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Un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) ha dado la razón a Telefónica en su demanda contra Millicom International Cellular -con sede en Luxemburgo y cotizada en el Nasdaq- debido a que en 2020 se negó a cumplir el acuerdo alcanzado el año anterior para la compra de la filial de Telefónica en Costa Rica por 570 millones de dólares (unos 530 millones de euros al cambio actual).Si bien en la sentencia no se especifica la indemnización a la que tendrá derecho Telefónica la cuantía ascendería a unos 140 millones de dólares (130 millones de euros), según han confirmado fuentes conocedoras de la situación a Europa Press. En este contexto, Millicom International Cellular --cuya principal marca es Tigo-- puede recurrir la sentencia del tribunal neoyorquino.A finales de abril de 2020 Telefónica anunció acciones legales ante los tribunales de Nueva York contra Millicom International Cellular para exigir el cumplimiento del acuerdo de venta de su filial en Costa Rica alcanzado en febrero de 2019 y cuyo cierre Millicon se negó a ejecutar.En febrero de ese año, la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete anunció el acuerdo para la venta del 100% del capital social de la filial en Costa Rica a Millicom International Cellular por un importe de 570 millones de dólares.En aquel momento, la operadora informó a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que, una vez obtenidas las pertinentes autorizaciones regulatorias y completadas todas las condiciones establecidas en el acuerdo para la ejecución de la compraventa, solicitó formalmente a Millicon llevar a cabo la ejecución del contrato y el cierre de la transacción. Sin embargo, Millicon manifestó su negativa a proceder con el cierre, algo que Telefónica interpretó como "un incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el referido contrato".Fuentes conocedoras de la situación explicaron que, a pesar de contar con las autorizaciones, Millicom se excusó en que la operación no había sido refrendada por la Contraloría General de la República de Costa Rica, un argumento que utilizó para negarse a cerrar el trato.Sin embargo, las fuentes consultadas entonces indicaron que este organismo, cuyas funciones serían similares a las del Tribunal de Cuentas en España, no tiene competencia para autorizar operaciones, sino que las refrenda una vez cerradas.En este contexto, el tribunal de Nueva York ha fallado a favor de Telefónica al señalar que la mencionada autorización no era necesaria para cerrar el trato, tal como alegaba Millicom.

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Durante el mes de enero, se evidenció un incremento del 14,9% en la constitución de empresas en comparación con el mismo período del año anterior, con un total de 10.885 nuevas compañías, en contraste con las 9.470 registradas en enero de 2023. Estos datos se desprenden del 'Informe del Registro Mercantil', publicado este lunes por el Colegio de Registradores. Durante el mes de enero, se evidenció un incremento del 14,9% en la constitución de empresas en comparación con el mismo período del año anterior, con un total de 10.885 nuevas compañías, en contraste con las 9.470 registradas en enero de 2023. Estos datos se desprenden del 'Informe del Registro Mercantil', publicado este lunes por el Colegio de Registradores.Según el informe, las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Madrid fueron responsables de casi el 60% de las nuevas empresas constituidas. Andalucía lideró con la creación de 1.917 empresas, seguida de Cataluña con 2.163 y Madrid con 2.177.Se registraron aumentos en la constitución de empresas en todos los territorios en enero, excepto en La Rioja, donde hubo una disminución del 18,2%. Los mayores incrementos se observaron en Ceuta y Melilla (46,2%), seguidos por Aragón (39,5%) y Navarra (38,6%).En cuanto a las operaciones de ampliación de capital inscritas en los registros mercantiles, se incrementaron un 8,1% en enero, alcanzando un total de 3.858 operaciones.Los registradores explican que en 2023 se observó una evolución trimestral positiva y estable, con algunas excepciones en ciertos meses y una ralentización en el último trimestre.Durante el mes de enero, se registraron un total de 282 concursos de acreedores en los registros mercantiles, lo que representa una disminución del 23,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.Las comunidades autónomas de Cataluña, con 86 concursos presentados, la Comunidad Valenciana con 37 y Madrid con 29, en conjunto, representaron más de la mitad de los concursos presentados.En cuanto a la distinción entre concursos voluntarios y necesarios en enero, los primeros totalizaron 218 inscripciones, mostrando una reducción del 14,2% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que los necesarios fueron 64, con una disminución anual del 43,4% en enero.Los registradores explican que durante el año 2023 se observaron caídas generalizadas en comparación con el año anterior, especialmente después del fin de la moratoria concursal, que provocó un aumento significativo de los concursos, especialmente en el cuarto trimestre, con un incremento del 42,2%. "Las caídas en 2023 se han incrementado significativamente a partir del cuarto trimestre y en el avance de enero del presente año, continúan los descensos, en tasas por encima de los dos dígitos", señalan los registradores.

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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado este miércoles el primer informe relativo a la Tasa de cobertura de la negociación colectiva, en el que destacan que el 91,8% de los contratos de los trabajadores españoles están cubiertos por convenio; el 95% de las relaciones laborales firmadas por hombres están cubiertas, por el 88,2% de las mujeres. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha presentado este miércoles el primer informe relativo a la Tasa de cobertura de la negociación colectiva, en el que destacan que el 91,8% de los contratos de los trabajadores españoles están cubiertos por convenio; el 95% de las relaciones laborales firmadas por hombres están cubiertas, por el 88,2% de las mujeres.Esta estadística estudia el periodo comprendido entre 2021 y 2023, y su evolución en términos generales ha sido positiva para todos: Desde el 91,2% general, 94,7% para hombres y el 87,3% para las mujeres; siendo estas últimas las que más beneficiadas se han visto en términos porcentuales."Nueve de cada diez trabajadores que tiene derecho (a la negociación colectiva) está protegido por un convenio colectivo, lo que demuestra que el sistema de negociación colectiva en España goza de una salud de hierro", ha recalcado el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey.Esta mejoría también se ha traducido en un aumento de los contratos protegidos por convenio, ya que en 2021 había un total de 13,24 millones de relaciones laborales por los 14,07 millones del año pasado, habiendo aumentado en 827.822 el número de relaciones laborales cubiertas.En los sectores productivos del país, Trabajo destaca como relevantes las tasas de cobertura de Agricultura, Industria, Construcción y Servicios. Entre estos sectores, el único que está por debajo de la media es el relativo a Servicios con un 90,1% de media.Según los datos de la estadística, la mayoría de los sectores tienen tasas de cobertura por encima de media y con escaso margen de diferencia en lo relativo a los sexos, cuando a nivel general hay una brecha de 6,8 puntos porcentuales. Esto se debe a que solo el 1,9% de los contratos de las trabajadoras del la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) relativo a Hogares están protegidas por convenio al estar empleadas por un particular. Por su parte, el 47,2% de los hombres del sector están cubiertos, generando una disparidad entre ambos géneros en términos generales.Desde el Ministerio de Trabajo han explicado que esta situación se explica, en parte, porque dentro del grupo de hombres que se encuentra en dicha categoría, también existen porteros o vigilantes y personal que no está acogido a un convenio colectivo como tal pero sí a otro tipo de acuerdo que es "similar".Para todas las demás actividades, la tasa de cobertura es uniforme, con el sector de la hostelería destacando, donde el 98,7% de los contratos, tanto hombres como mujeres, están cubiertos por convenios colectivos.Por debajo de una tasa de cobertura del 90% para ambos géneros, solo se encuentran las actividades artísticas, con una cobertura del 86,4% para hombres y del 89,4% para mujeres, así como las actividades organizativas extraterritoriales, con el 85,4% y el 85,2%, respectivamente.En términos generales, el sector de la construcción presenta la mejor tasa de cobertura, con el 98,4%, seguido por la industria (97,5%), el sector agrario (94,7%) y los servicios (90,1%).Por territorio, la diferencia entre hombres y mujeres se mantiene debido a la proporción de trabajadoras del hogar que se reparten por las Comunidades Autónomas. En este apartado, los trabajadores más protegidos son los de la Región de Murcia (98,1% de los hombres y 91,8% de las mujeres), seguido por Cataluña, Aragón y la Comunidad de Madrid. Cerrando la lista están Ceuta y Melilla (87% y 72,1%), con País Vasco, Navarra y Extremadura un poco por delante.Destaca que País Vasco y Navarra se encuentren por detras del "arco mediterráneo", debido a que País Vasco, con una tasa del 90,8% para hombres y 80,3% para mujeres; y Navarra, 89,7% para hombres y 75,2% para mujeres, presenta peores tasas de cobertura que zonas del Arco Mediterráneo como la Región de Murcia, que tiene la mejor tasa de cobertura, con el 98,1% para hombres y 91,8% en mujeres.Fuentes del Ministerio han señalado que esta situación se atribuye a la mayor fragmentación sindical en áreas como Navarra o País Vasco, lo que resulta en convenios colectivos no estatutarios. Esto significa que no se aprueban de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, y por lo tanto, no se consideran en la elaboración de esta estadística.Desde la cartera liderada por Yolanda Díaz, destacan que la tasa de cobertura de la negociación colectiva se debe calcular como la "proporción de relaciones laborales por cuenta ajena a las que se aplica un convenio colectivo", y se calcula como cociente entre el número de relaciones laborales cubiertas por los convenios y el número de relaciones laborales que "potencialmente" pueden regularse a través de convenios "de conformidad con el Derecho y usos nacionales", siendo este el asociado a la firma.De esta forma, quedan fuera de la estadística: funcionarios, personal estatutario, altos cargos y consejeros de administración, ministros de culto, penados con actividad laboral, socios trabajadores de cooperativas, programas de formación, parlamentarios de Cortes españolas, europeas y de CCAA; prestaciones en beneficio de la comunidad, autónomos y trabajos de colaboración social.

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Hoy es el Día de San Valentín y toca analizar el efecto económico de la inflación en las parejas. Y es que la subida de los precios afecta a todo y a todos: a los pingüinos, al brunch, a los bares ingleses, a la producción de hielos y de cervezas, entre otros. Para desgracia de muchas personas, también llega a las relaciones amorosas. Así lo afirma una encuesta estadounidense realizada por el consultor financiero LendingTree. Hoy es el Día de San Valentín y toca analizar el efecto económico de la inflación en las parejas. Y es que la subida de los precios afecta a todo y a todos: a los pingüinos, al brunch, a los bares ingleses, a la producción de hielos y de cervezas, entre otros. Para desgracia de muchas personas, también llega a las relaciones amorosas. Así lo afirma una encuesta estadounidense realizada por el consultor financiero LendingTree.El consultor ha evidenciado, en una encuesta realizada a 1.578 consumidores de 18 a 76 años de edad, en Estados Unidos, que aquellas personas que suelen salir a citas amorosas lo están dejando de hacer debido a la inflación y a la subida de precios. Exactamente, hay un 20% menos de citas por la subida de precios, mientras que un 14% está tratando de gastar menos en las mismas.En el desglose del estudio, el 77% de las personas que se citan dicen que los encuentros podrían ser más fáciles si tuvieran más dinero. Esto es más común entre los hombres (83%), que entre las mujeres (73%). Independientemente, el 3% dice que igual iría a una cita incluso si no pudiera pagarla, y los hombres (36%) son más propensos a hacerlo que las mujeres (30%).En cuanto a las deudas, los millennials (22%) tienen más probabilidades de incurrir en deudas debido a sus hábitos de gasto en citas. Los Generación Z, en cambio, son los segundos con más probabilidades de asumir deudas relacionadas con las citas, con un 19%.Tras los resultados, el jefe analista de crédito de LendingTree, Matt Schulz , señaló que "las citas siempre han sido costosas. Agregue una inflación desenfrenada a la mezcla y puede hacer que una situación ya desafiante sea aún más difícil. Sin embargo, con un presupuesto bien pensado y un poco un poco de creatividad y planificación, aún deberías poder divertirte mucho sin ahogarte en deudas".Independientemente de si están saliendo activamente, el 44% de los estadounidenses dice que, en una relación heterosexual, el hombre debería pagar por la primera cita, lo que la convierte en la respuesta más popular. Los mismos hombres encuestados, son más propensos a tener esta opinión que las mujeres. Más de la mitad (54%) de los hombres dicen que el chico debería pagar la primera cita, en comparación con el 36% de las mujeres.Con todos estos datos que evidencian la repercusión económica de la inflación en las parejas, surge el concepto 'infladating' o relaciones 'low cost'. El término procede del inglés 'dating with inflation in mind' (en su traducción, tener una cita teniendo en cuenta la inflación). Hablamos de una tendencia que han adquirido las personas románticas para considerar el gasto en relación al grado de idealización que se puede llegar a tener de la posible pareja. Sin embargo, el grueso de los que adquieren esta definición optan por salidas o citas románticas en las que se gaste menos dinero del habitual o, directamente, nada, independiente del "grado" amoroso.

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La inflación de EEUU se resiste al titular de que ha sido doblegada por completo. Las cifras de enero confirman que la senda de desinflación prosigue en este 2024, pero más despacio de lo que algunos esperaban. El Índice de Precios al Consumo (IPC) desaceleró el mes pasado menos de lo esperado, hasta el 3,1% tras el repunte de tres décimas hasta el 3,4% registrado en diciembre, según los datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo de EEUU. Los analistas esperaban un retroceso hasta el 2,9% que hubiese significado la primera lectura desde marzo de 2021 por debajo del 3%. La más 'pegajosa' inflación subyacente, (excluyendo energía y alimentos), se ha quedado en el 3,9% de diciembre frente al 3,7% pronosticado por los analistas. La inflación de EEUU se resiste al titular de que ha sido doblegada por completo. Las cifras de enero confirman que la senda de desinflación prosigue en este 2024, pero más despacio de lo que algunos esperaban. El Índice de Precios al Consumo (IPC) desaceleró el mes pasado menos de lo esperado, hasta el 3,1% tras el repunte de tres décimas hasta el 3,4% registrado en diciembre, según los datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo de EEUU. Los analistas esperaban un retroceso hasta el 2,9% que hubiese significado la primera lectura desde marzo de 2021 por debajo del 3%. La más 'pegajosa' inflación subyacente, (excluyendo energía y alimentos), se ha quedado en el 3,9% de diciembre frente al 3,7% pronosticado por los analistas.Los datos de enero se antojaban importantes en la medida en la que los de crecimiento han sorprendido claramente al alza a principios de año y ahora la Reserva Federal está centrada en si este mayor impulso se ha traducido también en una inflación más persistente. La resistencia que está mostrando el índice de precios en su descenso confirma en parte estos miedos y apoya la calma telegrafiada por el banco central cuando se le pregunta por los recortes de los tipos de interés. Muy significativas en esta tesitura son las cifras intermensuales: el IPC general ha subido un 0,3% frente al 0,2% anterior y esperado, mientras que el IPC subyacente ha acelerado hasta el 0,4% tras meses en un 0,3% que ya tenía atentos a los analistas, ya que al anualizarse el dato indicaba un 4%, el doble del objetivo de la Fed. El mercado lo ha reflejado enseguida: si hasta ayer lunes los swaps aún daban más de un 50% de probabilidades a un primer recorte de tipos de la Fed en su reunión de mayo, la lectura de IPC ha hecho que los operadores hayan aumentado las apuestas para junio como la fecha señalada. Los rendimientos de los bonos del Tesoro tanto a dos como a diez años han repuntado más de 10 puntos básicos y el dólar ha pasado a subir un 0,6% frente al euro.El 'daño' en el informe de inflación ha venido especialmente de una aceleración del alquiler equivalente de los propietarios (una figura como la de los alquileres imputados en España, para medir la inflación entre los propietarios) hasta el 0,6% intermensual, con el alquiler real aumentó un más modesto 0,4%. Además, los servicios de atención médica aumentaron un 0,7%, con un salto del 1,6% intermensual en los precios de los hospitales. Ello, junto con un aumento del 1,4% intermensual de las tarifas aéreas y del 1,4% intermensual de los seguros de automóviles, generó una aceleración de la inflación de los servicios básicos (excluida la vivienda). En el lado contrario, y pese a que se esperaban fuertes subidas anuales de los precios de los bienes a principios de año, los de los bienes duraderos cayeron un 0,3% intermensual, ya que los precios de la ropa bajaron un 0,7% intermensual y los de los productos sanitarios un 0,6% intermensual. Los precios de los vehículos usados, siempre bajo vigilancia dada su influencia en el índice global, bajaron hasta un 3,4% intermensual."El inesperado aumento del 0,4% intermensual de los precios del IPC subyacente en enero alimentará el discurso de que 'la última milla es la más dura', pero, aparte de una aceleración del 0,6% intermensual del componente del alquiler equivalente al de los propietarios, que parece muy sospechosa, sigue habiendo mucha desinflación en la economía", valora Paul Ashworth, analista de Capital Economics. Basándose en el estancamiento de las medidas de los nuevos alquileres, el experto aún espera ver pronto más desinflación en esta categoría.El experto también destaca que las presionas registradas en los datos de este martes no afectarán tanto al deflactor del consumo personal (PCE) subyacente, la medida de inflación 'fetiche' de la Fed: "Hay que tener en cuenta que el IPC subyacente ha demostrado ser un mal indicador del PCE subyacente en los últimos meses y parece que esa tendencia continuó en enero. En primer lugar, la vivienda tiene un peso mucho menor en el IPC subyacente que en el PCE. En segundo lugar, el PCE se basa en una definición mucho más amplia de los servicios sanitarios, en los que predominan no los gastos directos de los hogares, como en el IPC, sino los gastos indirectos de las aseguradoras privadas y Medicare/Medicaid. Lo que sabemos es que las tasas de reembolso de Medicare se redujeron drásticamente en enero, con una disminución del 3,4% de las tasas de pago a los médicos. El resultado es que el PCE subyacente de enero (se publica más tarde) registrará un aumento mucho más modesto". Los abogados de la desinflación ya llevan tiempo destacando que las medidas del PCE subyacente trimestral y semestral anualizadas ya están por debajo del 2%."Por un lado, la mayor presión inflacionista está en consonancia con la evidente solidez de la demanda. Por otro lado, no hay que dar demasiada importancia a las cifras de hoy. Las cifras de enero suelen sorprender. Esta vez, el hecho de que muchas empresas ajusten sus precios este mes de todos modos y que la presión de los costes sea actualmente elevada puede haber contribuido a ello, ofreciéndoles la oportunidad de subir los precios aún más de lo normal", escriben en una nota rápida Christoph Balz y Bernd Weidensteiner, economistas de Commerzbank.Para los estrategas del banco alemán, es probable que el aumento inesperadamente elevado del IPC en enero anime a la Fed a esperar y ver cómo evolucionan los precios antes de declarar la victoria sobre la inflación. "Algunos observadores se preguntarán ahora si el recorte de tipos que estaba firmemente previsto para mayo no empezará también a tambalearse, sobre todo teniendo en cuenta que la economía real se ha mostrado hasta ahora muy robusta. Deberíamos esperar a ver cómo ha evolucionado la el PCE en enero y si la mayor presión sobre los precios se manifiesta también en febrero antes de hacer una valoración de la política de la Fed", agregan."La inflación sigue siendo volátil, pero una de las preocupaciones de la Fed es que las recientes subidas de los precios al consumo se han concentrado en las categorías menos volátiles de bienes y servicios, lo que sugiere que la inflación puede ser un poco más rígida de lo que pensaban algunos funcionarios de la Reserva Federal. La buena noticia es que se vislumbra cierto alivio en el horizonte, ya que el crecimiento de los salarios nominales se está desacelerando y las medidas alternativas de la inflación de los alquileres apuntan a un alivio significativo en el horizonte", analiza Ryan Sweet, de Oxford Economics.En Oxford Economics también abordan el impacto del conflicto en Oriente Medio y el fenómeno meteorológico de El Niño, que han provocado importantes perturbaciones en el transporte marítimo mundial: "EEUU no es inmune a sus efectos negativos, como el encarecimiento de las mercancías. Es probable que el IPC de enero apenas refleje la reciente subida de los costes del transporte marítimo mundial. Nuestra nueva previsión eleva las perspectivas de la inflación subyacente de bienes para este año, pero sólo modestamente, y el impacto máximo se produce en el segundo y tercer trimestres. Suponemos que las perturbaciones del transporte marítimo persistirán durante seis meses, pero ello supone un riesgo al alza para las previsiones de inflación a corto plazo".El pasado viernes hubo cierta expectación con la revisión de los datos de IPC de 2023 que hizo la BLS. En concreto los datos intermensuales, manteniéndose iguales las lecturas interanuales, las que más se observan en los medios. Sin embargo, las revisiones fueron mínimas. El IPC intermensual de diciembre se revisó una décima a la baja hasta el 0,2%, mientras que la subyacente se quedó en el 0,3%. En octubre y noviembre la revisión fue de una décima al alza (hasta el 0,1% y el 0,2% respectivamente). En esas lecturas, la subyacente se dejó donde estaba, manteniéndose la tasa anualizada del último trimestre del año en el 3,3%.En un ejercicio similar realizado el año pasado por estas mismas fechas se revisaron al alza las tasas de inflación intermensuales hacia finales de 2022, lo que significó que las tasas anualizadas de tres meses de la inflación general y subyacente se revisaron hasta el 3,3% y el 4,3% desde el 1,8% y el 3,1%, respectivamente, explican desde ING. Así pues, la desinflación de finales de año se revisó al alza, lo que provocó que la Reserva Federal se mostrara un poco más dura. Los funcionarios de la Reserva Federal ya habían anunciado que estarían atentos a las revisiones de este viernes. Las actualizaciones de este año suponen un alivio para ellos, al constatarse que la inflación se moderó rápidamente en el segundo semestre del año pasado.

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El Gobierno ha vuelto a dar luz verde al anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, después de que la anterior tramitación legislativa decayera con el cambio de legislatura, comprometiéndose ahora a aprobarla definitivamente antes de que acabe 2024 tras las incorporaciones parlamentarias. La norma apremiará a las empresas grandes, con 500 trabajadores o 250 por turno, a contar con un plan de movilidad para sus trabajadores en dos años. El Gobierno ha vuelto a dar luz verde al anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, después de que la anterior tramitación legislativa decayera con el cambio de legislatura, comprometiéndose ahora a aprobarla definitivamente antes de que acabe 2024 tras las incorporaciones parlamentarias. La norma apremiará a las empresas grandes, con 500 trabajadores o 250 por turno, a contar con un plan de movilidad para sus trabajadores en dos años. Estos planes de movilidad sostenible deben ser negociados con la representación legal de las personas trabajadoras o, en su defecto, con una comisión integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector. Por ello, se modifica el artículo 85.1 del Estatuto de los Trabajadores, para incorporar dentro del contenido obligatorio de los convenios colectivos el deber de negociar medidas para promover la elaboración de planes de movilidad sostenible al trabajo.Los planes de movilidad sostenible al trabajo incluirán medidas concretas de movilidad sostenible que contemplen, por ejemplo, el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de cero emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa o el teletrabajo en los casos en los que sea posible, según explica el Ministerio de Trabajo. También se incluirán medidas relativas a la seguridad y la prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo.Como ya anunció con anterioridad el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la ley se presenta igual que en su anterior tramitación, por lo que abarca la entrada de la competencia en algunas líneas de autobús, la creación de un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible o la tasa que los ayuntamientos podrán crear para cobrar a los vehículos al entrar a los centros de las ciudades, entre otras actuaciones.En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros que ha aprobado la tramitación, Puente ha explicado que esta ley persigue cuatro objetivos principales: reconocer la movilidad como un derecho, descarbonizar el transporte, aumentar la eficiencia del gasto público y digitalizar el sector.De esta forma, su ambición es ahorrar hasta 8.000 millones de euros en gastos públicos en una década, así como aumentar la productividad de las empresas en un 3% en ese mismo periodo de tiempo."Se pretende que nuestro país, que ya es un referente en materia de infraestructuras, tenga una movilidad a la altura, donde el transporte garantice el acceso a derechos como el trabajo, el ocio o la salud, respetando las competencias del resto de administraciones y alcanzando el consenso necesario con los grupos parlamentarios".El ministro también ha detallado que la elaboración de esta ley responde a tres razones: su carácter económico -la movilidad supone el 13% del gasto de los hogares, 800.000 empleos y más del 5% del PIB-, la necesidad de declarar la movilidad como un derecho y la sostenibilidad y lucha contra el cambio climático.El objetivo es aprobar el texto definitivo antes del 30 de diciembre de este año, fecha limite marcada en el marco de la entrega de los fondos europeos, un hito que está supeditado a la aprobación de esta ley.

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La encuesta a gestores de fondos que elabora todos los meses Bank of America ha continuado en febrero la tendencia que se empezó a ver durante el primer mes del ejercicio. Ya en enero se apreció una mejora de los gestores sobre el panorama macroeconómico, pero los resultados en esta ocasión han sido especialmente optimistas en este sentido, y han llevado a los encuestados a regresar a la bolsa, de forma general, por primera vez en dos años, y a favorecer sectores cíclicos, considerados de más riesgo, como la tecnología o la bolsa estadounidense, incrementando la exposición de este tipo de activos hasta niveles que no se habían visto desde antes de que comenzase la subida de tipos de la Fed y el BCE. La encuesta a gestores de fondos que elabora todos los meses Bank of America ha continuado en febrero la tendencia que se empezó a ver durante el primer mes del ejercicio. Ya en enero se apreció una mejora de los gestores sobre el panorama macroeconómico, pero los resultados en esta ocasión han sido especialmente optimistas en este sentido, y han llevado a los encuestados a regresar a la bolsa, de forma general, por primera vez en dos años, y a favorecer sectores cíclicos, considerados de más riesgo, como la tecnología o la bolsa estadounidense, incrementando la exposición de este tipo de activos hasta niveles que no se habían visto desde antes de que comenzase la subida de tipos de la Fed y el BCE. El posicionamiento más inclinado por el riesgo que se ha visto en esta encuesta tiene una base fundamental: la recesión ha desaparecido del escenario base de los gestores por primera vez desde abril de 2022, y la opinión mayoritaria de los encuestados es que en los próximos 12 meses se conseguirá evitar. Esto no significa que la economía vaya a mejorar en el próximo año, ya que la opinión mayoritaria sigue siendo que la ralentización en el crecimiento va a seguir produciéndose a 12 meses, pero ya no se espera un crash económico en este periodo, sino un aterrizaje suave de la economía, uno de los mejores escenarios posibles tras la subida de tipos agresiva que se produjo el año pasado en Estados Unidos y la zona euro.Algo ha cambiado en el ánimo de los gestores en apenas un mes. La posibilidad de ver "un aterrizaje duro" de la economía era el principal peligro que destacaban en enero, y en apenas 30 días ha perdido cuatro puestos en la lista de mayores amenazas para el mercado. Un nuevo rebote de la inflación se sitúa ahora en primera posición, seguido de la situación geopolítica, en segundo, y de la posibilidad de que se produzca un evento de crédito sistémico, en tercera posición.A pesar de que el peligro inflacionista es un riesgo real para los gestores, la mayor parte no mantiene como escenario base un nuevo repunte de los precios, con un 69% neto de los gestores esperando que la inflación sea más baja que ahora dentro de 12 meses. Esto es un ejemplo de que las nubes se van disipando en el horizonte de los gestores.Las perspectivas macro de los encuestados han mejorado tanto que también se están contagiando a las estimaciones de crecimiento de beneficio empresarial que manejan: ahora sólo un 5% neto de los encuestados cree que los beneficios empresariales se reducirán en los próximos 12 meses, la mejor lectura desde enero de 2022, y un porcentaje que contrasta con el pesimismo que se llegó a ver a mediados del año pasado, cuando cerca de un 80% neto de los gestores esperaba ver un deterioro del beneficio empresarial a 12 meses vista.El mayor optimismo de los gestores por la situación macroeconómica ha visto acompañado de una rotación de sus carteras hacia los activos de más riesgo. De media, los 209 gestores encuestados, que manejan 568.000 millones de dólares en patrimonio entre todos, han optado por aumentar la exposición a bolsa para aprovechar esta mejora en el panorama macroeconómico que ahora perciben, hasta el punto de aumentar el peso de la renta variable en sus carteras hasta niveles no vistos en dos años, en febrero de 2022. Ahora, el 21% neto de los gestores reconoce sobreponderar la bolsa. De hecho, durante el último mes sólo ha habido una categoría de activos que ha aumentado más su peso en las carteras de los encuestados que la renta variable, y esta ha sido la del sector de las telecomunicaciones, con un incremento de 15 puntos porcentuales en la exposición de los gestores. La tecnología también ha sido en febrero una de las clases de activos favoritas de los gestores, con un aumento de 10 puntos porcentuales en la cartera, que las deja ahora con el mayor peso que se ha visto desde agosto de 2020. El informe de la encuesta hace mención expresa a las Siete Magníficas (Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet y Tesla) como la posición con mayor popularidad, en un momento en el que se habla del riesgo de valoraciones de burbuja por el efecto de megacapitalización. El 61% de los encuestados dice tenerlas en cartera. Se trata de la mayor concentración desde que los gestores apostaron en masa por el dólar a largo plazo en octubre de 2022. También se señala que los activos estadounidenses y los del sector de consumo cíclico ocupan el cuarto y quinto lugar en el ránking de activos que más exposición han ganado en las carteras.Febrero también ha dejado lecturas interesantes en cuanto a la preferencia de los gestores entre activos de estilo 'growth' (de crecimiento, activos que suelen comportar bien en los momentos expansivos del ciclo económico), frente al 'value' (valor, un estilo que suele tener mejor comportamiento cuando no hay un entusiasmo excesivo por la situación económica). Por primera vez desde mayo de 2020 los gestores creen ahora que el estilo 'growth' tendrá un mejor comportamiento que el 'value', otra señal significativa de su cambio de percepción durante el último mes.La rotación hacia activos de más riesgo se ha hecho a costa de cuatro tipos de activos, principalmente: los de mercados emergentes, en primer lugar, cayendo hasta la mayor infraponderación desde noviembre de 2022, seguido de los reits (fondos que invierten en activos inmobiliarios), consumo básico y liquidez. La renta fija también ha ganado algo de peso en el último mes, pero nada comparado con la tendencia que se venía viendo en el pasado reciente. Sigue siendo el activo más sobreponderado de las carteras si se compara con el posicionamiento histórico de los gestores, y cuenta con una sobreponderación neta del 6% en este momento para los encuestados.En la encuesta para los gestores europeos también reina el optimismo desde el punto de vista macro. Alrededor del 85% opinan que la economía global esquivará el golpe de una recesión. La visión de que no habrá aterrizaje aumenta con fuerza pasando del 19% desde el 7%, con el 65% contemplando un aterrizaje suave. La incógnita de cómo respondería las economías occidentales al mayor incremento de tipos en cuarenta años reinó en los mercados financieros durante la segunda parte de 2023. A estas alturas, casi ningún inversor piensa en un atragantamiento, más allá de la economía europea. Las buenas sensaciones están apoyadas en una perspectiva de EEUU de "economía robusta", con cada vez menos inversores pensando en una desaceleración. El optimismo incluso empieza a permearse para la economía europea. Aunque hay una amplia mayoría (el 62%) que cree que la economía es "débil", venía del 82% en enero, y además la perspectiva de una caída en recesión ha descendido a plomo pasando del 53%, el pasado mes, al 16%.Los gestores de la Vieja Europa también son positivos en bolsa como ocurre con sus camaradas de EEUU. El 78% de los encuestados ven a las acciones europeas subiendo en los próximos doce meses, el nivel más alto en dos años, pero introducen un importante matiz. Frente a la euforia de la bolsa americana advierten de que habrá debilidad en mercado europeo a corto plazo, después del rally iniciado en octubre. Los argumentos utilizados para confiar en la renta variable europea pasan por una mejora de los beneficios de las compañías y a la perspectiva de bajadas de tipos por parte del BCE como "principal impulsor del mercado". El 87% de los encuestados esperan algún recorte de tipos para los próximos doce meses. Por tipo de activos, la preferencia de los encuestados apunta a valores cíclicos europeos en comparación con los defensivos por la mejora de las condiciones financieras, como respuesta a la previsible bajada de tipos. El sector favorito de los encuestados está en los seguros, por delante de la tecnología y la sanidad.

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Los ciudadanos no pierden así como así su condición de contribuyente, es decir, de persona obligada a pagar impuestos por los ingresos que recibe. Es lo que pasa cuando cobramos un salario y, aunque pueda parecer extraño, cuando se cobra una pensión, dado que en ambos casos se consideran rentas del trabajo a ojos de Hacienda. Los ciudadanos no pierden así como así su condición de contribuyente, es decir, de persona obligada a pagar impuestos por los ingresos que recibe. Es lo que pasa cuando cobramos un salario y, aunque pueda parecer extraño, cuando se cobra una pensión, dado que en ambos casos se consideran rentas del trabajo a ojos de Hacienda.Es por eso que un pensionista, aunque ya no sea un trabajador, sigue siendo un contribuyente que debe hacer frente al pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF, y presentar la declaración de la Renta si se encuentra entre los grupos de personas obligadas a hacerla.La Ley del IRPF lo especifica en su artículo 17 (puede consultarse en este enlace): se consideran rendimientos del trabajo y, por lo tanto, rentas por las que hay que tributar en el IRPF, "las pensiones y haberes pasivos percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente, enfermedad, viudedad, o similares".En paralelo, esta Ley del IRPF contempla diferentes excepciones que hacen que algunas pensiones estén exentas de tributar por el IRPF. Esto quiere decir que no se les descontarán cantidad alguna en concepto de impuestos y llegarán de forma íntegra a sus beneficiarios.Cualquiera de los pensionistas que cobre una de estas prestaciones debe consultar su borrador de la Renta para confirmar que las cantidades pertenecientes a las pensiones exentas no se reflejan en su apartado de rendimientos del trabajo.Lo explica la Agencia Tributaria en su página web: "Las rentas exentas no se tienen en cuenta para determinar el límite de la obligación de declarar y, salvo excepciones, como por ejemplo en el caso de la exención por reinversión en vivienda habitual, no las tienes que incluir en tu declaración".

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El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, se ha reunido este miércoles en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en el marco de los trabajos que la administración regional está llevando a cabo para desbloquear el proyecto de regadío de Tierra de Barros. El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Ignacio Higuero, se ha reunido este miércoles en Bruselas con el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en el marco de los trabajos que la administración regional está llevando a cabo para desbloquear el proyecto de regadío de Tierra de Barros.En el encuentro, Higuero trasladó ayer, miércoles 14 de febrero, al comisario la importancia del regadío de Tierra de Barros para fijar población en el ámbito rural, retener a las generaciones jóvenes en esta comarca y dinamizar el crecimiento de Extremadura con un proyecto generador de riqueza y a la vez locomotora de otros sectores; razones por las que ha emplazado a Wojciechowski a intensificar los contactos entre la administración extremeña y la europea que permitan acelerar los plazos para el inicio de las obras.El consejero ha pedido al comisario que traslade sus argumentos a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, toda vez que es este último organismo el que pone en duda la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de regadío de Tierra de Barros y afirma que vulnera el III Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana, la Directiva Marco del Agua, a la vez que indica que Extremadura no ha llevado a cabo el Programa de Acción de Nitratos. Requisitos todos ellos para que Europa dé el visto bueno ambiental al proyecto y libere los fondos económicos necesarios para ejecutar las obras. En este sentido, el Gobierno regional llevará a cabo las gestiones necesarias ante el Gobierno central encaminadas a solventar esas adversidades.

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La figura del IBI no es desconocida para las personas que tengan una vivienda en propiedad: se trata de una de las principales obligaciones fiscales de estos ciudadanos, que todos los años han de hacer frente a este impuesto. La figura del IBI no es desconocida para las personas que tengan una vivienda en propiedad: se trata de una de las principales obligaciones fiscales de estos ciudadanos, que todos los años han de hacer frente a este impuesto.El IBI, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, aparece regulado en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (puede consultarse en este enlace), que lo define como el "tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles" de los ciudadanos.Se trata de un tributo que gestionan los ayuntamientos, obligados por a ley a cobrarlo a dentro de su término municipal. Es por eso que en cada administración local la gestión y cobro de este impuesto puede variar y que, en caso de dudas, el ciudadano deberá acudir a la legislación local para conocer en qué términos ha de hacerse cargo de sus obligaciones fiscales.Tienen que hacerse cargo de este impuesto las personas físicas y jurídicas que sean titulares de derechos (como la propiedad, el usufructo o la superficie) sobre bienes inmuebles rústicos, urbanos y aquellos con características especiales como puertos, aeropuertos o vías ferroviarias.La base liquidable del impuesto coincide con la base imponible, que estará constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles", explica la ley. No obstante, el gravamen dependerá del ayuntamiento en concreto.La Ley, eso sí, establece cuantías mínimas y máximas a esos gravámenes en función del tipo de bien inmueble: "El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por ciento para los urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos".

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pedirá a las comunidades autónomas aunar los controles en el campo y reforzar las inspecciones de la ley de cadena alimentaria para evitar que ningún eslabón venda a pérdidas. Planas ha asegurado que existen medidas "muy sencillas que están en manos de las comunidades" que se pueden adoptar para responder a la inquietud de los agricultores. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pedirá a las comunidades autónomas aunar los controles en el campo y reforzar las inspecciones de la ley de cadena alimentaria para evitar que ningún eslabón venda a pérdidas. Planas ha asegurado que existen medidas "muy sencillas que están en manos de las comunidades" que se pueden adoptar para responder a la inquietud de los agricultores.Como ejemplo, ha instado a coordinar las actuaciones para que en una explotación se haga una sola inspección al año, y que las comunidades convoquen todos los años determinadas ayudas europeas dirigidas a los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria con el fin de darles "certidumbre y seguridad".Por otra parte, Planas valoró positivamente el trabajo desarrollado por el Gobierno central con China para conseguir que ese país levante el embargo a la carne de ternera procedente de España. En la red social X (antigua Twitter), el ministro ha incidido en que las negociaciones del Ejecutivo español con China "dan sus frutos". Se trata de una "buena noticia" para el sector del vacuno español porque la carne de ternera "accede a un gran mercado como el chino".Fue ayer domingo cuando el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que China levantará el embargo. Lo hizo en una rueda de prensa junto a su homólogo chino, Wang Yi, quien viajó a Córdoba en el marco de una visita de trabajo, que proseguirá este lunes con sendos encuentros con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI. Para el titular de Exteriores este anuncio tendrá "un impacto tremendamente positivo" porque "es difícil encontrar un mercado del tamaño del chino" y, "con la calidad de nuestros productos cárnicos" en este mercado "el éxito va a estar garantizado".Por otra parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha rechazado la propuesta presentada a Asaja, COAG y UPA por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mientras calienta motores para la tractorada que ha convocado este miércoles en Madrid. Así, al menos 500 tractores y 100 autobuses procedentes de distintas comunidades autónomas participarán en la manifestación frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque la cifra final puede ser mucho mayor, ha afirmado en una rueda de prensa el coordinador estatal de dicha organización agraria, Luis Cortés.Después de que Planas planteara el pasado jueves a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA una lista de 18 puntos para dar respuesta a sus reivindicaciones tras las protestas de los últimos días, Cortes ha tildado la propuesta de "engaño" porque "ninguna de esas medidas va a arreglar ninguno de los problemas".En concreto, la organización ha reclamado el desarrollo de la ley de la cadena alimentaria que permita la definición y el cálculo de los costes de producción porque, desde que se reformó la norma en 2021, "ni una sola sanción se debe al incumplimiento del precio mínimo". También ha criticado la "competencia desleal" de importaciones agrícolas de terceros países que incumplen actualmente con la normativa que se exige en la Unión Europea, y ha pedido más inspecciones en los puertos.

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Las protestas del sector agrícola prosiguen. Se suceden las jornadas de movilizaciones sin horizonte fijo. Bloqueos en las vías, en los accesos a puntos tan relevantes como Mercabarna o en la frontera con Francia protagonizan titulares en la segunda semana de manifestaciones. Por lo pronto, Bruselas trabaja por aplacar el descontento de un sector de especial relevancia en el entramado comunitario. La Comisión Europea presentará, en las próximas semanas, una propuesta para reducir las trabas administrativas del sector agrícola. Las protestas del sector agrícola prosiguen. Se suceden las jornadas de movilizaciones sin horizonte fijo. Bloqueos en las vías, en los accesos a puntos tan relevantes como Mercabarna o en la frontera con Francia protagonizan titulares en la segunda semana de manifestaciones. Por lo pronto, Bruselas trabaja por aplacar el descontento de un sector de especial relevancia en el entramado comunitario. La Comisión Europea presentará, en las próximas semanas, una propuesta para reducir las trabas administrativas del sector agrícola.Tal intención la anunció la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, hace un par de semanas: presentará una propuesta para reducir las trabas burocráticas antes del próximo Consejo de ministros de Agricultura del 26 de febrero. Sin embargo, ya constaba en la lista de prioridades de Bruselas esta simplificación, explican desde el Ejecutivo comunitario. "Tenemos que defender los intereses legítimos de los agricultores en nuestras negociaciones comerciales, en particular a la hora de garantizar la igualdad de condiciones en términos de normas cuando cerremos acuerdos comerciales. Y soy muy sensible al mensaje de que los agricultores. Están preocupados por la carga administrativa ", dijo la alemana tras un encuentro de líderes de la UE marcado por las protestas de 1.300 tractores que bloquearon la capital comunitaria. Las políticas verdes puestas en marcha desde Bruselas chocan de lleno con los intereses del sector agrícola. Las manifestaciones que bloquean las principales capitales europeas vieron escuchadas sus demandas en una reunión entre la agrupación de cooperativas europea, Copa-Cogeca, con la presidenta de la Comisión Europea, el primer ministro belga, Alexander de Croo, y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, hace dos semanas. Las quejas se manifiestan en diferentes frentes: las dificultades del sector primario, reducir las trabas burocráticas del sector, al rechazo por las políticas de sostenibilidad dispuestas desde Bruselas o las exigencias impuestas por la UE a la producción comunitaria frente a la de otros orígenes. Este último debate tiene su exponente más reactivo en el acuerdo de libre comercio con Mercosur. Los países latinoamericanos rechazan de lleno las condiciones adicionales requeridas por la UE. Son las mismas que cumplen los agricultores del bloque: en términos sanitarios y de sostenibilidad medioambiental. Sin estos requisitos, aquejan los agricultores europeos encabezados por los franceses, los productos de la UE estarían en desigualdad de condiciones. Ayer, la Comisión Europea ha dado un paso más para contentar al sector y ha anunciado que flexibilizará el uso de las tierras en barbecho. La excepción parcial entra en vigor este miércoles y se aplicará de forma retroactiva desde enero hasta diciembre. Permitirá que en ese 4% obligatorio de tierras en barbecho o no productivas, los agricultores cultiven plantas que fijen nitrógeno, como lentejas, guisantes o habas. La jefa del Ejecutivo comunitario ha reconocido la resiliencia de un sector que ha formado parte de los pilares fundacionales de la UE, con la política agraria común. Igual que sucede ahora con Ucrania, la adhesión de nuevos países al club comunitario ha suscitado el recelo del sector agrícola: por un lado, aumenta la competencia, por otro, implica redistribuir las partidas de fondos. En todo caso, Von der Leyen ha reconocido la resiliencia del sector a la pandemia y a la crisis de los precios de la energía. También la importancia de este sector económico para la seguridad alimentaria de la UE. Ha transcurrido poco más de una semana desde una de las concesiones al sector agrícola de la jefa del Ejecutivo comunitario. La presidenta de la Comisión Europea retiró la propuesta para reducir el uso de pesticidas, herbicidas e insecticidas químicos que se usan en la UE hasta 2030. La propuesta se convirtió en un símbolo de "polarización", según la alemana, que pondrá sobre la mesa un texto en la misma línea, pero "más maduro" y con "la participación de las partes implicadas".

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Estados Unidos está considerado como uno de los mercados laborales más dinámicos del mundo, pero desde la pandemia se ha convertido en un auténtico enigma. Con una tasa de paro del 3,7%, se puede hablar de pleno empleo, y una sorprendente tensión entre oferta y demanda de trabajadores; se ha convertido, de repente, en uno de los mercados de trabajo más calientes del mundo y en un quebradero de cabeza de la Fed, por su repercusión en los salarios y los precios. Cuatro años después de la irrupción del Covid, todavía persisten tendencias que debían haber desaparecido, o por lo menos, atenuarse. Las prejubilaciones de trabajadores mayores de 55 años continúan siendo muy elevadas, bloqueando que la mano de obra disponible recupere los niveles previos a la pandemia. Estados Unidos está considerado como uno de los mercados laborales más dinámicos del mundo, pero desde la pandemia se ha convertido en un auténtico enigma. Con una tasa de paro del 3,7%, se puede hablar de pleno empleo, y una sorprendente tensión entre oferta y demanda de trabajadores; se ha convertido, de repente, en uno de los mercados de trabajo más calientes del mundo y en un quebradero de cabeza de la Fed, por su repercusión en los salarios y los precios. Cuatro años después de la irrupción del Covid, todavía persisten tendencias que debían haber desaparecido, o por lo menos, atenuarse. Las prejubilaciones de trabajadores mayores de 55 años continúan siendo muy elevadas, bloqueando que la mano de obra disponible recupere los niveles previos a la pandemia.La voz de alarma la lanzó la Reserva Federal de San Luis hace dos años. Un artículo firmado por Miguel Faria e Castro alertaba de un "exceso" de jubilaciones respecto a las previsiones que cifraba en 2,4 millones de retiros. La causa era, a su juicio, el impacto de la Covid, que precipitó la decisión de muchos trabajadores de abandonar el mercado laboral. Este fenómeno se vinculó al récord de dimisiones que por entonces empezaba a registrar el mercado laboral y que fue bautizado con el mediático nombre de la Gran Dimisión.Pero los datos disponibles apuntan a un escenario mucho más sombrío: una 'Gran Prejubilación' que está expulsando sin relevo a los empleados de más de 55 años del mercado laboral, lo que está presionando para que el mercado de trabajo siga recalentado.Pero mientras, dos años más tarde, las renuncias de trabajadores a su puesto de trabajo han vuelto a niveles de 2019, como hemos contado en elEconomista.es, las jubilaciones siguen disparadas. De hecho, Faria e Castro actualizó su análisis a finales de 2023 para llegar a la misma conclusión: el exceso de jubilados sigue en los 2,4 millones. Aunque ya no puede considerarse un efecto puntual de la pandemia.Que las jubilaciones efectivas superen las previstas es un problema, en primer lugar, para los sistemas de Seguridad Social que llevan años preparándose para el retiro de los trabajadores de la generación del baby boom. Este inesperado repunte pondrá a prueba la sostenibilidad de estas prestaciones, e inquieta incluso a un país con un elevado papel del ahorro privado como Estados Unidos.Sin embargo, hay otra derivada que no suele tenerse en cuenta en estos análisis: que lleve al mercado laboral a un punto en el que la salida de trabajadores es muy superior a su entrada. No es solo una cuestión contable, ya que este cambio en la pirámide demográfica no afecta solo a al pago de las nóminas, sino también al corazón de la capacidad productiva de la primera economía del mundo: su mano de obra.Bajo este prisma, el eufemismo que la Fed y otros analistas suelen utilizar para referirse a esta tensión, la "fortaleza" del mercado laboral pasa a ser una debilidad que los datos más recientes revelan como cada vez más preocupante. Porque la raíz de esta Gran Jubilación no está en los que superan la edad ordinaria de retiro, sino en los que los anticipan la salida definitiva del mercado laboral. Es decir, una Gran Prejubilación que se traduce en pleno empleo en el país no se debe tanto a la buena marcha de la economía como a la falta de trabajadores.Las últimas cifras de empleo publicadas por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS por sus siglas en inglés) revelan que la tasa de actividad de los estadounidenses, es decir, el porcentaje que forma parte de la fuerza laboral, ya sea porque tienen trabajo o porque lo están buscando, se situaba en enero en el 62,5%. Es un dato que queda por debajo del 63,1% que se alcanzó en enero de 2020, justo antes del estallido global de la pandemia.Aunque pueda parecer una diferencia pequeña, el análisis de un mercado laboral tan tensionado como el estadounidense no puede ignorar el peso de unas décimas. Y en este caso resulta sorprendente porque pone en duda el vigor del empleo en Estados Unidos.Al contrario de lo que ha ocurrido en otros países, como España, los niveles de trabajadores en edad 'prime', es decir, entre 25 y 54 años, parecían haberse recuperado tras la pandemia, un buen dato, pero que no encaja con la más modesta evolución de la tasa general.La explicación está en las entradas o en las salidas del mercado laboral. A los buenos datos de empleo se puede llegar por una recuperación de la ocupación o a una caída de la población disponible para trabajar. Si nos fijamos en la tasa de actividad de los menores de 25 años. Los datos son también positivos, si bien no tanto como los de la franja prime. Esto supone que los más jóvenes no han renunciado al mercado laboral (ya sea porque aún no han terminado su formación o por desánimo).Una tendencia positiva para un mercado laboral preocupado por el relevo generacional y que también apunta que la debilidad de la mano de obra no se debe a los trabajadores más jóvenes; aunque hay que tener encuentra que estamos hablando de tasa de actividad, no de números absolutos. Es decir, que la incorporación de nuevos potenciales trabajadores no tiene por qué compensar la salida de otros de mayor edad.Y aquí pasamos al otro grupo de activos 'no prime': los mayores de 55 años. Y su tasa de actividad arroja una cifra que confirma los pronósticos de la Fed de Saint Louis: su tasa de actividad sigue muy debajo de la tasa que registraban antes de la pandemia. Algo que confirma el impacto de los retiros anticipados.Aunque el retiro de mayores se considera algo normal, e incluso positivo porque permite dar entrada a los nuevos, en un escenario de caída de la demografía no lo es. No sólo por su impacto en pensiones, sino porque lastra a la evolución de la actividad económica. Y los datos de Estados Unidos son un buen ejemplo.Este anticipo de las jubilaciones no solo supone un coste elevado para los sistemas de Seguridad Social. También recorta la disponibilidad de la mano de obra. Así, aunque los jóvenes y no tan jóvenes tengan una buena disposición a entrar en el mercado laboral, si el panorama le invita a anticipar su retiro, convierte la fortaleza del empleo en un mero espejismo.

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Los agricultores y ganaderos continúan con sus concentraciones y movilizaciones para reclamar unas condiciones justas para vivir de su actividad y que el sector de la agricultura y ganadería pueda permanecer vivo. Unas protestas que han conllevado algunos cortes momentáneos de carreteras en Aragón y la dificultad de acceso a polígonos industriales como la Plataforma Logística de Zaragoza o empresas concretas como la planta de Stellantis en Figueruelas. Los agricultores y ganaderos continúan con sus concentraciones y movilizaciones para reclamar unas condiciones justas para vivir de su actividad y que el sector de la agricultura y ganadería pueda permanecer vivo. Unas protestas que han conllevado algunos cortes momentáneos de carreteras en Aragón y la dificultad de acceso a polígonos industriales como la Plataforma Logística de Zaragoza o empresas concretas como la planta de Stellantis en Figueruelas.Y, ante esta situación, ¿qué sucede si un empleado no llega a tiempo a trabajar porque se retrasa por estos cortes momentáneos? Lo primero que hay que tener claro es que las tractoradas son un hecho circunstancial, como por ejemplo una huelga u otro acto reivindicativo, por lo que el empleado que llegue tarde a su trabajo no puede ser sancionado o despedido.Es una causa ajena, puede ser considerada de fuerza mayor o no de fuerza mayor, por lo que el retraso no es imputable al comportamiento del empleado. Pero esto no implica que todo "atasco sirva porque atascos puede haber todos los días", aclara Fernando Ruiz-Beato, socio de RB Ruiz Beato Abogados, a elEconomistaLas tractoradas "son un caso excepcional lo que hace que sí se pueda tener una justificación para llegar tarde a trabajar" porque la causa por la que no se acude a trabajar no es imputable al empleado, sino a terceros.A pesar de ello, es recomendable que el empleado afectado presente alguna prueba a la empresa. Por ejemplo, una foto o un vídeo en el que se vea la tractorada y la afección en el trafico, es decir, el impedimento para circular con el coche. Con este tipo de prueba debería ser suficiente, pero todo dependerá de cada empresa. "Tiene que primar la buena fe y la confianza", añade.En estos casos la empresa no puede sancionar al empleado ni descontarle de la nómina el tiempo no trabajado por el retraso ni obligarle a recuperar el horario, pero siempre que la causa no sea imputable al trabajador. "Para que haya sanción, tiene que haber incumplimiento", incide Fernando Ruiz-Beato. No obstante, se puede tener la opción de dar macha atrás con el coche y buscar otro itinerario, otra forma de llegar o bien poder teletrabajar en aquellos empleos en los que sea posible.Todo esto sería también aplicable en aquellos casos en los que, por ejemplo, la tractorada prolongara los cortes de carreteras o calles y fuera imposible llegar al centro de trabajo y, en consecuencia, trabajar ese día. Tampoco se podría sancionar al empleado, obligarle a recuperar horas o descontárselo de la nómina. "Si se pone sanción, la empresa se encontrará con que el trabajador la impugnará", generándose pleito y conflicto.No obstante, lo que hay que tener muy claro es que un empleado no puede tomar decisiones unilaterales. Es decir, si se encuentra un atasco o corte de carretera o si va a ver tractorada, no puede decidir quedarse en casa o irse a ella. Debe comunicar a la empresa la situación y, si cabe la posibilidad, solicitar el teletrabajo.Caso distinto es que un empleado llegue a trabajar por un atasco normal, que no sea excepcional como una tractorada, ya que hay un régimen disciplinario que se aplica. Se consideraría una falta leve por lo que se recibe una amonestación por escrito. Si esa conducta de llegar tarde es reiterada, se puede llegar a la suspensión del empleo o sueldo porque aquí sí media el incumplimiento por parte del trabajador.

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a enviar en unos días a los agentes sociales un texto, con sus diferentes aportaciones, en relación a la implicación de las mutuas en la incapacidad temporal (IT) y a la regulación de los coeficientes reductores a establecer en la jubilación anticipada, según ha informado este lunes el Departamento que dirige Elma Saiz al término de la reunión de la mesa de diálogo social sobre pensiones. El absentismo laboral por enfermedad comun se han duplicado en la última década y la Seguridad Social quiere recurrir a las mutuas para destascar la gestión de las bajas. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha comprometido a enviar en unos días a los agentes sociales un texto, con sus diferentes aportaciones, en relación a la implicación de las mutuas en la incapacidad temporal (IT) y a la regulación de los coeficientes reductores a establecer en la jubilación anticipada, según ha informado este lunes el Departamento que dirige Elma Saiz al término de la reunión de la mesa de diálogo social sobre pensiones. El absentismo laboral por enfermedad comun se han duplicado en la última década y la Seguridad Social quiere recurrir a las mutuas para destascar la gestión de las bajas. En lo que concierne a las mutuas, se trata de desarrollar lo pactado por CCOO, UGT, CEOE y Cepyme en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Así también se comprometió a desarrollarlo la ministra, Elma Saiz, en su comparecencia ante los grupos políticos del Congreso. En dicho acuerdo, sindicatos y empresarios instan a aprovechar los recursos de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para mejorar los tiempos de espera en la atención sanitaria de los trabajadores y reducir las listas de esperas en el sistema público.Con este fin, se pedía a las administraciones con competencias en la materia desarrollar convenios con las mutuas para que éstas pudieran realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de IT por contingencias comunes de origen traumatológico.En este sentido, la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, ha señalado al término del encuentro que existen algunos puntos de consenso, pero también otros de "grandes discrepancias" entre las partes."Mientras los sindicatos pensamos que el AENC establece esa colaboración exclusivamente para ayudar a los trabajadores a poder ser atendidos con la premura que necesitan en muchas ocasiones, en el caso de la CEOE, van más allá. Lo que pretenden es que se haga una transferencia de prestaciones de lo que es hoy el servicio público de Sanidad al médico de la mutua", ha denunciado.Estévez espera que esas discrepancias con la patronal sean "subsanables", porque el AENC deja "muy claro" que el objetivo de la medida propuesta es ayudar a la pronta recuperación de los trabajadores ante determinadas patologías derivadas de enfermedades comunes de origen traumatológico.Respecto a la regulación del procedimiento general para el establecimiento de coeficientes reductores a fin de anticipar la edad de jubilación en función de los requerimientos físicos o psíquicos en el desempeño de una actividad, que experimenten un elevado índice de morbilidad o siniestralidad a partir de una determinada edad o que ocasionen secuelas que den lugar a elevados índices de morbilidad o mortalidad como consecuencia de contingencias profesionales, el Ministerio también ha señalado que se procederá a la incorporación de las recomendaciones de los interlocutores sociales en el texto que se enviará en los próximos días.La reforma de pensiones de 2021 establece que la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación podrá rebajarse en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo un mínimo de actividad.A tales efectos, la reforma emplazaba a un reglamento posterior, el que ahora se negocia, para establecer coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación, que incluirá, entre otras, la realización previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para continuar con el desarrollo de la actividad a partir de una determinada edad.En relación a este asunto, la responsable de UGT ha explicado que no todo el mundo podrá jubilarse a los 67 años cuando se despliegue por completo la subida progresiva de la edad legal de retiro establecida en la reforma de 2011. "Por tanto, debemos de ser muy exhaustivos a la hora de establecer quiénes pueden o quiénes no pueden llegar a esa edad ordinaria de jubilación", ha apuntado Estévez.Según ha explicado la representante sindical, hay "bastante acuerdo en la parte de peligrosidad", pero no en los ratios de penosidad. Para UGT, es fundamental que la penosidad quede establecida en unos indicadores objetivos, así como la edad."No pueden darse casos como los de personas de la dependencia, mujeres en la mayoría de los casos, que son ancianas atendiendo a ancianas. Aquí sí que existe bastante controversia y por parte del Ministerio bastante cerrazón. Parece que lo que pretenden es que los coeficientes reductores los tengan las profesiones o las actividades masculinas y dejar la jubilación parcial para las femeninas, con lo cual estaríamos ante una desigualdad de trato inasumible por parte de nuestra organización", ha denunciado.Estevéz ha indicado que la mesa de diálogo social sobre pensiones volverá a reunirse el lunes 4 de marzo, en la que se producirá un "intercambio" de borradores entre las partes.

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La mayor obra de ingeniería de la historia: el proyecto de un canal interoceánico que empequeñece al de Panamá El comercio internacional se está adentrando en aguas turbulentas. El auge de los conflictos geopolíticos, la moderna 'piratería del siglo XXI' y el cambio climático están presionando algunas de las principales arterias comerciales del mundo. Un buen ejemplo es lo que está sucediendo en el Canal de Panamá, donde las sequías están erosionando la capacidad de esta vía marítima para 'transportar' en sus aguas a los grandes buques mercantes que intentan pasar de un océano a otro. Ante esta situación, parece idóneo buscar alternativas. China pudo tener la solución: un proyecto que fue revelado en 2012 y que podría haber sido parte de la solución. Pekín quiso construir en Nicaragua la que habría sido la mayor obra de ingeniería de la historia: un canal interoceánico con un tamaño que supera en tres veces al Canal de Panamá. La mayor obra de ingeniería de la historia: el proyecto de un canal interoceánico que empequeñece al de Panamá El comercio internacional se está adentrando en aguas turbulentas. El auge de los conflictos geopolíticos, la moderna 'piratería del siglo XXI' y el cambio climático están presionando algunas de las principales arterias comerciales del mundo. Un buen ejemplo es lo que está sucediendo en el Canal de Panamá, donde las sequías están erosionando la capacidad de esta vía marítima para 'transportar' en sus aguas a los grandes buques mercantes que intentan pasar de un océano a otro. Ante esta situación, parece idóneo buscar alternativas. China pudo tener la solución: un proyecto que fue revelado en 2012 y que podría haber sido parte de la solución. Pekín quiso construir en Nicaragua la que habría sido la mayor obra de ingeniería de la historia: un canal interoceánico con un tamaño que supera en tres veces al Canal de Panamá.El fantasma de esta gran obra sigue sobrevolando Nicaragua. Es un proyecto que no ha movido ni una piedra, pero que, sin embargo, no se le puede dar ni mucho menos por muerto. Desde el Gobierno de Nicaragua han asegurado en varias ocasiones que "sigue muy vivo". Esta inversión y proyecto fue anunciado a 'bombo y platillo' por el Gobierno de Nicaragua en 2012. El proyecto iba a estar impulsado por China, con una inversión de 50.000 millones de dólares, y prometía convertir a Nicaragua en el gran centro del comercio marítimo de toda América Latina. Sin embargo, esta gran obra, pese a contar con muchos detalles y planes, nunca llegó ni siquiera a comenzar a materializarse. Los que iba a ser la mayor obra de ingeniería de la historia ha quedado, por ahora, en el 'mayor cuento chino de la historia'.Aunque ha alcanzado su cenit de 'popularidad' en los últimos años, esta es una idea muy vieja. La zona en la que se quiere construir se presta a dicho tipo de obra. La idea de la construcción del canal aprovechando el curso del río San Juan viene de muy lejos. Algunas fuentes sostienen que las primeras proposiciones se realizaron en la época colonial española, aprovechando que este río nace en el lago y desemboca en el Caribe. También Francia o EEUU han especulado con la posibilidad de impulsar esta mastodóntica inversión. Finalmente, si se termina construyendo el 'Gran Canal', todo hace indicar que el dinero vendrá de China, que es el país que tiene en la actualidad mejor relación con Nicaragua y el que ha propuesto un plan más concreto.El proyecto del canal interoceánico de Nicaragua estaba llamado a ser tres veces más grande que el de Panamá, y anunciado como "el mayor proyecto de ingeniería civil en la historia" de la humanidad. Pero ya han pasado casi 12 años sin que China dé señales claras para dar comienzo a esta obra. Muchas promesas y palabras bonitas, pero todavía no se ha puesto ni una piedra.Todo comenzó un 3 de julio de 2012, cuando la mayoría sandinista (una corriente política nicaragüense de izquierda, de tendencia nacionalista y antiimperialista) de la Asamblea Nacional (Parlamento) nicaragüense aprobó la polémica Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Acuático Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Institución Rector, Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, promovida por el presidente Daniel Ortega. Un año después, la Asamblea nicaragüense aprobó la concesión de construcción y administración a la empresa Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND) Group, el inversor chino Wang Jing, presentado como uno de los hombres más ricos de China y entre los 200 más acaudalados del mundo, quien invertiría 50.000 millones de dólares, ofrecería 50.000 empleos, y duplicaría el producto interno bruto (PIB) del país en los cinco años de construcción.El canal, que uniría el mar Caribe con el océano Pacífico, atravesaría el sur del país de este a oeste, con una vía húmeda de 278 kilómetros de longitud, 230 a 520 metros de ancho, 30 metros de profundidad. El proyecto estaría dividido en "subproyectos": el canal, dos aeropuertos, dos puertos de aguas profundas, dos lagos artificiales, dos esclusas, un área de libre comercio y complejos turísticos, entre otros. HKND recibió la concesión de administración por 50 años, más otros 50 prorrogables, si así lo deseaba, a cambio de un pago de diez millones de dólares cada año durante la primera década, y el derecho al uno por ciento del patrimonio de los "subproyectos" que se elevaría hasta el 99% al finalizar la concesión. HKND fue disuelta en 2018, aplastando casi por completo las ilusiones de Nicaragua."Es un proyecto fallido desde el principio, por la falta de transparencia y corrupción que implementó el régimen de Nicaragua, la resistencia campesina frenó su avance, la comunidad internacional entendió que podía usarse para la entrada de recursos ilícitos", aseguraba a Efe a finales de 2022 el ecologista Amaru Ruiz, cuya ONG, Fundación del Río, fue clausurada por el Gobierno nicaragüense.Pero Ruiz sostuvo que "fallido" no significa "muerto", como demuestra la existencia de la Autoridad Nacional del Gran Canal, que sigue recibiendo cerca de 200.000 dólares del Presupuesto general de la República cada año, pese a no tener funciones. De acuerdo con el ecologista, que el Gobierno no haya invocado la cláusula de cancelación del proyecto, sumado a la prohibición de las protestas, cancelación de decenas de ONG ambientalistas, gremiales y defensoras de derechos humanos, y al restablecimiento de relaciones con China, "puede abrir posibilidades de que sigan vendiendo cualquiera de los subproyectos".En diciembre de 2021, tras el anuncio de que Nicaragua dejaba de tener relaciones oficiales con Taiwán, Ortega afirmó que en Nicaragua hay "proyectos que están vivos, con una gran empresa de la República Popular China, el proyecto del gran canal, todos ustedes lo recuerdan". Un hilo de esperanza Sin embargo, los analistas y algunos funcionarios chinos aseguran que el proyecto no está muerto, que esta gran obra podría dar comienzo en cualquiera de los muchos viajes que realizan delegaciones chinas al país americano para cerrar otras inversiones.En los últimos meses, en medio de las tensiones comerciales y los problemas del Canal de Panamá, esta obra faraónica ha vuelto a ser el centro de los focos e incluso se ha asegurado que Rusia apoyaría también (no se sabe de qué forma) su construcción. Los investigadores de a Fundación Jamestown (un grupo expertos formado por una fundación de análisis geopolítico y económico con sede en Washington, D.C.) creen que la reactivación de este canal podría tener lugar en los próximos años, sobre todo después de que Nicaragua rompiese sus relaciones diplomáticas con Taiwán (un territorio que China considera como suyo)."El proyecto no se materializó debido a los problemas financieros de HKND, la falta de realización de estudios ambientales y la oposición de agricultores y ecologista. Estos dos últimos grupos estaban preocupados por el impacto que la construcción tendría en el Lago Nicaragua, el lago más grande de Centroamérica y una importante fuente de agua dulce", explican los expertos de Jamestown. Sin embargo, "tras el acercamiento diplomático de finales de 2021, el proyecto podría volver a estar sobre la mesa: las empresas chinas buscan nuevos acuerdos, mientras que en Nicaragua los Ortega han hecho mucho para consolidar su poder (lo que podría permitirles reprimir cualquier oposición) y las sequías en Panamá está impactando la cantidad de barcos que pueden transitar por su vía fluvial.Mientras tanto, el hijo de Ortega, Laureano, una fuerza importante detrás del proyecto inicial (así como en el restablecimiento de las relaciones con la República Popular China) ha vuelto a entrar en el Gobierno y con él la idea de esta canal interoceánico. También sigue involucrado Wang, quien en noviembre de 2021 felicitó a Ortega y su esposa por su victoria electoral. Wang, pese a todo lo sucedido, ya había declarado en otras ocasiones su "fe en el proyecto del gran canal (de Nicaragua)" en 2021.

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En Dune, el recurso natural más valioso de la galaxia es la especia extraída del planeta Arrakis, la cual permite ver el futuro a quienes la ingieren. De la misma forma, las previsiones económicas fueron, durante mucho tiempo, un elemento sobre el que pivotaban las estrategias de las principales instituciones financieras. Sin embargo, estos pronósticos parecen haber perdido la magia desde que, hace dos años, se comenzó a pronosticar una recesión para 2023 que jamás llegó. La respuesta dovish a la pandemia y la posterior política hawkish de la Fed está poniendo a prueba los manuales tradicionales de economía. La economía no pierde tracción pese a que se ha ejecutado el mayor ciclo alcista de tipos en cuarenta años. Los datos muestran otra cosa y, en este contexto, hay quienes han aprovechado el momento para cuestionar el verdadero papel de las previsiones económicas. El problema es que no solo está fallando los economistas, también los analistas financieros, el propio mercado y hasta la propia Fed. En Dune, el recurso natural más valioso de la galaxia es la especia extraída del planeta Arrakis, la cual permite ver el futuro a quienes la ingieren. De la misma forma, las previsiones económicas fueron, durante mucho tiempo, un elemento sobre el que pivotaban las estrategias de las principales instituciones financieras. Sin embargo, estos pronósticos parecen haber perdido la magia desde que, hace dos años, se comenzó a pronosticar una recesión para 2023 que jamás llegó. La respuesta dovish a la pandemia y la posterior política hawkish de la Fed está poniendo a prueba los manuales tradicionales de economía. La economía no pierde tracción pese a que se ha ejecutado el mayor ciclo alcista de tipos en cuarenta años. Los datos muestran otra cosa y, en este contexto, hay quienes han aprovechado el momento para cuestionar el verdadero papel de las previsiones económicas. El problema es que no solo está fallando los economistas, también los analistas financieros, el propio mercado y hasta la propia Fed.En abril de 2023, Elon Musk señaló en Twitter que, tras el colapso de SVB y Credit Suisse, "un incremento de los tipos de interés provocará una severa recesión". El consejero delegado de Tesla indicó, asimismo, que los datos que manejaba la Reserva Federal estaban desactualizados. El último dato de la inflación estadounidense —un 3,1% en lugar del 2,9% estimado— parece dar la razón al organismo encabezado por Jerome Powell, que ha optado por aplicar cautela al aterrizaje suave de los tipos de interés. Nada que ver con la reciente euforia del mercado, que chocó con la reciente publicación del IPC, provocando caídas superiores al 1% en los principales índices de Wall Street.La bolsa estadounidense estalló de júbilo en diciembre cuando la Fed comunicó en diciembre del año pasado una bajada de 75 puntos básicos a lo largo de 2024. Desde entonces, el S&P 500 ha crecido un 10,43%, llegando a superar por primera vez en su historia la cota de los 5.000 puntos. Sin embargo, la Reserva Federal ha mantenido una postura cautelosa, reflejada en las continuas referencias al seguimiento de los datos económicos para modificar o no su política monetaria. En este sentido, parece que los datos han llevado a Powell a descartar prácticamente una bajada de tipos en marzo, sin señalar cuándo se realizará la primera reducción del precio del dinero.Por otro lado, numerosos expertos consideran que la Fed ha optado por otorgar más confianza a los datos que a las previsiones. La institución liderada por Powell parece haberse convertido al cholismo, procurando ir 'partido a partido' antes que hacer elucubraciones sobre el futuro. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para confirmar que la Fed ha comenzado a descender hacia un aterrizaje suave. La última vez que el banco central lo hizo fue en 1995, un hecho que elevó la reputación de Alan Greenspan, presidente de la Fed en aquel momento, a la categoría de Maestro.Sin embargo, los expertos están divididos, lo cual no es ninguna novedad. En mayo de 2023, un informe del Foro de Davos señaló que el 45% de los economistas encuestados veía muy probable la entrada de la economía mundial en una recesión a finales de ese año, mientras que otro 45% lo veía improbable. Ahora, por un lado, encontramos a Ed Al-Hussainy, estratega de tipos de interés en Columbia Threadneedle Investments, que se recientemente se quitó el sombrero ante la Reserva Federal: "Les daría un diez", aseguró. Por otro lado, Alan Detmeister, economista en UBS Investment Bank, recordó que históricamente, cuando la economía parece encaminarse hacia un aterrizaje suave, en ese momento es justo cuando la recesión golpea.Por su parte, Wells Fargo se alineó con las tesis de la Fed y estimó que la economía conseguirá ejecutar el aterrizaje suave este año, disminuyendo la actividad cuidadosamente, pero sin provocar un frenazo en la misma. Esta previsión supone un giro por parte del banco norteamericano, que había azuzado el fantasma de la recesión desde mediados de 2022. Sin embargo, la firma sigue pensando en que hay factores que pueden conducir a un frenazo en la economía: "Pensamos que el riesgo de recesión es elevado", indicó Sarah House, analista de Wells Fargo, en conversaciones con The New York Times.Pero la incapacidad de prever el futuro ha tenido unos efectos más graves en un sector clave: la banca de EEUU. El funcionamiento de los bancos es arriesgado por definición: su labor consiste en pedir dinero prestado a la gente y prestárselo a otros, pero los ahorradores que lo depositan en el banco pueden exigir que se lo devuelvan en cualquier momento, mientras que los que reciben un crédito se lo reingresan al banco lentamente, a lo largo de meses o años. Si todos los depositantes piden que les devuelvan el dinero a la vez, el banco se hunde, por definición. Esa contradicción hace que este sector dependa del Estado para evitar crisis de confianza, y a la vez, esto le obliga a estar muy regulado, para que los bancos no aprovechen ese respaldo para lanzarse a hacer las operaciones más alocadas posibles sabiendo que, si fallan, ya lo compensará el Gobierno.Sin embargo, el hundimiento de Silicon Valley Bank (SVB) en 2023 (el segundo banco más grande en caer desde 2008) demostró que no solo corren riesgo las entidades que lo apuesten todo a activos tóxicos e hipotecas impagables. Basta con malinterpretar bastante a sus depositantes y a la Reserva Federal.SVB atendía a la élite tecnológica de la Bahía de San Francisco, y sus arcas llevaban años ingresando los cientos de millones de dólares de las inversiones que los fondos de riesgo lanzaban a paladas a las start-ups de la zona. Sus depósitos se triplicaron durante los años del dinero fácil a intereses cero, y muchos de sus depósitos en efectivo eran tan grandes que superaban el límite de los 250.000 dólares asegurados por el Estado para todas las cuentas bancarias ordinarias. SVB sabía del peligro de que las vacas gordas se acabaran y las empresas empezaran a retirar sus ahorros, así que no invirtió esos depósitos en hipotecas basura ni en obligaciones de deuda colateralizadas como las que causaron la crisis financiera de 2008. La mayoría de sus activos (bonos, por ejemplo) eran conservadores, y los más arriesgados (créditos e hipotecas) tenían una calidad sólida.Pero cuando la Fed empezó a subir los tipos en 2022, los activos de SVB, que se habían firmado con un interés pequeño (el que había en esos momentos) empezaron a perder valor. Si SVB había emitido una hipoteca al 2% en 2016, ahora los bonos del estado, a riesgo cero, daban un 4%. Si el banco necesitaba efectivo y tenía que vender esa hipoteca, o bonos al 1% comprados en 2020, tenía que ofrecer un fuerte descuento para compensar la diferencia de rentabilidad: ¿por qué iba alguien a comprarle unos bonos al 1% a SVB cuando el Gobierno de EEUU estaba vendiendo otros al 4% en ese mismo momento?En principio, eso no debía ser un riesgo en tanto en cuanto los depositantes no empezaran a sacar dinero en masa. Pero, como temía el banco, la era de las inversiones ilimitadas en las tecnológicas de Silicon Valley se apagó y todas las firmas que habían ingresado millones en sus cuentas para cuando llegaran las 'vacas flacas' empezaron a retirarlos para pagar sueldos y mantener sus gastos.SVB, así, se encontró ante la peor de sus pesadillas: sus activos conservadores estaban perdiendo valor, y la firma se veía obligada a venderlos a pérdidas para devolver los depósitos a sus clientes. Y cuando se filtraron esas operaciones a pérdidas, los clientes entraron en pánico y empezaron a retirar cantidades aún más grandes: hasta 42.000 millones de dólares en un solo día. La Fed no tuvo más remedio que cerrarlo y subastar sus activos antes de que sus cuentas se quedaran a cero.No es que nadie lo viera venir. La Fed de San Francisco había alertado al banco por su mala gestión de los tipos de interés, que resultó ser fatal, y había enviado a un grupo de inspectores para reforzar el control. Al final, no fue suficiente, y la consecuencia fue desatar un miedo bancario que también se llevó por delante al banco regional First Republic. La única solución fue que la Fed se ofreciera a recomprar esos activos a su precio original para que no tuvieran que venderlos a pérdidas. Una solución que ha acabado por reducir aún más los riesgos de la banca. Pero lo cierto es que la propia Fed no pensaba que iba a provocar tal seísmo con sus movimientos en los bancos.Aunque si hay un mercado que ha sido imposible de prever, ese ha sido el de deuda. Los bonos han sufrido una volatilidad que nadie imaginaba en los años anteriores, después de pasar una década aplanados por los tipos de interés ultrabajos. En 2022, el movimiento de los bancos centrales dejó una sangría a su paso: el índice agregado de bonos estadounidenses de Bloomberg se dejó un 13% en el año. Y cuando lo peor parecía haber terminado, el momento perfecto para cazar el rebote también fue muy difícil de anticipar. "Hace un año fuimos muy positivos sobre las perspectivas para 2023. Al principio parecíamos muy listos, pero con los meses se nos fue poniendo cara de tontos", dice Gene Tannuzzo, director global de renta fija de Columbia Threadneedle Investments. "Y luego, en los últimos dos meses, de repente volvimos a ser los visionarios".La clave de la recuperación del mercado ha sido el giro en la Reserva Federal, que ha declarado el fin de las subidas de tipos de interés y ha abierto la puerta a las bajadas en los próximos meses. Ese movimiento ha arrastrado a la baja a la rentabilidad de los bonos a 10 años, que tocó techo en el 5,022% en octubre. En el mercado de los bonos, el precio sube según baja la rentabilidad y viceversa. La bajada de la rentabilidad, hasta quedar ligeramente por debajo del 4% en diciembre, levantó los precios y evitó que el mercado cerrara a la baja por tercer año consecutivo.Pero la bruma sigue siendo muy espesa de cara a los próximos meses, especialmente después del dato del IPC de EEUU de este martes, que revelaba una inesperada aceleración de los precios en enero. Un solo dato negativo no destruye una racha a la baja, pero sí abre la puerta a dos escenarios negativos que parecían estar ya enterrados. El desconcierto está siendo tal que hasta el propio Powell ha reconocido en más de una ocasión que le está sorprendiendo la respuesta de la economía.Para Stephen Bartolini, gestor de cartera de renta fija de T. Rowe Price, el riesgo es que finalmente no ocurra el 'aterrizaje suave' que se atisbaba a finales del año pasado, con un regreso lento, pero seguro de la inflación al 2% sin que la economía de EEUU llegara a levantar el pie del acelerador del PIB y el empleo. Ahora vuelve a crecer la posibilidad de que 'no haya aterrizaje' y la inflación siga atascada en el 3%, lo que obligue a la Fed a mantener los tipos altos mucho más de lo que se esperaba. Y, en el peor de los casos, el banco central podría tener que volver a subir los tipos, en vez de bajarlos, empujando al país a una recesión que parecía esquivada. Por el momento, los mercados han borrado dos bajadas de tipos en estos dos meses y los bonos vuelven a rondar el 4,3% tras haber caído al 3,7% en diciembre.Pero el lado bueno de unos rendimientos al 4% es que el bono se ha convertido en un refugio muy útil en caso de que la economía acabe cayendo en la temida recesión. Con la inflación estadounidense en el 3% el bono sigue dando beneficios, y este activo se convertiría en el refugio perfecto para los inversores que optaran por huir de la renta variable.Por lo pronto, para Sinead Colton Grant, director de inversiones de BNY Mellon Wealth Management, los inversores en los fondos del mercado monetario, que gestionan dinero en efectivo, deberían plantearse el cambio. "Permanecer en efectivo implica un riesgo de reinversión significativo, en un momento en que es probable que los rendimientos a corto plazo tiendan a bajar", advierte Colton Grant. Aunque ahora esos fondos estén dando más de un 5%, la seguridad del 4% de los bonos debería ser más atractiva a medio plazo.Una norma matemática dice que la media de las estimaciones de muchas personas suele acercarse más a la realidad que una predicción individual escogida al azar. En el mercado bursátil, sin embargo, las predicciones parecen estar hechas con una bola de cristal opaca. En 2021, el pesimismo de la pandemia hizo que los grandes bancos de inversión vieran pequeñas subidas de poco más del 1%, cuando en realidad el S&P 500 acabó ganando un 27%. En 2022 se preveían bajadas, pero la bolsa se hundió 22 puntos más de lo que calculaba la media. Y en 2023 la media apuntaba a una alza del 7%, en vez del 25% con la que cerró el año.Según los análisis de Bloomberg, las predicciones sobre lo que hará la bolsa a lo largo del año de los analistas son tan precisas como tirar tres dardos a una diana y sumar los números que van saliendo. Y, sin embargo, por mucho que fallen una y otra vez, todos los grandes bancos y fondos de inversión dedican horas y horas cada mes de diciembre a hacer predicciones para el año siguiente. Algunos dicen que el ejercicio es una forma más de agudizar sus ideas y ver los riesgos y oportunidades del año. También ofrece a los inversores un punto de referencia, para que puedan comparar el rendimiento esperado de una acción con el del mercado en general. "La gente tiende a ver solo el número", dice David Kostin, estratega jefe de acciones estadounidenses de Goldman Sachs. "La gran mayoría de la gente que no está metida en el sector se limita a leer el titular y no ve nada más que el número, pero detrás de esa cifra hay mucho análisis y muchos datos".Los expertos creen que ese número debería entenderse como una predicción del tiempo: para una persona media no es tan relevante si el termómetro va a registrar exactamente 8 grados a las 16:00 o si van a caer 3,5 litros de lluvia por metro cuadrado a las 11:00, sino simplemente si va a hacer frío o calor, si va a llover o va a hacer sol. Para Savita Subramanian, directora de acciones estadounidenses y estrategia cuantitativa de Bank of America, la predicción anual para las bolsas "es el número menos importante que publicamos, pero por el que más se nos juzga", dice. Y reconoce que "el porcentaje que calculamos es una aproximación, pero publicar un número concreto da un nivel de precisión falso que no vamos a alcanzar".La mayoría de los inversores hace apuestas a largo plazo, o invierte en grandes fondos que incluyen acciones de varios sectores y países, bonos, efectivo y otros valores que contrarrestan los movimientos más grandes que ocurran en algunos momentos puntuales. Ver una cifra alcista o bajista puede animarle a tener más acciones o más efectivo que otros años, pero difícilmente va a provocar un giro de 180 grados en su cartera.El fundador y director ejecutivo de Trivariate Research, Adam Parker, cree que todas las estimaciones se pueden resumir en dos parejas: alcistas o bajistas y correctas o incorrectas. Y cualquier analista que trabaje los suficientes años en este mundillo acabará por tener predicciones de todos sabores posibles. Parker asegura que la mayoría de los inversores institucionales saben que las predicciones van a estar equivocadas, y que cada día del año puede ocurrir que un evento inesperado dé la vuelta a todos los análisis de las Navidades pasadas. "Al menos pueden entender la lógica que aplicamos y la distribución de resultados que se consideran probables, y qué probabilidades se les asigna", afirma. Al final, siempre hay alguna posibilidad de que ocurra un 'cisne negro'. Lo importante es saber calcular el riesgo real que existe de que algo inesperado sacuda todo, y cuál hay de que el año sea tranquilo y predecible.La pregunta que queda es por qué los grandes analistas siguen molestándose en calcular ese número redondo con el que encabezar su informe de final de año, cuando saben que los expertos no se lo tomarán en serio y que los periodistas lo usarán en su contra en 12 meses. La respuesta quizá sea muy sencilla: es difícil cambiar una tradición, por equivocada que sea.Así las cosas, cabe preguntarse para qué sirven realmente las previsiones económicas. Steve Keen, uno de los pocos economistas que predijo la crisis económica de 2008, cree que no sirven para nada, "ya que dejan fuera lo fundamental, las pulsiones cíclicas de la economía y luego intentan predecir adónde va la actividad económica". Sin embargo, lo cierto es que el ser humano siempre ha tratado de adelantarse a los acontecimientos para desarrollar una adecuada estrategia económica. En la Antigua Grecia, los griegos construyeron la Torre de los Vientos, ubicada en Atenas, la cual permitía detectar los tipos de flujo de aire, según las estaciones, para saber el momento idóneo en el que trabajar el campo.No importaba si la predicción era exacta o no, la clave era tener la información suficiente como para decidir qué sembrar y cosechar en una estación u otra. Algo similar ocurre con las previsiones económicas, aunque el factor de la especulación esté muy presente en nuestros días. Lo fundamental no es saber si la inflación bajará dos puntos porcentuales, es saber si bajará. Este parece ser el planteamiento que tienen en la Reserva Federal.

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Aunque las mujeres son una fuerza imparable en el mundo académico, aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad en el ámbito investigador universitario. Así lo revela el "Estudio de género en el emprendimiento de I+D+i", presentado por la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García Sánchez, y el Observatorio de Género y Economía del Colegio de Economistas de Madrid. Según estos datos, la brecha de género continúa siendo una realidad en el ámbito investigador universitario en España. Aunque las mujeres son una fuerza imparable en el mundo académico, aún queda un largo camino por recorrer para alcanzar la igualdad en el ámbito investigador universitario. Así lo revela el "Estudio de género en el emprendimiento de I+D+i", presentado por la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García Sánchez, y el Observatorio de Género y Economía del Colegio de Economistas de Madrid. Según estos datos, la brecha de género continúa siendo una realidad en el ámbito investigador universitario en España.Si bien las mujeres representan el 34,46% de las investigadoras principales en proyectos de transferencia, solo el 24,51% de estos proyectos son liderados por ellas. En cuanto a la financiación, la brecha también es evidente: las mujeres solo captan el 23,69% de los fondos de cátedras y el 23,67% de los fondos de proyectos.La presencia de mujeres en cátedras es del 33,46%, con muy pocas entre las 50 primeras personas investigadoras registradas. En cuanto a las empresas surgidas de la universidad ('spin-offs') y el personal investigador con patentes, la representación de mujeres es aún más baja, con solo el 18,23% y el 24,66%, respectivamente.El informe reúne datos de 57.489 personas, 42.806 proyectos, 347 cátedras, 1.413 patentes y 203 "spin-offs" de 13 universidades. Así pues, este estudio se convierte en una herramienta indispensable para comprender la realidad a la que se enfrentan las mujeres en el mundo científico.Un informe elaborado por la UNESCO-IESALC y Times Higher Education examina el desempeño de 776 universidades a nivel global en 18 indicadores. Aunque las estudiantes superan en número a los estudiantes varones, existe un importante "sesgo hacia las humanidades". Las universidades están más enfocadas en medir el acceso de las mujeres a la educación superior que en rastrear sus resultados y tasas de éxito. Se destaca una significativa brecha de género a nivel académico. La mayoría de las universidades afirman tener diversas políticas y servicios que respaldan el progreso de las mujeres, pero la proporción capaz de ofrecer evidencia relevante es mucho menor.El informe "Igualdad de género: cómo están desempeñándose las universidades globales" destaca las diferencias a menudo grandes a nivel regional y nacional. Examina el desempeño en tres áreas: estudiantes, investigación y académicas, y políticas y servicios universitarios en general.Desvela que las estudiantes superan en número a los estudiantes varones a nivel mundial; el 54% de los estudiantes que recibieron un título en 2019 eran mujeres. Sin embargo, la proporción de mujeres estudiantes que realizan estudios en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) (30%) es aún 24 puntos porcentuales más baja que la proporción de mujeres estudiantes que realizan estudios en artes, humanidades y ciencias sociales (AHSS) (54%).La mayoría de las universidades (83%) hacen un seguimiento de las tasas de solicitud, aceptación y finalización de las mujeres o tienen esquemas de acceso para mujeres, como tutorías o becas (81%). Sin embargo, menos de dos tercios hacen un seguimiento de las tasas de graduación de mujeres en comparación con las de los hombres y tienen planes para cerrar la brecha.Igualmente se desvela que neve de cada diez instituciones tienen políticas de maternidad y paternidad que apoyan la participación de las mujeres, siete de cada diez tienen instalaciones de cuidado infantil para el personal docente y seis de cada diez tienen estas instalaciones también disponibles para los estudiantes.La segunda sección del informe presenta cinco estudios de caso de instituciones de Líbano, India, México, Kenia e Irlanda, donde se promueve activamente la igualdad de género dentro de sus instituciones, con una amplia gama de acciones coordinadas a nivel estratégico, estructural y operativo.

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SmartRental Group es la respuesta a una suma de inquietudes de nuevas formas de entender la vivienda y la convivencia como, la flexibilidad, el deseo de emancipación de los jóvenes, la falta de opciones económicas y las aspiraciones de conocer y compartir experiencias vitales y profesionales. Fernando Rodríguez estudió Administración de Empresas (ADE) en la Universidad Complutense de Madrid. Compaginó sus estudios trabajando como monitor de tenis en la escuela de la universidad durante varios años. También hizo sus primeros pinitos en el sector de la hostelería, ya que montó y gestionéó diferentes bares de copas durante dos años. Después de completar sus estudios, comenzó a trabajar en banca de inversión durante tres años y medio, donde adquirió una valiosa experiencia. Comenzó trabajando en Londres, donde terminó el último año y medio de universidad. Luego, recibió una beca para realizar un Máster en Economía y Finanzas en Madrid, en ICADE. Su trayectoria profesional le llevó a vivir y trabajar en diferentes países de Sudamérica. Tuvo la oportunidad de trabajar en una agencia de medios de comunicación en Perú, Bolivia, Zambia y Brasil. Estas experiencias le brindaron una perspectiva global. SmartRental Group surge de la mano de su socio Francisco García y el, hace ya más de 12 años, cuando vieron la oportunidad de ofrecer algo distinto ante la necesidad de la gente de encontrar un tipo de alojamiento diferente al establecido hasta el momento."En definitiva, es la solución que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando compartíamos piso en Londres hace ya unos cuantos años", cuenta a elEconomista.es. SmartRental Group es la respuesta a una suma de inquietudes de nuevas formas de entender la vivienda y la convivencia como, la flexibilidad, el deseo de emancipación de los jóvenes, la falta de opciones económicas y las aspiraciones de conocer y compartir experiencias vitales y profesionales. Fernando Rodríguez estudió Administración de Empresas (ADE) en la Universidad Complutense de Madrid. Compaginó sus estudios trabajando como monitor de tenis en la escuela de la universidad durante varios años. También hizo sus primeros pinitos en el sector de la hostelería, ya que montó y gestionéó diferentes bares de copas durante dos años. Después de completar sus estudios, comenzó a trabajar en banca de inversión durante tres años y medio, donde adquirió una valiosa experiencia. Comenzó trabajando en Londres, donde terminó el último año y medio de universidad. Luego, recibió una beca para realizar un Máster en Economía y Finanzas en Madrid, en ICADE. Su trayectoria profesional le llevó a vivir y trabajar en diferentes países de Sudamérica. Tuvo la oportunidad de trabajar en una agencia de medios de comunicación en Perú, Bolivia, Zambia y Brasil. Estas experiencias le brindaron una perspectiva global. SmartRental Group surge de la mano de su socio Francisco García y el, hace ya más de 12 años, cuando vieron la oportunidad de ofrecer algo distinto ante la necesidad de la gente de encontrar un tipo de alojamiento diferente al establecido hasta el momento."En definitiva, es la solución que a nosotros nos hubiera gustado tener cuando compartíamos piso en Londres hace ya unos cuantos años", cuenta a elEconomista.es.¿Cómo nace la empresa?Los inicios fueron duros. Sin un duro, solo con ahorros propios, montando todo nosotros, mi socio Fran y yo, sin personal de mantenimiento ni de limpieza, con todas las vicisitudes que te puedas imaginar y trabajando de lunes a domingo porque en este negocio hay clientes todos los días. Pero con mucha ilusión y muchas ganas. Estuvimos dos años y medio sin tener un sueldo, ¡incluso tuve que volver a vivir en casa de mis padres!Comenzamos a ampliar equipo implementando los Departamentos de Revenue Management, Departamento de Operaciones, Mantenimiento etc. lo que hizo profesionalizarnos más y así adelantar a muchos operadores 'por la izquierda', de los cuales varios empezaron mucho antes que nosotros. Actualmente seguimos trabajando muy duro e intentando hacer las cosas bien, porque hay muchos retos y oportunidades todavía.¿Cuál ha sido su evolución a día de hoy?SmartRental Group ha pasado en 12 años de cero a 400 empleados. Tiene presencia en los mayores destinos turísticos de España. Comenzamos siendo una compañía de Serviced Apartments y actualmente operamos prácticamente todas las áreas alojativas: hoteles, apartahoteles, Serviced Apartments, Hostels, Colivings y el Senior Living y Flex Living, que verán la luz muy pronto.Tiene presencia en los principales destinos turísticos de nuestro país y alguno fuera como Budapest ¿Tienen planes de aumentar la presencia de la empresa en destinos internacionales?Sí, ya hemos cerrado en Portugal en sus dos grandes ciudades, Lisboa y Oporto. Acabamos de contratar al head del nuevo Departamento de Expansión Internacional. Nuestro foco en este 2024 – 2025 es el crecimiento en las principales ciudades europeas: Francia, Italia, Alemania…En su cartera cuentan con más de 3.000 plazas para hoteles, coliving, apartamentos, hostels e incluso restaurantes ¿Qué áreas les queda por implementar dentro de la gestión de experiencias turísticas?Somos uno de los operadores más completos que hay en el sector. Tenemos un modelo de gestión que comprende la corta y la media estancia de manera integral, abarcamos desde Hostels y Serviced Apartments hasta la línea hotelera, y estamos también en el área de Living, tanto con Colivings y residencias de estudiantes como ahora un Senior Living que abrirá a primeros de este año 2.024.A día de hoy consideramos que tenemos un amplio producto con el que cubrimos todos los segmentos comparativamente con cadena hotelera o de Living, ofrecemos un servicio integral.¿Cómo manejan el feedback y las reseñas de los usuarios en su plataforma?Contamos con un Dpto. de Calidad que se encarga de contestar todos los comentarios, trackeando tanto la reputación on-line como el servicio operativo in situ y las encuestas de calidad internas en los propios establecimientos. De esta manera, alineamos operativa y calidad. Tenemos una herramienta de software para las métricas y KPIs¿Han notado alguna tendencia emergente en el comportamiento de los turistas o en el tipo de experiencias que buscan?Desde nuestra experiencia, vemos que hay dos tendencias claras:La corta y media estancia cada vez están más unidas por la tipología de viajero, por la movilidad que tiene la gente con el teletrabajo y por la cultura de las nuevas generaciones que, al ser más nómadas digitales, se mueven cada vez más, aunque sea en cortas o medias estancias.La tendencia en los últimos años se acentúa después del COVID, ahora viajamos más, pero en estancias más cortas.Creemos que ha habido un impulso en la demanda después del COVID.Ya son más de 10 años en marcha ¿Cuáles son las perspectivas para este año?Las perspectivas que manejamos a corto y medio plazo son montar y estructurar el Dpto. de Expansión internacional y hacerlo crecer. Seguir ampliando el departamento nacional y, de aquí a 4 - 6 años, multiplicar por 3 la compañía en volumen de capacidad alojativa, en facturación y en Ebitda.¿Y dentro de otros 10 años dónde espera ver a SmartRental Group?Dado el crecimiento y la evolución tan rápida que estamos viviendo, con una expansión nacional e internacional sin precedentes, pensar en dónde estará y dónde habrá llegado SmartRental Group dentro de 10 años nos parece un plazo demasiado largo y difícil de cuantificar.Nosotros preferimos centrarnos en los objetivos a 5-7 años de multiplicar la compañía y focalizarnos a medio plazo en la ampliación de capital. Para ello, tendremos que considerar de manera estratégica si nos conviene más hacerlo mediante una posible salida a mercado de capitales o con un fondo privado a nivel corporativo.¿Cuáles son los mayores desafíos que han enfrentado y cómo han abordado estos desafíos?- Introducir un CEO en la empresa que profesionalice, aún más si cabe, el trabajo que habíamos hecho los socios fundadores.- Montar del Dpto de Expansión Nacional e Internacional y estructurar la compañía en esa parte.- La retención del valor en el capital humano. Cuando empezamos al no tener ni marca, ni branding, ni tantos recursos económicos, era complicado. Formábamos a varios perfiles que cuando se profesionalizaban se marchaban, lo que nos hacía volver a empezar hasta que conseguimos formar un equipo estable.- Generar una imagen de marca atractiva y reconocible para el cliente.- Y por supuesto a nivel coyuntural y social, el COVID, que ha sido muy duro para todos, pero con el que hemos crecido mucho posteriormente.¿En qué se diferencia con respecto a otras empresas de gestión hostelera?Nosotros nos alejamos del concepto de una empresa hotelera al uso, ya que nos encuadramos más en operadores que están surgiendo ahora mismo. Lo que intentamos es tener una operativa completa pero simple y adaptada al cliente, dar un producto atractivo y muy adecuado a las necesidades del turista actual, que es más digital, más tecnológico. Por otra parte, nos diferenciamos de una cadena de gestión hotelera dando un abanico de productos más amplios y cubriendo toda la parte de Living, que nos da esa complementariedad que creemos que es muy importante a día de hoy.¿Podría mencionar algunas de las experiencias más destacadas que ofrece su plataforma?Ofrecemos servicios a todos los niveles alojativos del viajero actual. Adicionalmente, disponemos de diferentes ofertas gastronómicas en restaurantes que gestionamos de manera interna en nuestro grupo.¿Cómo ha sido el balance económico del grupo en 2023? ¿Qué expectativas tienen para este año?2023 ha sido un año con un balance muy positivo, ha habido un salto en calidad de casi un 50%. El Ebitda estuvo en torno a lo 3M y para este año estimamos estar en torno a los 6 - 7M. En cuanto a tasas de crecimiento, el Ebitda de 2022 a 2023 ha subido en torno a un 50%, cifra que esperamos aumente al 60% de 2023 al 2024Dentro del grupo cuentan con gran variedad de empresas que cubren hasta servicios de estacionamiento de vehículos ¿Tienen pensado incorporar más empresas al grupo en el corto medio plan?Nosotros ya cubrimos un amplio abanico de productos. Efectivamente tenemos también el área de parkings en Madrid y Barcelona, donde damos servicios en nuestros alojamientos hoteleros y de Living. No es nuestro core business como marca ni en lo que queramos destacar, pero esto nos permite que cada vez que cogemos un establecimiento, podamos operarlo de manera autónoma. Igual ocurre con la restauración, para nosotros no es un tema como una división a crecer y a desarrollar de manera independiente, pero es cierto que cuando tenemos un establecimiento tenemos la versatilidad de poder gestionarlo por nuestra cuenta, lo que nos da más valor añadido como operador.En un mercado saturado de opciones de turismo, ¿cómo se diferencian sus experiencias turísticas de las demás?En el grupo, todos nuestros alojamientos se encuentran en ubicaciones prime y contamos con una operativa y producto muy adaptado al nuevo cliente. La gente ya no quiere grandes cadenas hoteleras, sino un producto más personalizado. Nos centramos en dar el servicio que el cliente necesita, y no aquellos que no le aportan valor.¿Cómo integran la sostenibilidad y la responsabilidad social en su plataforma y en las experiencias que promocionan?Trabajamos con varios proyectos tanto de sostenibilidad como de RSC, por nombrar algunos ejemplos tenemos acuerdos con Menudos Corazones, en el que le cedemos alojamiento durante todo el año a familiares de niños ingresados con cardiopatías congénitas.Hemos establecido un acuerdo con "Aceite Solidario" a través del cual, financiamos sesiones de neuro-rehabilitación para enfermedades neurodegenerativas.Nuestros bolígrafos son de pasta de trigo y hemos eliminado el 99% del plástico de nuestros establecimientos.Han acudido a Fitur, ¿Qué papel tiene esta feria para sociedades como la suya?Hay que estar presente ya que es la feria nacional de Turismo más importante. Nosotros tenemos un player sustancial, y por eso tenemos que estar allí, ver herramientas, nuevas tecnologías, forjar relaciones con fondos institucionales. Es un buen sitio donde conocer gente nueva, situarse y que te conozcan.Hacer sinergias es importante.¿Cómo valora su experiencia en esta edición? ¿Hay alguna novedad relativa a la feria para su negocio?Ha sido buena, Fitur ha remontado con más fuerza que nunca y vuelve a tener una importancia crucial. Tuvimos la oportunidad de dar una charla en el Stand de la Comunidad de Madrid para dar a conocer todo el recorrido de SmartRental Group hasta llegar al punto de éxito en el que está actualmente.Además, tuvimos presencia física en el Stand de Ibiza con nuestro hotel only adults Rosamar

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Alemania tiene un problema con su sector industrial y los titulares cada vez son más negativos. La recesión en el tradicionalmente poderoso sector manufacturero (aún cerca del 20% del Producto Interior Bruto de la locomotora de la eurozona) amenaza con ir a más mientras las autoridades no encuentran una forma a corto plazo de taponar la hemorragia. El cambio en la demanda mundial, la involución de las dinámicas con China y el golpe de la energía rusa le están dando la estocada a un sector que ya empezó a renquear antes del covid. Sin embargo, para algunos buscadores de gangas todo esto está suponiendo una suculenta oportunidad de compra: adquirir 'trozos' del prestigioso sector industrial alemán a un precio interesante. Alemania tiene un problema con su sector industrial y los titulares cada vez son más negativos. La recesión en el tradicionalmente poderoso sector manufacturero (aún cerca del 20% del Producto Interior Bruto de la locomotora de la eurozona) amenaza con ir a más mientras las autoridades no encuentran una forma a corto plazo de taponar la hemorragia. El cambio en la demanda mundial, la involución de las dinámicas con China y el golpe de la energía rusa le están dando la estocada a un sector que ya empezó a renquear antes del covid. Sin embargo, para algunos buscadores de gangas todo esto está suponiendo una suculenta oportunidad de compra: adquirir 'trozos' del prestigioso sector industrial alemán a un precio interesante.En el reciente Foro Económico Mundial de Davos, uno de los temas de conversaciones en los banqueros y asesores asistentes fue la constatación de que las empresas de capital riesgo se están sintiendo atraídas por Alemania debido a la tensión emergente y buscan comprar empresas familiares a bajo coste e impulsar mejoras operativas. Estas firmas de capital riesgo o capital privado (private equity) suelen perseguir la inversión en compañías no cotizadas, entrando en su capital con participaciones de control, con el objetivo de transformarlas para mejorar su eficiencia y hacerlas crecer, explican desde BBVA Research.El titular podría ser que hay una especie de liquidación en el famoso sector de las Mittelstand, término coloquial con el que se conoce en Alemania al vasto tejido empresarial manufacturero que conforman las empresas de tamaño intermedio. Para hacerse una idea de lo que supone este segmento de empresas ni muy grandes ni muy pequeñas, las estadísticas hablan por sí mismas.Según datos del Instituto de Investigación sobre la Mediana y Pequeña Empresa (IfM) de Bonn, en 2021, aproximadamente 3,37 millones de empresas alemanas se clasificaron como pequeñas y medianas empresas, lo que representa el 99,3% del número total de empresas con ventas de bienes y servicios y/o empleados. Aproximadamente 19 millones de empleados pertenecían a las Mittelstand en Alemania en 2021, lo que representa el 54% del empleo total. El volumen de negocios de exportación de las Mittelstand alemanas fue de unos 227.700 millones de euros en 2021, lo que representa el 15,9% del volumen de negocios de exportación total de Alemania."La recesión en la industria significa que hay una oportunidad de comprar empresas que están bastante apalancadas y en las que puedes inyectar capital", dijo Victor Kholsa, fundador y director de inversiones de Strategic Value Partners, en una entrevista de Bloomberg Television en Davos. "Ese conjunto de oportunidades sí que podemos verlo".Prestamistas directos como Ares Management o Blackstone han abierto oficinas en Fráncfort y buscan proactivamente conceder préstamos a empresas alemanas, incluida la financiación de compras por parte del capital riesgo. Entre los objetivos de las operaciones se encuentra la empresa Techem GmbH. Esta firma supone un buen ejemplo del tipo de empresa que se está viendo en esta tesitura: con sede cerca de Fráncfort, se fundó en 1952 y se dedica a fabricar equipos para medir el consumo de agua y electricidad y controlar la calefacción y la refrigeración.Como señalan actores cercanos a estas potenciales operaciones, algunos se están sorprendiendo por la baja calidad crediticia mostrada por algunas de las empresas que buscan préstamos. El año pasado, los prestamistas se hicieron cargo de varias empresas alemanas que habían incumplido los acuerdos de préstamo. Algo que multiplica entre los inversores la sensación de que los problemas de Alemania son algo más que un bache temporal.El estancamiento económico, los problemas inmobiliarios y la mayor tasa de insolvencia empresarial de Europa han hecho que los tenedores de bonos exijan a las empresas alemanas unos diferenciales corporativos más elevados que los de la zona del euro en general. Se trata de una tendencia que ha ido en aumento desde que Rusia invadió Ucrania y causó el roto energético que tanto daño ha hecho a la industria teutona.La demanda de inversión en maquinaria, fábricas y tecnología por parte de los prestatarios ha disminuido, lo que crea el riesgo de que el crecimiento nacional se vea obstaculizado a largo plazo, ya que las empresas se centran en superar la lucha actual. Y ahora crece la preocupación por la exposición de algunos prestamistas al inestable mercado inmobiliario corporativo estadounidense.La subida de los tipos de interés en los dos últimos años ha agravado los problemas, sobre todo en el mercado inmobiliario. El prestamista Deutsche Pfandbriefbank dijo la semana pasada que había aumentado las provisiones para insolvencias, señalando la "persistente debilidad" del sector inmobiliario.Más de 13.600 millones de dólares en préstamos y bonos emitidos por las empresas del país sufrieron pérdidas el mes pasado, 13 veces más que en Italia, según datos recopilados por Bloomberg News. Esto apunta a un problema más amplio, ya que cerca del 15% de las empresas alemanas se encuentran actualmente en dificultades, la tasa más alta de Europa, según un informe de la consultora Alvarez & Marsal."Las dificultades se están extendiendo a otros sectores", además del inmobiliario, la construcción y el comercio minorista, que se han visto afectados por la inflación y el aumento de los costes de los préstamos, afirma Christian Ebner, director gerente del equipo de asesoramiento sobre reestructuración financiera. "El sector manufacturero está empezando a verse afectado" y el automovilístico "seguirá siendo un niño problemático".Muchas empresas y propietarios están adoptando el mantra "sobrevivir hasta 2025" en la creencia de que los recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) harán más asequible la carga de la deuda y aumentarán la negociación. Los operadores apuestan actualmente por cinco reducciones de 25 puntos básicos en la zona euro este año."En el contexto de unas empresas aún en dificultades macroeconómicas, es un rayo de luz al fondo del horizonte", señala Ebner, de Alvarez & Marsal. "Hasta que los tipos más bajos no se traduzcan en un aumento tangible de la disponibilidad de soluciones en el mercado de capitales, seguiremos viendo tensiones".

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Pimec y Conpymes parecen acercarse al diálogo social después de mucho tiempo de lucha sin resultados aparentes. Aún no lo han conseguido, pero el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno ha habilitado a Pimec a participar en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). Pimec y Conpymes parecen acercarse al diálogo social después de mucho tiempo de lucha sin resultados aparentes. Aún no lo han conseguido, pero el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno ha habilitado a Pimec a participar en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC).Por el momento, todavía se encuentran lejos de esa meta que pareció abrir el nuevo Gobierno, con el acuerdo entre PSOE y Sumar, en la que abrían la puerta a modificar los criterios de representatividad para participar en la negociación colectiva.Este cambio cambio no supone a priori ningún acercamiento de Pimec o Conpymes al diálogo social, ya que es muy distinta la participación institucional y la representatividad empresarial en el diálogo social. Esta última es la que regula la participación de las distintas asociaciones en el diálogo social.El avance que logra Pimec lo equipara a otras organizaciones con participación institucional, como ya están los sindicatos regionales ELA-STV (País Vasco) y la CIG (Galicia).Aun así, la agrupación celebra que las pymes catalanas "estarán representadas con voz propia en el diálogo social estatal por primera vez en la historia de la democracia" y ha lamentado los "agravios que han sufrido".El presidente, Antoni Cañete, expresó su pesar por la "falta de sensibilidad" hacia las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en el proceso legislativo, la cual atribuye a su exclusión de los espacios de negociación. Además, criticó la escasa representación empresarial hasta el momento por considerarla insuficiente.En este sentido, Pimec calificó la decisión como un "hito histórico" y ha predicho que contribuirá a una aproximación más precisa de la concertación social a las necesidades del entramado empresarial, según sus declaraciones.La organización afirmó que continuará colaborando con las asociaciones empresariales a nivel estatal, destacando a Conpymes, organización de la que forman parte y que no tiene participación institucional alguna. Esto se debe a que Conpymes es una organización de cobertura estatal y, por tanto, para participar debería contar "con el 10% o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal" , según recoge el reglamento de participación institucional de las organizaciones empresariales.Por su parte, el presidente de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre, comentó este martes en Madrid que "ahora mismo, los representantes españoles, desde la perspectiva empresarial, son CEOE y Cepyme y pienso que esto no cambiará en los próximos años".

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Zaragoza ya tiene presupuesto. Con un total de 950 millones de euros y un aumento del 6% en comparación con el anterior, el pleno del Ayuntamiento zaragozano ha aprobado, con los votos de PP y VOX y en contra de PSOE y ZeC, las cuentas de la ciudad para 2024. Zaragoza ya tiene presupuesto. Con un total de 950 millones de euros y un aumento del 6% en comparación con el anterior, el pleno del Ayuntamiento zaragozano ha aprobado, con los votos de PP y VOX y en contra de PSOE y ZeC, las cuentas de la ciudad para 2024.El presupuesto de Zaragoza tiene una dotación de 950.020.790 euros, un 6,11% más que el año pasado. Dentro de las partidas más relevantes destacan los 108,3 millones para inversión. Esta cuantía, además, es la mayor dotación desde hace 15 años en este apartado."Tenemos un presupuesto récord en la historia de la ciudad de Zaragoza, con casi 1.000 de euros, que nos va a permitir una ciudad mejor para todos. Tenemos un presupuesto récord en inversión, que es lo que queda al final de cada ejercicio", ha afirmado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha destacado el impulso a grandes proyectos como la Nueva Romareda.El presupuesto de 2024 recoge proyectos clave para Zaragoza como la Ciudad Inteligente del Deporte y las riberas del Huerva. Además, también se pone el foco en los barrios. Por ejemplo, un 38% se invierte en el Casco Histórico, un 7,16% en El Rabal, un 20,95% va a ir al distrito de Las Delicias, un 14,64% a Valdespartera y casi un 8% a Torrero.En materia de políticas sociales, este año se dispondrá de más de 100 millones de euros. Entre las acciones que se pondrán en marcha destaca el Albergue. Otras líneas de acción recogidas en el presupuesto son los servicios públicos, la limpieza, jardines parques, nuevos autobuses eléctricos, un nuevo sistema de bicicletas públicas eléctricas que va a llegar a todos los barrios y cifras récord en rehabilitación de viviendas.La Nueva Romareda, con la primera aportación económica de 3 millones de euros a través de la sociedad constituida junto a Gobierno de Aragón y Real Zaragoza, es una de las principales partidas recogidas en el presupuesto de Zaragoza.Las cuentas incluyen a su vez 10 millones de euros para el acondicionamiento de las riberas del Huerva, además de sentar las bases para la futura Ciudad Inteligente del Deporte, con un presupuesto plurianual de 52,2 millones de euros hasta 2030.En cuanto a barrios y distritos, se recoge la reforma integral del Albergue Municipal (2.267.000 euros en 2024 y otros 2.500.000 en 2025), la construcción del nuevo Centro Cívico Hispanidad (2.120.000 euros en 2024 y 4.581.000 euros en 2025), la Escuela Infantil de Arcosur (275.000 euros en 2024 y 4.400.000 euros entre 2025 y 2026) y el Centro Deportivo Municipal Distrito Sur (100.000 euros para el anteproyecto en 2024 y 5.500.000 para acometer las obras entre 2025 y 2026).A estas partidas se suman el Parque de Bomberos número 5 en La Cartuja (300.000 euros en 2024 y 3.500.000 euros en 2025), la reconversión del antiguo instituto Luis Buñuel (500.000 euros), la culminación de las obras de la Casa Amparo (885.000 euros) o la reparación de la Fuente de Goya en la Plaza del Pilar (500.000 euros).Para la operación calles y avenidas, se contemplan proyectos como el de la Avenida de Cataluña, la segunda fase de la Avenida de Navarra, calle Manifestación, el nuevo vial de Gómez Laguna, Gil Morlanes, la prolongación de la calle Oeste en Santa Isabel o la calle Matadero.Las partidas para el mantenimiento y conservación del viario público suman 6,9 millones de euros en 2024, un 74% más que en 2023, ejercicio en el que se destinaron 3,9 millones. Destaca que este año se iniciará, con 200.000 euros, un plan para renovar las zonas infantiles de los diferentes barrios, que tendrá su continuidad con una partida plurianual de 1,8 millones entre 2025 y 2027.También se destinarán 50.000 euros más a la redacción de proyectos para la construcción de nuevos espacios de juegos infantiles. Y, para los barrios rurales, se incluyen dotaciones para obras importantes como la Celda del Prior en La Cartuja (986.690 euros), la Torre de Santa Engracia en Movera (580.629 euros), la Harinera de Casetas (200.000 euros) y la segunda fase de los vestuarios del campo de fútbol de Juslibol (390.000 euros).De acuerdo con el presupuesto de Zaragoza aprobado, el Área de Políticas Sociales incrementa su cuantía en un 3,24%. En este apartado destaca el aumento del 24% para la delegación de mayores y el apoyo a las familias.Zaragoza seguirá avanzando en su camino de ciudad de vanguardia en políticas de sostenibilidad, enmarcadas en su estrategia por consolidarse como uno de los municipios líderes en Europa dentro de la Misión de Ciudades climáticamente neutras.La partida de Limpieza Pública alcanza los 83,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,2% respecto a 2023. Movilidad Urbana también incrementa su dotación en 3,3 millones de euros.Cabe destacar a su vez la implantación del nuevo sistema de bicicleta pública eléctrica con 2.264.006 para su puesta en marcha en 2024 y otros 8.337.665 euros en 2025, que completan la financiación con Fondos Europeos.Las delegaciones de Cultura y Turismo superan los 20 millones de euros. Entre las prioridades, está la organización de grandes eventos como las Fiestas del Pilar, el Vive Latino o las fiestas goyescas, combinados con el apoyo al talento local, y con la inversión en una oferta cultural accesible, inclusiva y diversa.En cuanto a las partidas dirigidas a la promoción del comercio local y la dinamización económica, en 2024 el programa Volveremos contará con 5.100.000 euros, incrementando así en un 25% el presupuesto inicial de 2023.Finalmente, en el ámbito de la Participación Ciudadana, el presupuesto contará con 16,3 millones de euros. Se reserva también una partida de 530.000 euros a la programación cultural de los centros cívicos. En este ámbito, además, el Gobierno municipal ratifica su compromiso con la construcción del Centro Cívico Parque Goya (80.000 euros para el proyecto en 2024 y un plurianual para su construcción entre 2025 y 2026) y 50.000 euros para el concurso de ideas del futuro Centro Cívico de Parque Venecia.

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La gran preocupación de los trabajadores a lo largo de su vida es acumular, en la medida de lo posible, la mayor cotización posible para tener así unas condiciones más favorables en todo lo que rodea a su pensión de jubilación. La gran preocupación de los trabajadores a lo largo de su vida es acumular, en la medida de lo posible, la mayor cotización posible para tener así unas condiciones más favorables en todo lo que rodea a su pensión de jubilación.De los años cotizados por un trabajador a lo largo de su vida laboral depende no solo la cuantía de su pensión de jubilación (lo cual es suficientemente importante de por sí, dado que será su fuente de ingresos cuando deje de percibir un sueldo), también la edad a la que podrá jubilarse y dejar de trabajar si así lo desea.En ambos casos la clave se encuentra en la cotización: a más años cotizados, condiciones más ventajosas. En todo lo que concierne a la edad de jubilación, tener la mayor cotización posible puede otorgar al trabajador una edad de jubilación menor que a otros trabajadores con menores niveles de cotización.La causa es que en España hay dos edades de jubilación ordinaria diferentes por la reforma de las pensiones de 2011, que se propuso retrasar la edad de jubilación de las personas que no lleguen a ciertos años cotizados. Esta reforma se está aplicando de forma progresiva y así se seguirá haciendo hasta 2027: cada año aumenta la edad de jubilación y ese nivel de cotización necesario para poder jubilarse a los 65 años, edad en vigor antes de la reforma.El funcionamiento de la edad de jubilación en España hace que los trabajadores se pregunten a qué edad podrán jubilarse con los años que han llegado a cotizar. Por ejemplo: ¿a qué edad me podré jubilar con 21 cotizados?Para contestar a esta pregunta hay que acudir a la reforma de las pensiones, que se expresó a través de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, que puede consultarse en este enlace. Su artículo 4 modificó la Ley General de la Seguridad Social para ir retrasando poco a poco la edad de jubilación en el caso de no llegar a una cotización que también aumenta anualmente.El calendario progresivo para aplicar esta reforma deja las dos edades de jubilación que existen en 2024 y que dependen de la cotización acumulada:Por eso, los trabajadores que han cotizado 21 años solo podrán jubilarse a partir de los 66 años y seis meses. Estas personas tampoco podrán beneficiarse de ninguna de las dos grandes opciones de jubilación anticipada, ya que exigen entre 33 y 35 años cotizados (la involuntaria y la voluntaria, respectivamente).Las personas que han cotizado 21 años podrán cobrar una pensión contributiva de jubilación. Para saber su cuantía hay que acudir al método de cálculo de las pensiones de la Seguridad Social, que tiene en cuenta las bases de cotización del trabajador de los últimos 25 años (las suma y las divide entre 350) para obtener la base reguladora de la pensión. En este cálculo la Seguridad Social aplica coeficientes a todas las bases salvo las de los dos últimos años y los trabajadores (salvo autónomos y empleadas de hogar) tienen derecho a beneficiarse de la integración de lagunas para rellenar con bases ficticias los periodos sin cotizar.Lo último que hay que hacer es determinar el porcentaje de la base reguladora a la que tiene derecho el trabajador, lo cual depende de los años y meses cotizados. La Seguridad Social concede diferentes porcentajes en función del tiempo cotizado: Teniendo en cuenta estas claves, una persona que ha cotizado 21 años tendrá una pensión de jubilación de una cuantía equivalente al 64,66% de la base reguladora.

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El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, junto a las Cámaras de Comercio y Cepyme, pondrá en marcha 'pools' de empresas pequeñas y medianas para facilitar su incorporación a la Formación Profesional Dual, ya que se consideran "claves en el tejido empresarial" de la comunidad autónoma. El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, junto a las Cámaras de Comercio y Cepyme, pondrá en marcha 'pools' de empresas pequeñas y medianas para facilitar su incorporación a la Formación Profesional Dual, ya que se consideran "claves en el tejido empresarial" de la comunidad autónoma.La Formación Profesional Dual es una disciplina que está en crecimiento en Aragón, con un 22,8 por ciento más de alumnos. Este curso se han incrementado todos los indicadores, con un centenar de proyectos autorizados, lo que supone un aumento del 14 por ciento de centros involucrados, así como de empresas, que ya alcanzan las 245, y una cada vez mayor participación de mujeres.En total, se ofertan 522 puestos de aprendices, 237 con beca de formación y 285 con contrato de alternancia. Los ciclos con mayor participación son: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma, Administración y finanzas, Automoción, y Mantenimiento electromecánico. Pese a todo, el peso de la FP dual sigue siendo exiguo, ya que apenas el 2,4 por ciento de los alumnos se forman en esta modalidad, han informado desde el Gobierno de Aragón.El director general de Planificación, Centros y FP del Gobierno de Aragón, Luis Mallada, ha participado este lunes en la presentación del informe 'La formación dual en España: situación y perspectivas', elaborado por el Consejo Económico y Social de España, y que ha tenido lugar esta mañana en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.Cuando se cumplen diez cursos de la implantación de este modelo de formación en España, Mallada ha defendido la necesidad de acelerar su despliegue, puesto que es la FP que "más talento crea y más talento retiene", ya que el alumnado adquiere "una formación específica, concreta y 'ad hoc' a las necesidades y metas de la empresa, lo que aumenta sus posibilidades de inserción laboral y contribuye también a un desarrollo integral y crecimiento personal muy importante".Para avanzar en este reto, "clave para seguir formando a los profesionales que demanda el mercado", el director general ha llamado a sumar esfuerzos, aduciendo que es responsabilidad de todos y para ello, desde el Gobierno de Aragón, "trabajamos con intensidad tendiendo la mano a los centros y a las empresas".Ha incidido que, en este sentido, ya se han empezado a tomar medidas, redoblando la colaboración con los agentes económicos y articulando acciones de difusión de este tipo de formación.El documento que se ha dado a conocer trabaja en la divulgación y promoción de la FP Dual como modalidad formativa con otras instituciones, como es la CEOE o la Federación aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias. Así, Mallada ha avanzado que se implantarán más ciclos de este tipo, en el marco del plan de redimensionamiento de la FP en Aragón, que ultima el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades y que contemplará 1.500 nuevas plazas.El director general de FP del Ejecutivo autonómico ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau.Las claves del estudio las han expuesto el presidente y el vicepresidente del CES, Antón Costas y Javier Ferrer, respectivamente, y la clausura ha corrido a cargo de la directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional del Ministerio de Educación, Pilar Valera.La cita también ha incluido una mesa redonda sobre casos de éxito en Aragón, en la que han participado el coordinador People en el centro de excelencia y tecnología de KPMG, Daniel Jaqués, y el gerente de SATA Logística, José Antonio Bartolomé.

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La letra pequeña del proyecto de ley de las condiciones laborales transparentes y previsibles que acaba de llegar al Congreso de los Diputados revela una norma muy descafeinada respecto a lo anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Anuncios como el del fin de la unilateralidad de los cambios en el trabajo o el de la prohibición de 'represalias' contra el trabajador que no acepte cambios en su jornada de trabajo se han quedado en una mera continuación de lo que ya recoge el Estatuto de los Trabajadores y no cierran las opciones del empresario para despedir o forzar una dimisión. Lo que sí amplía es la seguridad para los contratos a tiempo parcial, pero ni siquiera ellos se verán blindados ante los ceses. La letra pequeña del proyecto de ley de las condiciones laborales transparentes y previsibles que acaba de llegar al Congreso de los Diputados revela una norma muy descafeinada respecto a lo anunciado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Anuncios como el del fin de la unilateralidad de los cambios en el trabajo o el de la prohibición de 'represalias' contra el trabajador que no acepte cambios en su jornada de trabajo se han quedado en una mera continuación de lo que ya recoge el Estatuto de los Trabajadores y no cierran las opciones del empresario para despedir o forzar una dimisión. Lo que sí amplía es la seguridad para los contratos a tiempo parcial, pero ni siquiera ellos se verán blindados ante los ceses.La esencia de la norma europea sobre transparencia de las condiciones laborales reside en garantizar al trabajador, por escrito, los aspectos esenciales del contrato (duración del contrato, duración de la jornada y su distribución) "durante toda la relación laboral" -y no sólo al inicio de la misma- y la previsibilidad mínima por escrito. Para asimilar esto, el proyecto de ley introduce dos cambios en el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores: el primero incluye los contratos de duración de menos de cuatro semanas entre los que deben constar por escrito (hasta ahora excluidos), y el segundo, asimila como condiciones laborales previsibles las que permitan al trabajador conocer de antemano "de manera efectiva y por escrito durante todo el periodo al que se extiende la prestación de servicios, su pauta de trabajo o, en su caso, los criterios en virtud de los cuales dichas condiciones pueden cambiar".Sobre esta cuestión, el nuevo texto incluye un añadido que amplía los motivos por los que un contrato temporal o uno a tiempo parcial devendrán en uno indefinido a tiempo completo. Si bien el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores ya incluye este 'castigo' para el empresario -uno de los puntos fuertes avanzados por Díaz, durante la presentación de la transposición-, lo hace por no informar del tipo de contrato. Con la nueva obligación de incluir información esencial requerida, no aportar la misma (incluyendo incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada) o incumplir con lo acordado en el contrato, se "presumirá" que es indefinido a tiempo completo. Eso supone la conversión inmediata de la tipología.Trabajo pone el foco en la protección de las personas trabajadoras a tiempo parcial. En este sentido, el proyecto de ley modifica el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. Tal cual está ahora, establece la prohibición de que se imponga unilateralmente, por parte de la empresa, el cambio entre trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial o viceversa, sin embargo, la nueva norma señala que "las personas trabajadoras a tiempo parcial carecen de una previsión similar en relación con otras variaciones de su jornada. Por ello, se indica que también el incremento o disminución de las horas de trabajo en el contrato a tiempo parcial tendrá carácter voluntario".Más en detalle, el apartado e) del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores ya recogía que la conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y "no se podrá imponer de forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo". Esto se mantiene en la nueva norma, que ahora incluye en este supuesto el incremento o disminución de las horas de trabajo en el contrato a tiempo parcial. Esto supone un avance en la protección de los asalariados a medio tiempo sobre la discrecionalidad de su tiempo de trabajo. Pero, ¿les blinda realmente frente a un despido?El proyecto de ley también mantiene sin variación la redacción la segunda frase del apartado: "El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión". Sin embargo, esto se somete a una importante matización: "Sin perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c), puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción". Estos dos artículos se refieren al despido colectivo o la extinción individual. Es decir, que el trabajador sí puede ser despedido por causas objetivas, con una indemnización de 20 días por año trabajado.La situación se complica aún más porque las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (agrupadas bajo el acrónimo ETOP) que justifican un despido son las mismas que permiten una modificación sustancial de condiciones laborales, entra las que se incluyen la jornada de trabajo o el horario y la distribución del tiempo de trabajo, entre otras. Según el artículo 41 del Estatuto, estos cambios deben negociarse y pactarse y estar justificados y si un trabajador es perjudicado por ellos puede rescindir su contrato, percibiendo una indemnización, o impugnarlo ante la jurisdicción social.Esto lleva a la paradoja de que un empleado que rechace un cambio el contrato de tiempo completo o parcial por estos motivos no puede ser despedido por rechazarlo, pero sí por las mismas causas que lo provocan, siempre que no se vincule esta decisión con su negativa. Una vía que ahora se extiende a los trabajadores a tiempo parcial a los que se cambie el número de horas.¿Por qué la transposición no corrige este 'agujero'? Porque la última revisión del artículo 41 y de los que regulan las causas del despido deriva de la reforma laboral de 2012. Aunque de las declaraciones públicas de los responsables de Trabajo, que hablaban de roces entre PSOE y Sumar por esta directiva, se deduce que esto se llegó a plantear. Pero a pesar de que el acuerdo PSOE y Sumar habla a de reforzar la causalidad del despido y la modificación sustancial de las condiciones laborales, ambos aspectos han quedado fuera de esta norma.Lo que sí blinda la nueva ley es el derecho a compaginar varios trabajos. La futura norma modifica el artículo 21.1 pasa recoger expresamente la "prohibición de que la empresa obstaculice o impida a la persona trabajadora la prestación de servicios para otras empresas, así como de que esta sufra un trato desfavorable por su pluriempleo". Según la exposición de los motivos para este cambio, "se trata de una cautela importante en la medida en que el cambio y la imprevisibilidad de las pautas de trabajo no solo impide a la persona trabajadora tener control sobre su tiempo, sino que además impide alcanzar retribuciones dignas en situaciones de parcialidad involuntaria".Este punto, que transpone el artículo 9 de la Directiva UE, mantiene la posibilidad de que las empresas establezcan limitaciones a lo anterior por razones objetivas. Así, "sólo cabrán restricciones por incompatibilidad basadas en causas objetivas, como la salud y la seguridad, la protección de la confidencialidad empresarial, la integridad del servicio público y la prevención de conflictos de intereses".Pero la norma no impide que el trabajador y la empresa firmen un acuerdo de exclusividad, lo que propiciará que la situación no sufra grandes cambios para gran parte de los profesionales.El texto también recoge los cambios en el periodo de prueba sin novedades respecto a la redacción ya conocida y discutida con los interlocutores sociales y que, como contamos en elEconomista.es pone el foco en impedir que los convenios colectivos puedan ampliarlo más allá del máximo legal, como ocurre actualmente. En cualquier caso, la norma precisa que estos cambios no son retroactivos, con lo cual los más de 800.000 trabajadores que en 2023 se vieron afectados por convenios que amplían el periodo de prueba no se verán afectados.Sin embargo, no incluye más cambios ni limitaciones al propio tope legal, que se sitúa entre 2 y 6 meses para los indefinidos y un mes para los temporales. Díaz ha renunciado a su idea inicial de prohibir el periodo de prueba en los contratos eventuales de menos de siete días. Ahora, la norma se limita a incidir en que "para contratos de duración inferior (a un mes) la extensión del periodo de prueba se reducirá en la misma proporción".

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El desabastecimiento de medicamentos está teniendo un impacto significativo en los farmacéuticos europeos, según un informe del Grupo Farmacéutico de la Unión Europea (Pgeu). De acuerdo con el estudio Pgeu Medicine Shortages Report 2023 este fenómeno está costando a los farmacéuticos europeos unos 631,56 euros al mes en sueldos. El desabastecimiento de medicamentos está teniendo un impacto significativo en los farmacéuticos europeos, según un informe del Grupo Farmacéutico de la Unión Europea (Pgeu). De acuerdo con el estudio Pgeu Medicine Shortages Report 2023 este fenómeno está costando a los farmacéuticos europeos unos 631,56 euros al mes en sueldos.El desabastecimiento de medicamentos es un problema que ha afectado al mercado farmacéutico durante varios años, sin una solución clara a la vista. La Ley de Garantías aprobada en 2006, destinada a establecer un sistema de trazabilidad, no ha logrado prevenir este fenómeno. De hecho, el desabastecimiento ha experimentado un alarmante aumento del 135% en España, según cifras proporcionadas por la red digital de farmacias Ludafarma. Este incremento se refleja en la cantidad de presentaciones afectadas, que pasaron de 403 a 947 en el período comprendido entre 2022 y 2023. Este dato es considerado "preocupante", aunque se señala que muchas de estas presentaciones son sustituibles.Pero volviendo al bolsillo de los profesionales de este sector, los datos del informe europeo se derivan del cálculo del sueldo por convenio farmacéutico para 2024, establecido en 16,62 euros por hora. La estimación mensual refleja la inversión que los farmacéuticos tienen que hacer para cubrir la falta de medicamentos, que es una de las principales preocupaciones del sector de la salud.El informe, que incluyó la participación de 26 países, incluyendo España, reveló que los farmacéuticos europeos dedican un promedio de 9,5 horas semanales a abordar la escasez de medicamentos. Además, están dedicando tres veces más tiempo a abordar situaciones de localización de fármacos en comparación con hace una década.Esta situación no solo conlleva la pérdida de adherencia a los tratamientos o el posible colapso del sistema sanitario, según indica el Informe de desabastecimiento de medicamentos de la red digital LUDA Partners, sino que también implica que los farmacéuticos deban resolver este problema, además de enfrentarse al aumento puntual de la demanda, conflictos internacionales, regulación de precios de medicamentos y nuevas tendencias en redes sociales, entre otros desafíos.Además, el informe estimó que los farmacéuticos europeos dedican un promedio de 9,5 horas semanales a abordar la escasez de medicamentos, y dedican tres veces más tiempo a abordar situaciones de localización de fármacos en comparación con hace tan sólo una década.Entre los medicamentos más afectados se encuentran Ozempic para la diabetes, antibióticos como las amoxicilinas, antihipertensivos como Barnix, antiepilépticos y tratamientos para el glaucoma. La escasez de medicamentos no se limita a España, sino que es un problema que afecta a todo el mundo. De hecho, la Comisión Europea ha tomado medidas al respecto, publicando la primera lista de medicamentos esenciales de la Unión para abordar esta crisis. La mayoría de los afectados tienen alternativas de reemplazo, aunque algunos requieren permisos especiales de comercialización otorgados por la Agencia Española de Medicamentos o la adquisición de fármacos extranjeros para hacer frente a la alta demanda.El problema no radica en suelo español. Es algo que también afecta a otros países, de hecho, en 17 de los 26 países encuestados la situación empeoró en comparación con el año anterior, mientras que se mantuvo igual en seis países. Solo tres países lograron mejorar su situación. Los medicamentos más afectados por la escasez en la Unión Europea durante 2023 fueron los antibióticos (con un aumento del 84%), seguidos de los medicamentos utilizados para el sistema nervioso (60%) y los destinados al sistema cardiovascular (56%).Además, el informe señala que en el 96% de los países se registró escasez de medicamentos para los sistemas respiratorio y cardiovascular. En un número significativo de países participantes en la encuesta, la lista de medicamentos desabastecidos superaba los 600.El desabastecimiento ejerce presión sobre el sistema sanitario, ya que los farmacéuticos no pueden dispensar otras presentaciones del mismo medicamento, lo que aumenta la sobrecarga asistencial. Para mitigar este impacto, las farmacias proponen aumentar su autonomía para sustituir ciertas presentaciones y potenciar la formulación magistral.Las causas, según el Informe de Desabastecimiento de Medicamentos elaborado por LUDA Partners, son variadas e incluyen problemas de producción, aumento de la demanda, competencia global y la escasez de principios activos poco comunes. En el caso de los antidiabéticos, la tendencia en redes sociales para usos no aprobados ha contribuido al problema.El informe del grupo Farmacéutico de la Unión Europea destaca la preocupación por este aumento en las cifras de desabastecimiento, lo que plantea desafíos significativos. Este fenómeno puede tener diversas causas, como problemas en la cadena de suministro, fluctuaciones en la demanda, problemas de producción o distribución, entre otros.Los expertos del sector también desvelan que se han observado prácticas cuestionables por parte de ciertos laboratorios, como el suministro directo, la compartimentación del mercado y acuerdos confidenciales con distribuidores mayoristas. Se han expuesto de manera reiterada algunas soluciones para abordar este problema, incluida la creación de sistemas de información en tiempo real, soluciones prácticas como la sustitución de medicamentos y medidas legales y reglamentarias para garantizar el suministro adecuado de medicamentos, pero aún ninguna en firme.El Consejo Mundial de Farmacia (WPC) ha publicado una declaración de posicionamiento alertando sobre el aumento de problemas de desabastecimiento de medicamentos en todo el mundo. En esta declaración, se proponen soluciones para minimizar el impacto de este problema, entre las cuales se destaca el sistema CISMED, que proporciona una cuantificación de las faltas de medicamentos a nivel regional y nacional, así como un sistema de alerta temprana para que los sistemas sanitarios puedan anticiparse a la demanda y reaccionar con rapidez.Ante esta situación, es crucial que las autoridades sanitarias y el sector farmacéutico trabajen de manera coordinada para identificar las causas subyacentes del desabastecimiento y tomar medidas para abordarlas.Además, se insta a los pacientes a que estén informados sobre la disponibilidad de medicamentos, sean flexibles con sus tratamientos y se comuniquen con sus médicos si tienen problemas para obtener los medicamentos recetados. La colaboración entre todos los actores involucrados es esencial para garantizar el acceso continuo a los medicamentos esenciales y proteger la salud pública en España.

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La Comunidad de Madrid asegura que ha resuelto el problema de falta de prácticas al 50% del alumnado de la rama sanitaria. Así lo confirmó a finales de la semana pasada el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que avanzó que aquellos que aún no tengan plaza para poder terminar el ciclo formativo, podrán realizarlas en un periodo posterior, es decir, fuera del plazo que comienza en marzo, y sin necesidad de tramitar una segunda matrícula. La Comunidad de Madrid asegura que ha resuelto el problema de falta de prácticas al 50% del alumnado de la rama sanitaria. Así lo confirmó a finales de la semana pasada el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, que avanzó que aquellos que aún no tengan plaza para poder terminar el ciclo formativo, podrán realizarlas en un periodo posterior, es decir, fuera del plazo que comienza en marzo, y sin necesidad de tramitar una segunda matrícula."Tan pronto se tuvo constancia de las dificultades para acceder la Consejería se reunió con los centros que imparten las titulaciones para obtener información y dar una solución", aseguró Viciana durante el último pleno al reconocer que se había resuelto la situación para la mitad de los estudiantes afectados y que se asignan "más plazas cada día".La situación de ausencia de plazas para realizar las prácticas obligatorias mantiene a cientos de alumnos en un callejón sin salida: sin poder acceder al módulo de Formación en Centro de Trabajo (FCT) no pueden concluir sus estudios ni, por tanto, conseguir el título que les habilita para trabajar o para dar el salto a estudios superiores.La 'revolución' de la FP que se desató el 19 de enero en la región madrileña en forma de huelga de estudiantes y centros no encuentra culpable. Viciana, que compareció en el último pleno sobre esta cuestión a petición del PSOE, aseguró que el complicado acceso a las plazas de prácticas se debe a "la deficiente regulación estatal, que no hace previsión alguna de la provisión de prácticas en sus requisitos para la apertura de centros de FP públicos o privados".El consejero informó de que estaba en contacto con los hospitales públicos de la región para que acojan a más estudiantes de los que ya tienen, pero reconoció que la tarea no es "fácil" porque la provisión de plazas de prácticas no es obligatoria y depende "de la buena voluntad" y la capacidad que tengan de asumir la tutorización.Fue en este punto donde avanzó que quienes no consigan plaza antes de marzo tendrán una prórroga para hacer sus prácticas. Para que la situación no se repita, la Consejería asegura estar trabajando ya en una solución (vía normativa) para solventar este problema en los próximos cursos de la FP sanitaria.Viciana volvió a negar que la Comunidad tenga constancia de que haya habido "pagos" de 500 euros para realizar prácticas de FP sanitarias, una información confirmada a este medio desde CCOO, que refiere a al menos un convenio de prácticas de un centro público de gestión privada en el que se indica este suceso. Sí reconoció Viciana que los hospitales de gestión indirecta tienen un "convenio asistencial y no formativo", por lo que son "perfectamente libres de hacer aquellos convenios que estimen".Con todo, el consejero instó a PSOE y a Más Madrid a que aporten "pruebas" de esos "supuestos pagos" que no han sido localizados en las inspecciones de las consejerías de Educación y de Sanidad.Las críticas desde la oposición continúan. El diputado del PSOE, Esteban Álvarez, insistió en que la legislación actual no permite que los centros cobren por que los estudiantes hagan prácticas y denunció la "falta de plazas públicas mientras se aumenta la oferta de ciclos en centros privados". Como propuesta, apostó por crear 10.000 plazas de FP en grado medio y superior, abriendo turnos vespertinos en los institutos.Desde Más Madrid, la diputada Beatriz Borrás acusó al PP de tratar a los alumnos de la FP como "alumnos de segunda". Según sus cálculos, se ha dejado sin plaza a 30.000 al "quitar el derecho a estudiar en la pública" y al tener a los profesores"saturados, devastados, desesperados y haciendo muchísimas horas de más".

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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llegado a mediados de febrero todavía sin ningún apoyo político para sacar adelante los Presupuestos catalanes de 2024, aún pendientes de presentar, pero este jueves Junts ha entregado al Ejecutivo autonómico un documento con más de 100 propuestas que pueden decantar su 'sí', entre las que destacan bonificar al 99% el impuesto de Sucesiones y reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para que pueda recaudar todos los impuestos en la región, en línea con las exigencias de ERC y Junts a Pedro Sánchez. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha llegado a mediados de febrero todavía sin ningún apoyo político para sacar adelante los Presupuestos catalanes de 2024, aún pendientes de presentar, pero este jueves Junts ha entregado al Ejecutivo autonómico un documento con más de 100 propuestas que pueden decantar su 'sí', entre las que destacan bonificar al 99% el impuesto de Sucesiones y reforzar la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) para que pueda recaudar todos los impuestos en la región, en línea con las exigencias de ERC y Junts a Pedro Sánchez.En concreto, plantean bonificar el 99% de la cuota tributaria de Sucesiones para los contribuyentes de los grupos de parentesco I y II -cónyuges, descendientes y ascendentes- en la modalidad de adquisición de bienes y derechos por motivo de muerte.También defienden excluir de este impuesto los casos de relevo generacional hasta tercer grado de parentesco para facilitar la continuidad de las empresas familiares, informa Europa Press.Asimismo, apoyan la intención del Govern de bajar el tramo autonómico más bajo del IRPF al 9,5%, tal y como la formación liderada por Carles Puigdemont ya propuso en la negociación de las cuentas de 2023, que finalmente no contaron con su apoyo.Otra de las exigencias de Junts para los Presupuestos de la Generalitat de 2024 es reforzar la Hacienda catalana para que pueda asumir la gestión de todos los impuestos que se recaudan en Cataluña, aunque el centenar de propuestas se extiende a través de cinco ejes temáticos, desde la fiscalidad al gasto social, la educación, el catalán y las acciones para afrontar la sequía, entre otros.Sobre este último ámbito, la formación liderada por Carles Puigdemont aboga por dedicar 50 millones de euros a medidas de apoyo al sector primario, la industria, el turimo y el deporte, y 250 millones para reforzar la red de infraestructuras de agua.Según la portavoz de Junts, Mònica Sales, en conjunto se trata de "medidas rigurosas, realistas y factibles". La reunión de este jueves entre el Ejecutivo catalán y Junts, de apenas 20 minutos, es la segunda que celebran para negociar los Presupuestos, tras un primer contacto el 14 de diciembre.La relación de ERC con PSC y En Comú Podem es más fluida, pero tampoco se traduce de momento en avances, con las negociaciones enquistadas todavía en el cumplimiento de los compromisos vinculados a las cuentas de 2023, como la ampliación del Aeropuerto de Barcelona o el futuro del complejo de ocio y juego de Hard Rock en Tarragona, que PSC y Junts apoyan pero la formación morada rechaza.Justo el miércoles, los comunes se abrieron a iniciar las negociaciones para los Presupuestos catalanes de 2024, a través de reuniones sectoriales, tras haber fijado, en una reunión con representantes de la Generalitat, un calendario "para la ejecución de los incumplimientos presupuestarios del 2023".Desde Junts reclaman que las negociaciones entre ERC y PSC no se conviertan en un "intercambio de cromos" a cambio de apoyos mútuos en las cuentas regionales y estatales, mientras los socialistas también tienen pendientes los Presupuestos de Barcelona.Por parte de ERC, su portavoz en el Parlament, Marta Vilalta, ha manifestado que rechazan la propuesta de Junts de eliminar el impuesto de Sucesiones, una postura que ya les confrontaba cuando republicanos y neoconvergentes compartían el gobierno de la Generalitat: "No lo compartimos".Con todo, ha considerado que hay margen de negociación "en buena parte" de las medidas que se proponen en el documento que Junts ha entregado al Ejecutivo catalán.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado este lunes que aspira a revalidar su mandato al frente del Ejecutivo comunitario, otros cinco años. La alemana quiere hacerse de nuevo con uno de los altos cargos en las instituciones europeas tras los comicios comunitarios del próximo junio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado este lunes que aspira a revalidar su mandato al frente del Ejecutivo comunitario, otros cinco años. La alemana quiere hacerse de nuevo con uno de los altos cargos en las instituciones europeas tras los comicios comunitarios del próximo junio.Fue durante la reunión de su partido en Berlín, la CDU alemana, que la conservadora ha anunciado su intención de concurrir a las elecciones comunitarias. Una carrera para la que cuenta con el beneplácito de su formación política. No será sin embargo hasta el congreso del Partido Popular europeo, de los próximos 6 y 7 de marzo en Bucarest, que los conservadores europeos la nombren como cabeza de lista del partido a las elecciones europeas.En los últimos meses la presión ha ido en aumento sobre la alemana de cara a que anunciara si, finalmente, se presentaría a un segundo mandato. Hasta tal punto de que era algo que se daba por sentado. No es que tenga rival en tales aspiraciones. La alemana es la favorita dentro y fuera de las listas de los populares europeos, aunque las medidas impulsadas como líder de la Comisión Europea se hayan alejado, no en pocas ocasiones, de los preceptos de los conservadores.Lo cierto es que se sitúa como la favorita para hacerse con las riendas del Ejecutivo comunitario en el siguiente ciclo legislativo, si el PP resulta ser la fuerza más votada. Los rivales que han anunciado su candidatura hasta la fecha no tienen el peso político de la alemana. Se enfrentaría, por lo pronto, al comisario de Empleo, Nicolas Schmit que concurrirá por los Socialistas y Demócratas europeos y el candidato de los Verdes, Bas Eickhout.Si bien en 2019 la alemana emergía como presidenta de la Comisión Europea, lo hacía de forma sorpresiva. La que fue ministra de Defensa con Angela Merkel, toma esta base como promesa de su siguiente mandado en Bruselas. Tras hacer frente a la invasión militar rusa de Ucrania se propone impulsar el segmento de Defensa en la UE, mirando de reojo a Moscú. También pone el foco en la Casa Blanca y en una posible vuelta del republicano Donald Trump tras los comicios estadounidenses de este año.En estos últimos cinco años se pusieron en marcha medidas profundamente divisivas en el seno de la UE, como la emisión de deuda conjunta a nivel europeo para configurar el Plan de salida de la pandemia con los Next Generation como vertebradores de un impulso económico necesario. También las compras conjuntas de vacunas para la pandemia o la misma gestión de la pandemia se han articulado bajo el mandato de Von der Leyen al frente de la Comisión Europea.La alemana, pese a formar del PP europeo, ha emprendido medidas para impulsar el abanderamiento verde en la UE y otras políticas climáticas, como la Ley de Restauración de la Naturaleza, que le han valido las críticas de los segmentos políticos más conservadores. Sin embargo, las protestas agrícolas que recorren Europa en las últimas semanas han resultado en un paso atrás en ciertas políticas verdes, como en la ley de pesticidas.

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En pleno debate por el importante incremento de la factura que afronta la Seguridad Social en prestaciones por incapacidad temporal (IT), las mutuas y los investigadores económicos se unen para analizar las causas y consecuencias. Poniendo sobre el papel los datos, las bajas por incapacidad temporal se han duplicado en España durante la última década: han pasado de representar el 2% sobre el total de ocupados en 2013 a situarse en el 4,1% en 2023. Con esta tasa, España, junto a Francia y Portugal, encabeza el ranking de absentismo laboral por incapacidad temporal entre los países de la UE. En pleno debate por el importante incremento de la factura que afronta la Seguridad Social en prestaciones por incapacidad temporal (IT), las mutuas y los investigadores económicos se unen para analizar las causas y consecuencias. Poniendo sobre el papel los datos, las bajas por incapacidad temporal se han duplicado en España durante la última década: han pasado de representar el 2% sobre el total de ocupados en 2013 a situarse en el 4,1% en 2023. Con esta tasa, España, junto a Francia y Portugal, encabeza el ranking de absentismo laboral por incapacidad temporal entre los países de la UE.El coste de las bajas por enfermedades comunes, que asciende al 1,4% del PIB, está en el ojo del huracán, según se refleja en el 'Estudio socioeconómico sobre la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España', elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Tal y como avanzó la ministra titular del ramo, Elma Saiz, la Seguridad Social colaborará con las mutuas para mejorar la gestión de las enfermedades comunes por incapacidad temporal (IT), esencialmente en aquellas de origen traumatológico.Ambas entidades han puesto en marcha un proyecto para analizar los determinantes del absentismo laboral por incapacidad temporal en España y por autonomías, por contingencias comunes y profesionales, que realizarán durante este 2024, según han informado en un comunicado conjunto.Se trata de datos extraídos de la Encuesta de Población Activa (INE) donde se observan dos fases "muy diferenciadas" en el periodo comprendido entre 2007 a 2023 con un punto de inflexión en 2012. En la primera fase (2007-2012), la tasa de absentismo desciende del 2,8% inicial a un mínimo del 2% en 2012. Sin embargo, a partir de ese año, comienza un periodo de crecimiento ininterrumpido, acelerado por la Covid-19, hasta alcanzar al 4,1% de los ocupados en 2023.Estas ausencias laborales por incapacidad temporal repercuten "negativamente y de modo directo" en los trabajadores que se ven afectados, pero también en las empresas y en el conjunto de la sociedad. El impacto económico que tienen las prestaciones por baja por IT supone un 1,4% del PIB de España (más de 18.800 millones de euros tomando el PIB a precios corrientes de 2023). Este porcentaje se sitúa por encima de la media de la UE (1,2%) y representa un crecimiento de 0,6 puntos desde 2014.Todas las regiones sin excepción presentan niveles superiores a los de hace 16 años. Las comunidades que encabezan el ranking en 2023 coinciden con las que han experimentado un mayor incremento: País Vasco, que ocupa la primera posición con una tasa del 5,8% (+2,1 puntos desde 2007), seguida de tres regiones del norte peninsular, Galicia, Asturias y Cantabria, todas ellas con tasa por encima del 5% de ocupados y con incrementos superiores a los 2 puntos desde 2007.En el otro extremo se encuentran Madrid, Baleares y Aragón, con tasas inferiores al 3,5% e incrementos más moderados, por debajo de 1 punto porcentual. La Comunitat Valenciana se sitúa en la media nacional, con un peso de las ausencias laborales por IT del 4% y un incremento respecto a 2007 de 0,9 puntos porcentuales.En esta línea, los datos de la encuesta European Labour Force Survey de Eurostat muestran su carácter "generalizado" entre los países de la UE, pero también una intensidad "muy distinta". Según consta en el estudio, la última información homogénea disponible, referida al año 2022, indica que el porcentaje de ocupados que se ausentaron del trabajo por enfermedad, accidente o incapacidad temporal durante la semana en que se realizó la encuesta se sitúa para el conjunto de la UE en el 2,5%.Sin embargo, esa tasa presenta una "acusada heterogeneidad". En algunos países los valores son muy reducidos e inferiores al 0,5% (Grecia, Bulgaria y Rumanía), mientras que en otros muestran niveles próximos o superiores al 4%. España, con una tasa del 4,1%, pertenece al grupo de países con tasas más elevadas, junto con Portugal y solo por detrás de Francia.Por otra parte, el porcentaje de absentismo muestra una "preocupante tendencia creciente en la mayoría de los países europeos", destaca el análisis. Entre 2014 y 2022 se produce un incremento medio de 0,6 puntos porcentuales en el conjunto de la UE (un crecimiento del 30% en ocho años).Solo cuatro países experimentan descensos (Bulgaria, de forma moderada; Luxemburgo; Países Bajos; y Alemania, con más intensidad). El resto registra incrementos que resultan "especialmente acusados" en Portugal, Eslovenia, Chipre, Letonia, España y Estonia, todos ellos con aumentos de más de 1,5 puntos. El caso de España resulta destacable, ya que experimenta un crecimiento de 2,1 puntos, lo que supone doblar su tasa de ocho años atrás.Ante estos niveles "preocupantes y acentuados" en los últimos años, Umivale Activa y el Ivie han puesto en marcha un proyecto para estudiar los determinantes del absentismo laboral, tanto en el conjunto de España como en sus comunidades autónomas con el objetivo de "indagar en los factores que inciden en ese fenómeno para poder afrontarlo y trazar las mejores estrategias para prevenirlo".El estudio se va a desarrollar durante todo 2024 y sus resultados se van a ir difundiendo periódicamente en una serie de documentos breves. El primero de estos informes cuantifica el problema, así como su evolución en los últimos años, permite la comparación de datos con la UE y muestra que existen "diferencias regionales".Aunque el porcentaje de ocupados que se ausenta por accidente, enfermedad o incapacidad temporal de su puesto de trabajo ha aumentado en todas las comunidades autónomas, las diferencias regionales son "acusadas". La evolución entre comunidades autónomas es "heterogénea", con una dispersión en las tasas de absentismo por IT más acusada en la actualidad que en 2007.El equipo encargado de realizar el análisis está formado por miembros de las dos entidades. Desde Umivale Activa, trabajan en el proyecto Juan Miguel Mesa y Marija Davcheva. Por parte del Ivie, participan José María Peiró, Francisco J. Goerlich, Lorenzo Serrano, Consuelo Mínguez y Fernando Pascual.En la IT inciden "múltiples factores" como las condiciones de trabajo, la cultura de las empresas y las políticas y prácticas de recursos humanos. Pero también factores "externos" al trabajo como la situación familiar o el contexto social y cultural. En tercer lugar, también son importantes los factores relacionados con el sistema de salud, la legislación o incluso los procesos judiciales, apunta el estudio."La incapacidad temporal responde a una complejidad de factores que exigen un diagnóstico riguroso del problema. Con este estudio buscamos por un lado entender las causas de la preocupante escalada de la IT, y por otro, poder sentar las bases para conseguir que haya cambios estructurales en la gestión de la misma", ha destacado Juan Miguel Mesa.

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Andalucía, Ceuta y Melilla acuerdan reforzar sus vínculos. Para ello, el presidente Juanma Moreno ha firmado un protocolo de colaboración con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, mientras que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, no ha podido asistir al acto al quedar atrapado en un corte de carretera de agricultores. De facto, la relación económica entre las dos ciudades autónomas y Andalucía ya es muy estrecha. En el caso de Ceuta, prácticamente el 80% de sus compras en otros territorios españoles proceden de Andalucía, mientras que 3 de cada 100 euros de sus ventas a otras regiones tienen como destino Andalucía. En el caso de Melilla, estos lazos son algo menos intensos y suponen alrededor del 50% de su comercio interautonómico, según datos del estudio "Redefiniendo la economía del sur: oportunidades y desafíos de futuro en Ceuta y Melilla", elaborado por el analista económico Diego Sánchez de la Cruz, para el Observatorio de Ceuta y Melilla. Andalucía, Ceuta y Melilla acuerdan reforzar sus vínculos. Para ello, el presidente Juanma Moreno ha firmado un protocolo de colaboración con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, mientras que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, no ha podido asistir al acto al quedar atrapado en un corte de carretera de agricultores. De facto, la relación económica entre las dos ciudades autónomas y Andalucía ya es muy estrecha. En el caso de Ceuta, prácticamente el 80% de sus compras en otros territorios españoles proceden de Andalucía, mientras que 3 de cada 100 euros de sus ventas a otras regiones tienen como destino Andalucía. En el caso de Melilla, estos lazos son algo menos intensos y suponen alrededor del 50% de su comercio interautonómico, según datos del estudio "Redefiniendo la economía del sur: oportunidades y desafíos de futuro en Ceuta y Melilla", elaborado por el analista económico Diego Sánchez de la Cruz, para el Observatorio de Ceuta y Melilla. El acuerdo firmado entre Juanma Moreno y los presidentes de las ciudades autónomas incluye 130 iniciativas de amplio espectro, desde colaboración en materia de políticas de cambio climático, en agua, economía circular y azul, entre la RTVA y las Radio Televisiones de Ceuta y Melilla para fomentar un mejor conocimiento mutuo. Andalucía pone a disposición de ambas ciudades sus oficinas de Madrid, Cataluña y Bruselas para facilitarles Además, se establecen interesantes colaboraciones en el ámbito sanitario, como en el programa de cribado neonatal de ciertas enfermedades y se abren las puertas de TRADE a las empresas de Ceuta y Melilla para visibilizarlas en misiones comerciales.Los puertos de Ceuta y Melilla son uno de los ejes estratégicos en los que se pueden generar sinergias y colaboración. Ambos mueven alrededor de 1,8 millones de toneladas. La vía que el Observatorio de Ceuta y Melilla identifica con más posibilidades para colaborar con Andalucía es la del transporte de viajeros, y especialmente los cruceros. En cuanto al número de pasajeros, Ceuta y Melilla arrojan unas cifras elevadas en comparación con el tamaño de su población, debido a su situación geográfica. En total, son 2,5 millones los pasajeros, que, sumados a los puertos de Andalucía, suman un total de 8,1 millones. De los cuales, aproximadamente el 10% se deben a los cruceros de pasajeros, con una gran importancia de los puertos de Bahía de Cádiz y de Málaga.Sin embargo tanto el puerto de Ceuta como el de Melilla enfrentan una pérdida progresiva de ingresos y lidian con un crecimiento progresivo en su volumen de gastos. Es decir, se ha producido un deterioro de las condiciones económico-financieras de ambas infraestructuras. Dada la delicada salud financiera de los puertos, se hace cada vez más preciso buscar nuevas líneas de negocio para recuperar la competitividad y emplear ambas instalaciones como elementos dinamizadores de la actividad económica de las ciudades autónomas. Ahí es donde entran en juego los cruceros.El Observatorio recoge también oportunidades como la apuesta por la ciudad inteligente, que puede ayudar a que tanto Ceuta como Melilla puedan crezcan de manera intensiva, en vez de extensiva, como respuesta a sus problemas de suelo y vivienda.Idencity Consulting ha elaborado un Índice Smart City (Smart City Index) de las ciudades de España. Este trabajo mide el grado en que las Administraciones Públicas, las empresas y los ciudadanos han adoptado, empleado y desplegado nuevas tecnologías para mejorar la gestión de la ciudad, redundando en un mejor aprovechamiento de sus recursos y una mayor calidad de vida. La nota global refleja el porcentaje de adopción o cumplimiento de los estándares de referencia y los indicadores que permiten medir el acercamiento de cada ciudad al modelo de Smart city. Dicha calificación es del 40%, en el caso de Ceuta, y del 41%, en el de Melilla. Lideran la tabla Barcelona (79%), Madrid (74,1%), Valencia (67,8%) o Málaga (65,4%).Otra de las grandes oportunidades identificadas por el Observatorio es la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) con el objetivo de «incrementar la inversión extranjera directa en el país por parte de inversores nacionales y extranjeros y, con ello, impulsar el comercio, el desarrollo industrial, la competitividad de la economía local y los niveles de creación de empleo».En el mundo existen más de cinco mil Zonas Económicas Especiales. Solamente en la Unión Europea hay países como Polonia donde existe más de medio centenar de demarcaciones con este tipo de permisos. En cambio, en España sólo existe una, las Islas Canarias. Ceuta y Melilla, dada su situación geográfica y su necesidad de desarrollo económico y potencial, "serían por tanto buenas candidatas para la autorización de una segunda ZEE. Así pues, los gobiernos y parlamentos de ambas ciudades autónomas deberían acudir a las Cortes para defender esta iniciativa, en forma de Proyecto de Ley o como iniciativa legislativa".Este régimen debe ser autorizado por la Comisión Europea. La principal apuesta aparejada a las ZEE es la de proporcionar una serie de ventajas y beneficios fiscales a empresas y ciudadanos que invierten en estas demarcaciones. En el Impuesto de Sociedades, por ejemplo, el tipo de referencia en el conjunto del territorio nacional asciende al 25%, mientras que en Canarias se aplica un 4% sujeto a distintas condiciones, como la creación de empleo en el archipiélago.En Canarias, aproximadamente el 10% de las empresas que cumplen con los requisitos para ser integrantes de la ZEE forman parte de este marco diferenciado. En total, hablamos de 270 empresas activas que, tras adherirse a la Zona Económica Especial del archipiélago, han crecido hasta generar un valor de producción de 1.100 millones de euros anuales, soportando de esta forma más de 4.500 empleos. Si el impacto fuese similar en Ceuta y Melilla, el impulso a la actividad económica sería cercano al 3% del total y el empleo aumentaría casi un 2%. Es decir, se podrían generar más de 100 millones de euros adicionales de producción, así como más de 1.000 nuevos puestos de trabajo.El Observatorio de Ceuta y Melilla ofrece además algunas claves de cuáles son las principales fortalezas de las dos ciudades de cara a la atracción de empresas e inversores. Y entre ellas destaca, además de su posición estratégica, un régimen fiscal ventajoso con medidas como la deducción de entre el 50 y el 60% de la cuota correspondiente de los rendimientos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF); bonificación del 50% en la cuota del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando el causante es residente en Ceuta o Melilla, elevándose el porcentaje de bonificación al 99% cuando los causahabientes son el cónyuge, los ascendientes o los descendientes; bonificación del 50% de la cuota correspondiente al Impuesto de Sociedades en los resultados obtenidos en ambas ciudades.Tampoco se aplica el Impuesto sobre el Valor Añadido, sino el llamado Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI), aplicación de impuestos especiales sobre determinados medios de transporte, la fabricación y la electricidad. Adicionalmente, se aplica un gravamen complementario al IPSI sobre las ventas de carburante y combustibles o de tabaco (en vez de un impuesto propio, como en el resto de las autonomías).El informe del Observatorio no oculta debilidades de ambas ciudades, como tasas de paro por encima del 20%, a la cabeza del ranking español de desempleo, o un PIB per cápita a la cola de España, prácticamente al nivel de otras zonas del sur como la propia Andalucía o Extremadura.Por su propia idiosincrasia sufren escasez de ciertos recursos, como por ejemplo la falta de suelo y vivienda. Mientras que, a nivel nacional, la proporción de viviendas principales en relación con el total de viviendas es del 70%, en Ceuta y Melilla este ratio se acerca al 90%. Además, las ciudades autónomas cuentan con el dato más bajo de España en el indicador de viviendas por cada 1.000 habitantes, con casi 100 menos que la media nacional. Y, si en el promedio de las comunidades autónomas hay una media de 2,53 personas por hogar, en Ceuta y Melilla esta cifra supera los 3.En ambos casos, explica el Observatorio, la estructura económica de las ciudades autónomas es altamente dependiente de las Administraciones públicas. En total, el sector público genera la mitad del valor añadido bruto de las economías de estas ciudades. Esto contrasta con el resto de España y se explica por las particularidades del caso de Ceuta y Melilla.En el caso ceutí, el valor añadido bruto correspondiente al año 2021 asciende a 1.591 millones de euros. De esta cifra, la Administración supone 792 millones, mientras que el comercio aporta 299 millones y las actividades inmobiliarias generan 159 millones, a los que se pueden sumar los 71 millones de la construcción. A continuación figuran la industria (96 millones), las actividades profesionales, científicas y técnicas y administrativas (66 millones), las actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (53 millones), las actividades financieras (38 millones) y las TIC (16 millones) y la agricultura (1 millón).En cuanto a Melilla, su valor añadido bruto para 2021 fue de 1.455 millones, de los cuales 735 millones se corresponden con la Administración. A distancia, figura el comercio (257 millones) y las actividades inmobiliarias (156 millones), a las que se pueden sumar los 70 millones de la construcción. Completan la estructura económica las actividades profesionales, científicas y técnicas y administrativas (71 millones), la industria (69 millones), las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (52 millones), las actividades financieras (34 millones), las TIC (11 millones) y la agricultura (1 millón).

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La negativa en el último momento del ex ministro de Consumo, Alberto Garzón, a formar parte del lobby de Pepe Blanco no deja a la entidad desprovista de ex altos cargos. Hasta nueve personalidades de la política española ocupan puestos importantes, donde destacan varios ex ministros de distintos signos políticos. En los últimos cuatro años, la consultora ha contratado a políticos especializados en distintos ámbitos con la idea de poder abarcar las mayores esferas de influencia. De la rama socialista, Elena Valenciano, vicesecretaria general del partido con Alfredo Pérez Rubalcaba y cabeza de lista en las elecciones europeas de 2014, y Valeriano Gómez, exministro de Trabajo en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, son los máximos exponentes. La negativa en el último momento del ex ministro de Consumo, Alberto Garzón, a formar parte del lobby de Pepe Blanco no deja a la entidad desprovista de ex altos cargos. Hasta nueve personalidades de la política española ocupan puestos importantes, donde destacan varios ex ministros de distintos signos políticos.En los últimos cuatro años, la consultora ha contratado a políticos especializados en distintos ámbitos con la idea de poder abarcar las mayores esferas de influencia. De la rama socialista, Elena Valenciano, vicesecretaria general del partido con Alfredo Pérez Rubalcaba y cabeza de lista en las elecciones europeas de 2014, y Valeriano Gómez, exministro de Trabajo en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, son los máximos exponentes.Por parte del Partido Popular figuran Alfonso Alonso, exministro de Sanidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy; Elena Pisonero, exsecretaria de Estado de Economía, Energía y Pyme con José María Aznar como presidente, o José María Lassalle, que fue secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital. Además, también aparecen Miguel Gamisans, que proviene de Esquerra Republicana y fue secretario de comunicación del Gobierno de Cataluña. Por otro lado, hasta el verano pasado, también figuraba Marco Candela, diputado, portavoz adjunto y presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid entre 2015 y 2019.En los últimos tiempos, el lobby de Blanco ha sumado a dos nuevos ex dirigentes políticos. En la consultora han encontrado su sitio Guillermo Martínez, un histórico del Partido Popular que entre otros cargos fue exconsejero de Presidencia de Asturias. De hecho, Martínez fue el sustituto del socialista Antonio Hernando, que ayudó a Blanco a fundar Acento. La última apuesta ha sido Rubén Moreno. El político valenciano, afiliado al Partido Popular, ocupó el cargo de Secretario General de Sanidad durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Formó tandem con Alfonso Alonso en el Ministerio y fueron los artífices de la financiación de los medicamentos para la hepatitis C o de la gestión del virus del ébola. Alberto Garzón iba a ser la última incorporación a Acento. Sin embargo, ayer anunció que renunciaba a su cargo como director de Prospectiva GeoPolítica.Estaba previsto que tomara las riendas del cargo para Semana Santa, aunque aun falta la aprobación de la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno; pero no ha dado tiempo. "La decisión despertó un enorme revuelo en el ecosistema de izquierdas. La impresión general era que se trataba de una decisión que afectaría negativamente a las organizaciones del espacio político", explicó el ex ministro en su cuenta de X.

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Aragón contará con una nueva ley que pone el foco en las empresas. El Gobierno de Jorge Azcón está elaborando un marco legal por el que las compañías que sean rentables y abandonen la comunidad devuelvan las ayudas públicas que hayan recibido. Aragón contará con una nueva ley que pone el foco en las empresas. El Gobierno de Jorge Azcón está elaborando un marco legal por el que las compañías que sean rentables y abandonen la comunidad devuelvan las ayudas públicas que hayan recibido. Este es uno de los principales puntos del proyecto de ley de "Atracción, apoyo y arraigo empresarial" con el que se pretende afianzar a las empresas que llegan a la comunidad aragonesa y evitar su marcha cuando han recibido apoyo público. En concreto, se trataría de prevenir casos como el sucedido con la multinacional Airtex que, a finales del año pasado, optó por trasladar la producción desde la planta de Zaragoza a Rumanía. Una compañía que, precisamente, había recibido ayudas públicas.El proyecto de ley también contempla otra serie de medidas como la creación de una oficina económica para agilizar la relación con el tejido empresarial en la comunidad aragonesa.A través de este canal se facilitará información de, por ejemplo, ayudas públicas y financiación, entre otros aspectos de interés para las compañías. Estará gestionada por el Instituto Aragonés de Fomento y coordinada por la Dirección General de Política Económica.Las principales líneas de este marco legal se han dado a conocer en el pleno de las Cortes de Aragón. El propio presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha explicado este proyecto de ley, que ha justificado porque "la confianza empresarial está aumentando, pero aún así no estamos dispuestos a conformarnos", añadiendo a continuación que "hay cosas que tenemos que mejorar, cuestiones en las que la Comunidad tiene un amplio camino para seguir mejorando", ha incidido.La ley también pondrá el foco en la atracción de empresas con el fin de que "arraiguen todas las que en el pasado quisieron venir", ha explicado Azcón. El presidente aragonés también ha incidido en que se está trabajando para "convertir a Aragón en una comunidad atractiva desde todos los puntos de vista". En este sentido, se va a trabajar en la simplificación administrativa y en acompañar a los emprendedores, empresas y los grandes proyectos estratégicos.

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Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras que más se abonan dentro del catálogo de pensiones contributivas de la Seguridad Social. Casi un millón de personas perciben este tipo de prestación. las mismas que tuvieron que pasar por el pertinente proceso de solicitud. Las pensiones de incapacidad permanente son las terceras que más se abonan dentro del catálogo de pensiones contributivas de la Seguridad Social. Casi un millón de personas perciben este tipo de prestación. las mismas que tuvieron que pasar por el pertinente proceso de solicitud.En el proceso de solicitud de una pensión de incapacidad permanente el solicitante ha de pasar por múltiples fases. Este trámite puede durar hasta 135 días hábiles en los que la persona que busca la pensión ha de cumplir con todos los pasos requeridos. Uno de ellos es el más temido: la visita al tribunal médico.El tribunal médico (el nombre con el que se denomina de forma coloquial al Equipo de Valoración de Incapacidades, el EVI) se encarga de determinar la influencia de la enfermedad, lesión o dolencia en la vida cotidiana y laboral del paciente, y para ello puede pedir al solicitante información de todo tipo y, claro está, hacerle toda clase de preguntas.De entre esas preguntas hay algunas que destacan por tener una naturaleza diferente al resto: son las que el portal especializado denomina 'preguntas trampa' porque, vestidas de cuestiones casi triviales, dan al tribunal médico mucha más información de la que parece.De acuerdo con la información que recoge el portal especializado Fidelitis en su página web, estas son las preguntas trampa de un tribunal médico que decide si recomienda o no una pensión de incapacidad permanente:

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció en la tarde de este jueves una batería de 18 medidas tras concluir su reunión de más de dos horas con varias organizaciones profesionales agrarias tras las protestas y tractoradas del campo de los últimos días. Planas abordará sus propuestas la semana que viene con las comunidades autónomas y el próximo 26 de febrero en Bruselas, donde se reunirán los titulares de Agricultura de los 27 Estados miembros. Con todo, no termina de convencer al campo y el sector mantiene las protestas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció en la tarde de este jueves una batería de 18 medidas tras concluir su reunión de más de dos horas con varias organizaciones profesionales agrarias tras las protestas y tractoradas del campo de los últimos días. Planas abordará sus propuestas la semana que viene con las comunidades autónomas y el próximo 26 de febrero en Bruselas, donde se reunirán los titulares de Agricultura de los 27 Estados miembros. Con todo, no termina de convencer al campo y el sector mantiene las protestas.Entre esas medidas, la que más destacó Planas fue el anuncio de la creación de agencia de gestión y control alimentario que incluirá la puesta al día de los planes de inspección de oficio y la publicación de los totales de sanciones de la inspección de la cadena alimentaria que puedan acumular los infractores "en respuesta a quienes dicen que no se estaban sancionando". "Creemos que esto será pedagógico por el efecto reputacional que tendrá en las empresas", dijo.Planas señaló también que se va a actualizar la directiva europea de la ley de la cadena alimentaria, que se va a equiparar con la española, la cual ha sido tomada como ejemplo. Además, Agricultura anunció que simplificará las normas que son competencia de España y de las comunidades autónomas. También apuntó que propondrá en Bruselas la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC), con medidas como la derogación de la rotación de cultivos en superficies de regadío, así como permitir el laboreo vertical y al abonado en verde Asimismo, se ampliará el catálogo actual de los eco-esquemas para tener en cuenta las zonas especialmente áridas. El titular de Agricultura también acudirá a Bruselas con propuestas para que se simplifique la carga administrativa con acciones como la eliminación de las fotos autorreferenciadas de los cultivos y, sobre todo, menos burocracia para los pequeños agricultores. Entre ellas destaca la eliminación de la obligatoriedad en la puesta en marcha del cuaderno digital en el marco de la PAC, que ahora será voluntario, así como la eliminación de las fotos autorreferenciadas de los cultivos. No obstante, y dada la importancia que otorga el Gobierno a este instrumento, Planas indicó que se concederán incentivos -aún por determinar- para que los profesionales del sector lo adopten. En cuanto al ámbito comercial, el ministro se comprometió a defender en todos los foros internacionales el principio de reciprocidad en la utilización de productos fitosanitarios en la producción de alimentos (cláusulas espejo), para que todos los productos que entren de fuera de la Unión Europea (UE) cumplan los mimos requisitos. El ministro apuntó también que instará a una mayor coordinación en las aduanas internacionales y una mejor organización de la de la inspección en fronteras para reforzar los controles.Avanzó, además, que cuando sea necesario para sustancias que no estén autorizadas en la UE y la Comisión Europea no haya establecido un límite máximo de residuos, España de forma preventiva establecerá este límite en cero. Insistió en que si bien la política comercial es común en la UE para todos los Estados miembros, España puede aplicar normas relativas a cuestiones como la seguridad o salud pública y es aprovechando esta posibilidad como pretende aplicar esta medida.El Gobierno se ha comprometido con las organizaciones agrarias a mantener los incentivos en vigor relativos al gasóleo agrícola que, según Planas, suponen unos 400 millones de euros anuales en subvenciones. Además, se mantendrá la vigencia durante 2024 de las deducciones del 35 % de la factura del gasóleo y de un 15 % de la de los plásticos y fertilizantes, en el IRPF, en el método de estimación objetiva.Planas subrayó el apoyo que el Ejecutivo da a los seguros agrarios, con 284,5 millones de euros en 2024, más las aportaciones necesarias para su estabilidad, y con adaptaciones de las líneas para tener en cuenta las nuevas circunstancias climáticas. Asimismo, reiteró la intención de organizar un foro de ganadería extensiva y articular soluciones de crédito bonificado y avalado para la incorporación de jóvenes al sector.Una vez concluida la reunión, Pedro Barato, presidente Nacional de Asaja, una de las principales organizaciones agrarias, señaló que evaluarán las mediadas propuestas por Planas pero que, no obstante, se van a mantener, cuando menos, las protestas que ya están convocadas junto con Coag y Upa. Por su parte, desde Coag pusieron el acento en que durante la reunión con Planas no se abordaron cuestiones tan importantes como la relaciones comerciales, en clara referencia a Mercosur, y en la competencia desleal a las importaciones a terceros países.Sobre los seguros, esta última organización agraria solicitó una reestructuración de los rendimientos y de las franquicias "porque hay producciones sobre la que no se asegura nada". En Coag reconocieron avances importantes como por ejemplo la retirada del cuaderno digital, sobre todo, porque hay zonas en el campo español donde no hay cobertura, por lo más razonables es que el mismo sea de carácter voluntario.

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El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) volvió a poner voz a las grandes reivindicaciones valencianas, como la reforma de la financiación autonómica y asegurar el agua para todo el territorio. Salvador Navarro incluso añadió a esa lista plantear la creación de un nuevo aeropuerto en Valencia junto con la segunda pista para Alicante, después de que se despeje la nueva terminal del puerto de Valencia. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) volvió a poner voz a las grandes reivindicaciones valencianas, como la reforma de la financiación autonómica y asegurar el agua para todo el territorio. Salvador Navarro incluso añadió a esa lista plantear la creación de un nuevo aeropuerto en Valencia junto con la segunda pista para Alicante, después de que se despeje la nueva terminal del puerto de Valencia."Nos alegramos de que Pedro Sánchez haya anunciado la expansión del aeropuerto de Madrid-Barajas", señaló, para reclamar también que "las cifras justifican en el caso de la Valencia una ampliación o incluso un aeropuerto nuevo", y en Alicante "una segunda pista".El presidente de CEV también aprovechó la situación actual por la sequía y el proyecto de suministrat agua a Barcelona desde Valencia para pedir "un Plan Nacional del Agua y la solidaridad del resto de territorios, al igual que nos piden a nosotros, y nos parece bien, que seamos solidarios con otras comunidades". De hecho, el empresario recordó que mientras el uso de agua reutilizada en toda España se sitúa en el 10% de media, en Alicante supera el 75% para hacer énfasis en los esfuerzos de eficiencia hídrica en la región.Navarro recordó que la provincia de Alicante arrastra un grave déficit hídrico, que cifró en más de 493 hectómetros cúbicos al año. Según explicó la planificación hidrológica actual, tras la reciente aprobación de los planes hidrológicos, "puede llevar a la desaparición de 30.000 hectáreas de cultivo", lo que conllevaría "la pérdida de 15.000 empleos directos, más los derivados en transporte, agroindustria e industria asociada", además de perder parte de la superficie de regadío que contribuye a la lucha contra el cambio climático al favorecer la captación de CO2.Navarro volvió a insistir en que la infrafinanciación autonómica es la prinicpal debilidad de la Comunidad Valenciana y llegó a afirmar que "los valencianos nos sentimos españoles de segunda o tercera por nuestra deuda" generada en su mayoría por esos menores recursos durante más de una década. "Se pasó de puntillas sobre el tema hasta que los separatistas catalanes pusieron como condición para apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez poder negociar, de forma bilateral, una financiación "singular" para su comunidad autónoma", apuntó.El presidente de la CEV recordó que la renta per cápita valenciana es 12 puntos inferior a la media y, sin embargo, "somos una autonomía que, incluso siendo pobre, aporta al conjunto del Estado. De hecho, somos la única infrafinanciada que es aportante neta en la balanza fiscal".Por ello reclamó dos grandes medidas prioritarias. Una de ellas es el fondo de nivelación para las autonomías infrafinanciadas, como la valenciana, una medida que ya respaldan varios presidenteas autonómicos. "Un fondo que, advertimos, deber ser provisional porque el objetivo es cambiar el modelo, y superior al que propone Fedea", subrayó.La otra es una condonación de la deuda generada por tantos años en desigualdad de condiciones. "Sí, una condonación, como lo oyen", recalcó Navarro, que quiso también destacar que la Comunidad Valenciana "no ha recurrido a chantajes".

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Fruto de las diferentes reformas que le han afectado en los últimos años, el sistema de pensiones español es algo complejo y contiene varias variables que provocan que los trabajadores puedan encontrarse en perspectivas muy distintas en función de sus años trabajados a lo largo de la vida laboral. Fruto de las diferentes reformas que le han afectado en los últimos años, el sistema de pensiones español es algo complejo y contiene varias variables que provocan que los trabajadores puedan encontrarse en perspectivas muy distintas en función de sus años trabajados a lo largo de la vida laboral.La cotización, por lo tanto, se convierte en un elemento clave para determinar el acceso de las pensiones de jubilación, para establecer el momento en el que una persona puede jubilarse y, por último, para decidir el importe de la pensión de jubilación que cobrará un trabajador en el futuro.El sueño de todos los trabajadores poder jubilarse en el futuro con el 100% de la pensión. Esta referencia al 100% de la pensión es una expresión que se ha hecho popular y que hace referencia a la pensión máxima que puede percibir un trabajador de acuerdo con sus cotizaciones.Otro sueño, como no podía ser de otra forma, es el de jubilarse cuanto antes mejor. Y, aunque está la opción de optar por la jubilación anticipada, una duda que no pocos trabajadores se plantean es la de cuándo podrán jubilarse de forma ordinaria.Tanto en un caso como en otro la clave está en las cotizaciones. Y también la respuesta a una pregunta que supone rizar el rizo: ¿a qué edad nos podemos jubilar con el 100% de la pensión de jubilación?Un vistazo a la Ley General de la Seguridad Social nos permite conocer qué tenemos que hacer para cobrar el 100% de la pensión. Esta expresión es la que se aplica al 100% de la base reguladora que ha generado un trabajador de acuerdo con el método de cálculo de las pensiones de la Seguridad Social.La reforma de las pensiones de 2011 estableció un calendario progresivo para aplicar los cambios destinados a aumentar el número de años necesarios para obtener el 100% de la base reguladora, con vistas a que se necesiten (en 2027) 37 años cotizados para ello.La disposición transitoria novena de la LGSS (puede consultarse en este enlace) explica que en 2024 (en realidad, en el periodo 2023-2026) solo las personas que alcancen 36 años y medio podrán cobrar el 100% de la base reguladora, es decir, ese 100% de la pensión.Despejada la primera incógnita, hace falta saber a qué edad se podrá jubilar una persona con el 100% de la pensión. Aquí afecta una situación especial: en España hay dos edades de jubilación ordinaria que dependen de la cotización del trabajador.Esto también fue fruto de la reforma de las pensiones de 2011, en la que se diseñó otro calendario progresivo para ir aplicando los cambios, que contemplan una edad de jubilación mayor para las personas que no llegan a un nivel de cotización concreto (las que sí llegan mantienen la edad de jubilación de 65 años, previa a la reforma). Cada año sube tanto la edad de jubilación como la cotización exigida.De acuerdo con la Ley 27/2011, de 1 de agosto (que puede consultarse en este enlace), la edad de jubilación ordinaria en España es de: Por lo tanto, y partiendo de la base de que para tener el 100% de la pensión es necesario acreditar al menos 36 años y medio de cotización, las personas que se jubilen con ese 100% solo podrán hacerlo:

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El desafío demográfico aprieta con cada vez mayor intensidad al mercado laboral nacional. El 22,68%, de los 19,3 millones de personas de nacionalidad española que trabajan o buscan empleo superaba los 55 años a cierre de 2023, su máximo histórico, mientras los jóvenes menores de 25 años apenas llegan al 6,91%. Una situación que ni siquiera la aportación de 4,7 millones de activos extranjeros y con doble nacionalidad ha logrado resolver. El desafío demográfico aprieta con cada vez mayor intensidad al mercado laboral nacional. El 22,68%, de los 19,3 millones de personas de nacionalidad española que trabajan o buscan empleo superaba los 55 años a cierre de 2023, su máximo histórico, mientras los jóvenes menores de 25 años apenas llegan al 6,91%. Una situación que ni siquiera la aportación de 4,7 millones de activos extranjeros y con doble nacionalidad ha logrado resolver.En el cuarto trimestre del pasado año, la mano de obra entre 25 y 54 años se situó en el 70,41%, un mínimo de la serie con seis puntos menos que a principios de siglo. Tradicionalmente, esta franja de edad se califica de 'prime', 'disponible' o 'productiva', ya que excluye a las personas que no han consolidado su entrada en el mercado laboral y a los que 'preparan' su salida. Aunque factores como el aumento de la esperanza de vida o el retraso de la edad de jubilación cuestionan esta división, sigue vigente en muchos análisis macroeconómicos, incluyendo los elaborados por el Gobierno.En cualquier caso, lo que revelan los datos de la EPA es que el estrechamiento del porcentaje de mano de obra disponible se produce por la franja de edad superior. Desde 2002, el porcentaje de activos mayores de 55 años considerados activos han escalado ininterrumpidamente del 10,3% en el primer trimestre de 2002 al 22,68% a cierre de 2023.Por su parte, el de los jóvenes se ha reducido del 12,99% al 6,91%. Aunque en su caso sí se produce una mejora desde el 5,87% que registraron en el primer trimestre de 2016. Técnicamente, el mínimo histórico se sitúa en segundo trimestre de 2020, con un 5,46%, pero estos datos están sesgados por el impacto de la pandemia.La baja participación de los jóvenes en el mercado laboral se explica porque muchos todavía están estudiando y se incorporan al empleo o a su búsqueda a partir de los 25 años, aunque el descenso del peso de la población activa 'prime' revela que ni siquiera este efecto compensa el del envejecimiento. Algo que se aprecia claramente al comparar la evolución relativa del peso de cada grupo de edad desde el arranque de la serie histórica.Es más, teniendo en cuenta que los datos de la EPA se remontan a 2002, muchos de los trabajadores 'prime' que entraban en este grupo al inicio de la serie histórica están ya preparando su paso a una edad tradicionalmente considerada como de 'pre-retiro'.¿Pero es así? Lo cierto es que la tasa de actividad, es decir, el porcentaje de españoles mayores de 55 años que trabajan o buscan empleo sobre el total de la población en esa edad, está en máximos históricos. Ha pasado del 16,8% en 2002 al 29,31% a cierre del pasado año. Son, eso sí, los menos activos. Los jóvenes llegan al 34,2%, aunque en su caso sí se recoge un descenso desde el 46,3% registrado hace veinte años.Se da, precismante, la circunstancia de que los menores de 25 años son la única franja de edad que ha reducido su tasa de actividad. La explicación sería, una vez más, la vuelta a los estudios de muchos de ellos tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero la mejora general de la tasa de actividad queda muy matizada cuano la contrastamos con los datos de la composición de esa población activa que presentamos en este artículo.En la información laboral, los titulares suelen centrarse en la ocupación o el desempleo antes que los activos. A pesar de que es el total de la mano de obra disponible en España el que determina el margen de mejora de un mercado de trabajo. Aunque el envejecimiento de la población preocupa, se suele circunscribir al ámbito del pago de pensiones de jubilación más que al 'estrechamiento' del potencial de trabajadores. Esto no significa que no sea un tema que preocupa, y mucho a los gobiernos. El español, sin ir más lejos, remitió hace unos meses a Bruselas un informe en el que admitía la pérdida de mano de obra entre 25 y 54 años. Pero proponía como respuesta la receta 'clásica' de la inmigración.Sin embargo, esta vía no funciona para rejuvenecer el mercado laboral español. De hecho, si a la población activa española le sumamos la extranjera, los porcentajes siguen siendo similares: un 7,05% de menos de 25 años y un 20,71% de mayores de 55 años, este también el máximo de la serie histórica. La población activa 'prime' general queda en el 72,2% frente al 70,41% de la española, pero sigue siendo su mínimo histórico a cierre de año, frente al 76,99% al inicio de la serie histórica.Esta evolución resulta sorprendente porque habitualmente se considera que los trabajadores extranjeros son de menor edad y, por lo tanto, más potencialmente activos. Esto es hasta cierto punto cierto: su porcentaje de población activa 'prime' es 10 puntos mayor que la de los españoles y la de los que superan los 55 es la mitad, aunque la de los jóvenes se mantiene en niveles similares.Pero esta evolución positiva pende de un hilo, ya que el envejecimiento demográfico entre los extranjeros es más intenso que entre los españoles. Así, aunque el peso de su población activa prime se mantiene casi estable desde 2002, el de los mayores de 55 años se ha multiplicado por cuatro mientras los menores de 25 años han caído a la mitad.La población activa extranjera (contando los que tienen doble nacionalidad) supone el 19,8% del total, el máximo de la serie histórica, con 4,7 millones de personas, pero esto no se traduce en un 'relevo generacional' al sufrir un proceso similar de envejecimiento al de los nacionales. Aunque en su caso puede explicarse porque muchos jóvenes que no encuentran oportunidades en España optan por buscarlas en otros países.El envejecimiento de la mano de obra lleva a que no solo hay que mejorar las expectativas de los jóvenes, sino también las de los mayores, ya que estos pueden adelantar su retiro, con el consiguiente coste en pensiones. Más allá de restringir las jubilaciones anticipadas, los sindicatos y patronales reclaman al Ejecutivo que estudia estrategias específicas para incentivar el empleo senior y acelerar la vuelta al mercado laboral de los trabajadores de mayor edad, aunque por ahora la concreción de estas medidas sigue siendo escasa.

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Los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) coinciden en un análisis sobre la pérdida de productividad de la economía en que España arrastra un lastre por el desaprovechamiento del factor humano, lastrado por la formación y la educación, que aleja al país del sueño de la convergencia con la eurozona en términos de riqueza por habitante. Un modelo empresarial basado en el empleo poco productivo y la elevada tasa de paro diferencian el signo negativo de España en este sentido: en 2023, el PIB per cápita se situa a 16,8 puntos del promedio del conjunto de los países del euro. Los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) coinciden en un análisis sobre la pérdida de productividad de la economía en que España arrastra un lastre por el desaprovechamiento del factor humano, lastrado por la formación y la educación, que aleja al país del sueño de la convergencia con la eurozona en términos de riqueza por habitante. Un modelo empresarial basado en el empleo poco productivo y la elevada tasa de paro diferencian el signo negativo de España en este sentido: en 2023, el PIB per cápita se situa a 16,8 puntos del promedio del conjunto de los países del euro.Y es que el talón de aquiles de la economía española son, esencialmente, la productividad (más en concreto, la productividad total de los factores, que es la eficiencia del conjunto de la economía), y una mano de obra desaprovechada. Los expertos han insistido en invertir sobre el factor humano, consensuando una reforma educativa. La comparativa en este sentido es clarividente: los indicadores del Informe PISA se han deteriorado de forma constante durante gran parte del milenio y, aunque ahora se estanca esa caída, no hay atisbos de cerrar la brecha. Tal y como explican desde Fedea y el CGE, hay evidencias de que el nivel de formación está relacionado directamente con la productividad; y, a su vez, el avance de la productividad guía las mejoras salariales. En este punto España tiene un desajuste: la ocupación no ha evolucionado de froma aparejada con la mejora de la educación y la formación. Es el ejemplo del infraempleo y la sobrecualificación, aquellos puestos en los que el trabajador tiene una mayor formación de la que requiere el puesto que ocupa. Es decir, España no aprovecha todo su potencial en el caso del factor humano. Una tasa de ocupación (ocupados respecto a la población en eda de trabajar) del 66% o una tasa de paro cercana al 13% así lo refrendan. La dualidad o temporalidad del mercado laboral también es un ancla para la mejora de la capacidad de los empleados para generar valor añadido. "Un trabajo temporal implica un menor potencial para mejorar la productividad que un trabajo estable. Serían óptimas políticas activias de empleo enfocadas en perfilar al trabajador y fomentar el 'reskilling' de los trabajadores", según el ex secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo. La temporalidad es desfavorable porque ni empresa ni trabajador están incentivados a mejorar sus niveles de productividad, ya que el recorrido de la relación laboral es limitado para ambos. Problema de la discontinuidad que ataca también a los contratos indefinidos fijos-discontinuos. El tamaño de las empresas, esencialmente pymes que dan empleo hasta 50 personas, también resta competitividad en el exterior por tres aspectos relacionados. Primero, que las dinámicas de trabajo en las pymes, muchas de ellas con un tamaño de micropyme, restan productividad. Segundo, que estas empresas lo tienen crudo para competir en el sector exterior. Y tercer, que en realidad la productividad de la mediana y gran empresa española sí converge con el promedio europeo. Aunque la inversión en factores intangibles como el I+D es el único indicador de la inversión productiva que ha mejorado respecto al nivel previo a la pandemia, la brecha histórica con el promedio europeo llega a ser del 50% en las empresas privadas. Este factor también ha sido destacado por los expertos, que apremian a mejorar la inversión. La presentación de la sesión ha corrido a cargo del presidente del CGE, Valentín Pich, y del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente. Entre los expertos que han intervenido se encuentra Javier Ferri, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia e investigador asociado de Fedea; Juan Pablo Riesgo, ex secretario de Estado de Empleo, socio responsable de EY Insights y socio de People Advisory Services EY España, y José Carlos Sánchez de la Vega, profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia y director técnico del Informe de Competitividad Regional del CGE.

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Las exportaciones catalanas ascendieron el 6,1% el pasado año 2023 y por primera vez en su historia superaron los 100.000 millones de euros. Según explicó la agencia ACCIÓ a partir de los datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la cifra de productos enviados al exterior alcanzó los 100.683,5 millones de euros. Las exportaciones catalanas ascendieron el 6,1% el pasado año 2023 y por primera vez en su historia superaron los 100.000 millones de euros. Según explicó la agencia ACCIÓ a partir de los datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la cifra de productos enviados al exterior alcanzó los 100.683,5 millones de euros.La subida es superior a las expectativas de la Generalitat, que auguraba un crecimiento del 5%. Las exportaciones catalanas lideran las del conjunto de España, con el 26,2% del total de ventas a países exteriores."Las cifras muestran la capacidad de resiliencia, dinamismo y adaptabilidad del tejido empresarial catalán, que ha sido capaz de superar un 2023 con incertidumbres y dificultades a nivel global", celebró el conseller d'Empresa, Roger Torrent.Cataluña además mejoró en su balanza comercial. Del mismo modo que crecieron las exportaciones las importaciones cayeron el 1,6% en comparación con 2022, hasta los 109.995,8 millones de euros. El déficit comercial cayó así el 44,8% hasta situarse en 9.312,3 millones.Parte de la mejora se explica por el mayor dinamismo del sector automovilístico, con Seat a la cabeza, que mejoró un 39,1% las exportaciones tras años impactada por la falta de semiconductores. Los bienes de equipos avanzaron el 5,5%, la alimentación el 4,3% y los productos químicos el 3,8%.Por mercados, la Unión Europea fue el principal receptor, con una ascensión del 7,6%. América fue el segundo destino, con una subida del 16,8%."El crecimiento de las exportaciones en Catalunya durante el 2023 ha sido superior al del conjunto de comercio exterior mundial", destacó el Govern. Según la Organización Mundial del Comercio la subida media fue del 0,8%. En España, el global fue del –1,4% y en la Eurozona el descenso fue del 3,4%.

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El Consejo de Ministros de mañana martes tiene previsto nombrar al expresidente de la Generalitat valenciana Ximo Puig como embajador delegado permanente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puesto que ahora mismo ocupa Manuel Escudero. El Consejo de Ministros de mañana martes tiene previsto nombrar al expresidente de la Generalitat valenciana Ximo Puig como embajador delegado permanente ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) puesto que ahora mismo ocupa Manuel Escudero.El expresidente de la Generalitat valenciana Ximo Puig ha registrado la renuncia a su acta de senador este lunes por la tarde. El todavía secretario general del PSPV-PSOE ha presentado su renuncia al cargo al que accedió el pasado mes de julio tras perder la presidencia del gobierno valenciano, según han confirmado a Europa Press fuentes de su entorno.Puig ha remitido una carta a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, para comunicar su renuncia al acta de senador territorial: "Quiero testimoniar el agradecimiento a la cámara que usted preside y hacerlo extensivo a los diputados y diputadas que la conforman por haberme conferido el honor de representar a nuestro territorio en el Senado durante los primeros meses de esta legislatura", ha expuesto."Deseo que continuemos trabajando, desde las comunidades autónomas, para transformar el Senado en una auténtica cámara de representación territorial que ayude a entender mejor la diversidad polifónica de España y atienda de manera más adecuada la cohesión territorial y social de nuestra sociedad", ha añadido.Puig dejará de ser secretario general de los socialistas valencianos oficialmente en el Congreso de final de marzo, en el que se proclamará a Diana Morant como secretaria general, tras ser la única candidata que consiguió recopilar los avales necesarios.

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La Comisión Europea mantiene sus estimaciones de crecimiento para España tanto para cierre de 2024 como de 2025. En sus previsiones económicas de invierno, hechas públicas este jueves, Bruselas mantiene que el PIB español crecerá un 1,7% en 2024 y un 2% en 2025, en línea con lo que planteaba el pasado noviembre en su paquete de otoño. Actualiza, no obstante, el dato de inflación para este año, que rebaja dos décimas frente a sus anteriores pronósticos, al 3,2%. La Comisión Europea mantiene sus estimaciones de crecimiento para España tanto para cierre de 2024 como de 2025. En sus previsiones económicas de invierno, hechas públicas este jueves, Bruselas mantiene que el PIB español crecerá un 1,7% en 2024 y un 2% en 2025, en línea con lo que planteaba el pasado noviembre en su paquete de otoño. Actualiza, no obstante, el dato de inflación para este año, que rebaja dos décimas frente a sus anteriores pronósticos, al 3,2%.Eso sí, la Comisión Europea ha elevado una décima su pronóstico de crecimiento de la economía española para 2023, al 2,5%, por encima del 2,4% que mantenía en sus previsiones de otoño y en el que también coincide el Gobierno. Una revisión al alza que responde a una aceleración en el cuarto trimestre del año respecto al tercero. Bruselas razona que el consumo privado y las inversiones fueron impulsores del crecimiento en 2023. La demanda externa, que afectó negativamente a la economía en el segundo y tercer trimestres del año pasado, repuntó en el cuarto trimestre.Bruselas analiza que la ralentización del crecimiento de España al 1,7% en 2024 responde a varios factores. Por un lado, a la pérdida de impulso del sector turístico y que la "todavía débil situación económica de los socios comerciales de España" limiten el dinamismo de las exportaciones. Además, el efecto retardado de las subidas de los tipos de interés influirá en la demanda interna, especialmente a la luz de los "todavía elevados, aunque decrecientes, coeficientes deuda interna y externa".Respecto a las cifras de España, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha explicado que "el consumo y la inversión impulsarán el crecimiento gracias al aumento del poder adquisitivo de los hogares y a la continuación del Plan de Recuperación y Resiliencia. El crecimiento del PIB real volverá a acelerarse en 2025, hasta el 2,0%".El análisis de la Comisión Europea depende, en todo caso, de la actualización por parte de España de los presupuestos para 2024, que fueron prorrogados por estar el Ejecutivo en funciones y que aún deben ser remitidos a Bruselas. El Gobierno español en funciones mejoró en tres décimas sus expectativas de crecimiento para este año, hasta el 2,4% tal y como figura en el Plan Presupuestario de 2024, remitido a la Comisión Europea en octubre. Corrige, eso sí, cuatro décimas a la baja la estimación para el próximo ejercicio, y deja el avance del PIB en el 2% apuntando a circunstancias como el contexto geopolítico o el impacto de la política monetaria del Banco Central Europeo.En lo que respecta a la eurozona, el Ejecutivo comunitario estima que el PIB se expandirá un 0,8% en 2024, sustancialmente por debajo de ese 1,2% que preveía en noviembre. El análisis a nivel UE refleja una bajada similar. La Comisión Europea prevé un crecimiento de la economía del 0,9%, frente al 1,3% que proyectaba en otoño. Mantiene, no obstante, las previsiones de crecimiento de los Veintisiete en 2025, en el 1,7% y rebaja una décima, al 1,5% las de los países del euro el próximo año.El recorte tiene mucho que ver con el devenir del motor económico de la UE. El comportamiento de la economía alemana rebaja las perspectivas del resto de países del euro. La Comisión Europea rebaja las estimaciones de crecimiento de Berlín registrará un avance del PIB del 0,3% en el 2024, frente al 0,8% que proyectaba en noviembre, y tras una contracción del 0,3% del 2023. Para 2025 las perspectivas son más optimistas. Bruselas proyecta una recuperación rápida, el PIB alemán se expandirá un 1,5%, tres décimas más de lo que auguraba en noviembre.La economía alemana ha sufrido de lleno el golpe de la guerra de Ucrania. La dependencia del suministro de combustibles fósiles de Moscú obligó a Berlín a transformar su política energética y sus infraestructuras y lastró la producción industrial del país. Se ha convertido así en el país más rezagado de las grandes economías del euro.La economía gala cerrará el año con un crecimiento del 0,9%, con lo que Bruselas rebaja una décima sus estimaciones de otoño. En 2025, el PIB francés se expandirá un 1,3%, una décima menos de lo pronosticado anteriormente. Para cierre de 2023, la Comisión Europea espera un avance del PIB de Francia del 0,9%, por debajo del 1% que preveía en otoño.En el caso de Italia, el Ejecutivo comunitario recorta una décima la expansión del PIB en 2023, al 0,6%. De cara a 2024, rebaja dos décimas las previsiones de crecimiento, al 0,7% y mantiene en el 1,2% las del 2025. Por su parte, Grecia cerrará el 2023 con un avanza del PIB del 2,2%, por debajo del 2,4% previsto en otoño. Para 2024, la economía griega crecerá un 2,3% y un 2,2% en 2025, una décima menos de lo que preveía en noviembre.El Comisario de Economía ha puntualizado que las previsiones de Bruselas apuntan a una contracción de la economía "en 11 Estados miembros en 2023, especialmente en Europa Central y los países bálticos y nórdicos". Además, "la previsión para la mayoría de los Estados miembros más grandes se ha revisado a la baja para 2024. Aun así, se prevé que todas las economías de la UE se expandan este año y crezcan a mayor ritmo en 2025", incidió el italiano.España registrará unos niveles de inflación superiores a la media de la zona euro. Cerrará el 2024 en niveles del 3,2%, dos décimas menos de lo que pronosticaba en noviembre Bruselas, aunque por encima de las estimaciones de verano. Además, mantiene en el 2,1% las perspectivas de precios para 2025, cerca del objetivo del 2% marcado por la política monetaria del Banco Central Europeo.En el caso de los países del euro, la Comisión espera que los niveles de precio desciendan al 2,7% este ejercicio, desde el 5,4% de cierre de 2023, para luego caer al 2,2% el próximo año. En el caso de los Veintisiete, la inflación se situará en el 3% al término del 2024 y caerá al 2,5% en 2025.

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Un fuerte debate ha surgido en la última semana entre el ejecutivo y la representación de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE). Ni la embestida mortal de una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) contra una zódiac de la Guardia Civil del pasado sábado, ha sensibilizado a los socialistas, quienes han votado esta semana en contra de analizar en Europa si policías nacionales y guardias civiles son considerados como profesión de riesgo. Una postura que ha generado indignación en la oposición y en el sector de la (FSE y que abre el debate sobre lo que es realmente un trabajo "peligroso". Un fuerte debate ha surgido en la última semana entre el ejecutivo y la representación de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE). Ni la embestida mortal de una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) contra una zódiac de la Guardia Civil del pasado sábado, ha sensibilizado a los socialistas, quienes han votado esta semana en contra de analizar en Europa si policías nacionales y guardias civiles son considerados como profesión de riesgo. Una postura que ha generado indignación en la oposición y en el sector de la (FSE y que abre el debate sobre lo que es realmente un trabajo "peligroso".Para poner contexto a la última decisión del PSOE, cabe agregar en el debate los trabajos que la Seguridad Social reconoce en su catálogo como profesiones "penosas y peligrosas", las cuales, según su reconocimiento, pueden acceder antes a una pensión de jubilación por ser de "naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad".De esta forma, el catálogo de profesiones "penosas y peligrosas" está conformado por trabajadores del estatuto minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, profesionales taurinos, bomberos, miembros de la Ertzaintza, artistas, policías locales y trabajadores del mar.Al no aparecer en esta lista, y con todo el revuelo causado por la muerte de los guardias civiles en Barbate, la Confederación Española de Policía (CEP) presentó este miércoles una solicitud a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se debata por vía de urgencia la petición sobre este reconocimiento presentado en diciembre de 2023. Una solicitud que el PSOE rechazó junto a las formaciones afines a sus socios de Gobierno y que ha traído fuertes repercusiones políticas.Según dicta la reivindicación de la CEP, se busca debatir y a adoptar una directiva comunitaria que regule las singularidades de las fuerzas policiales de los Estados miembros de la UE "para que se reconozca la condición de profesión de riesgo a todos sus cuerpos, con las protecciones jurídicas, las implicaciones económicas y las condiciones laborales que esta calificación genere, obligando a dotar con los medios materiales y humanos necesarios, así como la formación pertinente, a estos funcionarios para que puedan trabajar en condiciones que respeten su salud, su seguridad y su dignidad".Pese al rechazo de los socialistas, sin embargo, la propuesta, impulsada por el CEP, salió igualmente adelante gracias el apoyo de las formaciones del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Con ello, se discutirá el próximo 19 de marzo el futuro de la reivindicación de los sindicatos y plataformas representativas de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.Si bien por definición la Seguridad Social establece que los trabajos peligrosos aquellos grupos o actividades profesionales, "cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad", no termina por quedar claro, por qué algunas policías locales sí entran en esta definición y no la Policía Nacional o la propia Guardia Civil.Si lo llevamos a datos, según revela un balance del 2018 del Ministerio del Interior, y recoge El Mundo, catorce policías nacionales y guardias civiles, resultan heridos cada día en actos de servicio en todo el país. En el desglose del informe, en catorce años, desde 2004 a 2017, 23.984 policías nacionales resultaron lesionados en actos de servicio.Una de las disciplinas que llama la atención dentro de los que son considerados "trabajos peligrosos" refiere a la categoría de los artistas, donde entran, por ejemplo, cantantes, bailarines y trapecistas, aunque no existe un registro de accidentes o mortalidad en el ejercicio de esta actividad.

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A finales de marzo de 2016, operarios de la Junta de Andalucía desmantelaron la villa turística de Serón (Almería), construida a finales de los años 90. No se llevaron sólo los muebles. Arramblaron con el cableado eléctrico y hasta con los interruptores. En realidad, el apartahotel de 19 alojamientos en el que la administración había reconvertido uno de los edificios del antiguo poblado minero de Las Menas llevaba tres años cerrado, tras una aventura pública en la industria turística ruinosa, en la que se enterraron millones de euros. Ahora la Junta ha sacado a subasta esa villa, junto a las que también llevan años cerradas en el Pinar de la Vidriera (Huéscar, Granada), Cazalla de la Sierra (Sevilla), Fuenteheridos (Huelva). Hay otra en la comarca malagueña de la Axarquía, en Periana, también cerrada pero que no se va a subastar sino que revierte al Ayuntamiento, propietario del recinto. Las cinco, que no producen ningún ingreso desde hace más de un lustro, han generado un coste de 23,8 millones desde su incorporación a la red pública de villas turísticas. Con la subasta la Junta intenta recuperar unos 4 millones de euros, y poner fin a esta sangría. A finales de marzo de 2016, operarios de la Junta de Andalucía desmantelaron la villa turística de Serón (Almería), construida a finales de los años 90. No se llevaron sólo los muebles. Arramblaron con el cableado eléctrico y hasta con los interruptores. En realidad, el apartahotel de 19 alojamientos en el que la administración había reconvertido uno de los edificios del antiguo poblado minero de Las Menas llevaba tres años cerrado, tras una aventura pública en la industria turística ruinosa, en la que se enterraron millones de euros. Ahora la Junta ha sacado a subasta esa villa, junto a las que también llevan años cerradas en el Pinar de la Vidriera (Huéscar, Granada), Cazalla de la Sierra (Sevilla), Fuenteheridos (Huelva). Hay otra en la comarca malagueña de la Axarquía, en Periana, también cerrada pero que no se va a subastar sino que revierte al Ayuntamiento, propietario del recinto. Las cinco, que no producen ningún ingreso desde hace más de un lustro, han generado un coste de 23,8 millones desde su incorporación a la red pública de villas turísticas. Con la subasta la Junta intenta recuperar unos 4 millones de euros, y poner fin a esta sangría. Los precios de salida de las cuatro villas oscilan entre los 1,5 millones de euros de la villa de Las Menas de Serón y la de Pinar de la Vidriera y los aproximadamente 350.000 de Fuenteheridos y Cazalla de la Sierra.La red de villas turísticas de Andalucía está compuesta por 10 inmuebles (9 villas y el hotel de Serón) distribuidas por las 8 provincias andaluzas. Cinco de ellas se encuentran en funcionamiento y las otras cinco cerradas, algunas desde hace 18 años (la última cerró en 2013).La Junta explica que en la construcción de las villas se invirtieron en su momento, al menos, 25 millones de euros, y que sólo en las cinco que están cerradas la inversión ascendió a 14,8 millones. Y desde 2009, cuando se produjo la cesión de las mismas, adscritas a la Empresa Pública Turismo Andaluz (EPTA), hoy Empresa Pública de Gestión del Turismo y del Deporte, a la sociedad Red de Villas de Andalucía, han generado otros 9 millones en costes. Sólo el mantenimiento de las que están sin uso suponía un gasto de casi 500.000 euros anuales.La subasta de estas instalaciones forma parte de la estrategia de la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, para poner en valor el patrimonio sin uso de la Junta de Andalucía.En 2019 no existía un inventario fiable que permitiera conocer de manera integral el patrimonio de la Junta de Andalucía y su situación de hecho, y muchos de los inmuebles de los que era titular la Junta estaban, desde hacía muchos años, vacíos, abandonados y sin uso alguno.No existían proyectos de inversión ni puesta en valor; ni había una política integral de gestión del Patrimonio, lo que generaba un coste de mantenimiento y restauración muy elevado, que se incrementaba con el paso del tiempo. También por los impuestos que gravaban dichos inmuebles (y por los impagos en que se incurrió).La Dirección General de Patrimonio se propuso desde 2019 depurar, investigar y regularizar la situación de los inmuebles sin uso o infrautilizados que forman parte del patrimonio público andaluz. Ello ha permitido, entre otras cosas, que se hayan generado ingresos, bien por subasta o bien por adjudicaciones directas de inmuebles en desuso, un total de 121.166.913,45 euros, además de procurar un ahorro estimado de 980.000 euros anuales en gastos de mantenimiento y costes tributarios (sin contar con los 500.000 euros anuales que cuesta en estos momentos el mantenimiento de las villas turísticas cerradas).Está ya publicada en BOJA la cuarta subasta de patrimonio público, que incluye 14 inmuebles que salen a la venta por un precio de salida de 21,5 millones de euros. La subasta de las cuatro villas turísticas será la quinta que se celebre desde 2019.La única de estas subastas que está generando polémica es la del hotel de Serón. El alcalde, Manuel Martínez, ha reclamado a la Junta de Andalucía, se ha manifestado contra esa venta, que en IDEAL ha llegado a calificar de "expolio", ya que a su juicio aquello "pertenece al pueblo y debe ser gestionado desde lo público".La Junta de Andalucía estima en más de 20 millones lo que ha gastado desde lo público en el poblado minero de Serón desde su compra en 1983. Lo que fue el hotel sólo comprende algunos edificios en los que se gastaron más de dos millones. La propiedad de la administración andaluza, lo que es el poblado en sí, es mucho mayor, y no sale a subasta. Es decir: no se vende ningún poblado minero. Sólo algún edificio.De hecho el Ayuntamiento ya obtuvo en ese poblado, y en régimen de cesión, un camping. Y se le ha ofrecido ahora añadir un parque forestal y el edificio del centro de interpretación que rescataba el pasado minero de este rincón de la sierra de los Filabres."El objetivo de la Junta de Andalucía es atraer inversión, poniendo en marcha fórmulas de colaboración público-privada que permitan garantizar que la villa turística se explote y genere riqueza y empleo para el municipio de Serón y, en consecuencia, también para la comunidad autónoma", han explicado desde la Consejería de Economía y Hacienda, cuya Dirección General de Patrimonio organiza la subasta. También apuntan que el modelo de gestión pública "impulsada por gobiernos socialistas fracasó".Se ha ofrecido al Ayuntamiento, indican las mismas fuentes, la posibilidad de adquirir el hotel sin concursar en la subasta. Por el precio de salida.El edifico que una vez fue hotel está en un antiguo poblado minero, y está incluido a efectos de protección en el Catálogo General, aunque no tiene categoría BIC.No es la primera vez que este hotel está en el ojo de la polémica política. Ya en 2016, después de tres años cerrado y justo después de ser desmantelado, el PP llevó el tema al pleno. El asunto trascendió y la entonces delegada de del Gobierno en Almería admitió que había sido "un error". Ayuntamiento y Junta hicieron entonces planes y promesas para reabrir la instalación. Sin noticias hasta ahora de que se devolviesen muebles, cables y apliques siquiera.

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Alberto Garzón dejó la política tras no presentarse como candidato a las elecciones generales del pasado mes de julio y esta semana ha sido noticia por renunciar a formar parte de la consultora Acento dirigida por el exministro socialista José Blanco debido a las fuertes críticas recibidas ante la difusión de la noticia. Alberto Garzón dejó la política tras no presentarse como candidato a las elecciones generales del pasado mes de julio y esta semana ha sido noticia por renunciar a formar parte de la consultora Acento dirigida por el exministro socialista José Blanco debido a las fuertes críticas recibidas ante la difusión de la noticia. De esta forma, Garzón, que ya había solicitado a la Oficina de Conflicto de Intereses su fichaje por Acento, seguirá con sus "otros planes profesionales" y reorganizando su vida, tal y como ha informado en su perfil personal de X (antes Twitter).Mientras lo hace, Garzón podrá cobrar la indemnización a la que tiene derecho tras su nombramiento como ministro de Consumo en 2020. Se trata de una indemnización regulada en la Ley de Presupuestos Generales de 1981 (que se puede consultar en este enlace), que reconocieron "las pensiones causadas en su favor o en el de sus familiares por ex ministros del Gobierno y asimilados"El Portal de Transparencia explica en su página web que la cuantía de esta indemnización es del 80% de la retribución mensual durante un periodo máximo de 24 meses siguientes al cese. O lo que es lo mismo: 5.294 euros brutos al mes que son incompatibles con "cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas".No se trata de una indemnización obligatoria y los exministros (así como los "secretarios y secretarias de Estado, la persona que ocupa el puesto en la Fiscalía General del Estado, los máximos responsables de los organismos reguladores, el Jefe o Jefa y Secretario o Secretaria General de la Casa de SM", explica Transparencia) pueden renunciar a ella o renunciar posteriormente a la pensión tras haber solicitado su cobro.De hecho, no todos los ministros salientes optaron por solicitar esta indemnización cuando, a finales de noviembre, se materializó el cambio de Gobierno tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Tal y como informó Maldita, Irene Montero y el propio Alberto Garzón habían sido los únicos ministros que habían solicitado esa pensión antes del 30 de noviembre, fecha de la consulta.Junto a ellos, tres exsecretarios de Estado fueron los únicos que pidieron la indemnización a la que tienen derecho por ley: Ángela Rodríguez 'Pam', Nacho Álvarez y Antonio Julián Rodríguez.Actualmente, el Portal de Transparencia no ha actualizado los datos de las personas que perciben la indemnización por cese de alto cargo: los datos corresponden al 6 de octubre de 2023, fecha en la que todavía no se habían solicitado dichas pensiones por parte de las personas anteriormente mencionadas.

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El Informe de la Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda revela un preocupante descontrol en la contratación dentro de los ministerios. La mayoría de ellos están contratando sin prestar atención a su estrategia ni a su programación presupuestaria. Es decir, cuentan con procesos de contratación de manera desordenada y sin una planificación adecuada, lo que incide en un mal uso de los recursos públicos, así como en la incapacidad para cumplir con los objetivos y metas establecidos. El Informe de la Intervención General del Estado, dependiente de Hacienda revela un preocupante descontrol en la contratación dentro de los ministerios. La mayoría de ellos están contratando sin prestar atención a su estrategia ni a su programación presupuestaria. Es decir, cuentan con procesos de contratación de manera desordenada y sin una planificación adecuada, lo que incide en un mal uso de los recursos públicos, así como en la incapacidad para cumplir con los objetivos y metas establecidos.Además, cabe destacar que los datos proporcionados por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) muestran una tendencia preocupante en el importe adjudicado en contratos públicos entre 2019 y 2020, con una reducción de 8.000 millones de euros en ese período. Sin embargo, a partir de entonces, la cifra experimentó un aumento significativo. El importe adjudicado en contratos públicos aumentó de 41.527 millones de euros en 2020 a 77.850 millones en 2023, lo que representa un incremento de más de 36.000 millones de euros en ese lapso de tiempo.Hacienda destaca que solo el 9,52% de los departamentos realiza una adecuada planificación de la actividad contractual. Es decir, que solo un organismo tiene las instrucciones adecuadas, aunque no se desvela qué ministerio es. Sin embargo, el 33,33% carece por completo de esta programación. Asimismo, se señala que el 92,31% de los organismos carecen de instrucciones adecuadas para realizar esa planificación, lo que podría comprometer el cumplimiento de la ley y la eficiencia en la gestión de recursos públicos.Los datos positivos que se extraen de este análisis son que solo el 23,82% tiene deficiencias poco significativas, y que el 28,57% muestra coherencia entre la programación de la contratación y el documento de descripción del programa presupuestario. Pero la realidad es que ningún departamento presenta un funcionamiento adecuado: nueve de las 22 carteras precisa de mejoras; doce de ellas, debe incorporar medidas relevantes; y dos en las que su contratación se gestiona mal en términos generales.La cartera que lidera María Jesús Montero plantea la necesidad urgente de implementar medidas correctivas para mejorar la gestión de la contratación, lo que podría implicar una revisión de los procesos de contratación existentes, así como una mayor supervisión y control por parte de las autoridades competentes. De hecho, Hacienda ha solicitado a los ministerios que programen de manera anual sus contrataciones para no incurrir en errores y mostrar transparencia.Además, el informe anual de Oirescon evidencia un aumento significativo en los encargos a medios propios por parte de la Administración en 2022, alcanzando los 2.631 millones de euros, un 62% más que el año anterior. Empresas como Tragsa, Tragsatec e Ineco encabezan esta tendencia, con contratos directos que representan una parte considerable del total. Aunque estas adjudicaciones pueden estar justificadas por urgencia o seguridad pública, generan controversia, sobre todo, entre el sector privado de la ingeniería, que aboga por concursos abiertos y competencia justa. A pesar de las recomendaciones de transparencia y publicidad en los portales de contratación, no siempre se cumplen estos requisitos. De hecho, se observa un notable incremento en el número de contratos formalizados, pasando de 1.888 en 2021 a 2.773 el año pasado. El supervisor, dependiente del Ministerio de Hacienda, insta a las Administraciones a reforzar la transparencia, especialmente en el contexto de la ejecución de fondos europeos, mediante la publicación detallada de los encargos en las plataformas de contratación.

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La economía global estará marcada por su fragilidad, lo que significa que estará sujeta a diversos riesgos y desafíos que podrían afectar su crecimiento y estabilidad. Se espera que el crecimiento económico mundial se sitúe en torno al 3%, lo que indica un ritmo de expansión moderado, según se desprende del Informe Económico y Financiero de ESADE, desarrollado con el respaldo del Banco Sabadell. Aunque España ha experimentado un crecimiento económico destacado en 2023, se anticipa un debilitamiento debido a la escasa inversión tanto pública como privada, así como a la incertidumbre en las exportaciones. La economía global estará marcada por su fragilidad, lo que significa que estará sujeta a diversos riesgos y desafíos que podrían afectar su crecimiento y estabilidad. Se espera que el crecimiento económico mundial se sitúe en torno al 3%, lo que indica un ritmo de expansión moderado, según se desprende del Informe Económico y Financiero de ESADE, desarrollado con el respaldo del Banco Sabadell. Aunque España ha experimentado un crecimiento económico destacado en 2023, se anticipa un debilitamiento debido a la escasa inversión tanto pública como privada, así como a la incertidumbre en las exportaciones.Por tanto, el espejismo de la recuperación post-pandemia se diluye ante la cruda realidad: la economía española se enfrenta a un 2024 plagado de incertidumbres, con la inversión como principal lastre para su crecimiento.En 2023, la producción global se situó un 3,4% por debajo de las estimaciones previas a la pandemia realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre las economías desarrolladas, Estados Unidos mostró una recuperación más sólida en comparación con la zona euro, que experimentó un ritmo más lento debido a las repercusiones de la guerra en Ucrania. Esta situación afectó especialmente a los términos comerciales y al aumento de los precios de la energía en la zona euro. Los países de bajos ingresos sufrieron una mayor pérdida de actividad, ya que los altos tipos de interés y la depreciación de sus monedas aumentaron el riesgo de dificultades con la deuda en más de la mitad de los países de este grupo. En las economías desarrolladas, los indicadores de empleo y la tasa de participación laboral superaron los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, en las economías emergentes, la crisis pandémica resultó en una pérdida de producción más significativa.El estancamiento se debe a la divergencia entre las economías desarrolladas, que tendrán un crecimiento más lento (alrededor del 1,5%), y las economías emergentes y de bajos ingresos, que crecerán a un ritmo más rápido (alrededor del 4,1%).Dentro de las economías desarrolladas, se espera que Estados Unidos reduzca su crecimiento a un 2,1% este año. Sin embargo, gracias al impulso de la inversión pública de la Administración Biden y a una próxima bajada de tipos de interés de la FED, seguirá teniendo un crecimiento mayor que la zona euro, que se espera que crezca al ritmo del 0,9%. La zona euro enfrenta desafíos relacionados con tensiones geopolíticas, como el conflicto con Ucrania, y su dependencia del petróleo ruso.En cuanto a los países individuales dentro de la zona euro, se espera que Alemania, Italia y Francia vean un estancamiento en sus economías, mientras que Países Bajos e Irlanda podrían tener mejores cifras que en 2023. Para el Reino Unido, se pronostica un crecimiento del 0,6%, mientras que para Suecia, se espera que este indicador marque el final de su recesión.Japón moderará su crecimiento a un 0,9%. En Asia Pacífico, se espera que India, Indonesia, Filipinas, Malasia y Tailandia lideren el crecimiento global en 2024, aunque se anticipa que China frene su crecimiento al 4,6% debido a problemas en el sector inmobiliario y una reducción en la inversión.En América Latina, se anticipa un crecimiento limitado del 1,9%, debido a políticas económicas contractivas para controlar la inflación y a la caída en los precios de las materias primas. Se espera que Argentina y Chile crezcan alrededor del 2,8% y 1,6%, respectivamente, mientras que México y Brasil tendrán crecimientos más moderados del 1,7% y 2,7%, respectivamente.El informe apunta a la escasa inversión como el principal factor que podría frenar el ritmo de crecimiento económico en 2024. La falta de confianza por parte de las empresas, la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales a nivel global configuran un escenario poco propicio para la apuesta por el desarrollo futuro.Sin embargo, otros países europeos no han experimentado una desaceleración tan pronunciada en la inversión, lo que sugiere que hay factores adicionales específicos de España que están afectando. Uno de ellos es la estructura del tejido productivo español, con muchas grandes empresas dependientes de cadenas de valor internacionales, como el sector automotriz, que se vio gravemente afectado por los cuellos de botella. Además, la presencia predominante de pequeñas empresas significa que los factores externos, como el endurecimiento de la política monetaria, pueden tener un impacto aún mayor, especialmente dado el recurso significativo al crédito por parte de estas empresas.Además de los factores externos, existen preocupaciones internas que pueden estar afectando la inversión, como la incertidumbre económica y política, incluidas las medidas propuestas por el ejecutivo de Sánchez, como los impuestos extraordinarios, que han generado incomodidad entre las empresas.En esta misma línea, la evolución de la inversión pública también puede influir en la inversión privada, ya que muchos proyectos privados dependen de inversiones públicas, especialmente con el impulso de los fondos europeos Next Generation EU (NGEU). Aunque se observa una cierta recuperación en la inversión pública en España en 2023, sigue estando considerablemente por debajo de los niveles anteriores a la crisis financiera de 2009, debido a los recortes aplicados para reducir el déficit público.Además, desafíos estructurales como el cambio climático están destinados a afectar sectores clave de la economía española, como el turismo, la agricultura y la ganadería. Estos sectores requerirán inversiones significativas y cambios profundos en el modelo productivo para adaptarse a las nuevas realidades ambientales. La transición ecológica, aunque plantea incertidumbres, también ofrece oportunidades que España debe aprovechar. Los fondos asignados a esta transición son considerables, pero deben utilizarse de manera estratégica para impulsar la participación del sector privado y posicionarse como líder en la nueva economía verde.Otro desafío importante es la transformación demográfica, que requiere una gestión óptima de los flujos migratorios. La integración laboral de los inmigrantes puede ayudar a contrarrestar el impacto del envejecimiento demográfico. Aunque la llegada de inmigrantes se ha reactivado desde 2022, es necesario determinar si este cambio de tendencia es sostenible en el tiempo.Finalmente, la productividad es una asignatura pendiente crucial para la economía española. Las reformas necesarias para mejorar la productividad y el bienestar futuro deben ser más ambiciosas de lo que sugiere el actual Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las inversiones en educación y formación profesional serán fundamentales para desarrollar un tejido productivo competitivo y moderno en sectores emergentes. Además, la modernización de las administraciones públicas es otro desafío fundamental que debe abordarse sin demora.Los investigadores a cargo del estudio, Toni Roldán, director de EsadeEcPol y los profesores Josep M. Comajuncosa y Manuel Hidalgo, apuntan a que es necesario que las autoridades españolas tomen medidas para fomentar la inversión y crear un clima de confianza que favorezca el crecimiento económico. La apuesta por la innovación, la educación y la formación serán claves para asegurar un futuro más próspero para España.

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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó la pasada semana su plan para limitar el abuso en el periodo de prueba, que en todo 2023 provocó 976.141 bajas de afiliación a la Seguridad Social. Esta fórmula, paralela al despido, pero que no se considera tal ni cuenta con indemnización, se ha convertido en uno de los puntos débiles de la reforma laboral, que castiga a especialmente a los trabajadores con contrato indefinido, cuyos ceses se han disparado un 837% desde que la norma está en vigor. Pero la estrategia de Trabajo se limita a reducir el papel de la negociación colectiva y no toca la verdadera raíz del problema: la volatilidad endémica del empleo en España. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó la pasada semana su plan para limitar el abuso en el periodo de prueba, que en todo 2023 provocó 976.141 bajas de afiliación a la Seguridad Social. Esta fórmula, paralela al despido, pero que no se considera tal ni cuenta con indemnización, se ha convertido en uno de los puntos débiles de la reforma laboral, que castiga a especialmente a los trabajadores con contrato indefinido, cuyos ceses se han disparado un 837% desde que la norma está en vigor. Pero la estrategia de Trabajo se limita a reducir el papel de la negociación colectiva y no toca la verdadera raíz del problema: la volatilidad endémica del empleo en España.A falta de conocer el texto, la ministra de Trabajo parece haber convertido la transposición de la directiva europea de transparencia en las condiciones salariales en una suerte para corregir flecos que quedaron pendientes de la reforma laboral de 2021, como el despido o 'dimisión forzada' por rechazar una modificación sustancial en las condiciones laborales, como un recorte de jornada, la unilateralidad en dichos cambios. Pero en lo que se refiere al periodo de prueba no se incluyen novedades respecto a un plan diseñado en la Legislatura anterior.El artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores establece que "en defecto de pacto en convenio", la duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores, o tres si la empresa tiene menos de 25 trabajadores. Estos plazos se reducen a un mes para los contratos temporales de duración inferior a seis meses, aunque el anteproyecto establece que si los contratos duran menos de siete días no podrán tener periodo de prueba. El plan de Díaz pasa por modificar también la redaccion en lo referido al "pacto en convenio", para que los convenios no puedan "ampliar la duración de estos periodos de prueba" en ninguno de los supuestos.La nueva redacción plantea que "podrá concertarse por escrito un periodo de prueba de conformidad con lo establecido en convenio colectivo" pero "habrá de respetar los límites" recogidos en la ley. Como ya contamos en elEconomista.es, esta idea se introdujo en la versión inicial de la transposición, que se negoció a finales de la pasada Legislatura y, salvo sorpresas de última hora en la redacción, no difiere de lo ya conocido por patronal y sindicatos. Trabajo justifica la decisión por el hecho de que la directiva europea fija que los periodos de prueba no puedan superar los seis meses.¿Porque esta cuestión no se introdujo en la reforma laboral de 2021? La idea inicial al no tocar este apartado en la reforma laboral era que los acuerdos entre patronales y sindicatos fueran los que acotaran a la baja la duración del periodo de prueba y evitara el riesgo de que las empresas aprovecharan para hacer contratos de muy corta duración sin derecho a indemnización que sustituyan a los extintos contratos temporales por obra y servicio. Pero a la vista de los datos, esto no ha sido así.En 2023 se firmaron 1.351 convenios nuevos que afectan a 3,6 millones de trabajadores. El 82,9% de los acuerdos mantuvieron sin cambios la duración del periodo de prueba establecida en la ley. Pero el 17,1% que sí lo modificó afecta a 1,67 millones de trabajadores, lo que equivale al 44% de los empleados de nuevos convenios.De ellos, 141 convenios, un 10,44% de todos los firmados, recogen un periodo de prueba inferior al legal. Afectan a 877.762 trabajadores, el 23,42% de los asalariados cubiertos por esos acuerdos. El restante 6,41% equivale a los 91 convenios que optaron por elevar el tope temporal. Los trabajadores afectados son 806.537, el 21,52% del total. Sin embargo, esta cifra es levemente menor que la registrada en 2021, cuando se alcanzaron los 838.904 empleados.Pero en 2022, primer año de la reforma laboral, fueron solo 294.101, lo cual en un principio parecía avalar la estrategia de Díaz, pero hay que tener en cuenta que se trató de un año parco en negociación colectiva, a la espera de la firma del Acuerdo AENC en mayo del pasado año, que reivindica la transparencia y la adecuación del periodo de prueba, pero no que no superen el maximo legal.La gran mayoría de estos pactos se incluyen en convenios sectoriales, así que los datos de 2023 dejan claro que la voluntad de patronales y sindicatos de alargar el periodo de prueba apenas se ha reducido tras la reforma laboral. Ello a pesar a que los agentes sociales eran conscientes de que el Gobierno iba a aprovechar la transposición para rebajar esta discrecionalidad.¿Pero es la estrategia adecuada? Volvamos a los datos: la cifra de afectados por convenios que alargaban el periodo de prueba en 2023 es similar a la de 2021, pero las bajas por no superar el periodo de prueba se han disparado. En este sentido, en fuentes del diálogo social consideran que el problema no es la negociación colectiva, ya que también se mantienen en niveles similares los convenios que no cambian la duración laboral y los que la recortan. A su juicio, los periodos de prueba que da la norma ya son suficientemente largos para que las empresas conviertan los indefinidos en 'temporales de facto'. Sobre todo, si no se acotan los supuestos y condiciones del periodo de prueba.Como ya contamos en elEconomista.es, las 976.141 bajas acumuladas en 2023 por no superar el periodo de prueba solo quedan levemente por debajo de las 991.265 clasificadas como despidos propiamente dichos. Son cifras perfectamente bien conocidas por el Gobierno: el pasado año el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social revisó la publicación de las estadísticas de causa de bajas de afiliación para ampliar su contabilidad por partida doble.Ahora se publican como media diaria, como ya se venía haciendo, y como el total de las registradas a último día de mes. Así, en diciembre (último dato disponible) se registraron 3.823,11 bajas diarias de media (de ahí los decimales) y 68.816 en el total del mes, aunque diciembre fue un mes relativamente flojo. En junio se registraron 105.102. Estas cifras muestran que la volatilidad endémica del empleo es un factor mucho más determinante que los cambios en la negociación colectiva.Pero esta volatilidad castiga especialmente a los trabajadores con contrato indefinido. Mientras tanto, los casos de temporales han caído un 43%, los de trabajadores fijos sumaron un total de 702.802 en todo 2023 y se han disparado un 29,5% respecto a 2022 y un 837% respecto a 2021.Recordemos que bajo el marco legal superior de prueba oscila entre seis y dos meses según la cualificación del puesto y tres meses para las pequeñas empresas.La propia líder de Sumar parece comprender este problema con su promesa electoral de reforzar la causalidad del despido incluyó las bajas por periodo de prueba, para que no puedan usarse discrecionalmente. Aunque esto último no entró en el acuerdo que firmó con Pedro Sánchez para reeditar la coalición de Gobierno.En este sentido, la medida incluida por la transposición queda lejos de una reforma del periodo de prueba para impedir abusos y supone una limitación parcial que en todo caso obligará a los convenios ajustarse. Pero el problema sigue siendo reducirlo por debajo del máximo legal. Sobre todo, porque si las bajas se producen para suplir contratos temporales de duración discrecional, un plazo de entre dos y tres meses (para las pymes) es más que suficiente.

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El mercado laboral español está viviendo una situación cuando menos singular. Dos de los sectores más importantes de este mercado fueron casi 'condenados' a muerte durante la pandemia. El covid tenía el potencial para reducir sobremanera el tamaño de la hostelería y el comercio. Sin embargo, pocos años después, estos sectores no solo se han recuperado, sino que están sufriendo una escasez de mano de obra acuciante. Buena parte de los bares y restaurantes están 'decorados' con carteles en los que se puede leer: "Buscamos personal". Estos establecimientos no encuentran camareros, mientras que los comercios tienen problemas para completar sus plantillas (vendedores, dependientes, etc.). La gran pregunta es, ¿dónde están todos los camareros y dependientes? El mercado laboral español está viviendo una situación cuando menos singular. Dos de los sectores más importantes de este mercado fueron casi 'condenados' a muerte durante la pandemia. El covid tenía el potencial para reducir sobremanera el tamaño de la hostelería y el comercio. Sin embargo, pocos años después, estos sectores no solo se han recuperado, sino que están sufriendo una escasez de mano de obra acuciante. Buena parte de los bares y restaurantes están 'decorados' con carteles en los que se puede leer: "Buscamos personal". Estos establecimientos no encuentran camareros, mientras que los comercios tienen problemas para completar sus plantillas (vendedores, dependientes, etc.). La gran pregunta es, ¿dónde están todos los camareros y dependientes?En cuestión de tres años, la situación de los camareros y trabajadores del comercio ha sufrido un giro de 180 grados. Como se diría en los mercados de materias primas, se ha pasado de la abundancia a la escasez casi en cuestión de meses. La pandemia dibujó un futuro aterrador para miles de negocios y trabajadores cuyo día a día requería del contacto social con otras personas. En lo peor del covid se llegó a prever de forma casi segura una auténtica transformación del tejido productivo en España, que dejaría a miles de camareros y trabajadores del comercio en una situación muy compleja: reciclarse o 'morir' laboralmente.Todo hace indicar que estos trabajadores del sector servicios se tomaron muy en serio las advertencias y se reciclaron. El problema es que la hostelería y el comercio no solo no 'murieron', sino que incluso han resurgido con más fuerza, generando una situación totalmente inesperada: faltan miles de camareros y trabajadores del comercio.Desde Arcano Research explican que las vacantes no cubiertas han aumentado de forma notable tras la pandemia. En el periodo 2019-2023, la población activa (ocupados y desempleados que buscan activamente empleo) se incrementó en 919.000 personas. Sin embargo, cuando este análisis se hace por sectores, se puede ver que la gran mayoría del aumento de la población activa se centra en sectores de mayor cualificación y el sector público (administración, educación y sanidad). Sin embargo, el agregado 'Comercio y Hostelería' ha mostrado un descenso de 82.000 personas en el mismo periodo.Esta tendencia contrasta con la del cuatrienio anterior (2015-2019), cuando se produjo un incremento de 276.000 personas (empleadas o buscando empleo en dicho sector) en al agregado 'Comercio y Hostelería'. Desagregando aún más el descenso del último cuatrienio, los economistas de Arcano Research encuentran que la caída de 82.000 personas se debe en gran parte al comercio, que pierde 64.000, y a la hostelería, donde la población activa ha caído en 18.000 personas.Sin embargo, cuando se bucea en los datos de hostelería se puede observar una curiosa dicotomía: mientras que la rama de alojamientos ha ganado 13.000 personas, la de bares y restaurantes ha perdido 32.000. ¿Dónde están todos esos camareros (trabajadores de la hostelería en general) y trabajadores del sector comercio? Una de las respuestas apunta a que una parte nada desdeñable de esas personas que antes del covid trabajaban en el comercio y la hostelería estarían ahora estudiando.Aunque desde Arcano Research admiten que no resulta sencillo sacar conclusiones definitivas y exactas por la falta de datos, se ha podido observar que los ocupados en 'Comercio y Hostelería' que estaban cursando estudios en el periodo 2019-2022 aumentaron en 190.000 respecto a los tres años anteriores. "En nuestra opinión, la tendencia nítida en la proporción de ocupados por sectores que cursan estudios podría extrapolarse cuantitativamente a aquellos que no han vuelto a sus trabajos", aseguran desde Arcano Research. Los confinamientos y las medidas de ayuda pública generaron el caldo de cultivo idóneo para que estas personas replanteasen su futuro.Otra explicación alternativa para la que tampoco existen datos claros es el de los flujos migratorios durante el covid, que se paralizaron por completo, dejando al sector de la hostelería y el comercio sin parte de su mano de obra. Esto se vería agravado por la anterior es la posible vuelta a 'casa' de parte de los extranjeros que estaban en España cuando estalló la crisis sanitaria en cuanto se relajaron las restricciones a la movilidad internacional. Decidieron volver a su patria porque eran incapaces de llegar a fin de mes en España con las ayudas públicas o porque percibieron que su futuro se complicaba en los dos sectores más afectados por la pandemia.En este contexto, las dificultades para el sector han arreciado tas la reforma laboral. Aunque la hostelería y el comercio no han sido históricamente ajenas a fórmulas de contratación indefinida de temporada como son los fijos discontinuos (históricamente esta modalidad se creó específicamente para ellos), el aumeno de los costes laborales por las subias del SMI ha mermado su capacidad para competir en otros sectores que ofrecen las mismas condiciones o incluso mejores. Ejemplos claros son la logística o la construcción, que vuelven salieron reforzados tras la pandemia con un gran peso del empleo indefinido.Volviendo al análisis de Arcano, si la causa de sta 'desaparición' de camareros y depedientes que han vuelto a estudiar, el fenómeno podría recordar al que ocurrió durante la crisis financiera, cuando millones de jóvenes abandonaron el sector de la construcción para retomar sus estudios. El pinchazo de la burbuja financiera también contribuyó a reducir el abandono educativo temprano, aunque no tanto como una tasa de paro juvenil que se llegó a disparar al 57%. Pero la situación actual en comercio y hostelería provocada por la pandemia presenta matices muy diferentes, ya que no responde a una crisis sectorial, sino a los confinamientos provocadas por la pandemia.Unas restricciones que entre 2020 y 2021 dieron margen a los camareros y dependientes, muchos de los cuales veían sus empleos temporales suprimidos por la situación, a replantearse su futuro profesional y formarse en otras competencias, especialmente a través de Internet. Las empresas no pasaron por el mismo proceso de actualización y confiaron en que la vuelta a la normalidad, sobre todo en el sector turístico, recuperaría a sus trabajadores de una manera prácticamente automática.Sin embargo,como muestra la evolución de las vacantes de empleo no ha sido así. Entre el tercer trimestre de 2019 y desde 2023 (último dato disponible) la demanda de trabajadores se ha disparado un 63% para la hostelería y un 34% para el comercio. Solo la de profesionales científicos y técnicos e informáticos y programadores (que se han disparado un 70% en este tiempo) supera la de los camareros. Es decir, el sector que demanda trabajadores con menos cualificación se equipara a las profesiones claves para la modernización tecnológica y digital de la economía española.Si ponemos estos datos en relación con el análisis de Arcano, parecen ilustrar con claridad el argumento de que, seguramente, muchos trabajadores de la hostelería y el comercio han aprovechado la pandemia para actualizarse más que sus antiguas empresas. Aun así, estos sectores aún cuentan con un flujo relevante de la mano de obra inmigrante, como contamos en elEconomista.es. La incógnita es cuánto podrán mantenerse en esta situación, con un modelo de negocio que tiene dificultades para adaptarase a los cambios en el mercado de trabajo tras la pandemia, no solo demográficos, sino también legislativos con la neuva reforma laboral.

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Las haciendas forales vascas recaudaron el año pasado por tributos concertados 18.212,5 millones de euros, lo que supone 1.081,8 millones de euros más que en 2022 y un aumento del 6,3%. Esta evolución, según el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, conforma el "sólido avance" de la economía vasca. Los impuestos de Sociedades e IRPF impulsaron este crecimiento. Las haciendas forales vascas recaudaron el año pasado por tributos concertados 18.212,5 millones de euros, lo que supone 1.081,8 millones de euros más que en 2022 y un aumento del 6,3%. Esta evolución, según el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, conforma el "sólido avance" de la economía vasca. Los impuestos de Sociedades e IRPF impulsaron este crecimiento.El cierre de la recaudación del pasado año se ha confirmado este lunes en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas (CVFP), órgano en el que están representados el Gobierno autonómico, las diputaciones forales y los ayuntamientos, estos últimos a través de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel.La recaudación lograda por las haciendas forales en 2023 se situó en 18.212,5 millones de euros, suponiendo 1.081,8 millones de euros más que en 2022, lo que en términos relativos representa un incremento interanual del 6,3%. Esta cifra de recaudación significa un grado de ejecución sobre la última previsión realizada el pasado octubre del 100,6%, y del 100,8% sobre la cifra de presupuesto.Respecto a la imposición directa, los dos principales impuestos que han contribuido, de forma relevante, al avance de la recaudación son el IRPF (con un incremento del 9%) y Sociedades, que ha aumentado el 21%, según ha explicado Pedro Azpiazu. El consejero ha subrayado que los datos de ingresos fiscales del pasado año confirman "el sólido avance de la economía vasca", en un contexto de "menos tensiones inflacionistas que en el ejercicio pasado".En el apartado de la imposición indirecta, la recaudación por el total de IVA prácticamente se ha estabilizado respecto a 2022, una evolución que se explica, en gran medida, por las reducciones de tipos aprobadas a finales de 2022 para determinados productos básicos (cereales, aceites, frutas) y del ámbito de la energía (electricidad, gas, pellets), "en un contexto económico de moderación en el incremento de los precios", según ha indicado el consejero.Además, 2023 fue el primer año en que se recaudaron dos nuevos impuestos con fines medioambientales: 25,4 millones de euros del impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables, y 10,7 millones de euros del impuesto sobre depósitos de residuos en vertederos, ambos concertados con el Gobierno central en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico de noviembre de 2022.La Diputación Foral de Álava ha recaudado por tributos concertados 2.841,2 millones, un 4,1% más que en 2022; la Diputación Foral de Bizkaia 9.411 millones, con un aumento interanual del 6,9%; y la Diputación Foral de Gipuzkoa ha recaudado 5.960,3 millones, un 6,5% más que el ejercicio anterior.Una vez conocido el cierre de la recaudación tributaria y los pagos al Estado, el importe final de la liquidación de las Aportaciones asciende a 12.074,9 millones, 173,8 millones más que los inicialmente presupuestados.A la vista del cierre de recaudación del año 2023, se va a dotar el Fondo General de Ajuste con 135,6 millones y se distribuirá entre Álava y Gipuzkoa, a los que corresponden 58.822.545 y 76.821.955 euros, respectivamente.

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Este martes, el Consejo de Ministros ha ratificado una vez más los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el período 2024-2026, junto con el límite de gasto destinado a la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Esta aprobación fue necesaria debido al veto de la mayoría absoluta del PP en el Senado la semana anterior, que rechazó los objetivos propuestos por el Gobierno. Por consiguiente, fue necesario volver a validar la senda fiscal a través del Consejo de Ministros y someterla nuevamente al proceso parlamentario. Este martes, el Consejo de Ministros ha ratificado una vez más los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el período 2024-2026, junto con el límite de gasto destinado a la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2024. Esta aprobación fue necesaria debido al veto de la mayoría absoluta del PP en el Senado la semana anterior, que rechazó los objetivos propuestos por el Gobierno. Por consiguiente, fue necesario volver a validar la senda fiscal a través del Consejo de Ministros y someterla nuevamente al proceso parlamentario."Seguimos trabajando sin perder un minuto para contar cuanto antes con unos presupuestos que permitan que nuestro país siga en esa senda de crecimiento y en esa creación tan potente positiva de empleo", ha defendido la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.De no ser aprobados los objetivos por segunda vez, de acuerdo con un informe de la Abogacía del Estado, los objetivos de estabilidad presupuestaria serían los establecidos en el Programa de Estabilidad remitido a la Comisión Europea el pasado mes de abril, los cuales son más rigurosos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.El PP ha criticado este "informe inexistente" de la Abogacía del Estado mencionado por el Ministerio de Hacienda, el cual garantiza el procedimiento de aprobación de los presupuestos públicos en 2024. Sin embargo, fuentes del ministerio dirigido por María Jesús Montero aseguran que este informe se dará a conocer en caso de que el PP vuelva a rechazar los objetivos por segunda vez.A pesar de ello, el Gobierno tiene la intención de aprobar la ley de Presupuestos para el año 2024 durante la primera mitad del año, en un momento caracterizado por la reactivación de las normas fiscales europeas.Con este fin, se ha vuelto a aprobar el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto del Estado para 2024, el cual asciende a 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en el ejercicio anterior, incluyendo los fondos provenientes de la Unión Europea.En la última reunión del Consejo de Política Fiscal con las comunidades autónomas, el Ministerio de Hacienda propuso un déficit del 3% en 2024 para el conjunto de las administraciones, del 2,7% en 2025 y del 2,5% en 2026.En el caso de las autonomías, se estableció un objetivo de déficit del 0,1% para 2024. Para 2025 y 2026, las comunidades buscarán alcanzar el equilibrio presupuestario. Respecto a las entidades locales, también se acordó el equilibrio presupuestario (0%) desde 2024 hasta 2026, mientras que para la Seguridad Social, el déficit se fijó en un 0,2% para 2024, en un 0,1% para 2025 y en el 0% para 2026.Sin embargo, si estos objetivos de estabilidad fueran rechazados por segunda vez en el Senado y entraran en vigor los establecidos en abril, las comunidades autónomas se verían obligadas a cumplir con la estabilidad presupuestaria este año, mientras que los ayuntamientos tendrían como objetivo un superávit del 0,2%, lo que implicaría un margen más reducido para el gasto de ambas administraciones."Enfrente tenemos a una oposición que ha decidido no construir, ser obstáculo y perjudicar incluso a los ciudadanos de las comunidades autónomas donde gobierna y nosotros vamos a seguir apostando por el diálogo y por el acuerdo", ha asegurado Pilar Alegría.En el caso de que las Cortes Generales aprueben definitivamente los objetivos propuestos por el Gobierno, sería necesario convocar nuevamente al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sin embargo, si finalmente se aplican los establecidos en el Programa de Estabilidad de abril, que son más restrictivos, dicha reunión no tendría lugar.

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Más de 6,3 millones de personas cobran una pensión de jubilación en España cada mes, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social. Todas ellas se lo solicitaron al organismo una vez cumplieron con los requisitos a los que les obliga el sistema, aunque pudieron hacerlo de múltiples formas. Más de 6,3 millones de personas cobran una pensión de jubilación en España cada mes, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social. Todas ellas se lo solicitaron al organismo una vez cumplieron con los requisitos a los que les obliga el sistema, aunque pudieron hacerlo de múltiples formas.En su modalidad contributiva, es la prestación que se destina a los trabajadores que han llegado a la edad ordinaria de jubilación y que viene a cubrir la pérdida de ingresos que en esos casos les supone su paso de trabajador a pensionista.La Seguridad Social la define en su página web como la prestación que "trata de sustituir las rentas del trabajo por una pensión vitalicia, única e imprescriptible, cuando el trabajador a causa de la edad cesa total o parcialmente en su actividad laboral".Los enumera el artículo 205 de la Ley General de la Seguridad Social (puede consultarse en este enlace): Existen varias opciones de solicitar a la Seguridad Social una pensión de jubilación. Cualquiera de ellas es válida y el ciudadano puede elegir la que más le convenga:

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Alberto Garzón, expropietario de la cartera de Consumo y exlíder de Izquierda Unida, fichará por la consultora del exministro Pepe Blanco. Garzón se incorporará a Acento Public Affairs antes de Semana Santa para ocupar el cargo de director de Prospectiva GeoPolítica, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado este periódico. No obstante, no todo está cerrado. Todavía falta el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno. Alberto Garzón, expropietario de la cartera de Consumo y exlíder de Izquierda Unida, fichará por la consultora del exministro Pepe Blanco. Garzón se incorporará a Acento Public Affairs antes de Semana Santa para ocupar el cargo de director de Prospectiva GeoPolítica, según ha adelantado El Confidencial y ha confirmado este periódico. No obstante, no todo está cerrado. Todavía falta el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses del Gobierno. Garzón fue diputado desde 2011 y ministro de Consumo desde 2020, cuando entró al primer gobierno de coalición como parte de Unidas Podemos. Sin embargo, el pasado mes de diciembre dió un giró a su carrera y abandonó definitivamente la política. "Vivimos tiempos singulares que requieren de un angular lo más amplio posible", expuso el fundador de la compañía en un comunicado.Ahora bien, el caso de Garzón es uno más entre todos los políticos que tras abandonar la política, optaron por formar parte de los grandes lobbys españoles.La falta de regulación al respecto abrió de par en par las puertas giratorias, posibilitando la contratación de antiguos ministros, secretarios de Estado y diputados por parte de firmas como Acento, LLYC (antigua Llorente y Cuenca), Harmon, Kreab o Vicen Consulting. Todas ellas tienen siguen una misma línea de trabajo: tratar de influir en las decisiones políticas, económicas y fiscales aprovechando los contactos e influencias de sus cargos pasados en beneficio de sus clientes. La firma fundada por Blanco y Hernando ha ido mucho más allá y ha contrato en los últimos tres años a políticos de distintas tendencias para intentar acaparar todas las esferas de influencia posibles. Así, en su equipo trabajan también otros dos exaltos cargos socialistas: Elena Valenciano, que fue vicesecretaria general del partido con Alfredo Pérez Rubalcaba y cabeza de lista en las elecciones europeas de 2014 y Valeriano Gómez, exministro de Trabajo en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.Por parte del Partido Popular figuran Alfonso Alonso, exministro de Sanidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy; Elena Pisonero exsecretaria de Estado de Economía, Energía y Pyme con José María Aznar como presidente o José María Lassalle, que fue secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital. Y más allá de los dos grandes partidos, la plantilla de Acento la completan, además, Marco Candela, que fue diputado, portavoz adjunto y presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid entre 2015 y 2019 y Miquel Gamisans, que proviene de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y que fue secretario de Comunicación de la comunidad autónoma hasta 2018.La firma alcanzó el año pasado unos ingresos de 4,47 millones de euros, lo que supone no solo más del doble que en 2020, sino que implica además que ha superado a LLYC (antigua Llorente y Cuenca), compañía que hasta el momento era el líder del mercado.La empresa fundada y encabezada por José Antonio Llorente consiguió el año pasado un volumen de negocio en el sector de Asuntos Públicos de 4,43 millones en España (la cifra a nivel global se elevó a 7,73 millones). La distancia además podría haberse ampliado significativamente este año porque LLYC ha ingresado 2,35 millones de euros al finalizar el primer semestre entre España y Portugal en el área de asuntos públicos, mientras que, a la espera de que se hagan públicos los resultados, Acento habría seguido creciendo con fuerza. Aunque no hay ranking como tal, la tercera posición sería para Kreab, según fuentes del sector, a pesar de que en este caso no hay cifras desagregadas.

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El Gobierno prepara con patronal y sindicatos una reforma de la jubilación anticipada por trabajos de especial penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubres. El borrador que prepara el cambio normativo sienta las bases para ampliar la jubilación anticipada por motivos de peligrosidad: aquellos en los que el deterioro de los capacidades físicas, como la agilidad o la vista, se convierten en un riesgo para el propio trabajador y para el resto. Un ejemplo que traslada Cristina Estévez, negociadora de UGT, es el de un conductor profesional con un deterioro de su vista y reflejos. Sin embargo, los sindicatos aun buscan la fórmula para encontrar indicadores objetivos que justifiquen una mejora también en la jubilación de trabajadores en actividades consideradas "penosas". El Gobierno prepara con patronal y sindicatos una reforma de la jubilación anticipada por trabajos de especial penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubres. El borrador que prepara el cambio normativo sienta las bases para ampliar la jubilación anticipada por motivos de peligrosidad: aquellos en los que el deterioro de los capacidades físicas, como la agilidad o la vista, se convierten en un riesgo para el propio trabajador y para el resto. Un ejemplo que traslada Cristina Estévez, negociadora de UGT, es el de un conductor profesional con un deterioro de su vista y reflejos. Sin embargo, los sindicatos aun buscan la fórmula para encontrar indicadores objetivos que justifiquen una mejora también en la jubilación de trabajadores en actividades consideradas "penosas".Son ocho los grupos profesionales que pueden jubilarse anticipadamente: Estatuto de los Mineros, personal de vuelo de trabajadores aéreos, trabajadores ferroviarios, taurinos, artistas, bomberos, y cuerpos de la Eirtzaintza y la Policía Local. Los coeficientes para el retiro anticipado se aplican en consideración de actividades que no tienen trabajo sustitutivo y el solicitante no puede ser recolocado. Este indicador establece los años que puede el trabajador puede adelantar su jubilación, sin ver penalizada su prestación y se actualizará a los diez años.La Seguridad Social propone varias fórmulas para ampliar este espectro de trabajadores que pueden acceder al retiro anticipado. El primer método, calculando el gasto total en bajas del determinado grupo de edad y género sobre la suma de cotizaciones sociales abonadas. La segunda fórmula relacionaría las bajas entre el total de trabajadores en riesgo. La tercera mediría la mortalidad sobre el total de trabajadores en esa actividad (multiplicado por mil).Previamente se evaluará la siniestralidad, penosidad, peligrosidad o toxicidad de los trabajos por sectores a partir de estudios que elaborará un equipo formado por el Ministerio, los agentes sociales y la Inspección de Trabajo. Es en este punto donde los sindicatos quieren convencer al Gobierno sobre la forma de medir la "penosidad".Además, la propuesta conjunta de UGT y CCOO apuesta por tener en mayor consideración a las profesiones con mayor presencia femenina y relacionarlo con el factor de la edad de inmediato, y no tras un año de evaluación como propone el Gobierno.En todo caso, miembros del diálogo social presuponen que el coste es nulo para la Seguridad Social. Los trabajadores en los citados regímenes ya abonan una cotización adicional durante el periodo ocupado en la actividad penosa o peligrosa.Algunos sindicatos minoritarios presionan para ganar influencia en la jubilación anticipada. La portavoz del departamento jurídico de la Confederación General del Trabajo (CGT), Silvia G. Arribas, señala que "las consecuencias de actividades anteriores no son tenidas en cuenta". Desde UGT apuntan que la alternativa, si se puede demostrar la enfermedad, son las jubilaciones por incapacidad.Con la normativa vigente, un trabajador puede acreditar etapas previas en ocupaciones de especial penosidad que justifiquen el adelanto del retiro sin merma de pensión, siempre y cuando el trabajador esté dado de alta los 12 meses previos a la solicitud. Desde el diálogo social confirman que esta exigencia se mantiene inalterada en el borrador presentado.El borrador limita la solicitud y participación en el procedimiento a los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico, mientras expertos jurídicos aluden a dos sentencias del Tribunal Supremo, de 2012 y de 2023, que anulan la expresión 'más representativos'. "Según el Tribunal Constitucional, la promoción de los intereses de los trabajadores corresponde, sin distinción, a todos los sindicatos", explican desde CGT.

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La principal consecuencia de la situación que vive el campo español, que en su octavo día de protesta, que ayer culminó, entre otras acciones, con el bloqueo de los dos principales accesos a Mercabarna, en Barcelona, o el acceso al Puerto de Santander, es la pérdida de actividad en el sector agrario. Así, algunos de los problemas que denuncian los agricultores, como la competencia desleal de las importaciones de terceros países, pueden estar detrás de que en los últimos tres años se hayan perdido en España 17.906 sociedades agrarias y 132.219 empleos (tanto de trabajadores por cuenta ajena como autónomos), según datos del Ministerio de Trabajo y Economía social. La principal consecuencia de la situación que vive el campo español, que en su octavo día de protesta, que ayer culminó, entre otras acciones, con el bloqueo de los dos principales accesos a Mercabarna, en Barcelona, o el acceso al Puerto de Santander, es la pérdida de actividad en el sector agrario. Así, algunos de los problemas que denuncian los agricultores, como la competencia desleal de las importaciones de terceros países, pueden estar detrás de que en los últimos tres años se hayan perdido en España 17.906 sociedades agrarias y 132.219 empleos (tanto de trabajadores por cuenta ajena como autónomos), según datos del Ministerio de Trabajo y Economía social.Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) habla de la desaparición desde 2021 de 21.687 autónomos dedicados al campo, de los cuales 4.000 desarrollaban su actividad o negocio en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, con el perjuicio que ello conlleva para el campo y la denominada 'España vaciada'.Esta situación, motivo que Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convocara una reunión con la principales asociaciones agrarias (Asaja, Coag y UPA) para abordar las causas de la pérdida de empleo en el campo. La reunión se tenía que haber celebrado ayer, 13 de febrero, pero fue suspendida. Según la ministra, fue directamente "rechazada", y según los agricultores "por problemas de agenda". Una agenda copada por el calendario de movilizaciones, que se extenderán, en principio, hasta el 21 de marzo con una protesta en el Puerto gaditano de Algeciras.En respuesta a la destrucción de empleo en el campo, el presidente de Upta, Eduardo Abad, explicó que los agricultores y ganaderos viven una situación compleja porque tienen una relación directa con la distribución de empleo autónomo en otros sectores, por lo que, "cuantas menos explotaciones ganaderas y agrícolas haya, menos autónomos del sector servicios habrá en el rural de España". Una situación que, cree, podría llevar a la desaparición de la vida económica en campo y de miles de autónomos que han ido desapareciendo en los últimos años en los ámbitos menos poblados.Abad considera fundamental que las políticas que se adopten por parte de los gobiernos consigan que las actividades agrícolas y ganaderas sean "solventes" y tengan una repercusión económica positiva. Apuntó también la importancia que reviste tomar medidas específicas para mejorar la empleabilidad de los autónomos y que sean más competitivos, lo que comprende una mejor fiscalidad, la puesta en marcha acciones de digitalización en el ámbito rural para que los autónomos sean más competitivos, y, finalmente, el autoabastecimiento energético para poder tener ahorro y efectivo en los gastos de explotación de los negocios.Por su parte, José Luis Miguel, secretario técnico de Coag, achaca la pérdida de empleos en la agricultura tanto a factores estructurales como coyunturales. "Hay una tendencia natural a que descienda la población ocupada en la agricultura, que ahora debe estar en torno al 4% del total, o por debajo. Otra tendencia de fondo es una mecanización o automatización del campo porque hay un déficit en muchas labores".El director técnico de Coag refiere también factores puntuales, caso de la sequía, la cual está provocando una disminución de la producción de las explotaciones, con el consiguiente descenso de la mano de obra, "porque hay zonas de regadío que se han dejado de regar al no haber agua".En UPA ahondan en la misma idea cuando razonan que "la sequía que venimos sufriendo en 2022 y 2023 ha tenido una incidencia clarísima en el empleo, con especial atención al sector del olivar". También se refieren la incidencia de la mecanización, "que va generado una pérdida de mano de obra, y luego está la concentración de las explotaciones agrarias en menos manos.En este sentido, señalan que, según el censo agrario, en 2020 había 70.000 explotaciones agrarias menos que en 2009. En España se está produciendo un fenómeno de pérdida de explotaciones agrarias, tal vez las más pequeñas, e incrementándose la media de hectáreas por explotación en las grandes".El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunirá mañana con los representantes de Asaja, Coag y UPA en la sede del ministerio, después de que hoy lo haga el pleno del Observatorio de la cadena alimentaria, donde están representados todos sus eslabones. El Ejecutivo ofrece así diálogo a los agricultores en busca de soluciones a sus problemas en un momento de movilización agraria en las calles y carreteras en el país por la crisis del sector y las políticas que le afectan. Ayer también se supo que las empresas españolas de acuicultura se sumarán a las protestas del campo.

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Cataluña volvió a ser en 2023 la comunidad autónoma que más sedes empresariales perdió en favor de otras regiones, mientras Madrid repitió como el territorio que más compañías capta, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por INFORMA D&B, compañía filial de Cesce, que constanta un aumento del 4% en los traslados en España el año pasado, por parte de 5.240 empresas, la cuarta cifra más alta desde 2015. Cataluña volvió a ser en 2023 la comunidad autónoma que más sedes empresariales perdió en favor de otras regiones, mientras Madrid repitió como el territorio que más compañías capta, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por INFORMA D&B, compañía filial de Cesce, que constanta un aumento del 4% en los traslados en España el año pasado, por parte de 5.240 empresas, la cuarta cifra más alta desde 2015.En detalle, Madrid es la comunidad con mayor saldo positivo entre llegadas y salidas en 2023, ya que añade 71, mientras Cataluña la que más resta, con 128. Desde 2015 solo dos comunidades han mantenido un saldo positivo, Madrid (5.290) y Baleares (469), mientras que otras dos están en el extremo de las que siempre han perdido empresas: Cataluña (5.216) y Castilla y León (564).El documento recuerda que, tras la importante subida de movimientos de sociedades en 2017 como consecuencia de referéndum independentista en Cataluña, se llegó al máximo de 6.276 en toda España en el acumulado de 2018.En 2023, tras Madrid, los mayores saldos positivos son para Castilla-La Mancha, que añade 60 compañías, y Valencia, que suma 43. Canarias, Galicia, Baleares, Cantabria y Extremadura también ganan empresas por los cambios de domicilio este año. Al contrario, tras Cataluña, Castilla y León resta 44 y el País Vasco 32.En el cuarto trimestre de 2023 Cataluña tiene un saldo negativo de 48 empresas, el más elevado, porque han llegado 124 sociedades frente a las 172 que han decidido trasladarse fuera. Madrid es la que más gana este trimestre, y suma 33.Comparando con 2022, cinco comunidades mantienen saldos negativos en ambos (Cataluña, Aragón, Castilla y León, Navarra y el País Vasco) y cuatro pasan de ganar a restar (Andalucía, Asturias, Ceuta y Murcia). Son cinco las que mantienen en ambos periodos un comportamiento positivo (Madrid, Galicia, Baleares, Canarias y Valencia) y otras cinco pasan a recibir teniendo antes saldo negativo (Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Extremadura y Melilla).En 2023, 386 compañías se han mudado de Cataluña a Madrid y 349 han recorrido el camino opuesto. Con datos del año pasado, la comunidad madrileña es la que más movimientos de empresas registra, ya que han llegado 1.683 sociedades y se han trasladado fuera 1.612. Cataluña le sigue por número de mudanzas, con 728 entradas frente a 856 salidas. A Andalucía se han dirigido 594, mientras que 599 han decidido dejar la comunidad.El 23% de las empresas que han llegado a Madrid en 2023 tiene su origen en Cataluña y un 19% en Andalucía. La comunidad a la que más empresas madrileñas deciden trasladarse es Cataluña, el 22%, y un 17% se decantan por Andalucía.El 48% de las empresas que se han mudado a Cataluña proceden de Madrid y un 11% llegan desde Valencia. El 45% de las que dejan la comunidad se traslada a Madrid, y Andalucía recibe un 14%.Para las sociedades que dejan Andalucía, Madrid es la comunidad más deseada. Allí se van el 53%, aunque un 46% de las que recibe se mudan también desde Madrid.Respecto a la facturación que representan las empresas que han cambiado su domicilio en el 2023, Galicia es la que más añade, 14.191 millones de euros, debido al traslado a la comunidad de Stellantis España, con unas ventas de 14.371 millones, procedente de Aragón. Cataluña, a pesar de su saldo negativo entre entradas y salidas, es la segunda en incremento de facturación, y suma 3.920 millones.Cataluña recibe a la segunda y quinta empresa con mayor facturación, TD Synnex Spain (1.765 millones de euros) y Font Salem (457 millones de euros). Y a Asturias se ha mudado Total Energies Clientes (1.700 millones) desde el País Vasco y Generaciones Eléctricas Andalucía (485 millones) desde Cantabria.Con estos movimientos, el peor resultado es para Aragón, que resta 14.556 millones, y le siguen el País Vasco, con 2.168 millones menos, y Madrid, que recorta 1.864 millones.Las diez empresas con mayor facturación que han cambiado de domicilio en el 2023 suman unas ventas de cerca de 20.000 millones de euros.

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Tiko, proptech española que gestiona la compra y venta de casas, ha adquirido la compañía de servicios inmobiliarios Housell, convirtiéndole así en la inmobiliaria digital más grande de España y Portugal, tanto en número de regiones en las que opera como en viviendas en cartera dentro del territorio nacional de unas 2.000 unidades, según lo ha explicado Ana Villanueva, CEO de Tiko a elEconomista.es. Tiko, proptech española que gestiona la compra y venta de casas, ha adquirido la compañía de servicios inmobiliarios Housell, convirtiéndole así en la inmobiliaria digital más grande de España y Portugal, tanto en número de regiones en las que opera como en viviendas en cartera dentro del territorio nacional de unas 2.000 unidades, según lo ha explicado Ana Villanueva, CEO de Tiko a elEconomista.es.Esta operación refuerza la nueva estrategia de negocio presentada por la proptech española el pasado mes de enero, en la que ha posicionado la intermediación inmobiliaria como el pilar fundamental de las operaciones en este 2024.Villanueva asegura que la compañía seguirá atenta a las operaciones que puedan surgir para seguir creciendo. "Hay que analizar las oportunidades una a una, pero si es correcta, tanto a nivel estratégico como cultural, no lo descartamos", explica. El importe de la operación no se ha comunidado, pero si han detallado que Aviv Group, anterior propietario de Housell, se mantiene con una participacón minoritaria en la compañía. Con esta operación han multiplicado por 10 el volumen de sus transacciones inmobiliarias de intermediación y el objetivo pasa por atraer a más de 700 agentes en los próximos 12 meses, algo que podrá acelerar ahora tras esta transacción, pudiendo dar servicio en todas las regiones de España."Nuestra colaboración con Housell se inició hace mucho tiempo. Ellos tenían mas presencia geográfica por España y trabajábamos en colaboración cuando llegaban clientes de zonas en las que nosotros no estábamos presentes", detalla Villanueva.El espíritu digital de ambas compañías es una de las cosas que las une. "Nuestra estrategia desde el día uno ha sido digital. Desarrollar nuestro motor de márketing digital que nos ha permitido llegar a los vendedores en un momento muy inicial de su proceso de venta. De hecho, nos permite llegar a gente que todavía no está en el mercado. Unas ¾ partes no ha iniciado el proceso de venta de su vivienda", asegura la directiva.Para facilitar el trabajo de los agentes en su día a día a través de múltiples servicios desde un mismo lugar, Tiko ha creado Impulsa, herramienta que cuenta con funciones como la integración de un CRM, captación de leads de propietarios, promoción y posicionamiento de las viviendas, asesoramiento legal, servicios de marketing y atención al cliente.

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Los últimos meses han sido de mirar de puertas para fuera para, luego, analizar lo que hay dentro. Tras los subsidios dispuestos por Estados Unidos y China para impulsar su industria verde, la UE analiza sus puntos débiles en aras de aumentar su competitividad industrial frente otras potencias. El informe de la Comisión Europea, hecho público este miércoles, insta a la UE a poner en marcha instrumentos para proteger el mercado único cuando sea necesario. Los últimos meses han sido de mirar de puertas para fuera para, luego, analizar lo que hay dentro. Tras los subsidios dispuestos por Estados Unidos y China para impulsar su industria verde, la UE analiza sus puntos débiles en aras de aumentar su competitividad industrial frente otras potencias. El informe de la Comisión Europea, hecho público este miércoles, insta a la UE a poner en marcha instrumentos para proteger el mercado único cuando sea necesario.El mercado comunitario es una de las mayores potencias comerciales del mundo y concentra el 16% de las exportaciones en todo el mundo. Es por ello que el segmento comercial continúa siendo una de las fuentes de competitividad para el bloque. Bruselas considera necesario defender la igualdad de condiciones en el mercado y la seguridad económica de la UE. Por ello, ha defendido que la UE que ponga en marcha instrumentos para proteger el mercado único cuando sea necesario, al tiempo que promueve las relaciones comerciales abiertas y justas. "Los nuevos riesgos derivados del aumento de las tensiones geopolíticas, las prácticas comerciales desleales y las dependencias asimétricas han llevado a la UE a tomar nuevas medidas, fomentando la diversificación de suministro, reforzando los vínculos comerciales y de inversión, así como la capacidad de fabricación en áreas críticas. La UE también está utilizando sus instrumentos de defensa comercial y ampliando sus mecanismos para defender la igualdad de condiciones para las empresas de la UE", señala el informe elaborado por la Comisión Europea. El mercado único se articula como una de las principales áreas comerciales del mundo, con potencial de demanda, fuentes de suministro diversificadas. Sin embargo, uno de sus puntos débiles, según Bruselas, radica en la aplicación de las normativas acordadas a nivel comunitario y la simplificación de su implementación. Por ello el informe insta a evitar la sobreregulación y a eliminar las barreras burocráticas. El documento pretende servir de base para continuar las conversaciones entre las instituciones comunitarias para mejorar la competitividad de la UE. Forma parte de un análisis que complementarán los exprimer ministro italiano, Mario Draghi y Enrico Letta, en sus respectivos dossieres. La idea es establecer los puntos en los que la UE debe mejorar para competir con otros actores globales. En los últimos meses, la Comisión Europea ha impulsado su competitividad pero también ha tomado medidas para protegerla. Son ejemplo de ello la investigación lanzada contra Pekín por los subsidios a la industria de vehículos eléctricos, por sospechas de competencia desleal. Sirve al mismo propósito la Estrategia de Seguridad Económica presentada en enero con la que Bruselas quiere blindar la seguridad económica de la UE con más control sobre la inversión en terceros países y aumentando el escrutinio de las inversiones extranjeras en el bloque. El comisario de Mercado Interior, Thierry Bretón, ha indicado este miércoles que "el mercado único y la política industrial van de la mano para apoyar la competitividad de la UE". Así ha indicado que el informe pone la necesidad de "redoblar los esfuerzos para hacer frente a los costes de la energía, evitar cambiar antiguas dependencias de los combustibles fósiles por nuevas dependencias y garantizar una mejor coordinación de las inversiones nacionales y de la UE en las tecnologías del futuro"Son varias las áreas en las que la Comisión Europea considera que la UE debe mejorar para impulsar su competitividad. Se refiere a paliar los altos precios de la energía a través de proyectos de producción de electricidad descarbonizada, también infraestructuras que afecten a las conexiones transfronterizas. Menciona la necesidad de impulsar la inversión pública y privada y de acelerar la traslación de la investigación en tecnologías estratégicas a la economía real. El análisis realizado por Bruselas apunta que la inversión en la UE se ha recuperado de los niveles de la crisis financiera. Un restablecimiento que responde, en gran medida, a los planes de Recuperación y Resiliencia tras la pandemia. Sin embargo, también la inversión privada registra niveles elevados según Bruselas. La utilización de los fondos de la Unión, como los de la política de Cohesión, pueden contribuir a mejorar la convergencia regional en el mercado único. Aun así, la inversión en startups y empresas emergentes continúa siendo un problema en la UE que se evidencia con la fuga empresarial a EEUU en busca de financiación. Ante tal coyuntura el informe recomienda aumentar la disponibilidad de capital riesgo y fortalecer la unión de mercado de capitales en un intento por eliminar las barreras trasfronterizas y dotar a las empresas de un mercado amplio. También señala el documento a la contratación pública como mecanismo para impulsar las transiciones verde y digital. Y es que otro de los factores que limita la competitividad de la UE frente a otros territorios son los precios de la energía. Los niveles continúan siendo elevados tras la invasión militar rusa de Ucrania, aunque las medidas implementadas como impulsar la transición verde y la actualización de las políticas energéticas han servido para mitigar, en parte, sus efectos. No es casualidad que este tema se haya convertido en una de las prioridades de Bélgica al frente de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE este primer semestre de 2024. Si el paquete de subsidios dispuesto por Estados Unidos para impulsar la industria verde suscitó rechazo, en un primer momento, en el bloque y fue acusado de prácticas anticompetitivas. La misma receta aplicada por parte de Pekín no deja a la UE otra opción que actuar y elucubrar fórmulas para mejorar su competitividad.

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La aerolínea Ryanair ha anunciado un acuerdo con el grupo turístico TUI por el que a partir de ahora el turoperador alemán estará autorizado a ofrecer vuelos y servicios complementarios de Ryanair a sus clientes como parte de sus paquetes vacacionales, "con la condición de que no cobren de más por los productos de la aerolínea". La aerolínea Ryanair ha anunciado un acuerdo con el grupo turístico TUI por el que a partir de ahora el turoperador alemán estará autorizado a ofrecer vuelos y servicios complementarios de Ryanair a sus clientes como parte de sus paquetes vacacionales, "con la condición de que no cobren de más por los productos de la aerolínea".El acuerdo también garantizará a los clientes de TUI que sus datos de contacto y pago se faciliten correctamente a Ryanair, asegurando que tengan acceso directo a su cuenta myRyanair y reciban información importante sobre vuelos en su correo electrónico.TUI es la tercera OTA (agencias de viaje online) aprobada que se asocia con Ryanair, junto con loveholidays y Kiwi. La compañía asegura que con acuerdos como este se sigue demostrando "cómo las OTAs pueden trabajar de forma transparente con las aerolíneas sin estafar o engañar a los clientes con márgenes ocultos, sobrecargos y tasas de servicio inventadas"."Nos complace anunciar este acuerdo con TUI, que permitirá a los clientes de TUI reservar ahora vuelos, asientos, equipaje y servicios complementarios de Ryanair como parte de su paquete de vacaciones, con la garantía de que accederán con total transparencia a los precios de los productos de nuestra aerolínea", celebra Dara Brady, consejero delegado de Ryanair.El CEO de la aerolínea irlandesa ha apuntado que "este acuerdo separa a TUI de las OTAs piratas que continúan embaucando y estafando a los consumidores mediante el screenscraping ilegal de la web de Ryanair y que malvenden nuestros vuelos con atroces márgenes ocultos y sobrecargos".Esto se produce después de que a principios de enero anunciase que iba a bajar el precio de alguno de sus vuelos "para animar a todos los pasajeros a reservar directamente con Ryanair. com, donde se les garantiza que siempre obtendrán las tarifas aéreas más bajas".

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Bruselas prosigue su escrutinio a las empresas que reciben subsidios de terceros países y refuerza sus defensas frente a las ayudas que China concede a sus empresas. Es así que, este viernes ha abierto una investigación en profundidad a Qingdao Sifang Locomotive, firma subsidiaria de la constructora ferroviaria china CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), al considerar que ha recibido ayudas que podrían haber jugado a su favor en una licitación pública. Bruselas prosigue su escrutinio a las empresas que reciben subsidios de terceros países y refuerza sus defensas frente a las ayudas que China concede a sus empresas. Es así que, este viernes ha abierto una investigación en profundidad a Qingdao Sifang Locomotive, firma subsidiaria de la constructora ferroviaria china CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation), al considerar que ha recibido ayudas que podrían haber jugado a su favor en una licitación pública.Se trata de la primera investigación en profundidad de la Comisión Europea sobre ayudas de terceros países que pueden distorsionar el mercado único. La investigación se centra en un procedimiento de contratación pública lanzado por el ministerio de Transporte de Bulgaria en relación al suministro de varios trenes eléctricos "push-pull", y los servicios de mantenimiento y formación del personal asociados El Ejecutivo comunitario ha considerado justificado abrir una investigación ya que la empresa china, CRRC Qingdao Sifang Locomotive, ha recibido subsidios de países terceros que podrían afectar a la competencia del mercado único. Para ello, la Comisión analizó si la aportación económica extranjera constituye una subvención que confiere directa o indirectamente un beneficio a la empresa y si le permite a la empresa presentar una oferta con una ventaja competitiva. "Competencia leal, no menos competencia, es la clave para el sector ferroviario de la UE", ha indicado la vicepresidenta de la Comisión Europea Margrethe Vestager. Según la regulación de subsidios extranjeros, que entró en vigor en julio de 2023, las empresas deben notificar sus licitaciones públicas a la UE cuando el valor de estos contratos supere los 250 millones de euros y cuando la empresa haya recibido al menos 4 millones de euros de contribución financiera extranjera de un país tercero en los tres años previos a la licitación. De hecho, cabe recordar que fue la firma asiática la que informó a la Comisión Europea siguiendo la regulación comunitaria. Bruselas analizará, en esta investigación, si las ayudas procedentes de Pekín han permitido al fabricante chino presentar una oferta a una licitación con cierta ventaja frente a sus competidores. La contratación de la empresa asiática podría propiciar que otras compañías pierdan oportunidades de participar en una contratación pública y, por tanto, ingresos. Al final del análisis, Bruselas valorará si acepta los compromisos de la compañía para evitar la distorsión del mercado, le impide acceder al contrato o no presenta objeciones. La Comisión Europea tiene de plazo hasta el 2 de julio para tomar una decisión. La compañía estatal china es uno de los mayores fabricantes mundiales de construcción ferroviaria por volumen de ingresos. Se especializa en la fabricación de las locomotoras y vagones que utilizan los operadores ferroviarios y de metro. La licitación pública búlgara se refiere a 20 trenes eléctricos "push-pull" y su mantenimiento durante quince años, con un valor estimado de 610 millones de euros. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, ha informado de que esta "es la primera investigación con arreglo al Reglamento sobre subvenciones extranjeras para determinar si las subvenciones extranjeras permitieron al fabricante estatal chino CRRC presentar una oferta ventajosa a una licitación de trenes eléctricos en Bulgaria". Además, ha puesto en valor la importancia de que el mercado comunitario no se vea distorsionado por subsidios de países terceros, algo "vital para nuestra competitividad y seguridad económica".

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Nationale-Nederlanden ha lanzado este miércoles en colaboración con Sanitas un seguro combinado de salud y vida para dar una protección completa que aglutine la asistencia sanitaria y una protección económica para proteger al cliente y su núcleo familiar en caso de fallecimiento, cáncer, enfermedad o accidente. Nationale-Nederlanden ha lanzado este miércoles en colaboración con Sanitas un seguro combinado de salud y vida para dar una protección completa que aglutine la asistencia sanitaria y una protección económica para proteger al cliente y su núcleo familiar en caso de fallecimiento, cáncer, enfermedad o accidente.La entidad ha concretado en una nota de prensa que este producto -denominado 'Plan Salud+Vida'- es consecuencia del acuerdo estratégico a largo plazo entre ambas compañías firmado el pasado diciembre y que se tradujo en primera instancia en el lanzamiento de 'Contigo Sénior', un seguro de salud enfocado en las personas mayores de 55 años. El nuevo producto en cuestión se puede adaptar a la medida y preferencias del cliente con coberturas o grados de servicio elegibles en todo momento. Del lado salud, el plan ofrece acceso al cuadro médico de Sanitas, que cuenta con más de 4.200 centros sanitarios y hospitales repartidos por España y cubre atención primaria, pruebas diagnósticas, hospitalizaciones, cirugía y emergencias; cobertura dental y métodos terapéuticos, entre otros.Asismismo, la compañía ha aducido que, para contar con seguridad económica, dispone de una cobertura por fallecimiento, además de la posibilidad de contratar coberturas adicionales para cáncer, invalidez y enfermedades graves, junto a la incapacidad laboral temporal en el caso de los autónomos. Ligado a esto, la entidad ha señalado que este producto ofrece una cobertura gratuita durante el primer año de 30.000 euros en caso de fallecimiento."Con el Plan Salud + Vida, damos un paso muy importante en nuestra irrupción en salud, un salto para el que llevamos tiempo preparándonos y en el que contamos con la inestimable ayuda de un aliado como Sanitas. Seguimos firmes en nuestra ambición estratégica por marcar la diferencia dentro del mercado de protección y confiamos en una de nuestras grandes fortalezas, la combinación de tecnología y trato diferenciador y personalizado que ofrecemos a través de nuestra Red Comercial.", asegura Josep Celaya, subdirector general y responsable de Experiencia de Cliente de la aseguradora. "De este modo, como parte de nuestro propósito de ayudar a cuidar de lo que más importa, ampliamos nuestro portafolio de soluciones adaptadas a las necesidades de las personas de forma que puedan estar protegidas", añade.

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La pregunta que se hace una persona al jubilarse es la cuantía de la pensión de jubilación que pasará a tener cuando deje su trabajo y que, a la postre, será su principal fuente de ingresos sustituyendo a su salario. La pregunta que se hace una persona al jubilarse es la cuantía de la pensión de jubilación que pasará a tener cuando deje su trabajo y que, a la postre, será su principal fuente de ingresos sustituyendo a su salario.Esa pregunta tiene diferentes soluciones (cada una es personal para trabajador) y está vinculada directamente a las cotizaciones que el trabajador ha ido acumulando a lo largo de su vida laboral.En concreto, y tal y como informa la Ley General de la Seguridad Social en su artículo 210 (lo puede consultar en este enlace), a la hora de determinar la cuantía de una pensión de jubilación, el método de cálculo de las pensiones tiene en cuenta las bases de cotización de los últimos 25 años y el número total de años cotizados.Por eso, es normal que los trabajadores se planteen qué pensión cobrarán en función de los años que han trabajado o que tienen previsto trabajar (especialmente cuando ese cálculo se realiza muy cerca de la edad de jubilación ordinaria). Por ejemplo: ¿cuánta pensión me queda con 40 años cotizados?Lo primero que debe hacer el trabajador es calcular su base reguladora, a cuya cuantía se llega sumando las bases de cotización de los 25 años previos a la solicitud de la jubilación y dividiendo ese importe entre 350. En este cálculo hay que tener en cuenta dos aspectos:En el segundo y último paso llega la importancia de los años cotizados. En función de esos años cotizados se tendrá derecho a diferentes porcentajes de la base reguladora que ha generado el trabajador a lo largo de su vida. El sistema concede:De acuerdo con estos cálculos, se necesitan 36 años y medio cotizados para tener derecho al 100% de la base reguladora, lo que se conoce de forma coloquial como 'el 100% de la pensión'. Por eso, el caso que nos ocupa, las personas con 40 años cotizados, tendrán una pensión de jubilación igual al 100% de su base reguladora.Con todo, esta pensión estará limitada a la cuantía máxima de las pensiones, que en 2024 es de 3.175,04 euros mensuales y 44.450,56 euros anuales en 14 pagas.La situación cambia si el trabajador que ha cotizado 40 años se decanta por una jubilación anticipada. Al adelantar su jubilación, el trabajador ha de asumir recortes en su pensión de jubilación que se realizan a través de la aplicación de coeficientes reductores sobre la cuantía de su pensión. Estos coeficientes dependen de la modalidad de jubilación, los años cotizados y el tiempo de adelanto dela jubilación.Podría darse la circunstancia de que, debido a haber cobrado salarios de gran cantidad, las cifras resultantes tras los recortes se sitúen por encima de la cuantía máxima de las pensiones citada anteriormente. En ese caso, se aplicarían sobre la cuantía máxima unos coeficientes especiales que, para las personas con 40 años cotizados, serían de entre el 5,50% y el 0,76%.

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El Ártico es la región más septentrional de la Tierra que circunda al Polo Norte y cuyo nombre deriva del griego arktos –denominación de oso–, en referencia a la constelación boreal de la Osa Mayor. El Ártico es la región más septentrional de la Tierra que circunda al Polo Norte y cuyo nombre deriva del griego arktos –denominación de oso–, en referencia a la constelación boreal de la Osa Mayor. Dicho espacio geográfico comprende las zonas septentrionales de ocho países, es decir, Canadá –Labrador–, Dinamarca –Groenlandia–, Estados Unidos (EEUU) –Alaska–, Finlandia –Laponia–, Islandia –su área norte–, Noruega –archipiélago de Svalbard–, Rusia –norte de Siberia– y Suecia –Västerbotten y Norrbotten–.Las tres décadas pasadas de cooperación pacífica entre todos éstos han terminado. Durante esos años, la región ártica fue eximida de la geopolítica propia de la competición entre grandes potencias y era un paraíso de cooperación internacional, que despertaba poco interés global.Los asuntos de preocupación entre los países árticos eran, en el pasado, positivos por naturaleza e incluían, entre otros, la investigación científica, la salvaguarda del entorno natural o la protección de las poblaciones indígenas del área.Estos cometidos fueron asignados al Consejo Ártico (CA), desde su creación hace casi tres décadas, en 1996, del que forman parte no sólo los ocho países árticos, sino, además, organizaciones representativas de pueblos indígenas y trece países sin vinculación geográfica con el Océano Ártico.El Consejo Ártico es una organización que fue constituida para un tiempo distinto del actual. El concepto de la Gran Europa está caduco en lo económico, como puede comprobarse en los campos de la tecnología, de la energía, de los corredores de transporte o de los instrumentos financieros y de pagos.Asimismo, en lo político, los ocho países árticos serán siete miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) más la Federación de Rusia, una vez que Suecia acceda a esta estructura de seguridad.La combinación de estos factores económicos y políticos hará que la transición desde la Gran Europa a la Gran Eurasia impacte directamente en la política que Rusia desplegará hacia la región ártica, ahora que sus dos años, 2021-2023, como presidente del CA han concluido.La competición por la región ártica está creciendo con el surgimiento de los intereses geopolíticos en la zona por parte de las grandes potencias y la razón por la que ese área será el escenario de dicha rivalidad es doble.Por un lado, Rusia ha identificado recursos naturales abundantes y está desarrollando su propia ruta marítima septentrional, menos costosa y más rápida de transitar que las alternativas de navegación tradicionales, todo ello dentro de sus aguas territoriales.Estados Unidos ya ha declarado tanto su objetivo, ante esta realidad, de impugnar esa ruta naval como su ambición de controlar esos recursos naturales.Por otra parte, las relaciones entre Occidente y Rusia continuarán deteriorándose, mientras que los vínculos de Rusia con el Oriente están mejorando día a día.Así, EEUU está aumentando su despliegue militar en la región ártica y la diplomacia en torno a ella se está socavando.Esta tendencia no es de carácter pasajero, dado que es anterior al comienzo del conflicto actual en Ucrania, y tiene su origen en un discurso de confrontación que Mike Pompeo, anterior secretario de Estado de EEUU, pronunció en una reunión del CA en 2019.La fiebre del Ártico se extiende y la región se convertirá en un espacio para la competición dura e intensa entre las grandes potencias durante los próximos años.

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Según el Observatorio de Márgenes Empresariales de la Agencia Tributaria, en colaboración con los ministerios de Hacienda y de Economía y el Banco de España, las empresas en España lograron un hito significativo en 2023 al alcanzar un margen empresarial del 12,8% sobre las ventas. Según el Observatorio de Márgenes Empresariales de la Agencia Tributaria, en colaboración con los ministerios de Hacienda y de Economía y el Banco de España, las empresas en España lograron un hito significativo en 2023 al alcanzar un margen empresarial del 12,8% sobre las ventas.Este dato representa un récord desde que se comenzaron a recopilar registros en 2009, superando incluso el 12,3% registrado en el año anterior. De hecho, este margen implica que, por cada 100 euros generados por ventas y servicios, las empresas obtuvieron 12,8 euros en beneficios antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA). Este resultado histórico supone un incremento del 20% respecto a la media de los últimos 15 años, que se sitúa en el 10,9%. Y aunque sea un incremente más modesto en comparación con el incremento experimentado entre 2021 y 2022, refleja una sólida rentabilidad en las empresas de mayor facturación.Algunas empresas, especialmente en sectores como la energía, la alimentación o la banca, han experimentado un aumento de sus beneficios gracias a la subida de precios.Pero los dos sectores que destacan son hostelería e industria. Y han sido los que más esfuerzos han tenido que hacer para no trasladar totalmente el incremento de costes al consumidor, teniendo en cuenta las subidas en los precios de la energía, materias primas, transporte y salarios. No obstante, un informe del Banco de España indica lo contrario, destacando que en la mayoría de las actividades económicas del país se ha producido una traslación casi total de estos aumentos de costes a los precios de venta. Según datos del Banco de España, entre 2021 y 2022, los precios en el sector hostelero aumentaron más que los costes de producción, lo que apunta a que algunos establecimientos podrían haberse beneficiado de la inflación. No obstante, la patronal de los hosteleros desmiente esto y sostienen que estos datos no reflejan la situación real del sector, ya que no tienen en cuenta todos los factores relevantes, como los costes de personal y energéticos.Aun así, los de los márgenes no se distribuyeron uniformemente entre todas las empresas. Según el informe, las empresas más pequeñas, representando el 20% del total, experimentaron resultados de explotación negativos, con pérdidas significativas. Éstas perdieron 2,5 euros por cada euro ingresado, lo que resultó en un margen de explotación del -266%. Asimismo, las empresas siguientes en tamaño también enfrentaron desafíos, registrando pérdidas antes de impuestos y amortizaciones del 13%.Este aumento se atribuye principalmente a la moderación de los precios energéticos y de las materias primas, ofreciendo un panorama alentador para el tejido empresarial del país. El análisis sectorial muestra una heterogeneidad en esta evolución positiva.Esta tendencia al alza se ha observado de manera generalizada, aunque con variaciones notables entre diferentes industrias. Aún sí, cabe destacar que los sectores clave como son la agricultura, la industria y las eléctricas. Este aumento ha sido particularmente significativo en comparación con los niveles previos a la pandemia, mostrando un aumento de hasta 3 puntos porcentuales.En la cadena agroalimentaria, los márgenes han seguido mejorando, especialmente impulsados por la agricultura, que ha alcanzado niveles superiores a los anteriores a la pandemia. Las grandes compañías han logrado elevar sus márgenes hasta 25 puntos porcentuales por encima de los niveles de 2019, aprovechando la coyuntura para mejorar la rentabilidad de sus operaciones. Sin embargo, es importante señalar que este aumento no se ha reflejado de manera uniforme en toda la cadena alimentaria, ya que la rentabilidad en la industria agroalimentaria y los supermercados aún se sitúa por debajo de los niveles pre-pandémicos. Esta industria, con un 6,5%, casi igualando el 7% obtenido en 2009 y un punto por encima de los márgenes de 2022.Por su parte, en el sector industrial, excluyendo la energía y la alimentación, los márgenes también han experimentado un crecimiento, superando incluso los niveles pre-pandémicos. Por ejemplo, la fabricación de automóviles alcanzó máximos en 2023, con márgenes del 7%, dos puntos porcentuales más que en 2022. Esta recuperación se ha visto favorecida por la reducción de los precios energéticos, especialmente en subsectores como la producción de bienes de equipo y transporte.En servicios como el transporte y el turismo, los márgenes se han mantenido estables en los últimos trimestres, después de haberse recuperado de las fuertes contracciones durante la pandemia. Mientras tanto, otros servicios han mostrado una tendencia creciente a lo largo del año.Asimismo, la evolución de los márgenes en los sectores energéticos ha sido mixta, con un repunte en el refino y el comercio mayorista de combustibles, mientras que el suministro de electricidad y gas se ha estabilizado después de aumentos en trimestres anteriores. Así pues, las compañías eléctricas han mantenido márgenes en niveles máximos, casi 40 puntos por encima de los registros de 2019. Esta situación, marcada por un claro proceso de avarainflación (fenómeno que se produce cuando las empresas aumentan sus precios de forma desproporcionada, aprovechando una situación de crisis o incertidumbre económica, con el objetivo de obtener mayores beneficios), ha sido objeto de debate entre economistas, quienes han señalado el aumento desproporcionado de precios en relación con los costes. En este sentido, por ejemplo, el refino de petróleo ha alcanzado un margen del 18%, un fuerte incremento comparado con el 5% de 2022 y por encima de la media del 2% de años anteriores. En un patrón similar, las gasolineras han registrado márgenes destacados, con un 2,25% el año pasado, el segundo más alto de la serie tras el 3% de 2022, cuando el Estado subvencionó el litro de combustible.El comercio, tanto mayorista como minorista, también ha registrado récords, con un margen del 8% en el primero y del 5,5% en el segundo, en comparación con el 7% y el 4,5% respectivamente en 2022.El aumento de los márgenes se puede atribuir a una serie de factores, entre los que destaca la recuperación económica. Igualmente, el crecimiento del PIB español en 2023 ha impulsado la demanda de bienes y servicios, y el control de costes también ha tenido un papel decisivo puesto que las compañías han implementado medidas para reducir sus costes operativos.No obstante, la crisis inflacionista que comenzó con el aumento de los precios de las materias primas había sido anticipada como un desafío que requeriría una distribución del coste entre trabajadores, empresas y el Estado. Sin embargo, en retrospectiva, ha habido actores económicos que han resultado más afectados que otros. Mientras algunos han sufrido pérdidas, otros no solo han logrado sortearla sin daño, sino que incluso han visto aumentar sus ganancias como nunca.A pesar de los buenos resultados, aún hay algunos retos que afrontar. La desigualdad entre empresas grandes y pequeñas es un problema que debe abordarse. Además, es importante asegurar que la subida de los márgenes no se traduzca en un aumento de precios para los consumidores. Aquí, los perdedores han sido los trabajadores que ha erosionado su poder adquisitivo, especialmente aquellos con salarios más bajos y su capacidad de compra se ve limitada, impactando en su calidad de vida.Además, el aumento de la inflación ha elevado el gasto público en partidas como la energía o las ayudas sociales, lo que limita la capacidad del Estado para invertir en otros sectores.Igualmente, el futuro de la inflación y sus consecuencias aún es incierto. La evolución de la economía global, las medidas políticas que se implementen y la capacidad de adaptación de los diferentes actores económicos serán claves para determinar el impacto final de la crisis.

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Una de las grandes reivindicaciones del presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, frente al Gobierno de Pedro Sánchez, la del agua, protagonizó el encuentro celebrado hoy en madrid entre el alicantino y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Al menos tras la reunión las aguas parecen calmarse y ambas partes están disuestos a buscar acuerdos para los temas más espinosos, el trasvase Tajo-Segura y la aportación a La Albufera, además de mostrar de seguir avanzando para que se pueda enviar agua desde la desaladora de Sagunto a Cataluña si es necesario este verano. Una de las grandes reivindicaciones del presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, frente al Gobierno de Pedro Sánchez, la del agua, protagonizó el encuentro celebrado hoy en madrid entre el alicantino y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Al menos tras la reunión las aguas parecen calmarse y ambas partes están disuestos a buscar acuerdos para los temas más espinosos, el trasvase Tajo-Segura y la aportación a La Albufera, además de mostrar de seguir avanzando para que se pueda enviar agua desde la desaladora de Sagunto a Cataluña si es necesario este verano.Así, tras la reunión con Mazón , Ribera ha anunciado que convocará previsiblemente la próxima semana a responsables de los Ejecutivos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para abordar las reglas de explotación sobre el trasvase Tajo-Segura. Según ambos, se contará con la opinión de los técnicos procedentes de las distintas comunidades implicadas para actualizar las reglas de explotación de este trasvase.En este contexto, ha explicado que en primera instancia se convocarán a responsables de los Ejecutivos autonómicos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, y no descarta que en futuras reuniones pueda estar también Extremadura por su implicación con el Guadiana. Tanto Ribera como Mazón han celebrado esta reunión, llegando a calificar la ministra como "ejercicio positivo" que estas comunidades se escuchen entre sí, mientras que el presidente valenciano ha aplaudido esta reivindicación con la que acudía a la reunión. De hecho, Mazón ha agradecido a Ribera su "predisposición" a contar con las comunidades implicadas en la revisión de las reglas de explotación y que no haya apostado por la "unilateralidad", sino que lo haya hecho por el "diálogo y el rigor".Unas buenas palabras, que con todo, dependerán de que solución finalmente se de por buena, ya que ambas partes alegaban contar con informes técnicos para defender sus planeamientos, después de que el Gobierno aprobara aumental el caudal ecológico del Tajo, lo que en la práctica reduce la cantidad a trasvasar. Una postura que encendió a agricultores de Alicante, Murcia y Almería, la conocida como huerta de Europa.Ambos han mostrado esa misma conciliación en otro de los temas de actualidad por la sequía, el envío de agua de la desadora de Sagunto en Valencia a Cataluña por barco. Mazón ha vuelto a dejar clara su "predisposición" a trasladar este agua a Cataluña "desde un discurso de solidaridad de que en España el agua es de todos y para todos". Eso sí, sinsitió en pedir a Ribera las garantías de la compatibilidad de los usos locales con los posibles envíos del agua, de la sostenibilidad y de los niveles ecológicos básicos de la costa valenciana, a lo que ha encontrado una respuesta que estarán "plenamente garantizados". Mazón ha destacado que este traslado puede seguir "avanzando" y, a partir de ahora, falta por conocer la situación exacta de Cataluña a partir de junio, cuando tenga que decidir si finalmente requiere de este agua de la desaladora de Sagunto.Según ha desvelado el presidente valenciano, se han abordado hasta ocho puntos en la reunión que ha mantenido con Teresa Ribera, llegando a un acuerdo en el que respecta a La Albufera de Valencia, que, tal y como ha apuntado, se creará un plan de emergencia. "Habrá labores de prevención y estudio", ha señalado Mazón, que se ha congratulado de esta decisión después de que hayan estado trabajando la consejería valenciana de Medio Ambiente y miembros del Ministerio de Transición Ecológica. En este punto, Mazón también ha anunciado que habrá una calendarización de los 10 hectómetros cúbicos que necesita la Albufera de Valencia.Otro de los aspectos tiene que ver con las costas, donde Mazón ha explicado que tanto su gobierno como el Ejecutivo central han coincidido en priorizar un calendario para las obras pendientes ante el "atasco" de muchas de ellas.En cuanto al 'cluster' de hidrógeno verde de Castellón, Mazón ha destacado que se tiene que poner en marcha "lo antes posible", abogando por una agilización de los trámites para que este proyecto salga adelante como el "futuro de la sostenibilidad energética".

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El dato de la inflación en la zona euro del pasado mes de enero, el índice de gestores de compra (PMI) provisional de febrero, que también se publicará en EE.UU., y las actas de las últimas reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., centrarán la atención de los inversores la próxima semana. El dato de la inflación en la zona euro del pasado mes de enero, el índice de gestores de compra (PMI) provisional de febrero, que también se publicará en EE.UU., y las actas de las últimas reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., centrarán la atención de los inversores la próxima semana.La semana comienza con la ausencia de referencias macroeconómicas en Europa, llegando el primer dato destacado para los inversores el martes día 20 cuando se publique la evolución de la balanza por cuenta corriente de la eurozona en diciembre, y que tras un 2023 de alta volatilidad, según los analistas de Singular Bank no se esperan grandes cambios respecto al nivel registrado el mes previo en un contexto marcado por la desaceleración de la demanda de bienes de China.Los mercados no contarán en el inicio de la semana con la referencia de EE.UU., al permanecer este mercado cerrado el lunes por la festividad del Día de los Presidentes.Los mercados europeos siguen pendientes de cualquier dato que pueda arrojar luz sobre cuando podrían comenzar las bajadas de tipos de interés.En este sentido, la selectora de fondos de renta variable en Abante Laeticia del Campo ha dicho a EFE que aunque no se esperan grandes aportaciones por parte de las actas de las últimas reuniones de los bancos centrales, las mismas una vez más podrían dejar entrever si existe la posibilidad de bajadas de tipos este año, ya que a principios de año se esperaba que pudieran comenzar ne marzo, pero se han ajustado las expectativas y apuntan hacia el verano.En relación al IPC de la zona euro, Del Campo ha apuntado que habrá que ver si se cumplen las expectativas de que pase en tasa general del 2,9 % al 2,8 %, sobre todo después del dato de inflación en EE.UU., que ha sido peor de lo esperado y ha generado "cierto nerviosismo" en los mercados.Respecto al PMI, ha recordado que Europa continúa en terreno de contracción, mientras que EE.UU., está en zona de expansión, con un consumo americano "bastante fuerte".Este lunes día 19 entre lo más destacado estará la balanza comercial y la confianza del consumidor en España, mientras que en Alemania se publicara el informe mensual del Bundesbank alemán y se celebrará subasta de deuda pública a 12 meses.El martes 20, el interés se pondrá en la cuenta corriente en la zona euro y Portugal, la producción del sector de la construcción de diciembre y la comparecencia del miembro del comité ejecutivo del Bundesbank Burkhard Balz.El miércoles 21, el BCE celebrará una reunión de política no monetaria, mientras que en Alemania comparecerá el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y se celebrará subasta de deuda pública a 10 años.Un día después, el jueves 22 se publicarán la actas de la reunión del BCE de los pasados 24 y 25 de enero, y llegarán los datos de inflación de la zona euro y de Italia del pasado mes de enero, así como el PMI de la zona euro, Francia, Reino Unido, y Alemania.En este último país, el viernes 23 se publicará el PIB del cuarto trimestre y el índice Ifo de confianza empresarial, mientras que se celebrará reunión del Eurogrupo y en Francia habrá subasta de deuda pública a 2 años. Los mercados estarán pendientes además de la publicación de numerosos resultados empresariales en España, entre los que destacan los de Telefónica, Iberdrola, Repsol o Enagás, entre otros.En EE.UU., la semana comienza con la festividad del Día de los Presidentes, por lo que Wall Street no abrirá sus puertas.El dato más destacado de la semana llegará el jueves 22 con la publicación del PMI adelantado de febrero, que según los analistas de Singular Bank previsiblemente no mostrará grandes variaciones.Ese mismo día, se conocerán las actas de la última reunión del la Fed celebrada a principios de mes, y se publicará subasta de deuda a 4 semanas, a 30 años, y de bonos a 8 semanas.El viernes 23, la única referencia que habrá en EE.UU., será el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes. En el ámbito empresarial, destacará la publicación de resultados de Home Depot, Walmart y Nvidia, entre otras.Sobre esta última compañía, la gestora de Abante ha destacado el fuerte crecimiento que está registrando ya que se ha convertido en la tercera empresa del índice S&P 500, por detrás de Apple y Microsoft, gracias a la Inteligencia Artificial.En la Región Asia-Pacífico, el martes se conocerá la tasa de préstamo preferencia del Banco Popular de China (PBoC) , el miércoles, la balanza comercial de Japón, país en el que el jueves se publicará el PMI manufacturero. El último día de la semana bursátil cerrará con la evolución de los precios de la vivienda en China.

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La Seguridad Social ha duplicado su deuda pública en los últimos cuatro ejercicios. Según apuntan los datos difundidos por el Banco de España, esta Administración ha pasado de un pasivo de 55.000 millones en 2020 a superar los 116.000 millones a cierre del pasado ejercicio. Las transferencias del Estado para financiar las prestaciones no contributivas -establecido así por Ley- y una parte de pensiones contributivas, engrosa el montante. El sistema es deficitario desde comienzos de la pasada década, lo que aboca inevitablemente a generar una bola de deuda cada vez mayor para afrontar las transferencias corrientes. La Seguridad Social ha duplicado su deuda pública en los últimos cuatro ejercicios. Según apuntan los datos difundidos por el Banco de España, esta Administración ha pasado de un pasivo de 55.000 millones en 2020 a superar los 116.000 millones a cierre del pasado ejercicio. Las transferencias del Estado para financiar las prestaciones no contributivas -establecido así por Ley- y una parte de pensiones contributivas, engrosa el montante. El sistema es deficitario desde comienzos de la pasada década, lo que aboca inevitablemente a generar una bola de deuda cada vez mayor para afrontar las transferencias corrientes.La Seguridad Social cerró el pasado curso con un incremento de su deuda de, aproximadamente, 10.000 millones (un 9,4% más en la comparativa interanual). Tal y como apunta el Banco de España, "este incremento se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para financiar su desequilibrio presupuestario". El principio de separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social exige que las prestaciones no contributivas se paguen vía impuestos, si bien estas transferencias también cubren una parte de las obligaciones contributivas de las pensiones.La deuda total de las administraciones públicas cerró 2023 en 1,574 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior (sumando casi 72.000 millones en volumen), pero cae al 107,7% del PIB, 3,9 puntos menos que la tasa registrada en 2022. Para este año, el Gobierno espera que la ratio que mide la sostenibilidad de las cuentas del Estado baje al 106,3%. Se alejaría así del máximo alcanzado en plena pandemia, cuando superó el 120% del PIB.Desglosando las cifras por administraciones, la deuda del Estado se elevó a 1,414 billones de euros en 2023, lo que representa un incremento interanual del 6,2%, pero se mantuvo más o menos estable respecto al mes de noviembre.La deuda de las comunidades autónomas creció en 2023 hasta los 325.474 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,6% respecto a 2022; mientras que el endeudamiento de las corporaciones locales se situó en 23.299 millones de euros, un 1,1% más que el saldo registrado en diciembre del año anterior. En tasa mensual (diciembre sobre noviembre), la deuda de las regiones ha crecido un 0,3% y la de los ayuntamientos, un 1,8%.El Ministerio de Economía destaca que España sigue reduciendo a "buen ritmo y de forma constante" la ratio deuda/PIB máxima alcanzada durante la pandemia, en buena parte gracias al crecimiento del PIB a precios corrientes, que es el denominador de la comparativa. Desde entonces, en poco más de 3 años se ha reducido ya 17,6 puntos porcentuales, reducción superior a la prevista, lo que pone de manifiesto, a su juicio, la "prudencia en las estimaciones, el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal y la gestión eficiente de los recursos públicos".El Ejecutivo resalta que esta reducción es compatible con la adopción y mantenimiento de medidas de apoyo a las familias y empresas, primero durante la pandemia y posteriormente durante el episodio inflacionista, que están permitiendo reducir la inflación y compensar a los colectivos y sectores más afectados.Según el Ministerio de Economía, el Tesoro Público mantuvo en 2023 una posición "sólida" en el mercado, en un contexto marcado por el incremento de los tipos de interés y la finalización de las compras netas por parte del Banco Central Europeo.

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El euro digital es un gran desconocido para buena parte de la ciudadanía pese a ser uno de los principales proyectos que tiene entre manos el Banco Central Europeo (BCE), la institución 'guardiana' de la divisa que actualmente utilizan 20 países del Viejo Continente (España entre ellos). El organismo presidido por Christine Lagarde comenzó en 2021 el proceso para crear una nueva versión del euro que, a priori, conviviría con su actual versión (el efectivo y el dinero bancario). Pero que el 'digieuro' acabe siendo realidad no solo depende del BCE, sino también de las instituciones de la Unión Europea (UE) encargadas de elaborar las normas comunitarias. Una de ellas es el Parlamento Europeo, que encargó a un experto un informe en el que analizara a fondo la moneda única. Un documento que salió a la luz la semana pasada y que recoge duras críticas al proyecto de la CBDC europea. El euro digital es un gran desconocido para buena parte de la ciudadanía pese a ser uno de los principales proyectos que tiene entre manos el Banco Central Europeo (BCE), la institución 'guardiana' de la divisa que actualmente utilizan 20 países del Viejo Continente (España entre ellos). El organismo presidido por Christine Lagarde comenzó en 2021 el proceso para crear una nueva versión del euro que, a priori, conviviría con su actual versión (el efectivo y el dinero bancario). Pero que el 'digieuro' acabe siendo realidad no solo depende del BCE, sino también de las instituciones de la Unión Europea (UE) encargadas de elaborar las normas comunitarias. Una de ellas es el Parlamento Europeo, que encargó a un experto un informe en el que analizara a fondo la moneda única. Un documento que salió a la luz la semana pasada y que recoge duras críticas al proyecto de la CBDC europea.El euro cumplió en Año Nuevo un cuarto de siglo de vida. Su introducción comenzó el 1 de enero de 1999, aunque realmente las monedas y los billetes de la divisa común no comenzaron a circular hasta tres años después."El euro ha demostrado una notable resiliencia y es popular" entre la ciudadanía de la UE, celebra Karl Whelan en un informe que le encargó el Comité de Asuntos Económicos y Financieros (ECON) de la Eurocámara. Este salió a la luz la semana pasada, pocos días antes de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se reúna con dicho comité.El documento firmado por Whelan, titulado El euro a los 25 años y ¿qué le espera al BCE?, resalta igualmente que la moneda comunitaria "ha sobrevivido" a pesar de que "muchos pensaban" que "podría llegar a su fin a principios de la década de 2010", cuando se produjo la crisis de deuda.La divisa, conocida asimismo como la moneda única, se creó con el objetivo de que todos los Estados de la UE usaran el mismo dinero, como parte de la integración de sus distintas economías. No obstante, aún hay siete países que cuentan con sus propias divisas: Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Suecia y Dinamarca.El profesor de Economía de la University College Dublin, quien también ha trabajado en el antiguo banco central Irlandés y la Reserva Federal estadounidense (Fed), no solo echa la vista atrás en su análisis. El informe (que puede consultarse aquí en inglés) también aborda el proyecto del euro digital en el que ya está trabajando el BCE. De hecho, este se encuentra en la segunda fase (de no se sabe cuántas) desde noviembre pasado."El BCE ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a preparar la introducción de un euro digital", considera el profesor universitario, que afirma de forma tajante: "No estoy convencido de que este proyecto sea necesario"."Los debates del BCE y de muchos otros bancos centrales sobre las monedas digitales de los bancos centrales, como el euro digital, y sigo sin estar seguro de que merezca la pena preocuparse por ellas", señala Karl Whelan en su análisis. Este experto admite que el BCE debe promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago y que, por tanto, la versión moderna del euro "podría justificarse sobre esta base"."Sin embargo, no está claro cuál es el problema para el que el euro digital es una solución", continúa el economista.Con todo, el exempleado de la Fed aconseja al BCE que, "hasta que no se aclaren los argumentos económicos a favor" de la CBDC, deje la idea metida un cajón: "Creo que es un proyecto que debe permanecer en la fase de planificación".

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Castilla y León ha registró en 2023 una bajada en los datos de siniestralidad laboral, en tanto en cuanto redujo los accidentes mortales de trabajo un 30 por ciento, el doble que en España, que lo hizo en un 16 por ciento, por lo que se ha pasado de los 52 accidentes mortales en jornada laboral de 2022 a los 38 registrados en el pasado año. Castilla y León ha registró en 2023 una bajada en los datos de siniestralidad laboral, en tanto en cuanto redujo los accidentes mortales de trabajo un 30 por ciento, el doble que en España, que lo hizo en un 16 por ciento, por lo que se ha pasado de los 52 accidentes mortales en jornada laboral de 2022 a los 38 registrados en el pasado año.La Junta ha señalado en un comunicado que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha puesto el foco en un tema "tan sensible" como es la seguridad de los trabajadores en sus entornos laborales, diseñando una Estrategia de Seguridad, Salud Laboral y Bienestar Laboral "sin precedentes".Tras más de un año de aplicación, el Gobierno autonómico ha explicado que la estrategia ha dado sus frutos y ha arrojado unos primeros datos "esperanzadores" sobre el futuro de la seguridad de los trabajadores de la Comunidad, y es que Castilla y León ha registrado la mitad de accidentes mortales en el trabajo que el resto de la media nacional. Este dato supone un descenso de casi un 30 por ciento de las muertes en los puestos de trabajo, con una reducción de 14 casos con respecto al año anterior.Además, los accidentes graves en jornada de trabajo también han descendido hasta un seis por ciento con 13 menos que en 2022, mientras que en el resto de España tan sólo se han reducido en un uno por ciento.La explicación a esta mejoría radica en el impacto directo de los más de 16 millones concedidos por la Consejería para comprar nuevas máquinas, reformar los centros de trabajo, sustituir las cubiertas frágiles con amianto por otras transitables, realizar planes de bienestar laboral o mejorar la seguridad en el medio rural, entre otras medidas.Los accidentes mortales en 2023 han tenido las siguientes formas de contacto: 17 accidentes cerebrovasculares por infartos e ictus, ocho accidentes de tráfico, cuatro caídas de altura, tres aplastamientos, dos atrapamientos, dos cortes, un atropello y un golpe por objeto. De los 38 registrados, ocho corresponden al sector construcción, nueve al de la industria, 17 a los servicios y cuatro al sector agrario.Con respecto a los accidentes graves, en un análisis por sectores, del total registrado se han contabilizado 43 en la construcción, 43 en la industria, 87 en el sector servicios y 33 en el agrario, mientras que entre los mortales,En 2023 también se registró un ligero aumento del 2,42 por ciento en los accidentes leves. Un dato que, afortunadamente, no se traduce en un incremento de los índices de incidencia, los cuales también se han reducido en todas las tipificaciones de accidente laboral.Es decir, que nos encontramos en una situación donde ha aumentado la afiliación de trabajadores en 2023 y no se ha producido un aumento de la siniestralidad. De hecho, todo lo contrario.

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La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere reforzar el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que sirva para "redimensionar" empresas públicas como Correos que, a su juicio, no deben guiarse por criterios de "rentabilidad económica" sino de "utilidad pública". "¿Por qué el modelo de Correos tiene que ser competir con Amazon?", se cuestiona la ´número tres' del Ejecutivo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere reforzar el papel de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para que sirva para "redimensionar" empresas públicas como Correos que, a su juicio, no deben guiarse por criterios de "rentabilidad económica" sino de "utilidad pública". "¿Por qué el modelo de Correos tiene que ser competir con Amazon?", se cuestiona la ´número tres' del Ejecutivo.En una entrevista concedida a la agencia EFE, la líder de Sumar defiende que la empresa postal pública por lo que cree que habría que darle "funciones financieras", entre otras, y aprovechar su red para evitar la exclusión bancaria, sobre todo en zonas rurales. Una función que Correos realiza a través de Correos Cash, gracias a su acuerdo con varias entidades financieras."Lo público es algo muy serio para un país y cuando lo público funciona, hace de tractor en la economía", ha añadido. En este sentido, considera que el papel de la SEPI debe ser "puramente industrial" para garantizar la sostenibilidad de las empresas que la componen y "mejorar las condiciones de trabajo".Las palabras de Díaz se producen un día después de que el nuevo presidente de Correos, Pedro Saura, se reuniera con los sindicatos para "abordar los cambios estratégicos necesarios para la recuperación, transformación y viabilidad" de la compañía pública, que en su último plan de viabilidad no contempla la vuelta a beneficios a 2027.La defensa del papel de la SEPE para reforzar a las empresas públicas se extiende también a otras mencionadas en la entrevista, como la propia Agencia EFE o Navantia. Para esta última reclama un plan de empleo urgente y una mejora de las operaciones comerciales enfocadas al ámbito civil.En el marco de la entrevista, Díaz ha vuelto a reclamar al PSOE que los Presupuestos de 2024 acaben con "injusticias fiscales" como la exención de IVA a la educación y la sanidad privadas o que los bienes de lujo paguen el mismo tipo que otros de uso corriente. "Queremos democracia económica en materia de ingresos públicos", ha afirmado.Aunque su objetivo que las rentas de capital paguen tipos más altos que las rentas del trabajo en el IRPF, considera que las exenciones en un impuesto como el IVA que considera "regresivo e injusto", sean revisado. "Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa al 0 %? ¿Es esto justo?", ha incidido.Asimismo, ha defendido que los productos de lujo deben tener una imposición más alta y que en una situación de emergencia climática no tiene sentido que los billetes de avión para trayectos internacionales estén exentos de IVA. Díaz plantea estas medidas para "redistribuir la riqueza en España", aunque ha admitido que generan profundas discrepancias con el PSOE, como también ocurre en el impuesto a las grandes energéticas.En el ámbito laboral ve muy "aquilatada" la negociación con los sindicatos para la reforma del subsidio de desempleo, pero cree que será difícil con la patronal, a los que acusa de plantear posiciones "que nada tienen que ver con un modelo de prosperidad de entender los mecanismos de protección social".Tampoco ha ahorrado críticas a Podemos, cuyos votos, junto a los de PP y Vox, tumbaron hace unas semanas en el Congreso una reforma de la que depende la llegada de 10.000 millones de euros en los fondos europeos. "Desde luego hay que ser de una madera especial. Yo nunca votaría en contra de una mejora en la vida de los trabajadores de mi país", ha declarado.Donde sí ve acuerdo es en el caso de la reducción de jornada. A su juicio, bajar de 40 a 37,5 horas semanales de trabajo es una medida clave para modernizar un país en el que la presencialidad y el alargamiento de la jornada han dañado la productividad.Precisamente para aportar luz al debate sobre la productividad, ha avanzado que los Ministerios de Trabajo y Economía prevén constituir "en breve" el Consejo Nacional de Productividad, un compromiso incluido en el acuerdo de Gobierno para ver "qué hacemos bien, qué hacemos mal, qué indicadores tenemos que mejorar y cómo es el reparto de la productividad".

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La confianza de los empresarios aragoneses crece. El último Indicador de Confianza Empresarial (ICE) refleja un ligero avance, situándose en 1,2 puntos en el cuarto trimestre de 2023 frente al 0,4 del trimestre anterior. La confianza de los empresarios aragoneses crece. El último Indicador de Confianza Empresarial (ICE) refleja un ligero avance, situándose en 1,2 puntos en el cuarto trimestre de 2023 frente al 0,4 del trimestre anterior.Este avance del Indicador de Confianza Empresarial se debe principalmente a la mejor valoración general de los empresarios del sector terciario como consecuencia del tirón del consumo privado.Sin embargo, la opinión de los empresarios del sector de la industria y de la construcción empeora por la dificultad de seguir creciendo ante la falta de demanda, aunque todavía la confianza se mantiene en niveles positivos en estos campos, según el ICE elaborado por la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza e Ibercaja. Dentro de un contexto de incertidumbre, los empresarios aragoneses también valoran de forma más positiva el trimestre concluido que el venidero.Entrando en detalle, los subindicadores de Situación y Expectativas mejoran. En concreto, el primero se sitúa en 4,2 puntos, es decir, cuatro décimas por encima del anterior dato. Por su parte, el de Expectativas, se mantiene en negativo con un valor de 1,8 puntos. No obstante, se observa una mejora frente al dato negativo de 3 del anterior trimestre.Ahondando en los sectores, se observa que el ICE en el sector industrial y de la construcción en Aragón cae un punto, situándose en un valor negativo de 2,2 puntos en el cuarto trimestre. Un dato con el que el sector se sitúa, por segundo trimestre consecutivo, en negativo por la ralentización de las expectativas para la industria. En el anterior trimestre de 2023, se situó en un valor negativo del 1,1.En comercio y servicios, se produce un avance de dos puntos y medios, alcanzado los 4,1 puntos frente al 1,6 del trimestre anterior. En estos sectores se mantienen las perspectivas de los empresarios para el primer trimestre de 2024 por la mayor fortaleza de la demanda interna y el escaso lastre del endurecimiento de las condiciones crediticias en el consumo corriente de los hogares.El ICE también recoge las previsiones de las empresas para el primer trimestre de 2024. El 39,9% de las empresas cree que su facturación se mantendrá estable, mientras el 30,3% prevé que aumente y el 29,8% apunta a una ligera caída.En cuanto al empleo, solo el 12% cree que aumentará en su empresa, aunque la mayoría, en torno al 62,8%, indica que se mantendrá. Destaca un 13,4% que considera que disminuirá.En relación a la inversión, la mayoría prevé mantenerla. Es el caso del 58,8% frente a un 14,8% que apunta a un aumento y un 19,4% que cree que bajará. Sobre otras variables como la morosidad y el endeudamiento, la mayoría de las empresas indica que se mantendrá en los mismos niveles, es decir, seguirá igual.Entre los principales factores alegados por las empresas para frenar el crecimiento de la facturación está la insuficiencia de demanda y falta de mano de obra cualificada. El 70% de las empresas apunta a estos dos factores, aunque en el caso del sector secundario aumenta hasta el 80%.En concreto, la falta de demanda es apuntada por el 53%, siendo el principal factor limitante del crecimiento, seguida de la mano de obra con el 15,7% y del aumento de la competencia y las dificultades financieras con el 6,5% en ambos casos.También destaca el 5,2% que señala los trámites administrativos, así como la capacidad productiva que es un factor importante para el 3,9%. No obstante, también hay un 7,8% que apunta a otras causas.

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El Gobierno alemán va a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para 2024 hasta el 0,2% desde su predicción de octubre que arrojaba una expansión del 1,3%. Así lo confirmó el eministro de Economía, Robert Habeck, este miércoles. La semana que viene el gabinete del canciller Olaf Scholz presentará su informe económico y sus previsiones actualizadas, pero Reuters ya avanzó la cifra la semana pasada. El Gobierno alemán va a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para 2024 hasta el 0,2% desde su predicción de octubre que arrojaba una expansión del 1,3%. Así lo confirmó el eministro de Economía, Robert Habeck, este miércoles. La semana que viene el gabinete del canciller Olaf Scholz presentará su informe económico y sus previsiones actualizadas, pero Reuters ya avanzó la cifra la semana pasada.El titular germano de Economía achacó al fallo del Constitucional, que sentenció que la 'coalición semáforo' no podía usar 60.000 millones de euros no gastados durante la pandemia para financiar proyectos medioambientales y energético, este recorte de previsiones: "Esto (por la sentencia), por supuesto, tiene un efecto inmediato de limitación del crecimiento", aseveró Habeck durante la celebración de una mesa redonda en Leipzig.Entre otras cosas, la sentencia obligó a que el Gobierno congelase el gasto público y redujese drásticamente las ayudas a empresas y ciudadanos para hacer frente a los altos costes energéticos que sufrió el país a consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y esto provocó una caída de la demanda interna. "Es cierto que estas medidas ayudarán a sostener la economía", reiteró el dirigente.El país cerró 2023 siendo la única economía del G-7 en entrar en recesión al caer el PIB un 0,3%. Para este año ya el consenso de Bloomberg pronosticaba que el crecimiento iba a ser del 0,2% y el dato que actualizará el Gobierno el miércoles y que anticipó el ministro de Economía lo corrobora.El consejo de asesores económicos, conocidos como 'los cinco sabios', fija el crecimiento potencial del país en el 0,4%. Por su parte, a comienzos de este mes, la OCDE rebajó también sus previsiones para la economía germana en tres décimas hasta el 0,3% y prevé que en 2025 llegue a un tímido 1,1%.El inicio de año no fue bueno para economía más grande de Europa. Una encuesta de Bloomberg a varios analistas concluye que Alemania se estancó a principios de 2024. La consulta fue realizada entre el 2 y el 8 de febrero dijeron que esperan que el PIB se quede a cero en los tres primeros meses del año.Esta proyección está muy alineada con la que emitió el Bundesbank, que dijo que a pesar de que la situación de los ingresos de los hogares alemanes está mejorando por la subida de los salarios, la producción "puede estancarse en el mejor de los casos" en el primer trimestre.Erik-Jan van Harn, analista de Rabobank, aseguró que el fondo del hoyo "parece que está cerca" y lo aprecia en la mejoría del sentimiento en el sector manufacturero y la actividad "sigue siendo sólida en el sector servicios".Aún así, el ministro de Finanzas Christian Linder, aseguró en una entrevista para Bloomberg Economics que en Alemania "ya no somos competitivos". El dirigente se mantuvo muy crítico durante el coloquio: "Nos estamos volviendo más pobres porque no tenemos crecimiento. Nos estamos quedando atrás".Las recetas que propone Linder para atajar este problema económico que atraviesa el país pasan por "más flexibilidad en el mercado laboral y reducir la burocracia".

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El Gobierno sufre el 'desgobierno' del área de Hacienda que controla y vigila los fondos europeos tras la dimisión del hasta ahora director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Jorge Fabra. Esta salida se produce inmediatamente antes de que la Comisión Europea pase revisión del gasto español. Es la segunda de un máximo responsable de los Next Generation EU en menos de año y medio, un adiós que Hacienda considerá algo natural . La vicepresidenta primera y titular del ramo, María Jesús Montero, deberá dar explicaciones, pues el Partido Popular ya ha anunciado que pedirá la comparecencia de la vicepresidenta en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los diputados. El Gobierno sufre el 'desgobierno' del área de Hacienda que controla y vigila los fondos europeos tras la dimisión del hasta ahora director general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, Jorge Fabra. Esta salida se produce inmediatamente antes de que la Comisión Europea pase revisión del gasto español. Es la segunda de un máximo responsable de los Next Generation EU en menos de año y medio, un adiós que Hacienda considerá algo natural . La vicepresidenta primera y titular del ramo, María Jesús Montero, deberá dar explicaciones, pues el Partido Popular ya ha anunciado que pedirá la comparecencia de la vicepresidenta en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los diputados. Con todo, la Comisión Europea publicará de forma casi inmediata una evaluación del gasto de los fondos europeos, elaborada a partir de un estudio externo encargado a consultoras independientes. La trayectoria de Fabra al mando de un paquete histórico de financiación europea, que tiene el objetivo de recuperar y transformar la economía de los países miembros del euro, ha estado marcada por la falta de personal, como apunta 'ABC'. El descontrol se ha observado con los roces con la Comisión Europea. El principal instrumento que se puso en marcha para establecer este control es el sistema integral de gestión (CoFFEE), desarrollado por el Ministerio de Hacienda, tenía como objetivo monitorizar, revisar el cumplimiento de los hitos y objetivos, así como de la ejecución contable. Para ello, posee información de distintos agentes, como es el caso de los Ministerios, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y las Universidades. Con todo ello, elabora informes mensuales de ejecución.Sin embargo, este mecanismo no ha estado exento de polémica, debido a que, casi dos años después del inicio de la ejecución de los recursos europeos, seguía sin estar plenamente operativo, hasta el punto que las Comunidades Autónomas continuaron recurriendo a tablas de Excel para ofrecer la información requerida por Bruselas y necesaria para los siguientes desembolsos de los fondos. De igual manera, Europa también tuvo que ir detrás de España para cumplir con la obligación legal de hacer transparente la lista de grandes perceptores de fondos europeos. Con retraso y un viernes a última hora de la tarde, finalmente fue publicada y el sector público copa las grandes líneas de financiación. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía ayer el cese de Fabra al frente de la dirección general del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como el nombramiento de José Ángel Alonso como su sucesor en el cargo, donde ya era subdirector general de Sistemas de Información de Fondos Europeos.Alonso es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Derecho por la UNED y MBA por IESE Business School. Pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.Ha sido asesor del Gabinete del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, asesor del Gabinete de la ministra de Industria, Turismo y Comercio, jefe del Gabinete Técnico de la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad y Migraciones y vicesecretario general técnico en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quiere acelerar la aprobación de las cuentas municipales y ha anunciado este miércoles que someterá de nuevo a votación su propuesta de Presupuesto para 2024 en una Comisión de Economía extraordinaria que convocará para el próximo martes 20 de febrero. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quiere acelerar la aprobación de las cuentas municipales y ha anunciado este miércoles que someterá de nuevo a votación su propuesta de Presupuesto para 2024 en una Comisión de Economía extraordinaria que convocará para el próximo martes 20 de febrero.En una comparecencia desde el Saló de Cent del Ayuntamiento, el regidor ha explicado que la Comisión de Gobierno aprobará este mismo jueves la propuesta que presentarán en la comisión extraordinaria de la próxima semana, que tendrá la misma base que la que presentó en octubre, y que no se llegó a tramitar por el rechazo de la oposición."Barcelona está en marcha y no se puede paralizar y no se paralizará por no tener presupuestos. Estoy convencido que podemos aspirar a más y que podemos tramitar este presupuesto", y ha apelado a la responsabilidad de los grupos para tramitar las cuentas, que fueron prorrogadas a finales de 2023, cuando advirtió de una caída de las inversiones de hasta el 17% en la capital catalana por este hecho."Comparezco para cumplir con la palabra dada. Me comprometí a que Barcelona tendría presupuesto en primavera, y mañana iniciaremos el procedimiento para conseguirlo. Barcelona tiene gobierno pero no presupuesto, y mi decisión como alcalde es que seguir adelante, aprobarlo mañana mismo en la comisión de gobierno y llevarlo a la comisión extraordinaria la semana que viene" ha señalado el alcalde, que ha hecho un llamamiento "humilde" a la oposición" para dar luz verde a las cuentas."Lo que hoy pido a los grupos es que nos permitan tramitar los presupuestos, por responsabilidad y por coherencia" ha insistido Collboni, que ha recordado una vez más que si la medida no sale adelante se perderán 715 millones de euros en inversiones.

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Los precios de la gasolina en Córdoba varían en función de la localidad y la estación de servicio. Para este viernes 16 de febrero, según los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica, consultados a las 8.00 horas, en la provincia de Córdoba, el precio de la gasolina 95 la horquilla de precios va desde los 1,429 euros el litro en la gasolinera más económica a 1,679 en la tarifa más cara, con una diferencia de 25 céntimos. Mientras que para el gasóleo A, la más barata lo tiene a 1,329 y la más cara a 1,659 con una diferencia de 33 céntimos.A continuación, recogemos las las gasolineras más económicas.Estos son los precios del diésel y la gasolina hoy 1 de septiembre en CórdobaEn Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 18 céntimos entre las entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:Petroprix (Avda. Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,462 euros.Plenoil (c/ Lapislázuli, 10). Precio: 1,462 euros.Plenoil (Polígono Carretera de Palma del Río s/n). Precio: 1,462 euros.Enerplus (Avda. Las Lonjas s/n). Precio: 1,489 euros. Petroil Energy La Granja (Carretera Palma del Río, km 5,5). Precio: 1,489 euros. En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 24 céntimos entre las entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:Enerplus (Avda. Las Lonjas s/n). Precio: 1,419 euros. Petroprix (Avda. Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,419 euros.Petroil Energy La Granja (Carretera Palma del Río, km 5,5). Precio: 1,419 euros. Plenoil (Polígono Carretera de Palma del Río s/n). Precio: 1,419 euros.Plenoil (c/ Lapislázuli, 10). Precio: 1,419 euros.En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 29 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:Plenoil (Anjarón). Calle Espejo, 21. Precio: 1,405 euros. Plenoil (Lucena). Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1,425 euros. Enerplus (Lucena). Avda. Guardia Civil s/n. Precio: 1.395 euros. En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 33 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:Riosol (Castro del Río). Ronda Norte s/n. Precio: 1,329 euros.E. S. La Carlota (La Carlota). Avda. Carlos III. Precio: 1,339 euros. El Polígono (Montoro). Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1,359 euros.

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Enagás, el gestor del sistema gasista español, registro un beneficio neto de 342,5 millones de euros el año pasado, lo que supone un descenso del 8,8% en relación al año anterior. Las cifras de 2023 están por encima de los objetivos que se había marcado el grupo (que contemplaban un beneficio de entre 310 y 320 millones), pero también están muy condicionadas por el juego de plusvalías obtenidas en los últimos años.Y es que las ganancias de 2023 se vieron impulsadas por las plusvalías obtenidas por el cierre de la venta del gasoducto de Morelos, por importe de 42,2 millones de euros, mientras que el beneficio de 2022 incluía el ajuste del valor contable de la participación en la estadounidense Tallgrass Energy (TGE) por importe de 133,8 millones de euros y las plusvalías netas por la venta de GNL Quintero (132,1 millones de euros) y la entrada de socios en Enagás Renovable (49 millones de euros).El grupo comandado por Arturo Gonzalo subraya que ha desbordado todos los objetivos financieros marcados para el año gracias a los avances en el plan de eficiencia en gastos financieros y operativos, al buen comportamiento de las aportaciones de las sociedades participadas y al alto grado de ejecución del Plan Estratégico 2022-2030, superior al previsto inicialmente. El grupo ha confirmado que este año actualizará su plan estratégico para recoger el plan de inversiones necesarias para desarrollar la red nacional para transportar el hidrógeno verde y el corredor europeo del hidrógeno que conectará Portugal, España, Francia y Alemania, el faraónico H2Med.El resultado bruto de explotación (ebitda) del año 2023 ascendió a 780,3 millones de euros, un 2,2% menos que los 797,4 millones de euros de 2022, pero también por encima del objetivo anual de 770 millones de euros que se había marcado la empresa. Los ingresos del operador del sistema gasista español ascendieron a 919,6 millones de euros, con una caída del 5,2% con respecto al año anterior, debido principalmente a la reducción en 48 millones de euros de los ingresos regulados por gestionar la red española de gasoductos de transporte de gas como consecuencia del marco regulatorio 2021-2026, que contempla un recorte progresivo de la retribución.Las previsiones de Enagás para este año, en principio con mayor normalidad si no hay impactos extroardinarios y que reflejarán mejor la evolución del negocio, contemplan alcanzar un beneficio neto de entre 260 y 270 millones de euros, con un fuerte descenso de entre el 24% y el 21%. La estimación de la compañía es obtener en 2024 en ebitda de entre 750 y 760 millones de euros, también por debajo de los 780 millones del año pasado. La compañía también augura que elevará su deuda desde los 3.347 millones del cierre del año pasado hasta los 3.400 millones al final de éste.Para respaldar el ciclo de grandes inversiones para apuntalar el boom del hidrógeno verde (que sirve para sustituir muchos usos actuales del gas natural reduciendo las emisiones por producirse con energías renovables), Enagás también pretende reducir el dividendo a partir de este ejercicio. La compañía garantiza un “dividendo sostenible” de 1 euro por acción durante tres años (entre 2024 y 2026), frente a los 1,74 euros que distribuirá a sus accionistas con cargo a las cuentas de 2023.Enagás impulsará en los próximos años una red troncal nacional de hidrógeno verde que conectará los centros de producción y los grandes polos industrial que consuman el combustible y también la construcción del H2Med, el gran corredor europeo que llevará el hidrógeno español a Francia y Alemania. Estas infraestructuras supondrán una inversión total bruta estimada en España de alrededor de 5.900 millones de euros. En torno a un 40% de las inversiones se financiarán con ayudas públicas, por lo que Enagás calcula que asumirá una inversión neta de aproximadamente 3.200 millones de euros en el periodo 2026-2030.

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España se ha lanzado en los últimos años a un despliegue masivo de nuevas plantas de renovables y se prepara para una avalancha aún mayor en los próximos. La revolución verde ha provocado ya una sacudida en la producción de la electricidad del país (el año pasado el sistema eléctrico español logró generar más de la mitad de toda su energía con renovables) y ha disparado el parque de generación total hasta una potencia instalada récord de más de 125.000 megavatios (MW) en el país. Cada vez hay más capacidad de generar electricidad y cada vez se invierte más en nuevas plantas verdes (que acabarán sustituyendo a otras de otras tecnologías en el futuro, como la nuclear o las centrales de gas), pero el boom en el campo de la producción está chocando con un declive en el consumo eléctrico.La demanda eléctrica siguió cayendo el año pasado hasta quedarse a niveles de hace dos décadas. El consumo eléctrico se situó en 244.665 gigavatios hora (GWh), un 2,3% menos que el año anterior y el nivel más bajo desde 2003, incluso por debajo del 2020 del confinamiento con varios meses con todo el país paralizado o a medio gas, según los registros de Red Eléctrica de España (REE), el gestor del sistema eléctrico español.El consumo real en España es algo mayor, porque la serie estadística de REE sobre demanda no incluye los datos de autoconsumo de los cientos de miles de viviendas y empresas que lo utilizan (la inmensa mayoría de la electricidad que producen no llega a pasar por la red de transporte porque se consume in situ). Pero incluso contabilizando todo la demanda realmente utilizadas por estos autoconsumidores los datos de consumo siguen siendo preocupantes y a la baja.Incluyendo los menos de 7.300 GWh generados por las instalaciones de autoconsumo el año pasado, la demanda total del país se quedó aún ligeramente por debajo de los 252.000 GWh, lo que supone empatar con los datos del 2020 del confinamiento (incluido también el autoconsumo de aquel año) y registrar el peor dato desde 2004. El autoconsumo sólo concentró el año pasado un 3% de todo el consumo nacional, así que el despliegue de paneles solares en casas y empresas sólo explica una pequeña parte de la caída de la demanda, según destaca la asociación empresarial APPA Renovables.El alza del consumo eléctrico históricamente ha sido un síntoma vinculado al crecimiento económico. Ahora la economía española crece, pero la demanda de electricidad sigue estancada a niveles de principios de siglo e igualando la registrada durante lo peor de la pandemia, cuando la economía se desplomó en aquel negro 2020. La crisis energética, con sus picos disparados de precios, y la estrategia de ahorro energético vinculada a la política de la UE para blindarse frente a la dependencia de Rusia tras la invasión de Ucrania han consolidado el ahorro entre los consumidores. Y la caída también refleja el despegue más lento de la industria -por lo general gran consumidor energético- que el de otros sectores económicos.El descenso persistente de la demanda está haciendo saltar las alarmas entre las empresas del sector eléctrico, especialmente entre las renovables, que alertan de que las dudas sobre la viabilidad de las nuevas plantas por la baja demanda puede hacer peligrar futuras inversiones. “El sistema eléctrico es un entorno de equilibrios inestables, donde la oferta debe estar equilibrada con la demanda, debiendo avanzar de la forma más acoplada posible. Si la demanda eléctrica no se incrementa, la generación eléctrica renovable no podrá disponer de contraparte compradora y podría enfrentarse a escenarios de pérdidas de rentabilidad”, subrayó Juan Diego Díaz, presidente de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en el último congreso de la organización empresarial hace unos días.Mientras el despliegue de nuevas renovables continúa y se tendrá que acelerar para conseguir los objetivos verdes marcados por el Gobierno en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) hasta 2030, desde las compañías renovables se alerta de que la demanda sigue muy baja porque no se están trasformando consumos empresariales y de los hogares de combustibles fósiles para convertirlos en consumo de electricidad para cumplir las metas ambientales y energéticas marcadas.“La transición energética va relativamente bien y se está consiguiendo avanzar en el proceso de descarbonización del mix de producción de electricidad, pero se avanza muy tímidamente en la sustitución de los usos de combustibles fósiles por electricidad”, se queja el director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso. “Hay que tomar medidas para avanzar en la electrificación y hacerlo ya”.La actualización del PNIEC elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez contempla llegar a 2030 habiendo conseguido desplazar consumos ahora hidrocarburos y combustibles fósiles hacia la electricidad para lograr que el 34% de la economía española esté electrificada. “Trabajar en políticas de electrificación, que tengan efecto en el corto y medio plazo en los consumidores, tanto domésticos como industriales, es una de las tareas más importantes a las que nos enfrentamos como sector. Éste es el reto principal de este periodo: electrificar de forma eficiente, para los consumidores y para el sistema”, apunta el presidente de la patronal de las eólicas.El diferente ritmo entre despliegue de nueva generación y evolución de demanda no solo afecta al avance de instalación renovable, sino que puede condicionar también el desarrollo de otros vectores estratégicos para el futuro como el almacenamiento (el desarrollo de baterías para guardar la electricidad que no se consume en el momento y poder ser más eficientes). "Debemos ser más ambiciosos y pensar en la electrificación de muchos sectores y de consumidores domésticos, y debemos trabajar por la electrificación de nuestra economía. Necesitamos demanda eléctrica y almacenamiento, y llegar a un nivel de concreción al que aún no se ha llegado”, sentenció en un foro energético la semana pasada Carmen Becerril, presidenta del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE).Desde el sector de las renovables y de las eléctricas generalistas se reclaman medidas regulatorias para impulsar la electrificación de los edificios (incentivando las bombas de calor para las calefacciones) y para acabar con las trabas que están impidiendo la expansión del coche eléctrico en España (singularmente los problemas para la instalación de redes de cargadores).“La electrificación de la demanda, especialmente allí donde se sustituyen de forma directa consumos fósiles, es fundamental para nuestro medioambiente y nuestra economía”, explica el director general de APPA Renovables, José María González Moya. “En 2022 se superaron los 90.000 millones de importaciones fósiles. Que se produzca una contracción de la demanda eléctrica, tengamos vertidos de electricidad renovable y, en paralelo, tengamos eso niveles de importación fósil nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de establecer la electrificación como un objetivo estratégico en España”.La electrificación total no es posible. Y hay sectores económicos en los que directamente es casi inviable. Sectores como el de las refinerías, químico, papel o el metalúrgico, muy dependientes de del calor intensivo en sus producciones, tienen un potencial de electrificación de entre el 0% y el 5%, según un estudio de la patronal gasista Sedigás y la consultora PWC. Sin poder dar el salto al consumo eléctrico, la descarbonización ineludible de estos sectores pasan por los gases renovables (primero el biometano y a medio plazo el hidrógeno verde).El mercado eléctrico marcó durante lo peor de la crisis energética precios récord y sufrió una volatilidad extrema agudizada por el impacto económico de la invasión militar de Rusia sobre Ucrania. Durante meses se sucedieron subidas desorbitadas y máximos históricos de cotización, con precios hasta entonces inimaginables por encima de los 500 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado diario. Los precios de la electricidad han conseguido por fin moderarse en los últimos meses tras esos máximos, ahora se han disparado el número de ocasiones en que el mercado se hunde y la cotización se desploma hasta los cero euros.Uno y otro extremo preocupan a las empresas de energías renovables. Y ambos se deben a que el mercado mayorista eléctrico fija lo precios mediante un sistema marginalista, que hace que la última y más cara tecnología necesaria para cubrir la demanda marque el precio de todas las demás. Cuando son las centrales de gas natural las que marcan el precio eléctrico, los precios son más altos (o mucho más altos, dependiendo de la cotización internacional del gas y otros factores). Pero cuando son las tecnologías de generación denominadas inframarginales (las renovables, la nuclear y la hidroeléctrica), que entran en el mercado a precio cero, las que consiguen cubrir todo el consumo previsto, la cotización se queda en esos cero euros.“Cuantas más renovables hay, el precio del mercado eléctrico es más barato por el sistema marginalista. Pero en plena expansión de las renovables hemos estado viendo precios altísimos. El sistema marginalista no permite dar las señales de precios idóneas. Para aumentar la electrificación no vale sólo con transmitir a los usuarios la motivación ambiental, también debe haber una motivación económica”, resumen José Donoso, de UNEF. “La gente tiene que notar el incentivo económico, tiene que ver que tener más renovables es una ventaja competitiva”. Desde el sector de las renovables se reclama retirar las subvenciones y los incentivos al consumo de los combustibles fósiles, y facilitar así la transición a las energías verdes por razones ambientales y también económicas.

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El proceso de moderación de la subida de los precios en la eurozona continuará a lo largo del año, después de que la tasa de inflación en enero se haya situado en el 2,8%, una décima menos que al cierre de 2023, pero el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) debe tener confianza en que desembocará de manera sostenible en el objetivo del 2%, según ha señalado la presidenta de la entidad, Christine Lagarde.En un discurso pronunciado ante el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, la francesa ha señalado el estancamiento de la zona euro en el último trimestre de 2023, añadiendo que, si bien los datos entrantes siguen indicando una actividad moderada en el corto plazo, algunos indicadores apuntan a una recuperación durante el próximo año.En cuanto a la evolución de los precios, Lagarde ha destacado que la inflación subyacente está disminuyendo gradualmente, aunque el componente de servicios ofrece signos de persistencia, mientras que el crecimiento de los salarios sigue siendo fuerte y se espera que sea un impulsor cada vez más importante de la dinámica de la inflación en los próximos trimestres.En este sentido, ha recordado que el rastreador salarial prospectivo del BCE sigue señalando fuertes presiones salariales, aunque los acuerdos alcanzados indican cierta estabilización en el último trimestre de 2023, por lo que las presiones salariales para 2024 dependen particularmente del resultado de las rondas de negociación en curso."En general, los datos más recientes confirman el proceso de desinflación en curso y se espera que nos lleven gradualmente hacia abajo a lo largo de 2024", ha indicado la presidenta del BCE. "No queremos correr el riesgo de que se revierta, lo que sería un desperdicio de todo lo que hemos hecho y nos llevaría a tener que tomar aún más medidas", ha defendido Lagarde en su intervención. "Entonces necesitamos tener más confianza. Y esa confianza será el resultado de los datos que seguiremos recibiendo, recopilando y analizando para asegurarnos realmente de que vamos en esa dirección", ha apostillado.Por otro lado, la presidenta del BCE ha asegurado que el bloque se encuentra hoy "mucho, mucho mejor preparados" de cara a una eventual crisis, porque el sistema bancario es más fuerte, está mejor estructurado, mejor capitalizado, tiene más liquidez, más instrumentos que miden esos niveles y está mejor supervisado.En este sentido, Lagarde ha recordado que el sector bancario de la eurozona superó la prueba de choque que supuso la primavera pasada la crisis de la banca regional de Estados Unidos, con los cierres de entidades como Silicon Valley, Signature o First Republic, además de la caída de Credit Suisse en Europa.De este episodio, la francesa considera que se puede destacar la labor del supervisor europeo, el MUS, que había alertado con tiempo a las entidades europeas sobre el riesgo de tipos de interés ligado al cambo de sentido en la política monetaria. "Creo que a veces está de moda criticar o cuestionar la supervisión única implementada. Pero creo que vimos el 23 de marzo que tener una supervisión única, que todos los bancos europeos estuvieran cubiertos por los requisitos de Basilea III y supervisados adecuadamente, creo que eso fue una verdadera ventaja", ha defendido.De este modo, para Lagarde el MUS ha cumplido la misión encomendada y el sistema bancario europeo está mejor preparado y más fuerte, aunque ha lamentado que la posición de cara a futuras crisis "sería mucho mejor si se completara la unión bancaria", además de unión del mercado de capitales, "de la que todo el mundo habla y alardea, pero no pasa nada", que para la francesa representan "los dos grandes elefantes en la sala".

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Las Palmas de Gran Canaria, 15 feb (EFE).- La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera "de justicia" promover que la isla de Gran Canaria se convierta en la avanzadilla tecnológica en el despliegue en España de parques de energía eólica marina, en particular los asociados a plataformas flotantes.Ribera se ha reunido este jueves en Las Palmas de Gran Canaria con el presidente canario, Fernando Clavijo, para examinar varias cuestiones pendientes entre ambas administraciones, la mayoría de ellas relativas a seguridad eléctrica y energías renovables.La ministra ha recordado que en Gran Canaria está en construcción un sistema de almacenamiento eléctrico, la central de bombeo reversible conocida como Salto de Chira, que va a permitir que la penetración de renovables en la isla crezca un 47 %.Y también se ha referido a los consensos construidos por el Cabildo de Gran Canaria con el resto de administraciones y con los diferentes sectores productivos sobre dónde emplazar los futuros parques eólicos marinos, frente a la costa sureste de la isla.Ribera ha recordado que esta isla quiere ser líder en tecnologías eólicas marinas y ha reconocido que le parece "de justicia" que así sea, no solo por sus avances en esta materia, sino porque dispone ya de un campo de experimentación de tecnologías marinas único en España, la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan).Ese campo de pruebas, ha añadido, es idóneo para experimentar con diseños de aerogeneradores flotantes y también con prototipos de energía undimotriz, extraída del movimiento de las olas. EFEjmr/as/may(foto)

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El Gobierno analizará este miércoles con los supermercados, la distribución, la industria y el sector primario, en el Observatorio de la Cadena Alimentaria, la evolución de los precios de los alimentos desde el campo a la mesa después de que en las últimas semanas se hayan intensificado las movilizaciones y protestas en España de agricultores y ganaderos, que reclaman precios justos para sus producciones. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidirá a partir de las 16.00 horas el pleno del Observatorio en la sede del Ministerio de Agricultura, en el que se abordará también el funcionamiento de la cadena alimentaria, que está siendo una de las demandas de agricultores y ganaderos. El titular de Agricultura ya destacó en su comparecencia hace unas semanas en el Congreso de los Diputados que en los dos años que lleva en vigor la ley de la cadena alimentaria se han llevado a cabo más de 1.500 controles, con más de 650 sanciones. "Nuestra intención es consolidar estos planes de inspección, reforzar la labor de difusión y conocimiento de la aplicación de los preceptos de la propia ley", indicó entonces Planas, al tiempo que subrayó que la norma "se cumple y está siendo eficaz". Sin embargo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la semana pasada, también en el Congreso, que se iba a reforzar la ley, con la que se prohíben las ventas a pérdidas. Según la información publicada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), desde enero de 2023 hasta la actualidad, se han impuesto solo 195 sanciones firmes, que oscilan entre 1.801 y 42.769 euros, con un montante total de 641.398 euros. En este contexto, los precios de los alimentos se han multiplicado por hasta nueve al pasar del campo a la mesa durante el pasado mes de enero, en un contexto marcado por el alza de la inflación y el impacto de la sequía en las producciones, según datos del Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD) que mensualmente elabora la organización agraria COAG. Manifestación de agricultores con sus tractores en Mercabarna. / FERRAN NADEU El observatorio de la cadena alimentaria tiene como objetivo lograr un correcto equilibrio entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, pudiendo garantizarse de esta forma una competencia justa, leal y efectiva, favoreciendo la transparencia y la eficiencia del proceso de comercialización. Este miércoles estarán representadas en este foro las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España), la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, en representación del sector pesquero, mientras que por la industria agroalimentaria estará la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB). En representación de la distribución comercial estará la Asociación Nacional de Grandes Empresas de la Distribución (Anged), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), la Asociación de Empresarios Mayoristas de Frutas de Madrid (Asomafrut), la Confederación Española de Detallistas de la Carne (Cedecarne), la Confederación Nacional de Empresas Mayoristas de Frutas y Hortalizas de España (Coemfe) y la Federación Nacional de Empresarios Detallistas de Pescado y Productos Congelados (Fedepesca), mientras que representando a los consumidores estará la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop) y la Unión Cívica Nacional de Consumidores y Amas de Hogar (Unae).

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Iberdrola ha comenzado a inyectar electricidad a la red desde su primera instalación fotovoltaica en Murcia, denominada 'FV Peñarrubia' de 50 megavatios (MW), en el que es el primer proyecto que ponen en marcha juntos la alianza en renovables entre la energética y Norges, el fondo soberano de Noruega.Así, se consolida una alianza estratégica, en la que ya se incluyen otros proyectos que ya estaban operativos, que el pasado enero se vio ampliada con el anuncio de más de 2.000 millones de euros de coinversión en España y Portugal.En concreto, la instalación está ubicada entre Yecla y Jumilla y ya produce energía limpia para abastecer a más de 25.000 hogares al año tras una inversión cercana a los 30 millones de euros, informó la compañía.El proyecto fotovoltaico está compuesto por más de 90.000 módulos fotovoltaicos que generarán más de 86.000 megavatios hora al año y contribuirá a evitar la emisión de 15.000 toneladas de CO2.La construcción de la instalación 100% renovable ha supuesto una dinamización para el tejido empresarial local y comarcal, ya que ha sido necesaria la contratación de hasta 250 operarios en periodos punta de trabajo, la mayoría de ellos de empleo local.Además, también se ha contado con proveedores nacionales como Gonvarri e Ingeteam (País Vasco), Omexon (Andalucía) o Tecinsa (Castilla-La Mancha), lo que ha supuesto el desarrollo económico de la Región de Murcia y a nivel nacional.Norges e Iberdrola llevan trabajando desde 2023 para acelerar la descarbonización en España, un proyecto que podría extenderse en un futuro en otros países. Iberdrola contará con un porcentaje mayoritario del 51% en los activos. De estas formas ambas compañías cuentan así con una alianza sólida entre dos socios preferentes cuyo compromiso se podría extender a oportunidades adicionales renovables en otras geografías.Norges Bank es además uno de los principales accionistas de Iberdrola, con una participación superior al 3% desde hace más de siete años.La entidad bancaria que gestiona el fondo soberano de Noruega, cuenta con unos activos bajo gestión de unos 1,4 billones de euros y participaciones en más de 9.000 compañías. Posee de media el 1,4% de todas las empresas cotizadas del mundo y el 2,5% de todas las empresas cotizadas de Europa.

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La tasa anual inflación repuntó tres décimas en enero, hasta el 3,4%, impulsada por la subida del IVA de la luz y del gas, desde el 5% que estuvo vigente durante todo 2023, hasta el 10% a partir de enero de 2024. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este jueves el dato definitivo del Índice de Precios de Consumo (IPC) que confirma lo anticipado por el propio organismo el pasado 30 de enero, cuando adelantó un repunte de la tasa anual de inflación hasta el 3,4% para el primer mes del año y un descenso de cuatro décimas de la llamada inflación subyacente -que excluye los precios más volátiles de energía y alimentos no elaborados- desde el 4% de diciembre hasta el 3,6%, la menor tasa desde marzo de 2022. El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas elevó en enero una décima su tasa anual de inflación, hasta el 7,4%, con un precio del aceite de oliva que volvió a subir y que resultó el 62,9% más caro que en enero de 2023.De no haberse producido la subida de impuestos sobre la energía que entró en vigor en enero, la inflación habría sido del 3,2% en lugar del 3,4%, según se desprende del dato del IPC a impuestos constantes detallado por el INE.Según los datos publicados por el INE, la electricidad subió el 9,4% el mes pasado y un 9,6% en tasa anual, respecto a enero de 2023. El gas, por su parte, anotó una subida del 8% respecto a diciembre, lo cual deja en una variación del -19,7% respecto a enero de 2023.Por su parte, en el grupo de carburantes y combustibles los precios subieron el 1,1% en enero respecto al mes previo y se sitúa el 7,7% más barato que en enero de 2023.En conjunto, lo datos del INE muestran una subida mensual del 4% del epígrafe de bienes energéticos y una tasa anual de inflación (en comparación con el mismo mes del año anterior) del -2,3% (en diciembre había resultado del -6,4%).Por su parte, el IPC del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó una décima respecto a diciembre y sitúa su tasa de inflación anual en el 7,4% (frente al 7,3% del mes anterior). Desde el punto de vista del Ministerio de Economía, continúa la senda de normalización de los alimentos, aunque aún se mantienen elevados (7,4%), si bien la inflación se ha reducido más de la mitad en el último año, desde el máximo de 16,6% alcanzado en febrero del pasado año.El Gobierno decidió prorrogar, al menos, hasta el mes de junio la rebaja del IVA de determinados alimentos básicos. Esta prórroga ha impedido un repunte mayor de la tasa de inflación en el mes de enero.En particular el aceite de oliva resultó en enero el 62,9% más caro que en el mismo mes del año pasado (en diciembre la tasa anual fue del 54,6%). Además, el repunte de la inflación en los alimentos también tuvo que ver que con la subida de los precios de pescado y marisco y de legumbres y hortalizas.En sentido contrario, los grupos con mayor repercusión mensual negativa en el IPC fueron el de vestido y calzado (con una variación mensual del -10,7% debido a las rebajas de invierno) y el de ocio y cultura, con una tasa del -2,1%, consecuencia de la bajada de precios de los paquetes turísticos.La retirada gradual de las rebajas fiscales sobre la luz y el gas que el Gobierno dispuso desde junio de 2021 para hacer frente al encarecimiento del precio de la energía, agravado por la guerra en Ucrania, está detrás del repunte de la inflación del mes de enero. "En este sentido, el efecto de estas subidas de impuestos sobre la inflación será temporal y no debería afectar la tendencia a la baja experimentada los últimos meses", sostiene el servicio de estudios de Caixabank Research.El Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre una subida escalonada de la fiscalidad sobre la energía hasta recuperar los niveles previos al estallido de la crisis energética: así, se acordó elevar el IVA sobre la electricidad desde el 5% hasta el 10% durante todo 2024; el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) ha pasado del 0,5% al 2,5% durante el primer trimestre del año y si situará en el 3,8% durante el segundo; y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE) ha subido al 3,5% hasta marzo y pasará a ser el 5,25% hasta junio. En el caso de los suministros de gas natural, el IVA se ha situado en el 10% para los primeros tres meses de 2024 a partir de cuando su nivel previo a la crisis energética, del 21%.Por su parte, el Gobierno decidió prorrogar, al menos, hasta el mes de junio la rebaja del IVA de determinados alimentos básicos. este semestre seguirán tributando al 0% el pan, los huevos o la leche. También, harinas, quesos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. Además el tipo del IVA al que tributan los aceites, que había sido reducido del 21% al 5%, se recortará aún más, hasta el 0%, como consecuencia del acuerdo parlamentario con Junts.Por comunidades autónomas, el IPC registró tasas anuales positivas en todas ellas en enero. Canarias presentó la más elevada (4,0%) y Comunidad de Madrid la más baja (2,7%). En Cataluña, el IPC mensual subió una décima respecto a diciembre, lo cual eleva también en una décima la tasa anual de inflación, hasta el 3,3%, una décima por debajo de la tasa general del 3,4% del conjunto del país.De cara a la comparación homogénea con el resto de países de la Unión Europea, el INE estima que el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) se situó en enero en el 3,5%, dos décimas más que la registrada en el mes anterior.El Instituto Nacional de Estadística también ha publicado este jueves la actualización anual de las ponderaciones utilizadas para el cálculo del Índice de Precios de Consumo (IPC), de acuerdo con la metodología del Sistema base 2021. La información utilizada para esta actualización procede de la Contabilidad Nacional, la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y de otras fuentes. De esta forma, el IPC refleja los cambios en los hábitos de los consumidores en el último año.Aunque las variaciones no son muy amplias, lo cierto es que en la nueva cesta de la compra pierden peso los grupos de alimentos y bebidas no alcohólicas (pasa del 19,58% en 2023 al 19,16% en 2024 ), vivienda (del 12,68% al 12%) y el de medicina (del 5,98% al 5,79%), entre otros. Al mismo tiempo, cobran una mayor ponderación en la cesta de la compra de 2024 los grupos de transporte (pasa del 13,80% al 14,38%), ocio y cultura (del 7,87% al 8,59%) y de hoteles, cafés y restaurantes (del 13,24% al 13,93%).

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Cuatro años después de que el Gobierno prohibiera la venta a pérdidas —esto es: la venta por debajo del coste de producción, primero mediante decreto y después con la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria—, los inspectores del Ministerio de Agricultura han empezado a analizar con detalle su cumplimiento efectivo. Hasta ahora no ha habido ninguna sanción firme por este motivo, señalado durante mucho tiempo como uno de los grandes problemas del campo y entre los principales desencadenantes de las actuales protestas de los agricultores españoles.La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio y encargada de velar por el buen funcionamiento de la cadena alimentaria, ha puesto un total de 195 sanciones desde enero de 2023 por valor de 641.398 euros.Las publicadas con detalle de la empresa multada y la cuantía son solo las firmes "por vía administrativa o judicial", aclara el técnico de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Álvaro Areta, "y graves o muy graves. Las leves no se publican". Aunque la ley de la cadena es de 2013, las multas solo son públicas desde el año pasado porque es a partir de la modificación de finales de 2021 cuando se hace obligatorio. Era una de las reivindicaciones históricas de las asociaciones agrarias: si la gente sabe qué compañías llevan a cabo prácticas abusivas con los agricultores, puede decidir no comprar en ellas."Aunque las cuantías de las multas no parezcan cuantiosas, son importantes por el efecto disuasorio y el impacto que tienen en la reputación de las empresas", añaden desde el Ministerio.La mayoría de las sanciones son por incumplir los plazos de pago o por no formalizar los contratos por escrito y se imponen a intermediarios, principalmente, o cadenas de supermercados. Pero nadie ha sido multado todavía por la destrucción de valor en la cadena, el término con el que la ley nombra la venta a pérdidas y la medida estrella del texto.La norma establece que ningún eslabón (ni productor, ni intermediarios ni supermercados) puede vender sus productos por debajo de coste, salvo si son perecederos y están a punto de caducar. Se hizo para proteger a agricultores y ganaderos, muchas veces obligados a vender su producción al precio que les marca la industria. "Venimos de una época en la que los compradores ni siquiera eran capaces de reconocer que los agricultores tienen costes de producción. Es un cambio de cultura", añade Areta. "Necesitamos que se consolide la idea de que hay que comprar por encima de los costes". Para acreditarlo, comprador y vendedor deben dejar por escrito en el contrato el coste de producción. Pero este método no es perfecto, porque el comprador puede imponer su precio. "Te ponen el contrato delante y te escriben: 'el agricultor manifiesta que este precio cubre sus costes'. O 'este precio cumple la ley'", cuenta José Ugarrio, técnico de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja). "Es lo que pasa en zonas localizadas en las que hay muchos cultivos. Si tú no vendes, la industria puede ir a otro agricultor. Hay muchos vendiendo y muy pocos comprando".Para evitar situaciones de abuso, el Ministerio de Agricultura se comprometió a reforzar la AICA y a publicar estudios de costes que permitieran a los inspectores detectar desajustes. Por ejemplo, si producir un litro de leche cuesta 0,33 euros y en un contrato pone que se ha vendido a menos, la inspección tiene un indicio para pedir más información y actuar.El problema es que hacer esos estudios, que se encargan a universidades y consultoras, lleva su tiempo. Y que a veces, cuando se publican, ya están desactualizados. "Sucedió con el aceite de oliva", explica Javier Alejandre, técnico de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Cuando empezaron a hacerse los estudios la situación era de sobreproducción; cuando se publicaron, la sequía ya estaba mermando las cosechas y disparando los precios. En los últimos cuatro años, el Ministerio solo ha publicado cinco de estos informes: cuatro sobre el aceite de oliva y uno sobre la leche.Además, los estudios solo sirven como punto de partida. Si se formaliza una denuncia, el agricultor tiene que aportar sus propias pruebas. "Una cosa es que durante la negociación tú digas que tus costes son similares a los que dice el estudio y otra cosa que denuncies. Ahí tendrás que aportar pruebas de tus costes", continúa Alejandre. "No es sencillo, pero para eso estamos las organizaciones: para ayudar a la gente a llevar su contabilidad y poder presentar las denuncias".Por un lado, las principales organizaciones agrarias están empezando a trabajar con sus asociados para formalizar denuncias a intermediarios abusivos incluyendo estudios de costes. Por otro, los propios inspectores de la AICA están analizando "las relaciones comerciales de las empresas con sus proveedores" para garantizar el cumplimiento de la ley, según confirmó esta semana el ministro de Agricultura, Luis Planas.Planas animó a las organizaciones a denunciar y a compartir dichos estudios para que el Ministerio los publique en su web. Los representantes de los agricultores animan, por su parte, al Ministerio a hacer inspecciones de oficio."Hasta ahora, en todas las denuncias que hemos analizado, el inspector solo necesitaba datos de la entidad inspeccionada. Miran la fecha de las facturas para ver si se cumplen los plazos de pago, miran si hay contratos o no", añade Alejandre, de UPA. "Pero para verificar si el precio está por encima de coste necesitas la intervención del vendedor. Si sabemos que el coste para producir un litro de leche está en 0,33 euros y a un afiliado mío se lo compran a menos, yo puedo denunciarlo. Pero si no aportamos más pruebas es solo un indicio. Podríamos estudiar los costes de producción de ese afiliado (el pienso, los trabajadores, la electricidad, el agua, el mantenimiento de las instalaciones...), dividirlo entre los litros de leche que produjo y presentarlo con la denuncia. Ya está empezando a denunciarse con esos detalles".Todos estos avances se dan en el contexto de unas protestas que duran ya dos semanas y que se extenderán durante todo el mes de febrero. Los convocantes lograron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometiera en el Congreso a "fortalecer" la ley de la cadena. Agricultura elevará el rango de la AICA y la dotará de "más potencia de fuego", según fuentes del ministerio. En otras palabras: de mayores recursos y capacidad de control e inspección.Desde UPA comprenden que las sanciones por venta a pérdidas hayan tardado y ven con buenos ojos los avances en materia inspectora. "Las leyes son el punto de partida para modificar conductas. Aquí había una forma de trabajar en la que el precio se fijaba al final y se iba trasladando hacia atrás a los productores. La ley establece principios claros, pero hay que darle un tiempo", considera Alejandre. "La AICA ha demostrado que funciona y tiene criterio. Antes te pagaban a 120 días y no pasaba nada; ahora, se sanciona. Vamos de lo fácil a lo más difícil".Asaja cree, sin embargo, que los estudios —que suelen incluir horquillas de costes— deberían actualizarse con frecuencia y tenerse más en cuenta. "Hay que mejorar la ley, porque no ha solucionado nada y por eso la gente está en la calle. En la inmensa mayoría de los casos se está pagando por debajo del coste de producción, así que algo está fallando".El Ministerio insta a organizaciones y agricultores a denunciar para poder actuar, pero este no deja de ser un tema sensible, uno de los motivos por los que la aplicación de la normativa no va especialmente rápido. "Tienes que denunciar a tu comprador", recalca Alejandre. "La ley dice que la AICA debe garantizar el anonimato. Hace falta que el sector tenga confianza, porque si se filtra que alguien ha denunciado a su cliente esta persona tiene un problema".

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los objetivos de déficit y deuda después de que el PP los tumbara en el Senado el pasado 7 de febrero. Esta senda constituye el paso previo para la elaboración del ya retrasado proyecto de Presupuestos del Estado para 2024 que pretende sacar adelante el Ejecutivo en los próximos meses.  La mayoría absoluta del PP en el Senado tumbó la semana pasada los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de administraciones públicas en el periodo 2024-2026 planteados por el Gobierno, por lo que la senda tenía que volver a ser aprobada por el Consejo de Ministros y pasar nuevamente el trámite parlamentario.  "Seguimos trabajando sin perder un minuto para contar cuanto antes con unos presupuestos que permitan que nuestro país siga en esa senda de crecimiento y en esa creación tan potente positiva de empleo", ha defendido la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, ha de remitir un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento de tramitación. De no aprobarse los objetivos una segunda vez, según un informe de la Abogacía del Estado del que dice disponer el Ministerio de Hacienda, los objetivos de estabilidad serían los recogidos en el Programa de Estabilidad remitidos a la Comisión Europea el pasado mes de abril, que son más exigentes para comunidades y ayuntamientos. El PP ha cargado contra este "informe inexistente" de la Abogacía del Estado mencionado por Hacienda que le asegura la tramitación de las cuentas públicas en 2024. Pero fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero sostienen que este informe se conocerá en el caso de que el PP rechazara por segunda vez los objetivos. La senda de objetivos aprobada por el Consejo de Ministros para su nueva remisión al Congreso de los Diputados y al Senado prevé una reducción del déficit público del conjunto de las administraciones públicas desde el 3,9% del PIB con que se prevé cerrar el ejercicio 2023 al 3% del PIB en 2024. En particular, establece que el déficit del Estado se debe mantener en el 2,9% del PIB en 2024. Para las comunidades autónomas, se prevé pasar de un déficit del 0,6% a uno del 0,1% del PIB. Los ayuntamientos deberían aumentar su superávit al 0,2% del PIB y para la Seguridad Social se prevé que el déficit del 0,5% de este año se reduzca al 0,2% del PIB en 2024. Vinculado a los objetivos de déficit, el Consejo de Ministros ha fijado un límite de gasto no financiero para los Presupuestos del Estado de 2024 de 199.120 millones de euros, una cantidad récord que representa un incremento del 0,5% respecto a la cifra de 2023 (198.221 millones). La cuestión es que si la senda de objetivos de déficit y deuda para el periodo 2024-2026 que ha vuelto a aprobar el Consejo de Ministros es tumbada de nuevo y si -según interpreta Hacienda a partir del informe jurídico de la Abogacía del Estado- hay que aplicar la incorporada en el Plan de Estabilidad de abril, las administraciones territoriales tendrán menos margen de gasto. Ello implicaría que, en lugar de poder cerrar el año 2024 con un déficit del 0,1% del PIB, las autonomías tendrán que cuadrar un equilibrio presupuestario si se imponen los objetivos de abril. Para los ayuntamientos, la diferencia es de dos décimas de PIB. En definitiva, si se aplican los objetivos de abril y no los que ahora rechaza el Senado, las autonomías perderán una mayor capacidad de gasto por unos 1.500 millones de euros y los ayuntamientos, tendrán un menor margen por unos 3.000 millones. El Estado, en cambio, ganaría un mayor margen de gasto por esos algo más de 4.500 millones de euros, que perderían autonomías y ayuntamientos.

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Iberdrola dispone ya de todos los permisos y autorizaciones previas para la mejora y optimización de la central de acumulación por bombeo de Santiago Sil – Xares. El proyecto consiste en la instalación de un arrancador estático y una batería de 5 MWh que permitirá flexibilizar el acoplamiento a la red de los grupos reversibles de bombeo existentes.Se trata de un proyecto innovador en España, siendo el primero de estas características que se autoriza. El proyecto permitirá acoplar a la red de forma más rápida y flexible el actual bombeo hidroeléctrico entre los ríos Sil y Xares, con un desnivel de 230 m, 50 MW de potencia y una capacidad de almacenamiento hidroeléctrico de casi 3 GWh (3.000 MWh).Iberdrola consolida así el esfuerzo inversor que está desarrollando tanto para optimizar sus actuales instalaciones con tecnología de Bombeo, de la que es líder nacional con más de 3.000 MW de potencia (más del 50% del total de España), así como para promover nuevas instalaciones de acumulación (en Galicia, Conso II, 1.800 MW).La central hidroeléctrica de Sil – Xares, tiene una producción media es de 100 GWh/año, se encuentra ubicada en el término municipal de Vilamartín de Valdeorras y entró en funcionamiento en 1969. Cuenta con cuatro grupos hidroeléctricos: dos de ellos de tipología fluyente y denominados Santiago Sil, con una potencia de 14 MW y un caudal de 160 m3/s, y otros dos de tipo Francis Reversible, con capacidad de acumulación por bombeo (Santiago Xares) de 50MW de potencia y un caudal de 18 m3/s.En el actual contexto, las instalaciones de acumulación por bombeo (Gigabaterías) son imprescindibles para avanzar en la descarbonización del Sistema Eléctrico, permitiendo la integración de las energías renovables no gestionables, el incremento de la inversión y desarrollo de las mismas, al evitar desconexiones en momentos de baja demanda.Actualmente Iberdrola es la única compañía que dispone de la tecnología de bombeo hidroeléctrico en Galicia, con más de 350 MW instalados en este tipo de instalaciones en la provincia de Ourense.El último ejemplo de la apuesta de Iberdrola por esta tecnología es su Complejo Hidroeléctrico de Tâmega, una de las mayores iniciativas energéticas de la historia, con una inversión total de más de 1.500 millones de euros, una capacidad instalada de 1.158 MW y una reserva de energía de 40 millones de kWh.

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Francia ha frustrado este viernes un nuevo intento en la Unión Europea de aprobar una 'ley Rider' a pesar del acuerdo político que ya se alcanzó el pasado 8 de febrero entre el Consejo y el Parlamento Europeo para una nueva directiva que refuerce los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, lo que deja en suspenso la adopción formal de la norma, que necesita el visto bueno de las capitales y del pleno de la Eurocámara.Esta ley busca aclarar el estatus laboral de los trabajadores de plataformas de reparto a domicilio, como Uber Eats, Just Eat, Glovo o Deliveroo, a fin de corregir el falso trabajo por cuenta propia para garantizar unas mejores condiciones laborales.No obstante, las reservas de algunos países, que ya frenaron un acuerdo previo alcanzado en diciembre, han vuelto a truncar el pacto entre los colegisladores al no lograr la mayoría necesaria para que el texto saliese adelante. En concreto, con el voto en contra de Francia y la abstención de Alemania, Grecia y Estonia, según han confirmado fuentes diplomáticas a Europa Press.Por su lado, la delegación española ha apoyado el texto de la norma, pero ha expresado reservas: "Existen disposiciones en el texto acordado que no responden plenamente a lo que entendemos debería haber sido el contenido de esta directiva".

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Seis hombres fueron hallados muertos este jueves en Ecuador cerca del lugar donde tres semanas atrás se realizó la mayor incautación de droga de la historia del país, al encontrar 21,5 toneladas de cocaína en almacenes subterráneos de una finca rural.Los cadáveres se encontraron con impactos de bala en un riachuelo situado a pocos metros de un camino rural que transita una zona agrícola y que comunica las localidades de Vinces y Ventanas, en la provincia tropical de Los Ríos, según detalló el coronel de la Policía William Calle.Las seis víctimas eran familiares y amigos que viajaban en un mismo vehículo, tras una reunión en un domicilio del cantón (municipio) de Ventanas, según relataron los parientes a la Policía, que presume que fueron asesinados en un lugar distinto, ya que en la zona donde aparecieron los cadáveres no hay indicios balísticos. "Tampoco tenemos la camioneta. Estamos investigando, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", dijo Calle, que no quiso ligar sin tener mayores evidencias este crimen con la droga incautada semanas atrás.Esta masacre ocurrió en medio del "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa desde inicios de enero contra el crimen organizado para detener una escalada de violencia por parte de las bandas criminales que incluyó la toma de un canal de televisión por parte de un grupo armado y motines simultáneos en cárceles con 200 presos que lograron ser liberados.Con esta declaración de "guerra" pasó a considerar como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales a veintidós bandas criminales dedicadas principalmente al narcotráfico y que han tejido nexos con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como con la mafia albanesa, para hacer llegar la cocaína producida principalmente en Colombia hasta Norteamérica y Europa.El auge de estas mafias, que controlan cárceles enteras en Ecuador, ha llevado a que el país andino sea uno de los más violentos de Latinoamérica, con una tasa de unos 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023.

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Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6F —que está detrás de parte de las movilizaciones del campo—, le dijo este sábado a varios agentes de la Policía que les “mató poco la ETA”.  Los hechos se produjeron después de que varios manifestantes intentaran saltar las vallas para cortar los accesos a la M-40. La concentración fue convocada el sábado a las afueras del estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Varios manifestantes intentaron saltar las vallas para cortar el acceso a la M-40, pero los agentes cargaron contra algunos de los protestantes. Guzmán le recriminó a la Policía sus actuaciones y les profirió varios insultos. "Criminales, si levantáis la porra contra un español os las vais a ver... Os mató pocos la ETA, hijos de puta", dijo. "Os mató a pocos la ETA, hijos de puta". Lola Guzmán, a las fuerzas de seguridad del Estado. Dijo que movilizaba a los agricultores por España, se mostró como una antivacunas, veía veneno en las nubes, apoyaba a Vox o a Franco. La España que mendruga: https://t.co/b9AvWykch3 pic.twitter.com/As6oHJErc1 La Policía Nacional ha cargado contra los agricultores en la concentración que ha tenido lugar este viernes, en la que varios centenares de personas se han reunido en los alrededores del estadio Civitas Metropolitano de Madrid. Después de que los protestantes hayan intentando abandonar las inmediaciones del estadio saltándose unas vallas, con la intención de cortar la M-40, los miembros del cuerpo policial han tratado de detenerlos, llegando a resultar varios manifestantes heridos . Tras estos enfrentamientos, los protestantes continúan en los alrededores Civitas Metropolitano, en el que se ha instalado un cordón policial.

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El fondo bajista británico Gotham City afina su estrategia de acoso sobre Grifols. Tras el demoledor informe que lanzó el 9 de enero poniendo en duda la contabilidad de la farmáceutica catalana, en el que afirmaba que sus acciones deberían valer cero, ha publicado ahora una segunda parte más reducida del informe en el que pone el foco, directamente, en las vinculaciones entre Grifols y Scranton, la supuesta firma patrimonial controlada por la familia. Gotham, que cuantifica ahora en hasta 475 millones las operaciones presuntamente realizadas entre Grifols y Scranton en los últimos años, ha mantenido desde el primer informe de enero que la clave del caso está en estas llamadas transacciones túnel. ¿Y qué son las transacciones túnel?Grifols cierra con leves caídas en bolsa pese a la nueva ofensiva de Gotham por sus vínculos con ScrantonGotham lo define como "la transferencia de activos y beneficios fuera de las empresas en beneficio de quienes las controlan". En este caso, apunta a que los accionistas o la dirección de la primera empresa (Grifols, en este caso), suelen ser propietarios absolutos de la segunda empresa (Scranton) y, por tanto, se benefician de transacciones que, de otro modo, serían "desastrosas". El fondo bajista británico recuerda en este segundo informe que Grifols afirmó que los vínculos entre Scranton y Grifols se refieren únicamente a dos colaboraciones concretas: el alquiler de la sede de Grifols, que existe desde 2012 como consecuencia de la adquisicón de Talcris, y de Haema y BPC desde 2018. Pero Gotham se pregunta si son estas las únicas relaciones entre ambas: "Esta es una de las cuestiones que la CNMV puede estar investigando", señala. De hecho, Gotham se pregunta "¿Quién posee y controla Scranton Enterprises?". Y se responde a sí misma que "Grifols reveló que la familia posee menos del 20%, pero no reveló si la familia Grifols controla Scranton y en qué medida".Respecto a las cifras, este segundo informe de Gotham apunta tres operaciones.Respecto a todas estas acusaciones, Grifols vuelve a "desmentir categóricamente las insinuaciones malintencionadas, falsas y engañosas de Gotham con el único objetivo de desestabilizar a Grifols y generar dudas entre los inversores institucionales. Ya hemos respondido a cada una de sus malintencionadas y engañosas preguntas. El Consejo de Grifols sigue reiterando su firme compromiso con la transparencia, la integridad y la conducta ética. Grifols también sigue adelante con su litigio contra Gotham".La publicación de este segundo informe reducido volvió a golpear a Grifols en bolsa y comenzó la sesión perdido más de un 7%, aunque a lo largo del día las pérdidas se han moderado considerablemente. No obstante, la farmacéutica catalana se deja alrededor de un 30% en el Ibex desde que comenzó el año. De hecho, otro de los efectos del estallido del caso es que la compañía catalana ha apartado a Raimon Grifols, Víctor Grifols Deu y Albert Grifols de sus funciones ejecutivas para intentar esquivar un posible conflicto de interés con Scranton, según fuentes del mercado, aunque continuarán en el consejo de administración como consejeros dominicales. Thomas Glanzmann, por su parte, seguirá como presidente ejecutivo y Nacho Abia será el nuevo consejero delegado.Otro aspecto, aunque no cuantificado, de la supuesta relación entre Grifols y Scranton al que hace referencia Gotham es que "Grifols consolida plenamente a Haema y BPC Plasma en sus estados financieros. Al mismo tiempo, Scranton Enterprises también consolida a Haema y BPC". Ambos hechos llevan a la firma bajista a preguntarse cómo se pueden consolidar por el método de integración global "los mismos activos al mismo tiempo", así como si Grifols o Scranton informaron a sus prestamistas y/o acreedores de este hecho.La batalla legal alrededor del caso sigue su curso. Los accionistas minoritarios agrupados en Aemec y representados por el bufete Cremades & Calvo-Sotelo han recurrido al Consejo de Transparencia, un órgano dependiente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante la negativa de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV) a darles acceso al expediente abierto a Grifols. Los accionistas están planteando una demanda de responsabilidad civil por supuestos daños a los accionistas si se demuestran actos ilícitos. En esta misma línea están trabajando unos cuantos bufetes de Estados Unidos, que preparan demandas conjuntas ante la sospecha de que Grifols trasladó información falsa al mercado.

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La Seguridad Social empezó el año con 37.183 afiliados extranjeros menos que al término de 2023, hasta mantenerse por encima de los 2,63 millones de trabajadores (12,8% del empleo total), por los descensos en la mayoría de las actividades, principalmente hostelería y comercio.De acuerdo con los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los últimos doce meses, la afiliación media de trabajadores procedentes de otros países ha crecido un 8,1%, al sumar 196.034 ocupados.Del total de afiliados extranjeros, un 56,2% son hombres, y el 43,8% restante, mujeres, en tanto que el 32,4% son de países de la Unión Europea (852.163) y el 67,6%, de terceros países (1.779.430). Los grupos de ocupados más numerosos son de Rumanía (328.464), Marruecos (318.750), Italia (173.458), Colombia (174.388) y Venezuela (146.469).Por regímenes, el 83,4% está afiliado al régimen general, con casi 2,2 millones de trabajadores, una cifra que se ha recortado un 1,65% respecto a diciembre, con descensos en la mayoría de sectores de actividad. Destacan los descensos de las actividades administrativas (-4,1% hasta los 213.239 afiliados), hostelería (-3,1%, hasta 346.150), comercio (-1,8% hasta 283.121) y el sistema agrario (-2,18% hasta 224.427).En los doce últimos meses, sin embargo, la afiliación del régimen general subió un 8,4% gracias al tirón, superior al 10%, de hostelería (13,7%), construcción (11,8%), actividades sanitarias (11,5%), actividades científicas y técnicas (10,8%) y actividades financieras (también 10,8%). Por el contrario, ha disminuido el empleo en las actividades y organizaciones y organismos extraterritoriales (-0,2%) y en el sistema especial agrario (-0,9%), mientras que se mantiene, prácticamente, en el sistema especial del hogar.Por su parte, el régimen de autónomos (RETA) contabilizó 431.345 afiliados extranjeros, prácticamente sin cambios respecto a diciembre y un 6,5% más que hace un año.Del conjunto de trabajadores por cuenta propia, el 14,8% procede de China, el 11% de Rumanía y el 8,8%, de Italia; y entre las actividades con mayor número de afiliación destaca el comercio (más de 100.000) y la hostelería (72.000), aunque la que más ha crecido en el último año es información y comunicaciones (20%).La Seguridad Social también detalla que, hasta enero, hay 65.511 afiliados procedentes de Ucrania, que son 18.252 más que en enero de 2022, mes previo al impacto de la guerra.En términos desestacionalizados, el número de afiliados foráneos es de 2,7 millones, tras sumar en enero 24.056 trabajadores, de forma que marca el mayor nivel de cotizantes de origen foráneo. Según este cálculo ajustado, desde febrero de 2020 el sistema ha registrado un aumento de más de 546.748 trabajadores procedentes de otros países.

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El exministro y empresario José Lladó, presidente de honor de Técnicas Reunidas, ha fallecido este miércoles en Madrid a los 89 años tras un larga enfermedad, según informaron a EFE fuentes familiares.José Lladó Fernández-Urrutia, nacido en Madrid en 1934, era presidente fundador y principal accionista de la multinacional española de la ingeniería y las infraestructuras Técnicas Reunidas.Fue ministro de Comercio entre 1976 y 1977 y posteriormente de Transportes y Comunicaciones, en ambos casos bajo la presidencia de Adolfo Suárez. Entre 1978 y 1982 fue embajador de España en Washington.Doctor en Ciencias Químicas, era miembro de honor de la American Chemical Society.Fue el primer presidente del Real Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (1986-1994), patrono fundador y vicepresidente del Colegio Libre de Eméritos Universitarios, patrono de la Fundación Príncipe de Asturias, presidente del Jurado de las Artes del Premio Príncipe de Asturias desde 1991 y presidente de la Fundación Xavier Zubiri.

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Europa ha ganado la batalla comercial de las aceitunas negras contra EEUU en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La OMC ha confirmado este martes que la UE tenía razón en la demanda contra EEUU por no respetar una resolución relativa a las aceitunas negras procedentes de España. Las barreras comerciales impuestas suponían pérdidas acumuladas del orden de 280 millones para los exportadores españoles, según cálculos publicados por el sector agrícola español. La reconquista del mercado estadounidense es un gran reto para las empresas españolas, después de varios años de presencia testimonial en ese mercado, que utiliza las aceitunas principalmente en la elaboración de pizzas. La resolución es importante ya que Europa temía que una decisión de la OMC favorable a Washington fuera utilizada por EEUU como precedente para desafiar a toda la política de subsidios agrarios de Europa bajo el paraguas de la PAC. El informe del grupo especial de la OMS que se ha publicado este martes supone una "victoria clara y plena de la UE", según fuentes comunitarias. Según el dictamen final, EEUU no aplicó las recomendaciones del grupo especial inicial, concretamente la conclusión de que la ley estadounidense en virtud de la cual se aplicaban derechos compensatorios a las aceitunas negras españolas es incompatible con las normas de la OMC.  El informe de la OMC presume que la totalidad del beneficio de una subvención otorgada a un producto agrícola se transfiere, de forma automática y plena, del productor al transformador del producto (lo que se conoce como "beneficio transferido"). Además, el grupo especial que ha analizado el conflicto comercial considera que esta incompatibilidad "demuestra" que la ley estadounidense infringe las normas de la OMC. En 2017, antes de que empezaran a aplicarse estos aranceles, España era el principal exportador de aceitunas negras a Estados Unidos: las exportaciones, por valor de 67 millones de dólares, representaban el 76% de las importaciones de aceitunas negras en EEUU. En 2022 las exportaciones españolas a Estados Unidos fueron de sólo 20 millones de dólares, lo que supone sólo el 26% de las importaciones de este país.  A raíz del resultado del informe que se ha publicado hoy, ambas partes pueden solicitar que el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC adopte el informe del grupo especial sobre el cumplimiento como muy pronto en la reunión del OSD que se celebrará al menos veinte días después de la publicación del informe de cumplimiento. Si se adopta, el informe será vinculante entre la UE y EEUU, y las autoridades estadounidenses tendrán que tomar medidas de forma inmediata para aplicar la resolución y suprimir los aranceles.El 1 de agosto de 2018 el Departamento de Comercio de Estados Unidos fijó unos derechos compensatorios y antidumping sobre las importaciones de aceitunas negras españolas con un efecto combinado de entre el 30% y el 44% en función de la empresa afectada. La Unión Europea consideró que las medidas estadounidenses no estaban justificadas y las impugnaron ante la OMC. El 19 de noviembre de 2021 un grupo especial de la OMC falló a favor de la UE al concluir que los derechos compensatorios aplicados por Estados Unidos vulneraban las normas de la OMC.  El 14 de julio de 2023 la UE solicitó a Estados Unidos y la OMC la creación de un grupo especial sobre el cumplimiento que se pronunciara en relación con las medidas adoptadas por el Departamento de Comercio de EEUU para aplicar una de las tres constataciones del grupo especial, concretamente la falta de adecuación a las normas de la OMC de la normativa estadounidense relativa a la transferencia del beneficio obtenido de los productores hacia los transformadores de productos agrícolas (artículo 771B de la ley arancelaria de 1930 de Estados Unidos).

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El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes con una ligera subida del 0,05%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 9.891,2 enteros a las 9.00 horas, en una jornada en la que Wall Street permanecerá cerrado por el 'Día de los presidentes'.En el terreno empresarial, el consejo de administración de Banco Santander ha acordado proponer a la junta general ordinaria de accionistas de 2024 la aprobación de un dividendo complementario en efectivo por un importe bruto de 0,095 euros por acción.El banco ha comunicado también que su consejo de administración ha acordado implementar un nuevo programa de recompra de acciones, al que destinará 1.459 millones de euros, para el que ya ha obtenido la autorización regulatoria pertinente.Por su parte, Almirall registró en 2023 pérdidas netas de 38,5 millones de euros en contraste con las ganancias de 4,3 millones de euros de 2022, según ha informado este lunes la compañía, que ha explicado que este resultado fue consecuencia de los cargos por deterioro asociados al valor contable del antibiótico oral para el acné Seysara.Además de sus resultados, Almirall ha anunciado un acuerdo de licencia exclusiva con Novo Nordisk sobre los derechos del anticuerpo monoclonal NN-8828, que bloquea la citoquina IL-21.En los primeros compases de la sesión de este lunes, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Repsol (+1,14%), Amadeus (+0,96%), Grifols (+0,85%) y Mapfre (+0,72%).Por contra, los mayores descensos se los llevaban ArcelorMittal (-0,90%), Meliá Hotels (-0,65%), Inditex (-0,63%) y Aena (-0,57%).Las principales Bolsas europeas abrían este lunes con signo negativo, con caídas del 0,26% para París y Milán, del 0,21% para Francfort y del 0,03% para Londres.En la apertura del mercado bursátil, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, caía un 0,66%, hasta los 82,92 dólares, mientras que el Texas se situaba en 77,94 dólares, un 0,66% menos.En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar avanzaba hasta los 1,0787 'billetes verdes', en tanto que en el mercado de deuda el interés exigido al bono español a 10 años escalaba hasta el 3,290%.

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El ministro de Agricultura español, Luis Planas, confía en obtener este próximo lunes, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE), el apoyo de su homólogo francés, Marc Fesneau, en la defensa de las denominadas cláusulas espejo, con las que ambos países aspiran a poner coto a la competencia desleal de productos cultivados fuera del territorio comunitario, pero que muchas veces, en sus lugares de origen, no se han producido bajo los mismos criterios ambientales. "No contamos todavía con una mayoría cualificada para poder exigir su aplicación, pero además de tener el apoyo de Francia, también tenemos el del Parlamento Europeo, que en su momento votó a favor de la medida", ha mencionado Planas en una comparecencia este martes en el pleno del Senado.Además del asunto de las cláusulas espejo, el ministro llevará a Bruselas un paquete de nueve peticiones de reforma con las que espera atender las demandas de los agricultores y ganaderos españoles, que este jueves tienen previsto .Entre las medidas que España considera prioritarias, y que el ministro ha recordado en su intervención en el Senado, figuran la revisión de las directivas sobre prácticas comerciales desleales, la petición de que se derogue este 2024 la rotación de cultivos prevista en la política agraria común (PAC), la supresión de la obligación de dejar superficies no productivas o en barbecho, la eliminación de la exigencia de la foto georreferenciada en la declaración de la PAC y la ampliación del catálogo de ecorregímenes para tener en cuenta a las zonas especialmente áridas y la de que el cuaderno digital sea voluntario. Además, Planas insistirá en cambios a corto plazo en la condicionalidad reforzada (una de las cuestiones más controvertidas de la última reforma de la PAC) y en introducir flexibilidades en los planes estratégicos. Las llamadas cláusulas espejo son las condiciones de reciprocidad que los agricultores de países como España y Francia piden incluir en los acuerdos comerciales que la Comisión Europea negocia con terceros países que cuyos productos se importan a la UE. Estas cláusulas espejo suponen exigir que el producto que se importe a un país de la Unión Europea lo haga "en las mismas condiciones" que se imponen en la producción a los agricultores y ganaderos de los Veintisiete. Esto supondría que las normas ambientales, sanitarias y de bienestar animal, entre otras, que un agricultor o ganadero español haya tenido que cumplir para poder vender su producto también le sean exigidas a los productos que se importen de otros países.

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La gestora Asterion Industrial Partners ultima el mayor fondo de capital privado de la historia de España. La firma de inversiones ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para levantar su tercer vehículo, que aspira a captar en el mercado entre 3.200 y 3.600 millones de euros, una cifra nunca vista antes en el sector. El vehículo, según el folleto de admisión presentado al regulador, invertirá en cuatro sectores: infraestructuras energéticas, servicios relacionados con la energía y suministros, telecomunicaciones y movilidad, con una perspectiva paneuropea, pero con el foco puesto en España y Portugal, donde destinará el 60% del capital, entre 1.920 y 2.160 millones de euros. Detrás de Asterion Industrial Partners están ejecutivos de referencia vinculados en el pasado al gigante norteamericano KKR: Jesús Olmos Clavijo, exdirector de infraestructuras a nivel mundial de la firma y, antes, director general de Desarrollo Corporativo de la española Endesa. Entre los socios fundadores también figuran Winnie Wutte y Guido Mitrani. El nuevo vehículo de Asterion, Asterion Industrial Infra Fund III, será el tercero que lanzan al mercado, en el que Deloitte ejercerá como auditor, King & Wood Mallesons como asesor jurídico y BBVA como depositario. El segundo fondo lo levantaron febrero de 2022, hace ahora justo dos años, captando 1.800 millones de euros entre 44 instituciones internacionales, que supuso superar en 450 millones el tamaño objetivo inicial. En esta ocasión, el tamaño objetivo es de 3.200 millones, mientras que el máximo que aceptarán serán 3.600 millones de euros. Dentro de este fondo de capital riesgo solo invertirán inversores institucionales y patrimonios familiares o personales "de cierta entidad", ya que el capital mínimo que aceptan son diez millones de euros, aunque Asterion se reserva el derecho a aceptar suscripciones inferiores. La duración del vehículo es de diez años una vez logren el primer cierre, estándar en esta industria. El fondo invertirá, principalmente, en Reino Unido, España, Portugal, Italia y Francia, aunque buscará adquisiciones "oportunistas" en Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y el resto del Espacio Económico Europeo. A pesar de la enorme lista de países, estará expuesto a la Península Ibérica en más de un 60%, no invertirá nunca más de un 40% en un país y deja la puerta abierta a invertir el 15% del capital en jurisdicciones no europeas. Según el documento remitido al regulador, Asterion invertirá entre 150 y 300 millones de euros por empresa, siempre y cuando estas estén valoradas en menos de 1.000 millones de euros. El vehículo no podrá destinar más del 15% de su capital en empresas cotizadas, ni más del 50% en un único sector de los antes mencionados. El histórico de operaciones en España de la gestora liderada por Jesús Olmos Clavijo es largo. A mediados del pasado año compró el 75% de Grupo SSG, operador de más de 1.300 ambulancias en nuestro país. Medio año antes adquirió Parkt, una plataforma de movilidad urbana centrada principalmente en la integración y explotación de aparcamientos exteriores. Entre sus primeras adquisiciones destaca la compra de once centros de datos Nabiax con 29 megavatios (MW) de potencia, ubicados en España, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Perú y Argentina, o Cableworld, proveedor de red de fibra en el sureste de España;

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Las gasolineras ‘low cost’ se suman a la presión al Gobierno para hacer frente a los fraudes millonarios de empresas piratas en la venta de combustibles y que ponen en riesgo la viabilidad de muchas empresas que cumplen la legislación y que no pueden competir con los precios bajos que se logran con las prácticas ilegales, especialmente por el impago del IVA.La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), que agrupa a gigantes del sector como Ballenoil, Petroprix o Gasexpress, ha alertado a la Agencia Tributaria de una “eclosión de fraude” por el impago de impuestos de los carburantes, especialmente en el gasóleo de automoción, y que este año puede suponer un agujero de unos 1.000 millones de euros (las últimas estimaciones de Hacienda lo situaban en los 700 millones).La junta directiva de Aesae mantuvo la semana pasada una reunión con los máximos responsables de la Oficina Nacional de Investigación de Aduanas e Impuestos Especiales y del IVA de la Agencia Tributaria y les reclamó que las actuaciones contra el fraude no se limiten a los distribuidoras y comercializadoras que lo cometen, sino también contra las propias gasolineras que se benefician del fraude para vender los combustibles a precios anormalmente bajos y que practican una competencia desleal contra el resto de estaciones de servicio. Desde la Agencia Tributaria se reconoce que las gasolineras que compran este combustible tienen también responsabilidad en el fraude y que incluso podría ser penal.El Gobierno ha lanzado una reforma de la Ley de Hidrocarburos para poner coto a la proliferación de estos fraudes millonarios. Una reforma que el Ejecutivo incluyó en el decreto ómnibus de medidas económicas de fin de año, pero cuyas medidas no entrarán en vigor hasta el próximo 28 de marzo.Una moratoria de tres meses que, según el sector de las gasolineras, ha hecho que se esté disparando exponencialmente las prácticas fraudulentas antes de que se apliquen los cambios legales. En las últimas semanas en torno a un millar de gasolineras de las 12.000 operativas en el mercado español han estado ofreciendo precios de los combustibles por debajo de los costes mínimos generales y que implicaría venta a pérdidas, lo que desde el sector se ve como la demostración de la proliferación de las ilegalidades.Aesae reclama al Ejecutivo no esperar al 28 de marzo para la entrada en vigor de la reforma, sino aplicar las medidas de manera inmediata. “Si no se actúa ya contra este posible fraude, se extenderá más allá del 28 de marzo, puesto que las empresas que defraudan cambiarán su modus operandi para continuar defraudando los impuestos después de esa fecha, con los perjuicios ya apuntados”, indican desde la patronal de las estaciones automáticas.En las últimas semanas varias patronales del sector de los combustibles se han unido para reclamar medidas adicionales al Ejecutivo para eliminar el fraude en la venta de combustibles. La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP, que agrupa a las grandes petroleras Repsol, Cepsa, BP, Galp, Saras y Gunvor), organizaciones de gasolineras independientes (Aevecar y UIP), productores de carburantes alternativos (APPA Biocarburantes y Bio-e) y los operadores de las terminales de combustibles (ATLiq, que incluye a Exolum y Disa) preparan una propuesta conjunta de nuevas medidas fiscales y operativas que trasladarán al Ejecutivo para acabar con el fraude.La reforma legal aprobada ya por el Gobierno, entre otros aspectos, refuerza la capacidad del Ministerio para sancionar a las compañías que no paguen estas aportaciones obligatorias o todos los impuestos retirándoles la habilitación oficial como operadores del sector o tomando medidas provisionales de manera urgente antes de terminar expediente, por ejemplo inhabilitándoles de manera temporal.El Gobierno pone el foco en una nueva regulación de los distribuidores al por menor de productos petrolíferos, al entender que es en este campo en el que es más fácil cometer irregularidades. Por un lado, a partir de ahora se les prohíbe suministrar a otras compañías distribuidoras, ejerciendo de facto como mayoristas. La ley de hidrocarburos permitía en su redacción actual que los distribuidores al por menor pudieran suministrar a otros distribuidores.Cuando en 2015 se introdujo esta medida, se consideró que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia del sector como en los precios del consumidor final, ya que suponía una apertura del mercado de suministro de combustibles tanto a operadores como a distribuidores. “Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que desde 2015 el efecto ha sido el contrario”, se argumenta desde el Gobierno.

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Cuando estás buscando una vivienda la primera duda que se plantea es si es mejor decantarse por una de obra nueva o una de segunda mano. Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, una vivienda de obra nueva suele tener un precio más elevado que una de segunda mano con las mismas características, pero a esta última seguramente tengas que hacerle alguna reforma para ponerla 100% a tu gusto. Asimismo, dentro de cada tipo de vivienda existen multitud de opciones, como pueden ser las viviendas de cooperativas. Este tipo de viviendas, que estarían dentro de la categoría de obra nueva, se diferencian de resto porque no están desarrolladas por una empresa promotora, sino por la propia cooperativa. Además, en este caso, como explica el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, Simone Colombelli, “la cooperativa está formada por una agrupación de personas que coinciden en la necesidad de vivienda y que se unen para crear una sociedad que construya un inmueble, y que después pasarán a ser los residentes de esas viviendas”. Según explican también desde iAhorro, “una cooperativa de viviendas es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de todo el proceso de construcción de las viviendas y son los propios socios (normalmente los compradores de las viviendas) los que se encargan conjuntamente del proceso de compra de terreno, diseño y desarrollo de la promoción”. Eso sí, para que una cooperativa salga adelante y esté legalmente constituida debe estar inscrita en los Registro de Cooperativas de la comunidad autónoma en la que esté ubicada y, normalmente, cuenta con un Consejo Rector, que es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa. Por tanto, una de sus principales ventajas, afirma Colombelli, es que “los socios toman las decisiones de forma totalmente democrática, por lo que todos tienen la misma capacidad de decisión dentro del proceso de construcción de la promoción”. Además, pese a que pueda parecer que este tipo de asociación acarrea más riesgos que si la gestión de las viviendas la realiza una promotora, el portavoz de iAhorro asegura que “en toda construcción sobre plano existe riesgo, sea cooperativa o promotor”. Precisamente por la ausencia de la figura del promotor, el precio de compra de las viviendas de cooperativa es más bajo ya que, al eliminar intermediarios, se consigue una vivienda a precio de coste. Tanto es así que Este tipo de inmuebles suelen tener un precio de compra entre un 10% y un 20% menor. Por ejemplo, una vivienda de obra nueva de cooperativa de 300.000 euros, si estuviera gestionada por una promotora su precio podría subir fácilmente hasta los 330.000 o 360.000 euros. Igualmente, podríamos considerar como una de sus ventajas que, al tener un precio más bajo, el comprador también pedirá una hipoteca más reducida al banco. Entre los inconvenientes que se encuentran los ciudadanos a la hora de acceder a las viviendas de cooperativas está el gran esfuerzo económico inicial que tienen que hacer para poder comprarlas. Y es que para poder optar a este tipo de viviendas hay que hacer varios pagos previos a la solicitud de la hipoteca, es decir, con dinero ahorrado: Entonces, para optar a una vivienda de cooperativa hay que aportar alrededor de un 30% del precio de la vivienda. Eso sí, matiza Colombelli, “en función de la cooperativa y, sobre todo, del precio del suelo donde se vayan a construir las viviendas, ese porcentaje podría ser superior o inferior. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid fácilmente podría alcanzar fácilmente el 40 o 50% del total, pero en otras autonomías como Andalucía o Murcia estaría más cerca del 20%. A esta aportación inicial, además, a la hora de pedir la hipoteca, el comprador tendrá que abonar también los gastos de compraventa y formalización de la hipoteca. Entre ellos está un 10% de Impuesto sobre Valor Añadido (IVA), entre un 0,5% y un 1,5% para pagar el Impuesto sobre Actos Jurídicos Recomendados (IAJD), unos 350 euros para hacer frente a la tasación de la vivienda, unos 500 euros de notaría y unos 1.000 euros para inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad. Si hacemos los cálculos de cuánto tendría que pagar el comprador en caso de adquirir una vivienda de cooperativa o una vivienda de promotor, vemos que el dinero que debe tener ahorrado es un poco más elevado en el caso de las cooperativas, pero después el pago de intereses durante la hipoteca se reduce considerablemente. Si cogemos como referencia los precios anteriormente mencionados (300.000 euros para una vivienda de cooperativa y 360.000 euros para una vivienda de promotor) vemos que, para una vivienda de cooperativa el comprador deberá abonar de inicio un 1,5% de media para el capital social (4.500 euros), un 20% de incorporación a la cooperativa (60.000 euros), un 10% de pagos periódicos (30.000 euros) y algo más de un 10% para pagar los gastos de compraventa y formalización de la hipoteca (34.850 euros). Esto supone un desembolso total de 129.350 euros. Por el contrario, para la compra de una vivienda de obra nueva de promotora, primero debe abonar 6.000 euros que suelen darse de reserva (podría ser más en función de cada promoción); el 20% del precio de compra que se aporta antes de pedir la hipoteca, ya sea en mensualidades o en cuota fija (72.000 euros); y el pago de los gastos de compraventa y gestión de la hipoteca (unos 41.450 euros). Así, en este caso, el comprador debe tener ahorrados 119.450 euros, unos 9.900 euros menos que en caso de que comprara una vivienda de obra nueva de cooperativa. Una vez realizados estos cálculos vemos que, para comprar una vivienda de cooperativa el hipotecado pagaría de entrada 90.000 euros de entrada y la hipoteca se quedaría en 210.000 euros. Y para una vivienda de promotor la entrada bajaría hasta los 72.000 euros, por lo que la hipoteca ascendería hasta los 282.000 euros. Por tanto, si calculamos, en cada uno de los casos los intereses que pagaría el comprador en caso de firmar una hipoteca fija a 30 años con un tipo de interés del 3,03% TIN (media a la que consiguieron los usuarios de iAhorro este tipo de hipotecas en diciembre de 2023) vemos que para la vivienda de promotor pagaría 1.193,49 euros de cuota todos los meses que dura el préstamo y para la vivienda de cooperativa solo 888,77 euros. Esto significa que, en los 30 años de la hipoteca, los intereses a pagar por una vivienda de cooperativa rondarían los 109,957,14 euros y en una vivienda de promotor serían 147.656,73 euros. De esta manera vemos que, quien compra una vivienda de cooperativa en vez de una vivienda de promotor se ahorraría un total de 37.699,59 euros en pago de intereses pese a que tuviera que pagar un 8% más de ahorros (9.900 euros en este caso) en la aportación inicial para acceder a la vivienda.

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Puig acaba de ganar –ahora oficialmente– 21.000 metros cuadrados de espacio de oficinas en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). El grupo de cosmética y perfumería ha inaugurado este miércoles, en un acto presidido por los Reyes de España, un segundo edificio de 20 plantas situado a escasos 100 metros de la sede actual, donde están los trabajadores de la oficina corporativa, de las oficinas centrales, al equipo que se dedica exclusivamente al mercado español, así como al centro de perfumería y a los equipos de las marcas. A modo de referencia, esta compañía catalana es dueña de enseñas como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci o, gracias a adquisiciones de los últimos años, los productos de Charlotte Tilbury, Byredo, Loto del Sur, Kama Ayurveda y Dr. Barbara Sturm.El objetivo de la empresa es instalar en este nuevo espacio que han bautizado como Torre Puig-T2 a los aproximadamente 500 profesionales que trabajan en el 'hub' de operaciones y el centro de innovación. Según un comunicado, el inmueble tiene ascensores inteligentes y tres plantas de aparcamiento con estaciones de carga para vehículos eléctricos, pero también "tecnología de vanguardia" para convertir al edificio en inteligente, un diseño interior que "fomente la creatividad y la innovación" y laboratorios equipados para simplificar la creación de nuevos productos.Según han destacado los responsables del grupo al acompañar al Rey Felipe VI y a la Reina Letizia en una visita por el inmueble, aquí se situarán los laboratorios donde se investigarán y desarrollarán fragancias, maquillajes y productos para el cuidado de la piel, se concentrarán las herramientas para prototipar y llevar a cabo pruebas de compatibilidad, también las instalaciones para que los panelistas puedan evaluar los productos desarrollados, y los equipos de empaquetado y compras, y Recursos Humanos. Incluso así, buena parte del espacio está pendiente de ocupar, en una señal de la previsión de incremento de plantilla de la compañía."Con esta nueva incorporación, duplicamos la superficie de nuestra sede central como símbolo de nuestro crecimiento e impulso global, al tiempo que reafirmamos nuestros valores y compromisos de sostenibilidad y mantenemos nuestras raíces en la ciudad que nos vio nacer en 1914", apuntaba el presidente ejecutivo de Puig, Marc Puig, cuando anunció, en noviembre, que estas instalaciones entraban en funcionamiento."Este nuevo espacio es una clara demostración de nuestra apuesta por Barcelona", ha insistido este miércoles, en la inauguración, el directivo, que ha aprovechado para sacar pecho de los hitos alcanzados por la compañía, como por ejemplo que un grupo español aúne tantas marcas extranjeras o haber tenido que poner en marcha una segunda torre solo una década después de estrenar la primera. Puig facturó 3.600 millones de euros en 2022 y su primer ejecutivo ha avanzado que la cifra crece en 2023.Otra prueba de su importancia en el tejido empresarial catalán ha sido la asistencia a a este acto inaugural del president de la Generalitat, Pere Aragonès; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; la alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, así como varios representantes del tejido empresarial como el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, o el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola.Todo esto ha sucedido el mismo día que el diario económico Expansión ha desvelado que el grupo lo tiene prácticamente todo atado para salir a bolsa antes del verano. Aunque la compañía nunca ha confirmado este interés, hace meses que se habla de movimientos en esta dirección. El último, que Puig ya habría completado el 'pool' de bancos para empezar a cotizar. Según esto, las entidades financieras que la acompañarán en el proceso son Bank of America, BNP Paribas, Caixabank, Santander, BBVA y Sabadell.

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Las empresas españolas de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca alcanzaron en 2023 su segundo mejor margen empresarial desde que se toman datos. En concreto, la ratio entre el resultado bruto de explotación de las compañías del sector primario y sus ventas se situó el año pasado en el 11,51%, por detrás del récord histórico conseguido en 2017 (12,24%), según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, enmarcados en el Observatorio de Márgenes Empresariales puesto en marcha conjuntamente hace casi un año por los ministerios de Hacienda y de Economía y por el Banco de España. En el último año, sus márgenes empresariales superaron a otros sectores de la cadena de valor, como la propia industria alimentaria (9,01%), la distribución (8,01%) o el comercio minorista (5,95%), todos ellos con ratios que han descendido en los últimos años por el impacto de la inflación, de la guerra en Ucrania y de los precios energéticos.Unión de Uniones amenaza con colapsar Madrid: planea una concentración de 500 tractores frente a Agricultura el miércolesA partir de los datos de la Agencia Tributaria, se extrae que los márgenes sobre ventas de la agricultura y ganadería crecieron desde el 6,09% registrado en 2009, año en el que comienza el registro histórico del organismo, hasta 2017, cuando se produce un cambio de ciclo debido a las sequías y al recrudecimiento de los fenómenos meteorológicos. Como consecuencia, las indemnizaciones se dispararon a partir de este año: el período comprendido entre 2017 y 2023 se ha confirmado como el de mayor siniestralidad en los 43 años de historia del seguro agrario, según los datos recopilados por sistema de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro). En 2018 los márgenes sobre ventas se estrechan hasta situarse en el 9,35% y no se recuperan hasta 2023, fecha de su segunda cifra más alta.Cabe destacar que las cifras aportadas por Hacienda se refieren a explotaciones agrarias y ganaderas constituidas como sociedades y deja fuera tanto a la industria alimentaria como a los autónomos, algo reseñable en un sector donde la mitad de sus trabajadores lo son por cuenta ajena. En 2022 (últimos datos conocidos del Instituto Nacional de Estadística, o INE), había un total de 486.500 personas que se dedicaban al sector primario. De ellas, unos 234.062 eran autónomos. Según la Agencia Tributaria, el número de empresas ascendió a 35.973 en 2023, un dato ligeramente inferior del registrado el año anterior (36.390 compañías). Sus ventas totales se han casi duplicado en los últimos 10 años al pasar de los 19.855 millones de euros registrados en 2013 a los 37.910,67 millones de 2023. Algo parecido ha ocurrido con la masa salarial, que ha aumentado un 55,5% en la última década.La ratio entre el resultado bruto de explotación de las compañías del sector primario y sus ventas está por encima de la cifra registrada por otros eslabones de la cadena alimentaria. Por ejemplo, la industria alimentaria ha reducido sus márgenes sobre ventas en 2,9 puntos porcentuales desde 2017 hasta situarse en el 9,01 en 2023. En el caso de la distribución, su récord histórico tuvo lugar en 2015, cuando la ratio llegó al 11,54%. Desde entonces, ha sufrido varios vaivenes hasta situarse en el 8,05%. En cambio, los márgenes sobre ventas de las empresas de comercio minoristas de alimentación se han reducido a cerca de la mitad (5,95%) desde su mayor cifra, registrada en 2010 (9,68%). Otros sectores, como la hostelería, han alcanzado su mejor dato con un 18,85%.En comparación con otros sectores, y a excepción del sector primario, los márgenes sobre ventas de la cadena alimentaria son más estrechos por el impacto de la inflación y de los precios energéticos. Las firmas inmobiliarias se apuntan una de las mayores cifras con un 31,87%, un dato que ha crecido a paso constante desde la crisis de 2008, mientras que las empresas de telecomunicaciones han sufrido el camino inverso al pasar del 26,70% en 2009 al 7% actual. Las constructoras han vivido algo similar al recortar a la mitad sus márgenes sobre ventas del 14,75% del 2009 al 7,82% registrado en 2023. Y otras compañías, como las relativas a la industria química, han conseguido superar este año su anterior récord del 17,01%, registrado en 2017, con un ratio entre el resultado bruto de explotación y sus ventas del 17,14%.

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Los precios de la gasolina en Córdoba varían según la estación donde repostemos. Desde Diario CÓRDOBA recabamos a diario los datos del Geoportal de Hidrocarburos del Ministerio de Transición Ecológica con las estaciones de servicio que ofrecen el combustible más económico en la ciudad de Córdoba, con marcadores actualizados a las 8.00 horas de este martes 20 de febrero.Estas son las gasolineras más baratas hoy en CórdobaEn Córdoba ciudad el precio de la gasolina 95 puede fluctuar 19 céntimos entre las entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:Petroprix (Avda. Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,462 euros.Enerplus (Avda. Las Lonjas s/n). Precio: 1,469 euros. Plenoil (c/ Lapislázuli, 10). Precio: 1,487 euros.Plenoil (Polígono Carretera de Palma del Río s/n). Precio: 1,487 euros.Petroil Energy La Granja (Carretera Palma del Río, km 5,5). Precio: 1,489 euros. En Córdoba ciudad el precio del gasoil puede fluctuar 26 céntimos entre las entre las gasolineras más caras y las más baratas. Las estaciones más económicas son:Enerplus (Avda. Las Lonjas s/n). Precio: 1,395 euros. Petroprix (Avda. Esteban de Cabrera, 8). Precio: 1,419 euros.Petroil Energy La Granja (Carretera Palma del Río, km 5,5). Precio: 1,419 euros. Plenoil (Polígono Carretera de Palma del Río s/n). Precio: 1,419 euros.Plenoil (c/ Lapislázuli, 10). Precio: 1,419 euros.En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 25 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:Plenoil (Anjarón). Calle Espejo, 21. Precio: 1,429 euros.Enerplus (Lucena). Avda. Guardia Civil s/n. Precio: 1,439 euros. El Polígono (Montoro). Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1,439 euros. Cooperativa Lucena (Lucena). Avda. de la Infancia, 15. Precio: 1,439 euros. En la provincia, la diferencia entre la estación más cara y la más barata es de 34 céntimos. Estas son las tres gasolineras más baratas de la provincia:Riosol (Castro del Río). Ronda Norte s/n. Precio: 1,329 euros.Área 117 (Benamejí). Carretera N-331. Km 94,5. Precio: 1,349 euros. Plenoil (Anjarón). Calle Espejo, 21. Precio: 1,369 euros.