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Cerco de Hacienda a la facturación de empresarios y autónomos. El pasado mes de diciembre, la Agencia Tributaria (AEAT) aprobó el Reglamento Verifactu, un nuevo sistema tributario para controlar todas las facturas de forma exhaustiva.Con su puesta en marcha, casi todas las operaciones que se hagan en comercios o bares se notificarán a Hacienda en tiempo real a partir del ticket de compra. "Los registros de facturación se enviarán a la sede electrónica de la Agencia Tributaria en el momento de su producción" explica el fisco. Así, la Agencia Tributaria estará al tanto a cada instante de, por ejemplo, los cafés con leche que se están comercializando en el país o las barras de pan que se dispensan.Como viene siendo habitual, el objetivo de Hacienda con esta puesta en marcha es "prevenir y luchar contra el fraude fiscal". Tal y como señalaba el BOE, "este real decreto pretende conseguir la modernización de la dotación digital de pymes, microempresas y autónomos, a la vez que una mejora en el cumplimiento tributario y en la lucha contra el incumplimiento". Para ello "es preciso conseguir el abandono a corto plazo de técnicas de registro y gestión de facturación obsoletas, que van desde el uso de sistemas no digitales, hasta el empleo de sistemas no interoperables ni conectados entre sí", añadían.Todas las empresas y autónomos obligados a cumplir la norma tienen de plazo hasta el 1 de julio de 2025 para adaptarse a ella. La nueva norma se aplicará a todos los empresarios y por todas sus operaciones, con la excepción de aquellos que ya estén sometidos al Suministro Inmediato de Información (SII), que son grandes empresas que ya informaban, o de los que no tengan obligación de facturaciónComo ya publicamos en Libre Mercado, este cerco sin precedentes a la actividad empresarial nacional comenzó en el País Vasco en el año 2022, con el llamado Ticketbai, y no tardaría en extenderse por toda España. Ya entonces, los empresarios y autónomos vascos no daban crédito ante esta nueva herramienta fiscalizadora que, además de relegarles al papel de presuntos defraudadores, les obligaría a asumir todavía más costes económicos y burocráticos para cumplir con el fisco vasco. Y es que, además de hostigar a los contribuyentes, este sistema de control digital de facturas requiere de una inversión mínima en software para empresarios y autónomos. Algunos la cifraban en unos 1.000 euros.Ahora, el Gobierno ha previsto que "pymes y autónomos puedan utilizar el kit digital del Plan de Recuperación" para financiar "las modificaciones en los programas informáticos que sean necesarias para adaptarse a la nueva reglamentación". Es decir, el Ejecutivo pretende que pidan la subvención pública para cumplir con el fisco. Además, Hacienda ha establecido una serie de requisitos para que las empresas que hacen cada software adapten sus productos a la nueva norma. Tienen 9 meses para adaptarse. Además, la Administración tributaria podrá desarrollar su propia aplicación informática.Al igual que ocurriera en el País Vasco, el principal cambio de este peculiar "gran hermano tributario" es que las facturas van a llevar integrado un código QR para que el ciudadano particular pueda comprobar si su refresco o la camiseta que acaba de comprar ha sido declarada a Hacienda. Además, también les permitirá ejercer de chivatos. Y es que, con solo usar su teléfono móvil, el consumidor de a pie podrá denunciar ante el fisco si la empresa en cuestión no ha hecho los deberes tributarios con la Administración. Así lo explica la propia AEAT."El receptor de la factura, ya sea empresario o consumidor final, podrá proporcionar de forma voluntaria determinada información de la misma a la Agencia Estatal de Administración Tributaria facilitando los datos contenidos en el código «QR» de la factura, lo que puede realizarse con un dispositivo con capacidad para la lectura del código y de transmisión y recepción de datos" reza también el BOE. Hay que "incentivar al consumidor final para que solicite los comprobantes de sus operaciones y pueda remitir voluntariamente a la Administración tributaria la información básica de esas facturas para verificar su registro y la exactitud de los datos reflejados en las mismas" insisten.Por lo que se refiere a su ámbito territorial, "es aplicable en toda España salvo en los territorios de régimen fiscal foral. En los Territorios Históricos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, desde fechas recientes son aplicables los sistemas denominados Ticket Bai, cuyo funcionamiento es análogo al aprobado ahora para el resto de España", explican.

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El Gobierno de Giorgia Meloni ha anunciado que recortará el IRPF a los agricultores. La propuesta ha calmado los ánimos de los manifestantes, muchos de los cuales ya han anunciado su intención de desconvocar las protestas.Tras varias horas de reunión, los Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia firmaron un pacto para desbloquear unos 200 millones de euros para los agricultores. La reducción del 50% del importe del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para los ingresos agrícolas de entre 10.000 y 15.000 euros se sumará a la exención fiscal para los de hasta 10.000 euros tras el acuerdo alcanzado este lunes por la mayoría gubernamental, según los medios locales.Finalmente se incluirá una enmienda en ese sentido en el decreto ley sobre prórrogas normativas y obligaciones fiscales, que ahora deberá pasar por el Parlamento, donde Meloni tiene mayoría absoluta, y el Gobierno anunció también el inicio de un diálogo con los agricultores en protesta."A la luz de la publicación en el sitio web del Ministerio de Agricultura de la mesa técnica, estamos listos para desmovilizar la concentración de tractores", dijo Maurizio Senigagliesi, un portavoz de 'Rescate Agrícola', una de las organizaciones convocantes de las protestas, que anunció para "dentro de dos o tres días" la desmovilización de los tractores en las carreteras. Sin embargo, algunas organizaciones más extremistas mantienen, por el momento, las convocatorias de protesta."Cuando hay que encontrar soluciones, siempre las encontramos", dijo Meloni tras anunciarse el acuerdo, restando importancia a las diferencias entre los socios de Gobierno y en particular a las exigencias de Matteo Salvini, líder de la Liga, que quería que el umbral de la exención fiscal se elevase hasta las rentas de 30.000 euros.Sus propuestas fueron "aumentar la exención del IRPF (por encima de 10.000 euros), aprobar la propuesta de la Liga sobre control de precios y costes de producción, y acelerar las medidas para limitar los daños causados por la fauna salvaje", en una reunión en la que Salvini "confirmó su clara oposición a las negociaciones de Europa con Sudamérica", dijo el partido."El acuerdo con los países del Mercosur, en el que Bruselas sigue trabajando sin garantías reales sobre el respeto de normas similares a las nuestras, representaría un peligro para los productores italianos con la llegada a nuestras mesas de productos que no ofrecen las mismas garantías que los nuestros", añadió la Liga tras la reunión en un comunicado."Y, además, sigue sin haber una evaluación global del impacto de estas medidas en nuestro mercado. Para la Liga, se trata de un nuevo intento de favorecer a las multinacionales perjudicando a los productos fabricados en Italia", agregó.

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No soy muy aficionado a la Fórmula 1. Pero recuerdo una anécdota de hace tiempo que se me quedó grabada. Era una de esas temporadas en las que un equipo dominaba por completo el Mundial (intuyo, por la época, que serían los años de Sebastian Vettel en RedBull). Y volvió a salir el tema del cambio de reglamentación para reducir las ventajas de que disponían los equipos más grandes e igualar las cosas en la parrilla. Lo que recuerdo no fue si se trataba de limitar la potencia, de obligaciones en la aerodinámica o del número de motores que podían usar a lo largo del Campeonato. En realidad, lo que se quedó en mi memoria fue la reflexión de uno de los responsables de uno de esos equipos de mitad de tabla a los que se supone que iba a beneficiar aquello. El tipo dijo algo así como "al final, las nuevas normas siempre vienen bien a los grandes, porque son los que tienen más recursos para innovar y adaptarse a esas restricciones".Me quedé con aquella frase porque me pareció muy adecuada también para los negocios. Cada cierto tiempo, en un sector, un jugador dominante se impone. Comienza a acaparar cuota de mercado y posición de dominio. Y entonces entra la política que, en nombre de los consumidores, señala la injusticia de aquella situación (incluso aunque el actor dominante lo haya logrado simplemente ofreciendo mejores servicios a los consumidores) y abre un proceso legislativo para equilibrar las fuerzas. Por supuesto, los interlocutores privilegiados en el Congreso o en la cámara autonómica correspondiente son los pequeños negocios, aquellos a los que en teoría hay que proteger. Por doble supuesto, esos políticos aseguran que atenderán las demandas de las asociaciones de pequeños empresarios con preferencia sobre ninguna otra consideración. Y por supuestísimo, la retórica asegura que viviremos un futuro en el que esos gigantes desaparecerán o verán disminuida su cuota de mercado en un mar de competencia en el que emprendedores, start-up y pymes pueden por fin enfrentarse a ellos en igualdad de condiciones.No sé ustedes. Pero no me suena que esto haya ocurrido demasiado a menudo. Sí lo del proceso legislativo. El paso 1 siempre sucede. Se toman medidas, se aprueban leyes y se hacen fotos en la puerta del Congreso asegurando que estamos ante el fin del monopolio-oligopolio y que por fin el pez pequeño se podrá comer al grande. Pero el paso 2, que ese gigante desaparezca y comiencen a dominar la situación los pequeños, no ocurre nunca. De hecho, tengo para mí que en los sectores intervenidos se consolidan esas tendencias.Es cierto que durante unos meses las empresas tienen que adaptarse a la nueva legislación y que lo hacen a un enorme coste. Pero casi siempre ocurre lo que denunciaba aquel director de equipo con cierta resignación: puestos a enfrentar restricciones, los grandes lo hacen mejor. Si no pueden con motores más potentes, se gastarán el dinero en aerodinámica y túneles del viento. Pero el resultado final les favorecerá.Para empezar porque la ley casi nunca es tan dañina como se vende a la opinión pública. Sí, las reuniones con luz y taquígrafos son con sindicatos y organizaciones empresariales de pymes. Pero nadie puede creer que una gran empresa se quedará parada. Hará lobby (como todos) y lo hará mejor que sus competidores. Como, además, la norma no puede ser nominativa, sino que tiene que plantear premisas generales, incluso disposiciones que aparentemente le perjudican, acaban siendo beneficiosas.Todo esto viene un poco a cuenta de las protestas del campo. Porque al final, en demasiadas ocasiones lo que piden los agricultores es más regulación. ¿Para qué? Para controlar a unos agentes externos que sienten que tienen más poder que ellos: supermercados, distribuidores, grandes explotaciones, mutinacionales de la alimentación, importadores...En ocasiones, las quejas tienen todo el sentido económico del mundo. Si en la cadena de valor de un producto hay un punto en el que un único agente domina la situación (o unos pocos agentes) frente a una multitud de intervinientes, lo más probable es que pueda imponer las condiciones. Nunca lo hará del todo, pero sí es razonable pensar que sacará más tajada (margen) que aquellos con los que negocia. En muchas otras, no.Desde fuera, mi sensación es que los problemas del campo derivan de tres realidades económicas de complicada solución. La primera, del consumidor, que por mucho que diga que quiere a sus agricultores y que está deseando ayudarles... no lo hace. O no del todo. O no a cualquier precio (en realidad, no ayuda a casi ninguna subida de precio). Una cosa es decir que sólo compraremos producto nacional y otra, hacerlo.Porque, además, hay que recordar que no toda la producción agrícola termina en los mostradores del producto fresco, en el que sí hay más tendencia a mirar la procedencia y calidad. Cada vez más compramos envasados en diferentes formas (de las judías verdes congeladas al tomate frito o triturado) y ahí la etiqueta de procedencia tiene mucha menos relevancia.La segunda causa de los problemas del campo tiene que ver con las características de su propio mercado. En el libro de texto que utilizo para mis clases de Microeconomía (el manual de Tyler Cowen y Alex Tabarrok) se utiliza el sector agrícola para ilustrar sobre la elasticidad de la demanda. Más bien sobre la inelasticidad de la misma. Así lo describen: "Los granjeros americanos han trabajado para quitarse a sí mismos el trabajo. Las mejoras en la productividad de las explotaciones han reducido los costes, desplazando hacia la derecha la curva de la oferta y reduciendo los precios de la comida. Pero como la curva de demanda de este tipo de bienes es tan inelástica, la cantidad de comida demandada ha crecido muy poco en relación a la caída del precio. Como resultado, los ingresos del sector han caído". Algo de eso hay y, de nuevo, el responsable es el consumidor que no responde a reducciones en el precio disparando la cantidad consumida (aquí hablamos de tendencias de décadas, no tanto de lo ocurrido con los precios en los últimos dos-tres años).Porque, además, esa mejora en productividad ha tenido otra consecuencia inesperada: hace falta menos mano de obra para trabajar el campo y para cosechar y recoger mucho más alimento, lo que se traduce en el despoblamiento del mundo rural que tanto preocupa a los que todavía viven por allí.Por último, la cuestión de las externalidades, en este caso positivas, que no logran capitalizar. ¿Los urbanitas queremos un mundo rural vibrante y dinámico? Sí. ¿Queremos pueblos vivos que da gusto visitar? Nos encanta. Tanto cuando vamos en vacaciones como si se trata de una salida de fin de semana para comernos un cochinillo con los amigos. ¿Queremos que haya agricultores y ganaderos porque son una garantía de un medioambiente más cuidado? También. Por ejemplo, con la gestión de los bosques en la lucha contra los incendios: sin población rural, quién hará esa imprescindible tarea.El problema de esto esto es cómo remunerar a quien realiza todos estos servicios. Si nos preguntaran uno a uno a todos los habitantes de España si nos parece que la belleza de nuestros pueblos, el cuidado de los paisajes y el mantenimiento del mundo rural son un bien económico, diríamos que sí. Porque lo son. Pero no sabemos cómo pagar por ello. Los intentos que se han hecho (y eso ha sido la PAC en las últimas décadas) no han salido nada bien.Llego al punto de las soluciones con muchas menos ideas. La primera, obvia y en la que coinciden los participantes en las protestas de estos días, es desregular. La famosa Agenda 2030 ha cargado de obligaciones a un sector que compite con muchos otros oferentes (los de fuera de la UE) que no tienen este lastre. Ahí sí, creo que es evidente que nos hemos pasado de rosca: por mucho y desde hace mucho. En mi opinión, es el principal problema del campo europeo así que todo lo que diga es poco sobre el absurdo de las regulaciones medioambientales, sanitarias, obligaciones en el manejo del producto, sobre el envasado o etiquetado, etc...Las demás alternativas que se me ocurren son menos evidentes. La primera que me viene a la cabeza es utilizar esa demanda inelástica de la que hablábamos antes en su beneficio (menos cantidad y más precio): pero esto no es tan sencillo. En el agregado sí puede ser cierto que estamos en un sector en el que la cantidad no se mueve mucho incluso si varían los precios bastante. En cada producto individual tiendo a pensar que no es así y que una subida de precios sí afectaría bastante a la cantidad demandada (comprando otra materia prima, redirigiendo al consumidor hacia el envasado, etc...). Además, para lograrlo habría que hacerlo de forma conjunta y eso nunca es fácil (por cierto, aquí el regulador les acusaría de cartelización, cuando eso no sólo no sería un problema sino que podría ser una de las soluciones).En relación a esto último, también está el asunto del tamaño. No creo que la cadena de distribución de los alimentos sea como la describen nuestros políticos: unos pocos intermediarios controlan todo lo que allí pasa y se aprovechan de los productores (a los que pagan precios de miseria en origen) y los consumidores (a los que cobran precios disparatados en el súper). No hay más que echar un vistazo a las cuentas de las grandes superficies (de Mercadona a Carrefour) para comprobar que son negocios que sacan su beneficio de la rotación, no de los márgenes por unidad vendida.Pero, incluso así, está claro que a los agricultores les penaliza la atomización del sector. Pero su lucha no debe ser por imponer regulación a los grandes, sino por unirse. Ahí sí podría hacer algo el poder público. No interviniendo en el mercado o creando una gran empresa púbica, lo que sería absurdo, caro y contraproducente. Pero sí impulsando (casi siempre sólo como coordinador y facilitador) las cooperativas agrarias y ganaderas. Y la fusión o colaboración entre las que ya existen. No tendría que gastarse ni un euro: un consejero de Agricultura que simplemente siente en la mesa a varias cooperativas y les obligue a hablar durante un rato, a ver si encuentran puntos de unión para un acuerdo. Si no sale... pues nada. Pero por intentarlo no se pierde nada. Normas más sencillas para formar este tipo de uniones y una cierta predisposición de la administración a actuar como elemento de coordinación (por ejemplo, facilitando arbitrajes para resolver los conflictos que puedan surgir).La solución más complicada es la que tiene que ver con el consumidor. Aquí su objetivo debe ser diferenciar su producto y hacer ver al urbanita que su producto es mejor y que merece un precio superior. Lo mismo que hacen las marcas de ropa, por ejemplo: pagamos más por una camiseta con un logo que por otra muy parecida sin ese sello. ¿Por qué? Porque nos da seguridad, porque creemos que será de más calidad o simplemente por presumir. No hacemos lo mismo con los alimentos. Sí, decimos que lo haremos... pero luego no es tan habitual como lo afirmamos.En este punto, de nuevo, el tamaño y la diferenciación son clave: cooperativas que establezcan estándares de calidad, denominaciones de origen, asociaciones de productores que publiciten la singularidad de tal o cual producto (el otro día veía una campaña de Alaska, para la granada de Elche, excepcional).Y vuelvo al principio, pedir más normas pensando que eso acabará con los grandes nunca ha funcionado. Ni las normas serán como las que ellos tienen en la cabeza (sólo hay que ver por dónde va la legislación europea tras años de presión y lobby de las asociaciones del sector); ni, aunque fueran exactamente lo que piden los ganaderos-agricultores, harán tanto daño a esos grandes actores del sector como ellos se imaginan. Miren a Fernando Alonso, posiblemente el mejor piloto del mundo en las últimas dos décadas pero casi siempre en el equipo equivocado. Como les decía antes, no sigo mucho la Fórmula 1, pero de vez en cuando me llegan noticias sobre una nueva evolución de la escudería del asturiano o de un cambio de reglas que entrará en vigor en un par de temporadas y que, esta vez sí, le permitirá aspirar de nuevo al Campeonato. ¿Y al final? Sí, al final gana de nuevo RedBull.

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La vicepresidenta Teresa Ribera asegura que España es un país motor en la UE en el desarrollo de la industria del hidrógeno. Según el Gobierno, el desarrollo es puntero en esta vía para sustituir los combustibles fósiles y cumplir con su ansiada Agenda 2030. Pero lo cierto es que algo falla porque España se acaba de quedar fuera del último paquete de 6.900 millones para impulsar el hidrógeno en la UE.La Comisión acaba de aprobar su tercer gran Proyecto de Interés Común Europeo ("IPCEI") para apoyar la infraestructura de hidrógeno. "Se espera que este IPCEI impulse el suministro de hidrógeno renovable, reduciendo así la dependencia del gas natural y ayudando a lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Plan REPowerEU", tal y como señala la documentación oficial de la UE."El proyecto, llamado "IPCEI Hy2Infra", fue preparado y notificado conjuntamente por siete Estados miembros: Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Eslovaquia". Y España no figura en él."Los Estados miembros proporcionarán hasta 6.900 millones de euros en fondos públicos, que se espera que liberen 5.400 millones de euros en inversiones privadas. Como parte de este IPCEI, 32 empresas con actividades en uno o más Estados miembros, incluidas las pequeñas y medianas empresas ("PYME"), participarán en 33 proyectos", explica la documentación oficial.El IPCEI Hy2Infra, de hecho, es uno de los mayores planes. Pretende cubrir "una gran parte de la cadena de valor del hidrógeno apoyando el despliegue de 3,2 GW de electrolizadores a gran escala para producir hidrógeno renovable; el despliegue de tuberías de transmisión y distribución de hidrógeno nuevas y reutilizadas de aproximadamente 2.700 km; el desarrollo de instalaciones de almacenamiento de hidrógeno a gran escala con una capacidad de al menos 370 GWh; y la construcción de terminales de manipulación e infraestructura portuaria relacionada para portadores de hidrógeno orgánico líquido ("LOHC") para manejar 6.000 toneladas de hidrógeno al año".Hasta ahora, España sí había estado en los planes. El primer plan se lanzó el 15 de julio de 2022, la Comisión Europea aprobó el primer IPCEI Hy2Use. Fue financiado con 5.400 millones de euros e inversión privada de 8.800 millones de euros. E incluyó a 15 países, entre ellos España.El 21 de septiembre de 2022 Bruselas aprobó el primer IPCEI Hy2Use. Financiado con 5.200 millones de euros públicos e inversión privada de 7.000 millones de euros. Incluyó a trece países y entre ellos, de nuevo, estaba España. En total se impulsaron 35 proyectos de 29 empresas, 7 de ellas españolas. Pero ahora, España sale del tercer plan."Los participantes también colaborarán en la interoperabilidad y las normas comunes para evitar barreras y facilitar la futura integración del mercado. El IPCEI apoyará la aparición gradual de una infraestructura de hidrógeno en toda la UE a partir de diferentes grupos regionales", señala la documentación del tercer plan. Lo que quiere decir que el desarrollo europeo dependerá en buena parte de este último plan.

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Las patronales de la educación y la sanidad privada rechazan frontalmente la exigencia de Yolanda Díaz a Pedro Sánchez para que eleve el IVA a estas dos categorías de servicio. El pasado jueves, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo siguió dando rienda suelta a su cruzada fiscal y planteó esta idea en el marco de la negociación para los Presupuestos de 2024.La líder de Sumar justificó la medida en acabar con las "injusticias fiscales" que su partido asegura que hay en España. "Queremos democracia económica en materia de ingresos públicos", aseguró Díaz en una entrevista con EFE. No es la primera vez que Yolanda Díaz pide a Sánchez una subida de impuestos a estos servicios. El pasado mes de noviembre, la ministra ya planteó gravar con IVA a la sanidad y la educación privadas en el debate de investidura. Podemos también lo había hecho antes.Al igual que la sanidad y la educación pública, actualmente, las opciones privadas no pagan IVA. Según la Airef, este golpe fiscal a sanidad y educación privadas sería de casi 3.500 millones de euros, aunque es probable que finalmente el efecto fuera contrario para las arcas del Estado. Y es que, las subidas de precio de colegios y seguros médicos que provocaría la subida del IVA, empujarían a muchos de sus clientes a retornar a las opciones públicas, lo que aumentaría el gasto público en estas materias. La Airef también advirtió hace unos años de esto.En esa misma línea va ACADE, la "Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada no subvencionada con fondos públicos", como ellos mismos se definen. "La aplicación del IVA a la educación privada en plena crisis económica, supondría para las familias, que libremente la han elegido, un encarecimiento insoportable de este servicio al que no podrían hacer frente" aseguran.Además, consideran que su implantación "vulneraría el derecho de las familias a elegir la educación que prefieren para sus hijos con arreglo a sus convicciones, consagrado en el art. 27 de nuestra Constitución, y en consecuencia también afecta a la libertad de creación de centros. Se trata derechos fundamentales contemplados en el Título Primero de la Carta Magna, por lo que están sometidos a especial protección". La Educación tiene consideración, "en España y en toda la Unión Europea, de servicio público esencial, y este es el motivo por el que está exenta del pago del IVA. Esto es así tanto para los centros públicos como para los gestionados por empresas privadas" añaden.ACADE insiste en que, como consecuencia inmediata de la implantación del IVA, "habría un desplazamiento de un número incalculable de alumnos a la enseñanza pública, lo que incrementaría el gasto público en una cuantía muy superior a la que se recaudaría a través de este impuesto, como ponen de manifiesto los informes de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF)". Esta situación "no afectaría únicamente a enseñanzas regladas no universitarias, sino también a las universidades privadas y al sector de enseñanzas no regladas, por lo que pondría en riesgo de desaparición a gran parte del sector de la educación y la formación privada en nuestro país, compuesto en su mayoría por pequeñas y medianas empresas" aseguran. Por todo ello, ACADE "se opone totalmente a esta medida e informaremos de nuestra posición a las fuerzas políticas, económicas y sociales".La postura de la patronal de la sanidad privada también es muy similar. La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) "muestra su rechazo a la medida propuesta". Entrando a analizar el derecho comparado entre los Estados miembros, "existe una elevada armonización y ninguno de los grandes países de la Unión Europea introduce limitación alguna a la exención. Países como Alemania, Francia, Italia, Polonia, Países Bajos, Rumanía, Bélgica o República Checa aplican la exención a servicios prestados por entidades sanitarias de igual forma que a las entidades públicas".ASPE considera que "este posicionamiento de la Vicepresidenta Díaz responde de nuevo a cuestiones ideológicas que dejan de un lado los números y los hechos. La ideología sin matemáticas puede afectar dramáticamente a los pacientes, ya que en un momento en el que el sistema público está especialmente tensionado, poner trabas a la accesibilidad a la asistencia privada es un error que se pagará con mayores listas de espera y peor calidad asistencial al paciente en la sanidad pública", señala su presidente Carlos Rus."El encarecimiento de la sanidad privada que provocaría la supresión de la exención del IVA previsiblemente trasladaría hacia el sistema público a millones de usuarios que actualmente no hacen uso de los recursos públicos, o lo hacen parcialmente" alertan. Al igual que la patronal educativa, Aspe asegura que "el ingreso que el Estado obtendría por medio del incremento del IVA, muy probablemente se convertirá a medio plazo en un incremento del gasto público muy superior a dichos ingresos, ya que se tendrá que atender a las consultas, pruebas e intervenciones que ahora se realizan en la privada y que se trasvasarán a la pública, con lo que desde luego no resulta una medida ni útil ni eficaz", señala Rus.Asimismo, desde la patronal también apuntan a los perjuicios que esta medida tendría sobre un sector que genera valor y riqueza para la economía del país y que emplea a más de 400.000 personas. "Esta posible situación podría abocar al cierre de empresas sanitarias de menor tamaño, debido a la más que posible pérdida de asegurados" concluyen. Preguntado por este periódico, el Ministerio de Hacienda no ha dado ninguna valoración a la propuesta de Yolanda Díaz.

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Apple acaba de lanzar al mercado un nuevo producto que pretende suponer un verdadero punto de inflexión en la industria tecnológica: las gafas Apple Vision Pro. Comenzaron a venderse en EEUU el pasado 2 de febrero (aunque desde el 19 de enero se podían hacer los pedidos) y ya han despertado la obsesión de muchos adeptos a la marca norteamericana. De este modo, los clientes deben tener en cuenta que las gafas están disponibles a partir de 3.499 dólares (algo más de 3.200 euros)Así, el director ejecutivo de la compañía, Tim Cook, celebró en redes sociales el lanzamiento del nuevo artículo con un mensaje en el que destacaba que "ver las reacciones de la gente al probar las Apple Vision Pro por primera vez hoy fue maravilloso". En este sentido, exclamaba que "¡Algunas personas tenían lágrimas en los ojos!", destacando también que "Nuestra misión es enriquecer la vida de las personas y pude sentir que eso sucede en tiempo real. ¡Qué día!"Seeing people's reactions to trying Apple Vision Pro for the first time today was wonderful. Some people had tears in their eyes! Our mission is to enrich people's lives, and I could feel that happening in real time. What a day! pic.twitter.com/VOOVBgrEbo"La era de la computación espacial ha llegado", ha explicado recientemente Tim Cook en referencia a la revolución tecnológica que espera que supongan las gafas Apple Vision Pro. En este sentido, el directo ejecutivo de la compañía está convencido también de que "Apple Vision Pro es el dispositivo de electrónica de consumo más avanzado jamás creado", añadiendo que "su revolucionaria y mágica interfaz de usuario redefinirá cómo nos conectamos, creamos y exploramos".Lo cierto es que la compañía de la manzana está promocionando este nuevo producto como "una computadora espacial revolucionaria que transforma la forma en que las personas trabajan, colaboran, se conectan, reviven recuerdos y disfrutan del entretenimiento". Al respecto, cabe destacar que este artículo "combina a la perfección el contenido digital con el mundo físico y desbloquea poderosas experiencias espaciales en visionOS, controladas por las entradas más naturales e intuitivas posibles: los ojos, las manos y la voz del usuario".Desde la empresa destacan que con este artículo "los usuarios también pueden sumergirse en entornos (...) para ayudarlos a concentrarse o reducir el desorden en espacios concurridos". Así, con todo, "el mundo de un usuario puede crecer más allá de las dimensiones de una habitación física".En este contexto, parece haberse desatado la locura entre los ciudadanos estadounidenses tras la llegada de las nuevas gafas de Apple. En las últimas horas ha circulado una gran cantidad de vídeos a través de las redes sociales en los cuales podemos apreciar cómo son muchos los que han decidido salir a la calle o conducir con las gafas puestas.En primer lugar, llama la atención el modo en que fue recibido el primer comprador de estas gafas, como si de un gran logro se tratara.Para empezar, así recibieron a la primera persona en comprarse unas pic.twitter.com/YoITVEOXkaDel mismo modo, hay quien combina dos de los artículos más futuristas que han salido al mercado durante los últimos meses en EEUU: las gafas Apple Vision Pro y la CyberTruck de Tesla.This has to be the hardest, most futuristic exit of a Cybertruck owner anyone has ever seen thus far 🔥pic.twitter.com/7uY8tbg7IOPor otra parte, en redes sociales se comentaban imágenes como esta, donde podemos ver a un transeúnte paseando por la calle con las gafas de Apple puestas.La gente ya ha empezado a llevarlas por la calle pic.twitter.com/X3303IyDZaPor tanto, quizás a partir de ahora debamos acostumbrarnos a ver imágenes tan variopintas como la siguiente, donde un joven trabaja con sus gafas Apple en el metro y, desde el exterior, se le ve cómo simplemente hace aspavientos.Visto en en el metro de Nueva York, trabajando mientras viaja con las Apple Vision Pro. pic.twitter.com/Ce4UtGExr7Del mismo modo, en restaurantes y establecimientos de alimentación también se han comenzado a ver a gente usando estas nuevas gafas.The end. pic.twitter.com/8QmVKgNbUTClaro está, esta revolución tecnológica puede comportar algunos riesgos para la integridad de los usuarios de las Apple Vision Pro, pues ya se han dado casos en los que algunas personas han usado estas gafas mientras conducían. De hecho, a este chico le paró incluso la policía.Think different. #applevisionpro pic.twitter.com/dEALUsntS8Por ello mismo, algunos usuarios han comentado en redes sociales el problema que esto supone.We're so fucked. pic.twitter.com/3Zz9QydLzmAsí las cosas, las nuevas gafas de Realidad Aumentada de Apple pueden incluso llevarnos a ver escenas tan distópicas como esta, donde una chica cambia el rostro de su pareja gracias a la tecnología que proporciona este producto.una aplicación más de las Apple Vision con las que le puedes cambiar la cara a tu pareja... 🙄 pic.twitter.com/Kd6bK3HHj6Todo ello nos confirma una vez más que el ser humano no tiene límites a la hora de sorprenderse a sí mismo, no sólo mediante la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, sino también porque nunca hubiésemos esperado ver imágenes tan extravagantes como las anteriores.

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La economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países.Eso provoca que nuestra economía sea más sensible a las variaciones del ciclo económico, de manera que lidere la creación de empleo en los momentos de crecimiento y sea la economía que más empleos destruye en los momentos de caída económica. ¿Cuáles son los motivos? Una elevada dualidad en el mercado de trabajo -que sigue existiendo por mucho que trate de disfrazarse normativamente de forma artificial-, una creciente inseguridad jurídica, las rigideces en el mercado laboral o los desincentivos para lograr una mejor organización en el trabajo son algunos de ellos. Si la economía española quiere lograr un aumento importante de su crecimiento potencial, debe lograr incrementar de manera sostenible su productividad. Hubo un primer avance entre 2012 y 2016, ajeno a las ganancias de productividad por mera destrucción de empleo, ya que en ese período sí que hubo un incremento estructural de productividad, pero luego volvió a perderse.Si analizamos los datos que se desprenden de la contabilidad nacional trimestral del IVTR-2023, vemos cómo la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo cae un 1,8% interanual, mientras que la productividad por hora trabajada cae un 0,8% interanual.Y ese dato es mucho más preocupante, puesto que la evolución de las productividades es inversamente proporcional a la evolución de los costes laborales, como se puede observar durante los dos últimos años, donde se cruzan las productividades y el coste laboral unitario: la subida exponencial del coste laboral unitario, impulsado por el fuerte incremento de cotizaciones a la Seguridad Social llevado a cabo por el Gobierno, hunde la productividad. Eso nos hace menos competitivos, perdiendo mercados y actividad económica, de manera que muchas empresas pueden verse obligadas a cerrar por ese exponencial incremento de costes. La subida del salario mínimo y el retorno de los convenios colectivos contribuirá también a aumentar los costes laborales, cercenando el futuro de nuestra economía.Por eso, en estos momentos se hace más esencial que nunca incrementar la productividad y la competitividad de la economía española que nos permita abordar la adecuación del sistema económico español a las nuevas circunstancias, fortaleciendo los ya existentes, como el turismo, el comercio o la hostelería, y reforzando sectores tecnológicos e innovadores, al tiempo que se extienda la eficiencia y, por tanto, la productividad y competitividad al conjunto del tejido productivo. Esa productividad no se consigue con un incremento del gasto público sin medida, sin objetivo y sin resultados. No se trata de gastar por gastar, sino de mejorar el entorno económico y laboral que permita que la economía mejore de manera eficiente.Por eso, resulta esencial eliminar todas las barreras que se opongan al emprendimiento, a la actividad económica y al empleo, conseguir recobrar una seguridad jurídica que dé tranquilidad y confianza a inversores, empresarios y profesionales para incrementar la actividad y el empleo, impulsar la unidad de mercado y eliminar trabas al emprendimiento y al trabajo. Sólo con flexibilidad, seguridad jurídica y eliminación de barreras podrán remontar la productividad y la competitividad en la economía española, esenciales para aumentar el crecimiento potencial y el empleo. Todo lo contrario de lo que, como vemos al analizar los datos, hace el Gobierno.

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España vuelve a ocupar una posición muy retrasada en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) que elabora la Property Rights Alliance y publica el Instituto de Estudios Económicos. La edición del pasado 2023 sitúa a nuestro en el puesto 22 de un total de 37 economías desarrolladas y nos coloca un 4,2% por debajo del promedio observado en la Unión Europea. La puntuación de nuestro país se ve penalizada por la inestabilidad política, la deficiente protección de la propiedad física y el impacto de los impuestos sobre propiedad. El estudio destaca el enorme daño provocado en el ámbito de la vivienda por la lacra de la okupación, los controles de precios, la burocracia urbanística o la falta de acuerdos con el sector privado para el desarrollo de vivienda nueva, circunstancias todas ellas que inciden negativamente en la salvaguardia y la protección garantista de la propiedad.El IEE destaca que, "el pilar del informe referido al entorno legal y político se ve intensamente influenciado por el componente de la inestabilidad política, mientras que el pilar dedicado a la propiedad física refleja la vulnerabilidad que sufre el sector de la vivienda. Como suma de estas circunstancias, España se sitúa por debajo del promedio de la OCDE y de los países de la UE. De hecho, nuestro país ocupa posiciones en la parte baja del ranking en todas las categorías analizadas, especialmente en el entorno legal y político y en la protección de la propiedad física, donde figuramos entre los diez países con peores resultados durante todo el periodo analizado (2019-2022)".El ranking del IIDP para 2023 está encabezado por Finlandia, que aparece por delante de Países Bajos, Dinamarca, Nueva Zelanda, Noriega, Suecia, Luxemburgo, Alemania o Australia. También destacan para bien los resultados de Austria, Suiza, Japón, Estados Unidos, Canadá o Irlanda. Bélgica, Islandia y Francia superan el promedio observado en la UE, mientras que Corea del Sur y República Checa se mueve en torno a la media alcanzada por la OCDE. España aparece a continuación, a la par con Portugal. Por debajo de nuestro país figuran Israel, Portugal, Lituania, Letonia, Italia, Eslovenia, Chile, Eslovaquia o Costa Rica, siendo las últimas posiciones para Polonia, Hungría, Grecia, México, Colombia y Turquía.Lo peor de todo es que los resultados de España en el IIDP no van a mejor y, de hecho, se enquistan, puesto que la nota general cosechada por nuestro país es de 6,5 puntos en 2023, idéntico resultado al cosechado en 2019:En relación con la situación del mercado de la vivienda, el estudio del IEE recalca que "es necesario huir de dogmatismos ideológicos que demonizan el papel del sector privado en el mercado inmobiliario, en el que las familias españolas tienen depositado el 70% de su riqueza. Hay que incentivar que los propietarios, tanto pequeños como grandes, sean parte de la solución a la emergencia que viven las familias con menos recursos a la hora de lidiar con las grandes dificultades de acceso al mercado de la vivienda".El centro de estudios asociado a la CEOE advierte que "el objetivo del gobierno de crear 184.000 viviendas sociales puede ser inviable y no va a beneficiar a los colectivos más necesitados si no se centra en alquiler en vez de en compra. Además, en términos de encaje presupuestario, resulta inviable sin inversión privada". En este sentido, propone "un marco de colaboración público-privada mediante el cual propietarios privados y promotores faciliten viviendas para alquiler al Estado, a cambio de un precio inferior al de mercado pero también de contratos de larga duración que ofrezcan certidumbre y seguridad económica. Los propietarios podrían contar con avales ICO o del Tesoro para desarrollar estas viviendas y, a cambio, el Estado sacaría al mercado decenas de miles de casas y pisos para alquiler social".

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A la desesperada. Sólo así se puede entender el burdo intento por parte del Gobierno a la hora de intentar ocultar el histórico aumento que ha registrado la deuda pública bajo el mandato de Pedro Sánchez.El Banco de España publicó el pasado viernes el volumen final de endeudamiento a cierre de 2023. Y el Gobierno de PSOE y Sumar, ni corto ni perezoso, aprovechó la ocasión para vender lo que no era, tomando como referencia los datos que mejor se ajustaban a su particular relato.La deuda de las administraciones públicas cerró 2023 en 1,57 billones de euros, lo que supone un incremento del 4,8% respecto al año anterior, pero cae al 107,7% del PIB, 3,9 puntos menos que la tasa registrada en 2022. Así pues, sigue creciendo en términos nominales, pero no en términos relativos, debido al aumento del PIB.La cuestión es que el Ejecutivo aprovechó este descenso en términos relativos para vender a la opinión pública que la deuda ha bajado 17,6 puntos porcentuales respecto al PIB en los últimos tres años, desde 2020, en plena pandemia, cuando el nivel de deuda alcanzó máximos históricos.Por un lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que dicha evolución a la baja demuestra que "la justicia social es compatible con la reducción del déficit y la deuda", y que España está cumpliendo "holgadamente" el objetivo comprometido con la UE.El @BancoDeEspana confirma que España redujo su deuda pública cuatro puntos hasta el 107,7% del PIB, cumpliendo holgadamente el objetivo comprometido con la UE. Volvemos a demostrar que la justicia social es compatible con la reducción del déficit y la deuda. pic.twitter.com/aMg6UfFOlyPor otro, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirmó que, "un año más, la deuda pública se ha reducido en España gracias al buen comportamiento de la economía y al compromiso de este Gobierno con las finanzas públicas responsables". Y destacó que "estamos ya 17 puntos por debajo del pico que se alcanzó durante la pandemia debido, por supuesto, a la respuesta que hubo que dar para ayudar a empresas y a familias", avanzando, además, que esta brecha respecto al máximo alcanzado en pandemia se ampliará a 20 puntos a finales de este año.La #deuda pública cerró 2023 en el 107,7% del #PIB, según ha publicado hoy el @BancoDeEspana.📉3,9 puntos menos que en 2022 📉17,6 puntos menos en apenas 3 años ✅cumpliendo con nuestros objetivos➡La #ResponsabilidadFiscal es compatible con un #crecimiento sostenible y justo pic.twitter.com/7kZcBhtsCvEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se pronunció al respecto. "Nos hicieron creer que solo podíamos rebajar la deuda y el déficit público con austeridad y recortes de derechos. Hemos demostrado que no es cierto. España reduce su deuda al mismo tiempo que crece y avanza en derechos sociales. ¡Este es el camino!", enfatizó. Y para evidenciarlo, mostró un gráfico con la evolución descendente de la deuda respecto al PIB desde 2020.Nos hicieron creer que solo podíamos rebajar la deuda y el déficit público con austeridad y recortes de derechos.Hemos demostrado que no es cierto.España reduce su deuda al mismo tiempo que crece y avanza en derechos sociales.¡Este es el camino! #EspañaGobierna pic.twitter.com/E0vRc4iC35Hasta aquí el mensaje oficial: la deuda pública está bajando gracias al buen hacer del Gobierno. Pero la realidad que arrojan los datos es muy diferente, de ahí que el relato oficial haya sido acogido con sorna en redes sociales. Y las razones son dos, básicamente.En primer lugar, que la deuda crece, y mucho, en términos nominales. Aunque desciende en porcentaje del PIB, la deuda pública ha subido en 71.878 millones de euros en el último año (+4,8% interanual), superando los 1,574 billones de euros, cerca del máximo histórico que marcó en el mes de septiembre de 2023 (1,577 billones).Asimismo, ha crecido en 229.000 millones desde 2020, lo que supone un 17% más. Y en 366.000 millones desde 2018, un 30% más, momento en el que Sánchez llega a la Presidencia del Gobierno, iniciando con ello su mandato.Y, en segundo término, porque la deuda también aumenta en términos relativos en cerca de 8 puntos porcentuales: la deuda ha pasado de representar el 100% de PIB en 2018 al 107,7% en 2023.Como consecuencia, la deuda per cápita, dividida entre toda la población, ha pasado de 25.700 euros en 2018 a cerca de 32.700 en 2023, unos 7.000 euros más por persona. Y todo ello sin contar que España es el segundo país de Europa con mayor aumento de la deuda pública desde finales de 2019, tan sólo superada por Francia, y que este ritmo de endeudamiento más que duplica el de la media de la UE. La deuda pública crece en 164,8 millones de euros cada día, 6,8 millones por hora, 114.155 euros por minuto y 1.903 euros por segundo.

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Fatih Birol, director general de la Agencia Internacional de la Energía, ha reñido públicamente a España y Alemania por dar la espalda a la nuclear frente al cambio de rumbo que se está viviendo en otros puntos del mundo.En declaraciones desde París, donde se reunirá con los ministros de Energía de los países miembro entre ellos Teresa Ribera, el economista turco señaló cómo tras la invasión rusa de Ucrania "muchos países han comprendido la importancia de la energía nuclear, junto con las renovables, para la generación de electricidad propia". Al mismo tiempo, lamentó que países como Alemania y España hayan apostado por el cierre, consumado en el caso germano y planificado para las cinco centrales españolas Según ha dicho, él "se lo pensaría dos veces" antes de renunciar a una tecnología que funciona "de forma impecable" y cuyos desafíos, entre los que citó la gestión de los residuos, son abordables y no suponen un motivo, a su juicio, para "deshacerse" de ella.Las palabras de Birol entroncan con el creciente auge de una energía que la AIE defiende como clave "para reemplazar los combustibles fósiles" y respaldar a las renovables, "por su disponibilidad y potencial de crecimiento, en los países donde es aceptada". El organismo pronostica un "nuevo amanecer" para esta fuente de energía presente en 32 países y que genera 413 GW, y a la que ahora muchos vuelven sus ojos por el hecho de que no genera emisiones. Un ejemplo fue la declaración de la reciente COP 28 firmada por una veintena de países con el objetivo de triplicar la potencia nuclear en 2050 en el nombre del clima. Otro, las recientes decisiones desde la UE para impulsar la nuclear, considerada verde y citada ahora como una herramienta decisiva para reducir las emisiones en un 90% en 2040, un objetivo recomendado hace unos días por la Comisión Europea y que previsiblemente se convertirá en un compromiso formal tras las elecciones.En el documento con los, de momento, consejos de la Comisión para acelerar la descarbonización, citan la nuclear entre las "energías cero o bajas en carbono" que quiere impulsar la UE y mencionan específicamente como solución los minirreactores nucleares que aún están en periodo de diseño pero que podrían ser una realidad a finales de esta década. La UE señala como estos reactores pequeños podrían proporcionar "competitividad a la industria" y asegurar el suministro, y cita la alianza industrial creada a nivel europeo para apoyar su desarrollo, anunciada en 2023 y creada oficialmente este mismo mes. Su objetivo es que la UE cuente con sus propios minirreactores en los años 30, citando entre sus ventajas su versatilidad de uso, su inferior coste y tiempo de construcción o el empleo de nuevas tecnologías y sistemas de seguridad.

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El pasado mes de abril, los impagos de las sentencias que condenan a España por la retirada retroactiva de las primas renovables desembocaron en distintos embargos de bienes del Reino, caso de la sede del Instituto Cervantes en Londres. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de negarse a resarcir a las empresas afectadas también trajo consigo un escenario de default técnico.Esta situación se produjo en relación con cuatro títulos de deuda pública negociados por España en el extranjero. Los afectados por el impago de la sentencia del caso Infrared intervinieron estos bonos y, acogiéndose a sus cláusulas técnicas, notificaron los impagos en los que está incurriendo España mediante una comunicación formal a las entidades que custodian el pago de dichos títulos.El daño reputacional fue inmediato, con informaciones al respecto en servicios como Bloomberg o Wall Street Journal, amén de las numerosas noticias que se sucedieron en prensa española. Sin embargo, el proceso también trae consigo un notable daño económico, puesto que los inversores han tomado nota de lo que está pasando y han actuado en consecuencia.Las empresas afectadas han elaborado una estimación del impacto que tiene esta circunstancia en la financiación del Tesoro y en la economía española. Según han determinado, el sobrecoste provocado por el default asciende a 2.100 millones, si analizamos el desempeño de las subastas de deuda pública realizadas desde abril hasta diciembre de 2023. De hecho, si se mantiene esta situación de inseguridad jurídica, la cifra final habrá crecido hasta los 4.900 millones a cierre de 2024. Por otro lado, puesto que el repunte del perfil de riesgo del bono español afecta negativamente a las condiciones macroeconómicas, también se hace pertinente plantear una modelización del impacto que tiene esta circunstancia en el PIB. Dicho ejercicio revela que, entre abril y diciembre de 2023, la producción económica se habría reducido en 2.560 millones con motivo del default técnico. En ausencia de soluciones, la caída será de 4.780 millones adicionales a lo largo de 2024. Esto significa que el impacto que ya ha provocado el default técnico a través del encarecimiento de la financiación y la caída del PIB asciende ya a 4.660 millones cuando se considera el periodo de abril-diciembre 2023. Dicha cantidad puede seguir aumentando hasta los 12.240 millones si la situación sigue enquistada a lo largo de 2024.Los datos anteriores indican que, por cada 1 euro de valor de los títulos de deuda intervenidos por el default técnico, el daño a la economía española provocado por este escenario sería de entre 4 y 5 euros adicionales. De hecho, si la situación se prolonga hasta finales de 2024, el ratio se agravará hasta ser de 1/12.Huelga señalar que estas cifras referidas al proceso de default deben sumarse a los 250 millones de sobrecostes judiciales y financieros que soporta España por su decisión de impagar las sentencias. Asimismo, cabe recordar que las 26 condenas que aún no han sido resarcidas acumulan una serie de obligaciones por valor de 1.500 millones.Fuentes de las empresas afectadas recalcan que "la inseguridad jurídica y la incertidumbre institucional que ha generado esta situación perjudican notablemente a España. No es de extrañar que el propio Ministerio de Asuntos Económicos haya contratado varios servicios de asesoría dedicados a mitigar el riesgo que ha provocado el default técnico. Además, este tipo de situación puede ir a peor si persisten los impagos, al igual que ocurrirá con el embargo de bienes y propiedades del Reino de España en países como Reino Unido, Australia y, previsiblemente, Estados Unidos"."Si España quiere financiar la transición energética, debe despejar primero la inseguridad jurídica y la sombra de sospecha que ha extendido esta situación. Para lograrlo, debe sentarse a hablar con sus acreedores, respetar las indemnizaciones recogidas en las sentencias internacionales y establecer un plan de pago creíble que permita zanjar el asunto y evitar daños mayores", añaden.

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La intervención del Gobierno de Sánchez en el mercado inmobiliario ya genera efectos disfuncionales de primer orden. Tanto que ha expulsado del mercado del alquiler de vivienda a la población para la que está especialmente diseñado: es decir, para aquellas personas que por su situación económica, familiar o laboral, no pueden o no quieren afrontar la compra de una vivienda, que implica desembolsos iniciales mucho mayores.Tanto es así, que el límite de subida de precios de alquileres al 2% ha encarecido ya de manera determinante esta modalidad de adquisición de vivienda. Hace un año, los precios se habían disparado un 14,5% hasta abril del año pasado. Ahora, hay que sumar una subida interanual del 10,8% hasta enero. En dos años, el precio de los alquileres se ha disparado más de un 25%.Según datos de la red inmobiliaria donpiso, el pago de la cuota hipotecaria en nuestro país ya supone de media un 23,5% más cara que hacer frente al pago del alquiler. El ejemplo que utiliza este informe es el de una vivienda de 70 metros cuadrados.Aunque los precios varían muchísimo dependiendo del estado y el enclave de la vivienda, la media de la cuota hipotecaria para una vivienda de ese tamaño en España sería de 650 euros mensuales, mientras que en el caso del alquiler, la media sube a los 850 euros/mes.En este sentido, si tenemos en cuenta que el salario medio neto de impuestos mensual en España es de 1.700 euros al mes, el español medio estaría dedicando prácticamente un 50% de su salario al alquiler, y un 38% al pago de la hipoteca. Quizá por eso los números hablen de sólo un 2% de retrasos en el pago de las cuotas hipotecarias frente al 5% de retrasos en el pago de la renta.Una de las principales claves en el acceso a la vivienda es el ahorro acumulado necesario para satisfacer la parte del pago que asume el comprador, la famosa entrada y que, según donpiso asciende de media a 50.000 euros para asumir la compra de una vivienda en las grandes ciudades españolas.

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El principal problema del campo español estriba en las cada vez más duras restricciones que impone la Política Agraria Común (PAC), junto con la consecución de objetivos medioambientales derivados del Pacto Verde de la UE. El aumento de costes regulatorios, laborales y fiscales, junto con el problema añadido de la sequía, ha terminado por desatar una crisis que no sólo afecta a España, sino a toda Europa.Esa particular losa lastra la competitividad de agricultores y ganaderos, en detrimento de los productos de terceros países, cuyo precio es inferior. De ahí, precisamente, que algunos, incluido el propio Gobierno, apunten a la "competencia desleal" para evitar la llegada de importaciones alimentarias bajo el argumento de que no tienen que cumplir las mismas exigencias que el productor nacional. La cuestión es que restringir las importaciones ataca las consecuencias, no la raíz del problema, que no es otro que la regulación ecologista de la UE. Y, además, de imponerse, se traducirá en una sustancial subida de precios de los alimentos para el consumidor final.La clave es que el campo europeo no tenga que afrontar altos costes de producción fruto de una legislación contraproducente para, de este modo, poder competir en los mercados globales. Y, llegados a este punto, lo que demuestran los datos es que el sector primario español no debería temer el libre comercio ni la competencia exterior procedente de terceros países. Básicamente, por tres razones.En primer lugar, porque el sector agroalimentario, pese a todas las dificultades, es muy competitivo, tal y como prueba su constante y abultado superávit comercial. España vende al exterior en agricultura, ganadería y pesca mucho más de lo que compra de fuera. Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras se situaron en 68.000 millones de euros en 2022, mientras que las importaciones fueron de 54.000 millones.El resultado, por tanto, fue una balanza comercial de 14.000 millones. Este indicador es síntoma de competitividad y solidez. No en vano, el sector primario representa el 17,5% de todas las exportaciones de la economía nacional. Además, España es el cuarto exportador de mercancías agroalimentarias y pesqueras de la UE, con una cuota del 10%.En segundo lugar, los defensores de restringir importaciones ponen el acento en la llegada de productos procedentes de países vecinos como Marruecos. Por un lado, es cierto que en materia agroalimentaria España vende menos a Marruecos de lo que le compra, ya que presenta una balanza comercial negativa de 1.000 millones de euros hasta el pasado noviembres.Pero lo que no se cuenta es que la balanza comercial total es positiva para España. Es decir, exporta mucho más a Marruecos de lo que importa, con un resultado positivo de casi 3.000 millones. Así pues, si Marruecos hiciera lo mismo, prohibiendo la llegada de productos españoles, la pérdida para la economía nacional sería muy superior a la del país vecino.Sin embargo, lo más relevante en este caso es que el campo español no vende alimentos a terceros países, que normalmente son más pobres, sino que el grueso de su mercado exterior está en la venta a países ricos, especialmente europeos, donde existe libre comercio.La UE es el destino del 64% de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de España. Y lo curioso es que Europa también es el principal proveedor de alimentos que llegan de fuera, con casi el 50% de las importaciones. En concreto, Francia es el principal socio comercial de España en el ámbito agroalimentario, ya que es el principal destino de las exportaciones (10.400 millones) y también de las importaciones (6.700 millones). Le siguen Alemania e Italia.Así pues, aunque la llegada de alimentos de terceros países puedan competir y ganar algo de cuota en el mercado nacional, el campo español cuenta con un sólido motor exterior, con una clientela de países ricos donde se valora mucho más la calidad que el precio.Y la tercera razón para no temer el libre mercado tiene que ver con la productividad. Se trata de un indicador clave para medir la competitividad de una empresa, sector o país, puesto que indica el valor de la producción en relación con los recursos (coste) empleados. El mundo produce hoy muchos más alimentos que décadas atrás usando los mismos recursos, a pesar de dispararse la población, tal y como refleja el siguiente gráfico referido al cereal, por ejemplo.Cuando esto mismo se lleva al sector agrícola, se observa que el campo español es casi dos veces más productivo que el de la UE, cuatro veces más que el del Norte de África (Marruecos inclusive) y hasta once veces más que el resto del mundo.El campo español es: - 1,7x más productivo vs Unión Europea - 4x más productivo vs Norte de África - 11x más productivo vs MundoEl sector agrícola español no necesita destruir los tomates de Marruecos.El sector agrícola español sólo necesita competir con el marroquí (o con… https://t.co/scfYKr8xpW pic.twitter.com/kONnhLT4dvEs decir, el sector primario español no debería tener ningún miedo a competir en el mercado libre, ya que es mucho mejor que el resto (produce muchos más alimentos por empleado).

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PowerCo iniciará en las próximas semanas la obra principal de la estructura de la gigafactoría en Sagunto (Valencia) con los trabajos de cimentación para comenzar a construir las naves y cumplir así con el plazo previsto de comenzar la producción en 2026 con una potencia inicial de 40 gigavatios/hora (GWh). "2024 es el año de la construcción", ha señalado el consejero delegado de PowerCo, Thomas Dahlem, tras participar con la conferencia 'El futuro de la movilidad: electrificar el camino por delante' en el congreso eMobility World Congress, que se celebra en Valencia hasta el jueves.Al respecto, ha explicado que durante todo este año se levantarán las naves y comprarán los equipos, que se instalarán en 2025, para poder arrancar la planta en 2026. La producción está estandarizada en bloques, cada uno de 10 GWh, con una potencia inicial de 40 GWh, lo que permitirá suministrar celdas para más de 500.000 vehículos anuales. No obstante, ha apuntado que se podría ampliar hasta los 60 GWh en función de las demandas del mercado de los coches eléctricos, porque Europa "está un poco atrás".En España a finales de 2023 había solo un 12% de vehículos eléctricos, lejos de la media europea del 21% y de los objetivos marcados por la UE para 2030. Por ello, ha recalcado: "Vamos paso a paso". Asimismo, ha destacado que en los próximos días se celebrará la contratación de los cien primeros empleados. En total, se crearán 3.000 puestos de trabajo directos y otros 20.000 indirectos.En esta línea, ha señalado que uno de sus mayores "desafíos" es poder generar alto valor añadido en torno a Sagunto y para ello requieren de la colaboración con centros tecnológicos y universidades y en ese sentido ha apuntado que en sus inmediaciones se ubicará un parque de proveedores con una extensión aproximada de otras 170 ha y el centro de formación Battery Campus en colaboración con la Generalidad.Dahlem ha recalcado que la colaboración público-privada es el factor "clave" del éxito de Valencia como hub de electromovilidad. "Tenemos la fábrica y el proyecto, tenemos la inversión y contamos con la tecnología para producir baterías de celdas, pero los usuarios no tienen dónde cargar sus coches", ha echado en falta.Así, ha apuntado que PowerCo y el Grupo Volkswagen pueden contribuir a consolidar Valencia y España como hub de electromovilidad, pero ha advertido de que no pueden ser "los únicos responsables de emprender esta transformación". "Se trata de una tarea colectiva en la que las administraciones públicas también desempeñan un papel crucial", ha constatado. De este modo, se requieren "dos elementos cruciales" para ser "creíbles" como centro de electromovilidad: La ampliación de la infraestructura de carga eléctrica así como infraestructuras que permitan la movilidad sostenible de bienes y personas.Al respecto, ha reclamado ampliar la red carga eléctrica porque a finales de septiembre de 2023, según Anfac, solo había unos 25.000 puntos -solo el 12% en la Comunidad Valenciana-, lejos del objetivo marcado de 45.000 puntos públicos a finales de año y solo el 4% de ellos -369- eran puntos de carga ultrarrápida (+250 kW), que permiten cargar el vehículo en aproximadamente 10-15 minutos, el equivalente al tiempo que pasa un vehículo en una gasolinera tradicional. Por ello, ha urgido a la Administración a realizar las inversiones necesarias porque el despliegue de este tipo de infraestructuras de alta potencia es "fundamental" para "una verdadera difusión" de los vehículos eléctricos, especialmente a lo largo de las carreteras de todo el país.Del mismo modo, ha reclamado infraestructuras sostenibles. De hecho, ha recordado que uno de los factores positivos "clave" en la elección de Sagunto como ubicación fue "el potencial logístico y las infraestructuras de la Comunidad, especialmente puertos y el Corredor Mediterráneo". "Si pretendemos ser creíbles como centro de electromovilidad, debemos ser capaces de gestionar nuestra logística de entrada y salida a través de medios de transporte sostenibles", ha abogado, por lo que ve "crucial" asegurar las conexiones ferroviarias sostenibles de la Comunidad con Europa Central a través de una línea de alta capacidad y ancho estandarizado internacionalmente como es el Corredor Mediterráneo."Se trata de una reivindicación histórica de la sociedad, la Administración y el sector empresarial valencianos que es urgente completar", ha reclamado. Por todo ello, ha señalado que el camino de la democratización de la electromovilidad está "marcado y no hay vuelta atrás", aunque "no será fácil ni rápido". "Nos queda un largo camino por delante para convertirlo en realidad y en PowerCo apostamos por seguir liderando esta revolución", ha subrayado.Para ello, ha expuesto que necesitan "seguir contando con el apoyo y compromiso de la administración pública; el impulso de más empresas y fabricantes y la paciencia de los ciudadanos mientras todos nos adaptamos a una nueva forma de movilidad donde nada será como hasta ahora". "Pero estamos seguros de que valdrá la pena porque de ello depende el futuro y avancemos juntos hacia un horizonte más sostenible y electrificado", ha apostillado.Por su parte, el presidente BP España, Andrés Guevara, ha recalcado que desde la compañía están "muy comprometidos" con el cambio desde un 'trilema' energético: suministrar energía "sostenible, fiable y asequible". Esto, ha explicado, significa "invertir tanto en el sistema de hoy como en el de mañana desde tres grades pilares: biocombustible, hidrógeno verde y electrificación de la movilidad".Así, en la charla 'Transformando el transporte: biocombustibles y movilidad' ha apuntado que el próximo reto, como marca la Comisión Europea, es la reducción de emisiones en un 90% en 2040, lo que requiere de la movilización de todos los sectores.En ese sentido, ha coincidido en que la movilidad eléctrica de España debe "acelerarse con urgencia" y por ello han creado una alianza con Iberdrola para desarrollar una red de carga rápida de 12.000 puntos en España y Portugal para 2030 gracias a una inversión de 2.000 millones.Del mismo modo, ha resaltado su proyecto HyVal de hidrógeno verde en la refinería de BP de Castellón que pretende crear un ecosistema vertebrado para descarbonizar en la Comunidad Valenciana "tanto la industria como la movilidad" y poder exportar también a Europa.Ha recordado que ya ha finalizado su parada técnica -en la que se invirtió cien millones- y que esta refinería creará tanto oferta como demanda ya que "se trata no solo de descarbonizar la refinería, sino también producir biocombustibles". Así, ha resaltado los "pasos muy importantes" para descarbonizar el transporte marítimo, aéreo y terrestre."Estamos transformando profundamente un sector como el transporte con biocombustible y la ingeniería eléctrica en un proceso complejo y gradual que va a requerir asegurarnos que haya colaboración y que esa transición sea justa para que ningún sector de la sociedad se quede por fuera y lleguemos seguros a los objetivos de 2040", ha apostillado.

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En prensa, una cosa es el titular y otra muy diferente el cuerpo de la noticia, que, a veces, merece la pena leer hasta el final. Hace apenas una semana, el caso particular de un desahucio acontecido en Barcelona llamó la atención de los medios de comunicación de todo el país, incluyendo televisión y radio, hasta el punto incluso de ocasionar la reacción de algunos líderes políticos.Los titulares hablaban de Blanca, una mujer de 78 años, desalojada de su piso de Barcelona por deber 88 euros. Las imágenes difundidas, además, reflejaban la profunda pena de la señora por no haber podido recoger sus pertenencias, tras haber vivido más de 50 años en la misma casa. Por si fuera poco, se tuvo que ir a una pensión, a la espera de que el Ayuntamiento de la Ciudad Condal la reubicara en otro alojamiento.VIDEO | Blanca, la mujer de 78 años que ha sido desahuciada de su piso de Barcelona por deber 88 euros, ha intentado este viernes recoger sus cosas sin éxito. La anciana ha roto a llorar a las puertas del inmueble porque no ha podido subir al piso donde vivió más de 50 años. pic.twitter.com/yNuA1A9xU4Visto así, resulta muy fácil sacar conclusiones precipitadas. No en vano, la noticia en cuestión tiene todos los elementos necesarios para indignar al público, que, como es lógico, va a tachar el desalojo de injusto y al demandante de cruel, inhumano e inmoral. Las palabras clave aquí son "anciana", "desahucio", "88 euros", "pensión", pero, sobre todo, la emoción que transmiten las imágenes -una imagen vale más que mil palabras-.Dicho y hecho. Una oportunidad semejante fue rápidamente aprovechada por los partidos de extrema izquierda, como Sumar y Podemos, entre otros, para tachar de "violencia" e incluso atentado contra los "Derechos Humanos" y la mismísima "democracia" semejante atrocidad.Esto es violencia. https://t.co/VhIsCX4jPfSacar de su casa, por la fuerza, a una persona sin alternativa habitacional es una violación de Derechos Humanos incompatible con la democracia https://t.co/Sopw1ahGQzHasta aquí los titulares. Veamos ahora el cuerpo de la noticia, en vista a los hechos probados que recoge la resolución judicial que, finalmente, ejecuta el desahucio, dado que, en este tipo de casos, es la única verdad oficial.El enfoque inicial cambia cuando se comprueba que se trata de un alquiler, no de una casa en propiedad. La afectada entró a vivir en el piso de la calle Boters de Barcelona en 1969, hace 55 años. La situación tampoco es baladí, puesto que está ubicado en el barrio Gótico, una de las zonas más céntricas y visitadas de la ciudad.Además, no se trataba de un alquiler cualquiera, sino de una renta antigua. La dictadura franquista congeló durante décadas el precio de los alquileres, prorrogando de forma indefinida los contratos por ley. Y esto, con el paso del tiempo y el efecto de la inflación, propició que los inquilinos pagaran una renta muy inferior a la de mercado, en detrimento, eso sí, de los propietarios. Blanca pagaba un alquiler de renta antigua de unos 191 euros al mes, incluso cuando su casera, la demandante, se hizo con la propiedad del piso en 2012.En 2017, acordaron unas obras de mejora en la vivienda asumidas por la propietaria, pero a cambio de subir el alquiler hasta los 280 euros, unos 88 euros más al mes. Y es justo aquí donde arranca el conflicto que, años después, acaba en desahucio. La inquilina no pagó los dos primeros recibos, al considerar que las obras no se adecuaban a lo pactado, acumulando una deuda inicial de 177 euros.Es entonces cuando la casera inicia el proceso de desahucio ante la Justicia para recuperar su propiedad. La cuestión es que, aunque posteriormente, la inquilina abonó parte de la deuda, quedando tan sólo una cuota de 88 euros por pagar, ya no pudo parar el procedimiento. Y es que, tal y como establece la ley, una vez que el casero haya requerido al inquilino el pago de la deuda por medios fehacientes y hayan pasado más de 30 días sin que se produzca el abono, el desahucio puede seguir su curso.La inquilina no pagó en plazo y la propietaria decidió seguir adelante con el desahucio. La denominada "enervación" (paralización del desahucio) es una posibilidad que tiene el inquilino demandado por impago para evitar ser desalojado de la vivienda o el local, pagando las cantidades que debe, pero siempre y cuando lo haga en los plazos y condiciones que establece la ley, cosa que, a la vista de la resolución judicial, no sucedió.El litigio arranca en 2017 y dos años después, en 2019, la Audiencia Provincial de Barcelona resuelve el contrato de alquiler en favor de la propietaria, momento a partir del cual solicita la ejecución de la sentencia mediante el correspondiente desalojo, puesto que la señora se niega a abandonar la vivienda voluntariamente.Desde finales de 2019 a principios de 2024 han pasado cuatro años y un total de seis intentos de desalojo, hasta el lanzamiento definitivo que tuvo lugar la semana pasada. El retraso en la ejecución responde a las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno a raíz de la pandemia de 2020, entre las que se incluye la suspensión de los desahucios por impago de alquiler en caso de personas "vulnerables" económicamente.Así pues, desde 2019, las partes han seguido batallando en los juzgados para resolver si la señora en cuestión es una inquilina "vulnerable" y, de este modo, suspender o no el desalojo. Y lo que ha determinado la Justicia es que en este caso no existe la situación de "vulnerabilidad económica" que estipula la ley, procediendo así a la ejecución del desahucio. Y ello en base a una serie de hechos probados, según la última resolución:Además, la Justicia concluye:Por último, llama la atención que, dada la prolongación del proceso, el Ayuntamiento de Barcelona, primero bajo Ada Colau y ahora con la Alcaldía socialista de Jaume Collboni, socios en todo caso, no hayan hecho nada durante todos estos años para asistir a la inquilina desalojada. Ni la reubicó en una residencia o vivienda social de ningún tipo ni la asistió económicamente.De hecho, según denuncia la asociación Resistim al Gòtic, el desalojo se paró el pasado noviembre después de que la propietaria aceptara negociar un nuevo alquiler a precio de mercado, algo más de 1.000 euros al mes frente a los 338 actuales de renta antigua. Y, aunque en estos tres meses se han producido negociaciones para que el Ayuntamiento se hiciera cargo de parte de la renta, el Consistorio cambió de criterio en el último momento y decidió romper un acuerdo inicial "de forma totalmente opaca y vergonzosa".🔴 Gravíssim: La Blanca, desnonada per culpa de l'AjuntamentUn canvi de criteri polític, a última hora i sense marge, trenca un acord que estava tancat.Exigim explicacions immediates per part de @jaumecollboni i @MariaEugeniaGay https://t.co/tVLxFKtyWh pic.twitter.com/Hu83oK0bohEste pacto establecía que la mujer siguiera pagando la renta antigua y el Ayuntamiento lo complementaría hasta los 1.000 euros, con una fecha fija para tener acceso a la vivienda pública que está esperando la inquilina. Según esta asociación, el Consistorio rechazó el acuerdo con argumentos "absurdos, poco coherentes y creíbles". ¿Quién tiene razón aquí? Éste ya es otro tema.Ahora bien, lo que resulta evidente es que entre los titulares difundidos por la mayoría de medios y los detalles concretos y probados por la Justicia para ejecutar el desahucio hay todo un mundo… La historia que hay detrás del titular, pero no se cuenta.

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Una de las cosas nefastas del estado (y tiene muchas) es que ejerce el monopolio de la coacción y la fuerza. Es decir, no hay nada que usted pueda hacer si el estado decide ir contra usted. La indefensión es absoluta.Esto permite al estado llevar a cabo cualquier tipo de política, siempre escudados en la falacia de la representación popular y un concepto bochornosamente pueril de democracia. Así se permiten tomar decisiones que sirven a los intereses de sus agendas políticas, independientemente de que esto sea positivo o nefasto para el conjunto de los ciudadanos. Perpetran todo tipo de tropelías, conscientes del poco coste electoral que ello tiene. Incluso, si la causa tiene cierto apoyo popular, pueden llegar a tratar de manera absolutamente injusta a un determinado colectivo mientras la manada de palmeros les ríe la gracia.El trato a la energía nuclear es un ejemplo de esto que comento. Una tecnología denostada y perseguida desde el gobierno, con una carga fiscal injusta que no tiene comparación con ninguna otra tecnología existente, con impuestos duplicados y triplicados, con impuestos inconstitucionales y a la que se le obliga a pagar las ineptitudes propias de la casta política que nos asola.Sobre la mesa existe un calendario de cierre de las centrales nucleares españolas, acordado en 2019 entre el gobierno y los propietarios de las mismas. Ese calendario extendió la operación de las plantas unos años más y, como contrapartida, subió la tasa que las centrales pagan para hacerse cargo del coste de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las mismas. Durante esas negociaciones se acordó que esa tasa tendría una subida máxima del 20% y se fijó en 7,98€ por cada MWh de electricidad producida.Ahora, el gobierno, se desmarca de manera unilateral con un Real Decreto en el que pretende subir esa tasa nada menos que un 40% hasta los 11,14 €/MWh. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales, el primero porque la ineptitud del estado en esta España nuestra ha provocado que se cancele el proyecto centralizado de gestión de residuos radiactivos. Esto ha ocasionado que la gestión de los mismos sea mucho más cara. ¿La culpa? Del gobierno. ¿Pero quién lo va a pagar? Las centrales nucleares.El segundo motivo es de índole ideológico-estratégica: continuar fabricando la coartada antinuclear. Seguir gravando la energía nuclear de manera ambigua y arbitraria para luego poder decir que no es competitiva y que son los propios dueños los que las quieren cerrar. Un auténtico despropósito. Hasta tal punto que, en base a la literatura rosa del BOE, son capaces de convertir en inviable la energía más competitiva que tenemos en España.Una tecnología que produce electricidad en el entorno de los 35€/MWh necesita, para sobrevivir, precios en el entorno de los 60€/MWh por la persecución indiscriminada del gobierno. Ese gobierno que va a cerrar las centrales nucleares para dejar abiertas todas las de gas mientras le vende a usted el relato de que lo hace por el clima. Abusones antinucleares, no son más que eso.

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Inversión a largo plazo. Índices y ETF. Renta variable a largo plazo, sensata y con cabeza.De todo esto llevamos años hablando en Tu Dinero Nunca Duerme. Y a veces pensamos que no hay mucho más que decir. Aunque hay una pregunta que siempre aparece en este punto. Algo que podríamos traducir como "todos esos consejos están muy bien, pero cómo lo hago en la práctica". En ocasiones damos por hecho que todo el mundo conoce perfectamente todas las posibilidades que tiene el inversor particular cuando se plantea cómo entrar en el mundo financiero. ¿Cómo contratar un broker? ¿Qué intermediario elegir? ¿Qué mirar en las webs de esos intermediarios para discriminar entre las diferentes opciones que tenemos antes nosotros en internet?Para ayudarnos a responder a todas estas preguntas, esta semana nos visita Antón Díez Tubet, responsable en España de Trade Republic, el neobroker alemán que desde hace años está intentando hacerse un hueco en un mercado muy complicado, dominado durante años por las entidades financieras tradicionales pero que ahora está siendo atacado por nuevos actores."Cuando hablamos de entidades tradicionales, en ocasiones sí hay barreras de entrada por costes: por ejemplo, te puede cobrar un 0,25% y un mínimo de 10€ por entrar al mercado americano. Esto viene de que en el pasado esto quizás no ha sido un parte core del negocio de la banca y sus estructuras de costes no les han permitido cobrar menos", nos explica Díez Tubet, que continúa: "Hay muchos brokers enfocados en el trading. Hay un mundo de traders minoristas muy centrados en esos productos. Pero en el caso de inversores que miren al largo plazo, lo que buscan son herramientas fáciles de usar, con una estructura de costes fácil de entender y sin barreras de acceso. Nuestra herramienta está pensada para esto. ¿Cómo invertir de manera recurrente? Eso lo solucionamos con un plan con el que puedes invertir mes a mes".En este sentido, Díez Tubet anima al pequeño inversor a buscar soluciones sencillas: "Hay diversos tipos de brokers. Algunos incentivan el trading (por ejemplo, algunos te animan a invertir varias veces al día). Nosotros, no. Nosotros queremos impulsar el ahorro recurrente y la inversión a largo plazo".Y por qué se pueden permitir cobrar mucho menos por un servicio que, aparentemente, es similar al de los bancos: "En el pasado había falta de alternativas y de información. Nosotros hemos podido desarrollar una tecnología que nos permite acceder al mercado de capitales con un coste muy bajo que podemos luego trasladar al cliente. Además, tenemos la ligereza de llevar pocos años operando. Y es verdad que a veces la gente puede desconfiar porque cobramos mucho menos que los bancos: la razón es la innovación tecnológica".

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Independientes pero no tanto. ERC ha deslizado su última -por ahora- petición. Quiere un plan de desarrollo de electrolineras con cargo a todos los españoles. Debe ser porque no está en sus planes separarse de España contaminando más de la cuenta. Y menos aún pagando por el camino.El Grupo Parlamentario Republicano en el Congreso ya ha registrado su petición. Y tiene forma de pago multimillonario por parte de toda España a Cataluña, como ya suele ser habitual."En el año 2020 el Gobierno español aprobó la Hoja de Ruta del Hidrógeno, que prevé para el año 2030, entre otras cosas, la instalación de entre 100 y 150 hidrogeneras de acceso público, un parque de entre 5.000 y 7.000 vehículos pesados y ligeros de pila de hidrógeno, y una flota de entre 150 y 200 autobuses con esta tecnología". Los separatistas se quejan de la tardanza y señalan que "en el Estado español, además, los valles del hidrógeno son los ecosistemas dedicados al desarrollo de la tecnología del hidrógeno con el apoyo privado y de las administraciones públicas. En Cataluña, los proyectos del Valle del Hidrógeno, situada en Tarragona, buscan estimular la producción del hidrógeno verde para la movilidad sostenible, la economía circular, o el desarrollo de infraestructuras para el almacenamiento y la distribución del hidrógeno".Además, y "en este sentido, el pasado 8 de febrero de 2023 se anunció que Tarragona acogería el Centro Catalán para la Descarbonización de la Industria, con un papel clave del hidrógeno verde y un protagonismo compartido entre las grandes empresas del sector químico, agrupadas bajo la asociación AEQT (Asociación Empresarial Química de Tarragona), y las principales universidades, centros públicos de investigación y centros tecnológicos". Y en todos estos proyectos, ERC echa de menos más dinero público. Español, claro está.Los separatistas siguen sumando vías de captación de fondos: "Es necesario también destacar los proyectos de la ciudad de Barcelona, la isla de Mallorca y el Puerto de Valencia. En la capital catalana se sitúa la primera hidrogenera de producción in situ de uso público de Cataluña, utilizada para el repostaje de ocho autobuses de la flota de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). Asimismo, el pasado septiembre de 2023, TMB adjudicó 36 nuevos autobuses de hidrógeno, financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La intención de la compañía es poder tener el 25% de la flota con vehículos de cero emisiones para el año 2024".Y, según ERC, "las administraciones públicas deben facilitar el desarrollo y las inversiones en combustibles alternativos, y concretamente por el hidrógeno renovable, por la creación de riqueza y conocimiento que supone, además de su importancia en la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Además de combustibles limpios y descarbonizados, el objetivo debería ser la masificación del uso de materiales como el hidrógeno como substitutivo de materias primas en procesos industriales críticos para la autonomía estratégica, la competitividad de nuestras empresas y que, a fecha de hoy, son altamente contaminantes".Por todo ello, los de Oriol Junqueras reclaman que el Gobierno de Pedro Sánchez fomente "el desarrollo de la red de recarga del vehículo eléctrico y de hidrógeno", al igual que "la demanda del mercado del vehículo con estas tecnologías". Traducido, que lo subvencione aún más.Y, por supuesto, que destine "a las comunidades autónomas, antes de seis meses, los recursos y las herramientas para la gestión de ayudas al desarrollo de redes de recarga del vehículo eléctrico y de hidrógeno". Es decir, que les pague las electrolineras e hidrogeneras. ERC también exige a Sánchez que apruebe, "antes de seis meses, una legislación específica para el diseño e instalación de hidrogeneras e hidrolineras. Permitiendo así su instalación también en suelo comercial y en estaciones de servicio multi-combustible".Todo ello acompañado, claro está, del destino de "los recursos económicos necesarios al apoyo de los valles del hidrógeno y a la estimulación de la producción de hidrógeno verde. Estos recursos deberían destinarse a fomentar el mercado del hidrógeno tanto en el ámbito de la movilidad, como en las cadenas de valor industriales, contribuyendo de forma decisiva a compartir el riesgo tecnológico y estratégico con las empresas, incentivando la necesaria descarbonización de la actividad económica".

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El exministro de Consumo Alberto Garzón ha renunciado este miércoles a incorporarse a la consultora Acento ante el "revuelo" y la "incomprensión" generada "en el ecosistema de izquierdas" y para evitar hacer daño al espacio por el que, asegura, tanto tiempo ha trabajado.Garzón ha hecho pública esta decisión a través de su cuenta en X, antes Twitter, un día después de que trascendiera su fichaje como director de Prospectiva Geopolítica de la consultora Acento, que puso en marcha el ex ministro socialista José Blanco.Tras la incomprensión suscitada en el espacio político, y con la intención expresa de no dañar a las organizaciones a las que tanto tiempo y energía he dedicado de mi vida, anuncio mi renuncia a incorporarme como tenía previsto.Esta es mi comunicación al respecto: pic.twitter.com/OLZutzBQkG"Tras la incomprensión suscitada en el espacio político, y con la intención expresa de no dañar a las organizaciones a las que tanto tiempo y energía he dedicado de mi vida, anuncio mi renuncia a incorporarme como tenía previsto", ha escrito en la citada red social.Lo cierto es que las críticas más descarnadas vinieron desde la izquierda, especialmente porque el exministro fue siempre muy crítico con las "puertas giratorias" e iba a ser contratado por una consultora especializada en hacer lobby con las empresas del Ibex.Incluso se ha criticado que el ministro que más luchó contra el sector del juego se incorporaba a la consultora que defiende los intereses de ese sector.Una de las iniciativas de la que nos sentimos más orgullosos es proteger a jóvenes y colectivos vulnerables frente a los riesgos del juego azar. Hemos impulsado un cambio de paradigma pionero en Europa al promover entornos más seguros de juego online y, además de regular la…Para poder hacerse cargo de esta nueva tarea en la consultora de José Blanco, Garzón tenía que contar con la autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses, una autorización que se solicitó el lunes, pero ante las críticas ha decidido renunciar, no soportando la presión y el aluvión de críticas vertidas en redes sociales, muy especialmente desde el espacio político del que él forma parte.Garzón fue ministro de Consumo en el primer gobierno de coalición de Pedro Sánchez con Unidas Podemos. Como tal, fue noticia un día sí y otro también por sus descabelladas ideas, quizás por las contradicciones que se derivan de ser comunista y ministro de Consumo al mismo tiempo.Fue apartándose de la primera línea política al no ser candidato a las elecciones del 23 de julio y anunciar en noviembre que dejaba de ser coordinador federal de IU, aunque no se despidió formalmente hasta el pasado 1 de diciembre.

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El empresario y exministro José Lladó, fundador, presidente de honor y accionista de referencia del grupo de ingeniería y construcción Técnicas Reunidas, ha fallecido a los 89 años de edad, según ha confirmado en sus redes sociales el Museo de Arte Reina Sofía, del que Lladó fue el primer presidente de su Real Patronato, desde 1986 a 1994."Nos entristece compartir la noticia del fallecimiento de José Lladó, primer presidente del Real Patronato de nuestro Museo. Siempre le agradeceremos el apoyo incondicional y todo lo que hizo por el Reina Sofía", ha publicado el Museo en sus redes sociales.Nos entristece compartir la noticia del fallecimiento de José Lladó, primer presidente del Real Patronato de nuestro Museo (desde 1986 a 1994) Siempre le agradeceremos el apoyo incondicional y todo lo que hizo por el Reina Sofía. pic.twitter.com/fsNPIjfuzYDoctor en Ciencias Químicas y Química Industrial y miembro de Honor de la American Chemical Society, Lladó (Madrid, 1934) fue uno de los principales impulsores de la expansión internacional de Técnicas Reunidas, de la que fue presidente durante 14 años, hasta 2020, cuando cedió el testigo a su hijo Juan Lladó y pasó a ocupar la Presidencia de Honor de la compañía.Embajador de España en Estados Unidos de 1978 a 1982, Lladó fue ministro de Comercio y ministro de Transportes y Comunicaciones entre 1976 y 1978, en los primeros años de la Democracia. Apasionado del arte, Lladó fue también patrono de la Fundación Amigos del Museo del Prado desde 1983 hasta 2021, cuando pasó a ser patrono de honor. A lo largo de su trayectoria profesional, José Lladó también ocupó los cargos de presidente del Consejo General de Químicos de España y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y fue fundador de la Fundación de Apoyo a la Cultura y de la Fundación Colegio Libre de Eméritos Universitarios. Entre otras condecoraciones, Lladó recibió en vida la Gran Cruz del Mérito Civil, la encomienda de la Legión de Honor francesa y la Gran Cruz de Carlos III.José Lladó Fernández-Urrutia fue elegido presidente de Técnicas Reunidas en 2006, cargo en el que permaneció hasta finales de junio de 2020, cuando fue relevado por su hijo Juan Lladó. A través de Aragonesas Promoción de Obras y Construcciones y de Araltec, la familia Lladó es la principal accionista de Técnicas Reunidas, con un 37,20% del accionariado.

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Eamonn Butler es una de las figuras más relevantes de la esfera liberal anglosajona. Desde hace cuatro décadas, ocupa la jefatura del Adam Smith Institute, uno de los centros de estudios más influyentes de Reino Unido. Con motivo de su paso por Madrid, Libre Mercado recogió sus impresiones sobre la situación que atraviesa el liberalismo a nivel mundial."Llevo 45 años al frente de una organización dedicada a promover el liberalismo. Voy cumpliendo años y seguro que he olvidado muchas cosas importantes, pero hay algo que sí tengo claro: la regla de oro para que nuestras ideas avancen es promover el talento e incentivar el desarrollo de personas brillantes que sean capaces de luchar contra el consenso izquierdista que comparten muchos medios de comunicación y espacios de creación de opinión. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para construir una visión alternativa y, para ello, necesitamos a los más brillantes", explicó en un evento celebrado por el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social de la Universidad San Pablo CEU.Ante decenas de personalidades provenientes del espectro intelectual de centro-derecha, Butler reivindicó la importancia de "mostrar empatía y entender el punto de vista de la ciudadanía ante las grandes cuestiones. Debemos atender esas demandas con originalidad, con creatividad y con inteligencia, demostrando que podemos abordar los temas que generan preocupación a la sociedad y poniendo de manifiesto que nuestras recetas son mejores y más efectivas. Si la gente se preocupa por la sanidad o el medio ambiente, hablemos de ello pero desde nuestros postulados"."Trabajé durante años en un periódico económico y a menudo me di cuenta de lo importante que es traducir la economía para expresarla en términos fácilmente digeribles. A los liberales nos gusta hablar de economía, pero hay que hacer que la economía resulte accesible para el periodista al que se le remite una información y, sobre todo, para el lector que la lee", recalca.El autor de numerosos libros y ensayos considera que "en las últimas décadas hemos vivido un desarrollo muy acelerado. Cuando nací, cuatro de cada cinco personas vivían por debajo del umbral de la pobreza. En los años 90, ese porcentaje era de aproximadamente un 65%. ¿Qué ha permitido que hoy estemos en niveles inferiores al 10%? El libre comercio ha sido vital, ha ayudado enormemente, integrando en la economía global a países en vías de desarrollo que han logrado acelerar su crecimiento al disfrutar de más oportunidades. Lamentablemente, el libre comercio está bajo ataque y parte de la derecha populista ha abrazado ese equivocado discurso de la izquierda radical".Butler lamentó que "la regulación en Europa se ha convertido en una pesadilla. Hay sectores que crecen mucho más rápido en EEUU porque no están sujetos a tanta presión normativa. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta de eso? ¿Por qué hemos normalizado un crecimiento mucho menor del que podríamos obtener si no pusiésemos tantas limitaciones a la actividad inversora y empresarial?".Refiriéndose al auge de las ideologías de extrema izquierda, recordó que "nadie que tenga menos de cuarenta años puede tener un recuerdo de la Unión Soviética o del desastre que supuso el maoísmo en China. Tenemos que mantener viva la memoria de los horrores del comunismo. En Reino Unido estamos preparando una serie documental sobre el sufrimiento que causó y los destrozos que provocó el régimen soviético en la mitad de Europa. No podemos dejar que tantas atrocidades cometidas por el comunismo caigan en el olvido, porque eso blanquea la posición política de quienes hoy en día pretenden normalizar ese discurso y esa ideología criminal"."Lo ocurrido en Corea sí nos permite ilustrar en el presente lo que pasa cuando se aplican políticas liberales o recetas comunistas. Es, sin duda, un experimento dramático. En el Norte se vive diez años menos. En el Sur, la gente común es 50 veces más rica. Y, pese a la brutal represión del régimen, casi 35.000 norcoreanos han cruzado la frontera y decenas de miles más lo han intentado pero han muerto en el intento. ¿Por qué nadie emigra a Corea del Norte? Porque el comunismo es un infierno", añadió.Comentando el auge de ciertos discursos nacionalistas, Butler pidió encontrar un equilibrio liberal que tome en cuenta estas preocupaciones: "Reagan y Thatcher fueron capaces de defender el individualismo sin dejar a un lado el patriotismo. Son mensajes compatibles, no enfrentados. Ahora que la nación vuelve a cobrar relevancia como sujeto de acción política y como definición identitaria, no olvidemos que su defensa no es necesariamente excluyente para con los mensajes de la libertad"."Lo que está pasando en Rusia, en China… nos demuestra que estamos del lado correcto de la historia. Nosotros hemos construido y desarrollado sociedades abiertas y plurales, economías liberales y dinámicas… Tenemos la superioridad moral y debemos proponer nuestras ideas con orgullo y convicción", concluyó el intelectual británico.

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Durante 2023 Telepizza consolidó su red de restaurantes con la apertura de 22 nuevos locales en diferentes localidades de provincias como Galicia, Andalucía, Murcia, Cataluña y Madrid.La marca ha sobrepasado así sus objetivos de crecimiento anuales y sigue ampliando su capilaridad para dar servicio a más consumidores. Actualmente, Telepizza llega a más de 32 millones de clientes y es la única marca con presencia en todas las ciudades de 40.000 habitantes y en más de 100 municipios de menos de 20.000 habitantes.Además, ha visto incrementar el consumo en su red de restaurantes en más de un 27% respecto a 2022, mientras que el servicio de delivery se mantiene como el servicio estrella concentrando gran parte de los pedidos.Los pilares de este crecimiento han sido la constante innovación en productos y "una estrategia promocional diferencial, que le han permitido ofrecer más producto a los precios más competitivos del mercado y construir experiencias únicas para sus clientes", según indicó.Para celebrar el Día Internacional de la Pizza, Telepizza revela estas cifras, "que la han llevado a impulsar su consolidación como la marca de pizza más reconocida para el 81% de los consumidores españoles, según datos de una encuesta a 2.000 consumidores. Y es que, en 2023, los españoles consumieron más de 33,5 millones de Telepizzas, la misma cifra que la población de Bélgica, Grecia y Suecia juntas".La noche, que concentró más del 70% de los pedidos, fue el turno más elegido por los clientes y las 21.00 horas, la hora de mayor frecuencia. Por su parte, el día de Año Nuevo, la noche y día de Reyes y la noche de Halloween fueron las jornadas de mayor consumo de la marca durante el 2023. Además, los españoles se decantan por las ‘Telepizzas’ para disfrutar de los partidos de fútbol más seguidos como fechas clave para saborear su icónica masa.Además, durante 2023 Telepizza ha lanzado nuevas referencias como la Megamediana, la pizza mediana más grande del mercado, por 6,95 euros, o el menú buffet Pizza y Bebida Sin Fin. Ha completado los nuevos lanzamientos de producto con innovaciones que "reimaginan sus referencias más clásicas" como La Famiglia Carbonara, o que proponen nuevas formas de disfrutar de su masa como los bordes rellenos o las Extremas de Queso.La marca ha acompañado estas novedades con una estrategia promocional "que la ha situado a la vanguardia del sector QSR, rediseñando las reglas del mercado y ofreciendo más producto a los precios más competitivos, en un mercado caracterizado por la creciente inflación, el aumento de los precios o la reducción en el tamaño de los productos", indicó la compañía, y añadió que "su cercanía con los consumidores ha sido la tónica general de la estrategia de Telepizza durante 2023, que se materializó en su campaña ‘Viva la Masa, ahí está el secreto’, que homenajea a los clientes que la han elegido durante más de 35 años, transmitiendo sus valores generación a generación".

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Las reformas de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez han logrado desbaratar el mercado laboral hasta niveles difíciles de imaginar. España ya es el segundo país de la UE donde resulta más caro crear empleo. Además, sus publicitadas subidas del SMI han generado una pérdida de 321.987 empleos, como acaba de calcular la consultora Freemarket. Y, como sostiene la misma firma, sus reformas mandan la productividad española a niveles previos a 1996. La líder de Sumar se ha convertido en la persona que más empleo ha restado en España en mucho tiempo.El informe de Freemarket explica lo ocurrido en este periodo socialista-comunista: "El Gobierno asumió el objetivo de situar el salario mínimo interprofesional (SMI) en el 60% de la renta mediana nacional al final de la Legislatura. Dicho objetivo se alcanzó en 2022. Sin embargo, a pesar de ello, el SMI continuó creciendo en 2023 y lo hará de nuevo en 2024. En 6 años se ha incrementado en un 54,19%. La mayor subida fue la realizada en enero de 2019, un 22,3% —el mayor de la historia en un sólo año—".El estudio de Freemarket se basa en un indicador. "El índice de Kaitz es un instrumento muy útil para analizar la equidad y la calidad de los salarios en una economía. Este indicador se obtiene al dividir el salario mínimo interprofesional (SMI) entre el salario promedio de la economía". Y, en el caso de la economía española, "en los últimos años ha ido situándose de manera paulatina en los puestos de cabeza a escala mundial. La razón es sencilla: en ninguno de los países de la OCDE-UE se han producido aumentos tan fuertes del SMI como los introducidos en España. En 2017, el SMI español era el tercero más bajo de la OCDE tan sólo por debajo del existente en Méjico y Estados Unidos. En estos momentos tiene el tercer mayor índice de Kaitz, superando a todas las economías de la UE".Y el resultado se ha visto de inmediato. "En los últimos años, el SMI ha crecido un 54,1% mientras la productividad ha experimentado una de las mayores caídas de la historia. Su contracción a raíz de las consecuencias del Covid19 fue seguida de su incremento por un simple efecto base en el año y medio posterior a la pandemia para iniciar a continuación una rápida desaceleración", destaca el estudio.Y "esa dinámica se traducirá de manera inevitable en una destrucción de empleo que se concentrará sobre todo en los colectivos más vulnerables que son tradicionalmente los perceptores del SMI (mujeres, jóvenes, trabajadores agrícolas, etc.) y en las autonomías más pobres que son aquellas en las cuales el SMI impuesto por el Gobierno se aproxima más al salario medio".Por todo ello, "los gráficos muestran la brutal caída de la productividad y, como es lógico, el fuerte incremento de los costes laborales unitarios. Es evidente que los flujos de empleo-paro no pueden ser insensibles a la creciente y abultada brecha entre ambas variables. En otras palabras, el paro aumentará, la contratación de mano de obra caerá salvo que la productividad se incremente de modo significativo o los salarios se ajusten a la baja de manera sustancial".

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Commerzbank obtuvo un beneficio neto de 2.224 millones de euros en 2023, lo que supone un avance del 55% respecto al logrado un año antes y su mejor marca en 15 años, según ha informado el segundo mayor banco comercial privado alemán y en el que el Gobierno germano mantiene una participación ligeramente superior al 15%.Asimismo, Commerzbank alcanzó una cifra de negocio de 10.461 millones de euros, un 10,6% más, gracias al aumento del 33,4% de los ingresos por intereses netos, hasta los 8.391 millones de euros, y pese a que los ingresos por comisiones disminuyeron un 3,8%, hasta los 3.386 millones de euros. De estas cantidades hay que descontar 1.339 millones de euros por ajustes. Los gastos operativos avanzaron un 2,8%, hasta los 6.006 millones de euros, mientras que las provisiones por riesgo descendieron un 29,5%, hasta los 618 millones de euros.En el cuarto trimestre, el banco alemán obtuvo un beneficio de 395 millones de euros frente a las ganancias de 684 millones de euros que se anotaron doce meses antes, un 16,3% menos, al tiempo que la cifra de negocio aumentó un 1,9%, hasta los 2.409 millones de euros.Asimismo, Commerzbank ha revelado que tenía 9.000 millones de euros de exposición a préstamos inmobiliarios comerciales, de los que alrededor del 4% eran morosos. La entidad ha informado de que será "prudente" en este tipo de préstamos, con una "fuerte restricción en el sector minorista no alimentario".En métricas financieras, la ratio de capital CET1, la que mide los activos de mayor calidad, mejoró hasta el 14,7%, por encima de los requisitos regulatorios. Además, la ratio de créditos morosos fue del 0,8%.De cara a 2024, los ingresos por intereses caerán hasta situarse en el entorno de los 7.900 millones de euros debido a la potencial reducción de los tipos de interés, aunque su facturación por las comisiones aumentará un 4%.Commerzbank también ha anticipado devolver a los accionistas 1.000 millones de euros mediante una ratio de desembolso del 50% que consistirá en un dividendo de 0,35 euros por acción y un programa de recompra de acciones por 600 millones de euros. Tras presentar sus resultados, las acciones de Commerzbank rebotaban más de un 5% en Bolsa.

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Inversión a largo plazo. Índices y ETF. Renta variable a largo plazo, sensata y con cabeza. De todo esto llevamos años hablando en Tu Dinero Nunca Duerme. Y a veces pensamos que no hay mucho más que decir. Aunque hay una pregunta que siempre aparece en este punto. Algo que podríamos traducir como "todos esos consejos están muy bien, pero cómo lo hago en la práctica". En ocasiones damos por hecho que todo el mundo conoce perfectamente todas las posibilidades que tiene el inversor particular cuando se plantea cómo entrar en el mundo financiero. ¿Cómo contratar un broker? ¿Qué intermediario elegir? ¿Qué mirar en las webs de esos intermediarios para discriminar entre las diferentes opciones que tenemos antes nosotros en internet?Para ayudarnos a responder a todas estas preguntas, esta semana nos visita Antón Díez Tubet, responsable en España de Trade Republic, el neobroker alemán que desde hace años está intentando hacerse un hueco en un mercado muy complicado, dominado durante años por las entidades financieras tradicionales pero que ahora está siendo atacado por nuevos actores."Cuando hablamos de entidades tradicionales, en ocasiones sí hay barreras de entrada por costes: por ejemplo, te puede cobrar un 0,25% y un mínimo de 10€ por entrar al mercado americano. Esto viene de que en el pasado esto quizás no ha sido un parte core del negocio de la banca y sus estructuras de costes no les han permitido cobrar menos", nos explica Díez Tubet, que continúa: "Hay muchos brokers enfocados en el trading. Hay un mundo de traders minoristas muy centrados en esos productos. Pero en el caso de inversores que miren al largo plazo, lo que buscan son herramientas fáciles de usar, con una estructura de costes fácil de entender y sin barreras de acceso. Nuestra herramienta está pensada para esto. ¿Cómo invertir de manera recurrente? Eso lo solucionamos con un plan con el que puedes invertir mes a mes".En este sentido, Díez Tubet anima al pequeño inversor a buscar soluciones sencillas: "Hay diversos tipos de brokers. Algunos incentivan el trading (por ejemplo, algunos te animan a invertir varias veces al día). Nosotros, no. Nosotros queremos impulsar el ahorro recurrente y la inversión a largo plazo".Y por qué se pueden permitir cobrar mucho menos por un servicio que, aparentemente, es similar al de los bancos: "En el pasado había falta de alternativas y de información. Nosotros hemos podido desarrollar una tecnología que nos permite acceder al mercado de capitales con un coste muy bajo que podemos luego trasladar al cliente. Además, tenemos la ligereza de llevar pocos años operando. Y es verdad que a veces la gente puede desconfiar porque cobramos mucho menos que los bancos: la razón es la innovación tecnológica".

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Almirall registró en 2023 pérdidas netas de 38,5 millones de euros en contraste con las ganancias de 4,3 millones de euros de 2022, según ha informado este lunes la compañía, que ha explicado que este resultado fue consecuencia de los cargos por deterioro asociados al valor contable del antibiótico oral para el acné Seysara.La biofarmacéutica obtuvo en 2023 unas ventas netas de 895 millones de euros, un 3,6% más que en 2022, gracias al buen comportamiento del negocio europeo de dermatología, que registró un crecimiento del 17% en el año."Almirall ha cumplido sus estimaciones financieras y ha consolidado los excelentes resultados de su negocio europeo de dermatología. El enfoque estratégico en dermatología médica ha situado a la compañía en una buena posición para el crecimiento sostenido y el liderazgo a medio y largo plazo", ha resaltado la empresa.El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Almirall disminuyó un 12,2% en 2023, hasta los 174,1 millones de euros, por las inversiones para el lanzamiento de nuevos productos y la expansión de otros ya puestos en marcha, así como por la menor contribución de otros ingresos en comparación con el ejercicio de 2022, en concreto de los hitos de AstraZeneca y Covis, además de un margen bruto "ligeramente inferior" y mayores gastos operativos.El resultado neto normalizado de Almirall se situó en 15,6 millones de euros, un 53,4% menos que en 2022, mientras que el margen bruto avanzó un 1,5%, hasta los 581,4 millones de euros, representando el 65% de las ventas, frente al 66,4% del ejercicio anterior. La compañía ha explicado que el margen bruto se vio afectado por el aumento de los costes energéticos y la inflación, que impactó en los costes de compra de determinados materiales.La inversión de Almirall en I+D fue de 111 millones de euros en 2023, un 12% de las ventas netas del año, en tanto que los gastos generales y de administración se situaron en 422 millones de euros, un 3% más, debido al apoyo a los recientes y próximos lanzamientos de varios productos en Estados Unidos y a la implantación de su fármaco contra la psoriasis Ilumetri en nuevos países."2023 ha sido un año importante para Almirall, durante el cual hemos continuado consolidando nuestra posición de liderazgo en dermatología en Europa y hemos avanzado en el desarrollo de productos innovadores con un impacto tangible en la vida de los pacientes", ha destacado el presidente y consejero delegado de la biofarmacéutica, Carlos Gallardo.Respecto a 2024, la compañía prevé un crecimiento de las ventas netas de un dígito alto y un Ebitda total de entre 175 y 190 millones de euros. "Confiamos en nuestra capacidad para seguir incrementando nuestros ingresos y consolidar nuestra posición en el sector de la dermatología", ha subrayado Gallardo.Además de sus resultados, Almirall ha anunciado este lunes un acuerdo de licencia exclusiva con Novo Nordisk sobre los derechos del anticuerpo monoclonal NN-8828, que bloquea la citoquina IL-21. Según el acuerdo, Almirall obtiene los derechos mundiales para desarrollar y comercializar este anticuerpo monoclonal en determinadas indicaciones, incluidas las enfermedades dermatológicas inflamatorias inmunomediadas. La compañía española asumirá el desarrollo global del activo para abordar enfermedades dermatológicas clave y la futura comercialización en estas indicaciones. Novo Nordisk recibirá un pago inicial, así como pagos adicionales por hitos comerciales y de desarrollo y 'royalties' escalonados en función de las ventas mundiales futuras.

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Francisco García Paramés es CEO y fundador de Cobas AM mantiene un peso muy importante en sus carteras en Asia, en concreto un 14%. Pero a menudo cuando hablamos de Asia en el mundo de la inversión, a menudo, cometemos el error de pensar que se trata de China. Y hay mucho más allá de China. Paramés ha estado recientemente en Singapur durante el segundo semestre de 2023. Conociendo aquella sociedad y visitando a las empresas que tiene Cobas AM en su cartera.Por eso, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos visita Carlos González Ramos, su director de Relación con Inversores, Marketing y Comunicación, para explicarnos cómo ven aquella región: "En la cartera tenemos un 14% en compañías asiáticas. No queremos incrementarlo porque sí, pero estamos alerta. Aunque entrar ahora en nuestra cartera es complicado, porque el margen de seguridad de las actuales compañías es muy elevado".Y qué les ha contado su jefe sobre lo que ha visto y vivido en estos meses: "Lo más interesante de esa visita a Asia es lo que hemos visto sobre el crecimiento de la región respecto a lo que ocurre en el resto del mundo. Ese crecimiento nos da tranquilidad de que los negocios de las compañías pueden seguir mejorando". ¿Qué tipo de empresas tiene Cobas en Asia: son recién llegadas o mantienen a los clásicos de la gestora?: "La mayoría de las compañías llevan 5-6 años en la cartera. Han podido subir o bajar el peso, pero se han mantenido dentro de la cartera durante ese tiempo. Esto es algo que nos pasa en general en toda la cartera [no sólo con las asiáticas] y nos hace tener mucha convicción en su potencial de revalorización".Además, esta semana, en los inolvidables de la inversión, el country manager de Trade Republic, Antón Díez Tubet, nos ha acercado el concepto de la inversión sistemática y por qué es tan importante a la hora de capitalizar nuestros ahorros en el largo plazo.Por último, en el tramo de actualidad y tertulia, se incorporó a la mesa de debate Gustavo Martínez para tratar los nuevos máximos del oro. Un valor refugio que se encuentra cerca de máximos históricos y que, según la tesis de inversión de Gustavo Martínez, tiene todavía recorrido, ya que "si pensamos que con tipos de interés negativos (tipos de interés nominales menos la inflación) la inflación va a remitir, es que no sabemos cómo funciona el fenómeno de la inflación". Y si hay inflación, lo normal es que el precio del oro siga subiendo.

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Mónica García estrenó su cargo de ministra de Sanidad el 21 de noviembre de 2023. Casi dos meses después se celebraron en toda España los exámenes de Formación Sanitaria Especializada en Medicina, Farmacia, Enfermería, y de las titulaciones de Química, Física, Biología y Psicología. En total aspiraron 30.066 personas a 11.607 plazas. Y eso significa que mientras se confirma el déficit de médicos y enfermeras y la imposibilidad de cubrir toda la demanda de servicios sanitarios con los actuales profesionales, se confirma una segunda imposibilidad: la de atender a esa demanda con una limitación oficial -dependiente del Ministerio de Sanidad- que impide que haya oferta suficiente de médicos y enfermeros.En concreto, casi 6.000 médicos y 7.000 enfermeros se han quedado sin plaza en plena carestía de personal sanitario. Mónica García puede argumentar que llegó al límite para solucionar el problema. Pero lo cierto es que no ha hecho ni una mención a un problema que estrangula la sanidad: es imposible aumentar los servicios médicos sin médicos ni enfermeros.El sindicato CSIF ha recopilado los datos. Y en el caso específico de la prueba para Medicina, un total de 14.961 médicos se presentan para 8.772 plazas, por lo que 6.189 aspirantes se han quedado fuera, pese a las necesidades de nuestro sistema sanitario. De hecho, en el caso concreto de Medicina Familiar y Comunitaria (Atención Primaria) y Pediatría, solo se han previsto 37 y 7 plazas más, respectivamente, respecto al año anterior. Y el déficit estimado por CSIF asciende a 10.000 plazas más de médicos de Atención Primaria en los próximos 5-7 años.La escasez de plazas ofertadas se repite en el caso de Enfermería (2.108 plazas -147 más que el pasado ejercicio- para 9.152 aspirantes), con la frustración añadida de que los aspirantes que acaban estas especialidades, apenas tienen plazas para poderlas ejercer en el Sistema Nacional de Salud. CSIF ha reclamado ya al Ministerio "aumentar las plazas y mejorar las condiciones laborales para evitar la fuga de personal sanitario. Y es que tres de cada diez médicos de Primaria están a las puertas de la jubilación".La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha pedido una negociación urgente para "aumentar las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en los próximos años y comenzar a solucionar los graves problemas que amenazan a nuestro Sistema Nacional de Salud, con una Atención Primaria y urgencias hospitalarias saturadas en todo el país, como se ha puesto de manifiesto con la epidemia reciente de infecciones respiratorias".El número de plazas para Formación Sanitaria Especializada que convoca anualmente el Ministerio de Sanidad "no contribuye a solucionar los problemas de escasez de personal especializado en todas las comunidades autónomas y tiene como consecuencia la saturación de la Atención Primaria y que los ciudadanos no tengan más remedio que acudir a las urgencias hospitalarias, empeorando este servicio", explica el sindicato.CSIF ha denunciado en reiteradas ocasiones la marcha de profesionales a otros países por la falta de reconocimiento de las condiciones laborales y retributivas, lo que tiene como consecuencia la escasez de personal sanitario por falta de inversión y una mala planificación. Según los cálculos de este sindicato, la Sanidad "necesita un Plan Estratégico a 5-10 años para situarnos en la media europea. Tenemos un déficit de 9.500 médicos de Atención Primaria, a lo que hay que sumar que faltan 130.000 profesionales de Enfermería, 1.250 matronas, 1.100 pediatras y 44.000 TCAES".

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Sumar tiene el objetivo de limitar la industria turística española. Poniendo como excusa la cuestión climática, el partido de Yolanda Díaz ha propuesto el establecimiento de una nueva ecotasa dirigida al principal motor de la actividad económica en España. Concretamente, pretenden gravar las estancias turísticas e imponer un techo turístico a cada destino.A ello debemos añadir, además, la particular cruzada que desde la formación de izquierda radical han emprendido contra el sector de la aviación, pues este miércoles se debatirá y someterá a votación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico la elaboración de un informe en el que se analicen el impacto medioambiental de la reducción de vuelos cortos y las medidas europeas para restringir vuelos privados.Una de las últimas ocurrencias de Sumar ha sido proponer una ecotasa que se aplicaría en todo el territorio español sobre las estancias turísticas. De acuerdo con el Boletín Oficial de las Cortes Generales, el partido que lidera la ministra de Trabajo ha registrado una proposición no de ley para el establecimiento de este nuevo gravamen en la que se expresa que esta tasa debe "compensar" a la sociedad "por el coste medioambiental que supone el ejercicio de determinadas actividades que distorsionan o deterioran el medio ambiente en el territorio". Como publicamos en Libre Mercado, esta iniciativa ya se contenía en el "Pacto de Estado por un Turismo Justo, Sostenible e Inclusivo 2024-2030" que propuso el pasado mes de diciembre.Desde Sumar explican que esta iniciativa "contribuye inexcusablemente a mejorar las condiciones de vida de los territorios y por ende, de la sociedad española", y confían en que esta nueva tasa "puede ayudar a paliar uno de los principales problemas que genera el turismo de masas, el impacto sobre el territorio, lo que a la postre puede redundar en la adaptación del modelo turístico que permita generar unas condiciones de empleo diferentes y no introducir incentivos para que persista el alza de precios de las viviendas en las zonas turísticas".Por ello, en concreto proponen establecer una mesa de trabajo que coordine las propuestas que se presenten en relación con esta materia. Según el grupo parlamentario de Sumar, este tributo debería permitir el fomento de "medidas de regeneración en los territorios en los que el territorio haya sido deteriorado por la actividad turística" y tendría que ser destinado "a gastos e inversiones vinculadas con el desarrollo, la protección medioambiental y el empleo".Del mismo modo, Sumar propone "elaborar estudios que incorporen los ratios actuales de presión turística de cada Comunidad o Ciudad Autónoma, así como de los municipios turísticos", además de "impulsar la elaboración de un informe que certifique el impacto que tiene la actividad turística y su población flotante sobre la generación y gestión de residuos en todas las autonomías".Al respecto, otra de las propuestas que hacen desde el partido de Yolanda Díaz es "poner a disposición de las autoridades turísticas municipales los recursos necesarios para acometer auditorías que acrediten el impacto sobre los servicios públicos" e "incorporar en los Presupuestos Generales del Estado partidas presupuestarias específicas para hacer frente a las contingencias sobrevenidas en zonas turísticas por los efectos sobre servicios públicos que prestan bajo su ámbito de competencia".Asimismo, quieren incorporar en los Presupuestos Generales del Estado partidas que establezcan "ayudas al emprendimiento cooperativo que permita la distribución de la riqueza generada por la actividad turística en el territorio". No obstante, el delirio de Sumar también tiene por objetivo la limitación del turismo. Así, especifican que habría que "establecer límites razonables de techo turístico para cada destino turístico".¿Y quiénes estarían sujetos a esta ‘ecotasa’? Tal y como expresan en su proposición, teniendo como ejemplo precursor el impuesto sobre estancias turísticas existente en las Islas Baleares, Sumar señala que, "a través de un tributo directo", se debería configurar "la recaudación de un impuesto de carácter finalista para favorecer el turismo sostenible, siendo los sujetos pasivos todas las personas físicas que lleven a cabo una estancia en los establecimientos turísticos de alojamiento hotelero, apartamentos turísticos, alojamientos de turismo rural, albergues y refugios, hospederías, hostales, viviendas turísticas de vacaciones y un largo etcétera que abarca toda la normativa autonómica que tenga la calificación de turística".Del mismo modo, este miércoles Sumar llevará al Congreso el primer debate sobre la proposición no de ley que el grupo parlamentario de la ministra Díaz registró el pasado 12 de diciembre de 2023 en la que se plantea la posibilidad de prohibir los vuelos de menos de tres horas. Tal y como refleja la Agenda del Congreso, será en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico donde se debata y someta a votación la elaboración de un informe en el que se estudie el impacto medioambiental de la reducción de vuelos cortos y las medidas europeas para restringir vuelos privados.En concreto, Sumar explica que su propuesta pasa por "elaborar un informe que analice la reducción de emisiones que supondría impulsar la reducción de los vuelos de corto recorrido con alternativa ferroviaria de 3 horas", además de "continuar los trabajos para impulsar la aprobación de la Directiva que en el ámbito de la Unión Europea trata la fiscalidad de los productos energéticos entre los que se encuentra el queroseno para la aviación". De la misma forma, la formación de la ministra Díaz propone "elaborar un informe sobre las iniciativas europeas relativas a las medidas a aplicar para restringir los vuelos de los jets privados".En este sentido, Sumar justifica su propuesta apuntando a que "se estima que la aviación es responsable de entre el 5-8% del impacto climático global, y, si no se toman medidas al respecto, se espera que las emisiones de la aviación se dupliquen para 2050". Asimismo, apuntan a que "cada año fallecen 25.000 personas por enfermedades agravadas por la mala calidad del aire". Sin embargo, como es habitual, la formación tiñe su discurso con el odio a la riqueza, pues a lo anterior añaden que "estas emisiones son producidas por una parte muy pequeña de la población", apostillando que más del 80% de la población mundial nunca ha volado y que el 10% de la población con mayores ingresos consume el 75% de la energía utilizada en la aviación.Así las cosas, para Sumar la única solución que se les antoja posible es la imposición y la prohibición. Partiendo de que, según sostienen desde el partido de Yolanda Díaz, "la única forma de reducir las emisiones de la aviación es reduciendo el tráfico aéreo", la formación de extrema izquierda propone "acabar con las ventajas regulatorias de la aviación sobre las formas de transporte más sostenibles" (para ellos, lo más urgente) y "la reducción de vuelos de corta distancia" (señalando directamente a los vuelos entre Alicante, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia y Madrid y promoviendo la sustitución de éstos por rutas alternativas en tren de alta velocidad). Como es bien sabido, esta es una de las propuestas estrella de Sumar. Ya la recogieron en su acuerdo de gobierno con el PSOE.Sin embargo, a pesar de la propaganda que desde el ala más radical del Gobierno se hace en relación con los supuestos beneficios que tendría esta iniciativa, la propuesta de prohibir los vuelos cortos no ha estado exenta de críticas.Lo cierto es que, como hemos publicado en Libre Mercado, acabar con los vuelos de corta duración sería una gran equivocación, puesto que dañaría gravemente al sector. Por un lado, se lastraría la competitividad del sector al limitar el desarrollo de aeropuertos como el de Madrid o Barcelona como grandes hub de la aviación. Pero, además, con esta medida se lograría desincentivar la innovación con nuevas tecnologías libres de carbono.

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Por mucho que las autoridades monetarias y políticas de uno y otro lado del Atlántico sigan alimentando la ilusión del fin del periodo inflacionario que arrancó hace algo más de un año, las señales de que las tensiones alcistas en los precios continúan son cada vez mayores.La última ha venido de la mano de una conocida marca de cervezas. En concreto, la segunda cervecera del mundo, la neerlandesa Heineken registró en 2023 un beneficio neto de 2.300 millones de euros, un 15% menos que en 2022, pero la empresa valoró su resiliencia frente a los desafíos del último año y se mantuvo prudente con vistas a 2024.Los resultados de Heineken han sido peores de lo esperado en 2023. La facturación ascendió a cerca de 36.400 millones de euros, un 4,9% más que el año anterior. Esto ha sido así gracias al aumento de los precios.El gran problema ha sido la caída de los volúmenes de ventas que han retrocedido un 4,7%, fundamentalmente motivado por los mercados de Nigeria y Vietnam, que representaron más del 60% de la bajada en los volúmenes, debido a la fuerte crisis económica que atraviesan ambas economías.Pero no se puede olvidar que el fuerte crecimiento de los costes en las materias primas y la energía también ha impactado de lleno en los resultados de este año. Básicamente, Heineken ha tenido que subir los precios porque ha tenido que trasladar al consumidor el fuerte incremento de los costes de producción y materias primas que han sufrido y esto ha afectado a la demanda de los consumidores, que ante el aumento de los precios han reducido el consumo.Dolf van den Brink, director ejecutivo de Heineken, indicó en un comunicado que "tras un sólido 2022, 2023 resultó ser un desafío".No obstante, valoró la capacidad de resistencia de la empresa y los avances logrados en los objetivos de la estrategia "EverGreen", con la que la multinacional cervecera aspira a conseguir un crecimiento equilibrado. Con vistas a 2024, Van den Brink se mostró prudente a la luz de "la economía global y las tensiones geopolíticas"."Nuestro enfoque futuro será el crecimiento de los ingresos, equilibrado entre volumen y valor, continuando con las inversiones en nuestras marcas e innovaciones", añadió.La empresa pagó en 2023 a sus accionistas un dividendo de 1,73 euros por acción, cantidad similar a la del año precedente.

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Talgo cayó ayer lunes más de un 6% en bolsa, después de que el grupo húngaro Ganz-MaVag (Magyar Vagon) haya descartado haber presentado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para hacerse con la compañía y haya asegurado que no tiene la certeza suficiente para hacerlo en el futuro. Las acciones del fabricante español de trenes sufrieron una caída del 6,17% al cierre de la jornada, hasta intercambiarse cada uno de sus títulos a 4,48 euros por acción, cerca de los 4,4 euros desde los que el jueves pasado comenzó a dispararse con los rumores de OPA.En concreto, ese día, en torno a las 15.00 horas, su cotización comenzó a dispararse repentinamente, llegando a los 4,8 euros en apenas una hora, motivo por el cual la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) decidió suspenderla temporalmente del mercado. Una vez que el grupo húngaro dio las pertinentes explicaciones el viernes tras el cierre de mercado, el regulador retiró esa suspensión con efectos a partir de la apertura del mercado de este lunes.Así, sus acciones se desplomaron nada más comenzar los intercambios de acciones, toda vez que las expectativas de compra de Talgo a un precio de 5 euros por acción se habían enfriado, volviendo así a la situación anterior al jueves. Magyar Vagon explicó el viernes que la principal traba para ejecutar la oferta sobre Talgo está relacionada con las financiaciones de la compañía sujetas al cambio de control de cara a la obtención de los permisos regulatorios correspondientes.A este respecto, la CNMV le ha trasladado que no se permite someter la oferta a la condición de la obtención del consentimiento de las entidades financiadoras por el cambio de control. Por todo ello, aseguró no tener certeza de que la OPA que ha calentado la acción en los últimos meses (la noticia trascendió en noviembre por primera vez) se llegue a formular, aunque promete que informará de cualquier posterior decisión a su debido momento.De esta forma, pese a confirmar las informaciones que apuntaban a una OPA a 5 euros por acción, detallaba que todavía no se ha alcanzado ningún acuerdo ni ninguna decisión al respecto, a la espera de dilucidar las trabas regulatorias a las que ha hecho la referencia la CNMV.La compra de Talgo por 5 euros por acción supondría valorar el 100% de la empresa en torno a los 617 millones de euros. El principal accionista de la compañía es el fondo de inversión Trilantic, mientras que Magyar Vagon, propiedad del empresario András Tombor, opera la empresa fabricante de trenes DJJ, que compró en 2020.

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Un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) ha dado la razón a Telefónica en su demanda contra Millicom International Cellular -con sede en Luxemburgo y cotizada en el Nasdaq- debido a que en 2020 se negó a cumplir el acuerdo alcanzado el año anterior para la compra de la filial de Telefónica en Costa Rica por 570 millones de dólares (unos 530 millones de euros al cambio actual).Si bien en la sentencia no se especifica la indemnización a la que tendrá derecho Telefónica, la cuantía ascendería a unos 140 millones de dólares (130 millones de euros), según ha adelantado el diario económico Expansión y han confirmado fuentes conocedoras de la situación a Europa Press. En este contexto, Millicom International Cellular -cuya principal marca es Tigo- puede recurrir la sentencia del tribunal neoyorquino.A finales de abril de 2020 Telefónica anunció acciones legales ante los tribunales de Nueva York contra Millicom International Cellular para exigir el cumplimiento del acuerdo de venta de su filial en Costa Rica alcanzado en febrero de 2019 y cuyo cierre Millicon se negó a ejecutar.En febrero de ese año, la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete anunció el acuerdo para la venta del 100% del capital social de la filial en Costa Rica a Millicom International Cellular por un importe de 570 millones de dólares.En aquel momento, la operadora informó a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que, una vez obtenidas las pertinentes autorizaciones regulatorias y completadas todas las condiciones establecidas en el acuerdo para la ejecución de la compraventa, solicitó formalmente a Millicon llevar a cabo la ejecución del contrato y el cierre de la transacción. Sin embargo, Millicon manifestó su negativa a proceder con el cierre, algo que Telefónica interpretó como "un incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en el referido contrato".Fuentes conocedoras de la situación explicaron que, a pesar de contar con las autorizaciones, Millicom se excusó en que la operación no había sido refrendada por la Contraloría General de la República de Costa Rica, un argumento que utilizó para negarse a cerrar el trato.Sin embargo, las fuentes consultadas entonces indicaron que este organismo, cuyas funciones serían similares a las del Tribunal de Cuentas en España, no tiene competencia para autorizar operaciones, sino que las refrenda una vez cerradas. En este contexto, el tribunal de Nueva York ha fallado a favor de Telefónica al señalar que la mencionada autorización no era necesaria para cerrar el trato, tal como alegaba Millicom.

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CaixaBank ha realizado alrededor de 11.700 novaciones de hipotecas a tipo fijo y 12.300 refinanciaciones a particulares u otros acuerdos de pago desde que comenzara la subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).Además, según los datos hechos públicos por la entidad, la entidad ha recibido alrededor de 6.400 solicitudes que encajan con el Código de Buenas Prácticas hipotecario, impulsado por el Gobierno en colaboración con el sector financiero para ayudar a las familias con dificultades para hacer frente a sus préstamos.Asimismo, señala que casi el 80% de la producción de hipotecas concedidas desde 2015 se ha formalizado a tipo fijo, un producto que desde el banco se impulsa con la meta de "dar seguridad" a los clientes.Durante el ejercicio 2023 CaixaBank ha concedido cerca de 280.000 operaciones de financiación a empresas y 80.000 hipotecas a familias. La entidad cuenta, también, con más de 10.000 viviendas sociales y tiene alrededor de 360.000 clientes con cuentas sociales o básicas, y está presente en alrededor de 2.000 municipios y en 483 es la única entidad bancaria con oficina. Además, cubre otras 783 poblaciones con ofimóviles.

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La EPA muestra la tendencia descendente del mercado laboral, donde pese a los datos anuales se nota el agotamiento del mismo, al destruirse empleo de forma trimestral en el IVTR-2023 y, sobre todo, donde caen de manera relevante los activos, que muestra que el desánimo por encontrar un puesto de trabajo puede estar instalándose entre los ciudadanos, que, ante la dificultad para encontrar un empleo, dejan de buscarlo.Los ocupados caen en 19.000 personas en tasa trimestral, el tercer peor dato –junto con 2016– de los últimos diez años. Además, si el desempleo no baja más se debe a que se ha creado empleo público, que no es un empleo ligado a la actividad económica, sino al criterio discrecional del sector público. De esa manera, el empleo privado cae en 77.600 personas y el empleo público crece en 58.600 personas.Adicionalmente, se ve que el empleo que hay es un empleo que se reparte, pues el empleo a tiempo completo disminuye en 211.100 personas en el trimestre, frente al incremento de 192.100 personas a tiempo parcial, que pone de manifiesto la fragilidad de dicho empleo. De hecho, el aumento de los contratos indefinidos y el descenso de los temporales recoge el artificio legal creado por el Gobierno. No obstante, se pierden 84.200 asalariados.Cae el empleo masculino en 64.200 personas y sube el empleo femenino en 45.200 personas. Cuando suele darse esta divergencia, de esta manera, en el empleo por sexos, suele anticipar históricamente el inicio de una ralentización de la economía y del mercado laboral. Por otra parte, el empleo se destruye con mucha fuerza en el sector servicios, el principal sector de la economía, al disminuir su ocupación en 123.600 personas en el trimestre. El mayor aumento de la ocupación se da en Madrid, con 67.600 empleos creados en el trimestre.En cuanto al paro, baja en 24.600 personas, pero por disminución del número de activos, ya que se destruye empleo. La tasa de paro sube hasta el 11,76%. En el sector servicios, principal sector de la economía, aumentó el paro en el trimestre, con 4.100 nuevos parados, unido a la fuerte destrucción de empleo antes descrita. Asimismo, Andalucía es la región donde más baja el paro, al hacerlo en 50.900 personas. Con todo, en tasa interanual, el paro baja en 193.400 personas, el quinto peor registro de los últimos diez añosAumenta el número de hogares con todos sus miembros activos en paro en 3.600 hogares, para situarse en 932.400 hogares. La disminución de activos en 43.600 personas muestra el desánimo de la población, que deja de buscar empleo ante la imposibilidad de encontrarlo. Desciende trimestralmente en 43.600 personas. Si no baja más se debe a que, en contraposición, Madrid se convierte en región refugio del empleo, al incrementar en 41.800 el número de activos, personas que van a la región madrileña buscando una oportunidad que no pueden encontrar en otros lugares de España.Por tanto, son malos datos, que muestran que la economía se desacelera. El empleo que se crea es el público. Si no se destruye todavía más empleo es por el artificio de la creación de empleo público. El empleo que hay se reparte, ya que disminuyen el empleo a tiempo completo y aumenta el empleo a tiempo parcial.Se recoge el artificio legal de la obligación de pasar los temporales a fijos-discontinuos. La bajada del paro se debe al desánimo entre la población para buscar un puesto de trabajo, que deja de hacerlo. Si el comportamiento del mercado de trabajo no es peor se debe al mejor comportamiento, dentro de la desaceleración, de comunidades gobernadas por el PP, ya que Madrid lidera la creación de empleo y Andalucía lidera la bajada de paro.El Gobierno puede, mientras tanto, seguir poniendo trabas en el mercado laboral. Lo único que logrará con ello es que la destrucción de empleo sea todavía mayor.

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Mercadona prosigue con su expansión en Portugal donde prevé abrir 11 nuevos supermercados durante 2024, lo que le permitirá cerrar el año con un total de 60 tiendas, según ha informado la compañía en un comunicado.En concreto, la compañía de Juan Roig tiene previsto nuevas aperturas en los distritos lusos de Guarda y Évora. Así, los nuevos espacios se ubicarán en Guarda, Oliveira de Azeméis, Coimbra (Solum y Eiras), Leiria, Évora, Vila Nova de Gaia (Canelas), Sintra (Rio de Mouro), Maia (Moreira), Seixal (Fernão Ferro) y Barreiro (Lavradio).Mercadona desembarcó en Portugal en 2019 con la inauguración de su primer centro logístico en Póvoa de Varzim (Oporto) y prevé abrir, en el segundo semestre de este año, un nuevo centro logístico de Almeirim (Santarém), que será el mayor de la compañía en la Península Ibérica.La enseña abrió en julio de 2019 su primer supermercado en Portugal, que estaba localizado en Vila Nova de Gaia para contar actualmente con una red de 49 supermercados en Portugal, estando presente ya en 10 distritos del país y con 5.000 empleados en el país.

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Mientras la industria del cine español sigue generando todo tipo de polémicas por su modelo de financiación, volcado en todo tipo de subvenciones y descuentos fiscales, en Estados Unidos vemos cómo siguen emergiendo nuevos modelos de negocio en torno al séptimo arte. Este 2024, uno de los proyectos más llamativos de la industria lleva por título "Horizon" y lleva el sello de Kevin Costner.El intérprete y director de Bailando con lobos ha alcanzado enormes cotas de popularidad con el estreno de la serie Yellowstone, que ha protagonizado durante cinco temporadas. Ambientada en el Estado de Montana, esta producción de Taylor Sheridan y John Linson fue ofrecida originalmente en 2013 a la HBO, pero terminó estrenándose en 2018 a través de la plataforma de streaming de Paramount.Enmarcada en el género del western contemporáneo, la serie sigue la historia de la familia Dutton, propietaria de un enorme rancho que está en el punto de mira de políticos, líderes indígenas y empresarios de dudosa reputación. El relato de ficción incorpora elementos propios del género negro y de las historia de la mafia. Asimismo, recuerda por momentos el formato de viejas telenovelas como Dallas. Yellowstone ofrece una paleta de temas y enfoques, pero ha sido mejor recibida por el público y la crítica de derechas que por sus pares "progresistas".El caso es que Costner quiere aprovechar el resurgir de su popularidad para sacar al mercado "Horizon: An American Saga", una obra en la que lleva 35 años trabajando y que pretende estrenar este mismo verano, con un formato de "doble sesión". En este punto es preciso hacer una aclaración. Antaño, la "doble sesión" se planteaba como la venta de entradas para dos proyecciones emitidas en cadena, una después de la otra. Sin embargo, el formato concebido por Kevin Costner se asemeja al último proyecto de Tom Cruise y Misión Imposible, puesto que consiste en estrenar la primera y la segunda parte de una película en dos sesiones diferentes.Así, los espectadores podrán ver la primera parte de la película el 28 de junio y tendrán una segunda cita con la gran pantalla a partir del 16 de agosto. Se espera que en 2025 haya otra "doble sesión" que ponga fin a la saga. Cada proyección tiene un coste estimado de 50 millones, de modo que las cuatro películas movilizarán un desembolso de no menos de 200 millones.La película gira en torno a los años de la Guerra Civil que vivió el país norteamericano y ha sido descrita como "una ambiciosa aventura cinemática" que aspira a "descubrir lo que realmente significan los Estados Unidos de América". Actores como Sienna Miller, Luke Wilson, Sam Worthington o Danny Huston han confirmado su participación en el proyecto, pero es Costner quien llevará el peso de la iniciativa.El proyecto en cuestión lleva muchos años encima de la mesa. A finales de los años 80, Costner estuvo a punto de sacar adelante la película, pero el éxito de Bailando con lobos le hizo centrarse en otros proyectos. A comienzos de los 2000, su intento de desbloquear la situación estuvo a punto de traducirse en un acuerdo con Disney, pero la propuesta económica se quedó 5 millones de dólares por debajo de lo que esperaba el actor.A lo largo de la década de 2010, Costner se involucró en el desarrollo de Yellowstone pero también empezó a trabajar en "Horizon", hasta el punto de que ha asumido una inversión de más de 20 millones de dólares y ha llegado a hipotecar su mansión de Santa Bárbara, en California, para desbloquear el primer tramo de financiación del megaestreno, que finalmente contará con la participación co-inversora de Warner Bros. Esta no es la primera vez que el actor financia sus propias producciones: financió con 3 millones alrededor del 15% del presupuesto de Bailando con lobos, que acabó recaudando 424 millones de dólares en taquilla.

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La dirección de Ford y UGT, el sindicato mayoritario en la fábrica de Almusafes (Valencia), han acordado establecer a partir de este martes un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de marzo para adaptarse a las bajadas de producción en la factoría.Este ERTE contempla paros en el turno de tarde de las plantas de vehículos desde el 13 de febrero hasta el 28 de marzo, que no podrán afectar a más de 500 trabajadores diarios y en el que, con carácter general, nadie deberá estar más de 16 días laborables en el ERTE. En la planta de motores, se ha establecido paros completos los días 13 y 19 de febrero y 4 de marzo, según ha detallado UGT en un comunicado.Las condiciones económicas de este expediente serán las mismas que en los ERTE anteriores: 80% del salario real y 100% de pagas extras, gratificación especial, vacaciones, y antigüedad.De este modo, la dirección de la empresa ha contemplado las condiciones expuestas por parte de UGT durante las negociaciones en cuanto a las fechas y número de afectados diariamente. Para el sindicato, el excedente de mano de obra "solo puede estar vinculado a un problema puntual por falta de producción prevista y no por exceso de personal".Por ello, el sindicato mayoritario solo estaba dispuesto a aceptar la fecha del 28 de marzo como último día del expediente. "Lo que pueda suceder después, dependerá de la reunión que mantengamos por parte de UGT con la cúpula directiva de Ford a nivel mundial", que tendrá lugar en abril y en la que los representantes de los trabajadores pondrán sobre la mesa el compromiso adquirido por la multinacional con la plantilla en el Acuerdo por la Electrificación, "sobre el que deben responder".Por su parte, STM-Intersindical no ha firmado el acuerdo con la empresa porque ha manifestado que no apoyará "más pérdidas salariales", ya que "la plantilla vuelve a perder un 20% de su salario diario real", ha indicado en un comunicado.Este sindicado ha criticado "la penosa situación" a la que, a su juicio, "ha arrastrado" a la plantilla el acuerdo de electrificación. "Ya estamos sufriendo una merma económica de cerca de un 10% del poder adquisitivo. Hemos perdido demasiado", ha lamentado.Asimismo, se ha preguntado qué ha podido pasar para que ya no tenga lugar "lo que antes era normal en los acuerdos de ERTE", en los que daba el visto bueno a los pactos con complementos salariales de hasta el 100% y el compromiso del abono del subsidio de desempleo de los días de utilización efectiva, para los casos de prejubilaciones, ERES y despidos improcedentes.En ese sentido, ha reprochado que se ceda "convenio a convenio y acuerdo tras acuerdo" derechos "cuando ni tan siquiera, tenemos garantizada una carga de trabajo que sea capaz de mantener los puestos de empleo en Ford Almusafes". "Plantilla que, desgraciadamente, ERE tras ERE no para reducirse", ha apostillado.La fábrica valenciana fue en 2022 la elegida por Ford para producir su nueva plataforma de vehículos eléctricos a partir de 2025, una decisión que aseguraba la carga de trabajo en los próximos años y que llevó a un acuerdo con UGT para que el nuevo convenio de la compañía, firmado en abril de ese año, recogiese medidas salariales y de flexibilidad condicionadas a la electrificación. La adjudicación a Ford no evitó que se tuviera que redimensionar la plantilla con un ERE que ha afectado a 1.124 trabajadores.Mientras no se inician las inversiones, cuyo calendario previsto ya va retrasado según ha advertido en varias ocasiones el sindicato, la fábrica ha tenido que ajustar su producción ante la reducción de ventas. Este año Ford Almusafes deja de fabricar la furgoneta Transit y el único modelo hasta la llegada de los nuevos eléctricos es el Kuga. En enero la firma automovilística presentó la nueva versión de este modelo fabricado en la planta de Ford de Almusafes.La fábrica valenciana lleva encadenando diferentes ERTE varios años y prorrogó el último expediente hasta 30 de junio de 2023 debido a la inestabilidad en el suministro de semiconductores y componentes derivados.

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Era una de las citas macroeconómicas más esperadas de esta semana en los mercados, la publicación de uno de los indicadores más determinantes para tratar de avanzar qué harán los bancos centrales en sus políticas de tipos de interés y, lo más importante para los inversores, averiguar si empezarán a bajar los tipos de interés y cuándo. Este martes se ha conocido el dato de inflación en EEUU.El mercado descontaba que se moderaría en el mes de enero, sin embargo esta moderación no ha sido todo lo amplia que se esperaba. Cuando el mercado esperaba que el IPC norteamericano se quedara en el 2,9%, éste se ha reducido sólo tres décimas hasta el 3,1%, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU.En términos mensuales, los precios de consumo aumentaron tres décimas respecto a diciembre, mientras que la inflación subyacente, dato clave que analiza la Reserva Federal para sus decisiones sobre tipos de interés, se mantuvo en términos interanuales en el 3,9 %, cuando el consenso de mercado esperaba que se moderase hasta el 3,7%.Estos datos no dejan de mostrar una tensión todavía importante de los catalizadores inflacionarios, asentados sobre una expansión monetaria que todavía no ha sido drenada.La traducción en el mercado es sencilla: desasosiego en los inversores y analistas que están esperando los primeros catalizadores que consoliden la previsión ya extendida de bajadas de tipos de interés para el verano.La analista Augusta Saraiva de Bloomberg señala que "estas cifras reducen aún más la posibilidad, ya escasa, de que los funcionarios de la Reserva Federal comiencen a reducir las tasas de interés pronto, y cualquier reaceleración adicional podría reavivar las conversaciones para volver a las alzas. Algunas autoridades han dicho que quieren ver un alivio más amplio de las presiones sobre los precios antes de recortar las tasas".El informe señala que el incremento de los precios en EEUU ha estado liderado por el índice de precios de la vivienda, que siguió aumentando en enero y contribuyó con más de dos tercios al aumento mensual de los precios de todos los artículos. Aumentó el 0,6 % con respecto a diciembre y anualmente sube el 6 %.Mientras, el precio de los alimentos subió el 0,4 % en enero y acumula una subida interanual del 2,6 %. En cambio, el índice de energía cayó un 0,9 % durante el mes y en términos interanuales baja el 4,6 %.También subió considerablemente el precio de los transportes, el 1 % a nivel mensual, y acumula una subida del 9,5 %. La caída de la inflación en enero, que se produce tras el repunte de tres décimas registrado en diciembre, que hizo que la inflación cerrara en 2023 en el 3,4 %, se produce en un momento clave para la Fed, que estudia cuándo comenzar a bajar los tipos.En su última reunión celebrada los días 30 y 31 de enero, el banco central estadounidense decidió mantener los tipos en la horquilla del 5,25 % y el 5,5 %, su máximo nivel desde 2001.Tras el anuncio, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que si la economía evoluciona como se espera y la inflación sigue bajando de un modo sostenido y continuado, probablemente será apropiado comenzar a reducir los tipos este año.Para tomar esta decisión, además de la inflación la Fed analiza de cerca datos como el desempleo. En enero, la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo, por tercer mes consecutivo, en el 3,7 % y se crearon 353.000 puestos netos, una cifra muy superior a los 255.000 puestos netos creados al mes en promedio en 2023 y que está por encima de las previsiones que hacían los analistas.Además, recientemente se conoció que Estados Unidos creció por encima de las previsiones el año pasado y cerró 2023 con un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 3,1 %, gracias al aumento del gasto de los consumidores pese a la inflación.Los bonos del Tesoro cayeron cuando los operadores pospusieron sus estimaciones sobre la fecha de inicio de los recortes de tasas de la Fed. Los contratos de swaps trasladaron la primera fijación completa de precios de un recorte de tipos a julio desde junio. Los rendimientos a dos años subieron 12 puntos básicos hasta el 4,59% a las 9:22 am en Nueva York. Los futuros de acciones cayeron y los contratos del S&P 500 cayeron un 1,4%. El dólar saltó frente a todas las monedas principales y superó los 150 yenes.

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El consejo de administración de Enagás propondrá a la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará previsiblemente el próximo 21 de marzo, la renovación como consejeros independientes por cuatro años más de los exministros socialistas José Blanco y José Montilla. Junto a estos nombramientos, se propondrá también la reelección por cuatro años más como miembro del órgano rector de la compañía de Cristóbal José Gallego, que fue miembro de la Comisión de Expertos para la transición energética que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy y del Observatorio Crítico de la Energía afín a Podemos, así como del representante en el consejo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De esta manera, se mantendrá el número de miembros del consejo de administración de la compañía en 15, según la convocatoria de junta de la compañía.Blanco y Montilla fueron ministros durante el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y se incorporaron al consejo de Enagás en 2020. Además, Enagás someterá a sus accionistas el pago del dividendo de 1,74 euros por acción correspondiente al ejercicio 2023. El grupo ya pagó un importe a cuenta de 0,696 euros por título, por lo que se propondrá el abono de una retribución complementaria de 1,044 euros por acción el próximo 4 de julio. Asimismo, se votará la reelección de la firma Ernst & Young como auditor de cuentas de Enagás y su Grupo consolidado para el ejercicio 2025.

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Más del 70% de la población española considera que el hogar cobra mayor protagonismo desde la inflación, según un estudio elaborado por YouGov Research para IKEA que indica que el encarecimiento del coste de la vida es de los problemas que más preocupan a la población española."El informe, impulsado por IKEA sobre hábitos de consumo, señala que se trata de una realidad que afecta a más del 90% de las personas que han participado en él (entre una base de más de 2.500 personas mayores de 18 años de todo el territorio español) y que inquieta más que las desigualdades sociales y la pobreza (al 83% de los encuestados), la crisis energética y de recursos (al 80%), o el cambio climático y el impacto en los recursos naturales, y los conflictos bélicos (con un 78% respectivamente)", explicó Marina Nieto, del departamento de investigación de mercados y conocimiento del consumidor de IKEA en España.En el caso de la juventud, se observa una brecha generacional, ya que para el 80% de los encuestados de entre 18 y 34 años, el coste de la vivienda y las dificultades para acceder a ella es su preocupación primordial.IKEA ha querido arrojar luz y profundizar sobre cómo ha afectado la actual situación económica a los hogares en España. En concreto, preguntados sobre si han visto afectados sus ingresos a raíz del aumento del coste de la vida, 3 de cada 4 españoles ha respondido afirmativamente, y el 73% declara, además, haber modificado sus hábitos de gastos por esta razón.Por comunidades autónomas, en Extremadura es la comunidad en la que más notan que haya afectado la inflación (al 84% de los encuestados), seguida de Andalucía (al 82%) y Galicia (77%). Además, los extremeños (un 79%) y los andaluces (un 78%) son los que más afirman haber modificado sus comportamientos en gastos o actividades por la inflación, seguidos de los manchegos y los navarros (un 77% respectivamente).En cuanto a la capacidad de ahorrar a final de mes, mientras que el 38% consigue ahorrar un poco, más de la mitad de los hogares (un 55%) afirma no conseguirlo. Concretamente, el 35% llegan justo, el 13% tuvieron que echar mano de los ahorros y el 7% contrajo deuda. Haciendo zoom por zonas, el norte de España es donde más se consigue: situándose a la cabeza País Vasco (un 57%), seguida de Castilla y León (un 56%). En cambio, entre las que menos, se sitúan Andalucía (un 62%) y Castilla-La Mancha (un 54% no lo consigue).El estudio también ha querido ahondar en el tipo de actividades que se han reducido o dejado de hacer por la situación actual. Así, un 74% de los encuestado han dejado de darse caprichos o de comprar de forma impulsiva, y el 72% de salir a comer fuera o tomar algo al bar.En cuanto al hogar, también ha cambiado su percepción ya que "el 71% de la población española cree que es más importante a raíz de la subida de precios generaliza, y el 67% explica que es el lugar dónde pasa más tiempo. Además, la mayoría declara valorarlo más que antes (un 53%) y disfrutar de él (un 52%), aprovechándolo como una forma de ahorro (46%)", detalla Nieto.Preguntados por las actividades que realizan más en él, el estudio arroja cómo el ocio se ha trasladado más al hogar, tomando más protagonismo el cine (el 49% lo ha hecho o empezado a hacer para gastar menos). El 47% cocina más y el 42% realiza más actividades como leer, escuchar música o los juegos en familia. Además, un 34% afirma organizar más comidas y cenas en casa o hacer ejercicio (30%) para gastar menos. Finalmente, en caso de mejorar su situación general, al 34% le gustaría viajar más, al 16% reacondicionar o arreglar cosas del hogar pendientes y al 11% cambiar o comprar una casa.El Grupo Ingka (el mayor minorista de IKEA) muestra en su primera campaña mundial de marketing para IKEA, 'No intente esto en casa', cómo el hogar, con poca inversión, y gracias a las soluciones de diseño asequibles de IKEA, puede convertirse en un lugar de disfrute y bienestar en un contexto económico como el actual en el que el coste de la vida está cada vez más alto."En estos momentos de dificultad económica en los que los precios han subido, el dinero cunde menos y tenemos que priorizar nuestras compras porque no llegamos a todo -como reflejan estudios como el que presentamos hoy-, en IKEA hemos intentado darle la vuelta a la situación en nuestra nueva campaña", explica Gabriel Ladaria, director de Marketing de IKEA en España. "¿Cómo? Animando a la gente a "rebelarse" y a buscar momentos de disfrute y nuevas maneras de hacer lo que nos gusta desde nuestros hogares, pero sin gastar mucho dinero. Un movimiento que hemos querido potenciar bajo el claim global "Tu hogar lo puede todo".Para Emiliano González De Pietri, director general Creativo de McCann España, esta campaña "le recuerda al mundo que IKEA es un agente democratizador del diseño a escala global y que con sus soluciones asequibles permite a las personas convertir sus hogares en verdaderos catalizadores de sus sueños y pasiones a pesar del momento económicamente complicado que atravesamos. "Home Can Do It", en el fondo, lo que nos está diciendo es que tener un buen hogar es como tener un súper poder".En el contexto de la campaña, IKEA ha lanzado una iniciativa con la que nos invita a reflexionar sobre cómo con pequeños cambios en nuestro hogar podemos mejorar nuestro día a día. Los participantes tendrán que entrar en intenteestoencasa.es y explicar qué deseo les gustaría ver cumplido en su hogar que pueda suponer un gran cambio en su vida. La compañía sueca cumplirá los deseos de cien personas, elegidas por sorteo, que recibirán una tarjeta de regalo de IKEA por valor de 300 euros cada una. Las bases legales le pueden consultar aquí y se podrá participar hasta el 11 de marzo.Además, con el objetivo de estar cerca de la mayoría de los españoles y españolas, ofreciéndoles productos de calidad y deseño con los mejores precios posibles, la compañía bajará el precio de más de 1.300 referencias de su surtido atendiendo especialmente a los productos más demandados por el consumidor, entre los que se incluyen algunos de sus productos más icónicos como el sofá ESKILSTUNA, la cama MALM, las cómodas BRIMNES y HEMNES o la mesa INGATORP.La campaña 'No intente esto en casa' se podrá ver en España a partir del 25 de febrero, y contará con un spot en formatos de 60", 30", 20" que se emitirán en televisión, redes sociales y display. Además, también estará en exterior.

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Una de las cuestiones que se plantea muchos ahorradores que quieren dar un paso a la inversión es si nos encontramos o no ante un buen momento para entrar, por ejemplo, en Renta Variable. Antón Díez Tubet de Trade Republic, recuerda que ese sesgo de parálisis por análisis, puede hacer que terminemos por desaprovechar un buen momento de inversión. Siempre solemos decir que el mejor momento para invertir fue ayer, y como ayer no se puede invertir, pues invirtamos hoy. La clave de las grandes rentabilidades radica en estar invertido el mayor tiempo posible, ya que aprovechas los mejores días de mercado de cada año y que son realmente pocos. Sin esos días no se puede explicar la rentabilidad.

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La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas autónomos y pymes, ha ratificado esta tarde la decisión de comenzar un paro indefinido de la actividad junto con el sector primario.En un concentración en los alrededores del estadio Metropolitano de Madrid —que ha comenzado con unas 200 personas y a la que se han ido sumando más agricultores y transportistas con chalecos amarillos— se ha ratificado esta decisión avanzada esta pasada semana y a la espera de que el Gobierno escuche sus reivindicaciones.La ganadera Lola Guzmán, portavoz de la Plataforma 6-F también convocante de esta reunión, ha asegurado a los medios esta tarde en la zona que no se trata de "ningún acto político, aquí no nos convoca ningún partido político, no queremos ningún sindicato ni agrario ni político ni nada. Esto es el pueblo contra los gobernantes, contra los políticos".Guzmán ha insistido en que el "ministro de Agricultura tiene que juntarse con el de Transporte y que, cuando logren sus reivindicaciones, volverán a sus casas". Por su parte, el presidente de la plataforma, Manuel Hernández, ha acusado esta mañana al Gobierno de "abocarles al conflicto por no sentarse a escuchar".La plataforma, que en marzo de 2022 promovió una huelga de 20 días que llegó a poner en jaque la cadena de distribución, da este paso sin el respaldo del Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera (CNTC), el órgano interlocutor del sector con el Gobierno, en el que no está representada.La quinta jornada de protestas agrarias ha transcurrido este sábado sin incidentes, con algunos cortes de carreteras en distintos puntos de España.Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han informado de que en las carreteras de la Comunidad no se han producido hasta esta tarde cortes de tráfico ni incidentes reseñables como consecuencia de movilizaciones agrarias.La gente concentrada en los alrededores del estadio Metropolitano portaba banderas de varias comunidades y se ha mostrado indignada por la situación que atraviesa el campo.

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El cálculo más delicado para el Gobierno ha sido realizado por la consultora Freemarket. Y la cifra es demoledora: las constantes subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) le han costado a España nada menos que 321.987 empleos. La razón es sencilla y se le explicó en innumerables ocasiones al Gobierno de Pedro Sánchez y el departamento de Yolanda Díaz: un encarecimiento de los costes de contratación llevaría a las empresas a no poder contratar. Y así ha sido. Pero la orden política era absoluta y España, junto a Lituania, encabezan ya el ranking de subidas del SMI. España, por cierto, casi lidera también -es el segundo país- el ranking de peores datos de PIB desde 2019 con sólo 6,6 puntos de avance: tan sólo lo empeora Italia con 6,3 puntos.El informe de la consultora destaca que, "según los datos publicados por la EPA tras las dos últimas subidas del SMI, el paro no ha sufrido modificaciones significativas. Para el Gobierno ello demostraría que esa medida tiene efectos positivos sobre los trabajadores y neutrales sobre el empleo y la competitividad empresarial".Freemarket señala que "esto parecería refutar la tesis clásica según la cual la subida del SMI no compensada por aumentos de la productividad es dañina y se traduce en menos creación de puestos de trabajo, en mayor paro y en un deterioro de la capacidad de competir de las empresas". Pero, esa visión, "propagada por el Gobierno, no permite apreciar las consecuencias no vistas de las subidas del SMI, su coste de oportunidad. Por tanto, es relevante realizar una aproximación diferente, la de estimar el "contrafactual"; es decir, cuál hubiese sido el nivel de empleo en España de no haberse producido las subidas del SMI realizadas desde 2018".Y ese coste de oportunidad es el que calcula la consultora: "Por lo que se refiere a la actividad productiva, dichos incrementos afectan sobre todo a una serie de sectores: agricultura, comercio minorista, limpieza, hostelería y servicio doméstico, que son aquellos en los cuales un número muy importante de sus integrantes reciben por su trabajo el SMI".Para calcular cómo habría evolucionado el empleo en esas ramas productivas, las más afectadas por las subidas del SMI, Freemarket lleva a cabo un ejercicio: "Qué hubiese sucedido si el número de ocupados en aquellas hubiese crecido al mismo ritmo en el que lo ha hecho en el conjunto de la economía nacional". Y el resultado es demoledor: "El total de ocupados de la EPA ha crecido entre 2018 y 2022 un 6,3%. Esto no ha sucedido en el resto de las actividades productivas que se exponen en ella. Las bolsas de ocupados en las que tradicionalmente se concentran los trabajadores que perciben el SMI han crecido en mucho menor porcentaje".Pues bien, "los ocupados en la agricultura han descendido un 4,7% y han pasado de suponer un 5% del empleo total a ser solo el 4,5%. Los ocupados en la hostelería han descendido un 3,9% y han pasado de suponer un 10,5% del total de ocupados a ser solo el 9,5%. Los empleadores y por tanto los trabajadores del servicio doméstico han descendido un 14% y han pasado de suponer un 3,9 por 100 del total de ocupados a ser solo el 3,1 por 100. Los ocupados en el comercio minorista han descendido un 4,5% y han pasado de suponer un 13,9% del total de ocupados a ser solo el 12,5%".Lo cierto es que la tendencia ha cambiado en esas áreas laborales. Antes, estos sectores aportaban un mayor crecimiento de la ocupación y ahora su crecimiento es muchísimo menor que la media del país. Han pasado de aportar el 33,3% del total del empleo a suponer el 29,6%.El estudio concluye que "todos los grupos de menor crecimiento y con concentración de personas que reciben SMI suman 5.110.900 ocupados. Si "ceteris paribus", el empleo de toda esta población hubiese crecido al mismo porcentaje de lo que lo ha hecho, ya no el resto de las ocupaciones, sino la media, en 2022 la cifra de la suma de todos estos ocupados sería 5.432.887 ocupados. Por tanto, podríamos decir que hasta 2022 se han dejado de crear 321.987 puestos de trabajo".En conclusión, "las sucesivas alzas del SMI que se han producido en España desde 2018 no han tenido impacto positivo alguno sobre el empleo. Al contrario se han traducido en una severa reducción del número de puestos de trabajo que se hubiesen creado en ausencia de ellas", sentencia el estudio.

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El pasado sábado 10 de febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de un plan de vivienda por el cual se proporcionará una serie de avales para que los jóvenes menores de 35 años y las familias con menores a cargo puedan adquirir una primera vivienda.Este plan tendría un coste de 2.500 millones de euros y financiaría hasta el 20% del importe del crédito. El actual gobierno pretende que esta medida afecte a más de 50.000 personas, también espera que el mercado de vivienda en alquiler se vea menos saturado y que suponga un "balón de oxígeno" al trasladar a gente que está viviendo de alquiler a una vivienda en propiedad y que así se reduzca la demanda de vivienda en alquiler. Sin embargo, a pesar de que la medida puede parecer muy buena a priori, la realidad no siempre es tan sencilla e intuitiva, más bien suele ser al contrario cuando hablamos de la acción del Estado en la economía.En este artículo vamos a tratar de explicar por qué no es una buena medida, y lo vamos a hacer valiéndonos de un reciente trabajo publicado el pasado mes de enero. Este estudio, de los economistas Felipe Carozzi, Christian Hilber y Xiaolun Yu, nos muestra las consecuencias que han tenido unas políticas muy parecidas a estas en Reino Unido, aplicadas entre los años 2013 y 2019, donde el gobierno británico financió entre el 20% y el 40% del valor de la vivienda en un plan conocido como "Help to Buy". El coste de este plan ascendió a 15.300 millones de libras y el valor de las propiedades compradas ascendió a 70.000 millones de libras. Ahora bien, ¿qué tipo de consecuencias tuvo este ambicioso plan? Se podría resumir en cuatro aspectos fundamentales:Aumentaron un 8% los precios de las viviendas de nueva construcción. Así fue, en la zona "GLA" (Greater London Authority) del Gran Londres donde viven casi 9 millones de habitantes, los precios de las viviendas de nueva construcción aumentaron casi un 8%. Este efecto, sin embargo, no tuvo ninguna repercusión en la actividad constructora. Es muy posible que este aumento de precios se debiera, en buena parte, a que esa zona es una de las más tensionadas a la hora de adquirir vivienda tanto en propiedad como en régimen de alquiler. Esto lo sabemos gracias a que en zonas cercanas a la frontera entre Inglaterra y Gales sí que tuvo un efecto significativo en la construcción de vivienda y no tanto en el aumento de los precios.No aumentó la oferta de vivienda de nueva construcción. Como ya hemos mencionado en el anterior punto, este plan milmillonario no tuvo un efecto apreciable en la construcción de vivienda en el Gran Londres, que era donde más falta hacía, esto contrasta con lo que sí sucedió en las zonas cercanas a la frontera entre Inglaterra y Gales.Los promotores se apropiaron de toda la ayuda. Esto dicen los autores del trabajo de forma textual: "Observamos efectos positivos y estadísticamente significativos del HtB (Help to Buy) en los ingresos, los beneficios brutos y los beneficios netos de los promotores de HtB tras la introducción de la política." Por tanto, vemos que si esta medida ha beneficiado a alguien ha sido especialmente a los promotores de vivienda, así como a los propietarios de los terrenos, más que a los compradores.Estimuló la construcción de viviendas en "lugares equivocados".Esta medida también contribuyó a desorientar la oferta de vivienda, pues en lugar de incrementarse la construcción de nueva vivienda allí donde más se necesitaba, como en el Gran Londres, estas nuevas construcciones tuvieron lugar en zonas donde es comparativamente sencillo construir que en zonas donde la productividad y la concentración en el empleo son más altas y donde las nuevas viviendas son más necesarias.En definitiva, los autores concluyen que esta política de "Help to Buy" es posible que haya hecho poco por ayudar a los hogares, en su mayoría jóvenes, con restricciones crediticias en las zonas más inasequibles del país con el mayor crecimiento de los precios de la vivienda, que era uno de los objetivos más importantes del proyecto junto con la construcción de nueva vivienda allí donde mayor necesidad había, cosa que tampoco ocurrió. No deja de ser irónico que una política que recibe el nombre de "Help to Buy" no sea capaz de ayudar al grupo concreto que pretendía socorrer. No obstante, este es uno de los efectos no deseados de muchas políticas públicas donde se acaban evaluando únicamente las intenciones de dicha política y no tanto las consecuencias que han tenido o pueden tener, de tal manera que muchos proyectos públicos acaban siendo un fracaso y suponiendo una transferencia de rentas de unos grupos menos favorecidos a unos grupos más favorecidos, tal y como es muy posible que ocurra también con este plan.

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El sector agrario soporta la mayor carga regulatoria en España. Así lo demuestra un estudio recientemente publicado bajo el título Los efectos heterogéneos de la complejidad regulatoria: evidencia de más de 200.000 normas españolas, realizado por los economistas Juan S. Mora-Sanguinetti, Javier Quintana, Isabel Soler y Rok Spruk.En el documento, que "tiene como objetivo evaluar, (...), si la complejidad regulatoria a nivel industrial tiene efectos discernibles sobre la actividad económica", los investigadores llegan a una conclusión muy clara: "un aumento en la complejidad regulatoria tiene un impacto en la actividad económica, reduciendo el empleo".En este sentido, cabe destacar el nivel de presión regulatoria al que se enfrenta el sector agrícola, que es una de las principales reivindicaciones que se están haciendo en las protestas protagonizadas por los trabajadores del campo durante los últimos días. En concreto, como podemos comprobar a continuación, de media la cantidad de regulaciones que soporta este sector alcanza las 1.300 cada año. De este modo, le siguen la construcción con cerca de 1.100 regulaciones anuales y los servicios profesionales con más de 800.Haciendo uso de una base de datos que clasifica más de 200.000 regulaciones adoptadas en España entre los años 1995 y 2020, el estudio expone que el cuerpo legal español está formado por cientos de miles de normas y que sólo en el año 2022 el conjunto de administraciones públicas adoptaron 11.775 nuevas normas, de las cuales 8.843 (el 75% del total) fueron autonómicas.Como podemos ver, las regiones en las que existen un mayor nivel de regulación son Cataluña y Andalucía, ambas con una media de más de 600 normas por año. Del mismo modo, Galicia, Valencia y Castilla y León superan las 500 normativas anuales, mientras que Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Murcia cuentan con más de 400 regulaciones cada año. Por su parte, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Madrid cuentan con menos de 400 normas de media cada año.En este contexto, los investigadores encontraron que "un aumento en la complejidad regulatoria tiene un impacto en la actividad económica, reduciendo el empleo". En este sentido, los economistas establecen en el documento que "los efectos negativos sobre el nivel de empleo se concentran en las empresas más pequeñas y en las de creación más reciente".Así, concluyen al respecto que "este hallazgo respalda la hipótesis de que una regulación más compleja impone una carga que las empresas pequeñas y menos experimentadas son menos capaces de manejar". Del mismo modo, en el artículo se muestra cómo "la entrada de nuevas empresas en sectores-regiones expuestas a una mayor complejidad regulatoria también es menor".Con todo, como vemos, uno de los principales hallazgos del estudio establece que "existe una relación negativa entre el nivel de complejidad regulatoria y el desempeño económico". Así, los autores destacan que "la evidencia revela una relación significativa entre una mayor complejidad de la regulación y un menor número de empresas en la economía", lo cual se explica en tanto que "una mayor complejidad en la regulación impide que las empresas entren al mercado y, como resultado, hay menos empresas".De hecho, de acuerdo con el informe, el sector donde "el efecto de la complejidad regulatoria es más pronunciado" es el manufacturero, donde "la magnitud del efecto es un 50% mayor que en el caso de los sectores de servicios". Esto podría deberse a que en éste sector la inversión requerida es mayor que en otros. Ahora bien, no podemos olvidar que el informe también incide en que "los sectores de servicios y la agricultura están más regulados que los sectores manufactureros (industriales)".

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Mapfre obtuvo un beneficio neto atribuido de 692 millones de euros en 2023, un 7,7% más que en 2022, un resultado que incluye un deterioro de 75 millones de euros del fondo de comercio en Estados Unidos, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin este impacto, las ganancias se habrían elevado hasta los 767 millones de euros, un 19,4% más que en 2022.Además, la aseguradora explica que el beneficio de 692 millones de euros incluye el impacto de 159 millones de euros de dos eventos catastróficos como son el terremoto en Turquía y el huracán Otis en México, y recuerda que en 2022 hubo una sequía en la cuenta del río Paraná que tuvo un impacto de 113 millones. Asimismo, resalta la mayor frecuencia de eventos atmosféricos en Europa, que ha tenido impacto neto de más de 115 millones superior al 2022.Igualmente, el beneficio neto incluye el ingreso neto de 46,5 millones como consecuencia del arbitraje por la ruptura de la alianza con Bankia y un deterioro de 75 millones del fondo de comercio de las operaciones de seguros en EEUU que, sin embargo, "no ha tenido ningún impacto" en la generación de tesorería ni en la solvencia ni en la capacidad de pago de dividendos del grupo asegurador. Por último, Mapfre señala que la hiperinflación en Venezuela, Argentina y Turquía ha tenido un impacto negativo de 47 millones de euros, frente a los 41 millones que se registró en 2022.La rentabilidad alcanzó el 9% a final de 2023, si bien se habría elevado al 9,9% excluyendo los impactos "singulares". Por otro lado, la aseguradora señala que se ha producido un incremento de los ingresos del 9,2%, hasta los 32.239 millones de euros, lo que "consolida" la tendencia de los últimos trimestres y refleja un aumento "significativo" de los volúmenes de negocio, así como una mejora de los ingresos financieros.Las primas avanzaron un 9,7%, sin impacto relevante de los tipos de cambio. Este crecimiento refleja una mejora generalizada del negocio, con incrementos del 8,4% en No Vida y del 14,6% en Vida. Además, contribuyeron positivamente los negocios de Iberia, Latinoamérica y reaseguro.Respecto al negocio de No Vida, las primas se incrementaron en cerca de 1.600 millones de euros en el año, hasta los 20.961 millones, con aumentos del 10,9% en seguros generales, del 9,5% en salud y accidentes y 3,3% en autos. De esta forma, el ratio combinado se situó en el 97,2%, con un descenso de 0,8 puntos porcentuales, aunque se mantienen la volatilidad y dispersión de periodos anteriores.En cuanto al negocio de Vida, las primas subieron cerca de 760 millones, impulsadas por el negocio de ahorro en España, si bien el resultado refleja un "buen comportamiento técnico" en todas las geografías, así como los "fuertes ingresos financieros", especialmente en Latinoamérica. El ratio combinado de Vida Riesgo se sitúa en un nivel excelente (82,7%) con una mejora de 0,4 puntos porcentuales en el año.La cartera de inversiones se elevó hasta los 43.952 millones de euros, un 6,2% más, gracias a la operaciones realizadas en renta fija pública y privada. Las plusvalías realizadas netas supusieron un impacto en el resultado de 91 millones de euros, frente a los 100,4 millones de 2022.Los fondos propios del grupo bajo criterios locales homogenizados alcanzaron los 8.071 millones, con un aumento de 782 millones, o lo que es lo mismo, un 10,7%. Las plusvalías no realizadas de la cartera de activos financieros disponibles para la venta aportaron 566 millones de euros durante el año, mientras que las diferencias de conversión se han mantuvieron estables.Las primas en el negocio de Iberia superaron los 8.800 millones, un 15,8% más que en 2022, destacando España con 8.525 millones, lo que implica un aumento del 15,7%, mientras que las primas de Portugal ascendieron a 307 millones, con un incremento del 18,8%. El resultado y el ratio combinado de No Vida se vieron impactados por el negocio de automóviles, cuyo ratio combinado ascendió a 103,6%, 2,6 puntos porcentuales más.Mapfre explica que este tramo está afectado por la recuperación de la movilidad a niveles prepandemia, el escenario de alta inflación, la actualización del baremo de accidentes y una mayor incidencia de siniestros atmosféricos. Así, la aseguradora ya ha adelantado que la tarifa del seguro de automóviles "se continuará adaptando en base a la evolución de los costes esperados". El beneficio neto del negocio de Iberia, alcanzó, así los 361 millones, un 3,9% menos que en 2022, de los cuales España aporta 345,7 millones y Portugal 15,4 millones. En Brasil, las primas ascendieron a 5.136 millones, un 5,9% más, con un real brasileño "estable". Mapfre explica que esta mejora en la emisión se debe, sobre todo, a la positiva evolución de los negocios de seguros agrarios y vida riesgo, que crecieron en euros un 7,4% y un 5,6% respectivamente. De esta forma, el beneficio neto se elevó hasta los 233 millones de euros, lo que supone un aumento de 62,1% con respecto al ejercicio anterior.En México, las primas se elevaron a 1.466 millones, con un crecimiento del 43,4%, impulsado por la emisión de una póliza relevante de riesgos industriales en el segundo trimestre, junto con la favorable evolución del peso mexicano. El resultado neto alcanzó los 44,3 millones, mejorando un 43% frente al de diciembre 2022.En Perú las primas alcanzaron los 760 millones, con un crecimiento del 7,5%, mientras su resultado neto se situó en 38 millones, "muy condicionado" por los efectos derivados del Niño Costero que han tenido una incidencia especial en los ramos de No Vida. De esta forma, las primas en Latinoamérica crecieron un 9,3%, hasta los 9.808 millones de euros, mientras que las ganancias se dispararon un 24,1%, hasta los 373,4 millones de euros.En la región de Norteamérica, las primas alcanzaron los 2.682 millones de euros en diciembre, creciendo un 3,6%, a pesar de la ligera depreciación del dólar. El mayor contribuidor fue Estados Unidos, con cerca de 2.280 millones y un crecimiento del 2,4%, si bien Mapfre destaca el comportamiento de Puerto Rico, que tuvo un incremento de las primas del 10,8%, superando los 400 millones de euros y con un beneficio neto de 27,9 millones. "A pesar del excelente resultado en Puerto Rico, la región de Norteamérica ha registrado unas pérdidas de 1,8 millones", explica al aseguradora.Las primas en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA) se situaron en alrededor de 1.290 millones, lo que representa un descenso del 2% y refleja una caída del negocio de Vida en Malta. Así, esta área geográfica registró unas pérdidas de 47 millones, concentradas en Italia y en Alemania, como consecuencia del complicado entorno de automóviles y las fuertes tormentas en Europa.En cuanto a Mapfre Re, que incluye el negocio de reaseguro y el de riesgos globales, las primas se incrementaron un 8,8%, alcanzando los 7.856 millones, de tal forma que el beneficio neto alcanzó los 244,6 millones, lo que supone un crecimiento del 70,6%. En Mawdy, el negocio de asistencia, los ingresos ascendieron a 472 millones, lo que representa un crecimiento del 9,2%. Las ganancias se elevaron hasta los 5,4 millones de euros, un 20,7% menos que en 2022.Estos resultados han llevado a que el consejo de administración ha acordado proponer a la junta general un dividendo complementario con cargo al ejercicio de 2023 de 0,09 euros por acción, un 5,9% más que el del año anterior.Además, el consejo de Mapfre ha aprobado el nombramiento de José Miguel Alcolea como director general del área corporativa de asuntos legales, con efecto el próximo 1 de abril, en sustitución de Ángel Dávila, quien se jubila tras 32 años en la aseguradora.

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Son muchos los contribuyentes que desconocen cuánto pagan realmente de IRPF cada año. Y la razón no es otra que las retenciones automáticas que aplica Hacienda en este particular impuesto a modo de anticipo, maquillando así el golpe fiscal que sufren los trabajadores en su declaración anual de la renta.Aprovechando la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.134 euros al mes, el Gobierno anunció que también elevará el mínimo exento del IRPF hasta esa cantidad, pasando de los 15.000 a los 15.876 euros brutos al año (SMI anual), para que sus perceptores no paguen el impuesto sobre la renta.Sin embargo, dado que esa modificación del IRPF requiere rango de ley y se incluirá en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, aún en elaboración, el Consejo de Ministros actualizó la semana pasada la tabla de retenciones de IRPF para 2024 con el fin de adaptarla al nuevo SMI, de modo que los trabajadores que cobren hasta ese umbral (15.876 euros al año) estarán exentos de las retenciones por el IRPF en sus nóminas.Pero esa particular rebaja a las rentas más bajas, adaptando el mínimo exento y la eliminación de retenciones al salario mínimo, anunciada a bombo y platillo por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esconde la elevada carga fiscal que soportan la inmensa mayoría de contribuyentes.Dentro del IRPF hay que distinguir entre tramos y retenciones. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo que deben pagar los ciudadanos residentes en España. Grava la renta que se ha obtenido a lo largo de un año, teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada persona, tras aplicar las exenciones y bonificaciones concretas que establece la ley.La renta general, donde se incluyen sueldos y prestaciones, tributa de forma progresiva, aplicando una escala que se compone de tramos que van de menos a más (la renta procedente del ahorro tributa a un porcentaje menor). Los tramos vigentes para el IRPF de 2024, sumando el gravamen estatal y autonómico (a falta de lo que establezca el Gobierno en los Presupuestos de este año), son los siguientes:Al ser progresivo, el contribuyente no tributa por la totalidad de sus ingresos al tipo de retención más alto, sino que los porcentajes se van aplicando uno a uno, empezando por el inferior. Así, si una persona ingresa 22.000 euros brutos al año, no paga por el IRPF el 30% de ese total, sino un 19% por los primeros 12.450 euros, un 24% de los siguientes 7.750 euros (segundo tramo) y un 30% por los restantes 1.800 euros (tercer tramo). Es decir, el tipo aplicable va aumentando según crecen los ingresos.Así pues, tal y como muestra la anterior tabla, Hacienda se embolsa el 30% de lo que ganan los trabajadores a partir de una renta de 20.200 euros al año para, luego, ascender al 37% a partir de 35.200 euros, el 45% a partir de 60.000 y el 47% a partir de 300.000 euros. El bocado, por tanto, no es menor: un tercio de lo que ganas, como mínimo, a partir de un nivel de renta medio-bajo.Y es justo aquí donde entran en juego las retenciones. La retención del IRPF es el pago anticipado que se embolsa Hacienda mes a mes de forma automática para que el contribuyente no perciba del todo la factura total que asesta el Estado. Como las rentas más importantes que reciben la mayoría de los españoles son las del trabajo a través de la nómina, la Agencia Tributaria impone a las empresas la obligación de retener mensualmente parte del sueldo a sus trabajadores a modo de anticipo.Los contribuyentes, quieran o no, deben adelantar a Hacienda lo que les tocará pagar en su declaración del IRPF. De este modo, si la retención es inferior a lo que corresponde, la declaración anual (que se presenta en el ejercicio posterior) sale a pagar; mientras que si es superior sale a devolver.El truco de Hacienda, en este caso, es que, aunque la retención aplicada sale en la nómina, la mayoría de trabajadores tan sólo se fijan en el sueldo neto que su empresa ingresa en sus cuentas bancarias, sin percatarse realmente del dinero que se queda Hacienda mes a mes. La tabla de retenciones de IRPF para 2024 son las siguientes:Las retenciones aplicada intentan aproximarse lo máximo posible al pago final que tienen que hacer los contribuyentes por el IRPF, pero no siempre coinciden, de ahí que la declaración final salga a pagar o a devolver, según el caso. Para el cálculo de estas retenciones, que son de aplicación obligatoria para las empresas, se tienen en cuenta diversas variables, como el salario, grado de discapacidad, duración del contrato, situación familiar y los umbrales mínimos exentos de tributación.El resultado de la retención es la diferencia entre el salario mensual bruto y neto tras el pago del IRPF. La retención que aplica Hacienda mes a mes en las nóminas es, en definitiva, la artimaña que usa el Estado para hacer más llevadero (menos perceptible) el pago de impuestos a los contribuyentes españoles.

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La distribuidora eléctrica del grupo Naturgy, UFD, invirtió 450 millones de euros en 2023 en la digitalización y la mejora de más de 115.000 kilómetros de red en España, lo que supone un incremento del 59% con respecto al año anterior. Según informó la compañía eléctrica este martes, sólo en los últimos cinco años, la inversión de UFD superó los 1.480 millones de euros.Estas inversiones se centraron en innovación y aplicación de nuevas tecnologías para avanzar en la tele-medida y tele-gestión de los puntos de suministro, en el telecontrol y sensorización de las redes, así como en el fortalecimiento de las infraestructuras con el objetivo de integrar el incremento de la generación renovable.Naturgy destacó que las inversiones realizadas durante el pasado año permitieron "una gran mejora de la calidad del servicio", que midió a través del tiempo de interrupción equivalente a la potencia instalada (TiepiI), indicador que mejoró un 27% en los últimos cinco años, hasta situarse en 30,7 minutos durante 2023.La compañía resaltó que mantendrá un "alto ritmo" inversor durante el 2024, centrando este en la innovación y la digitalización de las redes de distribución como "pieza fundamental para la transición energética hacia un modelo descarbonizado" y reafirmó que seguirá evolucionando su Plataforma Digital de Servicios.La directora de Redes Electricidad España de Naturgy, Mónica Puente, añadió que "estamos realizando un gran esfuerzo inversor para reforzar, tecnificar y digitalizar la red, y gracias a ello hemos conseguido superar nuestros objetivos de mejora del índice de calidad del suministro, que se sitúa a la cabeza en España".UFD está presente en Galicia, donde es el mayor distribuidor de electricidad, además de en Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Actualmente, da servicio a casi 3,8 millones de puntos de suministro.

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El secretario general de Transporte de Marruecos, Khalid Cherkaoui, confirmó el pasado mes de enero que la puesta en marcha de la línea marítima entre las Islas Canarias y Tarfaya debía "potenciar las relaciones económicas, sociales y culturales" entre las islas y el país alauí. El acuerdo supone una puerta abierta a la entrada de producción agrícola marroquí en el peor momento de crisis para el campo español y cuando más denuncian la imposibilidad de competir con una producción que no cumple todos los requisitos exigidos a ellos.Khalid Cherkaoui participó el pasado mes de enero en un encuentro entre el Gobierno de Marruecos y las instituciones canarias. La cita se produjo tras la confirmación con el Gobierno de España del relanzamiento de las relaciones comerciales a través del Puerto de Tarfaya. De hecho, las reuniones se centraron en abordar la reapertura de la línea marítima que enlaza las islas y la localidad marroquí de Tarfaya.Cherkaoui destacó allí la importancia de la línea marítima entre "Puerto del Rosario y el Puerto de Tarfaya, que permitirá conectar el territorio de Canarias con el sur de Marruecos". Y explicó que "Marruecos ya ha invertido en infraestructuras logísticas, portuarias y también de carreteras para mejorar la conectividad. La conexión aérea ya existe y, ahora, con la línea marítima, podremos incrementar las oportunidades entre ambos territorios", añadió.Las jornadas de trabajo finalizaron con una visita al Puerto del Rosario, en Fuerteventura y una reunión con el Cabildo de Fuerteventura, la Cámara de Comercio y otros actores públicos y privados involucrados. Todo ello con objeto de anticipar el incremento de las relaciones comerciales y de la entrada de producción marroquí.Y todo ello sucede mientras el campo vuelve a denunciar sus dificultades para competir por culpa de los requisitos ecologistas y costes fiscales -cosa que es habitual desde la llegada de este Gobierno-, pero también de este nuevo acuerdo al que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos. El campo habla de temor a la entrada de plagas y enfermedades agrícolas y ganaderas. Y alega que las importaciones "sin control procedentes de Marruecos representarían una seria amenaza para las producciones locales y un peligro para la cabaña ganadera de las islas con consecuencias nefastas para el campo canario". La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja) ha pedido, de hecho, que no se reanude la conexión marítima entre puerto del Rosario (Fuerteventura) y el puerto de Tarfaya (Marruecos) prevista para este año, según se ha filtrado a raíz del encuentro entre el Gobierno de Canarias y la delegación alauí mantenido recientemente.El sector agrario teme que, efectivamente, la recuperación de esta línea propicie la entrada masiva a las islas de mercancías agrícolas y ganaderas de origen marroquí en el peor momento para el campo español y que, con ello, se propaguen plagas y enfermedades, tanto fitosanitarias como epizoóticas, que podrían acarrear pérdidas en las producciones locales, así como suponer un peligro para la cabaña ganadera.Asaga Canarias Asaja recuerda que en Marruecos existen determinados patógenos vegetales como el virus del rugoso del tomate, recientemente confirmado por las autoridades fitosanitarias de ese país, o la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta), detectada en algunas frutas importadas a la Península, "que representan una seria amenaza para nuestra agricultura al afectar a decenas de especies arbóreas y diversos cultivos como el aguacate, viña, olivo, caqui, granado, pimiento, tomate o berenjena"."La posible entrada y propagación de este tipo de insectos representaría además una vulneración de la Orden del 12 de marzo de 1987 relativa a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos. Esta normativa actúa, en teoría, de barrera para frenar precisamente la llegada de plagas y enfermedades agrícolas a Canarias", señalan desde la organización.

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Las tractoradas de los agricultores españoles se han extendido por todo el país este fin de semana, aunque las protestas llevan sucediéndose desde hace más de 10 días tanto en España como en el resto de Europa. Uno de los asuntos más llamativos del conflicto es que las reivindicaciones que el sector lleva exigiendo durante todos estos días de movilizaciones no tienen una única naturaleza. Más bien, se están cruzando eslóganes que son polos opuestos: hay agricultores que piden más proteccionismo y los hay que piden más libertad para su actividad. Tampoco faltan los que claman por las dos cosas.Menos impuestos, menos exigencias verdes, menos exigencias de seguridad alimentaria, más subvenciones al productor nacional, mayores precios en origen, más exigencias verdes y de seguridad alimentaria pero para los países extranjeros... La lista de demandas de los manifestantes es larga. Eso sí, exceptuando la parte contra las abusivas regulaciones climáticas de Bruselas, que es relativamente nueva, el resto de peticiones son las históricas dentro de este sector.Una de las estampas que también estamos acostumbrados a ver desde hace décadas cuando el campo pierde la paciencia es la del saqueo de camiones extranjeros. En este punto, podríamos decir que Francia ha encendido la mecha. En los últimos días, los agricultores franceses han desvalijado camiones españoles y han llegado a prender fuego a frutas y verduras nacionales. También han vertido con "orgullo" cisternas de vino español.Las declaraciones de la exministra de Medio Ambiente francesa, Ségolène Royal, asegurando que "las frutas y verduras españolas no respetan las normas francesas" y hasta que "son falsas e incomestibles" han contribuido a recrudecer el enfrentamiento entre los competidores de la UE, un territorio donde existe la misma regulación agroalimentaria para todos los productos. Royal debería saberlo.Mientras tanto, en nuestro país la inquina del sector agrícola no mira tanto a Francia, sino a Marruecos. Manifestantes de Jerez de la Frontera han llegado a tirar la carga de un camión de tomates procedente de Marruecos por "competencia desleal". Los agricultores españoles aseguran que los productos procedentes de Marruecos no cumplen los requisitos fitosanitarios de la UE, por lo que estarían compitiendo con ventaja sobre un producto nacional asfixiado por los mandatos burocráticos. En este punto, lo primero que habría que reevaluar es cuáles de todas estas exigencias contribuyen verdaderamente a velar por la salud de los ciudadanos (las únicas que se deberían mantener). Después, solo hay dos caminos: o se rebajan los requisitos al producto europeo hasta el nivel de sus competidores extranjeros o se exigen los mismos estándares a países como Marruecos. No deben jugar con distintas reglas de juego.Pero ¿cómo son las relaciones comerciales entre España y el país africano? ¿qué le vende España a Marruecos y qué le compra?¿qué papel juega el sector alimentario en estos intercambios? A continuación, las cifras.Lo primero que hay que tener en cuenta es que la balanza comercial entre España y Marruecos es positiva para España. Según los últimos datos del ICEX, hasta el pasado mes de noviembre nuestro país exportó productos por valor de 11.249 millones de euros e importó bienes por 8.334 millones, unas cifras muy similares a las de 2022, como se observa en el siguiente cuadro.Eso sí, por categoría de productos, Marruecos vende a España alimentos y bienes de consumo por más valor que los que compra, mientras que el valor de las exportaciones de bebidas, productos industriales y tecnología de España a Marruecos es superior que sus importaciones.En la siguiente tabla se observa la balanza comercial del sector agroalimentario con Marruecos. En esta categoría, el intercambio comercial resulta negativo para España con un saldo en 2023 de 947 millones de euros menos. Está cuantía es más baja que la de 2022 y 10 veces menor que los 9.759 millones que España exporta más a la UE-27 de lo que les compra a los vecinos europeos, por lo que el papel de Marruecos en el comercio alimentario español es secundario.En concreto, hasta noviembre de 2023, España exportó a este país 1.005 millones de euros en alimentos y compró 1.952 millones. Revisando el histórico de hace más de 10 años, esta balanza siempre ha sido deficitaria para nuestro país.En el área de productos industriales y tecnología el resultado es el contrario debido al mayor nivel de desarrollo de nuestro país. Como se observa en la siguiente tabla, España vendió en 2023 a Marruecos más de 4.039 millones de euros más que lo que le compró en este sector.Lejos de querer contribuir a la atribución de que las exportaciones son intrínsecamente "buenas" y las importaciones intrínsecamente "malas", esos son los datos. De hecho, es el producto barato el que contribuye a aumentar el bienestar de los consumidores (siempre que no contenga elementos tóxicos o nocivos para su salud, por supuesto).Eso sí, una cosa es que el Estado garantice la salubridad de lo que consumimos y otra que se crea que el ciudadano de a pie no sabe que el producto local tiene una calidad superior (de frescura, de sabor... ) a la del que viaja durante miles de kilómetros en un camión frigorífico. Por tanto, son los ciudadanos los mejores jurados para evaluar la calidad de los alimentos.La agricultura española necesita menos costes laborales, menos impuestos, menos imposiciones como las de la Agenda 2030, poner en valor su excelente calidad e innovar para ser más eficientes (a golpe de subvención es difícil). El proteccionismo o el boicot solo empeorará las cosas eliminando oferta en el mercado. Y eso se traduce en precios más altos.

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El pasado 6 de febrero de 2024, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) emitió la decisión de un comité ad hoc encargado de juzgar la solicitud de anulación presentada por el gobierno de España en relación con la condena a favor de la corporación japonesa JGC Holdings, que denunció a nuestro país a raíz de la retirada retroactiva de las primas renovables.La compañía nipona denunció a España ante el tribunal del Banco Mundial hace más de ocho años, el 22 de junio de 2015. Arrancó así un largo proceso que se zanjó, a priori, el 9 de noviembre de 2021, con la publicación de la pertinente sentencia. El laudo condenaba a nuestro país al pago de 23,5 millones de euros, cifra a la que hay que añadir alrededor de 5,4 millones en concepto de intereses de demora y casi 1,8 millones por la condena en costas. En suma, unos 31 millones de euros.El laudo emitido por el tribunal del Banco Mundial concluye que las modificaciones de las primas renovables vulneraron principios fundamentales de seguridad jurídica protegidos por el Tratado de la Carta de la Energía. JGC Corporation había desarrollado dos plantas de energía fotovoltaica en Andalucía y, al sufrir los cambios retroactivos anunciados entre 2010 y 2014, procedió a denunciar a nuestro país.Tras la publicación del laudo, España se negó a resarcir a la empresa japonesa y presentó una solicitud de anulación que ahora se viene abajo con la resolución definitiva del comité ad hoc, que certifica la plena validez de la sentencia y confirma la obligación de indemnizar a JGC Corporation según lo establecido en el laudo publicado hace algo más de dos años. La sentencia es contundente y ratifica punto por punto los fundamentos de derecho y las conclusiones del laudo original, según explican a Libre Mercado fuentes conocedoras del proceso.El Banco Mundial ha pedido por carta al gobierno de España que cumpla con sus obligaciones y ceje en su empeño de impagar las sucesivas condenas por la retirada retroactiva de las primas renovables, pero el Ejecutivo se sigue negando a cumplir con sus compromisos internacionales.España ha sufrido un total de veintiséis condenas internacionales en relación con la retirada retroactiva de las primas renovables. En total, las indemnizaciones reconocidas a los acreedores suman alrededor de 1.500 millones de euros, cifra a la que hay que sumar más de 250 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros. Por lo tanto, el coste directo de las condenas y sus gastos asociados ya ronda los 1.800 millones.Ante los impagos reiterados de estas obligaciones, las empresas afectadas han denunciado a España ante los tribunales de distintos países, con ánimo de proceder al embargo de bienes y activos del Reino en el extranjero. De momento, ya se han autorizado distintas incautaciones de propiedades, cuentas bancarias y derechos financieros en Reino Unido, mientras que la Corte Suprema australiana ha abierto la puerta a medidas similares.Además, está en marcha un proceso de default técnico que ya ha provocado un daño de más de 4.660 millones a través del encarecimiento de la financiación del Reino y la caída de la actividad derivada de esta circunstancia. De mantenerse esta circunstancia durante el año 2024, se estima que las pérdidas para el Tesoro y la economía pueden rebasar los 12.000 millones.Para poner fin a esta problemática, las empresas afectadas reclaman a España que cumpla sus compromisos en materia de derecho internacional y ponga fin a la cadena de impagos que ha terminado por situar a nuestro país en una posición muy delicada, hasta el punto de que superamos a Rusia o Venezuela en el ranking que mide el número de laudos internacionales pendientes de pago.

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El Grupo EULEN es una empresa que cuenta con la diversidad como parte de su cultura, así como de los valores estratégicos de la compañía. La empleabilidad de calidad es uno de los pilares donde reflejan su compromiso con las personas otorgándoles formación, desarrollo y estabilidad. Asimismo, se trata de una entidad comprometida en seguir avanzando en el principio de no discriminación e igualdad de oportunidades.Del mismo modo, el Grupo EULEN apuesta por el talento y el crecimiento personal y profesional, con un firme principio ético: la gestión de las personas, su promoción interna, potenciar sus capacidades y competencias, y la responsabilidad con los méritos profesionales.En este sentido, la compañía se constituye como una empresa comprometida con el empoderamiento y el liderazgo femenino promoviendo un entorno de trabajo diverso e inclusivo. Marta Velayos, directora del departamento de Asesoría Fiscal Corporativa, conversa sobre su experiencia como directiva en el Grupo EULEN, que recientemente ha recibido el sello Empowering Women’s Talent otorgado por la publicación especializada en recursos humanos Equipos & Talento en reconocimiento a las empresas comprometidas con el talento femenino.Velayos comenzó su trayectoria en la compañía hace 17 años como técnico del departamento de Asesoría Fiscal: tras nueve años, en 2015, se convirtió en su directora. A finales de ese año, el Grupo EULEN le ofreció colaborar en el «Proyecto Promociona», un programa ejecutivo de mujeres en la alta dirección impartido por ESADE Business School que la directiva recuerda como un punto de inflexión en su carrera profesional por el contenido y por la modalidad. "Somo un grupo de mujeres que han llegado a convertirse en amigas disfrutando de la experiencia", confiesaMarta Velayos asegura que nunca ha sentido que se enfrentaba a desafíos específicos por ser mujer en un puesto directivo en su sector. "El paso de los años, y quizás, la madurez personal y profesional, permiten confirmar que todos los días se está trabajando la suerte y que cuando te ofrecen la posibilidad de promocionar, con una posición con tanta repercusión en un Grupo, tienes que creértelo y apostar por ello y seguir formándote cada día para dar tu mejor versión, a ti, a los tuyos y a los demás", reflexiona la directiva.Grupo EULEN está adherido al Programa Empowering Women’s Talent para promover el talento femenino y potenciar el empoderamiento de las mujeres mediante programas de mentoring cruzado con mujeres de otras organizaciones.Marta Velayos se siente afortunada de haber sido elegida mentora para la IV edición y de poder compartir su experiencia personal y profesional con otras mujeres. Y es que ella apuesta por un tipo de liderazgo participativo y transformacional que ejerce con su equipo y con toda la plantilla del Grupo ya que, en su opinión, es un formato que permite "a los equipos sentirse partícipes del proyecto y protagonistas de su trabajo".La directora del departamento de Asesoría Fiscal considera que cada vez hay más mujeres dedicándose a esas materias y se felicita de que existan multitud de organizaciones que promueven el desarrollo profesional de las mujeres en estos sectores. Ella misma defiende estos factores como "muy importantes en el ámbito personal y laboral, puesto que permite tener un pulso de otras compañeras, aprender de ellas y de sus diferentes entornos de trabajo". Asimismo, aconseja a las nuevas generaciones que "proyecten siempre su mejor actitud, ya que es el desarrollo de su potencial".

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Existe un viejo dicho, que gusta bastante a los economistas, que dice algo así como que "puedes llevar al caballo al río, pero no le puedes obligar a beber si no tiene sed". Se ha usado mucho, por ejemplo, durante la última década de bajos tipos de interés que, sin embargo, no terminaban de estimular el crédito todo lo que se quería, porque los bancos (caballos) no tenían sed.Pues algo así pensaba yo con este tuit que me pasa Beatriz García, sobre el crecimiento en el número de jóvenes que viven en áreas metropolitanas en EEUU.A la gente joven le gustan cada vez mas las ciudades. (No les culpo)Cada vez un % mayor de millennials americanos vive en una de sus Top 50 Metropolitan Statistical Areas (MSAs)Ese es el verdadero problema de la vivienda: Como vuelves a hacer Tarazona atractiva para un Gen Z? pic.twitter.com/gmDBQm5llXNi me extrañan los datos (de 2019) ni creo que el covid haya cambiado la tendencia. De hecho, las primeras cifras que se conocen (una vez estabilizada la situación en 2022-23) si acaso apuntan en sentido contrario: las ciudades siguen teniendo el mismo potencial de atracción (o más) que hace unos años. Las historias sobre una vuelta a lo rural, la importancia de la vida tranquila o el cambio de valores tras la pandemia se han evaporado junto con las mascarillas.Tres apuntes al respecto:1 - No se puede hacer nada para reducir el atractivo de las ciudades para los jóvenes.Para el que piense que eso no es nada malo: por supuesto, no lo es. Pero sí lo son algunas derivadas: precios de la vivienda disparados en las áreas urbanas y fuga de talento de las rurales.Llevamos al menos dos siglos discutiendo esto. En algún momento deberíamos empezar a asumir la realidad: el peso en el PIB del sector primario no ha dejado de caer desde 1800. Y lo ha hecho al mismo ritmo que creía su productividad y bajaba el porcentaje de población activa empleada en el mismo.Respecto de los problemas de las ciudades, algo parecido. Los debates sobre los precios de los alquileres o la escasez de vivienda no han variado apenas, en sus argumentos (y malas soluciones) desde hace 100 años al menos. Es cierto que una regulación absurda, como la aprobada en España en las últimas décadas, empeora las cosas. Pero el problema del alquiler es simplemente una cuestión de oferta muy limitada (el centro de una ciudad) y demanda disparada (cuanto más rica y productiva sea un área urbana, más vecinos atraerá y más negocios querrán radicarse cerca de los centros financieros-empresariales). Miren Nueva York: intentó resolver este sudoku multiplicando el suelo (ya que no podía en horizontal, en vertical). La solución, ingeniosa, no sólo no minoró los precios, sino que los multiplicó: porque había más de todo (más ideas, más inversión, más empresas, más empleados de primer nivel) y estaba más concentrado, actuó como un imán para que hubiera todavía más de ese todo.Dice Matt Ridley, en How innovation works, que lo necesario para que haya crecimiento económico es que "las ideas tengan sexo entre ellas". Es decir, que se junten, se relacionen, haya encuentros inesperados... Todo eso pasa en las ciudades. Por eso son más productivas y por eso, con 25 años, casi todo el que quiere hacer algo termina en ellas.¿Y eso hace inevitable que los alquileres sean prohibitivos? Pues en parte, sí. Si una ciudad muy rica-productiva-dinámica tuviera un precio de la vivienda por debajo del de otras ciudades similares, ¿saben lo que pasaría? Que miles de jóvenes comenzarían a llegar a buscar oportunidades a ese paraíso de prosperidad a coste razonable. Y los precios se dispararían.2 - El teletrabajo como opción universal sigue siendo un mito. No todos podemos hacerlo y ni siquiera es bueno que lo hagamos. Repitamos lo de las ideas teniendo sexo. Eso no se consigue en un Zoom (o es más difícil).Encuentros inesperados en la máquina de café. Quedar a jugar al pádel con un par de amigos de tu compañero de trabajo que te dan una pista interesante sobre un nuevo negocio. Reunión con proveedores a la que se acerca cinco minutos a saludarte el director de ventas al que no conocías. En un pueblo de Soria no hay de esto. Hay pájaros y tranquilidad; pero no sinergias, productividad, nuevos desarrollos, acuerdos de colaboración inesperados...Porque, además, lo mejor de la presencialidad lo reciben los recién llegados, que son los que necesitan contactos-formación-aprendizaje in situ. Un tipo de 45 años que es el diseñador más reconocido de su multinacional quizás pueda permitirse comprarse una casa en una aldea cántabra y bajar a Madrid una vez al mes. El becario recién llegado a la empresa, no.3 - A más jóvenes, más jóvenes (a menos, menos)Por último, otra evidencia: el círculo vicioso en el que está eso que llaman la "España vaciada" muy complicado de romper. Lo que más quieren los jóvenes es... encontrarse con otros jóvenes. Y si esos otros jóvenes se van a las ciudades, los seguirán.Esto ha pasado siempre. Pero ahora, además, se une al hundimiento de la natalidad que está dejando sin relevo a las zonas de emigración interior. Durante los primeros 70 años del siglo XX, la afluencia masiva a las ciudades (que la hubo) no vació el campo, ni en España ni en casi ningún otro país. Sí lo hizo en porcentaje (menos población rural sobre el total) pero, salvo en regiones puntuales, no en números totales. Había reemplazo y un chico que quisiera quedarse en una pequeña capital comarcal o en un pueblo sabía que era minoría frente a los que estaban en las ciudades, pero no sentía que era una excepción ni que se iba a quedar solo. Hoy esa sensación sí es más real.Pero en esto, como digo, la clave está más en la natalidad que en la emigración. Como en otros artículos sobre demografía, tiro del comodín de mi admirado Alejandro Macarrón y su Fundación Renacimiento Demográfico, que hace un par de años nos ofrecía esta tabla:Ya en aquel momento decíamos lo siguiente: "En todas las provincias, si el número de nacimientos hubiera sido ese 2,1 hijos por mujer en edad fértil que nos dicen que es la tasa de sustitución a medio plazo, ese extra de nuevos niños habría compensado a los que se han marchado. No en todas las provincias crecería la población, porque en algunas el envejecimiento ha hecho que el número de defunciones sea muy elevado. Pero si sólo miramos el factor migratorio (los que se van a otras provincias), sí se equilibraría con más nacimientos".

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La lista Vault Consulting Survey sobre las 50 mejores consultorías de 2024 ha desvelado que las mejores consultoras estratégicas a nivel mundial son Bain BCG, que repite en el primer puesto, Boston Consulting y Alvarez & Marsal al ocupar los tres primeros lugares de la última clasificación.Uno de los aspectos más destacados de este ránking es la progresión de Alvarez & Marsal, que, según el ranking, se encuentra entre las mejores consultoras del mundo, ya que aparece tanto en Norteamérica, como Asia-Pacífico como en Europa, Oriente Medio y Africa.Según María Ho, jefa de investigación de Vault, "es una de las firmas a tener más en cuenta" en este 2024. Para ella, el salto "no es sorprendente ya que es una firma fuerte en restructuraciones y ha asumido compromisos de alto perfil como la asesoría al Gobierno suizo en la quiebra de Credit Suisse".Este año, la puntuación de Alvarez & Marsal ha subido 0,276 puntos. Hace sólo cuatro años, ocupaba el puesto 22 con una media de 7,081 puntos. En otras palabras, el bufete ha subido casi un punto en sólo un año. Se sitúa entre los cinco primeros en dos categorías clave: Remuneración y Perspectivas de negocio. Además, la consideran como una de las firmas de consultoría más prestigiosas en general: ocupa el puesto número 20 en Prestigio, que según el informe ha evolucionado de 3,897 a 5,949 desde 2018. Esta encuesta se basa en respuestas de casi 10.000 profesionales y destaca la excelencia continua de la firma en las áreas de compensación y nivel de desafío.Alvarez & Marsal, con más de 9.000 empleados en toda la geografía mundial, describe su cultura como "centrada en el cliente" y "emprendedora", una firma con "gran acceso a la c-suite", "clientes interesantes" y "alta moral de los empleados. "Los empleados gozan de un alto nivel de independencia y la dirección confía en los empleados de todos los niveles para gestionar las interacciones con los clientes", aseguran.Entre el resto de las diez primeras, EY-Parthenon, Bridgespan Group y Kearney perdieron 2-3 puestos cada una. Su pérdida la aprovechó Putnam Associates y Roland Berger Strategy Consultants, que subieron del 11º al 7º y del 13º al 10º puesto, respectivamente, mientras que L.E.K. Consulting cayó fuera del Top 10.

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El Observatorio de Innovación en Gran Consumo del Instituto Cerdá, formado por un panel de expertos independientes, ha presentado esta mañana las principales innovaciones del sector en 2023, entre las que ha destacado el nuevo sistema de corte del film transparente de Mercadona. Al incorporar un sistema con guillotina, facilita el corte con precisión y evita que el film se pegue y se corte de formas indeseadas, lo que contribuye asimismo a reducir el desperdicio de plástico.Mercadona ha desarrollado esta innovación tras detectar la necesidad en sus ‘Jefes’ (como internamente denomina a los clientes) y de la mano del proveedor especialista Plasfesa Products, que lo fabrica en sus instalaciones de Oliva (Valencia). Según se destaca en la séptima edición de este Observatorio, "Mercadona ha trasladado así al gran consumo un método de corte más rápido y preciso antes reservado para el segmento profesional".Además del sistema de corte, también se destacan otras mejoras aplicadas por la compañía al film transparente Bosque Verde, que se presenta en formato de 80 metros para facilitar su uso en casa. Se trata de su mayor adherencia y resistencia, y el hecho de que sea apto tanto para conservar los alimentos (en el refrigerador y en el congelador) como para calentarlos en microondas.Para Mercadona, la satisfacción de ‘El Jefe’ (cliente) es la clave fundamental de su actividad, y lo sitúa siempre en el centro de sus decisiones. Por ello, hay una cultura corporativa basada en la excelencia del servicio y en la mejora continua de la calidad que impulsa la innovación de forma transversal a toda la compañía.Además, dispone de un Modelo de Coinnovación pionero en el que trabaja desde 2011 a través de su denominada Estrategia Delantal. De esta manera, comparte con los clientes experiencias y costumbres de consumo de alimentación y bebidas, limpieza del hogar, aseo personal y cuidado de mascotas, trasladándolas después a los proveedores especialistas para impulsar así una colaboración directa para desarrollar un surtido eficaz.La empresa cuenta con una red de 24 centros de coinnovación en España y Portugal, ‘laboratorios’ de desarrollo de productos donde los especialistas de Mercadona se encargan de captar las necesidades de los clientes y contrastar la calidad del surtido de la compañía.

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Amazon ha sido superada en valor de mercado por Nvidia, algo que no conseguía desde 2002 (cuando ambas empresas valían menos de 6.000 millones de dólares). De este modo, la tecnológica cerraba este martes en bolsa con un valor de 1,78 billones de dólares (unos 1,66 billones de euros), mientras que la compañía de Jeff Bezos terminaba la sesión con un valor de 1,75 billones de Amazon.En este sentido, las acciones de Nvidia alcanzaban los 721,28 dólares tras subir un 214% en el último año, mientras que las acciones de Amazon se situaron en 168,64 dólares, con una subida del 69% en doce meses. Así, el ranking de las empresas más grandes del mercado por capitalización lo lidera Microsoft (3,01 billones), a la que siguen Apple (2,86 billones), Alphabet (1,82 billones), Nvidia (1,78 billones), Amazon (1,75 billones) y Meta (1,17 billones).Según la cadena norteamericana CNBC, los chips de Nvidia que soportan las capacidades de IA pueden costar unos 20.000 dólares por pieza y empresas como Microsoft, OpenAI o Meta necesitan decenas de miles.Así, Nvidia es una de las empresas que más se ha beneficiado del desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), pues ha aumentado la demanda de sus productos. Sólo en el tercer trimestre, los beneficios de la tecnológica se dispararon un 1.259% interanual, hasta los 9.243 millones de dólares.

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Un mes más, vemos cómo Sánchez nos lleva a una deuda permanente, casi perpetua, pues su gasto desmedido no deja de incrementar el gasto y, con ello, el déficit y la deuda. Es el camino de Sánchez a la deuda sin fin.En noviembre, subió la deuda en 3.344 millones de euros. Sánchez, en realidad, sigue incrementando la deuda igual que lo ha hecho durante todo el quinquenio de su mandato.La deuda supera ampliamente los 1,5 billones de euros y se sitúa en octubre en 1,575 billones de euros de endeudamiento, con 418.000 millones de euros de incremento desde que gobierna Sánchez (418.138 millones), según las notas iniciales de deuda de las AAPP emitidas por el Banco de España con carácter mensual.De esta forma, la deuda sigue incrementándose en alrededor de 200 millones de euros al día (208,13 millones) -casi 1.500 millones a la semana, 6.000 millones al mes, 9 millones cada hora- desde que gobierna Sánchez.O dicho de otra manera, Sánchez incrementa la deuda cada minuto en 144.534 euros. Es decir, mientras un ciudadano hace una pausa de quince minutos para tomarse un café por la mañana, Sánchez habría incrementado la deuda en más de 2 millones de euros.Y durante una jornada laboral completa, en la que un ciudadano habrá estado trabajando duramente ocho horas, generando actividad económica, empleo y pagando sus impuestos, Sánchez habrá aumentado la deuda en 70 millones de euros.Este grave problema puede poner en peligro a la economía española, tanto por su capacidad para financiarla si el BCE deja de comprar deuda, como por la repercusión de sus intereses en el presupuesto, que mermará recursos para servicios esenciales y que, a su vez, incrementará el gasto.Esto hay que tenerlo especialmente en cuenta ante las turbulencias financieras ocurridas hace algunos meses, que han tenido alguna repetición en Estados Unidos: si se reprodujesen más y de forma persistente, que esperemos que no suceda, podría haber un cambio en la política del BCE que dejase más frágil el respaldo de deuda española por parte del BCE o que encareciese su financiación. De momento, se mantiene la política monetaria contractiva a ambos lados del Atlántico, con una pausa por parte de la Reserva Federal y del BCE, pero con un horizonte de dudas pese a una resistente inflación, en el que las subidas de tipos parece que van llegando a su máximo, pero sin que todavía se haya llevado a cabo la necesaria reducción de sus balances.El incremento del gasto es un problema importante, con el déficit estructural, construido sobre un gasto desmedido, que se ha ido consolidando en el tiempo, como principal problema.Así, sobre la base de unos ingresos coyunturales, se ha ido asumiendo un incremento del gasto anual en el sector público, especialmente en el Gobierno de la nación, que nos lleva a una situación de insostenibilidad: con una recaudación adicional de más de 30.000 millones en 2022, el déficit sólo se redujo 2 décimas sobre el objetivo, que denota el importante incremento del gasto que se está produciendo (tres décimas si empleamos la revisión del PIB, pero no es comparable con la previsión inicial, realizada con un PIB estimado menor, al no haberse revisado entonces). Además, la IGAE ha detectado un pequeño incremento del déficit posteriormente, que se come una décima.Este endeudamiento se agravará, con mayor crecimiento de gasto, que incrementará el gasto estructural y el déficit estructural, especialmente con las medidas electorales que tomó Sánchez ante el adelanto electoral y con las anunciadas en su debate de investidura. Deuda que aumentará con el esfuerzo presupuestario que supone la medida intervencionista de la entrada del Estado en Telefónica a través de la SEPI.De esa manera, el déficit estructural español se situará en 2023 cerca de cinco puntos porcentuales sobre el PIB, elemento que señala un grave desequilibrio de la economía española. Déficit estructural que es la gran preocupación de la Comisión Europea. El déficit final en 2023 se prevé del 3,9% del PIB.De hecho, la Comisión Europea, pese a revisar ligeramente al alza la previsión de crecimiento, considera que España no cumplirá con el objetivo de estabilidad del 3% en 2024, al situarlo en el 3,3% del PIB, para lo cual le ha pedido un ajuste de gasto de 6.000 millones de euros adicional al del fin de las medidas antiinflación. Eso se debe a que el gasto se está acelerando, de manera que se están desperdiciando los ingresos adicionales derivados de la inflación para reducir el déficit y la deuda. Así, el Gobierno ni deflacta para no subir los impuestos a los ciudadanos como consecuencia de la inflación, ni lo aprovecha para cuadrar las cuentas, ni reduce la deuda, que es una losa que se traducirá en más impuestos futuros para pagarla.Sánchez no rectifica, pues la disminución de la deuda que algún mes se produce no es real, sino por efecto estadístico del distinto decalaje entre amortizaciones y nueva financiación.La tendencia, así, sigue siendo alcista -y así seguirá mientras siga habiendo déficit, pues la deuda no es más que el sumatorio de los distintos saldos presupuestarios de cada ejercicio- con la aportación de inestabilidad a la economía que ello supone, como también ha sucedido en el pasado 2022 y sucederá en 2023, pese al incremento extraordinario de recaudación motivado por la inflación, que ya se desacelera a pasos agigantados, situando el gran problema a partir de 2024, donde la ralentización económica será mayor y los ingresos podrán cubrir todavía peor los gastos.La deuda con esos más de 1,5 billones de euros, supone el 108,03% del PIB español sobre la estimación de crecimiento de PIB nominal del plan presupuestario 2023 que el Gobierno envió a la UE), debido a la importante revisión del PIB llevado a cabo por el INE, no a reducción de deuda, que es del 109,6% si se emplea el PIB agregado de los últimos cuatro trimestres publicado por el INE.Aunque es obvio que el efecto del denominador derivado del crecimiento del PIB mitiga el cociente, como vemos, seguirá siendo muy elevado porcentualmente y, lo que es más preocupante, creciente en valores absolutos. La cifra de cierre prevista para 2023 por el propio Gobierno es del 108,03%.Todo ello, nos lleva a que desde que gobierna Sánchez la deuda se ha incrementado en 418.138 millones de euros. Durante el primer año, aumentó en 38.688 millones, y al cabo cinco años de mandato el incremento es de 418.000 millones de euros, según las notas mensuales iniciales publicadas por el Banco de España sobre la deuda de las AAPP.Así, si durante el primer año creció la deuda por persona en 828,03 euros, en los más de cuatro años de mandato de Sánchez la deuda por persona ha aumentado en más de 8.500 euros (8.649 euros, más de diez veces el incremento del primer año).O visto de otra manera: en el primer año, la deuda se incrementaba a un ritmo de 105,99 millones de euros al día. Ahora, tras casi cinco años de Gobierno de Sánchez, la deuda crece 208,13 millones de euros cada día.De esa forma, seguimos con un incremento exponencial del gasto, manteniéndonos en el furgón de cola de la recuperación de la UE, pese a la revisión extraordinaria al alza que ha realizado el INE, en un entorno económico complicado, de todavía elevada inflación, que, además, no cae, sino que desacelera su crecimiento al venir de niveles muy elevados, por mero efecto estadístico, siendo muy preocupante la subyacente -la mayor desde hace más de treinta años-, fuertes costes energéticos -que están propagando ese incremento de precios por toda la cadena de valor-, y un optimismo imprudente por parte del Gobierno en funciones.Es más, la mejora en las revisiones para 2023 son temporales, rebajando las de 2024, con riesgos que, de materializarse, donde la actividad del sector servicios disminuye y la de la industria cae con fuerza, desplomándose ambas sobre los registros del mismo período del año pasado, puede disminuir todavía más, de forma que las previsiones serán, a buen seguro, rebajadas todavía más a la baja, probablemente hacia el 1%.Los ciudadanos necesitan que el Gobierno les aligere de cargas, como, por ejemplo, la deflactación del IRPF, y la bajada de impuestos, no que los endeuden más.Es imprescindible, por tanto, reducir el gasto ineficiente, porque es el origen del problema y vuelve insostenible el mantenimiento de la estructura económica con semejante endeudamiento, y devolver a los ciudadanos la recaudación extra que el Gobierno está consiguiendo gracias a la inflación, que asfixia a los españoles, les hace perder poder adquisitivo y les impide llegar a fin de mes y poder competir, en el caso de las empresas, en los mercados. Es decir, se necesita una política económica radicalmente distinta a la de Sánchez.

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Un total de 3.640 trabajadores se han apuntado de forma voluntaria a los expedientes de regulación de empleo (ERE) que la compañía aplicará en sus tres principales filiales en España (Telefónica de España, Móviles y Soluciones) y que finalmente afectarán a 3.393 trabajadores (en lugar de los 3.421 establecidos), según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press a través de fuentes sindicales.Así, en este ERE habrá 3.393 salidas, por lo que los 28 puestos restantes sobre la cifra inicial de 3.421 despidos previstos no se ejecutarán en este despido colectivo y, según han explicado fuentes sindicales a Europa Press, se decidirá más adelante si se incluyen en otro proceso de salidas o no.Las 3.640 solicitudes voluntarias para formar parte de este ERE suponen una adhesión del 106,4% (sobre las 3.421 salidas acordadas). En el acuerdo inicial establecido entre Telefónica y los sindicatos se fijaron 2.958 salidas para Telefónica de España, casi un 28% menos que los 4.085 que se plantearon al comienzo de las negociaciones; 397 en Telefónica Móviles, casi un 59% menos que los 958 iniciales, y 66 en Telefónica Soluciones, casi un 19% menos que los 81 iniciales. Un total de 3.421 salidas, si bien finalmente serán 3.393.En cuanto a las condiciones, Telefónica dará a los empleados nacidos en 1968 que salgan en el ERE una renta del 68% del salario regulador hasta los 63 años y de un 38% hasta los 65, mientras que para los de 1967, 1966, 1965 o 1964, un 62% del salario regulador hasta los 63 años y de un 34% hasta los 65, a lo que se suma una prima de voluntariedad de 10.000 euros.En tanto, para los trabajadores nacidos en 1963 o años anteriores ofrece una renta del 52% del salario regulador hasta los 63 años y de un 34% hasta los 65, a lo que también ha añadido una prima de voluntariedad de 10.000 euros.Asimismo, las condiciones del ERE incluyen la reversibilidad de las rentas, lo cual implica que en caso de fallecimiento los herederos legales percibirán las indemnizaciones pendientes.También se recoge el abono del descuento de la Seguridad Social del empleado durante el paro, el seguro colectivo hasta los 63 años, la póliza salud básica al 100% hasta los 63 años (o mientras se abone el Convenio Especial de la Seguridad Social).El periodo de adscripción al despido colectivo comenzó el pasado 9 de enero y se cerró este jueves, 8 de febrero, según el calendario establecido por la empresa y los sindicatos.En tanto, las salidas comenzarán principalmente el 29 de febrero, aunque el ERE estará abierto hasta el 31 de marzo de 2025.En cuanto a la evolución de la adscripción al ERE, en los tres primeros días del proceso se apuntaron unos 500 empleados (alrededor de un 15%), en la segunda semana la cifra se elevó hasta los 1.478 (en torno a un 43%), en la tercera se incrementó hasta los 2.118 (casi 62%) y el martes de esta semana ya rondaba el 82% (con unos 2.800 empleados).Según informó Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 3 de enero, el coste de este despido colectivo se estima en alrededor de 1.300 millones de euros (antes de impuestos) y no tendrá impacto en caja.De este modo, el coste promedio por trabajador se situará en unos 380.000 euros, una cifra inferior a la de los planes de salidas acometidos por la compañía en los últimos años.En esa línea, Telefónica calcula que los ahorros anuales promedio de gastos directos se situarán alrededor de los 285 millones de euros a partir de 2025, si bien el impacto en generación de caja será positivo desde 2024, ya que la salida de empleados se estima que tendrá lugar ya desde el primer trimestre de 2024.

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¿Cómo podemos ganar mucho más dinero? Hay muchas maneras, pero quitando las excepciones (tengo inversiones-rentas, me toca la lotería o aparece una herencia inesperada) tenemos dos grandes opciones a nuestra disposición:Esto es de cajón. Y sí, hasta aquí hablamos de personas y familias. Pero podríamos ampliar a empresas o países. En el caso de estos últimos, hay tres grandes alternativas para aumentar la producción anual:No estamos descubriendo la pólvora. Esto es así desde que el mundo es mundo. Y en los últimos 200 años lo hemos vito de manera palpable. Los países más ricos han tirado sobre todo el tercer factor (incrementos en la productividad por mejoras tecnológicas, innovación en los procesos, especialización y división del trabajo) y eso les ha permitido cuadrar el círculo de trabajar menos (porque trabajamos mucho menos que nuestros abuelos) y ganar más.De todo esto se ha hablado mucho en nuestro país en los últimos meses, por las propuestas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dirigidas a reducir la jornada laboral por decreto. El planteamiento de la líder de Sumar es que trabajando menos, seremos más productivos. Y viviremos mejor (porque tendremos más horas de ocio) sin que nuestros ingresos se reduzcan [Desde que se conoció esta propuesta, en Libre Mercado hemos planteado que parece poco probable que veamos mejoras mágicas de productividad sólo por el hecho de reducir la jornada: aquí y aquí, dos explicaciones sobre este asunto].Esta semana, Fedea presentaba un informe sobre productividad y competitividad junto al Colegio General de Economistas. La conclusión principal ya la conocíamos, aunque no está de más recordarla, porque probablemente es el factor más importante en el mal desempeño económico de nuestro país en los últimos años (y no se le presta demasiada atención): "Los bajos niveles de productividad de España con respecto a los de la Eurozona está provocando que nuestro país está perdiendo convergencia con respecto a Europa en términos de renta y competitividad". Nos alejamos de los países más ricos y nos adelantan otros que eran más pobres hasta anteayer, sobre todo países del Este. Nada que no supiéramos.¿Culpables de esta baja productividad? Los investigadores de Fedea, Javier Ferri y José Carlos Sánchez de la Vega, señalan a los sospechosos habituales: sistema educativo (sobre todo, por el elevado abandono escolar), formación en el puesto de trabajo (no mucha y de baja calidad), escasa formación también de los empresarios, exceso de pymes y micropymes, poca inversión en I+D, poca inversión en capital fijo más allá del ladrillo, exceso de burocracia, rigidez en los procesos productivos, rigidez normativa, trabas administrativas, legislación laboral muy poco flexible...Pero, además, se han fijado en las horas trabajadas, preguntándose si sería posible esa combinación tan atractiva, pero muy complicada de lograr, que pide Díaz: trabajar menos y ganar más.Su respuesta no le gustará demasiado a la ministra gallega: la causalidad no es trabajar menos para ganar productividad; sino la contraria: ganar productividad te permite trabajar menos. Así lo explica Ferri en su presentación: "En general, las horas trabajadas se van reduciendo conforme aumentan los niveles de vida. En general, se trabajan más horas en los países de menor productividad y renta per cápita; y menos horas en los países más ricos. En un mundo globalizado, si quieres competir con países más productivos, necesitas o trabajar más horas o pagar menores salarios".Para ilustrarlo, nada mejor que una imagen como la siguiente, con los países europeos distribuidos en función de (i) PIB por hora trabajada y (ii) horas trabajadas al año por empleado. Como vemos, a más productividad, jornada laboral más corta. Por supuesto, no es una relación lineal. Hay muchos otros factores que también contribuyen... pero no debemos engañarnos: si queremos trabajar menos, debemos hacerlo mejor en cada rato que pasemos trabajando (esto se consigue con una fuerza laboral mejor formada, más inversión en capital que redunde en más producción por trabajador, flexibilidad para que cada empresa o trabajador deje de hacerlo que el mercado no valora y se concentre en aquello en lo que destaca...).Porque, además, todo apunta a que no lo estamos haciendo bien desde hace demasiado tiempo. En la presentación de Ferri, muy clara y sencilla, se muestra cómo España ha ido alejándose en PIB per cápita de la media de la Eurozona desde hace ya casi dos décadas. Tras un período de convergencia entre el 95 y el 2005-07, comenzamos un declive continuado que sigue hasta hoy. Por eso decíamos antes que cada vez estamos más lejos de los países ricos y se nos acercan (o nos adelantan) otros que hasta hace poco eran mucho más pobres.Cuando desglosamos esa trayectoria que nos aleja de los países que usamos como referencia, vemos que la primera razón es que la productividad por hora trabajada es ahora inferior, en términos relativos y en comparación con la Eurozona, a la que disfrutábamos en el 2000 (85 España aproximadamente para 100 de referencia de la Eurozona). También en tasa de empleo sobre la población activa hay poco que celebrar: es verdad que hemos mejorado algo en los últimos años, pero si miramos la evolución relativa respecto a la Eurozona, estas dos décadas tampoco han sido buenas. Entonces, ¿hay algún elemento que nos haya ayudado a amortiguar el golpe? En realidad, sí. Las horas trabajadas por empleado: cada español con un trabajo está más horas de media en el tajo que sus colegas del resto de la Eurozona. Y esa diferencia ha crecido algo desde el 2000.Esto último seguro que es toda una sorpresa para la señora Díaz pero lo cierto es que lo que nos dice es que la única manera que hemos tenido para reducir el impacto, tras el estallido de la burbuja del ladrillo en 2007-08, ha sido trabajar más, y no menos. ¿Habría sido fantástico ver ganancias de productividad espectaculares que nos hubieran ayudado a superar esta crisis, que ya casi es estructural, mejorando nuestros salarios? Sí. Pero no es lo que ha ocurrido. Para mantener la renta y la competitividad (o no perder más en términos relativos) frente a los países más ricos de Europa, hemos tenido que incrementar las horas por ocupado.Podemos mirar la lista de potenciales culpables de nuestra baja productividad que citábamos antes. Y preguntarnos si esto podría cambiar. Pero mientras la miramos y asumimos que las causas siguen ahí, no nos engañemos. ¿Reducir la jornada laboral para hacernos más ricos como por ensalmo? Tiene pinta de que no ocurrirá.

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El banco HSBC, el mayor de Europa, registró en 2023 un beneficio neto de 22.432 millones de dólares (20.734 millones de euros), lo que representa un aumento del 56,36% con respecto al ejercicio anterior aunque queda igualmente por debajo de los pronósticos de los analistas. En la cuenta de resultados que remitió hoy a la Bolsa de Hong Kong –donde cotiza–, el grupo indica que su facturación creció un 30,5% interanual hasta los 66.058 millones de dólares (61.057 millones de euros) gracias, principalmente, a las subidas de tipos de interés.El consejero delegado de HSBC, Noel Quinn, celebró el "rendimiento récord de los beneficios" y anunció el dividendo anual más alto desde 2008 –de un total de 0,61 dólares (0,56 euros) por acción con cargo al ejercicio– y un programa de recompra de acciones de 2.000 millones de dólares a completar antes de la presentación de los resultados del primer trimestre.No obstante, el beneficio neto atribuido quedó por debajo de los 26.100 millones de dólares que esperaba un panel de expertos compilado por Bloomberg, en parte debido a un ajuste de 3.000 millones de dólares en la valoración de la inversión de HSBC en el banco estatal chino Bank of Communications, del que posee un 19%.En total, HSBC informó de unos 3.447 millones de dólares (3.188 millones de euros) en pérdidas esperadas por exposición al crédito y cargos por deterioro, derivados principalmente de su exposición al mercado inmobiliario chino, sumido en una crisis que parece no tocar fondo desde hace más de dos años, aunque Quinn subrayó su confianza en la "resistencia" de la economía china y en las oportunidades de crecimiento que ofrece "a medio y largo plazo".El banco elevó en un 17,84% sus ingresos netos por intereses hasta unos 35.796 millones de dólares (33.100 millones de euros), mientras que el margen neto de interés –la diferencia entre intereses devengados y los que se han pagado a los clientes– se situó en el 1,66%, 24 puntos básicos más que al cierre del anterior ejercicio pero 4 menos que a finales del tercer trimestre.A finales del año, la ratio de solvencia de capital común 'Tier 1' (CET1, recursos propios básicos) era de 14,8%, 0,6 puntos por encima del dato del cierre de 2022. La compañía también informó de un descenso interanual del 2% en sus gastos operativos, que cifró en 32.070 millones de dólares (29.655 millones de euros), merced al final de costes recurrentes de reestructuración en el marco del plan de reducción de gastos, que pasaba por recortar miles de puestos de trabajo en Europa y EE. UU. para reforzar así su presencia en Asia, su principal mercado.Al cierre del ejercicio, HSBC tenía 938.535 millones de dólares (867.882 millones de euros) concedidos en créditos en términos netos, un 1,62% más que un año atrás, mientras que los depósitos ascendían a unos 1,61 billones de dólares (1,49 billones de euros), un aumento interanual del 2,63%.Quinn celebró que "2023 fue un año muy bueno para HSBC" gracias a un "fuerte crecimiento de los ingresos" en todos sus negocios globales que permitió conseguir la mayor rentabilidad sobre fondos propios tangibles (RoTE) "en más de una década", aunque advirtió de "un entorno todavía desafiante" y lleno de "incertidumbre".El consejero delegado prevé que los tipos de interés empiecen a bajar de nuevo este año: "Tengo confianza en que hay oportunidades esperándonos (...), que podrán ayudarnos a continuar nuestro buen rendimiento a medida que entramos en la siguiente fase del ciclo de tipos".De cara al futuro, el presidente del grupo, Mark Tucker, prevé que 2024 será "otro año plagado de acontecimientos", aunque mantiene un "optimismo cauteloso" al respecto de las perspectivas económicas, con el crecimiento ralentizando en la primera parte del ejercicio y recuperándose en la segunda.Tucker apunta concretamente a la oportunidad que el crecimiento en Asia ofrece para "conectarla con otra región de alto crecimiento" como Oriente Medio, incluso pese a los conflictos regionales, refiriéndose específicamente a la diversificación económica en Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.Quinn apostó por el crecimiento de los negocios internacionales, la diversificación de los ingresos, la disciplina de costes, la innovación tecnológica o la conservación de su posición líder en sus "dos mercados domésticos", Hong Kong y Reino Unido.Las acciones de HSBC en Hong Kong llegaron hoy al descanso de la media sesión con un repunte del 1,04%.

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Abarth ha lanzado una nueva edición limitada del Abarth 695 para celebrar su 75 aniversario de la que se han fabricado solo 1.368 unidades, que son una "referencia simbólica" a la cilindrada de su motor 1.4 T-Jet, según explica el fabricante en un comunicado.El motor de esa nueva edición, explica la marca italiana, está sobrealimentado con un turbocompresor Garrett GT 1446, que entrega 180 CV de potencia y un par motor de 250 Nm a 3.000 rpm. La velocidad máxima es de 225 km/h, y acelera de 0 a 100 km/h en sólo 6,7 segundos.La serie especial también cuenta con una librea que incluye un logotipo dedicado de la marca que se muestra tanto en el interior como en el exterior, además un dibujo del escorpión cubre todo el techo y resalta sobre la librea negra total gracias al contraste con su cuerpo dorado. El modelo también cuenta con cristales de privacidad, los logotipos Abarth dorados a ambos lados y las calcomanías originales del 75° Aniversario en forma de cabeza de pistón.Además, está equipado con llantas de aleación doradas de 17 pulgadas, y un sistema de frenado de alto rendimiento con discos ventilados y perforados de 305x28mm sujetos por las pinzas Brembo de aluminio negro. En el interior, Abarth señala que los diseñadores han creado un salpicadero de Alcántara negra de alta calidad y nuevos asientos de carbono específicos Sabelt."Las inserciones de Alcántara ofrecen un toque deportivo tradicional, garantizando confort y estilo y embelleciendo todo el interior, mientras que su alma deportiva se aprecia una vez más en los asientos de carbono Sabelt con costuras específicas y la moderna reinterpretación del logotipo 75° inspirado en el coche histórico", señala la marca.Abarth relata que su marca comenzó el 31 de marzo de 1949, cuando Carlo Abarth (1908-1979) fundó Abarth & C. con el piloto Guido Scagliarini. Su primer coche, el 204 A derivado del Fiat 1100, permitió a Tazio Nuvolari ganar su última carrera en 1950."Desde entonces, la historia de Abarth ha estado repleta de récords, ya que la marca siempre ha combinado las máximas prestaciones, la artesanía y un refinamiento técnico incesante. Entre los componentes para coches de producción en serie, los tubos de escape se convirtieron con el paso de los años en un auténtico icono del 'estilo Abarth' y la marca alcanzó la cima del éxito entre los años 50 y 60", explica el fabricante italiano.Por último, Abarth anuncia una nueva asociación estratégica con Stellantis Motorsport, que "dará vida al Abarth más potente de la historia": el Nuevo Abarth 600e, que debuta en su versión de lanzamiento Scorpionissima y del cual se producirán en una edición limitada 1.949 unidades.

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La entidad financiera, en su compromiso con la seguridad online, lanza una nueva campaña de concienciación para educar sobre los riesgos cotidianos de los que deben protegerse los usuarios digitales a través del conocido streamer Werlyb.En el mundo se cometen, cada minuto, unos 1.700 ciberataques. Esto ha puesto de manifiesto que la digitalización, además de abrir un mundo de posibilidades, ha traído consigo infinidad de riesgos que pueden poner en jaque nuestra seguridad en la red. De ahí que tener una vida digital segura y responsable sea imprescindible.Nadie es consciente de la importancia de la ciberseguridad hasta que no vive en su propia piel un hackeo. O lo ve. Un directo de Werlyb, un conocido streamer de Twitch, con más de 1,5 millones de seguidores, se viralizó en redes tras sufrir un ‘aparente’ hackeo que permitió a su supuesto intruso colarse en su canal con su contraseña y suplantarle la identidad durante una sesión de streaming. Si no es Werlyb, ¿quién es ese tío? La acción forma parte de una campaña de Banco Santander para concienciar sobre los riesgos cotidianos que deben conocer y prevenir los usuarios digitales para disfrutar de una vida online segura, con un foco especial en los más jóvenes, usuarios habituales de las redes y muy conscientes de la importancia de los riesgos a los que están expuestos.La acción, enmarcada dentro del patrocinio de League of Legends (LOL) por parte de Banco Santander, se centra en una de las prácticas más habituales entre los aficionados al mundo de los videojuegos y los eSports: seguir las partidas en directo a través de Twitch de su streamer favorito. Y todo empieza con un simple gesto: una mala práctica en la seguridad de su contraseña mencionando que la utiliza en todo. De ahí, se pasa a un vídeo simulado en el que, aparentemente, entra un intruso en su canal, provocando la reacción de quienes se encuentran en directo. Con esta campaña, quedan patentes los riesgos que pueden pasar desapercibidos en el día a día y cómo podemos protegernos de los mismos.La entidad ha querido, precisamente, aprovechar su vinculación al territorio gaming para lanzar estos mensajes sobre ciberseguridad dirigiéndolos, especialmente a los jóvenes, siempre dispuestos a aprender y que, además, conviven con situaciones como estas.El principal objetivo de Banco Santander es el de transmitir una cultura de buenos hábitos y conseguir que los usuarios se sientan y actúen como corresponsables de su propia seguridad online. Por ello, la propuesta de la entidad financiera se centra en normalizar las buenas prácticas para estar siempre protegidos. Y aunque los ciberataques pueden afectar a cualquier ciudadano que utilice Internet, los jóvenes son uno de los grupos con mayor riesgo por su perfil de navegación.La ciberseguridad se ha convertido en una pieza clave para nuestra actividad en la red, pues se trata de un conjunto de técnicas y prácticas en las que el factor humano es decisivo para mantener nuestra seguridad online. Podemos sufrir phishing; por ello, siempre hemos de pensar antes de hacer clic o responder a un email, mensaje o llamada. Ante la duda, tenemos que reportar las comunicaciones sospechosas y contactar, directamente, con la persona o la empresa que se sospecha que está siendo suplantada.Para las contraseñas es aconsejable que éstas sean largas, únicas y robustas, y alejarnos de los clásicos como fechas de cumpleaños o nombres de mascotas. Es imprescindible contar con autenticación multifactor (MFA) como la biometría o un código enviado al móvil. También es importante mantener asegurados los sistemas operativos, así como las aplicaciones. Para ello, lo mejor es optar por las actualizaciones automáticas para estar siempre al día con los últimos parches de seguridad.Además, es aconsejable tener un perfil discreto, por lo que, a la hora de aceptar invitaciones o interactuar con alguien, tenemos que seguir las mismas pautas que en la vida fuera de la red: no ofrecer información a desconocidos y ser cautos hasta que se dispone de la información suficiente. Por otro lado, en lo referente a las compras online seguras, es importante verificar que la web es legítima, así como no compartir los datos si la dirección comienza por http en lugar de https, ya que la comunicación no está encriptada. También ayuda revisar las opiniones de otros usuarios.Por ello, y para educar, informar y formar en materia de seguridad online, Banco Santander impulsa todo tipo de iniciativas enfocadas a esta tarea. La más reciente es Titania, el primer thriller sonoro sobre ciberseguridad. El podcast, realizado por Banco Santander, de la mano de Podium Podcast, está formado por 8 episodios. El objetivo de esta ficción sonora es concienciar a los oyentes sobre los peligros que existen en el mundo digital y transmitir sencillos consejos para evitar ser víctimas de ataques y fraudes online.Titania y Werlyb se han unido a una larga lista de acciones impulsadas por Santander que van desde Cyber Heroes, una formación interactiva que ofrece consejos prácticos de ciberseguridad a los usuarios, hasta Cyber Guardian, una plataforma pensada para que las pymes puedan protegerse con la misma capacidad que tienen las grandes corporaciones, pasando por Cyberskills, un curso sobre ciberseguridad dirigido a personas en situación de desempleo para mejorar o reciclar sus competencias y conocimientos digitales.

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La Comisión Europea acaba de adoptar oficialmente el nuevo reglamento que concede una supuesta exención parcial a los agricultores europeos frente a la obligación de paralizar la producción de parte de sus tierras. Ese reglamento recoge la forma de pseudoescapar a la regla de condicionalidad sobre la tierra en barbecho. Pero, efectivamente, es pseudo, porque permite eludir el parón de tierras siempre que se dedique a cultivar lo que quiera Europa. Y, básicamente, eso son lentejas. Toda una metáfora del caso que hace la Agenda 2030 al campo.El reglamento sigue a la propuesta de la Comisión presentada el 31 de enero, y a las discusiones con los Estados miembros en las reuniones de los comités. Y se aplicará retroactivamente a partir del 1 de enero durante un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2024.La exención parcial se suponía que tenía que responder a las exigencias "de mayor flexibilidad, según lo solicitado por los Estados miembros para responder mejor a los desafíos a los que se enfrentan los agricultores de la UE", reconoce Bruselas.Pero el texto definitivo parece la regla del mítico "son lentejas. O las comes o las dejas". Porque lo que permite es que "en lugar de mantener la tierra en barbecho o mantener características improductivas en el 4 % de las tierras cultivables, se considerará que los agricultores de la UE que cultivan cultivos fijadores de nitrógeno (como lentejas, guisantes o favas) y/o capturan cultivos sin productos fitosanitarios en el 4 % de sus tierras cultivables cumplen con el llamado requisito de la GAEC8", explica la Comisión Europea. Es más, la norma confirma el dilema de las lentejas: "Sin embargo, aquellos agricultores que así lo decidan pueden, seguir cumpliendo con el requisito con tierras en barbecho o características no productivas". Traducido: perder la producción en el 4% de sus terrenos."El acto final adoptado también permite a los Estados miembros modificar sus ecosistemas que apoyan las áreas no productivas para tener en cuenta la línea de base alternativa en virtud de la condicionalidad de la ECAC 8. Una simple notificación a la Comisión Europea será suficiente para actualizar inmediatamente los ecosistemas en cuestión". Es decir, que si quiere, aunque sea levemente, el Gobierno español puede intentar ayudar. Se verá en los próximos meses si está por la labor."Los Estados miembros que deseen aplicar la excepción a nivel nacional deben notificar a la Comisión dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento para que los agricultores puedan ser informados lo antes posible", explica el reglamento europeo."La propuesta de la Comisión está cuidadosamente calibrada para proporcionar el equilibrio adecuado entre ofrecer un alivio y una flexibilidad adecuados a los agricultores que se enfrentan a numerosos desafíos, por un lado, y la protección de la biodiversidad y la calidad del suelo, por otro", afirma la UE. Lo cierto es que el campo sigue en pie de guerra porque no considera que esto sea la solución al brutal aumento de costes de producción, burocráticos y fiscales que sufren los agricultores.

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Pedro Sánchez está centrado en Junts. Y en ERC. Y en Bildu. Y a España se le acumulan los problemas. Un nuevo toque de atención ha llegado desde la UE. Y es que España incumple hasta en plena sequía el plan de prevención de inundaciones.La Comisión Europea ha decidido llevar a Bulgaria, Irlanda, España, Malta, Portugal y Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "por no finalizar la revisión de sus planes de agua", señala una comunicación de la UE.La denuncia se centra en "los planes de gestión de las cuencas fluviales, tal y como exige la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) y/o de sus planes de gestión del riesgo de inundaciones, según lo requerido en la Directiva sobre inundaciones (Directiva 2007/60/CE)".La Directiva Marco del Agua tiene como "objetivo reducir y eliminar la contaminación, así como garantizar que haya suficiente agua para satisfacer al mismo tiempo las necesidades humanas y la vida silvestre. Es una parte esencial del Acuerdo Verde Europeo y necesario para alcanzar sus objetivos de reducción del clima, la naturaleza y la contaminación", señala Bruselas. El cumplimiento de la Directiva sobre inundaciones es "fundamental para la preparación y la gestión de las inundaciones", señala la UE, y los Estados miembros deben actualizar sus medidas e informar sobre sus planes de gestión de cuencas hidrográficas cada seis años.Estos planes, que incluyen un programa de reformas, "son clave para garantizar un buen estado o potencial de todas las masas de agua, como lo exige la Directiva. En virtud de la Directiva sobre inundaciones, los Estados miembros también deben actualizar e informar sobre sus planes de gestión del riesgo de inundaciones cada seis años. "Estos planes son igualmente clave para cumplir con los objetivos de la Directiva sobre inundaciones, es decir, reducir y gestionar los riesgos que las inundaciones plantean para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica", subraya Bruselas.La Comisión envió cartas de notificación formal en febrero de 2023, seguidas de opiniones razonadas en septiembre de 2023 a todos los países que no habían actualizado y revisado estos planes.Y, a pesar de algunos avances, seis países todavía no cumplen con sus obligaciones en virtud de una o ambas Directivas: "España, Malta y Portugal aún no han informado completamente de sus planes de gestión de la tercera cuenca fluvial y sus segundos planes de gestión del riesgo de inundaciones; Bulgaria e Irlanda aún no han informado plenamente sobre los planes de gestión de la tercera cuenca fluvial; Eslovaquia aún no ha informado completamente de los segundos planes de gestión del riesgo de inundaciones", detalla la acción judicial de Bruselas.La Comisión considera que los esfuerzos de las autoridades han sido, hasta la fecha, "insuficientes y, por lo tanto, remite a Bulgaria, Irlanda, España, Malta, Portugal y Eslovaquia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", destaca la institución.Desde el año 2000, la Directiva Marco del Agua ha sido la principal ley en materia de protección del agua en Europa. Se aplica a las aguas superficiales interiores, de transición y costeras, así como a las aguas subterráneas. Su objetivo es "garantizar un enfoque integrado de la gestión del agua, respetando la integridad de ecosistemas enteros, incluso regulando los contaminantes individuales y estableciendo las normas regulatorias correspondientes". Y se basa en "un enfoque de distrito de cuencas fluviales para asegurarse de que los países vecinos cooperen para gestionar los ríos y otras masas de agua que comparten".

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La dificultad para cubrir puestos vacantes supone una amenaza para las empresas en su actividad diaria a corto y medio plazo. Para lograr atraer profesionales cualificados, es necesario hacer un mayor esfuerzo de comunicación, aprovechando y localizando el talento, sin ningún planteamiento preconcebido. En este sentido, resulta clave desarrollar espacios y condiciones para que candidatos y empleados puedan aprender, formarse y desarrollarse personal y profesionalmente.A su vez, es fundamental conocer y escuchar a los empleados para conseguir acceder a los posibles talentos ocultos. En esta tarea, es esencial que los líderes de los equipos sean conscientes de esta realidad, que deben cuidar a sus equipos y conocer sus inquietudes al efecto de poder formarlo y desarrollarlo.El Grupo Eulen realiza una gran inversión cada año en el desarrollo y formación de la plantilla ya que, crear un buen ambiente de trabajo es esencial para que los empleados lo reconozcan como un proyecto empresarial y profesional con un futuro sostenible y con una gran historia que les avala. La principal fuente de reclutamiento de Eulen son sus propios empleados, ya que cuentan con una promoción interna en la que poseen de uno de sus pilares de gestión de las personas.En este sentido, cuentan con programas de dirección, como Dirige, y escuelas de Liderazgo y de Mentores, las cuales son herramientas poderosas y atractivas para el desarrollo y crecimiento de sus empleados.Todo este trabajo se fundamenta en un equilibrio de flexibilidad, condiciones y conciliación que debe estar acorde a su orientación y dedicación hacia sus clientes.La propuesta de valor del Grupo Eulen se encuentra en la sostenibilidad del proyecto empresarial y compromiso social, favoreciendo la integración social y laboral de los colectivos más vulnerables. En su objetivo de fomentar la integración y la diversidad, Eulen cuenta con una plantilla global de 2.385 personas con alguna discapacidad.Además, el Grupo Eulen pone en valor el papel de la mujer en puestos de liderazgo en sus servicios y la retención de talento senior. De hecho, en la compañía cuentan con un 36% de mujeres directivas y con un 16% de la plantilla con 50 años o más. En España, el 54% del personal está entre 30 y 50 años.Todas estas acciones nacen de la propuesta de valor de marca empleadora que se sustenta en 6 ejes: políticas de empleo (valores y cultura), política de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), sostenibilidad, crecimiento y desarrollo, bienestar del empleado y liderazgo con el lema "construye el líder que llevas dentro".

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España aplica un tipo general del 25% en el Impuesto de Sociedades, por encima del promedio observado a nivel europeo, donde la tasa de referencia se sitúa en un 21,3%. Este diferencial es incluso más acusado en sectores como la banca, que está sujeta a una imposición general del 30% y además sufre un recargo específico a través del impuesto especial creado recientemente por el gobierno.Sin embargo, si nos fijamos en los ingresos derivados del Impuesto de Sociedades, podemos ver que su peso sobre el PIB cayó con fuerza en la Gran Recesión y apenas ha crecido desde entonces. Si en 2006 y 2007, en plena burbuja, la recaudación obtenida fue del 4% y el 4,6% del PIB, en 2010 y 2011 esta cifra se había desplomado hasta el 1,8% del PIB.Desde entonces, los ingresos obtenidos por esta vía han subido de forma muy moderada. Durante el periodo de expansión previo al gobierno de Pedro Sánchez, los caudales recabados por el Impuesto de Sociedades llegaron a alcanzar el 2,5% del PIB registrado en 2018. En 2019, 2020 y 2021, este epígrafe se movió en torno al 2% del PIB, para alcanzar el 2,6% en 2022.Aunque el gobierno de Pedro Sánchez sigue explorando nuevas formas de subir los impuestos, parece poco probable que este tipo de medidas arrojen una mejora sustancial de los ingresos, en la medida en que la caída de la actividad inducida por nuevos aumentos de la presión fiscal termina reduciendo el potencial recaudatorio del impuesto. Además, incidir en esta vía reducirá el beneficio, la capacidad de inversión y el ritmo de creación de empleo del sector privado, precisamente en un momento en el que estas variables evolucionan a la baja.En este sentido, vale la pena tomar nota de la experiencia de Irlanda. El Tigre Celta mantuvo durante muchos años un elevadísimo Impuesto de Sociedades, con tipos superiores al 40%. En los años 80, tales niveles de retención generaban una recaudación de entre el 1% y el 2% del PIB. Sin embargo, desde los 90 en adelante, la isla cambio de rumbo.La apuesta decidida del gobierno irlandés fue la de ensanchar las bases imponibles del Impuesto de Sociedades a base de bajar el tipo de referencia y ofrecer un marco atractivo a las empresas locales y las multinacionales extranjeras. La apuesta fue arrojando frutos con el paso de los años, a medida que el gravamen se reducía hasta quedar estabilizado en el 12,5% a partir de 2003.Se cumplen, pues, veinte años de una reforma tributaria que ha marcado un punto y aparte en la historia económica europea. El siguiente gráfico muestra la interacción del tipo general aplicado en el Impuesto de Sociedades (línea roja) y los ingresos públicos obtenidos a través de dicho gravamen (línea azul), refiriendo un efecto lafferiano:La Curva de Laffer debe su nombre al célebre economista estadounidense Arthur B. Laffer, quien insistió en que las subidas de los tipos impositivos no tienen por qué generar más ingresos cuando se superan ciertos puntos de saturación, anotando asimismo que las rebajas fiscales pueden atraer más caudales públicos si animan sobremanera la producción.El caso de Irlanda es más que notable. Tras dejar atrás un modelo de imposición empresarial que retenía más del 40% de los beneficios cosechados por los operadores privados, la isla pasó a un esquema de tributación reducida que ha permitido situar los niveles de recaudación ligeramente por encima del 3% del PIB, lo que supone un claro aumento en comparación con las cifras que se daban al comienzo del proceso, cuando el marco de impuestos altos solamente aportaba ingresos equivalentes al 1% o 2% del PIB.

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La academia de okupas que funciona con total impunidad en unos locales del Ayuntamiento de Sevilla ha puesto el foco sobre una legislación que hace aguas por todas partes. Tal y como ha anunciado el Gobierno municipal, la Concejalía de Urbanismo ya ha solicitado su desalojo por vía judicial. Sin embargo, poco o nada puede hacerse respecto a la inducción al delito que estarían perpetrando los okupas, ofreciendo todo tipo de cursillos prácticos "para quienes se decidan a utilizar la okupación como manera y forma de solucionar sus problemas habitacionales" o para aquellos que simplemente quieran protestar "contra la propiedad privada y los desmanes de la especulación urbanística"."Moralmente no está bien, pero no tenemos forma de perseguirlo. A nivel policial, la okupación o la usurpación de inmuebles está claro que es un delito que está castigado en el Código Penal, pero no existe la apología sobre eso. Es decir, que el adoctrinar o el decir a la gente cómo tiene hacerlo no supone ningún tipo de infracción", lamenta Rubén M. Góngora, secretario general del Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en Andalucía.Así lo corrobora también José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario y, a la fuerza, especialista en temas de okupación. "Como tal no está tipificado en el Código Penal y es una vergüenza, porque en el ámbito Civil hemos tenido alguna modificación, pero en el ámbito Penal no hemos tenido ni una triste reforma sobre este fenómeno en 20 años, con lo cual, todo esto es imparable, y espérate ahora con la nueva Ley de Vivienda, que es una copia de la que tenemos en Cataluña", advierte. En este sentido, el letrado recuerda que lo ahora estamos viendo en Sevilla, y que, tal y como se ha ido haciendo eco Libre Mercado ya sucede en otros tantos puntos de España, surgió precisamente en Cataluña, donde incluso "con Ada Colau los okupas recibían subvenciones". Allí, los talleres de cerrajería y electricidad para aquellos dispuestos a burlar la ley son una constante.De esta forma, la única solución pasa por así perseguir el delito de okupación en sí mismo, que es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Sevilla, solicitando judicialmente el desalojo de las personas que han instalado la llamada "Ofi de okupación" en los locales municipales. Sin embargo, la página web que los okupas han montado, y en la que se pueden encontrar todo tipo de materiales para "aprender a okupar" no será cerrada. No en vano, tal y como lleva años denunciando la Plataforma de Afectados por la Ocupación, las redes sociales y páginas de segunda mano están llenas de manuales prácticos, así como de anuncios en los que se ofrece información sobre inmuebles vacíos o ayuda a la gente para okupar una casa, sin que ni la Policía ni la Justicia puedan hacer nada para evitarlo.Aunque la noticia sobre la academia de okupación instalada en unos locales municipales de Sevilla saltó a la luz hace apenas unos días, la usurpación de este inmueble se produjo en marzo de 2023, cuando todavía gobernaba el PSOE. Según fuentes del actual equipo del PP, al realizar la inspección de patrimonio que se hace habitualmente tras un cambio de Gobierno, se dieron cuenta de que dichos inmuebles habían sido okupados y que los socialistas no lo habían denunciado, por lo que dan parte inmediatamente a la Policía."Desde julio hasta ahora lo que se ha estado es recopilando información, porque al principio sí podíamos abrir, simplemente que allí había enseres como colchones y muebles que obviamente no eran del Ayuntamiento, pero cuando vimos que habían cambiado la cerradura ya iniciamos la vía judicial para solicitar su desalojo", explican a LM. Los trámites se han acelerado en las últimas semanas no por la denuncia de Vox, insisten desde el PP, sino porque, ante la cercanía de las elecciones europeas, los técnicos volvieron a visitar los locales el pasado 2 de febrero y fue entonces cuando se percataron de que la situación había cambiado."Las naves pertenecen al Servicio de Estadística y dentro de nada vamos a tener que empezar a guardar ahí material electoral, así que se presentaron para ver en qué condiciones se encontraban y fue entonces cuando se dieron cuenta de que ni la puerta frontal y ni la trasera se podía abrir porque habían cambiado las cerraduras", aseguran desde el consistorio. Además, los okupas habían retirado la placa la una empresa de seguridad contratada por el Ayuntamiento y la habían sustituido "por otra placa de reciente instalación que anuncia la vigilancia por otra compañía".De esta forma, el PP inicia el trámite judicial para solicitar su desalojo amparándose además en la urgente necesidad de disponer de los locales. "Ya no es que sean unas naves municipales, es que requerimos su uso inmediato porque las elecciones europeas están ahí y las vamos a necesitar", insisten. Con todo, su esperanza es que el juez resuelva lo antes posible, aunque al igual que policías y abogados temen que, más allá del desalojo, la inducción al delito que ejercen al haber montado una "Ofi de okupación" que funciona como si de una academia se tratase no sea perseguible penalmente. "En todo caso, lo que tenemos muy claro es que el equipo de Gobierno va a ser implacable con todo este asunto", insisten.El edificio municipal -bautizado por los okupas como Malatesta, en referencia al conocido anarquista italiano- permanece abierto al público todos los jueves de 18 a 20 horas como punto de información, pero, además, ofrece "jornadas sobre okupación" para enseñar de forma práctica todo lo que ofrecen por escrito.☝️@rromerovilches: "la casa okupa "Malatesta" ofrece talleres de electricidad y cerrajería, así como formación para ocupar ilegalnente inmuebles. Esto es inaudito. Se fomenta el ataque a la propiedad privada y la inseguridad en la cara de las autoridades." https://t.co/TcEmC50u7kLas del pasado 3 de febrero, sin ir más lejos, comenzaron con la presentación de la "Ofi de okupación" y una charla sobre "cuestiones legales", según consta en el programa que Vox ha compartido por redes sociales. Después, se impartió un "taller de electricidad" y, tras una "comida vegana", se dio paso a un coloquio sobre "los mitos de la okupación" y una formación específica sobre los "pasos para okupar". El broche de oro lo puso un "taller de cerrajería" que se celebró, eso sí, tras tomarse un tiempo para la merienda.

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Sumar vuelve a la carga con los impuestos. El partido que lidera la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto subir las rentas del capital en el IRPF con el objetivo de hincarle el diente al 60% de las ganancias que obtienen los grandes directivos, tal y como ha adelantado Cinco Días esta semana. De este modo, la izquierda española continúa en su empeño de convertir el país en un infierno fiscal. De hecho, esta medida se encuadraría perfectamente dentro del discurso que Yolanda Díaz viene esgrimiendo contra los altos ejecutivos, quienes, como ha expresado en otras ocasiones, cobran a su juicio sueldos excesivamente altos.Así lo confirmó también el portavoz de Sumar en la Comisión de Hacienda y gurú económico de Yolanda Díaz, Carlos Martín.Desde @Sumar proponemos subir las rentas del capital en el IRPF para que aporte más al sostenimiento de lo común, el 60% de los ingresos de los altos directivos https://t.co/xRTskxZIXsAl respecto, no podemos olvidar que ya en el año 2022 el Ejecutivo incrementó el tipo impositivo hasta el 27% para las rentas de capital que superasen los 200.000 euros, mientras que a partir de los 300.000 euros les impuso un tipo del 28%.Del mismo modo, recientemente, desde Sumar también han propuesto nuevos gravámenes para la educación privada, las "grandes" herencias y la alimentación. Según Carlos Martín, se debería eliminar la exención del IVA a la educación universitaria privada y propuso también una reforma que eleve el nivel de contribución fiscal. De hecho, en esa intervención, Martín ya subrayó que desde Sumar seguirán "empujando" para que haya una aproximación en el IRPF entre las rentas del trabajo y las del capital.Otras medidas en materia tributaria que puso sobre la mesa el portavoz fueron ampliar la lógica del impuestazo a la banca y las energéticas a "las grandes herencias" y donaciones". Asimismo, no dudó en proponer un nuevo impuesto "inteligente" a lo largo de toda la cadena de producción y distribución de alimentos y que se aplique en función de los márgenes que estén obteniendo las empresas.Por otra parte, desde el partido de la ministra de Trabajo tampoco están por la labor de revisar el impuesto extraordinario a la banca y las energéticas, puesto que que no les vale "la justificación de las inversiones".Todo ello demuestra la obsesión impositiva del partido de Yolanda Díaz. Pero esto no es algo exclusivo de Sumar, pues desde el ala socialista del Gobierno también se han asestados en las últimas semanas nuevos golpes contra los ciudadanos en lo que a impuestos se refiere. Así, en Libre Mercado hemos informado de cómo en el año 2024 entra en vigor la subida del IRPF a los caseros.Asimismo, desde el Gobierno también están estrechando el cerco sobre la compra-venta de segunda mano, pues ya no sólo es que plataformas como Wallapop, Airbnb, Vinted o eBay, tengan la obligación de informar a Hacienda sobre la actividad de sus usuarios y sus ingresos obtenidos, sino que, además, ha preparado multas de 300 euros para aquellos que proporcionen datos personales falsos con el fin de zafarse de las garras de la Agencia Tributaria.

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Las continuas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y de las cotizaciones sociales han tenido su efecto. España ya es el segundo país de la UE más caro para crear empleo, para contratar, para dar oportunidades laborales a cualquiera y, en especial a los jóvenes. El dato, calculado por la consultora Freemarket, explica la realidad de que España lidere la triple corona del paro en la UE: mayo desempleo general, femenino y juvenil. Todo un éxito del modelo laboral de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.Un estudio de Freemarket ha calculado el impacto conjunto de las subidas del SMI y de las cotizaciones sociales en España. Y el resultado es lamentable y esclarecedor, porque explica perfectamente el liderazgo en paro de España. Sólo Francia tiene un dato peor conjunto de estos datos factores. Sólo Francia es más cara para contratar. Aunque Francia, al menos, garantiza una mayor seguridad jurídica y crecimiento económico, con lo que el peor dato contextualizado corresponde en realidad a España.El coste del salario mínimo bruto más las cotizaciones sociales en el país galo equivale al 30,8% del PIB por trabajador, ocupando la posición de líder absoluto en empleo caro en la UE. La segunda posición la ocupa España en cuanto a carestía del empleo a muy corta distancia de Francia: 30,2% del PIB por ocupado. Y, sólo por citar algunos de los ejemplos más claros de modelo económico alternativo, Irlanda reduce ese coste hasta el 12,3%, Luxemburgo al 13,8%, Portugal al 24,4% y Bélgica al 25,4%. Países como Italia, Suecia, Finlandia, Austria o Dinamarca directamente carecen de SMI.Según los últimos datos disponibles de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, que datan del 2021, hay un 17,53% de trabajadores cuyos ingresos estaban en el SMI o por debajo de él antes de aplicarse las últimas subidas. Si se desagrega ese dato por sexos, el porcentaje de mujeres que cobran el SMI es el 25% y de hombres el 10,7%. Si se contempla el número de personas, ese porcentaje ha crecido desde el 8,9% en 2008 hasta el 17,5% de 2021. Y, si se tienen en cuenta las últimas alzas del SMI, ese dato debería situarse alrededor del 20% en estos momentos.Por sectores, perciben el SMI casi la mitad de los trabajadores del campo, un 46,7%, el 14,5% de los trabajadores del sector servicios, el 8,7% de los empleados en la industria y el 3,8% de los ocupados en la construcción. Eso sí, las subidas del SMI no tendrán coste alguno para los empleados públicos ya que su retribución media duplica el nuevo umbral fijado por el Gobierno.Y lo cierto es que casi nadie ha seguido la política de España: "Si se toma como muestra el periodo 2018-2023, España es el segundo país de la OCDE en donde más ha crecido el SMI en términos reales, solamente superado por Lituania, cuya tasa de paro es el 6,3% al cierre de 2023, la de las mujeres el 7% y la de los jóvenes el 11,7%. Entre 2018 y 2023 el SMI en España ha crecido un 30,2% y con la aprobada para 2024, el 40% siempre en términos reales; el doble que en Alemania, tres veces más que en Japón o seis veces más que en Francia", señala el informe.Por añadidura, "España es de los países de la Unión Europea en los cuales las cotizaciones sociales pagadas por las empresas se sitúan entre las más altas de esa área económica. Un SMI cada vez más alto se traduce inexorablemente en unas cotizaciones sociales soportadas por las empresas también más altas y ello es imposible que no tenga un impacto negativo sobre el binomio empleo-paro", señala el informe."España tiene el segundo empleo más caro de toda Europa y es el segundo país de la UE con una productividad más baja. El coste del SMI español está más de diez puntos por encima de la media europea mientras la variación del PIB en precios corrientes en los últimos años seis es la mitad que la media europea. Este escenario es por definición insostenible", sentencia Freemarket.

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Yolanda Díaz está teniendo una buena racha. En los últimos seis-siete años, la política gallega ha pasado de ser una desconocida a liderar el cuarto partido del Congreso de los Diputados (en número de votos y en escaños). Probablemente ni siquiera ella misma habría anticipado hace una década que estaría en el lugar que ahora ocupa. Los aficionados a la historia-ficción pueden plantear decenas de escenarios en los que Díaz seguiría en Galicia, batallando en uno de los minúsculos partidos de izquierda que trataban de hacerle sombra al BNG, casi siempre con poco éxito.Sin embargo, ninguno de esos escenarios tuvo lugar. Lo que ocurrió es que, gracias a Pablo Iglesias (quien puede que ahora piense "en buena hora se me ocurrió"), la activista desconocida se convirtió en una de las líderes con más influencia de la izquierda española. ¿Injusto? ¿Inesperado? Bueno, cada uno tendrá su opinión. Pero lo que es evidente es que la realidad se impone y que es normal que Díaz sea optimista: somos hijos de nuestras vivencias y cuando la vida te ha tratado tan bien como a la ministra de Trabajo desde hace un par de legislaturas, es lógico que veas la realidad luminosa y de color de rosa.El otro día, sin ir más lejos, en la inauguración de su segunda etapa al frente del Ministerio de Trabajo tras la investidura, Díaz citaba a una poetisa granadina para reivindicar que le ganemos tiempo a las oficinas y recuperemos nuestra vida (así lo dijo) para disfrutarla. Puede que haya muchos que pensemos que nuestro trabajo también nos hace disfrutar de la vida y que hacer las cosas bien es una fuente de enorme satisfacción. Sin embargo, hoy en La Pizarra de Domingo Soriano ni siquiera entraremos en esa discusión. En el episodio de esta semana queremos simplemente echar un vistazo a la otra parte de la ecuación del empleo: no sólo lo que nosotros damos (nuestras horas de trabajo) sino también lo que recibimos a cambio (el sueldo).Nuria Richart y Domingo Soriano toman los datos del "Decil de salarios del empleo principal" que hace unos días publicaba el INE y llegan a unas conclusiones no tan positivas como las de la ministra. Porque trabajar menos, con estos niveles salariales, se antoja complicado. Los sueldos en España son bajos, incluso muy bajos si los comparamos con los habituales en otras grandes economías de la Eurozona. Y esto no es porque nuestros empresarios sean malvados y se lo queden todo para ellos (pensar esto implicaría que los empresarios daneses, austriacos o suizos son unos tipos desprendidos a los que no les importa pagar de más a sus trabajadores). La clave es que somos muy poco productivos en comparación con los más ricos de nuestros vecinos. ¿Injusto? Como con la biografía de Díaz: ni justo ni injusto, la realidad es la que es y la pregunta que deberíamos hacernos es si estamos haciendo algo para mejorar esa productividad o si las medidas que plantea el Gobierno empujan en la buena dirección o no.

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"Se acabaron. Hay que cerrarlas". Corría el año 2014 y el entonces candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostraba tajante ante la habitual práctica de colocación a dedo de expolíticos en puestos clave tanto de la Administración Pública como de los consejos de administración de grandes empresas, especialmente en sectores regulados, donde el negocio depende en gran medida de decisiones políticas (energía, telecomunicaciones, defensa, banca...).Risto: "¿Y las puertas giratorias?"Pedro Sánchez: "Se acabaron, hay que cerrarlas" https://t.co/BdpoqhYVf0 pic.twitter.com/ppGUvbVKFjSin embargo, una cosa es lo que se dice y otra muy diferente lo que se hace. Una vez en el Gobierno, Sánchez ha colocado a los suyos cual alfiles en algunas de las instituciones más relevantes del Estado. Su exvicepresidenta y exministra Carmen Calvo es el último ejemplo. Calvo será la próxima presidenta del Consejo de Estado. Preguntada al respecto, la socialista se justificaba diciendo que "el presidente Kennedy nombró a su hermano fiscal general". No es el único caso. La lista de colocados del PSOE, sin ser exhaustiva es larga:Asimismo, el pasado martes se conoció que el exministro de Consumo y exlíder de IU Alberto Garzón había fichado por el lobby que dirige el también exministro socialista con Zapatero José Blanco, Acento, una consultora especializada en asuntos públicos de la que forman parte expolíticos socialistas y populares. Y ello tan sólo tres meses después de abandonar el Gobierno.Pero el fichaje generó tal revuelo que, finalmente, Garzón anunció este miércoles su renuncia, aunque muy a su pesar, debido a la presión de sus excompañeros de filas, dado que la noticia podría perjudicar los intereses electorales de Podemos y Sumar.Tras la incomprensión suscitada en el espacio político, y con la intención expresa de no dañar a las organizaciones a las que tanto tiempo y energía he dedicado de mi vida, anuncio mi renuncia a incorporarme como tenía previsto.Esta es mi comunicación al respecto: pic.twitter.com/OLZutzBQkGPero el mero hecho de que hubiera aceptado el puesto choca con su rechazo frontal a las puertas giratorias, en donde empresas y consultoras se hacen con los servicios de exdirigentes políticos, especialmente si han ocupado puestos de responsabilidad en el Gobierno, para obtener una vía de contacto directo con las más altas instancias públicas, donde se toman las decisiones importantes en materia de políticas públicas.- Iñaki López: "¿Eliminaría las puertas giratorias?- Alberto Garzón: "Por supuesto que sí, es un ejemplo muy claro de esa vieja política". https://t.co/9y5esDmKB3 pic.twitter.com/0Treh2Y7fgAcento es una de las más relevantes, a la vista de quién compone su equipo, con dos exministros a la cabeza, Pepe Blanco (PSOE) y Alfonso Serrano (PP). Además, en su consejo también está Elena Valenciano, exministra de Zapatero.

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Acostumbrados a los ataques constantes al campo tanto de ecologistas, como de los burócratas europeos, así como los activistas del cambio climático, informes como el que se ha conocido esta semana arrojan algo de luz sobre la realidad de la industria agroalimentaria Española. En concreto, el sector cárnico ha estado en el punto de mira de ministros como Alberto Garzón en consumo, que llegó a abominar de las "macrogranjas" en España como un ejemplo de mala praxis en el mundo ganadero.Sin embargo ahora, una investigación liderada por científicos de la Universidad Politécnica de Valencia, entre los que destaca Fernando Estellés, certifica la extraordinaria calidad y eficiencia de la industria cárnica española, especialmente la de vacuno de carne. Según el informe, la ganadería de vacuno española, para carne, emite un 66% menos de gases de efecto invernadero y consume un 65% menos de agua que la media mundial.El informe, titulado: "Evaluación del impacto ambiental de las cadenas de producción de carne de vacuno que integran sistemas de pastoreo y sin tierra" y publicado en la revista Animal,destaca la necesidad de su realización, "ya que hasta ahora no se conocía el verdadero impacto de la ganadería de vacuno de carne en nuestro país". Según Raisa Tinitana, otra de las científicas del estudio, subraya que este estudio "permitirá sentar las bases para evaluar si los ganaderos en España están avanzando hacia el objetivo de neutralidad climática propuesto por la Comisión Europea para 2050".Uno de los hallazgos más destacados del informe revela que la huella de carbono del vacuno de carne en España por kilo de carne producida es un 66% menor que la media del planeta, si se contrasta con los datos de la FAO. Manuel Laínez, científico del estudio, subraya que esto se debe a la eficiencia del sistema de producción utilizado en la ganadería de vacuno de carne en España.Además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, los científicos han constatado otros puntos relevantes como que la huella hídrica del vacuno de carne en nuestro país es un tercio si se compara con la media mundial. Otros aspectos que destacan son:El informe elaborado por Raisa Tinitana-Bayas, Neus Sanjuán, Elena Sanchís Jiménez, Manuel Laínez y Fernando Estellés marca un hito muy importante para poder conocer el verdadero impacto medioambiental de la ganadería de vacuno de carne en España, donde la eficiencia y la sostenibilidad son sellos de identidad de la ganadería de Vacuno de Carne en España.

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La Universidad Alfonso X el Sabio se ha unido a grandes empresas representantes de la mayor parte de los sectores industriales como Microsoft, IBM, Santander, Orange Bank o KMPG, entre otras, para escuchar sus necesidades de talento y alinearlas con la oferta formativa de la institución educativa, dando lugar a la Facultad Business & Tech.Se trata de la primera facultad en España que unifica la formación en los ámbitos de negocio y tecnología, capacitando a los estudiantes con conocimientos para liderar y comprender cómo aplicar la tecnología a los negocios, para generar ideas empresariales con impacto, escalables y que respondan a necesidades del mundo real."La velocidad de adopción de las tecnologías habilitadoras está revolucionando los modelos de negocio, la relación entre empresa y cliente, o la forma en la que aprendemos. Igualmente está transformando profundamente las profesiones y desde la universidad tenemos la responsabilidad de preparar a los estudiantes para que entiendan la tecnología con propósito y plenamente integrada en su profesión", afirmó Isabel Fernández, rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio.Los avances tecnológicos han sido el motor del cambio en el mundo empresarial en las últimas décadas, permitiendo a las empresas innovar, crecer y mantenerse competitivas en un mercado laboral en constante evolución. Una convergencia entre ambos ámbitos que ha llevado a la integración plena de la tecnología en la gestión de negocio, transformando las empresas y las profesiones y creando necesidades de talento cualificado en nuevas capacidades digitales y tecnológicas.Alexandra Hernández López, Santander X Manager en Santander Universidades destaca que "nos hemos transformado en una empresa impulsada por la tecnología. Para asegurar nuestro crecimiento y contribución al desarrollo global, necesitamos profesionales preparados para sumar en este nuevo escenario". Una idea que refuerza María Ruibal, responsable de People & Culture de Orange Bank, afirmando que "IT dejó de ser soporte para transformarse en parte de nuestro core business".La Facultad Business & Tech es así el resultado de la evolución del modelo educativo de UAX, que desde hace 30 años cuenta con titulaciones en estas áreas, entre otras, así como metodologías alineadas con las demandas de talento del mercado laboral. Por ello, esta facultad integra titulaciones como Inteligencia Artificial y Computación, Business Analytics, Ingeniería Matemática, Física, Marketing, Derecho o ADE. Los grados tecnológicos incorporan de forma obligatoria un certificado en negocios, como es el caso del Grado en Ingeniería Matemática con Certificate in Digital Business; mientras que los grados de negocio, incluyen un certificado en tecnología, como el Grado en ADE con Certificate in Technology for Driving Trasformation.Pilar Villacorta, directora del Sector Académico de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, remarca que "es importante impulsar la formación práctica de los estudiantes, ya que el conocimiento sobre la tecnología requiere a su vez conocer qué conlleva su aplicación en un ámbito empresarial"; mientras que Eva García, Socia responsable de KPMG Lighthouse de KPMG en España, destaca que "hay que preparar a los estudiantes para ser flexibles y saber adaptarse a los cambios que sufre el mercado. No sabemos qué va a pasar en los próximos meses"; por su parte Manuel Abellán, director de Educación Superior y Universidades de Microsoft en España, asegura que "es imprescindible colaborar con las entidades educativas en iniciativas que ayuden a formar talento cualificado con las capacidades que las empresas están requiriendo realmente. La UAX ha sabido detectar esta demanda a la que da respuesta con la nueva facultad de Business & Tech".Esta necesidad se ve respondida por la metodología UAXmakers, con la que estudiantes trabajan en proyectos reales alineados con los objetivos de la Agenda 2030 junto a compañías líderes comoQuirónsalud, CaixaBank, Avanade, Ecoalf o Telefónica, entre otras. La Facultad Business & Tech también potencia el acompañamiento del estudiante a lo largo de toda su formación a través de iniciativas de mentoring y coaching y le proporciona experiencias globales junto a empresas, organizaciones y profesionales referentes en el mundo, para inspirarlos a encontrar su vocación profesional y hacer realidad su propósito.Las titulaciones de la Facultad Business & Tech se cursan en el campus UAX de Villanueva de la Cañada, con más de 30 años de historia, y ahora también en su nuevo campus urbano vertical junto al centro empresarial y financiero de Madrid, en Arapiles 13.En estas instalaciones, UAX crea un ecosistema en el que estudiantes, investigadores, startups, empresas e inversores conviven, impulsando su aprendizaje a través del diálogo y el desarrollo de proyectos conjuntos. Para ello, el nuevo campus de Arapiles de UAX cuenta con 12.000 m2 repartidos en 18 plantas, y con espacios como el Liquid Studio, un espacio compartido con empresas y startups instaladas en el campus donde los estudiantes pueden colaborar y crear proyectos innovadores junto a profesionales y directivos en activo; el Fab Lab, equipado con dispositivos de última generación para el desarrollo de proyectos de tecnología computacional, diseño con impresoras 3D, cortadoras láser, robots o realidad virtual; o el Rooftop, una azotea con una visión 360º de Madrid, que inspirará a los estudiantes y profesionales ubicados en el nuevo campus.UAX complementa con este nuevo edificio sus instalaciones y ofrece una experiencia multicampus a sus estudiantes, que pueden disfrutar de la vida universitaria al estilo americano en su campus de Villanueva de la Cañada, y la integración y cercanía con el mundo empresarial en este nuevo edificio en pleno corazón de Madrid.

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Asia no es un mercado sencillo. Quizás para los locales sea más fácil. Pero desde Europa se ven las compañías chinas, japonesas o coreanas como complejas, con un gobierno corporativo que no siempre comprendemos y una asignación de capital que sorprende en el Viejo Continente. Pero que sea algo más complicado analizar una compañía china que una alemana es compatible con que la primera ofrezca una gran oportunidad de inversión. Por eso, cada vez más gestoras, también las españolas, viajan al Extremo Oriente en busca de ideas.Francisco García Paramés es el gestor español más conocido. Y ha estado en Singapur durante el segundo semestre de 2023. Conociendo aquella sociedad y visitando a las empresas que tiene Cobas AM en su cartera. Por eso, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos visita Carlos González Ramos, su director de Relación con Inversores, Marketing y Comunicación, para explicarnos cómo ven aquella región: "En la cartera tenemos un 14% en compañías asiáticas. No queremos incrementarlo porque sí, pero estamos alerta. Aunque entrar ahora en nuestra cartera es complicado, porque el margen de seguridad de las actuales compañías es muy elevado".Y qué les ha contado su jefe sobre lo que ha visto y vivido en estos meses: "Lo más interesante de esa visita a Asia es lo que hemos visto sobre el crecimiento de la región respecto a lo que ocurre en el resto del mundo. Ese crecimiento nos da tranquilidad de que los negocios de las compañías pueden seguir mejorando". ¿Qué tipo de empresas tiene Cobas en Asia: son recién llegadas o mantienen a los clásicos de la gestora?: "La mayoría de las compañías llevan 5-6 años en la cartera. Han podido subir o bajar el peso, pero se han mantenido dentro de la cartera durante ese tiempo. Esto es algo que nos pasa en general en toda la cartera [no sólo con las asiáticas] y nos hace tener mucha convicción en su potencial de revalorización".También salió el tema de los diferentes mercados asiáticos, porque no es lo mismo China que Japón. Así lo ve González Ramos: "No tenemos inversión directa en China, aunque sí tenemos compañías que cotizan en Hong Kong. Por otro lado, sí tenemos inversiones en Corea: lo que le faltaba a estemercado era mejorar en el gobierno corporativo, algo que está sucediendo en los últimos años. Esa visibilidad es buena y también está pasando en Japón, donde también estamos invertido. En China, a pesar de todo el problema inmobiliario, hay otras dinámicas dentro de aquella economía que sí han mantenido bien el tipo. La Bolsa ha tenido caídas muy fuertes, fundamentalmente por falta de transparencia, pero justo esta semana ya se está hablando de que van a acometer acciones para hacer más atractivos a muchos de sus sectores. Se han dado cuenta de que tienen que abrir sus compañías al mercado".Llegados a este punto, sale la cuestión del gobierno corporativo. Y de lo muy diferente que es en Asia respecto a Europa o EEUU: "Es un tema cultural. En los fondos de García Paramés, muchas de estas grandes compañías asiáticas han estado presentes desde 2006 o 2007. Y ha sido habitual que presentasen descuentos, entre otras cosas porque había parte de su negocio y de su gobierno corporativo que no eran del todo transparentes para el mercado. Para nosotros es positivo que haya menos inversores viendo estas compañías, porque podemos encontrar valor. Y sí, tienen que mejorar el gobierno corporativo. O adaptarlo a los estándares occidentales. Porque allí vemos que no les interesa demasiado publicitarse y explicar lo que tienen. En todas las inversiones en las que hay un descuento, se puede asumir un riesgo, no tanto en pérdida permanente de capital, sino en el tiempo que puede llevar que se materialice".

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Hace ahora veinte años, a comienzos del siglo XXI, los niveles medios de formación bruta de capital fijo por persona en edad de trabajar alcanzaban cotas similares en España y en Europa. Sin embargo, la evolución de este indicador no ha podido ser más divergente. Así, mientras que nuestro país ha visto cómo esta rúbrica es ahora un 5,3% menor que en 2001, en la UE-27 se aprecia un incremento del 35,6% durante las dos décadas analizadas.Esta creciente brecha se puede apreciar en el siguiente gráfico. Comparando los resultados de la UE con los de nuestro país vemos que ya estamos un 48% por debajo de la media comunitaria. Esto significa un diferencial negativo de más de 1.000 euros en las cifras de inversión per cápita (2.217 euros en España, 3.282 euros en la UE).Sería preciso retroceder a los años 90 para encontrar niveles más reducidos de formación bruta de capital fijo. Esta triste conclusión, obtenida de un estudio publicado por el servicio de estudios de BBVA, revela un factor clave para entender el creciente atraso de la economía española. En términos de renta, la renta per cápita relativa de nuestro país ha pasado de alcanzar el 105,2% del promedio de la UE en 2006 a moverse ahora en un 86,7%. Si antes éramos un 5% más ricos, hoy somos un 13% más pobres. El estudio encuentra que, "entre los distintos factores explicativos de este pobre desempeño relativo de la inversión de España se encuentran principalmente el aumento del gasto público y de la presión fiscal, así como el deterioro relativo respecto a la UE de la calidad institucional del sector público que muestran los indicadores del Banco Mundial".Otros aspectos como la inflación o la crisis energética "han podido ser importantes en diferentes momentos del tiempo, pero no parecen capaces de explicar un deterioro relativo de la inversión que dura ya quince años, dada su transitoriedad". De igual manera, "al excluir la inversión en vivienda, se encuentra que el desempeño relativo del resto de la inversión de España por persona en edad de trabajar respecto a la UE ha sido similar al de la inversión total".Parece evidente, pues, que invertir en España se ha convertido en misión imposible por dos grandes motivos: por un lado, el gasto y los impuestos han crecido sustancialmente; por otro lado, la inestabilidad política y la inseguridad jurídica han actuado negativamente sobre los planes empresariales. El resultado último es una menor inversión que, a su vez, redunda en menos productividad, menos crecimiento, menos empleo, peores salarios, etc.Sobre la cuestión de la calidad institucional, el informe del servicio de estudios de BBVA toma como referencia varios epígrafes de los estudios de gobernanza del Banco Mundial y constata que nuestro país ha experimentado un retroceso progresivo que se ha acelerado en los últimos años, tal y como vemos en el siguiente gráfico.De hecho, el gasto público va en aumento conforme la calidad institucional va en retroceso, de modo que parece claro que nuestras estructuras administrativas causan un daño creciente por dos vías, ya que no solamente resultan más costosas e ineficientes, sino que también terminan generando un golpe a la credibilidad e institucionalidad.Este informe va en línea con anteriores trabajos que ya venían recalcando la falta de seguridad jurídica, los problemas de burocracia o la reducción de libertad económica en España. Asimismo, cuestiones como los impagos reiterados de sentencias internacionales están ahondando en la percepción de riesgo y lastrando las cifras de inversión extranjera.

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Indra ha adquirido el 100% de la firma española especializada en la formación de pilotos aeronáuticos Global Training Aviation (GTA) tras hacerse con el 65% que todavía no controlaba de la compañía, si bien el importe de la operación no ha sido desvelado.La compañía tecnológica y de defensa ya había adquirido en 2018 un 35% de GTA, si bien la relación entre ambas comenzó en julio de 2017, e Indra ahora se ha hecho con el control del 100% de la firma para acelerar su crecimiento, según adelantó el diario Expansión y han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al proceso.Fundada en 2002, GTA cuenta con centros de formación aeronáutica en España (Madrid), Indonesia (Yakarta) y Colombia (Bogotá) equipados con seis simuladores de vuelo de "última generación"."Ofrecemos a aerolíneas, pilotos y tripulantes de cabina programas de formación profesionales e individuales con la flexibilidad y fiabilidad necesarias. Más de 1.200 estudiantes al año, de todo el mundo, han sido capacitados siguiendo los estrictos estándares de seguridad de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional)", asegura GTA en su web.

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El Banco Central Europeo tiene en marcha un programa para desarrollar una versión digital del euro. Como hemos informado en Libre Mercado, este proyecto sigue avanzando y ya está inmerso en su fase de preparación desde el 1 de noviembre. De hecho, hace un año el Banco de España ya estaba probando esta moneda digital para estudiar cómo podría implantarse.Sin embargo, la necesidad de desarrollar un euro digital podría no estar tan clara para todos. Así lo expresa el economista y profesor de la University College Dublin, Karl Whelan, en un informe titulado El euro a los 25 años y ¿qué es lo próximo para el BCE?. Como se detalla en el propio documento, precisamente fue elaborado "a petición de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON)" del Parlamento Europeo.Dentro del apartado dedicado a los futuros retos a los que se ha de enfrentar el BCE (donde se incluyen también la cuestión de la deuda soberana, el tamaño del balance y las provisiones de liquidez, los intereses sobre las reservas o el cambio climático), el documento aborda la problemática que supone el desarrollo de un euro digital.De esta forma, el autor explica que esta moneda "sería un equivalente electrónico del efectivo que la gente mantendría en cuentas en su banco central nacional". Sin embargo, advierte de que "se impondría un límite al tamaño de estas cuentas". En este sentido, Whelan expone que según el propio BCE el objetivo de limitar el tamaño de las cuentas que los ciudadanos podrían tener en euros digitales sería "evitar salidas excesivas de depósitos de los bancos" para preservar la estabilidad financiera. Así, apunta a que este límite podría rondar los 3.000 euros por cuenta.No obstante, lo más impactante del informe es que, frente al empeño que existe por parte de las autoridades comunitarias de implantar la versión digital del euro, Whelan admite que éste podría no ser realmente necesario. En concreto, explica que "he leído los debates del BCE y de muchos otros bancos centrales sobre las monedas digitales de los bancos centrales, como el euro digital, y todavía no estoy seguro de si vale la pena molestarse en ellas".Así, el economista trata de entender para qué sería necesario el desarrollo de estas monedas digitales, y al respecto apunta a que "posiblemente se podría justificar" sobre la base de la obligación que tiene el BCE de promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago de acuerdo con el artículo 3 del protocolo legal del BCE. Sin embargo, tampoco le convence este argumento, pues a continuación concluye que, a pesar de lo anterior, "no está claro cuál es el problema para el que el euro digital es una solución".En este sentido, Whelan hace referencia a las declaraciones que al año pasado hizo al Financial Times un antiguo funcionario del BCE, Ignazio Angeloni, quien sostenía que "no veo grandes fallos en el mercado que requieran que el sector público intervenga y proporcione un euro digital". Como él mismo declara, esto es algo con lo que concuerda Whelan, que añade que "hasta que se aclare de alguna manera el argumento económico a favor del euro digital, creo que este es un proyecto que debería permanecer en la etapa de planificación".Por todo lo anterior, una vez más surge la duda de cuáles serían las razones de fondo que motivarían realmente la iniciativa de la UE de crear una versión digital del euro. Incluso la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha reconocido los peligros que supondría el coto al efectivo, admitiendo que la posibilidad de que la privacidad de los ciudadanos sea vulnerada es real.Así, en Libre Mercado hemos informado también de cómo es inevitable que el euro digital, por muchas medidas de seguridad que se quieran desarrollar, deje algún tipo de rastro informático, lo cual facilitaría que las autoridades controlaran el flujo de transacciones. De este modo, advertimos de que, en realidad, este proyecto nace con el objetivo de sustituir al efectivo. A ello podríamos añadir la amenaza que suponen criptomonedas como Bitcoin para las autoridades monetarias, pues con un sistema anónimo y descentralizado basado en la tecnología blockchain ponen en jaque el monopolio que tienen los bancos centrales sobre la moneda.

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España es uno de los países que mejores alimentos produce. Sin embargo, algunos hábitos de consumo están empeorando. Ejemplo de ello es que el consumo de pescado se está resintiendo. Desde la Fundación Española de la Nutrición (FEN) destacan que "según el panel de consumo alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la compra de pescado y por tanto su consumo está descendiendo en los hogares españoles en los últimos años" debido al "aumento de precio de la cesta de la compra, [...], la pérdida de habilidades culinarias, el tiempo que se dedica a cocinar y las preferencias personales".Tal es así que, de hecho, Mercadona ha decidido adaptar su sección de pescadería a este nuevo escenario. Como informó Expansión, la cadena valenciana está cambiando el pescado fresco por el congelado, reduciendo el pescado fresco en el mostrador y apostando por las elaboraciones ya preparadas en bandejas. Asimismo, desde fuentes de la compañía nos confirman a Libre Mercado que están probando este cambio.En efecto, la evolución del consumo de pescado es preocupante. De acuerdo con el Informe del consumo de alimentación en España 2022, elaborado por el Ministerio de Agricultura, en el año 2022, la compra de pescado fresco por parte de los hogares españoles decreció un 16,9%. Como podemos comprobar, la evolución anual del total de compras (expresadas en millones de kilogramos) representa una disminución generalizada en el sector.Atendiendo al desglose por mes del último año, observamos que pese al leve incremento de noviembre, el consumo de pescados y mariscos todavía sigue siendo muy bajo.De hecho, como explica Javier Garat, Secretario General de Cepesca y Presidente de Pesca España, en la última década el consumo de pescados y mariscos en hogares ha descendido alrededor de un 30% de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Mientras que en el mes de octubre de 2023 el consumo de pescados y mariscos per cápita acumulado durante los últimos doce meses fue de 18,5 kilogramos per persona, en octubre de 2013 éste ascendía a 26,53 kilos per cápita (un 30,27% más).Según Garat, debemos tener en cuenta que los hábitos de consumo han cambiado, pues ya no se consumen tantos productos frescos, tenemos menos tiempo para cocinar y, finalmente, "vamos a lo fácil". Del mismo modo, apunta a que otra de las causas que explicaría la evolución actual de estos patrones de consumo es la decisión del Gobierno español de no eliminar ni reducir el IVA del pescado. Esto, explica Garat, ha afectado indirectamente al sector pesquero y al consumo de sus productos, porque los consumidores han ido a comprar los productos más baratos. En este sentido, no duda en señalar directamente al Ejecutivo al afirmar que "se le llena la boca al Gobierno diciendo que hay que apostar por una alimentación saludable, pero una alimentación saludable requiere una fiscalidad saludable, y en este caso no lo están fomentando".Finalmente, cree que es fundamental también la presión y las campañas de los movimientos veganos, vegetarianos, animalistas y ecologistas, "que meten miedo al consumidor con noticias falsas" cuando, en realidad, los informes de diferentes organismos internacionales muestran que debemos consumir pescado y que son mayores los beneficios que ello reporta al ser humano que los posibles riesgos existentes.Por otra parte, Garat explica también que las políticas ambientalistas de la UE están afectando gravemente a la industria pesquera en general. De hecho, señala que han firmado un comunicado conjunto con otras asociaciones pesqueras mostrando su apoyo a los agricultores y ganaderos que se están manifestando donde, además, informan de que la industria de la pesca se encuentra en la misma situación. "Las políticas europeas o cambian de rumbo o van a destrozar al sector pesquero, y en general al sector primario", señala.Por este motivo, Garat indica que lo que se debe buscar es un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos con la seguridad y la satisfacción de las necesidades alimentarias de los europeos. Al respecto denuncia que el problema es que "la UE es muy exigente con nuestros productores y con los de terceros países no lo es tanto", puesto que aquí se prohíbe ciertas formas de pesca que, sin embargo, en terceros de los que importamos los productos que necesitamos se siguen empleando."Quieren dar la impresión de que en la UE somos los mejores del mundo desde el punto vista del medioambiente, pero al final a la gente hay que darle de comer", subraya. De hecho, señala que en el caso de los productos pesqueros , actualmente en la UE el 70% de lo que se consume proviene de terceros países. Por esto mismo, concluye que "está en juego la soberanía alimentaria".A todo ello, según Garat, debemos añadirle también que tras la desaparición del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM, un organismo que se dedicaba a promocionar el consumo de productos pesqueros) la promoción es hoy mucho menor, pues la labor que este organismo hacía con unos 10 millones de euros la hace ahora el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con tan sólo 1 millón.Finalmente, preguntado acerca de cómo se está viendo afectada la industria pesquera dentro de este contexto, Garat explica que "mientras que en el año 1986 España tenía unos 22.000 barcos pesqueros, hoy no llegan a 8.600". En este mismo sentido, señala que "si bien antiguamente en España se pescaban cerca de 1.400.000 toneladas de pescado y mariscos al cabo del año, hoy nos encontramos con una cantidad de entre 800.000 y 900.000 toneladas", siendo ahora el total de ingresos por primera venta (en la lonja) de "unos 2.000 millones de euros y el valor agregado de unos 10.000 millones".En este sentido, Garat apunta a que esto es un problema principalmente por el impacto que tiene en la salud de los españoles. Como indica, "está demostrado que el consumo de pescado y marisco tiene una serie de beneficios, por ser una proteína de alto valor biológico, por sus vitaminas, por sus minerales, por sus ácidos omega-3; por todas las propiedades nutricionales que tiene y porque previene muchas enfermedades".Del mismo modo, desde la FEN indican que "los beneficios para la salud del consumo de pescado están estrechamente relacionados con su contenido nutricional en proteínas, lípidos, vitaminas y minerales". Así, subrayan que "la ausencia de consumo de pescado puede conllevar una baja ingesta de proteínas, lo cual pone en riesgo el aporte de aminoácidos esenciales para el organismo".Del mismo modo, "el papel protector de los ácidos grasos omega-3 puede estar comprometido debido a un menor aporte de los mismos, teniendo repercusiones a nivel cardiovascular". Por ello mismo, destacan también que "pueden aparecer ciertas consecuencias derivadas de la falta de aporte de vitaminas y minerales", como el riesgo de padecer osteoporosis debido a una carencia de vitamina D, o enfermedades autoinmunes. Con todo, trasladan a Libre Mercado que "según las guías alimentarias dirigidas a población general y en especial la presentada por la FEN sobre el consumo de alimentos, hay que tomar entre 3 y 4 raciones de pescado a la semana".Desde FEN explican que "podemos encontrar por ejemplo técnicas culinarias donde se mantengan bien los nutrientes ya que no someten al alimento a temperaturas elevadas", como el vapor, el hervido o el microondas, mientras que "técnicas como el horno, la plancha, la fritura o la parrilla serán buenas opciones si buscamos un cocinado con mayor sabor a nivel organoléptico". En todo caso, concluyen, "lo importante es seleccionar métodos de cocción que preserven la calidad nutricional del pescado y que se ajusten a un estilo de vida saludable, variado y equilibrado".

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En 2011, la entonces canciller alemana Angela Merkel tomó una decisión política. Una decisión populista que la ayudaría a permanecer varios años más en el poder. Una decisión que ella sabía (porque lo ha admitido) contraproducente y contraria a los intereses de Alemania. Son políticos, hacen lo que haga falta por mantenerse en el poder, atentando incluso contra el interés general que afirman proteger. Así, Merkel estableció un calendario de cierre para las centrales nucleares alemanas.En aquel momento, los reactores nucleares que estaban operando en el país producían el 25% de la electricidad (unos 135 TWh). Con los últimos datos disponible, en 2023, Alemania produjo 113 TWh de su electricidad con carbón y 45 TWh con gas. Si no hubiera cerrado sus centrales, estaría quemando un 80% menos de carbón y absolutamente nada de gas. Su porcentaje de electricidad limpia sería del orden del 90%, algo que ya veremos si cumplen para el año 2050. Como poco, se habrían adelantado casi 30 años a sus objetivos.En lugar de eso, tomaron una decisión errónea. Han pagado unos 500.000 millones de euros en subvenciones a las energía limpias, mientras cerraban 135 TWh de electricidad nuclear igual de limpia, así lo ha determinado la Unión Europea. La conclusión es que tienen una de las electricidades más caras de Europa y un sistema eléctrico mucho más emisor y contaminante que el de países como Francia, Suecia, Reino Unido o incluso España.Todo esto mientras los palmeros wokistas del apocalipsis aplaudían el cierre nuclear (la ideología lo puede todo) porque en realidad viven de fetiches anacrónicos. Con el clima por bandera son capaces de ejecutar cualquier tipo de tropelía en contra de la reducción de emisiones, mientras cuadre con su agenda ideológica y con la narrativa Pachamama. El clima les da exactamente igual. La demostración palpable la constituye el partido de los verdes alemanes, que ahora pide retrasar los objetivos de descarbonización. Pura sinvergonzonería.Aún faltaba el truco final, la constatación de que se ríen en nuestra cara. Después de cerrar 21,5 GW de potencia nuclear, ahora nos dice el gobierno que se van a instalar 24 GW de centrales de gas para evitar los apagones. Para ser totalmente conscientes del nivel de estulticia estratégica, los consumidores alemanes se van a gastar 40.000 millones de euros adicionales para tener instalada una potencia firme igual a la que ya tenían si no hubieran cerrado las centrales nucleares. Por si fuera poco, adicionalmente a lo que cuestan las propias centrales, tendrán que pagar el gas con el que esas centrales funcionan y, por supuesto, los impuestos que se aplicarán a la combustión de ese gas.Y todavía hay gente que, cuando esto se denuncia, le dicen a usted que no tiene "sensibilidad climática". Que no entiende usted la estrategia a largo plazo de Alemania. Va a ser eso, que no entendemos nada…

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PortAventura World ha reabierto sus puertas este viernes, dando comienzo a su nueva temporada tras un 2023 de cifras récord, con 5,5 millones de visitas (frente a los 5,1 millones de 2022) y una ocupación hotelera del 83 %. La nueva temporada, que durará hasta el 6 de enero de 2025, contará con el resort abierto un total de 307 días, siendo la más larga y temprana de la historia de la compañía."Volvemos con gran ilusión, tras una temporada de cifras récord. Estamos profundamente agradecidos a todos los clientes que nos han visitado y a los más de 3.000 colaboradores que hacen posibles experiencias memorables. Sin ellos, nada de esto sería factible. En este 2024, nos proponemos superar nuestras propias marcas. Por eso, abriremos más días que nunca, adelantaremos la hora de apertura a las 10h, hemos creado nuevos productos como la apertura anticipada y exclusiva para los clientes de nuestros hoteles, presentaremos nuevos espectáculos y expandiremos el Dreams Village. Todo ello, entre muchas otras sorpresas, con el fin de que nuestros clientes se lleven recuerdos únicos", afirmó David García, director general de PortAventura World.Por segundo año consecutivo y tras el éxito de 2023, se da el pistoletazo de salida con la celebración de Carnaval. Hasta el 17 de marzo, los visitantes podrán disfrutar de shows especiales inspirados en los carnavales de Brasil y Venecia, dos de las festividades más emblemáticas del mundo en estas fechas. Destacan los espectáculos de Carnival Parade, Aires de Carnaval, Viva Carnaval, La Reina del Carnaval o Magic Carnaval. También habrá animación de calle por todo el parque, con comparsas, batukadas y zancudos procedentes de localidades vecinas.Asimismo, el resort ha anunciado que abrirá Grand Canyon Rapids desde el principio en esta nueva temporada, además del Templo de Fuego, una de las atracciones más icónicas y diferenciales del parque, y el área de China Baja, con su espectáculo especial Carnaval Bubble en Temple Màgic, apostando también por ofrecer cada vez más opciones de ocio a los pequeños de la casa.A partir del mes de marzo, el resort lanzará su primera ‘tour experience’, un paquete de experiencias exclusivas y personalizadas que permitirá al visitante disfrutar de un tour guiado de la mano de un experto del resort. También creará team buildings ‘a medida’ para pequeñas y medianas empresas en el parque, con ofertas en entradas para grupos, paquetes con actividades e incluso la apertura en exclusiva de áreas temáticas del resort.

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En los últimos meses se han producido varios avances en los procedimientos de arbitraje que están dirimiendo la procedencia de los sucesivos "recortes" de las primas renovables aprobados de forma retroactiva entre los años 2010 y 2014 por parte del gobierno de España. Las modificaciones fiscales y normativas dispararon la inseguridad jurídica en el sector, golpeando a 65.000 familias de pequeños productores y a más de medio centenar de multinacionales.Esta semana ha trascendido la decisión del tribunal del Banco Mundial de tumbar la petición de anulación que había cursado el Ejecutivo de Pedro Sánchez para tumbar la condena del caso que afecta a la empresa japonesa JGC Corporation, a la que se le reconoció en 2021 una deuda que ronda los 31 millones de euros, una vez se toman en cuenta diversos aspectos como la indemnización original, la posterior condena en costas impuesta a España y los intereses de demora asociados al retraso en el abono de la compensación estipulada.Aunque el gobierno de Pedro Sánchez quiso anular el laudo, el comité ad hoc que se ha pronunciado al respecto ha señalado que la sentencia emitida hace algo más de dos años fue procedente y se ajustó plenamente al derecho internacional y al debido proceso que se exige en este tipo de juicios. Por lo tanto, JGC Corporation seguirá a la espera de cobrar los citados 31 millones.Conocida es la negativa del gobierno de Sánchez a cumplir con estas obligaciones, pero esto no significa que las empresas afectadas se queden de brazos cruzados. De momento, mientras siguen litigando y cosechando nuevas victorias judiciales ante España, se han activado también distintas medidas de compensación, como el embargo de bienes y derechos financieros o la declaración de un default técnico que ya ha golpeado a la economía española por valor de 4.660 millones.Además, JGC Corporation nos es la única firma japonesa que está defendiéndose en los tribunales internacionales. Una filial de Toyota, el grupo Eurus Energy, tiene pendiente un millonario pago de más de 106 millones que no deja de acumular intereses debido a los incumplimientos del gobierno, lo que abre la puerta a posibles embargos.En paralelo, de momento no se conoce sentencia para los procesos iniciados por Mitsui e Itochu, pero ambas compañías, cuyas ventas anuales superan los 100.000 millones en cada caso, han seguido adelante con sus respectivas denuncias, para las que se espera una resolución a corto o medio plazo.

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El presidente de Argentina, Javier Milei, acaba de completar una gira internacional por Israel, Italia y El Vaticano, donde ha tenido la oportunidad de mantener encuentros con Giorgia Meloni, Benjamin Netanyahu y el Papa Francisco. El presidente argentino viajó acompañado por una comitiva formada por la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina; la canciller y ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino; el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el embajador designado en Israel, el rabino Axel Wahnish; y el secretario de Culto, Francisco Sánchez.En concreto, en Israel pudo reunirse con el presidente, Isaac Herzog, y con el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y mostró una vez más su apoyo al país, insistiendo en que espera poder trasladar la embajada de Argentina a la ciudad de Jerusalén. Del mismo modo, aprovechó la ocasión para visitar uno de los kibutz atacados por los terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre y rezó frente al Muro de las Lamentaciones. Por su parte, en su visita a Italia y El Vaticano, Milei se reunió con el presidente italiano, Sergio Mattarella, con la primera ministra, Giorgia Meloni, y con el Papa Francisco. Además, participó en la ceremonia de canonización de la primera santa argentina, Mama Antula.Pero lo más importante de esta gira es que Milei ha vuelto a ser el gran abanderado de la libertad a nivel global, mostrando al mundo las virtudes del liberalismo, no sólo en sus entrevistas con dirigentes políticos, sino también en los medios de comunicación.En concreto, se ha hecho especialmente viral una entrevista que le hicieron el pasado 12 de febrero en el programa Quarta Repubblica del canal Rete 4, perteneciente al grupo Mediaset Internacional. En ella, el presidente de Argentina presumió de ser el primer presidente del mundo liberal-libertario y, además, de considerarse filosóficamente anarcocapitalista. En este sentido, Milei no dudó en decir que "siento un profundo desprecio por el Estado" y asegurar que "el Estado es el enemigo". De hecho, Milei explicó ante el gran público algunas ideas muy populares dentro de los círculos libertarios, como es el caso de la teoría predatoria del Estado. Desarrollada por autores como Charles Tilly, Franz Oppenheimer o Mancur Olson (algunos de ellos procedentes incluso de la socialdemocracia), esta teoría sostiene que el Estado es fruto de procesos bélicos y que, en el fondo, no deja de ser una banda de bandidos que se dedica a expoliar a la ciudadanía.Milei aseveró que "el Estado es una asociación criminal donde un conjunto de políticos se ponen de acuerdo en utilizar el monopolio de la violencia para robar los recursos del sector privado". De hecho citó al propio Franz Oppenheimer para explicar la distinción que éste hace entre los medios políticos y los medios económicos: "los métodos del mercado es el comercio, la producción, el ahorro, la inversión", mientras que "el método del Estado es el robo", detalló Milei. Por tanto, concluyó, "el Estado no es sólo la asociación criminal más grande del mundo, sino que, además, es el ladrón estacionario".Con esto, el presidente argentino hacía referencia de forma directa a la teoría de Mancur Olson, según la cual el Estado es el resultado de un proceso por el cual una banda de bandidos que en origen se comportaban como bandidos itinerantes arrasando un territorio y marchándose posteriormente, deciden establecerse en un mismo lugar, como bandidos estacionarios, y ejercer el monopolio de la fuerza sobre él y sus habitantes de forma permanente, al darse cuenta de que esto es más rentable.Por otra parte, en la misma entrevista Milei no dudó en decir que los políticos "son lo peor de la población" y que proceden de los peores estratos de ella, una idea adelantada ya por Hayek en Camino de Servidumbre. Sin embargo, el conductor del programa aprovechó esto para preguntar a Milei si pensará igual dentro de un año, cuando él mismo se haya convertido en el Estado. Al respecto, el presidente argentino no dudó en negar esto y detallar que si entró en política es porque "me di cuenta de que la única forma que había de hacer esto era meterse dentro del sistema para dinamitarlo desde dentro". Como explicó, si hoy es presidente, lo es para vencer al statu quo. De este modo, Milei trata de enfrentar la llamada ley de hierro de las oligarquías explicada por Michels.Asimismo, el entrevistador le preguntó al presidente de Argentina sobre la imagen pública que ha mostrado desde que entrara en campaña, en referencia a la popular imagen en la que porta una motosierra. Así, el conductor del programa quiso saber si hoy Milei se arrepiente de ello, pero, como era de esperar, el presidente argentino explicó que está "orgulloso" y que, de hecho, está logrando minimizar el tamaño del Estado.En este sentido, un momento especialmente interesante de la entrevista fue cuando el conductor del espacio televisivo trató de vencer dialécticamente a Milei al indicarle que esta política de reducción del Estado era totalmente contraria a la que se estaba desarrollando en Europa. Sin embargo, en lugar de convencer a Milei de su supuesto error, el presidente argentino logró rebatir con solvencia esta argumentación al explicarle que, en realidad, Europa es la región del mundo que menos crece económicamente como consecuencia del inmenso tamaño del Estado. De hecho, al respecto, como ya hiciera en su época de tertuliano y conferenciante, Milei volvió a cargar contra el keynesianismo, una teoría "creada en favor de políticos mesiánicos y ladrones y corruptos".Otra de las citas del viaje de Milei ha sido su encuentro con el Papa Francisco, a quien ha decidido pedir disculpas por sus ataques durante la campaña, tratando de este modo de estrechar lazos con el Sumo Pontífice. Así, Javier Milei aseguró que ha reconsiderado "algunas posiciones" y que el Papa "es la persona más importante de toda la Argentina".Sin embargo, uno de los detalles que no ha pasado desapercibido en relación con el encuentro entre Milei y el Papa Francisco han sido los regalos que han intercambiado. Francisco le regaló un medallón de bronce con una representación del Baldaquino de San Pedro y varios ejemplares de algunos de sus libros. Por su parte, en representación del Gobierno, Milei le regaló alfajores de dulce de leche y galletas de limón, además de una copia de la carta manuscrita por el Canciller José María Gutiérrez a Juan Bautista Alberdi acreditándolo como representante en Europa en mayo de 1854 y un cuadro con una postal conmemorativa de 'Mamá Antula'.No obstante, a título personal, Milei le regaló también una serie de obras fundamentales del pensamiento libertario, un detalle muy significativo dado el profundo anticapitalismo que profesa el Pontífice. Así, le entregó un ejemplar de La Acción Humana de von Mises, un tratado de economía que es una referencia absoluta dentro del pensamiento de la Escuela Austriaca de Economía. Asimismo, le regaló otro ejemplar de La fatal arrogancia de von Hayek, donde el economista vienés trata de demostrar que el socialismo es un error intelectual (pues el Estado es incapaz de coordinar centralizadamente la sociedad) derivado de la arrogancia de ciertos individuos y, además, que la riqueza económica es fruto del respeto a la propiedad privada.Del mismo modo, Milei le hizo entrega del libro Pandemia y dirigismo, donde se recopilan diversos artículos del profesor Jesús Huerta de Soto sobre cómo los Estados han aprovechado la pandemia para aumentar su control sobre la sociedad, abusar del endeudamiento público y excederse en sus políticas monetarias. Además, le regaló una copia de Anarquía, Dios y el Papa Francisco, un artículo escrito también por Huerta de Soto donde se vincula al catolicismo con el libertarismo, y de Socialismo, corrupción ética y economía de mercado, otro escrito donde el catedrático español denuncia la corrupción social que se deriva del intervencionismo estatal. Así lo destacaba en su canal de YouTube el economista español, Juan Ramón Rallo.Asimismo, cabe destacar el encuentro que mantuvieron Javier Milei y Giorgia Meloni durante la visita del presidente argentino al país. En ella, ambos dirigentes abordaron "sectores clave" para ambas economías, como lo son "la energía, las infraestructuras y la agroalimentación". Del mismo modo, trataron de encontrar el modo de "profundizar la relación bilateral entre ambos países y desarrollar una agenda de trabajo conjunta".Oggi ho accolto a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica Argentina @JMilei. Un incontro positivo nel quale abbiamo dialogato sullo sviluppo di nuovi partenariati in settori chiave per le nostre economie come l'energia, le infrastrutture e l'agroalimentare. Italia e… pic.twitter.com/mGo4YtdhgXTal y como publicó posteriormente en redes sociales Meloni, la reunión fue muy "positiva", destacando también que "Italia y Argentina cuentan con un profundo vínculo histórico y cultural que esperamos continúe para una cooperación renovada en diversos campos".

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El Gobierno ha sacado del cajón la Ley de Movilidad Sostenible, cuya aprobación antes de final de año está vinculada a la recepción de los fondos europeos. Aunque no se incluyen medidas como los peajes en las autopistas o la anunciada prohibición de vuelos cortos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recordado durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros que durante la tramitación parlamentaria podrá incorporar modificaciones.Entre las medidas más llamativas está la obligatoriedad de que las instituciones públicas y empresas cuenten con un Plan de Movilidad Sostenible "en el plazo de 24 meses" desde la entrada en vigor de la ley. Las empresas afectadas serán las que cuenten con más de 500 trabajadores "o 250 por turno".Según la ley recién aprobada, los planes de movilidad sostenible podrán incluir medidas como "el impulso de la movilidad activa", "el transporte colectivo", el teletrabajo "en los casos en que sea posible", "la movilidad de cero emisiones" y "soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa". Además de contar con un plan, las empresas deberán elaborar un informe de seguimiento "sobre el nivel de implantación" del mismo, que deberán repetir "cada dos años".Preguntado por este asunto tras el Consejo de Ministros, Puente descartó reticencias en las empresas a acatar estos planes y apuntó que ya se están haciendo por "entre otras razones, conveniencia económica". "Yo vengo de una ciudad con una gran empresa de automóviles como Renault que desarrolló un plan de movilidad sostenible, entre otras cosas porque gracias a ese plan tenía unas bonificaciones muy importantes en el Impuesto de Actividades Económicas", dijo apuntando que las obligaciones "son muy razonables y yo creo que tremendamente beneficiosas para las propias empresas".Entre las muchas medidas que incluye la ley, también está el "fomento de la ciudad de proximidad", término que alude al tan comentado concepto de las ciudades de 15 minutos. Señala la norma que las administraciones deberán avanzar "hacia ciudades con menor impacto ambiental y mejor calidad de vida", minimizando "el número de desplazamientos habituales" y que "se acorte su longitud, disminuyendo los impactos ambientales y favoreciendo así el uso racional del territorio y los desarrollos urbanos sostenibles".En la norma se apunta, además, que las administraciones tendrán que promover un reparto equilibrado del espacio urbano "entre la movilidad motorizada y no motorizada" y avanzar en una "extensión generalizada del calmado del tráfico en las vías urbanas". Se impulsará la bicicleta y también "el fomento de la movilidad activa a pie en contraposición al estilo de vida sedentario, con la atención preferente a las y los peatones, facilitando itinerarios continuos y trayectos a pie en condiciones de seguridad y comodidad, que hagan de la movilidad activa la opción más sencilla y atractiva".En este objetivo de una ciudad sostenible, la norma abre la puerta a que las ciudades puedan cobrar por acceder al centro: se aprobará una "habilitación legal" para que "los municipios que así lo deseen puedan introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las Zonas de Bajas Emisiones", a imagen de las tarifas que se aplican en ciudades como Londres. La norma, que significativamente sólo menciona al coche en tres ocasiones en sus más de cien páginas, también persigue el fomento de los carriles bici: señala que las grandes ciudades tendrán que analizar su "necesidad y viabilidad" en vías con tres carriles o más de circulación por sentido "y otras vías que lo permitan".Apunta que lo mismo deberá hacerse en todos los municipios "en aquellas calles con dos o más carriles de circulación por sentido", en las que se deberá analizar la "conveniencia" de incluir "una vía ciclista o para otros vehículos de movilidad personal".Al presentar la norma desde Moncloa, Puente cargó contra los municipios que ofrecen "resistencia" a los carriles bici, algo que, dijo, "no ocurre en ningún país de la Unión Europea". Aseguró que está pasando en ciudades como Valencia o Valladolid y señaló que el responsable es el pacto PP-Vox.

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El Parlamento Europeo ha aprobado que se simplifiquen los procedimientos burocráticos para los agricultores que quieran utilizar semillas obtenidas con nuevas técnicas genómicas (NTG) que alteran el material genético de un organismo para hacer vegetales más resistentes a las plagas y la sequía.Por el momento, todos los vegetales obtenidos con nuevas técnicas genómicas están sujetos a las mismas normas que los organismos modificados genéticamente (los transgénicos). La diferencia entre ambos es que, en el primer caso hablamos de una modificación del genoma de un vegetal a través de la anulación de ciertos genes o la potenciación de otros. Y en el segundo caso, hablamos de introducir material genético de otra especie diferente.Con 307 votos a favor, 263 en contra y 41 abstenciones, el Parlamento Europeo ha aprobado, a petición de los agricultores, que determinados vegetales obtenidos con NTG, los que se consideren equivalentes a los convencionales, quedarían exentos de los requisitos de la legislación sobre transgénicos. Los vegetales NTG que introducen más modificaciones a la variedad original, los de categoría 2, seguirán regulados por la legislación de los transgénicos, una de las más estrictas del mundo, incluido el procedimiento de autorización.El objetivo, señala el Parlamento Europeo, es "hacer que el sistema alimentario sea más sostenible y resiliente mediante el desarrollo de variedades vegetales mejoradas que resistan al clima y a las plagas y ofrezcan un mayor rendimiento o que requieran menos fertilizantes y plaguicidas".Los eurodiputados también coinciden en que todos los vegetales obtenidos con NTG deben seguir estando prohibidos en la producción ecológica, ya que su compatibilidad requiere un estudio más detallado. También piden que la Comisión informe sobre la evolución de la percepción de las nuevas técnicas por parte de consumidores y productores siete años después de su introducción.Otro aspecto interesante es que el Parlamento Europeo quiere que se prohíban las patentes de este tipo de vegetales para "evitar inseguridades jurídicas, costes mayores y nuevas dependencias para agricultores y obtentores (aquellos que han descubierto, creado o perfeccionado una variedad que se considera nueva)."De este modo, se prohibiría patentar tanto el material vegetal, sus partes, la información genética y las características del proceso que contienen. La UE también reclama un informe para junio de 2025 sobre el impacto de las patentes en el acceso de obtentores y agricultores a material de reproducción vegetal diverso, así como una propuesta legislativa para actualizar en consecuencia las normas de la UE sobre los derechos de propiedad intelectual.

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La Comisión Europea aprobó este martes la creación de la 'joint venture' entre Orange España y MásMóvil, con las concesiones acordadas de cesión a DIGI de espectro y opción de uso de su red móvil. La fusión entre el segundo y el cuarto operador de telecomunicaciones en España, anunciada hace dos años, quedará así a expensas de la aprobación definitiva del Ministerio de Industria y del Consejo de Ministros en este primer trimestre del año.La vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de competencia, Margrethe Vestager, ha señalado que la integración de Orange y MásMóvil amenazaba la competencia en servicios móviles y fijos, pero los compromisos ofrecidos permitirán a Digi, el operador de red virtual móvil más grande de España, responder a la fuerte presión competitiva de MásMóvil"."Se asegurará que los consumidores españoles sigan beneficiándose de un mercado de telecomunicaciones competitivo en términos de precios, calidad y conectividad 5G", agregó Vestager en un comunicado.El Ejecutivo comunitario destaca que la integración alumbrará "el operador más grande de España en número de clientes, con una cuota de mercado significativa" en segmentos relevantes del negocio residencial, pero las cesiones que van a hacer despejan las amenazas a la competencia.El acuerdo con DIGI prevé la cesión de 60 MHz de espectro y la opción de acceder a un contrato mayorista para uso de la red móvil de la 'joint venture'.

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En los últimos 5 años la FP ha experimentado un incremento del 29,8%, superando la marca del millón de estudiantes con un total de 1.030.052 matriculados, según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) correspondientes al curso 2021-2022.Este crecimiento ha sido significativo en la FP de Grado Superior, con un aumento del 40,7% en ese mismo período. Una de las áreas profesionales que se vislumbra como interesante en términos de oportunidades laborales es la de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.Según un informe del Foro Económico Mundial, se proyecta que hasta 2030 en España habrá una demanda incrementada del 192% en empleos relacionados con la educación temprana de niños, un aumento del 163% en puestos para profesionales de la salud y cuidado de personas mayores, y un incremento del 118% en trabajadores sociales, para poder satisfacer las crecientes necesidades de cuidado y educación de la población.Es por ello por lo que diversos centros de formación están adaptando su oferta educativa para responder a esta creciente demanda. Un ejemplo es el centro de formación Cesur, que ha fortalecido sus lazos con entidades del sector para ofrecer a sus alumnos una formación práctica "de calidad". En esta línea, Cesur ha consolidado su colaboración con Astrapace en Murcia, una asociación dedicada al tratamiento y atención de personas con parálisis cerebral y afecciones similares. Como resultado de esta colaboración estratégica, Astrapace ha otorgado a Cesur Murcia un total de 22 plazas para prácticas formativas y educación dual, específicamente destinadas a los ciclos de Integración Social, Acondicionamiento Físico y Auxiliar de Enfermería.Esta oferta evidencia el firme compromiso social de Astrapace hacia el ámbito educativo, proporcionando oportunidades concretas para la formación práctica de los estudiantes y fortaleciendo así la conexión entre la formación profesional y las necesidades reales del mercado laboral.Desde su creación, Cesur ha trabajado para garantizar el acceso a una formación práctica y de calidad, lo que le ha convertido en el centro líder de la Formación Profesional por tercer año consecutivo en el ranking de la consultora Strategik. Asimismo, el centro indicó que "a través de una formación cercana a la realidad laboral, Cesur pone en valor la formación profesional, ofreciendo instalaciones de alto nivel, equipadas con tecnología y maquinaria de última generación, además de contar con los mejores profesionales del sector para guiar y formar al alumnado".

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¿Cuáles son las profesiones mejor y peor pagadas? ¿Y las que tienen mejor y peor empleabilidad? De todo esto se ha hablado mucho en España en las últimas semanas por un vídeo que se ha hecho viral. Es un fragmento de un programa de La Sexta en el que una joven licenciada en Periodismo protesta por las condiciones que se le ofrecen, tras terminar su carrera y estar cursando su segundo máster. El economista Javier Díaz Giménez le pregunta qué ha estudiado. Y, cuando sabe a qué facultad fue, le contesta: "Elegiste mal".Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, nos preguntamos por qué en España se paga tan mal. Mucho peor que en otros países por trabajos similares. También analizamos qué factores hacen que una profesión tenga mejores o peores sueldos. No hay sorpresas, son los de siempre: oferta y demanda. En esto último, por cierto, también influye la dificultad (de la profesión o de los estudios para acceder a la misma).Lo primero: ¿en España los universitarios lo tienen más complicado que los universitarios de otros países? Sí, pero eso pasa en el mercado laboral para cualquier perfil. Lo que queremos decir es que es verdad que en España los universitarios tienen peor sueldo y más tasa de paro que los universitarios holandeses… pero eso ocurre también con los fontaneros, los mayores de 50 años o los autónomos. En cualquier categoría laboral o colectivo que cojamos, los datos son peores en nuestro país que en los más ricos de Europa.Dicho esto: es cierto que sigue habiendo un premium educativo en España, aunque menor que en otros lugares. Los universitarios cobran más y tienen menos paro que aquellos jóvenes que no tienen una titulación superior. ¿Profesiones de FP con poco paro y mejor pagadas que las que exigen una licenciatura? Sí, las hay. Pero siguen siendo la excepción.Otra pregunta interesante es qué tienen algunas carreras (como Periodismo y Psicología) con una elevada demanda de nuevos estudiantes que se matriculan cada año, pero una baja inserción laboral. Pues un poco de todo: suelen ser estudios relativamente fáciles y entretenidos (al menos comparados con otros), muy vocacionales y con algunos ganadores muy conocidos a los que les va muy bien. Aquí entran en juego dos sesgos del ser humano: (1) optimismo, porque siempre pensamos que nosotros seremos del grupo a los que les va a ir bien en la vida; y (2) descuadre temporal, porque interpretamos la información con 10 años de decalaje frente al momento en el que accedemos al mercado.Por último, Nuria Richart y Domingo Soriano analizarán por qué en algunos países se paga más en profesiones similares a las que realizamos en España. Si, como explicamos siempre en Economía Para Quedarte Sin Amigos, la clave para explicar las diferencias en los sueldos es la productividad: ¿es realmente más productivo un camarero en Zurich que en Madrid? Porque en la ciudad suiza cobra (mucho) más que en la Villa y Corte. Es una pregunta excelente para explicar que tu salario no depende sólo de lo que produzcas o de cómo de bueno seas tú en tu profesión. También influirá mucho la productividad general de la economía en la que trabajas; y las alternativas (de nuevo, oferta y demanda) que puedan encontrarse en ella. Y ahí, para España, también hay muy malas noticias.No es la primera vez que tratamos estos temas en EPQSA. En los siguientes episodios, ya nos fijamos en el mercado laboral y la universidad española:En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo Alphaville. Y estas son las piezas que hemos escuchado en el programa:Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los Podcast de Libertad Digital y esRadio. Instala nuestra aplicación para iOs o Android, entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podimo o iVoox. ¡Suscríbete!

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Los agricultores tienen previsto mantener la agitación en las calles durante casi todo el mes de febrero con protestas programadas en toda España. Las promesas de Sánchez para flexibilizar la PAC, implantar cláusulas espejo y reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria no son suficientes para los agricultores, que han publicado un calendario actualizado de tractoradas y movilizaciones de las distintas organizaciones agrarias con unos 40 actos previstos.Este lunes ha comenzado el séptimo día de protestas, con tractoradas y cortes de carreteras por todo el país. En paralelo, los transportistas de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte -en su mayoría autónomos o pymes cuyos servicios son contratados por grandes empresas del sector- mantienen su segunda jornada de paro indefinido en defensa de unas reivindicaciones que consideran que son muy similares a las de agricultores y ganaderos.En lo que va de jornada, las protestas se han hecho sentir en las carreteras, donde el tráfico se ha visto interrumpido en varios puntos de las provincias de Sevilla (como en la A-92 en Arahal en ambos sentidos y 6 vías secundarias); Badajoz (N-525 en La Roca de la Sierra y la EX-328 en Montijo), y Cáceres (la EX-109 en Moraleja).También se ha cortado el tráfico en varios puntos de la provincia de Huesca y Zaragoza, en la AP-2 a la altura de Soses (Lérida) en el sentido este hacia Barcelona y en la A-43 a la altura de Villarrobledo (Albacete) en ambos sentidos.El tráfico se ha visto ralentizado en Híjar (Teruel, N-232); Málaga (A-374 en Ronda) y Murcia, acceso a Cartagena por la A30. Los tractores han ocupado también carreteras en Navarra, La Rioja mientras que en Málaga han provocado cortes en el acceso al mercado central de abastecimiento alimentario Mercamálaga.En Alicante, alrededor de medio centenar de agricultores mantuvo bloqueado desde las 20.00 de ayer y hasta las 9.00 de este lunes los accesos al polígono industrial de la Granadina, en San Isidro, uno de los principales centros de distribución de frutas y hortalizas del sureste peninsular.Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han convocado para este martes una tractorada en Zaragoza, en el recinto de la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola (FIMA).El 14 de febrero está prevista una de las tractoradas más masivas de las organizaciones, con protestas en Burgos, Cuenca, Guadalajara, Jaén, Málaga, Palencia, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valladolid, el puerto de Motril (Granada) y Mercamadrid (Madrid).Para el día 15 han anunciado otra en el puerto de Castellón, el 16 en Alicante y Santander, el 20 en diversos puntos de Asturias, Cantabria y Galicia; el 21 en Córdoba y Murcia; el 22 en Aragón y los puertos de Algeciras y Valencia; el 23 en Gran Canaria y León; y el 24 en Tenerife.También han convocado una manifestación en marzo, el día 21, en el puerto de Algeciras.Por su parte, la organización agraria Unión de Uniones ha anunciado su propio calendario de movilizaciones, que tiene como punto fuerte un llamamiento a una tractorada el 21 de febrero frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en Madrid.Comenzó a manifestarse el 6 de febrero y este lunes han continuado con sus protestas con una tractorada en Alicante.Antes del 21 de febrero, tienen previsto manifestarse en Hontabilla (Segovia) y en los puertos de Tarragona y Santander (13 de febrero); en Santa María la Real de Nieva, también en Segovia, el día 14; en Boceguillas (Segovia) y Castellón el día 15; en Venta Pinillos (Segovia) el 16; y el 22 de febrero en Valencia.Desde Cataluña, la Unió de Pagesos ha anunciado que acudirá el día 21 de febrero a la concentración frente al Ministerio de Luis Planas. Antes de ese día, ha llamado a realizar "marchar lentas" y cortes de tráfico durante la noche del próximo miércoles en las carreteras la N-420 y C-12, a la altura de Móra d'Ebre y Móra la Nova (Tarragona).Para este martes, el calendario de movilizaciones de la Unió de Pagesos prevé una concentración en la entrada del Puerto de Tarragona, donde se encontrarán columnas de tractores procedentes de diferentes rutas que se habrán juntado previamente en varios lugares. También ha convocado tractoradas en diversos puntos de las tres provincias catalanas.Además, ha hecho un llamamiento a realizar una concentración en la entrada de Mercabarna en Barcelona, donde se encontrarán columnas de tractores procedentes de otros lugares.

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Dos fondos de Caixabank y uno de Loreto Mutua copan el podio de los planes de pensiones más rentables en renta fija mixta a largo plazo en 2023, un año en el que, una vez más, esta tipología de activo ha sido la favorita de los españoles para invertir de cara a complementar su pensión.Así, según el informe anual de Inverco, tienen el mayor volumen de activos bajo gestión (hasta 31.040 millones) de los planes de pensiones, que cerró 2023 con un patrimonio total de 122.385 millones de euros (8.391 millones de euros más que en 2022), debido al buen comportamiento en los mercados financieros registrado en los últimos meses.En términos absolutos, los planes de pensiones individuales presentan rentabilidades positivas a largo plazo. Así, Delegación P.P.I, plan de pensiones gestionado por Caixabank, ocupa la primera posición tanto a 20 años (3,69%) como a 15 años (3,48%) mientras que Loreto Óptima, el plan de pensión de Loreto Mutua, se sitúa en la segunda posición entre los productos de renta fija mixta, con un rendimiento que alcanza el 3,51%, siendo los dos únicos planes que superan el umbral de la rentabilidad a 3% a 20 años. En el caso de Loreto Óptima, el rango máximo para la inversión en renta variable es del 30%.La tercera plaza la ocupa otro plan de pensiones gestionado por Caixabank, Gamma, que presenta una rentabilidad de dos décadas del 2,92%, mientras que con un 2,85% el plan de pensiones ofertado por Banca Pueyo (y gestionado por Renta 4), que la propia entidad aconseja para clientes con riesgo moderado (y con una exposición a renta variable inferior o igual al 25%) se posiciona en cuarto lugar. Finalmente, el plan de pensiones Postal Servicios de BBVA, que invierte en renta variable entre el 36% y el 50%, ofrece una rentabilidad a 20 años del 2,78%.

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El Gobierno trata ahora de congraciarse con los agricultores a los que ha ignorado durante años. En España, el presidente Sánchez se compromete a fortalecer la ley de la cadena alimentaria, la ministra Elma Saiz se preocupa ahora por solucionar la falta de mano de obra y el ministro Luis Planas aplaude la retirada del proyecto para reducir a la mitad el uso de fitosanitarios. Sin embargo, lo cierto es que el PSOE sigue dando la batalla en la UE para que se implementen ese plan ecologista que agricultores y ganaderos rechazan porque supone un lastre no justificado para su productividad.La hemeroteca, eterna maldición de este Gobierno, muestra la encendida defensa que hacía el eurodiputado socialista César Luena de los dos proyectos legislativos más polémicos para el campo: la ley de Restauración de la Naturaleza (fue ponente del proyecto) y el Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR), ese proyecto cuya retirada Planas ha calificado como "inteligente y oportuna".En una de sus muchas intervenciones en el Europarlamento, Luena, que también es vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, pide "actuar" y recuerda: "Hay dos reglamentos en marcha en esta casa: el Reglamento de Restauración de la Naturaleza que recoge la obligación legal de los estados miembros para revertir su declive y el Reglamento sobre el Uso Sostenible de los Pesticidas, que aborda su reducción. Por tanto –señala Luena–, tenemos que afrontar estos dos debates con valentía. Sé que hay grupos políticos que están en contra, me parece bien, pero creo que tenemos que construir y negociar. Y para salvar a las abejas y a los agricultores es importante que nos pongamos de acuerdo en esos dos reglamentos."El Reglamento de Uso Sostenible de los Pesticidas (SUR) se presentó por primera vez en junio de 2022 y está muy ligado a la Ley de Restauración de la Naturaleza. El objetivo es reducir a la mitad el uso de plaguicidas para 2030, además de su completa prohibición en espacios verdes urbanos y las áreas de la Red Natura 2000.Los agricultores se opusieron desde el primer momento al reglamento porque limita, sin motivo científico, su capacidad para luchar contra las plagas y no perder la producción. Esta medida supone además, una desventaja competitiva frente a terceros países, cuyos agricultores sí pueden hacer frente de una manera eficaz a las enfermedades de las plantas.Los agricultores también recuerdan que los fitosanitarios ya están sumamente regulados, existen numerosos controles y, además, son productos caros, por lo que "nadie abusa de estos productos porque sí".Y aunque ahora Planas celebre la retirada de este reglamento, lo cierto es que sólo es una pausa estratégica de cara a las próximas elecciones europeas. La intención de los eurodiputados del grupo socialista y ecologista es abordar nuevamente este punto de la agenda verde con un nuevo borrador que será tarea de la próxima Comisión.

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Es la GRAN pregunta. Nosotros no conocemos a nadie (nadie que tenga coche, al menos) que no se la haya hecho en los últimos años. ¿Me compro coche eléctrico o sigo con mi gasolina?Y con resultados que no siempre han coincidido con las previsiones políticas. Parece ser que el consumidor tiene más dudas que el legislador. Las cifras nos dicen que los coches eléctricos avanzan y van ganando cuota de mercado, pero no a la velocidad prevista. Hay algunas excepciones pero, en general, los datos no son los esperados: en eléctrico puro, sólo Noruega y Suecia superaron el 20% de las ventas el pasado año entre los grandes países europeos.. Si incluimos híbridos enchufables, ya tenemos algunos más (Alemania, Portugal, Francia...) que se acerca al 25%. Como vemos, lejos de superar el 50% salvo que incluyamos a los híbridos no enchufables... que son un poco trampa (lo decimos sin querer entrar en polémicas; lo que queremos decir es que no dejan de ser coches de gasolina con un apoyo eléctrico). En España, por ejemplo, esta última categoría ascendió al 32% de los coches vendidos.¿Por qué esta lentitud en la adopción de lo que nos aseguran que será la tecnología del futuro? Para ayudarnos a responder a esta pregunta, esta semana vuelve Juan Manuel Sabugo a Economía Para Quedarte Sin Amigos.Por un lado, Sabugo es un invitado más que adecuado para echarnos una mano a la hora de resolver estas dudas. En primer lugar, porque siempre se ha declarado un fan incondicional de Elon Musk, el visionario detrás de Tesla. En segundo término, porque es físico y fundador de Digita y L4H, dos empresas dedicadas a las telecomunicaciones y a la instalación en hogares, oficinas u hoteles de sistemas de control inteligentes, ahorro energético, iluminación LED, etc. (y sí, también cargadores eléctricos). Y por último, porque se acaba de comprar un Tesla y ya puede contarnos como usuario cómo funcionan y si son para tanto (como aseguran sus seguidores).Pero al mismo tiempo podría ser un invitado improbable. Porque es muy escéptico sobre las posibilidades del coche eléctrico, en su configuración actual, para sustituir por completo al de gasolina o diésel. Por eso, le preguntaremos y responderemos a todas las dudas que cualquier usuario se hace:- Sobre cargadores, le preguntaremos cuáles debemos tener en casa y cómo afectan a nuestra instalación eléctrica previa- Miedos del día a día. ¿Y si tengo que salir de forma imprevista? ¿Qué pasa si hay cambio de planes imprevisto: podré afrontarlo? ¿Es una tecnología frágil? No en el sentido de que se rompa con facilidad, sino de que puede dejar de funcionar en el momento más inesperado.- Miedos para ocasiones especiales. ¿Puedo salir de viaje en mitad de una operación salida? En verano hay más margen para elegir el día pero, ¿puedo arriesgarme un fin de semana o en Semana Santa? ¿Cómo cargar en mitad del camino? ¿Cuánto se tarda? ¿Es bueno apurar ‘el depósito’ - batería? ¿Cómo de fiables son las indicaciones de kilómetros restantes? ¿Puedes llegar a la gasolinera con un 1%?- En el taller. En cuanto a las reparaciones: ¿es más barato el eléctrico o el gasolina? En un primer vistazo, parece claro que el eléctrico gana en este punto porque necesita menos mantenimiento. Pero, ¿la renovación de la batería cambia las cuentas? ¿Se puede pensar en cambiar sólo la batería?- En el seguro. ¿Por qué son más caras las pólizas de los coches eléctricos? ¿Es cierto que tienen menos accidentes pero más graves? (En este punto, hablaremos sobre esas noticias que hemos leído sobre el cambio que ha acometido Hertz, que ha vuelto a la gasolina tras vender toda su flota de eléctricos).Como vemos, todo lo que siempre quiso saber sobre el coche eléctrico y nunca se atrevió a preguntar. Eso sí, las respuestas no siempre serán las esperadas o las facilonas. Es el espíritu de este podcast...No es la primera vez que Sabugo nos acompaña para hablar del coche eléctrico. Hace algo menos de un año ya estuvo con nosotros. Y al público le gustó: aquellos dos programas están entre los más escuchados de 2023 en EPQSA.En esta ocasión, el protagonista de nuestra selección musical es el grupo británico Hood. Y estas son las piezas que hemos escuchado en el programa:Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los Podcast de Libertad Digital y esRadio. Instala nuestra aplicación para iOs o Android, entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Podimo o iVoox. ¡Suscríbete!

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El campo acaba de lanzar su última denuncia. Una que tiene que ver con sus dificultades para competir por culpa de los requisitos ecologistas y costes fiscales -cosa que es habitual desde la llegada de este Gobierno-, pero también con un nuevo acuerdo al que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez con Marruecos. Y huele a la última sumisión del presidente ante Mohamed VI: la conexión marítima con el puerto de Tarfaya.El campo habla de temor a la entrada de plagas y enfermedades agrícolas y ganaderas. Y alega que las importaciones "sin control procedentes de Marruecos representarían una seria amenaza para las producciones locales y un peligro para la cabaña ganadera de las islas con consecuencias nefastas para el campo canario". La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja) ha pedido, de hecho, que no se reanude la conexión marítima entre puerto del Rosario (Fuerteventura) y el puerto de Tarfaya (Marruecos) prevista para este año, según se ha filtrado a raíz del encuentro entre el Gobierno de Canarias y la delegación alauí mantenido recientemente.Y el sector agrario teme que, efectivamente, la recuperación de esta línea propicie la entrada masiva a las islas de mercancías agrícolas y ganaderas de origen marroquí en el peor momento para el campo español y que, con ello, se propaguen plagas y enfermedades, tanto fitosanitarias como epizoóticas, que podrían acarrear pérdidas en las producciones locales, así como suponer un peligro para la cabaña ganadera.Asaga Canarias Asaja recuerda que en Marruecos existen determinados patógenos vegetales como el virus del rugoso del tomate, recientemente confirmado por las autoridades fitosanitarias de ese país, o la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta), detectada en algunas frutas importadas a la Península, "que representan una seria amenaza para nuestra agricultura al afectar a decenas de especies arbóreas y diversos cultivos como el aguacate, viña, olivo, caqui, granado, pimiento, tomate o berenjena"."La posible entrada y propagación de este tipo de insectos representaría además una vulneración de la Orden del 12 de marzo de 1987 relativa a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos. Esta normativa actúa, en teoría, de barrera para frenar precisamente la llegada de plagas y enfermedades agrícolas a Canarias", señalan desde la organización.Otro aspecto que genera alarma en el sector es la presencia de epizootias en Marruecos, como la fiebre aftosa, altamente contagiosa, que afecta al ganado y en especial a los rumiantes. Aunque los últimos brotes detectados se han logrado controlar, se desconoce hasta qué punto se puede seguir transmitiendo.También se teme que detrás de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), que afecta al ganado vacuno en la Península, se encuentre un mosquito presente en Marruecos. Y es que, hay que tener en cuenta que, una vez más las diferencias legales entre unos países competidores y otros se encuentran detrás de estos temores a la apertura de la línea con Marruecos: "Porque las medidas de higiene, alimentación y bienestar animal exigidas a los productores marroquíes son claramente más laxas que las exigidas a los ganaderos comunitarios", destaca Asaga.Asaga Canarias Asaja pone el foco en la carencia de inspectores en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF) de Canarias situados en cada puerto del archipiélago. "Esto significa que no se puede garantizar el control aduanero del tráfico de personas y mercancías procedentes de este país africano. Preocupa que, al no tratarse de contenedores sino de transporte rodado, como camiones en su mayoría, se dificulte todavía más cualquier inspección o vigilancia, y una vez llegue a Puerto del Rosario, la mercancía introducida se pueda mover libremente por el resto de las islas", añaden.Hay que recordar que la propuesta estatal de abrir la línea marítima entre Tarfaya (El Aaiún) y Fuerteventura ha hecho sonar ya las alarmas igualmente en el Cabildo de Gran Canaria y al Gobierno canario, según ha manifestado ya el presidente del Cabildo, Antonio Morales: "Puede ser un golpe mortal" para el sector primario, asegura.Morales afirma que ambas instituciones están preocupadas por la línea marítima, que es competencia del Gobierno de España, porque puede suponer la entrada de plagas "por la puerta de atrás" y porque implica la entrada de "una competencia brutal" que puede "suponer un golpe" para el sector, ya que será "muy difícil competir con estos controles fitosanitarios, que no tienen el rigor de Europa ni de Canarias".

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El grupo educativo al que pertenece la Universidad Alfonso X el Sabio, ha anunciado el nombramiento de Domingo Mirón como nuevo Consejero Delegado en sustitución de Javier Cano, quien dejará su posición actual para emprender nuevos proyectos profesionales.Durante los últimos cinco años, la Universidad Alfonso X ha sido la piedra angular en la creación de un grupo de educación referente a nivel nacional e internacional duplicando, con más de 26.000 alumnos, su tamaño gracias al lanzamiento de nuevos programas formativos como el grado de Biotecnología, a "la consolidación del liderazgo de la UAX en salud y deporte a través de la Rafa Nadal School of Sport, gracias al acuerdo con Rafa Nadal o la apertura de un nuevo campus urbano en el corazón de Madrid para ofrecer una experiencia multicampus a sus estudiantes de la Facultad de Business & Tech, la primera facultad en España que unifica la formación en los ámbitos de la tecnología y los negocios", destacó la entidad. Un grupo que en los últimos años ha completado además su propuesta educativa con la incorporación de centros de FP, The Valley o Mir Asturias.Añadió que el nombramiento de Domingo Mirón se alinea con el compromiso continuo del grupo UAX de impulsar entornos de aprendizaje innovadores y dinámicos orientados a preparar a los líderes profesionales del futuro.Licenciado en Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid y con un Programa de Ejecutivos del IESE (PDD), cuenta con una dilatada trayectoria de más de 35 años en puestos de alta dirección en Accenture donde llegó a ocupar el puesto de Presidente de Iberia e Israel hasta 2023.La entidad explicó que su experiencia en liderazgo estratégico y transformación tecnológica serán fundamentales para "seguir promoviendo modelos de excelencia educativa" alineados con la realidad del mercado laboral que impulsen la empleabilidad de sus estudiantes, acercando el mundo universitario a las empresas, y guiar a la universidad hacia nuevos horizontes.La UAX indicó que "reconoce y agradece la dedicación y el servicio excepcional" de su anterior Consejero Delegado, Javier Cano, quién durante los últimos años ha contribuido "de manera significativa al crecimiento y desarrollo de la institución, consolidando su posición como una de las universidades de referencia en la educación superior a nivel internacional".

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El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, ha descartado este miércoles que se estén manteniendo conversaciones sobre una posible fusión con Unicaja, un rumor que planea desde hace meses sobre ambas entidades."No hay nada de nada, ni conversaciones ni nada. No tenemos nada, no hay ninguna operación encima de la mesa", ha señalado en un encuentro organizado por la Cámara de Sabadell (Barcelona) para presentar las perspectivas económicas de 2024, junto al presidente de la corporación, Ramon Alberich. "Ya tenemos suficiente trabajo con nuestra transformación, que está a medio camino", ha agregado.De esta forma, Oliu ha salido al paso de los rumores sobre una posible fusión con Unicaja, entidad que hace escasas semanas ha cerrado la reestructuración de su consejo de administración con el nombramiento de José Sevilla como nuevo presidente no ejecutivo, en sustitución de Manuel Azuaga.Ya el pasado mes de octubre, el consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, despejó los rumores sobre la posibilidad de que su banco adquiriese Unicaja, al señalar que Sabadell no tenía intención "de hacer ni compras ni ventas ni aquí [en España] ni fuera".

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En el año 2022, último periodo con datos disponibles, la Agencia Tributaria (AEAT) tramitó 16.146 expedientes como consecuencia de los chivatazos de unos contribuyentes sobre otros. Está cuantía de "denuncias públicas" fue un 4% superior al año anterior. Además, en este sentido, "el número de actas incoadas fue de 3.871 (8,7% más que en 2021) en relación con 1.570 contribuyentes", señalaba la AEAT en el balance de resultados que publicó el año pasado.Tal y como explica la Agencia Tributaria, todas estas comprobaciones realizadas en 2022, "generalmente tienen su origen en denunciadas efectuadas en el año o años previos". Gracias a estos soplos, el Estado recaudó 173 millones de euros en 2022 extra, un 80% más que en el año anterior. Todo un éxito para el fisco.Y es que, las denuncias entre particulares o empresas llevan años formando parte de las herramientas de lucha contra el fraude de Hacienda. De hecho, la AEAT pone todo tipo de facilidades a los ciudadanos que quieran acusar a otros de no pagar los correspondientes impuestos. "Puedes comunicar a la Agencia Tributaria hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones tributarias o de contrabando, o tener trascendencia para la aplicación de los tributos" anuncia la propia web de la AEAT.A través de internet, por correo, en la Delegación o Administración de la Agencia Tributaria "más cercana a tu domicilio" y, en general, en cualquier oficina de la Agencia Tributaria recogerán con agrado un chivatazo que puede ir dirigido a las siguientes modalidades:Para cualquiera de estas situaciones, Hacienda le ofrecerá al denunciante un formulario en el que le pedirá todo tipo de detalles sobre el supuesto defraudador. Dirección, DNI, descripción de los hechos, aportación de pruebas... cualquier información es poca. En ese mismo formulario el denunciante también tendrá que incorporar algunos de sus datos personales (nombre, dirección y DNI), aunque, eso sí, esta información nunca llegará al acusado. El chivatazo queda en el anonimato. También hay un apartado específico para denunciar a alguien por pagar en efectivo una cantidad mayor que lo que marca Hacienda. "Es posible comunicar a la Agencia Tributaria el incumplimiento de la limitación a los pagos en efectivo con un importe igual o superior a 1.000 euros (10.000 si la persona que realiza el pago es persona física que no actúa como persona titular de la empresa profesional sin domicilio fiscal en España)" explican.Una vez delatado al supuesto defraudador, el denunciante queda fuera del proceso. "El inicio de actuaciones inspectoras no se produce como consecuencia de la presentación de la denuncia sino, en su caso, por la decisión de los órganos de la Inspección que puede basarse en el contenido o pruebas de la denuncia" explica la AEAT.El denunciante tampoco será informado de lo que hagan los inspectores tras recibir el soplo. "La Administración tributaria no podrá proporcionar a la persona denunciante ninguna información respecto de la posible investigación de los datos consignados en la denuncia, debido a que la ley obliga a guardar el más estricto sigilo respecto de los datos, informes y antecedentes obtenidos en el desempeño de sus funciones, salvo en determinados casos entre los que no se encuentra la comunicación de datos a los denunciantes" añaden.Aunque actualmente el número de denunciantes que usa esta vía para poner al contribuyente contra Hacienda es mínimo, el departamento de María Jesús Montero quiere extender el número de informantes por toda España para controlar todas las facturas que se emiten en cualquier compra.El plan de Hacienda es que, a partir del 1 de julio de 2025, todas las facturas van a llevar integrado un código QR para que el ciudadano particular pueda comprobar si su refresco o la camiseta que acaba de comprar ha sido declarada a Hacienda. Además, también les permitirá ejercer de inspectores de Hacienda por un instante. Y es que, con solo usar su teléfono móvil, el consumidor de a pie podrá denunciar ante el fisco si la empresa en cuestión no ha hecho los deberes tributarios con la Administración.

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La comisaria de la UE Stella Kyriakides ha abordado recientemente uno de los graves problemas a los que se enfrentan los agricultores: las continuas trabas a su actividad y explotaciones bajo la sombra de un intento evidente de suplantación de los alimentos naturales por, en su caso, la carne sintética o de laboratorio. Y la responsable del área en Bruselas ha tenido que admitir que "por el momento, los datos sobre la carne cultivada en el laboratorio son escasos y no permiten evaluaciones significativas en áreas clave como las emisiones, el medio ambiente o los precios".Kyriakides ha discutido este tema a iniciativa de Austria, Francia e Italia. No de España, pese a las demandas de los ganaderos españoles de abordar este asunto por el ataque a las granjas. Y la comisaria no ha dudado en pedir "comprensión" para entender "el impacto potencial que la carne cultivada en el laboratorio tiene en la salud, el medio ambiente y la sociedad".Para Bruselas, "en materia de seguridad alimentaria, estamos en un terreno muy sólido". Según Kyriakides, "el Reglamento de Nuevos Alimentos se asegura de eso de dos maneras clave. En primer lugar, se asegura de que la salud humana y los intereses de los consumidores estén muy bien protegidos en un mercado interior que funcione correctamente". Y porque "los nuevos alimentos se someten a una exigente evaluación nutricional y de la seguridad previa a la comercialización por parte de científicos independientes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria".Pese a ello, la comisaria tuvo que admitir que, "por el momento no hemos recibido ninguna solicitud para autorizar la carne cultivada en laboratorio como nuevo alimento". "A petición de la Comisión, la Autoridad está revisando ahora su orientación sobre nuevos alimentos, introduciendo disposiciones de última generación para la evaluación de la seguridad y la nutrición de los alimentos cultivados en laboratorio y basados en células", explicó la representante de Bruselas.En segundo lugar, según Kyriakides, "el Reglamento se asegura de que los alimentos nuevos estén claramente designados y etiquetados, para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas e identificar claramente lo que están comprando y consumiendo".Pero la polémica sobre estos alimentos va más allá de la seguridad. Los Estados miembros han planteado "cuestiones éticas, socioeconómicas y ambientales en su nota y estas son cuestiones legítimas que pueden ser parte del proceso de toma de decisiones para las autorizaciones de nuevos alimentos", señaló la comisaria de la UE.Y Kyriakides tuvo que admitir que faltan datos para evaluar el impacto de esta carne sintética. "Los datos y la evidencia, como siempre, serán la base de nuestro trabajo. Y sabemos que, por el momento, los datos sobre la carne cultivada en el laboratorio son escasos y no permiten evaluaciones significativas en áreas clave como las emisiones, el medio ambiente o los precios"."A través del programa Horizonte Europa estamos haciendo exactamente eso: apoyando proyectos de investigación y desarrollo para construir la base de conocimientos necesaria sobre alimentos a base de células. Nuestro papel, por supuesto, es garantizar que nuestros alimentos, incluidos los nuevos alimentos, sean seguros", explicó la comisaria europea.

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Desde que el español –¡cómo no!– Vasco Núñez de Balboa fuese el primer europeo en contemplar el océano Pacífico desde América, allá por 1513, el istmo de Panamá ha sido uno de los accidentes geográficos clave del mundo. A través de él, por ejemplo, se creó la primera ruta entre las dos costas americanas, llamada Camino Real de Nombre de Dios.Tal era la importancia que tenía para la corona española esa posible conexión marítima evitando el peligroso Cabo de Hornos que tan pronto como en 1524 el propio Carlos I sugería la conveniencia de excavar un canal y en 1529 existió un primer proyecto que, obviamente, no se pudo llevar a cabo.A partir de ahí la idea no deja de estar presente y fueron apareciendo proyectos en el propio Panamá o en Nicaragua, pero hubo que esperar hasta finales del siglo XIX, cuando la técnica había avanzado lo suficiente para que la idea fuese viable.Y, efectivamente, después del éxito en la construcción del Canal de Suez parecía un paso muy lógico. Tanto era así que fue el propio Ferdinand de Lesseps, que acababa de concluir la construcción en Egipto, el que lideró un proyecto en el que se decidió crear un canal en Panamá y a nivel, es decir, que durante todo su recorrido se mantuviese a la altura del mar y, por tanto, no necesitase de esclusas.Pero la obra fue un auténtico desastre: la construcción resultó mucho más difícil de lo que había previsto Lesseps y, por tanto, mucho más cara. La compañía que había creado quebró arrasando con los ahorros de miles de franceses y se desató un escándalo con ramificaciones en la política y la prensa.El fracaso de Lesseps llevó a que el siguiente proyecto, en este caso capitaneado desde Estados Unidos, se decidiese por un tipo de canal diferente: no se seguiría la misma ruta y ya no sería a nivel sino que tendría esclusas. De hecho, el propio ingeniero francés ya había cambiado de opinión poco antes de que la empresa quebrase definitivamente.Así, el proyecto definitivo del Canal fue muy diferente al original: los barcos superarían tres niveles de esclusas hasta llegar a los 26 metros de altura sobre el mar en los que se encontraría el Gatún, un gran lago artificial fruto de embalsar el río Chagres. Después, recorrerían por él 33 kilómetros y, finalmente, descenderían por otras tantas esclusas hasta llegar de nuevo a la altura del océano.Estas primeras esclusas tenían 33 metros de anchura por 320 de largo, que permitían el paso de barcos de hasta casi 305 metros. Para que se hagan una idea de la importancia del Canal en la navegación mundial esto se convirtió en una distinción universal del tamaño de los buques entre Panamax, los que pueden pasar por estas esclusas, y Post-Panamax los que no.Además, en 2016 se inauguraron dos nuevos conjuntos de esclusas aún más grandes –casi 55 metros de ancho, 426 de largo y más de 18 de profundidad– que permiten doblar el número de barcos que usan el canal al mismo tiempo y que estos sean mayores. Como no podía ser menos, a partir de esa inauguración tenemos una nueva categoría de grandes buques: los Neopanamax.Como en cualquier otro canal del mundo estas esclusas funcionan con agua: cuando un barco entra en una de ellas para subir de nivel se llena del líquido elemento hasta alcanzar la nueva altura, y si es para bajar se vacía. Como es obvio en esclusas tan grandes como las del Canal de Panamá, esto supone cantidades masivas de agua.Para que se hagan una idea, cada barco que pasa por el canal necesita cerca de 300 millones de litros de agua para hacerlo, es decir, el equivalente a 75 piscinas olímpicas o lo que consumen en sus hogares algo más de dos millones de españoles en un día. Actualmente están cruzando el canal 24 barcos por día, así que el consumo es, casualmente, muy parecido al de toda la población española, millón de litros arriba o abajo.Y eso que se prevén sistemas para que el gasto sea el mínimo posible: por supuesto la misma agua es utilizada en varias esclusas, por ejemplo, pero al final del proceso inevitablemente tiene que tirarse una gran cantidad al mar.¿De dónde sale toda esa agua? De dos grandes embalses construidos para ello: el Gatún, del que ya hemos hablado y que es también parte de la ruta que siguen los barcos, y el Alhajuela. El primero es el que tiene mayor capacidad, 1.299 hectómetros cúbicos, mientras que el segundo es bastante más pequeño: 588 hectómetros. Pueden parecer grandes cantidades, pero en realidad no lo son tanto: traspasado a España el Gatún sólo sería el séptimo mayor embalse de nuestro país. Y por si no fuera suficiente complicación, de ellos sale también el agua potable que consume un 55% de los panameños.No obstante, se trataba de capacidades más que suficientes para el copioso régimen de lluvias de Panamá… hasta ahora. En los últimos años una fuerte sequía se está dejando sentir en la zona y, por desgracia, la temporada de lluvias de 2023 no ha sido una excepción: en la propia página del Canal explican que el embalse Gatún está 7,3 pies –algo más de dos metros– por debajo de lo que denominan "nivel esperado".Puede no parecer mucha diferencia, pero al principio de la estación seca sí resulta más que preocupante y, de hecho, los gestores del Canal ya han tomado algunas medidas: si normalmente cada día pueden cruzar 10 buques de la clase Neopanamax ahora sólo lo hacen siete, mientras que en la clase Panamax la cifra se ha reducido de 27 a 17. Es decir, se pasa de 37 a 24 grandes barcos diarios.Además, alguno de ellos tendrá que reducir su carga, ya que también se ha limitado el calado máximo de los buques: si en época normal es de 50 pies –un poco más de 15 metros–, ahora se ha dejado en 44 –algo menos de trece metros y medio–.Lo cierto es que, a corto plazo, no mucho, más allá de rezar por las lluvias, mantener y quizá profundizar las restricciones ya impuestas y las soluciones que naturalmente ofrece el mercado: por ejemplo, se ha reactivado de forma importante el uso de la vía férrea que cruza el istmo en paralelo al Canal, lo que no es un método ideal pero sí puede contribuir a mejorar algo la situación.A largo plazo hay un proyecto para construir un tercer embalse, en este caso en el río Indio, pero como es obvio eso pasa por un proceso de construcción de años –entre cuatro y seis según los planes previos– y también por un desarrollo legislativo que no es sencillo, pues deberían aprobarse dos leyes: una que incluya al citado río en la cuenca del Canal y otra que revoque la ya existente que impide construir más embalses para dotar de agua a la vía comercial.Aproximadamente el 6% del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá, lo que lo hace la segunda mayor ruta comercial del planeta sólo por detrás del Canal de Suez, que acapara entre un 12% y un 15%.En 2022 lo atravesaron más de 14.200 barcos, una cifra que cayó un poco el año pasado al empezar a implantarse restricciones por la sequía, pero que todavía se mantuvo por encima de 14.000. Es una cantidad elevada y, aún más, si tenemos en cuenta la carga total transportada, casi 290 millones de toneladas, en lo que sería el tercer mejor año en la historia del Canal, que con el mismo número de barcos transporta actualmente un 50% más de carga que hace una docena de años.La situación provoca ya un impacto en ese comercio: los barcos se amontonan en distintas partes del Canal y sufren retrasos que pueden llegar a ser de más de 10 días, lo que supone como es obvio subidas de costes y de precios. Además, la Autoridad del Canal de Panamá trata de lidiar con la situación para que no impacte demasiado en sus propios beneficios y, por ejemplo, subasta pases prioritarios que permiten evitar la espera, pero que han llegado a cerrarse en más de los dos millones de dólares. De nuevo, un importante aumento de costes, ya que el precio normal son unos 400.000, dependiendo de muchos factores, claro.Más costes en la cadena logística suponen, por supuesto, aumentos de precio para los consumidores, mientras que los retrasos pueden llegar a frenar determinados sectores industriales, como ya ocurrió recientemente en la crisis de los semiconductores que llegó a parar fábricas en todo el mundo.Además, en una situación en la que el comercio mundial ya está sometido a un buen número de tensiones y con el Canal de Suez también amenazado por las actividades terroristas de los hutíes en el mar Rojo, un colapso del Canal de Panamá sería una tragedia de consecuencias imprevisibles.Así que ya ven: no sólo tenemos que rezar para que llueva en España.

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El fabricante aeronáutico europeo Airbus registró un beneficio neto de 3.789 millones de euros en 2023, lo que supone una reducción del 11% con respecto al año anterior, cuando registró un récord de ganancias, según ha informado este jueves la compañía, que se ha visto afectada en gran parte por un peor desempeño del área de Defence and Space.En concreto, el resultado neto de explotación (Ebit) ajustado de este segmento se redujo un 40%, hasta los 229 millones de euros, impactado por la actualización de la estimación a la conclusión de ciertos programas de Space, que resultaron en cargos de 600 millones de euros. Este área de negocio ya se había visto afectada a finales del tercer trimestre, ya que el Ebit ajustado de los primeros nueve meses del año fue negativo en un millón de euros por unos cargos de 400 millones de euros relacionados con el programa de desarrollo de satélites.Por contra, el área de aviones comerciales de Airbus registró un Ebit ajustado de 4.818 millones de euros (+5%), mientras que el Ebit ajustado de Airbus Helicopters fue de 735 millones de euros (+15%), lo que demuestra un "sólido rendimiento" de todos los programas.En total, el Ebit ajustado de la compañía en 2023 fue de 5.838 millones de euros (+4%), mientras que el Ebit reportado, que no excluye gastos o beneficios derivados de extraordinarios, se contrajo un 14%, hasta los 4.603 millones de euros. Este incluye, además, algunos ajustes netos por valor de 1.235 millones de euros, el grueso de ellos (1.030 millones de euros) derivados del desfase entre la fecha de transacción y entrega de algunos productos.La facturación del año creció un 11%, llegando a los 65.400 millones de euros. El área comercial contribuyó en 47.763 millones de euros (+15%), lo que refleja el incremento de las entregas. Los ingresos de Helicopters crecieron un 4%, hasta los 7.337 millones de euros, y el área de Defence and Space registró unas ventas de 11.495 millones de euros (+2%). El flujo de caja libre descendió un 11% con respecto a un año antes, siendo de 3.885 millones de euros, mientras que el flujo de caja libre antes de fusiones y adquisiciones y financiación a clientes se contrajo un 6%, alcanzando los 4.368 millones de euros. La posición de tesorería neta consolidada a 31 de diciembre era de 10.700 millones de euros (+13%).Con estos resultados, el consejo de administración de la compañía propondrá a la junta general anual de 2024, que se celebrará el 10 de abril, el pago de un dividendo de 1,8 euros por acción, idéntico al del año anterior, y un dividendo especial de 1 euro por acción. La fecha propuesta para el pago es el 18 de abril.El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, ha indicado que esta propuesta de dividendo refleja los "sólidos" resultados financieros de 2023, así como las perspectivas de crecimiento para 2024 y la "robustez" del balance.A lo largo del ejercicio, el fabricante aeronáutico consiguió entregar 735 aviones comerciales, un 11% más que el año pasado y por encima del objetivo de 720 que se había marcado para el año.Los pedidos netos para aviones comerciales fueron 2.094, más del doble de los 820 del año anterior, valorados en 162.571 millones de euros, casi el triple (+172%) que en 2022. Con ello, la cartera de pedidos de aviones comerciales a 31 de diciembre era de 8.598 aviones, un 19% más que a cierre de 2022, con un valor total de 490.812 millones de euros (+26%).Airbus Helicopters registró 393 pedidos netos, un 8,5% más, distribuidos entre los diferentes programas, y los pedidos recibidos por Defende and Space se incrementaron un 15%, hasta los 15.700 millones de euros en valor. En los pedidos del último trimestre se incluyen 16 aviones C295 para España. En total, los pedidos recibidos a lo largo del año por todas las áreas de negocio tienen un valor de 186.493 millones de euros, más del doble (126%) que los de todo el ejercicio de 2022. La cartera de pedidos consolidada era de 554.000 millones de euros a finales de 2023, un 23%. Este incremento se debe principalmente a un ratio de contratación sobre ventas superior a 1 en toda la compañía, parcialmente contrarrestado por un dólar estadounidense más débil.En el último trimestre del año el beneficio neto fue de 1.457 millones de euros, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior.El Ebit ajustado creció un 3%, hasta los 2.207 millones de euros, y los ingresos alcanzaron los 22.886 millones de euros (+11%). El Ebit ajustado de Airbus comercial se contrajo un 7% en el trimestre, con 1.602 millones de euros, y el de Helicopters llegó a los 318 millones de euros (+23%). Destaca el incremento del Ebit ajustado del área de Defence and Space (+50%), que llegó a los 230 millones de euros.Faury ha definido 2023 como un año en el que la compañía alcanzó un "sólido volumen de pedidos" y que consiguió un "logro significativo ante la complejidad del entorno operativo". De cara a 2024, Airbus espera que no se produzcan más perturbaciones en la economía mundial o el tráfico aéreo, así como tampoco en las cadenas de suministro, las operaciones internas de la compañía, o en su capacidad de entregar productos.Por ello, se ha propuesto entregar 800 aviones comerciales a lo largo del año (+8,84%), conseguir un Ebit ajustado de entre 6.500 y 7.000 millones de euros y que el flujo de caja libre antes de financiación a clientes llegue a los 4.000 millones de euros.Uno de los objetivos principales de Airbus es conseguir incrementar la tasa de producción y entrega de aviones de cara a los próximos años, con la intención de destensar en la medida de lo posible su cartera de pedidos (8.598 a cierre de 2023). En este contexto, está trabajando para incrementar la producción del A220 para alcanzar una tasa mensual de producción de 14 aviones en 2026, centrándose en la "madurez industrial" y en el desempeño financiero del programa.Para la familia A320, el fabricante asegura que la producción "progresa a buen ritmo" hacia la tasa de 75 aviones al mes en 2026, a lo que contribuye la construcción de dos nuevas líneas de ensamblaje en China y Estados Unidos, así como la nueva línea de ensamblaje final de Toulouse. Asimismo, Airbus espera entregar el primer A321XLR, que entró en la línea de ensamblaje final en diciembre, en el tercer trimestre de 2024.En cuanto a los aviones de doble pasillo, Airbus sigue trabajando para alcanzar una tasa mensual de cuatro aviones para el A330 en 2024 y de diez aviones para el A350 en 2026.

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El grupo irlandés de aerolíneas de bajo coste Ryanair ha anunciado este martes la apertura de ocho nuevas rutas desde el Aeropuerto Internacional de Tenerife Sur-Reina Sofía para la campaña de verano 2024 que conectará a la isla con nuevos destinos en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Hungría.Concretamente, la isla quedará conectada con las ciudades de Marrakech (Marruecos), Budapest (Hungría), Toulouse (Francia), Pisa (Italia), Memmingen y Dusseldorf (Alemania), Knock (Irlanda) y Cardiff (Gales).Los detalles han sido expuestos en rueda de prensa por el vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso; la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, y la country manager de Ryanair para España, Elena Cabrera.Cabrera ha señalado que habrá dos nuevos aviones radicados en la base de Tenerife Sur, con una inversión de 200 millones, y ha apuntado que las nuevas rutas generarán unos 120 empleos directos entre pilotos, tripulación de cabina e ingenieros, a los que se suman otros 1.500 indirectos en Tenerife Sur y 300 más en Tenerife Norte, lo que suman un total de 1.800.La aerolínea irlandesa espera traer este verano a unos cinco millones de pasajeros a Canarias y en la programación correspondiente a Tenerife Norte, se mantienen las mismas seis rutas pero con un aumento de las frecuencias de un 2%.Además, la country manager ha indicado que las reservas para el verano "van muy bien" en Tenerife, un 10% por encima de la media de la compañía y las nuevas rutas desde Tenerife Sur salen con una oferta de lanzamiento de 29,99 euros. Toda esta nueva operativa supone un total de 287.388 nuevas plazas aéreas, que representan el 4,8% de la oferta total prevista para el verano de 2024.Mientras, para la temporada de invierno actual, las plazas aéreas de llegada a la isla desde todos los mercados se elevan a 4.623.881, un 12,1% más que el mismo periodo del ejercicio anterior. En conjunto, el tráfico que generará Ryanair hacia la isla crecerá un 18% respecto al actual, hasta los 1,9 millones de pasajeros, y con una inversión global de 400 millones de euros.El vicepresidente del Cabildo tinerfeño apunta que la conectividad "es fundamental para un destino" y la "apuesta redoblada" de Ryanair va a "confirmar y mejorar" los datos turísticos de 2023, además con la ventaja de está "comprometida" con la sostenibilidad ambiental pues el 75% de sus aviones son más sostenibles.Por ello ha apelado a "aprovechar esta oportunidad" que permite potenciar el este de Europa, un mercado en crecimiento, recuperar presencia en Irlanda o Marruecos y potenciar el centro de Europa a través de Alemania.Afonso ha tratado cómo la evolución en la forma de viajar ha traído consigo un nuevo perfil de viajero que opta por buscar billetes aéreos más baratos para gastar más en el destino, tesis que apoyó en que el año pasado, el mayor crecimiento de gasto turístico de la historia de la isla también fue el de mayor incremento de pasajeros vía 'low cost'.Por su parte, la consejera delegada de Turismo reafirma la buena noticia que supone para Tenerife la apuesta de Ryanair, que ya de por sí es la isla "mejor conectada" del archipiélago canario con 151 aeropuertos y 29 mercados, y además con "aviones sostenibles" en su plan de crecimiento, con menos ruido y un 20% menos de emisiones.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió este miércoles en el Congreso a reforzar la Ley de la Cadena Alimentaria. La ley establece que agricultores y ganaderos no pueden vender a pérdidas y el precio cubre el coste efectivo de producción. Sin embargo, los profesionales del campo denuncian que esta ley es un "engaño", entre otras cosas, porque no se puede obligar a los compradores a elegir un producto más caro en lugar de otro con un coste inferior, normalmente procedente de importaciones de terceros países."La Ley de la Cadena Alimentaria no puede funcionar. ¿Qué van a hacer para mejorarla? ¿Marcar los precios de coste de los agricultores? ¿Marcar lo que debe ganar cada uno a lo largo de la cadena?", cuestiona Víctor Viciedo, presidente de la Asociación de Agricultores Valencianos."El problema no está en lo que ganan los otros. El problema está en que los productos que vienen desde terceros países son los que están marcando el precio y nuestros exportadores no van a comprar nuestros productos a un precio más alto", afirma Viciedo. La clave, una vez más, está en las restrictivas políticas verdes de la UE.La excesiva burocracia, la prohibición de usar fitosanitarios que sí están permitidos en los productos importados de terceros países, la extensa lista de normas ecologistas que hay que cumplir para poder cobrar las ayudas de la PAC, la subida de impuestos, el alto precio de los abonos, la subida del SMI… Todo ello está encareciendo los costes de la producción agrícola en España y en el resto de Europa. Si además se suma la desigualdad de trato con terceros países, el resultado es que los agricultores nunca podrán ser competitivos a nivel global. En resumen, nuestros productos siempre serán más caros.Sin embargo, el debate sobre el Pacto Verde europeo es una barrera para los políticos, que únicamente están dispuesto a hablar de la Ley de la Cadena Alimentaria porque "es un engaño", señala Viciedo. "Imaginemos que el Gobierno se mojase y dijese, por ejemplo, que la producción de cítricos cuesta 50 céntimos/kilo. Pero resulta que las naranjas de Egipto llegan a 30 céntimos/kilo. Nuestros exportadores dejarían nuestra fruta en el árbol y comprarían la de fuera. Esa ley no va a funcionar nunca. Lleva ya casi dos años en vigor y no ha servido absolutamente para nada".La intención del Gobierno es "reforzar" la ley, lo que posiblemente se traducirá en más inspecciones y más sanciones. Según la información publicada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), durante 2023 se impusieron 195 sanciones "firmes", que oscilan entre 1.801 y 42.769 euros, con un montante total de 641.398 euros.En concreto, solo siete de las multas alcanzan las cinco cifras y más de la mitad se reducen a 1.801 euros, y el motivo más frecuente es el incumplimiento de los plazos de pago, sancionado en 128 ocasiones, seguido de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, causante de 41 de las multas."Las sanciones son por retrasos en el pago. Nunca son por vender a pérdidas. Esto es porque los contratos ya incluyen una cláusula que dice que el precio cubre los gastos. Ellos están protegidos cuando compran tu mercancía y ante eso no se puede hacer nada".En este sentido, Viciedo insiste en que el campo debe seguir manifestándose, pero teniendo muy claras sus reivindicaciones: "Precios justos no es lo que reivindicamos. Eso vendrá cuando quiten el cuaderno digital, cuando retiren la ley europea de uso sostenible de fitosanitarios, la ley de suelos sostenibles que disminuye la fertilización, cuando retiren al lobo del listado de especies protegidas, cuando dejen de prohibir antibióticos o cuando eliminen la estrategia de restauración de ríos con la eliminación de presas y azudes y establezcan un plan hidrológico coherente y responsable".