamentales, de lo contrario las formalidades deben adecuarse con el
objetivo de que los fines de los procesos se concreten debidamente. Todo
esto en concordancia con los principios de elasticidad, celeridad y
economía procesal.1
3. Que, en este contexto, estando a que la principal garantía establecida por
el derecho al debido proceso legal y el acceso a la tutela judicial efectiva
o eficaz2, se grafica en el acceso pleno e irrestrictocon las obligaciones que
la ley señala taxativamente, a los Jueces y Tribunales para la determinación
del derecho de las personas o de las incertidumbres con relevancia
jurídica, pues de lo contrario, la negación del acceso a la justicia implica
hacer caer al ciudadano en indefensión y alejarlo de las soluciones
pacíficas de controversias que la Carta Magna prevé explícitamente en
beneficio de éste y de la sociedad.
4. Por tanto, tratándose de procesos constitucionales que son procesos
urgentes destinados a evitar consecuencias irreparables,
consecuentemente, resulta imperativo implementar mecanismos que
concreten la tutela judicial efectiva, siendo que uno de los contenidos que
lo integran es el trámite en un plazo razonable y en atención a ello dentro
de los parámetros establecidos por el Código Procesal Constitucional,
resultando por ende oportuno sintetizar el trámite previsto por el legislador a
efecto de concretar la tutela constitucional que reclaman los justiciables en
general.
5. Que, en atención a la naturaleza sumarísima y expeditiva de los procesos
constitucionales, en armonía con los principios de celeridad y economía
procesal, cautelándose además el debido proceso así como el derecho de
defensa de los sujetos del proceso y estando al trámite procedimental
previsto en los artículos 57 y 58 del Código Procesal Constitucional:
SE DISPONE:
I. CONCEDER tres días a las partes apelantes para que expresen sus
agravios.
II. COMUNICAR a las partes que formulada la expresión de agravios se
concederá el traslado por tres días para su absolución si lo estiman por
conveniente; y vencido el plazo otorgado para la expresión de
agravios o su absolución, según sea el caso, la causa queda fijada
para su vista, conforme al señalamiento indicado en el punto siguiente.
III. SEÑALARON vista de la causa CON INFORME ORAL para el día
DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO a horas 09:00 AM, a
realizarse de manera VIRTUAL por la plataforma Google Meet, para lo
1 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nº 0266-2002-AA/TC. (FJ 7)
2 CAS. Nº 313-2002 CALLAO. CAS. Nº 1183-2004. CAS. Nº 1811-2005 LIMA. CAS. Nº 4869-2006 AREQUIPA. CAS. Nº 1019-2007
MOQUEGUA. CAS. Nº 2541-2007 LAMBAYEQUE. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa
de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso, esto es acudir al órgano jurisdiccional con el fin de hacer valer sus
derechos, siendo la finalidad concreta del proceso resolver un conflicto de intereses que tiene como correlato la búsqueda de la verdad, de
conformidad con lo disciplinado por los artículos I y III del Título Preliminar del Código Procesal Civil y del artículo 139° de la Constitución Política.
Página 2 de 4 cual, se deberá ingresar a través del enlace:
https://meet.google.com/qzf-raom-tjj; fecha y hora en que los
abogados de las partes procesales, podrán hacer uso de la palabra, a
efectos de informar oralmente en la vista de la causa, por el término
de cinco (05) minutos.
IV. Hágase saber a las partes y abogados que deben tener en cuenta lo
señalado en el numeral 4.2 del “Protocolo Temporal para Audiencias
Judiciales Virtuales durante el Período de Emergencia Sanitaria”3
aprobado por la Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ.
V. REQUIÉRASE a los abogados de las partes para que CUMPLAN en el
plazo de dos (02) días de notificados, con precisar su correo
electrónico (con extensión gmail.com o pertenecer a este dominio) y
un número de celular a fin de realizar la audiencia programada; bajo
apercibimiento de multa compulsiva y progresiva y de llevarse a cabo
la vista de la causa con quienes si hubieran cumplido. Asimismo, se
hace la precisión que la Conferencia Preparatoria, conforme a lo
previsto en la Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ4, se
realizará quince (15) minutos antes de la fecha y hora de la vista de la
causa programada, es decir, a las 08:45 AM, bajo la misma plataforma
virtual y enlace señalado.
VI. Se hace saber a las partes y a sus abogados, de conformidad con el
numeral 5.2 del citado protocolo, que en caso surja alguna duda con
relación a las indicaciones técnicas para la utilización del aplicativo,
deberá comunicarse al correo electrónico
luischinchay2017@gmail.com o al celular N° 970170040 que
corresponde al relator de la Sala.
VII. La Secretaria y el Relator de la Sala cumplirán que el despacho [escritos
y recursos] se dé cuenta regularmente, con el fin de que las
resoluciones que se expidan sean notificadas en el día, estando al
señalamiento de la vista de la causa; debiendo realizarse el descargo
respectivo en el Sistema Informático del Poder Judicial.
VIII. CUMPLAN las partes procesales con señalar y/o ratificar su CASILLA
ELECTRONICA, dentro del segundo día de notificadas, bajo
apercibimiento de multa compulsiva y progresiva.
3 4.2. Requisitos técnicos mínimos Para participar en la audiencia virtual el órgano jurisdiccional y las partes deberán garantizar poder contar con
el siguiente equipo tecnológico:
a) Una PC, laptop o cualquier otro dispositivo similar con cámara y con accesos a internet
b) Una conexión de banda ancha a Internet2
c) Una cámara de que permita una definición nítida en la transmisión
d) Un micrófono integrado o conectado que permita el reconocimiento de voz preciso en la transmisión
e) En caso de utilizar un dispositivo móvil, previamente se deberá descargar el aplicativo Google Meet En el caso del órgano jurisdiccional está
deberá ser descargada por el personal técnico informático de cada dependencia, y en el caso de las partes bajo su responsabilidad
f) Tener un ambiente iluminado, sin tránsito de personas ajenas a la audiencia y con el menor ruido posible
4La Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ, aprueba el “Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales, durante el Período
de Emergencia Sanitaria ”cuyo 5.1 precisa lo siguiente: “en los procesos judiciales en trámite, el órgano jurisdiccional notificará electrónicamente
la Resolución que señala la fecha y hora de la audiencia virtual y en la misma convocará a los abogados de las partes a una coordinación o
conferencia de preparación previa a la audiencia virtual que tiene como finalidad la factibilidad, compatibilidad y evitar fallas antes del inicio de la
audiencia, así como establecer medidas alternativas en caso estas se produzcan, para que la audiencia virtual se realice sin afectar el derecho
de defensa de las partes.
Página 3 de 4 IX. NOTIFIQUESE la presente resolución, bajo responsabilidad.
Interviniendo los señores Jueces Superiores que suscriben, de conformidad a la
Resolución Administrativa No. 000002-2021-P-CSJLI-PJ, de fecha 04 de enero de
2021.
dal
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Séptimo Juzgado Especializado en lo Constitucional
EXPEDIENTE : 09551-2012-0-1801-JR-CI-07
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : SALDAÑA VILLAVICENCIO MALBINA
ESPECIALISTA : RODRIGUEZ TORRE, VICTOR
DEMANDADO : MINISTERIO DE DEFENSA ,
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL
PERU ,
DEMANDANTE : ROJAS ORE, PERCY
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISÉIS
Lima, once de diciembre del dos mil diecinueve.-
I. ASUNTO:
Resulta de autos que por escrito de folios 13 al
19 PERCY ROJAS ORE interpone demanda de acción de amparo contra el
MINISTERIO DE DEFENSA, PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO
DE DEFENSA, MARINA DE GUERRA DEL PERU y PROCURADOR PUBLICO
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, a fin de que cesen los actos
violatorios que vulneran su derecho constitucional a la seguridad social, en
consecuencia, se ordene a la demandada que cumpla con incrementar su pensión
de invalidez con el valor de la nueva Ración Orgánica Única ascendiente a s/.
6,20.00 conforme a lo dispuesto el Decreto Supremo N.° 040-2003-EF de fecha
1 01 de marzo del 2003 y el pago de la Asignación Especial dispuesta por la Ley N.°
28254, más el pago de los devengados, intereses legales y costos procesales.
II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA
De la parte demandante
Expone que mediante Resolución Directoral N.° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de
setiembre de 1995, se resolvió dar de baja de la Marina de Guerra del Perú por la
causal de incapacidad Psicofísica por lesión producida a consecuencia del servicio,
asimismo, se dispuso promoverlo económicamente al haber del grado inmediato
superior cada cinco años según lo establecido por la Ley N.° 25413. Que, según
su liquidación cabe indicar que dicho haber comprende todas las
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos
conceptos y bajo diferentes denominaciones constituyen los goces y beneficios
que perciban los respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación
de actividad. Sostiene que teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior,
la demandada estaría obligada a reconocerle el pago de la asignación especial
establecida en la ley N°28254 y Ración Orgánica Única para el Personal Militar en
Situación de Actividad de conformidad con el D.S. N.° 040-2003-EF.
Sobre los derechos Constitucionales vulnerados alegados
- Derecho a la Seguridad Social la cual se encuentra consagrado en la
Constitución Política en el artículo 10°.
- Derecho a la Pensión la cual se encuentra consagrado en la Constitución
Política en el artículo 11°.
- Derecho a la Igualdad en aplicación de la Ley la cual se encuentra
consagrado en la Constitución Política en el inciso 2 del artículo 2°.
De la parte demandada
- Del Ministerio de Defensa
Debidamente representada se apersona al proceso formulando denuncia civil,
extromisión procesal y deduciendo excepciones de falta de legitimidad para obrar
2 pasiva del demandado, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, de incompetencia por materia, de caducidad, de falta de agotamiento
de la vía administrativa, asimismo, contesta la demanda negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos indicando que los mencionados beneficios
obedece a cuestiones eminentemente técnicas y de carácter operativo, no tiene
carácter remunerativo o pensionable ni constituye base para el cálculo y/o
reajuste de beneficio, asignación o entrega única. Asimismo, se otorgará al
personal militar que se encuentre en situación militar de actividad.
- Marina de Guerra del Perú
Debidamente representada se apersona al proceso deduciendo excepciones de
incompetencia, de falta de agotamiento de la vía administrativa y de prescripción,
asimismo, contesta la demanda indicando que el Decreto Supremo N° 040-2003-
EF incrementó el valor orgánico a partir del mes de marzo del 2003 para el
personal militar en situación de actividad, no teniendo dicho reajuste carácter
remunerativo o pensionable, ni constituye base para el cálculo y/o reajuste
únicamente para el personal de actividad más no para el que se encuentra en
situación de retiro como es el caso del demandante. Asimismo, la Asignación
Especial tampoco le corresponde al actor toda vez que a la fecha del pase de
retiro del demandante dicho beneficio solo le percibía el personal en actividad.
III. TRÁMITE DEL PROCESO
Mediante resolución N.° UNO de fecha trece de agosto del dos mil trece, se
resolvió admitir a trámite la demanda, corriéndose traslado a la parte demandada,
la misma que mediante escrito de fecha 31 de marzo del 2015 se apersonó al
proceso formulando denuncia civil, extromisión procesal y deduciendo
excepciones de falta de legitimidad para obrar pasiva del demandado, de
oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, de incompetencia
por materia, de caducidad, de falta de agotamiento de la vía administrativa,
asimismo, contesta la demanda, una vez absuelta, mediante resolución N.°
CATORCE de fecha veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, se resolvió
declarar improcedente la denuncia civil y la extromisión formuladas e infundado
3 las excepciones propuestas, saneado el proceso, poniéndose los autos a
despacho. Sin embargo, la misma fue apelada mediante escrito de fecha 06 de
noviembre del 2018. Asimismo, debidamente representada mediante escrito de
fecha 04 de febrero del 2019 la Marina de Guerra del Perú se apersonó al proceso
deduciendo excepciones de incompetencia, de falta de agotamiento de la vía
administrativa y de prescripción, y, contesta la demanda, una vez absuelta,
mediante resolución N.° CATORCE de fecha cinco de setiembre del dos mil
diecinueve, se resolvió declarar infundada las excepciones propuestas, saneado el
proceso, sin embargo, la mismas fueron apeladas mediante escrito de fecha 13 de
noviembre del 2019. Por lo que, siendo el estado del proceso, esta Judicatura
procederá a emitir sentencia; y,
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO: Que, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala
que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio
o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso;
SEGUNDO: Que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos
controvertidos y fundamentar sus decisiones, conforme a lo dispuesto por el
artículo ciento ochenta y ocho del Código Procesal Civil;
TERCERO: Que, asimismo el numeral ciento noventa y seis del acotado cuerpo
de leyes prevé que salvo disposición legal diferente, la carga de probar
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos;
La acción de Amparo
CUARTO: Que, el objeto de un Proceso Constitucional de Amparo es el de
reponer las cosas al estado anterior a la afectación de un derecho constitucional
mediante hechos u omisiones por parte de cualquier autoridad, funcionario o
4 persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos en la Constitución
Política del Estado;
QUINTO: El proceso constitucional de amparo se encuentra regulado en nuestra
Constitución Política en su artículo 200.2°, asimismo sus disposiciones de carácter
procesal se encuentran reguladas en los artículos 37° y siguientes del Código
Procesal Constitucional, procediendo la respectiva acción por violación o amenaza
de violación a los derechos fundamentales. Estamos hablando de una violación
inminente o de una amenaza, pero una amenaza que pueda ser fehaciente y
pueda evidenciarse de los medios probatorios, que se acompañan al momento de
presentarse la demanda. La acción de amparo protege todos los derechos
fundamentales contenidos en el artículo 2º de la Constitución Política del Perú; sin
embargo, no va proteger aquellos derechos que son protegidos por la acción de
cumplimiento, la acción de habeas data, y el habeas corpus en sí, es decir,
derechos que tengan que versar sobre la libertad, y conexos a la libertad.
Las pretensiones del demandante
SEXTO: Que, la pretensión del demandante consiste en que se ordene a la
demandada que cumpla con incrementar su pensión de invalidez con el valor de
la nueva Ración Orgánica Única ascendente a s/. 6,20.00 conforme a lo dispuesto
el Decreto Supremo N.° 040-2003-EF de fecha 01 de marzo del 2003 y el pago de
la Asignación Especial dispuesta por la Ley N° 28254, más el pago de los
devengados, intereses legales y costos procesales;
Sobre el Derecho a la Seguridad Social
SÉPTIMO: Que, el Derecho a la Seguridad Social es un derecho fundamental,
que supone el derecho que le asiste a la persona para que la sociedad provea
instituciones y mecanismos mediante los cuales pueda tener una existencia en
armonía con su dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin
supremo de la sociedad y del Estado; derecho que tiene una doble finalidad, por
un lado proteger a la persona frente a las contingencias de la vida, por otro elevar
5 su calidad de vida, lo cual se concreta a través de los distintos regímenes de
pensiones que pudieran establecerse y con la pensión que, en este caso, resulta
ser el medio fundamental que permite alcanzar dicho nivel de vida;
Sobre el derecho a la Pensión
OCTAVO: Que, el acceso a una Pensión, significa la posibilidad de formar parte
de un régimen previsional por satisfacer los requisitos para aportar al mismo, lo
que no genera automáticamente la percepción de la pensión pues ello estará
condicionado al cumplimiento de los supuestos fijados para cada prestación;
Beneficios dentro del Régimen de Pensiones Militar-Policial
NOVENO: Que, el literal a) del artículo 11° del Decreto Ley N.° 19846, establece
que cualquiera que sea el tiempo de servicios prestados, el personal que se
invalida recibirá el íntegro de las remuneraciones pensionables correspondientes
al grado o jerarquía del servidor en situación de actividad;
DÉCIMO: Con respecto a la disposición mencionada en el considerando anterior,
resulta pertinente recordar que la misma fue modificada tácitamente por el
artículo 2 de la Ley 24373, de fecha 29 de noviembre de 1985, que estableció lo
siguiente: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que
resulten con invalidez permanente o la hayan obtenido en actos de servicio, con
ocasión o como consecuencia del mismo, serán promovidos económicamente al
haber de la Clase inmediata superior cada cinco años a partir de producido el
evento invalidante, hasta cumplir 35 años de servicios computados desde la fecha
de ingreso a filas. La pensión máxima para el nivel de Oficiales será la equivalente
al grado de Coronel”;
DÉCIMO PRIMERO: Posteriormente, el 03 de noviembre de 1988, la Ley 24916
precisó en su artículo 1, que el haber a que se refiere el artículo 2 de la Ley
24373 comprende las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos
6 que perciben los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en actividad, sin
distinguir entre los rubros pensionables o no;
DÉCIMO SEGUNDO: Consiguientemente, el Decreto Legislativo 737, publicado
el 12 de noviembre de 1991, modificó el artículo 3 de la Ley 24916, que había
sustituido el artículo 2 de la Ley 24373, disponiendo lo siguiente:
“(…)Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que
sufran invalidez permanente en acto, ocasión o como consecuencia
del servicio serán promovidos económicamente al haber de la clase
inmediata superior cada cinco años, a partir de ocurrido el acto
invalidante. Excepcionalmente y por decisión del Presidente de la
República, en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional, podrá promoverse a los miembros antes indicados
hasta en tres grados inmediatos superiores, por acción meritoria o
luego de ocurrido el acto invalidante. Igual procedimiento se seguirá
para otorgar la pensión de sobreviviente que causa el personal que
fallece a consecuencia de actos de terrorismo y narcotráfico. La
pensión máxima para el nivel de oficiales será equivalente a la que
corresponde al Grado de Coronel (...);
DÉCIMO TERCERO: Así, a partir de la modificación contenida en el referido
Decreto Legislativo 737, la promoción económica al haber de la clase inmediata
superior debía efectuarse cada cinco años, a partir del acto invalidante, y no sólo
"hasta cumplir 35 años de servicios computados desde la fecha de ingreso a
filas", tal como lo contemplaban las Leyes N.° 24373 y N.° 24916;
DÉCIMO CUARTO: Finalmente, la Ley 25413, del 12 de marzo de 1992,
modificó el artículo 2 del Decreto Ley 737, disponiendo que: “Los miembros de
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez total y permanente en
acto, con ocasión o como consecuencia del servicio, serán promovidos
económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco años a partir
de ocurrido el acto invalidante[...].Dicho haber comprende todas las
7 remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos
conceptos y bajo diferentes denominaciones constituyen los goces y beneficios
que perciban los respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación
de actividad [...].La promoción máxima para el nivel de oficiales será equivalente
a la que corresponde al grado de Coronel o Capitán de Navío y para los
Suboficiales y personal del Servicio Militar Obligatorio, hasta el grado de Técnico
de Primera o su equivalente”. (Lo resaltado es agregado)
DECIMO QUINTO: Por tanto, se concluye que a partir de la modificación
establecida por la mencionada ley, “corresponde a los servidores de las Fuerzas
Armadas o Policiales, sin importar el tiempo de servicios prestados en la
institución, percibir una pensión de invalidez cuando esta provenga de un acto,
con ocasión o a consecuencia del servicio, equivalente inicialmente al haber
correspondiente a su grado efectivo, para luego ser promovido económicamente
cada cinco años, hasta alcanzar la promoción máxima, entendiéndose por haber al
equivalente total de todos los goces: remuneraciones, bonificaciones,
asignaciones, aguinaldos, etc., sin distinguir entre los rubros pensionables o no
que percibiera el servidor en actividad conforme a su grado efecto en el momento
en que se declara la invalidez y, posteriormente, conforme a los grados a los que
será promovido económicamente cada cinco años”; (lo subrayado es agregado)
Análisis de la presente controversia
DÉCIMO SEXTO: Que, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
señalado que el artículo único de la Ley N.° 25413, del 12 de marzo de 1992,
precisa las condiciones y los requisitos de la pensión de invalidez regulada por el
Decreto Ley N.° 19846 y, especialmente, lo que concierne al haber que por
promoción económica les corresponde a estos pensionistas, disponiendo lo
siguiente: Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren
invalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del
servicio, serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata
superior cada cinco años a partir de ocurrido el acto invalidante [..]. Dicho haber
comprende todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y
8 aguinaldos que por diversos conceptos y bajo diferentes
denominaciones constituyen los goces y beneficios que perciban los
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de
actividad, igualmente, nuestro Tribunal ha precisado que la pensión por
invalidez e incapacidad comprende, sin distinciones, el haber de todos los goces y
beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones perciban
los respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad,
la misma que comprende los conceptos pensionables y no pensionables (STC
00504-2009-PA/TC);
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, se debe precisar que la Ley N° 28254, publicada el 15
de junio de 2004, que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del
sector público para dicho año fiscal, dispone: (…)
Artículo 9.- Asignación Especial al personal militar y policial en actividad
9.1 Otórguese una Asignación Especial a favor del personal militar y policial, en
situación de actividad, en los montos y tramos siguientes:
a) Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales a partir del mes de julio del presente año.
b) Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales adicionales a partir del mes de octubre del presente año (…);
DÉCIMO OCTAVO: Que, El Tribunal Constitucional ha precisado en ST EXP. N.°
01239-2011-PA/TC, Fundamento 8.- “Por tanto se concluye que a partir de la
modificación efectuada por el Decreto Legislativo 737, corresponde a los
servidores de las Fuerzas Armadas o Policiales, sin importar el tiempo de servicios
prestados en su institución, percibir una pensión de invalidez cuando esta
provenga de un acto con ocasión o a consecuencia del servicio, equivalente
inicialmente al haber correspondiente a su grado efectivo, para luego ser
promovido económicamente cada cinco años, hasta alcanzar la promoción
máxima”. Fundamento 9.- “Asimismo, puede afirmarse que la pensión por
9 invalidez e incapacidad, luego de las modificaciones señaladas, comprende sin
distinciones el haber de todos los goces y beneficios que por diversos conceptos y
bajo diferentes denominaciones, perciban los respectivos grados de las jerarquías
militar y policial en situación de actividad (STC 3813-2005-PA, STC 3949-2004-PA,
STC 1582-2003-AA), y comprende los conceptos pensionables y no pensionables”.
Fundamento 10.- “En ese sentido se concluye que el incremento general del
haber que percibe una jerarquía militar o policial, por efecto del aumento de
alguno de los goces pensionables o no pensionables, importa igual incremento en
la pensión de invalidez e incapacidad para aquellos pensionistas que por
promoción económica hubieran alcanzado la misma jerarquía o grado. Ello,
independientemente de la promoción económica quinquenal que les corresponde
conforme a ley”. Así mismo, en el fundamento 13, precisa: “El Decreto Supremo
040-2003-EF en su artículo 1, in fine, establece que el reajuste otorgado al
personal militar en situación de actividad no tiene carácter remunerativo o
pensionable; sin embargo, conforme al fundamento 9, supra, se ha indicado que
el haber de los grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad
regulado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 737, y su última modificatoria; la
Ley 25413, comprende sin distinciones todos los goces y beneficios que perciban
los beneficiarios”;
DÉCIMO NOVENO: Que, con respecto al Decreto Supremo 040-2003-EF, de
fecha 21 de marzo de 2003, dispuso que a partir de marzo de 2003, se debe
reajustar a S/.6.20 diarios el valor de la Ración Orgánica Única al personal militar
en situación en actividad;
VIGÉSIMO: Que, por su parte el artículo 1º, in fine, del Decreto Supremo 040-
2003-EF, establece que el reajuste otorgado al personal militar en situación de
actividad no tiene el carácter remunerativo o pensionable; sin embargo, conforme
se ha indicado, el haber de los grados de las jerarquías militar y policial en
situación de actividad comprende, sin distinciones, todos los goces y beneficios
que perciban estos, conforme lo señala la Ley 25413;
10 VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en el presente caso mediante la Resolución
Directoral N.° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de setiembre de 1995 se resolvió dar
de baja de la Marina de Guerra del Perú, por la causa de incapacidad psicofísica
por lesión producida a “consecuencia del servicio” (a fojas 03);
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a fojas 04 obra en autos copia de la boleta de
pago de pensión, queda demostrado que no se ha incrementado la pensión de
invalidez del demandante con la Asignación especial otorgada mediante Ley N°
28254 y ni el pago de la nueva Ración Orgánica Única ascendente a S/.6.20 Soles
diarios conforme al Decreto Supremo N.° 040-200-EF;
VIGÉSIMO TERCERO: Que, conforme a las normas que regulan la pensión del
Régimen Militar – Policial, al demandante le corresponde percibir, a partir del mes
de 01 julio del año 2004, la Asignación Especial a favor del personal militar
regulada por el artículo 9 de la ley 28254 y el reajuste de la Ración Única
devengada desde el 01 de marzo de 2003
VIGÉSIMO CUARTO: Que habiendo sido amparada la pretensión principal,
corresponde que se amparen las pretensiones accesorias como son, los intereses
legales respectivos, y los costos procesales; al ser la demandada una entidad
estatal; no siendo procedente el pago de las costas procesales, conforme el art.
56 del Código Procesal Constitucional; consideraciones por las cuales, de
conformidad con lo establecido con los arts. 200 inc 2 de la Constitución, arts. 1,
2 y 56 del Código Procesal Constitucional, Impartiendo Justicia a Nombre de la
Nación;
V. FALLO: DECLARANDO FUNDADA la demanda interpuesta por PERCY
ROJAS ORE contra el MINISTERIO DE DEFENSA, PROCURADOR PUBLICO
DEL MINISTERIO DE DEFENSA, MARINA DE GUERRA DEL PERU y
PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, por lo
que reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho a la
pensión, SE ORDENA a la parte demandada que cumplan con dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo artículo 9 de la ley 28254 y al artículo 1 del Decreto
11 Supremo N.° 040-2003-EF, en el plazo de dos días hábiles, reintegrándosele la
Asignación Especial devengada desde el 01 de julio de 2004 y la Ración Única
devengada desde el 01 de marzo de 2003, conforme a los fundamentos de la
presente sentencia, debiéndose efectuar el pago los intereses legales y los costos
procesales correspondientes. Notificándose.-
12 |
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EXPEDIENTE : 09551-2012-0-1801-JR-CI-07
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : SALDAÑA VILLAVICENCIO MALBINA
ESPECIALISTA : RODRIGUEZ TORRE, VICTOR
DEMANDADO : MINISTERIO DE DEFENSA ,
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
,
MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE GUERRA
DEL PERU ,
DEMANDANTE : ROJAS ORE, PERCY
Resolución Nro. DIECIOCHO
Lima, tres de agosto del año
Dos mil veintiuno
Por devueltos los actuados en la fecha de la TERCERA
SALA CIVIL DE LIMA, compaginado en la fecha y, Estando a que el Superior
en grado CONFIRMO la SENTENCIA contenida en la resolución número
DIECISÉIS su fecha 11 de diciembre del 2019, que declara FUNDADA la
demanda CUMPLASE LO EJECUTORIADO; REQUIRIÉNDOSE a la parte
demandada, a fin de que dentro del plazo de ley CUMPLA con dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 28254 y al artículo 1°
del Decreto Supremo N° 040-2003-EF, reintegrándosele la Asignación Especial
devengada desde el 1 de julio del 2004 y la Ración Única devengada desde el
1 de marzo del 2003, conforme a los fundamentos de la sentencia, debiéndose
efectuar el pago de los intereses legales y los costos procesales
correspondientes; bajo apercibimiento de aplicación de los artículos 22° y
59° del Código Procesal Constitucional, en caso de incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la presente causa la señora Juez por
vacaciones de la señorita Juez Titular. |
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TERCERA SALA CIVIL
Expediente N° 09551-2012-0-1801-JR-CI-07
(Ref. Exp. Sala N° 00210-2021-0)
RESOLUCIÓN N° 06
Lima, veintiuno de mayo
de dos mil veintiuno
VISTOS
Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Solís Macedo.
MATERIA DEL RECURSO
Es materia del grado:
a) La Resolución N° 11, de fecha 24 de agosto de 2018 (fs. 128 a 132) –corregida
en su numeración, mediante la Resolución N° 12, de fecha 23 de noviembre de
2018–, en los extremos que declaró: (i) improcedente la denuncia civil
formulada por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa, (ii)
improcedente la extromisión formulada por la Procuradora Pública del
Ministerio de Defensa y, (iii) infundadas las excepciones de falta de legitimidad
para obrar pasiva, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, incompetencia por la materia, caducidad y, falta de agotamiento de
la vìa preva propuestas por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa.
b) La Resolución N° 14, de fecha 05 de septiembre de 2019 (fs. 194 a 195), en el
extremo que declaró infundadas las excepciones de incompetencia, falta de
agotamiento de la vía administrativa y prescripción deducidas por el Procurador
Público de la Marina de Guerra del Perú; y
c) La Sentencia contenida en la Resolución N° 16, de fecha 11 de diciembre de
2019 (fs. 218 a 229), que declaró fundada la demanda; en consecuencia,
reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho a la
pensión, se ordenó a la parte demandada que cumplan con dar cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 28254 y al artículo 1° del Decreto
Supremo N° 040-2003-EF, en el plazo de dos días hábiles, reintegrándosele la
Asignación Especial devengada desde el 01 de julio de 2004 y la Ración Única
devengada desde el 01 de marzo de 2003, conforme a los fundamentos de la
presente sentencia, debiéndose efectuar el pago los intereses legales y los
costos procesales correspondientes.
1 DESCRIPCIÓN DE LOS AGRAVIOS
1. Respecto de la Resolución N° 11, el codemandado Ministerio de Defensa
interpone recurso de apelación, señalando, básicamente, los siguientes
agravios:
a) Al ser la Marina de Guerra del Perú el directo y único empleador del demandante,
la relación jurídica es única y exclusivamente con esta institución castrense, y no
con el Ministerio de Defensa, por cuanto se pretende cuestionar actuaciones de la
Marina de Guerra del Perú, debiendo ser considerada como codemandada, por lo
que procede la denuncia civil efectuada.
b) Procede la extromisión, por cuanto el Ministerio de Defensa no tiene legitimidad
como demandado, pues la única institución que debe ser considerada
exclusivamente como demandada es la Marina de Guerra del Perú, la que tiene
independencia y autonomía funcional, y específicamente, también en el aspecto de
personal y pago de pensiones, entre otras.
c) Los actos administrativos cuya nulidad se pretende lograr han sido emitidos por la
Marina de Guerra del Perú y no por el Ministerio de Defensa, por lo que aquélla
debió tener la calidad de única demandada, la que tiene organización autónoma y
cuya defensa jurídica está a cargo de su propio procurador.
d) Al pretenderse la nulidad de un acto administrativo expedido por la Marina de
Guerra del Perú, no es el amparo la vía legal que corresponde para tramitar la
presente causa, y por tratarse de un tema distinto al que debe ser tramitado en el
amparo, se crea una oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda.
e) La vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos derivados
de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso
administrativo, además que es propio de ese proceso, la nulidad de actos
administrativos que se pretende en la demanda.
f) La demanda ha sido interpuesta fuera de los sesenta días de haberse tomado
conocimiento de la presunta violación de los derechos constitucionales.
g) No se advierte que la parte demandante haya agotado una vía administrativa al
respecto de lo que pretende.
2. Respecto de la Resolución N° 14, la codemandada, Marina de Guerra del
Perú, interpone recurso de apelación, señalando, básicamente, los siguientes
agravios:
a) El Juzgado Constitucional no es el competente para conocer el proceso, pues lo
solicitado no es el reconocimiento del derecho a la pensión que ya viene
percibiendo el demandante, por un monto mayor al mínimo vital, sino el beneficio
no pensionable de racionamiento y asignación especial, por cual la demanda debe
2 ser tramitada bajo un proceso contencioso administrativo, conforme a la STC N°
01417-2005-PA/TC, que es la vía procedimental específica igualmente satisfactoria
a su derecho.
b) Desde la expedición del Decreto Supremo N° 040-2003-EF y la Ley N° 28254, el
demandante no ha interpuesto recurso alguno, lo que corrobora que dichos
beneficios no le corresponden, debido a su carácter no pensionable.
c) Desde la expedición de los citados dispositivos legales, el demandante interpuso la
demanda con fecha 30 de mayo de 2012, habiendo transcurrido nueve años; por lo
no se ha cumplido con presentar la demanda dentro de los sesenta días hábiles de
producida la supuesta afectación, esto es, desde el 21 de marzo de 2003.
3. Respecto de la Sentencia contenida en la Resolución N° 16
3.1. La codemandada, Marina de Guerra del Perú, interpone recurso de
apelación, señalando, básicamente, los siguientes agravios:
a) Al demandante no le corresponde el incremento del valor de la Ración
Orgánica Única del Decreto Supremo N° 040-2003-EF, en razón que sólo
es para el personal militar en actividad y no tiene carácter remunerativo ni
pensionable.
b) La Ley N° 25413 fue expedida 11 años antes de la emisión del Decreto
Supremo N° 040-2003-EF.
c) Al demandante no le corresponde el beneficio no pensionable de la
Asignación Especial de la Ley N° 28254, pues a la fecha del pase al retiro
del demandante, no lo percibía el personal en actividad ni tampoco se
aplicaba a los pensionistas de la Marina de Guerra del Perú.
d) La Asignación Especial de la Ley N° 28254 se encuentra derogada por la
Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo
N° 1132.
3.2. El codemandado, Ministerio de Defensa, interpone recurso de
apelación, señalando, básicamente, los siguientes agravios:
a) El demandante carece de interés para obrar, pues nunca solicitó
oportunamente el reajuste solicitado ante la autoridad competente,
accionando directamente a la justicia constitucional, sin darle la
oportunidad a la entidad de pronunciarse tras un procedimiento
administrativo. Un beneficio no solicitado implicaría un exceso en la justicia
constitucional, pues menoscaba las atribuciones y competencias de una
entidad administrativa del Estado.
b) La sentencia no delimita con certeza quien es el responsable de la omisión
constitucional denunciada, esto es, la omisión en el pago de los conceptos
3 reclamados, por lo que se debe identificar el responsable del acto lesivo y
contra quién debe dirigirse la demanda y la sentencia. En este caso, la
Marina de Guerra del Perú tiene la calidad de unidad ejecutora, que debe
realizar el pago del concepto reclamado por el actor, en el supuesto
negado que se estime su demanda, no siendo argumentos válidos para
extender la responsabilidad a la recurrente, los criterios de dependencia
presupuestaria o carácter supervisor del Ministerio de Defensa, ni la
garantía de la ejecución de la sentencia.
c) No se ha tomado en cuenta la derogación de la Ley N° 28254 y el Decreto
Supremo N° 040-2003-EF por el Decreto Legislativo N° 1132, por lo que los
derechos reclamados sólo serían reconocidos hasta el 08 de diciembre de
2012.
CONSIDERANDO
1. Respecto de las Resoluciones N° 11 y 14, respecto a la denuncia civil
formulada por el Ministerio de Defensa, conforme lo establece el artículo 102°
del Código Procesal Civil, que regula la institución procesal de la denuncia
civil, “El demandado que considere que otra persona, además de él o en su
lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe
denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin de que se le notifique del
inicio del proceso”. Sin embargo, se advierte de autos que el Procurador
Público de la Marina de Guerra del Perú, cuyo emplazamiento fue solicitado en
la referida denuncia civil, ya se ha apersonado al proceso y ha ejercido la
defensa de los derechos de la institución que representa en la presente causa.
Por tanto, la denuncia civil deviene en improcedente, por innecesaria y, lo
resuelto por el Juez de la causa debe ser confirmado en este extremo.
2. En cuanto a la extromisión formulada por el Ministerio de Defensa, el artículo
107° del Código Procesal Civil establece que “Excepcionalmente, en cualquier
momento el Juez por resolución debidamente motivada, puede separar del
proceso a un tercero legitimado, por considerar que el derecho o interés que lo
legitimaba ha desaparecido o haber comprobado su inexistencia”. Sin
embargo, en tanto la referida disposición normativa está reservada de forma
expresa a los terceros legitimados y no a las partes originarias del proceso, se
advierte de autos que el Ministerio de Defensa no tiene la condición de tercero
legitimado en el presente proceso, sino de codemandado, de acuerdo a los
4 términos planteados en la demanda. Por tanto, la extromisión deviene en
improcedente, y lo resuelto por el Juez de la causa debe ser confirmado en
este extremo.
3. Respecto a la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado
deducida por el Ministerio de Defensa, debe tenerse presente que la falta de
legitimidad para obrar implica la absoluta falta de coincidencia entre los sujetos
que integraron la relación jurídica material o sustantiva y los que forman la
relación jurídica procesal o adjetiva y, que en el caso de la falta de legitimidad
para obrar pasiva viene a ser la falta de coincidencia entre el obligado en la
relación jurídica material y el demandado en la relación jurídico procesal.
Asimismo, la legitimidad para obrar pasiva existirá con la sola invocación que
hace el demandante en su demanda, de que el emplazado es el obligado a
cumplir el derecho reclamado, la cual se constituye en condición mínima para
demandar y entablar válidamente la relación procesal, reservándose para el
respectivo pronunciamiento de fondo, la probanza de su posición como
obligado o no del cumplimiento de dicho derecho.
En ese sentido, en tanto la Marina de Guerra del Perú es una institución de las
Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, conforme lo
estipulado en el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1134 – Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Defensa, existe una relación
funcional entre ambas instituciones demandadas, por lo cual han sido
invocadas por igual por la parte demandante para la satisfacción de su
pretensión; sin embargo, es prematuro determinar en vía de excepción la
legitimidad de la referida codemandada en el presente proceso, toda vez que
corresponde dilucidar como fondo del asunto si resulta procedente el
incremento de la Ración Orgánica Única regulada en el Decreto Supremo N°
040-2003-EF y el pago de la Asignación Especial de la Ley N° 28254, siempre
que previamente se acredite la vulneración de los derechos constitucionales de
la parte demandante, tras haberse actuado y valorado todo el material
probatorio ofrecido por las partes. Por tanto, deberá declararse infundada la
excepción propuesta y, en consecuencia, debe confirmarse lo resuelto por el
Juez de la causa en este extremo.
5 4. En cuanto a la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de
proponer la demanda deducida por el Ministerio de Defensa, debe tenerse
presente que mediante ella se denuncia la omisión o la formulación imprecisa o
ambigua de los enunciados legalmente exigibles al interponer una demanda,
de tal forma que la imprecisión en el planteamiento de la demanda dificulta en
mayor medida la posibilidad de una defensa adecuada1.
En ese sentido, se advierte que el cuestionamiento respecto a la naturaleza de
las pretensiones formuladas por el demandante constituye una mera
apreciación de parte respecto de lo postulado en autos, que debe ser materia
de pronunciamiento de fondo para determinar la fundabilidad o no de lo
pretendido, más aún cuando se puede evidenciar que la demandada ha
contestado las pretensiones planteadas con sus respectivas defensas de forma
y fondo; de tal manera, que no se observa que se haya planteado la demanda
de forma oscura u ambigua, a tal punto que haya impedido u obstaculizado la
defensa de la demandada. Por tanto, la excepción debe ser desestimada,
debiendo confirmarse lo resuelto en este extremo.
5. En cuanto a la excepción de incompetencia deducida por el Ministerio de
Defensa y por la Marina de Guerra del Perú, debe tenerse presente que la
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1417-2005-PA/TC, ha precisado con
carácter vinculante, los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las
pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del derecho
fundamental a la pensión o estar directamente relacionados con él, merecen
protección a través del proceso de amparo. En efecto, el literal c) del
fundamento 37 de la referida Sentencia, que constituye precedente vinculante
de obligatorio cumplimiento, de conformidad con el artículo VII de la Ley N°
28237 – Código Procesal Constitucional, se ha establecido que cualquier
persona que sea titular de una prestación que sea igual o superior al monto de
la pensión mínima, deberá acudir a la vía judicial ordinaria a efectos de
dilucidar en dicha sede los cuestionamientos existentes en relación a la suma
específica de la prestación que le corresponde, a menos que, a pesar de
percibir una pensión o renta superior, por las objetivas circunstancias del caso,
1 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella; Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. 5a.
ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2015, pp. 395 y 397.
6 resulte urgente su verificación a efectos de evitar consecuencias irreparables,
como por ejemplo, los supuestos acreditados de graves estados de salud.
En el presente caso, de autos se aprecia el estado de invalidez total y
permanente del recurrente, por el cual se le dio de baja por la causal de
incapacidad psicofísica, por lesión producida a consecuencia del servicio,
mediante la Resolución Directoral N° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de
septiembre de 1995 (fs. 03), por cuanto “con Oficios S.300-1940 y S.300-2383
de fecha 19 Mayo y 05 Junio 11995, del Director de Salud de la Marina y
Director Ejecutivo del Centro Médico Naval “CMST”, remite las conclusiones de
Juntas de Sanidad Nro. 261-95 del 03 Marzo 1995, pertenecientes al Mar. Aux.
Ima. ROJAS Oré Percy (…) mediante las cuales se recomienda la Baja del
Servicio Activo de la Marina de Guerra del Perú, debido a que las lesiones que
presentan revisten invalidez total y permanente para el Servicio Activo”, de
acuerdo a lo establecido en el primer considerando de la antedicha Resolución
Directoral, hecho que constituye un serio estado de salud, que se encuentra
comprendido en los alcances del inciso c) del fundamento 37 de la STC N°
1417-2005-AA/TC antes mencionada, por lo cual merece el análisis de fondo
de la pretensión demandada.
6. Adicionalmente, debe tenerse presente que el presente caso configura otro
principio que refuerza la decisión de preferir la continuación del proceso antes
que su extinción, frente a una eventual duda de carácter interpretativo, como es
el principio favor actionis o pro actione, recogido en el cuarto párrafo del
artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 28237 – Código Procesal
Constitucional, según el cual “impone a los juzgadores la exigencia de
interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable
a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución sobre el fondo”2,
por lo que la excepción deducida es manifiestamente infundada, debiéndose
confirmar lo resuelto por el Juzgado.
7. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
(vía previa) deducida por el Ministerio de Defensa y por la Marina de Guerra del
Perú, debe tenerse presente que el fundamento 13 de la Sentencia del Tribunal
2 PICÓ I JUNOY, JOAN, Las garantías constitucionales del proceso. 2da. ed., Bosch Editor, Barcelona, 2012, p. 67.
7 Constitucional N° 1776-2004-AA/TC ha establecido con claridad que
“Propugnamos la aplicación de un criterio de flexibilidad, pro accione, el cual
impida que la citada exigencia derive en un formalismo inútil, que impida la
justiciabilidad, a partir de la dirección judicial del proceso prevista en el artículo
III del Título Preliminar (TP) del CPCo. [sic] Entonces, el derecho fundamental
a la pensión, al tener carácter alimenticio, se desprende que el agotamiento de
la vía previa no debe ser exigida en el presente caso, pues no corresponde su
utilización para el acceso pensionario. (…)”, de lo cual se desprende que la
naturaleza del derecho pensionario implica la satisfacción de necesidades
primarias e impostergables, de tal forma, que los formalismos procedimentales
pueden ser flexibles e interpretados a favor del demandante, a fin de analizar la
controversia surgida por la pretensión previsional del actor, máxime si en el
presente caso se ha invocado la existencia de un grave estado de salud –que
determinó su invalidez total y permanente, conforme al primer considerando de
la Resolución Directoral N° 1679-95 MA/DAP– que merece una protección
especial, a efectos de evitar consecuencias que podrían tornarse en
irreparables, tal como esta Sala Superior advirtió en su auto de vista del 11 de
junio de 2013 (fs. 60 a 62), que declaró nula la improcedencia liminar de la
demanda. En tal sentido, deberá declararse infundada la excepción propuesta
y, en consecuencia, debe confirmarse lo resuelto por el Juez de la causa en
este extremo.
8. En cuanto a la excepción de caducidad deducida por el Ministerio de Defensa
y de prescripción deducida por la Marina de Guerra del Perú, debe tenerse
presente que de acuerdo al fundamento 59 de la Sentencia del Tribunal
Constitucional N° 1417-2005-AA/TC, las afectaciones en materia pensionaria
tienen la calidad de una vulneración continuada, pues tienen lugar mes a mes,
motivo por el cual no existe posibilidad de rechazar reclamos, recursos o
demandas que versen sobre materia previsional, argumentando el vencimiento
de plazos prescriptorios o de caducidad; por lo cual la excepción deducida es
manifiestamente infundada, debiéndose confirmar lo resuelto por el Juez de la
causa en este extremo.
9. Respecto de la Sentencia contenida en la Resolución N° 16, mediante el
presente proceso, el demandante, Percy Rojas Oré, ha solicitado que cesen los
8 actos violatorios que vulneran su derecho constitucional a la seguridad social, y
se ordene a la parte demandada, se incremente su pensión de invalidez al
valor de la Ración Orgánica Única ascendente a S/ 6.20 diarios, conforme lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 040-2003-EF, de fecha 01 de marzo de
2003, y el pago de la Asignación Especial dispuesta en la Ley N° 28254, de
fecha 01 de julio de 2004, más el pago de devengados a partir de las fechas
indicadas, así como el pago de los intereses legales y costos del proceso.
10. Conforme se aprecia de la revisión de autos, el demandante, Percy Rojas Oré,
padece una incapacidad psicofísica, conforme se menciona en la Resolución
Directoral N° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de septiembre de 1995 (fs. 03),
por la cual la Marina de Guerra del Perú le dio de Baja por causal de
incapacidad psicofísica, por lesión producida a consecuencia del servicio; por
lo que, atendiendo a las especiales circunstancias del caso y de conformidad
con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1417-2005-PA/TC, que constituye
precedente vinculante de obligatorio cumplimiento, resulta necesario verificar si
en el presente caso se ha vulnerado o no el derecho constitucional invocado,
con la finalidad de evitar consecuencias irreparables.
11. Al respecto, se debe tener presente, que el inciso a) del artículo 11° del
Decreto Ley N° 19846, que regula el Régimen de pensiones del personal militar
y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado, ha
establecido en materia de pensión de invalidez que:
“El personal que en acto o consecuencia del servicio se invalida, cualquiera
que fuese el tiempo de servicios prestados percibirá:
a) El íntegro de las remuneraciones pensionables correspondiente
a las del grado o jerarquía del servidor, en Situación de Actividad;
(…)”
12. Sin embargo, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en reciente
y reiterada jurisprudencia (Cfr. STC N° 0034-2009-PA/TC, 0504-2009-PA/TC,
1855-2009-PA/TC, 1996-2009-PA/TC), dicha disposición, fue modificada
tácitamente por el artículo 2° de la Ley N° 24373, de fecha 29 de noviembre de
1985, norma que a su vez ha sido modificada, primero por el artículo 1° de la
Ley N° 24916, de fecha 03 de noviembre de 1988, y luego por el artículo 2° del
Decreto Legislativo N° 737, de fecha 12 de noviembre de 1991; el que a su vez
9 fue modificado por el artículo único de la Ley N° 25413, de fecha 12 de marzo
de 1992, disponiendo que:
“Los Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez
total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio,
serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata superior
cada cinco años a partir de ocurrido el acto invalidante. (…). Dicho haber
comprende todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y
aguinaldos que por diversos conceptos y bajo diferentes
denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben los
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de
actividad (….)”. (resaltado nuestro).
13. En ese sentido, resulta evidente, que los dispositivos legales que regulan la
pensión de los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han
previsto para sus beneficiarios el otorgamiento, sin distinción alguna, de
todos los goces y beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes
denominaciones perciban los servidores de su mismo grado jerárquico en
situación de actividad, conforme lo ha reconocido también el Tribunal
Constitucional en reiterada jurisprudencia (Cfr. STC N° 3813-2005-PA/TC, N°
3949-2004-PA/TC y N° 1582-2003-AA/TC) y, sin hacer diferencia entre
conceptos pensionables o no pensionables.
Por tanto, si por efecto del aumento de alguno de los goces pensionables o no
pensionables, se incrementa el haber que percibe un militar o policía en
actividad, dicho incremento, debe reflejarse también en la pensión de invalidez
o incapacidad de aquellos pensionistas que por promoción económica hubieran
alcanzado la misma jerarquía o grado, independientemente, de la promoción
económica que cada cinco años le corresponde conforme a ley.
14. En el presente caso, se aprecia que la demandada dispuso otorgar al
demandante una pensión de invalidez, tras haber sido dado de baja con el
grado de Mar. Aux. Ima., como consecuencia de padecer una incapacidad
psicofísica por lesión producida a consecuencia del servicio, conforme se
corrobora con la copia de la Resolución Directoral N° 1679-95 MA/DAP, de
fecha 08 de septiembre de 1995 (fs. 03) y, con la copia de su boleta de pago
(fs. 04), con lo que queda acreditada su situación de pensionista de la Marina
de Guerra del Perú, bajo el régimen de pensiones militar policial establecido en
el Decreto Ley N° 19846.
10 15. De conformidad con el Decreto Supremo N° 040-2003-EF, de fecha 21 de
marzo de 2003, correspondía reajustar a partir del mes de marzo de 2003, el
monto de la Ración Orgánica Única del actor en S/ 6.20 (seis con 20/100
soles) diarios; sin embargo, conforme se aprecia de la boleta de pago de
pensiones del demandante (fs. 04), no se ha cumplido con dicho reajuste,
pues, viene percibiendo mensualmente por racionamiento [“RACMTO-
RM.1391-98-DE”] la suma de S/ 89.90 (ochenta y siete con 00/100 soles), es
decir, S/ 2.99 (dos con 99/100 soles) diarios, lo que ha sido reconocido por las
emplazadas, con lo que se acredita la violación a su derecho a la igualdad en
la aplicación de la ley, en tanto ninguna de dichas demandadas reconoció
oportunamente dicho beneficio a favor del demandante.
16. Asimismo, de conformidad con la Ley N° 28254, de fecha 15 de junio de 2004,
correspondía otorgar una Asignación Especial a favor del personal militar y
policial, en situación de actividad, en dos tramos:
a. Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales a partir del mes de julio de 2004.
b. Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales adicionales a partir del mes de octubre de 2004.
17. Sin embargo, conforme se aprecia de la boleta de pago de pensiones del
demandante (fs. 04), no se ha cumplido con dicho pago de Asignación
Especial, lo que ha sido reconocido por las emplazadas, con lo que se acredita
la violación a su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en tanto
ninguna de dichas demandadas, reconoció oportunamente dicho beneficio a
favor del demandante.
18. No obstante la disposición contenida en el artículo 1° del Decreto Supremo N°
040-2003-EF, de fecha 22 de marzo de 2003, que establece el reajuste de la
ración orgánica única para el personal en situación de actividad y que no tiene
carácter pensionable, así como la disposición contenida en la Cuarta
Disposición Final de la Ley N° 28254, la cual señala que “Los incrementos en
los ingresos del personal que autoriza la presente Ley no tienen carácter ni
naturaleza remunerativa ni pensionable, ni se encuentran afectos a cargas
sociales” y que sólo corresponde al personal en actividad; debe precisarse
que, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, las modificatorias del
artículo 11° del Decreto Ley N° 19846, respecto al régimen de la pensión de
11 invalidez, han tenido como propósito equiparar el haber del personal militar y
policial en retiro discapacitado al del personal en situación de actividad,
comprendiendo sin distinción todos los goces y beneficios para sus
beneficiarios, por lo que corresponde otorgar al demandante dichos beneficios.
19. En consecuencia, al entrar en vigencia el reajuste de la Ración Orgánica Única
desde el mes de marzo de 2003, conforme lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 040-2003-EF, corresponde el pago de los montos dejados de
percibir por dicho concepto, así como de los intereses legales generados
desde la fecha en la cual debió aplicársele el reajuste fijado por dicha norma,
esto es, desde el 01 de marzo de 2003, y de acuerdo a la tasa señalada en el
artículo 1246° del Código Civil, debiéndose efectuar la liquidación respectiva
sin metodología capitalizable, esto es, sin agregar al principal los intereses de
cada período para generar nuevos intereses, de acuerdo a la limitación
contenida en el artículo 1249° del Código Civil, conforme a lo previsto por el
Tribunal Constitucional en la STC N° 02214-2014-PA/TC (Precedente
Puluche), publicada en su portal electrónico el 07 de julio de 2015, al fijar como
doctrina jurisprudencial vinculante de observancia obligatoria para todos los
operadores jurídicos, conforme a lo previsto en el artículo VI del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional, que “el interés legal aplicable
en materia pensionaria no es capitalizable, conforme al artículo 1249° del
Código Civil” (fundamento 20) [resaltado nuestro].
20. Asimismo, al entrar en vigencia el Pago de una Asignación Especial, conforme
la Ley N° 28254, desde el mes de julio de 2004, corresponde el pago de los
montos dejados de percibir por dicho concepto, así como de los intereses
legales generados desde la fecha en la cual debió aplicársele el beneficio
fijado por dicha norma, esto es, desde el 01 de julio de 2004, y de acuerdo a la
tasa señalada en el artículo 1246° del Código Civil, debiéndose efectuar la
liquidación respectiva sin metodología capitalizable, conforme a lo previsto por
el Tribunal Constitucional en la STC N° 02214-2014-PA/TC (Precedente
Puluche).
21. Sin perjuicio de lo expuesto, conforme a lo advertido por el Tribunal
Constitucional en su jurisprudencia (Cfr. STC N° 00262-2013-PA/TC, N° 01170-
12 2012-PA/TC, N° 06355-2013-PA/TC), debe precisarse que la Ley N° 28254 y el
Decreto Supremo N° 040-2003-EF han sido derogados mediante la Segunda y
Tercera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N°
1132, respectivamente, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable
al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del
Perú, con fecha 09 de diciembre de 2012. En tal sentido, los beneficios de
ración orgánica única y asignación especial solicitados y reconocidos en
sentencia, deberán ser incorporados a la pensión del demandante durante su
período de vigencia; esto es, hasta la fecha de derogación de las normas antes
descritas.
22. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 56°
del Código Procesal Constitucional, al haberse declarado fundada la demanda
y estando a que la Marina de Guerra del Perú se encuentra dentro del ámbito
del Ministerio del Defensa, conforme lo estipulado en el artículo 16° del
Decreto Legislativo N° 1134 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa, y que éste, a su vez, se encuentra dentro del ámbito del Poder
Ejecutivo, conforme lo estipulado en el artículo 22° y la Primera Disposición
Final de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el artículo 2°
Decreto Legislativo N° 1134 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa, como entidades del Estado, sólo les corresponde la respectiva
condena de pago de costos.
DECISIÓN
a) CONFIRMARON la Resolución N° 11, de fecha 24 de agosto de 2018 (fs. 128
a 132) –corregida en su numeración, mediante la Resolución N° 12, de fecha
23 de noviembre de 2018–, en los extremos que declaró: (i) improcedente la
denuncia civil formulada por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa,
(ii) improcedente la extromisión formulada por la Procuradora Pública del
Ministerio de Defensa y, (iii) infundadas las excepciones de falta de legitimidad
para obrar pasiva, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, incompetencia por la materia, caducidad y falta de agotamiento de la
vía previa deducidas por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa.
b) CONFIRMARON la Resolución N° 14, de fecha 05 de septiembre de 2019 (fs.
194 a 195), en el extremo que declaró infundadas las excepciones de
13 incompetencia, falta de agotamiento de la vía administrativa y prescripción
deducidas por el Procurador Público de la Marina de Guerra del Perú; y,
c) CONFIRMARON la Sentencia contenida en la Resolución N° 16, de fecha 11
de diciembre de 2019 (fs. 218 a 229), que declaró fundada la demanda; en
consecuencia, reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho a la pensión, se ordenó a la parte demandada que cumplan con dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 28254 y al artículo 1°
del Decreto Supremo N° 040-2003-EF, en el plazo de dos días hábiles,
reintegrándosele la Asignación Especial devengada desde el 01 de julio de
2004 y la Ración Única devengada desde el 01 de marzo de 2003, conforme a
los fundamentos de la presente Sentencia, debiéndose efectuar el pago los
intereses legales y los costos procesales correspondientes.
d) MANDARON devolver los autos al Juzgado de su procedencia, luego que
quede consentida la presente Resolución.
En los autos seguidos por Percy Rojas Oré, con el Ministerio de Defensa y otro, sobre amparo.
CASM//jc
SOLÍS MACEDO ROMERO ZUMAETA
ESCUDERO LÓPEZ
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TERCERA SALA CIVIL
Exp. N° 9551-2012-0
SS: SOLÍS MACEDO
ROMERO ZUMAETA
ESCUDERO LÓPEZ
Resolución N° 01
Lima, veintitrés de abril
de dos mil veintiuno.-
POR RECIBIDOS los presentes autos, por
prevención, procedente del 07° Juzgado Constitucional de la Corte Superior
de Justicia de Lima, viene en grado de apelación la siguiente resolución:
a) SENTENCIA contenida en la resolución N° 16, de fecha 11 de
diciembre de 2019, que declaró FUNDADA LA DEMANDA DE
AMPARO; habiéndose concedido la apelación a los demandados,
PROCURADOR PÚBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y
PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, mediante
resolución N° 17, de fecha 15 de octubre de 2020.
b) AUTO contenida en la resolución N° 14, de fecha 05 de setiembre de
2019, que declaró INFUNDADAS LAS EXCEPCIONES DE
INCOMPETENCIA, FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA
ADMINISTRATIVA Y DE PRESCRIPCIÓN DEDUCIDAS POR EL
PROCURADOR PÚBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ;
habiéndose concedido apelación sin efecto suspensivo y con la
calidad de diferida, a la demandada, PROCURADOR PÚBLICO DE LA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, mediante resolución N° 15, de fecha
11 de diciembre de 2019.
Este Expediente se eleva sin acompañados. Y conforme a la naturaleza del
proceso y recurso impugnatorio concedido, los señores Magistrados que
conforman el Colegiado de esta Sala Civil que suscriben, se avocan por
prevención en el conocimiento de los actuados judiciales, poniéndose en
conocimiento de todos aquellos que intervienen como sujetos del proceso,
mediante los actos de comunicación procesal, para los fines consiguientes; y
ATENDIENDO:
1. Que, los Procesos Constitucionales tienen por finalidad defender la efectiva
vigencia de los derechos fundamentales haciendo efectiva la estructura
jerárquica normativa establecida por la Constitución como un mecanismo
rápido y urgente en la obtención de la justicia ante la violación o amenaza
de violación de un derecho reconocido por la Constitución.
2. Que, es importante tener presente que los procesos de amparo [y en
general los procesos de la libertad] dada su naturaleza, la exigencia de
cumplir con las formalidades que se exigen en el proceso constitucional
Página 1 de 4 sólo se justifica si con ello se logra la mejor protección de los derechos
fundamentales, de lo contrario las formalidades deben adecuarse con el
objetivo de que los fines de los procesos se concreten debidamente. Todo
esto en concordancia con los principios de elasticidad, celeridad y
economía procesal.1
3. Que, en este contexto, estando a que la principal garantía establecida por
el derecho al debido proceso legal y el acceso a la tutela judicial efectiva
o eficaz2, se grafica en el acceso pleno e irrestrictocon las obligaciones que
la ley señala taxativamente, a los Jueces y Tribunales para la determinación
del derecho de las personas o de las incertidumbres con relevancia
jurídica, pues de lo contrario, la negación del acceso a la justicia implica
hacer caer al ciudadano en indefensión y alejarlo de las soluciones
pacíficas de controversias que la Carta Magna prevé explícitamente en
beneficio de éste y de la sociedad.
4. Por tanto, tratándose de procesos constitucionales que son procesos
urgentes destinados a evitar consecuencias irreparables,
consecuentemente, resulta imperativo implementar mecanismos que
concreten la tutela judicial efectiva, siendo que uno de los contenidos que
lo integran es el trámite en un plazo razonable y en atención a ello dentro
de los parámetros establecidos por el Código Procesal Constitucional,
resultando por ende oportuno sintetizar el trámite previsto por el legislador a
efecto de concretar la tutela constitucional que reclaman los justiciables en
general.
5. Que, en atención a la naturaleza sumarísima y expeditiva de los procesos
constitucionales, en armonía con los principios de celeridad y economía
procesal, cautelándose además el debido proceso así como el derecho de
defensa de los sujetos del proceso y estando al trámite procedimental
previsto en los artículos 57 y 58 del Código Procesal Constitucional:
SE DISPONE:
I. CONCEDER tres días a las partes apelantes para que expresen sus
agravios.
II. COMUNICAR a las partes que formulada la expresión de agravios se
concederá el traslado por tres días para su absolución si lo estiman por
conveniente; y vencido el plazo otorgado para la expresión de
agravios o su absolución, según sea el caso, la causa queda fijada
para su vista, conforme al señalamiento indicado en el punto siguiente.
III. SEÑALARON vista de la causa CON INFORME ORAL para el día
DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO a horas 09:00 AM, a
realizarse de manera VIRTUAL por la plataforma Google Meet, para lo
1 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nº 0266-2002-AA/TC. (FJ 7)
2 CAS. Nº 313-2002 CALLAO. CAS. Nº 1183-2004. CAS. Nº 1811-2005 LIMA. CAS. Nº 4869-2006 AREQUIPA. CAS. Nº 1019-2007
MOQUEGUA. CAS. Nº 2541-2007 LAMBAYEQUE. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa
de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso, esto es acudir al órgano jurisdiccional con el fin de hacer valer sus
derechos, siendo la finalidad concreta del proceso resolver un conflicto de intereses que tiene como correlato la búsqueda de la verdad, de
conformidad con lo disciplinado por los artículos I y III del Título Preliminar del Código Procesal Civil y del artículo 139° de la Constitución Política.
Página 2 de 4 cual, se deberá ingresar a través del enlace:
https://meet.google.com/qzf-raom-tjj; fecha y hora en que los
abogados de las partes procesales, podrán hacer uso de la palabra, a
efectos de informar oralmente en la vista de la causa, por el término
de cinco (05) minutos.
IV. Hágase saber a las partes y abogados que deben tener en cuenta lo
señalado en el numeral 4.2 del “Protocolo Temporal para Audiencias
Judiciales Virtuales durante el Período de Emergencia Sanitaria”3
aprobado por la Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ.
V. REQUIÉRASE a los abogados de las partes para que CUMPLAN en el
plazo de dos (02) días de notificados, con precisar su correo
electrónico (con extensión gmail.com o pertenecer a este dominio) y
un número de celular a fin de realizar la audiencia programada; bajo
apercibimiento de multa compulsiva y progresiva y de llevarse a cabo
la vista de la causa con quienes si hubieran cumplido. Asimismo, se
hace la precisión que la Conferencia Preparatoria, conforme a lo
previsto en la Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ4, se
realizará quince (15) minutos antes de la fecha y hora de la vista de la
causa programada, es decir, a las 08:45 AM, bajo la misma plataforma
virtual y enlace señalado.
VI. Se hace saber a las partes y a sus abogados, de conformidad con el
numeral 5.2 del citado protocolo, que en caso surja alguna duda con
relación a las indicaciones técnicas para la utilización del aplicativo,
deberá comunicarse al correo electrónico
luischinchay2017@gmail.com o al celular N° 970170040 que
corresponde al relator de la Sala.
VII. La Secretaria y el Relator de la Sala cumplirán que el despacho [escritos
y recursos] se dé cuenta regularmente, con el fin de que las
resoluciones que se expidan sean notificadas en el día, estando al
señalamiento de la vista de la causa; debiendo realizarse el descargo
respectivo en el Sistema Informático del Poder Judicial.
VIII. CUMPLAN las partes procesales con señalar y/o ratificar su CASILLA
ELECTRONICA, dentro del segundo día de notificadas, bajo
apercibimiento de multa compulsiva y progresiva.
3 4.2. Requisitos técnicos mínimos Para participar en la audiencia virtual el órgano jurisdiccional y las partes deberán garantizar poder contar con
el siguiente equipo tecnológico:
a) Una PC, laptop o cualquier otro dispositivo similar con cámara y con accesos a internet
b) Una conexión de banda ancha a Internet2
c) Una cámara de que permita una definición nítida en la transmisión
d) Un micrófono integrado o conectado que permita el reconocimiento de voz preciso en la transmisión
e) En caso de utilizar un dispositivo móvil, previamente se deberá descargar el aplicativo Google Meet En el caso del órgano jurisdiccional está
deberá ser descargada por el personal técnico informático de cada dependencia, y en el caso de las partes bajo su responsabilidad
f) Tener un ambiente iluminado, sin tránsito de personas ajenas a la audiencia y con el menor ruido posible
4La Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ, aprueba el “Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales, durante el Período
de Emergencia Sanitaria ”cuyo 5.1 precisa lo siguiente: “en los procesos judiciales en trámite, el órgano jurisdiccional notificará electrónicamente
la Resolución que señala la fecha y hora de la audiencia virtual y en la misma convocará a los abogados de las partes a una coordinación o
conferencia de preparación previa a la audiencia virtual que tiene como finalidad la factibilidad, compatibilidad y evitar fallas antes del inicio de la
audiencia, así como establecer medidas alternativas en caso estas se produzcan, para que la audiencia virtual se realice sin afectar el derecho
de defensa de las partes.
Página 3 de 4 IX. NOTIFIQUESE la presente resolución, bajo responsabilidad.
Interviniendo los señores Jueces Superiores que suscriben, de conformidad a la
Resolución Administrativa No. 000002-2021-P-CSJLI-PJ, de fecha 04 de enero de
2021.
dal
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Séptimo Juzgado Especializado en lo Constitucional
EXPEDIENTE : 09551-2012-0-1801-JR-CI-07
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : SALDAÑA VILLAVICENCIO MALBINA
ESPECIALISTA : RODRIGUEZ TORRE, VICTOR
DEMANDADO : MINISTERIO DE DEFENSA ,
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL
PERU ,
DEMANDANTE : ROJAS ORE, PERCY
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISÉIS
Lima, once de diciembre del dos mil diecinueve.-
I. ASUNTO:
Resulta de autos que por escrito de folios 13 al
19 PERCY ROJAS ORE interpone demanda de acción de amparo contra el
MINISTERIO DE DEFENSA, PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO
DE DEFENSA, MARINA DE GUERRA DEL PERU y PROCURADOR PUBLICO
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, a fin de que cesen los actos
violatorios que vulneran su derecho constitucional a la seguridad social, en
consecuencia, se ordene a la demandada que cumpla con incrementar su pensión
de invalidez con el valor de la nueva Ración Orgánica Única ascendiente a s/.
6,20.00 conforme a lo dispuesto el Decreto Supremo N.° 040-2003-EF de fecha
1 01 de marzo del 2003 y el pago de la Asignación Especial dispuesta por la Ley N.°
28254, más el pago de los devengados, intereses legales y costos procesales.
II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA
De la parte demandante
Expone que mediante Resolución Directoral N.° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de
setiembre de 1995, se resolvió dar de baja de la Marina de Guerra del Perú por la
causal de incapacidad Psicofísica por lesión producida a consecuencia del servicio,
asimismo, se dispuso promoverlo económicamente al haber del grado inmediato
superior cada cinco años según lo establecido por la Ley N.° 25413. Que, según
su liquidación cabe indicar que dicho haber comprende todas las
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos
conceptos y bajo diferentes denominaciones constituyen los goces y beneficios
que perciban los respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación
de actividad. Sostiene que teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior,
la demandada estaría obligada a reconocerle el pago de la asignación especial
establecida en la ley N°28254 y Ración Orgánica Única para el Personal Militar en
Situación de Actividad de conformidad con el D.S. N.° 040-2003-EF.
Sobre los derechos Constitucionales vulnerados alegados
- Derecho a la Seguridad Social la cual se encuentra consagrado en la
Constitución Política en el artículo 10°.
- Derecho a la Pensión la cual se encuentra consagrado en la Constitución
Política en el artículo 11°.
- Derecho a la Igualdad en aplicación de la Ley la cual se encuentra
consagrado en la Constitución Política en el inciso 2 del artículo 2°.
De la parte demandada
- Del Ministerio de Defensa
Debidamente representada se apersona al proceso formulando denuncia civil,
extromisión procesal y deduciendo excepciones de falta de legitimidad para obrar
2 pasiva del demandado, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, de incompetencia por materia, de caducidad, de falta de agotamiento
de la vía administrativa, asimismo, contesta la demanda negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos indicando que los mencionados beneficios
obedece a cuestiones eminentemente técnicas y de carácter operativo, no tiene
carácter remunerativo o pensionable ni constituye base para el cálculo y/o
reajuste de beneficio, asignación o entrega única. Asimismo, se otorgará al
personal militar que se encuentre en situación militar de actividad.
- Marina de Guerra del Perú
Debidamente representada se apersona al proceso deduciendo excepciones de
incompetencia, de falta de agotamiento de la vía administrativa y de prescripción,
asimismo, contesta la demanda indicando que el Decreto Supremo N° 040-2003-
EF incrementó el valor orgánico a partir del mes de marzo del 2003 para el
personal militar en situación de actividad, no teniendo dicho reajuste carácter
remunerativo o pensionable, ni constituye base para el cálculo y/o reajuste
únicamente para el personal de actividad más no para el que se encuentra en
situación de retiro como es el caso del demandante. Asimismo, la Asignación
Especial tampoco le corresponde al actor toda vez que a la fecha del pase de
retiro del demandante dicho beneficio solo le percibía el personal en actividad.
III. TRÁMITE DEL PROCESO
Mediante resolución N.° UNO de fecha trece de agosto del dos mil trece, se
resolvió admitir a trámite la demanda, corriéndose traslado a la parte demandada,
la misma que mediante escrito de fecha 31 de marzo del 2015 se apersonó al
proceso formulando denuncia civil, extromisión procesal y deduciendo
excepciones de falta de legitimidad para obrar pasiva del demandado, de
oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, de incompetencia
por materia, de caducidad, de falta de agotamiento de la vía administrativa,
asimismo, contesta la demanda, una vez absuelta, mediante resolución N.°
CATORCE de fecha veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, se resolvió
declarar improcedente la denuncia civil y la extromisión formuladas e infundado
3 las excepciones propuestas, saneado el proceso, poniéndose los autos a
despacho. Sin embargo, la misma fue apelada mediante escrito de fecha 06 de
noviembre del 2018. Asimismo, debidamente representada mediante escrito de
fecha 04 de febrero del 2019 la Marina de Guerra del Perú se apersonó al proceso
deduciendo excepciones de incompetencia, de falta de agotamiento de la vía
administrativa y de prescripción, y, contesta la demanda, una vez absuelta,
mediante resolución N.° CATORCE de fecha cinco de setiembre del dos mil
diecinueve, se resolvió declarar infundada las excepciones propuestas, saneado el
proceso, sin embargo, la mismas fueron apeladas mediante escrito de fecha 13 de
noviembre del 2019. Por lo que, siendo el estado del proceso, esta Judicatura
procederá a emitir sentencia; y,
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO: Que, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala
que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio
o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso;
SEGUNDO: Que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos
controvertidos y fundamentar sus decisiones, conforme a lo dispuesto por el
artículo ciento ochenta y ocho del Código Procesal Civil;
TERCERO: Que, asimismo el numeral ciento noventa y seis del acotado cuerpo
de leyes prevé que salvo disposición legal diferente, la carga de probar
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos;
La acción de Amparo
CUARTO: Que, el objeto de un Proceso Constitucional de Amparo es el de
reponer las cosas al estado anterior a la afectación de un derecho constitucional
mediante hechos u omisiones por parte de cualquier autoridad, funcionario o
4 persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos en la Constitución
Política del Estado;
QUINTO: El proceso constitucional de amparo se encuentra regulado en nuestra
Constitución Política en su artículo 200.2°, asimismo sus disposiciones de carácter
procesal se encuentran reguladas en los artículos 37° y siguientes del Código
Procesal Constitucional, procediendo la respectiva acción por violación o amenaza
de violación a los derechos fundamentales. Estamos hablando de una violación
inminente o de una amenaza, pero una amenaza que pueda ser fehaciente y
pueda evidenciarse de los medios probatorios, que se acompañan al momento de
presentarse la demanda. La acción de amparo protege todos los derechos
fundamentales contenidos en el artículo 2º de la Constitución Política del Perú; sin
embargo, no va proteger aquellos derechos que son protegidos por la acción de
cumplimiento, la acción de habeas data, y el habeas corpus en sí, es decir,
derechos que tengan que versar sobre la libertad, y conexos a la libertad.
Las pretensiones del demandante
SEXTO: Que, la pretensión del demandante consiste en que se ordene a la
demandada que cumpla con incrementar su pensión de invalidez con el valor de
la nueva Ración Orgánica Única ascendente a s/. 6,20.00 conforme a lo dispuesto
el Decreto Supremo N.° 040-2003-EF de fecha 01 de marzo del 2003 y el pago de
la Asignación Especial dispuesta por la Ley N° 28254, más el pago de los
devengados, intereses legales y costos procesales;
Sobre el Derecho a la Seguridad Social
SÉPTIMO: Que, el Derecho a la Seguridad Social es un derecho fundamental,
que supone el derecho que le asiste a la persona para que la sociedad provea
instituciones y mecanismos mediante los cuales pueda tener una existencia en
armonía con su dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin
supremo de la sociedad y del Estado; derecho que tiene una doble finalidad, por
un lado proteger a la persona frente a las contingencias de la vida, por otro elevar
5 su calidad de vida, lo cual se concreta a través de los distintos regímenes de
pensiones que pudieran establecerse y con la pensión que, en este caso, resulta
ser el medio fundamental que permite alcanzar dicho nivel de vida;
Sobre el derecho a la Pensión
OCTAVO: Que, el acceso a una Pensión, significa la posibilidad de formar parte
de un régimen previsional por satisfacer los requisitos para aportar al mismo, lo
que no genera automáticamente la percepción de la pensión pues ello estará
condicionado al cumplimiento de los supuestos fijados para cada prestación;
Beneficios dentro del Régimen de Pensiones Militar-Policial
NOVENO: Que, el literal a) del artículo 11° del Decreto Ley N.° 19846, establece
que cualquiera que sea el tiempo de servicios prestados, el personal que se
invalida recibirá el íntegro de las remuneraciones pensionables correspondientes
al grado o jerarquía del servidor en situación de actividad;
DÉCIMO: Con respecto a la disposición mencionada en el considerando anterior,
resulta pertinente recordar que la misma fue modificada tácitamente por el
artículo 2 de la Ley 24373, de fecha 29 de noviembre de 1985, que estableció lo
siguiente: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que
resulten con invalidez permanente o la hayan obtenido en actos de servicio, con
ocasión o como consecuencia del mismo, serán promovidos económicamente al
haber de la Clase inmediata superior cada cinco años a partir de producido el
evento invalidante, hasta cumplir 35 años de servicios computados desde la fecha
de ingreso a filas. La pensión máxima para el nivel de Oficiales será la equivalente
al grado de Coronel”;
DÉCIMO PRIMERO: Posteriormente, el 03 de noviembre de 1988, la Ley 24916
precisó en su artículo 1, que el haber a que se refiere el artículo 2 de la Ley
24373 comprende las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos
6 que perciben los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en actividad, sin
distinguir entre los rubros pensionables o no;
DÉCIMO SEGUNDO: Consiguientemente, el Decreto Legislativo 737, publicado
el 12 de noviembre de 1991, modificó el artículo 3 de la Ley 24916, que había
sustituido el artículo 2 de la Ley 24373, disponiendo lo siguiente:
“(…)Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que
sufran invalidez permanente en acto, ocasión o como consecuencia
del servicio serán promovidos económicamente al haber de la clase
inmediata superior cada cinco años, a partir de ocurrido el acto
invalidante. Excepcionalmente y por decisión del Presidente de la
República, en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional, podrá promoverse a los miembros antes indicados
hasta en tres grados inmediatos superiores, por acción meritoria o
luego de ocurrido el acto invalidante. Igual procedimiento se seguirá
para otorgar la pensión de sobreviviente que causa el personal que
fallece a consecuencia de actos de terrorismo y narcotráfico. La
pensión máxima para el nivel de oficiales será equivalente a la que
corresponde al Grado de Coronel (...);
DÉCIMO TERCERO: Así, a partir de la modificación contenida en el referido
Decreto Legislativo 737, la promoción económica al haber de la clase inmediata
superior debía efectuarse cada cinco años, a partir del acto invalidante, y no sólo
"hasta cumplir 35 años de servicios computados desde la fecha de ingreso a
filas", tal como lo contemplaban las Leyes N.° 24373 y N.° 24916;
DÉCIMO CUARTO: Finalmente, la Ley 25413, del 12 de marzo de 1992,
modificó el artículo 2 del Decreto Ley 737, disponiendo que: “Los miembros de
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez total y permanente en
acto, con ocasión o como consecuencia del servicio, serán promovidos
económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco años a partir
de ocurrido el acto invalidante[...].Dicho haber comprende todas las
7 remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos
conceptos y bajo diferentes denominaciones constituyen los goces y beneficios
que perciban los respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación
de actividad [...].La promoción máxima para el nivel de oficiales será equivalente
a la que corresponde al grado de Coronel o Capitán de Navío y para los
Suboficiales y personal del Servicio Militar Obligatorio, hasta el grado de Técnico
de Primera o su equivalente”. (Lo resaltado es agregado)
DECIMO QUINTO: Por tanto, se concluye que a partir de la modificación
establecida por la mencionada ley, “corresponde a los servidores de las Fuerzas
Armadas o Policiales, sin importar el tiempo de servicios prestados en la
institución, percibir una pensión de invalidez cuando esta provenga de un acto,
con ocasión o a consecuencia del servicio, equivalente inicialmente al haber
correspondiente a su grado efectivo, para luego ser promovido económicamente
cada cinco años, hasta alcanzar la promoción máxima, entendiéndose por haber al
equivalente total de todos los goces: remuneraciones, bonificaciones,
asignaciones, aguinaldos, etc., sin distinguir entre los rubros pensionables o no
que percibiera el servidor en actividad conforme a su grado efecto en el momento
en que se declara la invalidez y, posteriormente, conforme a los grados a los que
será promovido económicamente cada cinco años”; (lo subrayado es agregado)
Análisis de la presente controversia
DÉCIMO SEXTO: Que, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
señalado que el artículo único de la Ley N.° 25413, del 12 de marzo de 1992,
precisa las condiciones y los requisitos de la pensión de invalidez regulada por el
Decreto Ley N.° 19846 y, especialmente, lo que concierne al haber que por
promoción económica les corresponde a estos pensionistas, disponiendo lo
siguiente: Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren
invalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del
servicio, serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata
superior cada cinco años a partir de ocurrido el acto invalidante [..]. Dicho haber
comprende todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y
8 aguinaldos que por diversos conceptos y bajo diferentes
denominaciones constituyen los goces y beneficios que perciban los
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de
actividad, igualmente, nuestro Tribunal ha precisado que la pensión por
invalidez e incapacidad comprende, sin distinciones, el haber de todos los goces y
beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones perciban
los respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad,
la misma que comprende los conceptos pensionables y no pensionables (STC
00504-2009-PA/TC);
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, se debe precisar que la Ley N° 28254, publicada el 15
de junio de 2004, que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del
sector público para dicho año fiscal, dispone: (…)
Artículo 9.- Asignación Especial al personal militar y policial en actividad
9.1 Otórguese una Asignación Especial a favor del personal militar y policial, en
situación de actividad, en los montos y tramos siguientes:
a) Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales a partir del mes de julio del presente año.
b) Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales adicionales a partir del mes de octubre del presente año (…);
DÉCIMO OCTAVO: Que, El Tribunal Constitucional ha precisado en ST EXP. N.°
01239-2011-PA/TC, Fundamento 8.- “Por tanto se concluye que a partir de la
modificación efectuada por el Decreto Legislativo 737, corresponde a los
servidores de las Fuerzas Armadas o Policiales, sin importar el tiempo de servicios
prestados en su institución, percibir una pensión de invalidez cuando esta
provenga de un acto con ocasión o a consecuencia del servicio, equivalente
inicialmente al haber correspondiente a su grado efectivo, para luego ser
promovido económicamente cada cinco años, hasta alcanzar la promoción
máxima”. Fundamento 9.- “Asimismo, puede afirmarse que la pensión por
9 invalidez e incapacidad, luego de las modificaciones señaladas, comprende sin
distinciones el haber de todos los goces y beneficios que por diversos conceptos y
bajo diferentes denominaciones, perciban los respectivos grados de las jerarquías
militar y policial en situación de actividad (STC 3813-2005-PA, STC 3949-2004-PA,
STC 1582-2003-AA), y comprende los conceptos pensionables y no pensionables”.
Fundamento 10.- “En ese sentido se concluye que el incremento general del
haber que percibe una jerarquía militar o policial, por efecto del aumento de
alguno de los goces pensionables o no pensionables, importa igual incremento en
la pensión de invalidez e incapacidad para aquellos pensionistas que por
promoción económica hubieran alcanzado la misma jerarquía o grado. Ello,
independientemente de la promoción económica quinquenal que les corresponde
conforme a ley”. Así mismo, en el fundamento 13, precisa: “El Decreto Supremo
040-2003-EF en su artículo 1, in fine, establece que el reajuste otorgado al
personal militar en situación de actividad no tiene carácter remunerativo o
pensionable; sin embargo, conforme al fundamento 9, supra, se ha indicado que
el haber de los grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad
regulado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 737, y su última modificatoria; la
Ley 25413, comprende sin distinciones todos los goces y beneficios que perciban
los beneficiarios”;
DÉCIMO NOVENO: Que, con respecto al Decreto Supremo 040-2003-EF, de
fecha 21 de marzo de 2003, dispuso que a partir de marzo de 2003, se debe
reajustar a S/.6.20 diarios el valor de la Ración Orgánica Única al personal militar
en situación en actividad;
VIGÉSIMO: Que, por su parte el artículo 1º, in fine, del Decreto Supremo 040-
2003-EF, establece que el reajuste otorgado al personal militar en situación de
actividad no tiene el carácter remunerativo o pensionable; sin embargo, conforme
se ha indicado, el haber de los grados de las jerarquías militar y policial en
situación de actividad comprende, sin distinciones, todos los goces y beneficios
que perciban estos, conforme lo señala la Ley 25413;
10 VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en el presente caso mediante la Resolución
Directoral N.° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de setiembre de 1995 se resolvió dar
de baja de la Marina de Guerra del Perú, por la causa de incapacidad psicofísica
por lesión producida a “consecuencia del servicio” (a fojas 03);
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a fojas 04 obra en autos copia de la boleta de
pago de pensión, queda demostrado que no se ha incrementado la pensión de
invalidez del demandante con la Asignación especial otorgada mediante Ley N°
28254 y ni el pago de la nueva Ración Orgánica Única ascendente a S/.6.20 Soles
diarios conforme al Decreto Supremo N.° 040-200-EF;
VIGÉSIMO TERCERO: Que, conforme a las normas que regulan la pensión del
Régimen Militar – Policial, al demandante le corresponde percibir, a partir del mes
de 01 julio del año 2004, la Asignación Especial a favor del personal militar
regulada por el artículo 9 de la ley 28254 y el reajuste de la Ración Única
devengada desde el 01 de marzo de 2003
VIGÉSIMO CUARTO: Que habiendo sido amparada la pretensión principal,
corresponde que se amparen las pretensiones accesorias como son, los intereses
legales respectivos, y los costos procesales; al ser la demandada una entidad
estatal; no siendo procedente el pago de las costas procesales, conforme el art.
56 del Código Procesal Constitucional; consideraciones por las cuales, de
conformidad con lo establecido con los arts. 200 inc 2 de la Constitución, arts. 1,
2 y 56 del Código Procesal Constitucional, Impartiendo Justicia a Nombre de la
Nación;
V. FALLO: DECLARANDO FUNDADA la demanda interpuesta por PERCY
ROJAS ORE contra el MINISTERIO DE DEFENSA, PROCURADOR PUBLICO
DEL MINISTERIO DE DEFENSA, MARINA DE GUERRA DEL PERU y
PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, por lo
que reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho a la
pensión, SE ORDENA a la parte demandada que cumplan con dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo artículo 9 de la ley 28254 y al artículo 1 del Decreto
11 Supremo N.° 040-2003-EF, en el plazo de dos días hábiles, reintegrándosele la
Asignación Especial devengada desde el 01 de julio de 2004 y la Ración Única
devengada desde el 01 de marzo de 2003, conforme a los fundamentos de la
presente sentencia, debiéndose efectuar el pago los intereses legales y los costos
procesales correspondientes. Notificándose.-
12 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 7° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 09551-2012-0-1801-JR-CI-07
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : SALDAÑA VILLAVICENCIO MALBINA
ESPECIALISTA : RODRIGUEZ TORRE, VICTOR
DEMANDADO : MINISTERIO DE DEFENSA ,
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA
,
MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE GUERRA
DEL PERU ,
DEMANDANTE : ROJAS ORE, PERCY
Resolución Nro. DIECIOCHO
Lima, tres de agosto del año
Dos mil veintiuno
Por devueltos los actuados en la fecha de la TERCERA
SALA CIVIL DE LIMA, compaginado en la fecha y, Estando a que el Superior
en grado CONFIRMO la SENTENCIA contenida en la resolución número
DIECISÉIS su fecha 11 de diciembre del 2019, que declara FUNDADA la
demanda CUMPLASE LO EJECUTORIADO; REQUIRIÉNDOSE a la parte
demandada, a fin de que dentro del plazo de ley CUMPLA con dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 28254 y al artículo 1°
del Decreto Supremo N° 040-2003-EF, reintegrándosele la Asignación Especial
devengada desde el 1 de julio del 2004 y la Ración Única devengada desde el
1 de marzo del 2003, conforme a los fundamentos de la sentencia, debiéndose
efectuar el pago de los intereses legales y los costos procesales
correspondientes; bajo apercibimiento de aplicación de los artículos 22° y
59° del Código Procesal Constitucional, en caso de incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la presente causa la señora Juez por
vacaciones de la señorita Juez Titular. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA CIVIL
Expediente N° 09551-2012-0-1801-JR-CI-07
(Ref. Exp. Sala N° 00210-2021-0)
RESOLUCIÓN N° 06
Lima, veintiuno de mayo
de dos mil veintiuno
VISTOS
Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Solís Macedo.
MATERIA DEL RECURSO
Es materia del grado:
a) La Resolución N° 11, de fecha 24 de agosto de 2018 (fs. 128 a 132) –corregida
en su numeración, mediante la Resolución N° 12, de fecha 23 de noviembre de
2018–, en los extremos que declaró: (i) improcedente la denuncia civil
formulada por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa, (ii)
improcedente la extromisión formulada por la Procuradora Pública del
Ministerio de Defensa y, (iii) infundadas las excepciones de falta de legitimidad
para obrar pasiva, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, incompetencia por la materia, caducidad y, falta de agotamiento de
la vìa preva propuestas por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa.
b) La Resolución N° 14, de fecha 05 de septiembre de 2019 (fs. 194 a 195), en el
extremo que declaró infundadas las excepciones de incompetencia, falta de
agotamiento de la vía administrativa y prescripción deducidas por el Procurador
Público de la Marina de Guerra del Perú; y
c) La Sentencia contenida en la Resolución N° 16, de fecha 11 de diciembre de
2019 (fs. 218 a 229), que declaró fundada la demanda; en consecuencia,
reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho a la
pensión, se ordenó a la parte demandada que cumplan con dar cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 28254 y al artículo 1° del Decreto
Supremo N° 040-2003-EF, en el plazo de dos días hábiles, reintegrándosele la
Asignación Especial devengada desde el 01 de julio de 2004 y la Ración Única
devengada desde el 01 de marzo de 2003, conforme a los fundamentos de la
presente sentencia, debiéndose efectuar el pago los intereses legales y los
costos procesales correspondientes.
1 DESCRIPCIÓN DE LOS AGRAVIOS
1. Respecto de la Resolución N° 11, el codemandado Ministerio de Defensa
interpone recurso de apelación, señalando, básicamente, los siguientes
agravios:
a) Al ser la Marina de Guerra del Perú el directo y único empleador del demandante,
la relación jurídica es única y exclusivamente con esta institución castrense, y no
con el Ministerio de Defensa, por cuanto se pretende cuestionar actuaciones de la
Marina de Guerra del Perú, debiendo ser considerada como codemandada, por lo
que procede la denuncia civil efectuada.
b) Procede la extromisión, por cuanto el Ministerio de Defensa no tiene legitimidad
como demandado, pues la única institución que debe ser considerada
exclusivamente como demandada es la Marina de Guerra del Perú, la que tiene
independencia y autonomía funcional, y específicamente, también en el aspecto de
personal y pago de pensiones, entre otras.
c) Los actos administrativos cuya nulidad se pretende lograr han sido emitidos por la
Marina de Guerra del Perú y no por el Ministerio de Defensa, por lo que aquélla
debió tener la calidad de única demandada, la que tiene organización autónoma y
cuya defensa jurídica está a cargo de su propio procurador.
d) Al pretenderse la nulidad de un acto administrativo expedido por la Marina de
Guerra del Perú, no es el amparo la vía legal que corresponde para tramitar la
presente causa, y por tratarse de un tema distinto al que debe ser tramitado en el
amparo, se crea una oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda.
e) La vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos derivados
de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso
administrativo, además que es propio de ese proceso, la nulidad de actos
administrativos que se pretende en la demanda.
f) La demanda ha sido interpuesta fuera de los sesenta días de haberse tomado
conocimiento de la presunta violación de los derechos constitucionales.
g) No se advierte que la parte demandante haya agotado una vía administrativa al
respecto de lo que pretende.
2. Respecto de la Resolución N° 14, la codemandada, Marina de Guerra del
Perú, interpone recurso de apelación, señalando, básicamente, los siguientes
agravios:
a) El Juzgado Constitucional no es el competente para conocer el proceso, pues lo
solicitado no es el reconocimiento del derecho a la pensión que ya viene
percibiendo el demandante, por un monto mayor al mínimo vital, sino el beneficio
no pensionable de racionamiento y asignación especial, por cual la demanda debe
2 ser tramitada bajo un proceso contencioso administrativo, conforme a la STC N°
01417-2005-PA/TC, que es la vía procedimental específica igualmente satisfactoria
a su derecho.
b) Desde la expedición del Decreto Supremo N° 040-2003-EF y la Ley N° 28254, el
demandante no ha interpuesto recurso alguno, lo que corrobora que dichos
beneficios no le corresponden, debido a su carácter no pensionable.
c) Desde la expedición de los citados dispositivos legales, el demandante interpuso la
demanda con fecha 30 de mayo de 2012, habiendo transcurrido nueve años; por lo
no se ha cumplido con presentar la demanda dentro de los sesenta días hábiles de
producida la supuesta afectación, esto es, desde el 21 de marzo de 2003.
3. Respecto de la Sentencia contenida en la Resolución N° 16
3.1. La codemandada, Marina de Guerra del Perú, interpone recurso de
apelación, señalando, básicamente, los siguientes agravios:
a) Al demandante no le corresponde el incremento del valor de la Ración
Orgánica Única del Decreto Supremo N° 040-2003-EF, en razón que sólo
es para el personal militar en actividad y no tiene carácter remunerativo ni
pensionable.
b) La Ley N° 25413 fue expedida 11 años antes de la emisión del Decreto
Supremo N° 040-2003-EF.
c) Al demandante no le corresponde el beneficio no pensionable de la
Asignación Especial de la Ley N° 28254, pues a la fecha del pase al retiro
del demandante, no lo percibía el personal en actividad ni tampoco se
aplicaba a los pensionistas de la Marina de Guerra del Perú.
d) La Asignación Especial de la Ley N° 28254 se encuentra derogada por la
Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo
N° 1132.
3.2. El codemandado, Ministerio de Defensa, interpone recurso de
apelación, señalando, básicamente, los siguientes agravios:
a) El demandante carece de interés para obrar, pues nunca solicitó
oportunamente el reajuste solicitado ante la autoridad competente,
accionando directamente a la justicia constitucional, sin darle la
oportunidad a la entidad de pronunciarse tras un procedimiento
administrativo. Un beneficio no solicitado implicaría un exceso en la justicia
constitucional, pues menoscaba las atribuciones y competencias de una
entidad administrativa del Estado.
b) La sentencia no delimita con certeza quien es el responsable de la omisión
constitucional denunciada, esto es, la omisión en el pago de los conceptos
3 reclamados, por lo que se debe identificar el responsable del acto lesivo y
contra quién debe dirigirse la demanda y la sentencia. En este caso, la
Marina de Guerra del Perú tiene la calidad de unidad ejecutora, que debe
realizar el pago del concepto reclamado por el actor, en el supuesto
negado que se estime su demanda, no siendo argumentos válidos para
extender la responsabilidad a la recurrente, los criterios de dependencia
presupuestaria o carácter supervisor del Ministerio de Defensa, ni la
garantía de la ejecución de la sentencia.
c) No se ha tomado en cuenta la derogación de la Ley N° 28254 y el Decreto
Supremo N° 040-2003-EF por el Decreto Legislativo N° 1132, por lo que los
derechos reclamados sólo serían reconocidos hasta el 08 de diciembre de
2012.
CONSIDERANDO
1. Respecto de las Resoluciones N° 11 y 14, respecto a la denuncia civil
formulada por el Ministerio de Defensa, conforme lo establece el artículo 102°
del Código Procesal Civil, que regula la institución procesal de la denuncia
civil, “El demandado que considere que otra persona, además de él o en su
lugar, tiene alguna obligación o responsabilidad en el derecho discutido, debe
denunciarlo indicando su nombre y domicilio, a fin de que se le notifique del
inicio del proceso”. Sin embargo, se advierte de autos que el Procurador
Público de la Marina de Guerra del Perú, cuyo emplazamiento fue solicitado en
la referida denuncia civil, ya se ha apersonado al proceso y ha ejercido la
defensa de los derechos de la institución que representa en la presente causa.
Por tanto, la denuncia civil deviene en improcedente, por innecesaria y, lo
resuelto por el Juez de la causa debe ser confirmado en este extremo.
2. En cuanto a la extromisión formulada por el Ministerio de Defensa, el artículo
107° del Código Procesal Civil establece que “Excepcionalmente, en cualquier
momento el Juez por resolución debidamente motivada, puede separar del
proceso a un tercero legitimado, por considerar que el derecho o interés que lo
legitimaba ha desaparecido o haber comprobado su inexistencia”. Sin
embargo, en tanto la referida disposición normativa está reservada de forma
expresa a los terceros legitimados y no a las partes originarias del proceso, se
advierte de autos que el Ministerio de Defensa no tiene la condición de tercero
legitimado en el presente proceso, sino de codemandado, de acuerdo a los
4 términos planteados en la demanda. Por tanto, la extromisión deviene en
improcedente, y lo resuelto por el Juez de la causa debe ser confirmado en
este extremo.
3. Respecto a la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado
deducida por el Ministerio de Defensa, debe tenerse presente que la falta de
legitimidad para obrar implica la absoluta falta de coincidencia entre los sujetos
que integraron la relación jurídica material o sustantiva y los que forman la
relación jurídica procesal o adjetiva y, que en el caso de la falta de legitimidad
para obrar pasiva viene a ser la falta de coincidencia entre el obligado en la
relación jurídica material y el demandado en la relación jurídico procesal.
Asimismo, la legitimidad para obrar pasiva existirá con la sola invocación que
hace el demandante en su demanda, de que el emplazado es el obligado a
cumplir el derecho reclamado, la cual se constituye en condición mínima para
demandar y entablar válidamente la relación procesal, reservándose para el
respectivo pronunciamiento de fondo, la probanza de su posición como
obligado o no del cumplimiento de dicho derecho.
En ese sentido, en tanto la Marina de Guerra del Perú es una institución de las
Fuerzas Armadas, dependiente del Ministerio de Defensa, conforme lo
estipulado en el artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1134 – Ley de
Organización y Funciones del Ministerio del Defensa, existe una relación
funcional entre ambas instituciones demandadas, por lo cual han sido
invocadas por igual por la parte demandante para la satisfacción de su
pretensión; sin embargo, es prematuro determinar en vía de excepción la
legitimidad de la referida codemandada en el presente proceso, toda vez que
corresponde dilucidar como fondo del asunto si resulta procedente el
incremento de la Ración Orgánica Única regulada en el Decreto Supremo N°
040-2003-EF y el pago de la Asignación Especial de la Ley N° 28254, siempre
que previamente se acredite la vulneración de los derechos constitucionales de
la parte demandante, tras haberse actuado y valorado todo el material
probatorio ofrecido por las partes. Por tanto, deberá declararse infundada la
excepción propuesta y, en consecuencia, debe confirmarse lo resuelto por el
Juez de la causa en este extremo.
5 4. En cuanto a la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de
proponer la demanda deducida por el Ministerio de Defensa, debe tenerse
presente que mediante ella se denuncia la omisión o la formulación imprecisa o
ambigua de los enunciados legalmente exigibles al interponer una demanda,
de tal forma que la imprecisión en el planteamiento de la demanda dificulta en
mayor medida la posibilidad de una defensa adecuada1.
En ese sentido, se advierte que el cuestionamiento respecto a la naturaleza de
las pretensiones formuladas por el demandante constituye una mera
apreciación de parte respecto de lo postulado en autos, que debe ser materia
de pronunciamiento de fondo para determinar la fundabilidad o no de lo
pretendido, más aún cuando se puede evidenciar que la demandada ha
contestado las pretensiones planteadas con sus respectivas defensas de forma
y fondo; de tal manera, que no se observa que se haya planteado la demanda
de forma oscura u ambigua, a tal punto que haya impedido u obstaculizado la
defensa de la demandada. Por tanto, la excepción debe ser desestimada,
debiendo confirmarse lo resuelto en este extremo.
5. En cuanto a la excepción de incompetencia deducida por el Ministerio de
Defensa y por la Marina de Guerra del Perú, debe tenerse presente que la
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1417-2005-PA/TC, ha precisado con
carácter vinculante, los lineamientos jurídicos que permiten delimitar las
pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial del derecho
fundamental a la pensión o estar directamente relacionados con él, merecen
protección a través del proceso de amparo. En efecto, el literal c) del
fundamento 37 de la referida Sentencia, que constituye precedente vinculante
de obligatorio cumplimiento, de conformidad con el artículo VII de la Ley N°
28237 – Código Procesal Constitucional, se ha establecido que cualquier
persona que sea titular de una prestación que sea igual o superior al monto de
la pensión mínima, deberá acudir a la vía judicial ordinaria a efectos de
dilucidar en dicha sede los cuestionamientos existentes en relación a la suma
específica de la prestación que le corresponde, a menos que, a pesar de
percibir una pensión o renta superior, por las objetivas circunstancias del caso,
1 LEDESMA NARVÁEZ, Marianella; Comentarios al Código Procesal Civil. Análisis artículo por artículo. Tomo II. 5a.
ed., Gaceta Jurídica, Lima, 2015, pp. 395 y 397.
6 resulte urgente su verificación a efectos de evitar consecuencias irreparables,
como por ejemplo, los supuestos acreditados de graves estados de salud.
En el presente caso, de autos se aprecia el estado de invalidez total y
permanente del recurrente, por el cual se le dio de baja por la causal de
incapacidad psicofísica, por lesión producida a consecuencia del servicio,
mediante la Resolución Directoral N° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de
septiembre de 1995 (fs. 03), por cuanto “con Oficios S.300-1940 y S.300-2383
de fecha 19 Mayo y 05 Junio 11995, del Director de Salud de la Marina y
Director Ejecutivo del Centro Médico Naval “CMST”, remite las conclusiones de
Juntas de Sanidad Nro. 261-95 del 03 Marzo 1995, pertenecientes al Mar. Aux.
Ima. ROJAS Oré Percy (…) mediante las cuales se recomienda la Baja del
Servicio Activo de la Marina de Guerra del Perú, debido a que las lesiones que
presentan revisten invalidez total y permanente para el Servicio Activo”, de
acuerdo a lo establecido en el primer considerando de la antedicha Resolución
Directoral, hecho que constituye un serio estado de salud, que se encuentra
comprendido en los alcances del inciso c) del fundamento 37 de la STC N°
1417-2005-AA/TC antes mencionada, por lo cual merece el análisis de fondo
de la pretensión demandada.
6. Adicionalmente, debe tenerse presente que el presente caso configura otro
principio que refuerza la decisión de preferir la continuación del proceso antes
que su extinción, frente a una eventual duda de carácter interpretativo, como es
el principio favor actionis o pro actione, recogido en el cuarto párrafo del
artículo III del Título Preliminar de la Ley N° 28237 – Código Procesal
Constitucional, según el cual “impone a los juzgadores la exigencia de
interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable
a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución sobre el fondo”2,
por lo que la excepción deducida es manifiestamente infundada, debiéndose
confirmar lo resuelto por el Juzgado.
7. En cuanto a la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa
(vía previa) deducida por el Ministerio de Defensa y por la Marina de Guerra del
Perú, debe tenerse presente que el fundamento 13 de la Sentencia del Tribunal
2 PICÓ I JUNOY, JOAN, Las garantías constitucionales del proceso. 2da. ed., Bosch Editor, Barcelona, 2012, p. 67.
7 Constitucional N° 1776-2004-AA/TC ha establecido con claridad que
“Propugnamos la aplicación de un criterio de flexibilidad, pro accione, el cual
impida que la citada exigencia derive en un formalismo inútil, que impida la
justiciabilidad, a partir de la dirección judicial del proceso prevista en el artículo
III del Título Preliminar (TP) del CPCo. [sic] Entonces, el derecho fundamental
a la pensión, al tener carácter alimenticio, se desprende que el agotamiento de
la vía previa no debe ser exigida en el presente caso, pues no corresponde su
utilización para el acceso pensionario. (…)”, de lo cual se desprende que la
naturaleza del derecho pensionario implica la satisfacción de necesidades
primarias e impostergables, de tal forma, que los formalismos procedimentales
pueden ser flexibles e interpretados a favor del demandante, a fin de analizar la
controversia surgida por la pretensión previsional del actor, máxime si en el
presente caso se ha invocado la existencia de un grave estado de salud –que
determinó su invalidez total y permanente, conforme al primer considerando de
la Resolución Directoral N° 1679-95 MA/DAP– que merece una protección
especial, a efectos de evitar consecuencias que podrían tornarse en
irreparables, tal como esta Sala Superior advirtió en su auto de vista del 11 de
junio de 2013 (fs. 60 a 62), que declaró nula la improcedencia liminar de la
demanda. En tal sentido, deberá declararse infundada la excepción propuesta
y, en consecuencia, debe confirmarse lo resuelto por el Juez de la causa en
este extremo.
8. En cuanto a la excepción de caducidad deducida por el Ministerio de Defensa
y de prescripción deducida por la Marina de Guerra del Perú, debe tenerse
presente que de acuerdo al fundamento 59 de la Sentencia del Tribunal
Constitucional N° 1417-2005-AA/TC, las afectaciones en materia pensionaria
tienen la calidad de una vulneración continuada, pues tienen lugar mes a mes,
motivo por el cual no existe posibilidad de rechazar reclamos, recursos o
demandas que versen sobre materia previsional, argumentando el vencimiento
de plazos prescriptorios o de caducidad; por lo cual la excepción deducida es
manifiestamente infundada, debiéndose confirmar lo resuelto por el Juez de la
causa en este extremo.
9. Respecto de la Sentencia contenida en la Resolución N° 16, mediante el
presente proceso, el demandante, Percy Rojas Oré, ha solicitado que cesen los
8 actos violatorios que vulneran su derecho constitucional a la seguridad social, y
se ordene a la parte demandada, se incremente su pensión de invalidez al
valor de la Ración Orgánica Única ascendente a S/ 6.20 diarios, conforme lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 040-2003-EF, de fecha 01 de marzo de
2003, y el pago de la Asignación Especial dispuesta en la Ley N° 28254, de
fecha 01 de julio de 2004, más el pago de devengados a partir de las fechas
indicadas, así como el pago de los intereses legales y costos del proceso.
10. Conforme se aprecia de la revisión de autos, el demandante, Percy Rojas Oré,
padece una incapacidad psicofísica, conforme se menciona en la Resolución
Directoral N° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de septiembre de 1995 (fs. 03),
por la cual la Marina de Guerra del Perú le dio de Baja por causal de
incapacidad psicofísica, por lesión producida a consecuencia del servicio; por
lo que, atendiendo a las especiales circunstancias del caso y de conformidad
con los criterios de procedencia establecidos en el fundamento 37 de la
Sentencia del Tribunal Constitucional N° 1417-2005-PA/TC, que constituye
precedente vinculante de obligatorio cumplimiento, resulta necesario verificar si
en el presente caso se ha vulnerado o no el derecho constitucional invocado,
con la finalidad de evitar consecuencias irreparables.
11. Al respecto, se debe tener presente, que el inciso a) del artículo 11° del
Decreto Ley N° 19846, que regula el Régimen de pensiones del personal militar
y policial de la Fuerza Armada y Fuerzas Policiales, por servicios al Estado, ha
establecido en materia de pensión de invalidez que:
“El personal que en acto o consecuencia del servicio se invalida, cualquiera
que fuese el tiempo de servicios prestados percibirá:
a) El íntegro de las remuneraciones pensionables correspondiente
a las del grado o jerarquía del servidor, en Situación de Actividad;
(…)”
12. Sin embargo, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional en reciente
y reiterada jurisprudencia (Cfr. STC N° 0034-2009-PA/TC, 0504-2009-PA/TC,
1855-2009-PA/TC, 1996-2009-PA/TC), dicha disposición, fue modificada
tácitamente por el artículo 2° de la Ley N° 24373, de fecha 29 de noviembre de
1985, norma que a su vez ha sido modificada, primero por el artículo 1° de la
Ley N° 24916, de fecha 03 de noviembre de 1988, y luego por el artículo 2° del
Decreto Legislativo N° 737, de fecha 12 de noviembre de 1991; el que a su vez
9 fue modificado por el artículo único de la Ley N° 25413, de fecha 12 de marzo
de 1992, disponiendo que:
“Los Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez
total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio,
serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata superior
cada cinco años a partir de ocurrido el acto invalidante. (…). Dicho haber
comprende todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y
aguinaldos que por diversos conceptos y bajo diferentes
denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben los
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de
actividad (….)”. (resaltado nuestro).
13. En ese sentido, resulta evidente, que los dispositivos legales que regulan la
pensión de los servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han
previsto para sus beneficiarios el otorgamiento, sin distinción alguna, de
todos los goces y beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes
denominaciones perciban los servidores de su mismo grado jerárquico en
situación de actividad, conforme lo ha reconocido también el Tribunal
Constitucional en reiterada jurisprudencia (Cfr. STC N° 3813-2005-PA/TC, N°
3949-2004-PA/TC y N° 1582-2003-AA/TC) y, sin hacer diferencia entre
conceptos pensionables o no pensionables.
Por tanto, si por efecto del aumento de alguno de los goces pensionables o no
pensionables, se incrementa el haber que percibe un militar o policía en
actividad, dicho incremento, debe reflejarse también en la pensión de invalidez
o incapacidad de aquellos pensionistas que por promoción económica hubieran
alcanzado la misma jerarquía o grado, independientemente, de la promoción
económica que cada cinco años le corresponde conforme a ley.
14. En el presente caso, se aprecia que la demandada dispuso otorgar al
demandante una pensión de invalidez, tras haber sido dado de baja con el
grado de Mar. Aux. Ima., como consecuencia de padecer una incapacidad
psicofísica por lesión producida a consecuencia del servicio, conforme se
corrobora con la copia de la Resolución Directoral N° 1679-95 MA/DAP, de
fecha 08 de septiembre de 1995 (fs. 03) y, con la copia de su boleta de pago
(fs. 04), con lo que queda acreditada su situación de pensionista de la Marina
de Guerra del Perú, bajo el régimen de pensiones militar policial establecido en
el Decreto Ley N° 19846.
10 15. De conformidad con el Decreto Supremo N° 040-2003-EF, de fecha 21 de
marzo de 2003, correspondía reajustar a partir del mes de marzo de 2003, el
monto de la Ración Orgánica Única del actor en S/ 6.20 (seis con 20/100
soles) diarios; sin embargo, conforme se aprecia de la boleta de pago de
pensiones del demandante (fs. 04), no se ha cumplido con dicho reajuste,
pues, viene percibiendo mensualmente por racionamiento [“RACMTO-
RM.1391-98-DE”] la suma de S/ 89.90 (ochenta y siete con 00/100 soles), es
decir, S/ 2.99 (dos con 99/100 soles) diarios, lo que ha sido reconocido por las
emplazadas, con lo que se acredita la violación a su derecho a la igualdad en
la aplicación de la ley, en tanto ninguna de dichas demandadas reconoció
oportunamente dicho beneficio a favor del demandante.
16. Asimismo, de conformidad con la Ley N° 28254, de fecha 15 de junio de 2004,
correspondía otorgar una Asignación Especial a favor del personal militar y
policial, en situación de actividad, en dos tramos:
a. Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales a partir del mes de julio de 2004.
b. Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales adicionales a partir del mes de octubre de 2004.
17. Sin embargo, conforme se aprecia de la boleta de pago de pensiones del
demandante (fs. 04), no se ha cumplido con dicho pago de Asignación
Especial, lo que ha sido reconocido por las emplazadas, con lo que se acredita
la violación a su derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, en tanto
ninguna de dichas demandadas, reconoció oportunamente dicho beneficio a
favor del demandante.
18. No obstante la disposición contenida en el artículo 1° del Decreto Supremo N°
040-2003-EF, de fecha 22 de marzo de 2003, que establece el reajuste de la
ración orgánica única para el personal en situación de actividad y que no tiene
carácter pensionable, así como la disposición contenida en la Cuarta
Disposición Final de la Ley N° 28254, la cual señala que “Los incrementos en
los ingresos del personal que autoriza la presente Ley no tienen carácter ni
naturaleza remunerativa ni pensionable, ni se encuentran afectos a cargas
sociales” y que sólo corresponde al personal en actividad; debe precisarse
que, conforme a lo señalado en los puntos precedentes, las modificatorias del
artículo 11° del Decreto Ley N° 19846, respecto al régimen de la pensión de
11 invalidez, han tenido como propósito equiparar el haber del personal militar y
policial en retiro discapacitado al del personal en situación de actividad,
comprendiendo sin distinción todos los goces y beneficios para sus
beneficiarios, por lo que corresponde otorgar al demandante dichos beneficios.
19. En consecuencia, al entrar en vigencia el reajuste de la Ración Orgánica Única
desde el mes de marzo de 2003, conforme lo estipulado en el Decreto
Supremo N° 040-2003-EF, corresponde el pago de los montos dejados de
percibir por dicho concepto, así como de los intereses legales generados
desde la fecha en la cual debió aplicársele el reajuste fijado por dicha norma,
esto es, desde el 01 de marzo de 2003, y de acuerdo a la tasa señalada en el
artículo 1246° del Código Civil, debiéndose efectuar la liquidación respectiva
sin metodología capitalizable, esto es, sin agregar al principal los intereses de
cada período para generar nuevos intereses, de acuerdo a la limitación
contenida en el artículo 1249° del Código Civil, conforme a lo previsto por el
Tribunal Constitucional en la STC N° 02214-2014-PA/TC (Precedente
Puluche), publicada en su portal electrónico el 07 de julio de 2015, al fijar como
doctrina jurisprudencial vinculante de observancia obligatoria para todos los
operadores jurídicos, conforme a lo previsto en el artículo VI del Título
Preliminar del Código Procesal Constitucional, que “el interés legal aplicable
en materia pensionaria no es capitalizable, conforme al artículo 1249° del
Código Civil” (fundamento 20) [resaltado nuestro].
20. Asimismo, al entrar en vigencia el Pago de una Asignación Especial, conforme
la Ley N° 28254, desde el mes de julio de 2004, corresponde el pago de los
montos dejados de percibir por dicho concepto, así como de los intereses
legales generados desde la fecha en la cual debió aplicársele el beneficio
fijado por dicha norma, esto es, desde el 01 de julio de 2004, y de acuerdo a la
tasa señalada en el artículo 1246° del Código Civil, debiéndose efectuar la
liquidación respectiva sin metodología capitalizable, conforme a lo previsto por
el Tribunal Constitucional en la STC N° 02214-2014-PA/TC (Precedente
Puluche).
21. Sin perjuicio de lo expuesto, conforme a lo advertido por el Tribunal
Constitucional en su jurisprudencia (Cfr. STC N° 00262-2013-PA/TC, N° 01170-
12 2012-PA/TC, N° 06355-2013-PA/TC), debe precisarse que la Ley N° 28254 y el
Decreto Supremo N° 040-2003-EF han sido derogados mediante la Segunda y
Tercera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo N°
1132, respectivamente, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable
al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del
Perú, con fecha 09 de diciembre de 2012. En tal sentido, los beneficios de
ración orgánica única y asignación especial solicitados y reconocidos en
sentencia, deberán ser incorporados a la pensión del demandante durante su
período de vigencia; esto es, hasta la fecha de derogación de las normas antes
descritas.
22. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 56°
del Código Procesal Constitucional, al haberse declarado fundada la demanda
y estando a que la Marina de Guerra del Perú se encuentra dentro del ámbito
del Ministerio del Defensa, conforme lo estipulado en el artículo 16° del
Decreto Legislativo N° 1134 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa, y que éste, a su vez, se encuentra dentro del ámbito del Poder
Ejecutivo, conforme lo estipulado en el artículo 22° y la Primera Disposición
Final de la Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el artículo 2°
Decreto Legislativo N° 1134 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Defensa, como entidades del Estado, sólo les corresponde la respectiva
condena de pago de costos.
DECISIÓN
a) CONFIRMARON la Resolución N° 11, de fecha 24 de agosto de 2018 (fs. 128
a 132) –corregida en su numeración, mediante la Resolución N° 12, de fecha
23 de noviembre de 2018–, en los extremos que declaró: (i) improcedente la
denuncia civil formulada por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa,
(ii) improcedente la extromisión formulada por la Procuradora Pública del
Ministerio de Defensa y, (iii) infundadas las excepciones de falta de legitimidad
para obrar pasiva, oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, incompetencia por la materia, caducidad y falta de agotamiento de la
vía previa deducidas por la Procuradora Pública del Ministerio de Defensa.
b) CONFIRMARON la Resolución N° 14, de fecha 05 de septiembre de 2019 (fs.
194 a 195), en el extremo que declaró infundadas las excepciones de
13 incompetencia, falta de agotamiento de la vía administrativa y prescripción
deducidas por el Procurador Público de la Marina de Guerra del Perú; y,
c) CONFIRMARON la Sentencia contenida en la Resolución N° 16, de fecha 11
de diciembre de 2019 (fs. 218 a 229), que declaró fundada la demanda; en
consecuencia, reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del
derecho a la pensión, se ordenó a la parte demandada que cumplan con dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley N° 28254 y al artículo 1°
del Decreto Supremo N° 040-2003-EF, en el plazo de dos días hábiles,
reintegrándosele la Asignación Especial devengada desde el 01 de julio de
2004 y la Ración Única devengada desde el 01 de marzo de 2003, conforme a
los fundamentos de la presente Sentencia, debiéndose efectuar el pago los
intereses legales y los costos procesales correspondientes.
d) MANDARON devolver los autos al Juzgado de su procedencia, luego que
quede consentida la presente Resolución.
En los autos seguidos por Percy Rojas Oré, con el Ministerio de Defensa y otro, sobre amparo.
CASM//jc
SOLÍS MACEDO ROMERO ZUMAETA
ESCUDERO LÓPEZ
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TERCERA SALA CIVIL
Exp. N° 9551-2012-0
SS: SOLÍS MACEDO
ROMERO ZUMAETA
ESCUDERO LÓPEZ
Resolución N° 01
Lima, veintitrés de abril
de dos mil veintiuno.-
POR RECIBIDOS los presentes autos, por
prevención, procedente del 07° Juzgado Constitucional de la Corte Superior
de Justicia de Lima, viene en grado de apelación la siguiente resolución:
a) SENTENCIA contenida en la resolución N° 16, de fecha 11 de
diciembre de 2019, que declaró FUNDADA LA DEMANDA DE
AMPARO; habiéndose concedido la apelación a los demandados,
PROCURADOR PÚBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ Y
PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, mediante
resolución N° 17, de fecha 15 de octubre de 2020.
b) AUTO contenida en la resolución N° 14, de fecha 05 de setiembre de
2019, que declaró INFUNDADAS LAS EXCEPCIONES DE
INCOMPETENCIA, FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VIA
ADMINISTRATIVA Y DE PRESCRIPCIÓN DEDUCIDAS POR EL
PROCURADOR PÚBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERÚ;
habiéndose concedido apelación sin efecto suspensivo y con la
calidad de diferida, a la demandada, PROCURADOR PÚBLICO DE LA
MARINA DE GUERRA DEL PERÚ, mediante resolución N° 15, de fecha
11 de diciembre de 2019.
Este Expediente se eleva sin acompañados. Y conforme a la naturaleza del
proceso y recurso impugnatorio concedido, los señores Magistrados que
conforman el Colegiado de esta Sala Civil que suscriben, se avocan por
prevención en el conocimiento de los actuados judiciales, poniéndose en
conocimiento de todos aquellos que intervienen como sujetos del proceso,
mediante los actos de comunicación procesal, para los fines consiguientes; y
ATENDIENDO:
1. Que, los Procesos Constitucionales tienen por finalidad defender la efectiva
vigencia de los derechos fundamentales haciendo efectiva la estructura
jerárquica normativa establecida por la Constitución como un mecanismo
rápido y urgente en la obtención de la justicia ante la violación o amenaza
de violación de un derecho reconocido por la Constitución.
2. Que, es importante tener presente que los procesos de amparo [y en
general los procesos de la libertad] dada su naturaleza, la exigencia de
cumplir con las formalidades que se exigen en el proceso constitucional
Página 1 de 4 sólo se justifica si con ello se logra la mejor protección de los derechos
fundamentales, de lo contrario las formalidades deben adecuarse con el
objetivo de que los fines de los procesos se concreten debidamente. Todo
esto en concordancia con los principios de elasticidad, celeridad y
economía procesal.1
3. Que, en este contexto, estando a que la principal garantía establecida por
el derecho al debido proceso legal y el acceso a la tutela judicial efectiva
o eficaz2, se grafica en el acceso pleno e irrestrictocon las obligaciones que
la ley señala taxativamente, a los Jueces y Tribunales para la determinación
del derecho de las personas o de las incertidumbres con relevancia
jurídica, pues de lo contrario, la negación del acceso a la justicia implica
hacer caer al ciudadano en indefensión y alejarlo de las soluciones
pacíficas de controversias que la Carta Magna prevé explícitamente en
beneficio de éste y de la sociedad.
4. Por tanto, tratándose de procesos constitucionales que son procesos
urgentes destinados a evitar consecuencias irreparables,
consecuentemente, resulta imperativo implementar mecanismos que
concreten la tutela judicial efectiva, siendo que uno de los contenidos que
lo integran es el trámite en un plazo razonable y en atención a ello dentro
de los parámetros establecidos por el Código Procesal Constitucional,
resultando por ende oportuno sintetizar el trámite previsto por el legislador a
efecto de concretar la tutela constitucional que reclaman los justiciables en
general.
5. Que, en atención a la naturaleza sumarísima y expeditiva de los procesos
constitucionales, en armonía con los principios de celeridad y economía
procesal, cautelándose además el debido proceso así como el derecho de
defensa de los sujetos del proceso y estando al trámite procedimental
previsto en los artículos 57 y 58 del Código Procesal Constitucional:
SE DISPONE:
I. CONCEDER tres días a las partes apelantes para que expresen sus
agravios.
II. COMUNICAR a las partes que formulada la expresión de agravios se
concederá el traslado por tres días para su absolución si lo estiman por
conveniente; y vencido el plazo otorgado para la expresión de
agravios o su absolución, según sea el caso, la causa queda fijada
para su vista, conforme al señalamiento indicado en el punto siguiente.
III. SEÑALARON vista de la causa CON INFORME ORAL para el día
DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO a horas 09:00 AM, a
realizarse de manera VIRTUAL por la plataforma Google Meet, para lo
1 Sentencia del Tribunal Constitucional. Expediente Nº 0266-2002-AA/TC. (FJ 7)
2 CAS. Nº 313-2002 CALLAO. CAS. Nº 1183-2004. CAS. Nº 1811-2005 LIMA. CAS. Nº 4869-2006 AREQUIPA. CAS. Nº 1019-2007
MOQUEGUA. CAS. Nº 2541-2007 LAMBAYEQUE. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa
de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso, esto es acudir al órgano jurisdiccional con el fin de hacer valer sus
derechos, siendo la finalidad concreta del proceso resolver un conflicto de intereses que tiene como correlato la búsqueda de la verdad, de
conformidad con lo disciplinado por los artículos I y III del Título Preliminar del Código Procesal Civil y del artículo 139° de la Constitución Política.
Página 2 de 4 cual, se deberá ingresar a través del enlace:
https://meet.google.com/qzf-raom-tjj; fecha y hora en que los
abogados de las partes procesales, podrán hacer uso de la palabra, a
efectos de informar oralmente en la vista de la causa, por el término
de cinco (05) minutos.
IV. Hágase saber a las partes y abogados que deben tener en cuenta lo
señalado en el numeral 4.2 del “Protocolo Temporal para Audiencias
Judiciales Virtuales durante el Período de Emergencia Sanitaria”3
aprobado por la Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ.
V. REQUIÉRASE a los abogados de las partes para que CUMPLAN en el
plazo de dos (02) días de notificados, con precisar su correo
electrónico (con extensión gmail.com o pertenecer a este dominio) y
un número de celular a fin de realizar la audiencia programada; bajo
apercibimiento de multa compulsiva y progresiva y de llevarse a cabo
la vista de la causa con quienes si hubieran cumplido. Asimismo, se
hace la precisión que la Conferencia Preparatoria, conforme a lo
previsto en la Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ4, se
realizará quince (15) minutos antes de la fecha y hora de la vista de la
causa programada, es decir, a las 08:45 AM, bajo la misma plataforma
virtual y enlace señalado.
VI. Se hace saber a las partes y a sus abogados, de conformidad con el
numeral 5.2 del citado protocolo, que en caso surja alguna duda con
relación a las indicaciones técnicas para la utilización del aplicativo,
deberá comunicarse al correo electrónico
luischinchay2017@gmail.com o al celular N° 970170040 que
corresponde al relator de la Sala.
VII. La Secretaria y el Relator de la Sala cumplirán que el despacho [escritos
y recursos] se dé cuenta regularmente, con el fin de que las
resoluciones que se expidan sean notificadas en el día, estando al
señalamiento de la vista de la causa; debiendo realizarse el descargo
respectivo en el Sistema Informático del Poder Judicial.
VIII. CUMPLAN las partes procesales con señalar y/o ratificar su CASILLA
ELECTRONICA, dentro del segundo día de notificadas, bajo
apercibimiento de multa compulsiva y progresiva.
3 4.2. Requisitos técnicos mínimos Para participar en la audiencia virtual el órgano jurisdiccional y las partes deberán garantizar poder contar con
el siguiente equipo tecnológico:
a) Una PC, laptop o cualquier otro dispositivo similar con cámara y con accesos a internet
b) Una conexión de banda ancha a Internet2
c) Una cámara de que permita una definición nítida en la transmisión
d) Un micrófono integrado o conectado que permita el reconocimiento de voz preciso en la transmisión
e) En caso de utilizar un dispositivo móvil, previamente se deberá descargar el aplicativo Google Meet En el caso del órgano jurisdiccional está
deberá ser descargada por el personal técnico informático de cada dependencia, y en el caso de las partes bajo su responsabilidad
f) Tener un ambiente iluminado, sin tránsito de personas ajenas a la audiencia y con el menor ruido posible
4La Resolución Administrativa N° 000173-2020-CE-PJ, aprueba el “Protocolo Temporal para Audiencias Judiciales Virtuales, durante el Período
de Emergencia Sanitaria ”cuyo 5.1 precisa lo siguiente: “en los procesos judiciales en trámite, el órgano jurisdiccional notificará electrónicamente
la Resolución que señala la fecha y hora de la audiencia virtual y en la misma convocará a los abogados de las partes a una coordinación o
conferencia de preparación previa a la audiencia virtual que tiene como finalidad la factibilidad, compatibilidad y evitar fallas antes del inicio de la
audiencia, así como establecer medidas alternativas en caso estas se produzcan, para que la audiencia virtual se realice sin afectar el derecho
de defensa de las partes.
Página 3 de 4 IX. NOTIFIQUESE la presente resolución, bajo responsabilidad.
Interviniendo los señores Jueces Superiores que suscriben, de conformidad a la
Resolución Administrativa No. 000002-2021-P-CSJLI-PJ, de fecha 04 de enero de
2021.
dal
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Séptimo Juzgado Especializado en lo Constitucional
EXPEDIENTE : 09551-2012-0-1801-JR-CI-07
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : SALDAÑA VILLAVICENCIO MALBINA
ESPECIALISTA : RODRIGUEZ TORRE, VICTOR
DEMANDADO : MINISTERIO DE DEFENSA ,
PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA ,
MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL
PERU ,
DEMANDANTE : ROJAS ORE, PERCY
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISÉIS
Lima, once de diciembre del dos mil diecinueve.-
I. ASUNTO:
Resulta de autos que por escrito de folios 13 al
19 PERCY ROJAS ORE interpone demanda de acción de amparo contra el
MINISTERIO DE DEFENSA, PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO
DE DEFENSA, MARINA DE GUERRA DEL PERU y PROCURADOR PUBLICO
DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, a fin de que cesen los actos
violatorios que vulneran su derecho constitucional a la seguridad social, en
consecuencia, se ordene a la demandada que cumpla con incrementar su pensión
de invalidez con el valor de la nueva Ración Orgánica Única ascendiente a s/.
6,20.00 conforme a lo dispuesto el Decreto Supremo N.° 040-2003-EF de fecha
1 01 de marzo del 2003 y el pago de la Asignación Especial dispuesta por la Ley N.°
28254, más el pago de los devengados, intereses legales y costos procesales.
II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA
De la parte demandante
Expone que mediante Resolución Directoral N.° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de
setiembre de 1995, se resolvió dar de baja de la Marina de Guerra del Perú por la
causal de incapacidad Psicofísica por lesión producida a consecuencia del servicio,
asimismo, se dispuso promoverlo económicamente al haber del grado inmediato
superior cada cinco años según lo establecido por la Ley N.° 25413. Que, según
su liquidación cabe indicar que dicho haber comprende todas las
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos
conceptos y bajo diferentes denominaciones constituyen los goces y beneficios
que perciban los respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación
de actividad. Sostiene que teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior,
la demandada estaría obligada a reconocerle el pago de la asignación especial
establecida en la ley N°28254 y Ración Orgánica Única para el Personal Militar en
Situación de Actividad de conformidad con el D.S. N.° 040-2003-EF.
Sobre los derechos Constitucionales vulnerados alegados
- Derecho a la Seguridad Social la cual se encuentra consagrado en la
Constitución Política en el artículo 10°.
- Derecho a la Pensión la cual se encuentra consagrado en la Constitución
Política en el artículo 11°.
- Derecho a la Igualdad en aplicación de la Ley la cual se encuentra
consagrado en la Constitución Política en el inciso 2 del artículo 2°.
De la parte demandada
- Del Ministerio de Defensa
Debidamente representada se apersona al proceso formulando denuncia civil,
extromisión procesal y deduciendo excepciones de falta de legitimidad para obrar
2 pasiva del demandado, de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la
demanda, de incompetencia por materia, de caducidad, de falta de agotamiento
de la vía administrativa, asimismo, contesta la demanda negándola y
contradiciéndola en todos sus extremos indicando que los mencionados beneficios
obedece a cuestiones eminentemente técnicas y de carácter operativo, no tiene
carácter remunerativo o pensionable ni constituye base para el cálculo y/o
reajuste de beneficio, asignación o entrega única. Asimismo, se otorgará al
personal militar que se encuentre en situación militar de actividad.
- Marina de Guerra del Perú
Debidamente representada se apersona al proceso deduciendo excepciones de
incompetencia, de falta de agotamiento de la vía administrativa y de prescripción,
asimismo, contesta la demanda indicando que el Decreto Supremo N° 040-2003-
EF incrementó el valor orgánico a partir del mes de marzo del 2003 para el
personal militar en situación de actividad, no teniendo dicho reajuste carácter
remunerativo o pensionable, ni constituye base para el cálculo y/o reajuste
únicamente para el personal de actividad más no para el que se encuentra en
situación de retiro como es el caso del demandante. Asimismo, la Asignación
Especial tampoco le corresponde al actor toda vez que a la fecha del pase de
retiro del demandante dicho beneficio solo le percibía el personal en actividad.
III. TRÁMITE DEL PROCESO
Mediante resolución N.° UNO de fecha trece de agosto del dos mil trece, se
resolvió admitir a trámite la demanda, corriéndose traslado a la parte demandada,
la misma que mediante escrito de fecha 31 de marzo del 2015 se apersonó al
proceso formulando denuncia civil, extromisión procesal y deduciendo
excepciones de falta de legitimidad para obrar pasiva del demandado, de
oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, de incompetencia
por materia, de caducidad, de falta de agotamiento de la vía administrativa,
asimismo, contesta la demanda, una vez absuelta, mediante resolución N.°
CATORCE de fecha veinticuatro de agosto del dos mil dieciocho, se resolvió
declarar improcedente la denuncia civil y la extromisión formuladas e infundado
3 las excepciones propuestas, saneado el proceso, poniéndose los autos a
despacho. Sin embargo, la misma fue apelada mediante escrito de fecha 06 de
noviembre del 2018. Asimismo, debidamente representada mediante escrito de
fecha 04 de febrero del 2019 la Marina de Guerra del Perú se apersonó al proceso
deduciendo excepciones de incompetencia, de falta de agotamiento de la vía
administrativa y de prescripción, y, contesta la demanda, una vez absuelta,
mediante resolución N.° CATORCE de fecha cinco de setiembre del dos mil
diecinueve, se resolvió declarar infundada las excepciones propuestas, saneado el
proceso, sin embargo, la mismas fueron apeladas mediante escrito de fecha 13 de
noviembre del 2019. Por lo que, siendo el estado del proceso, esta Judicatura
procederá a emitir sentencia; y,
IV. CONSIDERANDO
PRIMERO: Que, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala
que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio
o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso;
SEGUNDO: Que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos
controvertidos y fundamentar sus decisiones, conforme a lo dispuesto por el
artículo ciento ochenta y ocho del Código Procesal Civil;
TERCERO: Que, asimismo el numeral ciento noventa y seis del acotado cuerpo
de leyes prevé que salvo disposición legal diferente, la carga de probar
corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos;
La acción de Amparo
CUARTO: Que, el objeto de un Proceso Constitucional de Amparo es el de
reponer las cosas al estado anterior a la afectación de un derecho constitucional
mediante hechos u omisiones por parte de cualquier autoridad, funcionario o
4 persona que vulnera o amenaza los derechos reconocidos en la Constitución
Política del Estado;
QUINTO: El proceso constitucional de amparo se encuentra regulado en nuestra
Constitución Política en su artículo 200.2°, asimismo sus disposiciones de carácter
procesal se encuentran reguladas en los artículos 37° y siguientes del Código
Procesal Constitucional, procediendo la respectiva acción por violación o amenaza
de violación a los derechos fundamentales. Estamos hablando de una violación
inminente o de una amenaza, pero una amenaza que pueda ser fehaciente y
pueda evidenciarse de los medios probatorios, que se acompañan al momento de
presentarse la demanda. La acción de amparo protege todos los derechos
fundamentales contenidos en el artículo 2º de la Constitución Política del Perú; sin
embargo, no va proteger aquellos derechos que son protegidos por la acción de
cumplimiento, la acción de habeas data, y el habeas corpus en sí, es decir,
derechos que tengan que versar sobre la libertad, y conexos a la libertad.
Las pretensiones del demandante
SEXTO: Que, la pretensión del demandante consiste en que se ordene a la
demandada que cumpla con incrementar su pensión de invalidez con el valor de
la nueva Ración Orgánica Única ascendente a s/. 6,20.00 conforme a lo dispuesto
el Decreto Supremo N.° 040-2003-EF de fecha 01 de marzo del 2003 y el pago de
la Asignación Especial dispuesta por la Ley N° 28254, más el pago de los
devengados, intereses legales y costos procesales;
Sobre el Derecho a la Seguridad Social
SÉPTIMO: Que, el Derecho a la Seguridad Social es un derecho fundamental,
que supone el derecho que le asiste a la persona para que la sociedad provea
instituciones y mecanismos mediante los cuales pueda tener una existencia en
armonía con su dignidad, teniendo presente que la persona humana es el fin
supremo de la sociedad y del Estado; derecho que tiene una doble finalidad, por
un lado proteger a la persona frente a las contingencias de la vida, por otro elevar
5 su calidad de vida, lo cual se concreta a través de los distintos regímenes de
pensiones que pudieran establecerse y con la pensión que, en este caso, resulta
ser el medio fundamental que permite alcanzar dicho nivel de vida;
Sobre el derecho a la Pensión
OCTAVO: Que, el acceso a una Pensión, significa la posibilidad de formar parte
de un régimen previsional por satisfacer los requisitos para aportar al mismo, lo
que no genera automáticamente la percepción de la pensión pues ello estará
condicionado al cumplimiento de los supuestos fijados para cada prestación;
Beneficios dentro del Régimen de Pensiones Militar-Policial
NOVENO: Que, el literal a) del artículo 11° del Decreto Ley N.° 19846, establece
que cualquiera que sea el tiempo de servicios prestados, el personal que se
invalida recibirá el íntegro de las remuneraciones pensionables correspondientes
al grado o jerarquía del servidor en situación de actividad;
DÉCIMO: Con respecto a la disposición mencionada en el considerando anterior,
resulta pertinente recordar que la misma fue modificada tácitamente por el
artículo 2 de la Ley 24373, de fecha 29 de noviembre de 1985, que estableció lo
siguiente: “Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que
resulten con invalidez permanente o la hayan obtenido en actos de servicio, con
ocasión o como consecuencia del mismo, serán promovidos económicamente al
haber de la Clase inmediata superior cada cinco años a partir de producido el
evento invalidante, hasta cumplir 35 años de servicios computados desde la fecha
de ingreso a filas. La pensión máxima para el nivel de Oficiales será la equivalente
al grado de Coronel”;
DÉCIMO PRIMERO: Posteriormente, el 03 de noviembre de 1988, la Ley 24916
precisó en su artículo 1, que el haber a que se refiere el artículo 2 de la Ley
24373 comprende las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos
6 que perciben los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales en actividad, sin
distinguir entre los rubros pensionables o no;
DÉCIMO SEGUNDO: Consiguientemente, el Decreto Legislativo 737, publicado
el 12 de noviembre de 1991, modificó el artículo 3 de la Ley 24916, que había
sustituido el artículo 2 de la Ley 24373, disponiendo lo siguiente:
“(…)Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que
sufran invalidez permanente en acto, ocasión o como consecuencia
del servicio serán promovidos económicamente al haber de la clase
inmediata superior cada cinco años, a partir de ocurrido el acto
invalidante. Excepcionalmente y por decisión del Presidente de la
República, en su calidad de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y
Policía Nacional, podrá promoverse a los miembros antes indicados
hasta en tres grados inmediatos superiores, por acción meritoria o
luego de ocurrido el acto invalidante. Igual procedimiento se seguirá
para otorgar la pensión de sobreviviente que causa el personal que
fallece a consecuencia de actos de terrorismo y narcotráfico. La
pensión máxima para el nivel de oficiales será equivalente a la que
corresponde al Grado de Coronel (...);
DÉCIMO TERCERO: Así, a partir de la modificación contenida en el referido
Decreto Legislativo 737, la promoción económica al haber de la clase inmediata
superior debía efectuarse cada cinco años, a partir del acto invalidante, y no sólo
"hasta cumplir 35 años de servicios computados desde la fecha de ingreso a
filas", tal como lo contemplaban las Leyes N.° 24373 y N.° 24916;
DÉCIMO CUARTO: Finalmente, la Ley 25413, del 12 de marzo de 1992,
modificó el artículo 2 del Decreto Ley 737, disponiendo que: “Los miembros de
las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez total y permanente en
acto, con ocasión o como consecuencia del servicio, serán promovidos
económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco años a partir
de ocurrido el acto invalidante[...].Dicho haber comprende todas las
7 remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos
conceptos y bajo diferentes denominaciones constituyen los goces y beneficios
que perciban los respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación
de actividad [...].La promoción máxima para el nivel de oficiales será equivalente
a la que corresponde al grado de Coronel o Capitán de Navío y para los
Suboficiales y personal del Servicio Militar Obligatorio, hasta el grado de Técnico
de Primera o su equivalente”. (Lo resaltado es agregado)
DECIMO QUINTO: Por tanto, se concluye que a partir de la modificación
establecida por la mencionada ley, “corresponde a los servidores de las Fuerzas
Armadas o Policiales, sin importar el tiempo de servicios prestados en la
institución, percibir una pensión de invalidez cuando esta provenga de un acto,
con ocasión o a consecuencia del servicio, equivalente inicialmente al haber
correspondiente a su grado efectivo, para luego ser promovido económicamente
cada cinco años, hasta alcanzar la promoción máxima, entendiéndose por haber al
equivalente total de todos los goces: remuneraciones, bonificaciones,
asignaciones, aguinaldos, etc., sin distinguir entre los rubros pensionables o no
que percibiera el servidor en actividad conforme a su grado efecto en el momento
en que se declara la invalidez y, posteriormente, conforme a los grados a los que
será promovido económicamente cada cinco años”; (lo subrayado es agregado)
Análisis de la presente controversia
DÉCIMO SEXTO: Que, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
señalado que el artículo único de la Ley N.° 25413, del 12 de marzo de 1992,
precisa las condiciones y los requisitos de la pensión de invalidez regulada por el
Decreto Ley N.° 19846 y, especialmente, lo que concierne al haber que por
promoción económica les corresponde a estos pensionistas, disponiendo lo
siguiente: Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren
invalidez total y permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del
servicio, serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata
superior cada cinco años a partir de ocurrido el acto invalidante [..]. Dicho haber
comprende todas las remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y
8 aguinaldos que por diversos conceptos y bajo diferentes
denominaciones constituyen los goces y beneficios que perciban los
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de
actividad, igualmente, nuestro Tribunal ha precisado que la pensión por
invalidez e incapacidad comprende, sin distinciones, el haber de todos los goces y
beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones perciban
los respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad,
la misma que comprende los conceptos pensionables y no pensionables (STC
00504-2009-PA/TC);
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, se debe precisar que la Ley N° 28254, publicada el 15
de junio de 2004, que autoriza un crédito suplementario en el presupuesto del
sector público para dicho año fiscal, dispone: (…)
Artículo 9.- Asignación Especial al personal militar y policial en actividad
9.1 Otórguese una Asignación Especial a favor del personal militar y policial, en
situación de actividad, en los montos y tramos siguientes:
a) Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales a partir del mes de julio del presente año.
b) Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00)
mensuales adicionales a partir del mes de octubre del presente año (…);
DÉCIMO OCTAVO: Que, El Tribunal Constitucional ha precisado en ST EXP. N.°
01239-2011-PA/TC, Fundamento 8.- “Por tanto se concluye que a partir de la
modificación efectuada por el Decreto Legislativo 737, corresponde a los
servidores de las Fuerzas Armadas o Policiales, sin importar el tiempo de servicios
prestados en su institución, percibir una pensión de invalidez cuando esta
provenga de un acto con ocasión o a consecuencia del servicio, equivalente
inicialmente al haber correspondiente a su grado efectivo, para luego ser
promovido económicamente cada cinco años, hasta alcanzar la promoción
máxima”. Fundamento 9.- “Asimismo, puede afirmarse que la pensión por
9 invalidez e incapacidad, luego de las modificaciones señaladas, comprende sin
distinciones el haber de todos los goces y beneficios que por diversos conceptos y
bajo diferentes denominaciones, perciban los respectivos grados de las jerarquías
militar y policial en situación de actividad (STC 3813-2005-PA, STC 3949-2004-PA,
STC 1582-2003-AA), y comprende los conceptos pensionables y no pensionables”.
Fundamento 10.- “En ese sentido se concluye que el incremento general del
haber que percibe una jerarquía militar o policial, por efecto del aumento de
alguno de los goces pensionables o no pensionables, importa igual incremento en
la pensión de invalidez e incapacidad para aquellos pensionistas que por
promoción económica hubieran alcanzado la misma jerarquía o grado. Ello,
independientemente de la promoción económica quinquenal que les corresponde
conforme a ley”. Así mismo, en el fundamento 13, precisa: “El Decreto Supremo
040-2003-EF en su artículo 1, in fine, establece que el reajuste otorgado al
personal militar en situación de actividad no tiene carácter remunerativo o
pensionable; sin embargo, conforme al fundamento 9, supra, se ha indicado que
el haber de los grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad
regulado por el artículo 2 del Decreto Legislativo 737, y su última modificatoria; la
Ley 25413, comprende sin distinciones todos los goces y beneficios que perciban
los beneficiarios”;
DÉCIMO NOVENO: Que, con respecto al Decreto Supremo 040-2003-EF, de
fecha 21 de marzo de 2003, dispuso que a partir de marzo de 2003, se debe
reajustar a S/.6.20 diarios el valor de la Ración Orgánica Única al personal militar
en situación en actividad;
VIGÉSIMO: Que, por su parte el artículo 1º, in fine, del Decreto Supremo 040-
2003-EF, establece que el reajuste otorgado al personal militar en situación de
actividad no tiene el carácter remunerativo o pensionable; sin embargo, conforme
se ha indicado, el haber de los grados de las jerarquías militar y policial en
situación de actividad comprende, sin distinciones, todos los goces y beneficios
que perciban estos, conforme lo señala la Ley 25413;
10 VIGÉSIMO PRIMERO: Que, en el presente caso mediante la Resolución
Directoral N.° 1679-95 MA/DAP, de fecha 08 de setiembre de 1995 se resolvió dar
de baja de la Marina de Guerra del Perú, por la causa de incapacidad psicofísica
por lesión producida a “consecuencia del servicio” (a fojas 03);
VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, a fojas 04 obra en autos copia de la boleta de
pago de pensión, queda demostrado que no se ha incrementado la pensión de
invalidez del demandante con la Asignación especial otorgada mediante Ley N°
28254 y ni el pago de la nueva Ración Orgánica Única ascendente a S/.6.20 Soles
diarios conforme al Decreto Supremo N.° 040-200-EF;
VIGÉSIMO TERCERO: Que, conforme a las normas que regulan la pensión del
Régimen Militar – Policial, al demandante le corresponde percibir, a partir del mes
de 01 julio del año 2004, la Asignación Especial a favor del personal militar
regulada por el artículo 9 de la ley 28254 y el reajuste de la Ración Única
devengada desde el 01 de marzo de 2003
VIGÉSIMO CUARTO: Que habiendo sido amparada la pretensión principal,
corresponde que se amparen las pretensiones accesorias como son, los intereses
legales respectivos, y los costos procesales; al ser la demandada una entidad
estatal; no siendo procedente el pago de las costas procesales, conforme el art.
56 del Código Procesal Constitucional; consideraciones por las cuales, de
conformidad con lo establecido con los arts. 200 inc 2 de la Constitución, arts. 1,
2 y 56 del Código Procesal Constitucional, Impartiendo Justicia a Nombre de la
Nación;
V. FALLO: DECLARANDO FUNDADA la demanda interpuesta por PERCY
ROJAS ORE contra el MINISTERIO DE DEFENSA, PROCURADOR PUBLICO
DEL MINISTERIO DE DEFENSA, MARINA DE GUERRA DEL PERU y
PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU, por lo
que reponiendo las cosas al estado anterior a la vulneración del derecho a la
pensión, SE ORDENA a la parte demandada que cumplan con dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo artículo 9 de la ley 28254 y al artículo 1 del Decreto
11 Supremo N.° 040-2003-EF, en el plazo de dos días hábiles, reintegrándosele la
Asignación Especial devengada desde el 01 de julio de 2004 y la Ración Única
devengada desde el 01 de marzo de 2003, conforme a los fundamentos de la
presente sentencia, debiéndose efectuar el pago los intereses legales y los costos
procesales correspondientes. Notificándose.-
12 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00005-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : AGUEDA VANESSA DEL ROSSIO PANTA COCIOS
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP FEDERICO HUMBERTO MASIAS
ESPINOZA ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, veintiuno de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el
Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
23 de octubre del año 2013, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO
- ARCOPA S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma de SETECIENTOS CUATRO CON
60/100 SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y costas del
proceso.SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos
procesales; sin embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra
la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la calidad de
Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil. TERCERO: Que en atención al escrito digitalizado
número. 239-2021, designa abogado, precisa domicilio procesal y autoriza, de
fecha 18 de agosto de 2021. CUARTO: Que, al escrito digitalizado
número.463-2021, solicita copias simples de la demanda y anexos, de fecha
28 de octubre de 2021 presentado por el demandado. AGREGUESE a los
autos y estando a lo expuesto.por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N°TRES (AUTO DE
EJECUCIÓN) de fecha 23 de octubre del 2013.
2.- REQUERIR, a la ejecutada, ejecutada ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A., para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en
Sentencia. 3 TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el
letrado CESAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del
artículo 74º y 80 del Código Procesal Civil.
3.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240
DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366,
donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
4.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica
para fines procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE
SANTIAGO CHINININ CHAMBA y JOSSELYN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN
para los fines pertinentes en el proceso.
7.- CUMPLA, el asistente judicial con remitir copias simples de la demanda y
anexos, solicitados al correo electrónico cesarvega3@gmail.com y/o a la
Casilla Electrónica N° 20366.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el magistrado e interviniendo
el secretario Judicial que da cuenta por disposición superior Por estas
consideraciones;
NOTIFÍQUESE--------------------------------------- |
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EXPEDIENTE : 00005-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : AGUEDA VANESSA DEL ROSSIO PANTA COCIOS
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP FEDERICO HUMBERTO MASIAS
ESPINOZA ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, veintiuno de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el
Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
23 de octubre del año 2013, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP INTEGRA, sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO
- ARCOPA S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado cumpla con pagar la suma de SETECIENTOS CUATRO CON
60/100 SOLES, más los intereses moratorios pactados, costos y costas del
proceso.SEGUNDO: Que, estando debidamente notificados los sujetos
procesales; sin embargo no han interpuesto medio impugnatorio alguno contra
la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la calidad de
Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil. TERCERO: Que en atención al escrito digitalizado
número. 239-2021, designa abogado, precisa domicilio procesal y autoriza, de
fecha 18 de agosto de 2021. CUARTO: Que, al escrito digitalizado
número.463-2021, solicita copias simples de la demanda y anexos, de fecha
28 de octubre de 2021 presentado por el demandado. AGREGUESE a los
autos y estando a lo expuesto.por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N°TRES (AUTO DE
EJECUCIÓN) de fecha 23 de octubre del 2013.
2.- REQUERIR, a la ejecutada, ejecutada ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A., para que, cumpla con cancelar el monto ordenado en
Sentencia. 3 TENGASE por APERSONADO en la instancia al demandado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. Debidamente representado por el
letrado CESAR ANTONIO VEGA RODRIGUEZ otorgándosele las facultades del
artículo 74º y 80 del Código Procesal Civil.
3.-TÉNGASE por señalado su domicilio procesal en CASILLA JUDICIAL Nº 240
DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA DE PAITA y casilla electrónica Nº 20366,
donde se le notificarán las resoluciones que emanen de la presente causa.
4.- TÉNGASE por precisados el correo electrónico y numero celular que indica
para fines procesales.
A SU PRIMER OTRO SI DIGO, téngase por autorizado a los asistentes JOSE
SANTIAGO CHINININ CHAMBA y JOSSELYN ALEJANDRA PÉREZ CARMEN
para los fines pertinentes en el proceso.
7.- CUMPLA, el asistente judicial con remitir copias simples de la demanda y
anexos, solicitados al correo electrónico cesarvega3@gmail.com y/o a la
Casilla Electrónica N° 20366.
Avocándose al conocimiento de la presente causa el magistrado e interviniendo
el secretario Judicial que da cuenta por disposición superior Por estas
consideraciones;
NOTIFÍQUESE--------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00027-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP ANA PAOLA CUADRADO ZEGARRA ,
Resolución N° (03)
Paita, Cuatro de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 24 de abril del 2013, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la
parte ejecutante AFP INTEGRA contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A.; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago
de aportes previsionales), en consecuencia se ordenó llevar adelante la
Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A., cumpla con pagar la suma de QUINCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 15/100 SOLES (S/15,352.15), más los intereses
regulados en normas previsionales devengados que se generen desde la fecha
de emisión de la liquidación de cobranza hasta la total cancelación de la
deuda, gastos de cobranza, costos y costas del proceso (folios 22-23).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 03 y 08 de mayo del 2013, según constancia de
notificación con numero 528-2013 y 529-2013 (folios 24-25), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 24 de abril del 2013.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00027-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP ANA PAOLA CUADRADO ZEGARRA ,
Resolución N° (03)
Paita, Cuatro de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 24 de abril del 2013, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la
parte ejecutante AFP INTEGRA contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO S.A.; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago
de aportes previsionales), en consecuencia se ordenó llevar adelante la
Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO S.A., cumpla con pagar la suma de QUINCE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS CON 15/100 SOLES (S/15,352.15), más los intereses
regulados en normas previsionales devengados que se generen desde la fecha
de emisión de la liquidación de cobranza hasta la total cancelación de la
deuda, gastos de cobranza, costos y costas del proceso (folios 22-23).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 03 y 08 de mayo del 2013, según constancia de
notificación con numero 528-2013 y 529-2013 (folios 24-25), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 24 de abril del 2013.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
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MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : YONG CHUNG JIMMY
ESPECIALISTA : CHAFIO PRADA CARLOS MARTIN
TERCERO : BANCO DEL CREDITO DEL PERU ,
VERA SOLSOL, LEONOR
DEMANDADO : SILVA RIOS, MARIA MAGDALENA
DEMANDANTE : PANDURO SILVA, OFIR
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA y OCHO
Saposoa, dieciséis de junio
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: con los escritos de fecha 26-03-2021 y 28-
05-2021, AGRÉGUENSE a los autos; y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Por resolución número cincuenta, de fecha veintisiete de marzo de
dos mil diecinueve, éste Juzgado hizo efectivo el apercibimiento decretado en la
resolución número CUARENTA Y SIETE, de fecha 04 de Octubre de 2018;
consecuentemente se dispuso la entrega del monto producto del remate efectuado
en autos, a la demandante OFIR PANDURO SILVA hasta por la suma de
S/.34,215.30 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE Y 30/100
SOLES), y a la tercera acreedora no ejecutante en tercer rango Leonor Vera
Solsol hasta por la suma de S/.22,996.00 (VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES).
SEGUNDO: Por escrito de fecha 07 de Junio de 2019, el Banco de Crédito del
Perú (ACREEDOR CON DERECHO PREFERENTE) formuló recurso de
apelación contra la resolución antes mencionada, el mismo que fue concedido
mediante resolución número cincuenta y dos.
TERCERO: Mediante Auto de Vista, de fecha catorce de enero de dos mil
veinte, contenido en la resolución número cincuenta y seis de folios 808 a 812, la
Superioridad declaró fundado el recurso de apelación interpuesta por el
ACREEDOR PREFERENTE, BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ en contra de
la resolución número CINCUENTA, de fecha 27 de marzo de 2019;
consecuentemente, se declaró nula la referida resolución, en el extremo que
ordena “Hacer efectivo el apercibimiento decretado en la resolución número
cuarenta y siete, de fecha 04 de Octubre de 2018; consecuentemente
DISPÓNGASE la entrega del monto producto del remate efectuado en autos,
a la demandante OFIR PANDURO SILVA hasta por la suma de S/.34,215.30
(TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE Y 30/100 SOLES), y a
la tercera acreedora no ejecutante en tercer rango Leonor Vera Solsol hasta
por la suma de S/.22,996.00 (VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SEIS Y 00/100 SOLES)”; fundamentando en su cuarto considerando que “(…)
con Res. N° 41 se ordenó dejar sin efecto todo gravamen, lo cual se concretó con
la inscripción del levantamiento de la hipoteca de fecha 05/02/2019; es decir,
esto atentó contra el principio de seguridad jurídica que ostentaba el acreedor
preferente Banco de Crédito del Perú, el mismo que ahora NO EXISTE; por lo que siendo así, lo dispuesto la resolución número CINCUENTA, expedida por el
Juzgado de Paz Letrado de Huallaga-Saposoa, se encuentra afectada de
nulidad; por consiguiente, el recurso de apelación resulta fundado; debiendo el
A quo, requerir al Acreedor Preferente (Banco de Crédito del Perú) la sola
presentación de la Copia Certificada del Admisorio de fecha 28.01.2019
expedida por el Juzgado Mixto de Mariscal Cáceres – Juanjui, teniendo en
cuenta que en el Proceso de Ejecución de garantía hipotecaria, el auto de pago
es la decisión judicial con la que el Juez no sólo admite a trámite la demanda,
sino que, a su vez, requiere al demandado para que cumpla con pagar la suma
de dinero expresada en la demanda, más los intereses, costas y costas del
proceso (…)”.
CUARTO: En mérito a lo ordenado por el Juzgado Mixto de ésta provincia, éste
Órgano Jurisdiccional requirió por resolución número cincuenta y siete para que
en el plazo de CINCO DÍAS cumpla con presentar la copia certificada del
Admisorio de fecha 28.01.2019 expedida en el Expediente N° 218-2014-CI,
tramitado ante el Juzgado Mixto de Mariscal Cáceres; requerimiento que cumplió
el Banco de Crédito del Perú mediante escrito de fecha 26 de marzo de 2021,
donde se aprecia que en efecto, por resolución número uno de fecha 28 de enero
de 2019, se ORDENÓ que la parte ejecutada María Magdalena Silva Ríos, pague
a la ejecutante la suma de CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS DIEZ Y
15/100 SOLES, más intereses pactados, costas y costos del proceso.
QUINTO: El artículo 100° del Código Procesal Civil, señala que “Puede
intervenir en un proceso quien pretende se le reconozca su derecho en oposición
a los litigantes, como consecuencia de alguna medida cautelar ejecutada sobre
un bien de su propiedad o sobre el cual tuviera un mejor derecho que el titular
de la medida cautelar. También puede intervenir en un proceso quien pretenda
se le reconozca derecho preferente respecto de lo obtenido en la ejecución
forzada (…)”; en el caso de autos, y habiendo acreditado previamente su derecho
preferente, por Resolución N° 37, de folios 412 a 418, se declaró fundada la
solicitud del Banco de Crédito del Perú – BCP, consecuentemente se le incorporó
como acreedor no ejecutante en calidad de PRIMER ACREEDOR CON
DERECHO PREFERENTE.
SEXTO: La norma procesal civil, señala que:
“Artículo 747.-
Si el bien que asegura la ejecución es dinero, será entregado al ejecutante
luego de aprobada la liquidación. Si son varios los ejecutantes con derechos
distintos, el producto del remate se distribuirá en atención a su respectivo
derecho (…)”.
“Artículo 748.-
Si concurren varios acreedores sin que ninguno tenga derecho preferente y los
bienes del deudor no alcanzan a cubrir todas las obligaciones, el pago se hará
a prorrata. Igualmente se realizará el pago a prorrata, una vez pagado el
acreedor con derecho preferente”.
Bajo este orden de ideas, tenemos que si luego de haber rematado el bien se ha
obtenido una cantidad de dinero, se procede al reparto de éste, según el derecho
que invoquen los ejecutantes. Luego de ese reparto, si hay un remanente le será
entregado al ejecutado. Sin embargo, puede darse el caso que la suma obtenida no cubra la deuda
principal, intereses y costas; esto implica que frente a la pretensión no satisfecha,
el ejecutado sigue siendo deudor y puede procederse al embargo y remate de
otros bienes presentes o esperar al futuro.
SÉTIMO: Como señala la norma, cuando concurren varios ejecutantes "con
derechos distintos, el producto del remate se distribuirá en atención a su
respectivo derecho".
Otro aspecto a ver para repartir el producto del remate, no solo es la naturaleza
sino el estado del crédito. Cuando se adjudica el bien se levantan todos los
gravámenes, ese derecho que contenía los gravámenes se tendrá en cuenta al
momento del pago para reservar el valor que le correspondiera a estos no
ejecutantes.
Siendo así, se aprecia que con fecha 29 de agosto de 2016 el Banco de Crédito
del Perú (en adelante BCP) solicitó ante éste Juzgado se le incorpore al proceso
en condición de ACREEDOR PREFERENTE, presentando los medios de prueba
que sustentaban su requerimiento, siendo los principales: i) La partida electrónica
N° P46008881, perteneciente al Bien inmueble materia de remate en el presente
proceso, donde constaba la hipoteca y ampliación de Hipoteca invocada por el
acreedor preferente (ver asientos 0003 y 0005) y ii) El escrito de demandada de
fecha 26 de mayo de 2014 (ver folios 166 a 170), donde se advierte que el
acreedor preferente instauró proceso judicial contra María Magdalena Silva Ríos
sobre ejecución de garantía hipotecaria ante el Juzgado Mixto de Mariscal
Cáceres – Juanjui.
Habiendo tomado conocimiento la demandante Ofir Panduro Silva sobre la
solicitud formulada por el BCP, por escrito de fecha 22 de setiembre de 2016
solicita se declare improcedente el pedido formulado, presentando para tal efecto
la copia de la Res. N° 04 (ver folios 197 y 198) expedida por el Juzgado Mixto
de Juanjui, que declara improcedente la demanda de ejecución de garantías citada
en el párrafo precedente.
El BCP a folios 380 y 381, adjuntó copia del auto de vista, contenido en la
resolución número ocho, de fecha 16 de diciembre de dos mil dieciséis, expedida
por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres – Juanjui, la misma que
revocó la resolución número cuatro en el extremo que declara improcedente la
demanda, debiendo ser declarada inadmisible, otorgándose el plazo de ley al
ejecutante para que subsane las observaciones efectuadas; expidiéndose
posteriormente la Res. N° 37 que ampara el pedido del BCP, respecto a su
acreencia preferente.
OCTAVO: La reseña anteriormente citada, se hace con la finalidad de precisar
que la parte demandante en este proceso, sabe y conoce perfectamente sobre el
derecho preferente del BCP, el mismo que ha sido valorado por este Juzgado al
momento de incorporársele como acreedor, y si bien, su proceso instaurado ante
el Juzgado Mixto de Juanjui se dilató en demasía [fue presentado el 26 de mayo
de 2016 y se admitió con fecha 28 de enero de 2019 – casi tres años después],
esto fue – suponemos – por la elevada carga que ostenta dicho órgano
jurisdiccional [que es de pleno conocimiento público], proceso que se trae a
colación, por cuanto OCHO DÍAS DESPUÉS (05 de febrero de 2019) que se
admite a trámite la demanda de ejecución de garantías por parte del Juzgado Mixto de Juanjui, el Registrador Público de la Zona Registral N° III – Sede
Moyobamba en mérito a lo ordenado por éste Juzgado, procedía al
LEVANTAMIENTO DE LA HIPOTECA inscrita a favor del BCP en la Partida
Electrónica N° 46008881; empero como se ha señalado en el sétimo
considerando, este hecho gravitante para nada significa que posteriormente se
desconozca o se pretenda desconocer el derecho ya acreditado por el BCP, pues a
tenor de lo prescrito por el artículo 1097° del Código Civil “(…) La garantía ..,
otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia y venta judicial del
bien hipotecado (…)”, la garantía que ostentaba el BCP es preferente, por lo que
en el caso de autos debe determinarse que el monto total a pagar al ACREEDOR
PREFERENTE, es la suma ascendente a S/.120,610.15 (CIENTO VEINTE MIL
SEISCIENTOS DIEZ Y 15/100 SOLES), por lo que en mérito a lo ordenado por
el artículo 747° del CPC, debe disponerse la entrega del monto obtenido producto
del remate, ascendente a S/.85,466.01 OCHENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 01/100 SOLES, contenidos en los
Depósitos Judiciales N° 2018054700025 y 2018054700031, señalando además
que existe un monto ascendente a S/.35,144.14 pendiente de cobro por parte del
acreedor preferente BCP, y de los demás acreedores acreditados en autos; esto
implica que frente a la pretensión no satisfecha, la demandada MARIA
MAGDALENA SILVA RÍOS sigue siendo deudora y puede procederse al
embargo y remate de otros bienes de los cuales pudiera ser titular, o esperar a
futuro; una vez consentida y ejecutoriada que sea la presente resolución. Por las
consideraciones anotadas y dispositivo legal invocado:
SE RESUELVE:
1. DISPONER la entrega del monto obtenido producto del remate, ascendente a
S/.85,466.01 OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
SEIS Y 01/100 SOLES, contenidos en los Depósitos Judiciales N°
2018054700025 y 2018054700031, al representante del ACREEDOR
PREFERENTE BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ; para lo cual se deberá
presentar la Vigencia de Poder atualizada, con la finalidad de poder realizar
el endoso correspondiente.
2. PÓNGASE a conocimiento de la demandada MARIA MAGDALENA
SILVA RÍOS, que existe un monto ascendente a S/.35,144.14 pendiente de
cobro por parte del acreedor preferente BCP.
3. PÓNGASE a conocimiento de la demandada MARIA MAGDALENA
SILVA RÍOS, que al no haberse satisfecho la pretensión contenida en autos,
sigue siendo deudora y puede procederse al embargo y remate de otros
bienes de los cuales pudiera ser titular, o esperar a futuro.
4. Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente, cúmplase lo ordenado. |
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Juez: CORNEJO CHAVEZ, YOHEL
Fecha: 18/07/2014 15:41:21
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 00041-2013-0-2301-JR-LA-02
MATERIA : REPOSICIÓN LABORAL
CORTE SUPERIOR DE TACNA JUEZ : CORNEJO CHAVEZ, YOHEL
Secretario: OCHOA ARAGON,
F FR ecE hD aD : Y 18 F /0ID 7E /2L 0 14 16:46:06 ESPECIALISTA : OCHOA ARAGON, FREDDY FIDEL
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA EMPLAZADO : PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS
FIRMA DIGITAL
DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
DEMANDADO : SEGURO SOCIAL DE SALUD DE TACNA ESSALUD
DEMANDANTE : LLANOS RAMOS, JOSE LUIS
Resolución Nro. 20
TACNA, dieciocho de julio de dos mil catorce.-
AUTOS Y VISTOS:
El pedido de reposición definitiva en ejecución de sentencia presentado
por la parte demandante, José Luis Llanos Ramos;
Y ATENDIENDO:
1. Previo a resolver lo peticionado, conviene tener en cuenta que la
ejecución de resoluciones constituye parte inseparable de la exigencia de
efectividad de la tutela judicial. En efecto, en las sentencias 0015-2001-AI/TC,
0016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, el Tribunal Constitucional ha dejado
establecido que:
“[e]l derecho a la ejecución de resoluciones judiciales no es sino una concreción
específica de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela
jurisdiccional, y que no se agota allí, ya que, por su propio carácter, tiene una vis
expansiva que se refleja en otros derechos constitucionales de orden procesal (...). El
derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una
sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través
de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a
ello, por el daño sufrido” [fundamento 11].
En esta misma línea de razonamiento, ha precisado también en otra sentencia
que: “… la tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela.” Reiterando de este
modo la íntima vinculación entre tutela y ejecución al establecer que
“… el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquello que ha
sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela
jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-AA/TC,
fundamento 64).
2. A lo dicho cabe agregar que según lo previsto por el artículo 4 del Texto
Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto
Supremo N° 017 93-JUS:
“Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en
sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus
1 efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa
que la ley señala.” (Las negritas son agregadas)
Tal precepto sanciona, así, el principio de vinculación de las resoluciones. La
razón de ser de tal precepto es la seguridad jurídica, de manera que se
genere certeza en la plena vigencia del ordenamiento jurídico. Justamente
para su concretización se ha facultado a los magistrados ha poder realizar
determinados apercibimientos y en caso de incumplimiento a efectivizarlos,
según corresponda. Así, por ejemplo, a tenor de lo establecido en el inciso 1
del artículo 53 del Código Procesal Civil (de aplicación supletoria merced a la
disposición contenida en la Primera Disposición Complementaria de la Ley n.°
29497 – Nueva Ley Procesal de Trabajo, en adelante NLPT), atendiendo a la
conducta procesal que deben observar las partes, el Juez puede imponer
multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda,
cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de la su decisión.
3. En ese mismo sentido, prueba de lo antes de lo afirmado, para el caso
especial de los procesos laborales, lo constituye el artículo 62 de la Ley N.°
29497 – Nueva Ley Procesal de Trabajo (en adelante, NLPT) que a la letra dice:
“Tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si, habiéndose resuelto seguir
adelante con la ejecución, el juez impone multas sucesivas, acumulativas y crecientes
(…) hasta que el obligado cumpla el mandato y, si persistiera el incumplimiento,
procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la
autoridad”.
Complementando lo dicho, debe tenerse presente que el propio
ordenamiento poniendo énfasis en el contenido del derecho al trabajo ha
establecido en el artículo 42 del Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley
de Productividad y Competitividad Laboral (aprobado por el Decreto
Supremo N° 003-97-TR):
“El empleador que no cumpla el mandato de reposición dentro de las veinticuatro (24)
horas de notificado, será requerido judicialmente bajo apercibimiento de multa, cuyo
monto se incrementará sucesivamente en treinta (30%) por ciento del monto original de
la multa a cada nuevo requerimiento judicial hasta la cabal ejecución del mandato.”
Finalmente, no debe perderse de vista que la Corte Suprema de la República
del Perú ha establecido que:
“… la autoridad de cosa juzgada reside en la sentencia y sus caracteres son la
inmutabilidad y la coercibilidad, es decir proyecta sus efectos hacia el pasado y hacia
el futuro, y las partes se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir el
pronunciamiento judicial sobre el caso juzgado, lo que además queda protegido por la
excepción res judicata.” (Cfr. Cas. N° 2056-989-Lima, El Peruano, 19-03-1999, p. 2832).
4. Del marco normativo invocado, queda claro que existe el deber jurídico
de cumplimiento irrestricto, específico y concreto de la parte vencida en juicio
de realizar todas las gestiones necesarias, dentro de su competencia, respecto
a la instrumentalización de lo sentenciado, a fin de dar cabal y efectivo
cumplimiento en sus propios términos. Sobre este punto cabe anotar que
según el artículo 22.6 del Decreto Legislativo Nro. 1068, Decreto Legislativo del
Sistema de Defensa Jurídica del Estado:
2 “(…) Los Procuradores Públicos deberán coordinar con los titulares de cada entidad el
cumplimiento y ejecución de las sentencias contrarias a los intereses del Estado,
debiendo elaborar anualmente un plan de cumplimiento que deberá ser aprobado por
el Titular de la Entidad, quien asumirá con recursos presupuestados de la Entidad
correspondiente la ejecución de lo dispuesto en las resoluciones jurisdiccionales
nacionales, extranjeras o de la Corte Supranacional.” (El resaltado es agregado)
5. En el presente caso, se tiene que mediante sentencia contenida en la
Resolución Nro. 10 de 17 de junio de 2013 (fojas 146 a 158) se resolvió declarar
fundada la demanda interpuesta por José Luis Llanos Ramos en contra de
ESSALUD – Red Asistencial de Tacna del Seguro Social, con la pretensión
principal única de reposición laboral como Administrador en el Área de
Unidad de Soporte Informático o en otro cargo de similar o igual nivel. Dicha
decisión judicial si bien fue impugnada (fojas 169 a 173 y de 178 a 186) la Sala
Laboral Transitoria de Tacna por sentencia de vista (Resolución Nro. 16) de 11
de setiembre de 2013 (fojas 209 a 217) resolvió confirmarla en todos sus
extremos. Posteriormente, el recurso de casación presentado por la parte
demandada (fojas 223 a 229), mediante auto calificatorio del recurso Cas.
Lab. N° 16106-2013, Tacna de 16 de abril de 2014 (que corre en copia
certificada en autos) es declarado improcedente. Gozando por tanto lo
sentenciado de la calidad de cosa juzgada.
6. Por consiguiente, bajo los antecedentes descritos, procede amparar el
pedido presentado, debiendo en ese sentido ordenarse la reposición definitiva
de la parte demandante, no obstante ello, el apercibimiento debe ser de
multa dado que así lo exige el marco normativo invocado (de modo previo a
la denuncia penal, no siendo en este extremo amparado lo peticionado), ello
obviamente sin perjuicio que más adelante se proceda a la denuncia penal, si
fuera el caso; concediéndole para tal efecto un plazo prudencial de cinco (5)
días hábiles a la parte obligada.
7. A mayor abundamiento, debe tenerse presente que la reposición
definitiva de la parte demandante debe hacerse bajo el régimen laboral de la
actividad privada a plazo indeterminado en razón que la motivación central
expuesta en la sentencia, antes citada, para amparar su pretensión de
reposición ha sido bajo los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, antes
citado. Ello además de apoya en lo ya sentado por este despacho judicial en
el Expediente N° 01812-2011-0-2301-JR-LA-01 (seguido por José Gonzalo
Santillán Meléndez contra la Municipalidad Provincial de Tacna), donde se
evaluó el mismo asunto, determinándose que conforme al principio de
ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos debía
procederse a la reposición en los términos antes indicados, tan igual como lo
evaluó el Tribunal Constitucional en un caso similar (Cfr. STC N.° 00068-2010-
PA/TC, Lambayeque. Caso Elio Fernández Canario). Si bien la decisión recaída
3 en el Expediente N° 01812-2011-0-2301-JR-LA-01, antes citado, fue apelada
alegándose que lo ordenado resultaba incongruente porque no rezaba en la
parte resolutiva de la sentencia, lo cierto es también que el superior en grado
en su oportunidad la confirmó, bajo los mismos fundamentos expuesto por el
juzgado, agregando lo siguiente:
“(…) la Resolución venida en grado, ha sido expedida arreglada a derecho, en cuanto
está dando cumplimiento al contenido de la sentencia, que no solo está comprendida
por el fallo de la sentencia, sino también por la parte considerativa y expositiva, que
comprende un todo, al cual debe darse cumplimiento lo decidido por la judicatura, más
aún teniendo en cuenta que fue confirmada mediante sentencia de vista y declarado
improcedente el recurso extraordinario de casación por la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente (…).”
Entonces, consecuente con lo expuesto anteriormente, debe ordenarse la
reposición definitiva del demandante conforme a los términos indicados.
Por tanto, conforme a las consideraciones expuestas y normas invocadas,
SE RESUELVE:
Ordenar que el Seguro Social de Salud – ESSALUD - Red Asistencial Tacna,
proceda a reponer en forma definitiva a José Luis Llanos Ramos en el cargo
desempeñado antes de su despido o en uno similar de igual nivel que gozaba,
sujeto al régimen laboral general de la actividad privada y a plazo
indeterminado, en el plazo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de
imponer la multa de tres (3) Unidades de Referencia Procesal.
Regístrese y notifíquese.-
4 |
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Juez: JAIME LA ROSA CHIPANA
Fecha: 17/06/2013 16:41:21
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 00041-2013-0-2301-JR-LA-02
MATERIA : REPOSICIÓN LABORAL
ESPECIALISTA : FREDDY OCHOA ARAGON
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DE TACNA EMPLAZADO : PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS DEL MINISTERIO DE
Secretario: FREDDY OCHOA
ARAGON TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
Fecha: 17/06/2013 16:41:49
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : SEGURO SOCIAL DE SALUD DE TACNA ESSALUD.
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL DEMANDANTE : LLANOS RAMOS, JOSÉ LUIS
Resolución Nro. 10
SENTENCIA
Tacna, diecisiete de junio
Del año dos mil trece.
I. PARTE EXPOSITIVA
Demanda (fojas 41/47): Con fecha 29 de Enero del 2013, don JOSÉ LUIS LLANOS RAMOS
interpone demanda en contra de ESSALUD –RED ASISTENCIAL DE TACNA-, sobre
REPOSICIÓN LABORAL;
Solicita lo siguiente:
- Reposición como Administrador en el Área de Unidad de Soporte Informático codificado
en la Plaza (T1ADM) a plazo indeterminado sujeto al régimen laboral de la actividad
privada.
Sobre los siguientes fundamentos de hechos que sustenta su pretensión.
- El demandante es un ex trabajador de EsSalud en calidad de Administrador en la Unidad
de Soporte Técnico, habiendo ingresado el 05 de marzo del 2012 hasta el 02 de enero
del 2013, que fue contratado fraudulentamente bajo contrato individual sujeto a
modalidad de naturaleza accidental por suplencia, percibiendo un ingreso mensual de
S/. 1,650.00.
- Que, el contrato se ha desnaturalizado, porque en el contrato se fija el cargo de
Administrador en Nivel Técnico T1ADM, para realizar labores netamente técnicos
encomendados, sin embargo, realizaba labores de Abogado emitiendo opiniones
legales, deviniendo así en fraudulento el contrato laboral de servicios, que no hace más
que encubrir un contrato de trabajo de plazo indeterminado en atención a la naturaleza
de las labores que ha venido desarrollando.
- Que, mediante Resolución de Gerencia Central Nº 1407-GCGP-OGA-ESSALUD-2012,
se declara vacante el cargo y plaza que dejan los trabajadores promocionados, como la
Plaza Nº 17677005, plaza que venía ocupando el actor se pretende sacar a concurso, lo
que considera ilegal e injusto, cuando el demandante accede a la plaza que venía
ocupando mediante concurso público, por consiguiente al haber sido cesado el 02 de
enero del 2013, la demandada ha incurrido en despido arbitrario, por cuanto a dicha
fecha su labor era a plazo indeterminado, deviniendo el despido en fraudulento.
- Que, el día 02 de enero del 2013, se constituyó a su centro laboral, firmando el parte de
asistencia, posteriormente le presentan a su despacho el Memorandum Nº 01-UA-OA-
GRATA-ESSALUD-2013, requiriendo el informe de los procesos que llevaba y luego
procedieron a anular el parte de asistencia con transcripción de lapicero rojo el parte de
asistencia.
1 - Que, en salvaguarda de sus derechos laborales, promueve la presente demanda para
que se ordena su reposición como personal permanente en atención a la naturaleza
permanente bajo subordinación de la Unidad de Soporte Informático.
Por ultimo solicita que se declare fundada la demanda en todos sus extremos.
Contestación de la demanda (fojas 85/94): La parte demandada ESSALUD –RED
ASISTENCIA DE TACNA- contesta la demanda en los siguientes argumentos:
- Negándola y contradiciéndola.
- Es cierto respecto a la modalidad de contrato, que es de naturaleza accidental en la
modalidad de contrato por suplencia; y es falso que haya laborado hasta el día 02 de enero
del 2012 y que el demandante en forma maliciosa se presenta en el centro laboral el día 02
de enero, con la finalidad que sea considerada como asistencia regular cuando ya no tenía
vínculo laboral con la institución demandada.
- Que, la contratación del demandante respondía a una sola causa: la de sustituir a un
trabajador estable de la institución cuyo vínculo laboral fue suspendido por una causa
justificada prevista en la legislación vigente, por ello a fin de cubrir necesidades básicas se
contrató al demandante, sujeto a la modalidad de suplencia.
- Que, el hecho que el actor haya dejado de laborar para su representada está plenamente
justificado, puesto que el plazo de duración de su relación laboral seria el que resulte
necesaria según las circunstancias, ya que al verificarse que el Titular de la plaza asumiría
nuevamente sus funciones como Administrador, operaría inmediatamente la extinción del
contrato por suplencia.
- Que, a mérito del proceso de convocatoria llevado en el mes de febrero del 2012, se solicitó
personal administrativo para cubrir las plazos de suplencia de cuatro trabajadores, entre
ellos Juan Carlos Quico Espinoza, quien asumiría el cargo de confianza, mientras se
celebra la prórroga del plazo de contrato desde Junio a Diciembre de 2012, suscrito por el
ex trabajador como señal de conformidad.
- Queda claro que las funciones desarrolladas por el actor, fue de Administrador, no
habiendo ejercido otras funciones distintas a los que correspondía. Como personal técnico o
asistente técnico puede laborar en cualquiera de las áreas administrativas, sin que esto
signifique abuso de autoridad. Sin embargo tampoco ha sido este es el caso, pues fue
contratado para la Unidad de Soporte Informático y allí se ha desempeñado hasta el
momento de la extinción de su contrato.
- El demandante sólo pretende sorprender a la judicatura con planteamientos fuera de todo
contexto, reitera que el actor fue correctamente despedido.
- Con relación al pago de costos se encentran exonerados conforme a lo dispuesto por el
Código Procesal Civil.
Actos Procesales: Se admitió la demanda, se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación con la
asistencia sólo de la parte demandante; igualmente se realizó la Audiencia de Juzgamiento,
siendo el estado del proceso el de expedirse sentencia.
II. PARTE CONSIDERATIVA
Delimitación de la controversia.
1) El demandante pretende su reposición laboral como trabajador a plazo indeterminado, en el
cargo de Administrador en el Area de Unidad de Soporte Informático o en otro cargo de igual
o similar jerarquía, sujeto al régimen laboral general de la actividad privada, por
2 desnaturalización de la contratación modal (Contrato Individual de Trabajo Sujeto a
Modalidad de Naturaleza Accidental por Suplencia).
Por su parte la apoderada de la Entidad demandada, argumenta que los contratos modales
cumplen con todos los requisitos establecidos por la Ley.
Siendo esto así, debe en primer lugar analizarse si en efecto, los contratos de trabajo
modales celebrados se han desnaturalizado, lo que tiene incidencia en la condición laboral
del actor es decir si tiene la condición de trabajador sujeto a un contrato de trabajo de plazo
indeterminado o determinado lo que a su vez tiene incidencia directa en la pretensión de
reposición.
2) El régimen laboral de la actividad privada –en el que se encuentra comprendido el actor- en
esencia reconoce dos grupos de contratos de trabajo:
i) Los contratos de trabajo de plazo indeterminado; en los que se desconoce la fecha
de extinción del vínculo y pueden ser celebrados en forma verbal o por escrito. Esta
forma de contratación es la regla;
ii) Los contratos de plazo determinado o sujetos a modalidad; en los que sí se conoce
la fecha de extinción del vínculo o servicios, deben ser celebrados por escrito
cumpliendo las formalidades establecidas por la norma. Esta forma de contracción
es la excepción.
Bajo este esquema, no es posible considerar dentro del grupo de contratos indeterminados
servicios que por su naturaleza son permanentes.
Record Laboral
3) El actor ha prestado servicios bajo sucesivos contratos de trabajo sujeto a la modalidad de
naturaleza accidental por suplencia, de los que se aprecia lo siguiente (fojas 3 al 6):
Modalidad Periodo Causa determinante del contrato Cargo
Por 05 Mar a 31 May Requiere cubrir sus necesidades de Administrador
Suplencia 2012 y/o hasta que recursos humanos, con la finalidad de de Nivel
(fs. 3/5) el titular retorne a mantener debidamente operativos los T1ADM.
su plaza de origen. servicios que presta la Institución.
Por 01 Jun 2012 al 31 Requiere cubrir sus necesidades de Administrador
Suplencia Dic 2012 y/o hasta recursos humanos, con la finalidad de de Nivel
(prorroga) que el titular mantener debidamente operativos los T1ADM.
Fs. 6 retorne a su plaza servicios que presta la Institución.
de origen.
Lo señalado implica que las partes han celebrado contratos de trabajo sujetos a modalidad
desde 05 de Marzo del 2012 hasta 31 de diciembre del 2012 en forma continua.
4) El demandante pretende que se determine la desnaturalización de su contrato de trabajo
“Contrato Individual de Trabajo Sujeto a Modalidad de Naturaleza Accidental por Suplencia”
que venció el 31 de Diciembre del 2012 y, como consecuencia de ello, se le reconozca su
relación laboral actual, basado en un Contrato de Trabajo a plazo indeterminado, de acuerdo
a las normas del TUO de la Ley de Fomento del Empleo D. Leg. 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral aprobado por D.S. 003-97-TR (LCPL).
3 Reglas para la contratación temporal.
5) Para poder contratar a un trabajador a tiempo determinado la LCPL ha fijado ciertos
requisitos que los pasamos analizar:
Artículo 4.- En toda prestación personal de servicios remunerados y
subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo
indeterminado.
El contrato individual de trabajo puede celebrarse libremente por tiempo
indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal
o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la presente Ley
establece.
También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo
parcial sin limitación alguna.
Artículo 53.- Los contratos de trabajo sujetos a modalidad pueden
celebrarse cuando así lo requieran las necesidades del mercado o mayor
producción de la empresa, así como cuando lo exija la naturaleza temporal o
accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se ha de ejecutar,
excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada que por su
naturaleza puedan ser permanentes.
En esta modalidad de contrato se encuentran comprendidas las
coberturas de puestos de trabajo estable, cuyo titular por razones de orden
administrativo debe desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro
de trabajo.
Artículo 74.- Dentro de los plazos máximos establecidos en las distintas
modalidades contractuales señaladas en los artículos precedentes, podrán
celebrarse contratos por periodos menores pero que sumados no excedan
dichos límites.
En los casos que corresponda, podrá celebrarse en forma sucesiva con
el mismo trabajador, diversos contratos bajo distintas modalidades en el centro
de trabajo, en función de las necesidades empresariales y siempre que en
conjunto no superen la duración máxima de cinco (5) años.
Artículo 77.- Los contratos de trabajo sujetos a modalidad se
considerarán como de duración indeterminada:
a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento
del plazo estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas
exceden del límite máximo permitido;
b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio
específico, si el trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego
de concluida la obra materia de contrato, sin haberse operado
renovación;
c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término
legal o convencional y el trabajador contratado continuare laborando;
d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a
las normas establecidas en la presente ley.
6) La doctrina reconoce que la estabilidad laboral tiene dos vertientes: La estabilidad de salida
y la estabilidad de entrada. La estabilidad de salida se manifiesta a través de las reglas que
4 prohíben los despidos arbitrarios (negándoles efectos o atribuyéndoles determinadas
consecuencias indemnizatorias) y la de entrada, en la preferencia de la contratación
permanente sobre la temporal. La legislación nacional recoge ambas manifestaciones. Con
relación a la primera, de relevancia para el presente análisis, establece que en toda
prestación personal de servicios subordinados y remunerados se presume la existencia de
un contrato de trabajo a plazo indeterminado, y en esa línea permite la celebración de
contratos de trabajo sujetos a modalidad, pero sujetándolos él determinadas condiciones
sustanciales y formales.
7) Dichas limitaciones consisten, fundamentalmente, en la necesidad de existencia de una
causa que justifique la celebración de los contratos, en el establecimiento de un plazo límite
para ellos, en la exigencia de forma escrita y en la de presentación obligatoria ante la
Autoridad Administrativa de Trabajo para efectos de conocimiento, registro y posible
verificación posterior.
8) El Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de pronunciarse sobre la connotación de los
contratos modales en la legislación nacional. En la resolución recaída en el expediente Nº
1397-2001-AA, sosteniendo que:
"3. El régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en
el llamada principio de causalidad en virtud del cual la duración
del vínculo laboral debe ser garantizado mientras subsista la
fuente que le dio origen. En tal sentido, hoy una preferencia por
la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de aquella
que puedo tener sujetos a modalidad tienen, por su propia
naturaleza, un carácter excepcional, y proceden únicamente
cuando su objeto lo constituye el desarrollo de labores con un
alcance limitado en el tiempo, sea por lo concurrencia de
determinados circunstancias o por la naturaleza temporal o
occidental del servicio que se va o prestar" (…)
9) El artículo 53° de la LPCL establece las situaciones en las que puede recurrirse a la
contratación modal, disponiendo que los contratos de este tipo pueden celebrarse cuando
así lo requieran las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, así como
cuando lo exija la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la
obra que se ha de ejecutar, excepto los contratos de trabajo intermitentes o de temporada
que por su naturaleza pueden ser permanentes.
10) La vulneración de las reglas establecidas para la contratación temporal, determina la
desnaturalización de los contratos celebrados, teniéndose éstos por contratos de duración
indefinida. El artículo 77° de la LPCL dispone que los contratos de trabajo sujetos a
modalidad se consideran como de duración indeterminada en las siguientes situaciones:
a) Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo
estipulado, o después de las prórrogas pactadas, si estas exceden del límite máximo
permitido;
b) Cuando se trata de un contrato para obra determinada o de servicio especifico, si el
trabajador continúa prestando servicios efectivos, luego de concluida la obra materia de
contrato, sin haberse operado renovación;
c) Si el titular del puesto sustituido, no se reincorpora vencido el término legal o
convencional y el trabajador contratado continuara laborando;
5 d) Cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas
establecidas en la ley.
11) Como puede verse, la desnaturalización de los contratos modales ocurre cuando se quiebra
el principio de causalidad, esto es, cuando se exceden los límites temporales previstos,
cuando la circunstancia que motivó la contratación ha desaparecido o cuando haya mediado
simulación o fraude a las normas.
12) Sobre este particular, es importante considerar que en la resolución recaída en el expediente
Nº 1874-2002-AA/TC, el Tribunal Constitucional ha dado un contenido amplio a la última de
estas causales.
Para el Tribunal la "simulación o fraude" se verifica:
“(…) cuando la causa, objeto y/o naturaleza de los servicios que
se requieren contratar corresponden a actividades ordinarias y
permanentes, y cuando, para eludir el cumplimiento de normas
laborales que obligarían a la contratación por tiempo
indeterminado, el empleador aparenta o simula las condiciones
que exige la ley para la suscripción de contratos de trabajo
sujetos a modalidad, cuyo principal característica es la
temporalidad (…)
13) Así, un contrato suscrito bajo estos supuestos se debe considerar de duración
indeterminada.
Caso concreto de autos
14) Que, la pretensión del demandante consiste en que se reconozcan los contratos de trabajo
de suplencia de naturaleza temporal sucritos con la demandada, se determine su
desnaturalización y se entienda que se trata de contratos de trabajo a tiempo indeterminado,
por haber utilizado fraudulentamente los contratos sujetos a modalidad.
15) Que, para resolver este tema debatido es necesario hacer una interpretación literal Artículo
61° del Decreto Supremo N° 003-97-TR, que paso a transcribirlo:
Artículo 61.- El contrato accidental de suplencia es aquel
celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que
este sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo
vínculo laboral se encuentre suspendido por alguna causa
justificada prevista en la legislación vigente, o por efecto de
disposiciones convencionales aplicables en el centro de trabajo.
Su duración será la que resulte necesaria según las
circunstancias.
En tal caso el empleador deberá reservar el puesto a su
titular, quien conserva su derecho de readmisión en la
empresa, operando con su reincorporación oportuna la extinción
del contrato de suplencia.
6 En esta modalidad de contrato se encuentran
comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estable,
cuyo titular por razones de orden administrativo debe desarrollar
temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo.
16) De la lectura de dicho articulo tenemos lo siguiente:
a) Objeto de contrato de suplencia es que un trabajador sustituya a un trabajador
estable.
b) La otra condición para la validez es que el trabajador estable al que se le sustituya se
encuentre suspendido el vínculo laboral.
c) En cuyo caso el empleador reserva la plaza.
d) En el tercer párrafo se encuentra la figura de coberturas de puesto de trabajo estable
cuyo titular debe desarrollar temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo
y estando a lo expuesto anteriormente que la legislación prefiere la contratación a tiempo
indeterminado cuando se realiza labores de naturaleza permanente.
17) A mayor abundamiento lo antes señalado también es de opinión Elmer Arce Ortiz de su Libro
“La Estabilidad Laboral y Contratos Temporales” Pag. 21 y 22 que extraemos la parte
pertinente:
(…)
4.2.4. Contrato de Suplencia
Para el artículo 61 LPCL, el contrato accidental de suplencia es “aquél
celebrado entre un empleador y un trabajador con el objeto que éste
sustituya a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se
encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la
legislación vigente, o por efecto de disposiciones convencionales
aplicables en el centro de trabajo. Su duración será la que resulte
necesaria de las circunstancias.
En tal caso, el empleador deberá reservar el puesto a su titular, quien
conserva su derecho de readmisión en la empresa, operando con su
reincorporación oportuna extinción del contrato de suplencia.
En esta modalidad de contrato se encuentran comprendidas las
coberturas de puesto de trabajo estable, cuyo titular por razones de
orden administrativo debe desarrollar temporalmente otras labores en el
mismo centro de trabajo”. El contrato de suplencia es otro de los
contratos estrictamente temporales clásicos. Aunque su temporalidad no
se deriva de actividades empresariales transitorias o no habituales,
como sucede en el contrato de obra o servicios determinados o en el
contrato ocasional, ni de necesidades eventuales en labores habituales
u ordinarias de la empresa, como sucede en el contrato por necesidades
de funcionamiento, su temporalidad proviene del modo de sustitución no
definitiva “de un trabajador estable de la empresa”. Como se señala en
el segundo párrafo del artículo 61, el trabajador sustituido cuenta con un
derecho de reserva de puesto por el tiempo que dure su ausencia, lo
cual implica que, en principio, el contrato de suplencia será un contrato a
plazo determinado.
7 Sobre el contrato de suplencia hay que plantear básicamente dos
consideraciones. La primera gira en torno al ámbito de aplicación
subjetivo de esta figura, por cuanto se hace referencia expresa a que el
trabajador sustituido debe ser “estable de la empresa”. Repárese que no
se hace mención a la actividad estable o permanente de la empresa, en
cuyo caso al lado de los trabajadores con contratos indefinidos podrían
figurar los trabajadores con contratos temporales que cumplan labores
estables, sino a la condición de estable del propio trabajador. Es decir,
se refiere sólo a trabajadores con contratos pactados por tiempo
indefinido. De este modo, si el empresario no puede recurrir al contrato
de suplencia para sustituir a los trabajadores con contratos sujetos a
modalidad, tiene que suscribir contratos de naturaleza indefinida con los
nuevos trabajadores (suplentes). La norma es muy clara en este sentido
y no deja espacio para la duda en la interpretación.
No obstante ello, la dureza con que la LPCP parece tratar a los
supuestos de suplencia de trabajadores temporales no es más que un
espejismo si se revisa el tercer párrafo del artículo 61. Con la poca
sinceridad que caracteriza a la Ley, este párrafo permite incluir
supuestos que desnaturalizan completamente el contrato de suplencia y
el propio derecho al trabajo. Obsérvese que este párrafo ya no se refiere
al carácter estable del “trabajador”, sino del “puesto de trabajo”. Es decir,
por la vía de esta ampliación del supuesto de hecho del contrato de
suplencia, se permite que el empresario contrate a un suplente tanto
para cubrir a trabajadores con contratos por tiempo indefinido como a
trabajadores con contratos sujetos a modalidad con la única condición
de que trabajen en un “puesto de trabajo estable” (entiéndase,
permanente).
Ahora bien, el problema no acaba aquí. Si para el primer párrafo del
artículo 61 era necesario que el contrato del trabajador a ser sustituido
se encuentre suspendido por alguna causa legal o convencional, para
este último párrafo basta “razones de orden administrativo” que le
obliguen al trabajador a “desarrollar temporalmente otras labores en el
mismo centro de trabajo”. En otras palabras, ya no se requiere la
suspensión del contrato para recurrir al contrato de suplencia,
simplemente será suficiente variar las labores de un trabajador que
realiza labores habituales, estables o permanentes de la empresa, sea
éste contratado a plazo fijo o por tiempo indeterminado. Ni siquiera se
indica qué tipos de labores se pueden desempeñar en el nuevo puesto
y, lo que es peor, no se señala cuánto puede durar la variación de
labores. Como se ve, este párrafo colisiona directamente no sólo con la
lógica del contrato de suplencia, sino también se estrella con el marco
constitucional peruano que prohíbe la contratación temporal sin causa
razonable.
Me parece que la única lectura constitucional que resistiría este tercer
párrafo del artículo 61 LPCL es el aplicable al supuesto de “cadenas de
suplencia”. Me explico, cuando un trabajador tiene su contrato laboral
suspendido y el empresario decide que quien lo suplirá es otro
8 trabajador de su empresa, el contrato de suplencia se podría suscribir
para cubrir la vacante temporal que deja este segundo trabajador41. Por
lo demás, es una fórmula que funciona en puestos de mayor
responsabilidad, donde el empresario obviamente prefiere a un
trabajador de su planilla ya conocido que a uno nuevo.
18) El demandante prueba los siguientes hechos:
a) Ingresó a laborar en la entidad demandada desde el 05 de marzo del 2012 hasta el 31
de Mayo del 2012, ello conforme se acredita con la copia xerográfica del contrato
individual de trabajo sujeto a modalidad de naturaleza accidental por suplencia de fecha
20 de abril del 2012 (fojas 3/5) y su prórroga desde el 01 de Junio hasta el 31 de
Diciembre del 2012 de fecha 9 de julio del 2012 (fojas 6).
b) En el contrato individual de trabajo sujeto a modalidad por suplencia en fecha 20 de abril
del 2012, en cuya cláusula primera y tercera expresamente se establece:
“ESSALUD requiere cubrir sus necesidades de recursos humanos, con la finalidad de
mantener debidamente operativos los servicios que presta la Institución, razón por la
cual ESSALUD contrata los servicios de EL CONTRATADO, en el cargo de
Administrador, de Nivel T1ADM, bajo la modalidad de naturaleza accidental por
suplencia por Juan Carlos Quico Espinoza.
La plaza es la Nº 64187200 correspondiente al cargo de Nivel T - 1”
"Por el presente, ESSALUD contrata los servicios de "EL CONTRATADO" a plazo fijo,
bajo la modalidad de naturaleza accidental por suplencia, dentro del régimen laboral de
la actividad privada, regulado por el TUO de la Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-97-TR (D. Leg. N° 728). (…)”
c) En este entender podemos colegir que por el contrato de suplencia el contratado suple a
un trabajador estable en su puesto de trabajo en el cual venía desempeñando sus
actividades laborales; y, según se advierte de la cláusula primera del contrato individual
de trabajo sujeto a modalidad por suplencia de fecha 20-ABR-2012, se observa que el
demandante ha suplido al señor JUAN CARLOS QUICO ESPINOZA en su plaza Nro.
64187200; cuya suplencia se ha dado hasta el 31 de Mayo del 2012, fecha en que debió
retornar el señor Quico Espinoza a ocupar su plaza, habiéndose efectuado sucesiva
prórroga de su contrato original.
d) Sin embargo, la demandada ha permitido que el actor siga trabajando en la Entidad (Red
Asistencial Tacna) a partir del 01 de Junio del 2012, a través de la Prorroga de Contrato
de fecha 09 de Julio del 2012, asignándole nuevamente la plaza N° 64187200
perteneciente al señor QUICO ESPINOZA titular de la Plaza, el actor ocuparía el cargo
de Administrador hasta el 31 de Diciembre del 2012 y/o hasta que el titular retorne a su
plaza de origen. Sobre esto último, resulta que por Resolución de Gerencia Central Nº
1407-GCGP-OGA-ESSALUD-2012 (fojas 7/8) se dispuso asignar a partir del 01 de
diciembre del 2012 en el cargo y plaza de profesional a 54 trabajadores de los Órganos
Desconcentrados y declara vacante el cargo y plaza que dejan los trabajadores
promocionados, entre ellos figura el trabajador suplido Quico Espinoza. Con lo cual
termina el motivo del reemplazo, debiendo en tal caso tener por finalizado el contrato de
suplencia; en el sentido que este contrato es temporal en la medida que el titular
temporalmente ocupará un cargo superior, pero al haberse convertido en permanente su
9 estancia en ese otro cargo, la suplencia carece de objeto y debió haber finalizado, pero
la demandada continuó la relación laboral por todo el mes de diciembre 2012.
19) De otro lado se postula la desnaturalización del contrato modal, debido a que el día dos de
enero del 2012 ha continuado laborando sin contrato, es decir, con fecha posterior al
vencimiento del contrato; esta afirmación acredita con la copia de la Asistencia diaria de
fojas 23, donde aparece que ingresó a laborar en hora horario normal y que recién a las
10:42 a.m. se le notifica el término del contrato, según Carta de Gerencia N° 01-GRATA-
ESSALUD-2013 (fojas 19), lo cual demuestra que estuvo trabajando y que en plena jornada
laboral le es cursada una carta por el propio empleador, siendo esta una de finalización de la
relación laboral lo cual no cambia el hecho de que en el centro de trabajo y dentro de la
jornada laboral le curse una comunicación, expresando con ello el reconocimiento de una
labor en el día 02 de enero de 2012. Lo cual se corrobora con el Memorándum N° 01-UA-
OA-GRATA-ESSALUD-2013, mediante el cual el Jefe de la Unidad Adquisiciones, Lic.
Moisés Gómez Huanca, requiere al demandante este día 02 de enero de 2012 le informe de
los procesos indicando el estado o etapa en que se encuentran. ()
20) En referencia a lo expuesto el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 03279-2009-
PA/TC, se ha pronunciado respecto al Contrato Accidental de Suplencia de la siguiente
manera:
(…)
5. “Según se advierte los contratos de trabajo a que se hace
referencia en el fundamento 5, supra, han sido celebrados en la
modalidad de contratos de suplencia; modalidad contractual
regulada por el artículo 61 del citado Texto Único Ordenado de
la Ley de Productividad y Competitividad Laboral en los
siguientes términos: “Contrato de Suplencia Artículo 61.- El
contrato accidental de suplencia es aquel celebrado entre un
empleador y un trabajador con el objeto que este sustituya a un
trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se
encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la
legislación vigente, o por efecto de disposiciones
convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración
será la que resulte necesaria según las circunstancias. En tal
caso el empleador deberá reservar el puesto a su titular, quien
conserva su derecho de readmisión en la empresa, operando
con su reincorporación oportuna la extinción del contrato de
suplencia. En esta modalidad de contrato se encuentran
comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estable,
cuyo titular por razones de orden administrativo debe desarrollar
temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo.”
(…)
En consecuencia, el contrato de trabajo del recurrente se
convirtió en un contrato de trabajo de duración indeterminada,
por haberse celebrado con simulación, habiéndose configurado
la causal de desnaturalización prevista en el inciso d) del artículo
77° del Decreto Supremo N.° 003-97-TR”.
10 21) Luego, en la sentencia recaída en el Expediente N° 00829-2011-PA/TC, respecto al
Contrato de Trabajo sujeto a Modalidad por Suplencia (Accidental),
establecido en el Art. 61° del TUO de la ley de Fomento del Empleo, hoy
Ley de Productividad y Competitividad Laboral aprobado por el Decreto
Supremo N° 003-97-TR, reitera:
(…)
4. “…El Contrato de Suplencia, es aquel celebrado entre un
empleador y un trabajador con el objeto que este sustituya a un
trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo laboral se
encuentre suspendido por alguna causa justificada prevista en la
legislación vigente, o por efecto de disposiciones
convencionales aplicables en el centro de trabajo. Su duración
será la que resulte necesaria según las circunstancias. En tal
caso el empleador deberá reservar el puesto a su titular, quien
conserva su derecho de readmisión en la empresa, operando
con su reincorporación oportuna la extinción del contrato de
suplencia. En esta modalidad de contrato se encuentran
comprendidas las coberturas de puestos de trabajo estable,
cuyo titular por razones de orden administrativo debe desarrollar
temporalmente otras labores en el mismo centro de trabajo…”.
22) De dichas sentencias del Tribunal Constitucional se colige que efectivamente, la persona
que es contratada mediante un contrato de naturaleza accidental es con la finalidad de
reemplazar al titular o trabajador estable cuyo vínculo laboral se encuentre suspendido por
alguna causa justificada prevista en la legislación vigente, o por efecto de disposiciones
convencionales aplicables en el centro de trabajo y por ende, cuando el titular sustituido
retorne a su plaza concluye el contrato de trabajo de suplencia y, para que el trabajador
contratado supla a otro trabajador titular en su puesto de trabajo, cabe suscribir nuevo
contrato por suplencia, por lo que de no ser así, se estaría simulando dicho contrato para
encubrir uno de plazo indeterminado.
23) Que, respecto al Principio de Primacía de la Realidad, el Tribunal Constitucional mediante
Sentencia recaída en el EXP. N.° 1944-2002-AA/TC ha precisado el significado de dicho
Principio señalando:
(…)
3. “…Que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la
práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse
preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno
de los hechos”; asimismo, a través de la Sentencia recaída en el
Exp. N 0015- 2008-PA/TC ratifica la existencia del Principio de
Primacía de la Realidad “como un elemento implícito en el
ordenamiento jurídico laboral peruano, concretamente impuesto
por la propia naturaleza tuitiva de la Constitución. (...) A efectos
de aplicar el principio en cuestión, debe acreditarse el
cumplimiento de un horario de trabajo, la emisión de papeletas
11 de permisos de entradas y salidas, u otro medio fehaciente que
corrobore una situación de dependencia |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00044-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, treinta de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
23 de octubre del año 2013, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP HORIZONTE S.A., sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO – ARCOPA S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la
Ejecución hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de TRECE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 09/100 SOLES, más los intereses
moratorios pactados, costos y costas del proceso.SEGUNDO: Que, estando
debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de
lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por
estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
ejecución) de fecha 23 de octubre del año 2013.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO – ARCOPA S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado
en Sentencia.
3.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
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JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, treinta de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° Tres (Auto de Ejecución) de fecha
23 de octubre del año 2013, se resolvió declarar FUNDADA la demanda
formulada por AFP HORIZONTE S.A., sobre OBLIGACIÒN DE DAR SUMA DE
DINERO en vía Ejecutiva, contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO – ARCOPA S.A.; en consecuencia ordenó llevar adelante la
Ejecución hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de TRECE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 09/100 SOLES, más los intereses
moratorios pactados, costos y costas del proceso.SEGUNDO: Que, estando
debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han
interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente
mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada al amparo de
lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil. Por
estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de
ejecución) de fecha 23 de octubre del año 2013.
2.- REQUERIR al demandado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO – ARCOPA S.A. para que, cumpla con cancelar el monto ordenado
en Sentencia.
3.-Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4.-NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00049-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : EXPORTADORA CETUS SAC ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° SEIS (06)
Paita, Diecinueve de diciembre
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° CUATRO, de fecha 16 de enero del
2014, se resolvió DECLARAR FUNDADA LA CONTRADICCION al mandato de
ejecución formulado, INFUNDADA LA DEMANDA, en el proceso seguido por
AFP HORIZONTE contra EXPORTADORA CETUS SAC, sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO (pago de aportes previsionales), dejando a salvo
su derecho para que lo haga valer conforme a Ley .En consecuencia
consentida que sea la presente resolución Archívese Definitivamente el
presente proceso (folios 41-43).
SEGUNDO: El artículo 123° del Código Procesal Civil establece que una
resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada, entre otros supuestos,
cuando: “2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos”.
TERCERO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 31 de enero del 2014, según constancia de notificación
con número 234-2014-JP-LA y 233-2014-JP-LA (folios 47 y 48), por lo que, a
la fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
CUARTO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa; por estas consideraciones;
SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO de fecha
16 de enero del 2014.
2.- ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE EN EL MODO Y FORMA DE LEY.
REMITASE, el mismo al archivo Modular para su conservación y custodia.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe e interviniendo la Secretaria Judicial que da cuenta por disposición
superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00079-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : SEAFROST SAC ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTES SA REP JOSE LUIS ISA STOLL ,
Resolución N° (04)
Paita, Cuatro de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° TRES AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 25 de junio del 2013, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la
parte ejecutante AFP HORIZONTE contra SEAFROST S.A.; sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales),
en consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
SEAFROST S.A., cumpla con pagar la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE CON 17/100 SOLES (S/4,999.17), más los intereses
regulados en normas previsionales devengados que se generen desde la fecha
de emisión de la liquidación de cobranza hasta la total cancelación de la
deuda, gastos de cobranza, costos y costas del proceso (folios 43-47).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 15 de julio del 2013, según constancia de notificación
con numero 855-2013 y 856-2013 (folios 48-49), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil supletorio. TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 25 de junio del 2013.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUNIN
Juez: RAUL DIEGO YARASCA MANDUJANO
Fecha: 21/01/2014 09:04:49
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: JUNIN/CHANCHAMAYO
FIRMA DIGITAL
2° JUZG. PAZ LETRADO - SEDE SALAS DE LA MERCED
EXPEDIENTE : 00083-2013-0-1505-JP-LA-02
MATERIA : OBLIGACIONES DE DAR HASTA 50 URP
ESPECIALISTA : PEDRO VERA PICOY
DEMANDADO : AHUMADA CORTES, GUILLERMO ANTONIO
DEMANDANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ,
Resolución N° 02
La Merced, diecisiete de enero
Del año dos mil catorce.-
SENTENCIA LABORAL N° 011 -2014-2ºJPLLM-PJ
Materia:
Es materia de la presente sentencia, la demanda instada por el Procurador Público del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones contra Guillermo Antonio Ahumada
Cortes sobre Indemnización por inejecución de obligaciones contractuales ascendente
a la suma de cuatro mil cuatrocientos setenta nuevos soles (fs. 214)
Fundamentos de la demanda:
a) Provias Nacional es un Proyecto Especial del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, contando con personal a su cargo y con jefaturas zonales
como es el caso de la Jefatura Zonal Junín Pasco, ubicada en la ciudad de la
Merced, provincia de Chanchamayo, lugar donde laboró el demandado como
Tesorero I.
b) Que, en visita inopinada efectuada con fecha veintisiete de febrero al tres de
marzo del dos mil doce, se procedió a evaluar la situación de las remesas de
fondos pendientes de rendir cuenta”, determinándose una faltante de tres mil
quinientos sesenta y cuatro nuevos soles con cuarenta céntimos del arqueo de
caja chica; noventiuno mil setecientos cincuenta y siete nuevos soles con
cuarenta céntimos, por cheques girados a nombre del demandado; y, diez mil
quinientos cuarenta y siete nuevos soles con cincuenta y ocho céntimos, por
cheques girados por montos mayores a la rendición de gastos; haciendo un
total de ciento cinco mil ochocientos sesenta y nueve nuevos soles con treinta
y ocho céntimos;
c) Que, ello dio lugar al despido del demandado, así como a la demanda por
indemnización ante el Juzgado Laboral de esta ciudad, proceso que culminó
con sentencia favorable a la entidad demandante.
d) No obstante, mediante el Memorándum Nº 3814-2012-MTC/20.2. del
veintinueve de octubre del dos mil doce, se advirtió de la existencia de otros
faltantes que no fueron incluidos dentro del Memorándum Nº 223-2002-
MTC/20.2 y por consiguiente no fueron considerados dentro de la demanda
indemnizatoria que se tramitó en el Juzgado Laboral.
1 e) Este último documento adjuntó una serie de informes y memorándums según
los cuáles existe otro faltante ascendente a la suma de cuatro mil
cuatrocientos setenta nuevos soles, que fueron indebidamente cobrados por el
demandado y que corresponden a obligaciones contraídas por su
representada, específicamente para el pago de arrendamiento de inmuebles
para los afectados de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera
DV Lunahuaná – Ronchas – Chupaca, correspondiente a los meses de octubre,
noviembre y diciembre del dos mil once.
Desarrollo del Proceso:
a) Mediante resolución número uno se admite la demanda instada (fs. 233)
b) Absolución de la demanda (fs. 237)
c) Acta de audiencia (fs. 278)
Fundamentos de la demandada:
a) Que, no es cierto lo manifestado por la demandante en los puntos primero,
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, pues no es
cierto que su persona se haya apropiado de alguna suma de dinero.
b) Que, en el memorandum 3814-2012-MTC/20.2, del veintinueve de octubre del
dos mil doce, no se hace mención a ningún cobro indebido efectuado por su
persona, así mismo del informe Nro. 138-2012-MTC, de fecha veinticuatro de
setiembre del dos mil doce, en sus conclusiones señala que se recomienda
remitir el presente informe, a fin de gestionar la cancelación de los pagos de
arrendamiento.
c) Se le trata de responsabilizar de un cobro indebido de cuatro mil cuatrocientos
setenta nuevos soles; sin embargo analizando el informe Nro,. 034-2012, de
fecha veintiuno de marzo del dos mil trece, se advierte que el Econ. Eliel
Matos Marreros, señala que revisado las copias de las rendiciones de
remesas…Encontrándose los recibos de arrendamiento cancelados.
d) En ese sentido, se tiene que las remesas 1762 y 1741, a las que el accionante
alude en la demanda que no están canceladas, con las instrumentales que
adjunta, se demuestra que están debidamente canceladas.
RAZONAMIENTO:
1. Acorde a lo previsto por el artículo 23º de la Nueva Ley procesal de Trabajo, la
carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos,
2. En el caso, el Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
solicita que el demandado indemnice a la entidad que representa con la suma de
cuatro mil cuatrocientos setenta nuevos soles, por el daño ocasionado por
inejecución de obligaciones cuando se desempeñó como Tesorero I de la Jefatura
Zonal Provías Nacional en Pasco (La Merced Chanchamayo); imputándosele
específicamente haber cobrado indebidamente dicho monto que correspondía al
pago de arrendamiento de inmuebles para los afectados de la Obra Rehabilitación
2 y Mejoramiento de la Carretera DV Lunahuaná – Ronchas – Chupaca,
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del dos mil once
(remesas 1741 y 1762)
3. El Derecho laboral no presenta una regulación específica sobre responsabilidad
civil derivada de la inejecución de obligaciones, existiendo solo referencias a
algunas materias propias del desarrollo o extinción de la relación laboral, frente a
ello, es necesario recurrir a las normas contenidas en el Código Civil en la medida
que no sean incompatibles con los Principios del Derecho del Trabajo, situación
prevista por el artículo IX del Título Preliminar del propio Código Civil, que
establece que las disposiciones del indicado instrumento normativo se aplican
supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes,
siempre que no sean incompatibles con su naturaleza.
4. Nuestra normatividad civil divide a la responsabilidad en una de tipo contractual y
una de tipo extracontractual; originándose la primera en un contrato ante la falta
de ejecución o una ejecución parcial, tardía o defectuosa de obligaciones a las
cuales uno se ha comprometido mediante la celebración de un acto jurídico. El
incumplimiento de una obligación nacida de un contrato se denomina
responsabilidad contractual que concierne al derecho laboral porque tiene como
punto de partida el contrato de trabajo.
5. De lo declarado en el acto de la audiencia por el propio demandado se tiene que
el mismo mantuvo vínculo contractual con la demandante hasta el mes de mayo
del dos mil doce, quien se desempeñaba como Tesorero I de la Jefatura Zonal
Provías Nacional en Pasco ( La Merced Chanchamayo), en virtud a un contrato de
trabajo sujeto a modalidad por servicio específico, como se tiene de los de los
diversos contratos presentados por la entidad demandante (fs. 156 y sgts); siendo
así, se encuentra debidamente acreditada la relación contractual entre
demandante y demandado, quien se encontraba sujeto al régimen laboral del
Decreto Legislativo 728.
6. Ahora, al suscribir los contratos de trabajo el demandado tenía pleno
conocimiento del Manual de Organización y Funciones – MOF de la entidad
demandante; tanto más, si éste venía laborando desde el año dos mil tres (véase
fs. 187); encontrándose establecido en el referido Manual, como sus funciones,
entre otros, el de asegurar y controlar el desarrollo de las actividades
relacionadas a los pagos de obligaciones de acuerdo a los fondos
recibidos en calidad de encargo; así como supervisar la recepción y
utilización de los recursos recibidos en calidad de remesas (fs. 152).
7. El régimen de la responsabilidad contractual de acuerdo a nuestro ordenamiento
civil, reposa sobre la base de dos principios; el primero contenido en el artículo
1314 del Código Civil, según el cual “quien actúa con la diligencia ordinaria
requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. El segundo consagrado por el artículo
1321 del mismo cuerpo normativo que establece que: “Queda sujeto a la
indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo,
culpa inexcusable o culpa leve”.
8. ANIBAL TORRES VASQUEZ, señala que “La Indemnización consiste en el
resarcimiento tendiente a restablecer el patrimonio perdido o deteriorado del
3 perjudicado a la situación que en se encontraba al momento en que se produce el
hecho dañoso.1
9. El demandado respecto al cargo que se le imputa se ha remitido a lo señalado en
el Informe Nº 134-2012-MTC/20.UZJPA-ADM, manifestando que en dicho informe,
suscrito por el Economista Eliel D. Mattos Marreros, se halla consignado
expresamente que las solicitudes de remesa números 1180, 1762 y 1741, de los
meses de noviembre y diciembre se encuentran debidamente rendidos, por lo que
no tiene obligación de pagar indemnización alguna; sin embargo, no explica si
efectivamente se cumplió con el pago de los arrendamientos.
10. Ahora, analizado el referido informe, se tiene que en realidad en dicho documento
si bien se consigna que las remesas en mención se encuentran debidamente
rendidas; empero, el mismo economista solicita que se requiera al tesorero para
que explique…¿ a quien pago dichos recibos de arrendamiento ?; y, en virtud a
ello es que se emite el Memorandum Nº 054-2002-MTC/20. 10.9-UZJPA (fs. 235)
por el que se ordena que el demandado informar en el día, a quien pago dichos
recibos de arrendamiento, extremo sobre el que esta parte
deliberadamente evita pronunciarse.
11. De la conducta desplegada por esta parte, se colige que el mismo trata de crear
confusión, valiéndose del contenido literal del referido informe 134-2012; empero
dicho documento en realidad no acredita que se haya cumplido con el pago a los
beneficiarios, pues únicamente alude a que las remesas se encuentran
consideradas como rendidas; empero, no cuentan con el respectivo sustento pues
no existe documento que acredite que efectivamente se haya cumplido con el
pago a los acreedores del arrendamiento, no explicando tampoco el demandado a
quien o a quienes se hizo el pago.
12. De acuerdo al Manual de organización y Funciones de la entidad demandante, una
de las funciones del tesorero consiste en supervisar la recepción y utilización de
los recursos recibidos en calidad de remesas…” (fs. 152); empero, en el caso, el
demandado no ha explicado sobre el destino de las remesas 1741 y 1762; y,
como tal, es él quien debe responder sobre el monto contenido en las mismas que
ascienden a la suma de cuatro mil cuatrocientos setenta nuevos soles.
13. El artículo 1229 del Código Civil, señala que la prueba del pago incumbe a quien
pretende haberlo efectuado; siendo así, es el demandado quien tiene la obligación
de acreditar que se cumplió con el pago de arrendamiento de inmuebles para los
afectados de la Obra Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera DV Lunahuaná
– Ronchas – Chupaca, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y
diciembre del dos mil once.
14. Es mas, esta parte, de acuerdo al Informe Número 126-2013-MTC/20.UZJPA-
ADM, de fecha veinticuatro de octubre último (fs. 244), no cumple hasta la fecha
con responder el memoramdun Número 054-2002-MTC, de fecha veintitrés de
marzo del dos mil doce, por el que se le requiere para que precise a quien o
quienes se pagó los arrendamientos.
1 CODIGO CIVIL: Aníbal Torres Vásquez. Editorial IDEMSA. Séptima edición Lima 2011. T II. Pag.
175.
4 15. Así también no ha respondido los correos electrónicos, de fechas primero de
marzo del dos mil doce (fs. 258 y 260), siete de diciembre del dos mil once (fs.
260), veintiocho de noviembre del dos mil once (fs. 262), por el que se da cuenta
de la inejecución de los contratos de arrendamiento, haciéndose presente incluso
la molestia de los acreedores.
16. Todo ello, nos lleva a concluir definitivamente que el demandado no ha cumplido
sus obligaciones dolosamente, tanto más, si su persona era el responsable de
entregar dicho dinero a los acreedores conforme lo ha manifestado en el acto de
la audiencia; acreedores que no han recibido hasta la fecha dichos pagos como se
informa en las cartas enviadas por la entidad demandante (fs. 248 a 257);
quedando descartado un eventual caso de culpa, pues el demandado en su
momento tuvo la oportunidad de hacer los correspondientes descargos sobre el
destino del dinero y no lo hizo.
17. Siendo así, no corresponde a la entidad demandante demostrar que el
demandado se apropio del dinero como sostiene su abogado defensor en su
alegato final; sino que correspondía a su patrocinado demostrar que el dinero
llegó a sus destinatarios o que no llegó debido a eventos fortuitos o de fuerza
mayor a fin de evaluarse un eventual caso de culpa.
Por los fundamentos expuestos:
SE RESUELVE:
DECLARAR FUNDADA la demanda instada por el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones contra Guillermo Antonio Ahumada Cortes, sobre indemnización por
inejecución de obligación contractual; en consecuencia, ORDENO que el nombrado
demandado abone a favor de la entidad pública en mención la suma de cuatro mil
cuatrocientos setenta nuevos soles, más intereses legales, consentida o
ejecutoriada que sea la presente resolución. Sin costas ni costos por la naturaleza del
proceso.
5 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00086-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° TRES (Auto de Ejecución) de fecha 25 de junio del año 2013, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP HORIZONTE S.A, sobre PAGO DE
APORTES PREVISIONALES en vía Ejecutiva, contra ARCOPA S.A.; en consecuencia
ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de
CUARENTA Y OCHO MIL VEINTITRÉS Y 44/100 SOLES, más los intereses
compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que, estando
debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la
calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de Ejecución) de
fecha 25 de junio del año 2013.
2.- REQUERIR al demandado ARCOPA S.A. para que, cumpla con cancelar el monto
ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.-Acocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00086-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° Cuatro (04)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez
que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante
resolución N° TRES (Auto de Ejecución) de fecha 25 de junio del año 2013, se resolvió
declarar FUNDADA la demanda formulada por AFP HORIZONTE S.A, sobre PAGO DE
APORTES PREVISIONALES en vía Ejecutiva, contra ARCOPA S.A.; en consecuencia
ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado cumpla con pagar la suma de
CUARENTA Y OCHO MIL VEINTITRÉS Y 44/100 SOLES, más los intereses
compensatorios y moratorios pactados, costos y costas del proceso. SEGUNDO: Que, estando
debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no han interpuesto medio
impugnatorio alguno contra la resolución anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la
calidad de Cosa Juzgada al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES (Auto de Ejecución) de
fecha 25 de junio del año 2013.
2.- REQUERIR al demandado ARCOPA S.A. para que, cumpla con cancelar el monto
ordenado en Sentencia, bajo apercibimiento de ejecución forzada en caso de incumplimiento.
3.-Acocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley.----------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO PAZ LETRADO - Sede Barranca
EXPEDIENTE : 00097-2013-0-1301-JP-CI-01
MATERIA : MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION
JUEZ : RODRIGUEZ TINOCO ERICK MICHEL
ESPECIALISTA : CERNA CASTILLO PATRICIA CATTHERINE
DEMANDADO : TRUJILLO AGURTO, RAUL FRANCISCO
TRUJILLO AGURTO, DANIEL
BLAS HIDALGO, ALEJANDRO
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO SA ,
Resolución N° 15
Barranca, 15 de agosto de 2019.
VISTOS: Puestos los autos a despacho para resolver, y estando a las recargadas
labores que soporta este órgano jurisdiccional, en la fecha se procede a emitir la
siguiente resolución:
ANTECEDENTES.
1. Por escrito de fecha 31 de enero de 2017, el coejecutado Raúl Francisco Trujillo
Agurto, al amparo de los artículos 171 y 176 del Código Procesal Civil, señalando
que es la primera oportunidad que tiene, solicita que se declare de oficio la
nulidad de todo lo actuado en la medida cautelar, desde su inicio hasta la fecha
en que se interpone el remedio, entendiéndose de todos los actos no procesales
denominados notificaciones y procesales, esto es, de la Resolución N° 01 hasta la
Resolución N° 06, alegando en síntesis lo siguiente: i) Que, se le vuelva a notificar
por primera vez la medida cautelar de embargo expedida a través de la
Resolución N° 06 en su domicilio procesal señalado en autos, a fin de que se
oponga sobre la supuesta obligación de dar suma de dinero interpuesta en su
contra, ya que nunca ha sido de su conocimiento y que la referida deuda por el
cual se le está procesando ya está cancelada; ii) que, para resolver este supuesto
conflicto de intereses y ejercer su derecho de defensa, requiere tener
conocimiento de los hechos incoados en la demanda, las subsanaciones que
hubiere, así como todos los cautelares que se haya propuesto o amparado; ya
que alega se encuentra bajo el supuesto de que recién se ha enterado del
proceso e integrado al mismo, por lo que existen actos no procesales y procesales
que adolecen de nulidad porque se han venido tramitando sin su participación; y
iii) que, su verdadero domicilio real es el que consta en su ficha RENIEC y no en el
domicilio que corre en la medida cautelar y demanda de autos, razón por la cual
nunca se le pudo notificar dicha demanda ejecutiva, ni mucho menos sus anexos
y otros.
2. Mediante Resolución N° 12 de fecha 10 de abril de 2018, se puso a conocimiento
de la entidad ejecutante el escrito de nulidad deducido por el coejecutado Raúl
Francisco Trujillo Agurto, por el plazo de 03 días a fin de que exprese lo
conveniente.
3. Mediante Resolución N° 14 de fecha 12 de abril de 2019, se dispuso se pongan los
autos a despacho para resolver la nulidad deducida, al no haber sido absuelto
por la entidad ejecutante.
FUNDAMENTOS.
Respecto a la nulidad interpuesta por el demandando
4. Al respecto, la Casación Nro. 2028-01-Lima establece que: “El derecho a un
debido proceso está compuesto por una serie de derechos y principios que
aseguran que el proceso se siga por su cauce regular, para lo cual se exige que
también se observe el principio de congruencia (…)”. 5. La finalidad de las nulidades procesales, es la de asegurar la garantía
constitucional de la defensa en el proceso, pudiendo configurarse únicamente en
relación a los actos procesales susceptibles de producir efectos jurídicos
autónomos, como los actos emanados de un órgano judicial; en tal sentido, solo
cuando la ineficacia sea resultado de un vicio es posible hablar de nulidad.
6. Siendo ello así, el artículo 171 del Código Procesal Civil establece que: “La nulidad
se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse
cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad (…)”. Asimismo, el artículo 174 del código adjetivo
prescribe lo siguiente: “Quien formula nulidad tiene que acreditar estar
perjudicado con el acto procesal viciado y, en su caso, precisar la defensa que
no pudo realizar como consecuencia directa del acto procesal cuestionado.
Asimismo, acreditará interés propio y específico con relación a su pedido”.
7. El coejecutado Raúl Francisco Trujillo Agurto fundamenta su pedido de nulidad de
actos de notificación tanto en este proceso como en un proceso cautelar,
básicamente en el hecho de que nunca ha sido de su conocimiento las
resoluciones recaídas en dichos procesos, motivo por el cual requiere tener
conocimiento de los hechos incoados en la demanda, las subsanaciones que
hubiere, así como todos los cautelares que se haya propuesto o amparado, para
poder oponerse conforme a ley, caso contrario, se estaría vulnerando el derecho
al debido proceso, y por ende, su derecho de defensa.
8. Al respecto, el primer párrafo del artículo 155 del Código Procesal Civil establece
que: “El acto de la notificación tiene por objeto poner en conocimiento de los
interesados el contenido de las resoluciones judiciales. (…) Las resoluciones
judiciales sólo producen efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a lo
dispuesto en este Código, salvo los casos expresamente exceptuados”. Ello
significa que en una causa judicial se debe garantizar el debido proceso
poniendo en conocimiento de las partes las resoluciones que se expidan como
consecuencia de la atención a los justiciables, para que estas puedan ser
impugnadas por ellas si así lo creyeren pertinente. De ninguna manera se puede
privar del conocimiento de las resoluciones a las partes porque ello significaría
desconocer el derecho constitucional del derecho a la defensa, prevista en el
numeral 14) del artículo 139 de nuestra Constitución Política, que en su primera
parte dispone: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún
estado del proceso”.
9. De la revisión de lo actuado se aprecia lo siguiente: i) Mediante Resolución N° 01
de fecha 18 de diciembre de 2015, se admitió a trámite la demanda de
obligación de dar suma de dinero, siendo notificada dicha resolución al
coejecutado Raúl Francisco Trujillo Agurto en el domicilio real consignado por la
entidad accionante en su escrito de demanda, sito en el jirón Francisco Vidal N°
209 – interior H – Barranca, tal como se consignó en el Pagaré de fecha 25 de abril
de 2012 y conforme se aprecia del cargo de notificación obrante a fs. 63, siendo
además que en dicha cédula de notificación N° 341-2016-JP-FC, se observa que el
notificador de la central de notificaciones de Barranca, don Jesús Benavides
Zúñiga, dejó un aviso judicial firmado con fecha 19 de enero de 2019, donde
consignó que al no encontrarse el coejecutado en ese momento, se procedía a
dejar dicho aviso, haciéndole saber que regresaría el 20 de enero de 2016, fecha
en la cual fue recibida la respectiva cédula de notificación conteniendo la
Resolución N° 01, demanda y anexos , por la persona de Frank Trujillo Agurto,
identicado con DNI N° 15848853; ii) por escrito de fecha 27 de enero de 2016,
dicho coejecutado se apersonó al proceso y señaló como domicilio real el jirón
Francisco Vidal N° 209 – interior H – Barranca y como domicilio procesal el jirón
Zavala N° 330 – 332 - Barranca; asimismo, dedujo la nulidad de la Resolución N° 01
que contiene el auto admisorio de la demanda, y por principio de trascendencia,
de la Resolución cautelar N° 01 (medida cautelar de embargo en forma de
inscripción), basando su nulidad en que se vulneró el artículo 158.1, literales b), c),
e) y f) de la Ley N° 27287, que señala que carece de calidad de título valor, el pagaré incompleto de la demanda, cuya fecha de emisión es inexistente por no
sustentarse en ningún documento causal idóneo, debido a que presenta una serie
de omisiones en cuanto a sus requisitos formales y esenciales; iii) Mediante
Resolución N° 07 de fecha 16 de febrero de 2017, - entre otros puntos - se declaró
improcedente los pedidos de nulidad del auto admisorio de la demanda,
formulados por los coejecutados Raúl Francisco Trujillo Agurto, Daniel Trujillo Agurto
y Alejandro Blas Hidalgo; asimismo, se dispuso se pongan los autos a despacho
para emitir el auto final: iv) por escrito de fecha 16 de marzo de 2017, el
coejecutado Alejandro Blas Espinoza interpuso recurso de apelación contra la
Resolución N° 07 de autos, la cual se concedió sin efecto suspensivo y sin la
calidad de diferida a través de la Resolución N° 09 de fecha 30 de mayo de 2017;
y, v) de fs. 182 a 184, obra copia certificada de la Resolución N° 02 de fecha 22 de
mayo de 2018, recaída en el cuaderno N° 00097-2013-68-1301-JP-CI-01, en donde
el superior jerárquico resolvió confirmar la Resolución N° 07 de fecha 16 de febrero
de 2017, en el extremo de declarar improcedente los pedidos de nulidad del auto
admisorio, formulado por el coejecutado Alejandro Blas Hidalgo.
10. De lo expuesto en el fundamento que antecede, se advierte en primer lugar que
el coejecutado Raúl Francisco Trujillo Agurto fue debidamente notificado con la
Resolución N° 01 de fecha 18 de diciembre de 2015 en su domicilio real sito en el
jirón Francisco Vidal N° 209 – interior H – Barranca, lo que trajo como
consecuencia que aquél a través de su escrito de apersonamiento de fecha 27
de enero de 2016, formulara la nulidad de dicha Resolución N° 01, así como de la
resolución cautelar N° 01, siendo que los pedidos de nulidad formulados por la
parte ejecutada fue resuelto a través de la Resolución N° 07 de fecha 16 de
febrero de 2017, confirmada a través de la Resolución N° 02 de fecha 22 de mayo
de 2018.
11. Al respecto, el artículo 176 del Código Procesal Civil establece que el pedido de
nulidad se formula en la primera oportunidad que el perjudicado tuviera para
hacerlo, antes de la sentencia. Bajo ese contexto, estando a que el coejecutado
Raúl Francisco Trujillo Agurto antes de formular su pedido de nulidad de actos
procesales a través de su escrito de fecha 31 de enero de 2017, por escrito de
fecha 27 de enero de 2016, dedujo la nulidad de la Resolución N° 01 que contiene
el auto admisorio de la demanda, y por principio de trascendencia, de la
Resolución cautelar N° 01 (medida cautelar de embargo en forma de inscripción);
basando su nulidad en que se vulneró el artículo 158.1, literales b), c), e) y f) de la
Ley N° 27287, que señala que carece de calidad de título valor, el pagaré
incompleto de la demanda, cuya fecha de emisión es inexistente por no
sustentarse en ningún documento causal idóneo, debido a que presenta una serie
de omisiones en cuanto a sus requisitos formales y esenciales; con lo cual se
advierte que en dicho remedio procesal presentado, debió también solicitar la
nulidad de los actos de notificación tanto en este proceso como en un proceso
cautelar deducidos con fecha 31 de enero de 2017, ello por ser la primera
oportunidad que tenía para hacerlo; puesto que antes de la presentación de
dicho escrito, también presentó un escrito con fecha 05 de agosto de 2016, donde
procedió a subsanar las omisiones de su primer pedido de nulidad; motivo por el
cual, al no haber solicitado además el coejecutado Raúl Francisco Trujillo Agurto
la nulidad de los actos de notificación tanto en este proceso como en un proceso
cautelar en su escrito de fecha 27 de enero de 2016, esto es, en la primera
oportunidad que tuvo para hacerlo, la nulidad deducida debe ser declarada
improcedente.
12. Sin perjuicio de lo resuelto, cabe señalar con respecto a las medidas cautelares,
que el artículo 637 del Código Procesal Civil establece que la solicitud cautelar es
concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los
fundamentos y prueba de la solicitud. Procede apelación contra el auto que
deniega la medida cautelar. En este caso, el demandado no es notificado y el
superior absuelve el grado sin admitirle intervención alguna. Una vez dictada la
medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución
cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la
oposición no suspende la ejecución de la medida”. Bajo ese contexto, se
entiende que toda medida cautelar es inaudita altera pars, ya que una vez
presentada la solicitud cautelar, se admite o desestima sin conocimiento de la
parte afectada, en atención a los fundamentos de dicha solicitud y a la prueba
que se acompaña; por lo tanto, en caso de la existencia de un proceso cautelar,
el mismo va a ser tramitado de acuerdo a lo establecido en el artículo 637 del
Código Procesal Civil, y en caso se declare fundada la pretensión cautelar, es en
dicho momento donde la misma deberá ser puesta a conocimiento de la parte
ejecutada, no antes, a fin de que proceda conforme a su derecho, esto es, a
formular la oposición respectiva, por lo que siendo este un proceso principal y no
un proceso cautelar, el coejecutado Raúl Francisco Trujillo Agurto deberá
proceder conforme a su derecho en caso le sea aplicable el artículo 637 del
Código Procesal Civil, en el cuaderno respectivo.
DECISIÓN.
Por los considerandos antes expuestos, se resuelve:
1. DECLARAR INFUNDADO el pedido de nulidad formulado por el coejecutado RAÚL
FRANCISCO TRUJILLO AGURTO a través de su escrito de fecha 31 de enero de 2017.
2. Y, continuando con el trámite del proceso, no habiendo cumplido los
coejecutados Raúl Francisco Trujillo Agurto, Daniel Trujillo Agurto y Alejandro Blas
Hidalgo con el requerimiento contenido en la Resolución N° 01 de autos dentro del
plazo de Ley, así como tampoco haber formulado contradicción, pese a
encontrarse debidamente notificados en autos, téngase presente; en
consecuencia, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del
artículo 690-E del Código Procesal Civil, se dispone: SE PONGAN LOS AUTOS A
DESPACHO PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, debiendo notificarse la
presente resolución a la entidad ejecutante en su casilla electrónica N° 64573 y a
los 03 COEJECUTADOS en su casilla electrónica N° 20503. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Juez: ARDIAN QUINECHE, LUIS
Fecha: 22/02/2017 12:56:44
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUAURA/BARRANCA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO PAZ LETRADO - Sede Barranca
EXPEDIENTE : 00097-2013-0-1301-JP-CI-01
MATERIA : MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION
CORTE SUPERIOR DE HUAURA
Secretario: TOALA FELICIANO JUEZ : ARDIAN QUINECHE, LUIS
JOSE LUIS
Fecha: 22/02/2017 15:30:06 ESPECIALISTA : WATANABE SALVADOR RICARDO ALEXANDER
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: HUAURA/BARRANCA DEMANDADO : TRUJILLO AGURTO, RAUL FRANCISCO
FIRMA DIGITAL
: TRUJILLO AGURTO, DANIEL
: BLAS HIDALGO, ALEJANDRO
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO SA ,
Resolución Nro. Siete
Barranca, dieciséis de febrero
Del año dos mil diecisiete.-
VISTO el escrito de fecha 31 de enero de 2017 (252-2017) presentado por el
ejecutado Raúl Francisco Trujillo Agurto. AL PRINCIPAL: Téngase presente lo expuesto. A LOS
OTROSIES: Téngase presente el domicilio procesal que indica en la parte introductoria del presente
escrito y por otorgadas las facultades a favor del letrado que lo autoriza; por consiguiente y
siguiendo un orden de logicidad, en principio se resolverá el recurso de reposición planteado por la
ejecutante y luego las solicitudes de nulidades de los ejecutados:
Sobre el recurso de reposición contra la resolución cuatro, parte pertinente
1. Por escrito de fecha 03 de octubre de 03 de octubre de 2016 que obra a fojas 97 a 98, la defensa
de la ejecutante formula recurso de reposición contra la resolución cuatro que obra a fojas 91,
donde se expuso que la parte ejecutada había absuelto el traslado de la petición de nulidad del
ejecutado Daniel Trujillo Agurto fuera del término concedido mediante resolución tres, pues
sostiene que su escrito de absolución lo presentó dentro del plazo establecido para ello.
2. Por resolución tres de autos, se corrió traslado a la parte ejecutante el pedido de nulidad del
ejecutado Daniel Trujillo Agurto para que exponga lo pertinente a su derecho en el plazo de tres
días (entiéndase días hábiles). Esta resolución fue notificada a la ejecutante el pasado 02 de
agosto de 2016, según es de verse del cargo de notificación que obra a fojas 74, por lo que
considerando que el día 04 de agosto del mismo año no hubo atención judicial por celebrarse el
“Día del Juez”, el plazo concedido venció el 08 de agosto de 2016.
3. Por tanto, siendo que el escrito de absolución a la nulidad de Daniel Trujillo Agurto se presentó
el 08 de agosto de 2016, conforme se observa a fojas 85, esto es, de manera oportuna,
corresponde estimar el recurso de reposición y tener presente la absolución que realiza la
ejecutante al resolver la nulidad.
Sobre los pedidos de nulidad del auto admisorio formulado por los ejecutados
4. Con escritos de fecha 27 de enero de 2016 (fojas 19 a 28 y 32 a 41) y 03 de enero de 2016 (fojas 51
a 60), subsanados con escritos de fecha 09 de mayo de 2016 (fojas 70) y 05 de agosto de 2016
(fojas 83 a 84), los ejecutados Raúl Francisco Trujillo Agurto, Daniel Trujillo Agurto y Alejandro
Blas Hidalgo, solicitan que se declare la nulidad de oficio del auto admisorio por los
fundamentos que cada uno expone en su correspondiente escrito.
5. La parte ejecutante ha cumplido con absolver los pedidos de nulidad con escritos de fecha 08
de agosto de 2016 (fojas 87 a 90) y 21 de noviembre de 2016 (fojas 104 a 107); por lo que
corresponde pronunciarse sobre tales pedidos de nulidades.
6. Cabe precisar que el pedido de nulidad que formula cada uno de los ejecutados se sustentan en
similares fundamentos; así se puede advertir de cada escrito que contiene los pedidos.
7. De acuerdo a lo glosado por el artículo 356° del Código Procesal Civil, los medios impugnatorios
se clasifican en recursos y remedios, de tal manera que los recursos (reposición, apelación, etc.)
se interponen por quienes se consideren agraviados con una resolución, en tanto que los remedios (nulidad, oposición, etc.) pueden formularse por quien se considere agraviado por
actos procesales no contenidos en resoluciones.
8. La nulidad constituye un remedio dirigido a lograr la invalidación del acto procesal no contenido
en resolución, por adolecer de alguna deficiencia (por lo general de naturaleza formal), como
por ejemplo, el acto de notificación; por el contrario, si el acto procesal afectado de vicio o error
se trata de una resolución, entonces el pedido de nulidad correspondiente deberá adoptar la
forma de un recurso.
9. En ese orden de ideas, y en atención a los considerandos precedentes, tenemos que en el
presente caso, si los ejecutados Raúl Francisco Trujillo Agurto, Daniel Trujillo Agurto y Alejandro
Blas Hidalgo, consideran que la resolución uno que admite la demanda les causa agravio,
debieron ejercer su derecho a través del recurso respectivo, mas no mediante el remedio de
nulidad; por lo tanto, los ejecutados no han adecuado el medio que utilizan al acto procesal que
impugnan, por lo que la nulidad interpuesta debe desestimarse, tanto más si los argumentos
sobre los cuales amparan sus pedidos son cuestiones de fondo que, en todo caso, correspondía
realizarlo al realizar su contradicción.
10. Por otro lado, siendo que los ejecutados no han formulado contradicción alguna, bajo las
formas que exige nuestra norma procesal vigente, en aplicación de lo previsto por el último
párrafo del artículo 690-E del Código Procesal Civil, corresponde poner los autos a despacho
para emitir la resolución (auto) final.
Decisión:
Por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución, se resuelve:
1. Declarar FUNDADO el recurso de reposición formulado por la defensa de la ejecutante contra la
resolución cuatro, parte pertinente, teniéndose presente la absolución de fecha 08 de agosto
de 2016.
2. Declarar IMPROCEDENTE los pedidos de nulidad del auto admisorio, formulados por los
ejecutados Raúl Francisco Trujillo Agurto, Daniel Trujillo Agurto y Alejandro Blas Hidalgo.
3. PONER los autos a despacho para emitir el auto final.
4. Por otro lado, habiéndose implementado el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en
esta Provincia, las partes deberán CUMPLIR con señalar su CASILLA ELECTRONICA y CASILLA
FISICA, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 155-I° del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial1, el artículo 158°2 del Código Procesal Civil (con las modificaciones
introducidas por las Leyes 30229 y 30293, respectivamente), el criterio adoptado en la
Resolución Administrativa N° 175-2016-P-PJ – que si bien, es de aplicación en la Corte Suprema,
también resulta aplicable a los procesos que se tramitan en las Salas Superiores – y la Resolución
Administrativa N° 44-2017-P-CSJHA-PJ de fecha 12 de enero de 2017, en cuanto a la
obligatoriedad de señalar casilla física; DISPUSIERON REQUERIR a los abogados de las partes
procesales a fin de que señalen CASILLA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL, y también
CASILLA FISICA, en la Central de Notificaciones del Poder Judicial de Barranca, ello dentro del
plazo de 05 DÍAS concedido líneas arriba, bajo apercibimiento de imponerse una multa al
abogado patrocinante de UNA (01) URP.
Interviniendo el Secretario Judicial que autoriza, por vacaciones del Secretario titular.
NOTIFÍQUESE.-
1 Artículo 155-I. Señalamiento de domicilio procesal.- En todas las leyes procesales de actuación jurisdiccional que contengan
disposiciones referidas al señalamiento de domicilio procesal, entiende que debe consignarse el domicilio procesal postal y el
domicilio procesal electrónico, constituido por casilla electrónica asignada por el Poder Judicial.”
2 Artículo 158. “(…)En los demás casos y considerando la progresiva aplicación de la notificación electrónica que determine en
cada especialidad el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la cédula se entrega únicamente en la casilla física correspondiente
del abogado patrocinante en la oficina de casillas judiciales del distrito judicial o del colegio de abogados respectivo. Para
este efecto, el abogado patrocinante, debe contar con la respectiva casilla. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00115-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N°TRES (03)
Paita, Doce de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 29 de agosto del 2013, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de
la parte ejecutante AFP HORIZONTE contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO – ARCOPA S.A.; sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en consecuencia
se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO – ARCOPA S.A., cumpla con pagar la suma
de CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 95/100 SOLES (S/450.95), más los
intereses regulados en normas previsionales devengados que se generen desde
la fecha de emisión de la liquidación de cobranza hasta la total cancelación de
la deuda, gastos de cobranza, costos y costas del proceso (folios 18-21).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 12 de setiembre del 2013, según constancia de
notificación con número 1165-2013 y 1166-2013 (folios 22-24), por lo que, a
la fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los
términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 29 de agosto del 2013.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00115-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N°TRES (03)
Paita, Doce de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 29 de agosto del 2013, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de
la parte ejecutante AFP HORIZONTE contra ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO – ARCOPA S.A.; sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en consecuencia
se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y
CONGELADORES DEL PACIFICO – ARCOPA S.A., cumpla con pagar la suma
de CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 95/100 SOLES (S/450.95), más los
intereses regulados en normas previsionales devengados que se generen desde
la fecha de emisión de la liquidación de cobranza hasta la total cancelación de
la deuda, gastos de cobranza, costos y costas del proceso (folios 18-21).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 12 de setiembre del 2013, según constancia de
notificación con número 1165-2013 y 1166-2013 (folios 22-24), por lo que, a
la fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los
términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 29 de agosto del 2013.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO 03
EXPEDIENTE : 00129-2013-0-1801-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA : GERSON E. MEZA JAVIER
DEMANDADO : EDITORA ARGENTINA SRL
HERRERA JARAMILLO PATRICIA ENCARNACION Y
HERRERA JARAMILLO, TULIO VINICIO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO
Resolución Nro. 07
Lima, 06 de abril de 2016.-
DADO CUENTA EN LA FECHA: PUESTO A DESPACHO PARA RESOLVER
LA NULIDAD DEDUCIDA: ATENDIENDO: Primero: Que, mediante escrito de
fecha 09/07/2013 la demandada HERRERA JARAMILLO PATRICIA
ENCARNACION, deduce nulidad contra el acto de notificación de la resolución
03 de autos y de todo lo actuado, señalando que no se le ha notificado la
demanda y anexos en el domicilio actual donde reside y que comunico a la
demandante mediante carta notarial de fecha de recepción 07/11/2012 que se
adjunta. Segundo: Que, la demandante absuelve la devolución de cédula, en
los términos que se indica. Tercero: Que, haciendo un análisis de pedido de
nulidad debe tenerse presente lo señalado en el artículo 40 del Código Civil,
“Que, el deudor deberá comunicar al acreedor el cambio de domicilio
señalado para el cumplimiento de la prestación obligacional, dentro de
los treinta días de ocurrido el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a
que hubiere lugar. La oponibilidad al cambio de domicilio se efectuara
mediante comunicación indubitable”, en el presente caso la demandada ha
cumplido con la formalidad establecida en el citado artículo de comunicar la
variación de su domicilio notarialmente con fecha 07/11/2012, siendo que la
demandante no ha acreditado que formulo oposición a la citada variación.
Cuarto: Que, aunado a estos fundamentos debe observarse que la
comunicación notarial del cambio de domicilio efectuado por la demandada fue
con antelación a la presentación de la demanda por lo que debe ampararse la
nulidad deducida. Quinto: Que, el artículo 171 del acotado, señala “la nulidad
solo se sanciona por causas establecidas en la ley, sin embargo puede
declararse cuando el acto procesal carece de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad”. Por lo que al haberse
demostrado que la demandada no ha sido notificada conforme a ley, el Señor
Juez del Tercer Juzgado de Paz Letrado del Cercado de Lima, declara:
1. FUNDADA LA NULIDAD DEDUCIDA POR LA DEMANDADA HERRERA
JARAMILLO PATRICIA ENCARNACION
2. DECLARECE NULA LA RESOLUCION 03 SOLO EN EL EXTREMO QUE
DECLARA LA VALIDEZ DE LA NOTIFICACION RESPECTO A LA
DEMANDADA HERRERA JARAMILLO PATRICIA ENCARNACION
3. NOTIFIQUESE LA DEMANDA, ANEXOS y RESOLUCION NUMERO UNO
A LA HERRERA JARAMILLO PATRICIA ENCARNACION EN EL
DOMICILIO PROCESAL SEÑALADO.- |
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EXPEDIENTE : 00158-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : NAVARRO ALIAGA JAVIER PEDRO (E) SEC JT-JPLL
DEMANDADO : EMPRESA GER EXPORT
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA
DEMANDANTE: GUZMAN HUARANCCA, LUIS ANGEL
Resolución Nro. 39
Ilo, cinco de septiembre del dos mil veintitrés
Al escrito N°5699-2023 (digitalizado a 02 páginas), presentado por Luis Ángel Guzmán
Huaranca (demandante):::: AL PRINCIPAL: al pedido de declarar consentida la Resolución
Nro. 37. A DESPACHO PARA RESOLVER el pedido de declarar consentida Resolución Nro.
37. AL PRIMER OTROSÍ: Sostiene el pedido que habiendo quedado consentida la medida
de ejecución (embargo), solicita se endose el depósito judicial Nro. 2023004602420 hasta
por la suma de S/ 366,475.06 a favor del demandante. A DESPACHO PARA RESOLVER el
pedido de endosar depósito judicial Nro. 2023004602420 hasta por la suma de S/
366,475.06a favor del demandante Luis Ángel Guzmán Huaranca. AL SEGUNDO OTROSI:
Adjunta aranceles por cuatro derechos de notificación. Agréguese a los autos.
OBSERVACIÓN DEL SECRETARIO: de la revisión de actuados se tiene que la Resolución
Nro. 37 de fecha 17.08.2023 mediante la cual se resuelve declarar infundada la oposición
interpuesta por GER EXPORT S.A. en contra de la medida de ejecución de embargo en
forma de retención contenida en Resolución Nro. 24 y otros, en tanto que en dicha
resolución se hace referencia a la sentencia de primera instancia como Resolución Nro. 08
de fecha 17.11.2014 verificado tal documento que obra a folio 186-217 se tiene como
Resolución Nro. 03 de fecha 21.08.2014. A Despacho para Resolver en cuanto a corregir la
mención a la sentencia de primera instancia enl a Resolución Nro. 37 de fecha 17.08.2023.
VISTOS: El llamado de autos para resolver: a) el pedido de declarar consentida la
Resolución Nro. 37, b) corregir la mención a la sentencia de primera instancia en
Resolución Nro. 37, c) el pedido de endosar el depósito judicial Nro. 2023004602420 hasta
por la suma de S/ 366,475.06 a favor del demandante Luis Ángel Guzmán Huaranca. La
Resolución Nro. 03 Sentencia de fecha 21.08.2014, la Resolución Nro. 11 Sentencia de
Vista de fecha 14.08.2017, la Resolución Nro. 24 de fecha 13.10.2021, la Resolución 28 de
fecha 17.03.2022, la Resolución Nro. 37 de fecha 17.08.2023, el escrito N°5699-2023; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: La Ley Procesal del Trabajo en su PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA
indica: “En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código
Procesal Civil”. En este contexto se indica que las normas procesales son de carácter
imperativo, salvo regulación permisiva en contrario y por tanto de cumplimiento
obligatorio conforme lo prevé el articulo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
En cuanto a quedar consentida una resolución en aplicación supletoria del Artículo 123 del
Código Procesal Civil, el cual señala: "Una resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada
cuando: 1. No proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos; o 2.
Las partes renuncian expresamente a interponer medios impugnatorios o dejan transcurrir
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chávez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. los plazos sin formularlos. La cosa juzgada sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas
deriven sus derechos. (...)”. De conformidad con lo previsto en el artículo 407 del Código
Procesal Civil, antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede de oficio o a pedido de
parte y sin trámite alguno, corregir cualquier error material evidente que contenga una
resolución. Los errores numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la
ejecución de la resolución.
SEGUNDO: Itinerario procesal: se expide Resolución Nro. 03 Sentencia de fecha
21.08.2014 y la Resolución 11 Sentencia de Vista de fecha 14.08.2017, con Resolución Nro.
13 de fecha 03.03.2020 se recibe el expediente de la Corte Suprema de Justicia de la
República con CASACIÓN LABORAL N° 20197-2017 MOQUEGUA Reintegro de
remuneraciones y otro Proceso ordinario – NPLT para su ejecución declarando infundado
el recurso de casación, con lo cual el presente proceso se encuentra en etapa de ejecución
de sentencia en calidad de cosa juzgada; por Resolución Nro. 19 de fecha 15.01.2021 se
integra al proceso a GER EXPORT S.A. como sucesor procesal de la EMPRESA PESQUERA
CECILIA PAOLA S.R.L. también se encuentra ejecutoriada; mediante Resolución 24 de
fecha 13.10.2021 se dicta embargo en forma de retención; por Resolución Nro. 28 de
fecha 17.03.2022 se declara fundada la solicitud de variación de medida de embargo en
cuanto al órgano de auxilio judicial y el objeto y se dicta embargo en forma de retención;
con Resolución Nro. 34 - decreto de consignación - de fecha 13.06.2023 por parte del
Órgano de Auxilio Judicial PESQUERA EXALMAR S.A.A., por consignado el depósito judicial
N° 2023004602420, por la suma de S/ 415,117.08, por Resolución 37 de fecha 17.08.2023
vía regularización se da por iniciada la ejecución forzada y se declara INFUNDADA la
oposición interpuesta por GER EXPORT S.A. en contra de la medida de ejecución de
embargo en forma de retención contenida en Resolución Nro. 24 de fecha 13.10.2021. En
este estado procesal el demandante, presenta pedido de declarar consentida la medida de
ejecución (embargo) y el pedido de endosar el depósito judicial Nro. 2023004602420 hasta
por la suma de S/ 366,475.06 a favor del demandante.
a) El pedido de declarar consentida la Resolución Nro. 37
TERCERO: En contra de la Resolución Nro. 37 de fecha 17.08.2023 en mención, no se ha
interpuesto recurso impugnatorio dentro del plazo establecido por ley; adicionalmente, la
parte demandante solicita se declare consentida, por lo que de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 123 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria a los procesos
laborales, corresponde declarar consentida la Resolución Nro. 37 de fecha 17.08.2023, que
resuelve “Declarar IIIINNNNFFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDAAAA la oposición interpuesta por GGGGEEEERRRR EEEEXXXXPPPPOOOORRRRTTTT SSSS....AAAA. en contra de
la medida de ejecución de embargo en forma de retención contenida en RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn NNNNrrrroooo.... 22224444
ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa 11113333....11110000....2222000022221111“ en consecuencia, la mencionada Resolución Nro. 24 de fecha
13.10.2021 por la cual se dicta medida de embargo en forma de retención adquiere la
calidad de firme. Adicionalmente, la Resolución Nro. 28 de fecha 13.10.2021 por la cual se
dicta variación de medida de embargo en forma de retención también adquiere la calidad
de firme al no haber sido cuestionada.
b) En cuanto a la mención a la sentencia de primera instancia en Resolución Nro. 37
CUARTO: Revisada la Resolución Nro. 37 de fecha 17.08.2023, se tiene que en los
considerandos cuarto, séptimo, octavo y noveno se hace mención a la sentencia de
primera instancia como “Resolución Nro. 08 de fecha 17.11.2014”. Sin embargo, el juzgado
ha detectado un error en el número consignado para dicha resolución y su fecha, tomando
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chávez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. en cuenta que obra en actuados dicha sentencia a folio 186-217, se asume que debe
tratarse de un error de índole numérico (material), razón por la cual debe corregirse de la
siguiente manera: “Resolución Nro. 03 de fecha 21.08.2014” y continuar con el séquito del
proceso evitando cuestionamientos posteriores.
c) El pedido de endosar el depósito judicial a favor del demandante
QUINTO: Ante el pedido de endosar depósito judicial Nro. 2023004602420 hasta por la
suma de S/ 366,475.06 a favor de Luis Ángel Guzmán Huaranca; el juzgado solamente debe
verificar las condiciones necesarias para poder endosar el depósito directamente.
Estando a que tanto la Resolución Nro. 24 de fecha 13.10.2021 como la Resolución Nro.
28 de fecha 13.10.2021 por la cual se dicta medida de embargo en forma de retención,
han adquirido la condición de firme, teniendo presente que el proceso se encuentra en
etapa de ejecución de sentencia en calidad de cosa juzgada, en este sentido se tiene la
Resolución 11 Sentencia de Vista de fecha 14.08.2017 por la cual se CONFIRMA la
Resolución Nro. 03 Sentencia de fecha 21.08.2014 por las cuales se dispone el pago
solidario por la suma de S/ 366,475.06, provenientes del pago por concepto de
remuneraciones de partición de pesca por descarga de tonelada métrica del 22.40% del
periodo de reintegro remuneraciones y pago de beneficios sociales por el periodo de enero
del 2005 a diciembre del 2012, más los intereses legales que será, calculados en ejecución
de sentencia con costas y costos, dándose por verificadas las condiciones previas para
dicho trámite, por lo cual corresponde endosar el depósito judicial Nro. 2023004602420
por el monto de S/. 366,475.06 a nombre del demandante LLLLuuuuiiiissss ÁÁÁÁnnnnggggeeeellll GGGGuuuuzzzzmmmmáááánnnn HHHHuuuuaaaarrrraaaannnnccccaaaa,
debiendo consignarse el saldo pendiente.
Por estas consideraciones;
SE RESUELVE:
1. Declarar CONSENTIDA la Resolución Nro. 37 de fecha 17.08.2023, que resuelve
“Declarar IIIINNNNFFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDAAAA la oposición interpuesta por GGGGEEEERRRR EEEEXXXXPPPPOOOORRRRTTTT SSSS....AAAA. en contra de la
medida de ejecución de embargo en forma de retención contenida en RRRReeeessssoooolllluuuucccciiiióóóónnnn NNNNrrrroooo....
22224444 ddddeeee ffffeeeecccchhhhaaaa 11113333....11110000....2222000022221111“; en consecuencia, dicha Resolución Nro. 24 de fecha
13.10.2021 y la Resolución Nro. 28 de fecha 13.10.2021 por la cual se dicta medida
de embargo en forma de retención adquieren la calidad de firme.
2. CORREGIR EN EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN Nro. 37 de fecha 17.08.2023, en
cuanto que en los considerandos cuarto, séptimo, octavo y noveno se hace mención
a la sentencia de primera instancia como “Resolución Nro. 08 de fecha 17.11.2014”;
debiendo decir: “Resolución Nro. 03 de fecha 21.08.2014”.
3. SE ORDENA endosar el depósito judicial Nro. 2023004602420 por el monto de
S/.366,475.06 (TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
06/100 soles) a nombre del demandante Luis Ángel Guzmán Huaranca, para lo cual
debe apersonarse a las instalaciones del juzgado a fin de llevar a cabo el
procedimiento de endose con su documento de identidad, una vez que quede
consentida la presente resolución por el PLAZO DE TRES DÍAS.
4. Se reserva el depósito judicial Nro. 2023004602420 por el saldo consistente en la
suma S/. 48,642.02.
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
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MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
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DEMANDADO : EMPRESA GER EXPORT
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA
DEMANDANTE: GUZMAN HUARANCCA, LUIS ANGEL
Resolución Nro. 38
Ilo, cinco de septiembre del dos mil veintitrés
Al escrito N°5684-2023: (digitalizado a 04 páginas) presentado en forma física vía
remisión por Sala Mixta Descentralizada de Ilo (órgano jurisdiccional): Por recibido el
oficio N° 1007-2023-P-SMD-I-CSJMO-PJ remitido por la Sala Mixta Descentralizada de
Ilo, mediante el cual se remite copia de la CASACION Nº 25603-2022 MOQUEGUA
REINTEGRO DE REMUNERACIONES Y OTROS PROCESO ORDINARIO LABORAL - LEY N°
29497 EXPEDIENTE DIGITALIZADO - NO EJE que resuelve: “IMPROCEDENTE POR
CUANTIA el recurso de casación interpuesto por Ger Export Sociedad Anónima, contra el
auto de vista de fecha 13.07.2021.” Póngase en conocimiento de las partes
En consecuencia, teniendo presente que se resuelve de forma negativa el recurso de
casación contra la Resolución Nro. 04 Auto de Vista de fecha 13.07.2021 que confirma
la Resolución Nro. 19 de fecha 15.01.2021 por lo cual adquiere la calidad de
resolución ejecutoriada, en cuanto resuelve: ““““DDDDEEEECCCCLLLLAAAARRRRAAAARRRR FFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDOOOO el pedido del
demandante;;;; en consecuencia, SSSSEEEE IIIINNNNTTTTEEEEGGGGRRRRAAAA al proceso a GGGGEEEERRRR EEEEXXXXPPPPOOOORRRRTTTT SSSS....AAAA....,,,, como
sucesora procesal de la EEEEMMMMPPPPRRRREEEESSSSAAAA PPPPEEEESSSSQQQQUUUUEEEERRRRAAAA CCCCEEEECCCCIIIILLLLIIIIAAAA PPPPAAAAOOOOLLLLAAAA SSSS....RRRR....LLLL....,,,, debiendo
continuarse conforme a su estado, con la demandada Procesadora de Productos
Marinos S.A. y Ger Export S.A....“
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
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MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : NAVARRO ALIAGA JAVIER PEDRO (E) SEC JT-JPLL
EMPLAZADO : PESQUERA EXALMAR SAA
DEMANDADO : PESQUERA CECILIA PAOLA SRL
EMPRESA GER EXPORT
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA
DEMANDANTE: GUZMAN HUARANCCA, LUIS ANGEL
Resolución Nro. 37
Ilo, diecisiete de agosto del dos mil veintitrés
Al escrito N°4961-2023 (digitalizado a 04 páginas) presentado por Juan Carlos Paretto
Flores apoderado de GER EXPORT S.A. (demandada): AL PRINCIPAL: Adjunta aranceles
por derecho de apelación (oposición) y cuatro por derechos de notificación. AL
PRIMER OTROSÍ: se ratifica en interponer recurso de oposición, téngase presente. AL
SEGUNDO OTROSÍ: téngase presente la corrección en cuanto al monto de la medida
de ejecución, téngase por aclarado el pedido. Estese a la orden de ponerse A
DESPACHO PARA RESOLVER.
Al escrito N°5004-2023 (digitalizado a 03 páginas), presentado por Luis Angel Guzman
Huaranga (demandante)::::
AL PRINCIPAL: al pedido de hacer efectivo el apercibimiento de ejecución forzada
prevista en la Resolución Nro. 21. A DESPACHO PARA RESOLVER hacer efectivo el
apercibimiento de ejecución forzada prevista en la Resolución Nro. 21.
AL PRIMER OTROSÍ: al pedido de declarar consentida la medida de ejecución
(embargo). A DESPACHO PARA RESOLVER el pedido de declarar consentida la medida
de ejecución (embargo).
AL SEGUNDO OTROSI: Sostiene el pedido que habiendo quedado consentida la medida
de ejecución (embargo), solicita se endose el depósito judicial Nro. 2023004602420
hasta por la suma de S/ 366,475.06 a favor del demandante. A DESPACHO PARA
RESOLVER el pedido de endosar depósito judicial Nro. 2023004602420 hasta por la
suma de S/ 366,475.06 a favor del demandante.
AL TERCER OTROSI: Adjunta aranceles por cuatro derechos de notificación. Agréguese
a los autos.
VISTOS: El llamado de autos para resolver: a) la calificación del recurso de oposición en
contra de la Resolución Nro. 24 que concede medida de embargo, b) hacer efectivo el
apercibimiento de ejecución forzada prevista en la Resolución Nro. 21, c) el pedido de
declarar consentida la medida de ejecución (embargo), y d) el pedido de endosar el
depósito judicial Nro. 2023004602420 hasta por la suma de S/ 366,475.06 a favor del
demandante. La Resolución 21 de fecha 18.08.2021, la Resolución Nro. 24 de fecha
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chávez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. 13.10.2021, la Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022, los escritos N°4373-2023,
N°4961-2023 y N°5004-2023; y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: El artículo 637 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria para el
proceso laboral, indica: “… Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede
formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma
conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa
pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida...”
SEGUNDO: La oposición de la medida cautelar a que se refiere el citado artículo 637
del Código Procesal Civil, consiste en el derecho de la parte contra quien se libren las
medidas cautelares, a contradecir los motivos que condujeron al Juez a tomar su
decisión con la finalidad de que éste declare sin lugar la medida cautelar ordenada.
Todo como garantía a un debido proceso en el que se resguarde la defensa de los
sujetos procesales involucrados y la contradicción, entendida como el derecho de las
partes a disponer de las oportunidades necesarias y equitativas para asegurar sus
actuaciones.
TERCERO: En cuanto a quedar consentida una resolución en aplicación supletoria del
Artículo 123 del Código Procesal Civil, el cual señala: "Una resolución adquiere la
autoridad de cosa juzgada cuando: 1. No proceden contra ella otros medios
impugnatorios que los ya resueltos; o 2. Las partes renuncian expresamente a interponer
medios impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos. La cosa juzgada
sólo alcanza a las partes y a quienes de ellas deriven sus derechos. (...)” Se cita el
artículo 128 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria para el presente caso, el
cual establece "El Juez declara la inadmisibilidad de un acto procesal cuando carece de
un requisito de forma o éste se cumple defectuosamente. Declara su improcedencia si la
omisión o defecto es de un requisito de fondo".
CUARTO: Itinerario procesal: se expide la Resolución Nro. 08 Sentencia de fecha
17.11.2014, con la Resolución Nro.11 Sentencia de Vista de fecha 14.08.2017,
mediante Resolución Nro. 13 de fecha 03.03.2020 se recibe el expediente de la Corte
Suprema de Justicia al haber sido declarado infundado el recurso de casación
interpuesto, con lo cual el presente proceso se encuentra en etapa de ejecución de
sentencia en calidad de cosa juzgada; por Resolución Nro. 19 de fecha 15.01.2021 se
integra al proceso a GER EXPORT S.A. como sucesor procesal de la EMPRESA
PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L. mediante Resolución 21 de fecha 18.08.2021 se
recibe auto de vista por el cual se confirma la Resolución Nro. 19 y a su vez se requiere
a la empresa GER EXPORT S.A. cumpla con pagar la suma de S/ 366,475.06 a favor del
demandante bajo apercibimiento de ejecución forzada. Mediante Resolución 24 de
fecha 13.10.2021 se dicta embargo en forma de retención; por Resolución Nro. 28 de
fecha 17.03.2022 se declara fundada la solicitud de variación de medida de embargo
en cuanto al órgano de auxilio judicial y el objeto y se dicta embargo en forma de
retención; con Resolución Nro. 25 -decreto de consignación- de fecha 16.11.2021 por
parte del Órgano de Auxilio Judicial Banco de Crédito del Perú, por consignados los
depósitos judiciales N° 2021014601257 por la suma de S/ 6,116.00 y N°
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chávez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. 2021014601255 por la suma de US$/ 3,141.40 con Resolución Nro. 27 -decreto de
consignación- de fecha 31.01.2022 por parte del Órgano de Auxilio Judicial Banco de
Crédito del Perú, por consignados los depósitos judiciales N° 2022014600101 por la
suma de US$/ 5,077.78 y N° 2022014600102 por la suma de S/ 18,766.91 y con
Resolución Nro. 34 - decreto de consignación - de fecha 13.06.2023 por parte del
Órgano de Auxilio Judicial PESQUERA EXALMAR S.A.A., por consignado el depósito
judicial N° 2023004602420, por la suma de S/ 415,117.08, mediante Resolución Nro.
35 de fecha 26.06.2023 se ordena que se levante la reserva de la medida de embargo y
se notifica a la demandada para su conocimiento. En este estado procesal GER EXPORT
S.A. deduce recurso de oposición en contra de la Resolución Nro. 24 de fecha
13.10.2021. Asimismo, el demandante, presenta pedido de declarar consentida la
medida de ejecución (embargo) y el pedido de endosar el depósito judicial Nro.
2023004602420 hasta por la suma de S/ 366,475.06 a favor del demandante.
a) Calificación definitiva del recurso de oposición en contra de la Resolución Nro. 24
QUINTO: La sucesora procesal GER EXPORT de la demandada EMPRESA PESQUERA
CECILIA PAOLA S.R.L. formula oposición en contra de la Resolución Nro. 24 de fecha
13.10.2021, que resuelve dictar embargo en forma de retención “que recaerá sobre las
cuentas bancarias en moneda nacional o extranjera que mantenga en el Banco de
Crédito del Perú la demandada GER EXPORT S.A.”; debiendo tomarse también en contra
de la Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022 se declara fundada la solicitud de
variación de medida de embargo en cuanto al órgano de auxilio judicial y el objeto y se
dicta embargo en forma de retención “que recaerá sobre los pagos que tenga que
efectuar PESQUERA EXALMAR S.A.A. a la demandada GER EXPORT S.A.”; hasta por la
suma de S/. 415,117.08, formulando su oposición bajo los siguientes argumentos: (3.1)
Afectación de un bien ajeno al ejecutado; (3.2) embargo de un tercero (3.3)
Incumplimiento de los requisitos legales para la concesión de la medida cautelar
señalando que es una medida desproporcionada y que no se habría acreditado el
motivo de que la medida sea tan lesiva y gravosa en contra de la empresa recurrente,
agregando finalmente que no se sustenta el peligro en la demora.
SEXTO: En cuanto al argumento (3.1) Afectación de un bien ajeno al ejecutado
indicando que lo embargado es producto de una cesión de explotación del LMCE
pactada por ocho temporadas desde 2019 se indica que debe imponerse el mandato
judicial, teniendo en cuenta la preferencia de pago que tienen las deudas surgidas de
derechos laborales sobre otras obligaciones; tal es así, que los órganos de auxilio
judicial tanto el Banco de Crédito del Perú y la PESQUERA EXALMAR S.A.A. cumplen con
poner a disposición del juzgado las sumas consignadas en depósitos judiciales N°
2021014601257 por la suma de S/ 6,116.00, N° 2021014601255 por la suma de US$/
3,141.40; N° 2022014600101 por la suma de US$/ 5,077.78, N° 2022014600102 por la
suma de S/ 18,766.91 y N° 2023004602420, por la suma de S/ 415,117.08, sin
observaciones al respecto.
mediante Resolución 21 de fecha 18.08.2021 se recibe auto de vista por el cual se
confirma la Resolución Nro. 19 y a su vez se requiere a la empresa GER EXPORT S.A.
cumpla con pagar la suma de S/ 366,475.06 a favor del demandante bajo
apercibimiento de ejecución forzada
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chávez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. SEPTIMO: En cuanto al argumento (3.2) embargo de un tercero se debe hacer un
recuento de lo que consta de autos: mediante Resolución Nro. 08 Sentencia de fecha
17.11.2014, se declara fundada la demanda presentada por Luis Angel Guzman
Huaranga, en contra de la empresa Procesadora de Productos Marinos S.A. y Pesquera
Cecilia Paola S.R.L. disponiendo el pago solidario de la suma de S/ 366,475.06 más los
intereses legales, con costas y costos del proceso, resolución que fue confirmada por el
superior en grado mediante Resolución Nro.11 Sentencia de Vista de fecha 14.08.2017,
mediante Resolución Nro. 13 de fecha 03.03.2020 se recibe el expediente de la Corte
Suprema de Justicia al haber sido declarado infundado el recurso de casación
interpuesto, adquiriendo de esta forma la condición de cosa juzgada y pasando a la
etapa de ejecución. Asimismo, por Resolución Nro. 19 de fecha 15.01.2021 se integra
al proceso a GER EXPORT S.A. como sucesor procesal de la EMPRESA PESQUERA
CECILIA PAOLA S.R.L. por Resolución 21 de fecha 18.08.2021 se recibe auto de vista por
el cual se confirma la Resolución Nro. 19. Este itinerario procesal demuestra la
conexión que existe en cuanto a GER EXPORT S.A. como sucesor procesal de la
demandada primigenia Pesquera Cecilia Paola S.R.L lo que refuta el argumento de
haberse trabado embargo a un tercero, pues denota en el tiempo y en cuanto a los
actos procesales haber tenido conocimiento suficiente de las resoluciones dictadas,
incluso confirmadas por el Superior en grado.
OCTAVO: En tanto al (3.3) Incumplimiento de los requisitos legales para la concesión
de la medida cautelar señalando que es una medida desproporcionada y que no se
habría acreditado el motivo de que la medida sea tan lesiva y gravosa, agregando que
no se sustenta el peligro en la demora. Se indica que la medida cautelar otorgada es
por el monto total de la deuda dictada en Resolución Nro. 08 Sentencia de fecha
17.11.2014 por la suma de S/ 366,475.06 más los intereses legales, con costas y costos
del proceso disponiendo además el pago solidario de la misma, no resultando para
este juzgador evidente la desproporción entre lo adeudado y el monto por medida
cautelar dictada (S/. 450,000.00); en cuanto el peligro en la demora al encontrarse el
proceso en etapa de ejecución a fin de dar cumplimiento a la sentencia no existe razón
para su retardo, debiendo ejecutarse en sus propios términos, conforme lo establece
el Art. 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estando a los considerandos previos
respectivos se debe declarar infundada la oposición formulada por la ejecutada Ger
Export.
b) En cuanto a hacer efectivo el apercibimiento de dar inicio a ejecución forzada
NOVENO: Al existir una sentencia firme, encontrándose el proceso en etapa de
ejecución de sentencia en calidad de cosa juzgada y siendo una de las garantías de la
administración de justicia, que las resoluciones se cumplan conforme a sus propios
términos y sin dilaciones innecesarias; en el caso de autos, pese al requerimiento
efectuado mediante Resolución 21 de fecha 18.08.2021, debidamente notificada a las
demandadas GER EXPORT S.A. en sus casillas electrónicas (f.718), a la fecha las
empresas codemandadas no han cumplido con pagar el monto dispuesto en la
Resolución N° 08, por lo que, procede hacer efectivo el apercibimiento ordenado,
dando inicio a la ejecución forzada.
c) Declarar consentida la medida de ejecución (embargo) Resolución Nro. 30
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chávez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. DECIMO: En cuanto al pedido que realiza el demandante de declarar consentida la
Resolución Nro. 30, se tiene que el demandado tiene interpuesto un recurso
(oposición) a fin de cuestionar dicha Resolución Nro. 24, por lo que en aplicación
supletoria del Artículo 123 del Código Procesal Civil que indica “1. No proceden contra
ella otros medios impugnatorios que los ya resueltos”, para en el presente caso, se tiene
que se está resolviendo dicho medio impugnatorio (oposición) el cual tendrá que ser
notificado y a su vez adquirir la firmeza requerida (procedimiento establecido), por lo
que faltando un requisito de fondo a su pedido de declarar consentida la resolución en
aplicación del artículo 28 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, se declara
IMPROCEDENTE el pedido de declarar consentida la Resolución Nro. 24.
d) Pedido de endosar el depósito judicial a favor del demandante
DECIMO PRIMERO: Se debe indicar que el pedido de endosar el depósito judicial
queda supeditado a que se declare consentida la Resolución Nro. 24; en este sentido,
resulta conveniente indicar el criterio asumido por este juzgador en lo referente al
endose de depósitos judiciales según lo resuelto por la Superior Sala Mixta
Descentralizada de Ilo en el expediente 00344-2017-18-2802-JR-LA-01 que indica: “que
no se requiere intimar a las partes para el pago, cuando existe decisión judicial de
embargo firme; correspondiéndole al a quo verificar dicha formalidad y el monto
determinado de la obligación de pago”. Siendo que en el presente caso aún la
Resolución Nro. 24 de fecha 13.10.2021 NO ha adquirido la calidad de firme, por lo
que faltando un requisito de fondo en aplicación del artículo 28 del Código Procesal
Civil de aplicación supletoria, se declara IMPROCEDENTE el pedido de endosar el
depósito judicial Nro. 2023004602420 hasta por la suma de S/ 366,475.06 a favor del
demandante. Por estas consideraciones;
SE RESUELVE:
1. Declarar INFUNDADA la oposición interpuesta por GER EXPORT S.A. en contra
de la medida de ejecución de embargo en forma de retención contenida en
Resolución Nro. 24 de fecha 13.10.2021.
2. VIA REGULARIZACIÓN HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO ordenado en
Resolución 21 de fecha 18.08.2021, DANDO INICIO A LA EJECUCIÓN FORZADA.
3. Declarar IMPROCEDENTE el pedido de declarar consentida la Resolución Nro.
24 y su variación Resolución Nro. 28, presentado por el demandante.
4. Declarar IMPROCEDENTE el pedido de endosar el depósito judicial Nro.
2023004602420 hasta por la suma de S/ 366,475.06 a favor del demandante.
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Se llama la atención al secretario judicial Javier Pedro Navarro Aliaga a fin de que cumpla con los
plazos procesales.
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chávez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO - SEDE JUZGADOS ILO
EXPEDIENTE : 00158-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : NAVARRO ALIAGA JAVIER PEDRO (E) SEC JT-JPLL
EMPLAZADO : PESQUERA EXALMAR SAA
DEMANDADO : PESQUERA CECILIA PAOLA SRL
EMPRESA GER EXPORT
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA
DEMANDANTE: GUZMAN HUARANCCA, LUIS ANGEL
Resolución Nro. 33
Ilo, veintiséis de abril del dos mil veintitrés
Al escrito N° 1075-2022 (digitalizado a 07 páginas) presentado por Teodoro Cari Callata
apoderado de Luis Guzmán Huaranga (demandante): Al principal: al pedido que se
requiera al órgano de auxilio judicial PESQUERA EXALMAR S.A.A. para que en el
término del quinto día de notificado cumpla con efectuar el depósito por la suma de
S/.415,117.08, conforme a lo ordenado en Resolución Nro. 28 Auto de Embargo de
fecha 17.03.2022 bajo apercibimiento de DOBLE PAGO en caso de incumplimiento. A
Despacho para Resolver.
Al primer otrosí: estando relacionado con medida cautelar manténgase la reserva. Al
segundo otrosí: A los antecedentes el anexo y el arancel por un derecho de
notificación.
VISTOS: El llamado para resolver en cuanto al pedido que se requiera al órgano de
auxilio judicial PESQUERA EXALMAR S.A.A. para que en el término del quinto día de
notificado cumpla con efectuar el depósito por la suma de S/.415,117.08, conforme a
lo ordenado en Resolución Nro. 28 Auto de Embargo de fecha 17.03.2022 bajo
apercibimiento de DOBLE PAGO en caso de incumplimiento.; la Resolución Nro. 28 de
fecha 17.03.2022, la Resolución Nro. 30 de fecha 14.10.2022, escrito N° 284-2023 y
escrito N° 285-2023, la Resolución Nro. 31 de fecha 20.01.2023, escrito N° 1075-2022 y
sus notificaciones.
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: La Ley Procesal del Trabajo en su PRIMERA DISPOSICION COMPLEMENTARIA
indica: “En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código
Procesal Civil”. Teniendo en cuenta el Artículo 660 del Código Procesal Civil de
aplicación supletoria para los procesos laborales que indica: “Si el retenedor,
incumpliendo la orden de retener, paga directamente al afectado, será obligado a
efectuar nuevo pago a la orden del Juzgado. Contra esta decisión procede apelación sin
efecto suspensivo.”
SEGUNDO: De la revisión de actuados, se advierte que el presente proceso se
encuentra en etapa de ejecución con sentencia en calidad de cosa juzgada. Mediante
Resolución N° 19 de fecha 15.01.2021 se resolvió integrar al proceso a la empresa GER
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chávez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. EXPORT S.A., en lugar de la empresa PESQUERA CECILIA PAOLA SRL. Por Resolución N° 24
de fecha 13.10.2021, se dictó embargo en forma de retención hasta por el monto de S/
470,000.00 teniendo como órgano de auxilio judicial al Banco de Crédito del Perú.
Finalmente por Resolución N° 24 de fecha 13.10.2021, declarar fundada la solicitud de
variación de medida de embargo en cuanto al órgano de auxilio judicial y el objeto,
dictando embargo en forma de retención, hasta por la suma de S/ 415,117.08 y se designa
como órgano de auxilio judicial a la EMPRESA PESQUERA EXALMAR S.A.A.; mediante
Resolución N° 30 de fecha 13.10.2021 se ordena notificar mediante cedula de notificación
a dicho órgano de auxilio judicial - EMPRESA PESQUERA EXALMAR S.A.A. a fin que
permita al órgano judicial tener la certeza que tomo conocimiento fehacientemente; a
pesar de ello la EMPRESA PESQUERA EXALMAR S.A.A. en su calidad de órgano de auxilio
judicial da respuesta tardía - lo que fue motivo de imposición de multa mediante
Resolución Nro. 31 de fecha 20.01.2023- indicando que “Por las consideraciones expuesta
y considerando la información remitida por nuestra oficina de contabilidad, nos vemos
imposibilitados de dar cumplimiento a su mandato toda vez que, a la fecha de notificación
de la resolución con el mandato de retención ,no mantenemos fondos disponibles sobre los
cuales aplicar las retenciones dictadas por su despacho”. En este estado y habiéndose
corrido traslado el demandante presenta pedido que se requiera al órgano de auxilio
judicial PESQUERA EXALMAR S.A.A. para que en el término del quinto día de notificado
cumpla con efectuar el depósito por la suma de S/.415,117.08, conforme a lo ordenado
en Resolución Nro. 28 Auto de Embargo de fecha 17.03.2022 bajo apercibimiento de
DOBLE PAGO en caso de incumplimiento.
TERCERO: en cuanto a realizar un requerimiento de pago al órgano de auxilio judicial
PPPPEEEESSSSQQQQUUUUEEEERRRRAAAA EEEEXXXXAAAALLLLMMMMAAAARRRR SSSS....AAAA....AAAA. para que en el término del quinto día de notificado cumpla
con efectuar el depósito por la suma de SSSS////....444411115555,,,,111111117777....00008888, conforme a lo ordenado en
Resolución Nro. 28 Auto de Embargo de fecha 17.03.2022; teniendo presente que
hasta la fecha las demandadas EMPRESA PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.
y empresa GER EXPORT S.A. obligadas de forma solidaria no cumplen con pagar lo
ordenado en Sentencia, y a pesar que por Resolución N° 24 de fecha 13.10.2021, se
designa como órgano de auxilio judicial a la EMPRESA PESQUERA EXALMAR S.A.A. a fin de
que ejecute embargo en forma de retención hasta por la suma de S/ 415,117.08 de los
pagos que tenga que efectuar a la demandada empresa GER EXPORT S.A.; que dicho
órgano de auxilio judicial comunica que se ve imposibilitado de cumplir con dicho mandato
judicial, que al existir un mandato judicial vigente si correspondería realizar requerimiento
de pago al órgano de auxilio judicial con las precisiones indicadas.
CUARTO: en cuanto al apercibimiento solicitado de disponerse el DOBLE PAGO
establecido en el artículo 660 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria para los
procesos laborales, se debe indicar que de los escritos mediante los cuales la
PESQUERA EXALMAR S.A.A. comunica la imposibilidad de retener pagos a favor de GER
EXPORT S.A.; resulta aparentemente contradictorio, pues indica que habrían créditos a
favor de GER EXPORT S.A. como se puede inferir del contrato de maquila del 2018 por
US$222.00 y del contrato del 2019 por US$255.00 ambos por tonelada de harina de
pescado, pero que ese saldo se destina a pagar otros adeudos que la demandada GER
EXPORT S.A. tiene a favor de la misma PESQUERA EXALMAR S.A.A. En la misma línea
sobre el contrato de asociación de cuota de pesca, según indica PESQUERA EXALMAR
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chávez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. S.A.A. que existe un saldo del 10% a favor de GER EXPORT S.A. que ya fue motivo de
retención quedando agotada dicha fuente de pago, sin embargo, como en el caso
anterior queda un 90% que al parecer se destina a pagos de la misma PESQUERA
EXALMAR S.A.A. En ambos casos, sobre dichos saldos es que debe imponerse el
mandato judicial, teniendo en cuenta la preferencia de pago que tienen las deudas
surgidas de derechos laborales sobre otras obligaciones. Es en estas circunstancias, a
fin de que el órgano de auxilio judicial PESQUERA EXALMAR S.A.A. cumpla con lo
ordenado por el Juzgado debe accederse al requerimiento con apercibimiento de
disponer el doble pago a fin de efectivizar las decisiones judiciales en resguardo a la
tutela jurisdiccional orientando la tramitación del proceso a esa finalidad.
Por estas consideraciones:
SE RESUELVE:
REQUERIR al órgano de auxilio judicial PPPPEEEESSSSQQQQUUUUEEEERRRRAAAA EEEEXXXXAAAALLLLMMMMAAAARRRR SSSS....AAAA....AAAA.... para que en el
término del quinto día de notificado cumpla con efectuar el depósito por la suma de
S/.415,117.08 o informe al respecto sobre su cumplimiento, conforme a lo ordenado
en Resolución Nro. 28 Auto de Embargo de fecha 17.03.2022, bajo apercibimiento de
disponerse el DDDDOOOOBBBBLLLLEEEE PPPPAAAAGGGGOOOO establecido en el artículo 660 del Código Procesal Civil de
aplicación supletoria para los procesos laborales en caso de incumplimiento.
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Se llama la atención al secretario judicial con la finalidad de que cumpla con los plazos
procesales.
Por tratarse de un pedido relacionado directamente sobre medida cautelar
notifíquese bajo reserva – solo al demandante.
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chávez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO - SEDE JUZGADOS ILO
EXPEDIENTE : 00158-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : NAVARRO ALIAGA JAVIER PEDRO (E) SEC JT-JPLL
EMPLAZADO : PESQUERA EXALMAR SAA
DEMANDADO : PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA
PESQUERA CECILIA PAOLA SRL
EMPRESA GER EXPORT
DEMANDANTE: GUZMAN HUARANCCA, LUIS ANGEL
Resolución Nro.30
Ilo, catorce de octubre del dos mil veintidós
Al escrito N° 5398-2022 (digitalizado a 04 páginas) presentado por Teodoro Cari Callata
apoderado de Luis Guzmán Huaranga (demandante): Al principal: al pedido que se haga
efectivo el apercibimiento mediante Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022 al haber
incumplido lo ordenado y se le imponga multa de 5URP por incumplimiento al mandato
judicial. A Despacho para Resolver.
Al primer otrosí: al pedido de que se curse oficio al órgano de auxilio judicial PESQUERA
EXALMAR S.A.A. para que en el término del quinto día hábil de notificado cumpla con el
mandato de contenido en la Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022 bajo apercibimiento
de doble pago, conforme a lo ordenado en Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022. A
Despacho para Resolver.
Al segundo otrosí: Téngase presente que adjunta tres aranceles por derecho de
notificación.
VISTOS: El llamado para resolver en cuanto: a) al pedido principal que se haga efectivo el
apercibimiento de imponer multa de 5URP por incumplimiento al mandato judicial
contenido en la Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022; el llamado para resolver; b) al
pedido primer otrosí: se curse oficio al órgano de auxilio judicial PESQUERA EXALMAR
S.A.A. para que en el término del quinto día hábil de notificado cumpla con el mandato
contenido en la Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022 bajo apercibimiento de doble
pago; la Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022, el cargo del oficio 193-2022-JT-MCLI-
CSJMO-PJ obrante a folio 821, Resolución Nro. 29 de fecha 26.07.2022 y el cargo del oficio
821-2022-JT-MCLI-CSJMO-PJ obrante a folio 838.
Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Conforme se advierte en el presente proceso se expidió la Resolución Nro. 28 -
AUTO que declara fundada la solicitud de variación de medida de embargo– de fecha
17.03.2022, existe un cargo de oficio 193-2022-JT-MCLI-CSJMO-PJ dirigido a la Empresa
PESQUERA EXALMAR S.A.A. con sello de empresa Courier Efienza de fecha 28.03.2022;
posteriormente por Resolución Nro. 29 de fecha 26.07.2022 se cursa oficio para que se
notifique al órgano de auxilio judicial bajo apercibimiento de imponer multa de 5URP
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chavez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. cursando a este fin el oficio 821-2022-JT-MCLI-CSJMO-PJ cuyo cargo obra a folio 838 con
sello de empresa Courier LOGISTOK; sin tener una respuesta por parte del órgano de
auxilio judicial; razón por la cual el demandante solicita: a) se haga efectivo el
apercibimiento de imponer multa de 5URP por incumplimiento al mandato judicial y b) se
curse oficio a PESQUERA EXALMAR S.A.A. para que en el término del quinto día hábil
cumpla con el mandato contenido en la Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022 bajo
apercibimiento de doble pago.
SEGUNDO: Teniendo en cuenta las facultades coercitivas del juez establecidas en el
Artículo 53 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria para los procesos laborales
que indica: “En atención al fin promovido y buscado en el Artículo 52, el Juez puede: 1.
Imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda,
cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión. La multa es establecida
discrecionalmente por el Juez dentro de los límites que fija este Código, pudiendo
reajustarla o dejarla sin efecto si considera que la desobediencia ha tenido o tiene
justificación; y (…).
TERCERO: Es necesario citar el Artículo 13 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en cuanto
indica: “Las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el proceso se efectúan
mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo que permita
confirmar fehacientemente su recepción (…)”.
CUARTO: a) En cuanto al pedido de hacer efectivo el apercibimiento de imponer multa
de 5URP, al no haber dado respuesta el órgano de auxilio judicial Empresa PESQUERA
EXALMAR S.A.A., a pesar de haberse diligenciado tanto el oficio 193-2022-JT-MCLI-CSJMO-
PJ como el oficio 821-2022-JT-MCLI-CSJMO-PJ mediante el cual se le comunicaba el
contenido de la Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022; dicha omisión conlleva a que el
juzgado solicite una respuesta. Sin embargo, para poder confirmar fehacientemente la
recepción por parte del órgano de auxilio judicial Empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A.,
se notificará con cedula al domicilio sito en Avenida Víctor Andrés Belaunde N° 214, dpto.
201 Res. Centro Empresarial Umayuq (esquina con calle los Pinos San Isidro, Lima-Lima-
San Isidro), esto es, porque si bien se tiene el cargo de recepción de la Empresa Courier
Efienza y el cargo de recepción de la empresa Logistok, no se tiene un cargo de recepción
de la misma empresa PESQUERA EXALMAR S.A.A.; es por dicha razón que se utiliza la
notificación por cedula y no como se venía haciendo mediante oficio, y en uso de las
facultades discrecionales por esta vez no se hace efectivo el apercibimiento de imponer
multa.
QUINTO: b) En cuanto al pedido que se curse oficio a PESQUERA EXALMAR S.A.A. bajo
apercibimiento de doble pago, como se indico en el considerando anterior lo que se busca
es confirmar la recepción por parte del órgano de auxilio judicial Empresa PESQUERA
EXALMAR S.A.A., y se ha dispuesto notificación vía cédula de notificación, dejando por esta
vez de lado el cursar oficio, en el mismo sentido se mantendrá el apercibimiento de multa
de 5URP razón por la cual no se otorgará el apercibimiento de doble pago.
Por estas consideraciones:
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chavez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. SE RESUELVE:
1. NO HA LUGAR al pedido de hacer efectivo el apercibimiento de imponer multa de
5URP al órgano de auxilio judicial EMPRESA PESQUERA EXALMAR S.A.A. según lo
indicado en considerando cuarto.
2. NO HA LUGAR al pedido que se curse oficio a PESQUERA EXALMAR S.A.A. bajo
apercibimiento de doble pago según lo indicado en considerando quinto.
3. NOTIFICAR a la EMPRESA PESQUERA EXALMAR S.A.A., como órgano de auxilio
judicial, a efecto de que INFORME sobre el cumplimiento del embargo ordenado
por Resolución Nro. 28, en el plazo de cinco días bajo apercibimiento de multa de
5URP en caso de incumplimiento. Debiendo el auxiliar judicial girar cedula al
domicilio sito en Avenida Víctor Andrés Belaunde N° 214, dpto. 201 Res. Centro
Empresarial Umayuq (esquina con calle los Pinos San Isidro) Lima-Lima-San Isidro,
adjuntando Resolución Nro. 28 de fecha 17.03.2022, el cargo del oficio 193-2022-
JT-MCLI-CSJMO-PJ obrante a folio 821, Resolución Nro. 29 de fecha 26.07.2022 y el
cargo del oficio 821-2022-JT-MCLI-CSJMO-PJ obrante a folio 838. SE DISPONE: que
la Central de Notificaciones de esta Corte Superior - Sede Ilo, remita la cedula de
notificación de la EMPRESA PESQUERA EXALMAR S.A.A. vía correo electrónico a
la Central de Notificaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, o la que
corresponda.
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chavez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA
JUZGADO DE TRABAJO DE ILO - MÓDULO CORPORATIVO LABORAL
---------------------------------------
JUZGADO DE TRABAJO - SEDE JUZGADOS ILO
EXPEDIENTE : 00158-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : DEXTRE TAMO LEONOR VERONICA (E) - JT JPLL
DEMANDADO : EMPRESA GER EXPORT ,
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA ,
PESQUERA CECILIA PAOLA SRL ,
DEMANDANTE : GUZMAN HUARANCCA, LUIS ANGEL
Resolución Nro.21
Ilo, dieciocho de agosto
Del dos mil veintiuno.-
Al escrito de registro N° 4236-2021: Por recibido el auto de vista remitido por la Sala Mixta de
Ilo, por la cual se confirma la resolución N° la Resolución N° 19, de fecha 15 de enero de 2021,
por el cual se declaró fundado el pedido de integración al proceso a la empresa Ger Export S.A.
como sucesora procesal de la Empresa Pesquera Cecilia Paola SRL; y a conocimiento de las
partes.
Al escrito de registro N° 4394-2021: VISTOS: El escrito presentado por mesa de partes virtual
y el estado del proceso
CONSIDERANDO :
PRIMERO: Que, mediante sentencia de vista contenida en Resolución N° 11, se confirma la
sentencia de primera instancia emitida en agosto del dos mil catorce por la que se ordenó a la
empresa Procesadora de Productos Marinos S.A. y Cecilia Paola SRL cumplan con pagar a
favor del demandante la suma de S/ 366,475.06. Luego mediante resolución N° 19 de fecha
quince de enero del dos mil veintiuno se resolvió integrar al proceso a la empresa Ger Export
S.A. en lugar de la empresa Pesquera Cecilia Paola SRL.
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el Art. 4 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial: “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones
judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios
términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar
sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala.” Por estas
consideraciones; PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA
JUZGADO DE TRABAJO DE ILO - MÓDULO CORPORATIVO LABORAL
---------------------------------------
SE RESUELVE:
REQUERIR a la demandada EMPRESA PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A y
EMPRESA GER EXPORT S.A. cumplan con pagar en forma solidaria a favor del demandante
LUIS ANGEL GUZMAN HUARANCCA, la suma de S/ 366,475.06 (trescientos sesenta y seis mil
cuatrocientos setenta y cinco con 06/100 soles); conforme se ha ordenado en sentencia de vista
- resolución N°11; dentro del TERCER DÍA de notificado, bajo apercibimiento de dar inicio a la
ejecución forzada. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
Al otrosí: A sus antecedentes. Reasume funciones la secretaria que interviene, luego de
concluído periodo vacacional; desde el diecisiete de agostos del presente año.1
1
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el (la) Juez(a) y
Secretario(a) de la causa, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados
Digitales. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | PODER JUDICIAL DEL PERÚ
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA
MÓDULO CORPORATIVO LABORAL
JUZGADO DE TRABAJO - SEDE JUZGADOS ILO
EXPEDIENTE : 00158-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : DEXTRE TAMO LEONOR VERONICA (E) - JT
DEMANDADO : EMPRESA GER EXPORT ,
PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA ,
PESQUERA CECILIA PAOLA SRL ,
DEMANDANTE : GUZMAN HUARANCCA, LUIS ANGEL
Resolución Nro.19
Ilo, quince de enero
Del dos mil veintiuno. -
Puestos los autos a despacho para resolver el pedido de sucesión procesal:
VISTOS: El estado del proceso
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que a fojas 685 y siguientes, el apoderado del demandante Luis
Guzmán Huarancca, al amparo del artículo 108 del Código Procesal Civil
solicita que se declare como sucesor procesal de la empresa demandada
PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L., a la empresa GER EXPORT SA., por
contar aquella con patrimonio insuficiente para honrar sus deudas laborales,
transfiriendo su patrimonio real a otras empresas de manera sucesiva con
finalidad de evadir sus obligaciones. Agregando que la empresa Cecilia Paola
SRL. se convierte en accionista directo de la empresa COPERSA S.A. y luego
esta, en accionista de la empresa GER EXPORT S.A. Para tal efecto adjunta la
escritura pública de escisión por segregación del 30 de diciembre de 2010
(fs.632/653), donde se redujo el patrimonio de la PESQUERA CECILIA PAOLA
S.R.L.; convirtiéndose esta empresa en accionista de la empresa COPERSA
S.A., quien a su vez incrementó su capital de S/ 1,000.00 soles a S/
4”718,011.00 soles (folio 635); posteriormente por Escritura Pública de
Escisión por Segregación de fecha 16 de Junio del 2016 (fs. 655/671) la
empresa COPERSA SA segregado un bloque patrimonial ascendente a S/.
10´155.172.00 soles (fs. 657) a favor de GER EXPORT SA., hechos que atentan
la efectividad de la sentencia y el cumplimiento de las obligaciones laborales
contenidos en ella.
SEGUNDO: La escisión es una institución jurídica, donde los bloques
patrimoniales pasan de un titular (sociedad escindida) a otro (sociedad
absorbente o beneficiaria) (Art. 369.2 LGS). Si bien es cierto, interpretando en
forma literal el artículo 108.2 del CPC, sólo podría declararse la sucesión
procesal, en casos de fusión o extinción de una persona jurídica, dejando de
lado otras formas de reemplazo de titular; no obstante, aplicando los métodos
de interpretación teleológica y sistemática de las normas de la LGS, que
regulan la fusión y la escisión, concluimos que esta institución también está
comprendida dentro de los supuestos de reemplazo de titular del derecho
discutido previsto en el artículo 108.2 del CPC, cuya finalidad es que la PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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MÓDULO CORPORATIVO LABORAL
solución del conflicto de intereses no se interrumpa cuando en el decurso del
proceso o en la fase de ejecución se produzcan reemplazos del titular del
derecho discutido, siendo la solución que el nuevo titular ocupe el lugar del
anterior, continuando el proceso en salvaguarda del derecho a la tutela
procesal efectiva, siendo esta figura la más adecuada para lograr los fines del
proceso de acuerdo al artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil
y garantizar el mandato Constitucional contenido en el artículo 24 de la
Constitución, sobre la prioridad en el pago de las remuneraciones sobre
cualquier otra obligación del empleador; que en el caso de autos como señala
el demandante, a la fecha su acreencia no fue cancelada, pese a existir
sentencia – resolución N° 0… que ordena a las empresas demandadas
PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L., y PROCESADORA DE PRODUCTOS
MARINOS S.A, paguen a favor del demandante la suma de S/ 366,475.06
soles en forma solidaria.
TERCERO: Que en efecto, conforme se aprecia de la partida registral N°
11007133 (folios 632 y siguientes) en la Junta Universal del 01 de octubre de
2010, se aprobó la escisión de los bloques patrimoniales de las empresas
Pesquera Salve S.R.L., Pesquera Lobos de Afuera S.A. y Pesquera Cecilia
Paola S.R.L., y su posterior absorción por parte de la Empresa Copersa S.A
(punto 3); así se tiene que la EMPRESA PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L.,
segrega un bloque Patrimonial valorizado en S/ 4’718.011.00 soles, el
mismo que es asumido íntegramente por la SOCIEDAD COPERSA S.A.,
pasando a ser esta empresa absorbente titular de los activos,
acreencias, pasivos y derechos comprendidos en los mismos (punto 3); de
igual forma lo hacen las otras empresas, por lo que el capital de la EMPRESA
COPERSA S.A., en mérito a la absorción de los bloques patrimoniales de las
tres empresas antes descritas, aumenta en la suma de S/ 10”295,147.00 soles
(punto 4); lo que se acredita también con la Escritura Pública de Escisión por
Segregación de fecha 30 de diciembre del 2010 (folios
632/653).Posteriormente se acredita con la Escritura Pública de Escisión por
Segregación de fecha 16 de junio del 2016, la empresa COPERSA SA, segrega
un bloque patrimonial valorizado contablemente en S/ 10´155.172.00, el
mismo que es asumido y absorbido íntegramente por “GER EXPORT S.A.”,
esta última sociedad aumentara su capital de S/.1,000.00 soles a la suma de
S/ 10¨156.172.00; siendo así, concluimos que el capital social de la empresa
PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L.., que debía de servir para cumplir con el
pago de reintegro de remuneraciones del demandante, fueron absorbidas por
la EMPRESA COPERSA S.A. y posteriormente absorbidos por la sociedad
“GER EXPORT S.A.”, en virtud de la escisión por segregación celebrada entre
dichas empresas; considerando además que en el punto tercero, del inserto N°
4, de la escritura de fecha 30 de diciembre de 2010 (folios 655/670), la
EMPRESA COPERSA S.A., y posteriormente GER EXPORT SA por escisión por
segregación celebrada con la empresa COPERSA S.A. de la escritura Pública
de Escisión y Segregación de fecha 16 de junio del 2016, pasó a ser el titular
de los activos, acreencias, pasivos y derechos de tales empresas; por tanto
esta empresa debe ser incorporada al proceso como sucesor procesal de PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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MÓDULO CORPORATIVO LABORAL
la empresa PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L., debido a la transferencia de
un bloque patrimonial mayoritario. Ello tal como ha sentado posición la Sala
Civil Permanente de la Corte Suprema, en la Casación N° 110-2013-Cusco, al
concluir que, si una empresa recibe un bloque patrimonial escindido de parte
de otra que está obligada a pagar determinada suma de dinero, también es
responsable del pago de dicha suma; además precisó que no existe infracción
del artículo 108.2 del CPC, por ser la figura más adecuada para los fines del
proceso.
CUARTO: Bajo estos fundamentos se desvirtúan los argumentos de la
empresa GER EXPORT S.A., cuya trasferencia hecha a su favor, aumentando
su capital ostensiblemente, se evidencia claramente la intención de anular
toda posibilidad de ejecución del patrimonio de la empresa obligada
PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L., y así evadir el cumplimiento de la
obligación derivada de una sentencia firme; además como se ha concluido,
bajo una interpretación sistemática, en aras de lograr la finalidad del proceso,
considerando la prioridad en el pago de las remuneraciones regulado en el
artículo 24 de la Constitución, resulta aplicable el artículo 108.2 del CPC,
incluso en este estado, al haberse presentado la causal luego de emitida la
resolución final. Por lo que
SE RESUELVE:
DECLARAR FUNDADO el pedido del demandante; en consecuencia, SE
INTEGRA al proceso a GER EXPORT S.A., como sucesora procesal de la
EMPRESA PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L., debiendo continuarse
conforme a su estado, con la demandada Procesadora de Productos Marinos
S.A. y Ger Export S.A. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.-
Al escrito de registro N° 074-2021: Estese a la presente resolución.1
1
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el (la) Juez(a) y
Secretario(a) de la causa, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados
Digitales. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE MOQUEGUA
Secretario: FERNANDO LUIS LOPEZ MACHACA
Fecha: 12/09/2014 13:06:51
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO MIXTO - Ilo
EXPEDIENTE : 00158-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : ARTURO VALDIVIA ARANA
ESPECIALISTA : FERNANDO LUIS LOPEZ MACHACA
DEMANDADO : PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA ,
PESQUERA CECILIA PAOLA SRL ,
DEMANDANTE : GUZMAN HUARANCCA, LUIS ANGEL
RESOLUCIÓN N° 05-2014
Ilo, ocho de setiembre de dos mil catorce.-
Al escrito N° 2526-2014: VISTOS: El recurso de apelación de la
parte demandada; Y CONSIDERANDO: Primero: Que, el medio impugnatorio
cumple con los requisitos que establece el artículo 367 del Código Procesal Civil,
al haber sido presentado dentro del plazo, ante el Juez que la expidió y
adjuntando el arancel judicial por apelación de sentencia. Segundo: Que se ha
cumplido con fundamentarlo, indicando el error de hecho y de derecho,
precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria;
por lo que estando a lo previsto en el artículo 32 de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo N° 29497, en concordancia con los artículos 365 inciso 1 y 371 del
Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso laboral conforme a la
primera disposición complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo: SE
RESUELVE: CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, a
favor de la parte demandada EMPRESA PROCESADORA DE PRODUCTOS
MARINOS S.A., en contra de la sentencia que declara fundada la demanda sobre
reintegro de remuneraciones y otros; DISPONGO: La elevación del expediente a
la Superior Sala Mixta, con la debida nota de atención. Tómese razón y hágase
saber. Al escrito N° 2527-2014: VISTOS: El recurso de apelación de la parte
demandada; Y CONSIDERANDO: Primero: Que, el medio impugnatorio
cumple con los requisitos que establece el artículo 367 del Código Procesal Civil,
al haber sido presentado dentro del plazo, ante el Juez que la expidió y
adjuntando el arancel judicial por apelación de sentencia. Segundo: Que se ha
cumplido con fundamentarlo, indicando el error de hecho y de derecho,
precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión impugnatoria;
por lo que estando a lo previsto en el artículo 32 de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo N° 29497, en concordancia con los artículos 365 inciso 1 y 371 del
Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso laboral conforme a la
primera disposición complementaria de la Nueva Ley Procesal del Trabajo: SE
RESUELVE: CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, a
favor de la parte demandada EMPRESA PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L.,
en contra de la sentencia que declara fundada la demanda sobre reintegro de
remuneraciones y otros; DISPONGO: La elevación del expediente a la Superior
Sala Mixta, con la debida nota de atención. Tómese razón y hágase saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE MOQUEGUA
Juez: ARTURO VALDIVIA ARANA
Fecha: 26/08/2014 16:55:09
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA
PRIMER JUZGADO MIXTO DEL PUERTO DE ILO
1111°°°° JJJJUUUUZZZZGGGGAAAADDDDOOOO MMMMIIIIXXXXTTTTOOOO –––– IIIIlllloooo PODER JUDICIAL DEL PERU
EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE :::: 00000000111155558888----2222000011113333----0000----2222888800002222----JJJJMMMM----LLLLAAAA----00001111
MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAA :::: PPPPAAAAGGGGOOOO DDDDEEEE RRRREEEEMMMMUUUUNNNNEEEERRRRAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS
EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA :::: FFFFEEEERRRRNNNNAAAANNNNDDDDOOOO LLLLOOOOPPPPEEEEZZZZ MMMMAAAACCCCHHHHAAAACCCCAAAA
CORTE SUPERIOR DE
MOQUEGUA DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDOOOO :::: EEEEMMMMPPPPRRRREEEESSSSAAAA PPPPEEEESSSSQQQQUUUUEEEERRRRAAAA CCCCEEEECCCCIIIILLLLIIIIAAAA PPPPAAAAOOOOLLLLAAAA SSSSAAAACCCC
Secretario: FERNANDO LUIS
LOPEZ MACHACA :::: PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSAAAADDDDOOOORRRRAAAA DDDDEEEE PPPPRRRROOOODDDDUUUUCCCCTTTTOOOOSSSS MMMMAAAARRRRIIIINNNNOOOOSSSS SSSSAAAA
Fecha: 26/08/2014 17:02:45
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: LLLLUUUUIIIISSSS AAAANNNNGGGGEEEELLLL GGGGUUUUZZZZMMMMAAAANNNN HHHHUUUUAAAARRRRAAAANNNNCCCCCCCCAAAA
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNN°°°° 00003333
Ilo, veintiséis de agosto
del dos mil catorce.
SSSSEEEENNNNTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA
IIII....---- AAAASSSSUUUUNNNNTTTTOOOO::::
1. Determinar la relación laboral del demandante con las empresas demandadas
2. Determinar si corresponde el pago de reintegro de remuneraciones en el 22.40%
desde enero del 2005 a diciembre del 2012.
3. Determinar el Pago de Compensación por Tiempo de Servicios, Vacaciones y
Gratificaciones desde el 2005 al 2012.
4444.... Determinar el Pago solidario de las demandadas
5555.... Determinar el Pago de Intereses Legales más las Costas y Costos del Proceso.
IIIIIIII....---- AAAANNNNTTTTEEEECCCCEEEEDDDDEEEENNNNTTTTEEEESSSS::::
AAAAccccttttiiiivvvviiiiddddaaaadddd pppprrrroooocccceeeessssaaaallll ddddeeeellll ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee::::
A. Con fecha 06 de agosto del 2013 el demandante presenta demanda solicitando que
las empresas Procesadora de Productos Marinos SA y Pesquera Cecilia Paola SRL
paguen en forma solidaria la suma de S/ 245,964.95 por el concepto de Reintegro
de Remuneraciones, indicando que ingreso a laborar en el año 2005 y a la fecha
viene laborando en el cargo de tripulante panguero, percibiendo una remuneración
variable debido a las toneladas métricas en las que participe. Alega que su régimen
remunerativo y de condiciones de trabajo esta normado por el D.S. N° 009-76-TR y
D.S. N° 044-89-TR el cual establece plena vigencia y ratifica el porcentaje de
22.40%, el cual está determinado por una participación por tonelada métrica
descargada en Pesca Perú y/o Fabricas Privadas. Señala que conforme la partida
registral N° 50000077 la demandada es una empresa proveniente de Pesca Perú,
por tanto es una PEEA y que el hecho que supere las 900 UIT, no puede ser motivo
para desconocer el sistema de cálculo que dispone el D.S. 009-76-TR, siendo lo
lógico que mientras aumenten los ingresos del empleador, también lo deben ser
del trabajador, Alega que si bien la demandada no se denomina PEEA, sin
embargo a la embarcación se le ha realizado una serie de cambios en cuanto a las
empresas que han sido propietarias de ellas y por el principio de despersonalización
es que se debe respetar los derechos adquiridos de los trabajadores, no obstante a
señalar que se ha quebrantado la buena fe laboral al desdoblar el precio de la
tonelada métrica de pesca que pescan las fabricas procesadoras en dos facturas,
debiendo tenerse en cuenta la segunda parte del artículo 13 del Decreto Supremo
009-76-TR que señala claramente que la partición de pesca se prorratea entre
todos los miembros de la embarcación, incluido el patrón , lo contrario sería atentar
contra principios constitucionalmente establecidos en el artículo 26 de la
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA MMMMOOOOQQQQUUUUEEEEGGGGUUUUAAAA 1
PPPPrrrriiiimmmmeeeerrrr JJJJuuuuzzzzggggaaaaddddoooo MMMMiiiixxxxttttoooo ddddeeee IIIIlllloooo
…………………………………………………………
Arturo Rolando Valdivia Arana
Juez CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA
PRIMER JUZGADO MIXTO DEL PUERTO DE ILO
Constitución Política del estado, además de vulnerar los derechos PfOuDEnR JdUDIaCIAmL DEeL PnERtUa les
de la persona , como es la igualdad ante la Ley y el trabajo, principios que también
son reflejados en el artículo 79 del Decreto Supremo N° 003-97-TR. En cuanto a
las vacaciones, Gratificaciones y Cese en la Actividad Pesquera , señala que
mediante Decreto Supremo N° 014-2004-TR que los conceptos demandados serán
a cargo del empleador, dejando de lado la anterior triangulación a cargo de la Caja
de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, estableciéndose para el pago un
sistema de cálculo y porcentaje al igual que para el pago de las remuneraciones, el
cual para la actividad pesquera se pagara el 8.33% de la remuneración
computable, siendo para estos efectos,. Todas las remuneraciones percibidas por
el trabajador. Ampara su pretensión en el artículo 26 de la Constitución Política;
artículo 13 y segunda disposición transitoria del D.S N° 009-76-TR, artículo 45 y 79
del D.S. 003-97-TR, articulo 45 del D.S. N° 044-89-TR y la Nueva Ley Procesal de
Trabajo N° 29497.
BBBB.... CCCCoooonnnntttteeeessssttttaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee llllaaaa EEEEmmmmpppprrrreeeessssaaaa PPPPrrrroooocccceeeessssaaaaddddoooorrrraaaa ddddeeee PPPPrrrroooodddduuuuccccttttoooossss MMMMaaaarrrriiiinnnnoooossss SSSSAAAA::::
Conforme se aprecia del escrito de fecha 13 de noviembre del 2013, la co
demandada Procesadora de Productos Marinos SA se apersona al proceso y
contesta la demanda señalando que el D. S. N° 009-76-TR sólo rige para las
relaciones entre las pequeñas empresas de extracción de anchoveta y los
pescadores a su servicio, las remuneraciones y condiciones de trabajo indicado;
pues es así que D.L. N° 21558 define la decisión del Estado de trasladar a las
PEEAs las embarcaciones pesqueras de Pesca Perú siendo que se consideraba
como PEEA las pequeñas empresas cuyos ingresos brutos anuales no superen los
820 sueldos mínimos vitales, cuyo criterio fue modificado por el D.L. N° 301 en sus
artículos 60 y 63 establece que las empresas que facturen mas de 900 UITS al año
pueden ser consideradas como PEEAs, siendo el D.S. N°009-76-TR que reguló el
trabajo del pescador anchovetero sólo en las PEEAs, sin embargo, la demandada
no se ha constituido como una pequeña empresa de extracción de anchoveta, se
dedica a la pesca industrial y no figura en el registro de PEEAs del Ministerio de
Pesquería y que durante los tiempos demandados tenia una facturación o ingreso
bruto anual de mas de 900 UITs como lo establecía el D.L. N° 301 y que tenia por
los periodos demandaos mas de veinte trabajadores como se puede verificar de
autos, consecuentemente no es aplicable el D. S. N° 009-76-TR por no tener la
condición de PEEA. Se ampara el D.Ley N° 21558, D.S. N°009-76-TR.
AAAAccccttttiiiivvvviiiiddddaaaadddd pppprrrroooocccceeeessssaaaallll ddddeeeellll JJJJuuuuzzzzggggaaaaddddoooo:::: A folios 54 y 55 se admite la demanda mediante
resolución Nº 01, se dispone el traslado a las demandadas por el plazo de ley y se
señalada fecha para la Audiencia de Conciliación, a folios 63 y 64 obra el Acta de
Conciliación. Asimismo con fecha 19 de agosto del 2014 se lleva a cabo la Audiencia
de Juzgamiento la que se acreditaron las partes, apoderados y abogados, se
deducieron excepciones las que fueron resueltas en el acto, se confrontaron posiciones
y se actuaron las pruebas de las partes señalándose los hechos que no necesitan
prueba así como los hechos que requieren de prueba y se admitieron los medios de
prueba necesarios, se actuaron los medios probatorios y los abogados de las partes
presentaron sus alegatos de clausura, por lo que conforme a lo dispuesto por el
Artículo 47 de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo se procede a expedir
sentencia.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA MMMMOOOOQQQQUUUUEEEEGGGGUUUUAAAA 2
PPPPrrrriiiimmmmeeeerrrr JJJJuuuuzzzzggggaaaaddddoooo MMMMiiiixxxxttttoooo ddddeeee IIIIlllloooo
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Arturo Rolando Valdivia Arana
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IIIIIIIIIIII....---- RRRRAAAAZZZZOOOONNNNAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO:::: PODER JUDICIAL DEL PERU
1111.... FFFFiiiinnnnaaaalllliiiiddddaaaadddd ccccoooonnnnccccrrrreeeettttaaaa ddddeeeellll pppprrrroooocccceeeessssoooo:::: Atendiendo que la finalidad concreta del proceso es
resolver las excepciones propuestas, así como el petitorio de la demanda, y
conforme a lo determinado en la audiencia juzgamiento, es necesario establecer si
se ha acreditado y/o probado indubitablemente en autos los puntos fijados en el
rubro asunto de la presente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de
la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497 “La carga de la prueba corresponde a
quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice:…
23.3.Corresponde al demandante la carga de la prueba respecto de la existencia de
la fuente normativa de los derechos alegados de orden distinto al constitucional o
legal, y 23.4. Al demandado le concierne probar el pago, el cumplimiento de las
normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o
inexigibilidad y la existencia de un motivo razonable”.
2222.... RRRReeeessssppppeeeeccccttttoooo aaaa llllaaaassss ccccuuuueeeessssttttiiiioooonnnneeeessss pppprrrroooobbbbaaaattttoooorrrriiiiaaaassss ddddeeeedddduuuucccciiiiddddaaaa ppppoooorrrr PPPPrrrroooocccceeeessssaaaaddddoooorrrraaaa ddddeeee PPPPrrrroooodddduuuuccccttttoooossss
MMMMaaaarrrriiiinnnnoooossss SSSSAAAA:
EL en acto de la Audiencia de Juzgamiento la co demandada procesadora de
Productos Marinos SA deduce cuestión probatoria en contra del medio de prueba
del punto 05 de los medios de prueba de la demanda, señalando que la
demandada no vende materia prima, solo la procesa, oponiéndose a la exhibición
por desgaste de aparejos. Al respecto se debe señalar que el artículo 19 de la
nueva Ley Procesal laboral – Ley 27497 señala que la contestación de la demanda
se debe presentar por escrito y debe contener los requisitos y anexos y anexos
establecidos en la norma procesal civil, atendiendo ello, debemos señalar que el
artículo 301 del Código Procesal Civil señala que la tacha u oposición contra los
medios de prueba se interponen en el plazo que establece cada vía
procedimental, entendiéndose que es conforme al plazo de contestación
conforme a cada vía procedimental, en el caso de autos las cuestiones probatorias
señaladas no fueron presentadas en la etapa pertinente, conforme se aprecia del
escrito que contesta la demanda por parte de Procesadora de Productos Marinos
SA de fecha 13 de noviembre del 2013, por tanto, si bien, la presente causa se
rige por las reglas de la oralidad previstas por el artículo 12 de la Ley 29497, sin
embargo también deben estar acorde a las formalidades establecidas por la
misma norma, las mismas que cumplidas deben ser oralizadas en la audiencia
respectiva, como se ha señalado en el caso de autos, el hecho que postular
cuestiones probatorias en la etapa de la audiencia de juzgamiento, mas no en la
contestación, atentaría contra el derecho de defensa del demandante, por tanto la
cuestión probatoria postulada sssseeee ddddaaaa ppppoooorrrr nnnnoooo pppprrrreeeesssseeeennnnttttaaaaddddaaaa, por no haberse presentada
en la etapa correspondiente.
3333.... RRRReeeessssppppeeeeccccttttoooo aaaa llllaaaa EEEExxxxiiiisssstttteeeennnncccciiiiaaaa ddddeeeellll VVVViiiinnnnccccuuuulllloooo LLLLaaaabbbboooorrrraaaallll ccccoooonnnn llllaaaa EEEEmmmmpppprrrreeeessssaaaa PPPPrrrroooocccceeeessssaaaaddddoooorrrraaaa ddddeeee
PPPPrrrroooodddduuuuccccttttoooossss MMMMaaaarrrriiiinnnnoooossss SSSSAAAA yyyy PPPPeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa CCCCeeeecccciiiilllliiiiaaaa PPPPaaaaoooollllaaaa SSSSRRRRLLLL
Conforme lo previsto por el artículo 23 de la Ley 29497 corresponde al demandante
probar la relación laboral entre las partes, por lo que en los recaudos presentados
en la demanda, se aprecia que a folios 35 a 39 aparecen las boletas de pago
realizadas por la demandadas Procesadora de Productos Marinos SA y Pesquera
Cecilia Paola SRL, así como el Record de Producción de folios 12 a 15 aparece
que el actor era pescador de la embarcación sub litis respecto al periodo
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA MMMMOOOOQQQQUUUUEEEEGGGGUUUUAAAA 3
PPPPrrrriiiimmmmeeeerrrr JJJJuuuuzzzzggggaaaaddddoooo MMMMiiiixxxxttttoooo ddddeeee IIIIlllloooo
…………………………………………………………
Arturo Rolando Valdivia Arana
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PRIMER JUZGADO MIXTO DEL PUERTO DE ILO
reclamado, lo que permite concluir que si existió una relación laboralP ODdERe JU DInCIAaL DtEuL PrEaRU leza
económica empresarial. Lo cual tiene que ser dilucidado en la presente.
4444.... OOOOppppoooorrrrttttuuuunnnniiiiddddaaaadddd ddddeeee lllloooossss MMMMeeeeddddiiiioooossss ddddeeee PPPPrrrruuuueeeebbbbaaaa....
Conforme el artículo 21 de la ley 29497, los medios probatorios ofrecidos por las
partes deben ser interpuestos en la demanda y contestación de la demanda, los
mismos que bajo el principio de ponderación, deben ser valorados por el juez al
momento de sentenciar, no obstante de tener en cuenta los principios rectores de
esta nueva ley procesal laboral, no obstante, tal como están expuestos los
fundamentos de las partes en la demanda y las contestaciones no existe mayor
divergencia a no ser en la vigencia y ámbito de aplicación del D.S. N° 009-76-TR.
5555.... DDDDeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaarrrr ssssiiii llllaaaa eeeemmmmbbbbaaaarrrrccccaaaacccciiiióóóónnnn ttttrrrraaaannnnssssffffeeeerrrriiiiddddaaaa aaaa llllaaaa ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddaaaa ppppeeeerrrrtttteeeennnneeeeccccííííaaaa iiiinnnniiiicccciiiiaaaallllmmmmeeeennnntttteeee aaaa llllaaaa
EEEEmmmmpppprrrreeeessssaaaa PPPPeeeessssccccaaaa PPPPeeeerrrrúúúú SSSS....AAAA,,,, ppppoooorrrr lllloooo ttttaaaannnnttttoooo ttttiiiieeeennnneeee llllaaaa ccccoooonnnnddddiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeee PPPPeeeeqqqquuuueeeeññññaaaa EEEEmmmmpppprrrreeeessssaaaa ddddeeee
EEEExxxxttttrrrraaaacccccccciiiióóóónnnn AAAAnnnncccchhhhoooovvvveeeetttteeeerrrraaaa ((((PPPPEEEEEEEEAAAA))))....
5.1. A fin de determinar si la embarcación pesquera “Aleta Azul I” fue transferida por
Pesca Perú, por lo que en revisión de los antecedentes Registrales de la
embarcación sub litis se aprecia en la Partida N° 50000077 de folios 04 a 11
que la embarcación primigeniamente fue denominada “Lobos de Afuera I” fue
adquirida inicialmente por la empresa Pesca Perú (adverso folios 04 ) vía
expropiación, asimismo fue adquirida por mediante compra venta Luis Rolando
Rodriguez Villanueva (folios 05), seguidamente a folios 08 aparece que la
embarcación sub litis fue adquirida pro Empresa Productos del Mar EIRL,
posteriormente a folios 09 aparece que la embarcación sub litis fue adquirida
por la Empresa Pesquera Montalvo EIRL, seguidamente al reverso de folios 10
aparece que la embarcación fue adquirida por Consorcio Pesquero Rodriguez
SA, finalmente al reverso de folios 11 se aprecia que la Empresa lobos de
Afuera SA ha adquirido la embarcación Aleta Azul 1 (ex Lobos de Afuera 1)
5.2. Al estar probado que la embarcación pesquera fue transferida por Pesca Perú,
ergo está probado que dicha transferencia se efectuó al amparo del Decreto
Ley 21558, consecuentemente la embarcación pesquera “Aleta Azul Uno” que
es el centro de trabajo [1], tuvo la condición de Pequeña Empresa de
Extracción Anchovetera (PEEA), siendo así, tenemos que el D. Ley antes
indicado dispuso la transferencia de las embarcaciones de Pesca Perú a favor
de dichas empresas, consecuentemente dicha adquisición inicialmente por
Pesca Perú (vía expropiación) y posterior transferencia y operación en la
actividad de la extracción de anchoveta, sólo era posible hacerlo bajo el ámbito
de aplicación del Decreto Ley N° 21558 con embarcaciones transferidas de
Pesca Perú a terceros y previamente constituidas en pequeñas empresas de
extracción de anchoveta (caso de la demandada), teniendo en cuenta que la
1 Concepto de Centro de Trabajo: como el lugar o lugares donde se encuentran las instalaciones de la
empresa que le permite desarrollar su actividad empresarial, productiva y / o de servicios y donde el
trabajador presta sus servicio.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA MMMMOOOOQQQQUUUUEEEEGGGGUUUUAAAA 4
PPPPrrrriiiimmmmeeeerrrr JJJJuuuuzzzzggggaaaaddddoooo MMMMiiiixxxxttttoooo ddddeeee IIIIlllloooo
…………………………………………………………
Arturo Rolando Valdivia Arana
Juez CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE MOQUEGUA
PRIMER JUZGADO MIXTO DEL PUERTO DE ILO
embarcación en la cual ha laborado ha sido transferida por PescPaOD EPR JUeDIrCIúAL, D ELl oPER Uc ual
le ha permitido dedicarse a la actividad pesquera [2].
5.3. Así mismo es de precisar que en autos no se ha probado de manera fehaciente
que la embarcación sub litis, se haya transformado dotándola con un mayor
calado, con bodegas de mayor capacidad, y con tecnología de punta que haya
disminuido el esfuerzo laboral y dejado de lado la experiencia de los
pescadores anchoveteros.
5.4. Al respecto la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República ha establecido que si la embarcación fue
de Pesca Perú y las posteriores transferencias se efectuaron bajo el amparo del
Decreto ley N° 21558 a Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta –
PEEAs, y si bien la demandada en la actualidad no ostenta esa condición la
embarcación tiene su procedencia de éstas por transferencia a título de
compraventa de Pesca Perú [3]
6666.... DDDDeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaarrrr ssssiiii llllaaaa eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaa ppppeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaa ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddaaaa,,,, ccccuuuummmmpppplllleeee ccccoooonnnn lllloooossss rrrreeeeqqqquuuuiiiissssiiiittttoooossss eeeexxxxiiiiggggiiiiddddoooossss
ppppoooorrrr eeeellll DDDD.... LLLLeeeegggg.... 333300001111 [[[[4444]]]],,,, ppppaaaarrrraaaa sssseeeerrrr ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaaddddaaaa ccccoooommmmoooo uuuunnnnaaaa PPPPeeeeqqqquuuueeeeññññaaaa EEEEmmmmpppprrrreeeessssaaaa ddddeeee
EEEExxxxttttrrrraaaacccccccciiiióóóónnnn AAAAnnnncccchhhhoooovvvveeeetttteeeerrrraaaa ((((PPPPEEEEEEEEAAAA)))):
6.1. A fin de establecer si la demandada era una Pequeña Empresa de Extracción de
Anchoveta – PEEA, la Corte Suprema considero mediante sendas casatorias, entre
ella la sentencia casatoria N° 3349-2008 de fecha seis de Julio del año 2009,
2 conforme al Decreto Ley 19999 publicado el ocho de mayo de mil novecientos setenta y tres, se creó
la Empresa Pública de Producción de Harina y Aceite de Pescado “Pesca Perú”, posteriormente se
promulgó el Decreto Ley N° 21558 publicado el veintiuno de julio de mil novecientos setenta y seis
que en su artículo segundo indica la transferencia de la flota de Pesca Perú y todo su sistema de apoyo,
a las Pequeñas Empresas del Sector Privado que formen los trabajadores a su servicio, denominado
Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta “PEEA”
3 Auto Calificatorio del Recurso, Cas, Lab. N° 188-2012, Moquegua, Lima 19 de setiembre del 2012,
tercer considerando.
4
PARTE DEL D. LEG 301, DEL 30-07-1984, ARTS. 60 AL 65, RESPECTO A REQUISITOS
PARA SER CONSIDERADAS PEEAS:
Artículo 60.- Denomínase pequeña empresa pesquera a aquellas que desarrolla actividades de
extracción, acuicultura, transformación, y/o comercialización de productos hidrobiológicos, cuyos
ingresos brutos anuales no superen las 900 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
La pequeña empresa pesquera gozará de los beneficios contemplados en los Artículos 91 y 92
de la Ley Nº 23407.
Artículo 61.- Las pequeñas empresas pesqueras podrán desarrollar su actividad, bajo
cualquiera de las formas societarias contenidas en la Ley de Sociedades Mercantiles; asimismo podrán
organizarse como empresas unipersonales o empresas individuales de responsabilidad limitada.
Artículo 62.- Dejan de ser consideradas pequeñas empresas pesqueras, aquellas que en tres
ejercicios consecutivos o cinco alternados, superen en más del veinte por ciento el límite señalado en
el Artículo 62.
Artículo 63.- La pequeña empresa pesquera se inscribirá en un Registro Especial que se llevará
en el Registro Especial que se llevará en el Registro General de Pesquería.
Artículo 64.- Para la participación económica de los trabajadores en las utilidades de las
Pequeñas Empresas Pesqueras se aplicará lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley Nº 23407, Ley
General de Industrias.
Artículo 65.- Derógase el Decreto Ley Nº 21558 y los Artículos 1, 2, 3 y 8 del Decreto Ley Nº
22971 y las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en los Artículos 60 a 64 del presente
Decreto Legislativo.
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA MMMMOOOOQQQQUUUUEEEEGGGGUUUUAAAA 5
PPPPrrrriiiimmmmeeeerrrr JJJJuuuuzzzzggggaaaaddddoooo MMMMiiiixxxxttttoooo ddddeeee IIIIlllloooo
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Arturo Rolando Valdivia Arana
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emitida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social TraPODnERs JUiDtICoIArL iDaEL PEdRUe la
Corte Suprema de la República, sosteniendo que el Decreto ley 21558 (que
inicialmente señalaba las condiciones que debía tener una empresa para ser
calificada como una PEEA), la misma ha sido derogada expresamente por el art.
65 del D. Leg 301, por consiguiente las nuevas condiciones para ser considerada
una PEEA son las señaladas por el artículo 60 y 63 del citado decreto legislativo,
siendo las siguientes características:
6.1.1. SSSSuuuu oooobbbbjjjjeeeettttoooo ssssoooocccciiiiaaaallll iiiinnnnvvvvoooolllluuuuccccrrrreeee eeeellll ddddeeeessssaaaarrrrrrrroooolllllllloooo ddddeeee aaaaccccttttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeeessss ddddeeee eeeexxxxttttrrrraaaacccccccciiiióóóónnnn,,,,
aaaaccccuuuuiiiiccccuuuullllttttuuuurrrraaaa,,,, ttttrrrraaaannnnssssffffoooorrrrmmmmaaaacccciiiióóóónnnn yyyy////oooo ccccoooommmmeeeerrrrcccciiiiaaaalllliiiizzzzaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee ddddeeee pppprrrroooodddduuuuccccttttoooossss
hhhhiiiiddddrrrroooobbbbiiiioooollllóóóóggggiiiiccccoooossss: Este hecho no es un punto controvertido, pues las partes el
litigio están de acuerdo que la demandada han sido dueñas de la
embarcación sub litis se dedica a actividades de extracción de anchoveta,
transformación y/o comercialización de dicho producto hidrobiológico.
6.1.2. LLLLaaaassss ppppeeeeqqqquuuueeeeññññaaaassss eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaassss ppppeeeessssqqqquuuueeeerrrraaaassss ppppooooddddrrrráááánnnn ddddeeeessssaaaarrrrrrrroooollllllllaaaarrrr ssssuuuu aaaaccccttttiiiivvvviiiiddddaaaadddd,,,, bbbbaaaajjjjoooo
ccccuuuuaaaallllqqqquuuuiiiieeeerrrraaaa ddddeeee llllaaaassss ffffoooorrrrmmmmaaaassss ssssoooocccciiiieeeettttaaaarrrriiiiaaaassss ccccoooonnnntttteeeennnniiiiddddaaaassss eeeennnn llllaaaa LLLLeeeeyyyy ddddeeee SSSSoooocccciiiieeeeddddaaaaddddeeeessss
MMMMeeeerrrrccccaaaannnnttttiiiilllleeeessss: Este requisito es claramente un “numerus apertus”, pues no limita
a las empresas demandadas, que se encuentre constituida bajo determinada
forma societaria ( ), por tanto la forma societaria
TTTTAAAALLLL CCCCOOOOMMMMOOOO SSSSIIII LLLLOOOO HHHHAAAACCCCIIIIAAAA EEEELLLL DDDDEEEERRRROOOOGGGGAAAADDDDOOOO DDDD.... LLLLEEEEYYYY 22221111555555558888
que ostenta y que indica en los escritos de contestación a la demanda, es
perfectamente compatible con una PEEA.
6.1.3. QQQQuuuueeee sssseeee eeeennnnccccuuuueeeennnnttttrrrreeee iiiinnnnssssccccrrrriiiittttaaaa eeeennnn uuuunnnn rrrreeeeggggiiiissssttttrrrroooo eeeessssppppeeeecccciiiiaaaallll qqqquuuueeee sssseeee lllllllleeeevvvvaaaarrrráááá eeeennnn eeeellll
rrrreeeeggggiiiissssttttrrrroooo ggggeeeennnneeeerrrraaaallll ddddeeee ppppeeeessssqqqquuuueeeerrrrííííaaaa: Si bien en autos no se ha ordenado que la
demandada pruebe no encontrarse dentro de los alcances de una PEEA, y
siendo que el Ministerio de la Producción es el que se encuentra a cargo del
sector pesquero (que a la fecha de la dación del D. Leg . N° 301 no existía),
es de tenerse en cuenta que el Juzgador con la experiencia en otros procesos
similares [5], actualmente el Ministerio de la Producción ha informado que
solo cuenta con un registro de permisos de pesca, no existiendo un registro
especial de PEEAs, por lo tanto se infiere válidamente que dicho registro no
existe, consiguientemente por una inadecuación no imputable a las partes en
litigio lo dispuesto en el punto iii), del art. 65 del D. Leg. N° 301 ha quedado
desfasado como requisito válido, a fin de poder establecer si una empresa
pesquera y la embarcación de su propiedad constituyen una PEEA.
6.1.4. RRRReeeessssppppeeeeccccttttoooo aaaa lllloooossss oooottttrrrroooossss ddddoooossss rrrreeeeqqqquuuuiiiissssiiiittttoooossss rrrreeeessssttttaaaannnntttteeeessss:::: ““““QQQQuuuueeee ssssuuuussss iiiinnnnggggrrrreeeessssoooossss bbbbrrrruuuuttttoooossss
aaaannnnuuuuaaaalllleeeessss nnnnoooo ssssuuuuppppeeeerrrreeeennnn llllaaaassss nnnnoooovvvveeeecccciiiieeeennnnttttaaaassss uuuunnnniiiiddddaaaaddddeeeessss iiiimmmmppppoooossssiiiittttiiiivvvvaaaassss ttttrrrriiiibbbbuuuuttttaaaarrrriiiiaaaassss”””” yyyy ““““QQQQuuuueeee
sssseeeerrrráááá ssssaaaannnncccciiiioooonnnnaaaannnnddddoooo ccccoooonnnn llllaaaa ppppéééérrrrddddiiiiddddaaaa ddddeeee ttttaaaallll ccccoooonnnnddddiiiicccciiiióóóónnnn aaaa aaaaqqqquuuueeeellllllllaaaassss eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaassss qqqquuuueeee eeeennnn
ttttrrrreeeessss eeeejjjjeeeerrrrcccciiiicccciiiioooossss ccccoooonnnnsssseeeeccccuuuuttttiiiivvvvoooossss oooo cccciiiinnnnccccoooo aaaalllltttteeeerrrrnnnnaaaaddddoooossss ssssuuuuppppeeeerrrreeeennnn eeeennnn mmmmáááássss ddddeeeellll 22220000%%%% eeeellll llllíííímmmmiiiitttteeee
ddddeeee llllaaaa 999900000000 UUUUIIIITTTT””””:::: Consideramos que estos requisitos son exigidos para fines
tributarios mas no para fines laborales, ya que el derecho tributario y el
derecho laboral se nutren de diversas fuentes doctrinarias y legislativas [6],
siendo que:
5 C. P. C. Presunción judicial.- Artículo 281.- El razonamiento lógico-crítico del Juez,
basado en reglas de experiencia o en sus conocimientos y a partir del presupuesto
debidamente acreditado en el proceso, contribuye a formar convicción respecto al hecho o
hechos investigados.
6 Pág Web consultadas, día 24JUN2013:
“http://cuestionesempresariales.blogspot.com/2012/09/tratamiento-laboral-y-tributario-de-las.html”
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA MMMMOOOOQQQQUUUUEEEEGGGGUUUUAAAA 6
PPPPrrrriiiimmmmeeeerrrr JJJJuuuuzzzzggggaaaaddddoooo MMMMiiiixxxxttttoooo ddddeeee IIIIlllloooo
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6.1.4.1. El D. Leg. 301, este se promulgo al amparo del ArtíPcODuERl JoUD IC1IAL8 DE8L P ERdU e la
Constitución Política del Perú de 1979, por Ley N° 23850 el Congreso de la
República delegó en el Poder Ejecutivo las facultades de dictar normas
referidas a iiiinnnncccceeeennnnttttiiiivvvvoooossss ttttrrrriiiibbbbuuuuttttaaaarrrriiiioooossss y promociónales, razón por la cual
mediante dicho dispositivo “Declaran de preferente interés nacional la
reactivación de todos los agentes productivos de la actividad económica,
sean estos de derecho privado, público o mixto, y en consecuencia,
dispóngase la prioritaria atención y resolución de todo trámite a cargo de
las entidades sectoriales correspondientes, bajo responsabilidad”.
6.1.4.2. Se precisa además en el segundo párrafo que “Las pequeñas
empresas pesqueras gozarán de los beneficios contemplados en los
Artículos 91 y 92 de la Ley N° 23407”; en el Artículo 64 se señala que: Para
la ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaacccciiiióóóónnnn eeeeccccoooonnnnóóóómmmmiiiiccccaaaa de los trabajadores en las utilidades de las
Pequeñas Empresas Pesqueras se aplicará lo dispuesto en el Artículo 307
de la Ley N° 23407, Ley General de Industrias, que en su Artículo 91 de la
Ley N° 23407, [derogado por el Artículo 24 de la Ley N° 24062 publicada el
11 de enero de 1985] sssseeee rrrreeeeffffiiiieeeerrrreeee aaaa iiiinnnncccceeeennnnttttiiiivvvvoooossss yyyy eeeexxxxoooonnnneeeerrrraaaacccciiiioooonnnneeeessss ttttrrrriiiibbbbuuuuttttaaaarrrriiiiaaaassss; y
en el Artículo 92 de la citada Ley se indica que las pequeñas empresas
industriales tendrán acceso a líneas financieras y crediticias de la banca
estatal de fomento y de las entidades financieras del Estado con tasas
selectivas para la adquisición de activos fijos, para capital de trabajo y
para gastos de inversión; asimismo, el Artículo 107 de la Ley en mención,
derogado por la Primera Disposición Final y Transitoria del Decreto
Legislativo N° 677, publicada el 07 de octubre de 1991, se refiere a la
participación económica de los trabajadores de las pequeñas empresas
industriales en el 15% de la renta neta, aaaannnntttteeeessss ddddeeee iiiimmmmppppuuuueeeessssttttoooossss, en sustitución
del régimen de Comunidad Industrial y de participación patrimonial de
trabajo.
6.1.4.3. Sin perjuicio de lo antes dicho, esta judicatura considera oportuno
mencionar que el hecho que una empresa supere los límites de ingresos
brutos o mejore la capacidad y productividad de la embarcación, no puede
perjudicar derechos de sus trabajadores, por el contrario, un criterio
formado con sentido lógico llevaría a concluir que, una mejora de los
ingresos de la empresa o una modernización en la embarcación debe traer
consigo una mejora en los ingresos de sus dependientes, mas no cambiar
automáticamente las condiciones del contrato pesquero, pues el contrato
de trabajo por ser bilateral, se perfecciona con el consentimiento al igual
que las modificaciones. Debe tenerse en cuenta que dada la eventualidad
de la actividad extractiva de la pesca, determinada por factores climáticos,
estacionarios y de política gubernamental, los ingresos brutos pueden
variar constantemente, lo que no implica que la empresa en un momento
sea pequeña empresa (cuando baje las 900 UIT) y en otro no lo sea,
(cuando supere las 900 UIT) con la consiguiente variación también del
régimen contractual de los trabajadores, que no resulta lógico ni
aceptable. En base a lo desarrollado, la percepción de ingresos brutos
anuales no pueden ser aplicables en la relación laboral analizada, pues lo
“http://blog.pucp.edu.pe/item/177211/diferencias-entre-el-criterio-laboral-y-tributario “
CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA MMMMOOOOQQQQUUUUEEEEGGGGUUUUAAAA 7
PPPPrrrriiiimmmmeeeerrrr JJJJuuuuzzzzggggaaaaddddoooo MMMMiiiixxxxttttoooo ddddeeee IIIIlllloooo
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que debe prevalecer es la aplicación de los principios PODElaR JUbDIoCIArLa DElLe PEsRU de
Primacía de la Realidad Laboral y el de Derechos Laborales
(remunerativos) adquiridos.
7777.... DDDDeeeetttteeeerrrrmmmmiiiinnnnaaaarrrr ssssiiii lllleeee ccccoooorrrrrrrreeeessssppppoooonnnnddddeeee aaaallll ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee eeeellll ppppaaaaggggoooo ddddeeee rrrreeeeiiiinnnntttteeeeggggrrrroooo ddddeeee rrrreeeemmmmuuuunnnneeeerrrraaaacccciiiioooonnnneeeessss
pppprrrroooovvvveeeennnniiiieeeennnntttteeeessss ddddeeee llllaaaa ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaacccciiiióóóónnnn ppppoooorrrr ttttoooonnnneeeellllaaaaddddaaaa mmmmééééttttrrrriiiiccccaaaa ddddeeee ppppeeeessssccccaaaa ddddeeeessssccccaaaarrrrggggaaaaddddaaaa
eeeeqqqquuuuiiiivvvvaaaalllleeeennnntttteeee aaaallll 22222222....44440000%%%% pppprrrroooovvvveeeennnniiiieeeennnntttteeee ddddeeeellll ppppaaaaggggoooo qqqquuuueeee eeeellll aaaarrrrmmmmaaaaddddoooorrrr ppppeeeerrrrcccciiiibbbbeeee ppppoooorrrr llllaaaa vvvveeeennnnttttaaaa ddddeeee
aaaannnncccchhhhoooovvvveeeettttaaaa oooo mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaa pppprrrriiiimmmmaaaa ppppaaaarrrraaaa llllaaaa eeeellllaaaabbbboooorrrraaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee hhhhaaaarrrriiiinnnnaaaa ddddeeee ppppeeeessssccccaaaaddddoooo aaaa llllaaaassss ffffaaaabbbbrrrriiiiccccaaaassss
pppprrrrii |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00168-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP MILUSKA MILAGRITOS LAM
TRIGOSO ,
Resolución N° (03)
Paita, Uno de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 15 de enero del 2014, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la
parte ejecutante AFP INTEGRA contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO SA; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de
aportes previsionales), en consecuencia se ordenó llevar adelante la
Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA, cumpla con pagar la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 39/100 SOLES (S/10,779.39), más los intereses
regulados en normas previsionales devengados que se generen desde la fecha
de emisión de la liquidación de cobranza hasta la total cancelación de la
deuda, gastos de cobranza, costos y costas del proceso (folios 23-24).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 24 de enero del 2014, según constancia de notificación
con número 95-2014 y 96-2014 (folios 25-26), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 15 de enero del 2014.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00168-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP MILUSKA MILAGRITOS LAM
TRIGOSO ,
Resolución N° (03)
Paita, Uno de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 15 de enero del 2014, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la
parte ejecutante AFP INTEGRA contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO SA; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de
aportes previsionales), en consecuencia se ordenó llevar adelante la
Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA, cumpla con pagar la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 39/100 SOLES (S/10,779.39), más los intereses
regulados en normas previsionales devengados que se generen desde la fecha
de emisión de la liquidación de cobranza hasta la total cancelación de la
deuda, gastos de cobranza, costos y costas del proceso (folios 23-24).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 24 de enero del 2014, según constancia de notificación
con número 95-2014 y 96-2014 (folios 25-26), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 15 de enero del 2014.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00168-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP MILUSKA MILAGRITOS LAM
TRIGOSO ,
Resolución N° (03)
Paita, Uno de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 15 de enero del 2014, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la
parte ejecutante AFP INTEGRA contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO SA; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de
aportes previsionales), en consecuencia se ordenó llevar adelante la
Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA, cumpla con pagar la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 39/100 SOLES (S/10,779.39), más los intereses
regulados en normas previsionales devengados que se generen desde la fecha
de emisión de la liquidación de cobranza hasta la total cancelación de la
deuda, gastos de cobranza, costos y costas del proceso (folios 23-24).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 24 de enero del 2014, según constancia de notificación
con número 95-2014 y 96-2014 (folios 25-26), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 15 de enero del 2014.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00168-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP MILUSKA MILAGRITOS LAM
TRIGOSO ,
Resolución N° (03)
Paita, Uno de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 15 de enero del 2014, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la
parte ejecutante AFP INTEGRA contra ARMADORES Y CONGELADORES
DEL PACIFICO SA; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de
aportes previsionales), en consecuencia se ordenó llevar adelante la
Ejecución hasta que el ejecutado ARMADORES Y CONGELADORES DEL
PACIFICO SA, cumpla con pagar la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON 39/100 SOLES (S/10,779.39), más los intereses
regulados en normas previsionales devengados que se generen desde la fecha
de emisión de la liquidación de cobranza hasta la total cancelación de la
deuda, gastos de cobranza, costos y costas del proceso (folios 23-24).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 24 de enero del 2014, según constancia de notificación
con número 95-2014 y 96-2014 (folios 25-26), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 15 de enero del 2014.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO LABORAL - NLPT
EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MELENDEZ AMADOR MARIA MARLENY
ESPECIALISTA : CARDOZA GARBOZO JUAN CARLOS
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA
TECONOLOGICA DE ALIMENTOS SATASA
DEMANDANTE : MALAVER SUYON, MARIO HART
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y NUEVE
Chimbote, seis de noviembre
Del año dos mil dieciocho
DADO CUENTA con el escrito presentado por la demandante, a
lo solicitado: Decláresele IMPROCEDENTE por ahora, toda vez que la resolución número
treinta y siete, que declara fundada la aplicación de principio de carácter
persecutorio, ha sido materia de apelación mediante resolución numero treinta y
ocho.- Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO LABORAL - NLPT
EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MELENDEZ AMADOR MARIA MARLENY
ESPECIALISTA : LOYOLA VIGO EVELYN JAQUELINE
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
TECONOLOGICA DE ALIMENTOS SATASA ,
DEMANDANTE : MALAVER SUYON, MARIO HART
Resolución Nro. TREINTA Y OCHO
Chimbote, veintisiete de setiembre
Del año dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con los escritos
presentados, Al escrito de la parte demandada interponiendo recurso de apelación
contra la resolución número TREINTA Y SIETE que antecede, y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, la entidad demandada a través del escrito que se provee formula
recurso de apelación contra la resolución que declara FUNDADA LA APLICACIÓN
DEL PRINCIPIO DE CARÁCTER PERSECUTORIO DEL CRÉDITO LABORAL
DEL ACTO, a fin de que sea revocada por el Superior Grado.
SEGUNDO.- Que, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le
produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente.
TERCERO.- Que, en ese sentido, el escrito en mención reúne los requisitos formales
de admisibilidad y procedibilidad señalados en el artículo 367° del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos; asimismo, ha sido presentado dentro
del plazo legal establecido en el artículo 377° de la norma acotada, siendo del caso
conceder la apelación sin efecto suspensivo. Por las consideraciones expuestas; SE
RESUELVE: CONCEDER APELACIÓN SIN EFECTO SUSPENSIVO A LA
PARTE DEMANDADA contra la resolución número TREINTA Y SIETE, en
consecuencia, CUMPLA la ASISTENTE JUDICIAL con FÓRMAR el cuaderno de su
propósito desde 369 hacia adelante, incluyéndose su escrito de apelación, y la presente
resolución con sus respectivos cargos de notificación; bajo su responsabilidad, en
caso de incumplimiento Y CUMPLIDO que sea ELÉVESE a la Sala Laboral
respectiva, con la debida nota de atención. Notificación |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO LABORAL – NLPT.
EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-JR-LA-01.
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS E INDEMNIZACIÓN.
JUEZ : MELENDEN AMADOR MARIA MARLENY.
ESPECIALISTA : LOYOLA VIGO, EVELYN JAQUELINE.
DEMANDADO : FÁBRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A.
DEMANDANTE : MALAVER SUYON, MARIO HART.
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y SIETE.
Chimbote, seis de agosto del dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito 36314-2018 presentado por la empresa
Tecnológica de Alimentos S.A. absolviendo la persecutoriedad, y el escrito 37978-
2018 presentado por la parte demandante; Y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: El artículo 171° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente,
señala que la nulidad se sanciona solo por causa establecida en la Ley; sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal, careciera de los requisitos
indispensables para la obtención de su finalidad y como complemento de lo
precedentemente expuesto, el artículo 175° inciso 2) del Código acotado,
establece que el pedido de nulidad será declarado inadmisible o improcedente,
según corresponda, cuando se sustente en causal no prevista en este Código.
SEGUNDO: De las resoluciones expedidas en el presente proceso tenemos;
• Por resolución número veintiocho se dispone correr traslado a TECNOLOGICA DE
ALIMENTOS de la solicitud persecutoria.
• Con fecha 15 de septiembre del 2017, se notifica a TECNOLOGICA DE
ALIMENTOS con la resolución número veintiocho y la solicitud persecutoria en
Calle las Begonias N° 441 – Oficina N° 352 San Isidro Lima.
• Mediante resolución número treinta y cuatro se declara nula la resolución
número treinta y dos, la que declara consentida la resolución número treinta
(declara fundada la aplicación del principio de carácter persecutorio) y treinta
y uno (que aclara la resolución número treinta) y sus correspondientes
constancias de notificación; y se dispone volver a notificar a TECNOLOGICA DE
ALIMENTOS con la resolución número treinta y treinta y uno en el domicilio cito
en Jirón Carpaccio N° 250 piso 11 – San Borja. • Mediante resolución número treinta y seis se dispone notificar a TECNOLOGICA
DE ALIMENTOS con la resolución número veintiocho (traslado de la solicitud
persecutoria), veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y cuatro y
treinta y cinco.
TERCERO: De lo antes señalado tenemos que es recién con la resolución número
treinta y seis que dispone notificar la resolución número veintiocho que corre
traslado de la solicitud persecutoria, que, TECONOLOGICA DE ALIMENTOS TASA SA,
toma conocimiento de la solicitud de aplicación de la Acción Persecutoria; por lo
tanto también corresponde declarar la nulidad de la resolución número treinta, y
treinta y uno; en tanto se expidieron sin que previamente se notifique debidamente
a TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA con la solicitud del persecutorio.
CUARTO: Conforme al estado del proceso y proveyendo la absolución presentada
por TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA, tenemos que según lo establecido por el
artículo 24° de la Constitución Política del Perú, el pago de la remuneración y
créditos laborales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador;
principio constitucional que es recogido por el Decreto Legislativo N° 856, norma
laboral que en mérito al carácter protector de los créditos laborales establece el
carácter persecutorio de los bienes del negocio frente ante la inseguridad jurídica
de los derechos fundamentales e irrenunciables del trabajador;
QUINTO: Si bien el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 856 establece que para que
funcione el principio de carácter persecutorio de negocio es necesario se cumpla
presupuestos procesales, sin embargo, el artículo 24° de la Constitución Política del
Perú establece, en su segundo párrafo, que, “El pago de la remuneración y los
beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier otra obligación
del empleador”. Es decir, que dicha norma constitucional no establece ningún
requisito o condición previa para que los trabajadores sean pagados de manera
preferente frente a otros acreedores;
SEXTO: En autos, por sentencia de vista de fecha dieciocho de octubre del dos mil
dieciséis se declara fundada en parte la demanda y se reconoce el crédito laboral
del demandante por la suma de S/. 19,401.83 soles, mas costos procesales en el
porcentaje del 15 % del monto ordenado pagar esto es la suma de S/ 2,910.27 soles,
y el 5% para el Colegio de Abogados respetivo en la suma de S/ 145.51 soles. Y
apreciando de autos que por liquidación de intereses parcial se ha aprobado la
suma de S/ 3,429.54 soles, haciendo un total de S/. 25,887.15 soles.
SÉPTIMO: De la revisión de autos se aprecia que a la demandada se le ha requerido
el cumplimiento del pago la misma no ha cumplido con honrar el beneficio laboral del trabajador por lo cual el demandante recurre al Juzgado a fin que se aplique el
principio de carácter persecutorio de bien negocio sobre la E/P “ESTHER SIETE” con
matricula N° CO14971 ahora TASA 427 manteniendo la misma matricula N°
CO14971, lo que deberá de tenerse en cuenta al momento de resolver,
embarcación pesquera que fue adquirida por la empresa TECNOLOGICA DE
ALIMENTOS S.A..
OCTAVO: De la ficha registral de la E/P “ESTHER SIETE” presentada por la parte
demandante, se aprecia el tracto sucesivo de la propiedad del inmueble, siendo la
inscrita en dicha partida registral en la partida N° 00715140 que era de propiedad
de la ejecutada FABRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A.
NOVENO: TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. al absolver el traslado de la
pesecutoriedad señala que “NO adquirió de ninguna de las codemandadas, sino
que las adquirió como consecuencia del ejercicio del derecho de opción de
compra preferente que le correspondía en mérito al contrato de compra venta de
la embarcación pesquera y de arrendamiento financiero que celebró con el Banco
Santander Perú S.A.A (propietaria de la embarcación) el 24 de julio del 2009
adquirió de forma absolutamente regular a través de un contrato de compra
venta.”; esto es que reconoce la propiedad de la embarcación pesquera TASA 427;
y si bien señala otras formas de hacer efectiva la acreencia, por vinculación
económica por grupo familiar y la propiedad de otras embarcaciones pesqueras;
sin embargo la afectación solicitada es de persecutoriedad de la embarcación
pesquera TASA 427; no correspondiendo al Juzgado pronunciarse sobre lo que no
ha sido solicitado por la parte demandante para hacer efectiva la ejecución de
sentencia en este proceso.
DÉCIMO: En el presente caso estamos ante beneficios sociales que tienen carácter
alimentario, debiendo agregar que en la medida que no exista un fondo de
garantía salarial o un seguro que pague al trabajador los beneficios sociales
adeudados ante una falencia económica del empleador, el sistema legal debe
reconocer la preferencia en el pago de los beneficios sociales ante otros créditos
no cancelados por el empleador. Evidentemente la cobranza y su enunciado
tienen su base en el carácter tuitivo del derecho laboral, de tal manera que el
crédito laboral tiene preferencia sobre cualquier otro tipo de obligación del
empleador tal como lo precisa el artículo 24° de la Constitución Política de cuya
interpretación incluso se señala que no es necesario otro requisito o condición para
que los trabajadores sean pagados de manera preferente, que el sólo hecho de identificar los bienes del empleador y tener la certeza de que pertenecieron al
momento en que los beneficios sociales fueron incumplidos su pago.
DÉCIMO PRIMERO: Dentro de este contexto se tiene que: a) existe el reconocimiento
de un derecho de naturaleza laboral, y por su carácter alimentario es preferente
ante otra cualquier obligación; b) En autos está demostrado que la E/P “ESTHER
SIETE”, era de propiedad de la demandada FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA y en
la actualidad ha transferido en propiedad a TECNOLOGICA DE ALIMENTOS TASA y;
c) Se ha verificado el incumplimiento reiterado del empleador en el pago de los
beneficios sociales y la ausencia de bienes adicionales del empleador que cubra
los adeudos laborales; razones por la cual es procedente la aplicación del principio
del carácter persecutorio del bien del negocio la misma que alcanza al actual
propietario del inmueble sobre el cual se solicitó la aplicación del carácter
persecutorio debiendo ser ésta la obligada a honrar el crédito laboral reconocido
en autos.
Por los considerandos expuestos y de acuerdo a lo establecido por el artículo 24 de
la Constitución Política del Perú, SE DECLARA:
• Declarar la NULIDAD de la resolución número treinta y treinta y uno.
• FUNDADA la aplicación del principio de carácter persecutorio del crédito
laboral del actor sobre la Embarcación Pesquera “ESTHER SIETE” con matricula
N° CO14971, ahora TASA 427 que fue de propiedad de la ejecutada y en la
actualidad se ha transferido en propiedad a TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.;
en consecuencia REQUIÉRASE a TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A TASA a fin que
dentro del término del quinto día de notificada cumpla con pagar a favor del
actor la suma de S/ 25,887.15 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 15/100 SOLES) bajo apercibimiento de ejecución forzosa, sobre la E/P
“ESTHER SIETE” con matricula N° CE-6353PM, ahora TASA 427.- Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO LABORAL - NLPT
EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MELENDEZ AMADOR MARIA MARLENY
ESPECIALISTA : TANG BARRUETO RICARDO
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
DEMANDANTE : MALAVER SUYON, MARIO HART
Resolución Nro. TREINTA Y CINCO
Chimbote, dieciséis de mayo Del dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito y anexos que
anteceden; y, CONSIDERANDO:
Primero.- Conforme lo establece el artículo 406° del Código Procesal Civil, el Juez no puede alterar las resoluciones
después de notificadas. Sin embargo, antes que la resolución cause ejecutoria, de oficio o a pedido de parte, puede
aclarar algún concepto oscuro o dudoso expresado en la parte decisoria de la resolución o que influya en ella. La
aclaración no puede alterar el contenido sustancial de la decisión. El pedido de aclaración será resuelto sin dar
trámite. La resolución que lo rechaza es inimpugnable.
Segundo.- Mediante el presente escrito, recurre la abogada del demandante, a efectos de solicitar la aclaración
respecto a la notificación a realizarse a la demandada con la resolución número treinta y cuatro la cual resuelve
declarar fundada la nulidad deducida formulada por la demandada contra la resolución número treinta y dos y los
asientos de notificación de la resolución número treinta y treinta y uno, estando a que la misma mediante escrito de
fecha seis de marzo del presente año cumple con señalar su Casilla Electrónica N° 66591 solicitando en ese sentido
que las mencionadas resoluciones treinta y treinta y uno sean notificadas a su casilla electrónica a fin de evitar
dilatar el presente proceso
Tercero.- En este orden de ideas, se verifica que mediante escrito de nulidad (folios 562) la demandada
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. se apersona al proceso, señalando domicilio real y señaló casilla electrónica
N° 66591, por lo que debe tenerse por señalada su casilla electrónica y se concluye que efectivamente al haberse
declarado fundada la nulidad formulada por el apoderado de la Empresa Tecnológica de Alimentos SA contra la
resolución número treinta y dos; y habiéndose en ese sentido ordenado volver a notificar a la mencionada
demandada con la resolución número treinta y treinta y uno , en ese sentido y habiendo expresamente la
demandada señalado su casilla electrónica N° 66591 en su escrito de apelación, y a fin de salvaguardar el derecho
de la demandante y evitar la dilación del presente proceso deberá notificarse las mencionadas resoluciones número
treinta, treinta y uno y treinta y dos en su Casilla Electrónica N° 66591, para los fines legales pertinentes. Por estas
consideraciones expuestas, SE RESUELVE:
1) Tener por apersonado en el presente proceso a TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A., por señalado su
domicilio real en Av. Los Pescadores s/n Zona Industrial 27 de octubre Chimbote, y por señalada su Casilla
Electrónica N° 66591.
2) Declarar fundada la solicitud de ACLARACIÓN formulada por el demandante Mario Hart Malaver Suyon y
consecuentemente NOTIFÍQUESE a la entidad demandada con la resolución número treinta, treinta y uno,
treinta y dos , treinta y cuatro y la presente resolución en su domicilio real señalado y en su casilla Electrónica
N° 66591, para los fines legales pertinentes, Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN
Señor Juez:
Informo a usted, que Mediante Memorandum N° 088-2018-ADM-NLPT-CSJSA/PJ, emitido por el Administrador del
Módulo Corporativo Laboral de la CSJSA, se me ha dispuesto que mi persona labore como especialista de causa-
Especialidad de Ejecución a partir de la fecha en reemplazo de la especialista Rojas Villacorta Aracelly en atención
al documento de la referencia emitida por la mencionada servidora, en ese sentido con fecha LUNES 30 DE ABRIL
del presente año, a horas DIEZ DE LA MAÑANA (con usuario recepcionado) he asumido la presente secretaría
imprimiendo un reporte de los escritos pendientes de existiendo 365 escritos pendientes de proveer (según
reporte que adjunto para los fines de ley siendo del 1 juzado laboral (51 escritos), 2 juzgado laboral (70
escritos), 3 juzgado laboral (71 escritos), 5 juzgado laboral (42 escritos), 6 juzgado laboral (66 escritos) y 8
juzgado laboral (65 escritos), así como se me está entregando expedientes para descargar y notificar; lo cual se
dará cuenta poco a poco con el despacho diario debido a la recargada carga procesal. Lo que doy cuenta la
presente para los fines pertinentes.-
Chimbote, 30 de abril del 2018.
1° JUZGADO LABORAL - NLPT
EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MELENDEZ AMADOR MARIA MARLENY
ESPECIALISTA : TANG BARRUETO RICARDO
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
DEMANDANTE : MALAVER SUYON, MARIO HART
Resolución Nro. TREINTA Y CUATRO
Chimbote, dos de mayo
Del dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito de absolución de la nulidad
formulada por la parte demandada y estando a la revisión de autos; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de fecha seis de marzo del presente año, la demandada
Tecnológica de Alimentos S.A formula nulidad de la resolución número treinta y dos y sus
efectos de la misma, la misma que resuelve declarar consentida las resoluciones treinta y
treinta y uno de la aplicación del principio de persecutoriedad sobre la embarcación pesquera
ESHER SIETE con matrícula N° CO 14971 y en consecuencia se le requiere el pago dentro del
plazo de cinco días hábiles en la suma de S/. 35,947.32 Soles, por concepto de capital, costas y
costos e intereses legales y bancarios derivados del CTS, bajo apercibimiento de embargo de la
embarcación pesquera Esther Siete en caso de incumplimiento, indicando que dichas cédulas
de notificación han sido diligenciadas con el anterior domicilio en la ciudad de Lima, como es
en la Calle Las Begonias 441 Oficina 352, San Isidro, Lima; para lo cual señala que en las fechas
de notificación mantenía otro domicilio fiscal diferente al alcanzando por el demandante ya
que desde el 27.07.17 cambió su domicilio a Jiron Carpaccio N° 250, piso 11, Distrito de San
Borja; en ese sentido y no habiendo sido parte del presente proceso, no tuvo la oportunidad de comunicar el cambio de domicilio fiscal tomando conocimiento recién del presente proceso
a través de la resolución número treinta y dos, pero esta vez notificado al domicilio consignado
en Chimbote a pedido del demandante.
SEGUNDO: Que, por resolución número treinta y tres se corrió traslado de la nulidad, a la
parte demandante, la misma que cumplió con absolver la nulidad formulada señalando que la
demandada pretende desconocer la dirección consignada en un sin número de procesos
judiciales que hasta la fecha se les viene notificando, señalando que lo que se evidencia con su
pedido de nulidad es el hecho de tener la intención de apelar las resoluciones anteriores,
pretendiendo desconocer dichas notificaciones.
TERCERO: Que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin embargo, puede
declararse cuando el acto procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención
de su finalidad, conforme lo establece el artículo 171 del Código Procesal Civil.
CUARTO: Que, asimismo es preciso señalar que la notificación es un acto de comunicación
procesal, por el cual se pone en conocimiento de las partes y demás interesados las
providencias judiciales para materializar el derecho de defensa, es por ello que se afirma que
la notificación constituye una exigencia del contradictorio sin la cual se afectaría el debido
proceso y la igualdad de las partes; además se debe tener en cuenta que el acto de notificación
adquiere singular importancia cuando lo que se pretende es hacer conocer al demandado de la
demanda interpuesta contra él; de modo que el juez debe cautelar que el emplazamiento sea
efectivo y oportuno, pues sólo así se le garantiza al derecho de contradicción, derecho que
tiene rango constitucional y no admite limitación ni restricción para su ejercicio.
QUINTO: Que, del expediente se observa, que si bien los autos se encuentran saneados, pero
ello no significa que de haber incurrido en causal de nulidad, no pueda ser declarada de oficio
o a petición de parte, pues las disposiciones legales son de interés público y de cumplimiento
obligatorio, entonces para resolver la petición de nulidad, se debe revisar minuciosamente que
si la notificación realizada a la demandada, se ha hecho correctamente.-
SEXTO: Ahora bien, revisado las Constancias de notificación de obrantes a fojas cuatrocientos
cincuenta y seis, cuatrocientos cincuenta y ocho, (resolución 28), y quinientos veintiocho y
quinientos treinta y tres (resolución 30 , 31), se advierte que la notificación realizada a la
demandada se ha efectuado en la Calle Las Begonias N° 441, Oficina 352-Lima; sin embargo y
estando efectivamente a la documentación presentada por la parte demandada Tecnología de
Alimentos SA, se observa mediante ficha RUC y documento de comunicación de nuevo
domicilio remitido al Despacho Ministerial del Ministerio de la Producción en donde incluso
indica que a partir del lunes 31 de Julio del dos mil diecisiete, el domicilio fiscal de la empresa
demandada se encuentra consignado en Jiron Carpaccio N° 250, piso 11, Distrito de San Borja, dirección distinta al domicilio donde se han venido efectuado las notificaciones; máxime si de
la revisión de los actuado se observa que las notificaciones realizadas fueron dejadas bajo
puerta habiéndose en ese sentido obviado la parte demandante en revisar la actual dirección
fiscal de la empresa Tecnología de Alimentos SA. SEPTIMO: Que, al no haberse notificado a la
demandada en su domicilio fiscal, no se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo
ciento cincuenta y cinco del Código Procesal Civil; además al no existir un emplazamiento
válido, la demandada no ha podido ejercer sus derechos, lo que conlleva a que se haya
transgredido el debido proceso, por lo que la nulidad formulada, debe ser declarada fundada.
Por estas consideraciones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento setenta y
uno y ciento setenta y seis del Código procesal Adjetivo, SE RESUELVE:
i) DECLARAR FUNDADA la NULIDAD formulada por el apoderado de la Empresa
Tecnológica de Alimentos S.A contra la resolución número treinta y dos; y los asientos
de notificación de la resolución número treinta y treinta y uno de autos respecto a
Tecnológica de Alimentos S.A.; en consecuencia VUELVASE a NOTIFICAR a la Empresa
Tecnológica de Alimentos S.A con la resolución número treinta y treinta y uno en su
domicilio fiscal ubicado en Jiron Carpaccio N° 250, piso 11, Distrito de San Borja,
debiendo para tal efecto, para los fines de ley.- |
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EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MELENDEZ AMADOR MARIA MARLENY
ESPECIALISTA : ROJAS VILLACORTA ROSA ARACELLY
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
DEMANDANTE : MALAVER SUYON, MARIO HART
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y DOS
Chimbote, veintiséis de enero
Del Año dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito que antecede:
Y, CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, mediante escrito recurre el demandante a fin de solicitar el consentimiento
de las resoluciones números treinta y treinta y uno y se requiera el pago a la ejecutada, bajo
apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento.
SEGUNDO.- Conforme se observa de autos, mediante resolución número treinta se declara
fundada la aplicación del principio de carácter persecutorio del crédito laboral del actor sobre
la Embarcación Pesquera “ESTHER SIETE” con matrícula N° CO14971, ahora TASA 427, que fue
de propiedad de la ejecutada y en la actualidad se ha transferido en propiedad a
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. – TASA, y se requiere el pago a TASA , a fin de que dentro
del término del quinto día de notificado cumpla con pagar a favor del actor la suma de S/.
25,887.15 Soles, bajo apercibimiento de ejecución forzosa; y mediante resolución número
treinta y uno, se resuelve corregir la resolución treinta.
TERCERO.- De la revisión de los actuados, es de advertirse que las partes no han interpuesto
recurso impugnatorio contra la referida resolución pese a encontrarse debidamente
notificados; razón por lo cual debe declararse consentida la mencionada resolución y
requerirse su pago.
CUARTO.- Conforme lo establece el inciso 2° del artículo 123° del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente al caso de autos, una resolución adquiere la autoridad de cosa
juzgada cuando las partes renuncian expresamente a interponer medios probatorios o dejan
transcurrir los plazos sin formularlos, operando de esta manera el principio de preclusión de
actos procesales.
Por estas consideraciones expuestas y de conformidad a la norma adjetiva acotada
anteriormente, SE RESUELVE: (cid:1) Declarar CONSENTIDA las RESOLUCIONES NÚMEROS TREINTA y TREINTA Y UNO, en
consecuencia y tal como lo solicita el demandante; REQUIERASE a TECNOLÓGICA DE
ALIMENTOS S.A. – TASA, para que dentro del plazo de cinco días hábiles cumpla con
pagar al demandante la suma de S/. 35,947.32 Soles por concepto de capital, costos
más el 5% destinado para el Colegio de Abogados del Santa e intereses legales y
bancarios derivados de la CTS, bajo apercibimiento de embargo de la Embarcación
Pesquera ESTHER SIETE con Registro de Matricula CO14971, ahora TASA 427, en caso
de incumplimiento. Al otrosí digo: Estando a lo solicitado, por el demandante
NOTIFÍQUESE a TASA a su domicilio fiscal ubicado en Av. Los Pescadores S/N, Zona
Industrial Sector “A”, Chimbote. Así mismo, REQUIERASE a TECNOLÓGICA DE
ALIMENTOS S.A. – TASA, a fin de que CUMPLA con señalar su casilla electrónica,
conforme lo dispone la Nueva Ley Procesal del Trabajo. Interviniendo la secretaria
judicial que da cuenta por disposición superior.- Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : MELENDEZ AMADOR MARIA MARLENY
ESPECIALISTA : LAURENCIO LOYOLA GIANINNA LUZ
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA
DEMANDANTE : MALAVER SUYON, MARIO HART
RAZON:
Señora Juez:
Doy cuenta a usted que en el presente proceso se encontró el escrito del 13 de Octubre del año en
curso, pendiente de proveer, haciendo hincapié que la suscrita asumió funciones el 03 de
Noviembre del año en curso, Lo que hago de su conocimiento para los fines pertinentes.
Resolución Nro. TREINTA
Chimbote, diecisiete de Noviembre
Del dos mil diecisiete.
AUTOS Y VISTOS; Con el escrito de la parte demandante y
copias que adjunta agréguese a los autos y siendo el estado del proceso se emite la presente
resolución resolviendo la solicitud del carácter persecutorio solicitado; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, según lo establecido por el artículo 24° de la Constitución Política del Perú, el
pago de la remuneración y créditos laborales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del
empleador; principio constitucional que es recogido por el Decreto Legislativo N° 856, norma laboral
que en mérito al carácter protector de los créditos laborales establece el carácter persecutorio de los
bienes del negocio frente ante la inseguridad jurídica de los derechos fundamentales e
irrenunciables del trabajador; SEGUNDO: Que, si bien el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 856
establece que para que funcione el principio de carácter persecutorio de negocio es necesario se
cumpla presupuestos procesales, sin embargo, el artículo 24° de la Constitución Política del Perú
establece, en su segundo párrafo, que, “El pago de la remuneración y los beneficios sociales del
trabajador tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador”. Es decir, que dicha
norma constitucional no establece ningún requisito o condición previa para que los trabajadores
sean pagados de manera preferente frente a otros acreedores; TERCERO: Que, en autos, por
sentencia de vista de fecha dieciocho de octubre del dos mil dieciséis se declara fundada en parte la
demanda y se reconoce el crédito laboral del demandante por la suma de S/. 19,401.83 soles, mas
costos procesales en el porcentaje del 15 % del monto ordenado pagar esto es la suma de S/.
2,910.27 soles, y el 5% para el Colegio de Abogados respetivo en la suma de S/. 145.51 soles. Y
apreciando de autos que por liquidación de intereses parcial se ha aprobado la suma de S/.
3,429.54 soles, haciendo un total de S/. 25,887.15 soles. CUARTO: De la revisión de autos se
aprecia que a la demandada se le ha requerido el cumplimiento del pago la misma no ha cumplido
con honrar el beneficio laboral del trabajador por lo cual el demandante recurre al Juzgado a fin que
se aplique el principio de carácter persecutorio de bien negocio sobre la E/P “ESTHER SIETE” con
matricula N° CO14971 ahora TASA 427 manteniendo la misma matricula N° CO14971, lo que
deberá de tenerse en cuenta al momento de resolver. Embarcación pesquera que fue adquirida por la empresa TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.; QUINTO: Que, de la ficha registral de la E/P
“ESTHER SIETE” presentado por la parte demandante, se aprecia el tracto sucesivo de la
propiedad del inmueble, siendo la inscrita en dicha partida registral en la partida N° 00715140 que
era de propiedad de la ejecutada FABRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A. SEXTO: Que, en el
presente caso estamos ante beneficios sociales que tienen carácter alimentario, debiendo agregar
que en la medida que no exista un fondo de garantía salarial o un seguro que pague al trabajador
los beneficios sociales adeudados ante una falencia económica del empleador, el sistema legal
debe reconocer la preferencia en el pago de los beneficios sociales ante otros créditos no
cancelados por el empleador. Evidentemente la cobranza y su enunciado tienen su base en el
carácter tuitivo del derecho laboral, de tal manera que el crédito laboral tiene preferencia sobre
cualquier otro tipo de obligación del empleador tal como lo precisa el artículo 24° de la Constitución
Política de cuya interpretación incluso se señala que no es necesario otro requisito o condición para
que los trabajadores sean pagados de manera preferente, que el sólo hecho de identificar los
bienes del empleador y tener la certeza de que pertenecieron al momento en que los beneficios
sociales fueron incumplidos su pago; SEPTIMO: Que, dentro de este contexto se tiene que: a)
existe el reconocimiento de un derecho de naturaleza laboral, y por su carácter alimentario es
preferente ante otra cualquier obligación; b) En autos está demostrado que la E/P “ESTHER
SIETE”, era de propiedad de la demandada FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA y en la
actualidad ha transferido en propiedad a BANCO SANTANDER PERU S.A.; y c) Que, se ha
verificado el incumplimiento reiterado del empleador en el pago de los beneficios sociales y la
ausencia de bienes adicionales del empleador que cubra los adeudos laborales; razones por la cual
es procedente la aplicación del principio del carácter persecutorio del bien del negocio la misma que
alcanza al actual propietario del inmueble sobre el cual se solicitó la aplicación del carácter
persecutorio debiendo ser ésta la obligada a honrar el crédito laboral reconocido en autos; POR
LOS CONSIDERANDOS EXPUESTOS y de acuerdo a lo establecido por el artículo 24 de la
Constitución Política del Perú, SE DECLARA: FUNDADA la aplicación del principio de carácter
persecutorio del crédito laboral del actor sobre la Embarcación Pesquera “ESTHER SIETE” con
matricula N° CO14971, ahora TASA 427 que fue de propiedad de la ejecutada y en la actualidad se
ha transferido en propiedad a BANCO SANTANDER PERU S.A., empero en arrendamiento por
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.; en consecuencia REQUIÉRASE a TECNOLOGICA DE
ALIMENTOS S.A TASA a fin que dentro del término del quinto día de notificada cumpla con pagar
a favor del actor la suma de S/. 25,887.15 (VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 15/100 SOLES) bajo apercibimiento de ejecución forzosa, sobre la E/P “ESTHER SIETE” con
matricula N° CE-6353PM, ahora TASA 427, con conocimiento del BANCO SANTANDER PERU
S.A. Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta por disposición superior. Notifíquese |
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EXPEDIENTE NÚMERO: 00173-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : BENEFICIOS SOCIALES
RELATORA : VENEROS LAVERIAN ANA MARIA
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA
DEMANDANTE : MALAVER SUYON MARIO HART
RESOLUCIÓN NÚMERO: VEINTIDOS
Chimbote, dieciocho de octubre
Del dos mil dieciséis.-
SENTENCIA EMITIDA POR TERCER TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL SANTA
ASUNTO:
Viene en apelación la sentencia contenida en la resolución número doce que declara FUNDADA EN
PARTE la demanda interpuesta por don MARIO HART MALAVER SUYON, contra FÁBRICA DE
CONSERVAS ISLAY SA, sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES; en consecuencia, ORDENO que la
demandada cumpla con pagar al demandante la suma de S/.17,130.95 (DIECISIETE MIL CIENTO
TREINTA Y 95/1000 NUEVOS SOLES), por conceptos de: 1.- Pago de compensación por tiempo de
servicios en S/.2,285.27 Nuevos Soles, y 2.- Pago de gratificaciones en S/.14,845.68 Nuevos Soles, más
intereses legales y costas del proceso a liquidarse en ejecución de sentencia, fijándose como costos del
proceso el 10% de lo que se logre obtener en el presente proceso más el 5% de dicha cantidad para el
Colegio de Abogados del Santa. INFUNDADA, la demanda respecto al pago de vacaciones e
indemnización vacacional. IMPÓNGASE UNA MULTA de (02) DOS UNIDADES DE REFERENCIA
PROCESAL al demandante y su Abogada defensora Lady Laura Díaz Félix conforme a los fundamentos
del considerando décimo quinto.
FUNDAMENTOS DE LA APELACION:
La demandante como fundamentos de apelación, sostiene: 1) El A quo comete error de hecho y
derecho en el sétimo punto, al no tener en consideración los medios probatorios aportados con la
demanda, correspondiente a las boletas de pago del año 2000 al 2010, los mismos que registran como
fecha de ingreso el 04/01/1989, también se adjunta el certificado de trabajo de fecha 04/12/2012 y
posteriormente mediante escrito de fecha 15/01/2014, se adjunta la solicitud de certificado de trabajo
dirigido a la empresa demandada, de fecha 18/01/2013 así como el nuevo certificado de trabajo de fecha
21/01/2013, medios probatorios que demuestran fehacientemente que el actor prestó servicios a favor de
1 la demandada y que su fecha de ingreso fue el 04/01/1989 hasta el 31/07/2010 ; 2) Asimismo señala que
en el octavo considerando, señala que los oficios de SUNAT y ESSALUD, no pueden restar la validez de
un certificado de trabajo emitido posteriormente, ya que en ambos casos consta la firma y sello del
Gerente General de la empresa demandada; 3) Señala como error al señalar que la demandada siempre
ha estilado contratar personal a través de SERVIS, con la finalidad de no pagar beneficios sociales,
cuando en realidad la empresa demandada es la responsable, ya que el actor prestó servicios, tampoco
ha tenido en cuenta la liquidación de CTS del 2002; 4) Señala también como errores, toda vez que en
ningún momento ha reconocido que haya gozado de vacaciones físicas o pagadas, pues el actor en la
audiencia de juzgamiento solo hace mención que en algunos años lo han hecho parar en el ejerció de sus
funciones únicamente en las épocas de veda, es decir por disposición de la demandada, y que no eran
parte de sus vacaciones y mucho menos pagadas; 5) Con respecto a la multa señala que, no existe
ningún aprovechamiento en el estado de rebeldía que se encuentra la demandada, ya que no depende, ni
es responsabilidad del actor, ni de su abogada la indefensión en que se encuentre la empresa, por lo que
se debe dejar sin efecto las multas impuestas; entre otros argumentos que expresa.
FUNDAMENTOS DEL SUPERIOR:
1. El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de
parte o de tercero legitimado, la resolución que produzca agravio, con el propósito de que sea anulada
o revocada, total o parcialmente, conforme señala el artículo 364° del Código Procesal Civil.
2. El actor demanda: Pago de Beneficios Sociales como son las gratificaciones, vacaciones, y
compensación por tiempo de servicio; más intereses legales, costas y costos del proceso.
3. El Señor Juez por sentencia contenida en la resolución número diecinueve declara fundada en parte
la demanda y ordena a que la demandada cumpla con abonar al demandante la suma de S/.
17,130.95 (DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y 95/1000 NUEVOS SOLES), por los siguientes
conceptos: 1) Pago de compensación por tiempo de servicios en S/.2,285.27 Nuevos Soles, y 2) Pago
de gratificaciones en S/.14,845.68 Nuevos Soles, e INFUNDADA la demanda en el extremo que
solicita el pago de vacaciones e indemnización vacacional.
4. Respecto al inicio de labores del demandante; en la venida en grado como fundamento principal en
el cual señaló que el actor mantuvo vínculo laboral con la demandada fue a partir del año 2000, todo
ello en mérito a los informes emitidos por SUNAT y que los años anteriores no se le puede otorgar por
falta de probanza, argumento que se encuentra plasmado en el considerando décimo dele venida en
grado; fundamento que ha sido cuestionado por el demandante conforme a los agravios esbozados,
es por ello que este Tribunal determinará con las pruebas aportadas durante la secuela del proceso si
efectivamente el actor tuvo como fecha de ingreso de labores el 04 de enero de 1989 y como
consecuencia de ello corresponde realizar una nueva liquidación de beneficios sociales del actor.
5. Al respecto, de autos se tiene a folios 03 a 13, obran las boletas de pago del actor, las mismas que se
encuentran debidamente suscritas tanto por el funcionario de la demandada y el actor, indicando que
2 la fecha de ingreso del 04 de enero del 2015; asimismo, dicha fecha de ingreso se corrobora con el
certificado de trabajo en copia simple de folios 14; el mismo que es validado por el original de folios
97, y si bien es cierto el juzgador señala que entre la copia simple y el original no son idénticos; al
respecto se precisa que dicho certificado de trabajo fue expedido en forma reciente, tal como se
acredita con la solicitud de fecha 18 de enero del 2013 obrante a folios 98; aunado a ello que en la
sentencia de vista se ha señalado en el considerando sexto (ver folios 272), que el juzgador debió
valorar tanto el certificado de trabajo así como las boletas de pago del actor, puesto que también el
informe que emite SUNAT, es incompleto dado que refieren no tener información anteriores al año
2000; por lo que no resulta cierto lo esgrimido en la venida en grado al afirmar que no existe probanza
respecto al periodo comprendido entre el 04 de enero de 1989 al 30 de mayo del 2000; en
consecuencia, este Tribunal determina que la fecha de ingreso del actor el 04 de enero de 1989;
máxime si las pruebas anteriormente glosadas no has sido objeto de tacha, así como la demandada
no ha ejercido su derecho a contradicción; por lo que corresponde otorgar los beneficios sociales
demandados por el actor (ver folios 20, 26 y 27) correspondientes a partir del 04 de enero de 1989
hasta el 30 de mayo del 2000; y, con respecto al periodo siguiente, es decir del 01 de junio del 2000 al
31 de julio del 2010, corresponde aprobar lo liquidado por el juzgador, en mérito que no por todo el
periodo laborado se acredita que el actor haya trabajado solamente para la demandada, puesto que
visto el informe de SUNAT de folios 131 a 137, el actor ha tenido varias empleadoras; por lo cual se
procede a liquidar los correspondientes beneficios sociales conforme al siguiente cuadro:
3 17/10/2016
FABRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A.
MALAVER SUYON MARIO HART
EXPEDIENTE: 173-2013-JL01.
FECHA DE INGRESO : 04/01/1989
FECHA DE LIQUIDACION : 31/05/2000
PERIODO ACCIONADO:
DEL 01/01/1991 AL 08/02/1992 38.00 REMUNERACION MINIMA VITAL
DEL 09/02/1992 AL 31/03/1994 72.00 REMUNERACION MINIMA VITAL
DEL 01/04/1994 AL 30/09/1996 132.00 REMUNERACION MINIMA VITAL
DEL 01/10/1996 AL 31/03/1997 215.00 REMUNERACION MINIMA VITAL
DEL 01/04/1997 AL 30/04/1997 265.00 REMUNERACION MINIMA VITAL
DEL 01/05/1997 AL 31/08/1997 300.00 REMUNERACION MINIMA VITAL
DEL 01/09/1997 AL 30/09/1997 345.00 REMUNERACION MINIMA VITAL
1.-LIQUIDACIÓN DE C.T.S
RESERVA ACUMULADA
AÑOS REMOTOS : DEL 04-01-1989 AL 31-12-1990
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.ACTUALIZABLE
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 04-01-89 AL 31-12-1990 = 01 AÑO, 11 MESES Y 27 DIAS
*POR LOS 01 AÑO 72.00 X
*POR LOS 11 MESES 72.00 X
*POR LOS 27 DIAS 72.00 X
A ÑOS RESTANTES DEL 01-01-1991 AL 31-05-2000
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-01-91 AL 30-04-1991 = 04 MESES
*POR LOS 04 MESES 44.33 X
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-05-91 AL 31-10-1991 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 44.33 X
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-11-91 AL 30-04-1992 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 78.33 X
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-05-92 AL 31-10-1992 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 84.00 X
PERIODO : DEL 01-11-92 AL 30-04-1993 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 84.00 X
PERIODO : DEL 01-05-93 AL 31-10-1993 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 84.00 X
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-11-93 AL 30-04-1994 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 144.00 X
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
4 REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-05-94 AL 31-10-1994 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 154.00 X
PERIODO : DEL 01-11-94 AL 30-04-1995 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 154.00 X
PERIODO : DEL 01-05-95 AL 31-10-1995 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 154.00 X
PERIODO : DEL 01-11-95 AL 30-04-1996 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 154.00 X
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-05-96 AL 31-10-1996 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 237.00 X
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-11-96 AL 30-04-1997 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 309.17 X
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-05-97 AL 31-10-1997 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 389.17 X
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-11-97 AL 30-04-1998 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 402.50 X
PERIODO : DEL 01-05-98 AL 31-10-1998 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 402.50 X
PERIODO : DEL 01-11-98 AL 30-04-1999 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 402.50 X
PERIODO : DEL 01-05-99 AL 31-10-1999 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 402.50 X
REMUNERACION COMPUTABLE :R.C.
REMUN.TOTAL
PROM.GRATIFICAC.
TOTAL R.C.
PERIODO : DEL 01-11-99 AL 30-04-2000 = 06 MESES
*POR LOS 06 MESES 467.50 X
PERIODO : DEL 01-05-00 AL 31-05-2000 = 01 MES
*POR 01 MES 467.50 X
TOTAL C.T.S.
5 En consecuencia del cuadro que antecede, la demandada debe cumplir con abonar la suma de S/.
2,270.88 nuevos soles por el rubro compensación por tiempo de servicios, que sumados a lo
liquidado por el juzgador en la suma de S/. 17,130.95 nuevos soles, hacen un total de S/. 19,401.83
nuevos soles por los conceptos de compensación por tiempo de servicios y gratificaciones.
6. Respecto a las multas impuestas al actor y abogado; no existe ningún aprovechamiento en el
estado de rebeldía que se encuentra la demandada, ya que no depende, ni es responsabilidad del
actor, ni de su abogada la indefensión en que se encuentre la empresa; ante tales hechos, el
Juzgador en el considerando décimo sétimo de la venida en grado a señalado que tanto la abogada
defensora y el demandante han faltado a la verdad, por cuanto el actor no laboró para la demandada
por todo el periodo demandado; y, si bien es cierto de autos se ha señalado con informe de SUNAT
que el actor trabajó para distintas personas jurídicas, también es cierto que el actor explicó que
durante sus labores tuvo una sola empleadora, puesto que lo acreditó con el certificado de trabajo
correspondiente, el cual como se ha señalado es una prueba pertinente; asimismo, si la empleadora
es quien realiza las declaraciones ante las instituciones públicas y/o privadas, no siendo de
competencia del actor y menos del abogado realizar tal función; y, en cuanto a la función del abogado,
es cierto que debe actuar con probidad, lo cual se ha comprobado con las documentales presentadas
y si hubiera alguna duda razonable, el juzgador pudo haber hecho efectivo sus facultades oficiosas, es
más a la letrada que se multa no fue quien presentó la demanda, sino que está recién asumió en la
etapa de conciliación; razones más que suficientes para dejar sin efecto la multa impuesta al
demandante y abogado defensor.
Por estas consideraciones, el Tercer Tribunal Unipersonal de esta Sede Judicial,
RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número doce que declara FUNDADA EN PARTE
la demanda interpuesta por don MARIO HART MALAVER SUYON, contra FÁBRICA DE CONSERVAS
ISLAY SA, sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES; MODIFICARON la suma de abono, en
consecuencia, se ordena que la demandada cumpla con cancelar a favor de la demandante la suma de
S/. 19,401.83 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO y 83/100) nuevos soles, por lo conceptos
señalado en el considerando quinto de la presente resolución; más intereses legales que se liquidaran en
ejecución de sentencia, fijándose en el 15% del monto ordenado a pagar, más el 5% para el Colegio de
Abogados del Santa, DEJANDOSE sin efecto la multa de 02 URP impuesta al demandante y a su
abogada defensora, con lo demás que contiene; y los devolvieron a su juzgado de origen.
Sr.:
Rodríguez Soto R.
6 |
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EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION U OTROS
BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : LIONEL CHALA VELASQUEZ
ESPECIALISTA : PICON ESPINOZA JOSE FELICIANO
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
DEMANDANTE : MALAVER SUYON, MARIO HART
RESOLUCIÓN Nro. VEINTE
Chimbote, veintidós de Enero
Del año dos mil Dieciséis.-
AUTOS Y VISTOS: Con el escrito de apelación que
antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el artículo 364° del Código Procesal
Civil, aplicable al presente proceso de manera supletoria, señala: “El recurso de
apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior examine, a solicitud
de parte (…), la resolución que le produce agravio con el propósito de que se anulada
o revocada, total o parcialmente”. SEGUNDO.- Que, la parte demandante apela la
sentencia contenida en la resolución número Diecinueve de autos, la misma que
declara fundada en parte la demanda. TERCERO: Que, el recurso impugnatorio de
apelación reúnen los requisitos legales y formales, cumpliendo a su vez la parte
apelante con fundamentar su apelación, indicando los respectivos fundamentos de
hecho y derecho; así como indicar su pretensión impugnatoria, de igual modo están
señalando en su recurso, el agravio que le causa la resolución apelada; además de
haber sido interpuesta dentro del término previsto en el artículo 32° de la Ley Procesal
del Trabajo N° 29497. CUARTO: Bajo este contexto, es procedente conceder apelación
con efecto suspensivo a la parte demandante por tratarse de la sentencia emitida en
el presente proceso. Por estas consideraciones, SE RESUELVE: CONCEDER apelación
CON EFECTO SUSPENSIVO a la parte demandante contra la sentencia contenida en la
Resolución Número Diecinueve de autos, en consecuencia ELEVESE los autos al
Superior Jerárquico, con la debida nota de atención.- Interviniendo el Secretario
Judicial que da cuenta por Disposición del Superior .- |
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EXPEDIENTE NÚMERO: 00173-2013-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : BENEFICIOS SOCIALES
RELATORA : VENEROS LAVERIAN ANA MARIA
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA
DEMANDANTE : MALAVER SUYON MARIO HART
RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECISIETE
Chimbote, veintisiete de octubre
Del dos mil quince.-
SENTENCIA EMITIDA POR TERCER TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL SANTA
ASUNTO:
Viene en apelación la sentencia contenida en la resolución número doce que declara FUNDADA EN
PARTE la demanda interpuesta por don MARIO HART MALAVER SUYON, contra FÁBRICA DE
CONSERVAS ISLAY SA, sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES; en consecuencia, ORDENO que la
demandada cumpla con pagar al demandante la suma de S/.17,130.95 (DIECISIETE MIL CIENTO
TREINTA Y 95/1000 NUEVOS SOLES), por conceptos de: 1.- Pago de compensación por tiempo de
servicios en S/.2,285.27 Nuevos Soles; y 2.- Pago de gratificaciones en S/.14,845.68 Nuevos Soles, más
intereses legales y costas del proceso a liquidarse en ejecución de sentencia, fijándose como costos del
proceso el 10% de lo que se logre obtener en el presente proceso más el 5% de dicha cantidad para el
Colegio de Abogados del Santa. INFUNDADA, la demanda respecto al pago de vacaciones e
indemnización vacacional. IMPÓNGASE UNA MULTA de (02) DOS UNIDADES DE REFERENCIA
PROCESAL al demandante y su abogada defensora Lady Laura Díaz Félix conforme a los fundamentos
del considerando décimo quinto.
FUNDAMENTOS DE LA APELACION:
La demandante como fundamentos de apelación, sostiene: 1) El A quo comete error de hecho y
derecho en el sétimo punto, al no tener en consideración los medios probatorios aportados con la
demanda, correspondiente a las boletas de pago del año 2000 al 2010, los mismos que registran como
fecha de ingreso el 04/01/1989, también se adjunta el certificado de trabajo de fecha 04/12/2012 y
posteriormente mediante escrito de fecha 15/01/2014, se adjunta la solicitud de certificado de trabajo
dirigido a la empresa demandada de fecha 18/01/2013 así como el nuevo certificado de trabajo de fecha
1 21/01/2013, medios probatorios que demuestran fehacientemente que el actor prestó servicios a favor de
la demandada y que su fecha de ingreso fue el 04/01/1989 hasta el 31/07/2010 ; 2) Asimismo señala que
en el octavo considerando, señala que los oficios de SUNAT y ESSALUD, no pueden restar la validez de
un certificado de trabajo emitido posteriormente, ya que en ambos casos consta la firma y sello del
Gerente General de la empresa demandada; 3) Señala como error en el noveno considerando al señalar
que la demandada siempre ha estilado contratar personal a través de SERVIS, con la finalidad de no
pagar beneficios sociales, cuando en realidad la empresa demandada es la responsable, ya que el actor
prestó servicios, tampoco ha tenido en cuenta la liquidación de CTS del 2002; 4) Señala también como
errores en los considerandos decimo tercero y decimo cuarto, toda vez que en ningún momento ha
reconocido que haya gozado de vacaciones físicas o pagadas, pues el actor en la audiencia de
juzgamiento solo hace mención que en algunos años lo han hecho parar en el ejerció de sus funciones
únicamente en las épocas de veda, es decir por disposición de la demandada, y que no eran parte de sus
vacaciones y mucho menos pagadas; 5) Con respecto al decimo quinto considerando señala que, no
existe ningún aprovechamiento en el estado de rebeldía que se encuentra la demandada, ya que no
depende, ni es responsabilidad del actor, ni de su abogada la indefensión en que se encuentre la
empresa, entre otros argumentos que expresa.
FUNDAMENTOS DEL SUPERIOR:
1. El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que produzca agravio, con el
propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme señala el
artículo 364° del Código Procesal Civil.
2. El actor demanda: pago de beneficios sociales como son las gratificaciones, vacaciones, y
compensación por tiempo de servicio; más intereses legales, costas y costos del proceso.
3. El Señor Juez por sentencia contenida en la resolución número doce declara fundada en
parte la demanda y ordena a que la demandada cumpla con abonar la demandante la suma
de S/. 17,130.95 (DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y 95/1000 NUEVOS SOLES), por los
siguientes conceptos: 1.- Pago de compensación por tiempo de servicios en S/.2,285.27
Nuevos Soles, y 2.- Pago de gratificaciones en S/.14,845.68 Nuevos Soles, e INFUNDADA la
demanda en el extremo que solicita el pago de vacaciones dobles.
4. Por principio de plenitud debe tenerse presente que la apelación es una petición que se hace al
Superior Jerárquico para que repare los defectos, vicios y errores de una resolución dictada por
el inferior, por lo que, de advertirse por el Colegiado que absuelve el grado de irregularidades
en la tramitación del proceso, aún cuando éstas no hayan sido invocadas en la apelación, es
facultad del mismo pronunciarse al respecto”(1); “Las Salas Superiores cuando conocen la
apelación de un fallo, deben confirmarlo, cuando están de acuerdo con lo resuelto en primera
(1) CAS No. 2163-2000-LIMA, El Peruano, 31-07-2001, p. 7574
2 instancia, o revocarlo y reformarlo cuando no coinciden con el fallo o declararlo nulo, pudiendo
extender la nulidad hasta el folio que se considere pertinente, pudiendo inclusive declarar nulo
todo lo actuado e improcedente la demanda”(2).
5. Que, “existe contravención de las normas que garantizan el proceso cuando, en el desarrollo del
mismo, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado
actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional
deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara trasgresión de la
normatividad vigente y de los principios procesales” (CAS Nº 3106-2001-Ucayali, El Peruano,
31-07-2002 p. 9020).
6. De la revisión de los actuados, que mediante escrito de demanda, el recurrente ofrece sus
medios probatorios, dentro de los cuales el mérito de las boletas de pago emitido por la
empresa demandada obrante a fojas 03/13; asimismo ofrece el certificado de trabajo en copia
simple inserto a fojas 14, para luego presentar otro certificado original de trabajo como se
aprecia de fojas 97/98, instrumentales que fueron admitidos y actuados en la audiencia de
juzgamiento, pruebas instrumentales con las cuales acredita la relación laboral ocurrida
desde 04 de enero de 1989; sin embargo, el juzgador ha omitido valorar estos medios
probatorios y ha establecido su relación laboral desde dado merito probatorio a partir del
01 de junio del 2000 en base a los informes emitidos por ESSALUD y SUNAT; ante ello se
advierte que es el organismo tributario mediante la emisión del oficio N° 016-2014-
SUNAT/6G0840 de fojas 145/146, en su pie de página precisa que, éstos se hicieron cargos de
las aportaciones de ESSALUD y ONP, a partir de julio de 1999, por lo que se concluye que de
los periodos anteriores carecen de una base de datos, por lo cual la información requerida es
incompleta y que debió valorar los medios de prueba en forma conjunta y apreciación
razonada, teniendo en consideración que las boletas de pago son medios idóneos que
acreditan de manera especial el récord de servicios y la remuneración del trabajador,
más aún si se tiene en cuenta que no fueron materia de cuestión probatoria por la
demandada.
7. En este sentido, teniendo en cuenta que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los hechos
controvertidos y fundamentar sus decisiones y por ello el Juez debe valorar todos los medios
probatorios en forma conjunta y utilizando su apreciación razonada, acorde a lo dispuesto por el
artículo 197º del Código Procesal Civil aplicándolo en forma supletoria(3), lo que no ha ocurrido
en el caso de autos, puesto que la A quo ha emitido sentencia sin tener en cuenta las pruebas
mencionadas, ofrecidas por el actor y admitido por el Juzgado; lo que acarrea la nulidad de la
(2) CAS No. 3132-2000-HUANUCO, El Peruano, 31-08-2001, p 7607
(3) Supuesto permitido en virtud de la Primera Disposición Final de la Ley 27584 que establece: “El Código Procesal Civil es de aplicación
supletoria en los casos no previstos en la presente ley.”
3 venida en grado, conforme previene el artículo 171° del Código Procesal Civil, debiendo la Juez
de la causa reponer el proceso al estado que corresponde.
Por estas consideraciones, el Tercer Tribunal Unipersonal de esta Sede Judicial,
RESUELVE:
DECLARAR NULA la sentencia contenida en la resolución número doce que declara
FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por don MARIO HART MALAVER SUYON,
contra FÁBRICA DE CONSERVAS ISLAY SA, sobre PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES; y
DISPONE que el Juez de la causa renueve el acto procesal viciado y emita nueva resolución
dentro del plazo de CINCO DÍAS con arreglo a Ley y al mérito del proceso, teniendo en
cuenta los expuesto en la presente resolución; hágase saber a las partes; y los devolvieron a su
juzgado de origen. Juez Superior Titular Ponente Doctor Raúl Rodríguez Soto.
Sr:
Rodríguez Soto R.
4 |
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Juez: LIONEL CHALA VELASQUEZ
Fecha: 13/01/2015 09:43:23
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO LABORAL - Sede Central
EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-JR-LA-01
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: GLORIA ISABEL LEON
GUEVARA MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O
Fecha: 13/01/2015 10:19:12
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL INDEMNIZACION U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL JUEZ : LIONEL CHALA VELASQUEZ
ESPECIALISTA : GLORIA ISABEL LEON GUEVARA
DEMANDADO : FABRICA DE CONSERVAS ISLAY SA ,
DEMANDANTE : MALAVER SUYON, MARIO HART
Resolución Nro. TRECE
Chimbote, doce de enero
Del año dos mil quince.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito de la demandada que
antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, mediante escrito que se provee, la
parte demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia contenida en la
resolución número doce, la misma que declara fundada en parte la demanda;
SEGUNDO: Que, si bien es cierto el artículo 367° del Código Procesal Civil en su
segundo párrafo, aplicado en forma supletoria al proceso laboral, prescribe que “La
apelación o adhesión que no acompañen el recibo de tasa, se interpongan fuera
del plazo, que no tengan fundamento o no precisen el agravio, serán de plano
declaradas inadmisibles o improcedentes, según sea el caso”; también es cierto
que de acuerdo a lo expuesto en el tercer párrafo del artículo 367° del Código
Procesal Civil, modificado por la Ley N° 27703 el cual establece que “para los fines a
que se refiere el artículo 357°, se ordenará que el recurrente subsane en un
plazo no mayor de cinco días, la omisión o defecto que se pueda advertir en el
recibo de pago de la tasa respectiva….De no subsanarse la omisión o defecto,
se rechazará el recurso y será declarado inadmisible; TERCERO: Que, revisado
el escrito de apelación se advierte que el actor si bien es cierto ha presentado su
escrito en el término de ley, también es cierto que ha adjuntado arancel judicial por
apelación de sentencia en la suma de S/.76.00, el cual resulta ser diminuta, debiendo
de reintegrar conforme al monto del petitorio de la demanda, así como de la tabla de
aranceles judiciales del año 2014, así mismo deberá presentar arancel judicial por
derecho de notificación; por estas consideraciones y en concordancia con el tercer
párrafo del artículo 367° del Código Procesal Civil; SE RESUELVE: CONCÉDASE al
demandante el plazo de TRES DIAS a efectos de que cumpla con subsanar la
omisión descrita en el tercer considerando, bajo apercibimiento de rechazarse el
recurso de apelación y ser declarado inadmisible en caso de incumplimiento. |
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EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-SP-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : TANTAS SAAVEDRA NORMAN WILMER
ESPECIALISTA : MENDOZA DURAND RONALD YURI
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH ,
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS ,
DEMANDANTE : SALDARRIAGA CRUZ, PERCY ORLANDO
Resolución Nro. OCHENTA
Chimbote, dieciséis de agosto
Del dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito el escrito presentado por la parte
demandada y CONSIDERNADO:
PRIMERO: Mediante resolución cuarenta y cinco (sentencia) de autos se resuelve declarar
FUNDADA en parte la demanda interpuesta por don PERCY ORLANDO
SALDARRIAGA CRUZ, contra el PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, sobre despido
arbitrario y pago de beneficios sociales, pago por horas extras y otros, y se ordena que la
demandada, cumpla con abonar al actor a suma de 13,673.07 soles ; más los intereses legales,
costas y costos.
Mediante resolución cuarenta y seis se resuelve declarar consentida la resolución cuarenta y
cinco (sentencia) de autos.
SEGUNDO:
2.1 Mediante resolución cincuenta se resuelve conceder embargo en forma de retención, hasta
por la suma de S/. 13,673.07 soles; sobre la cuenta corriente N° 00-781-059722 (Recurso
Directamente recaudados), siempre que esta cuenta sea no intangible, la misma que posee la
demandada PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, en el Banco de la Nación,
2.2 El merito al mandado dispuesto en la resolución cincuenta el BANCO DE LA NACION
cumplió con remitir los depósitos judiciales en la suma de S/ 7, 111.00 soles y la suma de S/
1,030.37 soles.
2.3 Es necesario indica que la demandada formulo oposición a la medida cautelar de embargo
en forma de retención. Mediante resolución cincuenta y siete se resolvió declarar infundado
la oposición, no estando conforme apelo dicha resolución. Por lo que mediante auto de vista
expedida mediante resolución sesenta y uno se confirma la resolución cincuenta y siete de autos. 2.4 Mediante resolución sesenta y dos, se ordena la entrega de los depósitos judiciales N°
2017078105778, por la suma de s/ 7,111.00 y el depósito judicial N° 2017078107961, por la
suma de s/ 1.030.37 soles, por concepto de la deuda principal; los cuales fueron cobrados por el
actor.
TERCERO:
3.1 Mediante resolución sesenta y tres se resuelve VARIAR la medida cautelar concedida
mediante resolución número cincuenta, en cuanto al monto a embargar; y se ADECUAR la
solicitud de embargo en cuanto al monto solicitado por el actor y SE VARIA EL MONTO A
EMBARGAR EN FORMA DE RETENCIÓN, hasta por la suma de S/ 5,531.70, sobre las
cuenta corriente Nª 00-781-059722 (Recursos Directamente Recaudados), siempre que esta
cuenta sea no intangible que pudiera tener la demandada PROYECTO ESPECIAL
CHINECAS, en el Banco de la Nación.
3.2 Mediante resolución sesenta y seis se resuelve VARIAR la medida cautelar en FORMA
DE RETENCION sobre los números de cuentas corrientes a embargadas siendo las cuentas
N° 00-781-051217 de Tipo R.D.R., N° 00-781-059641 de Tipo R.O., N° 00-781-059641
RR.DD.CUT, N° 00-781-05941 de Tipo R.D.R. – CUT, N° 00-781-059722 de Tipo R.D.R., N°
00-781-074845 de Tipo Retenciones, N° 00-781-149977 de Tipo Donaciones, en el Banco de la
Nación de esta Localidad hasta por la suma de S/ 5,531.70;
3.3 Mediante resolución sesenta y ocho se resuelve variar la medida cautelar concedida
mediante resolución número cincuenta, en relación al órgano de auxilio judicial, bien a recaer y
monto; en consecuencia, trábese embargo en forma de retención, a cuenta y riesgo del
solicitante, sobre las sumas pendientes de pago que tenga que realizar la JUNTA DE
USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO de Santa a favor de la demandada Proyecto
Especial Chinecas, hasta el monto de S/ 5,531.70 soles.
3.4 Por ultimo mediante resolución setenta y uno se resuelve variar la medida de embargo en
forma de retención hasta por la suma de s/ 5,531.70 soles, por concepto de capital, sobre la
cuenta N° 00-781-059722 de la demandada proyecto especial chinecas en el banco de la nación.
CUARTO:
4.1 En cumplimiento al mandato el BANCO DE LA NACION cumplió con remitir el depósito
judicial N° 2021078102211en la suma de S/ 5,531.70 soles.
4.2 Es necesario indicar que la demandada formulo oposición a la medida cautelar de embargo
en forma de retención; siendo que por resolución setenta y cuatro se resolvió declarar infundada la oposición a la medida de embargo en forma de retención ordenado mediante resolución
número setenta y uno sobre la cuenta 00-781-059722 que posee la demandada en el Banco de la
Nación, no estando conforme apelo dicha resolución. Por lo que mediante auto de vista
expedida mediante resolución setenta y ocho se resolvió declarar nulo la resolución setenta y
cuatro, y se requiérase al Juzgado emita nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo vertido
en dicha resolución;
4.2 Mediante resolución setenta y nueve se dispuso remitir los autos a la Sala Laboral
Permanente, a fin de que se provea el escrito de aclaración de la resolución setenta y ocho
presentado por el actor.
QUINTO:
5.1 Es necesario indicar que el monto ordenado a embargar resolución setenta y uno es por la
suma de s/ 5,531.70 soles, por concepto de capital, el cual fue retenido por el Banco de la
Nación, y puesto a disposición del Juzgado mediante depósito judicial N° 2021078102211en la
suma de S/ 5,531.70 soles.
5.2 Ahora bien, la demandada Proyecto Especial Chinecas adjunto la Constancia de Depósito
Judicial N° 2021078106397 en la suma de S/ 4,000.00 soles por concepto de capital, el cual
fue cobrado por el actor.
5.3 Se debe indicar que el saldo capital, motivo por el cual se dispuso variar la medida de
embargo en forma de retención fue por el monto de S/ 5,531.70 soles; sin embargo la
demandada por voluntad propia consigno mediante depósito judicial el monto de S/ 4, 000.00
soles (cobrado por el demandante), por lo que descontando dicha suma del saldo por capital
seria S/ 1, 531.70 soles (5, 531.70 – 4, 000.00 = 1531.70 soles).
5.4 NO OBSTANTE a ello; la demandada ha adjuntado Constancia de Depósito Judicial N°
2021078600065 en la suma de S/ 2,000.00 soles, siendo así, estando a lo descrito en el párrafo
que antecede; ENTREGUESE LA ORDEN DE PAGO del depósito judicial mencionado, a
favor del actor en la suma de S/ 1, 531.70 soles que corresponde al saldo capital; con ello
cubriría el total del monto por concepto de capital.
5.5. Ahora bien, estando que del Depósito Judicial N° 2021078600065 hay un sobrante en la
suma de S/ 468.30 soles, y teniendo en cuenta que la demandada solicita la devolución del
mismo. DEVUELVASE dicho monto sobrante a la demandada. SEXTO: Por otro lado, estando a lo solicitado, y teniendo en cuenta que la demandada por
voluntad propia ha cumplido con el pago total del saldo capital por la suma S/ 5,531.70 soles;
saldo capital que fue motivo de embargo en forma de retención ordenado mediante resolución
setenta y uno; siendo así, al no haber deuda pendiente por concepto de capital, se habría
cumplido con la finalidad del embargo antes mencionado; por lo que no tendría sentido que se
siga reteniendo el depósito judicial N° 2021078102211en la suma de S/ 5,531.70 soles; pues
como se ha mencionado líneas arriba la demandada ha cumplido con dicho pago. estando a ello
DEJESE SIN EFECTO LA MEDIDA DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCION
ORDENADO EN LA RESOLUCION SETENTA Y UNO DE AUTOS; EN CONSECUENCIA
DEVUELVASE a la demandada el monto retenido mediante el depósito judicial N°
2021078102211en la suma de S/ 5,531.70 soles.
SETIMO:
7.1 CARECE de objeto EMITIR PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA OPOSICIÓN
PLANTEADA por la demandada sobre la variación de embargo en forma de retención por la
suma de S/ 5,531.70 soles, toda vez que la demandada ha cumplido con el pago por concepto de
capital en la suma de S/ 5, 531.70 soles.
7.2 Sin perjuicio de ello, estando que el actor ha solicitado la aclaración de la resolución setenta
y ocho expedida por la Sala Laboral, eleve los autos al Superior Jerárquico, conforme a lo
ordenado en la resolución setenta y nueve de autos. Por estas consideraciones; SE RESUELVE
1) DEJESE SIN EFECTO LA VARIACION DE EMBARGO EN FORMA DE
RETENCION ORDENADO EN LA RESOLUCION SETENTA Y UNO DE AUTOS; en
consecuencia DEVUELVASE A LA DEMANDADA el monto retenido mediante el
depósito judicial N° 2021078102211 en la suma de S/ 5,531.70 soles. Debiéndose
precisar que el representante legal de la demandada deberá acreditar tener facultades
expresas para realizar cobros de depósitos Judiciales.
2) DEVUELVASE a la demandada la suma de S/ 468.30 soles del depósito judicial
Depósito Judicial N° 2021078600065, por lo expuesto en la presente resolución.
Debiéndose precisar que el representante legal de la demandada deberá acreditar tener
facultades expresas para realizar cobros de depósitos Judiciales.
3) CARECE de objeto emitir pronunciamiento respecto a la oposición planteada por la
demandada sobre la variación de embargo en forma de retención por la suma de
S/ 5,531.70 soles, por lo expuesto en la presente resolución.- 4) ENTREGUESE la orden de pago del depósito judicial N° 2021078600065 a favor del
actor en la suma de S/ 1, 531.70 soles que corresponde al saldo capital; dejándose
constancia en autos de su entrega.
5) Al escrito N° 45109-2022 que antecede, téngase por presentado el formulario de pago
de depósitos judiciales y agréguese a los autos.
6) Estando que el actor ha solicitado la aclaración de la resolución setenta y ocho, eleve los
autos al Superior Jerárquico, conforme así, esta ordenado en la resolución setenta y
nueve de autos |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
SALA LABORAL PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-SP-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
RELATOR : ANA MARIA VENEROS LAVERIAN
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS.
DEMANDANTE : SALDARRIAGA CRUZ, PERCY ORLANDO.
RESOLUCIÓN NRO: SETENTA Y OCHO.
Chimbote, veintitrés de diciembre
Del dos mil veintiuno.
AUTO EMITIDO POR LA SALA LABORAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL SANTA
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número setenta y cuatro, de fecha 03 de setiembre del
2021, que resuelve infundada la oposición a la medida de embargo en forma de retención ordenado
mediante resolución número setenta y uno sobre la cuenta 00-781-059722 que posee la demandada en el
Banco de la Nación, hasta por la suma de S/ 5,531.70 soles
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN:
La parte demandada en su recurso impugnatorio de apelación sostiene:
i. Indica que, su despacho no ha tenido en cuenta el Informe N° 052-2021-GRA-P.E.CHINECAS-
ADM/TES, donde la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Nepeña ha depositado a la cuenta N°
0078059722 por el uso de la infraestructura hidráulica del Proyecto Especial Chinecas. Como se
puede ver en el referido informe donde se detalla los depósitos realizados por dicha junta, sobre sus
pagos mensuales, los cuales tienen un fin especifico que es el pago de tarifa por la utilización de la
infraestructura hidráulica.
ii. Además indica que, si bien es cierto la cuenta es de RDR, pero se debe tener en cuenta presente que
los depósitos realizados son de dominio público, toda vez que pertenecen al pago de la tarifa por la
utilización de la referida infraestructura; entre otros fundamentos que expone.
FUNDAMENTOS DE LA SALA:
1. Que, el artículo 138 de la Constitución Política del Perú, prescribe: “La potestad de administrar justicia
emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a
1 PODER JUDICIAL
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la Constitución y a las leyes…”; agregando en su numeral 6 del artículo 139, que: “Son principios y
derechos de la función jurisdiccional:… 6. La pluralidad de la instancia…”; principio que se refleja
concretamente en el derecho a apelar las sentencias y autos emitidos por los órganos jurisdiccionales
a nivel nacional.
2. Que, el recurso de apelación es uno de los medios impugnatorios más importantes dentro de nuestra
normatividad procesal, pues hace viable, no sólo la revisión de los errores in iudicando sino también
de los errores in procedendo, siendo que con dicho recurso lo que se pretende es la eliminación de la
resolución del Juez inferior y su sustitución por otra que dicte el Superior Jerárquico, para tal finalidad,
el apelante tiene como obligación la de indicar de manera clara, precisa y consistente, los errores en
los que hubiese incurrido el Juzgador.
3. Que, Roberto G. Loutayf Ranea1, alude que “El principio de congruencia –dice De la Rúa- tiene en
segunda instancia manifestaciones específicas; más limitantes y rigurosas, “porque el juicio de
apelación tiene un objeto propio, que son las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la
voluntad de éstos limita o condiciona más al juez del recurso. Sus agravios constituyen el ámbito
exclusivo sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum”.
4. A juicio del Supremo intérprete de la Constitución, se quebranta el derecho a la debida motivación de
resoluciones, entre otros supuestos, cuando existe: “a) Inexistencia de motivación o motivación
aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada
cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da
cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de
las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en
2
frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.
5. De la revisión de autos se tiene que, mediante sentencia contenida en la resolución número cuarenta
y cinco, de fecha 17 de abril del 2015, declarada consentida por resolución número cuarenta y seis se
declara fundada en parte la demanda sobre despido arbitrario y pago de beneficios sociales, pago por
horas extras y otros, ordenando que la demandada, cumpla con abonar al actor a suma de 13,673.07;
más los intereses legales, costas y costos; ya en ejecución de sentencia mediante resolución numero
sesenta y dos se ordena la entrega de las Constancias de Depósito Judicial por la suma de S/
7,111.00 y de S/ 1.030.37, por concepto de la deuda principal; por resolución número sesenta y tres
se ordena el embargo en forma de retención sobre la cuenta 781059722 por la suma de S/ 5,531.70,
por el saldo capital que tiene la demandada en el banco de la Nación; por otro lado, con Carta
EF/92.0781 N° 00652-2021, de fecha 24 de abril del 2021, dicha entidad financiera procede a poner
en conocimiento la retención realizada sobre la cuenta corriente N° 781059722 de naturaleza RDR,
1 LOUTAYF Ranea, Roberto; “El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil”; Editorial Astrea; Buenos Aires – Argentina; 1989; pág. 116.
2Sentencia emitida en el Exp. N° 0728-2008-PHC/TC, de fecha 13.10.2008, fundamento 7.
2 PODER JUDICIAL
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en la suma de S/ 5,531.70 soles, suma que se pone a disposición mediante depósito judicial número
2021078102211; seguidamente mediante resolución número setenta y dos, de fecha 29 de abril del
2021 se tiene por cumplido el mandato; en consecuencia, se notifica a la demandada con la solicitud y
resolución número setenta y uno y escrito presentado por la entidad bancaria a fin de que haga valer
su derecho de defensa en el plazo de ley, puesto en conocimiento a la demandada, la cual se opone a
la medida cautelar, la misma que es declarada infundada mediante resolución setenta y cuatro, por lo
cual interpone recurso de apelación contra la resolución antes aludida; por lo que, se procede a emitir
pronunciamiento respecto a los argumentos esgrimidos por la parte apelante.
6. En la línea expuesta, se verifica que la conclusión arribada resulta aparente en tanto no se ha
efectuado un análisis exhaustivo sobre la naturaleza de la cuenta N° 781059722 del banco de la
nación y solo ordenando un embargo, pese a que el Tribunal Constitucional ha dejado sentado su
posición respecto al pronunciamiento que debe tener un Juez para pronunciarse sobre el carácter
embargable de un determinado bien, analizando en cada caso en concreto, si el bien sobre el que se
ha trabado la ejecución forzosa está o no relacionado con el cumplimiento de las funciones del órgano
público, así como si se encuentra o no afecta a un uso público, conforme se detalla en las sentencias
recaídas en los expedientes N° 015-2011-AI/TC, 016-2001-AI/TC, 004-2002-AI/TC; sumado a ello, el
Tribunal Constitucional en el expediente N° 2147- 2009-PA/TC de fecha 30 de junio del 2010,
establece en su fundamento sexto “ Conforme a lo expuesto, en la resolución cuestionada se ha
procedido con inadecuada motivación, resultando evidente que tal hecho tiene relación directa con el
contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales,
pues tal como se desprende de los considerandos 4 y 5, antes de procederse a dictar la medida de
embargo en forma de intervención en recaudación, no existió una razonable y coherente motivación
sobre la naturaleza del bien de uso privado que las instancias judiciales le han asignado a los ingresos
propios que percibe la Municipalidad. Por tanto este Tribunal, discrepando con los argumentos
emitidos por las instancias inferiores, considera que la demanda debe ser estimada, dejándose sin
efecto la resolución cuestionada a fin de que la Sala demandada expida nueva resolución que ordene
trabar embargo sobre bienes de la recurrente fundamentándose el carácter embargable de ellos en
función a su no uso y/o utilización para fines públicos…”. Teniendo en cuenta ello, y considerando que
el A quo al momento de resolver la resolución cuestionada (resolución que resuelve declarar
infundada la oposición que ordena conceder embargo en forma de retención a cuenta y riesgo del
actor), no ha establecido en forma clara la naturaleza de dicha cuenta, ni ha hecho un análisis sobre el
principio de legalidad presupuestal; siendo así y al relevarse el análisis de dichos hechos se vulnera
los derechos constitucionales de las partes a la tutela jurisdiccional efectiva, derecho de defensa y
motivación de resoluciones judiciales, incurriendo la emitida en causal de nulidad que debe
sancionarse; por lo que, así debe ser declarada.
3 PODER JUDICIAL
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7. Asimismo, no se ha analizado que los depósitos que se realizaron en la cuenta materia de embargo
pertenecen o son depósitos por el uso de la infraestructura hidráulica del proyecto especial Chinecas,
el cual podría tener uso de índole social; debiendo el juzgador analizar dicha situación a fin de
determinar que dichos depósitos sean embargables o no; de otro lado, de autos se aprecia que la
accionada ha consignado a cuenta del capital la suma de S/ 4,000.00 soles, el cual se ha ordenado su
entrega al demandante mediante resolución setenta y seis de folios 796; por lo que dicho pago deberá
tenerse en cuenta la momento de continuar con la ejecución del proceso.
8. Por lo expuesto, el Juez debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto
de intereses con relevancia jurídica, haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad
abstracta es lograr la paz social en justicia, conforme al artículo III del Título Preliminar del Código
Procesal Civil; siendo así, con el objeto de garantizar el debido proceso y así expedir resolución
acorde al derecho y justicia, estando a lo previsto por el inciso 3) del artículo 122 del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente, debe declararse la nulidad de la resolución apelada, a efectos de que
el Juez de la causa proceda a emitir nuevo pronunciamiento; y de ser el caso, hacer uso de los
mecanismos que le franquea la ley, a efectos de emitir una resolución acorde a derecho y justicia. Por
estas consideraciones, la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia Del Santa:
RESUELVE:
NULA la resolución número setenta y cuatro, de fecha 03 de setiembre del 2021, que resuelve infundada
la oposición a la medida de embargo en forma de retención ordenado mediante resolución número
setenta y uno sobre la cuenta 00-781-059722 que posee la demandada en el Banco de la Nación, hasta
por la suma de S/ 5,531.70 soles, requiérase al Juzgado emita nuevo pronunciamiento teniendo en
cuenta lo vertido en la presente resolución; y, DEVOLVIERON a su Juzgado de origen. Jueza Superior
Ponente Rosa Ulloa Morillo. Notifíquese.-
S.S.
Cavero Lévano, C.
Rodríguez Huayaney, P.
Ulloa Morillo, R.
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EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-SP-LA-01.
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS.
RELATOR : VENEROS LAVERIAN, ANA MARIA.
DEMANDADO : PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH.
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS.
DEMANDANTE : SALDARRIAGA CRUZ, PERCY ORLANDO.
RESOLUCIÓN NÚMERO: SESENTA Y UNO.
Chimbote, veintitrés de abril
Del año dos mil dieciocho.
AUTO EMITIDO POR LA SALA LABORAL PERMANENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL SANTA
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número cincuenta y siete, de fecha 03 de noviembre
de 2017, que resuelve declarar infundada la oposición a la medida cautelar de embargo concedido por
resolución número cincuenta.
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN:
La parte demandada formula recurso impugnatorio señalando que: i) Chinecas fue creado por
Decreto Supremo N° 072-85-PCM, y posteriormente fue transferido al Gobierno Regional de Ancash
mediante Decreto Supremo N° 051-2007-PCM; asimismo, la demandada es una entidad estatal, y como
tal se encuentra regulada bajo los alcances de las normas administrativas y presupuestales, aplicable a
todas las entidades del Estado ii) Es una entidad pública y le sería aplicable el artículo 47° de la Ley N°
27584- Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, para el cumplimiento de obligaciones
dinerarias; sin embargo, el A quo no ha tenido en cuenta ni ha analizado, si el bien materia del embargo
es un bien de libre disponibilidad y que por tanto tiene el carácter embargable; omisión en su motivación
que acarrea nulidad en la recurrida. iii) El Tribunal Constitucional, ha impuesto a la Judicatura y a los
órganos públicos revestidos de competencias ejecutivas un deber de valoración, motivación y
fundamentación al momento de determinar el carácter embargable de un determinado bien del Estado,
otorgándole dos parámetros de evaluación: 1) si el bien a embargar tiene relación con el cumplimiento
de las funciones del órgano público, y 2) si el bien a embargar está afectado a un uso público STC N°
02147-2009-PA/TC, entre otros argumentos.
FUNDAMENTOS DEL COLEGIADO:
PRIMERO: Que, el artículo 42° de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado
por Decreto Supremo No. 013-2008-JUS, modificado por el numeral 3 de la sentencia del Tribunal Constitucional en los expedientes acumulados Nº 015-2001-AI-TC, Nº 016-2001-AI-TC y Nº 004 - 2004-
AI-TC publicado el 01 de febrero del 2004, señala que las “sentencias en calidad de cosa juzgada que
ordena el pago de suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la
deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los
procedimientos que señala en dicha norma, entre otros, señala en su numeral 42.1. “La Oficina General
de Administración o la que haga sus veces del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder
conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto”; y en su numeral
42.4 “Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al
mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en los numerales 42.1; 42.2 y 42.3
precedente, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el artículo
713° y siguientes del Código Procesal Civil”.
SEGUNDO: Que, de la revisión de los actuados, se observa que el presente proceso se encuentra en
ejecución de sentencia contenida en resolución número cuarenta y cinco, de fecha 17 de abril de 2015
(folios 517/538), que resuelve declarar fundada en parte la demanda interpuesta por el demandante,
contra el Proyecto Especial Chinecas, sobre despido arbitrario y pago de beneficios sociales, pago por
horas extras y otros; en consecuencia, se dispone que la demandada cumpla con abonar al actor la
suma de S/ 13,673.07 soles; más los intereses legales, costas y costos; asimismo declararon infundada
su pretensión sobre pago de horas extras, gratificaciones de julio y diciembre y asignación familiar, por
haber acreditado su pago.
TERCERO: Que, ante el incumplimiento de la demandada, el abogado de la parte demandante
mediante escrito de fecha 19 de enero de 2017, (folios 558/566), solicita se dicte embargo en forma de
retención, sobre la cuenta corriente N° 00-781-059722 (recurso directamente recaudados) que posee el
Proyecto Especial Chinecas, en el Banco de la Nación- Chimbote, con la finalidad de que cumpla con
pagar a favor del demandante la suma de S/ 13,673.07 soles.
CUARTO: Que, mediante resolución número cincuenta de fecha 24 de marzo de 2017, que es materia
de grado, se concede embargo en forma de retención, hasta por la suma de S/ 13,673.07 soles, sobre
la cuenta corriente N° 00-781-059722 (recurso directamente recaudados), siempre que esta cuenta sea
no intangible, la misma que posee la demandada Proyecto Especial Chinecas, en el Banco de la
Nación.
QUINTO: Que, en el presente caso, se observa que desde la fecha de requerimiento hasta la fecha ha
transcurrido más de seis meses; por lo que, en este sentido, no se puede desconocer el pago a favor de
la parte demandante; más aún, si la emplazada no ha cumplido con abonar íntegramente ni en forma
fraccionada el monto indicado, lo que denota que la ejecutada no tiene la voluntad de honrar su deuda;
siendo ello así, y conforme se puede apreciar en los actuados, se concedió embargo en forma retención
hasta por la suma de S/ 13,673.07 soles en la cuenta corriente N° 0781-059722 de la demandada en el
Banco de la Nación, de libre disponibilidad; debido a que se hizo efectivo el apercibimiento de embargo
por incumplimiento de pago por la acreencia laboral de actor, a lo cual el Banco de la Nación en
respuesta a lo solicitado mediante la carta EF/92.0781.1 N° 1335-2017, adjunta la constancia de depósito judicial N° 2017078105778 por el importe de S/ 7,111.00 soles y carta EF/92.781 N°1864-
2017, adjunta la constancia de depósito judicial N° 2017078107961 por el importe de S/ 1,030.37 soles,
los mismos que corresponden a la retención ordenada por el despacho contra la demandada, de lo que
se infiere que la cuenta es embargable, razones por las cuales se tiene que ejecutar la obligación, por lo
que la venida en grado debe confirmarse, más aun si en el escrito de apelación, la emplazada no ha
acreditado con documento idóneo alguno que sea una cuenta inembargable, pues solo señala que el A
quo ha dispuesto el embargo en una cuenta sin precisar si dicha cuenta proviene y/o contiene fondos
públicos, cuando la emplazada debió facilitar la información correspondiente o acreditar que la cuenta
bancaria es inembargable, al tener la condición de empleadora y titular de las mismas; tanto más, si
conforme se aprecia del expediente N° 00018-2012-02501-SP-LA-01, la Sala Superior, mediante
resolución número cincuenta y ocho, en su considerando noveno, establece que la cuenta N° 0781-
059722 es una cuenta de dominio público y dominio privado; por tanto, resulta perfectamente
embargable respecto a los bienes de dominio privado, siendo razonable considerar el monto adeudado,
por su importe, dentro de aquellos de dominio privado, situación que además guarda concordancia con
el contexto del artículo 24° de la Constitución Política del Estado que señala el pago de las
remuneraciones y de los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier otra
obligación del empleador. Por estas consideraciones, la Sala Laboral Permanente de esta Corte
Superior de Justicia del Santa:
RESUELVE:
CONFIRMARON la resolución número cincuenta y siete, de fecha 03 de noviembre de 2017,
que resuelve declarar infundada la oposición formulada por la demandada Gobierno Regional de
Ancash, del embargo concedido por resolución número cincuenta de fecha 24 de marzo de 2017; y los
DEVOLVIERON a su Juzgado de origen. Juez Superior Ponente Wilson Chiu Pardo. Notifíquese.-
S.S.
Cavero Lévano, C.
Chiu Pardo, W.
Espinoza Lugo, N. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00173-2013-0-2501-SP-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH ,
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS ,
DEMANDANTE : SALDARRIAGA CRUZ, PERCY ORLANDO
Resolución Nro. CINCUENTA Y SIETE
Chimbote, tres de noviembre del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha por las recargadas labores de
este Despacho; y con la revisión de los actuados que anteceden; Y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Por escrito de fojas 631 al 637 la entidad GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH,
formula oposición a la resolución que concede embargo en forma de retención,
precisando que no ha tenido en cuenta lo establecido por el artículo 47° del Texto
Único ordenado de la Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo aprobado
por Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, y demás fundamentos que expone; siendo
que por resolución cincuenta y cinco de autos se tiene por apersonado a ANGEL
FERNANDO YLDEFONSO NARRO, en su condición de Procurador Público Regional
Adjunto del Gobierno Regional de Ancash, y por formulada la OPOSICION, contra la
medida cautelar expedida en la resolución cincuenta; en consecuencia: se corre
traslado a la parte demandante por el plazo de tres días; asimismo en cuanto al escrito
de la entidad Proyecto Especial Chinecas, habiendo interpuesto recurso de apelación
contra la resolución cincuenta; se ordenó reservar su escrito de apelación, y darse
cuenta en su debida oportunidad;
SEGUNDO: La oposición se corrió traslado al actor, quien dentro del plazo concedido
absuelve en mérito a los fundamentos que expone;
TERCERO: Con respecto a la Oposición, el segundo párrafo del artículo 637° del Código
Procesal Civil, norma aplicable en forma supletoria al caso de autos, establece que,
“Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición
dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la
resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación
de la oposición no suspende la ejecución de la medida”;
CUARTO: Que, el artículo 96° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, prescribe
que: “Todo Juez puede, a pedido de parte, dictar medida cautelar dentro de un
proceso, destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva”, en este caso,
los autos se encuentran en ejecución de sentencia;
1 QUINTO: Que, de la revisión de autos se verifica que mediante resolución número
cuarenta y cinco de fojas 517 al 538, se declara fundad la demanda contra
PROYECTO ESPECIAL CHINECAS sobre DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS, disponiéndose el
pago de S/. 13,673.07 soles; habiéndose declarado consentida la sentencia por
resolución número cuarenta y seis de fojas 544; y por resolución cuarenta y siete de
fojas 567, se le requiere el pago conforme a lo previsto en el procedimiento
establecido en el artículo 47 del Texto Único ordenado de la Ley 27584- D.S. N° 013-
2008-JUS, bajo apercibimiento de procederse conforme al inciso 4 del referido artículo
47 en caso de incumplimiento; y siendo que por escrito de fojas 582 al 590, el actor
solicita embargo; y ante su incumplimiento, es que mediante resolución cincuenta se
concede el embargo en forma de retención hasta por la suma de S/. 13,673.07 (TRECE
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES Y 07/100 SOLES); sobre la cuenta corriente N° 00-781-
059722 (Recurso Directamente recaudados), siempre que esta cuenta sea no
intangible, la misma que posee la demandada PROYECTO ESPECIAL CHINECAS, en el
Banco de la Nación, siendo que el embargo fue ejecutado por el órgano retenedor
conforme se aprecia de la Carta EF/92.0781.1 N° 1335/2017 de fecha 18/05/2017
(véase a fojas 612 y anexo 611), en donde se informa el cumplimiento del mandato y
remiten el Certificado de Depósito judicial Nº 2017078105778 por la suma de S/.
7,111.00 Soles;
SEXTO: Que, mediante Ley Nº 30137, se establecieron los criterios de priorización para
el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada para efectos de reducir
costos al Estado; asimismo, en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley
Nº 30137, se dispuso que una vez publicado el reglamento de la misma y en un plazo
de treinta días las entidades adecuaran sus disposiciones o reglamentos internos sobre
aplicación de criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales, a lo
establecido en dicha norma; es a través del Decreto Supremo N° 001-2014-JUS, se
aprobó el Reglamento de la Ley N° 30137, disponiéndose en su artículo 4, que: "Cada
Pliego contará con un comité de carácter permanente para la elaboración y
aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con
calidad de cosa juzgada". Que, de otro lado, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 6 del Reglamento, el Comité deberá sesionar en el primer trimestre del año,
para elaborar y aprobar mediante acta, el Listado priorizado de obligaciones
derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada.
SETIMO: Asimismo, conforme prescribe el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la
Ley Orgánica del Poder Judicial: “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y
dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de
autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido
o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la
2 responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala”; por lo que no se puede
dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su
contenido, ni retardar su ejecución, ello, en virtud del carácter vinculante
precisamente de las decisiones judiciales.
OCTAVO: En este sentido, tenemos que si bien es cierto se ha establecido un orden de
prioridad respecto a la programación del listado correspondiente; sin embargo, ésta
programación tendrá que estar concordante con lo mencionado en el considerando
43 de la STC N° 015-2001-AI-TC, N° 016-2001-AI-TC, y N° 004-2004-AI-TC, la cual señala:
Asimismo, en su considerando 65, refiere que: “El plazo máximo de 5 años que tiene el
Estado para pagar el íntegro de una obligación contenida en una sentencia judicial,
deberá ser atendido por el Juez ejecutor, siempre y cuando, iniciado el procedimiento
previsto en el artículo 42° y durante toda su continuidad, observe signos objetivos y
razonables que evidencien que, no obstante los límites presupuestales, existe una
verdadera y manifiesta voluntad por parte del órgano público de honrar la deuda
respectiva.”;
NOVENO: Que, en el caso de autos, lo que determina la procedencia de la medida
cautelar solicitada por el actor es que existe una sentencia estimatoria, la misma que
ha adquirido la calidad de cosa juzgada; por lo que se procedió a realizar los intereses
legales; el mismo que a la fecha no ha cumplido con cancelar dicho monto, por lo
que el embargo efectuado resulta acorde sobre todo, teniendo en consideración que
el crédito laboral se encuentra pendiente de ejecución más de seis meses, en tanto el
argumento que alega la demandada de no haber presupuestado el pago no resulta
amparable, entendiéndose que el embargo fue correctamente concedido, por tanto,
habiéndose cumplido con el plazo previsto por Ley, es de aplicar el artículo 42.4 del
Decreto Supremo N° 013-2008-JUS que establece: “Transcurridos seis meses de la
notificación judicial sin haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a
alguno de los procedimientos establecidos en los numerales 42.1, 42.2 y 42.3
precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales
previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil (…); razón por la cual,
la oposición formulada por la demandada debe desestimarse. Por las consideraciones
vertidas en los considerándoos precedentes y de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 637° del código Procesal Civil, aplicado en forma supletoria al caso de autos,
SE RESUELVE:
DECLARAR INFUNDADA la oposición formulada por la demandada GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH, del embargo concedido por resolución número CINCUENTA
de autos. Notifíquese.-
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EXPEDIENTE : 00173-2013-58-2501-JR-LA-01.
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES.
RELATOR : VENEROS LAVERIAN ANA MARIA.
DEMANDADO : FÁBRICA DE CONSERVAS ISLAY S.A.
DEMANDANTE : MALAVER SUYON, MARIO HART.
RESOLUCIÓN NÚMERO: TRES
Chimbote, treinta y uno enero
Del año dos mil diecisiete.
AUTO EMITIDO POR EL TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número treinta y siete, de fecha 06 de agosto de 2018, el
extremo que declara fundada la aplicación del principio de carácter persecutorio del crédito laboral del actor
sobre la Embarcación Pesquera “Esther Siete” con matrícula N° CO 14971, ahora TASA 427 que fue de
propiedad de la ejecutada y en la actualidad se ha transferido en propiedad a TECNOLOGICA DE
ALIMENTOS S.A.; en consecuencia se requiere a TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. TASA a fin que
dentro del término del quinto día de notificada cumpla con pagar a favor del actor la suma de S/ 25,887.15
soles, bajo apercibimiento de ejecución forzada, sobre la E/P “ESTHER SIETE” con matrícula N° CE-6253PM,
ahora TASA 427.
FUNDAMENTOS DE LA APELACION:
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. fundamenta su apelación, señalando que: a) No encuentran
razón por la que el demandante solicite que el crédito que se le adeuda se pague contra un bien (E/P TASA
427 - EX ESTHER 7), que no adquirió de ninguna de las codemandadas, sino a consecuencia del ejercicio del
derecho de opción de compra preferente que les correspondía en mérito al Contrato de Compra-Venta de
Embarcación Pesquera y de Arrendamiento financiero que su patrocinada celebró con el Banco Santander S.A.
(propietaria de la embarcación) el 24 de julio de 2009 adquirió de forma absolutamente regular a través de un
contrato de compra venta; b) Se tomó posesión de la E/P TASA 427 al hacer efectivo el ejercicio de su derecho
de opción en los años 2009; es decir, cuando el demandante aún mantenía vinculo laboral con las
codemandadas, y como es lógico, aún no había interpuesto la demanda; c) La parte demandante no ha
logrado acreditar la existencia de la mala fe en la adquisición de la embarcación pesquera que pretende
ejecutar, razón por la que no es posible que el Juzgado concluya con convicción que hubo fraude en el proceso
de su transferencia, no siendo posible acceder a la solicitud de persecutoriedad que plantea el demandante;
entre otros argumentos que expone.
1 FUNDAMENTOS DE LA SALA:
PRIMERO: Que, el recurso de apelación es uno de los medios impugnatorios más importantes dentro de
nuestra normatividad procesal, pues hace viable, no solo la revisión de los errores in iudicando sino también de
los errores in procedendo, siendo que con dicho recurso lo que se pretende es la eliminación de la resolución
del Juez inferior y su sustitución por otra que dicte el Superior Jerárquico, para tal finalidad, el apelante tiene
como obligación la de indicar de manera clara, precisa y consistente, los errores en los que hubiese incurrido el
Juzgador.
SEGUNDO: Que, el artículo 24º de la Constitución Política del Estado señala que el pago de las
remuneraciones y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del
empleador.
TERCERO: Que, el artículo 3° del Decreto Legislativo Nº 856 establece la preferencia o prioridad para el pago
de los créditos laborales, se ejerce con carácter persecutorio de los bienes del negocio en los siguientes
casos: 1.- Cuando el empleador ha sido declarado insolvente, y como consecuencia de ello se ha procedido a
la disolución y liquidación de la empresa o su declaración judicial de quiebra; 2.- En los casos de extinción de
las relaciones laborales e incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores por simulación o fraude a la
Ley, es decir, cuando compruebe que el empleador injustificadamente disminuya o distorsiona la producción
para originar el cierre del centro de trabajo o transfiere activos a terceros o los aporta para la constitución de
nuevas empresas, o cuando abandona el centro de trabajo y; 3.- En el supuesto del artículo 4º del Decreto
Legislativo Nº 856, al indicar que esta persecutoriedad también procede cuando en un proceso judicial el
empleador no pone a disposición del juzgado bien o bienes libres suficientes para poder responder por los
créditos laborales adeudados.
CUARTO: Que, mediante sentencia de vista contenida en la resolución número veintidós, de fecha 18 de
octubre de 2016 (folios 54 a 60), se confirma la sentencia contenida en la resolución número doce, que declara
fundada en parte la demanda sobre pago de beneficios sociales, modificando la suma de abono, en
consecuencia, se ordena a la demandada cumpla con cancelar a favor del demandante la suma de S/
19,401.83 soles, por los conceptos de compensación por tiempo de servicios y gratificaciones; más intereses
legales que se liquidarán en ejecución de sentencia, fijándose en el 15% del monto ordenado a pagar , más el
5% para el Colegio de Abogados del Santa.
QUINTO: De la revisión del Sistema Integrado Judicial, por resolución número veintisiete, de fecha 17 de abril
de 2017, se requiere a la demandada para que en el plazo de cinco días cumpla con señalar bienes libres de
gravamen, susceptibles de ejecución forzada para el cumplimiento de la acreencia laboral del demandante,
bajo apercibimiento de iniciar el carácter persecutorio sobre los bienes que fueron de propiedad de la
demandada. Es así que mediante escrito de fecha 11 de julio de 2017, el demandante solicita aplicación de la
acción persecutoria sobre la E/P ESTHER 7 (hoy TASA 427) de matricula CO-14971-PM, la misma que
mediante resolución número treinta, de fecha 17 de noviembre de 2017, se declara fundada la aplicación del
principio de carácter persecutorio del crédito laboral del actor sobre la Embarcación Pesquera “ESTHER 7” con
2 matrícula N° CO17971, ahora TASA 427 que fue de propiedad de la ejecutada y en la actualidad se ha
transferido al Banco Santander Perú S.A, empero en arrendamiento por TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS
S.A.; en consecuencia se requiere a TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. a fin de que dentro del término del
quinto día de notificada cumpla con pagar a favor del actor la suma de S/ 25,887.15 soles; la misma que ha
sido corregida mediante resolución número treinta y uno en el extremo “en la actualidad ha sido transferido en
propiedad a Banco Santander Perú S.A.” siendo lo correcto que en la actualidad ha sido transferido en
propiedad a Tecnológica de Alimentos S.A.
SEXTO: Que, pese a que la demandada ha sido debidamente notificada con la sentencia y resolución treinta;
sin embargo, no ha cumplido con efectuar pago alguno, menos aún se ha cumplido con señalar bienes libres
de gravamen a efectos de responder por el crédito laboral.
SÉTIMO: Que, conforme a la revisión de autos en la partida registral N° 00715140 de la Oficina Registral de
Lima, se aprecia mediante la Escritura Pública de fecha 09 de mayo de 2007 (Folio 178), Fábrica de
Conservas Islay S.A., vende la Embarcación Pesquera denominada “Esther 7” a la Empresa Cridani S.A.C.;
mediante Escritura Pública de fecha 08 de setiembre de 2008 (Folio192), Empresa Cridani S.A.C. vende la
Embarcación Pesquera denominada “Esther 7” al señor Edwin Obed Julcamoro Calderón; por Escritura Pública
de fecha 08 de setiembre de 2008 (Folio 196), se efectúa la Transferencia por Aporte por lo que Pesquera
Chepemar S.A.C. adquiere la propiedad de la Embarcación Pesquera denominada “Esther 7”; mediante
Escritura Pública de fecha 24 de julio de 2009 (Folio 209), Pesquera Chepemar S.A.C. vende la Embarcación
Pesquera denominada “Esther 7” al Banco Santander Perú S.A.; mediante Escritura Pública (Folio 210) el
Banco Santander Perú S.A. da en arrendamiento la embarcación a la Empresa Tasa S.A. cambiándose el
nombre de la embarcación por “TASA 427”; mediante Escritura Pública de fecha 01 de junio de 2013 (Folio
214) el Banco Santander Perú S.A. vende la Embarcación Pesquera “TASA 427” a Tecnológica de Alimentos
S.A.C., quien es su actual propietario.
OCTAVO: Que, uno de los supuestos de la acción persecutoria del crédito laboral es la transferencia de
activos a terceros –artículo 3.2 del Decreto Legislativo N° 856; en el caso concreto, tal supuesto se acredita
por el mismo dicho de la sociedad apelante TASA tanto en su escrito de oposición a la acción persecutoria
tras haber sido emplazado para el pago del crédito laboral como en su recurso de apelación. Esto es, en su
apelación señala: “Como bien ha sido advertido por su despacho, FACOISA, CRIDANI y CHEPEMAR son
empresas vinculadas en la medida que fueron creadas para el desarrollo de actividades pesqueras por
miembros de una misma familia (familia Alcázar), siendo dicha vinculación uno de los motivos por el cual el
Juzgado dispuso declarar a las referidas empresas como responsables solidarias de lo ordenado a pagar
mediante sentencia”. Más adelante señala: “El 15 de octubre del 2012, se constituyó en el extranjero la
Compañía SEAFISH CORPORATION SA (…), el 9 de octubre del 2012 se constituyó Pesquera Canhann SAC
y (…) en la misma fecha 9 de octubre del 2012 se constituyó Pesquera Naftes SAC” (cuyos socios son
personas vinculadas a la demandada FACOISA, y dichas sociedades otorgaron poderes. En su escrito de
oposición –página 5 y 6- señala: “Facoisa fue constituida mediante escritura pública de fecha 18 de diciembre
de 1972 por Gladys Alcázar Paulet, Edilberto Alcázar Paulet (…) cuyo gerente general fue Schristoper Alcázar
3 Mostacero; CRIDANI fue constituida el 2 de marzo del 2004 por sus socios fundadores Patricia Milagros
Wendell Ocampo (…) cuyo gerente general también fue la misma persona; CHEPEMAR fue constituida el
1.1.2008 por sus socios fundadores Schristoper Alcázar Mostacero (…) y declarada extinguida el 16.3.2010
según anexo del referido escrito de fs 14”.
NOVENO: Confrontada estos datos con la secuencia de las transferencias de la Embarcación Pesquera
submateria detalladas en el considerando séptimo que antecede, se advierte que a partir del 9.5.2007 se han
producido dichas transferencias, primero a sociedades vinculadas: Cridani, a persona natural vinculada,
Sociedad vinculada Chepemar SAC y ésta al Banco Santander, y, éste dio en arrendamiento financiero a la
sociedad apelante, quien se adjudicó ejerciendo la primera opción de compra. Asimismo, tras esas
transferencias –no solo de esa embarcación pesquera como afirma la sociedad apelante-, el grupo empresarial
ha constituido sociedades en el extranjero (Panamá, paraíso empresarial) conforme los poderes anexados con
el escrito de oposición; indicio de que la sociedad demandada fue desmantelada patrimonialmente.
DÉCIMO: La sociedad apelante señala que a su juicio no procedería el persecutorio porque no lo ha adquirido
de ninguna de las sociedades demandadas sino del Banco Santander en la que en el contexto del contrato de
arrendamiento financiero se adjudicó ejerciendo su primera opción de compra. Al respecto, debe indicarse que
el Banco Santander adquirió dicha embarcación pesquera en la cadena sucesiva de adquisiciones precedidas
con la finalidad de desmantelar el patrimonio de la sociedad empleadora –FACOISA-, contexto que no
desaparece ni es ajena para con la sociedad apelante, y, la modalidad contractual –arrendamiento financiero
seguida de opción de compra- solo marca una diferencia contractual formal y materialmente es a secas una
transferencia de propiedad como si directamente lo hubiera comprado.
UNDECIMO: Finalmente señala –haciendo entrever- que como el grupo económico empresarial sigue
haciendo empresa en Panamá-, puede el actor realizar el acto “persecutorio” por esa vía, y, al respecto debe
indicarse que la Constitución y la Ley –a los que también ha acotado la sociedad apelante-, han establecido la
persecutoriedad del patrimonio.
DECIMO SEGUNDO: En tal sentido, se concluye que, en el caso de autos, se dan presupuestos para amparar
la persecutoriedad del bien peticionado por el demandante, al haberse acreditado que la embarcación
pesquera ha sido anteriormente de propiedad de la Fábrica de Conservas Islay S.A y que luego de los actos de
disposición a que se ha hecho referencia en considerando supra, dicho activo fijo ha pasado a ser de
propiedad de Tecnológica de Alimentos S.A.C., respecto de quién en forma razonada se ha encontrado en
posición de conocer que la demandada ha contado con trabajadores, sujetos al pago de créditos laborales ante
el incumplimiento de su ex empleadora, como ha sido el caso de autos, concluyendo que las transferencias de
propiedad se ha efectuado con el único fin de eludir el pago de los créditos laborales, lo cual contraviene lo
dispuesto por la Constitución Política del Perú que en su artículo 24 establece que el pago de la remuneración
y de los beneficios sociales tienen prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador, desarrollado por el
Decreto Legislativo N° 856, ya mencionado, que dispone la aplicación del carácter persecutorio de los bienes
del negocio conforme al artículo tercero inciso b) En los casos de extinción de las obligaciones laborales e
incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores, por simulación o fraude a la ley, es decir cuando se
4 compruebe que el empleador injustificadamente disminuye o distorsiona la producción para originar el cierre
del centro de trabajo o transfiere activos fijos a terceros, tal y conforme ha sido efectuado con la transferencia
de la embarcación pesquera “ESTHER 7”, ahora “TASA 427”, la cual fue adquirida por la apelante Tecnológica
de Alimentos S.A.C.
DECIMO TERCERO: Que, además, la ejecutoria de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de
la Corte Suprema de la República, recaída en el Expediente con número CAS-1097-2011-LIMA, establece el
criterio que: “No se trata de identificar quien o quienes ejercen actualmente la posesión de los bienes de la
empresa originaria, o si hay algún vínculo familiar o personal de los terceros adquirientes con el empleador, lo
que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza de que pertenecieron al empleador deudor y
eventualmente realizarlos”; y en el presente caso se tiene la certeza que la embarcación pesquera sobre el
cual se solicita la aplicación del principio persecutorio perteneció a la demandada; razón por la cual la
resolución apelada se ha emitido en mérito a lo actuado en el proceso y en estricta aplicación del Decreto
Legislativo Nº 856. Por estas consideraciones, el Tercer Tribunal Unipersonal de la Sala Laboral Permanente
de esta Corte Superior
RESUELVE:
CONFIRMAR la resolución número treinta y siete, de fecha 06 de agosto de 2018, el extremo que
declara fundada la aplicación del principio de carácter persecutorio del crédito laboral del actor sobre la
Embarcación Pesquera “Esther Siete” con matrícula N° CO 14971, ahora TASA 427 que fue de propiedad de
la ejecutada y en la actualidad se ha transferido en propiedad a TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A.; en
consecuencia se requiere a TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A. TASA a fin que dentro del término del
quinto día de notificada cumpla con pagar a favor del actor la suma de S/ 25,887.15 soles, bajo apercibimiento
de ejecución forzada, sobre la E/P “ESTHER SIETE” con matrícula N° CE-6253PM, ahora TASA 427; y
DEVUÉLVASE al Juzgado de origen. Notifíquese.-
S.
Espinoza Lugo, N.
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EXPEDIENTE : 00178-2013-89-2005-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : EMPRESA FISHERS STUFFS EXPORT SAC ,
Resolución N° UNO (01)
Paita, 05 de enero del 2022.-
AUTO ADMISORIO
I. ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito de demanda la parte recurrente MARINA DE GUERRA DEL
PERU, representada por su Procurador Público adjunto, DAVID EDUARDO
HIDALGO VALDIVIA, solicita Medida Cautelar de Embargo en forma de
Retención dentro del proceso, hasta por la suma de NUEVE MIL
DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES, sobre los bienes, depósitos, dinero en moneda
nacional o extranjera, valores, derechos de crédito presentes y futuros, que
tenga el ejecutado FISHER STUFF EXPORT S.A.C. CON RUC N°
20509954454, en las siguientes entidades financieras: BBVA Banco Continental,
Banco de Crédito del Perú, Banco Internacional del Perú – Interbank, Banco
Scotiabank, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. (CMAC
PIURA S.A.C.) – Agencia Paita; Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita
(Caja Paita).
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
2. En las medidas cautelares a fin de ser admitidas a trámite deben cumplir con los
requisitos establecidos en los artículos especiales establecidos en los artículos 130°,
131°, 424° y 425° del Código Procesal Civil, y los requisitos especiales establecidos
en las normas relativas al proceso cautelar de dicho texto legal.
3. De conformidad con lo prescrito por el artículo 608° del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley 29384, el Juez puede, a pedido de parte, dictar medida
cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de éste, así como que la medida
cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva.
4. En el caso de autos se advierte que en el Expediente principal N° 00178-2013-0-
2005-JP-CI-01, mediante resolución 25 de fecha 12 de febrero del 2018, se resolvió
declarar fundada la demanda, ordenando que el demandado FISHER STUFF
EXPORT S.A.C. CON RUC N° 20509954454, cumpla con pagar a la ejecutante, la
suma de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 49/100 SOLES más
los intereses legales. 5. Que, la presente medida cautelar se da con la finalidad de asegurar la suma puesta
a cobro en el proceso principal, más los intereses legales.
6. Doctrinalmente se tiene que, “la medida cautelar tiene por finalidad darle al solicitante
la seguridad que lo ordenado en la sentencia va a ser cumplido o ejecutado. De esta manera
se garantiza que no sólo va obtener una simple declaración respecto de su derecho, sino que
su pretensión va a ser amparada de modo efectivo”. (HINOSTROZA Minguez, Alberto
“Comentarios al Código Procesal Civil” Tomo II, página 1196 Gaceta Jurídica).
7. Con respecto a la medida cautelar en forma de retención se tiene que “La retención
es una obligación que por mandato judicial se exige a quien debe hacer entrega de bienes o
pagos al deudor, debiendo el retenedor reservarlos a orden y a disposición de la autoridad
jurisdiccional que decretó esta medida preventiva. Esta medida supone la inmovilización de
bienes y valores del afectado que efectúa un tercero, quien se encuentra en posesión de ellos”
(HINOSTROZA Minguez, Alberto “Comentarios al Código Procesal Civil” Tomo
II, pág. 1278 Gaceta Jurídica).
8. De conformidad con la parte final del artículo 716° del Código Procesal Civil
establece que: “Si el título de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese
liquidación aprobada, se concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución con arreglo al
subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada…”
9. Para llevar a cabo la ejecución forzada, debe previamente afectarse bienes del
ejecutado. En tal sentido corresponde amparar el pedido de embargo en forma de
retención que debe recaer en los bienes, depósitos, dinero en moneda nacional o
extranjera, valores, derechos de crédito presentes y futuros que el ejecutado tenga
en el BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del Perú, Banco Internacional del
Perú – Interbank, Banco Scotiabank, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura
S.A.C. (CMAC PIURA S.A.C.) – Agencia Paita; Caja Municipal de Ahorro y Crédito
de Paita (Caja Paita).
10. Encontrándose en ejecución de sentencia el proceso principal, y encontrándose
pendiente de pago la suma ordenada, lo solicitado por la demandante constituye
una medida ejecutiva de embargo en forma de retención la cual se encuentra
prevista en los artículos 642 y 657 del código procesal civil en la siguiente manera:
Embargo.-
Artículo 642.- Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se
puede solicitar embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o
derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, con las
reservas que para este supuesto señala la ley. (Negrita agregado)
Artículo 657.- Embargo en forma de retención
“Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en
posesión de terceros, cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al
poseedor retener el pago a la orden del Juzgado, depositando el dinero en el
Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el retenedor asume las
obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga a disposición
del Juez.
(…)”(Negrita agregado)
11. A fin de garantizar el pago de la suma ordenada en sentencia, lo solicitado por la
demandante resulta lo más adecuado, ya que se va afectar las sumas de dinero que pudiera tener la parte ejecutada en las entidades financieras, descritas en el
considerando nueve.
12. En cuanto al monto de la afectación, se está solicitando que la Medida Cautelar
será para responder hasta por el monto de S/ 9,200.00 soles, a efectos de cubrir no
solo el pago del capital ordenado a pagar en la sentencia, sino también para
garantizar la posterior cancelación de los intereses, a liquidarse en ejecución de
sentencia, por lo que, el Juzgador considera que si existe proporción entre lo que se
pretende cautelar y el monto de la suma ordenada a pagar en Sentencia, siendo así,
el juzgador considera razonable conceder la medida cautelar hasta por el monto
solicitado.
13. En tal sentido para que se ejecute la retención ordenada, corresponde oficiar a las
entidades financieras propuestas: BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del
Perú, Banco Internacional del Perú – Interbank, Banco Scotiabank, Caja Municipal
de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. (CMAC PIURA S.A.C.) – Agencia Paita; Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Paita (Caja Paita), a fin de que cumpla con
retener de los bienes, depósitos, dinero en moneda nacional o extranjera, valores,
derechos de crédito presentes y futuros, que tenga la parte ejecutada FISHER
STUFF EXPORT S.A.C. CON RUC N° 20509954454, hasta por la suma de NUEVE
MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES (S / 9,200.00), y una vez efectuada la
retención la debe poner a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Paita vía
depósito judicial en el Banco de la Nación, en atención a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 657° del código procesal civil que prescribe “Si el
poseedor de los derechos de crédito es una entidad financiera, el Juez ordenará la
retención mediante envió del mandato vía correo electrónico, trabándose la
medida inmediatamente o excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente
que deje constancia de su decisión”.
14. Que si bien, el ejecutante solicita se mantenga vigente el embargo sobre todas las
entidades bancarias y financieras que ha propuesto, hasta que se logre retener el
íntegro del importe de la medida cautelar, dicho pedido resulta atendible, toda vez
que al ser una medida cautelar apreciable en dinero, en la que se está afectando
derechos o bienes económicos, los que no tienen la naturaleza de irreversibles, es
susceptible de resarcirse algún perjuicio económico en agravio del ejecutado, que
resulte por ejemplo de un doble pago; por lo que, este juzgado ordenará el
diligenciamiento de los oficios a cursar, de manera conjunta, sin perjuicio de que
sea la parte solicitante quien coadyuve a su diligenciamiento.
III. DECISIÓN:
Por estas consideraciones y de conformidad con lo prescrito en el artículo 50° del
código antes acotado: SE RESUELVE:
1. CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR DENTRO DEL PROCESO solicitada por
la MARINA DE GUERRA DEL PERU, representada por su Procurador Público
DAVID EDUARDO HIDALGO VALDIVIA, contra FISHER STUFF EXPORT
S.A.C. CON RUC N° 20509954454. 2. TRÁBESE MEDIDA EJECUTIVA DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN
hasta por la suma de S/ 9,200.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES) ó
SU EQUIVALENTE EN DÓLARES, de los bienes, depósitos, dinero en moneda
nacional o extranjera, valores, derechos de crédito presentes y futuros, que tenga la
parte ejecutada FISHER STUFF EXPORT S.A.C. CON RUC N° 20509954454, en
sus diversas cuentas bancarias de ahorro, a plazo, cuentas corrientes, depósitos,
etc., debiéndose OFICIAR a las siguientes entidades bancarias y financieras en
mención:
-
BBVA Banco Continental.
-
Banco de Crédito del Perú.
-
Banco Internacional del Perú – Interbank.
-
Banco Scotiabank.
-
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. (CMAC PIURA
S.A.C.) – Agencia Paita.
-
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita (Caja Paita).
Para que cumplan con dicho fin, debiendo poner a disposición del Juzgado de
Paz Letrado de Paita la suma retenida vía depósito judicial en el Banco de la
Nación, precisándose que esta medida cautelar se mantendrá vigente hasta que
se logre retener el íntegro del importe de la medida cautelar, bajo
apercibimiento de multa en caso de incumplimiento de conformidad con el
artículo 53° del Código Procesal Civil.
Cumpla LA PARTE SOLICITANTE en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES con
coadyuvar a su diligenciamiento, siendo que de no hacerlo se remitirán los
oficios por conducto regular.
3. Al primero, segundo y quinto otrosí digo: Téngase presente.
4. Al tercer otrosí digo: POR DELEGADAS facultades de representación a favor de
los letrados que indica en el presente acápite.
5. Al cuarto otrosí digo: POR SEÑALADO domicilio procesal en Casilla
electrónica N° 43248 - SINOE, Téngase presente la casilla judicial física N° 44 -
Paita.
6. NOTIFÍQUSE únicamente al solicitante (parte demandante).
Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta, con fines de descarga procesal, por
disposición superior. Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 00178-2013-89-2005-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : EMPRESA FISHERS STUFFS EXPORT SAC ,
Resolución N° UNO (01)
Paita, 05 de enero del 2022.-
AUTO ADMISORIO
I. ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito de demanda la parte recurrente MARINA DE GUERRA DEL
PERU, representada por su Procurador Público adjunto, DAVID EDUARDO
HIDALGO VALDIVIA, solicita Medida Cautelar de Embargo en forma de
Retención dentro del proceso, hasta por la suma de NUEVE MIL
DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES, sobre los bienes, depósitos, dinero en moneda
nacional o extranjera, valores, derechos de crédito presentes y futuros, que
tenga el ejecutado FISHER STUFF EXPORT S.A.C. CON RUC N°
20509954454, en las siguientes entidades financieras: BBVA Banco Continental,
Banco de Crédito del Perú, Banco Internacional del Perú – Interbank, Banco
Scotiabank, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. (CMAC
PIURA S.A.C.) – Agencia Paita; Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita
(Caja Paita).
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
2. En las medidas cautelares a fin de ser admitidas a trámite deben cumplir con los
requisitos establecidos en los artículos especiales establecidos en los artículos 130°,
131°, 424° y 425° del Código Procesal Civil, y los requisitos especiales establecidos
en las normas relativas al proceso cautelar de dicho texto legal.
3. De conformidad con lo prescrito por el artículo 608° del Código Procesal Civil,
modificado por la Ley 29384, el Juez puede, a pedido de parte, dictar medida
cautelar antes de iniciado el proceso o dentro de éste, así como que la medida
cautelar tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva.
4. En el caso de autos se advierte que en el Expediente principal N° 00178-2013-0-
2005-JP-CI-01, mediante resolución 25 de fecha 12 de febrero del 2018, se resolvió
declarar fundada la demanda, ordenando que el demandado FISHER STUFF
EXPORT S.A.C. CON RUC N° 20509954454, cumpla con pagar a la ejecutante, la
suma de OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON 49/100 SOLES más
los intereses legales. 5. Que, la presente medida cautelar se da con la finalidad de asegurar la suma puesta
a cobro en el proceso principal, más los intereses legales.
6. Doctrinalmente se tiene que, “la medida cautelar tiene por finalidad darle al solicitante
la seguridad que lo ordenado en la sentencia va a ser cumplido o ejecutado. De esta manera
se garantiza que no sólo va obtener una simple declaración respecto de su derecho, sino que
su pretensión va a ser amparada de modo efectivo”. (HINOSTROZA Minguez, Alberto
“Comentarios al Código Procesal Civil” Tomo II, página 1196 Gaceta Jurídica).
7. Con respecto a la medida cautelar en forma de retención se tiene que “La retención
es una obligación que por mandato judicial se exige a quien debe hacer entrega de bienes o
pagos al deudor, debiendo el retenedor reservarlos a orden y a disposición de la autoridad
jurisdiccional que decretó esta medida preventiva. Esta medida supone la inmovilización de
bienes y valores del afectado que efectúa un tercero, quien se encuentra en posesión de ellos”
(HINOSTROZA Minguez, Alberto “Comentarios al Código Procesal Civil” Tomo
II, pág. 1278 Gaceta Jurídica).
8. De conformidad con la parte final del artículo 716° del Código Procesal Civil
establece que: “Si el título de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese
liquidación aprobada, se concederán a solicitud de parte, medidas de ejecución con arreglo al
subcapítulo sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada…”
9. Para llevar a cabo la ejecución forzada, debe previamente afectarse bienes del
ejecutado. En tal sentido corresponde amparar el pedido de embargo en forma de
retención que debe recaer en los bienes, depósitos, dinero en moneda nacional o
extranjera, valores, derechos de crédito presentes y futuros que el ejecutado tenga
en el BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del Perú, Banco Internacional del
Perú – Interbank, Banco Scotiabank, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura
S.A.C. (CMAC PIURA S.A.C.) – Agencia Paita; Caja Municipal de Ahorro y Crédito
de Paita (Caja Paita).
10. Encontrándose en ejecución de sentencia el proceso principal, y encontrándose
pendiente de pago la suma ordenada, lo solicitado por la demandante constituye
una medida ejecutiva de embargo en forma de retención la cual se encuentra
prevista en los artículos 642 y 657 del código procesal civil en la siguiente manera:
Embargo.-
Artículo 642.- Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se
puede solicitar embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o
derecho del presunto obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, con las
reservas que para este supuesto señala la ley. (Negrita agregado)
Artículo 657.- Embargo en forma de retención
“Cuando la medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en
posesión de terceros, cuyo titular es el afectado con ella, puede ordenarse al
poseedor retener el pago a la orden del Juzgado, depositando el dinero en el
Banco de la Nación. Tratándose de otros bienes, el retenedor asume las
obligaciones y responsabilidades del depositario, salvo que los ponga a disposición
del Juez.
(…)”(Negrita agregado)
11. A fin de garantizar el pago de la suma ordenada en sentencia, lo solicitado por la
demandante resulta lo más adecuado, ya que se va afectar las sumas de dinero que pudiera tener la parte ejecutada en las entidades financieras, descritas en el
considerando nueve.
12. En cuanto al monto de la afectación, se está solicitando que la Medida Cautelar
será para responder hasta por el monto de S/ 9,200.00 soles, a efectos de cubrir no
solo el pago del capital ordenado a pagar en la sentencia, sino también para
garantizar la posterior cancelación de los intereses, a liquidarse en ejecución de
sentencia, por lo que, el Juzgador considera que si existe proporción entre lo que se
pretende cautelar y el monto de la suma ordenada a pagar en Sentencia, siendo así,
el juzgador considera razonable conceder la medida cautelar hasta por el monto
solicitado.
13. En tal sentido para que se ejecute la retención ordenada, corresponde oficiar a las
entidades financieras propuestas: BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del
Perú, Banco Internacional del Perú – Interbank, Banco Scotiabank, Caja Municipal
de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. (CMAC PIURA S.A.C.) – Agencia Paita; Caja
Municipal de Ahorro y Crédito de Paita (Caja Paita), a fin de que cumpla con
retener de los bienes, depósitos, dinero en moneda nacional o extranjera, valores,
derechos de crédito presentes y futuros, que tenga la parte ejecutada FISHER
STUFF EXPORT S.A.C. CON RUC N° 20509954454, hasta por la suma de NUEVE
MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES (S / 9,200.00), y una vez efectuada la
retención la debe poner a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Paita vía
depósito judicial en el Banco de la Nación, en atención a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 657° del código procesal civil que prescribe “Si el
poseedor de los derechos de crédito es una entidad financiera, el Juez ordenará la
retención mediante envió del mandato vía correo electrónico, trabándose la
medida inmediatamente o excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente
que deje constancia de su decisión”.
14. Que si bien, el ejecutante solicita se mantenga vigente el embargo sobre todas las
entidades bancarias y financieras que ha propuesto, hasta que se logre retener el
íntegro del importe de la medida cautelar, dicho pedido resulta atendible, toda vez
que al ser una medida cautelar apreciable en dinero, en la que se está afectando
derechos o bienes económicos, los que no tienen la naturaleza de irreversibles, es
susceptible de resarcirse algún perjuicio económico en agravio del ejecutado, que
resulte por ejemplo de un doble pago; por lo que, este juzgado ordenará el
diligenciamiento de los oficios a cursar, de manera conjunta, sin perjuicio de que
sea la parte solicitante quien coadyuve a su diligenciamiento.
III. DECISIÓN:
Por estas consideraciones y de conformidad con lo prescrito en el artículo 50° del
código antes acotado: SE RESUELVE:
1. CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR DENTRO DEL PROCESO solicitada por
la MARINA DE GUERRA DEL PERU, representada por su Procurador Público
DAVID EDUARDO HIDALGO VALDIVIA, contra FISHER STUFF EXPORT
S.A.C. CON RUC N° 20509954454. 2. TRÁBESE MEDIDA EJECUTIVA DE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN
hasta por la suma de S/ 9,200.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES) ó
SU EQUIVALENTE EN DÓLARES, de los bienes, depósitos, dinero en moneda
nacional o extranjera, valores, derechos de crédito presentes y futuros, que tenga la
parte ejecutada FISHER STUFF EXPORT S.A.C. CON RUC N° 20509954454, en
sus diversas cuentas bancarias de ahorro, a plazo, cuentas corrientes, depósitos,
etc., debiéndose OFICIAR a las siguientes entidades bancarias y financieras en
mención:
-
BBVA Banco Continental.
-
Banco de Crédito del Perú.
-
Banco Internacional del Perú – Interbank.
-
Banco Scotiabank.
-
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura S.A.C. (CMAC PIURA
S.A.C.) – Agencia Paita.
-
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Paita (Caja Paita).
Para que cumplan con dicho fin, debiendo poner a disposición del Juzgado de
Paz Letrado de Paita la suma retenida vía depósito judicial en el Banco de la
Nación, precisándose que esta medida cautelar se mantendrá vigente hasta que
se logre retener el íntegro del importe de la medida cautelar, bajo
apercibimiento de multa en caso de incumplimiento de conformidad con el
artículo 53° del Código Procesal Civil.
Cumpla LA PARTE SOLICITANTE en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES con
coadyuvar a su diligenciamiento, siendo que de no hacerlo se remitirán los
oficios por conducto regular.
3. Al primero, segundo y quinto otrosí digo: Téngase presente.
4. Al tercer otrosí digo: POR DELEGADAS facultades de representación a favor de
los letrados que indica en el presente acápite.
5. Al cuarto otrosí digo: POR SEÑALADO domicilio procesal en Casilla
electrónica N° 43248 - SINOE, Téngase presente la casilla judicial física N° 44 -
Paita.
6. NOTIFÍQUSE únicamente al solicitante (parte demandante).
Interviniendo la secretaria judicial que da cuenta, con fines de descarga procesal, por
disposición superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00187-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : CONSIGNACION
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : LOPEZ AGUIRRE DE MACALUPU, AVELINA
DEMANDANTE : CONSERVERA DE LAS AMERICAS SA REP IVETTE
JEANETTE GIRON PALACIOS ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veintisiete de enero
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° TRES, de fecha 06 de marzo del 2014, se
resolvió declarar FUNDADA LA DEMANDA Y AUTORIZA LA CONSIGNACIÓN
efectuada por CONSERVERA LAS AMERICAS, sin pronunciarse por sus efectos
cancelatorios y DECLARAR LA CONCLUSION DEL PROCESO y ordena su archivo
definitivo, en el proceso seguido por AFP CONSERVERA LAS AMERICAS contra
LOPEZ AGUIRRE DE MACALUPU AVELINA, sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO (pago de aportes previsionales), dejando a salvo su derecho para que
lo haga valer conforme a Ley .En consecuencia consentida que sea la
presente resolución Archívese Definitivamente el presente proceso (folios 24-
25).
SEGUNDO: El artículo 123° del Código Procesal Civil establece que una
resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada, entre otros supuestos,
cuando: “2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos”.
TERCERO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo para
interponer recurso de apelación contra la citada resolución, concluyéndose
que las partes procesales han renunciado a interponer dicho medio
impugnatorio, atendiendo que las partes han sido debidamente notificadas con fecha 10 de marzo del 2014 por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
CUARTO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa; por estas consideraciones;
SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES, de fecha 06 de
marzo del 2014.
2.- ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE EN EL MODO Y FORMA DE LEY. REMITASE, el
mismo al archivo Modular para su conservación y custodia.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe e interviniendo la Secretaria Judicial que da cuenta por disposición
superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00187-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : CONSIGNACION
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : LOPEZ AGUIRRE DE MACALUPU, AVELINA
DEMANDANTE : CONSERVERA DE LAS AMERICAS SA REP IVETTE
JEANETTE GIRON PALACIOS ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, veintisiete de enero
Del año dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y conforme
corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° TRES, de fecha 06 de marzo del 2014, se
resolvió declarar FUNDADA LA DEMANDA Y AUTORIZA LA CONSIGNACIÓN
efectuada por CONSERVERA LAS AMERICAS, sin pronunciarse por sus efectos
cancelatorios y DECLARAR LA CONCLUSION DEL PROCESO y ordena su archivo
definitivo, en el proceso seguido por AFP CONSERVERA LAS AMERICAS contra
LOPEZ AGUIRRE DE MACALUPU AVELINA, sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO (pago de aportes previsionales), dejando a salvo su derecho para que
lo haga valer conforme a Ley .En consecuencia consentida que sea la
presente resolución Archívese Definitivamente el presente proceso (folios 24-
25).
SEGUNDO: El artículo 123° del Código Procesal Civil establece que una
resolución adquiere la autoridad de cosa juzgada, entre otros supuestos,
cuando: “2. Las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos”.
TERCERO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo para
interponer recurso de apelación contra la citada resolución, concluyéndose
que las partes procesales han renunciado a interponer dicho medio
impugnatorio, atendiendo que las partes han sido debidamente notificadas con fecha 10 de marzo del 2014 por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal Civil
supletorio.
CUARTO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa; por estas consideraciones;
SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES, de fecha 06 de
marzo del 2014.
2.- ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE EN EL MODO Y FORMA DE LEY. REMITASE, el
mismo al archivo Modular para su conservación y custodia.
3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe e interviniendo la Secretaria Judicial que da cuenta por disposición
superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO - SEDE JUZGADOS ILO
EXPEDIENTE : 00190-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : FERNANDEZ CONCHA UBY ALHELI (E) JT JPLL
DEMANDADO : PROCESDADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA ,
PESQUERA CECILIA PAOLA SRL ,
DEMANDANTE : CHANA CUSI, DONATO
Resolución Nro.72
Ilo, trece de julio del dos mil veintidós. –
Al escrito con registro N° 4094 -2022 (digitalizado a 08 páginas) Téngase por
cumplido el mandato dispuesto mediante resolución N°71, de fecha 07.07.2022, y a sus
antecedentes el recibo de pago del arancel judicial por apelación de auto, en la cantidad
de S/.46.00 soles, presentado por la demandada GER EXPORT S.A., y las constancias
de pago por derecho de notificación judicial. Por tanto, se procede a proveer el escrito
de apelación de auto formulado: Al Principal y Otrosí: VISTOS: El escrito de
apelación de auto, resolución Nro.70, de fecha 30.06.2022, notificaciones electrónicas,
y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, la empresa GER EXPORT S.A., a través de su apoderado, presenta
recurso impugnatorio en contra del Auto, resolución Nro.70, de fecha 30.06.2022, que
declara fundado el pedido del demandante disponiendo se integre al proceso a GER
EXPORT S.A., con sucesor procesal de la empresa Pesquera Cecilia Paola SRL.
SEGUNDO: Que, ha cumplido con fundamentar su recurso, precisando los agravios,
sustentando su pretensión impugnatoria, y finalmente adecuo el medio que utiliza al
acto procesal que impugna; por lo que, ha cumplido con reunir los requisitos de fondo
regulados por los artículos 358, 365 y 366 del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria al presente caso.
TERCERO: El artículo 372 del Código Procesal Civil, señala que procede concederse
la apelación sin efecto suspensivo en los casos expresamente establecidos en la ley y en
aquellos en que no procede apelación con efecto suspensivo. En el presente caso, el
recurso de apelación se ha interpuesto en contra del auto que declara fundado el pedido
del demandante disponiendo se integre al proceso a GER EXPORT S.A., como sucesor
procesal de la empresa Pesquera Cecilia Paola SRL., entonces, procede concederse la
apelación sin efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, debiendo tramitarse
conforme al artículo 377 del Código Procesal Civil. Por lo que, estando a los
fundamentos antes expuestos.
SE RESUELVE:
CONCEDER LA APELACIÓN interpuesta por la sucesora procesal GER EXPORT
SA, en contra de la resolución Nro.70, de fecha 30.06.2022, SIN EFECTO
SUSPENSIVO Y SIN LA CALIDAD DE DIFERIDA, en consecuencia, FORMESE
el CUADERNO DE APELACIÓN VIRTUAL con la sentencia – resolución N°11, de
fecha 30.06.2015, Sentencia de Vista, resolución N°16, de fecha 10.12.2015, escrito
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chavez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. con registro N°6503-2018, de fecha de ingreso 10.12.2018 (presenta deposito judicial),
escrito con registro N°6538-2018, de fecha de ingreso 11.12.2018 (pedido de endose
de monto correspondiente a la deuda), resolución N°51, de fecha 11.12.2018, escrito
con registro N°291-2019, de fecha de ingreso 15.01.2019 (Informe pericial de intereses
legales laborales), resolución N°52, de fecha 16.01.2019, escrito con registro N°3149-
2019, de fecha de ingreso 15.05.2019, resolución N°54-2019, de fecha 22.05.2019,
escrito con registro N°3227-2022, de fecha de ingreso 02.06.2022, y los actuados que
continúan, hasta la presente resolución. Todas las resoluciones deben estar acompañadas
de las cédulas de notificación correspondientes y los aranceles respectivos. En
consecuencia, cumpla el asistente judicial con formar el cuaderno de apelación virtual
y remitirlo a la Sala Mixta Descentralizada de Ilo, en el plazo de ley. REGISTRESE
Y NOTIFIQUESE. -
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chavez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1
JUZGADO DE TRABAJO - SEDE JUZGADOS ILO
EXPEDIENTE : 00190-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : FERNANDEZ CONCHA UBY ALHELI (E) JT JPLL
DEMANDADO : PROCESDADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA ,
PESQUERA CECILIA PAOLA SRL ,
DEMANDANTE : CHANA CUSI, DONATO
Resolución Nro.70
Ilo, treinta de junio del dos mil veintidós. –
Al escrito con registro N° 3675-2022 (digitalizado a 23 páginas) Téngase por apersonado
al proceso al abogado Juan Carlos Paretto Flores, en su calidad de apoderado de GER
EXPORT S.A., en mérito al Acta de Junta Universal de Accionistas, y la copia de DNI que
adjunta, y por señalado su domicilio real y procesal en la casilla electrónica al N° 4916,
lugar donde se le efectuaran las notificaciones de ley (de conformidad con lo dispuesto en la
Resolución Administrativa N°000137-2020-CE-PJ, y por el estado de emergencia sanitaria
en el que nos encontramos). Asimismo, téngase por absuelto el traslado conferido, y a sus
antecedentes. Y siendo su estado procesal se procederá a resolver el pedido de sucesión
procesal;
VISTOS: Los actuados, Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito con registro N°3227-2022, de fecha de ingreso
02.06.2022, el abogado defensor del demandante Donato Chana Cusi, señala que ha logrado
una sentencia que a la fecha se encuentra consentida, ordenándose el pago de una cantidad
liquida, no obstante PESQUERA CECILIA PAOLA SRL., no cuenta con bienes suficientes
para cobrar su acreencia producto de las transferencias irregulares de su patrimonio como
transferencias por escisión o por absorción total de otras empresas, por lo que tienen
créditos laborales que no se encuentran debidamente garantizado. Que el capital social
actual de la demandada asciende a S/. 5,073.00 soles dividido en 5,073 acciones a favor de
accionistas cuya cantidad no cubre la deuda laboral producto de las transferencias
irregulares, siendo que, mediante escritura púbica de escisión por segregación, de fecha 30
de diciembre del 2010, la demandada PESQUERA CECILIA PAOLA SRL segregó su
bloque patrimonial a favor de la empresa COPERSA S.A., valorizado en S/.4'718,011.00,
reduciendo su patrimonio, posteriormente por escritura pública de escisión por segregación,
de fecha 16 de junio del 2016, la empresa COPERSA S.A., segregó su bloque patrimonial
valorizado en S/.10'155,172.00 a favor de la empresa GER EXPORT S.A., quien
incrementó su capital de S/ 1,000.00 soles a S/10'156,172.00; habiéndose reducido el capital
de COPERSA S.A.;que PESQUERA CECILIA PAOLA SRL., actualmente no tienen
patrimonio suficiente para honrar las deudas laborales transfiriendo su patrimonio real a
otras empresas de manera sucesiva con la finalidad de evadir sus obligaciones laborales;
que lo accionistas de la demandada PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L., se convierten
en accionistas directos de la empresa COPERSA S.A., y luego accionistas de GER
EXPORT S.A., conforme al tercer párrafo del artículo 367 de la Ley General de
Sociedades; ello atenta la efectividad de la sentencia y el cumplimiento de las obligaciones
laborales. siendo necesario se la incorpore al presente proceso a GER EXPORT S.A., por lo
que, al amparo del artículo 108, inciso 2 del Código Procesal Civil solicita que se declare
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chavez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. 2
como sucesor procesal de la demandada PESQUERA CECILIA PAOLA SRL., a la
empresa GER EXPORT SA.
SEGUNDO: Por su parte la empresa GER EXPORT SA., mediante escrito de fecha
23.06.2022, absuelve el traslado alegando que la el Art 108 del Código procesal Civil señala
expresamente las causales de sucesión procesal y que la demandada no se ha extinguido, no
se ha fusionado ni ha vendido sus derechos; agregando que debería de ejercer su derecho en
el marco del Decreto legislativo 856, y que se ha vulnerado su derecho de defensa.
TERCERO: Cabe precisar que la escisión es una institución jurídica, donde los bloques
patrimoniales pasan de un titular (sociedad escindida) a otro (sociedad absorbente o
beneficiaria) (Art. 369.2 LGS). Si bien es cierto, interpretando en forma literal el artículo
108.2 del CPC, sólo podría declararse la sucesión procesal, en casos de fusión o extinción
de una persona jurídica, dejando de lado otras formas de reemplazo de titular; no obstante,
aplicando los métodos de interpretación teleológica y sistemática de las normas de la LGS,
que regulan la fusión y la escisión, concluimos que esta institución también está
comprendida dentro de los supuestos de reemplazo de titular del derecho discutido previsto
en el artículo 108.2 del CPC, cuya finalidad es que la solución del conflicto de intereses no
se interrumpa cuando en el decurso del proceso o en la fase de ejecución se produzcan
reemplazos del titular del derecho discutido, siendo la solución que el nuevo titular ocupe el
lugar del anterior, continuando el proceso en salvaguarda del derecho a la tutela procesal
efectiva, siendo esta figura la más adecuada para lograr los fines del proceso de acuerdo al
artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil y garantizar el mandato
Constitucional contenido en el artículo 24 de la Constitución, sobre la prioridad en el pago
de las remuneraciones sobre cualquier otra obligación del empleador; que en el caso de
autos como señala el demandante, a la fecha su acreencia no ha sido cancelada, pese a
existir sentencia que ordena a las empresas demandadas, entre ellas COPERSA S.A., el
pago solidario de S/ 68,833.04 soles, más lo demás que contiene la sentencia.
CUARTO: Que en efecto, conforme se aprecia de la partida registral N° 11007133 (folio
906 y siguientes) en la Junta Universal del 01 de octubre de 2010, se aprobó la escisión de
los bloques patrimoniales de las empresas Pesquera Salve S.R.L., Pesquera Lobos de
Afuera S.A. y Pesquera Cecilia Paola S.R.L., y su posterior absorción por parte de la
Empresa Copersa S.A (punto 3); así se tiene que la EMPRESA PESQUERA CECILIA
PAOLA S.R.L., segrega un bloque Patrimonial valorizado en S/ 4”718.011.00 soles, el
mismo que es asumido íntegramente por la SOCIEDAD COPERSA S.A., pasando a
ser esta empresa absorbente titular de los activos, acreencias, pasivos y derechos
comprendidos en los mismos (punto 3); de igual forma lo hacen las otras empresas, por lo
que el capital de la EMPRESA COPERSA S.A., en mérito a la absorción de los bloques
patrimoniales de las tres empresas antes descritas, aumenta en la suma de S/ 10´295,147.00
soles (punto 4); lo que se acredita también con la Escritura Pública de Escisión por
Segregación de fecha 30 de diciembre del 2010 (folios 884 a 905); posteriormente se
acredita con la Escritura Pública de Escisión por Segregación de fecha 16 de junio del 2016,
la empresa COPERSA SA, segrega un bloque patrimonial valorizado contablemente en S/.
10´155.172.00, el mismo que es asumido y absorbido íntegramente por “GER EXPORT
S.A.”, esta última sociedad aumentara su capital de S/.1,000.00 soles a la suma de
S/.10¨156.172.00; siendo así, concluimos que el capital social de la empresa PESQUERA
CECILIA PAOLA S.R.L., que debía de servir para cumplir con el pago de reintegro de
remuneraciones del demandante, fueron absorbidas por la EMPRESA COPERSA S.A. y
posteriormente absorbidos por la sociedad “GER EXPORT S.A.”, en virtud de la escisión
por segregación celebrada entre dichas empresas; considerando además que en el punto
tercero, del inserto N° 4, de la escritura de fecha 30 de diciembre de 2010, la EMPRESA
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chavez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. 3
COPERSA S.A., y posteriormente GER EXPORT SA por escisión por segregación
celebrada con la empresa COPERSA S.A. de la escritura Pública de Escisión y Segregación
de fecha 16 de junio del 2016, pasó a ser el titular de los activos, acreencias, pasivos y
derechos de tales empresas; por tanto esta empresa debe ser incorporada al proceso como
sucesor procesal de la empresa PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L., debido a la
transferencia de un bloque patrimonial mayoritario, tal como ha sentado posición la Sala
Civil Permanente de la Corte Suprema, en la Casación N° 110-2013-Cusco, al concluir que,
si una empresa recibe un bloque patrimonial escindido de parte de otra que está obligada a
pagar determinada suma de dinero, también es responsable del pago de dicha suma; además
precisó que no existe infracción del artículo 108.2 del CPC, por ser la figura más adecuada
para los fines del proceso.
QUINTO: Bajo estos fundamentos se desvirtúan los argumentos de la empresa GER
EXPORT S.A., cuya trasferencia hecha a su favor, aumentando su capital ostensiblemente,
se evidencia claramente la intención de anular toda posibilidad de ejecución del patrimonio
de la empresa obligada PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L., y así evadir el
cumplimiento de la obligación derivada de una sentencia firme; además como se ha
concluido, bajo una interpretación sistemática, en aras de lograr la finalidad del proceso,
considerando la prioridad en el pago de las remuneraciones regulado en el artículo 24 de la
Constitución, resulta aplicable 108.2 del CPC, incluso en este estado, al haberse presentado
la causal luego de emitida la resolución final. Por lo que,
SE RESUELVE:
DECLARAR FUNDADO el pedido del demandante; EN CONSECUENCIA, se integra
al proceso a GER EXPORT S.A., como sucesor procesal de la EMPRESA PESQUERA
CECILIA PAOLA S.R.L, quien será reemplazada por GER EXPORT S.A. Debiendo
continuarse conforme a su estado, con las demás demandadas y GER EXPORT S.A.
REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE. -
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el Juez Yohel Wuilver
Cornejo Chavez y especialista legal respectivo, conforme a la Ley N° 27269 – Ley de
Firmas y Certificados Digitales. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE MOQUEGUA
Secretario: ANGELICA ORE ROJAS
Fecha: 27/03/2017 17:03:34
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO - SEDE JUZGADOS ILO
EXPEDIENTE : 00190-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : ANGELICA ORE ROJAS
DEMANDADO : PROCESDADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA ,
PESQUERA CECILIA PAOLA SRL ,
DEMANDANTE : CHANA CUSI, DONATO
Resolución Nro. 28
Ilo, veintisiete de marzo
Del dos mil diecisiete.-
AL PRINCIPAL Y PRIMER OTROSI: VISTOS: La solicitud de desistimiento y variación de medida
cautelar que antecede, y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que el apoderado del demandante se desiste de la solicitud de embargo en forma de
intervención en la recaudación, presentada el 4 de enero del dos mil diecisiete, legalizando su firma ante
el Secretario de la causa, por lo que tratándose de un acto procesal que solo involucra al demandante y
de aplicación con lo dispuesto por el articulo 343 del Código Procesal Civil, debe tenerse por desistido del
mismo.
SEGUNDO.- En el presente caso anteriormente se ha dictado embargo en forma de intervención con
recaudación en las empresas demandadas Procesadora de Productos Marinos S.A. y Pesquera Cecilia
Pola S.R.L. siendo así no se cumplido con trabar embargo.
TERCERO.- Que el apoderado del demandante solicita la variación de la medida cautelar respecto a
la forma por la de embargo en forma de inscripción.
CUARTO.- Que nuestro ordenamiento procesal en su artículo 617° preceptúa que a pedido del titular de
la medida y en cualquier estado del proceso puede variarse ésta, sea modificando su forma, variando los
bienes sobre los que recae o su monto, ó sustituyendo al órgano de auxilio judicial; en el caso de autos
nótese que la variación consiste en la forma esto es en forma de inscripción, siendo por consiguiente
factible acceder a lo solicitado, subsistiendo el monto del embargo ordenado en anterior oportunidad, esto
es la suma de Sesenta mil nuevos soles.
QUINTO.- Que tratándose de bienes registrados, la medida puede ejecutarse inscribiéndose el monto de
la afectación, siempre que esta resulte compatible, con el título de propiedad ya inscrito, por lo que;
RESUELVO:
PRIMERO: Téngase por desistido de la solicitud de embargo en forma de intervención en la recaudación,
presentada con fecha 4 de enero del 2017, en consecuencia sin efecto alguno la resolución 27 de fecha
diecisiete de marzo del dos mil diecisiete.
SEGUNDO: Declarar FUNDADA LA SOLICITUD DE VARIACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE
EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCION el mismo que recaerá el el inmueble de propiedad de la demandada Procesadora de Productos Marinos SA que se encuentra ubicado en Sub Lote A Zona
Balnearios del Sur, distrito y provincia de Ilo, departamento de Moquegua, inscrito en la partida 05003052
del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Ilo, hasta por la suma de SESENTA MIL
SOLES, constituyéndose en Órgano de Auxilio Judicial Registros Públicos de Ilo. Disponiendo la remisión
de las partes dobles, para la inscripción de la medida cautelar de Embargo en forma de Inscripción en el
Registro Correspondiente de los Registros Públicos de la Provincia de Ilo. REGISTRESE Y
NOTIFIQUESE. AL SEGUNDO OTROSI: dejase sin efecto el nombramiento del perito interventor
recaudados al haberse variado el embargo. AL TERCER OTROSI: A sus antecedentes. |
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Secretario: ANGELICA ORE ROJAS
Fecha: 16/03/2017 12:36:43
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO - SEDE JUZGADOS ILO
EXPEDIENTE : 00190-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : ANGELICA ORE ROJAS
DEMANDADO : PROCESDADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA ,
PESQUERA CECILIA PAOLA SRL ,
DEMANDANTE : CHANA CUSI, DONATO
Resolución Nro. 27
Ilo, dieciséis de marzo
Del dos mil diecisiete.-
Por cumplido con el mandato a sus antecedentes. y proveyendo el recurso de variación de fecha 4 de
enero del 2017. AL PRINCIPAL Y PRIMER OTROSI: VISTOS: La solicitud de variación de medida
cautelar que antecede, y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Es de tenerse en cuenta que la medida cautelar es un instituto jurídico por medio del cual se
garantiza la efectividad de la sentencia a dictarse en un proceso frente a los riesgos derivados de la
demora del mismo; siendo que las providencias cautelares operan sobre la situación presente, con el
objeto de que la sentencia, sobreponiéndose con éxito al proceso ordinario, no llegue demasiado tarde.
SEGUNDO.- En el presente caso anteriormente se ha dictado embargo en forma de retención en el las
cuentas bancarias que mantenga las empresas demandada Procesadora de Productos Marinos S.A. y
Pesquera Cecilia Pola S.R.L., en el Banco de la nación, designándose como órgano de auxilio judicial a
dicha entidad, habiéndose remitido el oficio, el Órgano de auxilio judicial, informo que la cuenta que tiene
la demandada en dicho banco tiene carácter de intangible e inembargable, siendo así no se cumplido con
trabar embargo.
TERCERO.- Que el apoderado del demandante solicita la variación de la medida cautelar respecto a
la forma por la de Intervención en recaudación, peticionando que se designe interventor recaudador
que actuara como órgano de auxilio judicial.
CUARTO.- Que nuestro ordenamiento procesal en su artículo 617° preceptúa que a pedido del titular de
la medida y en cualquier estado del proceso puede variarse ésta, sea modificando su forma, variando los
bienes sobre los que recae o su monto, ó sustituyendo al órgano de auxilio judicial; en el caso de autos
nótese que la variación consiste en la forma esto es en forma de intervención, designándose un
interventor recaudador, siendo por consiguiente factible acceder a lo solicitado, subsistiendo el monto del
embargo ordenado en anterior oportunidad, esto es la suma de Sesenta mil nuevos soles.
QUINTO.- Que cuando la medida afecta una empresa de persona natural o jurídica con la finalidad de
embargar los ingresos propios de ésta, el Juez designará a uno o más interventores recaudadores, según sea el caso, para que recaben directamente los ingresos de aquella. La resolución cautelar debe precisar
el nombre del interventor y la periodicidad de los informes que debe remitir al Juez, por lo que;
RESUELVO:
PRIMERO: Declarar FUNDADA LA SOLICITUD DE VARIACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE
EMBARGO EN FORMA DE INTERVENCION EN RECAUDACION hasta por la suma de SESENTA MIL
SOLES, sobre los INGRESOS que tenga las demandada PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS
S.A. Y PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L. ambos ubicados en Calle Moquegua No 123
SEGUNDO: Se designa como INTERVENTOR RECAUDADOR Al CPC PEDRO SILVIO RIVERA ROJAS
domiciliado en Urbanización ENAPU C-3 de esta ciudad, quien remitirá a éste Despacho los informes
correspondientes cada quince días. Se faculta a la Especialista Legal para que levante el acta de
embargo habilitándose día y hora para su realización. Habiéndose obtenido sentencia favorable se
encuentra exonerado de ofrecer contracautela; téngase por ofrecidos los medios probatorios que se
indican y agréguese a los autos los anexos acompañados. REGISTRESE Y NOTIFIQUESE. AL
SEGUNDO OTROSI: Téngase presente. AL TERCER OTROSI: A sus antecedentes. Asume
competencia el Señor Juez que suscribe por disposición Superior, por encontrarse el Juez Titular de
Vacaciones. Reasume funciones la Secretaria que autoriza luego de concluido su descanso vacacional. |
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Secretario: FERNANDO LUIS LOPEZ MACHACA
Fecha: 06/07/2016 16:25:01
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO - SEDE JUZGADOS ILO
EXPEDIENTE : 00190-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : FERNANDO LUIS LOPEZ MACHACA
DEMANDADO : PROCESDADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.
PESQUERA CECILIA PAOLA SRL
DEMANDANTE : CHANA CUSI, DONATO
Resolución N° 18-2016
Ilo, treinta de junio de dos mil dieciséis.-
Al escrito N° 33508-2016: Hágase saber a las partes la bajada de
autos que confirma sentencia fundada; agregando a sus antecedentes la resolución de la
Corte Suprema que declara improcedente el recurso de casación. Asume Competencia el
Juez que suscribe por disposición del Superior.- |
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EXPEDIENTE : 00190-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : ADOLFO CORNEJO POLANCO
ESPECIALISTA : FERNANDO LUIS LOPEZ MACHACA
DEMANDADO : PROCESDADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA ,
PESQUERA CECILIA PAOLA SRL ,
DEMANDANTE : CHANA CUSI, DONATO
RESOLUCIÓN N° 14-2015
Ilo, cinco de agosto de dos mil quince.-
Al escrito N° 1338-2015: Por cumplido el mandato, adjuntando el
arancel judicial por apelación de sentencia; VISTOS Y CONSIDERANDO:
Primero: Que, el medio impugnatorio cumple con los requisitos que establece el
artículo 367 del Código Procesal Civil, al haber sido presentado dentro del plazo,
ante el Juez que la expidió y adjuntado el respectivo arancel judicial por
apelación de sentencia. Segundo: Que se ha cumplido con fundamentarlo,
indicando el error de hecho y de derecho, precisando la naturaleza del agravio y
sustentando su pretensión impugnatoria; por lo que estando a lo previsto en el
artículo 32 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo N° 29497, en concordancia con
los artículos 365 inciso 1 y 371 del Código Procesal Civil de aplicación
supletoria al proceso laboral conforme a la primera disposición complementaria
de la Nueva Ley Procesal del Trabajo: SE RESUELVE: CONCEDER
APELACIÓN CON EFECTO SUSPENSIVO, a favor de la parte demandada
EMPRESAS, PESQUERA CECILIA PAOLA S.R..L., y PROCESADORA DE
PRODUCTOS MARINOS S.A., en contra de la sentencia que declara fundada la
demanda sobre reintegro de beneficios sociales; DISPONGO: La elevación del
expediente a la Superior Sala Mixta, con la debida nota de atención. Tómese
razón y hágase saber. Asumiendo Competencia el Juez que suscribe por
disposición del Superior.- |
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Juez: ARTURO VALDIVIA ARANA
Fecha: 01/07/2015 13:31:54
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO - ILO
EXPEDIENTE : 00190-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
JUEZ : ARTURO VALDIVIA ARANA
ESPECIALISTA : FERNANDO LUIS LOPEZ MACHACA
CORTE SUPERIOR DE DEMANDADO : EMP. PESQUERA CECILIA PAOLA SRL
M SeO cQ reU taE rG ioU : A F ERNANDO LUIS EMP. PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA
LOPEZ MACHACA DEMANDANTE : CHANA CUSI, DONATO
Fecha: 01/07/2015 16:47:03
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
S E N T E N C I A
Resolución Nº 11
Ilo, treinta de junio
Del dos mil quince.-
I.- ASUNTO:
1. Determinar si es procedente ordenar el pago de Beneficios Sociales en forma
solidaria correspondientes al periodo desde Enero de 2002 hasta Diciembre del
2009 en el monto de S/. 42,965.26.
2. Determinar si corresponde el pago de los intereses legales laborales generados
desde el incumplimiento de la obligación, más costos y costas del proceso.
II.- ANTECEDENTES:
A. Actividad procesal del demandante: a folios 08 y siguientes obra la demanda
interpuesta por Donato Chana Cusi, en contra de las empresas Procesadora de Productos
Marinos SA y Pesquera Cecilia Paola SRL, solicitando el pago en forma solidaria la
suma de S/ 42,965.26 por el concepto de Reintegro de Beneficios Sociales del periodo
2002 al 2007, señalando que ingreso a laborar para la demandada en enero de 1999 y a la
fecha continua laborando, desempeñándose en el cargo de tripulante – cocinero, además
señala que el régimen remunerativo y condiciones de trabajo del recurrente esta normado
pro el artículo 13 y la Segunda Disposición Transitoria del D.S. 009-76-TR y el Decreto
Supremo Nº 044-89-TR, siendo esta normatividad el sustento por el cual interpuso la
demanda de Reintegro de Remuneraciones en el proceso Nº 027-2010-0-2802-JM-LA-
02, obteniendo sentencia favorable y reconociendo que dicha empresa le debía abonar la
cantidad de S/ 345,621.10 por el periodo 1999 a diciembre del 2009 ello en merito al
informe pericial Nº 096-2011-IAJ. Además alega que el Decreto Supremo Nº 014-2004-
TR regula los beneficios compensatorios y sociales de los trabajadores pescadores, tales
como gratificaciones, vacaciones y cese en la actividad pesquera, estableciendo que el
pago de los conceptos señalados serían a cargo del empleador, dejando dicha obligación
ser parte de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador, siendo así, la
demandada debería aperturar una cuenta bancarias para el pago de los beneficios sociales
demandados. Ampara su pretensión en el artículo 26 de la Constitución Política; Decreto
Supremo N° 014-2004-TR y la Nueva Ley Procesal de Trabajo N° 29497. B. Actividad procesal de la demandada Empresa Procesadora de Productos Marinos
SA: A folios 160 y siguientes obra el escrito de contestación a la demanda presentada
por el representante de la empresa Procesadora de Productos Marinos SA, señalando que
la aplicación del D. S. N° 009-76-TR, es absolutamente indebida, ya que no es una
Pequeña Pesquera de Extracción de Anchoveta, señalando que el demandante pretende
que se reconozca y otro que un régimen discriminatorio del resto de trabajadores
pesqueros, señalando además que la embarcación sub litis no fue transferida de Pesca
Perú y que la Segunda Sala de derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte
Suprema de la República, mediante Casación Nº 3349-2008/2133-2008 y 1475-2010
establece claramente que la empresa Procesadora de Productos Marinos SA no es una
PEEA ,por tanto se debe aplicarse en cuanto a las remuneraciones el pacto colectivo
suscrito entre el sindicato de pescadores ante el Ministerio de Trabajo, donde este mismo
reconoce que la co demandada PROMAS no es una PEEA, citando de esta forma lo
previsto por la Organización Internacional de Trabajo – OIT; artículo 41 del TUO del
Decreto Ley 25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el D.S. Nº
010-2003-TR, Artículo 28 de la Constitución Política del Estado, que ampara y vincula
el pacto llevado a cabo por el sindicato y la co demandada, por tanto se debería
determinar previamente cual es el régimen al cual está inmerso el actor, teniendo en
consideración que la demandada no es una PEEA y por consecuencia, no le es aplicable
lo previsto por el D.S.009-76-TR
C. Actividad procesal de la demandada Empresa Pesquera Cecilia Paola SRL: A folios
249 y siguientes obra el escrito de contestación a la demanda presentada por el
representante de la empresa Pesquera Cecilia Paola SRL, señalando que mediante
diversas sentencias de la Corte Suprema que ha determinado el D.S: 009-76-TR solo rige
para Pequeñas Empresas de Extracción de Anchovetas y los trabajadores pescadores a su
servicio. Alegando que es falso que se les aplique el D.S. 009-76-TR, norma que es
indebida, ya que la demandada no es una PEEA, haciendo un resumen de cómo se
realiza del cálculo de las vacaciones y gratificaciones, sin embargo, en cuanto al
concepto de Compensación por Tiempo de Servicios señala que dicho concepto se el
abona directamente al banco y este concepto se podría retirar de la entidad financiera
cuando cese definitivamente el actor de la actividad pesquera, para ello deberá cumplir
con presentar a la institución bancaria, la constancia emitida por la CBSSP certificando
dicha situación, por tanto, sus derechos laborales están debidamente acreditados.
Fundamenta Jurídicamente su contestación a la demanda en lo previsto por la Ley
21558; EL D.S. 009-76-TR
D. Actividad procesal del juzgado: A folios 12 y 13 se admite la demanda mediante
resolución Nº 01, se dispone el traslado a las demandadas por el plazo de ley y se
señalada fecha para la Audiencia de Conciliación, a folios 259 y 260 obra el Acta de
Conciliación. Asimismo a fs. 296 y siguientes obra el acta de Audiencia de Juzgamiento,
a folios 300 y siguientes obra la sentencia de primera instancia anterior, la misma que
fue apelada y elevada al superior en grado, a folios 330 a 334 obra la sentencia de vista
emitida por la sala descentralizada de Ilo, que resuelve declara nula la sentencia anterior y ordena se vuelva a emitir nueva sentencia con los parámetros indicados por el mismo,
alcanzando esta nulidad hasta el acto de la Audiencia de Juzgamiento, de manera que a
fojas 343 mediante res. 10 Se señala nueva fecha de audiencia de Juzgamiento,
realizándose la misma el día 23 de junio del presente año, en la se admitieron nuevos
medios de prueba, se actuaron los mismos y las partes presentan sus alegatos de
clausura, por lo que conforme a lo dispuesto por el Artículo 47 de la Ley N° 29497,
Nueva Ley Procesal del Trabajo se procede a expedir la presente.
III.- RAZONAMIENTO:
1. Finalidad concreta del proceso.- Atendiendo que la finalidad concreta del proceso
es resolver el petitorio de la demanda, y conforme a lo determinado en la audiencia
juzgamiento, es necesario establecer si se ha acreditado y/o probado
indubitablemente en autos los puntos fijados en el rubro asunto de la presente. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo, Ley 29497 “La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que
configuran su pretensión, o a quien los contradice:… 23.3.Corresponde al
demandante la carga de la prueba respecto de la existencia de la fuente normativa
de los derechos alegados de orden distinto al constitucional o legal, y 23.4. Al
demandado le concierne probar el pago, el cumplimiento de las normas legales, el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad y la
existencia de un motivo razonable”.
2. Respecto al Vinculo Laboral entre las partes.-
Que, sobre la relación laboral entre las partes se encuentra acreditada con la
aceptación de las partes en audiencia, además de las boletas de pago a folios 03 y 04
obrantes en los autos. Por lo que queda demostrada la relación laboral entre el
demandante y las empresas demandadas.
3. Sobre el Informe Pericial en la Nueva Ley Procesal del Trabajo.-
En el Articulo 28 de la Nueva ley procesal del trabajo se establece: “Los informes
contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados de trabajo y juzgados
de paz letrados tienen la finalidad de facilitar al órgano jurisdiccional la
información necesaria para calcular, en la sentencia, los montos de los derechos
que ampara, por lo que esta pericia no se ofrece ni se actúa como medio
probatorio” De esta manera solo habrá un informe remuneratorio que no será
puesto en conocimiento de las partes, por ende, no podrá merecer observación,
menos la elaboración de un segundo informe, de un debe pericial o de los
interminables conflictos que traigan debajo de la mesa la fórmula procesal anterior:
con la NLPT se pretende reducir los pasos procesales para que todos los medios
probatorios estén a la vista al desarrollarse la audiencia de conciliación, antesala para dictar la sentencia si aquella no se materializa totalmente.{1} De manera que si
bien el informe pericial no constituye medio probatorio, pero si resulta útil para el
juez al momento de realizar el calculo de reintegros de beneficios que hayan
demandado como consecuencia de procesos de reintegro de remuneraciones que ya
hayan sido atendidos y que tengan la calidad de cosa juzgada.
4. Determinar si al Demandante le corresponde el Reintegro de Beneficios
Sociales.-
4444....1111.... Respecto a este punto, se debe tener en cuenta en primer lugar, lo dispuesto en
Sentencia de Vista, obrante en autos a folios 330 y siguientes, donde el
superior en grado resuelve declarar nula la sentencia anterior, indicando que,
en la sentencia anterior se fallo la improcedencia de la demanda, debido a que
la constancia de pre existencia presentada por el actor (a fs. 05) si bien
acredita la existencia del proceso Nº 27-2010-0-2802-JM-LA-01, pero no
acredita la documentación que se utilizo para establecer el monto
determinado, ya que solo acredita el derecho a percibir el reintegro de
remuneraciones en aplicación del Decreto Supremo Nº 009-76-TR, no siendo
suficiente para amparar la demanda. Por ello, el superior en grado declaró
nula la sentencia anterior y la Audiencia de Juzgamiento, ello, por que
considera que en el presente caso se debió de disponer medidas urgentes, a
fin de salvaguardar el derecho del trabajador ya reconocido en un proceso
anterior. De manera que se expide nueva sentencia bajo los parámetros
señalados por la Sala Mixta de Ilo.
4444....2222.... Siendo así, conforme a los ordenado por el superior, se llevo a cabo nueva
Audiencia de Juzgamiento en el cual se actuaron todos los medios de prueba
presentados por las partes, merituando en la presente, además de la constancia
de pre existencia del proceso 27-2010-LA (a fs. 05), el oficio Nº 251-2014-
2JMI/1ra Sec de fecha 23 de mayo del 2014 (fs 293) donde se aprecia que el
Juez del Primer Juzgado Mixto de Ilo de ese entonces, remite a la presente
judicatura copias certificadas de la demanda, auto admisorio, audiencia única
y sentencia (a fs. 270 a 292), por medio del cual, verificamos que
efectivamente de la demanda en mención (270) el actor solicita, como
pretensión única, el pago de reintegro de remuneraciones, y el juez falla
conforme lo peticionado (a fs. 284 a 291) es decir, en el proceso
anteriormente llevado entre las partes, solo se ha peticionado el pago de
reintegro de remuneraciones del año 2002 al 2009, mas no el pago de
beneficios sociales, de esta manera, el actor ha obtenido como derecho
1
Gómez Valdez, Francisco, Derecho del Trabajo Nueva ley procesal del Trabajo ley 29497 Análisis
Secuencial y Doctrinario. Lima. Editorial San Marcos E.I.R.L. 2010, P. 465. (el subrayado es nuestro) reconocido el percibir el concepto de Reintegro de Remuneraciones por
participación de pesca del 22.40% de la pesca descargada.
4444....3333.... Ahora, respecto al Informe Pericial Nº 96-2011-IAJ, ha sido presentado en
audiencia por parte del demandante en copias certificadas, para acreditar que
en el proceso laboral anterior signado con el Nº 27-2010-LA, se ha dispuesto
el pago a favor del demandante la suma de S/. 133,306.22 nuevos soles por
concepto de reintegro de remuneraciones, tal como se puede verificar de las
copias certificadas de la sentencia antes mencionada, Pero dicho informe
pericial como ya se dijo anteriormente no se ofrece ni se actúa como medio
probatorio, sin embargo, permite facilitar al órgano jurisdiccional la
información necesaria para realizar los cálculos de los conceptos demandados,
para ser expresados en sentencia. De manera que, conforme a lo señalado por
la Sala Mixta de Ilo, es que se utiliza dicho informe en la presente, a fin de
establecer el monto que le ha de corresponder al demandante como Reintegro
de Gratificaciones, reintegro de vacaciones y reintegro de Cese de la
Actividad pesquera.
5. Sobre los Beneficios Sociales y su carácter remunerativo.-
5555....1111.... El D.S. 003-97-TR en su Art. 6 señala: Constituye remuneración para todo
efecto legal el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en
dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga,
siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se
entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal,
como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen
naturaleza remunerativa. No constituye remuneración computable para
efecto de cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así
como para ningún derecho o beneficio de naturaleza laboral el valor de las
prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro
indirecto.”. Encontrándose excluidos de dicho concepto los establecidos en
los Art. 19 y 20 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650,
como es el caso de las utilidades, gratificaciones extraordinarias que otorgue
el empleador, costo o valor de las condiciones de trabajo, canastas de navidad
u otros, transporte, movilidad, viáticos, gastos de representación, vestuario y
en general todo lo que razonablemente cumpla tal objeto y no constituya
beneficio o ventaja patrimonial para el trabajador; las asignaciones o
bonificaciones por cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos,
fallecimiento y aquellas de semejante naturaleza; así como la asignación o
bonificación por educación. En tal sentido la norma es clara al establecer los
beneficios que tienen carácter remunerativo y los que no tienen dicho carácter; y como ha establecido el demandante en la incoada pretende el pago
de reintegro de beneficios sociales que comprenden las gratificaciones,
vacaciones y Compensación por tiempo de servicio.
5555....2222.... A lo que se agrega que existiendo pronunciamiento sobre el reintegro de
remuneraciones en una suma fija y obrando informe pericial (en copias
certificadas) que especifique los conceptos que han sido materia de cálculo y
de pronunciamiento en la sentencia del proceso Nº 27-2010-LA, se puede
concluir que en dicho monto no se encuentran incluidos los conceptos
remunerativos que demanda el actor en la presente causa, por tal se procede a
realizar el calculo de los beneficios sociales demandados, teniendo como base
el informe pericial Nº 39-2012-NLPT
LIQUIDACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y COMPENSATORIOS
TRABAJADOR: DONATO CHANA CUSI
OCUPACIÓN: PESCADOR
CARGO: COCINERO-TRIPULANTE
EMPRESA "PESQUERA CECILIA PAOLA S.R.L."
PERIODO :
Periodo Reintegros Reintegro Reintegro Reintegro Total
Cese
remunerativos gratificaciones vacaciones Act.Pesquera reintegros
Año 2002 22,878.97 3,811.64 1,905.82 1,905.82 7,623.27
Año 2003 2,880.19 479.84 239.92 239.92 959.68
Año 2004 31,951.57 5,323.13 2,661.57 2,661.57 10,646.26
Año 2005 16,143.42 2,689.49 1,344.75 1,344.75 5,378.99
Año 2006 18,067.28 3,010.01 1,505.00 1,505.00 6,020.02
Año 2007 13,708.41 2,283.82 1,141.91 1,141.91 4,567.64
105,629.84 17,597.93 8,798.97 8,798.97 35,195.86
EMPRESA "PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.":
PERIODO :
Periodo Reintegros Reintegro Reintegro Reintegro Total
Cese
remunerativos gratificaciones vacaciones Act.Pesquera reintegros
Año 2008 18,151.03 3,023.96 1,511.98 1,511.98 6,047.92
Año 2009 9,525.35 1,586.92 793.46 793.46 3,173.85
27,676.38 4,610.88 2,305.44 2,305.44 9,221.77
TOTAL ADEUDOS S/. 22,208.82 11,104.41 11,104.41 44,417.63 R E S U M E N
CONCEPTO: PESQUERA PROCESADORA DE
PRODUCTOS
CECILIA PAOL S.R.L MARINOS S.A.
REINT. GRATIFICACIONES 17,597.93 4,610.88
REINT. VACACIONES 8,798.97 2,305.44
REINT. COMP. POR CESE ACT. PESQUERA 8,798.97 2,305.44
35,195.86 9,221.77
TOTAL S/. 44,417.63
5555....3333.... Teniendo en cuenta los montos calculados en el recuadro que precede, y
conforme la actividad probatoria existente en autos, se determina que la
empresa demandada ha dejado de otorgar a favor del demandante los
concepto de Reintegro de remuneraciones y el pago de beneficios Sociales,
siendo este ultimo el concepto que abarca los concepto de Gratificaciones
que se deduce en razón del 16.66% de la remuneración computable y en
cuanto al concepto de vacaciones, están de calculan en razón del 8.33% de
la remuneración computable, las cuales se realizan en forma mensual y en
cuanto al concepto de cese en la Actividad Pesquera este concepto se
realiza en razón del 8.33% de la remuneración computable y conforme a
la participación de pesca percibida
5555....4444.... Por consiguiente, en razón del cuadro que antecede, se determino que por los
conceptos señalados anteriormente, al demandante le corresponde la siguiente
distribución; 1) Por concepto de Gratificaciones la suma de veintidós mil
doscientos ocho y 82/100 nuevos soles (S/. 22,208.82); 2) Por concepto de
Vacaciones la suma de once mil ciento cuatro y 41/100 nuevos soles (S/.
11,104.41) y 3) por concepto de Cese en la Actividad Pesquera la suma de
once mil ciento cuatro y 41/100 nuevos soles (S/. 11,104.41), montos que en
sumatoria nos dan la cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS DIECISIETE Y 63/100 NUEVOS SOLES (S/.
44,417.63) la misma que debe ser dispuesta en sentencia.
6. Respecto a la Solidaridad de las obligaciones laborales de las empresas
demandadas.
6666....1111.... Respecto a la solidaridad el Código Civil, indica que la responsabilidad
solidaria es establecida por la ley o por convenio. Igualmente, la doctrina es
unánime al señalar que la solidaridad no solo no se presume, sino que debe ser instruida de forma expresa. Sin embargo, la Sala de Derecho Constitucional y
Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República2 de
manera implícita ha declarado que sí existe la solidaridad en el grupo de
empresas. Luego, el pleno jurisdiccional laboral de junio de 2008 concluyó
por unanimidad que: “Existe solidaridad en las obligaciones laborales no
solo cuando se configuran los supuestos previstos en el art. 1183 del Código
Civil sino, además, en los casos en que exista vinculación económica, grupo
de empresas o se evidencie la existencia de fraude con el objeto de burlar
los derechos laborales de los trabajadores. (...)”.
6666....2222.... En el caso de autos, en audiencia de juzgamientos el abogado del demandante
alega que existe continuidad laboral, por cuanto el demandante ha laborado
primigeniamente para la empresa pesquera Cecilia Paola SRL del 2002 al
2007, posteriormente fue trasladado a la empresa Procesadora de Productos
Marinos SA del 2008 al 2009, esta alegación se acredita con las boletas de
pago del trabajador de folios 03 al 04, además de las boletas que presentan las
mismas co demandadas, así también de las copias certificadas de la sentencia
del proceso anterior (fs. 284) donde también ha quedado establecido la
solidaridad entre las co demandadas; además de las mismas boletas de pago
expedidas por ambas empresas donde consignan la misma dirección fiscal,
esto en “carretera Cata Catas kilómetro 4.5”. De manera que el demandante ha
probado que existe vinculación económica entre las empresas co demandadas
[3]. Por lo tanto es factible disponer la solidaridad en el pago de los reintegros
determinados en el anterior considerando ascendente a CUARENTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE Y 63/100 NUEVOS
SOLES.
7. Sobre los Intereses Legales Laborales.
Que sobre los intereses, como lo peticiona el apoderado del demandante, debe
tenerse presente que al establecerse adeudos a favor del demandante, éstos también
resultan procedentes y deben calcularse en base a lo dispuesto en el Decreto Ley N°
25920 desde la fecha en que debió hacerse el pago hasta la fecha efectiva de
cancelación de la deuda laboral, los mismos que se determinarán en ejecución de
sentencia.
2 Casación Laboral 2406-2009-Lima de fecha 19 de marzo del 2010.
3 PLENO JURISDICCIONAL LABORAL NACIONAL, JUNIO AÑO 2008
TEMA Nº 02 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN LAS OBLIGACIONES LABORALES:
CONCLUSIÓN PLENARIA: El Pleno adoptó por UNANIMIDAD la postura número uno que enuncia lo
siguiente: “Existe solidaridad en las obligaciones laborales no solamente cuando se configuran los
supuestos previstos en el artículo 1183 del Código Civil sino, además, en los casos en los que exista
vinculación económica, grupo de empresas o se evidencie la existencia de fraude con el objeto de burlar
los derechos laborales de los trabajadores. 8. Sobre las Costas y Costos.
Que en cuanto a las costas y costos del proceso, esta judicatura llega a establecer
que las empresas demandadas no han tenido razones atendibles para litigar, por lo
que en el presente caso en aplicación del artículo 412 del Código Procesal Civil,
corresponde pagar las costas y costos del proceso a la parte vencida.
IV.- CONCLUSIONES.
• Se ha determinado que si existe vinculo laboral.
• Se ha determinado que le corresponde el pago al demandante de reintegros de
Gratificaciones, vacaciones y cese de la actividad pesquera desde enero 2002 a
diciembre del 2009.
• Se ha determinado que al demandante si le corresponde el pago de intereses legales
con costas y costos del proceso.
Por lo que, estando a los fundamentos expuestos, de conformidad con las disposiciones
legales citadas, con criterio razonado, y administrando justicia a Nombre del Pueblo
Peruano:
V. FALLO:
Declarar FUNDADA la demanda presentada por TEODORO CARI CALLATA
apoderado de DONATO CHANA CUSI, en contra de la EMPRESA PESQUERA
CECILIA PAOLA SRL y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS SA,
sobre Reintegro de Beneficios sociales y ORDENO: Que las empresas demandadas,
pague al demandante de forma SOLIDARIA la suma de CUARENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE Y 63/100 NUEVOS SOLES (S/.
44,417.63), por los siguientes conceptos por 1) Por concepto de reintegro de
Gratificaciones la suma de veintidós mil doscientos ocho y 82/100 nuevos soles (S/.
22,208.82); 2) Por concepto de reintegro de Vacaciones la suma de once mil ciento
cuatro y 41/100 nuevos soles (S/. 11,104.41) y 3) por concepto de reintegro de Cese en
la Actividad Pesquera la suma de once mil ciento cuatro y 41/100 nuevos soles (S/.
11,104.41), más intereses legales que serán calculados en ejecución de sentencia, con
costas y costos del proceso. Y por esta mi sentencia, así lo pronuncio, mando y firmo en
la Sala de mi Despacho. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- |
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SALA MIXTA DESCENTRALIZADA DE ILO
SALA MIXTA - Sub Sede Juzgado Ilo
EXPEDIENTE : 00190-2013-80-2802-JM-LA-01
MATERIA : Pago de Remuneraciones
RELATORA : Hazzel Coraly Urquiaga Avalos
DEMANDANTE : Chana Cusi Donato
DEMANDADO : Ger Export S.A. y otras
Resolución : Nro. 02
AUTO DE VISTA
Ilo, cinco de setiembre
De dos mil veintidós. –
I.- PARTE EXPOSITIVA:
VISTO: El recurso de apelación interpuesto por la empresa Ger Export S.A., representada
por su apoderado Juan Carlos Paretto Flores, del 05 de julio de 2022 (fs. 964/9761); en
contra de la Resolución número setenta, del 30 de junio del 2022 (fs. 959/961), contenido
en el CD que obra a folios uno de este cuaderno de apelación.
Resolución Impugnada: La resolución número setenta resuelve declarar Fundado el
pedido del demandante; En Consecuencia, se integra al proceso a Ger Export S.A., como
sucesor procesal de la Empresa Pesquera Cecilia Paola SRL, quién será reemplazada por
Ger Export S.A.
El recurso de apelación fue concedido mediante resolución número setenta y dos, del 13
de julio del 2022 (fs. 984/985).
AGRAVIOS:
En cuanto al recurso de apelación en contra del auto (resolución número setenta): El
sustento del recurso es el siguiente:
1 La numeración corresponde al expediente principal, puesto que el cuaderno de apelación no contiene numeración propia. PODER JUDICIAL DEL PERU
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a) La empresa Pesquera Cecilia Paola SRL no se ha extinguido o vendido sus derechos a
alguna persona, así como no se ha indicado la causal por la que se pretende la
sucesión procesal.
b) No se ha sustentado en la resolución materia de apelación, el motivo de la sucesión
procesal;
c) GER EXPORT S.A. nunca fue citada al proceso, solo fue emplazada con el pago
concluido el proceso;
d) Debido a la falta de notificación se han visto impedidos de poder participar de las
diligencias actuadas en el expediente primigenio y de interponer los recursos
impugnatorios correspondientes;
II.- PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO: Competencia de la Sala Superior. - El artículo 370° del Código Procesal Civil,
de aplicación supletoria al caso de autos, establece: “El juez superior no puede modificar
la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya
apelado o se haya adherido o sea un menor de edad.” (Negrita y subrayado agregado). Es decir,
al resolver la apelación debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o
agravios señalados por la impugnante en su recurso, no puede modificar la resolución
impugnada en perjuicio del apelante.
SEGUNDO: Controversia. - Del auto recurrido y de los argumentos de apelación, la
controversia radica en determinar si corresponde incluir al proceso a la Empresa GER
EXPORT S.A. en calidad de sucesora procesal al amparo del artículo 108° inciso 2 del
CPC.
TERCERO: Razones Jurídicas.
2.1. La recurrente, empresa GER EXPORT S.A.; señala que la sucesión procesal, vale decir
la incorporación al proceso de una empresa en el lugar de otra empresa, se efectuará
solo en mérito a la fusión o liquidación de la empresa primigenia.
2.2. El artículo 108 del CPC, de aplicación supletoria al presente proceso, señala lo
siguiente: PODER JUDICIAL DEL PERU
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“Por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso,
al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido. Se
presenta la sucesión procesal cuando:
1. Fallecida una persona que sea parte en el proceso, es reemplazada por
su sucesor, salvo disposición legal en contrario;
2. Al extinguirse o fusionarse una persona jurídica, sus sucesores en el
derecho discutido comparecen y continúan el proceso.
2.3. De acuerdo con el artículo 108 del CPC, su inciso 2 es claro al exigir únicamente que
la empresa que deba ser incorporada al proceso como sucesora de otra, sea declarada
así en mérito a la extinción o fusión de la empresa primigenia; contrario sensu, no
podrá declarársele como sucesora procesal de aquella
2.4. Sin embargo, la Corte Suprema ha establecido lo siguiente en la Casación N° 110-
2013-Cusco:
6. Ahora bien, del examen de lo actuado en el proceso, se tiene que
mediante escrito obrante a fojas mil seiscientos sesenta y tres, el
demandante Martín Cristito Pinares Ochoa solicitó la intervención
litisconsorcial de la Empresa de Transportes Wari SAC, pues alega que
las empresas demandadas Expreso Wari SAC transfirió la totalidad de su
patrimonio mediante la “Escritura Pública de Aumento de Capital,
Escisión, Reducción de Capital y Modificación Parcial de Estatutos”, de
fecha dieciséis de setiembre de dos mil seis, obrante en copia a fojas mil
quinientos ochenta y cuatro, a favor de la Empresa de Transportes Wari
SAC con el fin de perjudicar al demandante para que no pueda cobrar su
acreencia.
7. En efecto, tal como se aprecia de la Escritura Pública de fecha dieciséis
de septiembre de dos mil seis, obrante en copia a fojas mil quinientos
ochenta y cuatro, las empresas demandadas Expreso Wari SAC escindió
un bloque patrimonial, en la suma de setecientos setenta y seis mil
novecientos cinco nuevos soles para aportarlo a la empresa de Transporte
Wari SAC y reducir su capital en la suma de veinticinco mil quinientos
cincuenta y uno nuevos soles; en tal sentido, se tiene que la recurrente
Transporte Wari SAC aumentó su capital social de nueve mil soles a
setecientos ochenta y cinco mil novecientos cinco nuevos soles, y en
virtud de ello, la obligada en este proceso disminuyó su capital. PODER JUDICIAL DEL PERU
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8. En tal sentido, debe destacarse si bien es cierto que el demandante
Martín Cristito Pinares Ochoa solicitó la figura de la intervención
litisconsorcial regulada en el artículo 98° del Código Procesal Civil; sin
embargo, en aplicación del aforismo latino “Iura novit curia”, el juez ha
aplicado correctamente el derecho que corresponde al caso al declarar
sucesora procesal a la empresa Transporte Wari SAC, figura prevista en
el artículo 108, inciso 2, del Código Procesal Civil, a fin de asegurar la
efectividad de la sentencia dictada en este proceso, pues como se advierte
de la Escritura Pública antes citada, la demandada Expreso Wari SAC
redujo ostensiblemente el monto de su patrimonio activo, por lo tanto, no
se ha afectado el derecho al debido proceso.” [Subrayado nuestro.]
2.5. Así, pues, se tiene la interpretación que a nivel jurisprudencial ha sentado la suprema
instancia del país, dejando claro que es posible considerar la escisión patrimonial que
haga una empresa con relación a otra, a efectos de considerar a la empresa
beneficiaria como sucesora procesal; esto es, que no solo basta el supuesto de
extinción o fusión de empresas, sino también ha de considerarse la escisión como un
supuesto más para la declaración de sucesión procesal.
CUARTO: El caso concreto.
4.1 Mediante Escritura Pública de fecha 30 de diciembre del 2010, de escisión por
segregación, aumento de capital y modificación parcial de estatuto, entre otras; la
Sociedad Pesquera Cecilia Paola S.A. segregó un bloque patrimonial valorizado
contablemente en S/ 4´718,011.00, a favor de Copersa S.A.
4.2 Fs. 906/907, se señaló expresamente que a partir del 01 de noviembre del 2010
Copersa S.A., empresa absorbente de los bloques patrimoniales, era titular de los
activos, acreencias, pasivos y derechos comprendidos en los mismos, hechos
ratificados en Junta Universal de fecha 18 de marzo del 2012. Habiendo Copersa S.A.
incrementado su capital en la suma de S/ 10´294,147.00, el cual, sumado a su capital
ya existente de S/ 1,000.00, se eleva a un total de S/ 10´295,147.00.
4.3 En síntesis, la demandada pesquera Cecilia Paola SRL escindió un bloque
patrimonial, en la suma de S/ 4´718,011.00 (cuatro millones setecientos dieciocho mil
once con 00/100 soles) para aportarlo a la empresa pesquera Copersa S.A., y de ese
modo, reducir su capital. PODER JUDICIAL DEL PERU
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4.4 En tal sentido, se tiene que la recurrente Copersa SRL aumentó su capital social de
S/1,000.00 (mil soles) y en virtud a ello, la demandada obligada disminuyó su capital,
capital social escindido que debía servir para cumplir con el pago de reintegro de
remuneraciones y otros del demandante.
4.5 Por tanto, Copersa S.A., al recibir el bloque patrimonial de la empresa pesquera
Cecilia Paola SRL la reemplazó como titular pasivo del derecho del demandante.
4.6 Mediante Escritura Pública de fecha 16 de junio del 2016, de escisión por segregación,
aumento de capital y modificación parcial de estatuto, entre otras; Copersa S.A. y Ger
Export S.A. segregó un bloque patrimonial valorizado contablemente en
S/10´155,172.00, a favor de Ger Export S.A.
4.7 Fs. 295, se señaló expresamente que a partir del 01 de abril del 2016 Ger Export S.A.,
empresa absorbente de los bloques patrimoniales, era titular de los activos,
acreencias, pasivos y derechos comprendidos en los mismos, hechos ratificados.
Habiendo Ger Export S.A. incrementado su capital en la suma de S/ 10´155,172.00, el
cual, sumado a su capital ya existente de S/ 1,000.00, se eleva a un total de
S/10´156,172.00.
4.8 En síntesis, la empresa Copersa S.A. escindió un bloque patrimonial, en la suma de
S/ 10´155,172.00 (diez millones ciento cincuenta y cinco mil ciento setenta y dos con
00/100 soles) para aportarlo a la empresa Ger Export S.A., y de ese modo, reducir su
capital.
4.9 En tal sentido, se tiene que la recurrente Ger Export S.A. aumentó su capital social de
S/ 1,000.00 (mil soles) y en virtud a ello, la empresa Copersa S.A. disminuyó su
capital, capital social escindido que debía servir para cumplir con el pago de reintegro
de remuneraciones y otros del demandante.
4.10 Por tanto, Ger Export S.A., al recibir el bloque patrimonial de la empresa Copersa
S.A. y esta a su vez de la empresa pesquera Cecilia Paola S.A., la reemplazó como
titular pasivo del derecho del demandante, debiendo por tanto ocupar su lugar PODER JUDICIAL DEL PERU
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como sucesor procesal.
QUINTO: Precisión sobre modificación de criterio.
5.1 En los expedientes N° 00047-2012-53-2802-JM-LA-01 y N° 00375-2008-35-2802-JM-LA-
01, esta Sala Superior estableció que, si bien se habían segregado bloques
patrimoniales, ésta se había efectuado de manera parcial, conforme a lo previsto por
el artículo 367.2 de la Ley General de Sociedades, por lo que no se había producido la
liquidación de empresas.
5.2 Las normas aplicables son:
- La Constitución establece que “En la relación laboral se respetan los siguientes
principios: (…) 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable
sobre el sentido de una norma.” [Art. 26.3].
- La NLPT establece: “En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las
normas del Código Procesal Civil. [Primera Disposición Complementaria].
- Los jueces laborales “Interpretan y aplican toda norma jurídica, (…), según los
principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes vinculantes del
Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema de
Justicia de la República.” [Art. IV del TP].
5.3 Previamente se advierte que estamos ante un caso laboral, pues la sentencia firme
reconoció un crédito laboral a favor del demandante, siendo el estado del presente
proceso la ejecución de lo decidido como manifestación de su derecho a la tutela
judicial efectiva [Art. 139.3]. Por tanto, las reglas de hermenéutica aplicables son
particulares, en especial la aplicación del principio pro operario recogido en nuestra
Constitución [Art. 26.3].
5.4 En este caso, la norma propuesta por el apelante para amparar su pedido es la
contenida en el artículo 108.2 del CPC. Se debe tener en cuenta que el ámbito jurídico
procesal laboral ha sido ampliado expresamente por la Primera Disposición
Complementaria de la NLPT, claro está, “En lo no previsto”. La institución de la
sucesión procesal no está prevista en la NLPT, por lo que, las normas del CPC que la
regulan suplen lo no previsto. PODER JUDICIAL DEL PERU
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5.5 Consideramos que las normas jurídicas que integran el marco jurídico supletorio,
también deben ser interpretadas teniendo en cuenta los principios constitucionales
laborales, en este caso, bajo el principio del in dubio pro operario.
5.6 Ahora bien, el artículo 108.2 del CPC establece: “(…). Por la sucesión procesal un
sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular activo o
pasivo del derecho discutido. Se presenta la sucesión procesal cuando: (…) 2. Al
extinguirse o fusionarse una persona jurídica, sus sucesores en el derecho discutido
comparecen y continúan el proceso;”
5.7 Nosotros –modificando nuestro criterio- consideramos que la escisión está
comprendida dentro del supuesto de la norma procesal que regula la sucesión
procesal, además de lo señalado por la Corte Suprema en la Casación N° 110-2013-
Cusco, por lo siguiente:
a) La nota característica de la sucesión procesal es que se produzca un reemplazo de
titular –activo o pasivo- en el derecho discutido. La norma –en el inciso 2-
menciona dos supuestos de reemplazo de titular del derecho discutido: (i) la
extinción de la persona jurídica o (ii) la fusión de la persona jurídica. Su finalidad,
ciertamente, es que la solución del conflicto de intereses no se interrumpa
indefinidamente cuando en el curso del proceso se produzcan reemplazos de
titular en el derecho discutido. La solución –sucesión procesal- es que el nuevo
titular –reemplazante- ocupe el lugar del anterior –reemplazado-, continuando el
proceso en salvaguarda del derecho a la tutela procesal efectiva y se cumpla su
finalidad concreta y abstracta.
b) La fusión es una institución jurídica –no la única- en la que se produce reemplazo
de titular. El bloque patrimonial, pasa de un titular –sociedad absorbida- a otro –
sociedad absorbente. La LGS señala:
“La sociedad absorbente asume, a título universal, y en bloque, los
patrimonios de las absorbidas.” PODER JUDICIAL DEL PERU
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c) La escisión es una institución jurídica –tampoco la única- en la que también se
produce reemplazo de titular. Los bloques patrimoniales, pasan de un titular –
sociedad escindida- a otro –sociedad absorbente o beneficiaria-. La LGS señala:
“Por la escisión una sociedad fracciona su patrimonio en dos o
más bloques para transferirlos íntegramente a otras sociedades o
para conservar uno de ellos, (…). Puede adoptar alguna de las
siguientes formas: (…) 2. La segregación de uno o más bloques
patrimoniales de una sociedad que no se extingue y que los
transfiere a una o más sociedades nuevas, o son absorbidos por
sociedades existentes o ambas cosas a la vez. (…)” [Art. 367.2].
“Para los efectos de este Título, se entiende por bloque
patrimonial: (…) 2. El conjunto de uno o más activos y uno o más
pasivos de la sociedad escindida; y,” [Art. 369.2]
d) Por tanto, aplicando los métodos de interpretación teleológica y sistemática por
comparación con las normas de la LGS que regulan la fusión y escisión, ésta
última, estaría comprendida dentro de los supuestos de reemplazo de titular del
derecho discutido previstos en el artículo 108.2 del CPC.
III.- PARTE RESOLUTIVA:
Fundamentos por los que, administrando justicia a nombre de la Nación.
SE RESUELVE:
CONFIRMAR la Resolución setenta del 30 de junio de 2022 que resuelve declarar
FUNDADO el pedido del demandante; En Consecuencia, se integra al proceso a Ger
Export S.A., como sucesor procesal de la Empresa Pesquera Cecilia Paola SRL, quién será
reemplazada por Ger Export S.A. Con lo demás que contiene. Intervino como ponente la
señora magistrada Ruth Daysi Cohaila Quispe. Con el voto dejado firmado por el magistrado
Máximo Jesús Loo Segovia, al amparo de lo establecido por el artículo 149 del T.U.O. de la L.O.P.J.
debiendo adjuntarse copia certificada del mismo a la presente. Regístrese y Comuníquese.
S.S.
COHAILA QUISPE
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ |
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EXPEDIENTE : 00190-2013-80-2802-JM-LA-01
MATERIA : Pago de Remuneraciones
RELATORA : Hazzel Coraly Urquiaga Avalos
DEMANDADO : Ger Export S.A.
Procesadora de Productos Marinos S.A.
Pesquera Cecilia Paola S.R.L.
DEMANDANTE : Chana Cusi, Donato
RESOLUCIÓN : Nro. 01
Ilo, diecisiete de agosto
De dos mil veintidós. –
VISTOS: Los actuados y el informe de abstención que antecede emitido por el Magistrado
Adolfo Eduardo Cornejo Polanco, y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO. - El numeral 5 del artículo 305° del Código Procesal Civil, sobre las causales de
impedimento, señala: “Ha conocido el proceso en otra instancia, salvo que haya realizado
únicamente actos de mero trámite; (…)”.
SEGUNDO. - El señor Juez Superior Adolfo Eduardo Cornejo Polanco, manifiesta en su
respectivo informe que se abstiene de intervenir en este proceso, por cuanto ha conocido en
primera instancia el proceso principal, del cual deriva el presente cuaderno.
TERCERO. - El impedimento es un hecho legalmente previsto, por el cual el juez está
imposibilitado para conocer de un proceso judicial, en ese sentido, si un juez está sometido bajo
cualquier causal descrita en el artículo 305° del Código Procesal Civil, está obligado a declarase
impedido tan pronto advierta la existencia de ella; en consecuencia, debe declararse fundada la
abstención formulada.
Por tales consideraciones;
RESOLVIERON:
PRIMERO. - Declarar FUNDADA la abstención formulada por el señor Juez Superior Adolfo
Eduardo Cornejo Polanco; en consecuencia, estando a lo dispuesto mediante Resolución PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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Administrativa N° 000197-2022-P-CSJMO-PJ, de fecha doce de mayo de dos mil veintidós, se
avoca al conocimiento de la presente causa al Magistrado Fredy Fernández Sánchez, Juez
Superior de la Sala Mixta de Mariscal Nieto – Moquegua.
SEGUNDO. – Tener por recibido el cuaderno de apelación de auto que antecede, concedido sin
efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, y siendo su estado procesal, pónganse los autos a
Despacho para resolver. Regístrese y Comuníquese. –
S.S.
LOO SEGOVIA
COHAILA QUISPE
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
_______________
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por los señores Jueces Superiores y la Secretaria de Sala, conforme a la
Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales. |
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MATERIA : Pago de Remuneraciones
RELATORA : Hazzel Coraly Urquiaga Avalos
DEMANDANTE : Chana Cusi, Donato
DEMANDADO : GER Export S.A.
Resolución : Nro. 02
AUTO DE VISTA
Ilo, dieciocho de octubre
De dos mil veintidós. -
ASUNTO
Se trata del recurso de apelación presentado por el apoderado de la empresa Ger
Export SA en contra de la Resolución N° 73 de fecha 22 de julio de 2022 (f. 991) que
resolvió REQUERIR a la sucesora procesal Ger Export S.A. para que, dentro del
plazo de cinco días cumpla con pagar la suma de S/ 14,340.51, por concepto de
intereses legales laborales, a favor del demandante Donato Chana Cusi, ordenados
mediante resolución N° 54-2019, de fecha 22/05/2019, bajo apercibimiento de dar
inicio a la ejecución forzada, debiendo notificarse la presente resolución, además de
la casilla electrónica, en el domicilio real de Ger Export SA.
ANTECEDENTES
Con la Resolución N° 70 (fs. 959/961), el Juzgado declaró fundado el pedido del
demandante, en consecuencia, integró al proceso a Ger Export S.A. como sucesor
procesal de la empresa Pesquera Cecilia Paola SRL, quien sería reemplazada por
Ger Export S.A., debiendo continuarse conforme a su estado con las demás
demandadas y Ger Export S.A.; dicha decisión fue apelada por el apoderado de Ger
Export S.A. (fs. 964/976, subsanado fs. 980/983), concediéndose la apelación sin
efecto suspensivo (fs. 984/985). Posteriormente, el apoderado del demandante
solicitó al Juzgado que requiera a la empresa Ger Export S.A. que cumpla con pagar
al actor la suma de S/ 14,340.51, lo cual fue atendido con la Resolución N° 73 (f.
991), la cual es objeto de examen. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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AGRAVIOS: La demandada denunció los vicios y errores siguientes:
a) Ha recurrido el auto de vista por vía del recurso de casación (reservándose el
derecho de otras vías procesales), lo que es reconocido en la propia resolución,
por lo que el requerimiento es una clara vulneración del debido proceso.
b) La Corte Suprema ha determinado en forma clara que PROMASA no es PEEA
y, por tanto, si no hay obligado principal, no puede haber pago solidario.
c) Sobre el pago solidario por vinculación, ¿dónde está contenida dicha figura
jurídica en la ley laboral? ¿cuál es la norma legal en la que se fundamenta ese
pedido donde pueda incorporarse a una empresa tercera en ejecución de
sentencia solamente para pagar? Simplemente, no existe la respuesta.
d) El pedido de la parte demandante es que se incorpore a los emplazados en su
condición de vinculadas, sin indicar qué acción o transferencia se ha hecho con
la intención dolosa de perjudicar los derechos del demandante, obviamente si
no ha indicado la acción fraudulenta, mucho menos ha probado el fraude
procesal por parte de los emplazados.
e) Es importante definir el tipo de fraude porque también se define los medios
probatorios necesarios para acreditarlo, pero en este caso, no hay ninguna
operación observada y menos medios probatorios presentados.
f) La escisión se publica en el periódico y cualquier persona tiene un plazo de 30
días para oponerse, situación que nunca se dio y que ahora la demandada (sic)
no puede pretender que esta operación sea declarada fraudulenta y, por ende,
sin un proceso previo se proceda a la incorporación de los emplazados.
g) Ger Export nunca fue citada al proceso, solo se le emplazó para el pago, una
vez concluido el proceso, como sucesora procesal.
h) La indefensión por falta de notificación es considerada como el caso más claro
de vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y tutela
jurisdiccional efectiva.
FUNDAMENTOS
I. Finalidad de la apelación
1. Conforme a lo previsto en el artículo 364 del Código Procesal Civil, de
aplicación supletoria, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano
jurisdiccional superior, examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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resolución que le produce agravio con el propósito que sea anulada o revocada
total o parcialmente.
2. Asimismo, este Tribunal Superior, al resolver la apelación debe pronunciarse
solamente sobre aquellas pretensiones o agravios señalados por el impugnante
en su recurso; siendo que, además, conforme a lo dispuesto en el artículo 370
del Código adjetivo anotado, no puede modificar la resolución impugnada en
perjuicio del apelante.
3. Pero, además, hay que tener en cuenta que la Sala Superior también está
facultada para evaluar el recurso y su concesión, al punto que puede, incluso,
declarar la nulidad del concesorio, cuando advierta que no cumplieron con las
exigencias legales para ese fin.
II. Marco jurídico
4. El Código Procesal Civil, establece:
Artículo 366.- Fundamentación del agravio. -
El que interpone la apelación debe fundamentarla, indicando el error de
hecho o de derecho incurrido en la resolución, precisando la
naturaleza del agravio y sustentando su pretensión
impugnatoria.” [Negrita y subrayado agrega]
“Artículo 367.- Admisibilidad e improcedencia. -
(…)
El superior también puede declarar inadmisible o improcedente la
apelación, si advierte que no se han cumplido los requisitos para
su concesión. En este caso, además, declarará nulo el concesorio.”
[Énfasis y subrayado nuestro.]
5. Comentando el artículo 366 del CPC, la profesora Marianella Ledesma ha
precisado en forma puntual que: “La fundamentación del agravio es importante
porque limita los poderes del Juez Superior; fija el objeto de la alzada y por
exclusión lo que no es objeto de impugnación adquiere autoridad de cosa
juzgada. La expresión de agravios es la pretensión de la segunda instancia. Esta
solo se abre por iniciativa de la parte que interpone el recurso y dentro de los PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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límites de su pedido, todo ello como expresión del principio dispositivo que
inspira al proceso civil.”1
6. La citada autora, al comentar el artículo 367 del CPC (último párrafo), expresó
que “el superior puede declarar inadmisible o improcedente la apelación. Este
control previo de admisibilidad tiene como objetivo deslindar la procedencia o
no del recurso, verificando si se han cumplido los requisitos, principalmente de
forma, exigidos por la legislación a ese efecto. El concesorio del medio
impugnatorio puede ser revisado por el órgano ad quem, a quien se le asigna el
poder definitivo de pronunciarse sobre el punto”2.
7. Como puede apreciarse, el recurso de apelación debe contener ciertos requisitos
en cuya virtud la Sala Superior puede pronunciarse y ellos deben girar en torno
a la resolución materia de apelación, pues precisamente su interposición
obedece a la disconformidad del apelante frente a la resolución expedida,
contra la cual ejerce su derecho de impugnación y accede a la segunda
instancia.
8. Es pertinente indicar que en la Casación N° 1000-2014-Lima, de fecha
20/04/2015, la Corte Suprema señaló lo siguiente:
“Sexto. [P]ara los fines del pronunciamiento sobre los agravios
puntualizados en un recurso de apelación, el respeto al principio de la
congruencia procesal se encuentra concatenado con la atención a un
denominado tantum devolutum quantum apellatum, lo cual implica que
“el alcance de la impugnación de la resolución recurrida determinará los
poderes del órgano ad quem para resolver de forma congruente la materia
objeto del recurso” […] de manera que el Colegiado revisor deberá
resolver en función a los agravios, errores de hecho y derecho, así como el
sustento de la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente
en su escrito de apelación. En ese orden de ideas, es indispensable que
el recurso de apelación contenga una adecuada fundamentación
del agravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en
1 Ledesma Narváez, M. (2012). Comentarios al Código Procesal Civil. T. I. 4ta ed. Lima: Gaceta
Jurídica, p. 771.
2 Ledesma Narváez. Ob. Cit. T. I. p. 776. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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la resolución impugnada y precisando su naturaleza, de tal modo
que el agravio u ofensa fija el thema decidendum la pretensión de
la Sala de revisión, pues la idea del perjuicio debe entenderse como
base objetiva del recurso; por ende, los alcances de la impugnación de
la resolución recurrida determinarán los poderes de este órgano Colegiado
Superior para resolver de forma congruente la materia objeto del recurso.
(…)” [Negrita y subrayado agregados.]
III. Calificación del recurso de apelación en segunda instancia
9. En tenor de los agravios, por un lado, se refiere a la interposición de un recurso
de casación contra un auto de vista [agravio a)] y, por otro lado, alude a una
incorporación de la empresa recurrente a un proceso durante la ejecución de
sentencia, lo que implicaría una vulneración de su derecho de defensa, además
que el fraude entre empresas tiene que acreditarse según el tipo que sea
[agravios b), c), d), e), f), g) y h)].
10. Como bien señala el artículo 366 del CPC, que es aplicable supletoriamente a
este caso, el error de hecho o de derecho de la resolución apelada así como la
precisión de la naturaleza del agravio, van a permitir que el apelante exprese
oportunamente todo aquello que se habría analizado en forma defectuosa o
fuera de la ley en torno al caso sometido a la judicatura; empero, si ello no se
expresa debidamente en la apelación, la Sala Superior no tendría una
controversia propiamente dicha o, como señala la Corte Suprema, un thema
decidendum respecto del cual pueda pronunciarse, recordándose que todo
análisis de fondo que efectúa un Tribunal Superior se referirá a lo analizado por
el Juez a quo en la sentencia y/o auto materia de apelación.
11. Si se tiene en cuenta el marco jurídico invocado, se advertirá que el recurso de
apelación no contiene una expresión de agravios propiamente dicha, es decir,
una suma de alegaciones que cuestionen la resolución materia de apelación: la
Resolución N° 73 (auto); asimismo, no se aluden a errores de hecho o de
derecho que se vinculen directamente con el requerimiento de pago ordenado PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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en una sentencia que, de acuerdo a los actuados3 contenidos en el CD que obra
en el folio 02 de este cuaderno de apelación, ha adquirido la calidad de cosa
juzgada.
12. Esta Sala Superior no puede entrar al análisis de fondo ni tampoco puede
reemplazar a las partes en la formulación de sus alegatos ni mucho menos
suponer aquellos que hubieran querido expresar, pues ello contravendría el
debido proceso, principio que tiene amparo constitucional (Const., art. 139.3).
13. Se precisa que el derecho a recurrir o impugnar resoluciones ha quedado
plenamente satisfecho, pues es principio constitucional que las partes tengan
acceso a la segunda instancia o que exista pluralidad de instancias (Const., art.
139.6); empero, ello no implica que el órgano revisor se vea impedido de hacer
el control jurídico pertinente sobre la procedencia del recurso que ha merituado
la elevación de un proceso, tanto más si, como ocurre en este caso, la parte
recurrente ha vertido argumentos que no tienen ninguna vinculación con el
thema decidendum: el requerimiento de pago de los intereses legales conforme al
mandato contenido en la sentencia con autoridad de cosa juzgada (res iudicata).
14. Es preciso agregar que, inclusive, lo referido a la inclusión de Ger Export S.A. a
este proceso en calidad de sucesora procesal, es un asunto definido, pues la
Resolución N° 70 del 30/06/2022 que contiene dicha decisión, ha sido
confirmada por esta Sala Mixta mediante el Auto de Vista contenido en la
Resolución N° 02 del 07/09/2022, recaído en el incidente N° 00190-2013-80-
2802-JM-LA-014; todo lo cual se contrapondría a cualquier cuestionamiento
referido a la inclusión de Ger Export S.A. como sucesora procesal, pues de
hacerse, se contravendría el debido proceso (Const., art. 139.3).
3 El Juzgado expidió Sentencia contenida en la Resolución N° 11 del 30/06/2015 (fs. 352/360), declarando FUNDADA la demanda
interpuesta por Teodoro Cari Callata, apoderado de Donato Chana Cusi, en contra de la Empresa Pesquera Cecilia Paola SRL y PROMASA,
sobre reintegro de beneficios sociales, ordenando que las empresas demandadas paguen al demandante en forma solidaria la suma de S/
44,417.63 por los siguientes conceptos: 1) reintegro de gratificaciones por la suma de S/ 22,208.82, 2) reintegro de vacaciones por la suma
de S/ 11,104.41, y 3) reintegro de cese en la actividad pesquera en la suma de S/ 11,104.41, más intereses legales que serán calculados en
ejecución de sentencia, con costas y costos del proceso. Dicha sentencia fue confirmada mediante la Sentencia de Vista contenida en la
Resolución N° 16 del 10/12/2015 (fs. 411/415). Y quedó ejecutoriada con la resolución de fecha 26/05/2016, recaída en la Casación Laboral
N° 666-2016 Moquegua, expedida por la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema, al declarar
improcedente el recurso de casación interpuesto por la empresa PROMASA (fs. 433/436).
4 Consultado en el Sistema de Consultas de Expedientes Judiciales (Cortes Superiores de Justicia), en la web del Poder Judicial:
https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/detalleform.html, al que las partes tienen acceso. PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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15. En definitiva, someter dicho tipo de cuestionamiento a este Tribunal, no
resultaría congruente ni equivalente a las funciones jurisdiccionales que ejerce
esta Sala Mixta Descentralizada de Ilo, pues ello supondría analizar un extremo
sobre el cual no incide la resolución apelada, de modo que la pretensión
impugnatoria se torna insostenible.
IV. Conclusión
16. Por todo lo expuesto, esta Sala Superior expresa que el recurso de apelación
interpuesto por el demandante no resulta procedente ipso iure en los términos
en que ha sido planteado para el análisis de ley, conforme a lo expuesto supra.
En consecuencia, aplicando las facultades conferidas por el artículo 367, último
párrafo del CPC, este Tribunal debe declarar nulo el concesorio e improcedente
la apelación.
DECISIÓN DE LA SALA SUPERIOR
Fundamentos por los que este Tribunal RESUELVE:
DECLARAR NULO el concesorio de la apelación contenido en la Resolución N° 74
de fecha 02 de septiembre de 2022, en consecuencia, volviendo a calificar el recurso
impugnatorio, por las consideraciones expuestas, DECLARARON
IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la
empresa Ger Export S.A. en contra de la Resolución N° 73 de fecha 22 de julio de
2022 (f. 991). Intervino como ponente el señor magistrado Máximo Jesús Loo Segovia. Con
el voto dejado firmado por el magistrado Fredy Fernández Sánchez, al amparo de lo
establecido por el artículo 149 del T.U.O. de la L.O.P.J. debiendo agregarse copia certificada
del mismo a la presente. Regístrese y Comuníquese.
S.S.
LOO SEGOVIA
COHAILA QUISPE |
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SALA MIXTA - Sub Sede Juzgado Ilo
EXPEDIENTE : 00190-2013-87-2802-JM-LA-01
MATERIA : Pago de Remuneraciones
RELATORA : Hazzel Coraly Urquiaga Avalos
DEMANDADO : Ger Export S.A.
DEMANDANTE : Chana Cusi, Donato
RESOLUCIÓN : Nro. 01
Ilo, catorce de setiembre
De dos mil veintidós. –
VISTOS: El informe de abstención que antecede emitido por el Magistrado Adolfo Eduardo
Cornejo Polanco, y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO. - El numeral 5 del artículo 305° del Código Procesal Civil, sobre las causales de
impedimento, señala: “Ha conocido el proceso en otra instancia, salvo que haya realizado
únicamente actos de mero trámite; (…)”.
SEGUNDO. - El señor Juez Superior Adolfo Eduardo Cornejo Polanco, manifiesta en su
respectivo informe que se abstiene de intervenir en este proceso, por cuanto ha conocido en
primera instancia el proceso principal, del cual deriva el presente cuaderno.
TERCERO. - El impedimento es un hecho legalmente previsto, por el cual el juez está
imposibilitado para conocer de un proceso judicial, en ese sentido, si un juez está sometido bajo
cualquier causal descrita en el artículo 305° del Código Procesal Civil, está obligado a declarase
impedido tan pronto advierta la existencia de ella; en consecuencia, debe declararse fundada la
abstención formulada.
Por tales consideraciones;
RESOLVIERON:
PRIMERO. - Declarar FUNDADA la abstención formulada por el señor Juez Superior Adolfo
Eduardo Cornejo Polanco; en consecuencia, estando a lo dispuesto mediante Resolución
Administrativa N° 000197-2022-P-CSJMO-PJ, de fecha doce de mayo de dos mil veintidós, se PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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avoca al conocimiento de la presente causa la señora Jueza Superior Judith Maritza Alegre
Valdivia, Jueza Superior de la Sala Mixta de Mariscal Nieto – Moquegua.
SEGUNDO. – Tener por recibido el cuaderno de apelación de auto que antecede, concedido sin
efecto suspensivo y sin la calidad de diferida, y siendo su estado procesal, pónganse los autos a
Despacho para resolver. Regístrese y Comuníquese. – Asume competencia el señor Juez
Superior Fredy Fernández Sánchez, en mérito a la Resolución Administrativa N° 000425-2022-
P-CSJMO-PJ, de fecha 28 de agosto de 2022.
S.S.
ALEGRE VALDIVIA
COHAILA QUISPE
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
_______________
La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por los señores Jueces Superiores y la Secretaria de Sala, conforme a la
Ley N° 27269 - Ley de Firmas y Certificados Digitales. |
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EXPEDIENTE : 00195-2013-19-1101-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE HACER
JUEZ : JOSE J. HUAYLLANI MOLINA
ESPECIALISTA : DE LA CRUZ CASTRO, WILDER
DEMANDADO : EMPRESA CABLEBOX PERU EIRL,
DEMANDANTE : ELECTROCENTRO SOCIEDAD ANONIMA,
Resolución Nro. DOS
Huancavelica, dieciocho de abril
Del año dos mil dieciséis.-
AUTO DE VISTA
VISTOS: Puestos los autos a Despacho los autos para emitir la respectiva resolución de vista, y;
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, la presente viene en grado de apelación proveniente del Segundo Juzgado de Paz
Letrado de Huancavelica, en mérito al recurso impugnatorio interpuesto por Andreé Fernando Fernández
Rivera, en representación de Electrocentro S.A contra la resolución número veinticuatro de fecha ocho de
abril del dos mil quince, obrante a folios cuarenta y siete y siguientes de autos en la que se dispone la
paralización del retiro de cables y demás enseres de los postes de alumbrado público a los que refiere la
demanda, por parte de la Empresa Electrocentro Sociedad Anónima; y FACÚLTANDOSE a la Empresa
Cablebox Perú EIRL para el retiro de los cables y demás enseres de su pertenencia, bajo su cuenta,
costo y riesgo, CONCEDIÉNDOSE para tal fin el plazo de VEINTE DÍAS.
SEGUNDO.- Que, la entidad demandante al no estar conforme con lo resuelto por el A quo, formuló
recurso de apelación argumentando principalmente lo siguiente: Que, con la paralización de retiro de los
bienes de la empresa demandada, se les esta causando un enorme perjuicio moral y material, toda vez
que el personal que participará en el retiro de cables no es calificado ni especializada en electricidad, la
cual causará algún accidente grave y/o fatal, asimismo podría causar corte de fluido eléctrico, con
consecuencias económicas en detrimento del patrimonio de la entidad demandante, ya que los cables
están expuestos y con peligro para cualquier personal que se acerque sin la debida preparación y
capacitación, y sin los implementos de seguridad, teniendo en cuenta que algunos cables son de medidas
de tensión con 10KW.
TERCERO.- Asimismo, indica que la decisión del A quo no ha tenido en cuenta, que el personal que va
retirar los cables y equipos, tiene que ser personal capacitado en electricidad, como lo tiene Electrocentro
S.A, y que éste debe ser capacitado, contar con un seguro de salud y pensión, los cuales son muy
importantes en caso de accidentes y es muy probable que la empresa demandada pretenda desmontar
con personal no capacitado, con los equipos necesarios y sin seguros contra riesgos de accidente y
pensión, entre otros argumentos.
CUARTO.- Que, en la resolución cuestionada el A quo, no ha realizado mayor análisis para fundamentar
la decisión asumida; sin embargo al emitir su decisión se ha pronunciado respecto a las medidas de
seguridad que deberá prever para su ejecución, bajo su cuenta y riesgo de la empresa demandada,
asimismo realizó las precisiones necesarias para la realización de las coordinaciones a fin de evitar
accidente en terceros, en consecuencia de la decisión emitida por el A quo no se advierte ningún perjuicio
a la empresa demandante, pues los apercibimientos y disposiciones están resguardando los interés
económicos de la empresa demandante.
QUINTO.- Que, el Juez, tiene como armas para resolver un conflicto de intereses, toda la normatividad
nacional, y en algunos caso la internacional, así mismo la jurisprudencia, doctrina y demás instrumentos
jurídicos que le son útiles a fin de emitir un fallo lo más justo, y que están decisiones sean con
discrecionalidad, vale decir, actuar con libertad y prudencia, que implica moderación, discernimiento y
buen juicio. Discrecionalidad supone moverse en el terreno de lo razonable y es opuesta a la
arbitrariedad, es decir, a un proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado solo por la
voluntad o el capricho. Los jueces gozan de un margen discrecional para tomar sus decisiones, pero esa discrecionalidad o potestad de elegir una entre varias alternativas, o de decidir en base a la única
solución legítima al conflicto, no debe ser ejercida de manera arbitraria. La razonabilidad es el criterio
demarcatorio de la discrecionalidad frente a la arbitrariedad. Y como la motivación es el vehículo por el
cual el juez manifiesta la razonabilidad de su decisión, ella debe reflejar su raciocinio y la justificación del
resultado. El juez debe decidir dentro de los límites en los que puede motivar; no aquello sobre lo que no
puede dar razones.
SEXTO: En ese sentido, de su revisión se tiene que la A quo al declarar fundada ha dispuesto que la
Empresa Cable Box Perú A.I.R.L, retire los equipos, cables de circuito cerrado de televisión y demás
enceres de los 452 postes de baja y mediana tensión, es decir los equipos donde se encuentran estaban
de bajo y mediana tensión, por otro lado se debe tener en cuenta que estos equipos fueron colocados por
la entidad demandada, conforme se tiene así del contrato de uso celebrados por las partes en litis, es por
ello que mediante resolución número diecinueve de fecha once de noviembre del dos mil catorce, en
ejecución de sentencia se ha requerido a la empresa Cable Box Perú EIRL, el retiro de los equipos,
cables de los postes de mediana y baja tensión, en consecuencia ha quedado determinado la entidad que
se encargue del retiro, en consecuencia el A quo asumió en atención a la discrecionalidad que todo
Magistrado desarrolla al momento de emitir pronunciamiento; por lo que;
SE RESUELVE:
I CONFIRMAR en todos sus extremos la resolución número veinticuatro obrante a folios cuarenta
y siete y siguientes de autos en la cuál la Juez del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Huancavelica,
ORDENA la paralización del retiro de cables y demás enseres de los postes de alumbrado público por
parte de la Empresa Electrocentro Sociedad Anónima y FACULTANDO a la Empresa Cablebox Perú
EIRL a fin de que procesa a retirar los cables y demás enceres, bajo su cuenta y riesgo, y en lo demás
que contiene.
II CUMPLASE, con notificar y devuélvase el expediente a su Juzgado de origen.Tómese razón y
hágase saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO - SEDE JUZGADOS ILO
EXPEDIENTE : 00206-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : CORNEJO CHAVEZ YOHEL WUILVER
ESPECIALISTA : ANGELICA ORE ROJAS (JT-JPLL EJECUCION)
DEMANDADO : CFG INVESTMENT SAC ,
MEDITERRANEO FISH SAC ,
CONSORCIO VOLLMACHT SAC ,
NEGOCIOS ATENEA SAC ,
DEMANDANTE : JUAN BELTRAN MAGAN POR ISMAEL MAMANI MAMANI ,
Resolución Nro. 60
Ilo, veinte de diciembre
Del dos mil veintiuno.-
Se deja constancia que se resuelve el expediente, con vista del expediente en físico..
VISTOS: Los actuados, para resolver el pedido de costos y costas, y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Conforme lo establece el artículo 411 del Código Procesal Civil, son costos del proceso el
honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados
del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual. Asimismo, el artículo 414 del citado código, faculta
al Juez regular en resolución debidamente motivada la proporción que debe pagar cada sujeto procesal
atendiendo a la actividad procesal desplegada; por otro lado, el artículo 418 señala que para hacer
efectivo el cobro de los costos, el vencedor deberá acompañar el documento indubitable y de fecha cierta
que acredite su pago, así como los tributos que correspondan.
SEGUNDO: Conforme se aprecia de actuados, en el proceso se ha emitido la sentencia de primera
instancia declarando fundada la demanda, (fs.387 al 408) confirmada por el Superior en Grado (fs. 582 al
587) y casación (fs 639 al 649) y disponiendo el pago por el concepto de remuneraciones, la suma de S/
152,067,77 soles, más intereses, y costas y costos del proceso.
TERCERO: En ejecución de sentencia el demandante solicita el pago de costas del proceso en la suma
de 935.80 soles y Costos del proceso la suma de S/ 20,000.00; habiendo adjuntado el recibo por
honorarios correspondiente, así como suspensión de cuarta categoría realizada, la que fuera presentada
con su recurso que obra a fs. 771 al 773, liquidación que fue observada por la demandada CFG
INVESTMENT SAC, mediante recurso con registro 2690-2020, de fecha 16 de setiembre del 2020,
argumentando, que no está de acuerdo con el monto solicitado, que no adjuntado contrato de locación
alguna, ni pagos previos al abogado tampoco acredita pago de impuestos.
CUARTO: Que en cuanto a las costas, revisado los actuados digitalizados en el SIJ, el demandante ha
presentado recursos con sus respectivos derechos de notificación y aranceles cuando así lo exigía el
trámite, como para la medida cautelar, recursos que han impulsado el tramite del proceso, y su ejecución,
es más conforme dispone el articulo 410 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, dice: ” las costas están constituidas por las tasa judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio
judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso”. lo que ha ocurrido en el caso de autos;
en cuanto a los Costos, el demandante ha cumplido con presentar los requisitos de procedibilidad
dispuesto en el articulo 418 del Código acotado, en la que dice: “ para hacer efectivo el cobro de los
costos, el vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta que acredite su pago, así
como de los tributos que correspondan. Atendiendo a los documentos presentados el Juez aprobara el
monto”, en el caso de autos la demandante no ha cambiado de abogado siendo el mismo quien ha hecho
la defensa desde el inicio con la demanda a la fecha, por tanto la observaciones efectuadas por la
demandada devienen en infundadas.
QUINTO: Ahora, se procede a regular los costos de acuerdo a la actividad procesal desplegada; en
efecto, se aprecia de los antecedentes que obran en el SIJ, que el abogado Juan Manuel Beltran Magan,
ha iniciado su intervención presentando la demanda con fecha 4 de octubre del 2013; ha intervenido en la
audiencia de conciliación y juzgamiento, en primera Instancia y Segunda Instancia y en casación,
presentando demanda fs 90 al 109, absolución de excepción fs. 375 al 378, Téngase presente fs 495 al
496, recurso de casacion fs. 533 al 543, requerimiento fs. Solicita copias certificadas fs 671, absuelve
propuesta de pago fs. 678, solicitando medida de embargo fs. 689 al 691, endose de cupón fs. 697,
requerimiento fs. 653 704, hacer efectivo apercibimiento fs. 717 al 719, solicita endose y otro fs. 731 al
732, requerimiento fs 747, hacer efectivo apercibimiento fs 764 costos, 771 al 773, se tenga presente y
otros, fs. 779 y 780, escrito absuelve observación con registro 2869-2021 de fecha 25 de setiembre del
2020, escrito absolución traslado con registro No 2723-2020, absuelve traslado fs 840 y 841,
aprobación y requerimiento fs. 862, aprobación y requerimiento 498-2021 fs. 876 aclaración forma de
pago fs 883, hacer efectivo apercibimiento fs.901 precisa pedido de requerimiento fs 906 y 907, hacer
efectivo apercibimiento con registro 1490-2021, fs 926 y 927, calculo de intereses parciales registro
2107-2021 fs 952, reitero se efectué pericia registro 2713-2021 fs 961, y 970, resolver costos y costas
fs.977 resolver costas y costos fs 988, aprobación y requerimiento fs. 998, hacer efectivo apercibimiento
y otro 1005 y 1006, actos procesales que revisten cierta complejidad y merece que el juzgador se
pronuncie determinado el monto, considerando la autonomía de la voluntad y específicamente la libre
configuración de la libertad contractual que las partes pueden determinar libremente al momento de
convenir los honorarios, siempre que no contravenga norma legal de carácter imperativo, tal como lo
establece el artículo 1354 del Código Civil; además ha cumplido con acompañar documentos de
suspensión de pago de 4ta categoría; siendo así, este despacho considera que el monto solicitado por el
demandante es prudente y teniendo en cuenta que mediante sentencia se ha dispuesto el pago de la
suma de S/ 152,067.77 soles, y por concepto de intereses la suma de S/ 32,282.29 soles, que sumados
hacen un total de S/ 184,350.06 soles, y teniendo el tiempo en que se ha tramitado al haberse iniciado el
dado el tiempo transcurrido del 4 de octubre del 2013 a la fecha continua en ejecución, pues falta el
pago de costos y costas, por tanto, es razonable el monto solicitado, por costos en la suma de S/
20,000.00 soles, por lo que, este despacho procede fijar los costos en la suma indicada, más el 5 % para el Colegio de Abogados respectivo. Siendo así la observación formulada por la demandada, no tiene
fundamento legal, por lo que deviene en infundada.
SEXTO: Respecto a las costas del proceso, conforme lo establece el artículo 410 del Código Procesal
Civil, las costas del proceso están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órgano de
auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso; es decir se consideran sólo los
gastos realizados durante el proceso; ahora bien, revisado los antecedentes, se verifica en el SIJ, los
pagos efectuados por el demandante por concepto de cedulas de notificación que acompaña a cada
recurso y arancel judicial presentado con la demanda, por solicitud de copias certificadas, arancel por
medida cautelar, y los que corresponden al proceso, que acreditan los pagos los que hacen la suma de S/
935.80 soles, conforme también ha liquidado el demandante por tanto, deben ser aprobados; por estos
fundamentos, al amparo de las normas citadas:
SE RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA LA OBSERVACION, efectuada por la demanda CFG
INVESTMENT SAC..
SEGUNDO APROBAR LOS COSTOS del proceso en la suma de VEINTE MIL SOLES, más un 5% para
el Colegio de Abogados de Moquegua, que equivale a MIL SOLES, que sumados hacen en total la suma
de VEINTE UN MIL SOLES.
TERCERO: APROBAR LAS COSTAS en la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 80/100
SOLES. En consecuencia, CUMPLA, las demandadas CFG INVESTMENT SAC , MEDITERRANEO
FISH SAC , CONSORCIO VOLLMACHT SAC , NEGOCIOS ATENEA SAC, con pagar en forma
solidaria la suma total de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 86/100 SOLES, por
concepto de Costos y Costas, más el 5% correspondiente al Colegio de Abogado, en el plazo de cinco
días, bajo apercibimiento de ejecución forzada. REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.1
1 La presente resolución se encuentra firmada digitalmente por el señor Juez y Secretaria de la causa,
conforme a la Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales” |
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Secretario: FERNANDO LUIS LOPEZ MACHACA
Fecha: 16/03/2015 16:31:55
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO MIXTO - Ilo
EXPEDIENTE : 00206-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
JUEZ : ARTURO VALDIVIA ARANA
ESPECIALISTA : FERNANDO LUIS LOPEZ MACHACA
DEMANDADO : CFG INVESTMENT SAC ,
NEGOCIOS ATENEA SAC ,
MEDITERRANEO FISH SAC ,
CONSORCIO VOLLMACHT SAC ,
DEMANDANTE : JUAN BELTRAN MAGAN POR ISMAEL MAMANI
MAMANI.
RESOLUCIÓN N° 07-2015
Ilo, nueve de marzo de dos mil quince.-
A los escritos 666 y 668-2015: Por cumplido el mandato, adjuntando
el arancel judicial por apelación de sentencia: Y CONSIDERANDO: Primero:
Que, el medio impugnatorio cumple con los requisitos que establece el artículo
367 del Código Procesal Civil, al haber sido presentado dentro del plazo, ante el
Juez que la expidió y adjuntando el arancel judicial por apelación de sentencia.
Segundo: Que se ha cumplido con fundamentarlo, indicando el error de hecho y
de derecho, precisando la naturaleza del agravio y sustentando su pretensión
impugnatoria; por lo que estando a lo previsto en el artículo 32 de la Nueva Ley
Procesal del Trabajo N° 29497, en concordancia con los artículos 365 inciso 1 y
371 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso laboral
conforme a la primera disposición complementaria de la Nueva Ley Procesal del
Trabajo: SE RESUELVE: CONCEDER APELACIÓN CON EFECTO
SUSPENSIVO, a favor de la parte demandada EMPRESAS CFG
INVESTMENT S.A.C. Y CONSORCIO VOLLMACHT S.A.C., en contra de la
sentencia que declara fundada la demanda sobre reintegro de remuneraciones y
otros; DISPONGO: La elevación del expediente a la Superior Sala Mixta, con la
debida nota de atención. Tómese razón y hágase saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE MOQUEGUA
Juez: ARTURO VALDIVIA ARANA
Fecha: 16/01/2015 17:31:19
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO MIXTO – Ilo
EXPEDIENTE : 00206-2013-0-2802-JM-LA-01
MATERIA : PAGO DE REMUNERACIONES
ESPECIALISTA : FERNANDO LOPEZ MACHACA
DEMANDADO : CFG INVESTMENT SAC
CORTE SUPERIOR DE : NEGOCIOS ATENEA SAC ,
M SeO cQ reU taE rG ioU : A F ERNANDO LUIS : CONSORCIO VOLLMACHT SAC
LOPEZ MACHACA : MEDITERRANEO FISH SAC
Fecha: 16/01/2015 17:37:53
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDANTE : JUAN BELTRAN MAGAN APODERADO DE ISMAEL MAMANI MAMANI
D.Judicial: MOQUEGUA/ILO
FIRMA DIGITAL
RESOLUCIÓN N° 05
Ilo, nueve de enero del
Dos mil quince.
SENTENCIA
I.- ASUNTO:
1. Determinar si es procedente disponer que se le pague al demandante el concepto de reintegro
de remuneraciones del 22.40% por haber laborado para la empresa Mediterraneo Fish SAC
en el periodo 15 de enero al 10 de julio del 2003, del 21 de enero al 05 de febrero del 2006;
Negocios Atenea SAC en el periodo 16 al 23 de diciembre del 2007, del 09 al 23 de
diciembre del 2009 y en el año 2010 del1al12 de julio, del 01 al 16 de agosto, del 25 al 30
de noviembre (semanas 28, 29 y 49) y todo el 2011; para Negocios Atenea y Consorcio
Vollmach SAC hasta el 21 de diciembre del 2011; para CFG Investment SAC desde el 22 de
diciembre del 2011 hasta el 20 de abril del 2012 (fecha de su renuncia)
2. Determinar si es procedente el pago de Gratificaciones, Vacaciones y Compensación por
Tiempo de Servicios conforme a los periodos demandados.
3. Determinar el Pago solidario de las demandadas.
4. Determinar el pago de Intereses legales, incluyendo Costas y Costos del Proceso.
II.- ANTECEDENTES:
Actividad procesal del demandante: De folios 90 y sigueintes obra la demanda interpuesta por
Juan Manuel Beltran Magan apoderado de Ismael Mamani Mamani en contra de Mediterraneo Fisch
SAC, Negocios Atenea SAC, Consorcio Vollmacht SAC y CFG Investment SAC; solicitando como
pretensión principal el pago de Reintegro de Remuneraciones bajo el siguiente detalle empresa
Mediterraneo Fish SAC en el periodo 15 de enero al 10 de julio del 2003, del 21 de enero al 05 de
febrero del 2006; Negocios Atenea SAC en el periodo 16 al 23 de diciembre del 2007, del 09 al 23
de diciembre del 2009 y en el año 2010 del1al12 de julio, del 01 al 16 de agosto, del 25 al 30 de
noviembre (semanas 28, 29 y 49) y todo el 2011; para Negocios Atenea y Consorcio Vollmach SAC
hasta el 21 de diciembre del 2011; para CFG Investment SAC desde el 22 de diciembre del 2011
hasta el 20 de abril del 2012 (fecha de su renuncia). Como pretensión accesoria, solicita el Pago
Compensación por Tiempo de Servicios, Vacaciones y Gratificaciones del mismo periodo.
Manifiesta el demandante que ingresó a laborar en la embarcación pesquera HUACHO 10,
ingresando a laborar en enero del 2003, siendo la embarcación propiedad de la empresa Negocios
Atenea SAC, pero en razones sociales diferentes llamadas Mediterraneo Fisch SAC, Consorcio
Vollmacht SAC (propietarios la familia Liendo) y CFG Investment, firmando los contratos en forma
atrasada y con las boletas de pago donde no figuran la fecha de ingreso, desempeñándose en el cargo
de tripulante. Precisa que se encuentra en régimen especial por la naturaleza de la faena y la
peculiaridad de las relaciones con los armadores en los distintos puertos pesqueros, teniendo el recurrente la calidad de pescador anchovetero, ocupando el puesto de tripulante en la embarcación
Huacho 10, trabajando en la extracción de anchoveta, en una nave que ha sido trasferida a Pesca Perú
y adquirida por personas naturales y luego constituida en una PEEA-Pequeña Empresa de Extracción
de Anchoveta denominada PESQUERA MILAGROS SRL, laborando en las empresas antes
indicadas, en el mismo centro de trabajo embarcación pesquera HUACHO 10, siendo su
remuneración la de un monto fijo por tonelada métrica de pescado capturado, teniéndosele que
pagar la participación por tonelada métrica por pesca descargada del 22.40 % de la venta a la
fabricas harineras, remuneración que ha percibido pero que esta muy por debajo de este porcentaje
de lo que percibe la empresa; que al ser un régimen especial la labor que desempeña se regula a
través del D.S. 009-76-TR, estando vigente mediante Decreto Supremo 044-89-TR de 05 de octubre
de 1989, que recobra la vigencia del Decreto Supremo 009-76-TR, que el artículo 13 del Decreto
Supremo 009-76-TR establece que la remuneración, correspondiente a los pescadores por faena de
pesca, será una participación por tonelada métrica, del monto de dicha participación los primeros S/.
20 nuevos soles, corresponderán al patrón y el saldo se distribuirá a prorrata entre lo miembros de la
tripulación incluyendo al patrón, por ello la segunda disposición transitoria del D.S: 009-76-TR, fija
la participación por tonelada métrica de pesca descargada a la que se refiere el artículo 13 en S/.
280.00 que equivale al 22.40% del precio que el armador percibe por la venta de anchoveta en la
actualidad el sector privado. En punto manifiesta el demandante que el 12 de junio de 1995 se
suscribió el Convenio Colectivo entre los armadores y pescadores que establecía que la
contraprestación por tonelada métrica de pescado a la tripulación de cada embarcación debía ser el
22.40% establecido sobre el 10% de la cotización CAF del CF HAMBURGO, se convino también
que las fabricas conserveras a partir de esa fecha pagaran el 22.40% sobre el 8.50% del precio de
tonelada métrica de harina de pescado, según las cotizaciones del CAF, HAMBURGO, información
Reuter; luego el 30 de mayo de 1988 se suscribió el Acta Conciliatoria de Convenio Colectivo, que
resolvió el reclamo estableciendo que se mantenía el mismo sistema remunerativo, pero desapareció
la Comisión Mixta de 1985 y el precio de la harina de pescado fue fijada por convenios comerciales
entre la Corporación Nacional de Armadores Pesqueros, Pesca Perú y la Sociedad Nacional de
Pesquería, sin contar con la participación de los pescadores ni el Estado, por los que los Convenios
Colectivo de 1985 a 1988 no solo ratificaron el carácter de la remuneración establecida en el contrato
de trabajo pesquero, sino que mantuvieron el mismo monto nominal del 22.40% establecida el año
de 1976; que estos Convenios Colectivos, al no haberse ratificados caducaron; que al dictarse el
Decreto Legislativo N° 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada) los armadores
se acogieron a esta norma y modificaron la remuneración del pescador de porcentaje lo convirtieron
en un monto fijo perjudicando sus remuneraciones, no teniendo en cuenta que no estaba dirigido ni
se refería al sector pesquero, sino al régimen de la actividad privada regidos total o parcialmente por
pactos o cláusulas referidos a moneda extranjera, por lo tanto el régimen remunerativo de los
pescadores industriales, no se encuentran comprendidos dentro del alcance del Decreto Legislativo
N° 757; que la embarcación HUACHO 10 ha provenido de PESCA PERU y ha sido transferido al
sector privado bajo el amparo del Decreto Legislativo N° 21558 que debían constituirse como
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta (PEEA), venido a pescadores primero y luego
trasferido a CONSORCIO VOLLMACHT SAC cuya Gerente fue la Dra. Milagros Maria Liendo
Prado hasta el 22 de diciembre del 2011, que junto con la Empresa NEGOCIOS ATENEA SAC y
MEDITERRANEO FISCH SAC han sido de un solo propietario, los accionistas son los mismo y
bajo una sola dirección, se dedican a la misma actividad, por lo que las demandadas están obligadas
conjuntamente con la Empresa CFG Investment SAC solidariamente a pagar el reintegro de
remuneraciones solicitados, por haberse transferido la embarcación HUACHO 10, único bien de la Empresa sin haber pagado las remuneraciones de acuerdo a ley, las acciones persecutorias y el centro
de trabajo es el mismo y solamente se ha transferido la embarcación pesquera a la Empresa
CONSORCIO VOLLMATCH SAC mediante la figura jurídica de ESCISION contemplada en el
Artículo 367 de la Ley General de Sociedades, cuya propietaria de la nueva Empresa es la misma
accionista mayoritaria, de Negocios Atenea SAC y otras. Finalmente solicita el pago de Utilidades
del año 2006 al 2011 Se ampara en los Artículos 24 y 26 de la Constitución Política del Perú, la Ley
Nº 29497 Nueva Ley Procesal del Trabajo, Decreto Supremo N° 009-76-TR, Decreto Legislativo Nº
677, Decreto Supremo Nº 001-97-TR, Decreto Legislativo N° 713 y Decreto Supremo Nº 012-92-
TR.
Contestación a la demanda por parte de CONSORCIO VOLLMACHT SAC. A folios 308 la
empresa co demandada deduce la Excepción Oscuridad y Ambigüedad en el Modo de Proponer la
demanda y Incompetencia por razón de territorio. Asimismo cumple con contestar la demanda
contradiciéndola e indicando que la embarcación demandada no le es de aplicación el decreto
Supremo N° 009-76-TR, debido a que este regula el trabajador pesquero de anchoveta al servicio de
las pequeñas empresas de extracción de anchoveta del sector privado y no en otro tipo de empresa
privadas, siendo así señala que Consorcio Vollmacht SAC no es una PEEA ya que desde el inicio de
sus operaciones (2010) se constituyeron bajo una forma societaria de Sociedad Anónima Cerrada,
indicando que además nunca estuvo vinculada a Pesca Perú , toda vez que la Empresa comienza a
funcionar en el 2010 y la referida Empresa Pública fue disuelta en julio de 1976, demostrándose la
imposibilidad material de haber trabajado con PESCA PERU; Que el Decreto Ley Nª 21558 señaló
que para constituir una empresa como PEEA solo debería contar con embarcaciones de hasta 620
toneladas métricas de capacidad de bodega en conjunto y sus ingresos no podían exceder del límite
anual de 820 sueldos mínimos vitales (Decreto Ley 21435), el limite fue modificado por el Decreto
Legislativo Nº 301 (artículo 60) publicado el 26 de julio de 1984 y el limite quedó establecido en
ingresos brutos anuales que no excedan de 900 UIT´S, y principalmente tenia beneficios tributarios
especiales; que para que un trabajador pesquero tenga derecho a percibir el porcentaje del 22.40%
que señala el D.S. 009-76-TR debe cumplir con las condiciones establecidas en la Casación 1640-
2004-SANTA; asimismo señala que el demandante no ha realizado liquidación de montos
supuestamente adeudados, ni el motivo de la diferencia, limitándose a fijar sin sustento alguno cifras
anualizada. Respecto a la conservación de los derechos laborales, señala que un centro de trabajo,
como es un barco, no puede conservar derechos laborales de un determinado régimen laboral, de
manera que pueda ser endosado a cualquier trabajador que ingrese a faenar dentro de sus
instalaciones. Asimismo señala que el demandante ingreso a laborar cuando ya ni siquiera el
armador que operaba la embarcación Huacho 10, tenía calidad de PEEA, por que el empleador del
demandante nunca lo fue, en este caso, jamás el tripulante fue transferido como parte de la flota de
Pesca Perú y nunca recibido el porcentaje del 22.4% , por lo que los derechos adquiridos de un
trabajador, y peor aún, los derechos adquiridos para aquellos de origen no normativo; los que se
incorporan al contrato de trabajo, por el merito de la voluntad de las partes , la concesión unilateral
del empleador o la costumbre, por tanto el trabajador no puede llevar derechos adquiridos anteriores,
debido a que el ingreso cuando la empresa no era una PEEA y mucho menos adquirir derechos del
barco, en consecuencia señala que la despersonalización del empleador no es para proteger barcos o
cosas o para mantener como cadenas perpetua, un estatuto o régimen laboral.
Contestación a la demanda por parte de CFG INVESTMENT SAC . A folios 170 y siguientes
la empresa co demandada deduce la Excepción de Incompetencia por Razón de Territorio y Falta de
Legitimidad para Obrar de la demandada. Asimismo cumple con contestar la demanda señalando que no ha mantenido ninguna relación laboral con la demandada, señalando que de los medios de
prueba presentados en la demanda, no se acredita que su representada tuvo relación laboral activa
con el pretensor, por tanto, resulta que no sean responsables de cualquier derecho o beneficio
sociales que se reclama, en todo caso dicha obligación le corresponde a la empresa co demandada
Consorcio Vollmacht SAC con quien si mantuvo vinculo laboral directa con el accionante, señalando
que CFG Investment SAC cesa al demandante amparado en la entrada en vigencia y aplicación del
D. Leg 1084 y su reglamento que datan del año 2008, de los argumento y prueba de la demanda se
puede apreciar que se han cumplido con cada uno de los requisitos que exige el cuerpo legal antes
indicado y por ello el demandante debidamente informado acepto su renuncia voluntaria y fue
liquidado por su representada, por lo que solicita que la demanda interpuesta en su contra sea
declarada infundada.
Actividad procesal del Juzgado: A folios 110 y 111 se admite la demanda mediante resolución Nº
01, se dispone el traslado a las demandadas por el plazo de ley y se señalada fecha para la Audiencia
de Conciliación, a folios 343 y 347 obra el Acta de Conciliación. Asimismo con 08 de enero del
2015 se lleva a cabo la Audiencia de Juzgamiento, la que se acreditaron las partes asistentes, se
admitieron los medios de prueba, se actuaron las pruebas de las partes, se oralizaron los alegatos y se
dispuso diferir el fallo de la sentencia, la misma que se desarrolla en la presente.
III.- RAZONAMIENTO:
1. Finalidad concreta del proceso: Atendiendo que la finalidad concreta del proceso es resolver
las excepciones propuestas, así como el petitorio de la demanda, y conforme a lo determinado en
la audiencia juzgamiento, es necesario establecer si se ha acreditado y/o probado
indubitablemente en autos los puntos fijados en el rubro asunto de la presente. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, Ley 29497 “La carga
de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice:… 23.3.Corresponde al demandante la carga de la prueba respecto de la existencia
de la fuente normativa de los derechos alegados de orden distinto al constitucional o legal, y
23.4. Al demandado le concierne probar el pago, el cumplimiento de las normas legales, el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad y la existencia de
un motivo razonable”.
2. Respecto a la Excepciones y oposiciones propuestas por la co demandadas:
Conforme se aprecia de los escritos de contestación a la demanda las co demandada Consorcio
Vollmacht SAC deduce la Excepción de Oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la
demanda e incompetencia por razón de territorio; seguidamente la Empresa CFG Investment
SAC deduce las mismas excepciones.
Como se puede apreciar de la Audiencia de Juzgamiento, dichas excepciones no fueron
oralizadas por la inasistencia de las partes demandadas, razón por la cual el Juez de la causa, en
aplicación al principio de oralidad e inmediación, determina la no presentación de las
excepciones propuestas, debido a que no han sido sustentadas. Regla que también es aplicada a
las oposiciones propuestas.
3. Respecto a la Existencia del Vinculo Laboral con la Empresa CFG Investment SAC Conforme lo previsto por el artículo 23 de la Ley 29497 corresponde al demandante probar la
relación laboral entre las partes, por lo que en los recaudos presentados en la demanda, se aprecia
mediante el con trato de trabajo pesquero intermitente a Plazo indeterminado de folios 14 y
sgtes celebrado entre el demandante y la co demandada CFG Investment SAC que el
demandante ha laborado para la co demandada dentro del periodo 22 de diciembre del 2011 al 20
de abril del 2012 con lo que se concluye que si existió una relación laboral, al cual ha sido
probada por el actor. Trasladándose la carga de la prueba a la co demandadas la probanza del
cumplimiento de las obligaciones laborales al demandante.
4. Respecto a la Existencia del Vinculo Laboral con la Empresa Consorcio Vollmacht SAC
Conforme lo previsto por el artículo 23 de la Ley 29497 corresponde al demandante probar la
relación laboral entre las partes, por lo que en los recaudos presentados en la demanda, se aprecia
mediante las boletas de pago de folios 08, 09, 12, 13 que el demandante ha laborado para la co
demandada consorcio Vollmacht SAC dentro del periodo demandado en la embarcación Huacho
10, asimismo se verifica de las boletas que han sido emitidas por la co demandada en mención
conforme los sellos y rubrica que aparecen de las mismas, se determina que existió una relación
laboral, al cual ha sido probada por el actor. Trasladándose la carga de la prueba a la co
demandadas la probanza del cumplimiento de las obligaciones laborales al demandante.
5. Respecto a la Existencia del Vinculo Laboral con la Empresa Negocios Atenea SAC
Conforme lo previsto por el artículo 23 de la Ley 29497 corresponde al demandante probar la
relación laboral entre las partes, por lo que en los recaudos presentados en la demanda, se aprecia
de los record de Producción por beneficiario de folios 34 y siguientes que el demandante ha
laborado para la co demandada Negocios Atenea SAC en la embarcación Huacho 10, la cual era
propietaria Negocios Atenea SAC, determinándose que existió una relación laboral, al cual ha
sido probada por el actor. Trasladándose la carga de la prueba a la co demandada Negocios
Atenea SAC la probanza del cumplimiento de las obligaciones laborales al demandante.
6. Respecto a la Existencia del Vinculo Laboral con la Empresa Mediterráneo Fisch SAC
Conforme lo previsto por el artículo 23 de la Ley 29497 corresponde al demandante probar la
relación laboral entre las partes, por lo que conforme folios de las boletas de pago de folios 10 y
11 se aprecia que el actor laboro para la co demandada en el año 2006, hecho que también es
corroborado con lo señalado por la co demandada en su escrito de contestación a la demanda , lo
que permite concluir que existió una relación laboral, al cual ha sido probada por el actor.
Trasladándose la carga de la prueba a la co demandada Mediterraneo Mediterraneo Fish SAC la
probanza del cumplimiento de las obligaciones laborales al demandante.
7. Oportunidad de los Medios de Prueba.
Conforme el artículo 21 de la ley 29497, los medios probatorios ofrecidos por las partes deben
ser interpuestos en la demanda y contestación de la demanda, los mismos que bajo el principio de
ponderación, deben ser valorados por el juez al momento de sentenciar, no obstante de tener en
cuenta los principios rectores de esta nueva ley procesal laboral, no obstante, tal como están
expuestos los fundamentos de las partes en la demanda y las contestaciones no existe mayor
divergencia a no ser en la vigencia y ámbito de aplicación del D.S. N° 009-76-TR.
8. Determinar si la embarcación transferida a la demandada pertenecía inicialmente a la
Empresa Pesca Perú S.A, por lo tanto tiene la condición de Pequeña Empresa de
Extracción Anchovetera (PEEA). 8.1. A fin de determinar si la embarcación pesquera “Huacho 10” fue transferida por Pesca Perú,
por lo que en revisión de los antecedentes Registrales de la embarcación sub litis se aprecia
en la Partida N° 50000008 de folios 27 a 33 que la embarcación primigeniamente fue
denominada “Carabela Gris” fue adquirida vía expropiación inicialmente por la empresa
Pesca Perú (folios 28), dentro del marco de el decreto ley veinte mil quinientos cincuenta y
ocho por la suma de cuatro millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochenta y cinco
soles oro y cero centavos, seguidamente al reverso de folios 28 se aprecia que la
denominación de la embarcación fue cambiada a la de “Huacho Diez”, posteriormente fue
adquirida por don Eduardo Salazar Cornejo y don Alberto Liendo Pizarro (folios 29),
posteriormente la embarcación sub litis fue adquirida por la empresa Mediterráneo Fish
SAC para ser vendida a Negocios Atenea SAC conforme folios 32, a folios 33 se aprecia
que la embarcación sub litis (Huacho 10) ha sido adquirida por Consorcio Vollmacht SAC,
seguidamente al reverso del mismo folio se aprecia que la embarcación sub litis fue
adquirida por la Empresa CFG Investment SAC
8.2. Al estar probado que la embarcación pesquera fue transferida por Pesca Perú, ergo está
probado que dicha transferencia se efectuó al amparo del Decreto Ley 21558,
consecuentemente la embarcación pesquera “Huacho 10” que es el centro de trabajo [1],
tuvo la condición de Pequeña Empresa de Extracción Anchovetera (PEEA), siendo así,
tenemos que el D. Ley antes indicado dispuso la transferencia de las embarcaciones de
Pesca Perú a favor de dichas empresas, consecuentemente dicha adquisición inicialmente
por Pesca Perú (vía expropiación) y posterior transferencia y operación en la actividad de la
extracción de anchoveta, sólo era posible hacerlo bajo el ámbito de aplicación del Decreto
Ley N° 21558 con embarcaciones transferidas de Pesca Perú a terceros y previamente
constituidas en pequeñas empresas de extracción de anchoveta (caso de la demandada),
teniendo en cuenta que la embarcación en la cual ha laborado ha sido transferida por Pesca
Perú, lo cual le ha permitido dedicarse a la actividad pesquera [2].
8.3. Así mismo es de precisar que en autos no se ha probado de manera fehaciente que la
embarcación sub litis, se haya transformado dotándola con un mayor calado, con bodegas
de mayor capacidad, y con tecnología de punta que haya disminuido el esfuerzo laboral y
dejado de lado la experiencia de los pescadores anchoveteros.
8.4. Al respecto la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de
Justicia de la República ha establecido que si la embarcación fue de Pesca Perú y las
posteriores transferencias se efectuaron bajo el amparo del Decreto ley N° 21558 a
Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta – PEEAs, y si bien la demandada en la
1 Concepto de Centro de Trabajo: como el lugar o lugares donde se encuentran las instalaciones de la
empresa que le permite desarrollar su actividad empresarial, productiva y / o de servicios y donde el
trabajador presta sus servicio.
2 conforme al Decreto Ley 19999 publicado el ocho de mayo de mil novecientos setenta y tres, se
creó la Empresa Pública de Producción de Harina y Aceite de Pescado “Pesca Perú”, posteriormente
se promulgó el Decreto Ley N° 21558 publicado el veintiuno de julio de mil novecientos setenta y
seis que en su artículo segundo indica la transferencia de la flota de Pesca Perú y todo su sistema de
apoyo, a las Pequeñas Empresas del Sector Privado que formen los trabajadores a su servicio,
denominado Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta “PEEA” actualidad no ostenta esa condición la embarcación tiene su procedencia de éstas por
transferencia a título de compraventa de Pesca Perú [3]
9. Determinar si la empresa pesquera demandada, cumple con los requisitos exigidos por el
D. Leg. 301 [4], para ser considerada como una Pequeña Empresa de Extracción
Anchovetera (PEEA):
9.1. A fin de establecer si la demandada era una Pequeña Empresa de Extracción de Anchoveta –
PEEA, la Corte Suprema considero mediante sendas casatorias, entre ella la sentencia casatoria
N° 3349-2008 de fecha seis de Julio del año 2009, emitida por la Segunda Sala de Derecho
Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de la República, sosteniendo que el
Decreto ley 21558 (que inicialmente señalaba las condiciones que debía tener una empresa para
ser calificada como una PEEA), la misma ha sido derogada expresamente por el art. 65 del D.
Leg 301, por consiguiente las nuevas condiciones para ser considerada una PEEA son las
señaladas por el artículo 60 y 63 del citado decreto legislativo, siendo las siguientes
características:
9.1.1. Su objeto social involucre el desarrollo de actividades de extracción, acuicultura,
transformación y/o comercialización de de productos hidrobiológicos: Este hecho no
es un punto controvertido, pues las partes el litigio están de acuerdo que la demandada han
sido dueñas de la embarcación sub litis se dedica a actividades de extracción de anchoveta,
transformación y/o comercialización de dicho producto hidrobiológico.
9.1.2. Las pequeñas empresas pesqueras podrán desarrollar su actividad, bajo
cualquiera de las formas societarias contenidas en la Ley de Sociedades Mercantiles:
Este requisito es claramente un “numerus apertus”, pues no limita a las empresas
demandadas, que se encuentre constituida bajo determinada forma societaria (
TAL COMO SI LO
3 Auto Calificatorio del Recurso, Cas, Lab. N° 188-2012, Moquegua, Lima 19 de setiembre del 2012,
tercer considerando.
4 PARTE DEL D. LEG 301, DEL 30-07-1984, ARTS. 60 AL 65, RESPECTO A REQUISITOS
PARA SER CONSIDERADAS PEEAS:
Artículo 60.- Denomínase pequeña empresa pesquera a aquellas que desarrolla actividades de
extracción, acuicultura, transformación, y/o comercialización de productos hidrobiológicos, cuyos
ingresos brutos anuales no superen las 900 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
La pequeña empresa pesquera gozará de los beneficios contemplados en los Artículos 91 y
92 de la Ley Nº 23407.
Artículo 61.- Las pequeñas empresas pesqueras podrán desarrollar su actividad, bajo
cualquiera de las formas societarias contenidas en la Ley de Sociedades Mercantiles; asimismo
podrán organizarse como empresas unipersonales o empresas individuales de responsabilidad
limitada.
Artículo 62.- Dejan de ser consideradas pequeñas empresas pesqueras, aquellas que en tres
ejercicios consecutivos o cinco alternados, superen en más del veinte por ciento el límite señalado en
el Artículo 62.
Artículo 63.- La pequeña empresa pesquera se inscribirá en un Registro Especial que se
llevará en el Registro Especial que se llevará en el Registro General de Pesquería.
Artículo 64.- Para la participación económica de los trabajadores en las utilidades de las
Pequeñas Empresas Pesqueras se aplicará lo dispuesto en el Artículo 107 de la Ley Nº 23407, Ley
General de Industrias.
Artículo 65.- Derógase el Decreto Ley Nº 21558 y los Artículos 1, 2, 3 y 8 del Decreto Ley
Nº 22971 y las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en los Artículos 60 a 64 del
presente Decreto Legislativo. ), por tanto la forma societaria que ostenta y que indica en los
HACIA EL DEROGADO D. LEY 21558
escritos de contestación a la demanda, es perfectamente compatible con una PEEA.
9.1.3. Que se encuentre inscrita en un registro especial que se llevará en el registro
general de pesquería: Si bien en autos no se ha ordenado que la demandada pruebe no
encontrarse dentro de los alcances de una PEEA, y siendo que el Ministerio de la
Producción es el que se encuentra a cargo del sector pesquero (que a la fecha de la dación
del D. Leg . N° 301 no existía), es de tenerse en cuenta que el Juzgador con la experiencia
en otros procesos similares [5], actualmente el Ministerio de la Producción ha informado
que solo cuenta con un registro de permisos de pesca, no existiendo un registro especial de
PEEAs, por lo tanto se infiere válidamente que dicho registro no existe, consiguientemente
por una inadecuación no imputable a las partes en litigio lo dispuesto en el punto iii), del
art. 65 del D. Leg. N° 301 ha quedado desfasado como requisito válido, a fin de poder
establecer si una empresa pesquera y la embarcación de su propiedad constituyen una
PEEA.
9.1.4. Respecto a los otros dos requisitos restantes: “Que sus ingresos brutos anuales no
superen las novecientas unidades impositivas tributarias” y “Que será sancionando
con la pérdida de tal condición a aquellas empresas que en tres ejercicios
consecutivos o cinco alternados superen en más del 20% el límite de la 900 UIT”:
Consideramos que estos requisitos son exigidos para fines tributarios mas no para fines
laborales, ya que el derecho tributario y el derecho laboral se nutren de diversas fuentes
doctrinarias y legislativas [6], siendo que:
9.1.4.1. El D. Leg. 301, este se promulgo al amparo del Artículo 188 de la Constitución
Política del Perú de 1979, por Ley N° 23850 el Congreso de la República delegó en el
Poder Ejecutivo las facultades de dictar normas referidas a incentivos tributarios y
promociónales, razón por la cual mediante dicho dispositivo “Declaran de preferente
interés nacional la reactivación de todos los agentes productivos de la actividad
económica, sean estos de derecho privado, público o mixto, y en consecuencia,
dispóngase la prioritaria atención y resolución de todo trámite a cargo de las entidades
sectoriales correspondientes, bajo responsabilidad”.
9.1.4.2. Se precisa además en el segundo párrafo que “Las pequeñas empresas
pesqueras gozarán de los beneficios contemplados en los Artículos 91 y 92 de la Ley
N° 23407”; en el Artículo 64 se señala que: Para la participación económica de los
trabajadores en las utilidades de las Pequeñas Empresas Pesqueras se aplicará lo
dispuesto en el Artículo 307 de la Ley N° 23407, Ley General de Industrias, que en su
Artículo 91 de la Ley N° 23407, [derogado por el Artículo 24 de la Ley N° 24062
publicada el 11 de enero de 1985] se refiere a incentivos y exoneraciones
tributarias; y en el Artículo 92 de la citada Ley se indica que las pequeñas empresas
industriales tendrán acceso a líneas financieras y crediticias de la banca estatal de
fomento y de las entidades financieras del Estado con tasas selectivas para la
5 C. P. C. Presunción judicial.- Artículo 281.- El razonamiento lógico-crítico del Juez,
basado en reglas de experiencia o en sus conocimientos y a partir del presupuesto
debidamente acreditado en el proceso, contribuye a formar convicción respecto al hecho o
hechos investigados.
6 Pág Web consultadas, día 24JUN2013:
“http://cuestionesempresariales.blogspot.com/2012/09/tratamiento-laboral-y-tributario-de-las.html”
“http://blog.pucp.edu.pe/item/177211/diferencias-entre-el-criterio-laboral-y-tributario “ adquisición de activos fijos, para capital de trabajo y para gastos de inversión;
asimismo, el Artículo 107 de la Ley en mención, derogado por la Primera Disposición
Final y Transitoria del Decreto Legislativo N° 677, publicada el 07 de octubre de
1991, se refiere a la participación económica de los trabajadores de las pequeñas
empresas industriales en el 15% de la renta neta, antes de impuestos, en sustitución
del régimen de Comunidad Industrial y de participación patrimonial de trabajo.
9.1.4.3. Sin perjuicio de lo antes dicho, esta judicatura considera oportuno mencionar
que el hecho que una empresa supere los límites de ingresos brutos o mejore la
capacidad y productividad de la embarcación, no puede perjudicar derechos de sus
trabajadores, por el contrario, un criterio formado con sentido lógico llevaría a
concluir que, una mejora de los ingresos de la empresa o una modernización en la
embarcación debe traer consigo una mejora en los ingresos de sus dependientes, mas
no cambiar automáticamente las condiciones del contrato pesquero, pues el contrato de
trabajo por ser bilateral, se perfecciona con el consentimiento al igual que las
modificaciones. Debe tenerse en cuenta que dada la eventualidad de la actividad
extractiva de la pesca, determinada por factores climáticos, estacionarios y de política
gubernamental, los ingresos brutos pueden variar constantemente, lo que no implica
que la empresa en un momento sea pequeña empresa (cuando baje las 900 UIT) y en
otro no lo sea, (cuando supere las 900 UIT) con la consiguiente variación también del
régimen contractual de los trabajadores, que no resulta lógico ni aceptable. En base a
lo desarrollado, la percepción de ingresos brutos anuales no pueden ser aplicables en la
relación laboral analizada, pues lo que debe prevalecer es la aplicación de los
principios laborales de Primacía de la Realidad Laboral y el de Derechos Laborales
(remunerativos) adquiridos.
10. Determinar si le corresponde al demandante el pago de reintegro de remuneraciones
provenientes de la participación por tonelada métrica de pesca descargada equivalente al
22.40% proveniente del pago que el armador percibe por la venta de anchoveta o materia
prima para la elaboración de harina de pescado a las fabricas privadas, en aplicación del
Artículo 13 y Segunda Disposición Transitoria del D. S. 009-76-TR:
10.1. Doctrina Jurisprudencial:
10.1.1. Corte Suprema
10.1.1.1. Nuestro máximo Organismo Jurisdiccional – La Corte Suprema de Justicia de
la República a través de la Sala de Derecho Social y Constitucional, en reiteradas
resoluciones ha establecido los criterios para la aplicación de la norma citada, los mismos
que se desprenden de las sentencias en casación publicadas en el Diario oficial “El
Peruano”, tales como Casación Laboral N° 3463-2007 del once de noviembre del año dos
mil ocho |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE NNNN°°°° 222211114444----2222000011113333
Señores Jueces Superiores:
Cumplo con informar que, la anterior relatora de Sala: Fresia Genovez Paredes ha efectuado la
entrega de cargo a la suscrita en la quincena de marzo del presente año, que consistió en la
entrega de 1000 expedientes físicos pendientes de calificar que ingresaron en el año 2022, que
superaron a los expedientes electrónicos ingresados en el referido año que ascendieron a 608
los cuales también se encontraban pendientes de calificar, siendo que a esta carga debe
sumarse los expedientes ingresados este año, con lo cual se evidencia la excesiva carga
laboral que afronta esta Sala.
Debo indicar además que la citada ex relatora hizo entrega de expedientes contenciosos
pendientes de señalar vista de causa cuyo ingreso fue en diciembre del año 2021, y de
expedientes nueva ley cuyo ingreso fue en marzo 2022, por lo que la suscrita ha dado atención
inmediata a los expedientes pendientes de señalar fecha de vista de causa conforme su orden
de ingreso, y por ello, dada las recargadas labores de la Sala no he podido dar cuenta en su
debida oportunidad de los presentes actuados.
Por otro lado, también debo señalar que la anterior relatora dejó 176 escritos pendientes de
proveer correspondientes al año 2022, los cuales ya han sido atendidos por la suscrita.
Lo que hago de conocimiento para los fines pertinentes.
Callao, 08 de agosto de 2023
Judy Yallico Moreno
Relatora de Sala
EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE NNNN°°°° 222211114444----2222000011113333
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNN°°°° 22221111
Callao, ocho de agosto de dos mil veintitrés
AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS YYYY VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS;;;; Y, CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAANNNNDDDDOOOO:
PPPPrrrriiiimmmmeeeerrrroooo.... Que, la parte demandante mediante escrito ingresado al SIJ con el número 5283-2023
interpone recurso de casación contra la resolución número 20 que revocó la sentencia
contenida en la Resolución número catorce, de fecha 27 de septiembre de 2018 que declara
fundada la demanda interpuesta por doña Carmen Alcira López Olaechea, contra el
Universidad Nacional del Callao; en consecuencia: ordena que la demandada, en la persona de
su representante legal, según corresponda a sus funciones y atribuciones cumpla con emitir la
resolución administrativa que reconozca a favor de la demandante el pago de la Bonificación
Especial prevista en el Decreto de Urgencia N.º 037-94, a partir del mes de julio de 1994, con
deducción de lo pagado en virtud al Decreto Supremo N.º 019-94-PCM, con los intereses
legales respectivos, y reformándola dispusieron declarar infundada la demanda en todos sus
extremos. SSSSeeeegggguuuunnnnddddoooo. Que, el artículo 35° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, Ley que Regula el
Proceso Contencioso Administrativo, señala que los recursos tienen los mismos requisitos de
admisibilidad y procedencia regulados en el Código Procesal Civil.
TTTTeeeerrrrcccceeeerrrroooo. Que, el numeral 3 del artículo 34° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584
establece que el recurso de casación procede en los casos que versen sobre pretensiones no
cuantificables, y que tratándose de pretensiones cuantificables, cuando la cuantía del acto
impugnado sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P) o cuando dicho acto
impugnado provenga de autoridad de competencia provincial, regional o nacional; y, por
excepción, respecto de los actos administrativos dictados por autoridad administrativa distrital,
cuando la cuantía sea superior a 140 Unidades de Referencia Procesal (U.R.P).
CCCCuuuuaaaarrrrttttoooo.... Que, en este contexto tenemos que esta Sala Superior ha emitido pronunciamiento
sobre pretensiones no cuantificables, por lo que habiendo la parte demandante presentado su
recurso dentro del plazo establecido por el literal b, del numeral 2 del artículo 391° del Código
Procesal Civil, y al haber presentado el recibo del pago del arancel judicial correspondiente, SSSSEEEE
DDDDIIIISSSSPPPPOOOONNNNEEEE::::
CCCCOOOONNNNCCCCEEEEDDDDEEEERRRR el recurso de casación contra la sentencia de vista contenida en la resolución
número 20; y DDDDIIIISSSSPPPPUUUUSSSSIIIIEEEERRRROOOONNNN elevar los autos en forma digitalizada a la a la Tercera Sala de
Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia con la debida
certificación con firma electrónica.
SSSSEEEE AAAAVVVVOOOOCCCCAAAANNNN al conocimiento de la presente causa las señoras Juezas Superiores FFFFLLLLOOOORRRR
AAAAUUUURRRROOOORRRRAAAA GGGGUUUUEEEERRRRRRRREEEERRRROOOO RRRROOOOLLLLDDDDÁÁÁÁNNNN y SSSSAAAABBBBYYYY CCCCAAAARRRRMMMMEEEENNNN SSSSOOOOUUUUZZZZAAAA FFFFAAAARRRRFFFFÁÁÁÁNNNN de conformidad a lo
dispuesto mediante Resolución Administrativa N° 0001-2023-P-CSJCL/PJ y Resolución
Administrativa N° 00548-2023-P-CSJCL/PJ.
GGGGUUUUEEEERRRRRRRREEEERRRROOOO RRRROOOOLLLLDDDDÁÁÁÁNNNN PPPPRRRRAAAAVVVVIIIIAAAA GGGGUUUUEEEERRRRRRRREEEERRRROOOO SSSSOOOOUUUUZZZZAAAA FFFFAAAARRRRFFFFÁÁÁÁNNNN |
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
EXPEDIENTE N.º : 00214-2013-0-0701-JR-LA-04
DEMANDANTE : CARMEN ALCIRA LOPEZ OLAECHEA
DEMANDADO : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
MATERIA : ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
GRADO : APELACIÓN DE SENTENCIA
PONENTE : SRA. MARIA MAGDALENA CLAVIJO ARRAIZA
VISTA DE LA CAUSA : 06 DE MAYO DE 2022
SENTENCIA DE VISTA
Resolución Nª 20
Callao, veintisiete de mayo
De dos mil veintidós.-
VISTA, la causa en Audiencia Virtual de fecha 06 de mayo de 2022; sin informe oral.
Interviniendo como Magistrada Ponente la señora Jueza Superior Maria Magdalena
Clavijo Arraiza.
I. MATERIA DEL RECURSO
Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la Resolución número
catorce, de fecha 27 de septiembre de 2018 (folios 125 “A” a 132), que declara fundada
la demanda interpuesta por doña Carmen Alcira López Olaechea, contra el
Universidad Nacional del Callao; en consecuencia: ordena que la demandada, en la
persona de su representante legal, según corresponda a sus funciones y atribuciones
cumpla con emitir la resolución administrativa que reconozca a favor de la
demandante el pago de la Bonificación Especial prevista en el Decreto de Urgencia
N.º 037-94, a partir del mes de julio de 1994, con deducción de lo pagado en virtud al
Decreto Supremo N.º 019-94-PCM, con los intereses legales respectivos.
1 II. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA Y FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Por escrito de 23 de noviembre de 2018 (folios 134 a 138), la demandada apela la
sentencia, solicitando que sea revocada. Sustenta lo siguiente:
II.1. Refiere que la sentencia apelada conmina a la entidad demandada a cumplir
con “emitir resolución administrativa”; sin embargo, señala que tanto en el petitorio de
la demandada como en la determinación de la litis del proceso lo indicado de
manera alguna se refiere a una nulidad de resolución administrativa o a la exigencia
por la emisión de una resolución administrativa.
II.2. Refiere que la solución al conflicto planteado puede ser inmediata en la medida
que se respete, analice y resuelva conforme a lo peticionado por el demandante y/o
contestado por el demandado, entendiendo que no tiene razón de ser la expedición
de una resolución administrativa porque los actuados no versan sobre ello y porque no
formó parte del petitorio expuesto en la demanda.
II.3. Resulta incongruente exigir que se reconozca a favor de la demandante un
derecho ya reconocido y plasmado en documento oficial.
II.4. No se discute un reconocimiento, sino la concretización de un pago, en los
actuados fluye como versión unánime, de ambas partes, que la demandante tiene
como suyo el derecho de pago de la bonificación especial prevista en el Decreto de
Urgencia N.º 037-94 PCM
II.5. La sentencia recurrida ha sido bastante clara en cuanto al reconocimiento de la
bonificación especial prevista en el Decreto de Urgencia N.º 037-94; pero, es evidente
que ha incurrido en confusiones al momento de resolver sobre la naturaleza descrita
en el petitorio de la demanda
IV. ANÁLISIS
▪ Sobre los errores de fondo
IV.1. La controversia gira en torno a determinar si a la demandante le corresponde la
suma de S/. 84,360.00 por concepto de devengados por la aplicación del Decreto de
Urgencia N.° 037-94-PCM, de fecha 11 de julio de 1994, más intereses, así como el
pago continuo de dicha liquidación.
Asimismo, la actora en el numeral 3.4 de los fundamentos de hecho de su demanda
(folio 09) refiere que hasta la fecha no se le ha efectuado pago alguno por concepto
de bonificación especial ordenado mediante Decreto de Urgencia 037-94 del 11 de
julio de 1994.
IV.2. En el caso de autos, fluye de la Resolución Rectoral N.° 100-88-R (folio 19) que la
demandante cesó en el cargo de Jefe de Servicio Social, Nivel F-3 de la Escala de
2 Funcionarios y Directivos del estado, en ese sentido se encuentra en la escala N.° 11
del Decreto Supremo N.° 051-91-PCM correspondiéndole el pago de la referida
bonificación.
IV.3. Al respecto, tenemos el oficio N.° 407-2013-OSG de fecha 03 de junio de 2013 (folio
63) remitido por la demandada, el cual señala que ya se ha cumplido con aplicar lo
dispuesto en el Decreto de Urgencia N.° 037-94-PCM, aunado a ello se tiene la boleta
de pago de la actora del mes de enero de 2013 en la que figura el pago de S/. 400.00
por el concepto de la bonificación especial con el CÒDIGO 037.
IV.4. Luego, en el Informe N.° 001-2014-MDA de fecha 21 de julio de 2014 emitido por el
Jefe de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales(folio 58) explica las razones
por las cuales en las boletas de pago de los meses de marzo de 2004 y diciembre de
2014 (folios 73 y 74) no figura el concepto de la bonificación N.° 037-94 que tendrían
que ver con el uso del Aplicativo Informático y Registro Centralizado de Planillas del
Personal Docente y Administrativo en el Ministerio de Economía y Finanzas y que al
registrarse se consideró el total de pensiones y el DU 037-94 está incluido en el total de
pensiones (S/, 1,465.56) , NIVEL REMUNERATIVO f-4. Informe que fue puesto en
conocimiento de la parte demandante mediante resolución N°7 de fecha 20 de
agosto de 2014 (folios 60 a 61) notificada el 12 de diciembre de 2014, sin que absuelva
el traslado o contradiga lo expuesto en el informe mencionado.
IV.5. Posteriormente la parte demandante con escrito de fecha 27 de enero de 2015
presenta boletas de pago de marzo 2004 y diciembre de 2014 (folios 73 y 73) en los
que no aparece el concepto de Decreto Supremo N° 037-94.
3 IV.6 Mediante resolución N° 11 de fecha 13 de noviembre de 2017 ( folios 95 a 96),
debido a que las pruebas adjuntadas hasta ese momento resultaban insuficientes, se
dispone que la demandada emita un informe sobre la estructura de las
remuneraciones que ha percibido la accionante en el año 1994. En cumplimiento a
dicho requerimiento la demandada remite el Informe N.° 093-2017-URBS-ORH/UNAC de
fecha 17 de noviembre de 2017 (folio 100) en el cual se adjunta la boleta de pago de
la actora donde figura a detalle las normas que constituyen su pensión como ex
servidora administrativa cesante, en dicha boleta figura que se le viene pagando la
bonificación del Decreto de Urgencia N.° 037-94 por el monto de S/. 370.00.
IV.7. También obra el Informe N°088-2018-URBS-ORH/UNC fecha 15 de marzo de 2018
(folios 116 a 118), en esta oportunidad la Jefa de la Unidad de Remuneraciones y
Beneficios Sociales, realiza el detalle de los conceptos que integraban la pensión de la
demandante en el mes de agosto de 1994, es así como detalla que entre otros
conceptos aparece el concepto del DU 037-94 por el monto de S/ 370.00, y con esta
última información se ponen los autos a despacho para sentenciar.
IV.8 Así pues, de la información remitida por la demandada que no ha sido
contradicha por la parte demandante, aparece que la Universidad demandada ya
ha reconocido a la demandante la bonificación especial prevista en el Decreto de
Urgencia N.° 037-94 y la razón por la cual no aparece registrada en las boletas de
pago que exhibe la demandante ha sido explicada por la demandada en el Informe
N.° 001-2014-MDA de fecha 21 de julio de 2014 emitido por el Jefe de la Unidad de
Remuneraciones y Beneficios Sociales(folio 58), reiterado en los Informe N.° 093-2017-
4 URBS-ORH/UNAC de fecha 17 de noviembre de 2017 (folio 100), y en el Informe N°088-
2018-URBS-ORH/UNC fecha 15 de marzo de 2018 ( folios 116 a 118) .
IV.9 Los informes remitidos generan convicción en el colegiado ya que han sido
emitidos ante los requerimientos del Órgano Jurisdiccional y suscritos por el funcionario
competente de la Unidad de Remuneraciones y Beneficios Sociales; además que, la
demandante no los ha desvirtuado, ya que la sola presentación de las boletas ya
mencionadas no es suficiente y se ha dado una explicación razonable y suficiente, por
lo que corresponde revocar la sentencia de instancia y declarar infundada la
demanda en todos sus extremos.
IV. DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas y normas glosadas,:
IV.1. REVOCARON la sentencia contenida en la resolución número catorce, de fecha
26 de septiembre de 2018, que declara fundada folios 07/11, subsanado a folio 20
doña Carmen Alcira López Olaechea contra el Universidad Nacional Del Callao; en
consecuencia: ordena que la demandada, en la persona de su representante legal,
según corresponda a sus funciones y atribuciones cumpla con emitir la resolución
administrativa que reconozca a favor de la demandante el pago de la Bonificación
Especial prevista en el Decreto de Urgencia N°037-94, a partir del mes de julio de 1994,
con deducción de lo pagado en virtud al Decreto Supremo Nº019-94-PCM, con los
intereses legales respectivos; REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda en
todos sus extremos.
En los seguidos por CARMEN ALCIRA LOPEZ OLAECHEA contra la UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL CALLAO sobre acción contenciosa administrativa.
RAMAL BARRENECHEA PRAVIA GUERRERO CLAVIJO ARRAIZA
5 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00217-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SAC ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA REP JHANET YAJAIDA SOLANO
BALLARTA ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita Doce de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° TRES SENTENCIA, de fecha 24 de
marzo del 2014, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte
ejecutante AFP INTEGRA contra PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS
SAC; sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes
previsionales), en consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta
que el ejecutado PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SAC, cumpla
con pagar la suma de MIL CUATROCIENTOS TRES CON 70/100 SOLES
(S/301.48), contenido en las hojas de liquidación para cobranza N°
IN2013CO00109429 y IN2013CO00109421, más intereses legales devengados,
costas y costos del proceso. (folios 30-33).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 13 de mayo del 2014, según constancia de notificación
con número 546-2014 y 547-2014 (folios 34-35), por lo que, a la fecha
corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° TRES SENTENCIA,
de fecha 24 de marzo del 2014.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00218-2013-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA JHANET YAJAIDA SOLANO BALLARTA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, Doce de agosto
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS SENTENCIA, de fecha 14 de
marzo del 2014, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de la parte
ejecutante AFP INTEGRA contra AGROPESCA SA; sobre OBLIGACIÓN DE
DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en consecuencia
se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado AGROPESCA
SA, cumpla con pagar la suma de DIEZ MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON
35/100 SOLES (S/10,218.35), contenido en las hojas de liquidación para
cobranza N° IN13C00110829, IN13C00110830, IN12C00110831,
IN13C00110832, IN13C00110833, IN13C00110834 y IN13C00110835 más
intereses legales devengados, costas y costos del proceso. (folios 22-24).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (SENTENCIA),
concluyéndose que las partes procesales han renunciado a interponer dicho
medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido válidamente
notificadas con fecha 19 y 20 de marzo del 2014, según constancia de
notificación con número 467-2014 y 468-2014 (folios 25-26), por lo que, a la
fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia, ejecutando los
términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS SENTENCIA,
de fecha 14 de marzo del 2014.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
3. Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |